DESTRUCCIÓN

A TODACOSTA

JUNIO 2007

INFORME SOBRE LA SITUACIÓNDEL LITORAL ESPAÑOL

DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral español

Textos y mapas: María José CaballeroEdición: Raúl Gómez, Marta San Román y Elvira JiménezDiseño y maquetación: Espacio de Ideas

Los autores del informe quieren expresar su agradecimientoa todas las personas y asociaciones que han colaborado enla elaboración del mismo y participan activamente en ladefensa del litoral.

Una versión electrónica de este informe está disponible enwww.greenpeace.es

Este informe ha sido producido gracias a las aportacioneseconómicas de los socios de Greenpeace.

Greenpeace es una asociación independiente política yeconómicamente que no recibe subvenciones de empresas,ni gobiernos, ni partidos políticos.Hazte socio en www.greenpeace.es

Impreso en papel 100% reciclado postconsumo y totalmentelibre de cloro.

Junio 2007

EL MOMENTO DE LAS SOLUCIONES

Desde que en 2001 comenzamos a hacer un análisis global de la situa-ción del litoral español a través del informe anual Destrucción a toda costa,éste ha sido el año en el que más se ha escrito sobre la destrucción sis-temática de nuestras costas. Hemos observado cómo los medios decomunicación han acogido con gran interés los problemas asociados aun desarrollo urbanístico que está literalmente cubriendo de cemento yhormigón amplias extensiones de nuestro territorio, sobre todo en lacosta. La crítica de numerosos colectivos sociales contra el actual mode-lo que destruye los recursos naturales empieza a extenderse más allá delas organizaciones que lo venimos denunciando: cada vez más es el ciu-dadano de a pie el que no aguanta lo que está ocurriendo y el que seplantea si no estaremos arriesgando nuestro futuro.

A lo largo de los últimos meses se han producido numerosos debatessobre cómo frenar la destrucción del litoral. En ellos se han puestosobre la mesa iniciativas que muestran lo que la sociedad puede aportar.Una cosa es evidente: hacen falta cambios. Cambios profundos. Losactuales mecanismos legislativos han fracasado, ya que no han sidocapaces de evitar la construcción hasta casi la misma orilla del mar. Enel litoral, el urbanismo ilegal es motivo de escándalo, pero el legal tam-bién es muy destructivo. El diagnóstico ya ha sido realizado y sobre élhay un acuerdo bastante general. Por ello el tiempo del debate ya hapasado: la urgencia de la situación requiere soluciones inmediatas. No sepuede seguir debatiendo mientras los últimos espacios sin destruir secubren de cemento. Si no se hace así, mucho nos tememos que lasreformas llegarán cuando ya sea demasiado tarde.

Si de verdad se quiere acometer una reforma en profundidad que frenede una vez la destrucción del litoral y salvaguarde los valores de losúltimos lugares intactos hay que acometer amplias reformas legislativasy, sobre todo, asegurar el cumplimiento de las leyes existentes. Sobreesto se vierten muchas ideas en este informe: proponemos un cambioen la gestión urbanística que empiece protegiendo todos los suelos queno hayan sido calificados como urbanizables; una limitación de los cre-cimientos urbanísticos al 10% de la población o del territorio ocupado;que cualquier planificación urbanística identifique los recursos básicos,tales como la energía y el agua, y establezca para ellos fórmulas de ges-tión sostenible; exigimos la desaparición de la figura del convenio urba-nístico (un contrato privado entre constructores y ayuntamientos); yconsideramos imprescindible la participación ciudadana de forma efec-tiva en el diseño de las ciudades y en el control del urbanismo.

No cabe duda de que el turista se está acercando cada año a un entornomás modificado. No se trata sólo del urbanismo, son más factores los queestán afectando al ecosistema litoral y marino: aumento de temperaturacausado por el cambio climático, vertidos, regresión costera, desapariciónde especies y proliferación de otras, etc. Cada vez nos sale más carotener las playas en buen estado y el baño empieza a ser incómodo enmuchos puntos; ello no beneficiará precisamente al turismo.

Si coincidimos en el diagnóstico, ha llegado el momento de coincidir enel tratamiento y poner en marcha, de una vez para siempre, medidasatrevidas que garanticen la protección de uno de nuestros recursos másimportantes y valiosos, nuestro litoral.

Juan López de Uralde, director de Greenpeace

ÍNDICE

Introducción 6

Análisis por Comunidades Autónomas 16

Andalucía 18Urbanismo 20Otros impactos en el litoral 33Puntos negros en el litoral andaluz 40

Asturias 44Urbanismo 46Otros impactos en el litoral 49Puntos negros en el litoral asturiano 50

Cantabria 52Urbanismo 54Otros impactos en el litoral 56Puntos negros en el litoral cántabro 58

Cataluña 60Urbanismo 62Otros impactos en el litoral 64Puntos negros en el litoral catalán 68

Comunidad Valenciana 70Urbanismo 72Otros impactos en el litoral 84Puntos negros en el litoral de la Comunidad 92Valenciana

Euskadi 96Urbanismo 97Otros impactos en el litoral 99Puntos negros en el litoral de Euskadi 102

Galicia 104Urbanismo 106Otros impactos en el litoral 112Puntos negros en el litoral gallego 120

18 44 52 60 70

Islas Baleares 124Urbanismo 126Otros impactos en el litoral 132Puntos negros en el litoral balear 134

Islas Canarias 136Urbanismo 138Otros impactos en el litoral 146Puntos negros en el litoral canario 158

Región de Murcia 162Urbanismo 164Otros impactos en el litoral 169Puntos negros en el litoral de la Región 173de Murcia

Anexos 174

Anexo I. Corrupción urbanística 176Imputados en la Operación Malaya 183

Anexo II. Efectos del cambio climático 188sobre la costa

Anexo III. El Convenio de Aarhus 190

Anexo IV. La competencia en materia de 191litoral en los nuevos estatutos de autonomía

Referencias 192

96 104 124 136 162

INTRODUCCIÓN

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1 Según datos del Observatorio de Sostenibilidad en España, entre 2000 y 2005 se ha perdido una media de 52.000 hectáreas anualesdebido a la construcción. Una hectárea equivale aproximadamente a la extensión de un campo de fútbol.

2 Deconstruyendo la burbuja: expectativas de revalorización y precio de la vivienda en España. José García-Montalvo. Universidad PompeuFabra e IVIE. Noviembre 2006.

DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007

La ordenación del territorio se define como laexpresión espacial de la política económica,social, cultural y ecológica de toda la sociedad.Sus objetivos fundamentales son el desarrollosocio económico equilibrado, la mejora de la cali-dad de vida, la gestión responsable de los recur-sos naturales, la protección del medio ambiente yla utilización racional del territorio.

Nada de esto se da en el litoral español. La utiliza-ción del suelo hecha por ayuntamientos y comuni-dades autónomas ha respondido, en general, aintereses privados que han hipotecado la calidadde vida de la mayoría de la ciudadanía, así comoel futuro de la naturaleza y del medio ambiente.

La construcción se ha convertido en un potentemotor económico que ha olvidado su finalidadsocial. Al tiempo que mueve a la economía espa-ñola, roba al territorio el equivalente a 140 cam-pos de fútbol al día1, de los cuales tres se sitúanen el litoral. Si en 2005 se aprobaron 800.000proyectos de nuevas viviendas, en 2006 estacifra aumentó hasta las 920.000. La conversión a

suelo urbanizable de millones de metros cuadra-dos ha supuesto la construcción de cientos demiles de viviendas a lo largo y ancho de todo elterritorio, especialmente en la costa. En ocasionesse trata de suelos calificados para su urbaniza-ción, pero cada vez más nos encontramos con ladestrucción de suelos rústicos o espacios natura-les de alto valor ecológico o incluso protegidos.Tanto es así que la actividad urbanística es una delas principales causas de destrucción de la super-ficie forestal. En la última década han desapareci-do en España 250.000 hectáreas de bosque debi-do a proyectos urbanísticos.

El modelo urbanístico impuesto en nuestro territoriose basa en tres pilares: la oferta, un producto gene-rador de enormes plusvalías debido a que los res-ponsables de su gestión, los ayuntamientos, hanpermitido valorar el suelo rústico comprado por laspromotoras como si fuera urbanizable aún antes desu recalificación; la demanda, formada por un grupomuy amplio que en numerosas ocasiones ha utiliza-do la vivienda más como inversión que para dar res-puesta a sus necesidades reales de alojamiento; ypor último, un mercado restringido, cada vez másmonopolista y opaco con muy pocas alternativas(VPO o vivienda de alquiler). Reunidos los tres ingre-dientes y cocinados con el descuido total de aque-llos que tenían como deber la tutela del territorio, esdecir, las comunidades autónomas, el resultado nosmuestra la situación actual.

“La calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción.España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción en 2006.

La gestión del litoral tiene que responder al interés general. Sinembargo, en la última década hemos asistido a un deterioro imparablede nuestras costas, materializado en la mala utilización del suelo a travésde nefastas políticas urbanísticas acompañadas de una ordenaciónterritorial que no se ha preocupado por salvaguardar los valores yrecursos naturales.

AGENTES INMOBILIARIOS A TIEMPO PARCIAL

Un estudio2 sobre el mercado inmobiliario español pone de manifiesto que la práctica decomprar una vivienda sobre plano y venderla antes de la formalización de la escritura puedegenerar unas plusvalías de hasta el 846% en menos de un año.

La investigación destaca que los estratos socioeconómicos elevados son los que más especulany que existe una elevada presencia de inversión extranjera en estos procesos, lo que destierrala extendida idea de que los extranjeros compran viviendas en España atraídos únicamentepor el buen tiempo y la calidad de nuestras playas.

El documento pone al descubierto que la compra de vivienda con fines especulativos ha sidotan elevada en los últimos años (especialmente en algunos puntos como la Costa del Sol) quese está produciendo una saturación en el mercado, lo que podría explicar el parón en la subi-da de los precios.

España acumula ya cuatro millones de casas vacías.

Ante la situación en la que nos encontramos, lasvoces de alarma llegan desde muy diversos ámbi-tos. La Comisión Europea condena nuestras prác-ticas urbanísticas mientras la ONU culpa a promo-tores y ayuntamientos de la crisis de la viviendaen España y recalca que si la especulación esgeneral en Europa, es extrema en nuestro país.

La prensa nacional e internacional habla de un pro-bable ajuste brusco del precio de la vivienda enEspaña. En los últimos 18 años, el suelo edificadoha aumentado un 40%, un ritmo muy superior al deotros países europeos, y la tendencia no pareceque vaya a cambiar. La superficie actualmenterecalificada para su urbanización triplica a lo yaconstruido en la franja costera andaluza y medite-rránea. Una vez recalificados los suelos, resultaprácticamente imposible revertir la situación.

