P R O G R A M A

V E N E Z U E LA

Democracia Participativa y Revolución en Latinoamérica

Democracia Participativa y Revolución en Latinoamérica

Revoluciones en Democracia Democracias en Revolución

Luis Britto García

Las Revoluciones en Democracia, las Democracias en Revolución.

Ramón Torres Galarza - Coordinador del Programa Democracias en Revolución & Revoluciones en Democracia – DRRD

Treinta años de democracia en América Latina: procesos de democratización y amenazas

Alba Carosio – CLACSO

El rol de TeleSUR en la conformación de nuevas prácticas mediatico-discursivas en latinoamerica

Liliana Buitrago Arévalo - Instituto de Estudios Avanzados - IDEA

La transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista

Víctor Álvarez - CIM

De una transición política a una posible transición histórica. El desarrollo imprevisto de la revolución bolivariana

Leonardo Bracamonte - CELARG

Teoría y práctica de planificación participativa en Venezuela: el proceso constituyente Plan Patria

Ximena González Broquen – IVIC

REVOLUCIONES EN DEMOCRACIA

DEMOCRACIAS EN REVOLUCIÓN|

Luis Britto García

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En las últimas décadas del siglo XIX el futuro de América Latina y el Caribe parecía irremisiblemente clausurado. Deudas impagables contraídas ilegalmente agobiaban las haciendas públicas de todos los países. A fin de cancelarlas, los gobiernos suscribían con el Fondo Monetario Internacional paquetes que implicaban el desmantelamiento del Estado y de los ejércitos nacionales, la subasta de las empresas públicas, la cesión de la soberanía, comprendidas la potestad tributaria y la de protección de la economía, la liberación de precios y de tasas de interés y la drástica reducción del gasto en educación, salud y seguridad social. Una operación de usura consistente en el alza unilateral de los intereses de 5% a 16% y a 20% que, según la CEPAL, aumentó la deuda de 257,3 miles de millones de dólares en 1980 a 830 mil millones en 1980, prometía lograr lo que hasta entonces sólo había sido posible con implacables dictaduras de derecha: la entrega de seiscientos millones de habitantes y de un área de 22 millones de kilómetros con todos sus habitantes a la más voraz explotación neoliberal.

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Este proyecto se fracturó por la base social. El intento de aplicar políticas fondomonetaristas extremas provocó sublevaciones populares en países como Venezuela, en Argentina y en Bolivia. En Ecuador seis gobiernos fueron derrocados en rápida sucesión por los movimientos sociales. La conmoción de las masas aniquiló a los partidos populistas socialdemócratas o socialcristianos que habían ejercido hegemonías durante casi medio siglo. Perdieron rotundamente las elecciones y vieron disminuir abismalmente militancias y participación electoral. Las últimas décadas del siglo XX se caracterizan por el auge de los movimientos sociales: Movimiento de los sin Tierra en Brasil, piqueteros y empresas recuperadas en Argentina, Círculos Bolivarianos en Venezuela, zapatistas en México, movimientos étnicos, Alianza Social continental, entre muchos otros, sostenidamente promueven e imponen el cambio del Estado.

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La protesta social se traduce así en renovación política. Organizaciones casi nuevas toman el

poder electoralmente con mensajes radicales: protección de la economía nacional; rescate o expropiación de las empresas explotadoras de recursos naturales; aplicación de los ingresos al gasto social, con educación, salud y seguridad social para todos, revisión de la Deuda Pública. Las organizaciones que suceden a los neoliberalismos fracasados son socialistas, en vías hacia el socialismo o afines con él. De Marx toman la lucha de clases y la necesidad de la Revolución; de Lénin, el antiimperialismo. Sin embargo, ninguna sostiene que el paso al socialismo deba ser la culminación de un desarrollo capitalismo extremo; ninguna afirma que haya que forzar la industrialización para superar a los países desarrollados. Ninguna pretende entablar con éstos carreras consumistas. Todas están permeadas de la conciencia ecológica de que no hay recursos en el planeta para que la totalidad de los países imiten el desarrollo capitalista. Ensayan nuevas propuestas de estilo de vida: el Sumak Kawsay, el buen vivir, las comunas. En los países con grandes porcentajes de población indígena, s preconizan el respeto hacia las formas de vida comunitarias tradicionales. Reintegran sus derechos a los trabajadores; proponen el sometimiento de las maquilas a las leyes y derechos laborales locales. Instauran iniciativas para el progresivo control social de industrias básicas y estratégicas. Intentan sistemas financieros regionales, tales como el lanzamiento del SUCRE y el Banco del Sur. Para el momento de su constitución en 2010, el Producto Interno Bruto de toda la CELAC ascendía a 6,06 billones de dólares, lo cual arrojaba un PIB per cápita de 12.001 dólares anuales por habitante: más que suficiente para resolver sus problemas, si se lograra un grado apreciable de igualitarismo en la región más desigual del mundo.

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Democracia: soberanía de la mayoría. Soberanía: poder máximo que no se somete a ningún otro. Contra estas definiciones la reacción ha tejido en todos los tiempos el infundio de que no es posible una revolución en democracia ni una democracia en revolución. Democracia sí, mientras no sea económica o social. Usted puede votar por el alcalde, pero no por el dueño del monopolio ni el magnate comunicacional. La mayoría puede decidir todo, salvo lo que la favorece. Si así lo hace, las fuerzas antidemocráticas ejercen la más brutal violencia en defensa de sus privilegios.

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Así, toda Revolución sufre desde el primer instante el doble asedio de una contrarrevolución interna y otra externa cuyo objetivo es derrocar por la violencia al gobierno popular y restablecer el poder de la oligarquía. Si dichas tentativas no triunfan de inmediato, se prolongan en larga guerra económica de desgaste cuyo fin es arruinar la economía revolucionaria forzándola a priorizar la defensa militar y a endurecer la seguridad interna. La burguesa

Revolución Británica padeció el embate combinado de los ejércitos de la monarquía y la intervención externa. La Revolución Francesa estuvo sometida al asalto de la Chouanerie interna y de sucesivas coaliciones europeas. La Revolución Bolchevique enfrentó la contrarrevolución interna del Ejército Blanco y de los Kulaks, la intervención externa de catorce potencias, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Igual agresión interna y externa combinada padecieron la Revolución Mexicana, la China y cuantas en el mundo han sido.

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Este mecanismo funciona exactamente igual para América Latina y el Caribe. Reseñarlo requeriría volúmenes. Consideremos algunos ejemplos.

El Presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz intenta expropiar algunas tierras de la United Fruit en Guatemala y es derrocado por una combinación de golpe militar e invasión mercenaria financiada por Estados Unidos.

El primer ministro Fidel Castro avanza reformas mayoritariamente apoyadas por el pueblo cubano. Sigue una invasión de mercenarios financiada, entrenada y apoyada por el gobierno de Estados Unidos; derrotada ésta, un bloqueo económico que dura hasta hoy.

El Presidente democráticamente electo Juan Bosch realiza moderadas reformas económicas en República Dominicana y es derrocado por una combinación de golpe militar e invasión del ejército de Estados Unidos.

El presidente democráticamente electo Joao Goulart decreta en Rio de Janeiro la expropiación de refinerías de petróleo privadas y de tierras privadas veinte kilómetros al borde de ríos, represas y vías de comunicación, y es derrocado por golpe militar que apoya Estados Unidos.

El Presidente democráticamente electo Salvador Allende nacionaliza la industria chilena del cobre, reconoce derechos fundamentales a los trabajadores y es derrocado y asesinado por un golpe militar planeado y apoyado por Estados Unidos.

El dirigente Omar Torrijos logra en 1977 los acuerdos Torrijos-Carter en virtud de los cuales el Canal de Panamá queda posteriormente bajo el control de los panameños, y fallece en misterioso e inoportuno accidente de aviación.

El Presidente democráticamente electo Daniel Ortega avanza moderadas reformas agrarias en Nicaragua y es sometido a bloqueo y a cotidiana invasión y sabotaje durante casi una década por “contras” entrenados, armados y financiados por Estados Unidos.

El Presidente democráticamente electo Hugo Chávez Frías intenta imponer 49 leyes de reforma de la economía y la sociedad venezolana, se niega a privatizar Petróleos de Venezuela, y es derrocado temporalmente por un golpe militar planeado y apoyado por Estados Unidos.

El Presidente democráticamente electo Evo Morales nacionaliza industrias de explotación de recursos naturales, y debe enfrentar la amenaza de secesión de la Media Luna apoyadas por las transnacionales y los movimientos étnicos.

El Presidente democráticamente electo Rafael Correa afianza la propiedad de Ecuador sobre sus recursos naturales, y es atacado por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y por los movimientos étnicos de la CONAIE.

El Presidente democráticamente electo Manuel Zelaya se acerca al grupo de países del Alba, inicia moderadas reformas económicas y sociales en Honduras, y es depuesto por un golpe de Estado preparado y apoyado por Estados Unidos desde la base de Palmasola.

El Presidente democráticamente electo Fernando Lugo inicia moderadas reformas, y el Congreso lo depone con un golpe legislativo que dura apenas horas.

En todos los casos, sin excepción, la agresión fue precedida, acompañada y seguida por campañas mundiales de difamación mediática y activa injerencia de cortes y organismos internacionales en los asuntos internos del país víctima.

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Intencionalmente repetimos la expresión “democráticamente electo” como letanía. El camino a la democracia está empedrado de malas intervenciones. Nunca fueron invadidas ni bloqueadas ni saboteadas dictaduras de derecha como las de Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba, Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, Videla en Argentina, Castelo Branco en Brasil, Bordaberry en Uruguay o Pinochet en Chile, por sólo mencionar algunas. Un fatal destino pesa sobre todo gobierno democráticamente electo. Pero nadie molestó a demócratas conservadores neoliberales como Toledo en Perú, Frei en Chile o Calderón en México. Imperio y oligarquías golpean selectivamente a demócratas que intentan reformas económicas y sociales. La paradoja se configura así: la Revolución sólo puede acceder al poder por vía democrática, pero la reacción puede y debe aniquilarla en forma violenta en cuanto intente la menor reforma económica o social ¿A quien favorecen estas reglas que consagran una Democracia indefensa e inerme contra una reacción armada, coligada con el Imperio y dispuesta a todas las atrocidades a favor del privilegio?

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La Democracia, poder de la mayoría, tiene derecho a todos los recursos para imponerse y mantenerse ¿En cuáles casos han resistido las democracias contra los asaltos autoritarios? En Cuba, la preparación y solidaridad popular ha disuadido todo posterior ataque. El voto popular devolvió el poder a los sandinistas en Nicaragua. En Venezuela, las masas inundaron las calles y repusieron en el poder al secuestrado Hugo Chávez Frías. Contundentes movilizaciones acompañadas de un referendo mantuvieron en el poder a Evo Morales contra el intento derechista de secesión de la Media Luna. En Ecuador, marejadas del pueblo mantuvieron en el poder a Rafael Correa. La primera defensa de la democracia social y económica está en la movilización popular dinámica y oportuna. Ésta se logra a través de la prédica y la práctica de la participación popular. Un gobierno bien intencionado pero respaldado sólo por una población reducida a la pasividad será fácilmente derrocado mediante las recetas clásicas de la agresión externa e interna, el bloqueo y la guerra económica.

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Decía Maquiavelo que difícilmente será derrocado un Príncipe que arma a su pueblo, pues con tal gesto muestra que le tiene una confianza que será siempre correspondida. Las armas no son necesariamente fusiles y bayonetas. La educación, la justicia social, la organización, la participación política son las invencibles herramientas de la articulación de la voluntad popular. Son las armas sociales, que permiten o a veces hacen innecesario el uso de las convencionales.

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Pues a diferencia de las insurgencias armadas del siglo anterior, los proyectos progresistas de comienzos del milenio acceden al poder y lo mantienen por medios escrupulosa e inobjetablemente democráticos. Valiéndose de estos medios institucionales, reinician las postergadas reformas agrarias, instauran o reafirman el control de las industrias que explotan los recursos naturales, emprenden el camino hacia una industrialización moderada y ajustada a las necesidades locales. Esta renuncia a las vías de hecho no les ahorra la violencia contrarrevolucionaria. En Venezuela, cuando un golpe de Estado secuestra en 2002 a Hugo Chávez Frías, las mayorías inundan las calles y lo reinstauran como Presidente. Torrenciales movilizaciones acompañadas de un referendo mantienen en el poder a Evo Morales contra el intento derechista de secesión de la Media Luna. En Ecuador, marejadas del pueblo sostienen en el poder a Rafael Correa. En Argentina, todo tipo de agresiones sacuden los gobiernos de Kirchner y de su viuda María Cristina Fernández. Pero el apoyo popular no salva a los constitucionalmente electos Manuel Zelaya de Honduras y Fernando Lugo de Paraguay. Se plantea así el desafío de cómo elevar al poder y mantener en él a una revolución pacífica a la cual la derecha asalta con todos los recursos de la violencia, el terrorismo y la injerencia imperial. La respuesta consiste en la dinámica y oportuna movilización de masas. Ésta se logra

a través de la prédica y la práctica de la participación popular. Un gobierno bien intencionado pero respaldado sólo por una población reducida a la pasividad será fácilmente derrocado mediante las recetas clásicas de la manipulación mediática, la agresión externa e interna, el bloqueo y la guerra económica.

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En la Unión está la fuerza. La solidaridad es la herramienta con la cual los países pequeños pueden resistir a las potencias hegemónicas. La región latinoamericana y caribeña logró su Independencia a principios del siglo XIX en contiendas en las cuales cooperaron milicias de los más lejanos rincones del Continente. Pero desde finales de ese siglo estuvo sujeta a intentos de integración tutelados por Estados Unidos: la Unión Panamericana, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Organización de Estados Americanos. Estos nudos fueron reforzados con una red de Acuerdos Multilaterales de Inversión, que privilegiaban a los capitales por encima de los países; de Tratados de Promoción y Protección de las Inversiones, que nulificaban las políticas proteccionistas y sometían las controversias a tribunales o Juntas Arbitrales transnacionales; de Tratados contra la Doble Tributación, que garantizaban la inmunidad tributaria de los inversionistas. La potencia hegemónica intentó reservarse la región como una vasta zona absolutamente abierta a sus inversiones y exportaciones con el Área de Libre Comercio para las Américas (Alca), proyecto que recibe en 2004 una aplastante derrota. El nuevo milenio se inaugura con una nueva diplomacia, marcada por la ampliación del Mercosur y la proliferación de organizaciones regionales integracionistas cuya independencia está garantizada por la ausencia de Estados Unidos y Canadá: Mercosur, Unasur, la Celac, el Alba. Las relaciones internacionales se orientan hacia la multipolaridad, y amplían vínculos con Asia, con África, con los No Alineados, con el Bric. Paralelamente, Ecuador y Venezuela se libran de la tutela transnacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones, y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El desafío es perfeccionar esta orientación integracionista y pluralista.

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¿Cómo defender los cambios logrados y aquellos todavía en proyecto? Un dogma oponía los ejércitos latinoamericanos a los cambios sociales. Esto dejó de ser cierto en algunas sociedades con ejércitos de oficialidad de origen policlasista. La institución armada apoya decisivamente las reformas en Venezuela, Ecuador y desde luego en Nicaragua, y no se opone a ellas en Argentina, Brasil ni otros países. Sin embargo, en la región persisten ejércitos que han intentado golpes contra los presidentes electos y perduran más de seis decenas de bases de potencias imperiales. Rafael Correa demostró que se las puede expulsar, al actuar con decisión y patriotismo contra la base de Manta. Atilio Borón ha señalado que así como Estados Unidos

libró sus primeras batallas por la hegemonía en América Latina, librará también allí las últimas. El desafío consiste en abogar por la Independencia de los territorios americanos todavía sometidos al colonialismo, tales como Puerto Rico o las Malvinas, y enfrentar a la Alianza de Pacífico, integrada en parte por países que soportaron prolongadas intervenciones, aplicaron drásticas políticas de eliminación física de la izquierda, aceptan bases estadounidenses y se someten al Consenso de Washington. Quizá las nuevas organizaciones integracionistas deban concertar alianzas militares o tratados de paz y no agresión que dificulten los conflictos y sobre todo la injerencia imperial en ellos.

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En América Latina y el Caribe problemas comunes afortunadamente coexisten con una cultura esencialmente común, en donde la preponderancia de dos lenguas romances y de una religión abre caminos para la intercomunicación de diferencias y semejanzas. Esta conciencia de la latinoamericanidad es el fundamento de todos los proyectos de integración social, económica, política, diplomática y estratégica. El desafío consiste en reafirmarla con sistemas educativos y académicos abiertos a todos que analicen nuestras realidades, sus problemas y las formas de resolverlos mancomunadamente. Repetidamente hemos preconizado medidas tales como: Revisión y divulgación de nuestra Historia común. Libertad y fomento de la circulación de bienes culturales entre nuestras repúblicas. Rescate, preservación y enaltecimiento de nuestro patrimonio cultural. Desarrollo de políticas para eliminación definitiva del analfabetismo, gratuidad de la enseñanza en todos sus niveles, sistemas masivos de educación a distancia y normas integrales de validación y reválida de estudios. Rescisión de todos los acuerdos y tratados mediante los cuales Estados Unidos y Europa ejercen influencia o control sobre los contenidos y métodos de nuestros sistemas educativos y de investigación. Orientación de la investigación académica y científica hacia nuestros problemas regionales. Protección para la música, la cinematografía, la televisión de la región. Red de agencias informativas regionales. Rigurosas normas de responsabilidad social para los medios de comunicación. Multiplicación de emisoras alternativas y de servicio público con alcance continental. Creación de redes de Institutos de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Adscribir la difusión y el apoyo para el cumplimiento de estas metas a redes de medios de comunicación de servicio público y libres, alternativos y comunitarios que nos ayuden a pensar a la región como un cuerpo interdependiente e integrado.

Las Revoluciones en Democracia, las Democracias en Revolución.

Ramón Torres Galarza.

Las revoluciones las hacen los pueblos.

Salvador Allende.

Las izquierdas contemporáneas, en su propio transcurrir y frente al capitalismo en crisis, generan procesos que disputan nuevos sentidos sobre el carácter del Estado, la sociedad, la economía, los derechos y obligaciones ciudadanas, las formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza, la cultura… En definitiva, la vida en común, la causa común, la casa común.

Entre la radicalidad y la racionalidad democráticas es posible encontrar algunos factores que nos permitan comprender estos excepcionales instantes en la historia, cuyo tránsito en curso, los determina como procesos, en medio de la diversa complejidad que los caracteriza.

En la reinvención de las izquierdas, es nuestra obligación trasformar y revolucionar y es nuestro derecho hacerlo en democracia. De la crisis de la democracia nacen las revoluciones y de ellas las nuevas democracias.

La reforma, transformación y democratización del Estado.

Nuestro modelo de Estado en América intentó constituirse fallidamente a imagen y semejanza del Estado europeo. No surgió como vulgar copia de este sino como una imposición del dominio que negó la diversidad existente.

Luego, en el Estado colonial, las formas de organización territorial de la ciudadanía y de la economía se desarrollaron con el objeto de consolidar ese interés hegemónico que les dio origen. Jamás ésta forma de Estado fue construida como una “síntesis activa de la nación”. Los criollos buscaron mediante la idea del «orden y el progreso» legitimar su afán homogeneizador.

Surgió así una forma de Estado no correspondiente con la sociedad y la cultura.

Este modelo unilateral del Estado se torna adicionalmente excluyente cuando su existencia es condicionada a su capacidad de inserción en la economía internacional. Así, el ejercicio limitado de soberanía nace como una patología congénita que impide su crecimiento y desarrollo.

Esta característica de origen de la forma de Estado impuesto en América se diferencia de manera evidente del carácter y modelo de soberanía política, territorial y ciudadana gestado en parte de Europa.

El nacimiento y crecimiento del Estado en América se caracterizó por no representar los intereses plurales de nuestras naciones y por la exclusión de algunos de los elementos más representativos de ellas. De tal modo, el reconocimiento y ejercicio de derechos dependía de la forma en que estos sectores se relacionaban con el Estado y éste reconocía o legitimaba su existencia como ciudadanos.

No interesa desconocer o negar la importancia de contar con una racionalidad organizativa y jurídica del Estado que garantice su unicidad; lo que resulta evidente es el establecimiento de un modelo premeditadamente excluyente que luego amparado por el modelo del estado desarrollista, consagro derechos civiles y políticos que sin duda ampliaron la base social pero mantuvieron concentrado el poder económico.

Posteriormente, el neoliberalismo consagro un régimen de más mercado y menos derechos, de menos estado y más mercado, que mediante la eliminación de las facultades del Estado sobre planificación, regulación, distribución, generación de empleo e inversión pública, determinaron la supremacía del capital sobre la sociedad y el estado.

Hoy en plena fase postneoliberal algunos procesos latinoamericanos buscan no solo una reforma del Estado, sino que pretenden consolidar su profunda, transformación y democratización que logre representar y legitimar los intereses y necesidades económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales de nuestros pueblos.

Se trata entonces de la revolución de la democracia, que supone reconocer la fragilidad y transitoriedad de algunas virtudes y principios de la concepción liberal de la democracia -en la construcción del orden- que luego para representar los intereses del capitalismo neoliberal, corrompieron, degradaron o devastaron algunos de sus principios e instituciones esenciales.

Hoy, algunos de los procesos que se generan en países de la región, por ejemplo: Ecuador, Venezuela, Bolivia, y con particularidades propias Argentina, Brasil, Uruguay, pueden ser caracterizados a partir de apreciaciones iniciales sobre su naturaleza compleja y diversa, que determinan un conjunto de mutuas influencias y confrontaciones existentes entre: afirmación, negación, continuidad y/o disputa de sentidos entre políticas, instituciones, formas de participación, y organización, formas de economía, producción y trabajo; encuentro y desencuentro multicultural e intercultural, situaciones etarias y de género, y circunstancias ambientales extremas. Todos estos elementos buscan converger hacia conceptos de alcance nacional, regional y global, sobre los procesos de transformación en curso. Son la impronta principal que marca este momento en la historia política.

