derecho a la seguridad ciudadana · cia de la violencia. sin duda, la mayor amenaza que se cierne...

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octubre 2002-septiembre 2003 347

Derechos Civiles y Políticos

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Derecho a la seguridad ciudadana

E n la actual coyuntura política einstitucional del país, el ejercicio del de-recho a la seguridad ciudadana de la po-

blación se encuentra severa y peligrosamentelimitado. El incremento registrado en las cifrasde criminalidad en el último año, especialmenteen las tasas de homicidios y en el número derobos y secuestros, revela una creciente y pe-ligrosa erosión del monopolio de la violencialegítima por parte del Estado venezolano, queafecta a toda la población, pero muy especial-mente a los más pobres y discriminados.

El problema de la violencia en la sociedadvenezolana es de tal magnitud que se con-vierte de hecho en uno de los más importan-tes retos de la gobernabilidad democrática delpaís. Debe tomarse en consideración, además,que la guerra librada contra el delito por loscuerpos policiales (nacionales, estadales ymunicipales), produce por lo menos un 18%del total de los homicidios registrados oficial-mente. Lejos de revertirse los índices de cri-minalidad, con ello se alimenta un círculo per-verso de mayor violencia, criminalidad eirrespeto al marco constitucional.

A ello se suma la elevada polarizaciónpolítica, que a su vez tuvo expresiones en lainstitucionalidad estatal de control de la cri-minalidad, como fueron las crisis registradasen la mayoría de los cuerpos policiales en casitodo el país. Una de ellas se constituyó enuno de los detonantes discursivos de la crisispolítica registrada con el paro de diciembre2002-enero 2003 y tuvo un severo impacto en

Toda persona tiene derecho a la protecciónpor parte del Estado a través de los órganosde seguridad ciudadana regulados por ley,frente a situaciones que constituyanamenazas, vulnerabilidad o riesgopara la integridad física de las personas,sus propiedades, el disfrute de sus derechosy el cumplimiento de sus deberes.La participación de los ciudadanosy ciudadanas en los programas destinadosa la prevención, seguridad ciudadanay administración de emergencias seráregulada por una ley especial.Los cuerpos de seguridad del Estadorespetarán la dignidad y los derechoshumanos de todas las personas.El uso de armas o sustancias tóxicaspor parte del funcionariado policialy de seguridad estará limitado por principiosde necesidad, conveniencia, oportunidady proporcionalidad, conforme a la ley.

Artículo 55 de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela

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PROVEA Informe Anual

la ciudad de Caracas, tal como fue el procesode intervención y militarización de la PolicíaMetropolitana (PM) del Distrito Capital. Estealarmante proceso de deterioro institucionalincidió aún más en la falta de políticas públicaspertinentes en materia de seguridad ciudada-na. La inestabilidad política, la creciente debili-dad y deslegitimidad institucional, la preemi-nencia de una represión indiscriminada y deuna elevada violencia policial, en lugar del de-sarrollo de políticas ajustadas a derecho y con-sistentes con los principios de prevención so-cial y situacional, son algunos de los factorespresentes en el incremento de las principalescifras de criminalidad en el ámbito nacional,ocasionando con ello elevados costos socia-les y políticos, tales como la erosión del capitalsocial, transmisión de la violencia entre gene-raciones, reducción de la calidad de vida y eldebilitamiento del sistema democrático.

Para el análisis se vuelve a tomar en consi-deración en este período la dimensión objetivay subjetiva de este derecho. También se anali-za un conjunto de elementos intervinientes,tales como el marco legal de regulación y losplanes, proyectos, operativos y acciones dise-ñadas y ejecutadas desde el Estado venezola-no para garantizar este derecho. El monitoreode este derecho supone no solo la compara-ción de las cifras de criminalidad disponiblescon las del período anterior, sino también laevaluación de la o las políticas de seguridadciudadana desarrolladas por el Estado para

garantizar su disfrute, para constatar si estántransversalizadas por los principios fundamen-tales de los derechos humanos.

Derecho a la seguridady sectores populares

En Informes anteriores1, se estableció queel derecho a la seguridad ciudadana en unEstado democrático y de Derecho, consisteen el conjunto de garantías que debe brindarel Estado a todos los ciudadanos para el libreejercicio de todos sus derechos. El fin últimode las políticas de seguridad desarrolladas porun Estado democrático, no es el de la protec-ción de una parte de la sociedad a costa de lamarginación y criminalización de otras, sinoel de la inclusión de la totalidad o de la granmayoría de los ciudadanos en la construcciónde pautas compartidas de convivencia demo-crática. Estas políticas deben priorizar la pre-vención, reparación y sanción con propósi-tos reinsertadores, por encima de la represióny la violencia sobre los sectores sociales ex-cluidos y/o discriminados.

Por el número de víctimas fatales que pro-duce y por los heridos y el sufrimiento queacarrea (se calcula que por cada víctima fatalde la violencia hay quince heridos graves), enVenezuela podría decirse que se está librandoun “conflicto de baja intensidad”, cuyas prin-cipales víctimas son los jóvenes pobres2 y, enla mayoría de los casos, con característicasfenotípicas propias de los negros3, lo que con-

1. Informes de PROVEA 2000-2001 y 2001-2002.2 . Cifras disponibles para el Área Metropolitana de Caracas revelan que la tasa de homicidios de hombres jóvenes

ascienden a 160 homicidios por cien mil habitantes para el año 1999 y 225 hpcmh en el caso del año 200, datosque reflejan la evidente vulnerabilidad que el grupo etáreo y el sexo representa.

3. Según el antropólogo japonés, Jun Ishibashi, en Venezuela existe una ambigüedad en la definición de “negro”. “Es decir, enVenezuela es difícil determinar quién es ‘negro´ y quién no lo es. La fotografía de una persona ‘negra´ puede no parecer ‘negra´a la óptica de otros” (Jun Ishibashi. “Hacia una apertura del debate sobre el racismo en Venezuela: exclusión e inclusiónestereotipada de personas ‘negras´ en los medios de comunicación”. En: Daniel Mato (coord.): “Políticas de identidadesy diferencias sociales en tiempos de globalización”. Caracas: FACES- UCV, pp: 33 - 61.). A los efectos de este trabajo, parael que se realizó una observación del fenotipo de víctimas de la violencia en recortes de prensa, se considera “negro” comosinónimo de la amplia gama de nombres que recibe, en Venezuela, el hecho de tener mayor cantidad de malanina en la piel.

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figura, por omisión, un patrón de vulneracióndel derecho a la no discriminación que recla-ma la decidida intervención del Estado en suprecautelación4. Este tipo de conflicto, queperfectamente podría alimentar y/o ser subsi-diario del conflicto político y social de máslarga data en el país, aparece en contextos deerosión de la autonomía y legitimidad del Es-tado y, en ciertos casos extremos, ante la des-integración del mismo. En el caso venezola-no, la violencia constituye la manifestaciónextrema de los conflictos que atraviesan a lasociedad venezolana y que ya por sus conse-cuencias amenazan en forma creciente la vida,libertad, la integridad física, psíquica y cultu-ral de los habitantes, lo que interpela lagobernabilidad democrática y la capacidadestatal de contención de todas las manifesta-ciones violentas. El grave problema de la vio-lencia es parte de una constelación más am-plia de prácticas, circunstancias históricas,condiciones institucionales y relaciones so-ciales violentas. La superposición con otrasproblemáticas es tan relevante que se tornaimperioso tratarlas en su conjunto, ya quetodas son pertinentes en el ámbito de influen-cia de la violencia.

Sin duda, la mayor amenaza que se ciernesobre la seguridad ciudadana es la de la vio-lencia en todas sus manifestaciones. El carác-ter difuso de la inseguridad, debido a tan am-plio contexto de relación y al cúmulo de fraca-sos de las políticas de “seguridad” tradicio-nales, hace que la sociedad entera se encuen-tre hoy aún más vulnerable, debido a que laspolíticas de represión y “guerra” a la delin-

4. Las cifras oficiales de la violencia, la mayoría de las cuales sufren de importantes subregistros, ya dan cuenta dela disminución de la esperanza de vida para los hombres por debajo del total nacional y comienzan a evidenciarun déficit de hombres jóvenes, como si hubiese una guerra en el país. “Violencia está acabando con los jóvenes”.Últimas Noticias, 12.07.03, pág. 2.

5 . Luiz Edoardo Soares (2003): Projecto Seguranza Pública para Brasi,l Instituto da Cidadanía, Brasil (mimeo).

cuencia, han profundizado el cuadro de impu-nidad, irracionalidad, ineficiencia y hasta bar-barie de la mayoría de las instituciones rela-cionadas con el deber de proporcionar segu-ridad a todos los ciudadanos.

El derecho a la seguridad ciudadana es underecho humano cuya vulneración sensibili-za a todos los ciudadanos en todas las socie-dades, no solamente a los sectores medios-los altos están más protegidos por el Estado,además de la autoprotección que ellos mis-mos están en capacidad de brindarse-, sinotambién y muy especialmente, por ser las prin-cipales víctimas, a los pobres, quienes habi-tan espacios altamente desprotegidos y rele-gados del poder público donde la ausenciadel Estado es patente. Tal y como se está ma-nifestando este fenómeno en las áreas máspobres y vulnerables del país, el problema dela violencia pasa al plano político sindesvincularse de sus profundas vinculacio-nes sociales. Lo que sucede en estos ámbitosurbanos profundamente destituidos de losmás elementales derechos y del acceso a bie-nes públicos, ha sido denominado por algu-nos autores como un ultraje a la democracia5.Un importante número de comunidades po-bres de Venezuela, que por ello tienen pocavoz e influencia en los mecanismos de forma-ción de opinión pública y de incidencia depolíticas públicas, vive hoy bajo un régimende pánico e impotencia, impuesto por los có-digos de la violencia social y por los que pa-radójicamente despliega la policía.

