Lineamientos parael auto-cuidado y acompañamiento psicosocial devíctimas, funcionarias y funcionarios públicos

DESAPARICIÓN FORZADAY EXHUMACIONES

Agradecimientos:

Los encuentros con funcionarias y funcionarios públicos y grupos de víctimas contaron con el apoyo financiero de la Oficina en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con el soporte logístico de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - OACNHUR

Esta publicación contó con el apoyo financiero de la delegación en Colombiadel CICR y Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. Misereor - Alemania

Christophe Vogt- CICRMarianne Sylvie Pecassou - CICRGustavo Salazar - CICR

Miembros del Área de Atención Psicosocial Fundación Dos MundosCarolina  MoralesNora ÁlvarezAlejandra MeloCésar Junca

OACNUDHAlbane Prophette

Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos en Colombia - AsfaddesGloria Gómez

Asociación Familiares de Desaparecidos por el Apoyo Mutuo - Familiares Colombia

Fiscalía General de la NaciónJackeline Rodríguez

Autores

Fernando Jiovani Arias Jenny Muñoz

Revisión

Amalia Eraso Pilar Rueda Claudia Ruiz

FUNDACIÓN DOS MUNDOS

Director Fernando Jiovani Arias

Coordinadora Área deComunicaciones Pilar Rueda

CoordinadoraÁrea Psicosocial Nora Álvarez

Coordinadora deGestión y Proyectos Claudia Ruiz

Área de Promocióne incidencia Amalia Eraso

Diseño Gráfico Ricardo Álvarez Gallegoidentidad1@etb.net.co

EsculturasDeryk Parkin, Roger Whitaker:www.hovearts.co.uk

Kurt P. Hansen,Wendy Ramsay,Patrick McCarneywww.sculpture.org

Escultura portadaDeryk Parkin - Cry Freedom

Primera edición en marzo de 2008© Fundación Dos Mundos.Edita: Fundación Dos Mundos.Cra. 5 No 67-12 Bogotá, ColombiaImpreso en Colombia

Presentación

PARTE 1: Un contexto desde el marco legal nacional y la normativa internacional de derechos humanos sobre la desaparición forzada

La desaparición forzada: un verdadero desafío en las circunstancias actuales

PARTE 2: Desaparición forzada e Impacto Psicosocial: escuchando la voz de los familiares

Un escenario de carencias para afrontar la desaparición forzada

Sentimientos… siempre presentes en las familias

Rupturas e imposibilidad de relevo generacional

El fortalecimiento de las familias desde el ámbito colectivo

El proceso de búsqueda y las familias

La búsqueda urgente: una necesidad, un riesgo, una esperanza

Género y desaparición forzada: un asunto central

La desaparición: un evento que afecta la vida de niños y niñas

Impactos producidos en la relación con el sistema judicial

Toda información es vital

Superar la impunidad: ¿Un largo y riesgoso camino?

La exhumación: un nuevo contexto de relación

La participación de las familias - Un elemento clave dentro de los procesos de exhumación

Muchas verdades no dichas… A propósito del derecho a la verdad

ÍNDICE

1

5

10

15

17

19

21

22

22

24

24

26

27

27

29

30

32

33

PARTE 3: La interacción funcionarias y funcionarios-víctimas: un escenario para reconocer el impacto emocional

Las circunstancias en las cuales desarrollan su función

La eficacia de las investigaciones

Rol laboral y afectación emocional

La afectación de la familia y la vida social

La situación emocional de las víctimas vista desde las y los funcionarios

La relación víctimas y funcionarios

La paradoja de un positivo que es negativo

La relación con los familiares un asunto a tener presente

El derecho a la verdad y el deber de informar

El reto de enfrentar las exhumaciones

PARTE 4: Insumos para la acción psicosocial frente a la desaparición forzada

El desafío de transformar y habilitar nuevos contextos de relación Política de Atención a Víctimas Política de Bienestar Institucional Prácticas para el auto-cuidado Cómo lo psicosocial puede fortalecer la capacidad institucional de la Fiscalía General de la Nación Aprendizajes para integrar en los procesos de exhumación Pistas para un acompañamiento psicosocial y de formación a víctimas, funcionarias y funcionarios

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN

Objetivos

Líneas de acción Temáticas para abordar el proceso

Metodología

Fases de Intervención del programa Acciones de la fase 1 Acciones de la fase 2

ÍNDICE

35

37

39

43

45

45

46

47

48

50

51

53

55575758

5860

61

64

67

6869

71

727274

Presentación

Desaparición forzada y exhumaciones Lineamientos para el auto-cuidadoy acompañamiento psicosocial de víctimas, funcionarias y funcionarios públicos

1

1Este documento acoge la definición de “víctima” propuesta en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, de la Asamblea General de las Naciones Unidas de Noviembre 29 de 1985, allí se define por tal a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o menta les , sufr imiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros. Podrá considerarse “víctima” a una persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.2En este documento se entenderá que el proceso de exhumación implica tanto la identificación como la obtención de pruebas y que debe asegurarse la participación informada de las f a m i l i a s , c o n f o r m e a l planteamiento del Informe del C I C R : L a s p e r s o n a s desaparecidas y sus familiares -Resumen de las conclusiones de consultas anteriores a la Conferencia Internacional de expertos gubernamentales y no gubernamentales 2003.3"Del contenido expresado en esta publ icación solo se responsabiliza el respectivo autor, la publicación de los mismos no es, una toma de posición del CICR, pues solo se puede atribuir responsabilidad institucional a aquellos textos que el CICR firma"

La desaparición forzada y las múltiples formas como este crimen afecta la condición de las víctimas1 y aún de las y los funcionarios responsables de adelantar las investigaciones judiciales, plantean un verdadero desafío para la realidad colombiana actual. Nunca antes el país debió enfrentar, en tan corto tiempo, la tarea abrumadora de desenterrar a miles de ciudadanas y ciudadanos de fosas y cementerios clandestinos a donde fueron a parar sus cuerpos tras ser expuestos a todo tipo de vejámenes y violación de derechos. Es, así mismo, un reto para el Estado y la sociedad colombiana que los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y las labores de exhumación2 e identificación que de allí se desprenden, además de ser conducidos en forma eficaz, aseguren la menor exposición a sufrimiento agregado para las víctimas, lo cual requiere de funcionarias y funcionarios capaces de comprender el drama humano que envuelve a las familias y que, al mismo tiempo, cuenten con los elementos necesarios para evitar en ellos el impacto que ocasiona el conocimiento de las expresiones de barbarie y dolor presentes en las situaciones que investigan. A esos dos propósitos puede aportar un proceso de formación y acompañamiento psicosocial. La Fundación Dos Mundos, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja3 y la colaboración de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, con el interés de acompañar y fortalecer los esfuerzos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, realizó durante el segundo trimestre del año 2007 un proceso orientado a explorar cuáles pueden ser elementos contentivos de un programa de acompañamiento y formación psicosocial que, por una parte, brinde elementos para favorecer una mejor interacción con las y los familiares de las personas desaparecidas y, a la vez, fortalezca la capacidad de autocuidado entre las y los operadores del sistema judicial, de manera que contribuya a trascender los obstáculos que desde el ámbito psicosocial limitan el acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

2

4La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Colombia Asfaddes nace en 1982 a raíz de la detención-desaparición de 13 personas, en su mayoría estudiantes de las Universidades Nacional y Distrital de la ciudad de Bogotá. En la necesidad de aunar esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos y de encontrar respuesta de las autoridades Colombianas por la suerte corrida de los detenidos-desaparecidos. Asfaddes es miembro de F E D E F A M ( F e d e r a c i ó n Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos), inspiradas en el ejemplo de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, quienes han sido un referente importante para la asociación en la lucha incansable por alcanzar el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral. Orienta y asesora en la denuncia y búsqueda a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas, cuando es cometida como consecuencia de la actividad política, comunitaria o por un compromiso con la concreción de la justicia social.

7Desde el enfoque conceptual y epistemológico de la Fundación Dos Mundos, las violaciones de Derechos Humanos que afectan a p e r s o n a s , f a m i l i a s , organizaciones, comunidades y regiones promueven cambios importantes en el mundo emocional que desde una p e r s p e c t i v a p s i c o s o c i a l , trascienden la esfera individual y atienden a procesos relacionales y contextuales, por esta razón se privilegia el abordaje colectivo de estas implicaciones.

Este documento es una síntesis del proceso adelantado con víctimas de desaparición forzada, funcionarias y funcionarios que conocen de estos casos. A través de encuentros realizados mediante una metodología de taller, de forma separada, con grupos de funcionarios y de víctimas, se buscó conocer la situación emocional de las familias, derivada tanto de la desaparición de alguno o algunos de sus seres queridos, comoel hecho de encarar el proceso de denuncia y búsqueda y/o su participación en diligencias judiciales orientadas a ese propósito. De igual manera, buscó conocer desde su perspectiva las acciones que los funcionarios y funcionarias judiciales deberían emprender y/o evitar para no ocasionar daño emocional adicional. En el caso de los funcionarios y funcionarias de las Unidades de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DDHH y DIH) y de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, el trabajo se orientó a conocer su circunstancia emocional relacionada con el tipo de labor que adelantan, así como a generar un espacio de conversación sobre la importancia de reconocer las afectaciones emocionales que se derivan del ejercicio de esta labor y la manera como inciden en el trabajo y el servicio que prestan. Se buscó establecer cuáles acciones con los familiares pueden resultar potencialmente favorables a su mejoría emocional y cómo resulta útil reconocer las fortalezas con las que cuentan para enfrentar la situación, de modo que se propicie el bienestar emocional de todas las personas involucradas. Los encuentros se realizaron en los Departamentos de Magdalena en la ciudad de Santa Marta, en Casanare en el municipio de Recetor y en la ciudad de Bogotá.  Para la convocatoria de los encuentros con familiares se contó con el apoyo de Asfaddes4 y Familiares Colombia5.  Se realizaron cuatro encuentros, cada uno tuvo una duración de dos días, dos de los cuales fueron con grupos distintos de familiares de víctimas de desaparición forzada y los otros dos con grupos diferentes de funcionarios y funcionarias de la Fiscalía General de la Nación, así como de otras organizaciones que coadyuvan la función forense o investigativa de esta institución.  El total de participantes fue de 87 personas discriminados así: 42 funcionarios de la Fiscalía general de la Nación6 de Bogotá y Villavicencio (22 hombres y 20 mujeres) y 45 familiares de víctimas de desaparición forzada (8 hombres y 37 mujeres). En el desarrollo del trabajo7 se privilegió una participación reflexiva de las y los asistentes respecto de lo emocional y la manera como esta variable incide en las actividades cotidianas.  La metodología procuró dar espacio central a la narrativa e invitar a los participantes a explorar y reflexionar sobre sus vivencias, su sentir y dificultades frente a la desaparición forzada, tanto desde la perspectiva del familiar, como del profesional que participa en las diferentes diligencias judiciales. Los encuentros buscaron comprender también cuál es el significado emocional que construyen las familias respecto de distintas diligencias en las que participan como parte de actuaciones que se adelantan en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El documento consta de cuatro partes, la primera hace una breve exposición sobre el

5La Asociación Familiares de Desaparecidos por el Apoyo Mutuo-Familiares Colombia, trabaja desde el 2005 las regiones de Bogotá, Santa Marta, Bucaramanga, Cauca y Pueblo Bello. Ver: http://www.nydia-erika-bautista.org6Entre los que se identificaron diferentes cargos y roles tales como: odontólogos forenses, médicos forenses, abogados, antropólogos, asistente de fiscal, f iscales, investigadores y morfólogos de la Unidad de DDHH y DIH. Del grupo también hicieron parte funcionarios de la Fiscalía adscritos a la Unidad de Justicia y Paz, así como algunos funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de otros organismos estatales de policía judicial.

3

crimen de la desaparición forzada como una violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario expone posibles riesgos de impunidad con ocasión de la Ley de Justicia y Paz.  La segunda parte señala, desde la voz de las y los familiares, los impactos psicosociales que se derivan  de la comisión del delito y los ulteriores procesos de búsqueda, exhumación e identificación.  En la tercera se describe y caracteriza el ambiente laboral en el que las y los funcionarios judiciales deben adelantar su actividad y los impactos de esta labor en su vida; igualmente, las dificultades o tensiones que surgen en la interacción entre funcionarias, funcionarios y familiares. Finalmente, la parte cuarta analiza y contrasta el aporte de funcionarios y funcionarias y el de los y las familiares, delineando elementos de un programa de fortalecimiento psicosocial con algunas recomendaciones generales. La Fundación Dos Mundos busca, de esta forma, llamar la atención acerca de la necesidad de que las políticas e instrumentos con los que se enfrenta el crimen de la desaparición forzada en Colombia, tengan en cuenta los diversos impactos emocionales que se derivan del delito y, de manera especial, de los procesos de búsqueda, investigación, exhumación, identificación y acceso a la justicia.  Considera relevante valorar la dolorosa experiencia de las familias y a partir de las realidades institucionales de los organismos administradores de justicia, aportar en la construcción de entendimientos importantes de considerar frente al reto que impone evitar que la impunidad continúe siendo una realidad que además de agravar la situación emocional de las víctimas, desaprovecha la oportunidad para que Estado, sociedad y víctimas puedan avanzar hacia un efectivo esclarecimiento, propender por la dignificación de la memoria y garantizar la justicia y la reparación como presupuestos de partida a un propósito de reconciliación.

PARTE 1Un contexto desde el marco legal nacional y la normativa internacional de derechos humanos sobre la desaparición forzada

Escultura: Derik Parkin/Hove Arts

7

8Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.9Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas . Resolución 20 XXXVI, 1980. Disponible en: http://www.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm10Hasta Abril de 2000 sólo se han clarificado 3.500 de estos casos. El Grupo de Trabajo ha declarado que aunque cada caso individual que ha sido clarificado debe ser considerado un éxito, el hecho de que casi 46.000 casos permanezcan pendientes no es muy alentador. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias al 56 periodo de sesiones de la Comisión de D e r e c h o s H u m a n o s E/CN.4/2000/6411Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desaparic iones Forzosas , Resolución de la Asamblea General de la ONU del 18 de diciembre de 1992.12Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desaparic iones Forzosas , Resolución de la Asamblea General de la ONU del 18 de diciembre de 1992. Artículo 5 y 6.13Resolución A/HRC/1/L.2 , Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 29 de Junio de 2006.14Resolución A/RES/61/177, Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de diciembre de 2006.

La desaparición forzada de personas es un grave crimen que aún enfrenta la humanidad. A nivel internacional es un delito que infringe normas destinadas a garantizar la vigencia de los derechos humanos, mediante convenciones y pactos que constituyen obligaciones para los Estados. En particular, viola los artículos 3, 5, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal8 que consagran los derechos a la vida, la libertad y la seguridad. Como expresión de la preocupación internacional frente a este crimen, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas9 en 1980.  Este Grupo ha informado hasta la fecha sobre más de 70.000 casos de desapariciones atribuidas aproximadamente a 70 gobiernos10, entre ellos el colombiano; la mayoría de tales crímenes permanecen sin esclarecer. La Asamblea General de la ONU adoptó, el 18 de diciembre de 1992, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas en la que se establece que "(...) las desapariciones forzosas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad"11. El Grupo de Trabajo examina aquellos casos que cumplen con la definición de desaparición forzada establecida en dicha Declaración. La Declaración define que se produce una desaparición forzada cuando “una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad, o privada de su libertad de otra manera por parte de oficiales de diferentes ramas o niveles del gobierno, grupos organizados, individuos privados que actúan en nombre del gobierno, o con el apoyo directo o indirecto, el consentimiento o la aquiescencia del mismo, acompañado de una negativa a revelar la suerte o el paradero de las personas en cuestión, o a reconocer la privación de su libertad, lo que sitúa a esas personas fuera de la protección de las leyes”12.

El interés global por adoptar mecanismos legales de obligatorio cumplimiento para los Estados en la lucha contra este flagelo, se expresó en la adopción por consenso del texto para una “Convención Internacional Para La Protección De Todas Las Personas Contra La Desaparición Forzada”, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas13,  y por la Asamblea General de las Naciones Unidas14, que para entrar en vigor requiere su ratificación por 20 Estados.

El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional establece que en casos de conflictos armados que no sean de índole internacional, las partes en conflicto deberán abstenerse de atentar contra la vida, la integridad corporal y la dignidad personal. El Protocolo Adicional I,  relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales establece normas detalladas con respecto a las personas desaparecidas, que afirman el derecho de las familias a ser informadas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos (artículo 32); que obligan a las partes en conflicto a

15CICR, Personas desaparecidas, una tragedia olvidada, agosto de 2007. El Protocolo Adicional I, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, establece normas detalladas con respecto a las personas desaparecidas (artÌculos 32, 33, 34). De acuerdo con el CICR, en el caso de conflictos armados no internacionales, se aplican normas similares, de carácter consuetudinario.

8

15Este es el caso, por ejemplo, del Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala, fundado por Nineth Montenegro, María Emilia García, María del Rosario Godoy de Cuevas y Raquel Linares, y de las madres de la Plaza de Mayo, inspirada en Azucena Villaflor de Devicenti.16Organización de Estados Americanos. OEA La Convención I n t e r a m e r i c a n a S o b r e Desaparición Forzada de Personas, Resolución AG/RES 1256 (XXIV-0/94) del 9 de junio 1994 disponible en: http://www.oas.org/juridico/span i sh/ t ra tados/a -60 .h tml17Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Introducción.

buscar a las personas desaparecidas (artículo 33) y que establecen responsabilidades, para las partes en conflicto, de intercambiar información sobre la ubicación de las sepulturas; de respetar, conservar y marcar dichas sepulturas y proporcionar información sobre las personas que se encuentran sepultadas (artículo 34). De acuerdo con el CICR, en el caso de conflictos armados no internacionales se aplican normas similares, atendiendo al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, como de carácter consuetudinario.   Adicionalmente, el artículo 26 del IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, las partes en conflictos internacionales o no internacionales deberán facilitar la búsqueda emprendida por las familias y  facilitar el trabajo de los organismos que se dediquen a esta tarea. El artículo 7 del  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera como un crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas, que define como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.  El artículo 8 del Estatuto tipifica como crímenes de guerra las infracciones graves a los Convenios de Ginebra, entre ellas, matar intencionalmente, someter a una persona a tortura u otros tratos inhumanos, infligir deliberadamente grandes sufrimientos,  atentar gravemente contra la integridad física o la salud y cometer ultrajes contra la dignidad de la persona.

La desaparición forzada se remonta en América Latina a la década del 60. Organizaciones de Derechos Humanos afirman que entre 1966 y 1986, más de noventa mil personas fueron víctimas de este crimen en diferentes países de la región.  Ello motivó el surgimiento de asociaciones de familiares, lideradas frecuentemente por mujeres: las madres, hermanas, esposas o hijas de las víctimas15, para acompañarse, inicialmente, en los procesos de búsqueda de sus familiares, y posteriormente, para trabajar conjuntamente propuestas de dignificación, para recuperar la memoria de sus seres queridos y para tratar de llevar ante la justicia a los responsables.

Como práctica extendida en muchos países de América Latina se adoptaron mecanismos vinculantes para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual aprobó la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas16 el 9 de junio de 1994. Este instrumento señala que la desaparición forzada “… es una violación múltiple de derechos esenciales de la persona, una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave y odiosa ofensa a la dignidad intrínseca de la persona humana, contradicción de los principios y propósitos de la Carta de la OEA, que cuando es practicada en forma sistemática constituye un crimen de lesa humanidad”17.