El derecho de la Izquierda.

El nuevo derecho que surge desde la izquierda se fundamenta en: el reconocimiento del carácter individual y colectivo de los derechos sociales y económicos, así como las obligaciones y las garantías necesarias para su ejercicio; el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el reconocimiento de los derechos culturales. Se redefine así, el carácter de los derechos humanos en su complementariedad con la sociedad y la naturaleza, ya no en supremacía sino en interrelación.

Por tanto los nuevos derechos individuales y colectivos buscan definirse en relación de correspondencia y consecuencia con las formas de organización del Estado y la sociedad. Es decir, son fruto de los intereses de clase, las determinaciones sociales y económicas, la cultura, las normas de convivencia, donde los mecanismos de regulación y control, son impuestos hegemónicamente y asumidos individualmente.

La capacidad de ejercer derechos cobra trascendencia y posibilidad si se contextualiza en una serie de instituciones y procedimientos amparados por el Estado y adquieren vigencia plena cuando en su ejercicio se expresan valores compartidos, reales y simbólicos de los modos de vida asumidos socialmente.

Los intereses del capitalismo, expresados en una de sus corrientes más nefastas, el neoliberalismo, organizaron desde el Estado, el derecho y el mercado, la negación de la diversidad, generando el desconocimiento de los derechos políticos, económicos, ambientales y culturales de millones de seres humanos. Y consagraron un régimen de los derechos supremos del capital.

Nuestras culturas en su pluralidad han desarrollado formas de organización, estrategias de sobrevivencia, costumbres, saberes de conservación, formas de producción y productividad que indudablemente hoy buscan ser parte del mercado conservando identidad. Sociedades con mercado y no sociedades de mercado.

Así, la disputa por la transformación del Estado desde intereses democráticos, incluyentes y plurales suponen superar caducas formas de relación social y jurídica marcadas por concepciones que identifican la diversidad como amenaza y no como oportunidad para el desarrollo propio y la crítica al desarrollismo.

Los derechos socioambientales

“Conservar con gente” parece ser la única posibilidad para superar el concepto de desarrollo sostenible y sacarlo de su quietud y condena retórica.

Hasta ahora cierta teoría conservacionista ha formulado la tesis de que los objetivos de preservación de la naturaleza sólo son posibles si se limitan las formas de influencia humana. Esta afirmación puede ser una certeza si la evolución de la naturaleza no hubiere generado la existencia humana, pero, como por dicha lo hizo ciertas formas de relación entre los seres humanos con la naturaleza siguen siendo imprescindibles.

En los países latinoamericanos en la totalidad de Aéreas Protegidas o Parques Nacionales, destinados a conservación de la naturaleza, existen pueblos, comunidades, culturas cuya existencia y continuidad no puede ser resuelta como una falsa disyuntiva entre conservación y desarrollo.

La posible correspondencia de los objetivos de la conservación con el interés por la vida en plenitud, exige la definición de nuevos derechos y obligaciones sociales y ambientales. La mayor parte del dispositivo normativo apunta a separar las relaciones sociales de su interacción ambiental. Lo socio ambiental es todavía una categoría abstracta.

De ahí que el derecho debe buscar redefinir las formas de relación humana con la naturaleza, mediante la determinación de regímenes especiales que consagren el interés público sobre los bienes ambientales y cul-turales, estableciendo mecanismos viables y compartidos de regulación, control y equidad definidos para reconocer: los bienes patrimoniales ambientales, los derechos colectivos ambientales y la función socio-ambiental de la propiedad.

En efecto, no se trata de fortalecer roles omnímodos del Estado, sino de reconocer que la tendencia a la desregulación y a la limitación de funciones, en el caso del ambiente es nefasta y que en su relación con los derechos y obligaciones humanas, debe orientarse a eliminar usos monopólicos, especulativos o de ensimismamiento cultural sobre el ambiente y la economía.

Por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios y de algunas comunidades locales, su cultura debe ser respetada, logrando mantener y cualificar el vínculo existente entre tierra, territorio y recursos naturales. En la concreción y respeto de este tríptico conceptual se define la posibilidad de que puedan seguir existiendo como pueblos, como culturas, como formas de vida y de relación distinta con la naturaleza.

Algunos de los objetivos de la conservación pueden ser cumplidos si se preservan modos de vida y expresiones culturales que guardan relaciones de coexistencia con la naturaleza. La matriz colectiva de la cultura de los pueblos surgió principalmente de los modos de adquirir, conservar y trasmitir sus conocimientos que, generados ancestralmente y codificados culturalmente, se comparten con quienes poseen capacidades para preservar su naturaleza y origen.

Hoy, la expropiación o desvalorización de esos conocimientos, el cambio del oro por los espejos, afecta de manera directa y definitiva a la subsistencia y coexistencia de las culturas ancestrales. Esta constituye una de las claves para descifrar la naturaleza colectiva de los derechos ambientales y culturales.

La recuperación, valoración y desarrollo de los conocimientos ancestrales enfrenta, por un lado, la banalización o el sobredimensionamiento extremo y sin sentido, por parte de algunas organizaciones o individuos, y por el

otro, el interés que cada día se concreta con mayor eficacia, para consagrar regímenes de propiedad intelectual fundamentados exclusivamente en derechos económicos individuales y empresariales.

Gran parte de los regímenes jurídicos vigentes desconocen los derechos a los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos sobre la naturaleza. Su importancia debe da lugar a la existencia jurídica de otras formas colectivas y comunitarias de propiedad intelectual.

Es incuestionable que existe un conflicto que pone en tensión los derechos humanos de muchos pueblos y comunidades frente a los objetivos del crecimiento y del desarrollo. El centro del conflicto constituye el hecho de que aún no se logra reconocer, proteger y valorar el significado con que estos modos de vida y cultura apor-tan hoy a la sociedad en su conjunto. El derecho al desarrollo pleno no puede ser incompatible con la cultura de los pueblos y debe posibilitar superar factores de pobreza, de exclusión, que pretenden mantenerse intocados desde visiones de una suerte de fundamentalismo indigenista y conservacionista (todo pertenece solo a los pueblos indígenas y no debe explotarse, solo conservarse), o aquel fanatismo extractivista (el desarrollo solo es posible sobreexplotando recursos).

No se trata de elevar a categoría de dogma o culto la forma de relación de los pueblos ancestrales con la naturaleza porque sería un concepto incompatible con la idea del crecimiento y el desarrollo. De lo que se trata es de generar nuevos contenidos menos universales y totalizadores de verdades reveladas y más flexibles, capaces de expresar y representar la maravillosa suma de diversidades.

La garantía efectiva para el ejercicio de los derechos sociales y ambientales requiere desarrollar políticas que tornen efectivos los derechos económicos sobre el ambiente y, paralelamente, determinar cuáles son las obligaciones y los beneficios que la sociedad en su conjunto recibe por esta forma de relación con la naturaleza. Con este propósito nos hace falta desarrollar políticas e instrumentos nacionales, regionales y globales, sobre el uso y conservación de los recursos finitos y de los recursos infinitos, para relacionar el aprovechamiento de los recursos naturales con nuevas formas de desarrollo.

Por cierto que esta pretensión es absolutamente contradictoria con el afán establecido para imponer regímenes de libre acceso sobre los recursos de la naturaleza o de subordinar el interés de todos al interés de unos.

Los derechos culturales

El proceso de globalización del capital busca constituir identidades homogéneas que anulan el derecho a la diferencia. Así, la capacidad de ejercicio real de ciertos derechos se define en función de sus niveles o posibilidades de integración al mercado.

“Consumo luego existo” parece ser la lógica que determina la razón de existencia de los ciudadanos en este siglo. Evidentemente, la lógica implacable del consumismo genera, en algunos casos, impactos positivos para las economías desarrolladas y beneficia marginalmente a las que hoy, ellos mismos, las designan con el nombre de economías emergentes.

Esta característica genera impactos socio-ambientales, causa efectos profundos en los modos de vida y de producción, en los comportamientos, en las formas de relación y de valoración social. En definitiva influyen irreversiblemente en la cultura.

Si bien el impacto de la globalización del capital sobre la cultura se manifiesta vertiginosamente en casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, es indiscutible que vamos asimilando sus implicaciones. El ritmo y la naturaleza de esta mutación cultural está marcado por la forma individual de valorar y/o criticar sus virtudes y límites. Su carácter y objetivo se materializan sin dar importancia (sino por el contrario, desprecio) a posturas, procesos o psicologías contraculturales.

Así, la dimensión actual del proceso de globalización genera características de inclusión y exclusión de la sociedad y del mercado. Si el curso de la historia presente está marcado por un exceso de individualización negadora del otro o de lo otro, si la posesión y la competencia se tornan en valores supremos que desconocen el respeto, la tolerancia y la solidaridad (que en el pasado fueron algunos de los elementos constitutivos de nuestra razón social), entonces, ¿cuál es o debe ser el sentido de pensar o reivindicar derechos ambientales, culturales individuales y colectivos?

Frente a los impactos visibles de este proceso, algunas naciones, pueblos y comunidades demandan con dramático realismo existir en el mercado conservando identidad. El desarrollo económico con identidad cultural parece darnos la posibilidad de constituir identidades y marcar diferencias con las tendencias hegemónicas de la globalización.

Transformar y conservar puede ser la alternativa consciente de autoafirmarse para la recuperación, reconstitución y adquisición de nuevas identidades particulares y globales. El estudio de la psicología social después de muchos años podrá dar cuenta si asistimos a un momento terrible de esquizofrenia colectiva o si vivimos un paradigmático momento para la creación de nuevos seres humanos.

Los derechos culturales son derechos colectivos: se materializan y ejercen en escenarios donde el hombre existe, en tierras y territorios concretos; se desarrollan en las formas de producción y productividad, en su relación con la naturaleza, en las tradiciones y costumbres sobre el uso y acceso a los recursos naturales. La cultura nace y adquiere características particulares en los contextos históricos y geográficos donde se genera.

Es imposible reivindicar derechos culturales por fuera de la matriz material donde éstos surgen y se concretan, como también es inevitable y necesario que la cultura se constituya en una interacción con otras matrices civilizatorias.

Una de las trampas de la fe o del dogma en las que hemos caído, o que algunos de nosotros hemos ayudado a construir, es aquella de la abstracción maximalista de los derechos en general y no de las obligaciones en particular.

Hoy requerimos una suerte de aterrizaje forzoso en este tiempo, en el que necesitamos definir con claridad y sobre todo con viabilidad los derechos culturales. Porque si admitimos en las actuales condiciones, y en este contexto, la falsa disyuntiva entre tradición y desarrollo o modernidad y posmodernidad, optar en favor de una de ellas constituiría una suerte de auto-condena para seguir excluidos o para ser excluyentes.

Vivimos el tiempo de una cultura que está por nacer para vivir la diversidad. Los derechos culturales son colectivos e individuales. Para su plena vigencia requieren adquirir nuevos significados y significantes que puedan dar cuenta del cambio en la historia. La vivencia de la pluriculturalidad requiere la construcción de interacciones interculturales que hallen los puntos de encuentro y desencuentro necesarios para fecundar una identidad plural, incluyente y contemporánea.

Hoy no tiene sentido reivindicar desde el ensimismamiento razones culturales o étnicas unilaterales que no expresen la necesidad de un conjunto mucho más amplio de sectores socioculturales. Necesitamos una identidad compartida en la diversidad.

El nuestro es un tiempo de identidades difusas, conservamos partes, pero en su totalidad la identidad está fragmentada. Intentamos definirla al saber nuestro origen, de ahí que la mirada hacia atrás sea necesaria, pero ésta mirada regresiva sólo nos sirve en la medida que sepamos hacia dónde vamos; de ahí lo imprescindible de mirar adelante, porque la identidad no puede ni debe ser el culto o el encantamiento por el pasado.

En consecuencia, la construcción de la identidad exige una mirada atrás y otra hacia delante, como la del Diablo Huma —personaje de una fiesta indígena ecuatoriana— que repite mientras avanza ¿Dónde adelante, donde atrás?. O también como aquella del Dios Jano, de la mitología romana, quién con su mirada bifronte, observa el principio y fin del transitar humano.

Requerimos de una identidad nuestraamericana de origen y de destino que recupere la trascendencia de lo nuestro y que adopte de lo ajeno, aquello que le sea necesario. Así se desarrolla una identidad que se debate y existe entre lo propio y lo ajeno.

Las Democracias en Revolución, las Revoluciones en Democracia. Defino el concepto “democracias en revolución” o “revoluciones en democracia” para referirme a la expansión de la soberanía popular en una conflictividad que no amenaza sino que fortalece la ampliación y radicalización de la democracia como actividad vibrante de decisión de los pueblos, como ruptura de los consensos naturalizadores del poder y la apertura permanente de la discusión sobre el ser y el hacer en común, presidida por el protagonismo de los muchos. Por eso, para nuestros procesos, la radicalidad democrática es el método para generar más y mejor democracia liberadora de las fuerzas creadoras e insurgentes de nuestros pueblos, imprescindibles para la revolución. Una revolución simplemente política puede consumarse en pocas semanas. Una revolución social y económica exige años, los indispensables para penetrar en la conciencia de las masas para organizar las nuevas estructuras, hacerlas operantes y ajustarlas a las otras. No es posible destruir una estructura social y económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarrollado mínimamente la de reemplazo. Si no se reconoce esta exigencia del cambio histórico, la dialéctica de la realidad se encargará de alterarla y subvertir el orden. Atender a las reivindicaciones populares es la única forma de contribuir de hecho a la solución de los grandes problemas humanos; porque ningún valor universal en abstracto, merece ese nombre si no es reductible a lo nacional, a lo regional y hasta a las condiciones locales de existencia de cada familia y de cada ser humano en concreto. Para nosotros, las promesas incumplidas de la modernidad liberal y eurocéntrica son los retos y las necesidades del presente. Para nosotros la construcción democrática es construcción para todos o mera ficción para unos pocos. Para ello las nuevas formas de relación entre el Estado, los partidos y los movimientos deben representar ya no a la parte sino al todo.

Los antecedentes del origen de las revoluciones contemporáneas provienen de las revoluciones de la independencia y luego aquellas que se denominaron “liberal”, ''socialista'', ''nacional'', ''democrática'', ''popular''. Es decir, son determinadas por formas y contenidos distintos y específicos, que en sus cambios y transformaciones aluden a hechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Las revoluciones en democracia se originan de una pluralidad de tendencias ideológicas y políticas que han influido en una heterogénea composición de procesos de cambio, de transformación, de transición y de revolución. Siempre o casi siempre el ideal del socialismo, la lucha armada, la vía democrática o la consolidación del poder ciudadano han determinado su curso en la historia.

La noción de las revoluciones en plural y no de la revolución en particular representan su contemporaneidad, en la continuidad de las luchas emancipatorias, libertarias, anticoloniales, anticapitalistas de liberación nacional, por el socialismo y determinan un tránsito inconcluso de procesos en cuya continuidad se evidencian rasgos de ese pasado que aparece hoy, y se avizoran en el porvenir.

Son procesos revolucionarios en ciernes, cuya temporalidad no puede ser establecida en su inicio y en su fin. Son fenómenos cuya ocurrencia y la diversidad de sus caracteres siempre los asignan una ruta hacia el futuro. Para entender su complejidad histórica hay que situarlas en el origen de su condición anti-colonial y anti-imperialista. Son revoluciones contingentes que dependen de que los hechos y los sujetos revolucionarios les permitan triunfar, ser derrotadas o perdurar en el tiempo por su carácter antisistémico.

La heterogeneidad que las constituye anula la pretensión teórica de contar con ''la vía'' unívoca que las conduce ideológica o políticamente. Existen caminos, rutas y a veces laberintos que en su transitar viven estos procesos.

Son revoluciones que no han logrado, ni se han planteado, por inviable, generar ''la fractura'' absoluta ni de la sociedad, ni del Estado, ni de la economía. Han producido rupturas, transformaciones, cambios. Todos estos marcados por la contingencia y conflictividad como también por acuerdos temporales que entre las clases han generado factores de crisis pero también de estabilidad. Son cambios radicales y profundos que coexisten en disputa con otras formas que perviven del capitalismo, hasta decantar nuevas condiciones.

El pensar y el actuar para la producción de hechos revolucionarios cuyos logros tengan que ver con el corto, mediano y largo plazo exige también no solo pensar en sus causas sino en sus salidas y en las derivaciones que pueden ser nacionalistas, populares, socialistas, etc... Es decir que se adecúan, se desarrollan con capacidades de

transformación adaptativa dependiendo de las condiciones socio-económicas, la correlación de fuerzas, la situación geo-política y otras.

Son revoluciones en que el pasado, el presente y el futuro coexisten potenciándose.

Las izquierdas para ser contemporáneas tenemos que resignificar las luchas por nuevas formas de democracia radical y democratizar los hechos revolucionarios al ser logros de los muchos y no solo de unos.

Analicemos entonces, algunos logros y transformaciones que en democracia, caracterizan algunas tendencias en curso que existen en América Latina y abordemos algunos de sus límites actuales, que son los que definen los retos de futuro, veamos: El sentido y alcance de las revoluciones en democracia (por ejemplo: Bolivia, Ecuador, Venezuela) se determinan mediante reformas constitucionales, que reconocen por primera vez el poder constituyente de los pueblos, conjugan -en plural- la existencia de un sujeto histórico múltiple y protagónico: el poder de la ciudadanía, la soberanía popular basada en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Logran legitimarse y relegitimarse electoral y socialmente y generan capacidades de control social sobre el Estado y el mercado.

Han realizado la mayor inversión pública de toda nuestra historia y han implementado mecanismos de distribución y redistribución de la riqueza que hoy generan factores de inclusión económica notables.

A partir del contenido constitucional, algunos de estos procesos, diseñan y ejecutan políticas públicas que permiten dotar de garantías efectivas para la vigencia y ejercicio de derechos y desatan transformaciones profundas en la institucionalidad pública. Amplían la cobertura, la calidad del Estado en la sociedad. Convocan o deben convocar a la participación como el factor determinante para el impacto en la ejecución de las políticas públicas y el ejercicio del poder ciudadano. Buscan redefinir las formas de relación entre el Estado, la sociedad y el mercado.

El carácter de la revolución de la democracia aplica como método la ampliación y profundización de todas las formas y niveles de participación, consagra la representación y gestión del interés público como el factor principal del retorno del Estado y del ejercicio de autoridad. Gobernar y mandar obedeciendo al poder popular, al poder ciudadano, para que aquellas formas de organización social puedan superar el clientelismo, el paternalismo, el corporativismo o el gremialismo. Es decir, el poder de nuestros pueblos para ejercer su mandato y desatar los poderes de liberación nacional.

Son democracias en reforma y revolución porque buscan cantidad y calidad de la democracia que nos permitan superar los factores de exclusión económica, política, social cultural y ambiental.

La administración soberana de nuestros recursos estratégicos; las inversiones en infraestructura, salud, educación, vivienda, el combate a la pobreza, la democratización de los medios de producción, la distribución de la riqueza, el impulso de factores de producción, productividad, distribución y consumo, el desarrollo y democratización del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, la responsabilidad social y ética de los medios de comunicación son los frutos nacientes y los logros de estas nuestras revoluciones democráticas.

Nuestros procesos se encaminan a ordenar el territorio desde el interés común, desarrollando capacidades y herramientas de planificación y de políticas que nos permitan compatibilizar los objetivos de conservación ambiental con los objetivos de desarrollo. En términos operativos se trata de la zonificación de áreas destinadas complementariamente a la explotación racional de recursos naturales, la conservación ambiental, el desarrollo local y el reconocimiento de la significación que las tierras, territorios y recursos naturales, tienen para la continuidad de la existencia de los pueblos ancestrales y las comunidades locales. En suma, la organización del Estado y del poder popular en el territorio.

Adicionalmente el desarrollo de los factores de innovación, ciencia y tecnología para los objetivos del buen vivir, el valor social y productivo del conocimiento, requiere activar iniciativas, públicas, privadas y comunitarias que potencien factores de la competitividad, producción y productividad, cadenas de valor, industrialización, etc.

Los cambios de matriz energética y productiva constituyen prioridades fundamentales si queremos erradicar los sistemas principales en que se sustenta el capitalismo depredador y salvaje con los seres humanos, la naturaleza, y las fuentes de agua, energía y alimentos.

El retorno del Estado en estos procesos, posibilita limitar el desenfreno del crecimiento económico sin fin, desde el interés del capital, regulando y planificando el crecimiento con fines y definiendo los objetivos para el desarrollo y el buen vivir. No podemos ni debemos organizar el crecimiento de nuestra economía desde las demandas del mercado y el gobierno del capital especulativo y financiero, y peor aún ser esclavos del consumismo que satisface realidades, culturas e intereses ajenos.

La identidad y pertenencia cultural nos obliga no solo a proclamar la diversidad sino a generar factores para vivir una democracia intercultural, donde en la multiplicidad de sentidos, en el diálogo deliberativo, se potencian los saberes y quereres comunes para alcanzar la cohesión y unidad en la diversidad. La existencia de sujetos plurales que construyen una hegemonía plural. Esos colores, olores y sabores de nuestras democracias.

Los antecedentes del origen de los procesos de transformación en latinoamerica, provienen de distintas fuentes: las luchas de clase y de los movimientos sociales, la actividad de los partidos políticos, las iniciativas ciudadanas y gremiales, las insurgencias y revueltas populares etc. Es decir nacen de distintos intereses y formas de acción que logran momentos de convergencia y divergencia notables.

En ellos se producen las rupturas que transforman. Por ello el presente y porvenir de nuestros procesos dependen de la capacidad de lucha y representación que logren y de la convocatoria, organización y movilización de una pluralidad de sujetos políticos, económicos y sociales para la construcción de la nueva hegemonía emancipatoria.