La fragmentación, inexistencia de gestión,sobreposición de acciones y falta de una

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orientación común en el perfil de las políticaspúblicas, termina por comprometer la agilidaddel proceso democrático. Por eso, un Estadocomprometido con la justicia, decidido a pro-fundizar la democracia, incorporando median-te varias políticas a los venezolanos más po-bres y excluidos a la ciudadanía plena, tendráque dedicar una importante proporción de susesfuerzos al combate de la violencia en todassus formas. Desde el hambre hasta la tortura,desde el desempleo hasta la corrupción, des-de la desigualdad y la impunidad hasta la cri-minalidad.

El Derecho a la SeguridadCiudadana en VenezuelaInseguridad Subjetiva

En informes anteriores se reseñó la dimen-sión objetiva y la subjetiva que componen elámbito de la seguridad ciudadana6. La prime-ra se refiere a la situación real de la criminali-dad, tal y como la conocen las institucionesespecializadas del Estado; la segunda se for-ma a partir de las representaciones que la po-blación tiene acerca del tema, es decir, qué tansegura o insegura se siente. En ella intervie-nen una serie de elementos que van desde elmanejo del tema por parte de los medios decomunicación, hasta experiencias específicasque cada persona haya tenido, bien sea per-sonales o a través de familiares y amigos.Adicionalmente, el universo de la “sensaciónde seguridad”, incorpora información sobreel contexto en el que los ciudadanos se desa-rrollan, lo que quiere decir que la inestabili-dad económica y política, también forma par-te de la percepción sobre la inseguridad. En elmismo orden de ideas, es conveniente preci-sar dos aspectos:

i. Existen serias limitaciones por parte del Es-tado venezolano para registrar y procesarinformación sobre criminalidad, lo que se tra-duce en una debilidad de los datos disponi-bles y en déficit de información pertinente.El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe-nales y Criminalísticas (CICPC) es el órganoresponsable de tal actividad. Muchas de susdependencias no cuentan con compu-tadoras ni con formas de registro modernas,lo que produce serios retardos para obtenercifras consolidadas, centralizadas y por tan-to confiables. Asimismo, la inexistencia deun formato único y compartido para el va-ciado de información impide en muchas opor-tunidades la comparación de variables, ade-más de que existen otras agencias que ge-neran información sobre criminalidad en susdiversos tipos (por ejemplo los cuerpos mu-nicipales), que no necesariamente alimen-tan los datos que consolida para un deter-minado período ese cuerpo. Todo lo ante-rior permite suponer algún tipo desubregistro, además del que se produce apartir de la baja tendencia a la denuncia delos hechos delictivos, que en Venezuela,según fue reportado en dos encuestas devictimización, puede estar, según el tipo dedelito, alrededor del 30%.

ii. En segundo lugar, las cifras de criminalidadno siempre se corresponden con la percep-ción de la población. Para el caso venezola-no, las personas tienden a sentirse insegu-ras en un sentido diferente al que revelanlos datos de la dimensión objetiva. Sin em-bargo, esta percepción encuentra sustentoen un evidente incremento de la violencia yla criminalidad en el ámbito nacional y ensus principales ciudades especialmente.

6. Ídem.

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análisis de este Informe. Sin embargo, se ob-serva en las encuestas analizadas, cómo lapercepción de seguridad es un factor que sealimenta de la información que se privilegie yse visibilice en determinado contexto o co-yuntura política. Así pues, la delincuencia, aligual que en lapsos anteriores, continúa sien-do percibida como uno de los principales pro-blemas del país, aunque se encuentre supera-da esta vez por el desempleo y la situaciónpolítica (Gráfico 1). Llama la atención que peseal importante incremento de las cifras de lacriminalidad, especialmente en lo que respec-ta a las tasas de homicidios, la preocupaciónpor la inseguridad decrezca, contrario a otrosmomentos en los cuales, pese a que la delin-cuencia era considerada el principal problemadel país, las estadísticas de criminalidad mos-traban niveles relativamente inferiores. Elloevidencia que la percepción de la situaciónde inseguridad o de cualquier tema en generalno siempre refleja los problemas en toda sumagnitud o importancia.

Como se afirmara arriba, conviene y es ne-cesario distinguir entre los miedos, la inseguri-dad subjetiva y el sentimiento de vulnerabili-dad por una parte, y la existencia objetiva defocos de violencia, de coacción, de delincuen-cia y violencia sobre personas y bienes en elespacio público y en la cotidianidad urbana.Lamentablemente, el país sigue sin disponerde información complementaria a las cifras decriminalidad, como las que proporcionan lasencuestas de victimización, que además de serun elemento de crucial importancia a la horadel diseño de políticas públicas de seguridad,consiste en una herramienta fundamental paraevaluar las actuaciones de los diferentes cuer-pos de policía y del funcionamiento del siste-ma de justicia penal en su conjunto.

Durante el período, el país ha atravesadouna de las más graves crisis políticas de suhistoria, ocasionada fundamentalmente por elparo petrolero de diciembre y febrero 2003, elcual tuvo múltiples consecuencias en lo eco-nómico y social, cuyos alcances escapan del

Gráfico 1Evolución de la percepción de la delincuencia como uno de los principales problemas del país

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8 23 16 16 15 10 6 5 3 2 4 2 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2

35 25 22 12 15 19 22 20 11 11 10 9 11 6 17 9 12 13 11 13 12 9

3 5 2 3 4 1 3 8 15 16 29 17 24 24

4 11 22 16 22 22 17 18 15 35 29 31 35 36 36 31 15 16 14 15 13 14

13 7 12 17 17 26 27 37 33 37 36 38 33 37 33 38 38 40 33 37 42 38

Corrupción

Economía

Sit.Política

Delincuencia

Desempleo

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Se observa que desde abril de 2002, fe-cha del Golpe de Estado, los ciudadanoscomparten su preocupación por la delincuen-cia, con la inestabilidad que produce la si-tuación política de confrontación. Como sedesprende del análisis de las percepciones,la preocupación por la situación política re-gistra un aumento en los últimos seis meses,a pesar de que hay una mayor estabilidadluego del paro de diciembre y enero 2003. Sise suma la percepción de inseguridad queproduce la delincuencia más la que producela inestabilidad política, encontramos queambas representan una proporción tan im-portante como la del desempleo, lo que afec-ta la necesaria consolidación del capital so-cial que requiere el país para la superaciónde la coyuntura política de confrontación.

En lo que se refiere al principal problemade las personas, tal y como reflejan las cifrasdel Gráfico 2, la delincuencia sigue estando

entre los tres principales problemas del vene-zolano, después del desempleo y del aumen-to del costo de la vida.

No obstante lo que evidencian los dosgráficos precedentes, es interesante evaluarlas percepciones, esta vez desagregadas porregiones, ya que evidencian las diferenciasque existen en las diferentes ciudades del paísen cuanto a la percepción de la delincuenciacomo problema fundamental (Gráfico 3). Enese sentido es notorio cómo en la región delcentro, que abarca ciudades como Caracas,Maracay y Valencia, la delincuencia es consi-derada como el peor problema, por encima deldesempleo, lo que es consistente con la mag-nitud que la criminalidad tiene en dichas ciuda-des; asimismo, es un problema tan grave comoel del desempleo en la región de Los Andes,probablemente influenciada por las conse-cuencias de la crítica situación de inseguri-dad que atraviesan los estados de frontera.

Gráfico 2Evolución de la percepción de la delincuencia

como uno de los principales problemas de la personas

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0II I I I I I I I I I I I I I I I ene. I I I I I I feb. abr. ago nov. abr. jul. nov. abr. jul. sep.

93 94 95 96 97 98 99 99 99 00 00 00 00 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03

41 51 40 47 40 39 35 37 25 26 26 25 26 18 12 23 25 28 26 25 37 29 30

12 12 17 18 18 18 28 24 26 27 30 32 30 30 33 30 32 35 35 37 35 37 33

15 10 9 11 12 13 9 9 8 11 19 17 16 22 22 23 18 15 15 14 14 13 11

Dosto Vida

Desempleo

Delincuencia

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7. Disponible en <www.globovision.com>

Otra evaluación ciudadana, ésta vez refe-rida a la actuación de las policías en el DistritoMetropolitano, se incorpora en este análisisde la dimensión subjetiva, por considerarsede interés y estar relacionado con los meca-nismos de control de la criminalidad desple-gados por el Estado en el último período. Estaencuesta, realizada en Caracas entre el 07 y el12.09.03 por el Instituto Venezolano de Análi-sis de Datos (IVAD)7, revela lo siguiente: se-gún los entrevistados, el municipio más se-guro de Caracas es Chacao (50,2%) y el másinseguro Libertador (55,1%), seguido de Sucrecon 22,7%. En cuanto a la calificación de loscuerpos policiales de la región capital, un55,6% considera positivamente (regular haciabuena, buena, muy buena) a la Policía del

Municipio Libertador, un 56,8% considerapositiva a la del Municipio Sucre, un 68,2%evalúa favorablemente la del MunicipioBaruta, un 81,1% hace lo propio con la delMunicipio Chacao, mientras que un 64,5%observa favorablemente la actuación de lapolicía del Municipio El Hatillo.

