DESPLAZAMIENTO Y CRISIS HUMANITARIA 2012-2013

CONTENIDO 1. UNA MIRADA PANORÁMICA

2. DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO Y DE SUS FACTORES DETERMINANTES

3. III. SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CRISIS HUMANITARIA 2012-2013

4. IV. UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

DESPLAZAMIENTO Y CRISIS HUMANITARIA 2012-2013

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UNA MIRADA PANÓRAMICA

1

La dinámica del conflicto armado ha variado de manera constante en los últimos años, sobre todo en los departamentos que componen la Costa Pacífica y en algunas zonas específicas como el Norte del Cauca, el Sur del Meta, el Bajo Cauca Antioqueño, entre otras regiones. El análisis de las condiciones de contexto en que se presentan este tipo de acciones vulneradoras de derechos de la población civil es necesario para comprender los distintos modos de operar de las estructuras armadas presentes en el territorio nacional. Así por ejemplo, los enfrentamientos entre grupos armados ilegales (GAI) generan la crisis humanitaria de la población civil que no hace parte directa del conflicto. Esta situación es ocasionada por los grupos denominados Bacrim1, estructuras delincuenciales como los combos, o las organizaciones criminales presentes en regiones como Buenaventura, Medellín y el departamento de Risaralda2.

La dinámica actual del conflicto interno y de la violencia en general plantea un escenario de permanencia de las acciones de los grupos armados organizados al margen de la ley afectando de forma sistemática a la población civil e incrementado la crisis humanitaria, especialmente mediante el desplazamiento forzado en zonas de presencia histórica de estas estructuras ilegales y en aquellas en las que el marco del desarrollo económico les genera un ambiente propicio para la implementación de rentas ilícitas y la cooptación de otras de carácter licito.

La labor de registro que realiza la Unidad para las Víctimas permite realizar una georreferenciación de estas dinámicas a partir de la intensidad y frecuencia de declaraciones recibidas por municipio de ocurrencia (mapa 1). Este ejercicio permite identificar 5 zonas de mayor prevalencia de situaciones que originan el desplazamiento forzado, como son: Zona Sur; Zona Valle de Aburrá - Antioquia – Bajo Cauca – Urabá; Zona Magdalena Medio – Santanderes3- Caribe; Zona Central; Zona Orinoquia; y Zona Pacífico.

La información contenida en el Registro Único de Víctimas (RUV) permite establecer cuáles son las principales victimizaciones ocurridas en estos territorios como parte de la dinámica del conflicto armado interno y que figuran como causas principales del desplazamiento forzado: amenazas a la vida, libertad

1 La definición de banda criminal se encuentra en el Decreto 2374 de 2010, “Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, y se dictan otras disposiciones”. Así mismo, otras fuentes conceptualizan estos grupos como el desarrollo de nuevas expresiones armadas después del periodo de desmovilización, descritas como disidentes, rearmadas y bandas emergentes, como por ejemplo el I Informe del Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (agosto de 2007).2 La violencia generalizada se entiende como “… una multiplicidad de formas de violencia en las que no se encuentra esas características definitorias que permitan clasificarlas como uno u otro tipo de enfrentamiento. Las situaciones de violencia generalizada suelen presentarse como una mezcla de hechos violentos que no permiten identificar claramente al agresor de la víctima, la (s) finalidad (es) de la confrontación, las partes en conflicto”. ESTRADA, María. El Derecho de Ginebra frente a los Conflictos Armados sin Carácter Internacional. Universidad Nacional Autónoma de México. 2006. Pág. 82. De lo anterior se desprenden algunas consideraciones promulgada por la Corte Constitucional: i) “Percepción que desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia” (Sentencia SU-1150 del 2000); ii) “el temor o zozobra generalizada que sienten las personas en una situación extendida de violencia” (Auto 119 de 2013); iii) “afecta a un municipio, región, o incluso una localidad, como un escenario autónomo que configura la condición de persona desplazada por la violencia” ” (Auto 119 de 2013).3 Se analiza el departamento de Norte de Santander, específicamente los municipios que conforman la región del Catatumbo, los cuales presentan altos índices de desplazamiento forzado.

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e integridad; muertes selectivas, desapariciones forzadas y homicidios múltiples; y riesgo y vinculación de niños, niñas y adolescentes a las cadenas delincuenciales de estos grupos.

Estas regiones en las que se verifica la dinámica del conflicto se caracterizan por su importancia geoestratégica: contienen diversos accidentes geográficos que permiten la conformación de corredores que facilitan la maniobrabilidad y accionar operativo de los GAI y los GAOML presentes en la regiones, lo que incrementa disputas por el control territorial y, en consecuencia, generan hechos de desplazamiento forzado de tipo individual y masivo.

Las regiones Magdalena Medio-Santanderes-Caribe y Pacífico4 se configuran como corredores propicios para el transporte de armas, tráfico de estupefacientes y otras rentas ilícitas nacientes, como la minería ilegal, la explotación forestal, contrabando de gasolina, gramaje, fleteo, etc., que se conectan a las salidas al mar y, a partir de ellas, a rutas que conducen hacia Centro América, el Caribe, Europa y Asia. Su valor estratégico se debe también a su cercanía con las fronteras de Venezuela y Panamá. En la primera se encuentran cultivos agroindustriales como la palma africana, explotación de hidrocarburos, minería a gran escala y corredores de contrabando. En la segunda se evidencian distintos ejes fluviales y vasta y espesa selva, que dan a las estructuras una gran capacidad de maniobra, facilidades para evadir a las autoridades y posibilidad de fortalecer las rentas de estas estructuras5. Además, esta región es una zona con un factor determinante para la economía nacional por su alta producción de hidrocarburos y otras fuentes de producción como la ganadería, el cultivo de banano y los distintos megaproyectos energéticos y viales que pretenden la integración con los países andinos y Centroamérica.

Similar característica posee la Zona Sur del país dentro del componente operacional de estas organizaciones, puesto que en ella encuentran un ambiente propicio para el abastecimiento de sus estructuras armadas y el fortalecimiento operativo de las

mismas, dada su cercanía geográfica con zonas de frontera con Brasil, Perú y Ecuador.

Dicha connotación no es lejana de la Zona Central y algunas subregiones que hacen parte del departamento de Antioquia, como el Bajo Cauca, Urabá y el Valle de Aburrá: la primera por el amplio desarrollo de ejes viales y ventajas competitivas que ofrece para el tránsito y comercialización de las actividades derivadas de estas organizaciones, y la segunda por ser dentro del panorama nacional una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Por esta razón, estas zonas han heredado estructuras ilegales en cada uno de los periodos de la violencia, que la hace vulnerable a la confrontación porque imparte mayores oportunidades de expansión para estos grupos. Además, constituye un territorio estratégico para los objetivos actuales de la violencia debido a los amplios corredores y la complejidad de las dinámicas que allí se establecen.

Además del accionar de los GAOML, es necesario referirse a lo que la Corte denominó los “factores subyacentes y vinculados” al conflicto armado interno6. En los territorios mencionados es posible identificar algunos de estos factores que, en determinadas circunstancias, constituyen elementos que originan o prolongan la vulneración a los derechos humanos y derechos fundamentales: agroindustria, megaproyectos, extracción legal e ilegal de minería de oro, explotación de hidrocarburos, entre otros.

A continuación se desarrolla la información brevemente resaltada en este apartado. Para ello, en la segunda parte se describe la dinámica propia de conflicto armado y de la violencia generalizada en los últimos dos años; en la tercera se detalla la crisis humanitaria y de desplazamiento forzado, consecuencia del conflicto y violencia generalizada que todavía enfrenta el país; y en la última se presenta la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, en particular a la población desplazada, realizada por el Sistema Nacional de Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.

4 Se enfocan los eventos en algunos municipios del departamento de Norte de Santander y en algunos municipios del Magdalena Medio5 Estas regiones se identificaron también como escenarios en donde se dieron a conocer las primeras expresiones de estructuras armadas posdesmovilizadas, que dieron origen a las hoy denominadas bandas criminales. Estas manifestaciones encontraron respaldo en su expansión territorial hacia la Zona Central, específicamente en el sub-corredor de los Llanos Orientales, donde históricamente han permanecido fenómenos de autodefensa, debido a la existencia de grandes terratenientes y, por ser zona limítrofe con el occidente de Boyacá.6 Estos factores subyacentes son expresiones de carácter social, económico, cultural y político que se encuentran estrechamente vinculadas al conflicto armado en términos de causalidad o funcionalidad; es decir, el conflicto armado puede ser causado por factores diferentes a intereses estratégicos puramente militares, precisamente porque los intereses de los actores armados van más allá de ello e involucran control social y económico de los territorios. Contraloría General de la República. Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista. 2013

1

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DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DE SUS FACTORES DETERMINANTES

2

Acciones armadas9

1

El presente informe pretende, en primer lugar, analizar las situaciones que están generando desplazamiento forzado en varias regiones del país, razón por la que se presentan a continuación los eventos más significativos, teniendo en cuenta, principalmente acciones armadas (actos de terrorismo, combates, hostigamientos), homicidios, desapariciones forzadas y, en general, acciones violentas contra la población civil.

Este ejercicio toma como base los principales eventos reportados en la Bitácora proporcionada por la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPAE)7 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, Unidad para las Víctimas). Así mismo, se recopilaron los Informes de Riesgo y las Notas de Seguimiento proporcionados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, donde se analizan las poblaciones que tienen mayor riesgo de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Otras fuentes analizadas son los elementos territoriales que pueden intervenir en la dinámica del conflicto armado, denominados por la Corte Constitucional como “factores subyacentes y vinculados” (Auto 004 de 2009)8.

Este capítulo inicia mostrando las acciones armadas realizadas en el periodo 2012-2013; continúa con la descripción de las últimas estrategias operacionales de los grupos armados organizados ilegales (en este caso las FARC) y las diferentes estrategias por parte de la Fuerza Pública, incluyendo el Plan Nacional de Consolidación Territorial; y finaliza mencionando algunos factores subyacentes y vinculados como son la presencia de cultivos ilícitos y la producción minera de oro. En este caso se mencionan los departamentos y municipios con mayor presencia

de estos elementos. Teniendo en cuenta los escenarios descritos esta sección, se hace un análisis de su incidencia en relación con las cifras de desplazamiento forzado y la posible crisis humanitaria en ciertas regiones del país.

Para este análisis se tomaron en cuenta las acciones armadas y hechos de violencia generalizada que pueden ocasionar o derivaron en desplazamientos forzados. La información reportada en la Bitácora se usa en este caso como acercamiento a los eventos que se reportan en el territorio y es para mostrar una tendencia de los hechos registrados en estos.

De acuerdo a la Bitácora de Eventos, durante el año 2012 se presentaron 1.034 acciones armadas. Los diez departamentos con mayor número de acciones armadas en el periodo 2012 fueron: Cauca (185 acciones armadas, 17,9% del total general); Norte de Santander (106, 10,3%); Antioquia (88, 8,5%); Arauca (86, 8,3%); Nariño (79, 7,6%); Caquetá (61, 5,9%); y Valle del Cauca (59, 5,7%).

Para el año 2013, la Bitácora de Eventos registró 1.003 acciones armadas. Los departamentos con mayor número de este tipo de eventos fueron: Antioquia y Cauca (119 acciones armadas, 23,8% del total para este año); Arauca (110, 11,0%); Norte de Santander (83, 8.3%); Nariño (69, 6,9%); Caquetá (68, 6,8%); y Putumayo (64, 6,4%).

7 La Bitácora diaria de eventos es un registro diario de acciones de violencia –acciones armadas y hechos contra la población civil, y acciones institucionales relacionadas con la mitigación de hechos de violencia, reportadas en 32 periódicos de cobertura nacional y local, así como en los servicios informativos de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la Policía Nacional, así como reportes de funcionarios de la Unidad para las Víctimas.8 Estos factores de acuerdo a la Corte “han vinculado los actores del conflicto armado con intereses económicos, vinculación que es una de las principales causas de desplazamiento forzado”. Igualmente la Contraloría General de la República, en su informe sobre la minería en Colombia, ha llamado la atención sobre el interés de los diferentes grupos armados ilegales en estas zonas por el control territorial; entre estos factores se encuentran, la minería ilegal o legal de oro, la presencia de cultivos ilícitos, el contrabando de gasolina e hidrocarburos, entre otros.9 De acuerdo a la Bitácora de Eventos, que toma la definición del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, las acciones armadas comprenden: actos de terrorismo, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, hostigamientos, incursiones a población, paro armado, retenes ilegales, sabotajes, piratería terrestre y retenciones. También se ingresan subeventos como bombardeos y bloqueo de vías. Es importante tener en cuenta que esta Bitácora no constituye una fuente oficial, pero sí sirve de base puesto que realiza un monitoreo permanente de estos eventos a partir del seguimiento de diversas fuentes. Así mismo, la Bitácora contabiliza otros eventos como homicidios, minas antipersonal y operaciones antinarcóticos; en este caso, aunque son acciones legitimas del Estado, pueden producir desplazamientos forzados. Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en cuanto a los desplazamientos cuando ocurren por la fumigación de cultivos ilícitos (Autos 218 de 2006 y Auto 011 de 2009).

Departamento Total acciones armadas (2012) Participación % Departamento Total acciones armadas

(2013) Participación %

CAUCA 185 17.9% ANTIOQUIA 119 11,9%

NORTE DE SANTANDER 106 10.3% CAUCA 119 11,9%

ANTIOQUIA 88 8.5% ARAUCA 110 11.0%

ARAUCA 86 8.3% NORTE DE SANTANDER 83 8.3%

NARIÑO 79 7.6% NARIÑO 69 6.9%

CAQUETÁ 61 5.9% CAQUETÁ 68 6.8%

VALLE DEL CAUCA 59 5.7% PUTUMAYO 64 6.4%

hUILA 43 4.3% VALLE DEL CAUCA 53 5.3%

TOLIMA 43 4.3% META 45 4.5%

META 41 4.0% ChOCÓ 43 4.3%

PUTUMAYO 41 4.0% TOLIMA 41 4.1%

LA GUAJIRA 36 3.5% LA GUAJIRA 31 3.1%

CESAR 27 2.6% CÓRDOBA 24 2.4%

ChOCÓ 27 2.6% hUILA 22 2.2%

CÓRDOBA 17 1.6% GUAIVARE 21 2.1%

Cuadro 1. Acciones armadas entre 2012 y 2013 (principales departamentos)Fuente: Unidad para las Víctimas. Bitácoras de eventos suministradas por la Subdirección de Prevención y Emergencias

Por otra parte, para el año 2012 los actos terroristas tienen una participación del 43,1%, como el total de estas acciones en el territorio; seguido de combates con el 31,7%; hostigamientos con 13,3%; emboscadas con el 7,7 % y retén ilegal con el 1,2 %. Para el año 2013, los actos terroristas tienen una participación del 41%; combates el 35%; hostigamientos el 13% y emboscadas el 13%.

Las acciones terroristas en general se desarrollaron en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, La Guajira, Tolima y Cesar. En cuanto a los combates, estos se desarrollaron en los departamentos de Cauca, Antioquia, Arauca, Huila, Meta, Caquetá, Tolima, Chocó, Nariño y Putumayo. Por último, los hostigamientos se produjeron en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Meta, Caquetá, Nariño, Arauca y Valle del Cauca.

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Gráfica 2. Acciones armadas durante el 2013 Fuente: Unidad para las Víctimas. Bitácoras de eventos suministradas por la Subdirección de Prevención y Emergencias.

La dinámica de la confrontación mantiene su tendencia durante el periodo 2012 y 2013 con una variación importante para el 2013, en que ingresan en escena municipios importantes en los objetivos de las agrupaciones ilegales, como los municipios de Buenaventura y Pradera en el departamento de Valle del Cauca (cuadro 2), relevantes en las aspiraciones tanto de la insurgencia como de grupos emergentes para el tráfico de armas y el

fortalecimiento de sus estructuras encargadas de las finanzas y la captación de dineros provenientes de rentas ilícitas. Es importante señalar que el comportamiento y tendencia a las acciones armadas se concentra en municipios de presencia histórica de las FARC-EP y el ELN. De acuerdo a lo anterior se presenta los combates que fueron registrados en la Bitácora de Eventos para los años 2012 y 2013 :

Gráfica 1. Acciones armadas durante el 2012Fuente: Unidad para las Víctimas. Bitácoras de eventos suministradas por la Subdirección de Prevención y Emergencias.

10 Se escogieron los municipios en donde se contabilizaron más de un combate; en la mayoría de estos departamentos hay más de un municipio en donde se presentó al menos un combate.