Y es que la cohesión social y cultural de nuestras revoluciones en democracia, también y esencialmente tienen que ver con la capacidad de coexistir respetuosamente con otras formas de organización y de vida, por ello, el principio del buen vivir, las democracias para el buen vivir, son nuestra mayor aspiración de presente y de futuro.

El capitalismo y el perverso neoliberalismo tornaron incompatibles las instituciones de la democracia liberal burguesa con el voraz dominio de la sociedad de mercado gobernada por el interés especulativo financiero.

Sus fórmulas proclamadas “más mercado, menos derechos”, “menos Estado, más mercado” pervirtieron algunas de las virtudes esenciales”, y devastaron los valores y principios fundacionales de la democracia liberal.

Frente a las democracias devastadas por el capitalismo, nuestras revoluciones proclaman la primacía de los derechos de los seres humanos, del trabajo y de la naturaleza sobre los derechos del capital. Este constituye uno de los imperativos categóricos de nuestras revoluciones en democracia.

Son revoluciones porque habilitan económicamente a los sujetos que históricamente fueron excluidos del mercado. Ya no garantizan solamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos, sino que permiten que los ciudadanos ejerzan sus derechos económicos, aquellos que la tendencia conservadora de la doctrina sobre de los derechos humanos, definió como derechos difusos, de tercera generación, que no podían ni debían demandar su cumplimiento al Estado.

Hoy precisamente son las experiencias de los gobiernos que analizamos, las que más y mejor reconocen, promueven y garantizan el ejercicio de los derechos económicos de la mayoría de nuestros pueblos. No

podemos ser ciudadanos si solamente ejercemos derechos civiles y políticos. Esta es una de las principales claves de interpretación del carácter revolucionario de algunos de nuestros procesos. El derecho a tener derechos. Las nuevas formas de poder y de relación entre el Estado, los derechos y el mercado.

Las nuestras son las revoluciones que representan el interés público, ya no el de uno, o el de algunos, sino el de todas y todos. De la tragedia de los comunes al poder de los comunes. El interés público definido no por una entelequia teórica, sino por la opción por los más pobres, nuestros pueblos, nuestros mandantes. Los comunes.

Son democracias en revolución, por cuanto han sembrado semillas que han dado los frutos de los nuevos liderazgos latinoamericanos, que piensan, sienten y son como sus pueblos, que representan su dignidad y soberanía en la historia y han recuperado para siempre, su ser colectivo, y así, nos devuelven no solamente la capacidad de soñar sino la posibilidad de actuar para ser libres.

Las nuestras serán revoluciones mayores si logran transformar profundamente la herencia colonial y patriarcal presentes en el conjunto de las instituciones del Estado y de la sociedad. Comprender y actuar para eliminar no solamente las formas de explotación y dominio contra las mujeres, sino definir también aquellas que necesitamos para lograr desde la equidad de género, equidad y justicia para todas y todos. Sólo así es posible valorar el papel de la mujer en la historia, el rol de las mujeres en las revoluciones. Porque son ellas quienes reproducen, con la madre tierra, la fecundidad y fertilidad de todas las formas de vida.

Las nuestras serán revoluciones, si en la determinación de su identidad y destino, son los movimientos sociales y otras formas de poder ciudadano,-desde lo nacional y popular- quienes ejercen control social del Estado y de manera relativamente autónoma, generan identidades trascendentes y diferencias fecundas, en la ejecución de políticas públicas. Es decir una interacción afirmativa que diferencia los actos de gobierno de los de la construcción del poderío social y sus formas de organización y representación. Solo así es posible que los movimientos liberadores de los pueblos, su permanencia y continuidad, existan más allá de los gobiernos. Y los logros de las revoluciones sean irreversibles, al diferenciar el ejercicio del gobierno de la construcción del poder popular.

Evidentemente las transformaciones emprendidas por los gobiernos, para ser profundas y tener continuidad, requieren de una consecuente, activa, alineada y estratégica, fuerza organizada de los movimientos sociales; quienes para garantizar la orientación y la definición de los beneficiarios de las políticas públicas requieren movilizar sus fuerzas; pero a la par, necesitan orientar su poderío para defender los logros, y virtudes de las acciones positivas de los gobiernos revolucionarios, al optar por los más pobres. Solamente así es posible desmontar los permanentes afanes de la derecha al sobredimensionar nuestros límites y señalar solo nuestros errores, para generar permanentemente factores de caotización, desestabilización e intentos de golpes de

Estado. Necesitamos diferenciar con claridad y firmeza los intereses de clase y organizar los acuerdos necesarios sobre objetivos nacionales compartidos.

Son nuestras las revoluciones que no se repliegan sobre sí mismas y contemplan vanidosas e inmóviles sus logros, sino que al contrario se despliegan abierta y generosamente para multiplicarse en la conjugación del plural que las constituye. Y así criticándose y valorándose en su relación con los otros, con los distintos, logran desarrollarse autoafirmándose, en el continente más desigual del planeta.

La riqueza y vitalidad de nuestras culturas, en las democracias en revolución, constituyen los elementos fundamentales de su identidad: su carácter pluricultural, su vocación de complementariedad, el diálogo de saberes y conocimientos, nuestra megadiversidad, configuran un patrimonio tangible e intangible, para compartirlo de manera soberana, justa, equitativa y solidaria, con toda la humanidad.

América Latina y el Caribe a los 200 años de los procesos de independencia, declaran su voluntad de integrarnos en esa maravillosa diversidad que nos constituye, como pueblos, como culturas como formas de vida distintas. Somos mucho más que un mercado. Por eso los procesos de integración regional ALBA, CAN, UNASUR, CELAC, el nuevo MERCOSUR, evidencian todas las potencialidades de un esfuerzo de convergencia, de sinergia, entre esta maravillosa suma y multiplicación de diversidades.

El ser del sur. El pensar, el sentir, el estar, el actuar, en América Latina el Continente para el Buen Vivir.

Finalmente, no es posible la vida plena de nuestros procesos si no asumimos las obligaciones y principios para el buen vivir en democracia y esto alude fundamentalmente a la ética individual y pública, a los principios del no mentir, del no robar y de no ser ociosos. Ama quilla, ama shua, ama llulla. En ellos tal vez se encuentra la mejor síntesis de la simple complejidad del buen gobierno, de las democracias y las revoluciones para el buen vivir.

Por todo esto, y desde la memoria que es de pasado, de presente y de futuro decimos: Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con atención la vida real, de

confrontar nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.

Lenin

Caminamos hacia el socialismo no por amor académico a un cuerpo doctrinario. Nos impulsa la energía de nuestro pueblo que sabe el imperativo ineludible de vencer el atraso y siente al régimen socialista como el

único que se ofrece a las naciones modernas para reconstruirse racionalmente en libertad, autonomía y dignidad. Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista y

dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro de las bases mismas de la solidaridad humana.

Salvador Allende

Treinta años de democracia en América Latina: Procesos de democratización y amenazas

Alba Carosio CLACSO

La dictadura como destino reiterado

En 1974, Alejo Carpentier decía que “es significativo que en menos de un año hayan salido tres novelas sobre el personaje tristemente arquetípico del dictador latinoamericano que nos persigue como una plaga, siniestro producto de nuestro suelo, siempre in crescendo de crueldad y violencia desde los albores del Siglo XIX”. Sostenía que siendo el dictador un producto siniestramente característico del suelo americano, es necesario mostrar su realidad y tratar de desentrañar los enigmas de su reaparición periódica y casi continuada en el escenario latinoamericano, donde las juventudes están en lucha contra él desde hace más de un siglo.1

Nuestra América está ligada en la imaginación mundial a la dictadura. La historia de América no conoce luchas dinásticas, ni guerras de sucesiones al trono, se desarrolla en torno a la lucha de clases y la lucha por la democracia. La historia de América Latina es, a grandes rasgos, la historia de las dictaduras que se suceden y, particularmente, de los derrocamientos de gobiernos democráticos por militares que, aliados de las clases privilegiadas, de la burguesía y de los intereses internacionales, frustran, sangrientamente, las esperanzas de los pueblos.

El tratamiento literario de la pesadilla real que constituye la dictadura, dio lugar a un subgénero específico de la literatura latinoamericana. La dictadura es uno de las iniciales en la novela de América Latina. Se manifiesta ya a comienzos del siglo XIX, casi simultáneamente con el surgimiento de la novela y sigue existiendo hasta casi finales del siglo XX (con algunos retoños valiosos después del 2000) como reflejo de uno de los problemas más preocupantes de la realidad en el continente: el del poder dictatorial tiránico, autoritario y antipopular.

La década de 1960 marcó para América Latina una época de inmensa creatividad, unificación emotiva y difusión internacional en la música, la poesía, la pintura y, sobre todo, en la literatura. Había un espíritu de unificación en torno al ideal de construir modelos sociopolíticos que beneficiaran a la mayoría de la población y no solamente a la élite, y una voluntad de re-conocer la identidad común que presuntamente compartían los pueblos latinoamericanos. La novela del dictador latinomericano responde a la convicción de que la cultura y la literatura tienen una tarea especial para la comprensión y superación de los males de nuestro continente, de entre ellos, principal es el autoritarismo. No hay límites entre la realidad y la fantasía, los personajes arquetípicos de los dictadores se forman con características de quienes lo fueron en distintos países, mostrando lo común que hay en nuestras sociedades. El Señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias se considera como la novela de la dictadura fundadora de este género en el Siglo XX; le siguen Conversación en La Catedral (1969) de Mario Vargas Llosa; Yo el Supremo (1974) del paraguayo Augusto Roa Bastos, sobre Gaspar Rodríguez de Francia de Paraguay; El recurso del método (1974) del cubano Alejo Carpentier; El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez; Maten al león (1969) del mexicano Jorge Ibargüengoitia; y aún continúa más recientemente con La Fiesta del Chivo (2000) de Mario Vargas Llosa, sobre Rafael Leónidas Trujillo, de la República Dominicana. Tejidas por mitos y realidades, todas ellas son denuncias contra la opresión y la anulación de la personalidad humana frente al poder.

1 Carpentier, Alejo (1981) La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo y otros ensayos. México: Siglo XXI. Pag. 157/158

La Doctrina de la Seguridad Nacional

La Doctrina de la Seguridad Nacional hace referencia a la ideología y acciones de política exterior de Estados Unidos que se transmitieron a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos, para que modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno. La finalidad fue combatir las ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Se basa en la perspectiva de Guerra Total contra el comunismo, lo que justifica la toma del poder por parte de las fuerzas armadas y la violación de derechos humanos. La Doctrina de la Seguridad Nacional implica que los enemigos están dentro del país, no hay barreras para su aniquilación, ni siquiera las garantías constitucionales. La DSN es la base ideológica de sustentación de un Nuevo Modelo Político en Latinoamérica: el golpe de Estado militar al servicio del statu quo para garantizar el mantenimiento de las relaciones de dominación y la exclusión social y política.

Dos postulados fueron la base de la DSN: la bipolaridad y la guerra generalizada. Los dos bloques en que se dividió el mundo fueron el occidente cristiano y el oriente comunista, en guerra permanente. Los países latinoamericanos eran objeto de subversión interna que provenía del enemigo, del comunismo; la seguridad nacional y la sociedad misma estaban en peligro porque las ideas comunistas se filtraban por todas partes. La definición de la subversión y la calificación de todas las demandas y luchas populares como subversivas fue el fundamento de la DNS. Las fuerzas armadas latinoamericanas hicieron la DSN parte central de su formación académica en sus escuelas. Ya desde 1946, estuvo operando la Escuela de las Américas en Panamá, que en 1984 se trasladó a EEUU, su misión fue educar a integrantes seleccionados de los cuerpos militares y policiales latinoamericanos con temas tales como terrorismo, guerrilla y torturas, teniendo como centro el enfrentamiento a la “amenaza” comunista. Otras instituciones norteamericanas de formación militar y el intercambio de oficiales visitantes fueron también mecanismos para afirmar la ideología anticomunista y la admiración incondicional y mimética del american way of life.

La DSN supone una desnacionalización de las fuerzas armadas, y su alejamiento del pueblo que conforma la nación. La operación militar se aleja de la defensa y se concentra en la vigilancia sobre los propios ciudadanos. Son así fuerzas armadas que asumen un rol de policía político-militar postergando su condición de ejército defensivo, se transforman en fuerzas de ocupación de su propio país, en defensa de los intereses de las clases altas y capitales norteamericanos, ejerciendo para ello un disciplinamiento social basado en el terrorismo de estado.

Empleando la DSN los Estados Unidos consiguen unificar el accionar de las distintas dictaduras latinoamericanas, a saber Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), el Proceso de Reorganización Nacional (Videla, Viola y Galtieri) en Argentina (1976-1983), Juan María Bordaberry en Uruguay (1973-1985), el general Hugo Banzer en Bolivia (1971-1978), la dinastía de los Somozas (1937-1979) en Nicaragua, los gobiernos de El Salvador durante sus más sangrientos años de guerra civil (1980-1988); del gobierno colombiano de Julio César Turbay Ayala con su famoso "Estatuto de Seguridad" (1978-1982).

Se unificó la acción represiva de todos estos gobiernos mediante los denominados Plan Cóndor en Sudamérica, y la Operación Charlie en Centroamérica. Es conveniente añadir que en Argentina, uno de los precursores de la DNS fue el plan CONINTES, sancionado y puesto en práctica durante el gobierno de Arturo Frondizi en 1958. La sigla significaba «CONmoción INTerna del EStado», y consistía en poner a las Fuerzas Armadas y de seguridad a disposición de la represión interna, permitiendo la militarización de los grandes centros urbanos y permitiendo allanamientos y detenciones a los líderes opositores.

La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América —Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y de vez en cuando Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador—con la CIA de los Estados Unidos llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. A principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos: El Plan Cóndor fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una reunión realizada en Santiago de Chile.

La Operación Charlie es el nombre clave con el que fue conocida una operación militar clandestina del Ejército Argentino en acuerdo con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para implementar en América Central los métodos represivos ilegales. A partir de 1979, el régimen militar argentino se comprometió activamente en desarrollar la guerra sucia en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y exportando la experiencia argentina. En Noviembre de 1979, en la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos en Bogotá el general Viola desarrolló su plan de latinoamericanización del modelo terrorista estatal y fueron unánimemente aceptadas sus propuestas para diseñar un nuevo esquema educativo para las fuerzas armadas hemisféricas y coordinar esfuerzos en la lucha contra la subversión comunista. En esta conferencia se impuso el concepto de “fronteras ideológicas” por encima de las fronteras geográficas, un concepto que legitima de intervención militar cuando se trata de restablecer el orden interno. Cuando Reagan asume la presidencia en enero de 1981, las Fuerzas Armadas argentinas deciden convertirse abiertamente en su fuerza expedicionaria en América Central.

La violencia explícita y visible fue la facilitadora del orden que pretendía realizar una modificación civilizatoria. El núcleo del que parte la DSN es la intervención de los militares como corporación en campos de la política. El mérito principal de la dictadura genocida fue la “destrucción” de sujetos para el cambio social y político, y la afirmación un orden económico, social, político y cultural construido desde aquel experimento sustentado en el terrorismo de Estado. La sociedad se congela bajo regímenes autoritarios y se moviliza bajo regímenes democráticos.

Sin embargo, como señala Ruy Mauro Marini en 1985, “las Fuerzas Armadas se mostraron incapaces de construir regímenes políticos estables, lo que constituía al fin y al cabo la misión prioritaria que les había asignado Estados Unidos”, y “se creaban constantes conflictos en su seno, ya sea por su nacionalismo exacerbado, que provocó más de una amenaza de conflicto en la región y acabó por generar un acontecimiento como la guerra de las Malvinas”.

El Regreso de las Democracias (formales – restringidas)

A principios de los años 1980, el modelo económico y político comenzó a dar claras muestras de agotamiento, lo que provocó numerosas tensiones sociales. En los años ochenta, se hizo obsoleta la guerra como medio de resolución de conflictos entre las potencias, en contraposición con su proliferación tanto interna como internacional en el mundo subdesarrollado. La Doctrina de la Seguridad Nacional fue sustituida por las “guerras de baja intensidad” como forma de intervención militar de EEUU en América Latina. Con los llamados procesos de redemocratización salen a la luz pública las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas de la región.

Inspiradora y principal beneficiaria de los regímenes militares, la burguesía comenzó a separarse de ellos a cierta altura del proceso, para plantearse la conveniencia de asumir la gestión directa del aparato estatal, con una propuesta de dos líneas básicas: la democracia parlamentaria y un Estado neoliberal. (Ruy Mauro Marini, 1985).

La hegemonía burguesa está presente en todos los movimientos antidictariales, aunque hayan sido comenzados por el pueblo.

Hay cierto consenso en señalar el año 1983 como el comienzo de los procesos de re-democratización en América Latina, en especial por los siguientes hechos:

• En enero de 1983 los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela establecieron un sistema de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica, especialmente frente a los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En septiembre de 1984, fue presentada el Acta de Paz y Cooperación de en Centroamérica de Contadora, que contenía un detallado esquema de compromisos para la paz, la democratización, la seguridad regional y la cooperación económica. No fue apoyada por USA porque reconocer al gobierno de Nicaragua y a reconocía a las intervenciones militares unilaterales en el área.

• 18 de febrero de 1983: en Venezuela sucede el Viernes Negro: después de un siglo de estabilidad económica, el Banco Central anuncia la devaluación del bolívar venezolano, dando inicio a una prolongada crisis económica en el país petrolero.

• El 17 de noviembre de 1983 los miembros de algunos grupos guerrilleros y de la oposición política mexicana conformaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre los años 1988 y 1989 el EZLN creció de 80 combatientes a 1300.

• 10 de diciembre de 1983: en Argentina, Raúl Alfonsín asume la presidencia después de la sangrienta Dictadura Militar (1976-1983).

• 14 de diciembre de 1983: en Chile, inicia sus actividades el Frente Patriótico Manuel Rodríguez2 (brazo armado del Partido Comunista) con un apagón eléctrico a nivel nacional. Junto con ello, se suceden las masivas protestas en las calles de Santiago y diversas ciudades del país, la oposición al Régimen de Augusto Pinochet, no se detendrá. Política de rebelión popular de masas impulsada por el Partido Comunista de Chile.

Simultáneamente, hechos a nivel internacional acompañan y favorecen los procesos de re-democratización que van produciendo durante la década de los años 80. En 1984 se cierra la Escuela de las Américas, son electos Ronald Reagan (1981-1989) y Margaret Thatcher (1979 a 1990), en 1985 tienen lugar el Glasnost y la Perestroika, en 1986 la explosión de Chernobyl que culminan con la disolución de la URSS en 1991. 1989 fue un año crucial por la Caída del Muro de Berlín, los sucesos de la Plaza Tiananmen, el alzamiento en Rumania y consiguiente ejecución de Ceausescu y su esposa, y la Invasión a Panamá. Captura de Noriega. Bombardeo al Barrio de Chorrillos. 1990 fue el año del lanzamiento del Consenso de Washington, expresión programática del neoliberalismo y de su “pensamiento único”. Se sentían tan seguros y victoriosos, al punto que las fuerzas neoliberales codificaron su triunfo en normas obligatorias “para cualquiera gobierno serio”. (Emir Sader, 2012)

Finalizando la década de los 80 es posible poner en relación los procesos de democratización regionales con el colapso de las sociedades del socialismo histórico este-europeo y la autodisolución de la URSS. Este colapso facilitó la identificación ideológica entre victoria del mercado y victoria de la democracia. Se instaló la doctrina neoliberal progresista de la democracia, alineado con la teoría burguesa y América Latina se convirtió en un laboratorio para el neoliberalismo.

La sociedad deja de concebirse como formada por ciudadanos, para ser vista como como conjunto de consumidores, productores y ahorristas, el estado no debe intervenir en la decisiones económicas, se deben 2 Héroe de la Independencia Chilena. En el periodo de la Reconquista española, su labor como guerrillero, espía y principal figura de la resistencia independentista en Chile lo transformó en mito y leyenda popular. Durante la Patria Nueva, tras la victoria independentista de Chile en la batalla de Chacabuco, Rodríguez conspiró más de una vez para deponer del cargo de director supremo a Bernardo O'Higgins. Fue asesinado por la espalda cuando era conducido a la cárcel, acusado de "alborotador incorregible"

eliminar todos los controles. El estado ideal es mínimo o inexistente. Las decisiones fundamentales acerca de la dirección de los procesos económicos, sociales y culturales se construyen fuera del sistema político formal, quedaron en manos de grupos de presión más conocidos como "poderes fácticos" (grupos empresariales, entidades internacionales como el FMI y el Banco Mundial, conglomerados que controlan los medios de comunicación, etcétera). Los votantes son concebidos también como consumidores mientras que las elites políticas son los empresarios que ofrecen programas alternativos; son ellos los que crean la demanda, respetando la soberanía del consumidor sólo en lo que se refiere a la decisión de los votantes respecto a cuáles de los candidatos preseleccionados serán sus representantes (Contreras, 2003). el estado queda supeditado a las decisiones económicas y a las corporaciones.

Algunas de las ideas sobre la sociedad democrática establecidas en el sentido común de la época – según Eliades Acosta Matos (2013) - fueron: o El conflicto social se desata por cuestiones de ideas, tiene un origen puramente subjetivo y voluntarista. o La democracia tiene como sentido principal la tolerancia, reduciendo el concepto a una democracia de

mínimos, y convirtiendo en fines los instrumentos (por ej. elecciones) o La pugna se reducía a un gobierno militar y las ganas de ser libres. o Lo político fue sustituido por lo administrativo: políticas públicas, marco jurídico, sentencias, programas y

proyectos Todas las cuales conducían, a una visión muy restringida de la democracia, donde no se discutían proyectos de sociedad, sino simplemente se administraba lo poco que podría decidir el Estado, para lo cual se consultaba a la población mediante elecciones, convertidas en la única calificadora. Es así como se impusieron bipartidismo, pragmatismo, desideologización, dominio de las minorías, democracias en las que el ciudadano vota pero no decide, se desmovilizó el pueblo y se concentró la vida política en torneos electorales que eran operaciones de mercadeo.