En lo que respecta a la PM, se registra lapeor evaluación de todos los cuerpospoliciales de la región capital, considerandoque sólo el 51,8% considera su gestión demanera positiva, mientras que un 46,4% laevalúa desfavorablemente, mostrando el re-chazo más elevado (un 18,9% la considera malay un 12, 2% muy mala, frente a la otra peorevaluación, la correspondiente a la del Muni-cipio Libertador que alcanzó un 16,2% como

Gráfico 3¿Cuál es el principal problema que tiene este Estado?

(pregunta abierta)

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Estudio Urbano-Rura l , Consultores 21, ju l io 2003.

Desempleo 47%Delincuencia 28%Agua 5%Gobernador 3%

Desempleo 27%Delincuencia 28%Gobernador 8%

Desempleo 35%Delincuencia 20%Gobernador 14%

Desempleo 28%Delincuencia 42%Gobernador 5%Occidente

Andes Llanos

Centro

OrienteZona en

reclamación

Desempleo 41%Delincuencia 18%Economía 5%Gobernador 4%

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mala y un 7,3% como muy mala). En cuanto ala intervención de las policías por parte delEjecutivo Nacional, un 61,6% se mostró endesacuerdo con tal política.

De los resultados de esta encuesta se ha-blará con más detalle en la parte subsiguien-te, aunque cabe llamar la atención acerca de laevaluación que obtuvo la PM, no obstante lacampaña a su favor desarrollada por los prin-cipales medios privados de comunicación yde la matriz de opinión pública que se intentócrear luego de su intervención en noviembrede 2002. Lamentablemente y no obstante laintervención y las campañas publicitarias, loshabitantes del Distrito Metropolitano no con-fían en la actuación de la PM, lo que sin dudale resta legitimidad a su trabajo cotidiano.Como se desarrollará más adelante, ademásde estar inserta como organismo en la polari-zación política, lo cual constituye un muy gra-ve error, dicho cuerpo confronta serios pro-blemas en su gestión diaria, lo que se expresaen la poca confianza que le tienen los habi-tantes de la capital.

Inseguridad Objetiva. La situaciónde la criminalidad en Venezuela

En este período se observa un importanteincremento de la criminalidad, tanto en losdelitos contra las personas como en los deli-tos contra la propiedad. El número total dedelitos registrados en el año 2002, presentaun incremento de 16% respecto al año ante-rior, pasando la tasa de 938 por 100.000 habi-tantes en 2001 a 1.138 en 2002. Los homici-dios, presentan un incremento de 21%, ya queen el año 2001 fueron conocidos 7.960 homi-cidios, mientras que en 2002 el número totalde muertes registradas ascendió a 9.617.

Debido a la gravedad que reviste, la tasa dehomicidios resulta un indicador del comporta-miento de la criminalidad y la violencia especial-mente relevante. Existe, en términos nacionalesy en algunas ciudades capitales, una clara ten-dencia al alza en el número total de homicidiosregistrados. Si bien entre los años 2000 y 2001se experimentó un descenso en la cifra de homi-cidios de 0,8%, entre los años 2001 y 2002 seobserva un significativo incremento de 20,8%.

Meses 2000 2001 % 2001 2002 % 2002 2003 %

Enero 646 637 -1,4 637 644 1,1 644 986 53,1

Febrero 635 655 3,15 655 646 -1,4 646 961 48,8

Marzo 649 727 12 727 687 -5,5 687 1028 49,6

Abril 665 681 2,41 681 806 18,4 806 896 11,2

Mayo 692 632 -8,7 632 760 20,3 760 934 22,9

Junio 672 636 -5,4 636 718 12,9 718 868 20,9

Julio 654 630 -3,7 630 771 22,4 771 834 8,17

Agosto 647 602 -7 602 837 39 837 948 13,3

Septiembre 604 625 3,48 625 754 20,6 754 889 17,9

Octubre 645 619 -4 619 853 37,8 853 … …

Noviembre 621 623 0,32 623 952 52,8 952 … …

Diciembre 892 893 0,11 893 1189 33,1 1189 … …

Total 8 0 2 28 0 2 28 0 2 28 0 2 28 0 2 2 7 9 6 07 9 6 07 9 6 07 9 6 07 9 6 0 - 0 , 8- 0 , 8- 0 , 8- 0 , 8- 0 , 8 7 9 6 07 9 6 07 9 6 07 9 6 07 9 6 0 9 6 1 79 6 1 79 6 1 79 6 1 79 6 1 7 2 0 , 82 0 , 82 0 , 82 0 , 82 0 , 8 9 6 1 79 6 1 79 6 1 79 6 1 79 6 1 7 . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: División de Estadística CICPC, cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV.

Cuadro Nº 1Homicidios registrados a nivel nacional por mes y pocentaje de incremento

Años 2000, 2001, 2002 y 2003

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Al desagregar la información por meses,lo cual permite incorporar los casos registra-dos durante el tiempo transcurrido del año2003, se observa que a partir del mes de abrilde 2002, o sea, luego de que la crisis políticatoma cauces claramente violentos, el incre-mento en el número mensual de homicidios esparticularmente notorio, lo que indica que elconflicto político ya tiene algunas expresio-nes en la violencia social. Los meses más vio-lentos de los últimos tres años, en términosde costos de vidas humanas, han sido diciem-bre de 2002 y marzo de 2003.

Si bien hay eventos que podrían explicarel aumento de las cifras en un mes de determi-nado (tal como ocurrió en febrero de 1989 oen abril y diciembre de 2002), destaca que noobstante las causas del crecimiento de las ci-fras hayan sido de orden político, social, eco-nómico o de cualquier otra índole, luego desuperadas las mismas, las cifras absolutas nodescienden sino que tienden a aumentar. Asíocurrió luego de El Caracazo. Las cifras de

1.400

1.200

1.000

800

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febr

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juni

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bre

octu

bre

novi

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e

dici

embr

e

2000 2001 2002 2003

Gráfico Nº 4Homicidios sugún mes. Total nacional

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: División de Estadísticas del CICPC. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV.

1986 1.501 08 335 13

1987 1.485 08 360 14

1988 1.709 09 479 19

1989* 2.513 13 1.186 45

1990 2.474 13 1.010 44

1991 2.502 13 1.036 46

1992 3.366 16 1.541 68

1993 4.292 21 2.064 91

1994 4.733 22 2.188 96

1995 4.481 21 2.007 88

1996 4.961 22 1.902 83

1997 4.225 19 1.465 64

1998 4.550 20 1.436 63

1999 5.968 25 1.859 94

2000 8.022 33 2.310 117

2001 a/ 7.960 35 1.884 103

2002 9.617 42 2.436 133

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Estadística Delictiva/Ministerio de Justicia, División de EstadísticaCICPC. Cálculos Centro Para la Paz UCV.

Car

acas

Nº

de D

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Año Ven

ezue

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º de

Del

itos

Tasa x100.000

Tasa x100.000

Cuadro Nº 2Homicidios registrados

356○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


Gráfico Nº 5Tasa de homicidios registradfos a/

Venezuela y Caracas

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Ministerio del Interior y Justicia, CICPC y cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos, UCV.

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

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Venezuela Caracas

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VENEZUELA 13 13 16 21 22 21 22 19 20 25 33 35 42

Caracas 44 46 68 91 96 88 83 64 63 94 117 103 133

Amazonas 6 6 4 12 8 5 6 5 4 6 5 11 23

Anzoátegui 8 8 9 10 12 12 12 12 17 20 26 28 34Apure 10 9 13 10 1 l 9 14 13 10 12 14 25 26

Aragua 7 6 8 11 16 18 21 20 20 29 37 38 40

Barinas 8 8 1 l 7 10 11 11 10 11 9 17 17 22

Bol ívar 12 13 14 16 17 18 20 19 22 21 34 32 45

Carabobo 12 12 15 19 21 20 29 24 29 37 54 50 52

Cojedes 8 6 6 6 10 8 9 9 13 15 21 28 40

Delta Amacuro 6 1 10 11 11 6 8 6 8 9 9 15 15

Falcón 6 5 5 6 7 5 7 7 5 11 14 14 15Guárico 12 14 16 15 16 12 16 18 22 22 27 23 19

Lara 5 5 5 6 6 7 8 9 8 13 24 24 29

Mérida 7 7 7 8 7 3 7 6 5 8 9 16 15

Miranda 8 8 12 16 21 18 20 15 15 20 25 30 40

Monagas 7 8 11 13 9 9 10 12 14 18 19 21 26

Nueva Esparta 6 3 4 6 7 6 6 7 7 13 21 21 20

Portuguesa 9 8 7 10 10 12 16 16 14 15 21 31 40

Sucre 5 5 5 8 7 6 9 7 10 13 18 23 31Táchira 9 9 9 10 8 9 9 7 6 8 10 15 28

Truji l lo 10 10 11 9 9 11 13 11 13 12 23 20 31

Vargas … … … … … … … … … 30 36 68 83

Yaracuy 6 5 7 5 7 7 8 5 8 9 13 18 15

Zulia 11 10 12 16 17 15 17 14 15 19 23 30 83

* Tasa x 100.000 hab.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Estadística Delictiva/Ministerio de Justicia, División de Estadística CICPC, Cálculos Centro para la Paz UCV.