2012 2013

Departamento Municipio Departamento Municipio

CAUCA

CALOTO

CAUCA

SUAREz

MIRANDA TORIBIO

CORINTO EL TAMBO

EL TAMBO CALOTO

MORALES BUENOS AIRES

ANTIOqUIA

EL BAGRE CALDONO

CÁCERES CORINTO

ITUANGO

CAqUETÁ

SAN VICENTE DEL CAGUÁN

REMEDIOS PUERTO RICO

SEGOVIA EL PAUJIL

AURAUCA

ARAUQUITA LA MONTAÑITA

TAME

ANTIOqUIA

zARAGOzA

SARAVENA SEGOVIA

ARAUCA REMEDIOS

FORTUL ANORí

HUILA

COLOMBIA CÁCERES

ALGECIRAS

ARAUCA

TAME

BRAYA ARAUQUITA

SAN AGUSTíN FORTUL

TELLO SARAVENA

META

VISTA hERMOSA

NARIñO

SAN ANDRéS DE TUMACO

LEJANíAS ROBERTO PAYÁN

URIBE BARBACOAS

LA MACARENA CUMBAL

MESETAS LEIVA

CAqUETÁ

LA MONTAÑITA

META

LEJANíAS

PUERTO RICO LA MACARENA

SAN VICENTE DEL CAGUÁN EL CASTILLO

EL PAUJIL MESETAS

TOLIMA

ChAPARRAL

PUTUMAYO

PUERTO ASíS

ATACO PUERTO CAICEDO

RIO BLANCO VALLE DEL GUAMUEz

ROVIRA PUERTO LEGUízAMO

CHOCÓBAGADÓ

CÓRDOBA

TIERRALTA

QUIBDÓ AYAPEL

NARIñOBARBACOAS PUERTO LIBERTADOR

SANTA BÁRBARA

CHOCÓ

TADO

PUTUMAYO

PUERTO ASíS EL LITORAL DE SAN JUAN

PUERTO GUzMÁN NOVITA

ORITOVALLE DEL CAUCA

PRADERA

PUERTO LEGUízAMO BUENAVENTURA

Cuadro 2. Municipios de ocurrencia de combatesFuente: Elaboración propia a partir de las Bitácoras de Eventos suministradas por la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias.

2

1312

Así mismo, los combates señalados en municipios pertenecientes a los departamentos del Chocó, Putumayo, Meta y Caquetá, responden al desarrollo de acciones de características mixtas; esto significa que se dan tanto en lo urbano como en lo rural y que pueden variar dependiendo el valor de la zona, sumado a que en estas zonas existe un fenómeno de ingreso de agrupaciones emergentes que se disputan el territorio entre ellas.

Así mismo, es de señalar que estas acciones armadas muestran su incremento debido al plan de las Fuerzas Militares denominado “Espada de Honor”, que busca mediante la implementación de distintas Fuerzas de Tarea, acciones militares conjuntas y el desarrollo de estrategias operativas integrales que permitan la consolidación de la paz y la seguridad a través del uso estratégico de la fuerza, encaminada a la protección y respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Adicionalmente, se presentan los homicidios y desapariciones forzadas referenciadas en el año 2012. Durante ese año, las zonas con mayor porcentaje de homicidios se identificaron en municipios pertenecientes a la subregión del bajo Cauca, la zona sur del país, específicamente en el departamento del Putumayo, y en el Pacífico, especialmente en los municipios de Tumaco y Buenaventura. Esta tendencia encuentra su explicación en el posicionamiento de los grupos ilegales en estas zonas y en las disputas territoriales entre estos por corredores de movilidad y por una estrategia de retoma de territorios abandonados por las extintas AUC. Aunado a ello llama la atención el alto índice de homicidios en el departamento del Magdalena; esta situación se puede explicar debido a la importancia de la Sierra Nevada de Santa Marta para el control territorial y el dominio militar, ya que establece conexión con el norte del Cesar, interconectando el Caribe con la frontera venezolana, permitiendo a los grupos ilegales posiciones de retaguardia y abastecimiento.

En cuanto a la desaparición forzada, el año 2012 arroja un panorama similar. Además de la alta participación de departamentos como Guaviare, Meta y Vichada, las desapariciones forzadas en municipios pertenecientes al Bajo Cauca, en la zona sur del país (específicamente en el departamento del Putumayo), y en el Pacífico (especialmente en

Mapa 2. homicidios a nivel nacional correspondiente al año 2012.Fuente: Red Nacional de Información

Mapa 3. Desapariciones a nivel nacional correspondiente al año 2012.Fuente: Red Nacional de Información.

los municipios de Tumaco y Buenaventura), obedecen a estrategias operacionales de los GAI. El panorama en los departamentos relacionados, obedece a acciones de reclutamiento forzado y de repoblamiento estratégico, en el marco de acciones de GAI y GAOML por fortalecer sus estructuras y hacer frente de guerra a las disputas territoriales.

2

1514

Planes de grupos armados organizados al margen de la ley

Acciones institucionales en contra de GAOML y grupos armados ilegales

2

3

3.1

El Plan Renacer es la guía para las acciones actuales de las FARC-EP. Dicho plan está contenido en un documento con 14 puntos, el cual plantea las directrices para enfrentar la Política de Seguridad Democrática. Este “Plan Renacer Revolucionario de las Masas” define las acciones armadas a desarrollar en algunas zonas específicas, entre los que se encuentran: “…aumentar las minas antipersonas y los cursos de explosivistas, fortalecer la táctica de francotiradores ordenada desde la Octava Conferencia, infiltrar al Ejército con falsos soldados profesionales y lograr la negociación de misiles para contrarrestar el poderío aéreo de las Fuerzas Militares”. Así mismo: “… conformar un grupo de francotiradores para asegurar los operativos en el suroccidente; acentuar los ataques con cilindros y bombas en Santander de Quilichao y otros municipios de Cauca. Además… que cada unidad guerrillera instalara 10 campos minados “para detonar al enemigo” y… comprar 40 mil tiros de fusiles .762; mantener la creación de células del Partido Comunista Clandestino y construir cohetes antiaéreos y granadas” .

Este plan estratégico de las FARC-EP se ha venido desarrollando desde el año 2008 hasta la fecha y aun cuando su alcance tiene como objetivo el minimizar el avance de las Fuerzas Militares y lograr mejores tácticas para enfrentarlas, advierte situaciones que se convierten en agentes de desplazamientos forzados, como es el caso del incremento de áreas minadas, ataques con cilindros bomba que generalmente terminan en hostigamientos de larga duración, creación de células guerrilleras que determinan situaciones de reclutamiento forzado y control social, a partir de estrategias como la extorsión, coacción y persuasión.

Plan Nacional de Consolidación Territorial. Para el desarrollo de esta parte se toman las áreas establecidas por la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, como Regiones de Consolidación12. Entre las regiones actuales y que tienen vigencia, se encuentran:

11 El Espectador. 15 de marzo de 2014. “Planes secretos de las Farc”. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/planes-secretos-de-farc-articulo-481027 Fecha de consulta: 27 de marzo de 2014.12 Delimitadas mediante Directiva Presidencial 01 del 20 de marzo de 2009, con el objeto de implementar los esfuerzos de varias entidades en la consecución de la seguridad. De esta forma se perseguía el objetivo de “afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano”. Para este caso se delimitaron tres áreas específicas a saber: a) Áreas principales para iniciar la consolidación: Zona Macarena y Río Caguán, Zona Pacífico (Nariño, Cauca, Buenaventura, sur de Chocó), Zona Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba, Zona sur de Tolima y sur de Valle del Cauca; b) Áreas de transición hacia la consolidación: Zona Montes de María, Zona Sierra Nevada de Santa Marta y Zona Oriente Antioqueño; y c) Áreas Complementarias: Zona Arauca, Zona Putumayo, Zona Catatumbo y Zona Bajo Atrato.

Mapa 4. zonas de consolidaciónFuente: Red Nacional de Información

PLAN NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

Región Departamento Municipio

REGIÓN MONTES DE MARÍABOLíVAR El Carmen de Bolívar, San Jacinto

SUCRE Ovejas, San Onofre

ARAUCA ARAUCA Arauquita, Cravo norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame

CORDILLERA CENTRAL TOLIMA Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco

NUDO DE PARAMILLOANTIOQUIA Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza

CÓRDOBA Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, San José de Uré y Valencia

CATACUMBO NORTE DE SANTANDER Convención, El Carmen, El Tara, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú

MACARENA RÍO CAGUÁNCAQUETÁ Cartagena del Chairá, La Montañita y San José del Caguán

META La Macarena, La Uribe, Mesetas, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa

PUTUMAYO PUTUMAYO Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel y Valle del Guaméz

NARIñO NARIÑO Tumaco

Cuadro 3. Municipios del Plan Nacional de Consolidación TerritorialFuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad para la Consolidación Territorial

14

2

1716

Plan de Guerra Espada de Honor I Teatros de Operaciones. En 2012, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares encabezaron un Plan Estratégico de Seguridad para contrarrestar las posibles acciones de GAOML y de grupos armados ilegales. Este plan se ejecutó en regiones con presencia histórica de estos grupos y en zonas donde se están viendo alianzas estratégicas entre grupos guerrilleros y bandas criminales. Por esta razón los diferentes grupos armados ilegales responden con mayor presión sobre la población civil, coaccionándolos y generando temor que obliga al traslado forzado.

Esta estrategia se enfoca en “el debilitamiento decisivo de las FARC y el ELN. Opera mediante una ofensiva coordinada y simultánea en las regiones del país donde históricamente se han refugiado estos Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley. Está enfocada en la desarticulación de las estructuras armadas y las redes de apoyo de las FARC, el desmantelamiento de sus áreas base y la consolidación de esos territorios”13. Así mismo, esta estrategia viene articulada a la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, cuyo objetivo es: “Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional”; y cuyo

Otras acciones institucionales. Entre estas se encuentran los Planes Troya que entraron en operación a partir de 2011, y cuyo objetivo era contrarrestar las acciones de las bandas criminales y capturar a sus principales jefes. Estas operaciones se desarrollaron en los departamentos de: Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, entre otros. Se enmarcó en la estrategia de desarticulación

3.2

3.3

propósito superior es: “Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas”14. Igualmente, se enmarca en la estrategia sectorial: “Desarticular los GAOML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación”.

Las Fuerzas de Tarea se definen como “una organización militar compuesta por elementos asignados o agregados de dos o más Fuerzas Institucionales, creados por el Ministro de Defensa Nacional, por el Comandante de un Comando Unificado o Específico ya establecido, o por el Comandante de una Fuerza de Tarea Conjunta ya existente. Tiene un objetivo específico limitado y se disuelve cuando se ha cumplido la misión para la cual fue creada”15. El Cuadro 4 muestra los teatros de operaciones militares denominados Fuerza de Tareas Conjunta. Es necesario resaltar que algunas de estas fuerzas de tareas ya existían: Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO), Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo (FUTNP) y Fuerza de Tarea Conjunta Sur del Tolima (FUTST).

de las BACRIM y en las medidas adoptadas en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, entre las cuales se destaca “el acompañamiento y desarrollo del modelo de lucha contra las mismas, implementado inicialmente con la Operación Troya Caribe y luego replicado con la Operación Troya Pacífico”16.

Mapa 5. Municipios de implementación de la Política de Seguridad y Defensa de la Prosperidad. Fuerzas de Tarea - 2012.Fuente: Memorias al Congreso 2012-2013. Ministerio de Defensa Nacional.

13 Ministerio de Defensa. Memorias al Congreso 2012-2013. Bogotá. 2013. Pág. 1314 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Bogotá. Mayo de 2011. Pág. 31.15 Fuerza Aérea Colombiana. “Fuerza de Tarea Conjunta”. Disponible en: https://www.fac.mil.co/?idcategoria=65360 Fecha de Consulta: 21 de marzo de 2014

CUTGUFUERZAS DE TAREA CONjUNTA

Fuerza Departamento

FUERZA DE TAREA CONjUNTA OMEGA (FUTCO) META / CAQUETÁ / GUAVIARE

FUERZA DE TAREA CONjUNTA NUDO DE PARAMILLO (FUTNP) ANTIOQUIA / CÓRDOBA

FUERZA DE TAREA CONjUNTA SUR DEL TOLIMA (FUTST) TOLIMA

FUERZA DE TAREA CONjUNTA VULCANO (FUTVUL) NORTE DE SANTANDER

FUERZA DE TAREA CONjUNTA qUIRÓN (FUTqU) ARAUCA

FUERZA DE TAREA CONjUNTA APOLO (APOLO) CAUCA / VALLE DEL CAUCA

FUERZA DE TAREA CONjUNTA PEGASO (FUPEG) NARIÑO

CECN NARIÑO

COCN VIChADA

FUTPU PUTUMAYO

FUTCE CAQUETÁ

FUTGU LA GUAJIRA

Cuadro 4. zonas de presencia de las Fuerzas de Tarea Conjunta Fuente: Memorias al Congreso 2012-2013. Ministerio de Defensa Nacional. Ejército Nacional de Colombia. Divisiones

OPERACIONES TROYA

OPERACIONES UBICACIÓN

TROYA CARIBE I CÓRDOBA

TROYA CARIBE II ANTIOQUIA Y CÓRDOBA / SUR DE CÓRDOBA Y BAJO CAUCA

TROYA PACÍFICO NARIÑO, CAUCA Y VALLE DEL CAUCA

TROYA CARIBE III NOROCCIDENTE DEL VALLE DEL CAUCA Y EL SUR DE ChOCÓ

PLAN TROYA NORDESTE ANTIOqUEñO NORDESTE ANTIOQUEÑO, MUNICIPIOS DE REMEDIOS, SEGÓVIA, VEGAChí Y YALí

PLAN TROYA TAYRONA MAGDALENA

Cuadro 5. Municipios de influencia de las operaciones Troya.Elaboración propia a partir de datos del Informe del Ministro al Congreso 2010-2011. Ministerio de Defensa Nacional y Medios de Comunicación.

Algunas de las zonas de localización de estas operaciones son las siguientes:

• Plan Troya Caribe I y II: Ubicada principalmente en el departamento de Córdoba. La operación Troya Caribe II se desarrolló en algunos municipios del Sur de Córdoba y del Bajo Cauca17.

• Plan Troya Pacifico: esta operación tuvo lugar en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca18.

• Plan Troya III: esta operación se centró en algunos municipios del noroccidente del Valle del Cauca y el sur del Chocó, por el periodo electoral del año 201119.

• Plan Troya Nordeste Antioqueño: de acuerdo a información descrita por la Gobernación de Antioquia, esta operación se lleva a cabo en los municipios de Remedios, Segovia, Vegachí y Yalí20.

• Plan Troya Tayrona: esta operación se realizó en el departamento del Magdalena, específicamente en zona urbana y rural del municipio de Santa Marta21.

16 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Informe del Ministro al Congreso. Bogotá. Julio de 2011. Pág. 23. Para mayor información consultar: Semana. 07 de febrero de 2011. “D6, la estrategia nacional contra las Bacrim” http://www.semana.com/nacion/articulo/d6-estrategia-nacional-contra-bacrim/235224-3. Fecha de consulta: 21 de marzo de 2014. “Se trata de ‘Troya’, que en palabras del Ministro de Defensa “es un plan de operaciones conjuntas y coordinadas sin precedentes, del Ejército Nacional, de la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, la Policía y el DAS, en el propósito de acopiar inteligencia con el objeto de asfixiar las finanzas del narcotráfico, la minería ilegal y proteger a la población de la criminalidad”.

2

1918

17 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 13 de julio de 2012. “Con 356 nuevos policías de grupos especializados se puso en marcha el Plan Troya II en Córdoba” http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/documents/News/NoticiaGrandeMDN/0051c9f4-66af-2f10-4692-d1a01e30bca1.xml Fecha de consulta: 21 de marzo de 201418 Semana. 05 de mayo de 2011. “Plan Troya Pacífico’: contra la delincuencia en Nariño, Cauca y Valle del Cauca” http://www.semana.com/nacion/articulo/plan-troya-pacifico-contra-delincuencia-narino-cauca-valle-del-cauca/239319-3 Fecha de consulta: 21 de marzo de 2014.19 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 09 de agosto de 2011. “En menos de tres semanas estará marchando Operación Troya III”. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/documents/News/NoticiaGrandeMDN/b0d57633-fca4-2e10-b1b5-da7da7f9baf6.xml Fecha de consulta: 21 de marzo de 2014.20 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. 14 de octubre de 2012. “Plan Troya para combatir las Bacrim en el Nordeste”. http://antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/159-prensa-fajardo/10329-plan-troya-para-combatir-las-bacrim-en-el-nordeste Fecha de consulta: 21 de marzo de 2014.21 El Colombiano. 24 de noviembre de 2012. “Plan Troya Tayrona combatirá bandas criminales en el Magdalena” http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/santos_anuncio_activacion_del_plan_troya_tayrona_para_combatir_bandas_criminales_en_el_magdalena/santos_anuncio_activacion_del_plan_troya_tayrona_para_combatir_bandas_criminales_en_el_magdalena.asp Fecha de consulta: 21 de marzo de 2014.

Mapa 6. zonas de Operación TroyaFuente: Red Nacional de Información.

Las acciones institucionales en contra de las estructuras armadas ilegales tienen un impacto indirecto en contra de la población civil como efecto colateral de la implementación de estas estrategias operativas, debido a que implica la movilización de tropa hacia las zonas donde estas estructuras ilegales desarrollan sus actividades delictivas. Aunado a ello se implementan ordenes operacionales como táctica para minimizar la capacidad de reacción del adversario, entre las cuales se contemplan combates, bombardeos, operaciones aéreas nocturnas, desminado institucional para el avance de la tropa, avance de las fuerzas de despliegue rápido y fuerzas de tarea conjunta. Estas operaciones se desarrollan en radios de acción donde se encuentran centros poblados y población rural, teniendo en cuenta que los actores armados en sus planes de guerra y modus operandi mantienen como objetivo funcional generar presencia en medio de la población civil, limitando de esta manera el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares. Como consecuencia de lo anterior, la población se ve forzada a desplazarse como medida de autoprotección evitando quedar en medio de la confrontación que es propiciada por la presencia de actores armados ilegales en su territorio.