En este contexto, el concepto y la práctica de la democracia se vuelve “ilusión democrática” como la definió Badiou: la aceptación de los mecanismos de la democracia liberal como marco final y definitivo de todo cambio, lo que evita el cambio radical de las relaciones capitalistas. Se impuso así el discurso que se centra en la democracia como valor, sin impugnar sus prácticas reales. La democracia liberal fue también un modo de garantizar en la práctica su permanencia a través de medidas que cambiaron con el tiempo, pero mantuvieron su objetivo: restricciones al sufragio, primacía absoluta del derecho de propiedad individual, sistema político y electoral con múltiples válvulas de seguridad, represión violenta de la actividad política fuera de las instituciones, corrupción de los políticos, legalización del lobby. Además, siempre que la democracia se mostró disfuncional, se mantuvo abierta la posibilidad del recurso a la dictadura3, algo que sucedió muchas veces.

A pesar de este contexto, la democracia llegó a tener en las masas populares un sentido mucho más radical que el electoralismo, se entendió como supresión de la explotación y los privilegios. El voto era sentido como un instrumento para la igualdad a pesar de que los sistemas electorales y los poderes fácticos hacían muy difícil o casi imposible su concreción en mejorar las condiciones de justicia social.

Estas democracias en la última década del siglo XX permitieron implantar el neoliberalismo, América Latina fue el primer escenario donde se implantó, y también donde se produjeron los primeros rechazos. Los movimientos sociales estuvieron a la vanguardia de la lucha contra el neoliberalismo, y fueron abriendo procesos de democratización de las democracias.

3 Esto constituye lo que Fernández Liria y Alegre Zahonero (2006) llaman la “pedagogía del voto”, cuando los pueblos votan incorrectamente se produce el golpe de estado. Venezuela logró romper con esta pedagogía cuando en 2002 vence al golpe.

En el contexto de derechos políticos se producen resistencias y luchas contra el neoliberalismo protagonizadas por fuerzas y movimientos sociales, las ONG y los reclamos son antecedentes de los procesos de democratización. Un recuento de estas luchas, realizado por Marta Harnecker (2013) incluye:

o 1989 – CARACAZO o 1990 – Ecuador – Toma de la Iglesia de Santo Domingo. Frente patriótico dirigido por la

CONAIE. o 1990 – Chile – Luchas mapuches o 1992 – Uruguay – Plebiscito contra la Ley de Privatizaciones o 1994 – México – Ejército Zapatista enarbola la lucha contra el ALCA. Puso en debate el tema de

la ética en la política. o 1995 – Brasil: el MST se consolida como el primer referente contra el neoliberalismo o 2000 – Bolivia - Guerra del agua. Cochabamba se levanta contra la privatización. o 2000 – 2002 – Brasil – Plebiscitos contra la deuda externa y el ALCA. o 2003 – Bolivia – Guerra del gas o 2001- 2002 – Argentina – los sectores populares encabezados por movimientos de trabajadores

desocupados se insubordinan contra las maniobras financieras, cinismo político y corrupción gubernamental.

o 2006 – Chile – Se levantan los estudiantes secundarios.

Las luchas sociales apuntan a la construcción de una nueva ciudadanía, entendida como el derecho a tener derechos, que expande la visión liberal de la democracia, desde los canales institucionales de participación política hacia un modelo social diferente. (Favela Gavia, M y Guillén, D.). Todo lo cual va dotando de nuevos sentidos a la democracia y creando las condiciones objetivas para la movilización política de grandes sectores de las sociedades latinoamericanas.

Todo lo cual nos lleva al planteamiento que sostiene Helio Gallardo sobre el concepto de democracia, indica que esta idea hace referencia a tres tipos de fenómenos:

1. Designa un estilo de existencia o de vida y su correspondiente ethos cultural 2. Designa el gobierno por el pueblo (soberanía popular) 3. Remite a un procedimiento para elegir o cambiar gobiernos y gobernantes

Gobiernos a la izquierda y nuevas democracias

En las últimas tres décadas, emergieron nuevas formas de democracia en la región. Los regímenes políticos de la década del ´90, basados en el Consenso de Washington, fueron rechazados por los electorados en 10 de 18 países, en lo que se ha descrito como una “fiesta democrática”, dando lugar a regímenes más progresistas y de gran liderazgo popular a partir de 2002.

Algunos vinieron de rupturas como Argentina, Venezuela y otros surgieron como transiciones, todos son procesos sociales, con nuevos actores que dan importancia a la visibilidad y la participación popular. Las definiciones y formas de la democracia han cambiado en esta etapa, generando nuevas expectativas en la población acerca de los cambios en el bienestar que estas nuevas formas democráticas podrían traer aparejadas. Para algunos, la democracia significaba la protección de los pueblos frente a la acción de Estados autoritarios y la represión. Para otros, la democracia implicaba justicia e igualdad social y económica. Estas metas, y el equilibrio entre ellas, han sido objeto de intensos debates entre los académicos, la sociedad civil y los políticos de la región.

Todos estos gobiernos buscan ampliar el rango de sus democracias, en el marco de una profunda reivindicación de la soberanía nacional y la independencia. Sin embargo, esta tendencia es constantemente amenazada por USA, que trata de recuperar su hegemonía. La nueva época de gobiernos de izquierda en América Latina, produjo una acumulación de fuerzas en la unión, lo cual conllevó derrotas para USA y acciones de ésta para desalojar gobiernos y recuperar predominio. En un cuadro hemos resumido algunos hitos de este proceso.

GOBIERNOS de la Región Derrotas de USA Reacciones de USA 1998 – Hugo Chávez 2000 – Ricardo Lagos en Chile 2002 – Lula 2002 – Golpe fracasado contra Chávez 2002-2010 Álvaro Uribe Política de Seguridad Democrática de

Álvaro Uribe 2003 – Néstor Kirchner 2003 – Consenso de Buenos Aires

- Argentina-Brasil

2004 – Primera derrota ALCA en Mar del Plata, creación del ALBA

2005 – Tabaré Vázquez 2006 – Bachelet – Rafael Correa – Álvaro Colom en Guatemala

2006 – Represión de Atenco, Fraude contra López Obrador en el que gana Felipe Calderón

2007 – Daniel Ortega

2008- Fin de la base de Manta, Cuba ingresa al Grupo de río, nace UNASUR

2009 – nace el Banco del Sur 2009 - Golpe contra Zelaya en Honduras

2010 – Dilma Roussef 2011 - Nace CELAC

2012 – Golpe a Fernando Lugo Paraguay, Elección de Peña Nieto en México

Los gobiernos de América Latina pueden caracterizarse en esta etapa de la siguiente manera: I. Gobiernos que pretenden refundar el Neoliberalismo: Álvaro Uribe, Enrique Peña Nieto, Juan Manuel

Santos II. Gobiernos de la izquierda, que coinciden en la voluntad de construir una sociedad que no esté basada en

la explotación y tenga altos niveles de justicia social, son gobiernos que tienen en común la legitimación de las políticas sociales y el privilegio del proceso de integración regional. Coinciden todos en recuperar el papel del estado como promotor económico y la distribución del ingreso. Algunos analistas consideran que hay dos tipos en este bloque

a. Gobiernos Anti neoliberales: Argentina, Brasil, Uruguay b. Gobiernos anticapitalistas hacia el socialismo: Venezuela, Bolivia, Ecuador

Lo que está ocurriendo en los países gobernados por la izquierda latinoamericana es que se está produciendo el pago de la deuda social acumulada, en un contexto de gran apoyo popular y reivindicación de la soberanía nacional. Desde el principio, se trató de crear un nuevo contrato social que recogiera y permitiera la participación popular para la superación del modelo neoliberal. La región era el continente más desigual del mundo, la redistribución del ingreso ha sido norte de las políticas sociales, en las que la expansión de las transferencias monetarias no contributivas observada en la región en las últimas dos décadas ha fortalecido los sistemas de protección social. En la actualidad, se ha reducido la desigualdad, y se han alcanzado logros concretos en disminución de la pobreza, incremento de la expectativa de vida, empleo y el acceso de a la educación en los países en que ha venido gobernando la izquierda en sus diferentes matices.

Se ha venido dando un progreso significativo en el bienestar humano, donde se incluyen las reivindicaciones identitarias contra la discriminación de género, étnica y racial. En el marco del ejercicio de derechos humanos, se han ampliado de manera muy evidente las condiciones y el respeto a los derechos políticos y civiles y también a los económicos y sociales.

Pero, quizás lo más significativo que en el seno de estos gobiernos se ha resignificado la democracia, de manera explícita en los textos constitucionales que refundaron las repúblicas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero también de manera implícita en los procesos de participación popular de Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, y Chile. Han emergido nuevas formas de emancipación popular y política, creación de nuevas mayorías incluyentes, con participación y protagonismo propio. Surgen conceptos como pueblo, ciudadanía, Buen Vivir o Patria, en Ecuador, Bolivia o Venezuela; elementos que condensan una serie derechos, no sólo económicos o políticos, sino también de reconocimiento simbólico e histórico, en tanto sujetos activos del proceso político.

En Venezuela, Hugo Chávez realizó una profundización de las distintas esferas de la democratización política, social, económica o histórica desde una visión de nuevo proyecto nacional y soberano. En lo político hizo una puesta en valor de la democracia participativa (a partir de la instauración de consejos comunales y comunas), ampliando así la capacidad democrática en tanto procedimiento político. En Bolivia, el proceso de reconocimiento de la diversidad plurinacional y comunitaria, que abarca los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y la igualdad entre mujeres y hombres, produjo una reconfiguración del campo político y la democracia, haciendo frente a las diversas formas de exclusión.

La revalorización de la democracia va acompañada de un revalorización de la política por lo menos en tres aspectos: la contraposición de una «lógica política» a una «lógica de guerra»; el desalojo de la concepción de la «unidad nacional» como punto de partida, como marco de posibilidad de la construcción de la democracia y la reivindicación de la diferencia; y por último, una crítica a la concepción instrumentalista de la política y un reencuentro con la sociedad civil y sus movimientos sociales. En todas partes de América Latina el proceso de democratización apunta a una ampliación, inclusión y horizontalidad de las y los sujetos que participan en las decisiones públicas.

La democracia es bienestar económico, por supuesto que hay que garantizar las bases materiales pero no solamente eso, es participación de los pueblos en la toma de las decisiones, es la ejecución permanente de la igualación social. Los partidos políticos como mecanismos de representación política comienzan a verse rebasados por otras formas de representación como sindicatos o movimientos sociales. Es en esa combinación de democracia participativa, igualación social, y nuevas formas de representación política, que se puede pensar en un nuevo paradigma de democracia, al igual que una nueva forma de repensar los derechos humanos y colectivos. Hay un sustrato refundacional de las democracias que hay quienes califican como democracias intensas o radicales.

Comparando con nuestro pasado, América Latina apuesta hoy por el esfuerzo de consolidación democrática y su ampliación, tanto desde los Estados como desde las sociedades. La democracia quedó erigida como un valor, y esto es evidente cuando la democracia es sometida a prueba: se genera una reacción de defensa muy fuerte. La mayoría cree ya que la democracia y su mantenimiento son necesarios, lo que se discute es cómo ampliarla.

El futuro de la democracia está indisolublemente unido al futuro de la igualdad y la justicia social. En muchos de nuestros países disminuyó significativamente la pobreza como resultado de las políticas públicas y de la movilización y la lucha social, pero persisten procesos de acumulación de riqueza que hacen muy desigual al continente, subsisten discriminaciones raciales y de género. Estos son grandes problemas para la democracia, son desafíos.

En varios países de América latina, podría decirse que la democracia va cercando al capitalismo, y no es por casualidad que en países como Venezuela y Ecuador se comenzó a discutir el tema del socialismo del siglo XXI, aunque la realidad esté lejos de los discursos. Varias de las principales características del socialismo del siglo XXI se centran en la democratización entendida como traslado del poder al pueblo creando espacios que permitan el protagonismo popular, mencionemos:

a) la voluntad de superar (preservándola en algunas instancias) a la democracia representativa con la democracia popular y protagónica, dotación de poder a los Consejos Comunales y las Comunas, y/u otras organizaciones del poder popular local.

b) continuidad del poder constituyente aún después de instalado el poder constituido (lo que se traduciría en especial en la posibilidad de realizar referendos revocatorios para quitarle el mandato a autoridades electas, incluyendo al propio Presidente),

c) la visión intercultural, que de visibilidad y poder a las comunidades indígenas y a la tradición negra, d) el pluripartidismo y la libertad de prensa, incluso para la derecha, e) la defensa armada a cargo del propio pueblo ( Milicias Populares)

Pero hay peligros para la democracia

Alvaro García Linera sostiene que “Gobernar obedeciendo es afirmar cada día que el soberano no es el Estado, que el soberano es el pueblo, que no se manifiesta cada cinco años con el voto, sino que se manifiesta, habla, propone, cada día: necesidades, expectativas y requerimiento colectivos. Lo que se le pide al gobernante es sintetizar y unir, porque pueden haber voces discordantes dentro del pueblo. El pueblo no es una cosa homogénea, no señores, hay clases sociales, hay identidades, hay regiones. El pueblo es muy diverso. El pueblo, sinterizar en un solo sentido sus inquietudes. Pero eso no significa que el gobernante sustituya al pueblo. Gobernar obedeciendo es eso: el soberano es el pueblo y el gobernante es simplemente un unificador de ideas, un articulador de necesidades y nada más”. (Conferencia de Prensa en el VI Foro de Filosofía de Maracaibo, 2012)

La ampliación y profundización de la democracia es condición indispensable para su mantenimiento en la región, los pueblos lo exigen y la tendencia histórica lo reclama. La demanda por la democratización, por la más plena ampliación de los derechos, se ha ido desplegando en los últimos años pero sufre hostigamientos constantes de la derecha política y rémoras que derivan de las prácticas políticas que se mantienen tercamente. Hay procesos de retroceso en desarrollo, hay fuerzas que retardan, en general podríamos sostener que hay peligros externos e internos, pueden enumerarse –sin pretender exhaustividad- los siguientes:

Externos 1. Apropiación por la derecha del lenguaje de la izquierda, se asumen los temas de política social de

manera interesada y engañosa. 2. Se logran triunfos electorales pero con menos capacidad de maniobra 3. Medios de comunicación contrarios a los procesos de cambio social 4. Desestabilización: constante ataques USA, guerra perpetua. 5. Exacerbación del miedo por medio de amplificación de la violencia delincuencial y manipulación

del odio, que producen brotes fascista y desarrollan el fascismo social. 6. Acusaciones de antidemocráticos: un gobierno que puede haber llegado al poder en forma

democrática pero se lo presenta como un peligro para la democracia porque utiliza el apoyo de sectores populares para subvertir las instituciones democráticas liberales, y ampliar la democracia.

Internos 1. Carga de la cultura heredada que avalan procesos antidemocráticos 2. Burocratismo en la relación con los movimientos sociales 3. Luchas internas de poder en los gobiernos y mecanismos políticos de la izquierda

4. Síndrome de pensamiento grupal: ajuste de las acciones individuales a lo que se estima anticipadamente que será el consenso del grupo lleva a la adopción de decisiones que individualmente cada miembro hubiera considerado inapropiadas, dando lugar a una forma de profecía auto cumplida.

5. Fallas de la intelectualidad que genera nuevos esquemas de pensamiento de lo real de los procesos. La reflexión teórica está encerrada en la universidad; paralelamente la práctica política se vuelve pragmática y oportunista desconectada de los procesos intelectuales.

6. El debilitamiento del paradigma norteamericano de modo de vida no encuentra sin embargo un reemplazo. Se debilita el neoliberalismo, pero no hay un modelo alternativo suficientemente definido y claro que dispute con él.

7. Debilidad de la calidad de la Democracia y el rol del estado en la construcción de un verdadero Poder Popular

8. Conflictos en torno a las necesidades de desarrollo económico y equilibrio medioambiental (extractivismo)

9. Concreción de la Nueva Agenda de derechos. El discurso de derechos humanos permitió ampliar su agenda pero ahora se demora o dificulta su concreción. Por ejemplo: igualdad de género, autonomía comunidades, etc.

Futuro socialista y futuro democrático son vasos comunicantes, pensamos que uno sin el otro no es posible, pero su construcción depende también de la claridad y prevención contra sus peligros..

Bibliografía Acosta Matos, Eliades.(2013) 1963. Revolución inconclusa. República Dominicana: Fundación Juan Bosch Carpentier, ALEJO (1981) La novela latinoamericana y otros ensayos. España. Siglo XXI Contreras, Miguel Angel (2003) “Descentralización y democracia: Vicisitudes de la política territorial en Venezuela. En Carlos Mascareño (ed.),

Los desafíos de las políticas públicas hacia el siglo XXI: El caso venezolano, Temas de Docencia. Caracas: CENDES – UCV, pp. 133-158.

Favela Gavia, Margarita y Guillen, Diana (2009). Lucha social y derechos ciudadanos en América Latina. En América Latina. Los derechos y las prácticas ciudadanas a la luz de los movimientos populares / coordinado por Margarita Favela Gavia y Diana Guillen. - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2009.

Fernández Liria, Carlos y Alegre Zahonero, Luis (2006) Comprender Venezuela. Pensar la democracia. Caracas: Editorial El perro y la rana Gallardo, Helio (2007) Democratización y democracia en América Latina, desde abajo editores, Santafé de Bogotá, 242 páginas. Harnecker, Marta (2013). Un mundo a construir (nuevos caminos) España: El Viejo Topo Marini, Ruy Mauro (1985) La lucha por la democracia en América Latina. En Cuadernos Políticos número 44, Ediciones Era, México, julio-

diciembre de 1985, pp. 3-11. Ponencia presentada en el seminario "Democracia y paz en América Latina", promovido por el Sistema Universitario Mundial, México, 11-12 de noviembre de 1985

.

EL ROL DE TELESUR EN LA CONFORMACIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS MEDIATICO-DISCURSIVAS EN LATINOAMERICA.

Liliana Buitrago Arévalo

Instituto de Estudios Avanzados - IDEA

Dirección de Sociopolítica y Cultura

“Aunque se llaman medios de co-mu-ni-ca-ción. ¿Qué clase de comunicación es la que incomunican

esos grandes medios? Y esos grandes medios son, por lo tanto, sospechosos. A veces dicen la verdad, pero en

general se equivocan, porque tienen una visión del mundo dictada por los que mandan. Y los que mandan,

mandan ver el mundo al revés”.4

Así expresaba Eduardo Galeano, en una entrevista para Ignacio Kostzer y Juan Manuel Karg de la

Federación Universitaria de Buenos Aires (2011) cuál había sido el rol de los medios de comunicación en

Venezuela durante el Golpe de Estado de 2002. Participantes directos del Golpe de Estado de 2002 en

Venezuela (Britto García, 2008: Villegas, 2009), incomunicadores e invisibilizadores de la vuelta a la

democracia y el hilo constitucional en Venezuela, todo ello en el ejercicio de un poder de facto que ostentan las

élites dominantes.

Del poder de los medios de comunicación dominantes, hegemónicos, se ha escrito, debatido y educado

en Venezuela desde hace algunos años por pensadores venezolanos como Earle Herrera o Luis Britto García.

Sin embargo, hay un hito que hace imperiosa la necesidad del debate sobre la esfera mediática y su importancia

para el fortalecimiento del sistema democrático en la región, se trata de la llegada de uno de los más eficaces

comunicadores latinoamericanistas de todos los tiempos: Hugo Chávez Frías. El discurso latinoamericanista de

Hugo Chávez5, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor Kirchner reconstruyó un imaginario invisibilizado en la

esfera mediática que se consolidó con el acompañamiento de TeleSUR a la Alternativa Bolivariana para los 4 Eduardo Galeano. Entrevista a Ignacio Kostzer y Juan Manuel Karg. Galeano: “Chávez es un dictador rarísimo, porque ganó 12 elecciones limpias”

5 Término utilizado por Elvira Narvaja de Arnoux (2008) para dar cuenta del discurso integracionista del siglo XX y posteriormente cómo la matriz de los discursos latinoamericanistas levantada por esta investigadora aplica a los discursos políticos del Presidente Hugo Chávez.

Pueblos ALBA –TCP en 2005; el discurso latinoamericanista del ALBA se materializa especularmente6 en los

medios para el fortalecimiento de la integración Regional.

La emergencia de la mediatización de la política integracionista y sus discursos ha sido una respuesta a

las estrategias mediáticas de dominación hegemónicas. El discurso7 ha sido herramienta para la dominación y

producto de esta dominación de manera preferente por las élites. Particularmente ha sido utilizado por las élites

mediáticas corporativistas para la dominación global. En el ejercicio y configuración del poder mediático, se

han empleado mecanismos simbólicos y semióticos diversos que caracterizan el poder mediático global y que a

nivel discursivo constituyen la hegemonía mediática8. El poder político económico detrás de la construcción de

esta hegemonía ha sido ampliamente sistematizado (Edward & Chomsky, 1988; Chomsky, 2002).

Un caso emblemático de cómo el poder político económico está ligado al mediático es el del Golpe de

Estado en Venezuela, en el año 2002. En Venezuela el poder mediático pasó a ser ejercido de manera violenta

(sin intento de consenso) a través de un proceso sistemático de incomunicación, de censura, expresión del

ejercicio violento del poder político mediatizado. Se trata así del paso de la búsqueda del consenso a través del

espacio mediático, en donde predomina la persuasión discursiva, a la violencia ejercida por la aplicación del

veto a la verdad y la aplicación de un golpe de estado mediático sin precedentes históricos.