Tabla N° 3Homicidios registrados* (Total Nacional y Entidades Federales)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



homicidios no regresaron jamás al nivel quetenían antes de este trágico evento y así su-cedió luego de abril de 2002 y diciembre de2002, lo que podría deberse a factores coyun-turales que “disparan” o son catalizadores desituaciones latentes, de tipo estructural.

Tal y como se observan en el Gráfico y enlas Tablas precedentes, los homicidios conti-núan su tendencia ascendente en Caracas,mientras que los estados Zulia, Carabobo yVargas registran tasas por encima de la mediadel país. La situación empeoró en práctica-mente todos los estados, siendo notables losincrementos en el Edo. Zulia, en Amazonas,Cojedes, Táchira y Anzoátegui.

También mostraron un importante incre-mento en el 2002, según es evidente en la ta-bla y el gráfico que siguen, otros delitos efec-tuados con recurso a la violencia, tales comolos robos, los robos de autos y las lesionespersonales. De nuevo en todos estos casoses la ciudad de Caracas la más afectada.

El notable incremento de las cifras del Dis-trito Capital recibió diversas interpretaciones,unas relacionándolas con la crisis sufrida porla PM (según las autoridades intervenidas,debido a que disminuyó la capacidad de estecuerpo policial y su presencia en las calles dela ciudad de Caracas, lo cual habría propicia-do un incremento del 30% en los delitos re-

D e l i t o sD e l i t o sD e l i t o sD e l i t o sD e l i t o s 1 9 9 01 9 9 01 9 9 01 9 9 01 9 9 0 1 9 9 11 9 9 11 9 9 11 9 9 11 9 9 1 1 9 9 21 9 9 21 9 9 21 9 9 21 9 9 2 1 9 9 31 9 9 31 9 9 31 9 9 31 9 9 3 1 9 9 41 9 9 41 9 9 41 9 9 41 9 9 4 1 9 9 51 9 9 51 9 9 51 9 9 51 9 9 5 1 9 9 61 9 9 61 9 9 61 9 9 61 9 9 6 1 9 9 71 9 9 71 9 9 71 9 9 71 9 9 7 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8 1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9 2 0 0 02 0 0 02 0 0 02 0 0 02 0 0 0 2 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 1 2002 2002 2002 2002 2002

Totales 1255 1184 1210 1276 1270 1153 1173 1040 1030 1041 977 983 1138

Robos 132 114 117 154 175 161 166 141 133 144 145 135 168

Robo autos 51 41 47 69 82 85 99 70 69 105 124 131 174

Lesiones 152 167 174 163 152 141 138 137 138 132 105 114 131

Homicidio 13 13 16 21 22 21 22 19 20 25 33 35 42

Cuadro N° 4Tasas de los principales delitos registrados a nivel nacional* (1990-2002)

* Tasa x 100.000 hab.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Estadística Delictiva/ Ministerio de Justicia, División de Estadística CICPC. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV.

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: División de Estadísticas, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos,Universidad Central de Venezuela.

Gráfico Nº 6Tasas de secuestro (por cien mil habitantes)

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2002

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012

12345123451234512345

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gistrados según afirmaron en diversas opor-tunidades los máximos representantes de esteórgano8 ), así como los conatos de crisis, detomas y huelgas registrados en el resto de lasPolicías Municipales de Caracas y otras quelas vinculan con los efectos del paro econó-mico y petrolero que tuvo lugar en Venezuelaentre diciembre 2002 y febrero de 2003. En estesentido es válido incorporar otra hipótesisadicional, ya que las otras dos no se susten-tan en la realidad debidamente. No es ciertoque los delitos hayan subido un 30% cuandola PM se encontraba intervenida ni que hayandescendido ostensiblemente luego de conclui-da esta9 ; y en cuanto al paro, luego de su cul-minación se registraron picos importantes decriminalidad, que invalidan dicha tesis).

Para contribuir al debate que sobre lascausas del incremento sostenido de la crimi-nalidad en el país y que en gran medida lavincula con la situación económica, se pre-sentan a continuación, en gráficos, una com-paración preliminar de las series históricas decifras de homicidios y robos conjuntamentecon las de pobreza y desempleo. A simple vis-ta, parece evidente que lo que más funcionacomo factor causal explicativo son las tasasde desempleo frente al robo, no así frente alos homicidios. Definitivamente, losindicadores de pobreza relativa no guardanuna relación, al menos aparente con las tasasde homicidios ni con las de robos.

Frente a la aguda situación de inseguri-dad y a la patente ausencia del Estado, espe-

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1987

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1993

1995

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2001

Pobreza Homicidios

Gráfico Nº 7Pobreza y Homicidios

Total Nacional

* Porcentaje de la población en situación de pobreza y Tasas de Homicidios por 100.000 hab.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Departamento de Investigaciones Económicas del IIES-UCAB. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos. UCV.

8. El Nacional, 27.11.03, D- Últ.9 . Un análisis como el anterior conduce a concluir que, de acuerdo con las cifras del CICPC, en el Distrito Metro-

politano de octubre a noviembre de 2002 el incremento en el número total de delitos fue de 3,64%, y de noviem-bre (mes de la intervención) a diciembre la cifra asciende a 17,28% y de este mes a enero llega a 8,82%. En el casode los homicidios de octubre a noviembre el crecimiento es de 7,11% mientras que de noviembre a diciembrellega al 25%. Llama particularmente la atención el hecho de que al observar el comportamiento de los robos y losrobos de autos entre los meses de noviembre y diciembre registran un decrecimiento de 18,9 y 19,71% respec-tivamente. En conclusión, con base a los datos disponibles, el planteamiento del incremento de 30% en el nú-mero de homicidios del Distrito Capital quedaría en entredicho pues el porcentaje de crecimiento nunca llega atales niveles.

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1995

1996

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1998

1999

2000

2001

2002

Pobreza Robos

Gráfico Nº 8Pobreza y Robos* (Total Nacional)

*Porcentaje de la población en situación de pobreza y Tasas de robos por 100.000 hab.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Departamento de Investigaciones Económicas del IIES-UCAB. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos. UCV.

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1988

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1990

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1992

1993

1994

1995

1996

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2002

Desempleo Homicidios

Gráfico Nº 9Desempleo y Homicidios* (Total Nacional)

* Tasas de Homicidios por 100.000 hab y desempleo Segundos semestres/ INE.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos. UCV.

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Desempleo Robos

Gráfico Nº 10Desempleo y Robos* (Total Nacional)

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

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2000

2001

2002

* Tasas de robos por 100.000 hab y desempleo Segundos semestres/ INE.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos. UCV.

360○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


cialmente crítica en las zonas periféricas delas grandes ciudades, la tramitación de losconflictos y formas de resolución alternati-vas a la violencia se tornan cada vez más es-casas, recurriéndose entonces con mayor fre-cuencia a mecanismos de venganza, talescomo los linchamientos.

Debido a la crisis de legitimidad de las ins-tituciones del Estado, esta modalidad ha co-brado mayor fuerza, ya que ha aumentado enun 47% el número de casos de linchamientosregistrados en el año 2003 respecto al año 2002.Cabe destacar que el dato presentado paraeste último año abarca de enero a septiembrede 2003 por lo que muy probablemente la cifraaún se incremente más.

La gravedad de los linchamientos se haceevidente en la nota aparecida en la revista SIC,Nº 658, de octubre de 2002, en la que se registraun intento de linchamiento de cuatro delincuen-tes que tuvo lugar en la Universidad del Zulia,revelándose con ello que este problema afectano solo a comunidades destituidas de dere-chos y sin acceso a la justicia.

Evaluación de las garantíasque brinda el Estado venezolanopara el disfrute del derechoa la seguridad ciudadana

Una evaluación de las políticas desarro-lladas por el Estado para el control de la crimi-nalidad implica analizar tanto las políticas de-

sarrolladas per se, como la actuación y fun-cionamiento del sistema de justicia penal y dela policía, instrumentos de los cuales disponeel Estado para ejercer control y prevenciónsobre la criminalidad y la violencia.

En cuanto a las políticas desarrolladas enel lapso estudiado, se reitera la tendencia asuperponer planes, programas y proyectossiendo evidente la ausencia de una políticade Estado en materia de seguridad ciudada-na, lo que constituye una grave omisión ensu tarea de brindar garantías para el disfruteciudadano de todos los derechos. En lo querespecta a la policía, la situación en el períodono ha hecho sino acentuarse con respecto alanterior, ya que a los gravísimos problemasde estas agencias encargadas del orden encuanto a su función de control de la criminali-dad en el marco de un Estado de derecho, seles añade el que han entrado de lleno en lapolarización política, siendo agentes de losbandos en pugna, tal y como ya fue registra-do en los eventos de abril de 2002 y en laintervención por parte del Ejecutivo Nacionalde la PM de Caracas. Y en cuanto al sistemade justicia penal, cabe decir que sus capaci-dades de conocimiento y sanción de los deli-tos, aunque ha aumentado levemente en losúltimos años, dista mucho de cumplir objeti-vos mínimamente requeridos para un adecua-do control democrático de la criminalidad.La Policía

El período analizado, estuvo marcado porla intervención de la PM (ver Recuadro, al finaldel capítulo), evento que contribuyó, si cabe, agenerar una mayor polémica alrededor del cuer-po y a aumentar el grado de polarización políti-ca, en cuya lógica también están inscritos, comose ha dicho, los cuerpos policiales del país.