Los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado están determinados por las distintas riquezas asentadas en la superficie y en el subsuelo, por lo que se constituyen en intereses estratégicos para el desarrollo de la nación, las comunidades, y por ende, para grupos armados. Estas riquezas por lo general

Factores subyacentes y vinculados al conflicto

4

se encuentran en zonas de carácter multicultural y de riquezas étnicas. Así mismo, estos factores operan sobre la base de una serie de procesos territoriales y socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan afectados por el mismo.

La Contraloría General de la República se refirió a ellos como “expresiones de carácter social, económico, cultural y político que se encuentran estrechamente vinculadas al conflicto armado en términos de causalidad o funcionalidad”. En este mismo documento se presentan las implicaciones que pueden tener estos factores, a saber: que el conflicto armado se convierta en un problema estructural que puede facilitar la satisfacción de intereses socioeconómicos no legítimos, en contra de los derechos fundamentales de las comu¬nidades; que el conflicto armado pueda ser causado por factores diferentes a los intereses estratégicos puramente militares, precisamente porque los intereses de los actores armados van más allá de ello e involucran control social y económico de los territorios; que los agentes económicos con relaciones de causalidad o funcionalidad con el conflicto, son co-genera¬dores de riesgo de vulneración de dichos derechos y co-responsables en su resarcimiento22.

Presencia de cultivos ilícitos años 2010-2012. De acuerdo a datos suministrados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el 2012 había un total de 48.000 hectáreas sembradas de cultivos de hoja de coca. Al hacer un análisis de los últimos 3 años (2010-2012), los departamentos con el mayor número de hectáreas sembradas en su orden son: Nariño, Putumayo, Cauca, Guaviare, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Vichada, Córdoba y Valle del Cauca.

4.1

22 Ibidem

2

2120

CULTIVOS DE COCA POR DEPARTAMENTO EN COLOMBIA, 2010 - 2012 (HECTÁREAS)

Departamento 2010 2011 2012 Total

NARIñO 15951 17231 17733 50915

PUTUMAYO 5908 9951 6148 20884

CAUCA 5908 6066 4325 16299

GUAVIARE 5071 6839 3851 15761

ANTIOqUIA 5350 3104 2725 11179

NORTE DE SANTANDER 1889 3490 4516 9895

CAqUETÁ 2578 3327 3695 9600

CHOCÓ 3158 2511 3429 9098

META 3008 3040 2699 8747

BOLÍVAR 3324 2207 1968 7499

VICHADA 2743 2264 1242 6249

CÓRDOBA 3889 1088 1046 6023

VALLE DEL CAUCA 665 981 482 2128

SANTANDER 673 595 111 1379

VAUPéS 721 277 2254 1252

GUAINÍA 446 318 301 1065

AMAZONAS 338 122 98 558

ARAUCA 247 132 81 460

BOYACÁ 105 93 10 208

MAGDALENA 121 46 37 204

LA GUAjIRA 134 16 10 160

CALDAS 46 46 16 108

CUNDINAMARCA 32 18 0 50

CESAR 0 0 13 13

Cuadro 6. Departamentos con cultivo de hoja de cocaElaboración propia a partir de datos tomados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).

Mapa 7. Presencia de zonas de cultivos ilícitos 2012 Fuente: Red Nacional de Información, a partir de datos tomados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).

Entre los departamentos con mayor presencia de hectáreas sembradas, se encuentran los que pertenecen a la región Pacifico los cuales superan las 2.000 hectáreas sembradas. El departamento de Nariño cuenta con la mayor presencia de cultivos de hoja coca sembrados en el país. Otros departamentos de esta región son Cauca y Chocó; mientras que en Valle del Cauca, de acuerdo al Censo de Cultivos Ilícitos de 2010 y 2011, se destacan los municipios de Buenaventura y Calima.

Otra región históricamente importante en cuanto a presencia de cultivos ilícitos es la que conforman los departamentos de Putumayo y Caquetá, los cuales mantienen una presencia fuerte de este tipo de cultivos. En los últimos años los municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos son Puerto Asís y Puerto Leguízamo (Putumayo); Cartagena del Chairá, Solano y La Montañita (Caquetá).

Un caso específico ha sido el departamento de Guaviare que en los últimos tres años ha tenido una participación importante en el número de hectáreas sembradas; municipios como El Retorno, San José del Guaviare y Miraflores han permanecido dentro de los primeros municipios con presencia de estos cultivos.

Por otra parte, se encuentran zonas específicas en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta y Norte de Santander. De acuerdo a los datos recopilados por la UNODC en los censos de cultivos ilícitos, estos se pueden ubicar por zonas estratégicas como los municipios localizados en la región del Bajo Cauca Antioqueño y el Nudo de Paramillo entre Antioquia y Córdoba; la región del Catatumbo; municipios del Sur del Bolívar y municipios del Sur del Meta como: Puerto Rico, Mapiripán, Vista Hermosa y La Macarena.

2

2322

Producción de oro23. Uno de los factores subyacentes y vinculados que encuentra una relación cercana con el conflicto armado ha sido la explotación de oro, y de las rentas ilegales de este mineral. En este apartado se refieren los datos sobre producción legal de este tipo de mineral para dar cuenta de los municipios o zonas que

4.1

DIEZ MUNICIPIOS CON MAYOR PRESENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS

Municipio Departamento Hectáreas sembradas 2011

TUMACO NARIÑO 5593

BARBACOAS NARIÑO 3193

PUERTO ASÍS PUTUMAYO 2735

MIRAFLORES GUAVIARE 2590

ROBERTO PAYÁN NARIÑO 2058

PUERTO LEGUÍZAMO PUTUMAYO 1696

SAN jOSé DEL GUAVIARE GUAVIARE 1686

MAGUÍ NARIÑO 1563

EL TAMBO CAUCA 1514

TIMBIqUÍ CAUCA 1494

Cuadro 7. Municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos 2011.Elaboración propia a partir de datos tomados del Censo de Cultivos de Coca. 2011 (SIMCI).

DIEZ MUNICIPIOS CON MAYOR PRESENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS 2012

Municipio Departamento Hectáreas sembradas 2011

TUMACO NARIÑO 5065

EL TAMBO CAUCA 1876

BARBACOAS NARIÑO 1815

TIBú NORTE DE SANTANDER 1658

PUERTO ASíS PUTUMAYO 1463

MIRAFLORES GUAVIARE 1291

CUMABIRO VIChADA 1234

PUERTO LEGUízAMO PUTUMAYO 1218

PUERTO RICO META 1064

EL RETORNO GUAVIARE 1028

Cuadro 8. Municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos 2012Elaboración propia a partir de datos tomados del Censo de Cultivos de Coca. 2012 (SIMCI)

Gráfica 3. Producción de oro entre 2006 - 2013Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO).

tienen mayores índices de explotación de este recurso24. De acuerdo al Sistema de Información Minero Energético del Ministerio de Minas y Energía, los departamentos con mayor producción desde el año 2006 en su orden son Antioquia, Chocó, Bolívar, Cauca, Nariño, Córdoba, Tolima y Valle del Cauca.

23 Datos tomados hasta el primer trimestre del año 201324 Para este caso se toman los datos de producción por municipio haciendo un promedio desde el año 2006. Datos tomados de: Sistema de Información Minero Energético. http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=116&grupo=496&Fechainicial=01/01/2001&Fechafinal=31/03/2013

En cuanto a los municipios con mayor producción de oro estos se ubican en las siguientes zonas:

• Antioquia25: Bajo Cauca Antioqueño: municipios de: Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.

• Nordeste Antioqueño: Amalfi, Remedios, San Roque, Segovia y Vegachí.

• Norte Antioqueño: Angostura, Valdivia.• Occidente Antioqueño: Buritica, Cañasgordas y Frontino• Chocó26: subregiones del Alto, Medio y Bajo San Juan y

del litoral Pacífico; algunos municipios son: Nóvita, Istmina, Medio Baudó, El Cantón de San Pablo y Sipí.

• Sur del Bolívar27: municipios de Montecristo, Morales, Norosó, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Tiquisio.

• Cauca28: municipios ubicados en el norte como Buenos Aires y Suárez; en occidente, como Timbiquí, López de Micay y Guapi; y el municipio de Patía ubicado al sur.

• Nariño29: municipios ubicados en la subregión del Pacífico, Santa Bárbara, Barbacoas, Roberto Payan, Magui y Tumaco; el municipio de La Llanada al occidente del departamento, y Cumbitara y Los Andes al norte del departamento.

• Córdoba30: Algunos municipios se encuentran en la subregión del Sur de Córdoba como Montelíbano y Puerto Libertador y otros municipios ubicados en el centro-oriente del departamento como Ayapel, Buenavista y La Apartada.

• Valle del Cauca: municipio de Buenaventura31, específicamente en la cuenca del Río Dagua en el corregimiento de Zaragoza.

Mapa 9. zonas con presencia de minas de oro, 2012Fuente: Red Nacional de Información.

2

2524

Las diferentes planes en el marco de la Política Integral de Seguridad y Defensa en contra de las acciones armadas por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de otros grupos armados ilegales muestran el accionar eficaz sobre estos grupos armados; como bien se sabe, estos planes se desarrollan en el marco constitucional que tienen las Fuerzas Armadas y se encuentran encaminadas en la prevención y en la protección de la población civil.

Por otra parte, en este capítulo se hizo mención a los “factores subyacentes y vinculados al conflicto armado”, que dan cuenta de una serie de elementos existentes en el territorio y que son proclives a la presencia de grupos armados para la obtención de rentas ilícitas. En el caso de los datos correspondientes a la presencia de cultivos ilícitos se hizo mención a los municipios y zonas en donde se incrementó este tipo de cultivos. Así mismo,

se trajeron datos oficiales sobre producción de minería de oro, esto para evidenciar rentas ilícitas que podrían formarse en estos territorios por parte de los grupos armados.

Estos factores denominados como subyacentes y vinculados al conflicto no son más que el detonante y sustento de los planes y estrategias de guerra de las agrupaciones ilegales, que mediante acciones de coacción y uso indiscriminado de la fuerza, en las zonas con presencia de estos factores, buscan el dominio y control del territorio y la población que allí se asienta. Esto ha conllevado a situaciones que impactan de forma negativa en el escenario nacional, aumentan el panorama de crisis humanitaria y debilitan el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades que no ven otro camino que el desplazamiento para evitar la constante vulneración de sus derechos, la disminución de sus ingresos y calidad de vida, que termina siendo usufructuado por el actor ilegal.

Resumen5

1

25 Datos tomados hasta el primer trimestre del año 2013.26 Para este caso se toman los datos de producción por municipio haciendo un promedio desde el año 2006. Datos tomados de: Sistema de Información Minero Energético. http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=116&grupo=496&Fechainicial=01/01/2001&Fechafinal=31/03/2013. 27 Se toman los municipios con mayor producción a 40.000 gramos de oro desde el año 2006.28 Es preciso mencionar que la mayoría de municipios del departamento de Chocó han tenido producción de oro. Para este caso, se toma un promedio de 50.000 gramos de oro, siendo el municipio de Nóvita el mayor productor de este mineral.29 Se toman los municipios con mayor producción a 40.000 gramos de oro desde el año 2006.30 Se toman los municipios con mayor producción a 30.000 gramos de oro desde el año 2006.31 Se toman los municipios con mayor producción a 20.000 gramos de oro desde el año 2006.

32 Cabe resaltar que con posterioridad a la fecha de corte indicada se han radicado declaraciones con hechos referentes ocurridos en los años 2012 y 2013, por lo que estas cifras pueden aumentar.33 La diferencia entre personas declaradas y personas expulsadas es que el año de declaración no corresponde con el año en que ocurrió el evento.

SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CRISIS HUMANITARIA 2012 - 2013

3

Información estadística

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, con corte al 1 de abril de 2014, hay un total de 6.372.539 víctimas del conflicto armado y violencia generalizada en Colombia. De estas, el 87%, es decir 5.537.883 corresponden a víctimas de desplazamiento forzado. Durante el 2012, fueron expulsadas de sus hogares 206.504 personas, equivalente al 3,7% del total histórico, y para el 2013, 142.18132, que corresponden al 2.6%.

Gráfica 3. Personas expulsadas vs Personas declaradas33. Colombia 1997 - 2013Fuente: Unidad para las Víctimas corte 1 de abril de 2014

En la Gráfica 4 se aprecia el número de declaraciones recibidas por año. En 2012 declararon 491.355 personas y en 2013, 579.027 personas. En comparación con números menores de declaraciones recibidos en años anteriores (salvo 2002 y 2008), lo anterior significa que con la vigencia de la Ley de Víctimas hay una tendencia al crecimiento en la cantidad de personas que declaran.

El cuadro 9 refleja lo anteriormente descrito.

2

2726

Año de Declaración Personas Declaradas

1997 15.450

1998 58.633

1999 47.602

2000 316.824

2001 419.501

2002 497.820

2003 260.258

2004 243.364

2005 298.072

2006 357.179

2007 438.177

2008 483.916

2009 396.900

2010 357.972

2011 453.279

2012 491.355

2013 579.027

Cuadro 9. Personas declaradas por desplazamiento forzado y año de declaración.Fuente: Unidad para las Víctimas (Corte: 1 de abril de 2014).

Grafica 5. Personas expulsadas por periodo presidencial, 1982-2014.Fuente: Registro único de Víctimas.

De acuerdo al cuadro 10, los años que expulsaron mayor cantidad de personas fueron: el 2002 con 611.084 personas (11% del total de desplazamiento histórico), seguido de 2001

En la Gráfica 5 se informa sobre el desplazamiento histórico según períodos presidenciales, entre los años 1982 a 2014.

con 530.229 personas (9,6%); 2007 con 416.384 (7,5%); 2000 con 412.794 (7,5%); y 2006 con 379.232 (6,8%).

Se puede notar que los años de mayor desplazamiento forzado ocurrieron en el periodo de gobierno de Andrés Pastrana Arango entre los años 1998 y 2002. Cabe recordar hechos puntuales de este incremento como el fortalecimiento de los grupos guerrilleros y las autodefensas en varias zonas del país, y de la estrategia de este último grupo en la consolidación de varias zonas con presencia guerrillera.

En el siguiente periodo con mayor número de desplazamientos forzados ocurrieron entre los años 2002 a 2006, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual también hay una predominancia de guerrillas y autodefensas y de las acciones legitimas institucionales de la Fuerza Pública en la recuperación del territorio, en donde se encontraban históricamente estos grupos armados.

Entre los años 2006 a 2010 se presenta el tercer periodo con mayor número de personas desplazadas y que corresponde al

Año de Declaración Desplazamiento forzado Personas Expulsadas

Porcentaje sobre total Histórico Desplazamiento

Forzado

1997 185.813 3.4%

1998 168.405 3.0%

1999 196.276 3.5%

2000 412.794 7.5%

2001 530.299 9.6%

2002 611.084 11.0%

2003 357.698 6.5%

2004 327.552 5.9%

2005 371.001 6.7%

2006 379.232 6.8%

2007 416.384 7.5%

2008 377.526 6.8%

2009 213.759 3.9%

2010 172.996 3.1%

2011 225.808 4.1%

2012 206.504 3.7%

2013 142.181 2.6%

TOTAL HISTÓRICO DESPLAZAMIENTO FORZADO

5.537.883

Cuadro 10. Número de personas expulsadas por año de ocurrencia.Fuente: Unidad para las Víctimas (Corte: 1 de abril de 2014).

Debe precisarse que existen desplazamientos en el RUV de años anteriores al gobierno de Belisario Betancur.

segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe. En este caso entran en juego las nuevas estructuras que surgieron del proceso de desmovilización de las Autodefensas y el reacomodamiento de las acciones guerrilleras por las acciones de la Fuerza Pública. También es de recordar el incremento de desplazamientos intraurbanos por las acciones de grupos como, por ejemplo, las estructuras criminales en ciudades como Medellín y en algunos municipios del Valle de Aburrá.

Por último se encuentra el periodo comprendido entre los años 2010 a primeros meses de 2014. Este periodo que corresponde al actual gobierno (Presidente Juan Manuel Santos), se observa una notable disminución de este hecho victimizante respecto a años anteriores. En este caso es importante mencionar las nuevas dinámicas y los territorios en disputa que se pueden ver en varios municipios de la costa Pacífica, como por ejemplo Buenaventura y Tumaco y en ciudades importantes como Medellín.

3

2928

De acuerdo con el RUV, durante 2012 se recibieron un total de 281.331 declaraciones, de las cuales 157.554 estaban asociadas a desplazamiento forzado34. Para el año 2013, la

En el cuadro 12 se referencia los departamentos con mayor número de solicitudes incluidas en el RUV por desplazamiento forzado ocurridos en los años 2012 y 2013. Cabe aclarar que en este cuadro se menciona las solicitudes recibidas y no el total de personas expulsadas por departamento, esto con el fin de mostrar los lugares en donde más se radican declaraciones asociadas a desplazamiento forzado.

Por otro lado, los departamentos con mayor número de personas expulsadas para el año 2012 son: Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Caquetá, Tolima, Putumayo, Córdoba y Norte de Santander. Para el año 2013, los departamentos con mayor expulsión fueron: Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca, Choco, Caquetá, Tolima, Córdoba, Putumayo y Huila.