Greenpeace ha presentado un decálogo de medi-das para alcanzar un urbanismo sostenible, con-cebido para aumentar la calidad de vida de lapoblación y el respeto al territorio y a los recur-sos naturales donde se desarrolla. Conocedoresde que no es posible aplicar fórmulas mágicas,proponemos un cambio en la gestión urbanísticaque empiece protegiendo todos los suelos queno hayan sido calificados como urbanizables ydonde los crecimientos urbanísticos no puedansuperar el 10% de lo ya existente en cada munici-pio. Cualquier planificación urbanística debe iden-tificar los recursos básicos, tales como la ener-gía y el agua, y establecer para ellos fórmulas degestión sostenible. La desaparición de la figuradel convenio urbanístico, un contrato privadoentre constructores y ayuntamientos, es funda-mental para regenerar el urbanismo. Considera-mos imprescindible la participación ciudadana deforma efectiva en el diseño de las ciudades y enel control del urbanismo.

Las medidas introducidas contra el urbanismoirracional, la especulación y la corrupción sonpositivas, pero no parecen ser suficientes paracortar de raíz con un modelo expandido a lo largoy ancho de nuestro territorio. Normativas como lanueva Ley del Suelo3 vienen a tratar de solucio-nar unos problemas que se derivan mucho másde la nula o escasa aplicación de la legislaciónexistente que de la falta de normativa al respecto.Aunque la nueva normativa incorpora medidaspositivas para luchar contra la especulación, abrenumerosas excepciones que, vistos los anteceden-tes, podrían convertirse en normas habituales defuncionamiento de los ayuntamientos, repitiendo elcaso de lo que ha sucedido, por ejemplo, con losconvenios urbanísticos, convertidos en la excep-ción más generalizada de nuestro urbanismo.

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3 La nueva Ley del Suelo entrará en vigor el 1 de julio.

Introducción

SECTOR INMOBILIARIO VS SECTOR FINANCIERO

El sector financiero y el sector inmobiliario están muy ligados.El 60% (900.000 millones de euros) del crédito total en España,que asciende a 1,5 billones de euros, está vinculado al ladrillo,bien a través de préstamos a la construcción, a la compra deviviendas y a través de préstamos a los promotores para la com-pra de suelo o el desarrollo de proyectos.

En la actualidad, el 70% del crédito de la cajas de ahorros yel 56% del crédito de los bancos está vinculado a la construc-ción. Según los expertos, esta “especialización puede rayar lavulnerabilidad”.

En los últimos años las entidades financieras se han dedicado afinanciar grandes operaciones de promoción inmobiliaria paracubrir sus enormes objetivos de crecimiento, dejando de ladootras operaciones comerciales más costosas pero necesarias. Deesta forma se han colocado en una situación de desequilibrioque ha llevado a las entidades financieras a un deterioro de suliquidez y solvencia.

EL LITORAL DE CALA LLAMP (ANDRATX, MALLORCA), DESFIGURADO POR EL URBANISMO© GREENPEACE-GL MALLORCA

Otras medidas, como las modificaciones introduci-das en la Ley de Aguas requiriendo informessobre la disponibilidad de recursos hídricos paralas nuevas urbanizaciones y la Ley de acceso ala información y la justicia son esperanzadoras.Ahora se trata de que su aplicación sea efectiva.

Sin embargo, a estas alturas, la promesa de quetodo se solucionará con nuevas normativas noresulta creíble si no va acompañada de un controly una persecución de las conductas ilegales. Lacomplejidad de las tramas que se esconden tras laactividad urbanística hacen necesario poner enmarcha medidas encaminadas a restaurar la legali-dad que incluyan mecanismos disuasorios talescomo la demolición de las construcciones ilegales.Sin embargo detenciones, sentencias condenato-rias y derribos despiertan un considerable impactosocial y la clase política no parece decidida a optarpor el camino correcto, consolidando así el dañoambiental y la ilegalidad.

Las limitaciones que se imponen en las normati-vas nacionales o autonómicas son recibidas porlos promotores como ataques y son recurridasante los tribunales. Su principal argumento resideen que tal tipo de medidas “encarecerá la vivien-da”. Parecen olvidar que en la última década lavivienda ha experimentado subidas desorbitadasy que todos los expertos coinciden en que dichosincrementos se han debido a la avaricia de pro-motoras y constructoras más que a la cantidadde suelo existente. Desde la entrada en vigor dela Ley del Suelo de 1998, éste se ha encarecido

cerca del 500% y el precio de la vivienda lo hahecho en un 200%.I Pocos ayuntamientos se hanresistido a las presiones de las promotoras, quehan comprado grandes bolsas de suelo rústico aprecios muy bajos, obteniendo posteriormenteplusvalías millonarias y beneficios que no seobtienen con ninguna otra actividad empresarial.

La Organización para la Cooperación y el Desarro-llo Económico (OCDE) asegura en su último infor-me anual sobre España que el precio de la vivien-da está sobrevalorado en un 30%.

España sigue escalando puestos en el índice de per-cepción de la corrupción que se elabora cada año.La actualidad de este último año ha quedado marca-da por las secuelas de una corrupción urbanísti-ca que ya no es sólo patrimonio de los grandesayuntamientos. La confianza y la cooperación sonrequisitos previos y necesarios para que se dé lacorrupción, por tanto no resulta creíble señalar aunos pocos responsables cuando cada vez es másevidente que han sido muchos lo que han participa-do, activa o pasivamente, en este fenómeno.

Los escándalos de corrupción conocidos estáníntimamente ligados a la gestión y financiación delos ayuntamientos, que disponen de su territoriocomo una supuesta fórmula de progreso social yeconómico, lo que resulta evidentemente insoste-nible. Es necesario abordar esta cuestión, espe-cialmente la financiación de los ayuntamientos, sise quiere poner coto a la degradación del territo-rio en la que estamos inmersos.

Los casos de corrupción destapados en este últi-mo año son tantos que hemos dedicado un anexoentero a recopilarlos. El fiscal coordinador deMedio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher,ha establecido una íntima relación entre la cons-trucción desaforada y el blanqueo de dinero pro-cedente de mafias. Vercher liga la corrupciónurbanística existente en España al modelo pocotransparente y a la tolerancia administrativa queha favorecido que grupos criminales internacio-nales se hayan establecido en nuestro territorioante la facilidad de blanquear dinero en la cons-trucción y crear sus propias redes. El Fiscal Anti-corrupción, Antonio Salinas, destaca que lasmafias se organizan con el concurso de testafe-rros y hombres de confianza españoles, creandograndes redes de sociedades pantalla que lespermiten ocultarse con total tranquilidad. Más de

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DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007

“Nada atenta más contra el Estado de derecho que la corrupción, venga de donde venga,pero especialmente cuando tiene a los servidores públicos como protagonistas”.

María Teresa Fernández de la Vega.Vicepresidenta del Gobierno.

EL LADRILLO BURSÁTIL

A mediados del mes de abril, Astroc Mediterráneo, la inmo-biliaria estrella de la Bolsa, se desplomaba después de subirmás de un 1000% desde su entrada en los mercados bursáti-les. En dos sesiones de bolsa consecutivas perdía un 43% y un37% respectivamente. En dos meses perdió más de tres cuar-tas partes de su valor. Su descalabro arrastró al sector delladrillo y otras empresas como Colonial, Fadesa, Inmocaral,Inbesòs, Urbas o Metrovacesa disminuyeron sus cotizaciones.

Los expertos explican esta situación por la existencia de unaburbuja especulativa dentro del mercado bursátil, pero con-sideran que los datos no avalan una crisis en el mercadoinmobiliario.

una veintena de narcotraficantes detenidos en losúltimos años en España contaban con sus pro-pias agencias inmobiliarias, repitiendo un modeloconocido en Cancún, Miami o Nápoles.

Una gran parte de las edificaciones en el litoralson destinadas a segunda vivienda. Este tipo deconstrucciones se han incrementado enormemen-te durante la última década hasta alcanzar un 42%en Murcia, un 35% en Andalucía, un 29% en laComunidad Valenciana, un 23% en Cataluña y un20% en Baleares.III

La construcción está fagocitando a una industriaturística que sigue anclada en el obsoleto modelode “sol y playa”, que implica la construcción demás y más hoteles y segundas residencias comosi la demanda fuera infinita.

Pero no sólo la demanda tiene un límite, algo quecada vez está más claro por mucho que intenten

confundirnos con las grandes cifras de turistasque visitan nuestro país, sino que el territorio tam-bién lo tiene. El turismo de masas está destruyen-do los objetivos que persiguen los propios turis-tas: el patrimonio natural y cultural de losterritorios que eligen para sus vacaciones, sin quelos políticos y administraciones responsableshagan nada para detener el deterioro imparabledel sector turístico español.

Los datos muestran la realidad: en 2006, los ingre-sos por turismo se redujeron en un 2,8%, a pesarde que la cifra total de turistas aumentó un 4,5%respecto al año anterior, hasta alcanzar la cifrarécord de 58,5 millones de visitantes. Se trata dela sexta reducción consecutiva. Las estimacionespara el 2007 no son optimistas, marcadas funda-mentalmente por el mayor endeudamiento de lasfamilias derivado de la subida de los tipos de inte-rés de las hipotecas, así como por la desacelera-ción en el consumo de las familias en toda Europa.

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4 Estudio de la vivienda vacacional en España: situación actual y perspectivas. José Luis Suárez. IESE.5 Según un estudio de la consultora DBK.

Introducción

LA ESPECULACIÓN DEL GOLF

Estudios realizados sobre el mercado de vivienda vacacional4 en España, ponen de manifiestoque la proximidad de un campo de golf puede llegar a encarecer el valor de una viviendaentre un 15% y un 30% sobre el precio normal de mercado, sobre todo si se encuentra en unazona costeraII.

Murcia, con el 33,5% y Andalucía con el 31,5% acumulaban a finales de 2005 las dos terceraspartes de las viviendas que se han construido en los dos últimos años ligadas a campos degolf 5, seguidas a distancia por la Comunidad Valenciana con el 11%.

Desde 1990 los campos de golf han cuadriplicado sus instalaciones con más de 350 camposrepartidos por todo el territorio y otro centenar en proyecto.

EL CAMPO DE GOLF DE

PERALEJA EN SUCINA

(MURCIA) HA SIDODENUNCIADO POR LAS

AUTORIDADES DE LA

REGIÓN DE MURCIA

© GREENPEACE-GL MURCIA

En otras palabras, y por si a alguien le quedabandudas, al turismo no le va nada bien y una de lascausas es la construcción, que definitivamente,está destruyendo a la industria turística. La gallinase ha comido su huevo de oro.