El aparato policial venezolano en su con-junto sufre una severa y compleja crisis defuncionamiento, organización y legitimidad,

Categoría 2001 2002 2003

Linchamiento 20 15 22

Intento de Linchamiento 74 101 70

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Base de Datos Provea y Centro para la Paz de la UCV.a/ se refiere a los casos presentados por la prensa nacional hasta el mes deseptiembre 2003.

Cuadro N° 5Casos de linchamientos e intentos

de linchamiento publicados en prensa(total nacional 2001-2003 a/)

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la cual se pretende esconder, sin lograrlo, de-trás de una reiteración permanente acerca deuna supuesta falta de funcionarios policiales,según la cual, en el país hacen falta más de35.000 funcionarios. Con relación a este pun-to crucial, con el cual se trata de justificar pordefecto una actuación claramente ilegal y bru-tal, sino absolutamente ineficiente, es impor-tante hacer algunas precisiones.

En Venezuela, según todos los estándaresinternacionales, existe un número más queadecuado y suficiente de funcionariospoliciales. Según la Organización de Nacio-nes Unidas, tal y como se muestra en la tablasiguiente, a los países en vías de desarrollo,les corresponde idealmente, dados sus pro-blemas de inseguridad y consolidacióninstitucional, una tasa de 350 policías por100.000 habitantes.

Como se observa, Venezuela tiene una tasa“superior” a la que estima la ONU como idea-les y/o necesarias para un país en vías de de-sarrollo. Esta cifra permite desechar los argu-mentos que señalan como causa del incremen-to de la criminalidad, la falta de funcionariospoliciales en el país. Incluso, si se considerael impresionante incremento de cuerpos y defuncionarios policiales ocurrido a partir de1990 (en 1990 Venezuela tenía 24 cuerpos depolicía, mientras que en 2003, tiene 97, con-tando los nacionales, estadales y municipa-

les), junto con el incremento de la criminali-dad, surgen muchas interrogantes, tal y comose desprende de la observación de los siguien-tes gráficos.

Resulta evidente que el incremento de fun-cionarios policiales como política de seguri-dad ciudadana en el país en los últimos treceaños, no ha incidido en lo absoluto en la con-tención del número de homicidios y de robos;muy por el contrario, ambos eventos regis-tran una tendencia ascendente paralela al au-mento del número de funcionarios. El proble-ma podría estar más vinculado con la adecua-da localización de los funcionarios que consu cantidad. Ello se demuestra en el caso de laciudad de Caracas, que registra las cifras másaltas de criminalidad del país. En la tabla quesigue, se observa cómo, además de elevadascotas de delitos, también la capital disponede una elevada tasa de policías, dándose elcaso además de que municipios con alto po-der adquisitivos, como los de Chacao (quepuede ser el municipio con la más alta tasa depolicías en el mundo) y Baruta, disfrutan deuna triple protección: las que les brinda la PM,las que le brinda la Policía de su municipio y laseguridad que se brindan a si mismo los habi-

Países Tasa de policíaspor cien mil habitantes

Menor desarrollo 172,98

En vías de desarrollo 350,19

Venezuela 5 0 5 , 1 65 0 5 , 1 65 0 5 , 1 65 0 5 , 1 65 0 5 , 1 6

Desarrollados 266,04

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Naciones Unidas, Ministerio del Interior y Justicia. Cálculos Centropara la Paz y los Derechos Humanos UCV.

Cuadro N° 6Número de funcionarios policiales

según características del país

Cuerpo deSeguridad N° de funcionarios

Policía Estadal 46.871

Policía Municipal (interior del país) 5.407

Policía Distrito Metropolitano 12.459

CICPC 7.200

Tránsito Terrestre 5.023

Guardia Nacional 39.500

TOTAL NACIONALTOTAL NACIONALTOTAL NACIONALTOTAL NACIONALTOTAL NACIONAL 116 .460116 .460116 .460116 .460116 .460

Tasa por 100 mi l habitantesTasa por 100 mi l habitantesTasa por 100 mi l habitantesTasa por 100 mi l habitantesTasa por 100 mi l habitantes 5 0 5 , 1 65 0 5 , 1 65 0 5 , 1 65 0 5 , 1 65 0 5 , 1 6

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Elaborado a partir de información de Coordinación Policial MIJ, Ins-tituto Nacional de Estadística (INE), cálculos Centro para la Paz y los DerechosHumanos UCV.

Cuadro N° 7Total de funcionarios policiales en Venezuela

según cuerpo de seguridad del Estado

362○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


tantes de los municipios respectivos, contan-do el número de vigilantes privados y siste-mas de seguridad instalados y calles cerradasen cada uno de ellos.

Así pues, cabe exigirle al Estado unaredistribución mucho más equitativa de losrecursos asignados al área de seguridad, yaque resulta que tal y como lo están en estemomento, reciben menor seguridad quienesmás la necesitan, y existe un número de ciu-dadanos privilegiados que disfrutan por par-

tida doble de este beneficio. Igualmente espertinente estar atentos en el sentido de queaún con un número más que suficiente depolicías por 100.000 habitantes para el Distri-to Metropolitano y apartando el hecho de suinequitativa distribución, es notable suineficiencia a la hora de controlar y prevenir lacriminalidad.

Abundan las críticas sobre ciertos aspec-tos del conjunto del sistema policial venezo-lano: 1) Sobre su marco constitucional y le-

Gráfico Nº 11Tasas de Policías y tasa de homicidios registrados (total nacional)

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: División de Estadísticas, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística. Cálculos propios Centro para la Paz y los Derechos Humanos.Universidad Central de Venezuela.

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Policías

Homicidios

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123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678

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20

15

10

5

01990 2002

Gráfico Nº 12Tasas de Policías y tasa de robos registrados (total nacional)

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: División de Estadísticas, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística. Cálculos Propios Centro para la Paz y los Derechos Humanos,Universidad Central de Venezuela.

500

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Policías

Robos

123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678

123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678

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01990 2002

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gal: las disposiciones de la Constitución de1999 sobre la materia no establecen claramen-te las competencias de los diversos ámbitospoliciales; las nuevas leyes aprobadas en elmarco de la Ley Habilitante (2001) no contie-nen normas inequívocas sobre las atribucio-nes de los dos ministerios (Interior y Justicia,y Defensa) competentes en lo policial; y, pesea lo estipulado en la Constitución y la presen-tación de varios proyectos, aún no se ha pro-mulgado una ley orgánica de policía. 2) Lamilitarización de los cuerpos existentes, quese manifiesta en su estructura general, la pro-cedencia de sus mandos y el espíritu domi-nante en dichos cuerpos. 3) Posiblementecomo consecuencia de lo anterior, se observala falta de mecanismos de coordinación entrelos servicios policiales (la cual puede debersea la autonomía de sus responsables políticos),lo que da lugar a la superposición y confu-sión de las funciones policiales, conflictosinterinstitucionales y ausencia de planifica-

ción a largo plazo. 4) En cuanto a sus recur-sos humanos y materiales: dificultades de cap-tación de nuevos agentes, deficiencias en losmecanismos de selección y formación, bajossalarios y escasos beneficios sociales, inexis-tencia de una carrera policial, distribución te-rritorial inadecuada, precariedad de mediosmateriales, asignación de los mismos sin es-tudios previos en términos de costo/benefi-cio. 5) La imagen negativa de la policía, impu-table a su ineficacia en la lucha contra la de-lincuencia y la inseguridad, a ciertos compor-tamientos de sus miembros (corrupción, com-plicidad con los delincuentes) y a la insufi-ciencia de sus relaciones con la comunidad.6) La deficiencia -e incluso la carencia- demecanismos de control (internos, externos)sobre las actuaciones policiales. 7) Finalmen-te, la inexistencia de una política policial inte-gral que incluya la definición de un modelo depolicía, que establezca criterios de separacióncon las fuerzas armadas y enfatice en la des-centralización de los servicios policiales y ensu acercamiento a la comunidad.

La Constitución no deja claras las líneasmaestras de un aparato policial homologableal de los Estados modernos avanzados (so-ciales y democráticos de derecho) a partir desus tres grandes divisiones: Fuerzas Arma-das claramente diferenciadas de Fuerzas deSeguridad; policía judicial individualizada res-pecto de la policía a las órdenes del ejecutivo;seguridad pública como competencia estatalpero con el reconocimiento de tres nivelesde administración con posibilidades de dis-poner de policía. Según nuestra Constitu-ción, parte de las Fuerzas Armadas formaparte de las Fuerzas de Seguridad, lo que creaalgunos problemas en relación con la asig-nación de funciones. También crea confu-sión en torno al bien que debe garantizar yproteger, por el uso en forma indistinta deconceptos diferenciables y hasta antagóni-

Cuerpo policial

Policía Metropolitana 2.762.759 8.500 307,66

Policía MunicipalLibertador 1.836.286 1.168 63,61

Policía Municipalde Baruta 260.853 895 343,11

Policía Municipalde Chacao 64.629 787 1217,72

Policía Municipalde Sucre 546.766 971 177,59

Policía Municipalde El Hatil lo 54.225 138 254,50

TOTAL 2.762.759 12.459 450,96

a/ No incluye a la Guardia Nacional.b/ Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo 2001. Las proyec-ciones de población a partir de las nuevas cifras de población obtenidas delúltimo proceso censal aún no se encuentran disponibles.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Cuadro elaborado a partir de información del INE y CoordinaciónPolicial MIJ. Cálculos Centro para la Paz y los Derechos Humanos.

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Tasa

x10

0 m

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ab.

Cuadro N° 8Tasas funcionarios por cien mil habitantes

según cuerpo policial a/ (Distrito Capital 2003)

364○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


cos como lo son orden público, orden inter-no y seguridad.