En el Cuadro 14 se presentan los principales municipios expulsores. Entre estos se encuentran municipios que en los últimos años han tenido una participación importante en los niveles de desplazamiento (Medellín, Buenaventura y Tumaco). Por otra parte, se encuentran municipios “históricos” en donde se presentan situaciones propias de conflicto armado y presencia de

También es importante señalar el ascenso de Quibdó al sexto lugar de población expulsada, corresponde a un fortalecimiento en la presencia y accionar de la banda criminal Los Rastrojos,. Así como en los municipios analizados en el año 2012, se puede

Dinámica de la crisis humanitaria y desplazamiento forzado 2012 - 2013

2

Recibidas Totales Asociadas a desplazamiento

En 2012 En 2013 En 2012 En 2013

218.331 301.681 157.554 226.951

Cuadro 11. Solicitudes recibidas, 2012 - 2013Fuente: RUV, con corte a 1 de abril de 2014.

Se observa la similitud de los departamentos en los años 2012 y 2013 pero con algunas variaciones. Es de resaltar el aumento de las declaraciones en departamentos como Nariño, Valle del Cauca y Caquetá, y en la ciudad de Bogotá35; igualmente, se nota la disminución en departamentos como Antioquia; y, por último, otro conjunto de departamentos permanecen estables en la inclusión de solicitudes por desplazamiento forzado como Cauca, Huila, Putumayo, Meta y Tolima.

Departamento 2012 Departamento 2013

ANTIOQUIA 8528 ANTIOQUIA 7472

BOGOTÁ D.C. 4745 BOGOTÁ D.C. 6068

NARIÑO 4289 NARIÑO 5209

CAUCA 3152 VALLE DEL CAUCA 5054

VALLE DEL CAUCA 2944 VAUCA 3035

CAQUETÁ 1679 CAQUETÁ 2030

hUILA 1590 hUILA 1634

PUTUMAYO 1465 PUTUMAYO 1146

META 1218 TOLIMA 1140

TOLIMA 1058 META 1076

Cuadro 12. Solicitudes incluidas en el RUV, por desplazamiento forzado.Fuente: Registro único de Víctimas, con corte a 1 de abril de 2014.

Unidad para las Víctimas recibió 301.681 declaraciones de las cuales, 226.951, estuvieron asociadas a desplazamiento forzado.

Es importante señalar la disminución del desplazamiento en la mayoría de departamentos referenciados en el Cuadro 13. Por su parte, en la Gráfica 6 se presentan la totalidad de departamentos y la tendencia de desplazamiento forzado entre el año 2012 a 2013. Como se puede ver, el departamento del Valle del Cauca ha presentado un incremento.

34 Cabe aclarar que uno o más eventos de desplazamiento forzado pueden ser declarados al mismo tiempo.35 La ciudad de Bogotá recibe declaraciones de desplazados de varias partes del país.

Departamento 2012 Departamento 2013

ANTIOQUIA 36.522 VALLE DEL CAUCA 25.847

NARIÑO 28.578 ANTIOQUIA 24.801

CAUCA 28.017 NARIÑO 21.482

VALLE DEL CAUCA 22.560 CAUCA 17.142

ChOCÓ 14.324 ChOCÓ 9.728

CAQUETÁ 11.607 CAQUETÁ 9.218

TOLIMA 8.466 TOLIMA 6.908

PUTUMAYO 8.081 CÓRDOBA 5.748

CÓRDOBA 7.212 PUTUMAYO 5.375

NORTE DE SANTANDER 6.242 hUILA 5.096

Cuadro 13. Departamentos con mayor ocurrencia de desplazamiento forzado 2012 - 201336

Fuente: Registro único de Víctimas

Fuente: Registro único de Víctimas. Corte 1 de abril de 2014.

grupos armados organizados, y en donde se están desarrollando estrategias operativas e implementación de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad en contra de estos grupos (Argelia, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, El Tambo, El Tarra, San José del Guaviare y Valle del Guamuez) .

2012 2013

Departamento Municipio Total Departamento Municipio Total

VALLE DEL CAUCA BUEANVENTURA 16627 VALLE DEL CAUCA BUEANVENTURA 20344

ANTIOQUIA MEDELLíN 14206 NARIÑO SAN ANDRéS DE TUMACO 11783

NARIÑO SAN ANDRéS DE TUMACO 11628 ANTIOQUIA MEDELLíN 7963

ChOCÓ BAGADÓ 4406 CAUCA SUÁREz 2248

CAUCA SUÁREz 3896 CÓRDOBA TIERRALTA 2122

CAUCA GUAPí 2458 ChOCÓ QUIBDÓ 1900

CAUCA ARGELIA 2272 CAQUETÁ SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1801

CAUCA MORALES 2152 ANTIOQUIA TARAzÁ 1695

CÓRDOBA TIERRALTA 1970 ChOCÓ EL LITIRAL DE SAN JUAN 1689

CAQUETÁ SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1941 ANTIOQUIA EL BAGRE 1590

PUTUMAYO PUERTO DE ASíS 1910 CAUCA LÓPEzz 1559

ATINOQUIA SEGOVIA 1711 VALLE DEL CAUCA CALI 1503

CAUCA EL TAMBO 1709 CAUCA TIMBIQUí 1480

NARIÑO ROBERTO PAYÁN 1702 ANTIOQUIA TURBO 1385

CAUCA TIMBIQUí 1700 CAUCA ARGELIA 1381

ANTIOQUIA TURBO 1641 NORTE DE SANTANDER CúCUTA 1333

NORTE DE SANTANDER EL TARRA 1639 PUTUMAYO PUERTO ASíS 1194

ChOCÓ QUIBDÓ 1627 CAQUETÁ CARTAGENA DE ChAIRÁ 1169

CAQUETÁ PUERTO RICO 1625 CAUCA EL TAMBO 1167

NARIÑO POLICARAPA 1619 CAUCA BOLíVAR 1135

notar que municipios como Buenaventura, Tumaco y Medellín siguen presentando un alto número de expulsiones, debido al accionar de las bandas criminales presentes en estas zonas estratégicas.

3

3130

Gráfica 6. Tendencia de desplazamiento forzado 2012 - 2013Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104

Gráfica 8. Municipios con mayor presencia de desplazamiento forzado 2013.Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104.

Gráfica 9. histórico de personas desplazadas en los tres principales municipios con respecto a información años 2012 - 2013.Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104.

Gráfica 7. Municipios con mayor presencia de desplazamiento forzado 2012.Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104.

Con referencia a las cifras señaladas en la Gráfica 9, la dinámica de desplazamiento en los municipios de Buenaventura y Medellín responde a situaciones enmarcadas bajo características de violencia generalizada y al ingreso de bandas criminales al escenario urbano, bien través de la cooptación y/o instrumentalización de pequeñas estructuras delincuenciales asentadas en la zona, o bajo una táctica de confrontación directa contra las agrupaciones dominantes en la zona, como es el caso de Buenaventura. Por su parte, el municipio de Tumaco mantiene una fuerte presencia de grupos armados organizados de carácter insurgente, los cuales generan desplazamientos forzados debido a la importancia del Pacifico Sur para la consolidación de la costa

caucana; igualmente estos grupos se aprovechan de factores estratégicos como la presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal.

Se observa una tendencia constante del desplazamiento para estos municipios desde el año 2010, con algunas leves variaciones para los municipios de Tumaco y Medellín en el año 2013, en el cual se ve una disminución en los desplazamientos. Con referencia a Buenaventura se evidencia una tendencia creciente frente a la población víctima de este flagelo que responde a la permanencia de grupos emanados del fenómeno de postdesmovilización.

3

3332

En cuanto a los municipios con mayor desplazamiento por cada 1.000 habitantes que se encuentran descritos en el cuadro 15, se destacan los municipios ubicados en el departamento de Chocó, en subregiones estratégicas como el norte y región costera del Cauca, sur y norte del Pacífico y el Catatumbo, y en zonas históricas de presencia de grupos armados organizados como

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se mencionan las situaciones que están generando el desplazamiento forzado,

algunos municipios de Caquetá y Putumayo. Para el año 2012 los municipios con mayor número de habitantes desplazados por cada 1.000 se evidencian como zonas estratégicas de confrontación, además de la presencia de factores subyacentes y vinculados al conflicto armado.

Cuadro 15. Indicador de desplazamiento personas desplazadas por cada 1000 habitantes, 2012.Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2014, calculado con proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo

Nacional de Estadística (DANE).

basadas en los datos suministrados por los desplazamientos de tipo individual y masivo.

Las características del desplazamiento en Colombia obedecen a una tendencia histórica, producto de la dinámica del conflicto armado y de grupos armados al margen de la ley, en regiones que establecen circunstancias propicias para el fortalecimiento de dichas estructuras. Así mismo, esta tendencia responde a las acciones armadas ejercidas por estos actores frente a la disputa territorial, corredores de movilidad y corredores estratégicos, como a las operaciones ejercidas por las fuerzas legitimas del Estado, con el fin de contrarrestar el avance de estas organizaciones y defender el mandato constitucional de protección a la soberanía nacional y la seguridad ciudadana. A continuación se presentarán las condiciones actuales de esta crisis humanitaria a partir de la identificación de estos teatros de operación y dinámicas especiales de confrontación. El análisis se realizará con base en la información suministrada en los capítulos anteriores y en las estadísticas de los municipios con mayor número de población desplazada incluida en el RUV.

Región Valle de Aburrá / Bajo Cauca / Norte y Nordeste de Antioquia / Urabá. En esta región, desde finales de 2011 se han venido incrementando las acciones contra la población civil, los eventos de confrontación y el ingreso de diversas estructuras armadas entre las cuales se incluyen distintas BACRIM como Los Paisas, Los Urabeños y Los Rastrojos. Igualmente, los Frentes 4, 5 18 y 36 de las FARC; por su parte, el ELN tiene presencia a través de la Compañía Capitán Mauricio, que opera con algunos hombres y escasa presencia territorial, debido al debilitamiento causado en el pasado por la confrontación armada contra las AUC (Bloque Mineros, Bloque Central Bolívar y Bloque Metro); por último, el Ejército, a través del desarrollo de importantes operaciones militares, basadas en implementación de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad con las operaciones militares Troya Caribe I y II. Esta región está formada por 5 subregiones: Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, y Urabá. La importancia del área está compuesta por los factores que se mencionan a continuación.

Según lo establecido en el informe de la Defensoría del Pueblo - Regional Antioquia sobre desplazamiento forzado en este departamento, la región cuenta con un amplio valor estratégico pues los diversos accidentes geográficos con los que se encuentra rodeada facilitan la maniobrabilidad y accionar operativo de los GAI y los GAOML, de amplia presencia y permanencia en la región, destacándose por sus constantes disputas territoriales y control territorial. Entre los accidentes geográficos más representativos se encuentran el Nudo de Paramillo, las serranías de Abibe, San Jerónimo, Ayapel y San Lucas, donde a su vez existen asentamientos de indígenas Embera y también colonos.

Regiones con mayor presencia de desplazamiento forzado

3 En estas subregiones el comportamiento del conflicto ha tenido un desarrollo homogéneo: como forma de control territorial se han presentado varios desplazamientos forzados perpetrados por las presiones ejercidas por medio de “boleteos”, voladura de oleoductos, desapariciones forzadas, homicidios selectivos y múltiples, y extorsiones a los ganaderos. Los actores armados ilegales aprovechan las ventajas que ofrece esta zona, al controlar los corredores estratégicos que les permiten movilidad y mantenimiento de las fuentes de financiación. Aunado a lo anterior, se evidencia en el Informe de Riesgo 002 de 2012 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, respectivo a los municipios de Remedios, Segovía y Zaragoza, la siguiente situación:

“El escenario de riesgo para la población civil de los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza, en el departamento de Antioquia, se configura por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC autodenominados “Los Urabeños” y “Los Rastrojos” por el control territorial, y por las alianzas entre los Frentes 4 y 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y reductos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enfrentar a las estructuras armadas contrarias, para ejercer el control sobre el circuito ilegal de producción y comercialización de la coca, afectado por las fumigaciones y la erradicación, la explotación aurífera a través del uso de retroexcavadoras y dragas ilegales en pantanos, playones, lagos y ríos, las extorsiones a comerciantes y transportadores bajo amenazas de secuestro o de muerte en el caso de no pagar el valor exigido o en el caso de entregar el dinero al grupo armado ilegal en contienda”38.

Con respecto a la subregión del Urabá los informes señalan:

“… en la franja que ocupa la serranía en el oriente de los municipios de Chigorodó y Mutatá se da la confluencia de los Frentes 5, 58 y 18 que utilizan este corredor natural con el nudo de Paramillo como una zona de retaguardia estratégica y para promover en algunos sectores la colonización cocalera. A través de esta actividad, las FARC ubican las zonas de cultivo de uso ilícito, prohíben el paso de campesinos hacia algunos sectores de la cabecera y ejercen presión, contra líderes y lideresas locales con el fin de mantener el orden social impuesto por la organización guerrillera”39.

“Los Frentes 5, 18 y 58 y la columna móvil Mario Vélez actúan en diferentes comunidades a lo largo de la serranía de Abibe sumada a la cercanía del Frente 34, que realiza acciones desde el Medio al Bajo Atrato y tiene influencia en el sur occidente del municipio de Mutatá, afectando los resguardos de Chontadural Cañero y la vía que conduce hacia Pavarandó”40.

Esta zona les permite a las estructuras de las FARC que operan en la serranía la posibilidad de recomponerse en lo logístico y

38 Igualmente, en este Informe se resaltan los escenarios de riesgo: “la confrontación armada, La explotación y exploración minera de oro, caliza y arcillas del distrito minero del Nordeste, la estigmatización, los señalamientos y las amenazas de los grupos armados ilegales contra los líderes y organizaciones sociales que se oponen al modelo económico y político que se quiere instaurar en la subregión del nordeste”.39 Defensoría del pueblo Defensoría delegada para la Prevención de Riesgos de violaciones de Derechos Humanos y DIH Sistema de Alertas Tempranas – SAT informe de riesgo n° 019-13 A.I. Pág. 5.40 Ibíd.

3.1

Municipio desplazamiento 2012 Municipio desplazamiento 2013

BAGADÓ 539 SIPí 136

SUÁREz 207 SUÁREz 120

EL TARRA 151 EL LITORAL DEL SAN JUAN 116

VIGíA DEL FUERTE 120 LÓPEz 78

PUEBLO RICO 111 MILÁN 74

POLICARPA 102 TIMBIQUí 69

ARGELIA 87 SAN ANDRéS DE TUMACO 62

MORALES 85 BUENAVENTURA 53

GUAPí 83 ARGELIO 53

ROBERTO PAYÁN 82 LEIVA 52

TIMBIQUí 80 BAJO BAUDÓ 50

EL LITORAL DEL SAN JUAN 65 EL TARRA 47

MEDIO BALúDO 65 BAGADÓ 45

PUERTO LEGUízAMO 64 TARAzÁ 42

BAJO BAUDÓ 64 PUERTO LEGUízAMO 41

SAN ANDRéS DE TUMACO 62 EL ROSARIO 40

PIAMONTE 61 hACARí 38

MILÁN 59 POLICARPA 36

RICAURTE 58 CARTAGENA DEL ChAIRÁ 36

PUERTO GUzMÁN 51 PIAMONTE 36

3

3534

económico, y efectuar procesos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, principalmente de las comunidades indígenas del municipio de Mutatá. La conexión entre Dabeiba y Mutatá es clave para entender la importancia estratégica de este sector y el interés que tienen los grupos posdesmovilización de las AUC por consolidar el control, ya que conecta al Urabá con las subregiones Norte, Occidente y el Bajo Cauca Antioqueño, donde se puede tener acceso a una red de economías legales e ilegales y el control de rutas que conducen a sectores aledaños a Medellín.

“Es importante el escenario que se plantea para el municipio de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá en la que se hace referencia a riesgo para la población civil en Medellín, como queda dicho, se configura a partir de la fragmentación de las organizaciones armadas al margen de la ley ocurrida con posterioridad al proceso de desmovilización de las AUC, La configuración, cooptación o vinculación de nuevas estructuras armadas ilegales en algunos barrios y comunas de Medellín, a partir del vacío de poder y de la ruptura de la línea de mando que generó la desmovilización de los líderes del Bloque Cacique Nutibara de las AUC”41.

Por otra parte:

“… en el Valle de Aburrá la existencia de diversas estructuras armadas que se han fortalecido a través de la instrumentalización y/o cooptación de pequeñas estructuras ilegales de menor poder que han permitido el desarrollo de acciones violentas de los grupos armados ilegales autodenominados “Oficina de Envigado” y “Los Paisas”, que utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales, el terror, el miedo y la intimidación, se suma las pretensiones de las autodenominadas “Águilas Negras” o “Urabeños” y “Los Rastrojos”, grupos armados ilegales provenientes de otras regiones del país, de ingresar a algunas zonas de Medellín con el fin de reclutar menores de edad, jóvenes o personal

desmovilizado de las antiguas AUC prometiéndoles dinero y otros beneficios”42.

En los cuadros siguientes se hace referencia a desplazamientos de tipo masivo e individual que se presentaron en municipios conformados en la regionalización descrita.