Los responsables de este sector deberían plante-arse que es necesario atraer la atención del turis-ta para conseguir que no sea sólo un visitanteesporádico. Para ello, es imprescindible que seanalice el estado de los 10.000 kilómetros decosta y se realice una planificación del territoriodonde el ladrillo no sea el único elemento decora-tivo. La protección del litoral está íntimamenteligada al buen desarrollo de la industria turística.¿Cuánto tiempo más es necesario antes de quelos responsables se den cuenta?

Pero es difícil que el sector turístico sea conscien-te del valor añadido que supone preservar losespacios naturales cuando las propias administra-ciones no parecen muy propensas a hacerlo.

Las administraciones estatal y autonómica noestán aplicando en todos los casos la nueva Direc-tiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo queexige la Evaluación Ambiental para Planes yProgramas. La transposición de dicha Directiva ala normativa estatal6 entró en vigor el 21 de juliode 2006 y es, por tanto, de obligada aplicación

desde entonces. Esto supone evaluar cada plan oproyecto de forma global sin trocearlo para tratarde disminuir o disimular su impacto. Sin embargo,tanto el Ministerio de Medio Ambiente como lasdiferentes consejerías de Medio Ambiente encuen-tran excusas para no aplicarla. El ejemplo másclaro es el Plan Estratégico de Infraestructuras yTransportes (PEIT), expedientado por Bruselas,pero hay muchos más.

El urbanismo y el cambio climático son las dosmayores amenazas a las que nos enfrentamos.España, por su situación geográfica y sus carac-terísticas es especialmente sensible a los impac-tos negativos derivados del cambio climático. Lasafecciones se producirán en prácticamente todoslos sectores económicos: la industria turística, elsector pesquero, el sector agrícola, el sectorforestal…

Las zonas costeras se encuentran entre los espa-cios que sufrirán las consecuencias de la subidadel nivel del mar y del aumento de su temperatu-ra, la mayor frecuencia de fenómenos meteoroló-gicos extremos y los cambios en los regímenesde precipitaciones en forma de lluvia. Los exper-tos coinciden en señalar que las costas conmayor presión urbanística y turística serán lasmás vulnerables a estos efectos adversos.

En la costa, el principal problema que deberemosafrontar será la subida del nivel del mar. Los cálcu-los apuntan a que cada centímetro que se eleve elnivel del mar supondrá un retroceso medio de unmetro. Las proyecciones hechas estiman que estasubida oscilará entre un rango de 10 y 68 centíme-tros para final de siglo, aunque los escenarios máspesimistas sitúan esta elevación en un metro.

Las áreas más vulnerables ya han sido localiza-das: el Golfo de Bizkaia, los deltas del Ebro y delLlobregat, las Marismas de Doñana, La Manga delMar Menor y el Golfo de Cádiz.

En general, en las playas españolas se esperauna variación de la cota de inundación y un retro-ceso de la línea de costa. La cornisa gallega y lazona norte de las Islas Canarias serán los puntosmás afectados por la subida del nivel del mar, quepodría alcanzar los 35 centímetros. En el Medite-rráneo, los cálculos apuntan a que el aumentomedio será de unos 20 centímetros.

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6 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007

Es imprescindible que se analice el estado de los diez mil kilómetros de costa española y se realice unaplanificación del territorio donde el ladrillo no sea el único elemento decorativo. La protección del litoral está

íntimamente ligada al buen desarrollo de la industria turística.

LA MANGA (MURCIA)SERÁ UNA DE LAS

ZONAS MÁS AFECTADAS

POR EL CAMBIO

CLIMÁTICO. ESTA ZONADE CANALES QUE UNEN

EL MAR MENOR Y EL

MEDITERRÁNEO CORREN

RIESGO DE

DESAPARECER

© GREENPEACE-GL MURCIA

Resulta imprescindible poner en marcha políticasy estrategias que incorporen estas advertencias yprevisiones en todas las actuaciones que se lle-van a cabo en el litoral. Junto a las recomendacio-nes específicas para la costa, es necesario llevara cabo una auténtica revolución energética quenos aleje de la dependencia de los combustiblesfósiles y nos permita reducir la emisión de losgases de efecto invernadero y, con ello, amorti-guar los efectos del cambio climático.

Greenpeace ha elaborado una serie de informesque demuestran que las energías renovables sonsuficientes para cubrir la demanda energética de lasociedad española. Los resultados de estos estu-dios muestran que la capacidad de generación deelectricidad con fuentes limpias es muy superior ala demanda. Además, los recursos no contaminan-tes están tan ampliamente distribuidos en la penín-sula, que todas las comunidades autónomas dispo-nen de suficiente capacidad para abastecercompletamente su propia demanda de energíaeléctrica. Ahora es necesaria la voluntad políticapara convertir esta propuesta en una realidad.

Pero la urbanización y el cambio climático no sonlas únicas amenazas presentes en el litoral espa-ñol. Las desaladoras son una fuente de impactosnegativos. El Ministerio de Medio Ambiente estáinmerso en una carrera desbocada con el únicoobjetivo de ofrecer agua a todos los desarrollosurbanísticos que se concentran en el litoral medi-terráneo especialmente y, en tal empeño, ha olvi-dado hacer su trabajo principal, la protección delmedio costero y marino.

Uno de los mayores impactos de las plantas desali-nizadoras o desaladoras es el provocado por elvertido de los restos derivados del proceso dedesalación, la llamada salmuera, cuyo alto conte-nido en sal y en compuestos químicos tiene unefecto desastroso sobre las ya de por sí amena-zadas praderas de Posidonia oceanica, que tan-tos beneficios aportan al ecosistema mediterrá-neo. Entre éstos destaca el ser escogida pormiles de especies de plantas y animales comolugar para reproducirse y alimentarse, absorberdióxido de carbono (CO2), uno de los gases res-ponsables del cambio climático, liberar oxígeno ala atmósfera y actuar como un elemento funda-mental para frenar la erosión costera al retener laarena y amortiguar el efecto de los temporales.

Los planes del Ministerio de Medio Ambientepara la costa no acaban de convencer. Muchasbuenas palabras y “programas” que no se termi-nan de concretar y con presupuestos ridículamen-te bajos frente a actuaciones que sólo puedenobtener los peores calificativos de todos aquellosque se preocupan realmente de la protección dela costa. Los quince diques en construcción frentea las playas barcelonesas, la construcción delzoológico marino de Barcelona en terrenos par-cialmente ganados al mar o la aprobación ambien-tal para construir un puerto industrial en Granadi-lla, en la costa sureste de Tenerife, rezuman unespeso líquido de difícil catalogación.

En otros casos, no se entiende a qué esperan pararechazar algunas obras. Es el caso de la construc-ción de platós acuáticos en Alicante, dentro del

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Introducción

PRADERA DE Posidonia

oceanica AMENAZADA

POR LA DESALADORA

DE VALDELENTISCO,CONSTRUIDA EN UN

ESPACIO DECLARADO

LIC Y ZEPA EN

MAZARRÓN (MURCIA)© GREENPEACE

Lugar de Interés Comunitario (LIC) Isla de Tabarca,todavía sin aprobar. Si hay hueco para un zoológi-co en sus interpretaciones de la Ley de Costas, esposible que también lo haya para un plató de cinedentro de un espacio protegido.

El Ministerio de Medio Ambiente lleva todo el añoprometiendo comprar terreno en el litoral y derri-bar multitud de edificaciones ilegales.

Para compensar, es artífice directo de un conveniopor el cual se plantea desnaturalizar, desafectar yprivatizar una parte de las marismas de Las Aletasen Puerto Real para la construcción de un polígonoindustrial. De esta forma, los encargados de ges-tionar el litoral se emplean a fondo en destruir loque por naturaleza pertenece al dominio públicomarítimo terrestre desde tiempos inmemoriales.

Los planes del Ministerio del Medio Ambiente paracomprar fincas en la costa tendrán escasa reper-cusión sobre los planes de urbanización que sedesarrollan a un ritmo frenético en el litoral. En lamayor parte de los casos el Ministerio ha dirigidosu mirada hacia terrenos que ya están protegidosy en los que no se puede construir, poniendo demanifiesto que la medida, pese a ser positiva, esineficaz y que la propaganda es, por el contrario,muy eficaz.

Mucho más honesto y valiente sería que el Minis-terio centrara sus esfuerzos en aquellos terrenosamenazados por la construcción demostrando asísu verdadero interés en la salvaguarda del litoral.Todavía está a tiempo.

Transcurridos casi veinte años, el deslinde deldominio público marítimo terrestre que decretabala Ley de Costas de 1988 sigue sin finalizarse.Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente se enfren-ta al reto de tener que revisar los 10.000 km decosta para incorporar las previsiones realizadaspor los expertos en cambio climático contrata-dos por el propio Ministerio, que recomiendan larevisión de la franja de costa pública como medi-da de seguridad.

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DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007

LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE COMPROMETIÓ A DERRIBAR EL HOTEL LEVANTADO EN LA PLAYA DE

EL ALGARROBICO, EN EL PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR© GREENPEACE-ARMESTRE

NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

La aprobación de nuevos estatutos de autonomía como los de Cataluña,Andalucía, la ComunidadValenciana y Baleares introduce importantes modificaciones en la gestión de los espacios coste-ros. Con diferentes enunciados se atribuyen la competencia sobre el espacio litoral y marino.

Independientemente de los planteamientos realizados, resulta imprescindible que las Comunida-des Autónomas acuerden el reparto de competencias con la Administración estatal bajo la pre-misa de transparencia en el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones de actividades enel litoral, respetando las actuaciones necesarias del Estado para la protección del medio ambien-te y del interés general. Resulta también ineludible que se elabore una regulación unitaria paratodo el litoral español que contemple la necesaria coordinación entre la Administración estatal yel resto de Comunidades Autónomas que revierta en la conservación de la costa sin socavar lascompetencias que sobre esta materia establecen los nuevos estatutos de autonomía.

Otra de las cuestiones a resolver es la construc-ción de más amarres en el litoral. España contabaen 2005 con 321 puertos deportivos, 201 en elarco mediterráneo y 120 en el atlántico-cantábri-co, con cabida para 106.795 embarcaciones, unnúmero sin duda elevado, pero no suficiente paralos gestores autonómicos de los puertos. Todaslas comunidades autonómicas sin excepción,quieren más puertos deportivos. Según un estu-dio sobre el turismo náutico de Turespaña, la acti-vidad náutica del turismo extranjero en Españagenera tan sólo un 2% de los ingresos totalesderivados del turismo. Esta actividad es superadaampliamente por otras como el submarinismo(49,3%) o las embarcaciones en tránsito (20,7%).

Es importante, por tanto, evaluar con datos objeti-vos la necesidad de más puertos deportivos y teneren cuenta los impactos negativos en forma de priva-tización de la costa, contaminación y erosión.