El modelo requerido, en su base, no estanto policial ni de orden eminentementetécnico como político. Ello pasa por unasdirectrices claras desde el gobierno centraly un acuerdo definitivo y estable con losdiferentes estados y municipios sobre elmodelo policial actual. Lo que se requierees converger en un modelo en el que lo im-portante no es el territorio, ni tan siquiera lafunción, sino las políticas de seguridad,cuya dispersión es probablemente el ele-mento más dañino para el logro de un mo-delo eficiente. Dichas políticas deben serformuladas a partir de acuerdos fundamen-tales sobre las grandes líneas y ser claras ycomprensibles, tanto para los ciudadanoscomo para las Fuerzas de Seguridad; debenser además ejecutables, es decir fijarse lími-tes posibles y alcanzables y deben poderser, además, evaluables. Ello es lo que per-mitirá tener parámetros fiables de eficacia yeficiencia policial, corregir errores, pedir res-ponsabilidades por su incumplimiento y ensuma reelaborar y modificar las siguientesy continuas políticas de seguridad.

Un modelo policial actualizado y realizabledebe ser: a) equilibrado (basado en la descen-tralización), dotado de elementos dinami-zadores (formación, información, deontología)y con la atribución de una importancia funda-mental a las políticas de seguridad); b) funcio-nal: que contemple una correcta distribuciónde funciones policiales como clave del mode-lo, que se centre en la importancia de la coordi-nación policial; c) coordinado a nivel nacio-nal, estadal y local, impulsando los Consejos yJuntas locales de Seguridad Ciudadana; d) degestión: no solo más policías, sino mejor ges-tión de medios y recursos, mediante la elabora-ción y ejecución de planes de actuación porobjetivos en cada cuerpo y por parte del Mi-

nisterio del Interior y Justicia, la creación deoficinas conjuntas de denuncias, promociónde un comité de expertos y centros de atenciónintegral de emergencias; y e) de servicio: cam-bio de la cultura policial, acorde con los valo-res constitucionales y de servicio al ciudada-no, el desarrollo de planes de presencia y co-munitarios para luchar contra la inseguridadobjetiva y subjetiva de las comunidades másvulnerables, manuales comunes de servicio yel cuidado al máximo de los contenidosdeontológicos de la tarea policial, establecien-do un gran marco concordado por todos quedelimite sustantivamente un código ético co-mún de participación. Por último, un modelopolicial democrático, concibe la seguridadcomo asunto de los ciudadanos mediante cri-terios de corresponsabilización activa, promue-ve un cambio de la cultura cívica, hacia unamayor colaboración ciudadana y contribuye amejorar la percepción de los ciudadanos res-pecto de sus policías.

En lo que respecta a la violencia poli-cial, en anteriores entregas ya se ha discu-tido acerca de lo grave y letal del recurso delos “enfrentamientos” entre civiles y funcio-narios de los cuerpos de seguridad del Esta-do como política de contención de la crimi-nalidad, particularmente para los primeros.Partiendo del supuesto de que se trata efec-tivamente de enfrentamientos, las probabi-lidades de fallecer entre las dos partesinvolucradas debería guardar cierta propor-ción, si bien no necesariamente de paridadabsoluta, debido al entrenamiento de los fun-cionarios junto a su equipamiento con equi-pos de comunicación y chalecos antibalasentre otros.

El seguimiento de los casos relacionadosen la prensa nacional del número total de ho-micidios según “móvil”, de los cuales exis-ten sobradas razones para estimar quesubrepresentan la realidad de las cifras, per-

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mite identificar que, en “enfrentamientos”con los cuerpos policiales, fallecieron parael período de este informe 435 civiles y seregistra la muerte de 11 funcionariospoliciales, es decir, que por cada policía quemuere en un enfrentamiento fallecen 25 civi-les, mientras que para el período anterior larelación fue de 13 civiles por cada funciona-rio de los cuerpos de seguridad, cifra ya su-ficientemente alarmante, solo comparable ala elevadísima alcanzada en el año 2001.

Sin embargo, una noticia emanada de losmismos cuerpos policiales , pone de manifies-to una situación que comporta una mayor gra-vedad, si ella es posible. En ella se hace refe-rencia al hecho de que entre enero y junioocurrieron 6.920 homicidios en todo el país. Apartir de esas cifras se añade que “los orga-nismos de seguridad han ultimado a 1.147antisociales en todo el país en el primer se-mestre de este año” 10 . Ello significa, que se-gún declaran los mismos cuerpos policiales,un 20% de los homicidios corresponden amuertes ocurridas por enfrentamientospoliciales, además de que tal cantidad eleva a1:63, la relación de policías y civiles muertosen enfrentamientos. Además de la flagranteilegalidad de esta actuación policial que en-cubre violaciones del derecho a la vida, con lafalta de ética profesional asociada, resultaevidente que dados los resultados de la crimi-nalidad, tal política de exterminio sistemáticode “antisociales” como ellos mismos los de-nominan sin fórmula de juicio, resulta clara-mente ineficiente, ya que no ha hecho sinoaumentar en forma desproporcionada el nú-mero de muertes en el país, además de que losrobos, secuestros, lesiones personales y de-más delitos contra la vida y los bienes siguenaumentando.

Las cifras de civiles fallecidos en“enfrentamientos” ha alcanzado niveles tanelevados, que ya es posible establecer clara-mente un patrón de violación al derecho a lavida, aunque no se cuenten con evidenciaspenales que permitan individualizar la respon-sabilidad. La aclaratoria del marco en el quese producen estas muertes debe ser especial-mente analizado ya que las actuaciones dis-crecionales de los cuerpos de seguridad am-parados en la figura de los “enfrentamientos”,

Categoría

Civ i les 642 272 435

Funcionarios policiales 36 14 11

a/ se contabiliza hasta septiembre de 2003.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: base de datos y cálculos del Centro para la Paz y los DerechosHumanos UCV.

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01

Cuadro N° 9Relación de civiles y funcionarios fallecidos

en enfrentamientos (2000 al 2003)

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Oct

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02

Gráfico Nº 13Relación funcionarios policiales/civiles

fallecidos en enfrentamientos(octubre 2002-septiembre2003)

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: base de datos Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV,Provea (2002-2003).

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policiales

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civiles

10. El Universal, 27.07.03, pág. 2-28.

366○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


atenta directamente contra la seguridad ciu-dadana al erosionar la imagen de los cuerpospoliciales y propiciar, a través de su inacción,comportamientos marcadamente autoritariosque reciben poca o ninguna respuesta porparte de los órganos estatales encargados dela supervisión, monitoreo y sanción de posi-bles abusos policiales en este sentido.

Así pues, el balance de la actuación de loscuerpos policiales en el país es peor en cadaperíodo que pasa, lo que sin duda alguna con-tribuye al incremento que año tras año regis-tran las cifras de criminalidad en el país.Funcionamiento del sistemade justicia penal

La información disponible revela que du-rante el año 2001 la relación entre casos cono-cidos y concluidos policialmente es del 52%.

De los casos conocidos policialmente, in-gresan a tribunales 90.757, de los cuales reci-ben sentencia definitiva el 9,2%. Por su parte,el desempeño durante el años 2002 muestraque del total de casos conocidos fueron con-cluidos policialmente el 63,7%, ingresando atribunales 50.980, es decir el 30%.

Los datos anteriores permiten compren-der mejor el decrecimiento que ha experimen-tado la confianza en el sistema judicial en el

país. Debe tomarse en cuenta además que sólocerca de un 30% de los delitos cometidos sonregistrados por el sistema de justicia.

La situación de seguridad ciudadana exi-ge que el sistema judicial penal asuma medi-das al respecto, tratando de eludir aquellas decarácter más efectista que efectivo, tales comolas sucesivas reformas de los códigos pena-les y de procedimiento criminal, lo cual au-menta el predominio de acciones de corto pla-zo, desarticuladas e intermitentes que comoha sido demostrado con datos a lo largo deeste informe poco o nada inciden en el trans-curso que desde hace ya dos décadas, en eldescenso de la criminalidad.Políticas de seguridad ciudadanaregistradas por los medios en el período

Durante el período de este Informe, el Mi-nisterio del Interior y Justicia cambió de admi-nistración en dos oportunidades: comenzó conDiosdado Cabello como Ministro seguido lue-go por el Gral. (R) Lucas Rincón quien hastala fecha ostenta el cargo. En cuanto a las po-líticas, programas, proyectos y operaciones,privan, como en los últimos quince años, lasúltimas sobre los primeros. De hecho, pese aque se anuncian con insistencia decenas deellos en la prensa nacional por parte de las

504540353025201510

0

Gráfico Nº 15Confianza en el Poder Judicial

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Latinobarómetro 1995 al 2001.

1996 1997 1998 2000 2001

Venezuela

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porcentaje

Gráfico Nº 14Casos conocidos

sobre casos concluidos policialmente(total nacional)

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: División de Estadísticas CICPC. Cálculos Centro para la Paz y losDerechos Humanos UCV.

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diversas autoridades, el país no cuenta toda-vía con una política de Estado en materia deseguridad ciudadana.

Como se observa en forma recurrente encada uno de los períodos analizados, lejos deimplementar políticas de Estado en materia deseguridad ciudadana, se sigue recurriendo de

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: División de Estadística, Consejo de la Magistratura, Anuarios Estadísticos INE. Cálculos Centro para la Paz UCV.a/ Tribunales Penales de Primera Instancia. Causas con auto de detención, sometimiento a juicio para iniciar sumario.b/ Cifras disponibles sólo para el primer semestre del año.c/ Cifras disponibles de enero a septiembre.