En cuanto a desplazamientos tipo masivo ocurridos en los años 2012 y 2013, según la información del RUV con corte a marzo de 2014, se encuentran registradas un total de 4.546 personas desplazadas. Para el año 2012 en esta subregión se presentaron un total de 14 desplazamientos masivos, con un total de 1.603 personas reconocidas. Los municipios con mayor número de personas desplazadas en un evento masivo fueron: Medellín (619 personas), Vigía del Fuerte (445 personas) y Segovia (231 personas. En el departamento de Córdoba se desplazaron 181 personas en dos eventos masivos. Para el año 2013 se encuentran incluidos en el RUV 14 desplazamientos masivos que corresponden a 2.943 personas, y los municipios con mayor número de personas desplazadas en eventos masivos en esta subregión fueron: Tierralta (713 personas), El Bagre (661 personas), Amalfí (534 personas), Tarazá (504 personas) y Medellín (412 personas).

Es importante señalar que hay una gran afectación a las comunidades negras e indígenas como consecuencia de estos desplazamientos masivos, ya que del total de personas desplazadas en eventos masivos entre los años 2012 y 2013, 1.580 hacen parte de este grupo poblacional. Este impacto se puede ver reflejado en los desplazamientos ocurridos en el municipio de Vigía del Fuerte en donde se vieron afectadas las comunidades negras y afrocolombianas; en el municipio de El Bagre (Antioquia) en donde salió desplazada en un evento 607 personas pertenecientes a la comunidad Zenú, y en el municipio de Tierralta en donde se desplazaron 348 personas de la comunidad Embera Katio.

Departamento Municipio 2012 Total personas desplazadas 2012 2013 Total personas

desplazadas 2013

ANTIOQUIA

AMALFI 0 0 1 534

EL BAGRE 0 0 2 661

MEDELLíN 5 619 3 412

SEGÓVIA 1 231 0 0

TARAzÁ 0 0 1 504

TURBO 0 0 1 44

VIGIA DEL FUERTE 4 445 0 0

YARUMAL 1 73 0 0

zARAGOzA 0 0 1 75

CÓRDOBATIERRALTA 2 181 5 713

VALENCIA 1 54 0 0

TOTAL 14 1603 14 2943

Cuadro 16. Desplazamientos masivos43 2012 – 2013. Municipios de la Subregión Valle de Aburrá / Bajo Cauca /Norte y Nordeste de Antioquia / Urabá.Fuente: Unidad para las Víctimas, con corte a marzo de 2014

41 Defensoría del Pueblo - Regional Antioquia. Informe sobre desplazamiento forzado en Antioquia y valoración de la política pública de atención integral. Medellín 2011. Pág. 245.42 Ibíd.43 Se entiende por desplazamiento masivo, el desplazamiento forzado de 10 o más hogares o más de 50 personas. El total de personas que se desplazaron individualmente se hace referencia a los censos masivos presentes en las declaraciones.

Departamento Municipio 2012 2013 Total General

ANTIOqUIA

MEDELLíN 14206 7963 22169

TURBO 1641 1385 3026

TARAzÁ 906 1695 2601

SEGOVIA 1711 920 2631

EL BAGRE 675 1590 2265

zARAGOzA 607 483 1090

YARUMAL 551 291 842

AMALFI 239 220 459

VEGAChI 342 202 544

VIGíA DEL FUERTE 665 93 758

CÓRDOBA

TIERRALTA 1970 2122 4092

MONTELíBANO 838 532 1370

PUERTO LIBERTADOR 892 893 1785

VALENCIA 227 219 446

Cuadro 17. Desplazamientos individuales 2012-2013. Municipios de la Subregión Valle de Aburrá / Bajo Cauca / Norte y Nordeste de Antioquia / Urabá.Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104.

Región Pacífico. Por sus especiales características estratégicas, ha mantenido históricamente presencia de actores armados ilegales en todos los procesos de violencia del país. Esta condición se encuentra a partir de su privilegiada y próspera localización que la ubica en un área determinante para el tránsito hacia los países del Cono Sur, volviéndola determinante en los procesos de integración y de acuerdos para el desarrollo. Este último, precisamente, es el detonante que aprovechan las organizaciones ilegales para implementar prácticas económicas ilícitas, debido a que esta región aporta características importantes que les permiten a estas organizaciones una capacidad de maniobra y su fortalecimiento. Pese a hacer parte de los acuerdos para el desarrollo, la región no cuenta con la infraestructura y la política social adecuada para garantizar un acceso eficiente de la población a los bienes y servicios del Estado.

En este contexto resalta el caso de Buenaventura, uno de los pilares para el tránsito de comercio de bienes que salen e ingresan al país. Este es un municipio principal para la movilidad de la población porque se encuentra ubicado al centro del litoral Pacífico colombiano. Por su ubicación, además, es determinante para el dominio y consolidación de la costa caucana. Su ubicación lo hizo acreedor de ser denominada la capital de la Alianza del Pacífico, y por lo tanto eje de innumerables proyectos de inversión para el mejoramiento y ampliación de la actividad portuaria, el incentivo del turismo, el fomento de la extracción y explotación minera, pesquera y forestal, y el desarrollo de la movilidad a través de la construcción de una doble calzada que permitirá la reducción de tiempos de tránsito hacia el municipio. Lo anterior ha dinamizado la presencia de actores ilegales de orden trasnacional que ven en la implementación de planes de desarrollo un ambiente propicio para establecer acciones que conlleven al mejoramiento de sus rentas ilícitas (minería ilegal, extorsión a baja escala, microcomercio y repoblamiento estratégico), como una estrategia que garantiza la

3.2 reproducción de sus estructuras y el dominio del territorio. Las situaciones de impacto humanitario de la región Pacífico también son atribuidas por la comunidad a las nuevas formas de producción y explotación de los recursos, debido a que afectan las formas propias de supervivencia pues las políticas extractivas suelen afectar las condiciones medio ambientales. Por otra parte, la estrategia de los grupos ilegales de apoderarse del territorio los lleva a especializarse en zonas con características ejemplares, tales como la capacidad de producción o el dominio sobre corredores de movilidad.

En la actualidad, el reposicionamiento de estructuras armadas ilegales y el incremento de acciones contra la población radican en las disputas por el control y recuperación del territorio ocupadas por otras agrupaciones armadas ilegales, así como también corresponde a una respuesta a los esfuerzos de la Fuerza Pública para mantener el orden público y consolidar la presencia estatal. Estas situaciones han determinado un contexto en materia de vulneración de derechos e impacto humanitario que genera situaciones que conllevan al desplazamiento, y que se ven reflejados en las declaraciones incluidas en el RUV.

En cuanto a los desplazamientos masivos en esta subregión ocurridos en los años 2012 y 2013, se encuentran incluidas en el RUV un total aproximado de 31.434 personas. En el año 2012 se encuentran 87 eventos que incluyen a 24.548 personas desplazadas, principalmente en los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), y Suárez, Morales y Guapi (Cauca). Para ese año los municipios que presentaron mayor número de personas desplazadas por eventos masivos fueron Buenaventura (5.467 personas), Bagadó (4.370 personas), Suárez (3.453 personas), Morales (1.352 personas), Toribío (1.250 personas), Medio Baudó (1.222 personas), Guapi (1.030 personas) y Ricaurte (757 personas). En Es importante mencionar al municipio de Bagadó, pues en tan solo 3 eventos se desplazaron 4.370 personas.

3

3736

En cuanto al año 2013 se encuentran incluidas en el RUV 6.886 personas, que corresponden a 45 eventos registrados a corte de marzo de 2014. Los municipios con mayor número de personas desplazadas asociadas a eventos masivos fueron Litoral de San Juan (1.417 personas), Leiva (1.280 personas), Suárez (934 personas), López (544 personas) y Buenaventura (543 personas). En este caso, es importante mencionar al municipio de Litoral de San Juan, el cual en el año 2012 no produjo eventos de desplazamiento masivo, pero en el año 2013 tuvo 5 eventos donde se desplazaron 1.417 personas.

Con respecto a lo anterior es importante recalcar las afectaciones que están sufriendo las comunidades étnicas, es así que del total de personas desplazadas asociadas a

estos eventos masivos, 23.431 corresponden a este grupo poblacional. Esto se puede notar en municipios como Bagadó en donde del total de personas asociadas a desplazamientos masivos afectaron al pueblo Embera. Así mismo, la victimización al pueblo Awá en los municipios de Ricaurte y Tumaco en el departamento de Nariño. Igualmente, la afectación al pueblo Nasa en los municipios ubicados en el norte del Cauca, como Suárez, Caldono, Toribío, Caldono, Morales y Jambaló y en el municipio de Pradera (Valle del Cauca); y de la comunidad Eperara Siapidara en el municipio de Guapí. Así mismo, se hace mención a los desplazamientos de comunidades negras ubicadas en el municipio de Buenaventura, Guapí, Litoral de San Juan, López, Timbiquí y Sipí, que se encuentran en la costa Pacífica.

Departamento Municipio 2012 Total personas desplazadas 2012 2013 Total personas

desplazadas 2013

VALLE DEL CAUCABUENAVENTURA 16 5467 4 543

PRADERA 2 216 0 0

ChOCÓ

ALTO BAUDÓ 0 0 1 93

BAGADO 3 4370 0 0

BAJO BAUDÓ 0 0 1 67

BOJAYÁ 0 0 3 132

CARMEN DE ATRATO 1 183 1 189

LITORAL E SAN JUAN 0 0 5 1417

MEDIO BAUDÓ 3 1222 0 0

MEDIO SAN JUAN 1 381 0 0

PIzARRO 1 120 0 0

QUIBDÓ 1 42 0 0

RIOSUCIO 0 0 4 167

SIPI 0 0 1 362

NARIÑO

LEIVA 4 421 6 1280

MAGUI PAYAN 1 75 1 23

OLAYA hERRERA 0 0 1 41

POLICARPA 3 627 0 0

RICAURTE 4 757 0 0

ROBERTO PAYAN 4 639 0 0

SANTA BÁRBARA 1 460 0 0

TUMACO 3 574 1 43

ARGELIA 2 178 0 0

CAUCA

BUENOS AIRES 0 0 1 281

CALDONO 1 184 0 0

COLOTO 2 176 0 0

EL TAMBO 1 56 0 0

GUAPí 5 1030 0 0

JAMBALÓ 1 282 0 0

LÓPEz 0 0 2 544

MIRANDA 4 617 4 368

MORALES 7 1352 0 0

SUÁREz 11 3543 6 934

TIMBIQUí 2 326 1 233

TORIBIO 3 1250 2 169

TOTAL 87 24548 45 6886

Cuadro 18. Desplazamientos masivos en la región Pacífico entre 2012 y 2013.Fuente: Unidad para las Víctimas, con corte a marzo de 2014.

Cuadro 19. Municipios con mayor desplazamiento individual. Región Pacífico, 2012 - 2013.Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104.

Departamento Municipio 2012 2013 Total General

ChOCÓ

QUIBDÓ 1627 1900 3527

LITORAL DEL SAN JUAN 924 1689 2613

BAJO BAUDÓ 1085 859 1944

RIOSUCIO 347 996 1343

ISTMINA 432 123 555

NARIÑO

TUMACO 11628 11183 22811

OLAYA hERRERA 1244 754 1998

BARBACOAS 1236 637 1873

POLICARPA 1619 591 2210

SAMANIEGO 1064 570 1634

VALLE DEL CAUCA

BUENAVENTURA 16627 20344 36971

CALI 1135 1503 2638

PRADERA 808 254 1062

FLORIDA 243 149 392

CAUCA

GUAPí 2458 644 3102

TIMBIQUí 1700 1480 3180

LÓPEz DE MICAY 859 1559 2418

CALOTO 736 177 913

SANTANDER DE QUILIChAO 568 439 1007

ARGELIA 2272 1381 3653

MIRANDA 716 506 1222

CAJIBíO 577 386 963

EL TAMBO 1709 1167 2876

CALDONO 409 117 526

PIAMONTE 440 259 699

MORALES 2152 254 2406

BALBOA 699 470 1169

CORINTO 582 307 889

La zona Pacífico establece escenarios de riesgo tanto en el entorno rural como en el urbano. Aunque comparten presencia, los grupos armados ilegales se diferencian por el uso y la importancia que estos le dan al territorio, por la dinámica de la confrontación armada en esas zonas, y por las vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al DIH que afectan a distintos grupos poblacionales.

De acuerdo con diversas Notas de Seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas44, para los municipios del Pacífico relacionados en el cuadro 19, la agudización de los escenarios de riesgo se da por la intensificación de las acciones bélicas de las FARC-EP contra la Fuerza Pública, tanto en la zona rural como en la urbana, que causan consecuencias humanitarias en la población civil. De la misma manera, se aprecia una coordinación de actividades ilícitas entre las FARC-EP y “Los Rastrojos” para la siembra, producción, venta y comercialización de la pasta de coca, y de la actividad minera ilegal, que está significando un incremento en los controles sobre la población civil, traducido en actos de intimidación y presiones de diferentes tipos.

Por otra parte, en la cabecera distrital del municipio de Buenaventura se ha conformado una agrupación criminal autodenominada “La Empresa”, encargada de ejecutar acciones de violencia, dirimir conflictos y distribuir espacios barriales y mercados lícitos e ilícitos. El posicionamiento en Buenaventura del grupo armado ilegal “Los Urabeños” se estaría realizando a partir de los servicios ofrecidos por “La Empresa”. Aunado a ellos existen indicios, relacionados por la comunidad así como por las entidades municipales, de la entrada en escena de un grupo denominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, las cuales se encuentran disputando el territorio a “Los Urabeños”. Por otra parte la complejidad del escenario de confrontación en el municipio de Buenaventura, ha expandido los escenarios de violencia a las partes altas del municipio de Cali, especialmente en zonas deprimidas, como el cerro de Siloé en la comuna 12.

De acuerdo a la Defensoría el escenario de riesgo para la población en los municipios del Pacífico con mayor incidencia, se complejiza por los siguientes factores:

44 Notas de Seguimiento N° 012-12, N° 019-12, N° 005-13, N° 013-12, N° 016-12, e Informe de Riesgo N° 027-13.

3

3938

• El reordenamiento o reconfiguración de las estructuras de “Los Rastrojos”, lo que implica disputas internas entre las diferentes facciones con el propósito de constituir nuevos mandos en la zona.

• El ingreso del grupo ilegal “Los Urabeños” al Valle del Cauca durante el 2011, y las supuestas alianzas que han establecido con reductos de “Los Machos” para disputarle el control territorial a “Los Rastrojos”, que ha producido un incremento en las acciones violentas, como los homicidios, que se caracterizan por la crueldad y sevicia que incluyen la tortura y el desmembramiento de los cuerpos

• La escisión de “Los Rastrojos” y el debilitamiento de sus fuentes de financiación, trajo consigo el cobro de extorsiones y las amenazas e intimidaciones contra los sectores económicos, bajo el entendido de que debían “colaborar con la causa”.

De esta manera, se percibe en la población un ambiente de temor ante la ocurrencia de homicidios, por la presencia de auxiliadores y miembros de “Los Rastrojos”, y particularmente, por la expansión de la actividad de narcomenudeo.

La división interna en el grupo armado ilegal “Los Rastrojos” se profundizó con la conformación de una nueva estructura armada ilegal que busca la paulatina eliminación de disidentes y de los que consideran su base social, o de quienes señalen como sus auxiliadores o colaboradores. La disputa que libran estos grupos armados ilegales por los sectores aledaños al municipio de Trujillo, tiene como fin controlar el acceso a la zona del Cañón de Las Garrapatas en límites con el departamento del Chocó, donde “Los Rastrojos” han sido el actor preponderante desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC, y dónde “Los Urabeños” pretenden asumir su proceso de expansión y fortalecimiento.

La Defensoría del Pueblo ha identificado dos escenarios de riesgo relacionados con la presencia de las FARC-EP y de los grupos armados ilegales autodenominados “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”. De un lado, “Los Urabeños” avanzan en un proceso de expansión de su organización, particularmente en el corredor que comunica al occidente del país y la costa Pacífica colombiana en una lucha armada que libran con “Los Rastrojos” por la hegemonía territorial, el control social y de las economías legales e ilegales; y por otro lado, principalmente en las zonas rurales, se mantiene la presencia de las FARC-EP que buscan mantener el control de territorial que permite mantener la movilidad de combatientes y pertrechos entre los departamentos de Valle del Cauca y Tolima. De acuerdo a los escenarios de riesgo mencionados, es factible que en la zona urbana se mantengan los ciclos de violencia por la disputa armada entre “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”, y en las zonas rurales que las FARC-EP continúen presionando a la población civil para contener el avance de la Fuerza Pública:

“Durante el periodo comprendido desde la emisión de la Nota de Seguimiento 012-12 del 23 de agosto de 2012 a la fecha, la Defensoría del Pueblo a través del SAT ha identificado transformaciones en la dinámica de violencia en Buenaventura por la confrontación entre los grupos

armados ilegales autodenominados “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, que generan amenazas sobre las comunidades y sus líderes, desapariciones forzadas, asesinatos, y desplazamientos forzados, de manera especial, en el área urbana.De otro lado, de acuerdo con el monitoreo realizado por el SAT, se ha identificado en el sector centro occidental de Buenaventura, en límites con el municipio de Dagua y los corregimientos de Córdoba, Triana y Cisneros, que aunque el ELN no ha tenido una presencia fuerte en esta zona, si ha buscado ampliar su influencia en la vía que conduce al puerto por varios factores:

1) Es la principal zona de acceso vial al puerto de Buenaventura; 2) Se accede al mar por los ríos Dagua y Anchicayá.3) los grupos armados ilegales obtienen recursos de actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, la intervención en minería ilegal (como el caso del corregimiento Zaragoza), el acceso a zonas de cultivos de uso ilícito y producción de estupefacientes, el robo de combustibles y derivados del petróleo por la cercanía al poliducto del pacífico.