La última de las grandes amenazas presentes enla costa que se repasa en este informe es la con-taminación. El 75% de la contaminación presenteen el mar procede de tierra, y los municipios cos-teros españoles saben mucho de eso. Los retra-sos en los planes de saneamiento y depuración deaguas residuales en el litoral son alarmantes ytodavía hay ciudades de gran tamaño, como ACoruña o Algeciras que no disponen de tratamien-tos adecuados para sus aguas residuales.

Andalucía, Galicia y Canarias ocupan el farolillorojo de la lucha contra la contaminación y ponende manifiesto que las administraciones han practi-cado una completa dejación de funciones al per-mitir esta situación. Y parecen ser conscientes deello, ya que se resisten a facilitar los datos sobrelos 800 municipios españoles que incumplen lanormativa vigente sobre depuración de aguas yvertidos o, cuando lo hacen, la información quefacilitan no está actualizada. Mientras tanto, Espa-ña se afana en negociar con Bruselas moratoriasen la aplicación de sanciones y retiradas de expe-dientes por los vertidos contaminantes que arroja-mos a diario al mar.

El último informe anual de la Comisión Europeasobre la calidad de las aguas de baño en la UniónEuropea concluye que trece playas incumplen lasnormas de calidad mínimas establecidas. Otrassiete zonas de baño no han facilitado información

suficiente, lo que permite sospechar que tampocose ajustan a los estándares europeos.

En definitiva, la situación del litoral no es buena.Pero está en nuestra mano no seguir permitiendosu destrucción y reclamar a las administracionesla aplicación de la normativa que protege la costa.Debemos ser conscientes de nuestra responsabili-dad y reclamar con fuerza un futuro para el litoral.

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Introducción

ARRIBA. OBRAS DEL PUERTO DEPORTIVO DE LAREDO© GREENPEACE-ALEJOS

ABAJO. CONTAMINACIÓN EN LA XUNQUEIRA DE LAGARES (PONTEVEDRA)© GREENPEACE-GL A CORUÑA

El Defensor del Pueblo ha criticado en su último informe la “poca ambición” administrativa para aplicarlas normas vigentes para proteger el litoral, tales como las restricciones para construir cerca del mar.El informe destaca la descoordinacion entre los ayuntamientos y los servicios periféricos de costas y las órdenesde demolición de viviendas ilegales no ejecutadas.

ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA

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Andalucía

La tendencia de la población andaluza a concen-trarse en la franja litoral es imparable. El 62%7 delincremento de habitantes en esta comunidadautónoma entre 2003 y 2005 se localizó en muni-cipios costeros.

Andalucía consume una media de 12,81 hectáreasde suelo al día, de las que 9,23 (72%) correspon-den a las provincias costeras y tiene al ladrillocomo uno de sus principales motores económicos.

El Informe Económico y Financiero de Andalucía2005 destaca que el 17,8% del capital invertidoen Andalucía procede de paraísos fiscales, unacuarta parte del volumen total imputable a Espa-ña. En total 48 millones de euros de dudosa legiti-midad procedentes de Liechtenstein (20,63 millo-nes), Gibraltar (11,48 millones) e Islas Vírgenes(10,50 millones).IV

La corrupción urbanística está más que presenteen el litoral andaluz. Los tribunales reclaman unamayor dotación de personal para poder hacersecargo de todos los casos. Por el momento, unaveintena de ayuntamientos, con Marbella a lacabeza, se enfrenta a investigaciones y procesosjudiciales por delitos contra la ordenación delterritorio, el urbanismo y el medio ambiente. Entodos los casos, los proyectos denunciados obtu-vieron el visto bueno de la Junta de Andalucía, que

es responsable en una parte importante de lasituación que se vive en sus costas.

Con casi 24 millones de turistas visitando su terri-torio anualmente, Andalucía se enfrenta a unagrave disyuntiva con respecto al modelo de turis-mo que quiere: naturaleza o cemento. Los datosindican que, aunque los políticos se llenan la bocacon el respeto al territorio y a la naturaleza, lo quese impone es el ladrillo.

Los estudios muestran que el turista se inclina porlas zonas de litoral recientemente construidas ymenos congestionadas y eso es lo que ofreceAndalucía. Los últimos tramos de costa virgen dellitoral andaluz ya han sido subastados con el bene-plácito de la Junta. El “sol y playa” cada año esmás “sol y cemento” y no parece que la Adminis-tración andaluza vaya a cambiar sus planteamien-tos antes de que la situación sea irreversible.

A PESAR DE CONSTITUIR TAN SÓLO EL 10% DEL TERRITORIO, EL LITORAL ANDALUZ CONCENTRA UNA TERCERAPARTE DE LA POBLACIÓN TOTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. UN VISTAZO AL MAPA DE USOS Y COBERTURASVEGETALES DEL SUELO DE ANDALUCÍA MUESTRA QUE LA SUPERFICIE URBANIZADA DE LA REGIÓN ES EL 2,43%,PERO EN LA COSTA EL ESPACIO OCUPADO ES DEL 29,5% (PORCENTAJE QUE SE DUPLICA EN EL CASO DE LA COSTADEL SOL).

7 El 62% del incremento del censo corresponde a 160.845 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística.

PORCENTAJE DE SUELO URBANIZADO EN LA PRIMERA FRANJA DE 500 M

PROVINCIA SUELO OCUPADO EN LA FRANJA DE 500 METROSMálaga 59,5%Cádiz 32,5%Media andaluza 22,2%Granada 22%Almería 20%Huelva 12%

Pero tampoco destruyendo su costa, parece haberencontrado Andalucía la solución a los problemasturísticos. Exceltur, en su encuesta sobre el ClimaTurístico en Andalucía del pasado mes de octubre,recoge la caída en el número de pernoctaciones deturistas extranjeros que, además, se inclinan mayo-ritariamente por las segundas residencias.

El agotamiento del suelo y de los recursos natura-les parece imparable en Andalucía. El consumo deagua en esta región se sitúa en una media de 180litros de agua por persona y día, la segunda másalta de España, cifra que en la Costa del Sol yAlmería llega a los 400 litros por persona y día.

Sólo un apunte sobre las obras y actuaciones enel litoral, la Junta y el Gobierno central se hanpuesto de acuerdo para destruir un tramo demarismas en Puerto Real, una acción incalificableque esperamos no siga adelante y que deja aldescubierto las supuestas “buenas intenciones”de las administraciones con respecto al litoral.

En materia de puertos, los planes de la adminis-tración andaluza son, simplemente, demencialesy plantean duplicar los amarres existentes.

Por último, en el capítulo de la contaminación cos-tera, Andalucía vierte anualmente 3.273 millonesde metros cúbicos de aguas residuales industria-les, agrícolas y urbanas a través de 1.182 puntosde vertidos autorizados por la Junta, según losdatos oficiales facilitados a Greenpeace. Desta-can especialmente dos auténticos puntos negros:la Bahía de Algeciras y el polo químico de Huelva.

URBANISMO

Andalucía sigue teniendo al ladrillo como uno desus principales motores, si bien los datos de2006 suponen un descenso de casi tres puntosen su aportación al PIB andaluz respecto al2005. Aunque la construcción se ralentizó duran-te el año pasado, este dato no ha tenido reflejoen el precio de la vivienda, cuyo aumento alcanzóel 14,1% en el primer trimestre de 2006 (en2005 fue del 14%).8

El pasado mes de junio el Gobierno andaluz apro-baba el Plan de Ordenación Territorial de Andalu-cía (POTA). El Plan, concebido según sus autorespara evitar los procesos urbanizadores insosteni-bles, llega tarde a un territorio donde se haimpuesto un crecimiento desordenado y dondeno se ha ejercido el control necesario para impe-dir las ilegalidades que inundan la costa andalu-za. El POTA, aunque limita el crecimiento de losmunicipios en los próximos ocho años al 30% dela población (algo que en Andalucía sólo hanhecho el 9% de sus municipios) y la ocupación desuelo al 40% del suelo urbano actual, deja delado la sostenibilidad ambiental. Además, la Juntase ha apresurado a anunciar que las medidasintroducidas para limitar el crecimiento seránsólo temporales.

Más del 90% de los municipios andaluces tendránque adaptar sus planes urbanísticos a los nuevoscriterios establecidos por la Junta de Andalucía.En la costa, algunos tendrán que hacer recortesmás que drásticos:

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8 Informe de coyuntura de Analistas Económicos de Andalucía.

CONSTRUCCIÓN EN

DOMINIO PÚBLICO

EN LA CALA

DEL INVENCIBLE,PULPÍ (ALMERÍA)

© GREENPEACE-GL ALMERÍA

DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia deAndalucía (TSJA) ha alertado de la escasez depersonal de la que dispone para luchar contralos delitos contra el medio ambiente, especial-mente ante el volumen de casos urbanísticosque está tramitando en la actualidad.

Una encuesta realizada para la Cadena Sersobre la corrupción urbanística pone de mani-fiesto que el 89% de los andaluces consideraque este fenómeno se encuentra muy extendidopor toda su geografía.

Según datos de la Consejería de Medio Ambien-te, durante 2005 y la primera mitad de 2006 seabrieron 477 expedientes sancionadores porirregularidades urbanísticas en zona de servi-dumbre de protección10 de la costa andaluza.

El 64% (306) de las infracciones correspondenal litoral gaditano. Granada acumula 58 expe-dientes, 57 Almería, 34 en Huelva y cierra la listaMálaga con 22.

Por su parte, durante 2005 y 2006 el Servicio deProtección de la Naturaleza (SEPRONA) de laGuardia Civil denunció 3.343 urbanizaciones yviviendas irregulares en el territorio andaluz. Elmayor número de construcciones irregularescorrespondió a Málaga, con 891, seguida de Gra-nada, con 352, Almería, con 280, Cádiz con 231y Huelva con 30.

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9 El cálculo está realizado asumiendo 2,8 personas por vivienda (promedio entre la composición familiar actual y la prevista dentro de diez años).10 Según el Artículo 23 de la Ley de Costas la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite

interior de la ribera del mar. La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la ComunidadAutónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de laservidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate.