La Convención Interamericana compromete a los Estados a que prevengan, sancionen

9

23Documento E/CN.4/1990/13. Párrafo 340.24Asfaddes. Ponencia “la voz de los familiares víctimas de la desaparic ión forzada en Colombia” 2005.25Amnistía Internacional; Recomendaciones al gobierno colombiano de una Misión de Amnistía Internacional a la República de Colombia, fechado 1 de abril de 1980 en Londres. El informe fue entregado al embajador de Colombia ante el Reino Unido, para que lo hiciera llegar al gobierno colombiano.26Constitución Política de la República de Colombia -ArtÌculo 12: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 199127Ley 589 de 2000 (julio 6) Diario Oficial No. 44.073, de 7 de julio de 2000 Por medio de la cual se t ip i f i ca e l genoc id io , la desaparic ión forzada, e l desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones.28Ley 971 DE 2005 (julio 14) Diario Oficial No. 45.970 de 15 de julio de 2005 Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones.29Asfaddes, Análisis Coyuntural Según Estadíst icas de la Desaparición Forzada En Colombia. 2006.

y erradiquen ese crimen, y también a que promulguen leyes y adopten medidas administrativas y judiciales que permitan aplicarla. Así mismo, los obliga a que no practiquen, permitan o toleren la desaparición forzada, "ni siquiera en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales”18. Es posible que ante la creciente denuncia de casos de desaparición forzada ocurridos durante el período de 1999 a 200119, el Estado Colombiano, se viese motivado a ratificar dicha Convención mediante la Ley 797 de noviembre de 200120, con lo cual Colombia fue el undécimo país en ratificarla. A nivel global el creciente interés por adoptar mecanismos legales de obligatorio cumplimiento para los Estados en la lucha contra este flagelo, se expresó en la adopción por consenso del texto para una “Convención Internacional Para La Protección De Todas Las Personas Contra La Desaparición Forzada”, por parte del recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas21, y por la Asamblea General de las Naciones Unidas22, que para entrar en vigor requiere su ratificación por 20 Estados.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha caracterizado este crimen como un método considerado eficaz por algunos estados, de eliminación de adversarios políticos o sospechosos de realizar acciones subversivas23. Según Asfaddes, la primera desaparición ocurrió en septiembre de 1977 contra la militante de izquierda Omaira Montoya24. En su primer informe sobre desapariciones forzadas y homicidios políticos en Colombia, Amnistía Internacional25 denunció una tendencia mayor a la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades. El motivo de mayor preocupación era la aplicación indiscriminada de normas constitucionales vigentes para ese momento, que facultaban al ejecutivo para ordenar la privación de la libertad de personas; en este contexto, se realizaron capturas que, frecuentemente, fueron calificadas de arbitrarias y que, en algunos casos, se acompañaron de torturas, la desaparición o muerte de las personas privadas de la libertad. Ese informe, entre otras razones, motivó la primera visita al país del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en 1988. El esfuerzo de sectores de la comunidad internacional y la sociedad civil colombiana, en particular de las organizaciones defensoras de derechos humanos y las asociaciones de víctimas, ha dado impulso al desarrollo de disposiciones legales para tratar de enfrentar este delito. La Constitución Nacional de 1991 prohibió de manera expresa en su artículo 12  la desaparición forzada26, norma que tuvo posterior desarrollo legal a través de la Ley 589 del 200027 que tipificó la conducta como delito, así como la Ley 971 del 200528 que reglamentó el mecanismo de búsqueda urgente. Pese a lo anterior, no ha sido efectiva la acción del Estado en la garantía de los derechos que se violan con ocasión de la desaparición forzada.  Prueba de ello, es que si bien no se cuenta con cifras que de manera realista permitan dimensionar el crimen de desaparición forzada en Colombia, las y los familiares de las víctimas agrupados en asociaciones como Asfaddes dan cuenta de un registro de 7.800 casos de desaparición forzada entre 1982 y noviembre de 200629. En dicho registro, se puede identificar el

18Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Artículo I.19Para Asfaddes, en el año 2000 se reportaron 767 personas desaparecidas forzadamente, indicando un promedio de 2 personas por día. Para el 2001 fueron 1.609 personas. Ello significarÌa un aumento del 119% con respecto al año 2000. Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos. 2003.20Diario Oficial No 44.632, del 1 de diciembre de 2001. Ley 707 de 2001- Noviembre 28 de 2001.21Resolución A/HRC/1/L.2 , Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 29 de Junio de 2006.22Resolución A/RES/61/177, Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de diciembre de 2006.

10

32Amnistía Internacional. Informe Colombia: garantía de Impunidad. Abril de 2005.

33Misión MAPP/OEA Noveno Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia Julio 03 de 2007. La presencia y actuación de diversos grupos ilegales en diferentes regiones del país continúa constituyendo uno de los principales riesgos para la consolidación del Proceso de Paz... Se registra la participación de mandos med i o s de l a s autodefensas dirigiendo nuevas estructuras armadas ilegales. Las operaciones de estos grupos continúan afectando gravemente a l a p o b l a c i ó n c i v i l , principalmente a los grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, afro-descendientes e indígenas. En este mismo sentido, la MOE (Misión de Observación Electoral) en su informe de Julio 18 de 2007 destacó riesgos electorales en el 30% de los Municipios del país, muchos de ellos asociados a la influencia de grupos armados en las regiones.

34En su documento Violaciones a los derechos humanos, diciembre 2002 - julio 2006, la Comisión Colombiana de Juristas CCJ manifiesta que los grupos paramilitares continúan violando el derecho a la vida, a pesar del proceso de negociaciones con el Gobierno. Desde el inicio de ese proceso el 1º de diciembre de 2002 hasta el 31 de julio de 2006, por lo menos 3.007 personas fueron muertas o desaparecidas por fuera de combate por paramilitares.

30Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a Colombia, Comunicado de Prensa, Bogotá, 12 de julio de 2005.

31Proyecto de ley de Justicia y Paz, Proyecto número 211 de 2005 Senado, 293 de 2005 Cámara por la cual se dictan d i s p o s i c i o n e s p a r a l a reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. 2005

incremento constante de este crimen de manera sistemática, hasta llegar en el período de 2001-2005 a un promedio de cuatro (4) personas desaparecidas por día.     En julio de 2005, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó su segunda misión a Colombia; el Grupo informó que recibió 1161 casos de desapariciones forzadas de los cuales 897 se encuentran pendientes de esclarecimiento por falta de información sobre el paradero o la suerte de las víctimas30.

La desaparición forzada: un verdadero desafío en las circunstancias actuales

La Ley de Justicia y Paz31 aprobada por el Congreso en junio de 2005 fue sancionada por el Gobierno Nacional en julio de ese mismo año. En relación con la desaparición forzada, el proceso de implementación de esta ley ha generado retos importantes tanto para las víctimas y sus familiares como para las y los funcionarios judiciales encargados de la investigación, debido a que ha sido esta modalidad criminal uno de los mecanismos más recurrentemente desplegados por los grupos paramilitares, cuyas víctimas principales fueron centenares de líderes sociales, miembros de asociaciones comunitarias, defensoras y defensores de derechos humanos, sindicalistas, maestras y maestros, campesinas y campesinos y en algunos casos funcionarias y funcionarios, críticos de la consolidación de su proyecto paramilitar.

Este marco legal ha sido objeto de permanente debate, incluso antes de su aprobación, momento en el cual se plantearon críticas que señalaban la falta de garantías de reparación para las víctimas y el desconocimiento de principios elementales de justicia. En términos de Amnistía Internacional, dicho proyecto "no cumple las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; además, agravará el problema endémico de la impunidad en Colombia, y entraña el peligro de que los paramilitares desmovilizados se reintegren en el conflicto armado"32.

Tal como lo señalaron distintas opiniones esta Ley no parece impedir que los grupos paramilitares mantengan un control político, económico y social en muchas partes del país, en especial en aquellas regiones donde históricamente han ejercido influencia33. De hecho, en lo que va corrido tanto del proceso de negociación como de aplicación de la Ley de Justicia y Paz no se puede afirmar que las desapariciones de civiles, la intimidación y el asesinato hayan cesado34.

Así mismo, uno de los aspectos que más ha preocupado a la comunidad internacional, son los términos que se establecen para que un número muy reducido de fiscales e investigadores produzca resultados que permitan que la aplicación de la Ley resulte en

11

37Tomado de: http://www.fiscalia.gov.co/justic iapaz/Exhumaciones .htm38Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas , Op Cit.39En casos recientes como los de Yugoslavia y Rwanda, los crímenes de lesa humanidad fueron castigados con penas entre la cadena perpetua y 10 a 20 años para quienes participaron más ac t i vamente en e l esclarecimiento de los hechos.

35Resolución 784 de 2007, por medio de la cual se conforman los grupos de Criminalística para el trabajo de exhumaciones en apoyo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz.36Amnistía Internacional, Informe 2007, El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, capítulo sobre Colombia, en: http://thereport.amnesty.org/esl/Regions/Americas/Colombia

garantía de justicia para las víctimas. En este sentido y como réplica a la puesta en marcha de la ley, la Fiscalía General de la Nación creó un grupo especial conformado por fiscales, investigadores, técnicos y expertos encargados de realizar exhumaciones en todo el territorio nacional35.

Pese a que era de esperarse un desbordamiento de la capacidad de respuesta, nunca fue previsible que la dimensión del fenómeno fuera de la magnitud que a la postre viene resultando. Como consecuencia, el grupo humano ha resultado insuficiente para atender esta realidad, tanto por el recurso humano como logístico y financiero disponible, sin que se puedan descartar debilidades de orden técnico.  Entre otras cosas porque durante sus versiones libres los paramilitares han informado a la Fiscalía General de la Nación la ubicación de una gran cantidad de fosas comunes y restos, lo que podría implicar nuevos espacios para la impunidad.

Según un informe de Amnistía Internacional36, con apoyo en estimados de la propia Unidad de Justicia y Paz, y pese a que la cifra pudiera ser muy inferior a la   realidad, se ha aceptado la existencia de al menos 3.000 víctimas de homicidios y desaparición forzada, cuyos restos permanecían sin localizar. Amnistía Internacional alertó sobre el riesgo de que algunos de los procesos de exhumación adelantados, pudieran no cumplir con estándares en la materia, de modo que se pusiera en peligro la adecuada documentación forense. Así mismo, criticó la forma precaria en que los restos bajo custodia oficial estaban almacenados, lo cual no debería soslayarse, en primer lugar por las implicaciones técnicas que pueda acarrear el deterioro, pérdida y/o manipulación inadecuada de elementos de prueba, con las posibles implicaciones para la investigación criminal; pero en segundo lugar, porque el registro noticioso que se hace de la situación, genera entre las y los familiares impactos emocionales previsibles como sentimientos de menosprecio, minusvalía o desconfianza en las acciones de las autoridades para respetar su dignidad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, desde la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz su unidad especializada ha practicado diligencias de exhumación que entre marzo de 2006 y mayo de 2007 han permitido encontrar restos correspondientes a 704 cadáveres, de los cuales apenas 188 se encuentran en identificación preliminar y de éstos tan sólo han sido plenamente identificados 4237. Esta realidad corrobora lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas luego de su misión a Colombia en 2005, cuando destacó “la brecha cada vez mayor entre un sistema jurídico muy perfeccionado y los pobrísimos resultados concretos de los mecanismos jurídicos”38.

A lo anterior se suma otro aspecto relacionado con las penas previstas. La Ley de Justicia y Paz pese a las críticas que se habían enunciado en el sentido de que no cumplía con los mínimos de proporcionalidad exigidos para este tipo de conductas, fijó como pena máxima ocho años, la cual resulta precaria comparada con otros procesos de justicia transicional en el mundo39. Resulta preocupante para las familias y debería serlo para

12

43Ignatieff Miguel. El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna. Madrid. Taurus 1999.

40Se refiere a la Declaración sobre la Protección de todas las P e r s o n a s c o n t r a l a s Desapar ic iones Forzadas aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992.41Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. Misión Colombia Julio 5 al 13, 2005.42Corte Constitucional. Sentencia C370/06 del 18 de Mayo de 2006 Magistrados Ponentes Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Treviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.

el país, que como lo señaló el Grupo De Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en su visita a Colombia, la Ley de Justicia y Paz no cumpla con los requisitos de la Declaración40

pues “dispone una reducción considerable de las penas aplicables a la perpetración de desapariciones forzadas. Ello no es compatible con la gravedad del delito”41.

En el examen de constitucionalidad a la Ley 975 o de Justicia y Paz, la Corte Constitucional42 determinó la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la Ley y ajustó algunos de sus apartes conforme a estándares internacionales en relación con los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario. Así, respecto del Derecho a la Verdad, ordenó que la versión libre deberá ser completa y veraz, haciendo notar que de descubrirse con posterioridad delitos no confesados, opera la pérdida del beneficio de la pena alternativa. En cuanto al Derecho de las víctimas a la Justicia declaró que las mismas podían participar con plenas facultades durante todo el proceso e incluyó como tales a todos los familiares en su Derecho a la Reparación.  Declaró así mismo inconstitucional tener en cuenta como parte del tiempo de privación de la libertad la estadía de los desmovilizados en las “zonas de ubicación”, y respecto del Derecho a la Reparación señaló que los desmovilizados responden con todo su patrimonio y son solidarios por los daños ocasionados por otros miembros del grupo.

La Corte Constitucional hizo una especial mención a la necesidad de esclarecimiento de los crímenes de desaparición forzada. Recordó que las demoras en las investigaciones o en la entrega de información sobre el paradero de la víctima han sido consideradas por la Corte Interamericana como una forma de trato cruel para los familiares de la persona desaparecida y calificó como inconstitucional el hecho de otorgar beneficios a los autores de este crimen sin exigirles que señalen el paradero de las víctimas. Al respecto, ordenó que tal información se aporte al comienzo del proceso, para dar a los familiares distintas oportunidades procesales para verificar la información y promover que esta sea fidedigna.  No obstante lo anterior, en las versiones libres que han rendido los paramilitares en los procesos de Justicia y Paz, la noción de verdad expresada por los victimarios ignora aquella posible de construir desde las víctimas, lo cual no sólo menoscaba el derecho que éstas tienen a la realización plena de tal derecho, sino que limita la posibilidad de realizar un ejercicio de construcción de verdad que debe ser colectivo para que pueda ser público. Una verdad que se nutre de rescatar el relato privado y significarlo de manera pública, es lo que permite ver en la verdad un bien común, en este sentido, para Ignatieff “existen al menos dos verdades: una factual y otra moral, la verdad de las narraciones que cuentan lo que ocurrió y la de las narraciones que intentan explicar por qué y a causa de quién, que suponen un juicio crítico y ético sobre los hechos”43. En otras palabras, el reto será el de construir una Verdad capaz de contribuir a la dignificación de la condición humana, para lo cual es necesario trascender la circunstancialidad de los hechos violentos, que con todo y su utilidad en el proceso de

13

documentación necesaria para la acotación histórica y vital en los esfuerzos de señalamiento de responsabilidades, resultan precarios a un propósito emocional y social genuinamente reparador.   En todo ese camino, hacia una Verdad con capacidad reparadora, la memoria surge como un elemento central para la construcción de esas narraciones individuales y colectivas con sentido social. Constituye un puente conector entre el pasado de un Estado que propició o no evitó que las violaciones se dieran, con una sociedad incapaz de impedir o limitar las violaciones y un futuro en el que la sociedad consciente de su deber ético, no acepta el olvido a manera de negación colectiva y, en consecuencia, exige y acompaña al Estado en el establecimiento de esa narración responsabilizante.   Como afirma Barkhust, “la memoria está hecha de narraciones plurales, diversas, confrontadas, que selecciona, almacena, omite y resalta aquello que le permite encontrar sentido, individual y colectivo y actuar con intencionalidad política frente al futuro”44. Tanto el esclarecimiento de la verdad, como el acceso a la justicia son elementos esenciales a considerar en la situación emocional de las familias que han sido víctimas de desaparición forzada. El camino que han recorrido los y las familiares en la búsqueda de sus derechos tiene una estrecha relación con su posibilidad de bienestar emocional y, en este sentido, el Estado debe animar la construcción de ese relato colectivo, que en relación con el esclarecimiento de los hechos configure la barrera de contención que impida la repetición y haga posible un imaginario social más compartido.

44Barkhurst, D. Memoria, identidad y psicología cultural. En: Memoria colectiva e identidad nacional. R. Rivero et al. (comp). Madrid: Biblioteca Nueva. 2000.

PARTE 2Desaparición forzada e Impacto Psicosocial: escuchando la voz de las y los familiares

Escultura: Kurt P. Hansen / Fear

17

458 hombres y 37 mujeres.

46La desaparición forzada entraña la violación de una serie de derechos fundamentales entre los que se encuentran el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes, el derecho a la vida.

Proponer un programa de acompañamiento psicosocial para familiares de víctimas de desaparición forzada, implica estar en capacidad de comprender cuáles son y en qué forma se manifiestan a nivel individual, familiar y colectivo, los diversos impactos psicosociales que se desprenden de este crimen pero también conocer la manera como sujetos y familias encaran los procesos de búsqueda, exhumación, identificación y de acceso a la justicia, y las múltiples oportunidades que en este trasegar son capaces de agregar afectación emocional entre unos y otros.   En este apartado se describen analíticamente los hallazgos y entendimientos construidos en el trabajo con 45 familiares45 de víctimas de desaparición forzada durante dos encuentros realizados en los Departamentos de Casanare y Magdalena. Los impactos psicosociales que genera este crimen entre quienes se enfrentan a la desaparición de uno o más miembros de la familia, pueden entenderse como derivados del hecho en sí o asociados a los procesos que de allí se desprenden.  En el primer caso, la desaparición forzada como hecho violento abrupto, irrumpe y altera gravemente la vida de las familias, impactando todas las esferas: personal, familiar, sociocultural, política y económica. Las personas sufren una serie de transformaciones en su cotidianidad, en sus relaciones, en el papel que juegan en la sociedad y en las labores que cumplen, lo cual incide en el mundo emocional como consecuencia del hecho violento. Estos impactos, que no son uniformes, son reacciones normales frente a la anormalidad de este crimen de lesa humanidad que vulnera los derechos de las víctimas, de sus familiares y comunidades46. Con respecto al segundo aspecto, fue posible identificar ciertas consecuencias que surgen de manera paralela y/o posteriormente a la ocurrencia de la desaparición forzada. Se trata de diversos impactos psicosociales que se generan con ocasión del proceso de búsqueda, de intentar acceder a la justicia y de conocer la verdad. Esto pone de presente que la relación que se construye entre las familias y los operadores judiciales, es un asunto que merece toda la atención, dado que potencialmente tal interacción podría favorecer formas de re-victimización, que al impactar la salud emocional subjetiva y relacional de unos y otros, en últimas limitan el acceso a la justicia. Planteamos, que es menester que los procesos judiciales de búsqueda de la verdad, de sanción a los responsables y obtención de reparación, no vulneren los derechos de estas familias dados los altos costos emocionales que esto les implica. Se trata de aportar en el establecimiento de más adecuadas y justas relaciones entre el Estado y las víctimas.

Un escenario de carencias para afrontar la desaparición forzada Los impactos psicosociales no son uniformes, se expresan de forma variable según las características del contexto y la manera como se produjo la desaparición, si existen

15CICR, Personas desaparecidas, una tragedia olvidada, agosto de 2007. El Protocolo Adicional I, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, establece normas detalladas con respecto a las personas desaparecidas (artÌculos 32, 33, 34). De acuerdo con el CICR, en el caso de conflictos armados no internacionales, se aplican normas similares, de carácter consuetudinario.

18

47Recetor, Aguazul y Chámeza, son municipios del departamento del Casanare con serias dificultades de acceso por el bajo nivel de infraestructura vial. Han estado aislados del centro económico, político y demográfico del país por la barrera andina. Este territorio es por demás fértil y dotado de diversas riquezas a nivel de recursos como el petróleo, la sal, la arena, las esmeraldas, el cultivo y la ganaderÌa. Como lo señala la gobernación del Casanare este departamento posee serios problemas de infraestructura vial, pero a su vez “es en una frontera de valor estratégico militar para el gobierno y el desarrollo económico”. Según registra la gobernación del departamento, al terminar el siglo XX había en Casanare en explotación y programados para explotar, aproximadamente 30 pozos petrolíferos situados sobre todo en el piedemonte (12 en Tauramena, 9 en Aguazul, 1 en Nunchía, 4 en Paz de Ariporo y 7 en Trinidad), por lo que se denominó a la región el “corredor petrolero”. Aguazul, Chámeza y Recetor, municipios en donde se registra habitan las familias consultadas, son regiones apetecidas por la explotación de sal, minas de arena fina, caliza, carbón, petróleo crudo, ganadería y cultivos tradicionales. Para información adicional puede consultarse la página de la gobernación: www.casanare.gov.co.48Municipio que se encuentra ubicado a 1:30 minutos en promedio vía terrestre de la capital del departamento.

amenazas previas, si el hecho se acompaña de otras formas de violencia, si se da de forma individual o implica a otras personas. Así mismo, es relevante si la situación ocurre frente a otros miembros de la familia o si se ha tenido una experiencia previa de desaparición o de otro hecho de violencia socio-política. También es significativo si la persona desaparecida jugaba un rol o figura de líder social o ejercía algún tipo de militancia. No pueden desatenderse variables como el momento del ciclo vital, tanto de la persona desaparecida como de las y los familiares más cercanos, así como la condición de género de unos y otros y la relación filial o de afinidad. Finalmente, es significativo si para la familia es posible construir algún tipo de hipótesis certera sobre los presuntos responsables, móviles y circunstancias que rodean el crimen. A la hora de establecer los impactos, debe tenerse en cuenta también que los recursos propios y sociales de las familias y sus comunidades juegan un papel fundamental.   Los miembros de las familias que participaron del proceso contaban con herramientas, condiciones sociales y contextos regionales diversos y en este sentido cada familia ha vivido procesos particulares. Entre las y los familiares hay diferencias de procedencia. Los consultados en la ciudad de Santa Marta han vivido la mayor parte del tiempo en la ciudad y algunos trabajan en municipios cercanos, mientras que en el Departamento del Casanare, en su mayoría, su procedencia es rural, viven en otras veredas del municipio y otros municipios cercanos como Aguazul y Chámeza47, pocos viven en la cabecera municipal de Recetor48. Las familias de este departamento son campesinas en su mayoría y sus integrantes poseen diferentes niveles educativos en su mayoría bajos. Los familiares adelantan diferentes roles dentro de la comunidad algunas son maestras, maestros, amas de casa, campesinas, campesinos, otras funcionarias o funcionarios públicos, estudiantes y líderes comunitarios; mientras que en la mayor parte de las familias consultadas en Santa Marta las y los familiares desarrollan actividades relacionadas con un ejercicio profesional y – en términos generales – han contado con un buen promedio de acceso a la educación. Frente a la garantía de los derechos fundamentales, las familias manifiestan realidades diferentes. En el Departamento de Casanare, las familias consultadas señalan que el Estado colombiano les adeuda programas sociales en educación, alimentación, salud, vivienda, seguridad e infraestructura vial. Según las y los familiares, aún antes de la desaparición no estaban garantizados sus derechos y los de sus familias, y consideran que los esfuerzos orientados a lograr un “bienestar”, incluido el emocional, deben contemplar la integralidad de las necesidades de las familias y dentro de éstas dar respuesta específica a las generadas por el hecho de la desaparición.   En sus reflexiones las y los familiares destacan la responsabilidad del Estado colombiano como propiciador de condiciones para la producción de este delito por acción u omisión. Plantean que la ausencia regional es la característica del Estado, la cual se expresa en baja o nula presencia institucional, ausencia de programas de inversión social para el desarrollo y la educación, y en muchos casos señalan que su presencia “ha estado íntimamente relacionada con los grupos paramilitares y su accionar en la zona”49.