Los municipios Leiva, El Rosario, Cumbitara y Policarpa, en el departamento Nariño, por su ubicación en las estribaciones de la cordillera nariñense son lugar de paso obligado para los grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y Los Rastrojos hacía la zona del pacífico y a la frontera con la República del Ecuador. Dichos factores, comunes también a su conformación espacial y social, se relacionan de manera directa con las afectaciones sobre la población civil. De hecho, el interés de los grupos armados obedece al uso de este corredor de movilidad para la realización de acciones armadas, el establecimiento de zonas de retaguardia y para acceder y controlar territorios entre los departamentos de Cauca y Nariño”45.

Región Central. Los departamentos de esta Región están ubicados en la parte centro occidente de Colombia y tienen características geográficas de relieve andino y llanura, con gran variedad de climas y con la presencia de importantes arterias fluviales (Cauca y Magdalena). Así mismo, cuenta con una amplia red de vías que le permite comunicarse con todas las regiones del país. Adicionalmente, los departamentos del Tolima y Huila están ubicados en una zona estratégica (la vertiente entre la cordillera Oriental y Central) siendo un punto de conexión entre el sur y el centro del país.

En esta región se ubican los municipios “históricos” de la presencia de las FARC-EP, ubicados en el sur del Tolima y en el sur del Meta, lo que hace de esta región un centro de operaciones subversivas importante. Por otra parte, en la estrategia de la Política Integral de Seguridad y Defensa del Estado, esta región ha sido foco para contrarrestar las acciones armadas de la guerrilla y también como zona de

consolidación territorial. En los municipios ubicados en el sur del Tolima, las acciones armadas de las FARC-EP están encaminadas a desarrollar el “Plan Renacer” por medio de estrategias no convencionales como la implementación de minas antipersonal y de otras formas de coacción contra la población civil como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Es así que la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo No. 017-2012 se refiere:

“La población civil del sur del Tolima sufre los efectos de la confrontación armada. De hecho, las comunidades campesinas e indígenas que habitan en la zona rural han visto constreñidos sus derechos fundamentales. Las Farc, en su propósito de impedir el avance de la Fuerza Pública y mantener las líneas de abastecimiento e información para las estructuras guerrilleras, ejercen coacción armada contra la población de los sectores rurales de influencia del Frente 21 de las Farc”.

Por otra parte, en una Nota de Seguimiento de mayo de 2011, se señaló que “[e]l Gobierno Nacional, en aras de recuperar el control del territorio de la región de La Macarena, y en este caso la jurisdicción de los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Lleras, considerado una zona estratégica para la guerrilla de las FARC… había fortalecido las operaciones militares contrainsurgentes, antinarcóticos y de acción cívico militar”46.

En los municipios ubicados en el departamento del Meta, específicamente en el sur, las acciones de las FARC-EP están encaminadas a la disputa con otros grupos armados por el control territorial ya que es una zona de fuerte presencia de cultivos ilícitos y de otras rentas ilegales. Cabe recordar que las acciones de la Fuerza Pública en la zona llevaron a la caída del jefe máximo de la estructura del ERPAC, alias Cuchillo, y a la organización a entregarse a las autoridades. Esta situación terminaría con la libertad de los cerca de 240 integrantes y el inicio de un nuevo fenómeno de violencia y estructuras criminales conocidas como el Bloque Meta y Libertadores del Vichada, los cuales han venido desarrollando prácticas de extorsión al comercio así como desapariciones forzadas y algunas incorporaciones tempranas a las redes delictivas que afectan en su mayoría a niños, niñas y adolescentes.

3.3

45 Informe de Riesgo N° 027-13 del 20 de agosto de 2013.

46 Nota de Seguimiento N° 012-11 del 7 de mayo de 2011. Cuarta Nota al Informe de Riesgo N° 032-07 A.I. del 16 de noviembre de 2007, p. 2.47 Nota de Seguimiento N° 008-12 del 8 de agosto de 2012. Quinta Nota al Informe de Riesgo N° 032-07 A.I. del 16 de noviembre de 2007, p. 3. 48 Semana. 1 de diciembre de 2012. “Delincuencia en Colombia: bandas desbandadas”. 1 de diciembre de 2012. http://www.semana.com/nacion/articulo/delincuencia-colombia-bandas-desbandadas/268712-3 Fecha de consulta: 25 de mayo de 2014.

Respecto a lo anterior, el Sistema de Alertas Tempranas menciona:

“Desde hace varios años las FARC-EP vienen ejecutando una serie de acciones violentas cuyo fin es contener las tareas de recuperación territorial que ejecuta la Fuerza Pública, controlar algunas de las fases del negocio del narcotráfico y obtener recursos económicos por medio de las extorsiones, aspectos que se producen sobre la base del control territorial y poblacional, a partir de la imposición de un conjunto de normas, cuyo inobservancia, por lo general, trae consecuencias para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de la población civil”47.

Otro de los puntos estratégicos de especial atención para los grupos ilegales se establece en el corredor de Risaralda hacia el Pacífico, en el cual se ubican los municipios de Mistrató y Pueblo Rico. Este corredor es importante para los grupos armados para la movilización de productos derivados de cultivos ilícitos y de minería ilegal. Las comunidades indígenas ubicadas en la zona han sido afectadas por la presencia de grupos armados como las FARC-EP, el ELN y “Los Rastrojos”.

Por otra parte, en un reciente informe, la ONG Indepaz identifica a cuatro bandas criminales que tienen presencia en la Región Central: “Los Rastrojos”, “Los Urabeños”, “Los Paisas” y “Los Machos”. Estos grupos se financian de distintas formas siendo el control del microtráfico de drogas en regiones como el Eje Cafetero y Bogotá, una de sus principales fuentes de ingresos. La guerra desatada entre estas dos estructuras fue descrita por la revista Semana del siguiente modo:

“La lucha entre sus hombres y los de la Cordillera se ha extendido a la capital del país. Los dos grupos que se enfrentaron en el Bronx con armas largas eran, uno, aliado de la Cordillera, y el otro, de los Urabeños. Ni la capital del país se salva de las nuevas modalidades de violencia que está trayendo consigo la reconfiguración de las bandas del narcotráfico”48.

Los desplazamientos masivos en las regiones anteriormente descritas, para el año 2012 registraron un total de 1.230 personas, siendo el municipio de Pueblo Rico (Risaralda) con 1.105 personas desplazadas, el municipio con mayor número de desplazamientos, para un total de tres eventos masivos. El total de personas afectadas en este municipio pertenecen al Pueblo Embera.

Cuadro 20. Departamentos con mayor cantidad de desplazamientos masivos en la Región Central, 2012 - 2013Fuente: Unidad para las Víctimas, con corte a marzo de 2014

Departamento Municipio 2012 Total personas desplazadas 2012 2013 Total personas

desplazadas 2013

RISARALDA PUEBLO RICO 3 1105 0 0

META PUERTO CONCORDIA 1 61 0 0

CUNDINAMARCA SOAChA 1 61 0 0

TOTAL 5 1230 0 0

3

4140

Cuadro 21. Municipios con mayor nivel de desplazamientos individuales en la Región Central, 2012 – 2013Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104

Departamento Municipio 2012 2013 Total Desplazadas

TOLIMA

IBAGUé 997 815 1812

PLANADAS 824 725 1549

ChAPARRAL 806 507 1313

RIOBLANCO 722 496 1218

ATACO 550 434 984

COVAIMA 481 618 1099

ROVIRA 518 352 870

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 552 269 821

META

VISTA hERMOSA 561 345 906

PUERTO RICO 402 260 662

LA URIBE 304 257 561

MAPIRIPÁN 359 275 634

LA MACARENA 325 241 566

MESETAS 246 136 382

HUILA

ALGECIRAS 706 400 1106

NEIVA 672 450 1122

GARzÓN 407 370 777

PITALITO 401 323 724

SAN AGUSTíN 347 259 606

Región Magdalena Medio / Santanderes / Caribe. El contexto de esta región se ha caracterizado por presentar manifestaciones diversas debido a la presencia de grupos armados. En esta región tuvieron presencia con mayor intensidad las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en gran medida grupos guerrilleros. Por ejemplo, el departamento de Santander es descrito por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República de la siguiente forma:

“… tiene un valor estratégico importante debido a que hace parte del grupo de regiones que conforman el corredor que conecta la frontera de Venezuela con la zona de Urabá y, los Océanos Atlántico y Pacífico. Por otra parte, posee una extensa red hídrica y su orografía ofrece ventajas para los grupos armados al margen de la ley por contar con zonas muy altas, planas y bajas”.

Adicionalmente, el departamento de Norte de Santander cuenta con la región del Catatumbo, que tiene una ubicación estratégica por limitar con Venezuela:

“Es muy rica en diversidad biológica y cultural, gran parte de la cual es reserva forestal y tiene la presencia de dos resguardos indígenas y del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, área de reserva binacional compartida con el parque del Perijá en el estado de Zulia. A ello se añade su riqueza mineral, porque en el subsuelo del Catatumbo hay importantes reservas de petróleo, carbón y uranio”49.

3.4 En cuanto a recursos naturales la exploración y explotación de petróleo se enfocan en el municipio de Tibú; aparte de estos recursos, se pueden encontrar proyectos de palma africana y explotación maderera. Y, por último, cultivos de coca y contrabando de gasolina.

La subregión establece un marco de confrontación entre distintas estructuras armadas ilegales que convergen en la zona. Luego del proceso de desmovilización, y casi en forma paralela, se inició el reacomodamiento de las estructuras disidentes que se ubicaban en el área del Catatumbo, al norte del departamento del Cesar, y en el Magdalena y Magdalena medio. Estas estructuras se darían a conocer en un principio como Águilas azules, rojas, blancas y doradas y que luego del proceso de extradición de los jefes paramilitares se constituirían como las “Águilas Negras”. Con la concentración de las distintas estructuras autodenominadas “Águilas” se inició un camino criminal hacía las regiones del Caribe y los Santanderes, sobre todo en aquellas zonas que permitían mayor capacidad de movilidad y tránsito fronterizo ubicándose hacia el área comprendida entre los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander.

Los municipios de mayor afectación por eventos de conflicto, son los que históricamente han tenido este tipo de accionar (Tibú, Teorama, San Calixto y El Tarra). En los demás municipios, aunque son menores los eventos, también se constata una afectación sobre la población

civil. En los municipios del Catatumbo se puede concluir que los eventos con mayor frecuencia son los combates, enfrentamientos y hostigamientos, principalmente entre las FARC-EP y el ELN. Así mismo, se han presentado eventos relacionados con el ataque a infraestructura, en particular petrolera, en los municipios en donde hay presencia de explotación de este recurso y ataques a estaciones de policía en una frecuencia alta. En el Informe de Riesgo No 002 de 2013, la Defensoría del Pueblo refiere:

“Las guerrillas de las FARC, el ELN, el reducto del EPL, así como diversas estructuras armadas surgidas con posterioridad a la desmovilización de las AUC, operan en la región del Catatumbo y en la zona de frontera entre el departamento de Norte de Santander y la República Bolivariana de Venezuela, persiguiendo intereses de posicionamiento y control territorial, exacción de diversas rentas económicas legales e ilegales, interferencia en las administraciones municipales y en los recursos públicos”.

Esta subregión se hace más compleja al encontrar en ella corredores compartidos con el departamento de Arauca. Estos corredores de movilidad brinda facilidades a las organizaciones armadas para el tráfico de estupefacientes, armamento y vituallas, a través de la zona de frontera internacional, que por su topografía ofrece amplias posibilidades de circulación, así como zonas de refugio y retaguardia. Por otra parte, la explotación de recursos mineros, de forma particular el petróleo, es empleada por la guerrilla para sacar provecho económico por medio de la extorsión, la captura de rentas y las exacciones50. Las guerrillas mantienen control poblacional y territorial especialmente del corredor fronterizo sobre el río Arauca, como escenario territorial en el cual fortalecen sus fuentes de financiación, e incrementan su interferencia en la institucionalidad regional y local, a ambos lados de la línea fronteriza51.

Luego de la desmovilización de las autodefensas apareció una nueva facción armada integrada por antiguos combatientes no desmovilizados del Bloque Vencedores del Arauca, los cuales una vez ocurrido el proceso de desarme y desmovilización habrían permanecido de manera anónima en la región, y también por desmovilizados que regresaron a los municipios de Tame (Arauca) y Hato Corozal (Casanare). Dicha estructura armada ilegal, en un comienzo guardó bajo perfil haciéndose llamar “Dignidad por Arauca”, emitiendo comunicados de tinte político, con vocación antisubversiva. Posteriormente, ante la aparición de las autodenominadas “Águilas Negras”, se habrían vinculado a dicha organización, en nombre de la cual

distribuyeron panfletos amenazantes y habrían cometido algunos homicidios, sobre todo en los dos municipios mencionados52. Esta subregión fue una de las regiones más golpeadas por las acciones de las AUC y actualmente presenta factores de riesgo por la presencia de actores armados emergentes.

De acuerdo al Sistema de Alertas Tempranas, en el departamento de Arauca un primer escenario de riesgo lo configuran las acciones violentas que realizan las guerrillas del ELN (Comisión Ernesto Che Guevara), y las FARC-EP (Frentes 10, 28, 38 y 45), en el área urbana y rural, las cuales afectan a la población civil que es víctima de amenazas de muerte proferidas de manera personal y directa, por llamadas telefónicas, mensajes de texto, panfletos y grafitis; de homicidios selectivos perpetrados contra niños y hombres entre 15 y 40 años; de la instalación de artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal; de secuestros, ya sean de tipo político o extorsivo; del reclutamiento forzado y la violencia sexual contra mujeres y niñas; del desplazamiento forzado; y del confinamiento de comunidades indígenas y campesinas, entre otras53.

El informe refiere que “[l]as amenazas e intimidaciones generalmente están dirigidas contra servidores públicos de la administración municipal, quienes en varias ocasiones han sido declarados “objetivos militares”, por pertenecer al Partido de Unidad Nacional o partido de la U, cuyos militantes han sido señalados de implementar y respaldar en la región las iniciativas del Gobierno nacional. Estas amenazas son proferidas desde teléfonos celulares (a veces desde números de compañías de comunicación venezolanas), en los que les exigen a los funcionarios la renuncia y la salida inmediata del departamento de Arauca, so pena de sufrir retaliaciones”54. Estos hechos generalmente son responsabilidad de las guerrillas de las FARC-EP y el ELN.

En cuanto a los desplazamientos masivos incluidos en el RUV en esta región, se identificó entre los años 2012 y 2013 a un total de 3.166 personas. Para el año 2012 los municipios con mayor número de personas desplazadas en eventos masivos se encuentran en: El Tarra (1.204 personas), Fonseca (361 personas) y Santa Rosa del Sur (286 personas). Por su parte, para el año 2013 los municipios con mayor número de personas desplazadas en eventos masivos corresponden a los municipios de Riohacha (233 personas) y Cúcuta (508 personas). La población afectada mayoritariamente corresponde a población civil y de la comunidad Wayuu en La Guajira.

49 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Resolución Defensorial No. 46. Situación Social y Ambiental de la Región del Catatumbo. Bogotá. Diciembre de 2006.

50 Nota de Seguimiento N° 004-11 del 18 de marzo de 2011. Cuarta Nota al Informe de Riesgo N° 020–08 A.I. del 15 de septiembre de 2008, p. 2.51 Nota de Seguimiento N° 029-11 del 28 de noviembre de 2011. Tercera Nota al Informe de Riesgo N° 028-08 del 2 de diciembre de 2008, p. 4.52 Informe de Riesgo N° 020-11 A.I. de diciembre 28 de 2011, pp. 3-4.53 Informe de Riesgo N° 031-12 de diciembre 14 de 2012, p. 3.54 Ibíd., p. 4).

3

4342

3

Cuadro 22. Desplazamientos masivos. Región Magdalena Medio / Santanderes / Caribe, 2012 – 2013Fuente: Unidad para las Víctimas, con corte a marzo de 2014

Departamento Municipio 2012 Total personas desplazadas 2012 2013 Total personas

desplazadas 2013

BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR 1 286 0 0

LA GUAjIRA

FONSECA 2 361 0 0

MAICAO 1 169 0 0

RIOhAChA 0 0 1 233

MAGDALENA SANTA MARATA 1 47 0 0

NORTE DE SANTANDER

CúCUTA 0 0 1 508

EL TARRA 6 1204 3 147

SAN CALIxTO 1 101 0 0

TEORAMA 1 110 0 0

TOTAL 13 2278 5 288

Cuadro 23. Desplazamientos individuales. Región Magdalena Medio / Santanderes / Caribe, 2012 – 2013Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104

Departamento Municipio 2012 2013 Total Desplazadas

NORTE DE SANTANDER

EL TARRA 1639 513 2152

TEORAMA 806 223 1029

CúCUTA 806 1333 2139

SARDINATA 463 189 652

SAN CALIxTO 260 101 361

hACARí 204 400 604

CONVENCIÓN 157 233 390

LA PLAYA 73 37 110

EL CARMEN 119 104 223

TIBú 582 689 1271

ARAUCA

TAME 895 307 1202

ARAUQUITA 540 198 738

ARAUCA 532 231 763

SARAVENA 509 201 710

LA GUAjIRA

MAICAO 724 177 901

DIBULLA 391 205 596

FONSECA 554 45 599

RIOhAChA 463 556 1019

CÓRDOBA

AYAPEL 457 252 709

SAN BERNARDO EL VIENTO 187 109 296

BUENAVISTA 153 107 260

LORICA 175 129 304

SAN JOSé DE UBE 142 78 220

MONTERíA 596 294 890

MAGDALENA

SANTA MARTA 1213 856 2069

CIéNAGA 262 193 455

zONA BANANERA 177 120 297

BOLÍVAR

SANTA ROS DEL SUR 607 246 853

MONTECRISTO 371 535 906

CARTAGENA 282 218 500

AChí 194 104 298

EL CARMEN DE BOLIVAR 234 103 337

SIMITí 128 146 274

Región Sur. Está conformada por los departamentos de Caquetá, Huila, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y Putumayo. Estos se caracterizan por estar alejados de los focos tradicionales del desarrollo nacional. Estos departamentos han sido el epicentro del accionar de los grupos armados ilegales por su difícil acceso, pues permiten el cultivo, procesamiento y transporte de droga hacia el exterior.

