UNIVERSIDAD FERMÍN TORO

VICE RECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

ESCUELA DE DERECHO

NÚCLEO PORTUGUESA.

DERECHO FINANCIERO.

PARTICIPANTE:

DELGADO YESSICA.

C.I: 21.560.042.

ABG. EMILY RAMÍREZ.

ARAURE, SEPTIEMBRE DE 2015.

INTRODUCCIÓN.

Las finanzas públicas han sido por décadas el mecanismo con la que los Estados modernos han ido desarrollando sus naciones. Es común señalar que cuanto más eficiente es el manejo de las finanzas públicas, más eficiente y visible es el bienestar común de la población.

En tal sentido, el Derecho Financiero, rama del derecho que abarca dentro de su quehacer científico, la de organizar orgánicamente en un conjunto de normas el quehacer de las finanzas públicas, cobra vital importancia en la actualidad, porque señala los lineamientos por las que ha discurrir el Estado en la búsqueda  de una eficiente captación y distribución de los recursos económicos de la nación.

El Derecho Financiero consecuentemente, es una rama del derecho que tiene como fundamento el estudio de la actividad financiera del Estado, en tal sentido, se afirma que la actividad financiera del Estado genera un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos públicos. Esta actividad financiera del Estado genera relaciones jurídicas entre el estado y los particulares, y se da en dos situaciones: la primera en que el Estado asume un papel activo, por ejemplo al cobrar tributos, y un papel pasivo cuando se convierte en deudor en caso de un préstamo.

Por estos motivos, es importante conocer las implicancias que tiene el ordenamiento jurídico de las finanzas públicas, en la actividad financiera del Estado, por cuanto nos permite visualizar el pasado, presente y futuro económico y financiero de un país.

El Derecho financiero, es una rama del Derecho público, es un conjunto de normas jurídicas que se ocupa de ordenar los ingresos y los gastos públicos, normalmente previstos en el presupuesto general del Estado.

La actividad financiera del Estado genera un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos públicos. Esta actividad financiera del Estado genera relaciones jurídicas entre el estado y los particulares, y se da en dos situaciones: la primera en que el Estado asume un papel activo, por ejemplo al cobrar tributos, y un papel pasivo cuando se convierte en deudor en caso de un préstamo.

Delimitación del Derecho Financiero.

Existen dos tipos de normas:

1. Normas del Derecho Privado: regulan las relaciones entre particulares ya sean personas físicas o personas jurídicas.

2. Normas del Derecho Público: regulan relaciones en las cuales alguna de las partes es un ente público. La Administración no suele actuar como un particular sino que posee unos privilegios o prerrogativas.

El Derecho Financiero es una rama del Derecho Público que organiza los recursos económicos de la Hacienda del Estado y de los demás organismos administrativos y regula los procedimientos de obtención y percepción de ingresos y organización del gasto que tales Administraciones Públicas dedican a sus fines (necesidades de la sociedad).

Esto nos lleva a sostener que el Derecho Financiero se ocupa de una doble vertiente:

1. Gastos.2. Ingresos.

Ingresos.

El Derecho Financiero regula los distintos ingresos que acrecen y se destinan a las arcas de los entes públicos.

Ingresos tributarios: Conocido como los tributos, son los más importantes tanto a nivelo cualitativo como a nivel cuantitativo. Fueron objeto de un prolífico estudio por diversos autores lo que dio lugar a su gran importancia y que en la actualidad a esta rama del derecho se le denomine Derecho Financiero y Tributario.

Ingresos crediticios: Son los que se obtiene un ente público mediante el crédito (al principio se computa como ingreso pero luego supondrá un gasto pues se convertirá en una deuda).

Ingresos patrimoniales: El Estado por su condición de propietarios de bienes obtiene ingresos a través de su cesión a terceros.

Multas y sanciones pecuniarias:

Gastos.

Para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Se ocupa de los gastos públicos en los que afecta a los procedimientos formales que regulan la asignación, el desembolso y el control en el empleo de los recursos públicos. Existen 3 grandes fases importantes:

La asignación: Sinónimo de programación: las autoridades (más bien políticas, Parlamento, C.A) programan el gasto público. Esta previsión se establece en un documento: el presupuesto, en el cual se especifica cuánto vamos a gastar y en qué lo vamos a gastar. Este documento tiene efectos jurídicos pues tiene naturaleza de ley y por ello se habla de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el ámbito Local (Pleno) será un reglamento.

Desembolso: (ejecución) Es la fase del gasto.

El control: En esta fase se lleva a cabo el control de los fondos públicos es decir, se controla la ejecución del gasto. Por eso se dice que “controlamos lo que se gastó”. Aunque hay dos tipos de controles:

-Control simultáneo: realizado en el momento del gasto, es el más efectivo porque previene de efectos posteriores y adversos

-Control posterior: a esta parte del Derecho Financiero se le denomina Derecho presupuestario.