49Los textos en comillas y en curs iva corresponden a afirmaciones realizadas por familiares víctimas y funcionarios en el contexto de los encuentros.

19

Estas percepciones de las víctimas no pueden ser obviadas. Comprender los múltiples impactos emocionales entre los y las familiares víctimas de desaparición forzada desde una perspectiva psicosocial y de derechos, supone atender un espectro amplio de elementos en los que es preciso reconocer que, de acuerdo con las víctimas, este crimen se ha presentado en Colombia en medio de un contexto que ha favorecido su existencia, ha dificultado el acceso a la verdad, la justicia y la reparación y ha favorecido condiciones para la impunidad. En este orden de ideas, no es posible entender un programa de acompañamiento psicosocial orientado exclusivamente a abordar los impactos producidos por el hecho violento ignorando que éste se inscribe en vulnerabilidades y necesidades históricas que hacen más compleja la situación de las víctimas, pues configuran un escenario de carencias desde el cual deben afrontar la desaparición forzada. Así, pensar en el bienestar emocional es también reconocer la necesidad de un contexto favorable a la restitución de la integralidad de los derechos de las víctimas, sus familias y comunidades.

Sentimientos… siempre presentes en las familias La situación de las personas consultadas puso en evidencia que el tiempo y la forma como se produjo la desaparición guardan relación con el impacto psicosocial. Identificamos lapsos variables, desde desapariciones que ocurrieron hace muchos años hasta otras cometidas recientemente, hace pocos meses, en todas subyace un común denominador: el lento avance en el proceso de búsqueda de las y los desaparecidos y el poco o nulo resultado en las investigaciones judiciales. Respecto de la forma como opera el crimen, no hay un único patrón, en algunos casos se da en familias en las cuales uno o varios de sus miembros tenían militancias en movimientos de izquierda, así como en miembros de familias campesinas ajenas a este tipo de actividad. En otros casos las víctimas eran funcionarias o funcionarios de investigación que en el cumplimiento de su labor fueron desaparecidos.   Para las y los familiares no parece darse una correlación entre el tiempo transcurrido luego de la desaparición y la intensidad de la afectación emocional: "Cuando uno pierde un ser es como si tuviera algo en un pie, que cuando se pone el zapato se lo lastima". Manifiestan estar muy afectados por el hecho y que con el paso del tiempo, en lugar de que el impacto sea menor, sigue estando presente con una capacidad extraordinaria para causar dolor; como si aquí el paso del tiempo no operara para mitigarlo. Esto se corresponde con la dificultad que tienen las víctimas de desaparición forzada para la tramitación de las pérdidas, en otras palabras, con su dificultad para elaborar los duelos por la ausencia de certeza respecto de lo ocurrido y del paradero de sus seres queridos. Asumen un gasto emocional permanente imaginando qué les pudo ocurrir, de qué manera; recrean todo tipo de situaciones con el mayor nivel de

20

50En el caso de Recetor, este encuentro fue uno de los primeros realizados en el Departamento de Casanare, en el que los familiares reconocían con otras familias el repertorio de emociones presentes desde cuando se produjo la desaparición y en donde podían expresar tanto sentimientos generados por la ausencia de su familiar como los generados por la enorme carga emocional, laboral y económica que supuso la perdida de este miembro de la familia. En el caso del grupo de Santa Marta las famil ias señalaron haber participado de algunos espacios terapéuticos frente a los cuales dijeron no haberse sentido recogidos en el proceso. En este mismo sentido el Diario La Opinión, en su articulo “El silencio carcome a las familias de desaparecidos”, señalaba que “la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, e l C u e r p o T é c n i c o d e Investigación (CTI), el Instituto de Medicina Legal y la Policía son las instituciones que reciben e investigan estos casos, pero ninguno de ellos cuenta con un programa de ayuda psicosocial, ni involucra a los allegados en el proceso de búsqueda”. Diario La Opinión, 8 de julio de 2007.

detalle donde a menudo sus seres queridos son presa de todo tipo de sufrimientos. Las familias consideran que este hecho violento ha transformado de manera importante su vida a nivel familiar, social, laboral, dejando presentes sentimientos de zozobra, dolor y tristeza, por años y aún décadas. Tal sensación de afectación permanente podría deberse a los exiguos resultados en términos de acceso a la verdad y la justicia (búsqueda e identificación de familiares, esclarecimiento de los hechos, judicialización de las y los responsables), como a que la mayor parte de las familias consultadas señala no haber participado de procesos de acompañamiento emocional después de lo sucedido50. Entre el cortejo de emociones luego de la desaparición, destacan en el nivel individual la impotencia, el miedo, la incertidumbre y la frustración. A ello se suma la forma como tienden a construir relaciones mediadas por sentimientos de desconfianza, vulnerabilidad, desesperanza y poca o ninguna credibilidad respecto de la capacidad protectora del Estado. Frecuentemente se debaten en la paradoja de la ausencia y la presencia, en donde el desaparecido no está, pero en realidad está presente en todos los aspectos grandes y pequeños de sus vidas, les cuentan, les consultan y mantienen informados; siendo tan presente la ausencia del desaparecido, temen establecer nuevos afectos, nuevas relaciones, por fuera de aquél, para no sentirse culpables: ello equivaldría a una especie de traición. En conjunto tienden a mostrarse contenidos en la expresión emocional, como si les parecieran incorrectas manifestaciones emocionales, cuyo ánimo no corresponde al de tristeza y trascendencia. ¿Cómo mostrarse alegres si son familiares de un desaparecido? Por otra parte, parece determinante para las y los familiares que socialmente se valide la memoria de sus seres queridos y se reconozca la injusticia de los hechos que les tomó por víctimas. Con esto ponen de presente la profunda estigmatización social que subyace frente a este crimen, que lo hace aceptable a partir de la supuesta pertenencia o actividad política, casi siempre asociada a las guerrillas; para las y los familiares es importante que se sepa que esto no era cierto: “Ellos eran campesinos honrados, no eran ningunos guerrilleros”, “mi hijo no hizo nada para merecer esa suerte”. Con la desaparición suele sobrevenir una transformación de las relaciones familiares, el animador central de la conversación es la búsqueda del desaparecido. Hay temor a que otros conozcan la propia condición emocional; la desaparición es vivenciada y afrontada procurando no mostrar sus sentimientos, con lo cual buscan no afectar a los demás, sin darse cuenta  que con ello caen en una trampa que hace más lejana la posibilidad de superar el impacto emocional.  Así mismo, ante la situación mostraban poco interés de conversar con otros acerca de su sentir, aún si éstos también tuvieron personas desaparecidas o se trataba de miembros de su familia, con lo cual el círculo de dolor y aislamiento se hace más difícil de superar. ¿Cómo afrontar estas circunstancias con otros miembros de la familia? ¿Qué decir? ¿Cómo hablar del tema cuando genera tanto dolor? Estas y otras preguntas surgieron

21

con las familias y reflejan la demanda de orientación y necesidad de mayores espacios de apoyo colectivo, pues frente a la desaparición forzada el ámbito de lo individual se ve rebasado por las implicaciones de todo orden que el crimen conlleva.

Rupturas e imposibilidad de relevo generacional La desaparición forzada implica para muchas familias la ruptura de sus lazos sociales, suele venir el aislamiento, en parte por la percepción que recrean de sí y también por que el grupo social tiende a mantener distancia de un entorno que identifica potencialmente riesgoso para su propia seguridad. Las familias relatan que la desaparición y los procesos de investigación generan sentimientos de temor hacia las y los otros, de desconfianza y no reciprocidad. En sus palabras: “Las familias tenemos miedo a comentar o percibimos incluso innecesario el hacerlo”. A su vez, también la desaparición genera el señalamiento de las otras personas y la estigmatización que se pone de presente en frases como “por algo sería”, “en qué andaría para que eso le pasara”. Cuando la desaparición forzada supone la pérdida de las hijas y los hijos, entre las madres y los padres no es tan evidente la alteración en sus roles cotidianos. La afectación emocional está dada por sentimientos de nostalgia, tristeza e impotencia y se destaca la incertidumbre frente a su situación futura. El cambio de roles se puede dar entre las hijas y los hijos que en algunos casos tienden a asumir el papel de la hermana o hermano ausente, tanto en el ámbito familiar como en las actividades públicas de aquel. Cuando las madres y padres son adultos mayores, la desaparición de sus hijas o hijos afecta directamente su sustento al corto, mediano y largo plazo, lo que se explica por la necesidad de apoyo para el desarrollo de las labores diarias; especialmente en los contextos rurales, donde el sostenimiento familiar depende del relevo generacional frente a las labores de agricultura y otras responsabilidades. En ocasiones la desaparición forzada implica a varios miembros de una misma familia51, esta situación supone una ruptura social de grandes proporciones y de enorme impacto emocional, particularmente cuando se trata de personas que desplegaban alguna militancia política. En este caso, si bien se desprenden implicaciones psicosociales para el entorno familiar es imposible pasar inadvertidos los mensajes que a nivel colectivo y de organización social deja el hecho, y que por el propósito de este documento escapan a una mayor reflexión. Frente a la ruptura social un recurso destacado por los grupos ha sido la solidaridad entre las familias como una herramienta para el auto-apoyo, no sólo en el campo de lo emocional, sino, en otros escenarios en donde las estrategias de una familia pueden habilitar posibilidades para otras en lo económico, judicial y social. Debe considerarse dentro de un programa de acompañamiento psicosocial como relevante promover espacios que se orienten a dar respuesta al impacto colectivo de la desaparición forzada, evidente en la alteración de los espacios, prácticas y usos

51Uno de los jóvenes que integraron el grupo de Casanare señaló que 7 personas de su familia fueron desaparecidas.

22

sociales que se abandonan una vez ocurre la desaparición. Como lo describen los familiares consultados, es útil a nivel emocional reunirse, rememorar a las personas y privilegiar recuerdos positivos de sus familiares como forma de mantenerlos presentes y de “no permitir que se olviden los hechos, ni su existencia”. Los grupos consultados coinciden en plantear como importante ganar elementos hacia la consolidación de procesos organizativos que les permita apoyarse entre sí y además reconocer que este drama no es solamente una situación que atañe lo individual y familiar, sino que amerita un reconocimiento desde el ámbito público. Aquí es sin duda pertinente la acción psicosocial. 

El fortalecimiento de las familias desde el ámbito colectivo Las familias destacan la importancia de las organizaciones de víctimas como escenarios de fortalecimiento y participación donde es posible además de compartir la propia experiencia aprender de los demás, con lo cual se da un intercambio de beneficio mutuo. "Compartir lo que se siente y hablar en un mismo idioma", es visto como la vía para construir un mejor estar emocional y enfrentar sentimientos que individualmente asumidos resultan muy inmovilizadores como el miedo, el cual es visto como una de las principales tenazas que impiden concurrir a los procesos de denuncia, búsqueda y acceso a la justicia. El rol de soporte y orientación que potencialmente pueden ofrecer las organizaciones de familiares de víctimas, puede ser una contribución importante dada la complejidad, duración, demanda de recursos y desgaste que a menudo encierran los procesos de búsqueda. En ese sentido el fortalecimiento de las organizaciones podría permitir un ejercicio colectivo de derechos que haga más fácil el seguimiento y calificación de los procesos de investigación, así como jugar un papel significativo de sensibilización y formación de una opinión pública más favorable a la realización de los derechos de las víctimas de este crimen. Adicionalmente, tales asociaciones podrían ser un dique de contención a arreglos políticos y/o jurídicos que privilegien la impunidad al tiempo que, alientan éticamente la construcción de memoria histórica, demandan y estimulan la justicia institucional52.

El proceso de búsqueda y las familias El proceso de búsqueda es la labor en la que las familias empeñan toda su energía y al tiempo encierra el mayor conjunto de obstáculos y de afectación emocional tras la desaparición forzada. Tal como lo señalan las familias: “Nos sentimos corriendo desesperados, con ganas de buscar por todos lados, pero no sabemos dónde, no se encuentra nada, no hay ley, no hay país, puras mentiras, cuando a uno le dan la noticia

52Cepeda, I. y Girín, C “Testigos históricos y sujetos de justicia”, revista Razones y Emociones. Fundación Dos Mundos. No 15. mayo - junio 2005, Bogotá, Colombia.

23

uno corre, pero uno corre solo”. La búsqueda se convierte en la bandera de las familias, una palabra que señala el camino a seguir, una fuente de impotencia cuando no se sabe, un riesgo cuando ésta implica la exposición a nuevas violencias ¿Cómo y por dónde investigar? En ocasiones es fuente de caos, se carece de la experiencia y recursos necesarios para adelantarla, pero a la vez es el sentido de la vida misma, que muchas veces acompaña por generaciones a todos los miembros de las familias, heredándose la labor de madres y padres a hijas e hijos. Dentro de la búsqueda de pruebas las y los familiares describen su actuación en el proceso: “Yo soy como una investigadora". La mayoría de las pruebas que se suman a los casos se consiguen gracias al trabajo juicioso de caminar, preguntar, pensar, atar cabos y recuerdos de conversaciones antiguas con las víctimas, con sus amigos, entre otras técnicas que desde su condición de ciudadanos comunes han descubierto como útiles. No obstante que esa labor de “investigadores” les ayuda a combatir la impotencia y a asumirse útiles, reconocen que esa no es su función y que la razón por la cual lo hacen de una manera tan febril, es por “la ausencia de apoyo de las entidades que deben hacerlo, por la negligencia e ineficacia de los funcionarios y la institucionalidad”. Así mismo sienten que son ellas y ellos quienes mejor pueden reconocer pistas y pruebas válidas y pertinentes por su cercanía con los familiares. Cuestionan la manera como las autoridades recaudan las pruebas mediante formatos pre-establecidos: “Llenamos y llenamos formularios pero no sabemos si conocen algo particular de ellos”. Desde su mirada, tales instrumentos no recogen información que puede ser relevante y no están diseñados acorde a la importancia que tiene la desaparición de un familiar, resultan inútiles para reflejar el dolor de los familiares y los detalles que quisieran, fueran tenidos en cuenta: “No se han sentado con nosotros, todo es a través de los formularios”. La mayoría de las víctimas percibe la acción estatal como actuaciones parciales y en todo caso insuficiente respecto de los medios que debería disponer el Estado para enfrentar la situación. En relación con la atención de las y los funcionarios públicos anuncian la existencia de tratos discriminatorios, cuando la acción de búsqueda depende de “si la familia puede o no aportar para asumir el pago de la gasolina de los vehículos”, más aún cuando observan que para algunos casos es posible disponer hasta de helicópteros. Las víctimas sienten que los procesos de investigación parecieran tener carácter preferente para algunas víctimas sobre otras, estos elementos suponen a su vez que las familias asuman e integren a su relación con el Estado sentimientos de desigualdad en torno a la aplicación de los mecanismos de los que dispone para la restitución y protección de sus derechos. Es importante oír la voz de las víctimas de manera que no sientan que para el Estado el problema de la desaparición y la búsqueda les debe tener por animadores centrales; sino que al contrario, que sea público el conocimiento de la desaparición como una preocupación y responsabilidad esencialmente estatal, que cursa con la evaluación y calificación de los actuales mecanismos, recursos y prácticas para encarar la lucha contra este crimen.

24

54Charlotte Lindsey. Las mujeres an te la guerra . Comi t í Internacional de la Cruz Roja. 2002. Página 30.

53El Mecanismo de Búsqueda Urgente fue creado mediante la Ley 586 de 2000, Artículo 13. “Si no se conoce el paradero de una persona se podrá solicitar a cualquier autoridad judicial, por parte de terceros y sin necesidad de mandato alguno, que disponga de inmediato de una búsqueda urgente para realizar todas las diligencias necesarias, tanto en relación con autoridades y dependencias públicas como con particulares y lugares de carácter privado, para dar con su paradero” y posteriormente desarrollado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que elaboró y presentó al Congreso lo que sería la Ley 971 de 2005, por medio de la cual se reglamenta el mecanismo.

La búsqueda urgente: una necesidad, un riesgo, una esperanza Cuando ocurre una desaparición forzada, la abrumadora carga emocional que sobreviene lleva a que las familias quieran actuar de forma inmediata sin que ello suponga que saben qué hacer, a dónde acudir, qué instrumentos emplear. En medio de la confluencia de múltiples sentimientos enmarcados por la angustia y la esperanza, las familias identifican como crucial la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente53, suponen que un despliegue oportuno o la alerta de la comunidad podría resultar salvadora para el desaparecido. El Mecanismo de Búsqueda Urgente demanda un trabajo cooperativo y coordinado entre las y los familiares y las entidades encargadas de la búsqueda, sin embargo, en la experiencia de las y los familiares el instrumento se aplica con diversas dificultades: “Fui primero a la SIJIN a decir que mi hijo se desapareció y me dijeron que el plazo mínimo para buscarlo es de 72 horas”. No obstante, que el Mecanismo en su definición prevé el carácter inmediato de la medida, de lo cual depende su efectividad, las familias señalan que no obtienen respuestas por parte de las autoridades, y perciben que esto se debe bien a que desconocen la existencia del mismo o porque, conociéndola, carecen de un plan o metodología para emplearlo. Ocurrida la desaparición el impacto emocional entre las familias está estrechamente ligado a la respuesta institucional. Para las familias el costo emocional que tiene la inmovilidad del Estado es muy alto e implica afrontar el riesgo de la búsqueda de sus familiares. Como lo señala una víctima: “Llegué al DAS… Necesito que me auxilien… Lamentablemente no podemos hacer nada porque es zona roja”. De esta forma se marca el inicio de una relación en donde las familias sienten que el Estado deja en ellas la responsabilidad de atender la búsqueda como expresión de su propia inoperancia. Desde allí sentimientos como rabia, impotencia, angustia, desprotección y desconfianza refuerzan el recelo con que las familias e instituciones se relacionan. Emprender la búsqueda por su propia cuenta, les lleva a experimentar soledad por la falta de apoyo; dolor por lo que está sucediendo y tristeza frente a la reacción de las instituciones, lo que ellos y ellas describen como “ausencia de solidaridad y comprensión del dolor ajeno”, pero que en términos de derechos supone una vulneración adicional por la omisión estatal.