Este silencio comunicacional transformó la escena mediática y política venezolana y latinoamericana en

materia de medios. En Venezuela, desde el Poder Legislativo se avanzó en la construcción de un marco legal de

regulación para la democratización del espacio radioeléctrico y desde el Poder Ejecutivo se reconfiguraron

espacios mediáticos participativos existentes como el Aló presidente9, en un proceso de fuerte mediatización de

la democracia venezolana. Igualmente en la Región, el marco legal de regulación de los medios se ha construido

ante la necesidad de democratizar el espacio público mediático, el acceso a la información y la visibilización y

6 Sobre el efecto especular de los medios se puede consultar a Charaudeau (2005) quien señala como la puesta en escena de los medios de comunicación no refleja la realidad, no es espejo de la misma. 7 La noción de Discurso se asume como texto en contexto y acción social, como practica social, lo que implica una relación dialéctica entre ideología, poder y hegemonía (Flairclough 1995, 2006, 2008, 2010) ; Van Dijk 1997, 2011) 8 La lucha por la hegemonía semiótica hace referencia a la batalla por imponer la escogencia de determinados códigos lingüísticos, reglas de interacción, reglas de acceso a los discursos, reglas para la toma de decisiones sobre los discursos, la toma de turnos, entre otras operaciones discursivas, que generan una batalla entre los significados y las interpretaciones de los discursos (Holzscheiter 2015; en Wodak, 2011). 9 Para una clasificación de las diversas reconfiguarciones del Aló Presidente ver Ramírez (2014).

legitimación de discursos y actores políticos excluidos por las élites. De esta manera se consolidó el proyecto de

TeleSUR.

Como una de las iniciativas interestatales del nuevo marco de integración regional para el área de

comunicaciones más importantes de la última década TeleSUR presenta elementos innovadores que necesitan

ser sistematizados para la identificación los elementos propositivos de este medio para la conformación de las

nuevas prácticas discursivas mediáticas de la región. La democratización del espacio público mediatizado

latinoamericano requiere bajo las formas democraticas impulsadas desde el bloque integracionista

contrahegemónico y antisistémico el fomento de la diversidad identitaria que contribuya a la participación.

Clásicamente “las integraciones regionales son consideradas agrupamientos, más o menos formalizados en el

plano institucional, de varios estados que pertenecen a un área geográfica delimitada, con objetivos de

cooperación económica y/o política a largo plazo” (Ptiteville, 1997; en Narvaja, 2012:14” por lo cual son

principalmente considerados espacios políticos y económicos, sin embrago las nuevas formas de integración de

la región presentan un fuerte componente cultural10.

¿Pero qué es teleSUR? Es una compañía multiestatal pública suramericana que inició trasmisiones en el

año 2005 en convenio con Uruguay y posteriormente se sumaron Nicaragua, Ecuador, Argentina, Bolivia, y

Cuba; con cobertura en Latinoamérica y más de 123 países de Europa, Oriente Medio y parte de Africa.

Recientemente en 2014 se abrió la posibilidad de señal en México y el Sur de los Estados Unidos, China y

Rusia. Hace uso de 6 servicios satelitales que garantizan su cobertura. Es una canal de 24 horas de

programación cuyo centro focal es el género informativo con frecuencia de espacios culturales centrados en la

identidad del SUR. En el año 2009 teleSUR se convierte en multiplataforma con la puesta en línea de su página

Web y la presencia del canal a en diversas redes sociales.

Ante la necesidad de una comunicación desde Latinoamérica para el mundo, TeleSUR se presentó en sus

años iniciales como “único canal informativo cien por ciento latinoamericano, que se ha consolidado desde

2005 como referencia comunicacional de nuestra América hacia el mundo, con la transmisión de contenidos

10 Para diversos autores (García, 2013; Briceño Ruíz, 2013; entre otros y otras) el modelo integracionista que surge desde las propuestas como la ALBA se contraponen a formas de integración rígidas como el TLC. Estas nuevas formas de integración antisistémicas/ contrahegemónicas plantean vías de integración político – social y culturales profundas, contrapuestas a lógicas economicistas.

noticiosos las 24 horas del día”. Hoy en día ante la predominancia de los discursos multimodales en la sociedad

contemporánea se presenta como “multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social orientado a

liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del SUR”11

En el análisis que se presenta, se parte del hecho de que el discurso es, simultáneamente, construcción

de tres elementos fundamentales: identidad, formas de relaciones sociales y sistemas de conocimientos y

creencias que a su vez conforman los modelos con los que leemos e interpretamos nuestras realidades. Es en

esta base que se realiza una evaluación macro del discurso de TeleSUR y su rol en la conformación del nuevo

espacio de integración mediática y su rol en el fortalecimiento de la democracia en la región desde el

fortalecimiento de la identidad de los países latinoamericanos. El avance presentado introduce elementos de tipo

sociopolíticos y de análisis del discurso organizacional de TeleSUR en su contexto histórico12 .

A continuación se presentan extractos del corpus en análisis que dan cuenta del discurso de

autopresentación del medio:

Tabla 1. El discurso de autopresentación de TeleSUR (extractos)

Vocero Fuente Extracto Tipo de discurso

Andrés Izarra, Presidente de TeleSUR y Ministro de Comunicación, 2005

Diario Ultimas Noticias

“Es una herramienta fundamental para la integración de América Latina”

(sobre la vocación del canal) “contra el imperialismo cultural y el mensaje unitario , TeleSUR viene a ser una propuesta para diversificar el mensaje, para pluralizarlo y para mostrar y difundir voces que hasta ahora no han tenido la oportunidad de ser difundidas”

Reacciones verbales en prensa

11 http://www.telesurtv.net/el-canal

12 Para ello se ha venido trabajando un Corpus ampliado de prensa en el marco de lanzamiento de TeleSUR en 2005 y

documentos oficiales que dan cuenta del discurso de autopresentación del canal, tales como la página web.

“La iniciativa busca irrumpir en el orden comunicacional…contra el imperialismo”… “no debe mal interpretarse en contra del pueblo estadounidense o de otro mundo”

“busca convertirse en una ventana para dar a conocer las realidades de los países latinoamericanos y un arma para impulsar modelos políticos…ser una propuesta comunicacional…con un perfil propio, con un eje competitivo interesante, sin de esa manera denigrar otras opciones…aspira a competir y captar la mayor audiencia posible…ser una propuesta comunicacional a la que ya encontramos en CNN, la cual está muy marcada por la visión que desde el norte tienen sobre nuestros países…permitirá vernos a nosotros mismos, dentro de nuestros pueblos…mostrar la diversidad y pluralidad que hay en el continente…es una poderosa herramienta para la integración …es un camino, una autopista por la cual vamos a hacer realidad la Unión de Naciones del Sur…”

William Castillo, Viceministro de Gestión Comunicacional, 2005

Diario Ultimas Noticias

“TeleSUR representa la concreción de los proyectos de independencia comunicacional del tercer mundo…y permitirá abordar la realidad latinoamericana desde la perspectiva de América Latina”

Reacciones verbales en prensa

Página WEB 2005 Diario Ultimas Noticias

“La imagen que hoy se difunde de la región no es representativa de su realidad”, Por ello Telesur nace ante la necesidad de difundir sus propios valores, imagen y contenidos de manera libres y equitativa, bajo la premisa de “vernos es conocernos, reconocernos es respetarnos, respetarnos es aprender a querernos, querernos es el primer paso para integrarnos”.

Telesur brindará 24 horas de una “Programación comprometida con la integración, con la promoción de la democracia participativa, el desarrollo humano, la solidaridad entre los pueblos, la conformación de un mundo pluripolar, la paz, la verdad y la justicia social”

Discurso organizacional

En el discurso institucional destacan valores orientados a la gestión institucional y el discurso

organizacional13: Uso de léxico asociado a gestión institucional, servicios, productos, excelencia, calidad,

competitividad, la organización, entre otros. Sin embargo, un elemento no muy típico de los discursos

organizacionales es una autodefinición orientada, en la misión y visión, hacia la acción en la esfera política, más

allá de la oferta de servicios, de esta manera encontramos enunciados como: “liderar procesos de unión de los

pueblos” o la definición del SUR como: “concepto geopolítico vinculado a la promoción de la lucha de los

pueblos y su autodeterminación” (s/p). Por ello la afirmación que sobre TelesSUR se realizara por sus voceros

de TeleSUR sobre el valor como herramienta política del canal encuentra reflejo en el discurso con el cual se

autopresenta.

El modelo mediático hegemónico es uniformizante y anula la posibilidad de diferencias y diversidad con objetivos

desmovilizantes. Esto se logra entre otras estrategias con énfasis sobre diferencias estereotipadas y cuyos referentes son caricaturales.

Pensemos por ejemplo en la puesta en escena de las realidades latinoamericanas (campesina, de la mujer, entre otras) en los medios

del bloque hegemónico: identidades colectivas resumidas a un solo modelo que imposibilita la identificación a partir del conocimiento

del otro.

En el marco de la construcción de una integración mediático cultural en la región latinoamericana, la democratización del

espacio público mediático pasa por la necesidad de integrar los valores identitarios de la región, desde y para el conocimiento y

promoción de las diferencias como forma de promover y construir la participación popular. El reconocimiento de las diferencias es

importante para la participación, sobre esto Vargas señala que “una verdadera participación popular sólo es posible si las diferencias

legítimas son no solamente respetadas sino también estimuladas, ya que su negación impide la participación” (2007:199)

Igualmente, esta estrategia geopolítica en el plano mediático, requiere de la visibilización de las formas

de dominación de las élites mediáticas y el planteo de una estrategia de resistencia al modelo mediático

hegemónico corporativista14. Hasta ahora se identifican tres estrategias en el discurso de TeleSUR: en primer

lugar, la representación de la identidad, historia y memoria latinoamericana desde las diversidad y en resistencia

al bloque histórico imperialista; en segundo lugar, la cobertura de hechos político noticiosos, enmarcados en

conflictos sociales, que en la práctica discursivo mediática hegemónica serían invisibilizados o discursivamente

mitigados y deslegitimados; y tercero, la inclusión de las voces de los discursos en resistencia al poder

dominante de las élites con lo cual se logra la visibilización y legitimidad de las luchas sociales para la 13 El discurso organizacional se asume como representación de la identidad del canal en tanto las organizaciones son reflejos de colectividades sociales que a través de sus prácticas comunicacionales se produce, reproduce y transforma (Mumby y Robin, 2000) 14 Hoy en día, el monopolio mediático se encuentra en manos de unas pocas pero poderosas corporaciones entre las que se encuentran con fuerte presencia en Latinoamerica grupos o conglomerados mediáticos como el Grupo Prisa, el Grupo Clarín, Cisneros o Televisa .

resistencia y por la transformación. Ello se expresa en la construcción de un contrapoder que se materializa en

poder EN el discurso y poder SOBRE el discurso. Poder EN el discurso, a través de la resemantización de la

identidad latinoamericana y la puesta en escena de discursos contrahegemónicos que contribuyen a la

construcción de interpretaciones alternativas a los mensajes que posiciona el poder mediático dominante y sus

intereses y poder SOBRE el discurso, al permitir el acceso, visibilidad y voz, a actores excluidos del sistema

mediático dominante.

Otro elemento a destacar en el discurso de autopresentación de TeleSUR es la utilización de la obra del

artista Uruguayo Joaquín Torres García, especialmente en los primeros años de trasmisiones del canal.

Imagen1. Logo actual de teleSUR y obra del artista Uruguayo Joaquín Torres García

Fuente: TeleSUR (2012, 2015)

La representación de la noción del SUR en la imagen utilizada por el canal denota la autoinclusión en un

nosotros15 representado en la Noción del SUR y contrapuesto al Norte. La Imagen alusiva, el interdiscurso al

que refiere, en esta autodefinición o autorrepresentación es la del continente Latinoamericano al revés del

15 Desde el enfoque del Analisis Crítico del Discurso el encuadraje ideológico resulta fundamental. Para ello en la conformación de las identidades discursivas existen dos grupos el de pertenencia o in-group , el nosotros; y el de oposición o out-group, el ellos. Esto genera una relación de tensión permanente por la búsqueda de legitimidad y la construcción positiva de la autoimagen con fines persuasivos. Para una ampliación de este enfoque ver Van Dijk (1997,2011,2013)

cuadro del artista Uruguayo Joaquín Torres García. Las connotaciones son varias, en primer lugar el

posicionamiento antihegemónico contra el bloque histórico imperial dominante del Norte, en ejercicio de

dominación sobre el Sur. En segundo lugar la referencia al mundo al revés del Intelectual Latinoamericanista

Eduardo Galeano16.

De esta manera en su función comunicativa el símbolo utilizado es símbolo de direccionamiento

estratégico geopolítico, alusión a la posición antisistémica y contrahegemónica de las nuevas formas de

integración (mediática), símbolo de resistencia para la creación de lazos afectivos y generación de un

sentimiento político y alegoría compleja de la obra de Eduardo Galeano. Actualmente el símbolo utilizado es

laconstrucción de Latinoamérica por figuras geométricas que TeleSUR explica de la siguiente manera: “Los

cristales del nuevo logo representan además las distintas aristas de la noticia, aristas que teleSUR muestra en sus

distintas emisiones de noticias”,esta imagen ha sido utilizada desde el año 2013 (imagen 1).

De esta forma el símbolo de autopresentación revela elementos identitarios de una colectividad

diferenciada del ellos (quienes imponen el orden comunicacional actual) que se representa de manera sintética,

crítica y compleja en la noción del Sur. Esta noción central es definida por el medio como una noción

geopolítica “SUR concepto geopolítico que promueve la lucha de los pueblos por la paz, respeto a los Derechos

Humanos y la justicia social”17

En estos primeros rasgos distintivos del discurso con el cual TeleSUR se autopresenta se asoman

elementos de la identidad del canal que hacen rupturas con las prácticas hegemónicas discursivas mediáticas.

Se señala una irrupción del orden comunicacional impuesto porque el marco referencial de la propuesta

integracionista latinoamericana plantea retos identitarios. Sobre esto Plantea Ferrer18 “Cómo alcanzar su

desarrollo (el de las regiones de la periferia) en un mundo global para no quedar atrapado en el sistema de

relaciones, articulado en su beneficio, por los intereses y potencias dominantes”, se plantea de esta manera la

16 Galeano, E. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Madrid: Siglo Veintiuno 17 Para el análisis de las diversas nociones y estrategias de autopresentación se seleccionó un Corpus ampliado de prensa en el marco de lanzamiento de TeleSUR en 2005 y documentos oficiales como la página web del canal informativo http://www.telesurtv.net/ 18 1997, en Narvaja et al, 2012

importancia de la existencia del “sentimiento de unión política” que deberá darles a las identidades una

dimensión.

En ese sentido los lazos emotivos, el sentimiento representado, mediado, que une a los usuarios –

televidentes - está enmarcado o se representa enmarcado en una alusión clara a la unión política que caracteriza

las nuevas formas de integración Latinoamericanas y las nuevas formas de relacionamiento con el Sur como

región geoestratégica. La importancia estratégica de la representación de este “sentimiento de unión política”

hacia un destino común – con el peso ideológico y el carácter movilizador de la política democrática - radica en

la conformación de un imaginario movilizador que conlleve a la participación y su democratización (Mouffe,

2007); a la consolidación de la La democratización de la representación mediática (González Broquen, 2007).

De prácticas políticas mediatizadas representativas a prácticas políticas mediatizadas para la

transformación y la democratización.

En plano mediático, aunque representativo, permite la posibilidad de empoderamiento sobre la

representación de la realidad que se hace. Esta posibilidad pasa por la inclusión en este espacio de hechos con

los cuales se puedan identificar las comunidades discursivas que en el caso de TeleSUR, apunta a comunidades,

políticas, invisibilizadas en el espacio mediático hegemónico y es en esta estrategia que se construyen mensajes

alternativos. Tales son los casos de las coberturas realizadas por TeleSUR a diversos hechos noticiosos de la

esfera política, que incluso son identificados como hitos consolidadores de la visión y misión de TeleSUR por el

propio canal. Entre estos hitos se encuentran las coberturas realizadas a el Golpe de Estado reciente en

Honduras (2009), el intento de Golpe de Estado en Ecuador (2010), el ataque al campamento de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC (2008), el operativo humanitario de liberaciones unilaterales de

retenidos por las FARC (2010), el proceso de invasión a Libia (2010) y agregamos la cobertura a las cumbres y

asambleas mundiales (Copenhagen, 2009; Asambleas de la ONU) y otros conflictos sociales como el caso del

asesinato de los 43 jóvenes estudiantes rurales de Ayotzinapa (2015).

Esta posibilidad de empoderamiento de la representación de su propia realidad para los pueblos que

conforman el espacio público a nivel simbólico igualmente tiene repercusiones a nivel concreto, es decir, en la

materialización de acciones políticas concretas. Un claro ejemplo es la realización de la preCOP social en el año

2014 que es consecuencia indirecta de la cobertura que se hiciera en diversos medios, entre ellos TeleSUR, de la

XV Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en

Copenhaguen, en el año 2009.

La cobertura de TeleSUR de esta cumbre visibilizó el discurso de los movimientos sociales mundiales en

contra del cambio climático a través del discurso del presidente Hugo Chávez (2009) quien en referencia a estos

movimientos cito la frase que se encontraba pintada en las calles de Dinamarca: “no cambiemos el clima,

cambiemos el sistema”, frase que adjudicó a los movimientos presentes en esa ocasión y que tienen acceso

restringido a los espacios de decisión de políticas climáticas en la ONU. Cinco años después como parte de la

diplomacia del gobierno venezolano se reunió parte de estos movimientos con los gobiernos que asistieron a la

COP19 20 de Perú 2014 y asistirán a la COP21 de París en 2015 (preCOP social en el año 201420) y en donde se

deciden las medidas político- económicas mundiales alrededor del cambio climático. De esta manera el paso de

lo simbólico a lo concreto en este ejemplo en el plano político es reflejo del rol fundamental de la esfera

mediática para la construcción del sistema democrático mundial, y en especial de la importancia de la

diversidad en la mediatización de los mensajes políticos en el espacio público mediático mundial.

De esta manera la visibilización de diversos conflictos y actores sociales, deslegitimados o invisibilizados

en los medios corporativistas mundiales abre paso a la democratización del espacio mediático mundial y la

posibilidad de la construcción de un nuevo orden comunicacional pluricentrico y multipolar democrátizado21.

19 La COP es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 20 http://www.precopsocial.org/ 21 Son diversos los medios que han surgido con un discurso alternativo, como contrapeso a los medios corporativistas dominantes mundiales: En el año 2009 surge el canal en español RT (http://actualidad.rt.com/) – que se autoatribuye ser “una de las principales fuentes de información alternativas en Occidente, dado que a menudo cubre temas ignorados por los medios de comunicación de masas del mainstream” En el año 2010 es lanzado como plataforma web y posteriormente al espacio radioeléctrico el canal Hispan TV desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán(http://www.hispantv.com.ve/) , canal que plantea haber sido concebido para ser “un puente de integración y mostrar los aspectos culturales y sociopolíticos entre Irán e hispanohablantes” y “poner a disposición una completa

Es claro el rol que TeleSUR tiene en la construcción de este nuevo orden y la potencialidad para la concreción

de acciones movilizantes carácterísticas del sistema democráticos participativos (a nivel de la geopolítica

interregional) y en la construcción de lazos simbólicos y representación del sentimiento de unión política en la

construcción de un imaginario (necesario para la movilización) que alude a la identidad interregional y la

promoción de las diferencias (escenciales para la participación) .

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Transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo

productivo socialista

Víctor Álvarez R22. INTRODUCCION ............................................................................................................................. 47

1. LOS MECANISMOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA ...................................... 47

La sobrevaluación de la tasa de cambio ........................................................................................ 48

La baja presión fiscal ..................................................................................................................... 49

2. RUPTURAS Y CONTINUIDADES DEL MODELO EXTRACTIVISTA ............................. 50

Reconstrucción de la OPEP, control de la producción y precio justo para el petróleo ................. 52

Nuevo régimen fiscal petrolero a favor de la Nación .................................................................... 53

El rescate de PDVSA: un Estado dentro del Estado ...................................................................... 53

Fin de la transferencia de ganancias al exterior ............................................................................. 55

Derrota del golpe de Estado y del sabotaje a PDVSA ................................................................... 56

Plena Soberanía Petrolera .............................................................................................................. 56

3. DEL NEO-RENTISMO SOCIALISTA AL SOCIALISMO PRODUCTIVO .......................... 57

Del neo-rentismo socialista al socialismo productivo ................................................................... 58

Industrializar la economía ............................................................................................................. 58

Diversificar y promover exportaciones no petroleras .................................................................... 59

CONCLUSIONES: Post-extractivismo e inserción soberana en la economía mundial ................ 59

22 Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM). Premio Nacional de Ciencia 2013. Ha recibido dos veces la Mención Honorífica del Premio Internacional “Libertador” al Pensamiento Crítico. Premio Municipal al Pensamiento Político. Premio Ensayo Crítico de la Asamblea Nacional de Venezuela. Orden “Arturo Michelena” por su contribución a la generación de un pensamiento crítico revolucionario y transformador.

INTRODUCCION El objetivo de la ponencia es identificar y analizar las rupturas y continuidades del modelo extractivista en Venezuela, en el marco de un proceso de cambio que se propone impulsar la transición del capitalismo rentístico hacia un nuevo modelo productivo socialista, pero que aún se encuentra a mitad de camino, en una fase que proponemos llamar neo-rentismo socialista, la cual comienza con la recuperación de la soberanía nacional sobre el petróleo y la declaración del carácter socialista de la Revolución Bolivariana, pero en la que aún se plantea duplicar la extracción de petróleo con el fin de obtener los recursos para financiar los programas sociales para reducir el desempleo, la pobreza y la exclusión social.

En el caso del modelo extractivista-rentista venezolano, el Estado –al ser el propietario de las riquezas del subsuelo-, recibe una renta cuyo contenido económico es la captación de un plusvalor internacional, el cual distribuye luego en favor de los factores económicos y sociales internos. La percepción de esta renta y los mecanismos que se utilizan para su distribución, son causa y efecto de una serie de patologías que pueden mantenerse en estado latente o desatarse con toda su fuerza y dimensión. Dicho de otra forma, el genoma económico del modelo extractivista-rentista es portador de potenciales patologías que es necesario comprender para evitar su estallido o mantener bajo control sus efectos perniciosos. El desconocimiento de la lógica que rige el modelo extractivista-rentista generalmente lleva a desencadenar las patologías que le son inherentes, particularmente su inercia a reproducirse y ampliarse, con los consiguientes costos políticos, económicos, sociales y ambientales que pueden llegar a comprometer el buen avance de la Revolución Bolivariana.