MUNICIPIO HABITANTES CRECIMIENTO PREVISTOACTUALES (EL POTA PERMITE EL 30% DE LA POBLACIÓN ACTUAL)9

Cuevas del Almanzora 11.484 PGOU en tramitación. Cerca de 148.000 viviendas para aumentar laAlmería población hasta 414.000 personas (un 3.608% de aumento)Vera. Almería 11.159 PGOU en tramitación. 118.000 viviendas nuevas ocupando el 75% del

territorio municipal, de 58 km2, lo que equivale a 330.400 nuevoshabitantes, un aumento del 2.961%

Mojácar. Almería 6.092 PGOU en revisión. 10.000 viviendas nuevas (equivale a 28.000 nuevoshabitantes, un aumento del 460%)

Almuñécar. Granada 24.713 PGOU aprobado inicialmente a la espera del pronunciamiento de la Juntade Andalucía. 35.000 nuevas viviendas (equivale a 98.000 nuevoshabitantes, un aumento del 397%)

Estepona. Málaga 58.603 82.000 nuevas viviendas (equivale a 229.600 nuevos habitantes, unaumento del 392%)

Níjar. Almería 24.435 Presentado el Avance del PGOU. 20.000 nuevas viviendas (equivale a56.000 nuevos habitantes, un aumento del 230%)

Carboneras. Almería 7.267 PGOU en exposición pública. 4.000 viviendas nuevas (equivale a 11.200nuevos habitantes, un aumento del 154%)

Roquetas de Mar 65.886 PGOU en exposición pública. 20.000 viviendas nuevas (equivale a 56.000Almería nuevos habitantes, un aumento del 85%)

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, El País, Wikipedia

Andalucía

“Los campos de golf se utilizan como patios interioresde las urbanizaciones”.Concepción Gutiérrez. Consejera de Obras Públicas de la Junta

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AYUNTAMIENTOS INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

PROVINCIA LOCALIDAD DENUNCIAS

Almería Carboneras La construcción de un hotel por parte de la constructora Azata en El Algarrobico, dentro delParque Natural Cabo de Gata-Níjar, ha sido paralizada cautelarmente por la justicia tras lasdenuncias de Salvemos Mojácar

Almería Mojácar La promotora La Solana de Mojácar, S.A. es responsable de la construcción de un edificio dehasta ocho plantas de altura en una zona donde la altura máxima son dos. Gracias a lasdenuncias de la asociación Salvemos Mojácar, la Consejería de Obras Públicas ha denunciado alAyuntamiento pidiendo la revisión de la licencia del complejo11

Almería Níjar Ecologistas en Acción presentó en 2006 una querella contra el alcalde en ese momento JoaquínGarcía y el ex concejal José Cayuela al firmar ambos un convenio urbanístico que permitió aCayuela multiplicar por cuatro la edificabilidad en una finca de Agua Amarga a cambio de la“cesión” de una parcela de 12.000 m2 que, finalmente, no existe. Se les acusar de habercometido delito contra la ordenación del territorio al permitir urbanizar en zona verde y ensolares municipales. Recientemente la Audiencia Provincial de Almería ha imputado por delitourbanístico al alcalde, al concejal de Urbanismo, Manuel Rodríguez, y al Jefe del Área deUrbanismo, Federico García, tras investigar estos hechos

Almería Roquetas de Mar El empresario Tomás Olivo, imputado en la Operación Malaya, ha construido un centro comercialcuya licencia de apertura ha sido anulada por el TSJA

Cádiz Barbate El TSJA ha ordenado la demolición del complejo turístico y deportivo de Montenmedio.La Consejería de Obras Públicas dio tres meses al ayuntamiento para cumplir la sentencia perono lo ha hecho

Cádiz Chiclana La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ha abierto varias líneas de investigación sobre diferentesdelitos urbanísticos en esta localidad

Cádiz Chipiona La Fiscalía ha imputado a la ex alcaldesa Dolores Reyes y a otros tres concejales por haberconcedido una licencia de obras con informes técnicos contrarios al estar en suelo nourbanizable

Cádiz El Puerto de Santa María El ex alcalde Hernán Díaz Cortés, su concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez y un promotorestán imputados por la parcelación y construcción de viviendas unifamiliares en Pinar de Coig,una parcela incluida en la red general de espacios libres de la bahía de Cádiz.Díaz Cortés dimitió tras ser condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación

Cádiz El Puerto de Santa María El TSJA obligó mediante sentencia firme al ayuntamiento a anular las licencias concedidasilegalmente a la sociedad Golf El Puerto (representada por el ex consejero de Trabajo de laJunta, Ramón Marrero)

Cádiz El Puerto de Santa María El TSJA ha declarado ilegal el complejo turístico y hotelero de Las Beatillas aprobado por elalcalde en ese momento, Fernando Gago. La Junta de Andalucía retiró las competenciasurbanísticas temporalmente al municipio por su pasividad ante la construcción ilegal de estecomplejo turístico

Cádiz El Puerto de Santa María La Reserva Natural de Las Lagunas12 acoge una urbanización ilegal por la que deberánresponder ante la justicia el ex alcalde, Hernán Díaz, y los ex concejales de Urbanismo JuanCarlos Rodríguez y Pedro Alamillos, acusados de delitos contra la ordenación del territorio y deprevaricación

Cádiz El Puerto de Santa María La Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Audiencia de Cádiz ha pedido quese investiguen en el Pinar del Obispo las conexiones de luz y agua a viviendas unifamiliaresconstruidas ilegalmente

Cádiz El Puerto de Santa María Construcción de chalés en la finca Los Desmontados, suelo reservado para parque público ydotaciones deportivas según el PGOU. Está siendo investigado por la Fiscalía de Medio Ambientey Ordenación del Territorio de la Audiencia de Cádiz

Cádiz El Puerto de Santa María Venta de suelo municipal entre 1995 y 2000 por las empresas municipales Impulsa ySuvipuerto. La Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Audiencia de Cádizinvestiga “la falta de destino” de los ingresos obtenidos tras la venta de suelo público municipal

DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

11 Ordinal 595/06. Juzgado nº 1 de Almería.12 Declarado Reserva Natural en 1987 por Ley del Parlamento Andaluz.

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AYUNTAMIENTOS INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS (CONTINÚA)

PROVINCIA LOCALIDAD DENUNCIAS

Cádiz La Línea de la Concepción El alcalde en ese momento, Juan Carlos Juárez, se enfrenta a distintos contenciosos, uno deellos por la venta de cuatro parcelas municipales a la empresa Roseworld (empresa destinada alcomercio de zapatos y complementos y ajena al negocio inmobiliario).V La querella va dirigidacontra el alcalde, Juan Carlos Juárez, el portavoz del grupo municipal del PP, Juan Montero, losconcejales Francisco Muñiz y María de la Cruz Atienza, el portavoz del grupo independiente,Antonio García Buendía, el gerente municipal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, el secretariogeneral del ayuntamiento y los miembros del equipo de gobierno que aprobaron la venta

Cádiz Puerto Real La Junta de Andalucía ha iniciado un contencioso-administrativo contra el alcalde en esemomento, José Antonio Barroso, por la concesión de una licencia para la vivienda de su hermanoen una parcela destinada a suelo educativo

Cádiz San Fernando Las tres torres de 16 plantas que construye Arenal 2000 (cuyos directivos están imputados enla Operación Malaya) en la playa de La Casería han sido denunciadas por la Consejería de ObrasPúblicas ante los tribunales tras la negativa del ayuntamiento a revisar el Plan Parcial deurbanismo. A pesar de que Obras Públicas considera que existen graves irregularidadesurbanísticas, el Juzgado nº 2 de Cádiz desestimaba en octubre de 2006 la paralización cautelarde las obras

Cádiz Tarifa El alcalde en ese momento, Miguel Manella, tiene abiertas diligencias previas por hacer unrestaurante en el Castillo de Santa Catalina

Granada Almuñécar Supuesto trato de favor por parte del alcalde en ese momento, Juan Carlos Benavides, al padrede su concejal de Seguridad Ciudadana, Daniel Barbero, quien construyó un chalé a pesar detener sólo licencia para un cuarto de aperos de labranza

Huelva Ayamonte Admitida a trámite la denuncia por daños a flora y fauna causados por las obras de Costa EsuriHuelva Huelva Construcción de 3.500 viviendas impugnadas por la Junta de Andalucía y suspendidas

cautelarmente por el TSJAMálaga Benalmádena El alcalde en ese momento, Enrique Bolín, ha sido denunciado por la Junta de Andalucía y está

siendo investigado por la Fiscalía por la concesión de una licencia en diciembre de 2004 para laconstrucción de un edificio donde sólo podían construirse casas unifamiliares

Málaga Manilva El alcalde en ese momento, Pedro Tirado, tuvo que dimitir en 2005 tras ingresar en prisión porun delito de prevaricación urbanística al aprobar un proyecto en suelo no urbanizable por el quehan sido denunciados los diez concejales que lo respaldaron. Royal Marbella Estates (cuyo dueñofue detenido en la Operación Ballena Blanca) compró los terrenos por 9,6 millones de euros en2003 y un año después, y tras firmar varios convenios urbanísticos con el ayuntamiento, losvendió por 101,6 millones gracias a una recalificación de los terrenos realizada ilegalmente, yaque el PGOU de Manilva estaba suspendido por la Junta de Andalucía. Gestierra, una empresa deFrancisco Tierra, cuñado del alcalde, cobró 5,3 millones de euros por supuestas mediaciones.Ambos, Tirado y Tierra, están imputados en este caso desgajado de la Operación Ballena Blanca

Málaga Manilva Ecologistas en Acción presentó en diciembre de 2006 una denuncia ante la Fiscalía de laAudiencia Provincial de Málaga por sendas licencias de obras otorgadas por los ex alcaldes deManilva, Pedro Tirado y Emilio López Berenguer, para construir dos apartahoteles en la playa deAldea Beach. Ambas parcelas estaban calificadas como de equipamiento público y zona verde yse encuentran dentro de la zona de servidumbre de protección de costas

Málaga Marbella Operación Malaya. Un centenar de imputados y 26 detenidos de los que cuatro permanecen enla cárcel. 16 ex concejales detenidos acusados de cobrar entre 6.000 y 84.000 euros por cadaconvenio urbanístico aprobado. Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de toda la trama,cobraba 100.000 euros por cada operación urbanística

Huelva Cartaya El alcalde en ese momento, Juan Antonio Millán, ha sido imputado por un presunto delito contrala ordenación del territorio por la construcción ilegal de casas en suelo rústico

Andalucía

Urbanizaciones con campo de golf

Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayordensidad de campos de golf de todo el territorioespañol. De los 92 campos existentes, el 83% lle-van asociadas promociones urbanísticas y, deéstos, el 12% son campos de golf residencialesVI.

Andalucía cuenta además con numerosos proyec-tos para construir nuevos campos, hasta 200según la Federación Andaluza de Golf, pendientesde distintos trámites para su aprobación que lle-van aparejada, según las estimaciones hechaspor la Asociación de Promotores de Turismo Resi-dencial y Deportivo de Andalucía (Promotur), laconstrucción de aproximadamente 160.000viviendas, una tercera parte de las cuales se sitúaen la provincia de Málaga.