Género y desaparición forzada: un asunto central Como lo afirmaron funcionarios de la Unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía que hicieron parte del proceso, “el 80% de las personas que denuncian la desaparición forzada son mujeres, madres, hijas, esposas a las que se les ha quitado el sustento de la casa”. De este modo, este crimen tiene graves efectos en las mujeres y acentúa condiciones históricas de vulnerabilidad relativas al hecho de ser mujeres. La vulnerabilidad54, como

25

ha sido definida por el CICR, hace referencia al nivel de exposición a determinado problema, su capacidad para enfrentarlo y los efectos del mismo. Aunque también las mujeres son víctimas de desaparición forzada, en este caso la presencia mayoritaria de las mujeres en los talleres (82%) evidencia que son ellas quienes enfrentan mayoritariamente la desaparición forzada de un familiar, lo cual  las expone a mayores riesgos y cargas emocionales que deben asumir en medio de todo tipo de adversidades y de un entorno refractario a reconocer, documentar, sancionar y prevenir los abusos que se cometen en su contra, con ocasión de las tareas que adelantan para la denuncia, búsqueda, judicialización y aún exhumación e identificación de sus familiares. Los obstáculos que las y los familiares deben enfrentar en todo este proceso, son mayores para las mujeres que por lo general no tienen experiencia en tramitar soluciones en lo público, y para quienes la conciencia de derechos es mínima o inexistente. La desaparición forzada para las mujeres tiene impactos en lo privado y en lo público. Su responsabilidad tradicional de garantizar las condiciones para la reproducción social y cultural, se ve seriamente afectada cuando una o un integrante de su familia es desaparecido. No se trata sólo de garantizar las condiciones materiales necesarias para la supervivencia del grupo familiar, se trata sobre todo de garantizar el ambiente adecuado y de bienestar emocional de la familia, que les ha sido delegado como “cuidadoras de la maquina de la vida”. La protección del mundo de lo privado y de los suyos ha sido tradicionalmente responsabilidad femenina, la desaparición forzada las enfrenta a situaciones nuevas y dolorosas frente a las cuales deben desarrollar habilidades, sin apoyo social e institucional.   En aquellos casos en que el desaparecido fue el compañero o responsable del soporte económico, las mujeres afirmaron ser más propensas a “sufrir enfermedades físicas y dolores musculares”, lo que atribuyen a múltiples tensiones y situaciones a las que no encuentran solución. Cambios en su estado de ánimo, asumir nuevos roles como el de proveedora de hogar, continuar con las funciones de crianza de sus hijas o hijos sin contar con herramientas adecuadas para conversar y brindar explicaciones por la ausencia del compañero, sumado a diversas responsabilidades, hacen parte del escenario a enfrentar. Con frecuencia su dolor debe ser “escondido” para evitar más sufrimiento a su familia.  Con posterioridad al hecho, algunas asumen además la responsabilidad de proveer condiciones mínimas de seguridad, cambian muchas veces el lugar de vivienda, otras deben desplazarse y buscar, en un contexto adverso, condiciones para mantener la familia, denunciar e iniciar la búsqueda. En efecto destacan que en muchos casos la desaparición está antecedida o mediada por otros hechos de violencia; en uno de los casos consultados, la mujer y madre cabeza de familia describe que la desaparición forzada la llevó a desplazarse por amenazas del grupo paramilitar que no le permitió adelantar ninguna acción legal para dar con el paradero de su esposo.   Para las mujeres el proceso de búsqueda supone hacer frente a situaciones diversas, muchas de las cuales entrañan riesgos personales y para su grupo familiar, sin que

cuenten con apoyo o protección institucional. A este respecto las y los funcionarios de la Unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía señalaron que “el ser mujer, las expone a situaciones de riesgos adicionales al emprender procesos de búsqueda o de denuncia, especialmente en lo relativo a violencia sexual, llegan con el temor de que el mismo victimario viene detrás de ellas, en muchos casos no han denunciado y nos piden que no se haga público, no se atreven a denunciar, eso genera descreimiento en la justicia, impotencia, rabia”.   En conclusión, la desaparición forzada reproduce expresiones de violencia basadas en la identidad de género que no se agotan en la violencia sexual, también implican el descreimiento, la burla, y el menosprecio en espacios públicos de la mujer que coartan su acción de búsqueda de la justicia55. Debe tenerse presente que las acciones o conductas de los operadores de justicia que resulten discriminatorias, que no permitan valorar los reclamos de las mujeres de manera libre de patrones estereotipados de comportamiento o que causen sufrimiento psicológico a las mujeres en sus procesos de denuncia y búsqueda, contradicen la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, ratificada por Colombia56. No obstante estas dificultades y lo doloroso de la situación, las mujeres familiares de desaparecidos y desaparecidas han logrado desarrollar acciones individuales y colectivas, para encontrar a sus seres queridos y para hacer visible la persistencia de este crimen. Su liderazgo es evidente aunque no ha sido suficientemente reconocido social y políticamente en Colombia.   

La desaparición: un evento que afecta la vida de niñas y niños

Con la desaparición forzada un obstáculo que encuentran las y los familiares que participaron del proceso, es la dificultad para explicar y conversar con las niñas y niños la situación, construir lenguajes apropiados que les permita abordar esa dolorosa realidad tanto en la familia como en otros espacios de socialización de las niñas y los niños, y los sentimientos comunes a todos. Tampoco encuentran la manera de involucrarlos en conversaciones que ahora tienen como personaje central la desaparición, asumen que una mejor forma de protegerlos es marginándolos de estas conversaciones y tratando de impedir que las niñas y niños conozcan el sentir de los adultos. Como es natural, ambas cosas resultan imposibles con lo cual la situación emocional de las niñas y niños se hace más compleja. La afectación de niñas y niños varía según el grado de cercanía con el familiar desaparecido. En aquellos casos en donde los desaparecidos son los padres de las niñas o niños, la desprotección es la norma, pues los difíciles entornos económicos que suelen rodear a estas familias hacen poco viable que algún familiar pueda cubrir apropiadamente sus necesidades, con lo que la desaparición viene a agudizar escenarios de vulnerabilidad

26

56Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará” (adoptada en Belem do Pará, Brasil, el 9 de Junio de 1994 en el vigésimo cuarto período de sesiones ordinarias de la Asamblea General. Artículo 7: “Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen adoptar por todos lo medios y sin dilaciones , políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”.

55Al respecto por ejemplo Asfaddes, manifiesta que como grupo en su mayoría integrado por mujeres, “en ocasiones, se han sentido incomprendidas o utilizadas por quienes ven en las víctimas sólo el espacio de expresión del sufrimiento (nos llamaban las lloronas, las busca cadáveres) e ignorancia” en: La lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos. Revista Razones y emociones. No 18 julio-Diciembre 2006. Bogotá,Colombia.

27

que limitan el goce de sus derechos. Además del derecho a la familia y a crecer en un entorno que favorezca su bienestar, uno de los derechos que más se restringe es el acceso a la educación a lo que se suma que deban asumir roles, por ejemplo de proveedores, a temprana edad. Cuando el cuidado depende de instituciones o terceros, se pierden referentes de identidad que habrían tenido con sus familiares. Dada la sobre-atención que demanda la búsqueda, muchos niños y niñas vivencian una especie de desplazamiento afectivo que les hace sentirse menos importantes que el familiar desaparecido. Igual que ocurre con el resto de la familia, en las conversaciones hay una marcada evocación del desaparecido, respecto de quien se da una gran movilización afectiva. Sin embargo, en muchos casos los niños y niñas carecen de recuerdos que los conecten con el desaparecido y aún así comparten con los adultos la abrumadora carga de dolor por la ausencia, donde pareciera darse un legado trans-generacional de sentimientos desde los adultos y en consecuencia deben mostrarse tan afligidos como aquellos. La desaparición implica pues, cambios en la construcción de la identidad, que muchas veces les lleva a definirse o nombrarse en tanto hijo o hija de un desaparecido, con lo cual también se restringen las propias potencialidades.  

Impactos producidos en la relación con el sistema judicial Entre las y los familiares víctimas de desaparición forzada prima el sentimiento de desprotección y vulnerabilidad que conectan con la impunidad que rodea la situación de sus familiares. Desde un punto de vista psicosocial, es importante reconocer las fragilidades presentes en las distintas fases de los procesos judiciales dado el potencial que tienen de agregar daño emocional a las víctimas.  A continuación destacamos la opinión de las familias consultadas sobre su relación con el sistema judicial y aquellos elementos que desde su mirada deberían modificarse.

Toda información es vital De acuerdo con las y los familiares, durante las investigaciones toda información es vital y siempre guarda relación con su circunstancia emocional, por lo que el manejo y canales empleados para transmitirla deben ser adecuados.   La ampliación de denuncia posee un particular significado para las familias, en ella ubican la posibilidad de aportar y contribuir al avance de la investigación. Sin embargo, señalan que el trámite se hace largo y tortuoso, pues no siempre hay personal suficiente o disposición a recibir la información.  Para muchos se debe a un problema de actitud y prevención: “A ellos les molesta cuando uno llega”; se sienten incomprendidos y leen como displicente la respuesta del funcionario. Algunos familiares señalaron temor y desconfianza por el manejo de la información y que en ocasiones se ha puesto en riesgo la vida de familiares por filtración de la misma.

28

Así mismo destacan incumplimiento en los horarios y fechas programadas para diligencias judiciales y que se carece de escenarios adecuados que garanticen la suficiente privacidad y confidencialidad de lo dicho. Varios familiares refieren: "A veces en la oficina hay 3 o 4 personas más y le toca a uno hablar delante de esa gente que uno no conoce”. La privacidad para abordar la narración de situaciones tan dolorosas para las familias debe ser entonces un elemento a considerar en aras de no agregar más impacto emocional. La mayoría de familiares no accede al beneficio de la defensora o defensor público ni cuenta con asesoría de abogada o abogado, bien por la imposibilidad de costearlo o porque consideran que las y los defensores hacen un trabajo de mayor o menor calidad según el nivel socioeconómico de las víctimas: "Ninguno de nosotros hemos contratado abogado, no hay confianza con el defensor del público, hacen el trabajo a medias porque no hay dinero; para que lo hagan bien, debe haber plata de por medio”.  Es marcado el sentimiento de discriminación y desconfianza. A esto se suman sentimientos de abandono y desamparo respecto del Estado, a lo que atribuyen que sus procesos no avancen: “Lo justo es que así sea uno rico o pobre las autoridades lo deben tener en cuenta a uno”. Cuando disponen de representación judicial lo hacen a través de organizaciones no gubernamentales, respecto de quienes dicen tener más confianza y encontrar un trato más equitativo.   Son conscientes de su actitud sobre-demandante de información hacia las y los funcionarios, que explican por la poca o ninguna respuesta que tienen sobre sus casos. Para algunos de ellos se vuelve “una especie de obsesión” lograr resultados por vías alternas, traer información nueva como forma de enfrentar la angustia que les promueve la inmovilidad procesal. Pareciera que el vacío generado por la desaparición se asemeja a un saco sin fondo que sólo se llenará hasta saber del paradero.  En cierto sentido, cualquier labor, por ardua, sólo traerá frustración si no permite dar con el destino del familiar, de ahí la importancia de evitar que procesos como la ampliación de la denuncia se conviertan en nuevas oportunidades para la frustración. Un asunto que preocupa a las y los familiares es el traslado de los casos de una o un fiscal a otra u otro, a lo cual atribuyen la dificultad para que sus procesos avancen. Señalan que en algunos casos no saben por qué o con qué criterios sus denuncias son reasignadas a otras u otros funcionarios y perciben en dichos traslados una de las causas para que las diligencias no avancen. Adicionalmente argumentan que el seguimiento de los casos se dificulta por desinformación o desconocimiento y por razones económicas, pues no cuentan con recursos para movilizarse hasta los centros urbanos donde están radicados los procesos. Al respecto es recomendable valorar las condiciones geográficas específicas de cada una de las regiones que, por ejemplo, en el caso del Departamento de Casanare, favorecen el aislamiento de las familias y su limitado acceso a la información y el seguimiento de los procesos judiciales. Una fuente de incertidumbre y angustia emocional es el desconocimiento del marco

15CICR, Personas desaparecidas, una tragedia olvidada, agosto de 2007. El Protocolo Adicional I, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, establece normas detalladas con respecto a las personas desaparecidas (artÌculos 32, 33, 34). De acuerdo con el CICR, en el caso de conflictos armados no internacionales, se aplican normas similares, de carácter consuetudinario.

29

legal y las rutas de acceso o procedimientos para poner en funcionamiento los mecanismos de que dispone la Ley. Las personas se sienten desamparadas, confundidas y angustiadas, necesitan “hacer cosas”, sin tener claro qué, ni cuáles son las instituciones responsables.  En medio de la situación que las embarga, deben adelantar trámites complejos: “Ir de un lado a otro, como perdidos sin encontrar personas que den información acertada”. Muchas veces no tienen claridad sobre dónde hacer la denuncia, ni cuáles pueden ser documentos pertinentes al adecuado desarrollo de la investigación, como por ejemplo, rasgos característicos del desaparecido, carta dental, fotografías, etc. A nivel regional perciben que no hay entidades o funcionarias o funcionarios que brinden orientación y la fuente de información se reduce a visitas esporádicas de comisiones que se adelantan desde Bogotá. Generalmente la orientación proviene de otros familiares, quienes desde su propia experiencia comparten, informan y orientan los aciertos y desaciertos en el proceso de acceso a la Justicia. A lo anterior se suma la dificultad que les ofrece verse inmersos en un lenguaje donde priman términos jurídicos, a menudo ajenos a su comprensión: "Eso de la desaparición es como empezar a leer, uno antes de eso no sabe nada”. Les implica también asumir nuevos marcos de relación con organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas y otras familias que atraviesan la misma situación: "Es que uno no tiene ni idea de cómo es eso, porque para todos es la primera vez que nos sucede, cuando es primera vez es muy complicado”.   Manifiestan que de parte de las instituciones se recibe “información de manera informal”, sin que ésta se encuentre ambientada o contextualizada. Por ejemplo, una familiar recuerda: “La fiscal en una reunión me dijo delante de mucha gente: su marido ya no es un caso de desaparición ya encontraron el cadáver… ¿Cómo es su nombre? … Ahhh, no, ese no es su caso”. En ocasiones durante el proceso de investigación se develan nuevas facetas o historias de la víctima, como la existencia de otras relaciones de pareja, hijas, hijos, obligaciones patrimoniales, todo lo cual hace más compleja la situación emocional. Visto de este modo, el bienestar emocional de las familias en su relación con la justicia debería incluir contar con asesoría jurídica y adecuada orientación e información del proceso legal, su empoderamiento y disponer de espacios que les permita el reconocerse como sujetos de derechos. Esto es especialmente importante para las mujeres, para quienes en ocasiones esta es su primera experiencia ciudadana de relación con el Estado.

Superar la impunidad: ¿Un largo y riesgoso camino? Los cambios dentro del proceso de investigación, bien sea avances, estancamientos o retrocesos, también tienen que ver con la situación emocional de las víctimas. Tras la denuncia, deben relatar una y otra vez la historia, asegurándose de preservar la riqueza

30

de detalles que resulte más útil a la investigación y lo deben hacer ante distintos funcionarios que no les prestan la suficiente atención, a los que perciben desconfiados, poco interesados en sus relatos o que no dan crédito a sus versiones. Esto por una parte les expone a distintas formas de re-victimización, pues asegurar la nitidez de la historia es también una forma de reabrir las heridas que el hecho ha causado, y por otra, deben sumar la rabia y el desconcierto que les genera sentir que deben entrar a demostrar que sus historias son ciertas, que ocurrieron como las narran y aún que no ha mediado su responsabilidad ni la de sus familiares. Para las familias un motivo de preocupación es la filtración de la información tras la denuncia; en las veredas y pequeños municipios deben interponerla ante las inspecciones de policía. Estas dependencias les generan desconfianza que en general tienden a trasladar a la mayoría de instituciones públicas. De manera particular les preocupa los riesgos que entraña el que aquellos potencialmente responsables, cómplices o favorecedores del hecho puedan enterarse de las denuncias. En este sentido, denunciar tiene una doble condición, por un lado, depositaria de esperanza frente a la impunidad y al tiempo promotora de nuevos riesgos.  El lapso de tiempo transcurrido entre la denuncia y que una o un fiscal avoque el conocimiento del caso puede ser incluso de meses con lo que la espera diluye la esperanza y el ánimo con el que la denuncia se interpuso. Esta realidad procesal no es fácilmente entendida por los familiares para quienes: “uno no puede ni hablar con el fiscal, ni con las secretarias, no lo tratan a uno como debe ser, como alguien que tiene un dolor y necesita ser ayudado”. La conexión que las y los familiares suelen hacer es que se trata de un Estado indolente al tema de la desaparición forzada y que desestima a las y los familiares y el aporte que pueden hacer a la investigación.

Un programa de acompañamiento psicosocial debe tener en cuenta las condiciones que recrea el conflicto armado en las regiones y que dificultan por tanto las acciones de denuncia, investigación y búsqueda. Así mismo, promover el encuentro entre víctimas y funcionarias o funcionarios que facilite la transformación de imaginarios, prejuicios y desconfianzas que parece, por razones asociadas al tipo de crimen, subyace en la relación entre unos y otros. 

La exhumación: un nuevo contexto de relación La implicación emocional de los procesos de exhumación es particularmente significativa. Para las y los familiares se relaciona con la posibilidad de que una larga historia de sufrimiento cuyo trasfondo ha estado marcado por la ausencia del desaparecido y la incertidumbre sobre su suerte, pueda alcanzar cierto nivel de certeza que permita, por lo menos detener el desgaste de la búsqueda.   La exhumación confronta profundamente a las familias. Deben enfrentar el hecho de

31

construir una relación con algo que resulta distinto a la imagen que hasta ahora han mantenido de su ser querido, generalmente una imagen que suele permanecer nítida, congelada en el recuerdo, que por lo mismo obliga preguntarse por el impacto emocional que tiene encontrar sólo partes del cuerpo, quizá apenas restos de osamentas o bien que los restos corporales muestren vestigios de tortura, violencia sexual u otras formas de violencia ejercida.   El proceso de exhumación lleva a las familias a establecer nuevas conversaciones con interlocutores hasta ahora desconocidos, las y los médicos y las y los odontólogos forenses, las y los antropólogos, las y los morfólogos y muchas y muchos otros profesionales y técnicas y técnicos judiciales. Un hecho adicional a considerar es que se trata de un grupo de profesionales cuyas disciplinas históricamente no han estado en un contacto rutinario con personas que tienen en su mayoría un origen rural, de manera que para los propios profesionales del equipo forense puede resultar difícil abandonar la jerga terminológica de su entorno profesional.  Lo anterior pudiera explicar que la relación que se establece entre estas y estos profesionales y las víctimas está en gran parte mediada por sentimientos de inadecuación desde éstas hacia ellos. Con frecuencia los participantes de los encuentros refirieron su temor a pedir explicaciones adicionales o más detalladas, y manifestaron que se presentan recriminaciones de miembros de la familia que consideran que la manera como se entregó información a estos profesionales no fue adecuada; esto porque existe la creencia de que la información aportada pudiera no ser tenida en cuenta al no expresarla en los términos que suponen son los que le harían entender mejor a estos funcionarios la situación.   Un aspecto que señalan las familias es el rol destacado de instituciones como Medicina Legal, pues es la institución donde confluyen muchas de las labores que deben emprender y, sin embargo, pese a la importancia de su papel, perciben que el flujo de información con otras entidades relevantes en el sistema, como los organismos de policía judicial, el cuerpo técnico de investigaciones y la fiscalía no es ni eficiente, ni apropiado, lo cual agrega ansiedad, confusión y desorientación. Señalan que no siempre los restos óseos que llegan de las exhumaciones a Medicina Legal, se cruzan con evidencias que reposan en otras entidades con lo cual se pierde la oportunidad de un trabajo que de ser coordinado podría incrementar la efectividad en la identificación. En relación con los procesos de exhumación, existen muchas preguntas entre los familiares: ¿Quiénes conforman los equipos forenses? ¿Cómo deben actuar? ¿Por qué participan tantos y diferentes profesionales y cuál es el rol de cada uno? ¿Deberían presentarse en la región antes de iniciar la labor de exhumación? ¿Cuál es el papel de las y los familiares? ¿Quién les debe brindar información? ¿Cómo entender la presencia de miembros de la fuerza pública y la cercanía con el equipo de investigación? ¿Cómo sortear la probabilidad de presencia de actores armados? De los encuentros se puede concluir la importancia de que las familias reciban mayor información de lo que implica una exhumación y lo que de ella se desprende.  Por ejemplo, las familias desconocen que antes de realizar pruebas de ADN, puede apelarse

32

a otros mecanismos de identificación como el reconocimiento de la ropa y/o accesorios que tenía la persona, el cotejo de huellas, radiografías y placas dentales que en ocasiones son suficientes para establecer la identidad.  Para las y los familiares desconocer el proceso, se traduce en dificultad para establecer una relación entre lo encontrado y su familiar desaparecido.  La situación contraria también ocurre, un familiar desconociendo que la saliva es una vía idónea para establecer el ADN, no aceptaba que los restos fueran de sus familiares, pues “nunca me sacaron sangre”.  En otros casos, incluso desconocían la razón para hacer esas pruebas: “Nos hicieron una prueba de ADN pero no nos han dicho nada, ni para que sirve eso”.   Favorecer el bienestar emocional frente a una exhumación obliga a proveer información oportuna y adecuada antes de asistir a esta diligencia, preparar a las familias respecto de los posibles hallazgos y de la necesidad de confrontar el hecho de la muerte del ser querido. Así mismo, debe integrar dentro de los procesos jurídicos que de allí se desprendan el acompañamiento emocional a las familias. El reto de las exhumaciones demanda profundizar en el conocimiento del tipo de transformaciones que de allí se desprenden y fortalecer la coordinación entre las víctimas y los funcionarios orientados a reducir los fuertes impactos que estas revisten en la salud emocional. Desde un punto de vista psicosocial las acciones orientadas tanto a la exhumación como a la identificación deben proveer la información pertinente, pues para las víctimas, la legitimidad del hallazgo depende no sólo de la fortaleza técnica y científica sino del filtro emocional con que las víctimas leen el proceso. 

La participación de las familias: un elemento clave dentro de los procesos de exhumación Las opiniones sobre la conveniencia de la participación de las y los familiares en las diligencias de exhumación, son diversas. La discusión pasa por la desconfianza que se ha construido en relación con el Estado e incluye la poca comprensión que algunas funcionarias o funcionarios han mostrado respecto a la situación emocional de las familias cuando se han presentado a estas diligencias.  Las y los familiares han construido la idea de que el Estado no está interesado en su participación, como forma de limitar su contacto con la evidencia y “poder manejar las pruebas a su antojo”, sin veeduría en la responsabilidad de dar a conocer la verdad. En contraste con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas57, consideran que en exhumaciones en las que no participaron hay irregularidades, “cosas extrañas”, inapropiado manejo tanto de las escenas en donde se realizan las exhumaciones como de los restos óseos; todo lo cual refuerza su desconfianza.     Para las y los participantes asistir a los procesos de exhumación debe ser potestativo de las

57Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Naciones Unidas 2006. Conclusiones Misión de julio de 2005 “es necesario proteger las múltiples tumbas individuales y las fosas comunes existentes, según se afirma, en todo el territorio del país, habida cuenta de su importancia para contribuir a la investigación de los casos de desapariciones”.