Al final del trabajo aportamos un conjunto de propuestas con el ánimo de contribuir al debate sobre el diseño y ejecución de nuevas políticas y estrategias que faciliten y aceleren el tránsito del capitalismo rentístico y exportador hacia un nuevo modelo productivo socialista y exportador, en función de superar el modelo extractivista-rentista, facilitar la inserción soberna de Venezuela en la economía mundial y consolidar la construcción de una economía alternativa bajo el control de los trabajadores directos y de la comunidad organizada, como vía para erradicar las causas estructurales que generan desempleo, pobreza y exclusión social.

Víctor Álvarez R.

1. LOS MECANISMOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA El extractivismo-rentista comienza en Venezuela con la Leyenda de El Dorado, según la cual los conquistadores y colonos españoles incursionaban selva adentro buscando una ciudad hecha de oro, donde el cotizado metal era tan abundante y común que los nativos le daban poca importancia y por eso lo cambiaban por espejitos y otras baratijas. Luego, el extractivismo23 minero que se inicia en la época de la colonia, se recrudece con el extractivismo petrolero, impulsado por los nuevos conquistadores representados en las corporaciones transnacionales de la industria petrolera. En su obra Teoría económica del capitalismo rentístico Asdrúbal Baptista explica que: 23 Para ampliar y enriquecer el concepto del extractivismo véase de Eduardo Gudynas: “Desarrollo, extractivismo y buen vivir” y de Alberto Acosta: “Extractivismo y neo extractivismo: dos caras de la misma maldición”, en “Más allá del Desarrollo”, Fundación Rosa Luxemburgo.

“El capitalismo rentístico (…) tiene en lo fundamental tres elementos definitorios. En primer lugar y por encima de todo, es una forma de desarrollo capitalista. En segundo lugar, es una forma de desarrollo de un capitalismo nacional, favorecido, significativa y sostenidamente, por una renta internacional de la tierra. Presupone, pues, que la economía nacional en cuestión se halla inserta en un mercado mundial ya altamente desarrollado. Tercero, esta renta internacional de la tierra corresponde, en una primera instancia, al Estado. Estos elementos definitorios conforman una jerarquía respetada rigurosamente a lo largo del análisis”.24

En una economía capitalista normal, el ingreso generado en la actividad productiva se distribuye entre los factores del capital y el trabajo. Así, la ganancia y el salario se presentan como la justa retribución de lo aportado por cada cual, cuando en realidad el factor capital se apropia del plusvalor generado por el trabajador. Por lo tanto, en el capitalismo clásico, el valor agregado se distribuye en la forma de salarios y beneficios, y la distribución del ingreso responde a la lógica explotadora del modo de producción capitalista, en la que el plustrabajo generado por los obreros queda en manos de los capitalistas. Por lo tanto, en presencia de una renta internacional, los montos absolutos y las proporciones de las ganancias y los salarios pueden resultar considerablemente alteradas, toda vez que la renta captada por el Estado es luego distribuida entre los factores económicos y sociales internos. Se despliegan así un conjunto de mecanismos de distribución que le son propios única y exclusivamente a una economía rentística que -a diferencia de aquella que solo distribuye lo que produce-, es capaz de capturar un cuantioso plusvalor internacional, el cual no pagan los factores nacionales sino que se reparte entre ellos25. Por lo tanto, en las condiciones de una economía rentística, la riqueza a distribuir no será solamente la derivada del valor agregado por el esfuerzo productivo interno, sino que habrá de sumársele el provento rentístico. De allí que, al distribuir la renta, tanto la ganancia capitalista como los salarios de los trabajadores se verán incrementados por encima de los niveles que en sentido estricto les corresponden, de acuerdo a los niveles de producción y productividad internos. Las proporciones en las que se repartirá la renta entre capital y trabajo dependerán de la orientación política de izquierda o de derecha que muestren los gobernantes que logren controlar el poder ejecutivo y la estructura del Estado.

En relación con los mecanismos de la distribución de la renta, su agotamiento o revitalización dependen de ese recurrente ciclo que tiene la economía venezolana de entrar en períodos de sobrevaluación-devaluación-sobrevaluación, los cuales tienden a ser más o menos prolongados según sea el comportamiento errático de los precios de petróleo y de los niveles de la renta petrolera. En todo caso, la renta que capta el Estado propietario en el mercado internacional es luego distribuida al interior del país a través de diferentes mecanismos. Veamos. La sobrevaluación de la tasa de cambio

La sobrevaluación del bolívar es un mecanismo de distribución de la renta petrolera. El hecho de permitir durante varios años que el tipo de cambio se sobrevalue -aun cuando implique sacrificar ingresos fiscales adicionales que el Gobierno pudiera obtener si ajustara anualmente el tipo de cambio-, constituye un mecanismo para la distribución de la renta petrolera.

La tasa de cambio equivale al monto de bolívares entregado por cada unidad de la divisa extranjera. Así, entre dos economías normales (sin la distorsión del ingreso rentístico) la tasa de cambio suele estar determinada por sus productividades relativas, toda vez que en su proceso de intercambio comercial, lo que pasa de un país a otro son bienes y servicios que resultan de sus niveles de productividad, cuya expresión monetaria es la tasa de 24 Asdrúbal Baptista. Teoría económica del capitalismo rentístico. Pág. XVII

25 Una exhaustiva y clara explicación de cómo se distribuye la renta petrolera entre el capital y el trabajo se encuentra en Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer: “Renta petrolera y distribución factorial del ingreso”

cambio. Adicionalmente, el canje de bolívares por dólares no es otra cosa que el intercambio de capacidades de compra externa e interna. Según sea la tasa de cambio oficial, el Estado propietario del 95 % del ingreso en divisas pone en manos privadas la renta que es propiedad pública. Si vende los dólares baratos, entonces entrega más poder de compra externo del que recibe a través de unos bolívares que no compran lo mismo en el mercado interno. Por eso, la sobrevaluación de la tasa de cambio permite comprar barato afuera, lo que resulta más caro adentro. Tal como lo plantea Asdrúbal Baptista: “(…) en la sobrevaluación de la tasa de cambio, tiene la economía rentística un mecanismo eficaz, por pacífico y popular, para la distribución doméstica de la renta internacional26.

Cuando el 95 % del ingreso en divisas proviene de una renta internacional -y no de exportar bienes con valor agregado nacional- encontrar una tasa de cambio que exprese la productividad de la economía real no es una tarea fácil, ya que el ingreso rentístico no es consecuencia de los niveles de productividad alcanzados por el aparato productivo del país que percibe dicha renta. El Estado-propietario recibe unos dólares del resto del mundo que no tienen una contrapartida en el esfuerzo productivo interno, por lo que su decisión de repartirlos a través del mercado puede cumplirse a una tasa de cambio que se fija sin tener en cuenta la productividad real del aparato productivo. En tales circunstancias, el intercambio de bienes con otro país no se hace según una tasa de cambio que exprese la productividad relativa de las economías que participan en la relación comercial. El nivel en que se fija la misma dependerá del objetivo que persiga la política económica:

i) Si el objetivo es mantener bajos los precios, la tasa de cambio será baja ii) Si se trata de proteger la producción local, la tasa de cambio será alta. iii) Si hay necesidad de generar nuevos ingresos fiscales se devaluará

Ciertamente, a través del intercambio desigual en el mercado de divisas, el Estado transfiere la renta petrolera a quienes compran la divisa barata. Pero la consecuencia no deseada es que al prolongarse en el tiempo este dólar subsidiado, se facilita y promueve la importación ventajosa de toda clase de bienes que inhiben y desplazan la producción nacional, perjudicando así el logro de los objetivos de soberanía alimentaria y productiva. En los inicios del capitalismo rentístico, la sobrevaluación de la tasa de cambio, como mecanismo para el reparto de la renta, permitió importar lo que en Venezuela aún no se producía, facilitando el proceso de urbanización en el que se sustentó la conformación del pujante mercado interno que requería la acumulación capitalista. Asimismo, buena parte de los dólares baratos favorecieron a inversionistas nacionales y extranjeros que pudieron importar maquinarias y equipos para producir en el país bienes de consumo final. Pero cuando la tensión de las importaciones con la producción local se recrudece por un mal manejo de la política cambiaria, el crecimiento de la agricultura e industria nacionales se desacelera y frena debido a la creciente y prolongada sobrevaluación de la tasa de cambio. Esto se agrava aún más cuando se renuncia a la protección arancelaria y para-arancelaria que necesita la agricultura e industria venezolanas para poder soportar la competencia procedente de las grandes potencias que han alcanzado niveles de productividad muy superiores a los logrados en la economía venezolana.

La baja presión fiscal En condiciones de déficit fiscal, la propensión del Estado a vender más caras el 95% de las divisas que percibe se potenciará, a menos que se decida recaudar más bolívares a través de nuevos impuestos o mejoras en la recaudación. Mientras que un abundante ingreso rentístico crea condiciones objetivas que facilitan la baja presión fiscal, esto dolo se modificará en situaciones de escasez de divisas y déficit fiscal. La baja presión fiscal que durante muchos años se ha observado en Venezuela, también es un mecanismo de distribución de la renta petrolera. Un Estado o un Fisco necesitado de más recursos para cubrir el gasto público, para cubrir las necesidades internas, seguramente tendría en vigencia un Impuesto de los Activos Empresariales o tendría una tasa de Impuesto al Valor Agregado más alta, un mayor Impuesto sobre la Renta o tendría impuestos indirectos a la gasolina, a los licores y a los cigarrillos mucho más altos.

Esta baja presión fiscal también expresa un mecanismo de distribución de la renta petrolera que se acentúa en 26 Véase: Asdrúbal Baptista. Teoría económica del capitalismo rentístico. p 166

períodos de auge rentístico, cuando los precios del petróleo suben y el país obtiene un abundante ingreso petrolero. En esas circunstancias, el Gobierno no necesita aumentar la presión fiscal a los demás agentes económicos para obtener los recursos fiscales que la abundante renta petrolera le provee. En los países no rentistas, las finanzas públicas se nutren de los impuestos que pagan los contribuyentes. En Venezuela, como suele ocurrir en todos los países con modelos extractivistas-rentistas-, el Estado, además del poder político y de la fuerza pública, también controla el poder económico. Al ser el propietario del 95% de las divisas que ingresan al país, éstas son convertidas en bolívares a una tasa de cambio oficial que unilateralmente define el gobierno. Esto no solo le asegura una permanente fuente de ingresos fiscales, sino que además puede controlar los flujos de comercio interno y externo. Para el Estado rentista cuyo ingreso fiscal depende más de la tasa de cambio que de los impuestos que pagan los contribuyentes, la tasa de cambio no suele determinarse por la conveniencia de apoyar la competitividad cambiaria de las exportaciones, sino por las necesidades de ingresos fiscales.

A diferencia de lo que ocurre en otros países donde se pecha con impuestos a los que más ganan para redistribuirlos en beneficio de quienes menos tienen, en el modelo extractivista-rentista venezolano lo más importante no es la redistribución del ingreso que se genera a raíz del esfuerzo productivo, sino la distribución de la renta que se captura en el mercado internacional. En condiciones de un abundante ingreso rentístico, el Estado no necesita de los impuestos que pagan los ciudadanos y, por lo tanto, tiende a gobernar desde la autosuficiencia que le concede tan extraordinaria fuente de ingresos, los cuales distribuye a través de distintos instrumentos que terminan sirviendo de mecanismos de control y dominación. Al no aplicar nuevos impuestos o mejorar su recaudación, el gobierno se libera de los reclamos y exigencias de los contribuyentes por una mayor eficiencia y transparencia en el manejo del presupuesto público, toda vez que estos, en lugar de contribuir con más impuestos al ingreso fiscal, lo que hacen es pugnar por capturar la mayor parte de la renta.

2. RUPTURAS Y CONTINUIDADES DEL MODELO EXTRACTIVISTA Desde que apareció el petróleo en la vida nacional, se fue gestando y desarrollando una cultura rentista que pretende vivir de ingresos no producidos, en menoscabo de la cultura emancipadora del trabajo y del esfuerzo productivo. Esta cultura ha sido una constante en la vida económica, social y política a lo largo de la Venezuela petrolera. Desde entonces, los gobiernos se han sostenido gracias a la extracción y exportación de hidrocarburos hacia las grandes potencias consumidoras. Esta dependencia de las metrópolis, a través de la extracción y exportación de petróleo y gas que comenzó en los gobiernos de la IV República, con algunas rupturas que explicaremos a continuación, se mantiene prácticamente inalterada en los gobiernos de la V República. En este sentido, bien valen para Venezuela los planteamientos que hace el investigador y analista boliviano Raúl Prada:

“Este es el argumento compartido por todas las elites de turno que han gobernado nuestros países, sean conservadores, libarles, nacionalistas, neoliberales o progresistas. Pueden diferenciarse en la forma política, en la relación con el pueblo, con lo nacional-popular, pueden diferenciarse en el discurso; empero, al compartir este prejuicio condenatorio histórico, que debemos aceptar el rol que nos impone la geopolítica del sistema-mundo capitalista, ser extractivistas, no hacen otra cosa que manifestar que pertenecen al mimo modelo de reproducción de la dependencia. Con el agravante de la destrucción ecológica y el etnocidio de los pueblos nativos”. 27

En circunstancias de abundantes reservas, la cultura rentista espera vivir de las transferencias del Estado, lo cual debilita aún más el valor del trabajo y el espíritu emprendedor. Por eso cae la inversión productiva, se desintegra el tejido empresarial, el Estado pasa a ser el principal empleador y la gobernabilidad se logra a través

27 Raúl Prada Alcoreza. La suspensión de la democracia. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=177888&titular=la-suspensi%C3%B3n-de-la-democracia-

de políticas asistencialistas y compensatorias que se financian con la renta. De allí que el principal obstáculo para superar el neo-rentismo socialista es cultural. La ilusión de prosperidad se ve exacerbada cuando se certifican importantes reservas que pueden ser explotadas durante siglos. Esto brinda una sensación de autosuficiencia y seguridad que refuerza la cultura extractivista-rentista-consumista y posterga los esfuerzos por construir un modelo productivo que asegure independencia y soberanía. La Revolución Bolivariana ha reivindicado la soberanía nacional sobre el petróleo, con un mayor control del Estado sobre la principal riqueza del país, lo cual ha permitido destinar un significativo porcentaje de la renta a la inversión social. Sin embargo, Venezuela aún tiene pendiente romper con la inercia del modelo extractivista, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, inercia que se evidencia en el “Plan de la Patria”, en cuyo contenido se ha planteado duplicar la extracción de petróleo para llevarla de 3 a 6 millones de barriles diarios. De hecho, en el Gran Objetivo Histórico N° 3 que se plantea “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América” se aprecia una orientación marcadamente extractivista, al duplicar la explotación de petróleo de 3,3 a 6 millones de barriles diario de petróleo. Veamos:

Objetivo Nacional

3 .1. Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial. Objetivos Estratégicos y Generales

3.1 .1. Desarrollar la capacidad de producción del país en línea con las inmensas reservas de hidrocarburos, bajo el principio de la explotación racional y la política de conservación del recurso natural agotable y no renovable. 3 .1 .1 .1. Alcanzar la capacidad de producción de crudo hasta 3, 3 MMBD para el año 2014 y 6 MMBD para el año 2019. 3 .1 .1 .2. Alcanzar la producción de gas natural para el año 2014 hasta 7 .830 MMPCD y en el año 2019 a 10 .494 MMPCD. 3 .1 .2. Desarrollar la Faja Petrolífera del Orinoco, para alcanzar, mediante las reservas probadas, ya certificadas, una capacidad de producción total de 4 MMBD para el 2019, en concordancia con los objetivos estratégicos de producción de crudo, bajo una política ambientalmente responsable..

3.1 .2 .5. Perforar en los bloques asignados 10.550 pozos horizontales de petróleo, agrupados en 520 macollas de producción..

3.1 .3 .1. Continuar las actividades de perforación, rehabilitación y reparación de pozos, que permitan mantener la producción.28

Visto esto, la transición gradual y sin traumas hacia un modelo post-extractivista implica desplegar el potencial de otras actividades productivas que compensen lo que el país dejaría de percibir al mantener estable e incluso llegar a disminuir el ritmo de extracción petrolera. Controlar los volúmenes de producción es la mejor manera de defender un nivel alto para los precios del petróleo. Por lo tanto, duplicar el volumen de producción puede inducir a los demás países miembros de la OPEP a aumentar la producción, provocando así una sobreoferta de crudos que pudiera llegar a descalabrar los precios del petróleo y dando al traste con el legado de Chávez en materia petrolera, el cual consistió precisamente en rearmar la OPEP para retomar la disciplina de cuotas que permitiera controlar los volúmenes de producción, corregir la sobreoferta y recuperar los precios internacionales del barril de petróleo.

28 Ver: Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-201 9. Presentado a la Asamblea Nacional por el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. (28 de septiembre del 2013 ) y aprobado el 4 de diciembre del 2013

Recordemos que, en los años previos a la llegada de Chávez al gobierno, la gerencia de PDVSA incurrió en una frecuente violación de la cuota fijada por la OPEP a cada país, dejando al descubierto su propósito de descalabrar el sistema de cuotas y provocar un conflicto extremo que provocara el retiro de Venezuela de la organización. Aquella política de PDVSA de maximizar volúmenes rompiendo la disciplina de las cuotas fue un importante factor que ocasionó el derrumbe de los precios petroleros en 1998. Los gerentes petroleros de la IV República, para satisfacer la creciente demanda de energía de las grandes potencias, optaron por aumentar las capacidades de extracción de petróleo, aún si esto pudiese provocar considerables bajas en los precios del crudo. Con el pretexto de conquistar una creciente cuota en el mercado internacional, la tecnoburocracia de PDVSA, antes de entregar al fisco cualquier incremento en el ingreso petrolero, prefería destinarlo a ampliar las capacidades de extracción, lo cual llevó a un reiterado incumplimiento de la cuota que Venezuela tenía asignada en la OPEP y representó una de las causas de la drástica caída que, para entonces, sufrieron los precios del petróleo.

Adicionalmente, para la llamada meritocracia, era mejor destinar cada dólar a aumentar sus remuneraciones y beneficios, antes que pagar ese dólar en regalías, impuestos o dividendos. Una postura totalmente contraria al interés del Estado de maximizar la renta para compensar la extracción de un recurso natural no renovable y captar el mayor ingreso fiscal posible para financiar el gasto público29.

La decisión del Gobierno Bolivariano de tomar el control de la compañía petrolera, con el fin de maximizar el ingreso fiscal petrolero y financiar la inversión social que permitiera reducir de manera rápida y sostenida los alarmantes niveles de desempleo, pobreza y exclusión social heredados de la IV República, fueron el detonante de cruentos conflictos que dieron origen al Golpe de Estado que derrocó temporalmente al Presidente Chávez en abril del año 2002. Tales sucesos radicalizaron el curso de la Revolución Bolivariana, llevando a declarar su carácter antiimperialista y socialista.

Reconstruir la OPEP, reivindicar un precio justo para el petróleo, incrementar el aporte fiscal de origen petrolero, rescatar PDVSA, desenmascarar a la meritocracia apátrida, derrotar el golpe de Estado petrolero, superar el sabotaje de PDVSA, destinar un creciente porcentaje de la renta a la inversión social y alcanzar la plena soberanía petrolera, forman parte del enorme legado que dejó el Comandante Chávez en materia petrolera, el cual solo fue posible a partir de la intensa y decidida batalla que emprendió el líder de la Revolución Bolivariana para derrotar el dominio de la tecnocracia y las transnacionales, siempre interesadas en mantener una sobreoferta de petróleo en el mercado internacional que presionara hacia la baja los precios del petróleo.

Reconstrucción de la OPEP, control de la producción y precio justo para el petróleo Tan pronto asumió el gobierno por primera vez en 1999, el Presidente Chávez puso en marcha una política dirigida a reafirmar la soberanía nacional sobre el petróleo y la política fiscal petrolera, en oposición a las decisiones de los gobiernos anteriores de dejar la negociación de los contratos de petróleo y gas en manos de la tecnocracia de PDVSA, tal como lo denunció oportunamente Carlos Mendoza Potellá:

“Fue así como se inició un curso fatal de deterioro de la participación nacional en el negocio petrolero, constituyendo la llamada “apertura petrolera” sólo el Capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal. (…) violando la Constitución y las leyes, aceptando las imposiciones del enclave antinacional enquistado en PDVSA, un inadvertido y displicente Congreso Nacional aprobó la suscripción de “Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo y Explotación de Nuevas Áreas bajo el

29 Una interesante y bien documentada explicación de las crecientes tensiones entre la meritocracia de la vieja PDVSA y el Gobierno Bolivariano la ofrece Bernard Mommer en su ensayo “Petróleo Subversivo”.

Esquema de Ganancias Compartidas”, un instrumento contractual insólito en nuestra legislación petrolera y mercantil, totalmente desequilibrado, en el cual se ensarta un rosario de cláusulas que otorgan todas las ventajas al socio extranjero, lesionan la soberanía nacional y nos devuelven a la tradicional imagen de cambiar oro por espejitos”30

Chávez se propuso recomponer la disciplina de cuotas en el seno de la OPEP, en función de defender los precios y recuperar el ingreso petrolero. Con este claro propósito, organizó en Caracas, en septiembre del año 2000, la Segunda Cumbre de Jefes de Estados de la OPEP, en la que se construyó un exitoso acuerdo entre los miembros de la OPEP y otros países exportadores para restablecer el sistema de cuotas, lo cual contribuyó a la recuperación de los precios del petróleo. A partir de entonces, los ingresos del país por exportaciones de hidrocarburos ascendieron de manera sostenida, lo cual suministró al Gobierno Bolivariano los recursos necesarios para financiar la inversión social y lograr así una rápida y decisiva reducción de los altos niveles de desempleo, pobreza y exclusión social.