Fuentes. La Constitución: En la cúspide (según Kelsen) se coloca la Constitución. El resto de normas internas se sitúan por debajo de la Carta Magna debido al principio de jerarquía que se le atribuye a la Constitución.

Es un valor normativo inmediato en cuanto a los derechos, pues es invocable ante los Tribunales de Justicia en defensa de los derechos a quienes asistan. Es decir, contiene normas jurídicas atributivas de derechos y obligaciones a los ciudadanos (la obligación más relevante son los tributos). Es invocadle tanto por la Administración como por los ciudadanos.

Los Tratados Internacionales.

Los Tratados Internacionales son convenios firmados entre dos o más Estados que se regulan acuerdos que vinculan a los estados parte. Pueden ser bilaterales o multilaterales.

Los Convenios de doble imposición internacionales (generalmente internacionales) CDI, regulan el pago de impuestos a dos estados que cobran el mismo impuesto a un mismo contribuyente. Esto surge debido a que hay dos estados, el estado de residencia del contribuyente y un segundo estado de fuente de riqueza del contribuyente.

Relación del Derecho Financiero con otras disciplinas Jurídicas. 

La actividad del concepto de autonomía de las disciplinas jurídicas, así como la polimórfidad del fenómeno financiero, permiten comprender que el Derecho Financiero mantiene estrecha vinculación con otras ramas de las ciencias jurídicas y de las ciencias económico-sociales.

Con el Derecho Administrativo. Es obvia la vinculación con el Derecho Administrativo, por identidad del sujeto de ambas disciplinas la administración pública y la comunidad de algunos conceptos. No resulta inoportuno recordar que ciertos autores no se resignan a la segregación del Derecho Financiero y siguen considerándolo como un capítulo del derecho administrativo olvidando que a pesar de la unidad del sujeto, la actividad de éste  tiene distintas finalidades y se ejercita en formas diversas, aparte de que, como señaló D’Amelio, después de los estudios realizados sobre la actividad tributaria de los griegos y los romanos, puede afirmarse que el Derecho Financiero precedió en mucho tiempo al administrativo y es éste entonces, el que debe dar primacía a aquél.

Con el Derecho Constitucional. El Derecho Constitucional asume importancia excepcional, especialmente en nuestro país, por la difusión que corresponde a cada rama del poder público en la actividad financiera y, en especial, por el régimen americano de control judicial de constitucionalidad de las leyes. Diversas normas constitucionales sobre actividad financiera asumen la condición de principios generales del derecho financiero, y ellas, así como las disposiciones sobre poderes tributarios, presupuesto, control de gastos, empréstitos; constituyen materias que hoy integran nuestra asignatura.

En la doctrina Alemana la revitalización de la fundamentación constitucional y la irradiación del pensamiento jurídico-constitucional, tanto en la creación como aplicación del derecho financiero, ha originado propuestas como la de Vogel que

se refiere a la “Constitución Financiera”. Desde otra perspectiva el Derecho Financiero tiene vinculación, primero con el derecho constitucional antes que con otras ramas, ya que ella define, cuáles son los lineamientos o principios generales que desarrollan las leyes de carácter financiero.

Con el Derecho Internacional. El desarrollo de las comunicaciones y la intensificación de las relaciones comerciales han determinado la internacionalización de las finanzas, tanto públicas como privadas, acrecentando la importancia del Derecho Internacional en los aspectos relacionados con aquéllas. No solamente han surgido nuevos problemas como consecuencia de empréstitos internacionales, de devaluaciones o depreciaciones monetarias, del control de cambios, sino también de las repercusiones extra nacionales de la intensificación del poder tributario de los Estados (doble o múltiple imposición), y de la creación de organismos supranacionales, todo lo cual proporciona idea cabal de la transformación que se está operando en la vida de los pueblos. Paralelamente a ello, en busca de soluciones, se han intensificado ciertos medios, antes pocos practicados, tales como congresos, conferencias, reuniones de técnicos, tratados bilaterales o multilaterales, etc., de manera que no hay para qué insistir en la trascendencia que asume actualmente el aspecto internacional del Derecho Financiero.

Con el Derecho Penal. También el Derecho Penal se vincula con la actividad financiera, especialmente en lo que respecta a la violación de las leyes tributarias y de las normas sobre el control estatal de la actividad privada, no habiendo cesado las polémicas acerca de la aplicabilidad de las normas penales ordinarias o de la existencia de un derecho penal fiscal o de un Derecho Penal Administrativo con independencia conceptual. La percepción de los impuestos y otros gravámenes da lugar a una actividad en estrecha concomitancia con el Derecho Procesal.

Con la Economía. Se nutre en un contenido amplio y vasto, que va explicar qué es un mercado económico, qué elementos el Estado tiene que tener en cuenta y de qué manera hay que gestionar, administrar, etc. El Derecho Financiero es un instrumento para el Estado. El Derecho Financiero, es un subsidiario de la Economía, es una disciplina que tiene por necesidad nutrirse de la economía.