33

58 Plan Nacional de Búsqueda, Op Cit.59Arias, Fernando Jiovani. ¿Cómo aporta lo psicosocial a una reparación Integral?. Fundación Dos Mundos Revista Razones y Emociones. Número 17. mayo - junio de 2006.

víctimas: "Somos nosotros quienes debemos decidir, no el Estado".  Algunos refirieron el incumplimiento de un acuerdo al que habían llegado con el CTI, según el cual sería público el cronograma de exhumaciones a fin de que los familiares pudieran estar presentes y conocer el avance de las investigaciones.   Exhumar, según el Plan Nacional de Búsqueda, responde fundamentalmente a tres preguntas “¿Quiénes están desaparecidos?, ¿Dónde pueden estar?, ¿Qué les sucedió?”58. Lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de considerar la participación de las familias, no sólo por su papel central en la identificación, sino, porque al no planificar y concertar con ellas, puede exponerlas a mayor dolor. Es importante destacar la enorme trascendencia de las exhumaciones en el ámbito social y público, ya que son un elemento que reviste grandes contribuciones a la verdad, al reconocimiento social y colectivo y en especial a la prevención de estos delitos. La exhumación “pone de presente para la sociedad colombiana la oportunidad de ir ganando en la conformación de consensos alrededor de las garantías de no repetición, indispensables para la construcción de sociedad. Desatender esta realidad, atenta contra la posibilidad de avanzar en la construcción de una historia colectiva que propicie la hilación de un relato incluyente de todas las voces respecto de lo que ha sucedido. El asunto en consecuencia no es algo que sólo vincule a los familiares de las víctimas y comunidades directamente involucradas, ni siquiera a los equipos de investigación, o miembros de la sociedad civil que impulsan la denuncia y estimulan la decisión de las autoridades en identificar estos lugares, tiene que ver con el derecho de toda la sociedad de esclarecer a profunidad lo ocurrido”59.

Muchas verdades no dichas… A propósito del derecho a la verdad Las y los asistentes plantearon como indispensable para la reparación a las víctimas el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, en aquellos casos en que, por acción u omisión, haya favorecido la comisión de este crimen, además de aceptar la escasa o nula respuesta frente a sus reclamos por la verdad y justicia. En el ámbito emocional encuentran que es la impunidad el motor que alimenta los sentimientos que frecuentemente les embarga.  Para ellas y ellos, la desaparición no es un hecho inconexo de una realidad de intereses de terceros que si bien no son ejecutores directos, si las y los beneficiarios del dolor y violencia que este crimen entraña.  Si bien, “se debe instar al Estado colombiano a indagar y llevar ante la justicia a los responsables y autores intelectuales que hacen de la guerra y en esta de los hechos violentos como la desaparición los medios para lograr sus fines”60, reconocen que su afectación emocional es también producto de un entorno de violencia social y política que no se ha superado.

60Testimonio de un familiar participante de los encuentros.

34

Para las víctimas resulta fundamental el reconocimiento de la dignidad de sus familiares: “Se tendría que saber que las mujeres y hombres que desaparecieron y asesinaron y torturaron no eran guerrilleros, eran madres de familia, campesinos, niños”. Quienes manifestaron interés de hacer uso de los mecanismos de la Ley de Justicia y Paz, ubicaron en la posibilidad de participar en las diligencias de versión libre, la oportunidad de exponer la verdad, en este sentido consideran que contradecir las nociones tergiversadas que se dan de los hechos, sería una forma de romper la impotencia que experimentan.   Adicionalmente, perciben el participar en dichas diligencias como determinante para su situación emocional, por las altas expectativas que tenían frente a estas y la manera amañada como encuentran se desarrollan las versiones: “No se está haciendo lo que se debe para conseguir la verdad". Les preocupa que la verdad que está siendo construida “no es confiable” pese a lo cual empieza a ser legitimada por el país. Para las víctimas la certeza en la responsabilidad de los paramilitares en las desapariciones contrasta con su negativa a admitir los casos sobre los que se les indaga, por tanto para ellas “hay muchos cuestionamientos sobre la verdad que las audiencias buscan y la verdad con la que los victimarios están comprometidos”. Por último encuentran que participar de las diligencias de versión libre como organizaciones de víctimas es una oportunidad de mostrarse fuertes, en lo que también identifican una forma de protección y visibilización frente a los riesgos inminentes que implica su participación. Sin embargo, no todas las víctimas han recibido la información relativa a las diligencias ni se sienten fortalecidas para participar individualmente o como grupo. Frente a los temores que expresan por las evidentes presiones y riesgos que vienen enfrentando, además de la adecuada protección de su integridad física, un proceso de acompañamiento psicosocial orientado a su fortalecimiento podría ser un elemento esencial para trascender las barreras emocionales que impiden la denuncia y su participación organizada. 

PARTE 3La interacción funcionarias, funcionarios-víctimas: un escenario para reconocerel impacto emocional

Escultura: Patrick McCarney

37

6122 hombres y 20 mujeres

Comprender los impactos emocionales que se derivan del proceso de investigación, exhumación y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada, implica reconocer a todas y todos los involucrados. Si bien las y los familiares son protagonistas centrales, las y los funcionarios judiciales y sus realidades institucionales no pueden ser ignoradas si el interés es avanzar en la construcción de soluciones posibles, realistas, integrales y duraderas para una interacción protectiva desde el punto de vista psicosocial.  La Fundación Dos Mundos fundamentada en un trabajo realizado con un grupo de 42 funcionarias y funcionarios61 de la Unidad de DDHH y DIH y la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantan su labor en Bogotá y Villavicencio, exploró cuales pueden ser elementos relevantes para incorporarlos en un programa psicosocial que se oriente a su fortalecimiento y favorezca una mejor interacción y atención a las víctimas de desaparición forzada.

Las circunstancias en las cuales desarrollan su función Las condiciones laborales en medio de las cuales los funcionarios y funcionarias adelantan su labor, son un punto de partida para comprender el escenario desde el que institucionalmente se da respuesta al fenómeno de la desaparición forzada. Estas condiciones están caracterizadas por elementos que fácilmente hacen notar que la Fiscalía y su personal, no están preparados para enfrentar de forma apropiada la avalancha de denuncias, procesos, exhumaciones e identificación.   Las y los funcionarios consultados refieren que la característica de su trabajo es el creciente nivel de exigencia.  A eso se suman, limitación de herramientas físicas, técnicas y tecnológicas; con unos recursos humanos desbordados e incapacidad para asumir de forma rigurosa el número de investigaciones. Así mismo, consideran que cuentan con pocas garantías para el cumplimiento de su labor y que adolecen de una adecuada calificación técnica; todo lo cual lleva a que, no obstante los esfuerzos sientan que los resultados son precarios. Para muchas y muchos el ambiente laboral es abrumador por la alta carga de exigencia y el hecho de que deben estar disponibles para el cumplimiento de sus funciones, “24 horas al día, toda la semana”.  Refieren “injusticias en el trato por parte de algunos superiores”, que se expresan en burlas en público, aprovechamiento de sus esfuerzos y logros sin recibir los créditos y la discriminación en la asignación de las cargas laborales: “Así haya lista de disponibles sólo llaman a algunos, hay otros que son intocables”.   Explican la sobrecarga de trabajo por la exigencia estadística de resultados, “se busca más la cantidad que la calidad”; y porque algunas políticas de los superiores promueven competencias malsanas que deshumanizan en el proceso a la funcionaria o funcionario: “Dejamos de ser personas y nos convertimos en maquinitas de sacar positivos”.

38

Señalaron además que el ambiente laboral está atravesado por la desconfianza y el egoísmo, con poca disposición a la cooperación: “Nadie te ayuda, tienes que aprender todo solo”. Agregan que es muy difícil recrear unas condiciones de compañerismo dada la presencia constante de rumores: “Todo el mundo tiene miedo, el sapo le va a decir al jefe que llego tarde, la presión es muy grande”.   Para las y los funcionarios que participan en las diligencias de exhumación debería existir mayor motivación dadas las condiciones laborales. Parte de sus obligaciones es estar en disponibilidad, siempre tienen una maleta preparada, para salidas de emergencia que, en principio deberían durar unos pocos días, pero que en la práctica puede extenderse por semanas: “Es tanto el compromiso que una misión de 20 días se vuelve de 9 meses”. Frecuentemente, viajan sin tener información sobre la zona, las condiciones de seguridad y características geográficas y climáticas de la región, ni de las diligencias que van a desarrollar. Con lo que es posible que los objetos de uso personal que tenían preparados no sean los apropiados.   En campo enfrentan desde jornadas extenuantes de trabajo, condiciones de hacinamiento y restricciones en el consumo de las comidas diarias, por limitaciones de tiempo y recursos financieros, hasta la muerte de colegas. Desde una mirada atenta a su bienestar emocional, las y los funcionarios solicitan contar con información adecuada que les permita tanto planificar su trabajo como asegurar condiciones personales idóneas durante el viaje, definir fechas de regreso y que las diversas entidades consideren con seriedad las condiciones en las que permanecen en las regiones: “Condiciones humanas para estar en los sitios, tener en cuenta la cama, la alimentación; son actividades muy desgastantes  y de muchas horas, al menos deberíamos tener agua para refrescarnos”. Refieren carecer de apoyo y de oportunidades de formación y ascenso. Se sienten decepcionados por la poca visibilidad que se le da a su trabajo: “Compañeros que no comen una semana y el caso sale en la prensa con la foto de otro que ni fue a la diligencia”. Contrastan como, mientras reciben felicitaciones en privado por el éxito, existen memorandos con copia a la hoja de vida por fallas leves como algún retraso a la hora de llegada. Otro motivo de desaliento es la baja remuneración, les frustra “ser uno profesional y no ser pagado como profesional”. Sus expectativas de vivienda, espacios de recreación y opciones de educación para sus hijas o hijos son mínimas; algún funcionario señaló: “El gobierno dice que no hay plata, pero frente a la Ley de Justicia y Paz, que desequilibrio tan terrible, uno gana un poco más que un desmovilizado”. Pese a lo anterior, las y los funcionarios coincidieron en afirmar que su trabajo es interesante y altamente gratificante y que, en cierto sentido, gozan del privilegio de contar con una ocupación, una funcionaria señaló: “Debemos sentirnos muy bien porque hacemos lo que nos gusta y además nos pagan por hacerlo”.

39

Con independencia de que las críticas expresadas reflejen un consenso de las y los funcionarios y aún sin entrar a considerar su precisión, debe llamar la atención la importancia de que el sistema judicial colombiano haga eco de este tipo de inquietudes, por las debilidades estructurales que de fondo recogen. Es verdad que en un entorno laboral altamente tensionante como el que caracteriza la escena de trabajo de estas servidoras y servidores públicos, puede tenderse a privilegiar y ser maximalistas en la crítica de aspectos que en otras circunstancias podrían ser parte de un clima laboral promedio, lo cual no resta en nada la atención que la situación amerita. Cuando existe exposición a cargas de tragedia como las que atraviesan a las y los ciudadanos que demandan sus acciones, un proceso de acompañamiento y fortalecimiento en herramientas psicosociales es una vía tanto para mejorar este tipo de tensiones como para prevenir el desarrollo de otras de mayor complejidad. 

La eficacia de las investigaciones La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que el que las y los funcionarios de la Fiscalía no estén sometidos a una carrera judicial afecta “la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el libre cumplimiento de sus funciones”62. En efecto, las y los funcionarios plantean que una fuente de inestabilidad determinante es la no implementación de la carrera administrativa, de donde identifican una especie de mordaza, que les impide comunicar claramente su insatisfacción laboral o sus objeciones por la manera en que se está desarrollando una investigación o un procedimiento: “Que sano sería que yo pudiera decirle a mi jefe usted está equivocado, sin que me echen, pero no puedo ser tan valiente porque a los cinco días estoy en otro lado”.   Por otra parte, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos63 señaló que la gravedad inusitada del caso La Rochela tenía que ver justamente con que el Estado fuese responsable de una masacre perpetrada contra sus propios funcionarios, en el marco del cumplimiento de su deber de investigar violaciones de derechos humanos. La Corte estimó que esta acción estaba dirigida a impedir las labores de las y los funcionarios judiciales para así lograr la impunidad y señaló que este hecho generó una grave consecuencia, consistente en intimidar a las y los funcionarios del Poder Judicial en la investigación de este tipo de casos. Igualmente, afirmó que esos hechos “acreditan el peligro que enfrentan los operadores de justicia por la naturaleza de su trabajo”. Como medida destinada a la garantía de no repetición, la Corte conminó al Estado a “garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia”.

63Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 11 de Mayo de 2007, Caso de la masacre de La Rochela vs. Colombia.

6 2 I n f o r m e d e l a A l t a Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2000, E/CN.4/2001/15.

40

64 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Adición misión a Colombia [5 a 13 de julio de 2005].

Las y los funcionarios son concientes de los altos niveles de riesgo que enfrentan por el desempeño de sus funciones. Durante las diligencias temen ser víctimas de emboscadas, han presenciado ataques armados, y sufrido el asesinato de sus compañeros: “Uno nunca pierde el miedo, en especial al salir a una diligencia... en cada sitio le puede pasar cualquier cosa”. Frente a estos riesgos, sienten que no cuentan con respaldo institucional: “El tipo que capturé salió libre y empezó a buscarme, tenía información de toda mi familia, le avisé a la seccional y me dijeron: mire a ver como se cuida”. Esto coincide con los hallazgos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, en el que ponen de presente los peligros de seguridad de las y los fiscales que participan en las investigaciones de desapariciones forzadas: “algunas veces reciben amenazas y ocasionalmente han sido físicamente eliminados, con la intención evidente de disuadir a los fiscales de proseguir con las investigaciones pertinentes”64.   Algunas funcionarias y funcionarios afirmaron que “la Fiscalía ha sido víctima de permeabilidad de organizaciones al margen de la ley” y que “aunque supuestamente no hay fuga de información, los grupos se enteran”. Esta infiltración señalan es particularmente de los paramilitares y se da en diversas entidades, lo cual se expresa en relaciones mediadas por desilusión y desconfianza. Las y los funcionarios señalaron que hay “hilos negros” que obstaculizan sus investigaciones, que han visto colegas amenazados por tratar de seguir adelante en el ejercicio de sus funciones y que, por la infiltración de sus instituciones, pueden ser ubicados más fácilmente. Como consecuencia, se sienten constantemente intimidados: “Cada año muere un funcionario, y yo no quiero ser la víctima que sigue”, dice una de las asistentes. Critican el tipo de respuesta institucional que suele venir cuando se presta atención a sus preocupaciones por amenazas inminentes: “El mecanismo que se utiliza es el traslado a otra región, muchas veces desmejorando sus condiciones y apartándolos de sus familias, que frecuentemente son amenazadas también”. Recientemente tras el proceso con los grupos paramilitares se han sumado retos adicionales para las y los funcionarios encargados de la investigación de crímenes de desaparición forzada.  La gran cantidad de fosas comunes y restos les genera altas cargas de ansiedad, dado el alto número de personas desaparecidas y los pocos casos que logran identificar. Sienten que son mínimos los resultados frente a la magnitud del fenómeno: “Son muchos los cuerpos que quedan como NN en los cementerios y pocos los que pueden ser enterrados con un nombre y devueltos a sus familias”. Para las y los funcionarios se agrega una carga de frustración relacionada con el hecho de que la nueva legislación prevé un tipo de pena distinto para los crímenes, sienten que no hay proporcionalidad entre todo el esfuerzo que les demanda llevar a buen término las investigaciones y las reducidas sanciones que se imponen: “Uno se frustra por el impulso que se le mete, me tranquilizaba que cogimos al desgraciado pero ahora saber que sale en 8 años a vengarse contra esta pobre gente que vio a su hijo sin lengua y sin ojos, es muy duro…”

15CICR, Personas desaparecidas, una tragedia olvidada, agosto de 2007. El Protocolo Adicional I, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, establece normas detalladas con respecto a las personas desaparecidas (artÌculos 32, 33, 34). De acuerdo con el CICR, en el caso de conflictos armados no internacionales, se aplican normas similares, de carácter consuetudinario.

41

En ellas y ellos opera un cambio en el contexto respecto de la manera como se daba su hacer. Antes, su labor se enfocaba a tratar de acopiar las evidencias tendientes a demostrar la responsabilidad del investigado; les parece una especie de cinismo desafiante la manera como en el marco actual los investigados confiesan con todo tipo de detalles la comisión de crímenes de extrema crueldad: “El dolor que han generado es grande, ahora que saben que no tienen penas altas no tienen que esconder o maquillar el hecho, sino que lo dicen con la mayor desfachatez…” Esta especie de sinsentido de su hacer termina por frustrarles, pues perciben en la actitud de estas personas una disposición mecánica para asegurar los beneficios de la ley sin que opere un arrepentimiento o la asunción responsable de sus conductas, pero sobre todo porque piensan que al no operar una sanción proporcional no se está aportando a que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Al mismo tiempo, las y los funcionarios se sienten presionados por las altas expectativas que son conscientes la sociedad tiene de su hacer, en medio de nuevos retos de modalidad criminal, pues identifican casos en que por diversas razones tienen que pensar en cómo evitar incriminar a terceros o no poner en evidencia aspectos que les interesa permanezcan sin conocerse, ya que en ocasiones otras personas despliegan todo tipo de acciones para destruir las evidencias como desenterrar las fosas, destruir los restos, arrojarlos a los ríos, etc., frente a lo que perciben que sus posibilidades de acción son prácticamente nulas.  También resaltaron las limitaciones en recursos económicos, humanos, materiales, técnicos y logísticos, que reducen sus posibilidades de realizar la investigación de manera eficaz: “Me preguntan ¿por qué lo recogieron así?, pero lo que no saben es que no había bolsas para embalar, tocó comprarlas en la panadería”. Consideran que están acostumbrados a “trabajar con las uñas” y que terminan asumiendo a título personal responsabilidades institucionales, como disponer de sus vehículos para las diligencias, comprar la papelería, aportar para el combustible, hacer el aseo en la oficina, viajar sin viáticos e incluso, asumir riesgos biológicos por no contar con elementos de protección adecuados para su trabajo en el laboratorio o sobre el terreno65: “Ese es el pan de cada día”. Ahora bien, una dificultad que identifican como central es la falta de coordinación intra e interinstitucional, así como debilidades en el flujo de la información. Esto causa fallas en el cruce de la información entre seccionales con el nivel nacional y entre entidades. No existe una base de datos que permita a todas las y los funcionarios relevantes conocer el desarrollo de las investigaciones66. En ocasiones las carencias son de elementos básicos de comunicación, que dilatan y dificultan las investigaciones: “Nos comunicamos por carta que llega a los dos meses o un fax... estamos atrasados frente a la delincuencia”.  También pusieron de presente falencias en la metodología y en el flujograma del proceso. Por ejemplo, quienes van a desarrollar una diligencia de exhumación no cuentan con toda la información, de modo que muchas veces se limitan a “sacar unos restos y se

66Algunas seccionales de la FiscalÌa no cuentan con bases de datos o redes, hasta el momento, no todas las instituciones o regionales cuentan con claves para el acceso al SIRDEC (Sistema de In formac ión Red de Desaparecidos y Cadáveres, gestionado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses).

65Debe tenerse en cuenta que estos aspectos aparentemente sin mayor relevancia resultan cruciales para asegurar los logros de las investigaciones, así se ha previsto en La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas cuando dispone que el Estado deberá velar para que las autoridades dispongan, entre otros, de los recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación. Artículo 12, numeral 13.

pierde el sentido de lo que se está haciendo…”. A esto se suma que no hay comunicación entre “los que ven los expedientes y los que ven la realidad”; o que al momento del encuentro con las y los familiares durante el trabajo de campo carezcan de información relevante para el desarrollo de las entrevistas. Para algunas funcionarias y funcionarios las dificultades de coordinación se explican por lo que denominaron “el uso político de los positivos”, para referirse a un afán de protagonismo institucional, que se refleja en “competencias por aparecer en los medios de comunicación, o por obtener recursos de la cooperación internacional” y que impide lograr acciones colaborativas eficientes entre las entidades. Un asunto crítico son los casos en los cuales se han realizado identificaciones indiciarias que después resultan equívocas: “Se han entregado restos sin estar seguros de la identificación”. Señalan que si bien puede ser importante realizar pruebas genéticas o cotejos de cartas dentales, la lentitud de tales procesos afecta gravemente a las víctimas: “Mientras se hacen oficios, se buscan características físicas, se hacen las pruebas, el dolor se va acumulando, la víctima está sufriendo y tiene reprimida toda su angustia”.   Las y los peritos, técnicos e investigadores, señalan que en ocasiones los procesos se dificultan por la falta de liderazgo de las y los fiscales que no fomentan el intercambio de información, no desarrollan con ellos un plan metodológico o los retiran de los casos sin que hayan podido concluir sus investigaciones. Las y los fiscales, por su parte, aducen que en muchas ocasiones no pueden enviar toda la información por razones de seguridad, y que a las y los investigadores y peritos les falta iniciativa para solicitar información adicional o realizar pruebas que desde su experticia sean relevantes.  Por otra parte, de no ser claro entre las y los funcionarios que su labor se enmarca en el ejercicio de un derecho de las y los ciudadanos y desde allí fomenten una interacción constructiva con las víctimas, puede ocurrir lo que ellas y ellos mismos señalan, respecto de que éstas sienten vergüenza o culpa al acercarse a las y los funcionarios: “Siempre dicen doctora perdóneme por llamarla, discúlpeme por molestarla…” Existe pues, la urgencia de mejorar la comunicación e interlocución entre las y los diversos funcionarios involucrados en una investigación, así como los canales de comunicación al interior y entre las instituciones que favorezcan el cruce de información y actuar en forma rápida y coordinada. Por otra parte, las y los funcionarios son conscientes que todos los obstáculos que identifican para un desarrollo eficaz de las investigaciones causan impacto emocional, pero lo predican respecto de las víctimas; lo que observamos es que a su vez ese tipo de situaciones termina cargando emocionalmente a las y los propios funcionarios. 