Los cálculos de Promotur no serían reales de verla luz la normativa que limita la construcción deviviendas junto a campos de golf, sin embargo,ésta se retrasará nuevamente. En octubre de2006 el Parlamento Andaluz aprobaba una resolu-ción para la elaboración de un decreto o leydurante el primer semestre de 2007 que disociela práctica deportiva del desarrollo urbanístico.VII

Esta resolución es un intento desesperado de laJunta de Andalucía para no reconocer su cesiónante los promotores de campos de golf vincula-dos a grandes urbanizaciones. Durante seis añosla Junta ha trabajado para elaborar una normativaal respecto, sin ningún resultado hasta el momen-to. La débil excusa de que los Planes de Ordena-ción del Territorio ya limitan la construcción de

campos de golf no esconde que esta herramientade especulación urbanística es tan potente quenadie se atreve a pararla. Finalmente, y tal y comodenunció en su día la propia consejera de ObrasPúblicas, Concepción Gutiérrez, “los campos degolf se utilizan como patios interiores de las urba-nizaciones” (y además las revalorizan hasta en un30%). Ahora sólo queda esperar el resultado de lanueva resolución, que todavía no se conocía cuan-do se cerró la edición de este informe.

Almería

El Juzgado nº 2 de Almería rechazaba el pasadomes de octubre la petición de la Junta de Andalu-cía para paralizar de forma cautelar las obras deconstrucción de 440 viviendas que la empresaAlmeragua lleva a cabo en los acantilados deAguadulce (Roquetas de Mar). La resolucióndel juez dictamina que las obras corresponden aun plan parcial aprobado por la propia Junta, porlo que ahora no le corresponde reclamar ya queno lo hizo en su momento.

Es una constante: la Junta deja construir ilegal-mente y cuando hay presión, decide intervenir. Lovimos claramente en el caso de El Algarrobico(Carboneras), que sigue en pie debido, primero,a la mala actuación y, después, a la descoordina-ción entre la Junta de Andalucía y el Ministerio deMedio Ambiente.

Pero todavía queremos pensar que el hotel, autén-tico símbolo de la destrucción del litoral, algún díaserá demolido. El Ministerio está completando el

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DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ACCIÓN DE GREENPEACE

EN EL HOTEL

CONSTRUIDO EN LA

PLAYA DE EL

ALGARROBICO, DENTRODEL PARQUE NATURAL

CABO DE GATA-NÍJAR(ALMERÍA)

© GREENPEACE-ARMESTRE

En el juicio por la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, ante la petición de los planos oficiales del P.N. Cabode Gata-Níjar por parte de la Audiencia Nacional, la Junta de Andalucía ha remitido a este organismo unaplanimetría en tamaño A4 (29,7 x 21 cm) donde la zona del hotel aparece además engrecida. De esta forma esimposible determinar si la zona está protegida o no. Greenpeace posee una copia oficial de dichos planos altamaño al que fueron realizados originalmente, donde sí se aprecia el grado de protección de la zona.

deslinde13 y la Junta de Andalucía ejerció el dere-cho de retracto sobre los terrenos en los que selevanta el hotel recuperando su titularidad. Azata,constructora del hotel, ha rechazado el dineroofrecido por la Junta (2,3 millones de euros) y harecurrido ante los tribunales todas las decisionesde las administraciones, incluida la suspensióncautelar de las obras.

En otra de las denuncias interpuestas por la pro-motora Azata, ésta ante la Audiencia Nacional, elpresidente de la Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Carlos Lesmes, ha pedido a la Junta deAndalucía que remita los planos del Parque Natu-ral Cabo de Gata-Níjar publicados en 1994 en elBoletín Oficial de la Junta. La Consejería de ObrasPúblicas ha remitido los planos de todo el parqueen tamaño A4 (29,7 x 21 cm), lo que impidedeterminar con claridad si la zona donde se haconstruido el hotel está protegida o no.

La actitud de la Junta de Andalucía en este casoes, cuando menos, indignante. Los planos oficia-les reclamados por la Audiencia Nacional fueronmodificados por la Consejería de Medio Ambientepara convertir 200 hectáreas de terreno del par-que en urbanizables, lo que ha permitido a la cons-tructora del hotel defender su supuesta legalidad.

Pero es más, la Junta de Andalucía mantieneabierto otro contencioso administrativo en el juz-gado número dos de Almería para exigir la aplica-ción de un deslinde de 50 metros, la mitad de loque determina la Ley de Costas, que legalizaríacasi el 100% del monstruoso edificio construidoen la playa de El Algarrobico.

Pero no es el hotel de Azata el único caso sobreel que pesan dudas al respecto de su legalidaden la localidad de Carboneras. Ecologistas enAcción solicitó en marzo la revisión de oficio delos acuerdos adoptados en enero de 2003 porlos que el consistorio vendió a 3,60 euros/m2

dos fincas de titularidad municipal limítrofes alparaje de El Algarrobico. Ambas, La Loma deLa Cañada y Torre del Rayo, de cerca de 64hectáreas, fueron recalificadas siete mesesmás tarde como suelo urbanizable, multiplican-do por 50 su valor. Las fincas fueron adjudica-das a las empresas “Unicarboneras” y “El Mira-dor de Carboneras”.

La solicitud de revisión de estos acuerdos fuerechazada por los votos de los ediles del PSOE.Ecologistas en Acción ha anunciado la presenta-ción de un recurso contencioso-administrativocontra el Ayuntamiento de Carboneras basado enla sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 denoviembre de 2005, según el cual “el producto delas enajenaciones de terrenos del patrimoniomunicipal se deben destinar no a cualquier fin, porloable y razonable que sea, sino al específico dela conservación y ampliación del propio patrimo-nio municipal del suelo”, algo que no se ha hecho.

El PP de Carboneras ha puesto a disposición deljuzgado de Vera un acta notarial que implica al exalcalde, Cristóbal Fernández, en dos presuntoscasos de soborno (uno no consumado) paralograr la retirada de la denuncia interpuesta con-tra esta operación urbanísticaVIII.

La consejera de Medio Ambiente, FuensantaCoves, reconoció en el Parlamento andaluz laexistencia de una veintena de expedientes san-cionadores abiertos por la existencia de vivien-das ilegales cuyos propietarios están vinculadosal Ayuntamiento de Carboneras, al PSOE local yal miembro del PP Marcos Ballesteros (única queha llegado a los tribunales). El resto de propieta-rios serían J.M. Merino, suegro del Secretario dela Delegación Provincial de Medio Ambiente, J.González, Secretario “accidental” del Consisto-rio, Dolores Capel, concejala del PSOE en el

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13 Con fecha 23 de febrero de 2007 se aprobaba el Acuerdo de Consejo de Ministros que convalidaba la Resolución de la Dirección General deCostas de 2 de diciembre de 2005 en la que se declara de utilidad pública los bienes y derechos de este tramo de costa del municipio deCarboneras para incorporarlos al dominio público marítimo terrestre.

Andalucía

LA RAMBLA DE MACENAS

(MOJÁCAR) SE VERÁINVADIDA POR 1.400VIVIENDAS, UN HOTELY UN CAMPO DE GOLF,YA EN CONSTRUCCIÓN.© GREENPEACE-GL ALMERÍA

ayuntamiento, y su cuñada, F. Moreno, Tenientede Alcalde del ayuntamiento, J.M. Hernández,cuñado del alcalde y ex jefe de la Policía Local, ydos familiares más del Secretario “accidental”,J. González.

Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras hastasu dimisión tras haber sido condenado por un deli-to electoral, fue indultado por el Consejo de Minis-tros y se volvió a presentar como candidato por elPSOE a la alcaldía de esta localidad, saliendo ele-gido nuevamente.

Todavía dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, un proyecto de “Marinas de Agua Amarga,S.A.” prevé construir 350 viviendas en un espaciode 48,25 hectáreas en Agua Amarga (Níjar). ElPlan Parcial que recoge este proyecto fue aproba-do inicialmente por el Ayuntamiento de Níjar el 29de septiembre de 2005. El pasado 19 de abril, elBoletín Oficial de Almería, publicaba la aprobacióndel Proyecto de Reparcelación para llevar a caboesta urbanización.

El arquitecto del proyecto y copropietario de losterrenos de Agua Amarga es responsable, ade-más, de la planimetría de las normas subsidiariasmunicipales, en las que incluyó su finca comourbanizable.

El suelo donde se pretende construir la urbaniza-ción está calificado como Zona de Especial Protec-ción para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comu-nitario (LIC). Los terrenos también han sidodeclarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO,lo que ha motivado que la urbanización de AguaAmarga haya llegado hasta la Comisión Europea,que mantiene abierta una Queja por el incumpli-miento de la normativa europea sobre espaciosprotegidos. Es un caso muy similar al del hotelconstruido ilegalmente en El Algarrobico y, junto aél, está englobado en las 200 hectáreas que laJunta de Andalucía pretende dejar urbanizar dentrodel Parque Natural Cabo de Gata-Níjar al utilizarplanos diferentes a los publicados en el Boletín Ofi-cial de la Junta de Andalucía.

Pero no es esa la única mala noticia para el par-que. Los tres municipios en los que se encuen-tra, Carboneras, Níjar y Almería, proyectan laconstrucción de 25.000 viviendas en los próxi-mos años. La mayoría, 20.000, corresponden alplan urbanístico de Níjar.

Ahora le toca decidir a la Junta de Andalucía, yaque estas previsiones suponen un aumento del230% de habitantes, un 200% más de lo permiti-do por el Plan de Ordenación del Territorio deAndalucía. Por su parte, Carboneras plantea uncrecimiento del 154% de su población con laconstrucción de 4.000 nuevas viviendas.

Las obras de construcción de 1.400 viviendas, unhotel y un campo de golf que lleva a cabo laempresa Med Group en playa Macenas, Mojá-car, siguen adelante a pesar de invadir la ramblade Macenas, un hecho ilegal debido a las posibili-dades de inundación.

La Junta de Andalucía ha seguido con absolutapasividad el desmonte y destrucción de las mon-tañas litorales de la zona, así como la transfor-mación de los cauces de la rambla provocadapor las obras durante más de un año. Finalmen-te, tras diversas denuncias ecologistas, la Juntaha presentado un deslinde (delimitación de lazona protegida de la rambla) que se amoldacomo un guante a las obras ya realizadas porMed Group, salvando de una ilegalidad más queevidente al hotel de cinco estrellas en construc-ción gracias a un milagroso estrechamiento dela desembocadura de la rambla14.

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DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

JUICIO EN ALMERÍA A UNA ABOGADA ECOLOGISTA

Pilar Rodríguez, abogada de la asociación Ecologistas en Acción,está acusada de injurias y calumnias por el Juez de lo Contencio-so Administrativo nº 1 de Almería debido al contenido crítico deun escrito de recurso que la letrada presentó contra una senten-cia de ese Juzgado a favor del Ayuntamiento de Níjar y que fueposteriormente revocada por el TSJA (que determinó que elayuntamiento había actuado con “desvío de poder”).