En el departamento de Guaviare y en el sur del Meta, las FARC-EP mantienen presencia por medio de los Frentes 1, 7, 44, 16, y la Compañía Víctor Saavedra. También se ha registrado el accionar de las bandas criminales autodenominadas Bloque Meta y Libertadores del Vichada. En estos departamentos se ha incrementado el enfrentamiento entre estas estructuras armadas por el control de las zonas en donde se entrecruzan actividades relacionadas a la economía de la guerra, sustentada en cultivos de uso ilícito, junto a extorsiones a ganaderos y comerciantes. Durante la confrontación armada, los grupos ilegales han recurrido al uso indiscriminado de minas antipersonal y artefactos explosivos en centros poblados, junto a la utilización de territorios indígenas para la conducción de actividades económicas ilegales. A causa de lo anterior, ha recrudecido la crisis humanitaria por el desplazamiento de habitantes, situación presentada en Puerto Concordia y Mapiripán en donde las personas afirman haber sido amenazados por las FARC-EP. Así mismo, en San José del Guaviare, el 27 de enero de 2013, este grupo guerrillero quemó un bus y atentó contra un local comercial en el centro de la capital departamental. Para aumentar el número de combatientes han recurrido a la vinculación forzada de menores de edad, por medio de falsas promesas laborales en fincas de la región. Sin embargo, son obligados a realizar distintas actividades, en especial de inteligencia.

En el departamento del Vichada la situación se ha recrudecido por el regreso del Frente 16 de las FARC-EP, que fue duramente golpeado por la Fuerza Pública desde el 2008. En 2012 incrementó su accionar para recuperar el territorio perdido por medio de homicidios selectivos, instalación de artefactos explosivos y, en especial, a través de la vinculación forzada de menores. Con estas acciones el Frente 16 busca reposicionarse en el sector y ha promovido la siembra de cultivos ilícitos en los territorios de las comunidades indígenas.

La situación en el departamento del Guainía es similar. Desde el 2012, las FARC-EP regresaron al departamento y para financiar sus actividades han basado sus acciones en la instalación de retenes y cobro de peajes a las embarcaciones. En las rutas fluviales del río Orinoco, en especial las que conducen hacia Venezuela, se presentan casos en donde cobran por víveres y productos de construcción, y en algunas ocasiones decomisan la mercancía de las personas. Este departamento es de vital importancia para los grupos ilegales porque sus áreas selváticas permiten establecer zonas de abastecimiento y operación, a través de corredores que permiten el tráfico de armas, drogas ilegales y percusores químicos. Otro elemento que la le ha dado importancia es la presencia

3.5 de recursos mineros como el oro y el coltán, que ganaron importancia en la década de los ochenta. Este último se ha convertido en una nueva forma de financiación de los grupos ilegales; las FARC, por medio del Frente Acacio Medina (facción del Frente 16), se financian por medio del tráfico ilegal de este producto. Se estima que durante el 2012, este grupo ilegal se apropió de una mina que producía hasta 60 toneladas mensuales.

En el Vaupés las FARC-EP tienen presencia por medio del Frente 1 y la Compañía “Urias Cuellas”. Las características físicas del departamento permiten al grupo ilegal crear zonas de abastecimiento, descanso y financiación por medio de cultivos ilícitos. Así mismo, los ríos y el alto número de caños crean corredores de movilidad que le facilitan la movilidad de combatientes. En los últimos años su estrategia ha cambiado a utilizar en mayor proporción pequeños grupos de combatientes que buscan controlar el tráfico de estupefacientes en el corredor Arara-Bacati y Miraflores. En el departamento se han denunciado casos de vinculación forzada por parte de grupos armados ilegales, con la característica que ya no se hace como en la década de los noventa, cuando interrumpían fiestas y lo hacían de forma masiva. En la actualidad, reclutan directamente a las personas. Por otro lado, las FARC-EP, en su afán de contrarrestar las acciones a gran escala que viene realizando la Fuerza Pública en su contra, han utilizado en mayor proporción la siembra de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, como mecanismo para debilitar a su oponente y controlar a la población civil. Con relación a las amenazas, estas se han extendido a las personas que prestaron el servicio militar una vez que retornan a sus lugares de residencia.

El departamento de Putumayo es un corredor de movilidad importante. Por el occidente se accede a Nariño y la posibilidad de traficar droga al Pacífico; al norte, por su cercanía con el Huila, permite entrar al interior del país; al oriente, el departamento de Caquetá es un punto de acceso a los Llanos Orientales; y, finalmente, el Amazonas limita con Ecuador y Perú, zona fronteriza que es utilizada para el contrabando de gasolina, estupefacientes, armas, abastecimiento y como un lugar para descansar. La movilidad en la frontera se desarrolla por medio de los pasos ilegales entre los dos países. En el departamento se han incrementado los hechos violentos por el ingreso de “Los Rastrojos” a distintos municipios del departamento, con el objetivo de controlar las redes de microtráfico en zonas urbanas. Por otra parte, las FARC-EP controlan las zonas rurales donde se comercializa y produce drogas ilegales.

Con relación a los desplazamientos masivos entre los años 2012 y 2013, el RUV arroja la siguiente información: para los departamentos que componen la región sur del país el total de personas desplazadas por eventos masivos fue de 973 personas. Los municipios con mayor número de desplazados son para el 2012: Puerto Rico (178 personas) y Valle del Guamuez (169 personas). En el 2013 los municipios con mayor desplazamiento son Puerto Asís (195 personas) y Milán (137 personas). La población más afectada en la zona se identifica como comunidades Awá, Jiw y Nukak.

4544

Cuadro 24. Desplazamientos Masivos - Región Sur, 2012 – 2013Fuente: Unidad para las Víctimas, con corte a 17 de marzo de 2014

Departamento Municipio 2012 Total personas desplazadas 2012 2013 Total personas

desplazadas 2013

PUTUMAYO

ORITO 0 0 1 77

PUERTO ASíS 0 0 3 195

VALLE DEL GUAMUéz 3 169 0 0

GUAVIARE SAN JOSé DEL GUAVIARE 2 116 1 101

CAqUETÁMILÁN 0 0 1 137

PUERTO RICO 2 178 0 0

TOTAL 7 463 6 510

Cuadro 25. Desplazamientos individuales - Región Sur, 2012 – 2013Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104

Gráfica 10. Principales ciudades con desplazamientos intraurbanos, 2012 - 2013.Fuente: Unidad para las Víctimas, corte 1 de abril de 2104.

Departamento Municipio 2012 2013 Total General

CAqUETÁ

SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1941 1800 3741

CARTAGENA DEL ChAIRÁ 1522 1169 2691

PUERTO RICO 1625 965 2590

LA MONTAÑITA 845 692 1537

FLORENCIA 1141 891 2032

PUTUMAYO

PUERTO ASíS 1910 1194 3104

PUERTO GUzMÁN 1190 822 2012

VALLE DEL GUAMéz 1366 850 2216

PUERTO LEGUízAMO 994 633 1627

GUAVIARESAN JOSé DEL GUAVIARE 1272 982 2254

CALAMAR 339 208 547

Desplazamientos intraurbanos. Una de las situaciones que se han estado presentando en los últimos años son los desplazamientos intraurbanos55. Esta tendencia se ha mantenido y actualmente son las ciudades que han permanecido como los principales lugares de expulsión en

3.6 los dos últimos años. Así, entre los años 2012 y 2013 las ciudades que tuvieron el mayor número de desplazamientos intraurbanos fueron: Buenaventura, Medellín, Cúcuta y Santa Marta, como lo indica la gráfica 10.

55 El año 2003 la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-268 de 2003, por medio de la cual se pronunció respecto a los desplazamientos intraurbanos, debido específicamente a un desplazamiento que se presentó en la ciudad de Medellín. En su argumentación, la Corte, considerando el agravamiento de esta situación de emergencia humanitaria, dispuso que no podía igualarse “localidad de residencia o actividad económica habitual” con municipio o departamento. Igualmente, argumenta que: “En ninguna parte se exige, ni puede exigirse, que para la calificación del desplazamiento interno, tenga que irse más allá de los límites territoriales de un municipio”.

De acuerdo a las características descritas anteriormente, se pueden evidenciar los siguientes escenarios de situación del desplazamiento forzado entre los años 2012 y 2013:

a. La región Pacífico es la que más ha sufrido este hecho victimizante. En esta zona destacan los municipios de Buenaventura, Tumaco, Quibdó y algunos municipios de la costa Pacífica del departamento de Cauca, como Timbiquí y Guapí. Esta situación es causada por la pugna entre los GAOML y los GAI por el control de las rentas ilícitas que derivan de algunos “factores subyacentes y vinculados”, como son los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.

b. Otro conjunto de municipios con alto índice de desplazamientos corresponde a zonas históricas de conflicto armado y donde hay presencia mayoritaria de GAOML. En estos municipios, estos grupos están realizando acciones armadas y operaciones militares buscando el control territorial. Estos municipios se encuentran ubicados en los departamentos de Cauca, Caquetá y Putumayo; y en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca Antioqueño, Catatumbo, sur del Tolima y sur del Meta. Estos departamentos y subregiones se encuentran entre los primeros con mayor número de acciones armadas. Así mismo, coinciden con los municipios donde se han desarrollado el mayor número de combates en el período mencionado.

c. En las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño convergen diferentes expresiones armadas, entre ellos las Bacrim, en pugna por el control territorial y social de estos municipios, lo cual se explica también por la incidencia de factores subyacentes y vinculados descritos en párrafos anteriores, en particular por la producción de minería de oro.

Conclusiones4

d. Es importante resaltar la predominancia de desplazamientos forzados intraurbanos entre los años 2012 y 2013 en ciudades importantes como Buenaventura y Medellín, seguidas de Cúcuta, Santa Marta, Tumaco y Cali. Esto se debe a las zonas estratégicas que constituyen estos municipios, los que permiten la instalación de estos grupos para beneficiarse de rentas ilícitas (rutas de narcotráfico, contrabando de gasolina y otros productos, y microtrafico). Aunque las zonas urbanas no tienen características propias de conflicto armado, como lo pueden tener las zonas rurales, sí hay un efecto de violencia generalizada el cual infunde temor en la población civil y producir esta cantidad de desplazamientos registrados por la Unidad para las Víctimas.

e. Las comunidades étnicas son principalmente afectadas por

el desplazamiento forzado. Una de las zonas con mayor afectación a comunidades indígenas y negras es la zona conformada por los departamentos del Pacifico (Nariño, Cauca y Chocó), la zona del Bajo Cauca Antioqueño y Urabá. Es de recordar que en estas comunidades es donde precisamente la Corte Constitucional hace mención a los factores subyacentes y vinculados al conflicto.

f. Uno de los factores que influyen en el desplazamiento forzado lo constituyen las tácticas de los grupos armados ilegales por apropiarse de las áreas con mayor presencia de recursos naturales y mineros, así como de zonas con influencia de cultivos extensivos y megaproyectos (energéticos, viales y de infraestructura). Aunado a ello se evidencian alianzas estratégicas entre grupos, como es el caso de alianzas entre bandas criminales y FARC-EP en el sur del país y en la zona Caribe, los cuales actúan de manera conjunta y/o mediante pactos de no agresión para generar acciones disuasivas al control de las fuerzas legitimas del Estado y sembrar terror y coacción en áreas de interés estratégico, facilitando así su accionar delictivo.

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UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

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Desde hace más de una década, de modo particular a partir de la expedición de la Ley 387 de 1997, el Estado colombiano ha desplegado una política orientada a proteger y restituir los derechos de la población desplazada. Los intentos efectuados no siempre han sido los esperados, razón por la cual, en el año 2004, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población desplazada. Desde entonces se han redoblado los esfuerzos por atender los distintos aspectos señalados en la Sentencia T-025 de 200456, lo cual ha motivado un intercambio permanente entre el mencionado tribunal, la sociedad civil y la institucionalidad estatal, orientado principalmente a evaluar los esfuerzos del Estado en esta materia.

La entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 puede entenderse como un hito en la evolución en la respuesta estatal a la población desplazada. Si bien esta norma no fue creada como una respuesta a la Sentencia T-025, durante su trámite se acogieron diversos aspectos señalados por la Corte Constitucional en ella, en los autos de seguimiento y en otros pronunciamientos57; e incluso fue más allá de lo ordenado por este tribunal y de la normativa entonces vigente, al reconocer: i) la situación compleja de la población desplazada que además de esa situación puede padecer otros hechos victimizantes, y ii) su derecho a una reparación integral (y no solo a medidas de protección, asistencia y estabilización socioeconómica). En tal sentido, el nuevo marco normativo58 persigue el mismo objetivo de la Sentencia T-025 pues incorporó lo que la Corte considera necesario para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.

A continuación se describen los elementos de la política pública actualmente en implementación y con los cuales se está garantizando el restablecimiento de derechos de la población desplazada en Colombia.

Una de las preocupaciones principales de la Corte Constitucional se centra en la falta de capacidad institucional para atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento, y en la insuficiencia de los recursos asignados para la atención de este amplio grupo poblacional. Frente a ello, el nuevo marco normativo otorga al gobierno elementos habilitantes para soportar una política de atención, asistencia y reparación a las víctimas.

En primer lugar, respecto a la capacidad institucional, la Ley 1448 de 2011 creó un nuevo escenario institucional basándose en las experiencias de atención y asistencia desarrolladas en el marco de la Ley 387 de 1997. En un rápido balance, a dos años y medio del inicio de implementación de esta política, se puede mencionar lo siguiente:

• Se crearon tres entidades nuevas exclusivas para la implementación del nuevo marco normativo: la Unidad para las Víctimas, el Centro de Memoria Histórica, y la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Esto no implicó un simple cambio de denominación a entidades que existían anteriormente sino de un intento serio por ubicar la atención de la población desplazada en un esfuerzo mayor de restitución de derechos y de construcción de paz.

• Hoy existe un Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, coordinado por la Unidad para las Víctimas, que integra a todas las instituciones públicas cuya misión se vincula con la atención o reparación

56 Entre los aspectos más resaltados por la Corte Constitucional se encuentran la gravedad de la vulneración de los derechos de la población desplazada; la persistente omisión de más de una autoridad para corregir las falencias evidenciadas; la falta de correspondencia entre lo dispuesto por las normas y los recursos para cumplirlas; y la falta de capacidad institucional para responder al problema de manera eficaz y oportuna. 57 Ponencia para segundo debate del proyecto de ley número 213 de 2011, Senado. Gaceta del Congreso 63 de 2011.58 Ley 1448 de 2011, decretos ley 4633 y 4635 de 2011, decretos reglamentarios 4800, 4802 y 4634 de 2011, y los CONPES 3712 y 3726.

a las víctimas del conflicto, incluyendo a las personas desplazadas. La nueva institucionalidad cuenta con espacios de articulación liderados por un Comité Ejecutivo con la presencia del Presidente de la República, diez Subcomités Técnicos y 1.132 Comités de Justicia Transicional en todas las entidades territoriales del país. Desde estos espacios se efectúa seguimiento al Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a los Planes de Acción Territorial departamentales, municipales y distritales, y a los Planes específicos de las entidades del orden nacional.

• La coordinación entre las entidades del SNARIV ha posibilitado un acercamiento de la política pública a los territorios. Para ello, el diseño concertado de un documento técnico y la reglamentación del sistema de corresponsabilidad, que desarrolla los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, propone una estrategia para la intervención del nivel nacional en apoyo a las necesidades específicas de las entidades territoriales en materia de atención a víctimas. De manera particular se avanzó en la implementación: i) de un mecanismo de gestión de proyectos, que obtuvo en 2013 recursos de la nación y el territorio por $27.511 millones para 7 proyectos de implementación de PAT con impacto regional, que están beneficiando a 28.310 víctimas de desplazamiento forzado; y ii) de un mecanismo de subsidiariedad en ayuda humanitaria que apoya a 87 alcaldías.

• Todo lo anterior se complementa con mecanismos para la participación de las víctimas en el diseño y seguimiento de la política pública que los atiende. Desde la expedición del Protocolo de Participación Efectiva, único instrumento de su tipo en el mundo, se han conformado 32 mesas departamentales de víctimas, 864 mesas municipales y distritales, y la Mesa Nacional. Con ello, las víctimas pueden incidir en la elaboración, ejecución y seguimiento a la política pública de atención y reparación, tanto local, como nacionalmente, garantizando representación a todos los territorios, hechos victimizantes y enfoques diferenciales. Las víctimas de desplazamiento tienen una representación prioritaria y mayoritaria en estos espacios de participación.