42

43

Rol laboral y afectación emocional La circunstancia emocional que atraviesa a quienes tienen la responsabilidad de adelantar investigaciones en relación con la desaparición forzada de personas, muestra la conjunción de múltiples variables, como se pone de presente en el testimonio que aparece en el siguiente párrafo. Algunas son atribuibles a la manera como la función transforma la percepción de sí y de las relaciones de que hacen parte, otras referidas a la forma como el entorno laboral es poco propicio a la transformación y elaboración de ciertos sentimientos, algunas más por la manera como tales variables afectan la vida de sus colegas y desde allí las propias, pero también por otras de orden más estructural que desbordan su capacidad de agencia y aún la de sus instituciones y que tienen que ver con el contexto general del país.  “A veces uno piensa que es capaz de despojarse de su propia emoción, dado que su trabajo le ha exigido volverse fuerte y menos vulnerable ante el dolor ajeno. Sin embargo, ello no sucede así y con frecuencia, parte de nuestras ansiedades, las contradicciones en torno de la crueldad de los hechos de que tenemos conocimiento, la inconformidad con que se cometan delitos que atentan contra las familias y la sociedad, se hacen presentes en los sueños trayendo pesadillas, insomnio, resolviendo cada caso durante la noche. Nos transforman en la manera como somos esposos, hijos, padres, parejas, presentándose dificultades asociadas a nuestro mal humor, a la sobreprotección por el temor que delitos como los que conocemos sucedan a nuestros seres queridos, al reclamo por el tiempo insuficiente, a ser poco tolerantes al ruido, a las dificultades y a las situaciones familiares cotidianas”.  Las y los funcionarios refieren que “es mucho lo que se ve, vive y sufre en el área de trabajo” y en consecuencia que ello les causa sobrecarga emocional. La totalidad de quienes participaron en los talleres señaló tener sentimientos de frustración, angustia e impotencia, relacionados con no encontrar resultados, a lo que se suma la ansiedad que les promueve la inestabilidad laboral por la provisionalidad de su régimen, así como por constantes traslados y despidos no justificados: “Lo que para otros sería absurdo como causa de despido para uno ya es lo más obvio”.   Sienten que “han ido perdiendo el equilibrio”, que son muchas las transformaciones en su vida personal y en sus relaciones familiares. Estas se expresan en mal genio, y alteraciones en el sueño que se reflejan en insomnio acompañado de ideación sobre lo que ocurrirá el día siguiente, o en la reacción de alguna víctima con quien se entrevistaron durante el día y en sueños recurrentes: “Yo soñaba con que se me llevaban a mis hijos”. Identifican mayor propensión a enfermarse de espasmos musculares, dolores de cabeza y problemas gástricos. A esto se suma el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas e intentos de suicidio: “Hay varios suicidios, no contamos con una ayuda psicosocial, no hay ese interés de ayudarnos a soportar nuestra carga”. En relación con sus familias se perciben sobreprotectores y señalan que sus relaciones interpersonales están mediadas por prevención y desconfianza. Sienten miedo a ser

44

víctimas y desesperanza frente a que la desaparición deje de ocurrir y dudan que se den los cambios institucionales que les permitan la calificación de su trabajo. Sus labores entrañan recrear en sus mentes el hecho, conocer todos los detalles de los vejámenes a los que han sido sometidas las víctimas:.“Cuando recojo el proyectil reconstruyo como una niña de 14 años fue arrodillada, vio como le mataron a sus papás y de pronto pidió por su vida antes de que la mataran”, comentó uno de los funcionarios en medio del llanto. Reconstruir las posibles hipótesis acerca de cómo pudieron ocurrir los hechos es útil al interés de la investigación, no obstante, en ausencia de elementos de autoprotección psicosocial, esto se convierte en una fuente de daño emocional que no debe pasar inadvertida. El aislamiento es común entre las y los funcionarios, sienten cada vez más dificultad para relacionarse. De acuerdo con sus relatos no es infrecuente identificar cierta ideación paranoide: “Yo no tengo vida social, es un entorno muy difícil, uno no sabe quien es el traqueto, el paraco y eso hace que el círculo social se cierre”. También incertidumbre sobre lo ajustado que resulta su juicio de realidad, pues algunos admitieron tener dificultades para establecer si se trata de temores fundados: “Estaba en un cementerio haciendo una diligencia y me puse paranoico porque vi a un señor dando vueltas, estábamos mi auxiliar y yo, me dio mucho miedo y me sentí muy solo”. Todo lo cual nuevamente pone de presente la importancia de conocer las transformaciones que en razón de su hacer se operan en el mundo emocional. Es igualmente evidente un ánimo depresivo entre algunas y algunos funcionarios; la tristeza es el sentimiento que mayor refieren en relación con la forma como leen las actuales circunstancias del país: “La destrucción del hombre por el hombre ha llegado a un punto tal que entre más denigrantes y humillantes sean los crímenes, como que hay más satisfacción para el agresor. Sienten satisfacción contando como agredieron, como degollaron, como descuartizaron, cuando un agresor empieza a contar tan naturalmente como hizo para descuartizar, de una manera tan tranquila, solo puede embargarlo a uno la tristeza de ver que un ser humano es capaz de hacer eso, que le gusta y que siente satisfacción al contarlo”.   Finalmente observamos un fenómeno de proyección: “Es que todos estamos a un paso de ser víctimas”. Tantos años en los que su trabajo les ubica tan cerca de la situación de personas afectadas por graves formas de violencia, pareciera que han exacerbado sus temores ante la posibilidad de verse como víctimas: “No se requiere nada más que estar para desaparecer”. Otros expresan temor respecto de convertirse en un NN, y preocupación por las condiciones en las que se pudiera dar su muerte: “¿Y si me roban la cédula, si estoy en otro departamento, cómo me identificarían?”.

45

La afectación de la familia y la vida social Las y los funcionarios son conscientes que en ocasiones trasladan sus temores a las familias. Aceptan que ejercen sobreprotección y lo relacionan con las atrocidades que han conocido. Este es un asunto que termina transformando sus formas de relación: “Cuando trabajé en delitos sexuales fue catastrófico, llegué a impedir que mi esposo se quedara siquiera un ratito solo con nuestra hija”. Por otra parte, la dedicación al trabajo restringe el tiempo que dedican a sus familias, la comunicación al interior de la familia se ve deteriorada porque evitan compartir con ella información sobre su trabajo, con lo que esperan  protegerles: “Yo jamás les cuento nada, mi familia no sabe nada de mi trabajo y yo he pensado en eso, el día de mañana Dios no lo quiera a mi me pasa algo y no saben nada, yo los aíslo, es tanto que no tienen el teléfono de mi oficina. Es triste pero es sano para ellos”. Señalan que el ritmo de trabajo es causa de altos niveles de separación: “Pasamos 12 y hasta más horas en la oficina, en la casa no se aguantan los turnos y la pareja se rompe”. Para las mujeres que hacen parte de los cuerpos técnicos de investigación su ejercicio profesional supone la división de sus intereses, su proyección y avance profesional, les implica, como muchas de las mujeres lo señalaron, pensar en posponer la maternidad, la idea de familia y de una pareja estable: “Yo he ido desplazando a mi familia, eso es peligroso para cualquier ser humano, es enriquecedor para la institución pero cuando no estemos igual seguimos siendo personas. Es peligroso porque yo tampoco me quería casar ni tener hijos, yo me metí tanto en este cuento que llegaron mis 35 años y dije dónde está mi vida personal, estoy como perdiéndome, entonces empecé a reflexionar en que yo necesito una pareja, fue en el trabajo porque mi vida social se acabó”. La afectación también ocurre entre las hijas e hijos de las y los funcionarios. Muchos relatan que han tenido que llevarlos a terapias psicológicas, en algunos casos por situaciones de niñas, niños y jóvenes “al borde del suicidio”. Atribuyen este tipo de afectaciones al poco tiempo que les dedican, y también al conocimiento que tienen del tipo de trabajo que hace su madre o padre.

La situación emocional de las víctimas vista desde las y los funcionarios Las y los funcionarios elogiaron el valor que muestran las y los familiares al emprender los procesos de búsqueda y la fortaleza que adquieren para reclamar la verdad. Valoran su recursividad para costear los traslados, participar en las diligencias y conformar asociaciones. Son conscientes del impacto emocional de la desaparición forzada, relatan que las víctimas llegan “destrozadas”. Creen que los sentimientos que acompañan a estas víctimas se deben al estigma que tiene este crimen, que los hace perseguidos por

46

los victimarios y rechazados por su comunidad: “Es una situación de mucha soledad dentro de mucha gente”. Relacionan la desaparición forzada con otros hechos violentos como el desplazamiento, casos en los cuales se suma el desarraigo, la pérdida de identidad y el sentimiento de “no poder estar donde se quiere estar”; muchas veces son identificados por los victimarios y tienen que volver a desplazarse, a esconderse, “a desaparecer de otra manera”. Coinciden en señalar el recelo y no credibilidad de las víctimas hacia las instituciones, lo cual se refleja en que “se acercan para recuperar los restos de su familiar, pero no quieran denunciar o dar información adicional”. El rechazo les genera desazón, pero lo entienden a la luz de las persecuciones a que son sometidas las familias, por el sentimiento de desprotección que sienten frente al Estado y por los cuestionamientos de las entidades estatales. Un funcionario señaló: “El problema es la falta de credibilidad, las víctimas llegan a una entidad cuestionada y es perfectamente normal que tengan ese miedo. Muchas de las personas que nosotros atendemos piensan que nos tapamos con la misma cobija”. Comprenden que se den sentimientos como rabia por una investigación ineficaz, frente a una o un funcionario pasivo o respecto de una institución que no cumple las expectativas que tienen las víctimas. En su opinión la consecuencia más grave de estos hechos es la pérdida de confianza en el Estado: “La carga emocional hay que diferenciarla, porque no es sólo el dolor de perder al ser querido sino el dolor de perder la confianza en el país, en la institucionalidad”. Por otra parte, cuando la o el victimario es un agente estatal, las y los funcionarios explican que el impacto emocional en las víctimas es mayor, pues “la comunidad espera mucho del agente estatal, no es lo mismo observar un delincuente al interior de la institución que observarlo afuera, uno tiene un paradigma que es: yo espero lo mejor de un servidor público, me duele más si un servidor me agrede mis derechos”. Si bien valoran altamente las pretensiones de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pareciera que tienen cierta resistencia con respecto a las pretensiones de reparación meramente económicas. Consideran que en algunas víctimas prima el interés por una indemnización económica, más que un deseo genuino por esclarecer la verdad y obtener justicia. Sienten que ahí sus esfuerzos personales y laborales no son valorados: “Uno puede pasar 3, 4 días para una identificación y las víctimas preguntan… ¿Cuánto me va a dar? Eso lo golpea a uno porque el desgaste para llegar a un sitio tan lejano y los familiares están pensando que el Estado llegó con la plata”.

La relación víctimas, funcionarias y funcionarios Para las y los funcionarios los familiares de las víctimas no son tenidos en cuenta, lo

47

67Debe recordarse que el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su visita exhortó al Gobierno a poner f in a l f enómeno de la estigmatización, que en sí representa una grave violación de los derechos humanos y que exacerba la violencia y el resentimiento. El Gobierno debería adoptar medidas adecuadas para evitar la estigmatización, especialmente por par te de sus a l tos funcionarios, y la polarización de opiniones, dos elementos que envician el debate político y menoscaban el ejercicio del pluralismo. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, op. cit.

cual explican porque “las víctimas y sus familiares se convierten en un medio para lograr justicia y no en el fin por el que se busca tal justicia”. Manifiestan que no cuentan con herramientas para evitar agravar su impacto emocional: “A uno le enseñan a lograr un positivo, uno se sienta con una familia y lo que le interesa es saber dónde están los restos óseos y sin querer hacemos mas daño”.   Son conscientes de que se maltrata a las víctimas por la manera como está concebido el proceso, que las lleva a tener que realizar actuaciones ante diferentes funcionarias y funcionarios y en distintas entidades: “Nadie los atiende, nadie se quiere comprometer”. También de que hay falencias en la recepción de la denuncia: “Se llena un formato como un autómata o en muchos casos la víctima se puede intimidar con la mención de normas, sanciones y juramentos”. Puede ocurrir que las personas sientan “que se las está investigando a ellas y no la situación, eso genera temor”. Las y los funcionarios señalaron como en ocasiones agravan la situación emocional de las víctimas a través de comentarios como “si lo mataron algo debía…” que tienden a culpabilizar a la víctima o a justificar la muerte67. Las diferencias en el lenguaje que emplean víctimas, funcionarias y funcionarios son un elemento que contribuye a la afectación emocional: “El referirse a NN, o al occiso da poco elementos para el bienestar emocional ¿Qué puede sentir una madre cuando yo le digo que su hijo es la bolsa 2-11-2-2324?”. Para algunas funcionarias y funcionarios es importante saber qué pueden hacer para “sacarles la información”, al acercarse a las familias: “Yo les digo que si les puedo colaborar, pero que depende de su información”. No hay consenso sobre la conveniencia de que las y los familiares participen en diligencias como la de exhumación y para algunas funcionarias y funcionarios su presencia podría llegar a ser tan intrusiva que interfiera con el desarrollo de la diligencia, o que pueda darse cierto nivel de control desde las y los familiares. Todo lo anterior, pone de manifiesto la importancia de un trabajo sistemático con operadores judiciales que les permita apropiar las herramientas para que puedan lograr la información necesaria en condiciones de respeto y consideración por las víctimas. Debe tenerse en cuenta que las familias pueden sentirse agredidas por los requerimientos de información por parte de funcionarias y funcionarios, que les asiste su derecho a participar en el proceso, y que en todo caso esto no implica que deban asumir tareas propias de las y los funcionarios judiciales.

La paradoja de un positivo que es negativo Para las y los funcionarios una tarea difícil, que tratan de evadir, es la de informar a las víctimas sobre el hallazgo de los restos del familiar. Cuando tienen que hacerlo, sienten que dilatan el momento de dar la noticia, que no encuentran las palabras para informarlo y que no saben como reaccionar frente a las manifestaciones de sufrimiento, por lo cual procuran no presenciarlo: “Uno prevé el desmoronamiento de la persona,

48

el llanto, uno espera que llegue un hermano o el papá, pero llega la mamá”.   Dado que no existen fórmulas generales y que el procedimiento debe considerar cada caso en particular, podría resultar útil conocer las expectativas de la familia con respecto a la investigación, al proceso de búsqueda, a las posibilidades de encontrar al familiar vivo o de sepultar los restos; tratar de conocer cuales son sus creencias religiosas, su cultura, su manera de reaccionar, informar de manera respetuosa, clara y paciente sobre los procedimientos a seguir. Hay funcionarias y funcionarios que consideran que “las muletillas de buenos días, como le va, que tenga un buen día, pueden causar heridas en las personas” y por tanto, deberían evitarse.   La situación es más compleja, cuando por diversas circunstancias, entre ellas la localización geográfica de las y los familiares, la carencia de recursos financieros en las entidades o la preocupación por no generar en las y los familiares falsas expectativas o cargas económicas si se les piden llegar a los despachos, la información la deben transmitir por vía telefónica, teniendo en cuenta “el temor que genera escuchar el nombre de instituciones como Medicina Legal o Fiscalía” creen conveniente presentarse, referirse a los antecedentes del caso, tratar de indagar sobre las circunstancias de la persona con quien se habla, antes de dar la noticia. Por otra parte, se sienten atravesadas y atravesados por una contradicción difícil de resolver porque desde el interés institucional y desde el punto de vista profesional, acreditar la identificación de una persona desaparecida encierra la meta y realización de su razón de ser como funcionarias y funcionarios que adelantan este tipo de labor, pero al tiempo, para ellas y ellos un positivo es también portador de una situación en extremo dolorosa para las familias, que por otra parte, pese a querer también dar fin a su incertidumbre, su aspiración de que no se confirmen sus temores es una forma de mantener la esperanza. 

La relación con las y los familiares: un asunto a tener presente Los encuentros permitieron identificar algunos elementos para favorecer una mejor relación entre funcionarias, funcionarios y familiares de víctimas de desaparición forzada. En primer lugar, se consideró la importancia de involucrar a las familias desde las etapas más tempranas del proceso hasta, de ser el caso, lograr la identificación plena, e integrarlas en tanto sujetos en ejercicio de un derecho, que merecen el reconocimiento de su dignidad y necesidades.  Se valoró como positivo brindar información oportuna, pertinente y veraz, aún respecto de las dificultades que pueden sobrevenir en el proceso. Igualmente, se señaló la importancia de no generar expectativas que no sea posible dar cumplimiento a los compromisos y cronogramas pactados con las víctimas y hacer el esfuerzo necesario para que el lenguaje técnico no configure una barrera en la comunicación: “No puedo

49

hablar con una persona del campo con términos jurídicos, cuando se le responde: “está en previas”, un campesino no sabe que es eso”.   Con respecto a las mujeres, es necesario que las y los funcionarios sean particularmente cuidadosos ante la posible violencia sexual y debe tenerse en cuenta que “tiene que marcar que el agresor sea hombre, incluso pudieron ser violadas y pueden tener más dificultades cuando tengan que confiar en un funcionario hombre”. Esta consideración no implica una norma rígida que obligue a excluir la participación del sexo distinto del de la víctima, pero si pone de relieve la necesidad de considerar, en el caso concreto, qué funcionario o funcionaria puede generar mayor confianza con la víctima o que, de ser necesario, un tercero acompañe la diligencia. Dado que el primer encuentro de las familias con las y los funcionarios es crucial para la relación que a partir de ahí se establece, se planteó como útil recrear confianza empezando con una charla informal, tratando de indagar sobre sus expectativas y sentimientos, para después “sentarlo frente a la máquina”. Las y los funcionarios consideraron la importancia de construir un encuentro empático con las víctimas. Para ello, es necesario partir del respeto a la persona, ser consecuentes con su dolor,  ser receptivo a sus necesidades, mostrar interés por lo que plantea y tener en cuenta que aspectos como el tono de voz,  la postura, el contacto visual,  pueden incidir positivamente en construir una relación entre seres humanos, más que entre víctima y funcionaria o funcionario. Las y los funcionarios reconocieron que pensar en la vivencia emocional del otro les puede hacer mejores en su ejercicio y rendimiento profesional. Implicaría, por ejemplo, tener en cuenta también el tiempo que ha transcurrido entre la desaparición y la exhumación, considerar los impactos generados por los diferentes hechos que acompañaron la desaparición, entender que si bien muchas personas pueden compartir una emoción similar, la manera de modularla y expresarla puede ser influenciada por factores culturales, sociales o religiosos.   El intercambio de información entre todas las y los funcionarios vinculados con una investigación no solamente redundaría en la mayor eficacia de las investigaciones, sino que permitiría reducir las posibilidades de generar daños emocionales adicionales. Al conocer toda la información del caso, se evitaría hacer preguntas innecesarias que rememoren en la víctima detalles dolorosos.  Finalmente, las y los funcionarios resaltaron la importancia de reconocer su propio estado emocional.  Señalaron que las cargas emocionales que tienen, la simpatía o antipatía que pueden sentir por una persona, podrían influir en la eficacia de sus labores y la objetividad de sus decisiones. La solución estaría en reconocer claramente los sentimientos, prejuicios, sesgos y preferencias, de manera que pueda evitarse que estos afecten el desempeño profesional.