Con la Economía Política. Por supuesto que en primer término se relaciona estrechamente con la Economía Política y con la ciencia de las finanzas, ya que el factor económico adquiere importancia preponderante en la materia y el acto jurídico en que se concreta la actividad financiera reposa en presupuestos cuyo análisis pertenece a la rama mencionada en último término. No se olvide, por lo  demás, que por mucho tiempo la ciencia financiera fue considerada como integrante de la ciencia económica, orientación por los anglosajones; y que el concepto de Griziotti, el Derecho

Financiero no puede separarse de la ciencia de las finanzas, por estudiar distintos aspectos de un todo orgánico.

Con la Econometría. Ciencia de la Estadística Aplicada a la Economía. Auxilia al Derecho Financiero para poder analizar la economía desde un punto de vista analítico. Es un instrumento que proporciona la posibilidad de analizar todo lo que trasciende en el mercado.

La Econometría es una suerte de captar una realidad concreta en un momento determinado y graficarlo en el propósito de medir diferentes aspectos económicos sobre la base de la estadística.

Al Estado corresponde procurar el bien común de los ciudadanos, ello exige la búsqueda del bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. Para ello el Estado despliega una serie de actividades. Esto implica el cuantioso recurso por lo que debe presupuestar, recaudar y, en definitiva, desarrollar una actividad financiera.

Una parte importante de los ingresos del Estado proviene de los impuestos con que se gravan las riquezas obtenidas por sus mismos ciudadanos, con lo cual se procura una distribución más justa de los mismos, no obstante, es esencial que en el desarrollo de esta potestad, el Estado atienda a la circunstancia de que el derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y, por tanto, “la autoridad pública no puede abolirlo , sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. Procedería, por consiguiente, de una manera injusta e inhumana si exigiera de los bienes privados más de lo que es justo bajo razón de tributos”.

La actuación administrativa típica se inicia cuando los fondos públicos son efectivamente empleados en la consecución de los fines asumidos por el Estado y por los demás entes públicos. En este sentido, tanto la obtención de los ingresos como la ordenación de los gastos y de los pagos ha de realizarse siempre esto, cuales quiera sean los objetivos de acuerdo a las exigencias del ordenamiento jurídico financiero.

La autonomía científica del Derecho Financiero como rama del Derecho Público interno que organiza los recursos constitutivos de la Hacienda Pública del Estado y de los restantes entes públicos, territoriales e institucionales, y regula los procedimientos de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines.

Desde el punto de vista cuantitativo, porque a medida que se incrementa el número de objetivos que se pretenden satisfacer, deberán incrementares los ingresos con los que poder subvenir aquéllos.

Desde el punto de vista cualitativo, porque según cuales sean esos objetivos deberá acudirse a una u otra fuente de obtención de ingresos tributos, deuda pública, ingresos patrimoniales, etc.

El estudio de las teorías económicas, políticas y sociológicas acerca de la naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado y, finalmente, de las teorías o concepciones modernas instituciones de derecho financiero y tributario de dicha actividad, que parten, fundamentalmente, del análisis de los dos elementos ingresos y gastos que integran la actividad financiera y cuyos caracteres han permitido delimitar con precisión la verdadera naturaleza jurídica de esa actividad.

El presupuesto público consiste en una Ley que recoge la totalidad de gastos e ingresos del Estado previstos para cada año y mediante la cual el legislador autoriza a las diferentes administraciones estatales para realizar dichos gastos, con los límites y el destino en ella especificados de acuerdo a los planes de desarrollo, es decir, según las estrategias, políticas y programas de desarrollo económico y social de la Nación.

Los presupuestos públicos aprobados mediante Ley de acuerdo al Régimen General establecido por la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario son parte e instrumento de la planificación nacional y, como tales, deben contener los aspectos conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país.

CONCLUSIÓN.

En conclusión, el contenido material de esta disciplina se ocupará de estudiar la obtención de los recursos tributarios, patrimoniales y crediticios destinados al cumplimiento de los fines del Estado, así como lo relacionado con el cuidado y administración de dichos recursos hasta antes de aplicarlos a los gastos públicos, esto es, abarcará dentro del ciclo financiero únicamente el renglón de ingreso, y no el gasto, que queda comprendido dentro del Derecho Financiero, al ocuparse este último de todo el ciclo completo de la actividad financiera estatal.

De está manera ya se había hecho la distinción de la actividad financiera y actividad fiscal, en donde la primera nos dice que abarca todo el ciclo financiero (ingreso-gasto), en tanto la segunda sólo puede comprender la obtención, administración y cuidado de los recursos del erario público, es decir, del tesoro público o patrimonio estatal.

Bibliografía.

AA.VV; Monografías Jurídico Fiscales: Tasas y Precios Públicos en el Ordenamiento Jurídico Español. ACEDO PAYARES, German. Régimen Tributario Municipal Venezolano. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1999. AGUALLO AVILES, Ángel. Tasas y Precios Públicos. Editorial Lex Nova.

ANGULO FONTIVEROS, Alejandro. La defraudación tributaria. Autor:, en Revista de Derecho Tributario.