La abogada, que ha llevado a cabo numerosas denuncias por irre-gularidades urbanísticas a lo largo de los últimos años, ha tenidoque hacer frente a una fianza de 27.200 euros y se enfrenta a unapetición de multa y 30.000 euros de indemnización.

Más de 36 letrados especializados en medio ambiente de diver-sas comunidades autónomas notificaron al Juzgado de Almeríasu intención de actuar como co-defensores de Pilar Rodríguez.

El juicio se celebró el pasado 27 de abril y se está a la esperade la sentencia.

14 Denuncia efectuada por la asociación Salvemos Mojácar.

Cádiz

Ostenta el dudoso honor de ser el tramo de litoralque más infracciones urbanísticas en zona de ser-vidumbre de protección de la costa tiene en suhaber (306 entre 2005 y la primera mitad de2006). De todas ellas, tres ya tienen autorizaciónjudicial para ser derribadas: dos en la playa de ElPalmar (Vejer de la Frontera) y una tercera en laplaya de Zahora (Barbate).X

En la memoria de la Fiscalía de Cádiz de 2006 sedestaca que el fenómeno de las construccionesilegales está fuera de control y dentro de un pro-ceso que este organismo considera imparable enla actualidad. Se señala directamente a los ayun-tamientos como culpables de esta situación porno ejercer sus funciones de velar por la disciplinaurbanística y que han posibilitado la existencia demiles de viviendas ilegales en la costa andaluza.

Muchas de las infracciones urbanísticas y atentadoscontra el territorio en el litoral gaditano se concen-tran en una localidad, El Puerto de Santa María.

El Plan Parcial Bahía Blanca, en una de las zonasmejor conservadas del litoral de El Puerto deSanta María, determinaba inicialmente que en estazona tan sólo podía construirse el 10% de la parce-la para conservar el arbolado existente, uno de losmás valiosos bosques litorales de la Bahía deCádiz. Sin embargo, el ayuntamiento de esta loca-lidad firmó un convenio urbanístico para duplicaresta edificabilidad, acuerdo que fue ratificado conel voto de Independientes Portuenses (IP) y elPSOE, al realizarse una modificación en el PGOUde la localidad. El proyecto, que prevé la construc-ción de 200 viviendas y un hotel de lujo sobre unacantilado, carece de Evaluación de ImpactoAmbiental (EIA) a pesar de desarrollarse sobre unazona de pinares y dunas litorales incluidas en laDirectiva europea de Hábitats. Ecologistas enAcción ha pedido la intervención de la Consejería

de Medio Ambiente para que exija al ayuntamientoque someta a EIA la modificación del PGOU e inicieel expediente sancionador. La denuncia ecologistafue seguida del inicio de las obras por parte de lapromotora Arcai Inmuebles S.A. (representada porRamón Marrero, consejero de Trabajo de la Juntaentre 1994 y 1996) y M.V.G. Urbanismo y Gestión.

El nuevo PGOU de El Puerto contempla la construc-ción de 28.100 viviendas en 12 años mediante larecalificación de más de 10,8 millones de metroscuadrados y la regularización de 4,5 millones dondese ha construido ilegalmente. Esto supondríaaumentar en un 95%15 su población, lo que incumpleel 30% permitido por el Plan de Ordenación del Terri-torio de Andalucía recientemente aprobado.

El 23 de diciembre de 2003 la Comisión Provin-cial de Urbanismo de Cádiz aprobaba el PlanGeneral Municipal de Ordenación (PGMO) de Chi-clana que proponía la reclasificación de más de18 millones de metros cuadrados de suelo parasu urbanización a pesar de contar con informesde los técnicos de la Junta contrarios al mismo.

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15 El cálculo está realizado asumiendo 2,8 personas por vivienda (promedio entre la composición familiar actual y la prevista dentro de diez años).

Andalucía

CAMBIO DE FISCAL DE MEDIO AMBIENTE EN ALMERÍA

En febrero se conocía la noticia de la dimisión del Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez.Entre sus intervenciones más destacadas figura su falta de actuación en el caso de la construc-ción del hotel de Azata en El Algarrobico al no admitir a trámite la querella presentada porGreenpeace, o pedir la absolución de altos cargos de la Junta de Andalucía sin acusarles dedelito alguno a pesar de haber propiciado la destrucción de 20.000 ejemplares de Androcym-bium europaeum, una planta protegida, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, juicioque está todavía pendiente de celebrarse.IX

Fuente: El Mundo

HOTEL CONSTRUIDO

JUNTO AL MONUMENTO

NATURAL CORRALES DE

ROTA, EN ROTA (CÁDIZ)© GREENPEACE-GL SEVILLA

El pasado 4 de mayo la Comisión Provincial deOrdenación del Territorio y Urbanismo acordaba laaprobación definitiva del PGOU de esta localidad apesar de que este documento no ha salido ínte-gramente a exposición pública y de que existenreiteradas sentencias del TSJA16 que adviertenque el plan no se ajusta a la legalidad.

Este municipio gaditano se ha hecho famoso poralbergar, al menos, tantas viviendas ilegalescomo Marbella. El Defensor del Pueblo Andaluz,José Chamizo de la Rubia, ha reconocido la exis-tencia de 40.000 casas construidas al margen dela legalidad y ha solicitado una investigación porparte de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria pordelitos urbanísticos y fiscales. El alcalde en esemomento, José María Román, se defendía de talacusación diciendo que “tan sólo son 15.000casitas construidas entre los pinos por los agricul-tores” XI y que el nuevo PGMO legalizará al menos10.000 situadas en suelo urbano no consolidadodel municipio.

El grupo La Chinita en el Zapato-Ecologistas enAcción ha denunciado ante la Fiscalía los conve-nios urbanísticos de Pinar de Hierro y Carboneros.Los planes del ayuntamiento para el Pinar deHierro, uno de los últimos pinares litorales quequedan en Chiclana y en toda la Bahía de Cádiz,pasan por la construcción de 217 chalés de lujoen el pinar gracias a una serie de cambios en losdiversos planes urbanísticos de esta localidad,por los que pasó de ser una zona verde protegidaa suelo urbanizable. Gracias a las denuncias de laPlataforma en Defensa del Pinar de Hierro sesupo que el proyecto urbanístico aprobado por elayuntamiento nunca salió a exposición pública,por lo que nadie pudo presentar alegaciones. Elgrupo ecologista Agaden ha denunciado el conve-nio urbanístico ante la Comisión Europea.

El convenio urbanístico de Carboneros se preten-de desarrollar en una zona sin construcciones a laque se accede gracias a la construcción de unacarretera en dominio público marítimo terrestreautorizada por el Ministerio de Medio Ambiente.

La playa y el acantilado de Roche, en Conil, sehan visto invadidos por la construcción de 54 cha-lés en primera línea de costa, destruyendo espe-cies protegidas. Las construcciones impiden elpaso a la playa y se ha privatizado de facto la CalaEncendida, así como la primera línea de playa.XII

El nuevo PGOU de La Línea de la Concepciónpretende declarar como suelo urbano o urbaniza-ble la práctica totalidad del municipio, que cuentacon una extensión de 26 kilómetros cuadrados. Lapropuesta incluye la declaración de ocho millonesde metros cuadrados como suelo urbanizableturístico para la construcción de hoteles y camposde golf, eso sí, “bajo estricto respeto del litoral”según el gerente de Urbanismo de la localidad.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territo-rio y Urbanismo de Cádiz suspendió el pasadomes de enero una propuesta para la construcciónde 1.600 viviendas y un campo de golf en la zonade Cabo Plata, en Tarifa.

Los pocos espacios vírgenes del litoral gaditanoya han sido subastados al mejor postor. El munici-pio de Vejer, que hasta el momento había conser-vado su costa tan libre de promociones inmobilia-rias como llena de construcciones ilegales, hapresentado un nuevo Avance de su PGOU queplantea un gran aumento de construcciones.

En mayo obtenía el visto bueno el proyecto hotele-ro de Malcucaña en El Palmar, donde el GrupoRiera Marsá construirá a partir de este verano unode los mayores complejos turísticos de la provin-cia, con 650 habitaciones distribuidas en doshoteles. También incluye un campo de golf denueve hoyos, una academia, restaurantes temáti-cos y un centro de salud.

Cerca de esta costa se levantarán dos hoteles enuno de los enclaves costeros con más historia dellitoral español. La Comisión Provincial de Ordena-ción del Territorio y Urbanismo aprobó el pasadomes de noviembre la modificación puntual delPGOU de Barbate que afecta al Cabo de Trafal-gar, lo que permitirá la construcción de dos hote-les en una zona que hasta el momento ha perma-necido virgen.

Los hoteles se construirán sobre terrenos nourbanizables, a pesar de que en Caños de Meca,

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DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

INFRACCIONES URBANÍSTICAS DENUNCIADAS EN EL LITORAL DE CÁDIZ

LOCALIDAD DATOSChiclana. Cádiz La Gerencia Municipal de Urbanismo del

Ayuntamiento de Chiclana tramita cada año más de500 expedientes contra construcciones ilegales. Elayuntamiento se plantea legalizar 10.000 viviendasilegales en el nuevo PGOU

Chipiona. Cádiz Unos 200 expedientes abiertos por irregularidadesurbanísticas

El Puerto de El PGOU se plantea legalizar 3.500 de las 5.000 Santa María. Cádiz parcelas edificadas ilegalmenteVejer. Cádiz El ayuntamiento tiene más de 300 expedientes por

infracciones a la normativa urbanística. Ya hanconcluido dos expedientes de demolición en zona deservidumbre de dominio público de costas

16 El TSJA ha anulado el Acuerdo de Aprobación Definitiva del PGMO de Chiclana en seis ocasiones diferentes.

también perteneciente a Barbate, quedan terre-nos urbanizables sin desarrollar. En esta zona seha invertido dinero público de los fondos europe-os LIFE para mejorar su conservación y protec-ción natural.

Granada

Las viviendas en la Costa Tropical se han dupli-cado en los últimos 30 años. Este crecimientoinmobiliario no se ha visto acompañado de unincremento parejo de la población. Almuñécar,Salobreña y Motril han aumentado de forma des-medida su número de viviendas sin preocuparsede los servicios e infraestructuras necesarias.

Y lo construido nunca parece ser suficiente.Almuñécar, municipio litoral con tantos habitan-tes como viviendas (cerca de las 26.000) ha plan-teado en su nuevo PGOU la construcción de35.000 nuevas viviendas, 4 campos de golf y dospuertos deportivos. Estas cifras superan en un370% el aumento de población permitido por elPOTA (30%), también se supera la superficie ocu-pada permitida (40%) ya el PGOU propone triplicarel suelo actualmente urbanizado y están a la espe-ra del dictamen de la Junta de Andalucía.

Por su parte, Salobreña también supera los lími-tes aprobados por el POTA, ya que su plan urbanís-tico plantea un crecimiento de un 200%, con16.500 nuevas viviendas, un campo de golf de800.000 metros cuadrados y un puerto deportivo.