1982 130.576 68.777 52.6 55.639 6.965 5.3

1990 244.828 107.520 43.9 79.562 13.041 5.3

1991 236.481 105.065 44.5 80.784 14.299 6.1

1992 247.266 104.802 42.4 86.166 12.046 4.8

1993 266.882 106.897 40.5 79.928 10.068 3.8

1994 271.493 104.857 38.6 82.537 11.355 4.2

1995 252.072 106.237 42.2 81.986 11.681 4.6

1996 259.644 106.691 41.1 82.809 13.101 5.1

1997 236.742 105.993 44.7 84.955 13.002 5.5

1998 239.412 100.909 46.3 125.579 18.753 7.8

1999 246.671 100.462 40.7 59.525 b/ 8.760 b/ 3.6

2000 216.964 97.482 44.9 - - -

2001 226.593 119.110 52.6 90.757 c/ 20.916 c/ 9.2

2002 262.467 167.400 63.7 50.980 - -

AñosCasos

Conocidos

CasosConcluidos

Policialmente

Casosconcluidos

sobre CasosConocidos

Ingreso aTribunales a/

SentenciasDefinitivas

% Sentenciassobre CasosConocidos

Cuadro Nº 10Relación de delitos registrados s/sentencias definitivas

Gráfico Nº 16Planes, proyectos, acciones y operaciones de

seguridad ciudadana registrados en la prensanacional (oct.2002-sep.2003)

70605040302010

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FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: base de datos prensa Centro para la Paz y los derechos HumanosUCV, Provea.

Planes

123456789012312345678901231234567890123

Proyectos Accionesy operativos

Categoría Total %

Planes 2 5 7 26,92

Proyectos - 3 3 11,54

Acciones y operaciones 13 3 16 61,54

Total 15 11 26 100

%%%%% 57, 69 42, 30

En

ejec

ució

n

A ejec

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Cuadro N° 11Intervenciones estatales

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV.

manera reiterada al desarrollo de operativosde corto plazo, los cuales se repiten una yotra vez, sin que medie ninguna evaluaciónde desempeño. Adicionalmente, los diferen-tes organismos públicos a la hora de planifi-car estas actividades ni siquiera se ajustan aderecho. Desde noviembre de 2001, aun contodas sus limitaciones, está vigente la LeyMarco de Seguridad Ciudadana, en la cual se

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Categoría Total

Planes 1 5 1 7

Proyectos 1 2 - 3

Acciones y operaciones 5 11 - 16

Total 7 18 1 26

%%%%% 26,92 69,23 3,84

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Cuadro N° 12Intervenciones estatales y comunitarias

* Nacional, estada o municipal.FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV.

Con

junt

os

implantan las figuras de los Consejos Nacio-nales, Regionales y Locales de Seguridad. Sibien no cuentan con una participación de-mocrática de los ciudadanos organizados taly como se correspondería con los postula-dos de la democracia participativa consagra-da en la Constitución, constituyen en sí mis-mos una mínima instancia de planificación ycoordinación, con lo cual al menos podríasuperarse esta fase tan prolongada de im-provisación, desconocimiento y barbarie dela que hacen gala la mayoría de nuestras au-toridades policiales.

Antecedentes:

200201.10: inicio de huelga por parte de 300 fun-cionarios de la PM en la Comandancia Gene-ral de este cuerpo policial en Cotiza, exigien-do el pago de pasivos laborales adeudadosdesde hacía cuatro años.04.10: la Comandancia General de la PM enCotiza comienza a ser patrullada por 9 uni-dades de la Disip.05.10: el Alcalde Mayor de Caracas, AlfredoPeña, denuncia la militarización de la ciudaddado el patrullaje del Ejército Nacional en lascalles, medida que cataloga como ilegal, yaque esta Alcaldía como autoridad metropoli-tana es la encargada de la coordinación poli-cial y no han solicitado presencia de la Fuer-za Armada Nacional (FAN). El Viceministrode Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón,afirma que la presencia militar es una medidapara fortalecer la seguridad ciudadana.

09.10: Peña reta al Presidente Hugo Cháveza intervenir la PM. Declara el Alcalde ma-yor que “... el conflicto interno lo generó elgobierno al negar el desembolso de esospagos para que se viera como excusa”1.Por otra parte, para esta fecha los huelguis-tas se apoderan del “Control Maestro” dela PM; es decir, controlan la comunicaciónradial del organismo.10.10: los comisarios Lázaro Forero y JorgeDíaz Santamaría introducen un amparo contralos 21 efectivos que tomaron el Control Maes-tro del cuerpo policial. Se esperaba que a las11:30 de la mañana se ejecutara una medida dedesalojo, pero la jueza 24 Silvia Fernández lue-go de conversar con los huelguistas decide con-vertirse en mediadora y acuerda una reuniónentre las partes en conflicto.16.10: la PM abre un nuevo centro de opera-ciones con 300 funcionarios y 50 unidadescuya sede deciden no dar a conocer por me-didas de seguridad

Cronología preliminar del conflicto de la Policía Metropolitanay de otros cuerpos de policía del país

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14.11: el Secretario de Política del DistritoMetropolitano Ramón Muchacho, aclara quela Alcaldía mayor dio órdenes a las policíasmunicipales para rechazar la participaciónmilitar en el patrullaje de la ciudad.15.11.02: el Alcalde del Municipio Liberta-dor Freddy Bernal solicita al Ministro delInterior y Justicia, Diosdado Cabello la in-tervención de la PM.

El conflicto:16.11: Intervención de la PM.

- A las 3:00 de la mañana se presentan en lasede de la Comandancia General de la PM enCotiza, el Ministro del Interior y JusticiaDiosdado Cabello junto al Viceministro deSeguridad Ciudadana Alcides Rondón con elapoyo de la GN, con el decreto de interven-ción 568 del Ejecutivo Nacional en el quenombran al Comisario Emigdio Delgado comonuevo director de la PM en sustitución delcomisario Henry Vivas.

- El Comisario Emigdio Delgado, director dela PM designado por el Ejecutivo Nacional,renuncia al cargo en una transmisión de tele-visión, doce horas después de su nombra-miento, considerar que no posee respaldo dela mayoría de los efectivos de la PM y reco-nociendo el liderazgo de Vivas.

- Diosdado Cabello anuncia que el Ejecutivonombrará una nueva Directiva, asumiendo lajefatura de la PM provisionalmente elViceministro de Seguridad Ciudadana AlcidesRondón.

- El Viceministro Rondón anuncia como nue-vo director de la PM al Comisario GonzaloSánchez Delgado.

- La PM, que organizativamente divide a laciudad de Caracas en 10 zonas, es tomadamilitarmente con tanquetas y convoyes del

Ejército en las siguientes:Zona Nº2 en Catia.Zona Nº3 en Caricuao.Zona Nº6 en Los Caobos.Zona Nº7 en Boleita.También fueron intervenidas las Comisarías deSan Andrés en El Valle, la Brigada Motorizadaen Maripérez y la Comandancia de El Hatillo2.17 de noviembre 2002:

- Primeras declaraciones del Presidente de laRepública en su programa dominical “Aló Pre-sidente” transmitido desde El Valle: “era unaobligación del Ejército intervenir” ya que “sehabía anarquizado y convertido en un pro-blema de orden público que puso en peligrola seguridad de los venezolanos”3. El Comi-sario Sánchez Delgado, director de la PM de-signado por el Ejecutivo Nacional, nombró laComisión de Enlace y Desarrollo Técnico dela PM, que trabajará junto al Ministerio deFinanzas para buscar solución al conflictopolicial por los pasivos laborales adeudados alos funcionarios, así como atender las solici-tudes de vivienda por ellos realizadas4.

- Se ejecuta una sesión extraordinaria del Ca-bildo Metropolitano donde se aprueba unacuerdo en el que desconocen por inconsti-tucional el contenido de la resolución 568 delEjecutivo Nacional para intervenir la PM5.17 y 18.11: El director de la PM designado porel Ejecutivo, recorre las zonas poli-ciales 1, 2 y3 para tratar (sin éxito) de nombrar a los nue-vos jefes de esa dependencia (todos comisariosjubilados), dado que los actuales solo recono-cen a Henry Vivas y a la autoridad metropoli-tana como únicos jefes en espera del pronun-ciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Elrecorrido se efectuó en compañía del Alcaldedel Municipio Libertador Freddy Bernal, elViceministro de Seguridad Ciudadana Alcides

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Rondón y el Coordinador Policial del MIJDanny Azuaje6.18 de noviembre 2002: el Alcalde MayorAlfredo Peña, introduce ante la Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Jus-ticia una acción de nulidad y amparo a fin deobtener el cese de la intervención hasta quese precisara el carácter constitucional o node la medida.

Condiciones luego de la intervenciónde la Comandancia General:

21 de noviembre 2002:- Autoridades metropolitanas denunciaran

ante el Ministerio Público a Diosdado Cabe-llo Ministro del Interior y Justicia, a FreddyBernal Alcalde del Municipio Libertador y avarios diputados de la Asamblea Nacional,como planificadores de la crisis laboral en laPM para su posterior intervención.