Nuevo régimen fiscal petrolero a favor de la Nación El ingreso petrolero es el que obtiene PDVSA por las ventas totales del crudo y sus derivados, incluye los ingresos por exportaciones y por las ventas realizadas en Venezuela. Mientras que el ingreso fiscal petrolero es el que percibe el Estado venezolano, en su condición de propietario de los recursos del subsuelo y de PDVSA, incluye las regalías, el impuesto sobre la renta y los dividendos. La clave del régimen fiscal petrolero es el cobro de las regalías, que representan la forma más segura de ingreso para el Estado como propietario del recurso natural. A diferencia de lo que suele ocurrir con el impuesto sobre la renta, el monto de la regalía no puede ser alterado manipulando los costos, toda vez que la regalía se calcula con base en la cantidad de barriles extraídos. En Venezuela, inicialmente dominó el pago de 1/6 a 1/8 de la producción. La Ley de 1943 establecía una regalía de 1/6, equivalente al 16,67% del total de la producción31.

Uno de los puntos importantes en la reforma de la Ley de Hidrocarburos que promovió el gobierno de Chávez al inicio, fue el incremento significativo de la participación de la Nación en la extracción de petrolero, al plantear la duplicación de la regalía. En efecto, a partir de la nueva Ley, la regalía pasó de 16,67 % al 33%. De allí que, además del impuesto sobre la renta que paga PDVSA y sus filiales, y de los dividendos cancelados al Estado venezolano como único accionista, un creciente monto de los ingresos fiscales proviene del cobro de la regalía petrolera, que es la tasa de compensación que recibe el Estado por la liquidación de un activo natural no renovable. El rescate de PDVSA: un Estado dentro del Estado

Al inicio, la industria petrolera funcionó bajo el régimen de concesiones a las corporaciones transnacionales. Esto fue así hasta 1976, año en que se nacionalizó la industria. Con la estatización dejaron de existir las 25 compañías petroleras, nacionales e internacionales, que manejaban el negocio y el control pasó a manos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Desde su fundación en 1976 hasta el año 2002, PDVSA operó como un Estado dentro del Estado. Los directivos, gerentes y ejecutivos venezolanos trabajaron estrechamente con las compañías petroleras internacionales, compartiendo su visión del negocio petrolero. Para muchos tecnócratas venezolanos, salir de PDVSA para pasar a formar parte de las nóminas de las transnacionales petroleras siempre fue una gran aspiración32.

30 Ver Carlos Mendoza Potellá. Crítica Petrolera Contemporánea. Crónicas disidentes sobre la apertura y poder petrolero. http://petroleovenezolano.blogspot.com/2013/07/viejos-debates-no-resueltos.html#.UtLC2UpUpdg 31 Un documentado relato de las tensiones entre el Estado venezolano y las concesionarias transnacionales por capturar el mayor porcentaje de la renta petrolera lo ofrece Bernard Mommer en su libro La Cuestión Petrolera. 32 Las causas de fondo que hacen estallar las contradicciones y conflictos entre la tecnoburocracia de la vieja PDVSA y el Gobierno Bolivariano las expone con mucho rigor Bernard Mommer en su ensayo: Petróleo Subversivo.

El negocio petrolero suele tener una naturaleza muy contradictoria. Por un lado está el interés del dueño del recurso natural -que es el Estado-, de maximizar el ingreso fiscal de origen petrolero. Por el otro, está el interés de las concesionarias que explotan el petróleo, de minimizar los pagos al Estado. En la percepción general de los venezolanos, el cobro de crecientes regalías e impuestos a las concesionarias generaba bienestar para toda la población. Pero a partir de la nacionalización en 1976, cuando el Estado pasa a ser simultáneamente tanto el dueño de los recursos del subsuelo, como también el dueño de la compañía que los explota, estos dos intereses contradictorios del negocio se desdibujaron y se confundieron por completo. Teóricamente, al pasar el negocio petrolero a manos del Estado, se facilitaba un control fiscal cada vez más estricto y transparente. Pero ocurrió todo lo contrario, la fiscalización a la compañía –que dejó de ser una concesionaria para ser una empresa estatal-, se relajó y el control de la compañía por su único accionista (el Estado) se debilitó cada vez más. El objetivo de la tecnocracia de PDVSA era evadir los controles del Estado para desplazarlo como el principal perceptor de la renta petrolera. En los años previos a la llegada de Chávez al gobierno, la gerencia de PDVSA incurrió en una frecuente violación de la cuota fijada por la OPEP a cada país, dejando al descubierto su propósito de descalabrar el sistema de cuotas y provocar un conflicto extremo que provocara el retiro de Venezuela de la organización. Aquella política de PDVSA de maximizar volúmenes rompiendo la disciplina de las cuotas fue un importante factor que ocasionó el derrumbe de los precios petroleros en 1998. Así fue como PDVSA se fue convirtiendo en un Estado dentro del Estado y se concentró en su propia agenda: invertir en el crecimiento de las capacidades de extracción para maximizar los volúmenes de producción, incluso por encima de las cuotas de la OPEP, evitando por todos los medios transferir recursos al fisco nacional. El secuestro de PDVSA por parte de la tecnocracia y la negativa de ésta a cooperar para restablecer el sistema de cuotas, fortalecer la OPEP y recuperar el ingreso fiscal petrolero, le planteó a Chávez el imperativo de rescatar PDVSA para alinearla con los objetivos del gobierno. Argumentando el deterioro del sistema político y económico venezolano en la IV República -signado por el despilfarro y la corrupción en la administración del ingreso fiscal petrolero-, la tecnocracia justificó su evasión del control fiscal del Estado. En esta confrontación por el control y administración del negocio petrolero, la tecnocracia finalmente se impuso sobre la partidocracia de la IV República. En la rivalidad de ambas élites por controlar la principal fuente de ingresos en divisas y fiscales del país, la tecnocracia se cerró cada vez más al control estatal e impuso un creciente control sobre PDVSA. Con ese fin, creó un sinnúmero de empresas fuera de Venezuela, logrando un manejo de los negocios de refinación y comercio al margen de los controles del Estado y de las influencias políticas. Contrario al interés recaudador del gobierno, a la gerencia de la compañía le movió el interés de minimizar el pago de las obligaciones fiscales y administrar directamente la mayor parte del ingreso petrolero. Antes de la nacionalización, por cada dólar de exportación petrolera el gobierno llegó a recaudar hasta 80 céntimos en rentas, regalías e impuestos. Sin embargo, como consecuencia del empeño de la tecnocracia de minimizar el pago de regalías, impuestos y dividendos, la participación del gobierno en el ingreso petrolero cayó a niveles muy bajos, aún cuando el ingreso petrolero de la compañía fuese en aumento. Según los propios datos estadísticos del Ministerio de Energía y Minas (en la actualidad Ministerio del Poder Popular para el Petróleo), por cada dólar de ingreso bruto que obtuvo en 1981, PDVSA pagó al gobierno 71 céntimos en rentas, regalías e impuestos, pero sólo 39 céntimos en el año 200033.

Con el argumento de que esos recursos se despilfarrarían, la tecnoburocracia de PDVSA optaba por gastarlos antes que transferirlos a las arcas del fisco nacional. Invertir y gastar todo el ingreso petrolero era una cuestión 33 Estas cifras han sido tomadas de Bernard Mommer: Petróleo Subversivo. Como ya lo apuntamos en la nota anterior, el ex Viceministro de Petróleo y Gobernador de Venezuela en la OPEP, documenta y explica muy bien el conflicto entre las élites de la partidocracia y la tecnoburocracia de PDVSA y sistematiza una interesante información cuantitativa que nos permite tener una idea de las ganancias transferidas al exterior, así como de los montos y porcentajes de la renta petrolera que se quedaban represados en PDVSA, en lugar de ser transferidos al fisco para nutrir el presupuesto y financiar la inversión social..

de principio de las poderosas élites que secuestraron PDVSA, aunque esta práctica no siempre contribuyera a maximizar las ganancias de la compañía. Por el contrario, resultaba favorable al interés de las transnacionales petroleras y las grandes potencias consumidoras de petróleo. Fin de la transferencia de ganancias al exterior

Ante el secuestro de PDVSA por parte de la tecnocracia, los gobiernos de la IV República se resignaron a nombrar la directiva de PDVSA, sin interferir en los nombramientos de las filiales. Esta tecnocracia, mejor conocida como la meritocracia, impulsa a partir de 1989 la Política de Apertura Petrolera, orientada a privatizar la industria y a minimizar su aporte al ingreso fiscal. Argumentando que las regalías y los impuestos alejaban la inversión extranjera, logró que se relajara el régimen fiscal y se ofrecieran los más bajos niveles impositivos y pago de regalías a los inversionistas. Debido al libreto neoliberal de rebajas impositivas que promovió la tecnocracia, la política fiscal de maximización del ingreso fiscal petrolero fue reemplazada por una política de minimización del pago de regalía, impuestos y dividendos, lo cual favorecía ampliamente el interés de las corporaciones transnacionales y de las principales potencias consumidoras de petróleo. A raíz de esta política, el capital extranjero en asociación con PDVSA se convirtió nuevamente en un importante productor en Venezuela. Un 40 % del petróleo venezolano quedó bajo los términos de esta política. PDVSA abrió a la inversión privada campos marginales productores de crudos convencionales (son los acuerdos conocidos como Contratos de Servicios Operativos), que para 2001 llegaron a producir alrededor de 500 mil b/d. La mayor parte de esta producción no solo es que no estaba sujeta a la cuota OPEP, sino que violaba flagrantemente los acuerdos en la organización. Para desplegar la política de internacionalización y apertura, la tecnocracia de PDVSA compró sistemáticamente refinerías en otros países, suscribiendo con éstas contratos de suministro a largo plazo en los que se garantizaban descuentos sustanciales. A través del mecanismo de los precios de transferencia, PDVSA ofrecía generosos descuentos en los precios de venta a sus filiales en el exterior, tal como lo denunció oportunamente Carlos Mendoza Potellá:

“Es así, pues, como PDVSA ha devenido en la antítesis de lo que debería ser y la empresa del Estado para la administración eficiente de los recursos públicos de hidrocarburos se transforma en facilitadora de oportunidades de negocios privados: promoviendo paulatinas modificaciones legales o propiciando transgresiones legales, multiplicando proyectos de limitada o nula rentabilidad fiscal, impulsando múltiples formas de participación privada, desde la internacionalización, la contratación de servicios y el “outsourcing” de ciertas funciones considerada no medulares, hasta los diversos niveles de “asociaciones estratégicas” que desembocan en el presente otorgamiento subrepticio de concesiones, paso previo a la “democratización del capital” mediante la colocación de bonos y la venta en forma de acciones de PDVSA y sus filiales. Tal es nuestra opinión en torno al proceso de la política petrolera venezolana en los últimos 20 años. A contrapelo de las formulaciones legales y reglamentarias, de las tradiciones y rituales de la política petrolera venezolana, con el disfraz de la nacionalización hemos introducido en nuestra casa un caballo de Troya antinacional, el cual, en nombre de supuestos “escenarios productores” y de “combate al rentismo” ha liquidado la capacidad efectiva de captación nacional de una renta que de todas maneras se produce, en tanto que su determinación es el resultado de un intrincado conjunto de relaciones económicas internacionales, establecidas y consolidadas en un proceso que se inició a principios de siglo”. 34.

Quienes hoy dicen que Venezuela “regala” el petróleo a los países de América Latina, lo hacen para ocultar que durante los años de la internacionalización y apertura petroleras, PDVSA renuncio al cobro de la renta petrolera a través de precios de transferencia, con considerables descuentos a favor de sus filiales extranjeras. Estas nunca pagaron dividendos a la compañía matriz. El objetivo de esta política de internacionalización y apertura era 34 Véase Carlos Mendoza Potellá. Op. Cit.

manejar las ganancias fuera del control del gobierno, en desmedro del ingreso fiscal petrolero. Generar ingresos para el país nunca fue el objeto de esta política de la tecnoburocracia apátrida, ni el interés de las filiales en la vieja PDVSA. Derrota del golpe de Estado y del sabotaje a PDVSA

El Comandante Chávez asumió la presidencia en febrero de 1999 en medio del peor colapso de los precios del petróleo en medio siglo. Aunado a esto, el control que llegó a imponer la gerencia de PDVSA sobre el negocio petrolero, minimizó el aporte de la industria al ingreso fiscal. En tales circunstancias, la recuperación de los precios era tan sólo un elemento más dentro de la complicada problemática que en materia petrolera le tocaba encarar a Chávez. Ciertamente, los precios del petróleo podían crecer, pero lo que más le interesaba al Gobierno Bolivariano era el incremento del ingreso fiscal petrolero, al cual se oponía rotundamente la meritocracia.

Revertir esta situación, obligó a Chávez a arrebatarle a la meritocracia el control sobre la compañía estatal. Esta determinación se llevó hasta las últimas consecuencias y fue justamente la causa del Golpe de Estado de abril de 2002, a través del cual se derrocó a Chávez temporalmente. A finales de ese año, vendría una nueva arremetida con el peor acto de sabotaje cometido contra la industria petrolera nacional en toda su historia. El sabotaje se extendió hasta marzo de 2003, destruyendo el cerebro electrónico de la empresa que vio paralizadas por meses sus operaciones, sufriendo pérdidas multimillonarias y cuantiosos daños materiales.

La conspiración contra Chávez se había activado a escala internacional, toda vez que el Gobierno Bolivariano había decidido reivindicar la soberanía nacional sobre el petróleo y eliminar los precios de transferencia que concedía PDVSA a sus filiales extranjeras. Estas fueron obligadas a pagar regalías con base en los precios del mercado internacional y a pagar dividendos por primera vez. Además, se ordenó a la tecnocracia gastar menos y pagar más impuestos. Derrotado el Golpe de Estado y una vez recuperada la industria petrolera, el restablecimiento del sistema de cuotas coadyuvó a la recuperación del precio de la cesta petrolera venezolana, el cual repuntó de los $ 7 el barril en que lo recibió Chávez, hasta romper la barrera de los $ 100.

Gracias a esta batalla dirigida exitosamente por el Comandante Chávez, se reivindicó un precio justo para un recurso natural no renovable y se rescató a PDVSA, lo cual se ha traducido no solo en un aumento del ingreso petrolero de PDVSA, sino también del ingreso fiscal petrolero con el cual el Gobierno financia la inversión social que ha permitido reducir significativamente los altos niveles de desempleo, pobreza y exclusión social que fuero heredados de la IV República. Plena Soberanía Petrolera

Con el fin completar el control sobre el negocio petrolero y maximizar la renta, el Gobierno puso en marcha el Plan Soberanía Petrolera: Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco. Con este fin dictó el Decreto Ley N° 5.200 de migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO); y los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.

Con este decreto el Estado venezolano completó la recuperación del control de sus hidrocarburos y reforzó la política de Plena Soberanía Petrolera. Las asociaciones existentes entre filiales de PDVSA y el sector privado, que operan en la FPO, se convierten en Empresas Mixtas, en las cuales la mayoría accionaria la posee el Estado venezolano, a través de la estatal petrolera. Chevron Texaco, Statoil, Total, BP, ENI y Sinopec e Ineparia, son las siete transnacionales, de las 11 que conformaban los extintos Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco y de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, que decidieron firmar memoranda de entendimientos para migrar al esquema de Empresas Mixtas. Exxon Mobil demandó a Venezuela en el CIADI y logró un embargo temporal de activos de PDVSA por el orden de los 12 mil millones de dólares.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela formalizó el día 24 de enero del 2012 ante el Banco Mundial, su denuncia irrevocable del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, decisión fundamentada en el artículo 151 de la Constitución, el cual

señala que en contratos de “interés público” la resolución de controversias se realizará en el territorio nacional. Si bien es cierto que a través del Plan Plena Soberanía Petrolera se ha reivindicado la soberanía nacional sobre el petróleo, queda pendiente el diseño y ejecución de una política de industrialización de los hidrocarburos que permita sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable. Se ha reivindicado la propiedad estatal pero se sigue exportando petróleo crudo y gas líquido para luego importarlo con valor agregado. Como ya lo citamos antes, estas rupturas y continuidades se aprecian con bastante claridad en el contenido del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-201935, particularmente el capítulo referido a los Objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales, donde pueden apreciarse las tensiones que prevalecen entre objetivos que se plantean superar la lógica de dominación extractivista impuesta por las grandes potencias frente a la inercia extractivista que se justifica para generar los recursos que se requieren para financiar el desarrollo económico y social. 3. DEL NEO-RENTISMO SOCIALISTA AL SOCIALISMO PRODUCTIVO

La Revolución Bolivariana ha reivindicado la soberanía nacional sobre el petróleo, con un mayor control del Estado para destinar un creciente porcentaje de la renta a la inversión social. Pero al igual que en gobiernos anteriores, se mantiene la esencia del modelo extractivista, explotador y depredador de la naturaleza, llegando incluso a platear la duplicación de la extracción de petróleo, al llevarla de 3,3 a 6 millones de barriles diarios. Nadie puede cuestionar la importancia de haber recuperado la soberanía de los recursos naturales para reorientar la renta petrolera en función de derrotar los terribles flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social; pero también es necesario reconocer que el modelo de acumulación extractivista-rentista sigue siendo el sostén económico del Gobierno Bolivariano, tal como lo era en los gobiernos de la IV República.

En materia de política petrolera, el objetivo cardinal del Gobierno Bolivariano ha sido reivindicar precios más justos para el petróleo que, como ya hemos explicado, suele ir a contrapelo de maximizar el incremento de la extracción del recurso. En la lógica del mercado petrolero, estos objetivos son contradictorios: el aumento desmesurado de la producción generalmente provoca una baja en los precios y viceversa.

De allí que la política del Gobierno Bolivariano de controlar y racionalizar la extracción de petróleo haya sido motivada más bien por el interés de maximizar la renta petrolera y no como una estrategia para iniciar la transición de Venezuela hacia el post-extractivismo. Las variaciones del peso del petróleo en la economía venezolana no son el resultado de una estrategia destinada a sustituir el modelo rentista por uno productivo, sino del comportamiento errático de los precios del crudo en el mercado internacional. De allí que la reconstrucción de la OPEP y la recuperación de los precios del petróleo sean parte de la estrategia para aumentar la renta que permita financiar las políticas sociales, más no para profundizar el tránsito de la economía rentista al nuevo modelo productivo post-extractivista.

Si un mecanismo para distribuir la renta petrolera se ha profundizado en la V República, al extremo de crear distorsiones sin precedentes en el funcionamiento de la economía y de la sociedad venezolanas, este ha sido la sobrevaluación del precio oficial de la divisa o tasa de cambio, lo cual ha dado al traste con los objetivos de la política económica (incluyendo la propia política cambiaria) de impulsar el tránsito del capitalismo rentístico e importador en un nuevo modelo productivo socialista y exportador. Paradójicamente, la reivindicación del precio del petróleo y del ingreso fiscal de origen petrolero pueden verse mediatizados y hasta anulados si no se supera la propia cultura rentista que de esta misma conquista se deriva y exacerba. Ante cada auge rentista hay un auge del consumo, la abundancia de divisas conduce a la sobrevaluación de la moneda y esto hace que sea más fácil y rentable importar que producir. Esta práctica se ve acentuada por la política de anclaje cambiario que tiende a congelar el precio de la divisa por varios años, lo

35 Véase: Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-201 9. Presentado a la Asamblea Nacional por el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. (28 de septiembre del 2013 )

cual se traduce en un subsidio del dólar y, en consecuencia, en un subsidio a las importaciones que se hace con un dólar oficial cada vez más barato, si se le compara con el precio que alcanza esa moneda en el mercado paralelo. Los productores se transforman en importadores y la creciente e indetenible tendencia a importarlo todo castiga y desplaza a la producción nacional.

Del neo-rentismo socialista al socialismo productivo Primero que todo es necesario subrayar la importancia del ajuste cambiario como un primer paso de avance en la revisión de una estrategia económica que ya luce agotada para transformar esa economía rentista en un nuevo modelo productivo. Esto es posible sí y sólo sí el ajuste cambiario es complementado con otras decisiones en materia de política fiscal, monetaria, financiera, de precios y en materia de políticas sectoriales, agrícolas, industriales y tecnológicas.

Se ha pretendido atribuir a la decisión de devaluación un efecto mágico, automático, sobre la transformación productiva. Pero la historia económica venezolana reciente tiene muchos episodios que corroboran que esa misma medida cada vez que es utilizada única y exclusivamente para aumentar el ingreso fiscal cuando cae el precio del petróleo, si no va acompañada de otras medidas complementarias pierde totalmente su efecto y se vuelven a reeditar, entonces, todos los fenómenos asociados a una economía rentista que cae en ese ciclo vicioso de dejar que el dólar se sobrevalue.

No es cierto que la devaluación permitirá automáticamente el tránsito de la economía rentista importadora al nuevo modelo productivo exportador. Si bien la devaluación encarece las importaciones que compiten con la producción nacional y mejora el ingreso en bolívares de los exportadores, la competitividad cambiaria es una condición necesaria más no suficiente para sostener el esfuerzo exportador. Es necesario construir una competitividad auténtica basada en el desarrollo de ventajas competitivas de tipo tecnológico que permitan que esa dotación de factores que el país tiene en materia de petróleo, gas, recursos naturales y materias primas sea efectivamente aprovechada. Para que sea creíble y perdurable el impacto del ajuste cambiario sobre la transformación productiva -para que se demuestre que no fue solamente tomado con fines fiscales debido a que el gobierno necesitaba más recursos para poder cubrir sus gastos-, tendrá que ser respaldada con un conjunto de medidas complementarias en materia de política macroeconómica, agrícola, industrial y tecnológica. Industrializar la economía

La conformación del PIB venezolano es muy precaria, toda vez que ha caído la contribución de la agricultura y la industria, que son sectores básicos para lograr la soberanía productiva, mientras que ha subido el peso del comercio, las finanzas y los servicios, acentuando la dependencia de los suministros importados. La estructura sectorial del PIB aún está lejos de reflejar la conformación de una economía que asegure una inserción soberanía del país en la economía mundial. La agricultura apenas aporta el 5 % del PIB, cuando debería estar en al menos 12 %, si se quieren lograr los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria; la industria apenas aporta el 14,4 % del PIB, cuando los estándares internacionales concuerdan que la manufactura debería contribuir al menos con el 20 del PIB para considerar que un país se ha industrializado36.