50

El derecho a la verdad y el deber de informar A las y los funcionarios les preocupa el daño emocional que puede generar en las víctimas el acceso a cierta información. En el caso de las audiencias de Justicia y Paz, su preocupación tiene que ver con “la crueldad con que las autodefensas están dando la información”. Su reflexión sobre cuando “el sindicado acepta los hechos con desfachatez absoluta y narra todo su actuar descarnadamente” y señalan que “eso es muy delicado, pensando en el impacto sobre una víctima… ¿Qué será mejor, estar ahí presente?”. En principio, se considera que la fórmula debe ser tan flexible que permita consultar la decisión informada de las y los familiares. Cuando se localizan los restos, a menudo se encuentran signos evidentes de tortura; frente a esto, las y los funcionarios se cuestionan constantemente sobre si la familia debería enterarse: “Si se trata de mi hijo… ¿Prefiero que aparezca así sea hecho pedazos, acreditando que fue sometido a los vejámenes más graves, o no saber? Me pregunto si la familia se siente satisfecha al saber que su familiar fue martirizado”. Nuevamente, sin que sean útiles afirmaciones de carácter general se debería establecer si para la familia conocer este tipo de detalles es una forma de dar fin a la fantasía e imaginación sobre lo que pudo ocurrir, o si su interés se agota en el hecho de sentirse seguros respecto de la identificación; en cualquier caso, la preparación y el soporte emocional son deseables. Algunas y algunos funcionarios señalaron que en ocasiones se reservan parte de la información: “Tengo que dar mentiritas piadosas, me preguntan, doctor qué le hicieron, y yo no le digo que lo torturaron, digo que fue un tiro y que tuvo una muerte instantánea”. Debe tenerse en cuenta no obstante que, pese a la intención de proteger al familiar de la exposición a una información dolorosa, es posible que las familias terminen enterándose a partir del acceso a la información consignada en los protocolos. En ese sentido, más que evitar el dolor de las víctimas, lo que ha operado es el deseo justificable del funcionario de no querer presenciar el sufrimiento de las familias, como bien lo señala uno de los asistentes: “Es muy difícil, yo una vez encontré un cuerpo amarrado de pies y de manos, todo torturado y yo trataba de esconderlo para que el papá no lo vea, él va a saberlo después porque queda plasmado, quizás es para mí que lo hago, para evitarme ver ese dolor”.   Una inquietud adicional relativa al derecho a la verdad y la entrega de información proviene de ciertos datos de carácter estrictamente personal, sin mayor relevancia para la investigación: “Haciendo la prueba genética se detectó que el papá no era el papá y nosotros pensábamos… ¿Decirle o no decirle?” La solución a estos dilemas no es fácil, podrían guiarse por la decisión de los familiares, en ejercicio de su derecho a la verdad. La posibilidad de contar con herramientas para enfrentar estas disyuntivas evitaría acoger salidas de forma apresurada, pero a la vez evitaría afectarse emocionalmente o generar más daño y dolor a las y los familiares.

El reto de enfrentar las exhumaciones Las y los funcionarios consideran que las y los familiares depositan en su labor una expectativa muy alta de encontrar a sus seres queridos y creen que la forma de retribuirla es “llegar a los sitios donde están las víctimas, así pueden sentir que no están solos y es una forma de trabajar para que nuestros hijos o nietos tengan un mejor país”. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que frente a las limitaciones que entraña esta labor, acoger metas difícilmente bajo su control puede exponerles a daño en su propio mundo emocional. Las y los funcionarios reconocen que el movimiento de familiares de víctimas ha ganado espacios importantes dentro del proceso penal, pero mientras algunos se preguntan cómo involucrar a las y los familiares en una exhumación, otros muestran reticencia con respecto a su participación en exhumaciones. Para algunas y algunos funcionarios se explica por los riesgos de seguridad; otros señalan que es “en beneficio de los familiares, porque pueden estar descuartizados”, y algunos más aducen posible riesgos de salubridad o de conservación de la prueba, “es para que nunca haya contaminación”. Muchos otros expresaron su preocupación por la reacción emocional, “uno va a hacer su trabajo y si va a recibir la señora que se pone a llorar, uno se desestabiliza como funcionario y debe evitar elementos que lo lleven a salirse de la concentración del trabajo”. Algunos, señalan que simplemente sería demasiada carga emocional y que “uno no sabe como manejar este momento”. En aquellos casos en que se ha dado la participación de las familias, se ha debido a su insistencia, o bien porque son quienes saben la posible ubicación de los restos y también por respeto a la diversidad étnica y cultural: “Grupos indígenas, por sus creencias culturales no se van a alejar de los restos de su familiar, porque hacen una serie de ritos cuando uno está quitando la tierra, ellos incluso dicen: yo le ayudo, para que usted no esté con el espíritu de mi familiar”. La disparidad de opiniones de fondo evidencia que por la inexistencia de un procedimiento acordado, se corre el riesgo de privilegiar el punto de vista de la funcionaria o funcionario que finalmente toma la decisión. La Corte Constitucional ha afirmado que el derecho de las y los familiares a conocer la suerte de sus parientes (artículo 32 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra) “no se agota entonces con la percepción visual del cadáver”, sino que implica facilitar a las y los familiares el acercamiento a la verdad, y que el derecho a participar plenamente en la búsqueda de la verdad está íntimamente ligado con el respeto a la dignidad de las familias, y a la honra,  la memoria y la imagen del desaparecido69. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado que “Las comunidades y las familias deben ser partes en todo proceso de exhumación o identificación de restos humanos. Su participación debería adaptarse al contexto y, por consiguiente, el proceso debería incluir una estrategia de comunicación aceptada y aplicada por todos los interesados.”70.

51

70CICR. Proyecto The Missing: “las personas desaparecidas y sus familiares” - documentos de referencia (6.20), febrero de 2004.

69Sentencia No. T-275 de 1994, Magistrado Ponente, Alejandro Martínez Caballero.

La participación de las familias en los procesos de exhumación debería iniciar con el suministro de información completa y clara sobre la manera en que se van a manejar la escena y los restos óseos, de forma que puedan tomar una decisión informada sobre su presencia o no. Deben considerarse, así mismo, los aspectos culturales étnicos y religiosos: “Ver qué ritos de inhumación practican, qué piensan acerca de los espíritus”, de modo que el marco de creencias de los familiares pueda ser tenido en cuenta y puedan realizarse los rituales conforme a los usos y prácticas culturales.71

 En aquellos casos en que las circunstancias de salubridad, seguridad y preservación de la escena, así lo aconsejen se podría, en acuerdo con las familias, habilitar un espacio desde el cual puedan presenciar el proceso en la distancia y al tiempo recibir el soporte emocional que requieran.  

52

71La Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, por ejemplo, recomendó entender la exhumación no sólo como un trámite técnico-jurídico sino, sobre todo, como una medida que permite dignificar a las víctimas “y realizar el derecho a enterrar a los muertos con ceremonias mortuorias propias de cada cultura, derecho que es inherente a todos los seres humanos." CEH. GUATEMALA: Memoria del Silencio, 2000.

PARTE 4 Insumos para la acción psicosocialfrente a la desaparición forzada

Escultura: Wendy Ramsay-Reclining Woman

55

Los apartes anteriores describen una situación en la que son visibles las implicaciones psicosociales derivadas del crimen de la desaparición forzada para las familias, y los retos, dificultades e implicaciones que ha supuesto para las y los funcionarios judiciales adelantar las investigaciones de estos casos. La generosidad de las familias y la apertura de las y los y las funcionarios nos han permitido identificar elementos a considerar en la relación que establecen y frente a las condiciones y escenarios de donde cada uno parte para cursar el camino hacia la búsqueda de la verdad. En ambos escenarios se intuye la pertinencia de un hacer psicosocial que promueva el bienestar emocional de unos y otros y acaso desde allí, un trasegar más certero hacia la justicia y la reparación integral. Este apartado pone de presente elementos a considerar dentro de un programa de acompañamiento psicosocial para las víctimas de desaparición forzada y de un programa de fortalecimiento y formación en herramientas psicosociales de manera que las y los funcionarios judiciales puedan contar con instrumentos que favorezcan el bienestar emocional de aquellas, y a la vez, les permita garantizar su autocuidado y el de sus colegas.

El desafío de transformar y habilitar nuevos contextosde relación Para lograr que víctimas, funcionarias y funcionarios puedan servirse de los aportes de la perspectiva psicosocial, es necesario reconocer ciertas características que han cimentado un contexto difícil de relación, particularmente en lo que hace a la posibilidad de construir confianza, entre las víctimas del crimen de desaparición forzada y el Estado Colombiano.   Esas características son de orden diverso y obedecen a falencias que superan el ámbito de interacción entre funcionarias o funcionarios judiciales y víctimas;  desde allí, el análisis y las propuestas no tendrían que circunscribirse a identificar y demandar cambios en el accionar de unos y otros, dado que en dicha relación Estado-Víctima, están integrados diversos elementos que a través del tiempo se expresan en amplias deudas del Estado para con las víctimas y sus familias; en este sentido, no se trata de un asunto relativo sólo al funcionamiento del aparato judicial, sino que es preciso, además, tener presentes variables que han antecedido, mediado y permanecen luego de la comisión del crimen. En la relación Estado-Víctimas, el primero no ha logrado proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, ni tampoco asegurar la no repetición de las violaciones. En muchos casos, ha sido responsable cuando no por acción directa de sus agentes, por omisión; a lo cual se suma la poca decisión para prevenir y sancionar el crimen de la desaparición forzada, como se pone de presente en la lentitud y dilación de las investigaciones, judicialización y sanción de los responsables. Enmarcado en este contexto histórico, las víctimas en medio de adversidades estructurales y soportadas en los afectos y el dolor por sus seres queridos, han mantenido su lucha porque la sociedad y el Estado les dejen hacer visible su presencia y reconozcan su legítima

56

pretensión de verdad y justicia.

En muchos casos, las desapariciones forzadas fueron perpetradas por agentes estatales o con su complicidad. En este sentido la desconfianza es uno de los más claros y graves efectos psicosociales generados por esta forma de violencia sociopolítica; dicha dificultad para una interacción fundada en la confianza es mutua y se refleja desde las familias en su incredulidad frente a las acciones judiciales, como en el señalamiento y la estigmatización por parte de autoridades estatales a las víctimas y sus familias. La pérdida de credibilidad y confianza en la legitimidad y representación del Estado por parte de las víctimas, debe ser un punto clave a considerar bajo la pretensión de transformar los parámetros en los que se ha enmarcado esta relación. En la coyuntura reciente, la Ley de Justicia y Paz, ha implicado cambios significativos para las y los funcionarios, que se enfrentan a un incremento sustancial y repentino de las investigaciones, con un desbordamiento de capacidades institucionales, profesionales y personales, y que pone de presente que ni la Fiscalía, ni su personal, se encontraban preparados para responder adecuadamente a lo que la situación demanda. Uno de los elementos que ponen en evidencia esta situación, es la sobrecarga emocional que se deriva para las y los funcionarios sumada a la angustia que les produce el no contar con herramientas para enfrentar el dolor de las familias y para que sus actuaciones no hagan más gravosa su situación emocional. Las condiciones laborales, el clima organizacional, las altas exigencias, los pocos medios técnicos y tecnológicos, así como el insuficiente recurso humano son condiciones que debe entrar a revisar el Estado colombiano como forma de encarar una situación claramente desbordante para quienes adelantan esta labor. Lo cual no impide destacar, tal como lo constatamos, que existe disposición y compromiso por parte de las y los funcionarios a reconocer su responsabilidad en la construcción de una relación que estimule la participación de las familias en las investigaciones, pero reiteramos, son las instituciones las que deben hacer parte de las respuestas que las familias requieren, implementar los ajustes que no hagan nugatorio para las víctimas y el acceso a la justicia.  De la misma forma es importante que las instituciones evalúen la pertinencia de un enfoque de “positivos” en materia de las investigaciones judiciales por desaparición forzada, pues como se sabe, la obligación de investigar al ser de medio, en términos psicosociales resulta más útil que pueda ser percibida por las y los familiares como que ha sido asumida de forma diligente, con un claro compromiso institucional y de los agentes públicos y no una mera formalidad. Una transformación positiva de las relaciones Estado-víctimas de desaparición forzada, debería tener en cuenta aspectos como, disponer de una política de atención a víctimas, promover decididamente el bienestar integral de funcionarias y funcionarios investigadores, fortalecer las capacidades institucionales de la Fiscalía General de la Nación y contar con un programa de acompañamiento psicosocial y de formación. 

57

Política de Atención a Víctimas Llamamos la atención sobre la importancia de construir una política integral de atención a las víctimas por parte del Estado colombiano, capaz de evitar la dispersión de actuaciones de los organismos públicos y alcanzar un abordaje concurrente y complementario, cuyo eje sea favorecer el acceso al derecho a la verdad, la justicia y la reparación que tienen las víctimas de desaparición forzada. Ello facilitaría construir contextos de relación Víctimas-Estado favorables a la promoción de los derechos de las víctimas. Una respuesta integral formulada en términos de política pública del Estado para la atención a las víctimas de este crimen, garantizaría la destinación de recursos y la superación de la fragmentación de la atención, los reiterados problemas de registro, la falta de especificidad de la política, la ausencia de indicadores de logro, la falta de mecanismos de prevención y las dificultades de asignación y ejecución presupuestal.  Es importante integrar en la atención a las víctimas de desaparición forzada una perspectiva diferencial que recoja particularidades de género, etnia, edad, tradición cultural, condición social de las familias, y tenga en cuenta las distintas formas de afectación que se generan según el tipo de hecho violento que acompaña este crimen.  Teniendo en cuenta que, frente al crimen de desaparición forzada subyacen imaginarios en la opinión pública que frecuentemente son poco útiles para la superación de los impactos emocionales de los familiares, estos señalan la importancia de considerar el papel de medios masivos de comunicación en la forma de informar respecto de las víctimas y sus familiares desaparecidos. Por lo tanto sería conveniente que los medios realicen su labor de manera ecuánime y respetuosa, teniendo en cuenta a las víctimas y su dignidad.

Política de Bienestar Institucional Una política integral de atención a víctimas debe pasar por el reconocimiento de la importancia del bienestar de las y los funcionarios responsables de su abordaje. Evaluar y ajustar las políticas laborales y de bienestar institucional para limitar las conductas y prácticas mencionadas en la parte 3 de este documento, es una urgencia, dada la incidencia que tienen tanto en el bienestar defuncionarias y funcionarios como en la efectividad de las investigaciones que adelantan. Visto de esta forma, una política de bienestar institucional debe propiciar condiciones que garanticen la estabilidad laboral, que permitan el desarrollo personal y profesional de sus empleadas y empleados.  Por el carácter del trabajo de las Unidades de DDHH y DIH y de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación debería contemplar la dimensión emocional de sus

58

funcionarias y funcionarios, orientada más que a indagar por la idoneidad para el desempeño de la función, atenta al reconocimiento del papel central que juega lo emocional en estos contextos laborales, tanto en beneficio de la funcionaria o funcionario público como en la calidad del servicio que presta. Es importante reconocer que los programas para soporte emocional que prestan las Aseguradoras de Riesgos Profesionales, probablemente son precarias para hacer frente a las cargas emocionales que atraviesa a este tipo de funcionarias y funcionarios en razón de su labor. 

Prácticas para el auto-cuidado  Emprender y fortalecer prácticas orientadas al auto-cuidado y promoción del bienestar emocional de las y los funcionarios no se restringe al desarrollo de una política institucional en esa materia, que en todo caso es recomendable se formule e implemente lo antes posible. Cuando se trata del cuidado propio y de los equipos de trabajo, es importante contar con espacios que hagan posible la escucha mutua en situaciones de tensión. Mostrar el interés y preocupación por la situación de las y los colegas, así como exteriorizar los propios sentimientos y favorecer que otros lo hagan, son maneras que permiten, no sólo compartir las emociones que les genera su actividad laboral, sino recursos al alcance para servir de soporte mutuo.  Igualmente es útil que puedan involucrar en este tipo de conversaciones la forma como constatan o intuyen que se transforman sus relaciones al interior de la familia y la manera como su hacer, puede estar repercutiendo en el sentir de estas.  Respetar los tiempos necesarios para el descanso, para la familia, para actividades distintas al trabajo e identificar quiénes son personas que proporcionan apoyo y escucha, pueden ser elementos posibles de implementar.

¿Cómo lo psicosocial puede fortalecer la capacidad institucional de la Fiscalía General de la Nación? Fortalecer la capacidad institucional para responder adecuadamente a las actuales dinámicas requiere adelantar algunos ajustes. Entre las conclusiones del trabajo realizado con las y los funcionarios, se encuentra la necesidad de aumentar y cualificar el recurso humano, técnico y tecnológico. La calidad de la relación funcionarias o funcionarios- víctimas depende en gran medida de que aquiellas y aquellos dispongan de los recursos idóneos.  Para las y los funcionarios el desempeño de su labor ha implicado un deterioro progresivo de la calidad y tiempo dedicado a otros ámbitos de relación familiar y social. Es notoria la frustración e impotencia de algunos para una adecuada realización

59

de las investigaciones, lo cual atribuyen a un respaldo institucional insuficiente.

El proceso adelantado permite identificar algunos elementos que de tenerse en cuenta pueden favorecer la relación entre fuancionarias o funcionarios y las familias de las víctimas. La construcción de lazos de confianza que permitan transformar la interacción, reconoce en las víctimas personas importantes, valiosas y significativas dentro de las diligencias judiciales e incluye la consideración con el tiempo de las familias y el respeto por los compromisos establecidos.  Víctimas y funcionarias o funcionarios coinciden en que disponer de más personal especializado es la vía para cubrir una demanda creciente de forma responsable y eficiente. En el desarrollo de las distintas actuaciones judiciales sería importante incorporar un enfoque diferenciado que permita hacer distinciones, por ejemplo frente al tipo de preguntas e información que están en capacidad de suministrar niñas, niños, esposas o madres de las personas desaparecidas, de manera que no agreguen malestar.  Las propuestas señalan la relevancia de que las y los funcionarios judiciales cuenten con herramientas psicosociales que les permitan comprender mejor la situación emocional por la que atraviesan las víctimas, de forma que sean más considerados y respetuosos con la misma. Una propuesta de algunas funcionarias y funcionarios es que se pueda contar con un mecanismo de referencia que haga posible establecer un proceso de apoyo en red. También que se pueda contar con la posibilidad de remisión para ayuda humanitaria, acompañamiento psicosocial. Construir un lenguaje que dignifique a las víctimas, y no esperar a que ellas reconozcan la terminología legal, donde las y los funcionarios puedan establecer diálogos claros y sencillos, marcaría diferencias sustanciales en lo que ha sido el escenario de relación funcionaria o funcionario - víctima. Al respecto las y los funcionarios señalaron que, evitar conductas que descalifican o que no recogen el sentir de las personas, así como proveer que los sitios de atención sean acogedores y garanticen seguridad es indispensable para que las familias se sientan respetadas. No hacer comentarios fuera de los conductos regulares sobre la investigación, así como evitar generar falsas expectativas sobre el proceso también son elementos de utilidad.   A su vez las y los funcionarios pueden esforzarse por conocer más a fondo los casos, evitar preguntas innecesarias, abstenerse de evocar insistentemente en los detalles más dolorosos, así como interesarse por reconocer las familias más allá de las denuncias, de forma que sea posible tener en cuenta sus prácticas culturales, creencias y formas de afrontamiento. Las y los funcionarios pueden integrar en su relación con las familias algunos elementos sencillos pero de gran significado, como permitir que éstas sepan quiénes son, qué entidad representan, cuál es su labor, así como el propósito de la conversación y qué buscan en esta interacción.

60

Un punto de coincidencia entre funcionarias, funcionarios y familiares es la falta de sistemas de comunicación e información que permitan conocer ágil y oportunamente el estado de los procesos. Las dificultades de comunicación entre las instituciones parten del sistema, favorecen la desinformación y/o mal información para las víctimas. La Fiscalía General de la Nación no cuenta con sistemas de información adecuados, ni las familias pueden acceder a la información a que tienen derecho. A esto se suma la importancia que tiene para las víctimas un manejo sigiloso de la información que aportan, que les evite ser blanco de presiones o retaliaciones. De la misma manera que es importante no crear falsas expectativas entre las víctimas, por el uso que se hace de la información, tampoco se debe llegar al extremo de marginar a las familias de informarse sobre los avances del caso. Igualmente, reconocer los prejuicios y la manera como éstos se traducen en expresiones que afectan la dignidad humana de la persona desaparecida es un elemento a considerar en la formación de las y los funcionarios. Sería útil contar con centros de orientación e información gratuita para las víctimas sobre los procesos que deben seguir y las diligencias a las que se tienen que enfrentar.  Es importante que la Fiscalía General de la Nación avance en la tarea de estandarizar procedimientos, adecuar protocolos y unificar los lenguajes institucionales. Este es un elemento clave a la hora de buscar coordinación y colaboración, lo cual es crucial para el trabajo interinstitucional.  

Finalmente, es necesario contar con un sistema de seguimiento de la labor realizada por la Fiscalía General de la Nación, que les permita a las familias acceder a un mecanismo de retroalimentación e informar sobre las dificultades que atraviesan en el proceso.

Aprendizajes para integrar en los procesos de exhumación Frente a los procesos de exhumación es importante tener en cuenta las características culturales, prácticas religiosas de las familias, de los grupos étnicos y favorecer que puedan realizar las acciones rituales en las actividades de exhumación. Es importante que las y los funcionarios judiciales que tienen contacto con las víctimas puedan recibir entrenamiento que genere el desarrollo de habilidades de contención emocional o que cuenten con apoyo especializado en la materia.  Es necesaria la unificación de criterios de actuación, protocolos de atención, formatos y avanzar hacia la cooperación interinstitucional para brindar una mejor atención a las víctimas durante estos procesos. Así mismo para minimizar el impacto emocional en las familias durante estas diligencias se debe disponer de un mínimo de condiciones físicas aptas para su atención, brindar información pertinente respecto del proceso,

61

medios requeridos, técnicas empleadas, procedimientos a realizar y un adecuado manejo de los restos, pasos subsiguientes para llegar a la identificación.

Teniendo en cuenta que la procedencia de las víctimas es mayoritariamente rural, sería útil contar con atención descentralizada de la Fiscalía que pasa por el fortalecimiento de los recursos locales, lo cual puede implicar la necesidad de contar con funcionarias y funcionarios competentes para el conocimiento de estos crímenes a nivel regional.