Por otro lado, cabe señalar que el desafío de la capacidad de financiación y presupuesto fue asumido por el Estado a través del documento CONPES 3712 de 2012 por medio del cual se aprobó el Plan de Financiación para la Sostenibilidad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y se estimó la asignación presupuestal que tendrían los respectivos componentes de la política, de acuerdo a los principios básicos de progresividad, gradualidad y sostenibilidad.

Una revisión de las cifras correspondientes a los años 2012 y 2013 permite concluir que la inversión en recursos destinada a la población víctima de desplazamiento forzado ha sido continuamente ampliada y se logró un importante nivel de ejecución. En ese mismo marco, se impulsó en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, la diferenciación del presupuesto de inversión nacional entre víctimas de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, con el objetivo de identificar cuántos recursos se destinan a atender a cada una de las poblaciones anotadas.

En el Registro Único de Víctimas, creado por la Ley de 1448 de 2011, se han acogido los principios brindados por la Corte para orientar la labor de identificación y caracterización de las víctimas del conflicto. Anteriormente, como lo hizo notar el tribunal constitucional, el registro contenía diversas limitaciones para que las personas desplazadas tuvieran acceso a las medidas orientadas a la restitución de sus derechos vulnerados. Esta situación ha cambiado notoriamente a partir de las un conjunto de acciones implementadas por el actual gobierno, entre las que se pueden mencionar las siguientes:

• El mejoramiento de los procedimientos de valoración, logrados con la aprobación de nuevos criterios que permitieron que esta labor se apoyara decididamente en análisis objetivos basados en elementos jurídicos, contextuales y técnicos, y asumieran con plenitud el principio de buena fe. Con los nuevos criterios se incrementó notablemente el porcentaje de declaraciones que, luego de la valoración, se admitieron como incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

• Se mejoró el control sobre los formularios de registro, con lo que se logró un mayor seguimiento del flujo de estos formatos y se evitaron pérdidas que perjudicaran a las víctimas. En este rubro se incluye el apoyo brindado por la Unidad para las Víctimas al Ministerio Público, especialmente a las Personerías con menores recursos, para lograr una efectiva remisión de los formatos de declaración diligenciados.

• Paulatinamente se están superando las barreras en la toma de la declaración, debido a que la Unidad para las Víctimas, con el concurso de algunas entidades territoriales y de la cooperación internacional. brindó medios tecnológicos para la “Toma de Declaración en Línea”, lo cual facilita el acceso de las víctimas a la ruta de asistencia y reparación integral. Esta estrategia permitió iniciar la toma de declaración de víctimas en un número importante de oficinas del Ministerio Público en todo el país, así como a las víctimas residentes en el exterior a través de los Consulados. El 6% de las declaraciones recibidas el año 2013 se recibieron a través de la vía virtual, y se espera que este porcentaje se incremente en el futuro.

• Se resolvieron de manera definitiva solicitudes heredadas de regímenes anteriores (específicamente, 302.060 recibidas por el Estado en el marco de las Leyes 387 y 418 de 1997 y el Decreto 1290 de 2008), que no habían tenido respuesta alguna por parte del Estado. También se adoptaron medidas que permitieron la inclusión de niños, niñas y adolescentes nacidos con posterioridad al desplazamiento.

• Todos estos factores se suman al incremento del número de declaraciones recibidas: de 2011 a 2012 el aumento fue de cerca del 25%, y en el 2013 continuó la tendencia con un incremento de 34%. Estos datos revelan una creciente confianza de las víctimas en la institucionalidad encargada de atenderlos.

Mayor capacidad institucional y presupuestal

1

Hacia la superación del subregistro2

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De este apretado recuento caben destacar dos elementos fundamentales: se han recibido más declaraciones y los criterios de valoración permiten una mayor inclusión. Ambos aspectos están permitiendo un crecimiento del número de personas incluidas en el RUV. Así, con corte a febrero 28 de 2014, la Unidad para las Víctimas reconoció 217.620 personas desplazadas en el año 2012 y 705.715 en el 2013. Esta realidad permite concluir que los esfuerzos del Estado en este campo están avanzando con seriedad hacia la superación del subregistro.

Este Modelo fue puesto en marcha en marzo de 2013. Consiste en una ruta integral de acceso a las medidas señaladas dirigida a promover el goce efectivo de los derechos de las víctimas y a transformar su realidad social. Es una ruta acompañada bajo los lineamientos del enfoque psicosocial, contemplando las particularidades propias de cada hecho victimizante, y del enfoque diferencial, teniendo en cuenta las condiciones individuales y familiares de cada persona.

La estrategia planteada permite identificar las necesidades reales de la población desplazada. Por un lado, el componente de asistencia se orienta cada vez más a superar la situación de emergencia y vulnerabilidad en que se encuentra a la población desplazada. Por otro lado, la elaboración de un Plan de Reparación Individual permite identificar las medidas que contribuyen de mejor manera a la restitución de derechos y a la reconstrucción del proyecto de vida de cada víctima, según sus características particulares.

Asimismo, la política pública para víctimas ha incorporado en sus rutas y procedimientos un enfoque de género, y enfoques diferenciales de discapacidad, étnico, y de niños, niñas y adolescentes. Pocas veces una política ha incorporado garantías para la asistencia, atención y reparación integral de las poblaciones especialmente vulnerables. En este campo cabe destacar que las mujeres víctimas cuentan hoy con lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, y la protección y garantía de sus derechos, mediante la expedición del documento Conpes 3784 de 2013, el cual incorporó los principales planteamientos y órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

El Modelo se vuelve operativo mediante la formulación de Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI), realizados con la participación activa de las víctimas. Este ejercicio permite conocer la composición real de los hogares, las necesidades de asistencia de cada uno de sus integrantes y las medidas de reparación a los que tienen acceso, facilitando de este modo la orientación de la oferta institucional del SNARIV y su conexión con las demandas de las víctimas. Con este ejercicio, el Estado se acerca a ellas víctimas y las conoce mejor, lo cual hace posible un más adecuado alistamiento de las acciones institucionales orientadas a la atención de sus necesidades y a la garantía de sus derechos.

Uno de los cuestionamientos históricos a la política pública para la atención desplazada es que esta se había devenido en asistencialismo y no procuraba la superación de la situación de emergencia causada por el desplazamiento. La entrega de ayuda humanitaria a la población desplazada ha continuado después de la entrada en vigencia de la Ley 1448, pues es un deber del Estado garantizar la subsistencia mínima de quienes se encuentran en esta situación de emergencia; sin embargo, bajo el enfoque del Modelo antes descrito se están haciendo esfuerzos muy importantes, mediante una oferta institucional que garantiza el acceso efectivo a derechos. Esto ocurre mediante la provisión de otras medidas de asistencia, tales como identificación, salud, educación, reunificación familiar, asistencia funeraria, orientación ocupacional y generación de ingresos, todas ellas brindadas de acuerdo con la competencia de las diferentes entidades del SNARIV.

Junto con las medidas de asistencia, y siguiendo con las etapas del Modelo, el retorno o la reubicación, momento consecuente con la garantía del derecho a la subsistencia mínima, se constituye en el escenario propicio para la superación de la situación de vulnerabilidad, así como el paso inicial hacia la reparación integral. De esta forma, el retorno y la reubicación son concebidos como un derecho y como una medida de reparación que restituye la libertad de elegir el lugar de residencia, siempre que se realicen bajo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. El retorno y la reubicación son escenarios propicios para la superación de la situación de vulnerabilidad que ha sido originada con ocasión del delito del desplazamiento forzado y que se refiere a la recuperación que logran los hogares en las principales afectaciones materiales e inmateriales que sufrieron.

La reparación integral inicia en un momento conducente a la estabilización socioeconómica aportando en algunas ocasiones elementos de peso para la superación de la situación de vulnerabilidad cuando aún no ha sido posible superarla. La reparación se concibe como un deber del Estado y un derecho que tienen las personas que han sido afectadas por las infracciones al Derecho internacional Humanitario o por violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno.

Tomando en cuentas estas consideraciones, el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en su sesión del 30 de setiembre de 2013, dispuso que las entidades del gobierno nacional aunaran esfuerzos en una sola estrategia orientada a otorgar la oferta institucional anteriormente descrita, para garantizar como fin último la estabilización socioeconómica y la garantía del goce efectivo de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.

Para implementar este acuerdo, la Unidad para las Víctimas realizó la caracterización de los hogares víctimas de desplazamiento forzado inscritos en el RUV. Actualmente se vienen elaborando

forzado de sus habitantes, entre otros hechos victimizantes. Ejemplos como los de Chibolo o San Carlos constituyen claras muestras de las posibilidades de reconstrucción de vínculos y proyectos comunitarios de la población que fue forzada a desplazarse.

La Corte Constitucional adoptó los indicadores de goce efectivo de derechos de la población desplazada mediante el Auto 116 de 2008. A través de ellos se puede diagnosticar los avances, estancamientos o retrocesos de la política pública dirigida a la población desplazada. Posteriormente, el Gobierno Nacional, junto con la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, revisó y ajustó esta batería y entregó a la Corte una nueva propuesta para su análisis.

Sobre la base de esta batería, la Unidad para las Víctimas, con la colaboración del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ha concluido la realización de una encuesta que ha permitido medir el estado actual de estos indicadores que reflejan la situación de la población desplazada en el país en referencia al goce de sus derechos. En forma simultánea a la preparación de este documento, se está redactando el informe para la difusión de los resultados encontrados. Este proceso de medición permitirá observar el avance en la implementación de la política pública, considerando dinámicas territoriales, y proponer los ajustes correspondientes.

El fin último del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral es aportar al “goce efectivo de derechos” de la población víctima de desplazamiento forzado, lo que evidencia el bienestar de la población como consecuencia (directa o indirecta) del cumplimiento de las obligaciones del Estado y la realización de sus derechos, los cuales fueron vulnerados a causa del hecho victimizante. En este sentido, la medición de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos constituye un instrumento de seguimiento y evaluación de la política pública de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

El Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas

Del asistencialismo a la estabilización socioeconómica

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los PAARI para determinar sus necesidades y capacidades, y establecer quienes no han podido suplir sus carencias mínimas y se encuentran en vulnerabilidad extrema con el fin de atenderlos y asistirlos de manera diferencial y prioritaria, y a los hogares que no se encuentren en esta situación gestionar la oferta estatal que se adapta a su situación. La meta definida es lograr este resultado con 98.545 hogares desplazados.

Uno de los principales aportes de la Ley 1448 ha sido el reconocimiento del derecho a la reparación integral para la población desplazada. Este es un avance significativo respecto a la normatividad anterior que sólo reconocía derechos a la protección, asistencia y estabilización socioeconómica. Entre las acciones desarrolladas para garantizar este derecho se pueden mencionar las siguientes:

• Continuidad y mejoramiento de las medidas reconocidas por la Ley 387 de 1997. Así, se cuenta con: i) innovaciones importantes en la política de protección a víctimas amenazadas; ii) una reforma de la política de asistencia humanitaria, que busca romper la dependencia clientelista y orientar los esfuerzos gubernamentales a la superación de la vulnerabilidad de la población desplazada; iii) fortalecimiento de la política de retornos y reubicaciones; iv) incorporación prioritaria de la población desplazada como beneficiaria del programa gubernamental de vivienda.

• Por otro lado, se ha iniciado la implementación de algunas medidas que se otorgan a la población desplazada por vez primera en la historia del país, como la indemnización administrativa59 y la restitución de tierras. Asimismo, se cuenta ya con un programa de atención psicosocial para todas las víctimas del conflicto, incluyendo a la población desplazada, que se extiende paulatinamente por el país. A ello se le suman distintos esquemas de recuperación de la salud emocional que, con menor cobertura, acompañan las estrategias de trabajo de distintas entidades del SNARIV, incluyendo a la Unidad para las Víctimas.

• Asimismo, se han iniciado procesos de reparación colectiva con distintas poblaciones que sufrieron el desplazamiento

Una mirada más comprensiva: la reparación integral

Una política que se evalúa

59 Debe anotarse que, aunque el artículo 5 parágrafo 5º del Decreto 1290 de 2008 preveía indemnización administrativa a víctimas de desplazamiento forzado mediante condiciones diferenciales del subsidio de vivienda, esto nunca se llevó a cabo. El actual gobierno reconoció indemnización por vía administrativa a víctimas de desplazamiento forzado como medida adicional e independiente de los subsidios que hacen parte de la oferta social estatal. A diciembre de 2013 la Unidad para las Víctimas había entregado esta medida a 8.981 víctimas de desplazamiento forzado.

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El seguimiento que la Corte Constitucional ha efectuado al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 ha tenido como finalidad verificar si la política pública de atención a la población desplazada les garantiza el goce efectivo de sus derechos. No otro es el objetivo de la política de atención y reparación integral a las víctimas que trajo consigo la Ley 1448, y en este campo, pese al corto tiempo, se evidencian progresos importantes pues se pasó rápidamente de la etapa de adecuación institucional a la implementación de las garantías a la población víctima del desplazamiento forzado. La implementación progresiva de medidas de atención, asistencia y reparación integral ha sido reportada en diferentes informes presentados por el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional, al Congreso de la Republica y a los organismos de control.

Los progresos arriba mencionados son resultado del esfuerzo serio que el Gobierno Nacional ha realizado para recoger los aprendizajes de la ejecución de la Ley 387 de 1997, y de los avances recientes en materia de registro y gestión de información, atención, asistencia, reparación individual y colectiva, garantías de no repetición, participación, coordinación interinstitucional, capacidad presupuestal y financiación. Estos logros demuestran que el gobierno está cumpliendo con dinamizar la política pública favor de las personas en situación de desplazamiento.

Más que un balance de la acción gubernamental, se ha ofrecido en esta sección una muestra de las posibilidades que el país tiene de lograr una real transformación de la realidad de la población desplazada.

Luego de una década, la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional se ha convertido en parte de un imaginario que acaso resulte difícil remover, como si la situación de los desplazados o la política pública no hubieran tenido cambio alguno. Los análisis de la Corte bien podrían contribuir a superar esta cristalización de imágenes mediante un diálogo transparente, autónomo y siempre crítico con la institucionalidad.

En un tiempo en el que los esfuerzos colectivos están orientados a la culminación definitiva del conflicto, la prioridad asignada a la política de atención, asistencia y reparación integral a víctimas confirma el propósito del gobierno de garantizar los derechos de las víctimas de la violencia. Hoy, esta perspectiva ya no es exclusiva de la Corte Constitucional o de quienes ejercen vigilancia sobre la acción estatal, pues el gobierno la ha asumido como propia y la desarrolla a través de esta política. Asumir esto como una tarea constituiría una muestra de un país que enfrenta de manera colectiva no solo el desafío de la superación del estado de cosas inconstitucional, sino la construcción de la paz en Colombia.

Informe del Gobierno Nacional a las Comisiones Primeras del Congreso de la República. Avances en la Ejecución de la Ley 1448 de 2011. II Semestre de 2013. Bogotá, D.C., Marzo de 2014

Páginas web

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Fuerzas de tareaTercera división: Apolo: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=277482Vulcano: Segunda División: http://www.segundadivision.mil.co/index.php?idcategoria=323893Quinta División: Fuerza de Tarea Zeus: http://www.quintadivision.mil.co/?idcategoria=268041Septima División: Nudo de Paramillo: http://www.septimadivision.mil.co/index.php?idcategoria=239507Titan 2014: https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=357003&print&inf=0Octava División: Quiron: http://www.octavadivision.mil.co/?idcategoria=321083Fuerza de Tarea Omega: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=312916http://www.ellider.com.co/2013/07/28/cooperacion-enfocada-hacia-lograr-la-paz/Fuerza de Tarea Sur del Tolima: http://archive.ideaspaz.org/images/DocumentoMonitoreo_ConflictoArmado_Tolima_Julio2013.pdfFUTGU: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/525h t t p : / / w w w. g s e d . g o v. c o / i r j / s e r v l e t / p r t / p o r t a l / p r t r o o t / p c d ! 3 a p o r t a l _ c o n t e n t ! 2 f c o m . p c c .pcc !2 fPORTALMDN!2f ro le s !2 fcom.pcc .Po r ta lMin i s t e r io !2 fMin i s t e r io !2 f I n fo In s t i t uc iona l !2 fcom.pcc .LocalizacionFisica!2fGeoreferenciacionFuerza de Tarea Ares: https://www.fac.mil.co/?idcategoria=99716

Espada de Honorhttp://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-327286-operacion-espada-de-honorhttp://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13113139.htmlhttp://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/una_muy_afilada_espada_de_honor/una_muy_afilada_espada_de_honor.asphttp://www.arcoiris.com.co/2012/04/mas-bala-que-mantequilla-en-el-plan-espada-de-honor/http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/en-1085-municipios-de-colombia-los-indicadores-en-materia-de-seguridad-son-positivhttp://wsp.presidencia.gov.co/Especiales/Documents/rendicioncuentas20jul/defensa/minisitio.aspxhttp://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/comando-conjunto-suroccidente-nuevo-antidoto-militar-contra-Farc

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Conclusión

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BIBLIOGRAFÍA

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ORIGINAL

ENRIQUECIDO

SOLO K100