- Allanamiento a la sede de la Comisaría Mo-delo en la Zona 2 de la PM, llevándose 28subametralladoras HK. Este allanamiento seproduce en el marco de las investigacionesde los sucesos del 11 de abril de 20027.22 de noviembre 2002: allanamiento de laComisaría General de la PM en Cotiza por elFiscal 4to Danilo Anderson, quien acompa-ñado de 9 funcionarios del CICPC y por fis-cales del Ministerio Público proceden a larevisión del armamento8. En este procedi-miento se incautaron más de 300 equipos delparque de Cotiza9.24 de noviembre 2002:

- El Coordinador de Seguridad Ciudadana, Ra-món Muchacho, y el director de la PM nom-brado por el Alcalde Mayor Henry Vivas,afirman que en los allanamientos realizadoslos últimos días a diversas sedes de la PM enbusca de armas a ser investigadas en el marcode los sucesos del 11-A se han realizado sin

la suficiente garantía como para impedir la“siembra” de armas implicadas en tal evento10.El CICPC por su parte, investigará un aproxi-mado de 3 mil armas entre revólveres, pistolas,fusiles y ametralladoras HK11.

- Magistrados del TSJ (Sala Político Adminis-trativa) Hadel Mostafá, Yolanda Jaimes y LevisZerpa difieren el fallo sobre la intervención dela PM hasta el 2 de diciembre de 2002. 26 de noviembre 2002: dada la demora de laSala Político Administrativa del TSJ para darrespuesta a la solicitud de nulidad y amparointroducida por el Alcalde Mayor el 18 de estemismo mes, Peña decide introducir una segun-da acción, esta vez ante la Sala Constitucional,a fin de que se pronuncie sobre la controversiagenerada en el marco del conflicto sobre lascompetencias entre el poder nacional y el mu-nicipal en relación con la administración de losorganismos de seguridad ciudadana12.27 de noviembre 2002:

- Comisario Henry Vivas junto con 19 funciona-rios de la PM introdujo un amparo constitu-cional ante el TSJ, ya que consideraba que seles estaba violando su derecho a la vida, a laintegridad personal y estaban siendo objeto detratos degradantes13.

- Vecinos de las parroquias El recreo, Candelariay San Bernardino se dirigen al TSJ, Defensoríadel Pueblo y Fiscalía General de la República afin de entregar una carta en la que solicitan suactuación para que la PM sea desmilitarizaday continúen los planes y acciones diseñadaspor el organismo.30 de noviembre 2002: Allanada la oficina deHenry Vivas en Cotiza por el CICPC y unfiscal del Ministerio Público. Fueron decomi-sadas 7 computadoras para verificar si contie-nen información que vincule a los funcionariosde este cuerpo con los sucesos del 11–A14.

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01 de diciembre 2002: la mayoría de lastanquetas que se mantenían en las comisarías ypuestos de la PM se retiran, aunque se mantie-ne la presencia de tripas mixtas en menor can-tidad en las zonas policiales15.10 de diciembre 2002: efectivos del Ejércitotoman la División de Transporte de la PM,situada en El Junquito, donde hay más de 500vehículos y motos nuevas asignadas a la PMpor el Proyecto España.12 de diciembre 2002: la Sala Constitucionalde TSJ admitió la solicitud de amparo introduci-da por el Alcalde peña, en la que se solicitaba sepronunciara sobre el conflicto entre el podernacional y el poder municipal respecto a la com-petencia sobre la seguridad ciudadana y la PM16.18 de diciembre 2002: la Sala Constitucionaldel TSJ deja sin efecto la resolución 569 del 18 denoviembre de 2002 en la que el Ejecutivo Nacio-nal decreta la intervención de la PM. En un lapsode 15 días deben ser restituidas las autoridadesnombradas por el Alcalde Peña y se ordenó tam-bién la recuperación del Centro de OperacionesPoliciales en un lapso de 5 días hábiles, inclusocon uso de la fuerza pública de ser necesario17.13 de enero 2003: últimos funcionariostomistas desalojan pacíficamente la sede de laComandancia General de la PM en Cotiza. Porel momento la PM continúa intervenida hastael 29 de enero o el 4 de febrero cuando pudieraterminar la decisión del Ejecutivo18.14 de enero 2003: la Dirección de Armas yExplosivos de la Fuerza Armada Nacional(Darfa) allanaron las comisarías y unidades es-peciales de la PM para decomisar las ametralla-doras y escopetas que estaban en sus despa-chos. El operativo comenzó a las 3 de la mañanay en él participaron aproximadamente mil efec-tivos del Ejército y la GN, quienes mostrandouna orden de un fiscal militar, procedieron a

incautar 4.700 armas largas y 27 mil cartu-chos19. Los efectivos de la FAN expresaronque su actuación se debía a la inspección delparque armado de la PM que Darfa debe rea-lizar una vez que finalizara el conflicto de estecuerpo policial, según el artículo 5 de la deci-sión del TSJ de 18 de diciembre de 2002. ElAlcalde Peña anuncia que solicitará ante elTSJ un recurso de interpretación de la men-cionada sentencia. Según otras fuentes 3.335fueron las ramas decomisadas en 10 depen-dencias de la PM20.12 de marzo 2003: 30 tomistas de la PMhicieron entrega de sus armas, chalecos ymotos a la División de Vehículos del CICPCen presencia de fiscales y algunos directivosdel mencionado organismo21.05 de mayo 2003: Consejo Nacional de Segu-ridad Ciudadana acuerda desmilitarización dela PM así como la devolución inmediata de468 subametralladoras HK calibre 9 milíme-tros, 20 fusiles calibre 5.56 y otros 10 fusilesmodelo M-16; 680 escopetas y 5 mil cartu-chos de perdigones de plástico calibre 1222.09 de mayo 2003: refuerzan presencia mili-tar en las comisarías de la PM, especialmenteen las zonas policiales 1 La Pastora y 23 deEnero; 8 La Quebradita y San Martín; y 9 SanAgustín, donde por lo menos mil efectivos seinstalaron23.15 de mayo 2003: el Alcalde Mayor anuncióque Henry Vivas fue designado Secretario deSeguridad Ciudadana y Lázaro Forero es elnuevo Director de la PM. También aclara Peñaque dará un plazo de una semana para la des-militarización de la PM y en caso contrario setomarán nuevas medidas judiciales como soli-citar la ejecución forzosa de la medida24.20 de mayo 2003: Consejo Metropolitanode Gobierno acuerda autorizar al Alcalde

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mayor Alfredo Peña para que inicie accioneslegales contra el Ministro de la Defensa, Ge-neral José Luis Prieto, por desacato a la deci-sión del TSJ de desmilitarizar la PM.18 de agosto 2003: redoblan militarizaciónde la PM cuando un contingente penetró en lasede de Cotiza, aproximadamente a las 11:30de la mañana, seguido de la presencia de DannyAzuaje, de Coordinación Policial del MIJ25.21 de agosto 2003: permanecen custodiadaspor 200 efectivos del Ejército y la GN seissedes de la PM26.

Otras situaciones de intervenciónmilitar a cuerpos policiales:

24 de enero 2003: GN inspecciona el parquede armas y automotor de la Comandancia dela Policía del Estado Carabobo. Esta visita no

causó sorpresa al cuerpo policial ya que elgobernador de esa entidad, Enrique Salas Feo,ya había advertido la existencia de un “Plan deOperaciones” que consistía en la intervencióndirecta de la policía carabobeña27.27 de marzo 2003: 40 efectivos del Ejércitotoman la sede del Servicio de Atención y Vi-gilancia Empresarial de la Gobernación delZulia, para decomisar las armas disponibles28.16 de agosto 2003: una huelga de 36 horasde duración fue protagonizada por algunosefectivos de la Policía del Municipio Baruta.El Alcalde de Baruta Capriles Radonski afir-ma que el móvil de tal evento fue político yno laboral. De los 830 funcionarios dePolibaruta, 60 se incorporaron a la huelga yal final de éstos sólo quedaban 3029.

1 . El Nacional, 09.11.02, pág. D-últ.2 . El Nacional, 17.11.02, pág. D-11.3 . El Universal, 18.11.02, pág. 1-4.4 . El Globo, 18.11.02, pág. 10.5 . El Mundo, 18.11.02, pág. 2.6 . El Nacional, 19.11.02, pág. D/2.7 . El Nacional, 23.11.02, pág. D/10.8 . El Nacional, 23.11.02, pág. D/6.9 . El Nacional, 24.11.02, pág. D/1.10. El Nacional, 24.11.02, pág. D/1.11. Diario 2001, 24.11.02, pág. 8.12. El Nacional, 26.11.02, pág. D/4.13. El Globo, 27.11.02, pág. 4.14. El Universal, 30.11.02, pág. 4-12.15. El Universal, 01.12.02, pág. 4-12.16. El Universal, 12.12.02, pág. 12-6.17. El Universal, 19.12.02, pág. 1-10.18. Últimas Noticias, 14.01.03, pág. 10.19. El Mundo, 14.01.03, pág. 12.20. El Nacional, 16.01.03, pág. B/15.21. Diario 2001, 12.03.03, pág. 16.22. El Nacional, 11.05.03, pág. B-25.23. El Nacional, 10.05.03, pág. B/17.24. El Nacional, 15.05.03, pág. B/ última.25. El Universal, 20.08.03, pág. 2-22.26. El Mundo, 21.08.03, pág. 12.27. El Universal, 23.01.03, pág. 2-3.28. El Nacional, 27.03.03, pág. B/ última.29. El Nacional, 16.08.03, pág. B/17.

derecho a la seguridad ciudadana · cia de la violencia. sin duda, la mayor amenaza que se cierne...

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