En Motril destaca el proyecto “Playa Granada GolfResort” por sus dimensiones: 2.500 viviendas,

900 plazas hoteleras y un campo de golf (de450.000 m2) en dos millones de metros cuadra-dos junto a la playa de Poniente. Financiado poruna veintena de inmobiliarias de Granada y Mála-ga con 925 millones de euros, traslada las abe-rraciones urbanísticas de la vecina Málaga haciaun litoral que, hasta el momento, había permane-cido en mucho mejor estado de conservación.

Se construye mucho y se ocupa hasta el últimoespacio libre del litoral. En Melicena (Sorvilán),una empresa promueve la construcción de un edi-ficio y locales comerciales en terrenos pertene-cientes al dominio público marítimo terrestre.

Huelva

El número de viviendas en Huelva aumentó en un60% en el periodo 1991-2002. De forma algomás lenta que en el resto del litoral andaluz, peroimparable, la costa onubense se suma a la fiebreconstructora que está desfigurando su litoral. Losplanes de los ayuntamientos onubenses suman160.000 nuevas plazas hoteleras y viviendas.

Ayamonte es la localidad que prevé un mayorincremento del número de plazas turísticas. Dosproyectos, Costa Esuri e Isla Canela superarán los62.000 alojamientos. La cifra supera con creceslos parámetros establecidos por el Plan de Orde-nación del Territorio de la Costa Occidental, quelimita al 15% el aumento de la edificabilidad.

Situado a cuatro kilómetros al norte de Ayamonte,el complejo Costa Esuri, supondrá la construc-ción de cerca de 20.000 plazas turísticas. Fadesa

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Andalucía

UNO DE LOS ÚLTIMOS

FRENTES LITORALES

LIBRES DE

CONSTRUCCIONES

EN ALMUÑÉCAR

(GRANADA), EL PEÑÓNDEL LOBO, HA SIDODESNATURALIZADO

PARA CONSTRUIR

VIVIENDAS

© GREENPEACE-CARABIAS BARCELÓ

ya está construyendo la primera fase, con 6.300viviendas, dos campos de golf, tres hoteles,zonas comerciales y un puerto deportivo fluvial enuna superficie de 600 hectáreas, parte de la cualinvade la zona de servidumbre de protección deldominio público marítimo terrestre.

Este proyecto es posible gracias a un conveniourbanístico firmado entre el Ayuntamiento deAyamonte y ocho empresas diferentes (aunquetodas ellas con la misma dirección y fecha deconstitución en Barcelona) que fue aprobado en1995 a través de una modificación puntual delas Normas Subsidiarias de esta localidad con elvisto bueno de la Junta. En enero la Fiscalía deMedio Ambiente decidió abrir diligencias por laspresuntas irregularidades cometidas, ya que nose realizó la obligatoria Declaración de ImpactoAmbiental, ni el proyecto salió a informaciónpública, tal y como denunció Ecologistas enAcción.

El proyecto turístico de Isla Canela, que llegahasta la Punta del Moral, albergará 43.351 plazasturísticas, un campo de golf y un puerto deportivoen una extensión de 600 hectáreas.

Lepe también plantea aumentar la oferta turísti-ca en su zona costera con la construcción de20.000 plazas turísticas más, de las que 7.000serán hoteleras. Además se prevén dos nuevoscampos de golf y un nuevo puerto deportivo enEl Terrón.

Punta Umbría ya ha presentado dos proyectospara añadir 7.000 nuevas plazas turísticas almunicipio: Puntaenebral, con 1.800 viviendas ytres hoteles con 3.700 plazas y La Peguera, con1.500 segundas residencias.

Cartaya ha diseñado para la próxima décadacuatro macroproyectos: La Dehesa de lasYeguas, la tercera fase de Nuevo Portil, NuevoRompido y Ribera de Cartaya. Entre los cuatrosupondrán más de 20.000 plazas turísticas, delas que 18.500 serán hoteleras y 6.000 residen-ciales. También incluyen cinco campos de golf ycuatro puertos deportivos con 1.570 amarres.

En Mazagón (Moguer), las nuevas plazas turís-ticas se acercan a las 10.000. Isla Cristina yAlmonte van a crear 6.400 plazas hotelerascada uno.

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha sidocondenado por no haber impedido la construcciónde un chalet de nueva planta en una zona de domi-nio público marítimo terrestre.XIII

Málaga

El 59,5% de los primeros 500 metros de la franjalitoral de la provincia de Málaga es suelo urbanoocupado, un porcentaje que llega al 85% en locali-dades como Mijas, o al 82% en Marbella. Entre los500 y los 1.000 metros, el porcentaje de sueloocupado es del 47,8%, frente al 22,2% de mediaen el litoral andaluz. Tierra adentro, el suelo ocu-pado entre el primer y el segundo kilómetro desdela costa malagueña es del 33,7% frente al 9,5%en el resto del litoral andaluz.

Y tan preocupante como lo que ya se ha construi-do es la cantidad de terreno que ya está clasifica-do como urbanizable. La superficie urbanizada enMálaga aumentó un 18% entre los años 2002-2005. La Delegación Provincial de Medio Ambien-te calcula que se construirán un millón de nuevasviviendas en Málaga en la próxima décadaXIV, uncrecimiento absolutamente insostenible.

De entre los cientos de proyectos conocidos, algu-nos llaman más la atención que otros por las sos-pechas de corrupción que levantan. El nuevoPGOU de Málaga prevé la recalificación de unazona verde de 17.557 metros cuadrados en elmonte Gibralfaro perteneciente al presidente dela promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, imputadopor delito de cohecho en la Operación Malaya y enlibertad bajo fianza de medio millón de euros. Lafinca recalificada, que tiene pendiente de ejecuciónuna sentencia de demolición dictada por el TSJA,XV

se sitúa en la zona más cara de Málaga, donde lavivienda alcanza los 4.131 euros por metro cua-drado construido (mil euros más que la media enesta ciudad). Izquierda Unida ha denunciado antelas Fiscalías Anticorrupción y de Medio Ambienteesta recalificación.

Algunos ayuntamientos como los de Mijas, queplantea llegar a los 475.000 habitantes en lospróximos años, y Estepona han impugnado el Plande Ordenación del Territorio de la Costa del Solpor entender que el Plan “imposibilita importantesproyectos” para estas localidades.

Torrox, con 16.000 habitantes, ha presentado unavance de su PGOU que plantea construir 13.000nuevas viviendas en los próximos 15 años, lo quesupondría añadir unos 36.500 nuevos vecinos, eincrementar en un 227% su población.

Vélez-Málaga, con 65.000 habitantes, ha pre-sentado un nuevo PGOU que plantea construir32.000 nuevas viviendas y cuatro campos de golfen los próximos 15 años, lo que supondrá aumen-tar un 138% su población.

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DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Con una costa tan saturada, la especulación urba-nística se ha refugiado en el interior. Uno de loscasos más conocidos es el de la urbanizaciónLos Merinos, donde el alcalde de la localidad deRonda aprobaba por decreto la construcción dedos campos de golf, 800 chalés de lujo y treshoteles de cinco estrellas en una zona declaradaReserva de la Biosfera por la UNESCO. Sobreeste proyecto se ha formalizado una queja ante elParlamento Europeo. La promotora, JM LegiónEspañola 1,S.A. tiene como administrador único aJosé Luis Muñoz Peirats, también administradorde la empresa del mismo grupo PromocionesClub de Campo y Golf de Ronda, S.L., cuya presi-dencia ostentaba el ex presidente de Telefónica yRTVE Luis Solana Madariaga hasta que se desta-pó el escándalo.XVI En marzo la fiscalía de MedioAmbiente abría diligencias por posibles delitosurbanísticos y contra el medio ambiente.

Otro caso significativo de la situación en el interiores el de Ardales, donde el PGOU plantea quintu-plicar la población del municipio y recalificar cincomillones de metros cuadrados de suelo rústico.

En Benalmádena se construyen 290 apartamen-tos en la playa de “La Perla” a menos de cienmetros del mar en lo que se califica como zona deprotección marítimo terrestre. El expediente delproyecto data del año 2000. Aunque tanto la Con-sejería de Obras Públicas de la Junta como laDemarcación de Costas informaron de que la par-cela estaba clasificada como suelo no urbano, en2006 Obras Públicas archivó una denuncia pre-sentada contra la licencia otorgada por el ayunta-miento al entender que se correspondía con lacalificación de la parcela tal como estaba clasifi-cada en el PGOU vigente de 2003.

En Estepona la promotora Valle Romano Golf &Resorts construye la promoción “The Village”,1.100 viviendas, un hotel de cinco estrellas, uncampo de golf, cuatro pistas de tenis y tres cam-pos de fútbol en cuya construcción se han involu-crado varios equipos de fútbol británicos. A 1,5kilómetros de la costa, junto a esta localidad,Casares ha proyectado un complejo turístico deenormes dimensiones que incluye un campo degolf de siete kilómetros de longitud, un hotel de lujoen una extensión de 42.000 metros cuadrados yuna zona residencial que ocupará 300.000 m2.

La trama de corrupción urbanística destapada enMarbella, la mayor conocida hasta ahora enEspaña, está siendo todavía investigada por el juezMiguel Ángel Torres. La denominada OperaciónMalaya ha salpicado ya a trece promotoras y cons-tructoras sospechosas, según la investigación, de

pagar sobornos por un importe de al menos 22,5millones de euros para conseguir favores en formade contratos o para derribar gobiernos poco ami-gos. La operación ha supuesto la imputación de99 personas hasta el momento, de las que cuatropermanecen todavía en prisión. La última, IsabelPantoja, acusada de blanqueo de capitales. En elanexo I figura la relación completa de acusados

La investigación también ha permitido conocerque los 16 ex concejales marbellís acusados serepartían entre 6.000 y 84.000 euros por cadaconvenio urbanístico aprobado, mientras queJuan Antonio Roca, el supuesto cerebro de estagigantesca operación de estafa y robo, cobrabamás de 100.000 euros por pelotazo.

Y mientras se sigue desenredando la trama,durante los últimos tres años el Tribunal Superiorde Justicia de Andalucía ha dictado más de 30sentencias anulando las licencias de obras conce-didas por el consistorio de Marbella que afectan a2.800 viviendas. La Junta de Andalucía ha pedidola demolición de 334 de ellas ubicadas en suelosdestinados a equipamientos públicos.

El nuevo PGOU de Marbella prevé la construcciónde 27.643 nuevas viviendas. También contemplaun sistema de “normalización” de 18.000 vivien-das que infringen la normativa urbanística. A cam-bio de su legalización, los promotores tendránque ceder al ayuntamiento cerca de dos millonesde metros cuadrados de suelo.

Se ha sabido tambi