Pistas para un acompañamiento psicosocial y de formación a víctimas, funcionarias y funcionarios Adelantar programas de acompañamiento y fortalecimiento para las familias víctimas del crimen de la desaparición forzada y para las y los funcionarios encargados de adelantar los procesos judiciales es una tarea urgente. Sin duda, sujetos y familias fortalecidas desde el punto de vista emocional, pueden aportar más y mejor al interés de la investigación judicial y a su vez funcionarias y funcionarios capaces de reparar en su autoprotección y cuidado frente al daño emocional a que les expone el tipo de hechos que conocen, es una vía para lograr mayor eficacia y eficiencia de su labor.  Algunos elementos a integrar en un programa de acompañamiento psicosocial son:

El acompañamiento psicosocial es transversal al proceso de búsqueda, exhumación e identificación y puede prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de personas, familiares y comunidad.

Tener en cuenta el contexto sociopolítico y cultural de la población afectada y los significados que las familias y las comunidades dan a estos procesos para facilitar la justicia, la verdad, la memoria y la reparación integral.

Realizar la atención de forma descentralizada en los lugares en los cuales habitan las personas para que no genere una carga mayor a las mismas. 

Favorecer la expresión de las emociones presentes en la familia y la creación de espacios de encuentro para tal fin. Reconocer en las familias herramientas propias de auto cuidado y de bienestar emocional.  

Identificar el significado que dan a lo vivido y cómo en sus vidas el bienestar emocional tienen estrecha relación con los avances y dificultades en los procesos judiciales. 

62

Establecer procesos y no simplemente acciones puntuales. Este acompañamiento puede requerir que se integre la acción de otras disciplinas que favorezcanentender y apoyar a las familias frente al trámite de los procesos judiciales que adelantan.

Construir los programas en perspectiva de género.

Integrar a la totalidad de las y los familiares y de ser necesario promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, niñas, niños y adultos mayores por su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven especialmente expuestos. 

Tener en cuenta especificidades culturales, religiosas y étnicas.

Incidir en los escenarios en donde las niñas y los niños construyen su identidad como es la escuela. Puede requerir la formación a maestras y maestros para el adecuado manejo de las situaciones de las víctimas.

Reconocer la desaparición como un hecho que afecta lo colectivo, razón por la cual debe darse lugar a la intervención grupal. En este sentido debe orientarse al intercambio de experiencias de manera que posibilite también la construcción de redes y lazos sociales entre las familias. 

Para aquellos casos en que el impacto emocional de los hechos implique afectaciones graves de la subjetividad debe considerarse el apoyo psicosocial individual y/o familiar. 

Fortalecer los movimientos y/o grupos de familiares que existen o los que puedan surgir del proceso. De la misma forma, se debe buscar el acercamiento de las y los familiares a otras redes institucionales de atención que les puedan apoyar. 

Favorecer la construcción de elementos que rescaten la memoria de lo vivido por las y los familiares.

Considerar el crimen de la desaparición forzada desde un enfoque de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Considerar el impacto emocional diferenciado de las distintas modalidades de hechos violentos a que acompañan, median o continúan después de la desaparición forzada.

Cuando el crimen se orienta al debilitamiento de organizaciones o redes sociales, las estrategias deben enfocarse al fortalecimiento de las personas que las integran y de las organizaciones afectadas.

Considerar el fortalecimiento psicosocial como una vía para mejorar la eficacia en la función.

Destinar tiempo dentro de las dinámicas laborales para el abordaje de lo emocional como elemento fundamental en la labor que adelantan. 

Habilitar espacios para la reflexión de lo emocional por equipos. Promover la importancia de expresar y reflexionar en torno a lo emocional entre los equipos, identificando las diferencias entre hombres y mujeres.

Cualificar con procesos de formación sus herramientas disciplinares frente a temáticas como: impactos psicosociales que genera la desaparición forzada en las familias, manejo de situaciones de crisis, herramientas para el apoyo emocional a familias. 

Integrar los programas de fortalecimiento psicosocial como parte de la política de bienestar de la institución. 

Aportar a la construcción de una cultura del auto cuidado dentro de las instituciones judiciales. 

Brindar apoyo psicosocial personalizado para casos específicos que requieren atención. 

Abordar el manejo de las relaciones familiares de las y los funcionarios y la manera como se transforman con ocasión del trabajo que realizan.

Desarrollar políticas para prevenir el agotamiento emocional derivado del tipo de labor.

63

Elementos a considerar en un programa de fortalecimiento a funcionarias y funcionarios:

Considerar los cambios que operan para el familiar al pasar de un proceso orientado a la búsqueda a una diligencia de exhumación.Construir elementos de prevención frente toda forma de re-victimización.

Considerar el acompañamiento antes, durante y después de la exhumación, así como durante el proceso de identificación.

Acompañar la entrega de los restos y favorecer que durante ésta, se tengan en cuenta los aspectos rituales en relación con la muerte según el marco de creencias, usos y prácticas culturales.

Construir mecanismos de auto cuidado personal y como equipo de trabajo.  

Desarrollar habilidades para comunicaciones más asertivas.

Desarrollar habilidades para favorecer la interacción con las víctimas. 

Reconocimiento y transformación de prejuicios profesionales, institucionales y sociales sobre el fenómeno de la desaparición forzada.

Reconocer diferencias generacionales y de género en la forma como se impactan por su labor, las y los funcionarios judiciales.

Gestión para disminuir las tensiones en el ambiente laboral.

64

PROGRAMA DEFORTALECIMIENTOY FORMACIÓN

DIRIGIDO A VÍCTIMAS, FAMILIARES DE VÍCTIMAS DELCRIMEN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA, FUNCIONARIASY FUNCIONARIOS DEL SISTEMA JUDICIAL

Escultura: Roger Whittaker-Out of Reach/Hover Arts

La Fundación Dos Mundos, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la colaboración de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, en el interés de acompañar y fortalecer los esfuerzos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, realizó durante el segundo trimestre del año un proceso orientado a explorar cuáles podrían ser elementos contentivos de un programa de acompañamiento y formación psicosocial. Programa que brinde elementos para favorecer una mejor interacción con las y los familiares de las personas desaparecidas y a la vez fortalezca la capacidad de auto-cuidado entre las y los operadores del sistema judicial, de manera que contribuya a trascender los obstáculos que desde el ámbito psicosocial limitan hacer efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

El presente programa parte de los aprendizajes logrados en este proceso y formula una propuesta de programa de acompañamiento y formación dirigido tanto a las familias y las víctimas como a las y los funcionarios del sistema judicial.

67

Objetivos

Promover el bienestar emocional de las y los funcionarios y una mejoría en sus labores relacionadas con las víctimas, a través de un proceso orientada al acompañamiento y formación en herramientas psicosociales1 dirigido a funcionarias y funcionarios, así como de un proceso de acompañamiento psicosocial a grupos de víctimas, con enfoque diferencial etáreo y de género, a fin de disminuir el impacto emocional que tanto el hecho como su participación en procesos de esclarecimiento judicial les hayan generado.

El programa contribuirá a mejorar la capacidad del sistema judicial, cualificando la interacción de los funcionarios con víctimas de desaparición forzada y favorezcerá el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las vìctimas e incluye:

1.- Crear espacios para el acompañamiento y auto-cuidado psicosocial de las y los funcionarias judiciales.2.- Brindar formación en herramientas psicosociales a funcionarias y funcionarios del sistema judicial.3.- Construir junto con las y los familiares de víctimas del delito de desaparición forzada estrategias y espacios para su fortalecimiento emocional y la auto-protección a través del acompañamiento psicosocial.4.- Generar redes de apoyo y organización entre las víctimas de desaparición forzada.

1Lo “psicosocial” describe una manera de comprender al ser humano desde una perspectiva relacional, esto es, considerando al individuo y su ambiente afectivamente relevante, con quien construye historias, símbolos, entendimientos y significados de una manera interact iva . Desde una perspectiva psicosocial, la violencia sociopolítica afecta de una manera específ ica y trascendente la circunstancia emocional de individuos y de los grupos sociales de los cuales hace parte, desde los más íntimos, como la familia, hasta los más complejos, como los movimientos sociales, las organizaciones políticas, las asociaciones, etc. Es entonces, tanto un marco teórico p a r a u n t r a b a j o d e acompañamiento a individuos y colect ividades, como una categoría de análisis en sí mismo. Arias, Jiovani. Psychosocial implications of armed conflicts in children: a glimpse from gender a generational perspective. Psychosocial working group. Columbia University NY. 2000

68

5.- Brindar formación en herramientas psicosociales a víctimas del delito de la desaparición forzada.6.- Fortalecer organizaciones y/o instituciones locales de apoyo a víctimas de desaparición forzada.7.- Sistematizar la experiencia de formación y acompañamiento de manera que sea susceptible de replicar con otras víctimas y familiares de graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

2En este documento se entiende como formación psico-jurídica, el fortalecimiento a las víctimas y familiares de víctimas para asumir desde una postura protectiva los diferentes procesos jurídicos que deben enfrentar dentro del proceso de búsqueda, exhumación e identificación, lo cual se realiza a partir de construir entendimientos sobre el significado emocional que tiene cada una de las actuaciones jurídicas desde una mirada psicosocial.

Líneas de Acción

Para el desarrollo del programa de fortalecimiento y formación proponemos tres líneas de acción que están dirigidas tanto a funcionarias y funcionarios como a las víctimas y sus familias. Estas tres líneas están diseñadas para dar cubrimiento y repuesta a las necesidades identificadas en el proceso de consulta de la siguiente forma:

a.- Línea de formación en herramientas psicosociales: a través de diversas herramientas pedagógicas como lo son talleres y conversatorios de acompañamiento psicosocial, se busca crear escenarios de encuentro que permitan además de la reflexión temática, la apropiación tanto por parte de las y los funcionarios como de las víctimas y sus familias de herramientas psicosociales pertinentes para su mejor interacción. Así mismo, esta línea busca dar especial énfasis a la construcción de buenas prácticas para la auto-protección psicosocial, identificando factores de riesgo y de promoción de la protección emocional en la interacción de las y los funcionarios de investigación judicial con familiares de víctimas de graves violaciones de los DH y del DIH. Especialmente, en el caso de la formación de las víctimas del delito de la desaparición forzada y sus familias se espera brindar mayores elementos de información y preparación para su acceso a la justicia2.

b.- Línea de Acompañamiento: esta línea comprende tanto el acompañamiento de carácter colectivo, como el individual y/o familiar. En el caso de las y los funcionarios, el acompañamiento estará dirigido también a los equipos forenses y miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones encargados del abordaje de los casos de desaparición forzada de manera que reciban acompañamiento y asesoría frente al trámite de los impactos emocionales dentro del grupo de trabajo y contexto laboral. En ambos casos tanto en funcionarias y funcionarios como en familiares víctimas se habilitarán como parte de esta línea de acción, la remisión o derivación desde los procesos grupales a la intervención terapéutica individual y/o familiar.

69

3Estos temas corresponden a las necesidades descritas durante el proceso de consulta tanto por funcionarios como por las víctimas.

c.- Línea de fortalecimiento a organizaciones de víctimas. La finalidad es ofrecer acompañamiento y apoyo psicosociales a las organizaciones o redes de apoyo emergentes que se crean dentro de los procesos de acompañamiento y formación de forma que se promuevan adecuadas pautas de interacción dentro de estas organizaciones de víctimas, así como una adecuada interacción y uso del sistema judicial. De la misma forma y en el interés de fortalecer la capacidad instalada en lo local frente a la atención de las víctimas de desaparición forzada, se buscará el fortalecimiento de las herramientas con las que cuentan las organizaciones locales ya existentes, así como se buscara la activación de los canales de remisión y acceso a sus servicios.

Temáticas para abordar en el proceso3

1.- Con familiares y víctimas de desaparición forzada:• Revisión de la situación emocional del grupo y técnicas para favorecer la externalización de emociones.• Desaparición forzada e impactos psicosociales en el ámbito individual, familiar y colectivo.• Desaparición forzada y transformación de roles y condiciones de vida.• Desaparición forzada e impactos en el ámbito colectivo.• Otros hechos violentos asociados a la desaparición forzada y su impacto psicosocial.• El papel de los niños y las niñas y la afectación emocional asociada a la vivencia de la desaparición forzada.• La familia como soporte y contenedora de la afectación emocional.• Cuidado y protección familiar.

• Calidad de tiempo compartido.• Relaciones sociales.• Prácticas culturales y estrategias de afrontamiento familiares e individuales frente a la desaparición forzada.• Elementos para la prevención de nuevos impactos emocionales.• Relación con el Estado y las y los operadores de justicia.• Preparación para las diligencias judiciales y efecto en el mundo emocional.• Rutas de activación de mecanismos legales en casos de desaparición forzada.• Procesos de búsqueda y estrategias de autoprotección emocional personal y familiar.

• Procesos de exhumación y estrategias de autoprotección emocional personal y familiar.• Derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias desde una perspectiva psicosocial• Construcción de elementos para el auto-cuidado emocional durante el proceso de búsqueda y el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación.• Activación de redes de apoyo locales.

• Reconstrucción y fortalec imiento de lazos socia les. • La organización de las víctimas del delito de la desaparición forzada como una estrategia de protección emocional.

2.- Con funcionarios y funcionarias del sistema Judicial:

• Desaparición Forzada e impacto psicosocial.• Desaparición Forzada e impacto diferencial por razones de género y edad.

• Desaparición forzada, prejuicios y prácticas perjudiciales de relación con víctimas.• Lo cultural, lo religioso y lo étnico como herramientas en la relación con las víctimas y sus familias.• Creando interacciones no gravosas entre víctimas y funcionarias y

funcionarios.• Información, orientación y comunicación asertiva con víctimas y familias. El lenguaje como constructor de relación.• Manejo de crisis emocionales durante las diligencias judiciales.• Derechos a la vedad, justicia y reparación de las víctimas y su relación con el trabajo del cuerpo judicial.• Redes institucionales (gubernamentales y no gubernamentales para la atención de víctimas de desaparición forzada). Remisión y activación.• Niveles de contexto e implicación emocional.• Revisión de la situación emocional de las y los funcionarios.• Elementos para el abordaje del tema de lo emocional en el equipo de trabajo.• Conceptos de auto-cuidado y protección de otros. Prácticas de auto-cuidado en el contexto laboral.• Herramientas para la revisión de la situación emocional de los equipos y detección oportuna del desgaste emocional.• Impacto emocional diferencial por razones de género y edad en funcionarias y funcionarios del sistema judicial.• Trabajo en red y redes de apoyo emocional.• Abordaje emocional antes y posterior a las misiones de búsqueda

70

71

4 FDM. Modelo de Atención Psicosocial a víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al DIH.

y procesos de exhumaciones.• Elementos para el abordaje del tema de lo emocional en el equipo de trabajo. Pautas para el auto-apoyo emocional.• Construcción de estrategias para el abordaje de casos especiales.• Intercambios de experiencias entre equipos.• Co-construcción de estrategias para el abordaje de lo emocional• La familia como soporte y contenedora de la afectación

emocional. Cuidado y protección familiar.

3.- Con organizaciones locales de víctimas de desaparición forzada

• Mapeo de organizaciones existentes a nivel local y nacional.• Concertación y puesta en marcha del plan de fortalecimiento institucional frente al conocimiento y utilización de la perspectiva psicosocial en la atención a víctimas del delito de la desaparición forzada.• Activación de canales y mecanismos de remisión y atención a víctimas.• Organizaciones existentes que trabajan a favor de las víctimas del delito de la desaparición forzada y sus familias.• Creación, fortalecimiento y sostenimiento de organizaciones de víctimas.

Metodología

Como lo identificamos con funcionarias, funcionarios y víctimas, en el trabajo psicosocial cobran enorme importancia las metodologías usadas para el abordaje de la emoción, buscando dar respuesta adecuada deben harcerse uso de diferentes herramientas metodológicas que incluyen técnicas como los talleres de aproximación, la reconstrucción histórica, los talleres terapéuticos, talleres formativos, juego de roles, conversatorios terapéuticos, consultas individuales y conversatorios pedagógicos entre otros.

El proceso y cada una de las actividades propuestas, buscan que de manera conjunta entre el equipo psicosocial y las y los participantes en dicho proceso, lleguen a la construcción de relatos alternativos, al aprendizaje de prácticas atentas al bienestar emocional de víctimas y funcionarios, al reconocimiento de nuevas capacidades, a la comprensión del papel activo de los sujetos, a construir nuevos significados sobre sí mismo y sobre el mundo, a la ubicación y consolidación de redes de apoyo y al desarrollo o construcción de acciones para alcanzar objetivos en torno al mejoramiento de la situación4.

72

En el diseño y planeación de cada una de las actividades se integrará el enfoque de género y de generación, es decir, tener presente que existen diferencias entre hombres y mujeres, así como entre niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que siempre deben ser mantenidas en la mente como elementos para orientar los análisis y acciones.

La metodología de trabajo con los niños, niñas y jóvenes estará fundamentada en actividades lúdicas que utilizan el dibujo o el juego como forma de facilitar conversaciones sobre los problemas emocionales en un lenguaje infantil y juvenil. Como pretexto para el desarrollo de estos diálogos se invitará a los niños, niñas y jóvenes a reflexionar sobre el tema de la desaparición forzada y su conexión con espacios cotidianos de relación. Alrededor de este tema se explorará con ellos la repercusión emocional que atraviesa su familia y se hablará acerca de los espacios de relación más significativos para ellos, como son sus amigos, el barrio o la escuela. A lo largo del tiempo, el proceso busca la resignificación de imaginarios, creencias, valores e ideas.

Dentro de la metodología se prevé la evaluación de cada actividad realizada buscando hacer ajustes oportunos a las temáticas y diseños metodológicos de cara a responder a las especificidades y necesidades pertinentes de cada grupo.

Fases de Intervención del programa

La duración del programa será de 12 meses. El programa está concebido para desarrollar en 2 fases, cada una con 6 meses de duración. Las Actividades de la primera fase, si bien guardan sus propios objetivos y tienen un sentido independiente dentro del proceso, no alcanzan la totalidad de sus posibilidades sino al ser complementadas por las actividades subsiguientes que se adelantan durante la segunda fase. A su vez, estas últimas no son posibles sino a partir del desarrollo sistemático y riguroso de las primeras.

Acciones de la fase 1.

• Dirigido a funcionarias y funcionarios

Acompañamiento psicosocial

1). Por grupo técnico: énfasis en el reconocimiento del mundo emocional en funcionarias y funcionarios, víctimas y familias. Reflexiones sobre el impacto emocional de la desaparición forzada en los equipos, las familias y los individuos.

73

2). Consulta individual y/o familiar: a participantes que ameriten este tipo de intervención.3). Encuentros tendientes al fortalecimiento familiar y de los equipos.

Formación/acompañamiento en herramientas de apoyo psicosocial

1). Énfasis en herramientas psicosociales para identificar el impacto emocional en las familias víctimas de desaparición forzada.2). Énfasis en construcción de herramientas de auto-cuidado y protección emocional en el contexto laboral.

• Dirigido a víctimas del delito de la desaparición forzada y sus familias

Acompañamiento/atención psicosocial

1). Por grupos: énfasis en las transformaciones de las relaciones y narrativas a partir del hecho de la desaparición forzada. (Trabajo por grupos etáreos)2). Consulta individual y/o familias: a participantes que ameriten este tipo de intervención.

Formación/acompañamiento en herramientas psicosociales

1). Énfasis en herramientas de preparación para el abordaje del sistema judicial (talleres diferenciales por grupo etáreo)2). Énfasis en construcción de herramientas de auto-cuidado y protección emocional en la interacción con el sistema judicial.

Fortalecimiento Organizaciones de víctimas y locales de apoyo

1). Exploración y activación de redes locales de apoyo.2). Fortalecimiento de construcción de redes de auto-apoyo entre familias de víctimas.3). Fortalecimiento redes locales de apoyo.

74

Acciones de la fase 2.

• Dirigido a funcionarios

Acompañamiento psicosocial1). Seguimiento de proceso por grupo técnico: énfasis en relaciones de equipo.2). Consulta individual y/o familias: a participantes que ameriten este tipo de intervención.3). Fortalecimiento familiar y de los equipos. Integración y empalme con el sistema de Bienestar institucional.

Formación/acompañamiento en herramientas de apoyo psicosocial:1). Profundización en herramientas psicosociales para la cualificación del trabajo con víctimas y familias de víctimas de desaparición forzada.2). Valoración y ajuste de practicas de auto-cuidado y protección emocional en el contexto laboral.

• Dirigido a víctimas del delito de la desaparición forzada y sus familias.

Formación/acompañamiento en herramientas de apoyo psicosocial:1). Profundización en el tema de la reparación desde lo emocional.2). Profundización y valoración de prácticas de auto-cuidado y protección emocional en la interacción con el sistema judicial. Recopilación de experiencias.

Acompañamiento/ atención psicosocial1). Por grupos: Seguimiento a los procesos familiares de acompañamiento. (Trabajo por grupos etáreos)2). Acciones colectivas a favor de lo emocional.3). Consulta individual y/o familiar: a participantes que ameriten este tipo de intervención.

Fortalecimiento Organizaciones de víctimas y locales de apoyo:1). Acciones colectivas entre redes de apoyo.2). Fortalecimiento de construcción de redes de auto-apoyo entre familias de víctimas.3). Fortalecimiento redes locales de apoyo.4). Acciones de sensibilización frente al delito de la desaparición forzada.

Escultura: Robert Whittaker/Hove Arts