Al desagregar el análisis por sectores se evidencia que la tasa de crecimiento interanual del sector manufacturero siempre ha sido menor que la del PIB, lo cual significa que la industria ha venido perdiendo importancia relativa en la conformación del producto, pasando de 18.8% en 1999 a solo 13.9% en el 2013. El aparente dinamismo del PIB ha sido motorizado fundamentalmente por los sectores del comercio y los servicios -particularmente del comercio importador y los servicios financieros-, lo cual acentúa los rasgos de una economía rentista cada vez más dependiente de las importaciones y actividades especulativas, cuestión que nos aleja de las metas de soberanía productiva. En adelante, se impone incentivar un PIB con más calidad, sustentado en la agricultura, la industria y el turismo como sectores que pueden sustituir importaciones y

36 Véase. Víctor Álvarez R. Claves para la Industrialización Socialista. Centro Internacional Miranda. Caracas, 2011.

generar nuevas fuentes de divisas. La transformación de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo requiere el diseño de un nuevo régimen cambiario que deben ir complementado con otras decisiones en materia de política fiscal, monetaria, de precios y sobre todo con el diseño de una política agrícola, industrial y tecnológica que permita fortalecer la calidad, productividad y competitividad del aparato productivo. La transformación de una economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador comenzará a concretarse a medida que las necesidades en divisas de los diferentes sectores económicos puedan ser cubiertas por el ingreso que estos mismo generen con sus exportaciones de bienes y servicios con un creciente valor agregado nacional. De allí la importancia de avanzar hacia una nueva política cambiaria que determine el precio de la divisa en un nivel que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional y evite el fenómeno de la sobrevaluación que ha causado el sesgo anti-exportador y pro-importador de la economía venezolana.

Diversificar y promover exportaciones no petroleras El pobre desempeño de las exportaciones no tradicionales venezolanas no se debe a la ausencia de un tipo de cambio competitivo, sino a la falta de una política integral que armonice las políticas macroeconómicas con las políticas sectoriales, apoyada en una buena estrategia de promoción de exportaciones. No obstante, la corrección de la sobrevaluación estructural del bolívar es el primer paso para superar el sesgo anti-exportador de la economía venezolana. La gran asignatura pendiente -además de encontrar una tasa cambiaria de equilibrio que evite el efecto negativo de la sobrevaluación estructural del bolívar-, sigue siendo la definición de políticas macroeconómicas, agrícolas, industriales y tecnológicas coherentes que hagan posible un desarrollo sostenido de la economía real. Sin producción nacional no es posible sustituir importaciones. Mucho menos exportar. Desde la voz oficial se ha planteado que cada decisión de devaluar el bolívar va a traer como consecuencia la transformación del aparato productivo, el cambio de una economía importadora en una economía productiva y exportadora. Pero en Venezuela las devaluaciones nunca han sido parte de una estrategia para la transformación del modelo rentista. Siempre han respondido a los desequilibrios fiscales que aparecen como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Cada vez que se derrumba la renta petrolera y la economía entra en recesión, los dólares se venden más caros para compensar el deterioro del ingreso fiscal. Si la medida de devaluación no se acompaña de políticas industriales y tecnológicas que refuercen, que complementen el impacto positivo que pudiera tener la política cambiaria en ese sentido, sencillamente esos propósitos una vez más se verán frustrados y postergados.

Devaluar no es suficiente para exportar. Tampoco la reducción de aranceles y de las barreras al comercio. Conquistar un espacio en los mercados internacionales exige competir con calidad, cantidad, precios y oportunidad de entrega. Pero también requiere la creación de un adecuado ambiente para la actividad productiva y exportadora que incluye tanto la estabilidad macroeconómica, como adecuados servicios de agua, luz, gas, telecomunicaciones, plantas de tratamiento y otros servicios de apoyo a la producción; carreteras, autopistas, ferrovías, puertos y aeropuertos; la formación técnica y productiva de los trabajadores; las capacidades gerenciales, tecnológicas e innovativas; así como el buen funcionamiento de las aduanas y los organismos públicos que administran el marco legal que rige las operaciones e incentivos al comercio exterior. Cuando uno de esos eslabones falla se altera un sistema que debe funcionar cada vez mejor, y por lo tanto, se dificulta y entorpece el esfuerzo exportador.

Una tasa de cambio competitiva es una condición necesaria, más no suficiente, para estimular las exportaciones diferentes al petróleo. Las experiencias de promoción de exportaciones exitosas demuestran que el tipo de cambio jugó un importante papel en el incremento de las exportaciones debido a que formó parte de un conjunto integral de políticas macroeconómicas, agrícolas, industriales y tecnológicas bien articuladas.

CONCLUSIONES: Post-extractivismo e inserción soberana en la economía mundial Venezuela arrastra una arraigada cultura rentista y vive atrapada en una larga promesa de desarrollo y bienestar,

según sea el destino que se le imprima a la renta petrolera. Se trata de un país donde empresarios, trabajadores y consumidores pugnan por capturar la mayor tajada de la renta petrolera, con el fin de lograr un ingreso superior al que en rigor les corresponde por su propio esfuerzo productivo. En estos 15 años de Revolución Bolivariana, la transformación del modelo rentista en un nuevo modelo productivo ha sido más un planteamiento retórico y aun no se muestran resultados significativos. Es un planteamiento constante en los programas de gobierno, pero aún no se ha puesto en marcha una estrategia gubernamental especialmente diseñada para romper y superar el modelo rentista. Sigue pendiente traducir esos lineamientos generales en una clara y eficaz formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos orientados a la construcción de un nuevo modelo productivo que sirva de base sólida para la inserción soberana de Venezuela en el mercado mundial. A lo largo de estas páginas hemos intentado demostrar que el genoma económico del extractivismo-rentista es portador de potenciales patologías que se pueden desarrollar, tanto en la fase capitalista como en la fase de transición al socialismo. De allí la importancia de conocer y comprender los mecanismos para la distribución de la renta y las distorsiones que se pueden generar, en función de anticipar diagnósticos acertados que ayuden a mantener estas patologías bajo control.

Una de las más peligrosas distorsiones en el ADN del modelo extractivista-rentista la genera un ingreso en divisas que no es fruto del esfuerzo productivo interno. Este súbito ingreso confiere una capacidad de compra superior al valor agregado por la actividad interna. La inyección de esta renta internacional a la circulación nacional origina una creciente demanda que no puede ser abastecida por el precario aparato productivo local. Y entre producir e importar, se suele apelar al expediente fácil de comprarle al resto del mundo, lo que con esfuerzo y constancia debería producirse nacionalmente.

La Revolución Bolivariana muestra indiscutibles logros en la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social, pero tiene pendiente la transformación del modelo rentista e importador en un nuevo modelo productivo exportador. Ciertamente, la reconstrucción de la OPEP y la vuelta a la disciplina de cuotas por país ha sido la clave para la recuperación de los precios del petróleo. Esta exitosa estrategia ha permitido obtener los recursos que se han destinado a financiar las políticas sociales orientadas a reducir los flagelos sociales que condenaban a la mayoría de la población a una terrible situación de pobreza, hambre y exclusión. De allí el riesgo que se corre al pretender duplicar la extracción de petróleo, toda vez que esta decisión puede inducir a los demás países miembros de la OPEP a aumentar también su producción, provocando así una sobreoferta de crudos que pudiera descalabrar los precios del petróleo y dar al traste con el legado de Chávez en materia petrolera, el cual consistió precisamente en rearmar la OPEP para retomar la disciplina de cuotas, controlar los volúmenes de producción, corregir la sobreoferta y recuperar los precios internacionales del barril de petróleo. La mentalidad extractivista-rentista sigue siendo una constante no solo en las élites gobernantes, sino también en el movimiento empresarial y en la mayoría de la población. En gran medida, no es otra cosa que el arraigo al mismo modelo extractivista que sustenta el capitalismo rentístico venezolano, cuya inercia termina siendo impuesta por la lógica capitalista que impera en las viejas y nuevas potencias, la cual necesita proveedores seguros de materias primas y recursos energéticos. Sobre esta forma de inserción a la economía internacional se pretende justificar la continuidad y profundización del extractivismo para así obtener los recursos que se necesitan para aumentar la inversión social, cayendo así en un círculo vicioso que fortalece el modelo extractivista y reproduce la cultura rentista que nos mantiene condenados a seguir entregando recursos naturales a los grandes centros industrializados y potencias emergentes.

Luego de casi quince años de Revolución Bolivariana, la economía venezolana todavía muestra una alta dependencia de la renta petrolera, es muy abierta a las importaciones pero con un nivel muy bajo de exportaciones no petroleras. Está poco diversificada, lo cual se aprecia en la débil contribución de la agricultura, la industria y el turismo, tanto al PIB como a la generación de divisas. Huelga decir que, mientras más diversificada sea la economía, mientras menos dependamos de las exportaciones petroleras, mientras más divisas generen la agricultura, la industria y el turismo, menor será el impacto que tendrá el comportamiento errático de la renta, problema común que suelen sufrir los países en los que prevalece y profundiza el modelo

extractivista-rentista. En Venezuela, la alternativa no petrolera ha girado en torno a la extracción a gran escala de minerales, pero esto termina siendo la reedición y prolongación del modelo extractivista que, debido a su esencia explotadora del ser humano y depredadora de la naturaleza, no representa una verdadera opción para avanzar en la construcción socialista. Sin embargo, sus defensores se empeñan en justificar el impacto ambiental y social a través de los supuestos beneficios económicos que la extracción y procesamiento de minerales genera. Pero al revisar su contribución al PIB, al ingreso fiscal y en divisas, a la generación de empleo dignos, estables y bien remunerados, vemos que es tan exiguo su aporte que ni siquiera puede ser utilizado como pretexto para mantener una actividad minera, que más son los daños ambientales y sociales que ocasiona, que los beneficios económicos que genera. Esta realidad nos emplaza a una profunda revisión y ruptura con el modelo extractivista-rentista que se ha entronizado en nuestro país, a lo largo ya de un siglo. Este es un planteamiento constante en los programas de gobierno, aunque aún no se ha puesto en marcha una estrategia especialmente diseñada para superar el modelo extractivista-rentista y facilitar la inserción soberana de Venezuela en la economía mundial. En Venezuela, las rupturas y continuidades del modelo extractivista se aprecian con bastante claridad en el contenido del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. En los objetivos que plantean duplicar la extracción de petróleo -para llevarla de 3 a 6 millones de barriles diarios-, y en relanzar la explotación de minerales a gran escala, pueden identificarse las tensiones que aún prevalecen y deben ser resueltas para poder superar la lógica de dominación extractivista que nos mantiene atados a la órbita impuesta por las grandes potencias. Si bien es cierto que a través del Plan Plena Soberanía Petrolera se ha reivindicado la soberanía nacional y la propiedad estatal sobre el petróleo, todavía se sigue exportando petróleo crudo y gas líquido para luego importarlo con valor agregado. Por lo tanto, un reto a encarar consiste en el diseño y ejecución de una política de transformación productiva, con énfasis en el proceso de industrialización, que permita sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable, y así impulsar la transición hacia un modelo post-extractivista.

Esta transición gradual y sin traumas hacia un modelo post-extractivista implica desplegar el potencial de otras actividades productivas que compensen lo que el país dejaría de percibir, al mantener estable e incluso llegar a disminuir el ritmo de extracción petrolera y minera. En consecuencia, profundizar el tránsito hacia un nuevo modelo productivo post-extractivista exige una eficaz estrategia, con objetivos y metas bien concretas para:

• Sincronizar la disminución de la actividad extractiva con el crecimiento de la actividad productiva. • Planificar el desarrollo endógeno, diversificado e integrado, de los diferentes sectores y regiones. • Ampliar las metas de la política cambiaria hacia nuevos objetivos de crecimiento del PIB, generación de

empleo productivo y ampliación de las fuentes de divisas. • Evolucionar hacia un nuevo régimen cambiario que ayude a atraer inversiones, desestimule las

importaciones, respalde la competitividad cambiaria de las exportaciones y contribuya así a ahorrar y a generar nuevas fuentes de divisas.

• Sustituir el anclaje cambiario por un sistema de bandas que permita aproximarse gradualmente a una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad industrial, sin renunciar al objetivo de estabilizar los precios.

• Regenerar el tejido empresarial para aumentar la densidad de empresas productivas por cada mil habitantes. • Reindustrializar la economía para la sustitución eficiente de importaciones y aumento de las exportaciones

con creciente valor agregado. • Fortalecer las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato productivo nacional, en función de

transformar materias primas y recursos energéticos en productos de mayor valor agregado y contenido científico y tecnológico.

• Invertir en el desarrollo del talento humano y en la creación de empleos productivos, dignos, estables y bien remunerados.

• Avanzar en la construcción de un nuevo modelo productivo bajo el control de los trabajadores directos y de las comunidades organizadas y así acelerar la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social

• Desarrollar nuevas fuentes de ingreso fiscal y divisas para financiar la inversión social y asegurar la viabilidad fiscal y externa

• Asegurar la sustentabilidad social, ambiental y económica • Fortalecer la soberanía productiva e inserción independiente de Venezuela en la economía internacional.

BIBLIOGRAFÍA Acosta, Alberto: “Extractivismo y neo extractivismo: dos caras de la misma maldición”, en “Más allá del Desarrollo”, Fundación Rosa Luxemburgo. Álvarez, Víctor. (2012). Claves para la industrialización socialista. Caracas. Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Baptista, Asdrúbal. (2010). Teoría Económica del Capitalismo Rentístico. Caracas. Banco Central de Venezuela (BCV) Baptista; Asdrúbal y Bernard Mommer: “Renta petrolera y distribución factorial del ingreso”: Revista BCV. Caracas. Coronil Imber, Fernando. (2013). El Estado Mágico. Caracas. Editorial ALFA. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

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La revolución bolivariana: los límites de una transición política. El debate por la cultura.

Leonardo Bracamonte.

Allí está, [presidente Rafael Caldera] como un acto de buena fe, respetado por la mayoría, pero sin poder emprender los males de la mayoría. Está como El Ávila que ennoblece a esta ciudad, idéntico a sí mismo y de uso natural. Es la consecuencia de lo que

aprendimos, de la colosal indigestión que fue el siglo XX. es el tratamiento de un cólico: reposo y moderación.37

La cita de arriba con la cual el escritor caraqueño José Ignacio Cabrujas culmina lo que fue su recorrido por el

siglo XX, transmite la impresión de que efectivamente los contemporáneos que asistían al fin de ese siglo

particularmente conflictivo, estaban en presencia de la clausura de todo un conjunto de proyectos, aspiraciones

colectivas, poderosos imaginarios sociales que mostraban señales de agotamiento. En efecto, con la culminación

del siglo XX, iba a ser desplazado el proyecto de la democracia liberal de partidos, establecida a partir de 1958.

Pero la cita también trata de atisbar el futuro. Luego de aquella colosal indigestión que fue el siglo XX, los años

que vendrán estarán signados por el reposo y la moderación. Acá la poderosa intuición de Cabrujas no fue muy

asertiva. En realidad, ni la última gestión de los gobiernos de Punto Fijo estuvo marcada por la moderación. El

gobierno del presidente Caldera intentó llevar adelante un programa de ajustes ambicioso, que pretendió

continuar lo conquistado por la segunda administración de Carlos Andrés Pérez. Tampoco la ansiada

moderación iba a llegar en los años siguientes. En breve esa colosal indigestión atribuida por el escritor a los

proyectos utópicos, se verá potenciada políticamente hasta movilizar a las mayorías de los sectores populares,

como nunca antes había ocurrido durante el siglo XX.

Lo que viene de seguidas intenta dar cuenta de la continuidad cultural fraguada durante el desarrollo del siglo

XX, asociada estructuralmente a la forma cómo se ha entendido la democracia en Venezuela. Este fenómeno

cultural no sólo explica la persistencia del proyecto liberal de partidos llamado “puntofijismo” por más de

cuarenta años, sino que de igual modo permite y le otorga sustentabilidad popular al proyecto insurgente de la

revolución bolivariana.

La ruptura neoliberal.

Como sostiene Steve Ellner, la opinión que ha logrado permear cierta percepción sobre nuestro pasado reciente,

sin duda fortalecida por las confrontaciones políticas que se han vivido durante estos años, tiene relación con

distinguir al modelo de partidos, el régimen puntofijista, como si se tratara de un sistema cuyas políticas

37 José Ignacio Cabrujas. Mi siglo XX. En: Balance del siglo XX. p. 351

siempre estuvieron inspiradas por el proyecto neoliberal.38 Este error tiene varias implicaciones, sólo rescatare

las que interesan a los fines que se ha propuesto esta intervención.

En primer lugar esta opinión, reforzada de forma permanente por la dirigencia de la revolución, desdeña las

transformaciones ocurridas en el país durante la implementación de los proyectos neoliberales que se iniciaron

efectivamente en 1989, con el paquete de medidas adoptadas bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

(Volveré sobre el tema más adelante). En segundo lugar, porque igualmente desdeña un estudio distanciado de

las políticas de intervención económica que ensayaron los primeros gobiernos del llamado para entonces

bipartidismo. El mencionado estudio pudo contribuir a determinar los posibles errores y aciertos de una política

que tuvo continuidad en el tiempo, precisamente con los años de ejercicio del gobierno bolivariano.39 Y en

tercer lugar, porque también desconoce las consecuencias político-culturales que dejaron en la sociedad la

asociación de políticas interventoras en la economía, vinculadas con el logro de la democracia en el siglo XX.

Estas dos últimas consecuencias que comento arriba (políticas interventoras en el ámbito de la economía y las

consecuencias político-culturales que trajo la histórica asociación entre democracia y distribución petrolera), se

ven conmovidas a partir de ese 1989, producto de lo que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez llamó, El

Gran Viraje, esto es, el neoliberalismo.

El impacto que produjo ese desvío estratégico es fácilmente ubicable a escasos días del anuncio. A mediados de

febrero el gobierno recién electo informó sobre el paquete de medidas y unos días después, concretamente el 27

de febrero, el país, los sectores populares, se involucraron en la más espectacular insurrección de masas

ocurrida durante el siglo XX. La revuelta masiva que luego se la iba a llamar con cierta inexactitud como

caracazo, fue la expresión más contundente de rechazo a los planes macroeconómicos neoconservadores. Aquí

habría que recordar que anuncios de políticas de ajuste se estaban poniendo en práctica, aunque siempre de

forma parcial, desde los gobiernos de Herrera Campins y Jaime Lusinchi.40

La implicación que más consecuencias a largo plazo tuvo la insurrección del 27 de febrero y días siguientes fue

que terminó de esta forma con algunos mitos que se habían elaborado como justificativos de la vigencia del

pacto de Punto Fijo. Aquella construcción según la cual Venezuela era un país que había alcanzado un modelo

de convivencia excepcional en la región latinoamericana, azolada por conflictos que impedían la estabilidad que

mostraba el país. La segunda implicación, las manifestaciones terminaban así con el consenso alrededor del cual

ciertamente se habían abroquelado las mayorías. Es decir, en términos de la opinión de los sectores populares

que habían salido a las calles, pero más aún, los mismos que en horas iban a ser testigos y víctimas de una

38 Steve Ellner. El fenómeno Chavez. Sus orígenes y su impacto. p. 127 39 Ver Fernando Coronil Ímber. El Estado Mágico. Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela. Caracas, Alfa, 2013. 40 Margarita López Maya. Del viernes negro al referendo revocatorio. Caracas, Alfadil, 2005.

represión generalizada, el pacto había culminado para siempre. Quedaba, eso sí, la capacidad de maniobra que

harían los que luego de 1958, se convertirían a la larga en los actores signatarios de ese pacto. Es decir, los

partidos políticos hegemónicos, los empresarios, la jerarquía de la Iglesia Católica y la institución militar.

Neoliberalismo y resistencia popular.

Pero conviene examinar con más atención qué es en definitiva el neoliberalismo. Aunque su mención está desde

hace décadas en medio de la disputa política, pocas veces se piensa en una definición útil así como en sus

lógicas implicaciones. David Harvey sostiene por ejemplo, relacionado específicamente al ámbito de las ideas,

que la potencia del proyecto neoliberal, una de las condiciones para pensar las razones de su expansión mundial,

es el esfuerzo que hicieron sus primeros propaladores por vincular el proyecto con el sentido común.41 La

vinculación a la doxa estaba garantizada entonces porque tempranamente los énfasis en el discurso destacaban

la libertad individual y la dignidad. Los valores centrales de la civilización occidental estaban en peligro

producto de los errores cometidos sobre todo luego de 1945, después de la II Guerra Mundial, cuando incluso

desde los países centrales del capitalismo mundial, se apoyaron proyectos que se alineaban en el objetivo de

fortalecer estados interventores que impedían o iban a constituirse como grandes obstáculos al libre desarrollo

de la persona. La reestructuración de las formas estatales luego de la II guerra mundial, básicamente en Europa

y en Estados Unidos, estaba concebida por la necesidad de impedir el retorno de las condiciones críticas que

produjeron los movimientos reaccionarios que precipitaron la guerra.

En tal sentido, el peligro para la continuidad de la civilización si bien estaba claramente expuesta en la

expansión del comunismo, también las alarmas se habían prendido para denunciar las perversiones de los

estados de bienestar. Harvey agrega que el proyecto neoliberal puede considerarse como un proyecto utópico,

porque aspira a una reorganización mundial para la revitalización del capitalismo. Pero de igual modo, debe ser

visto como un proyecto político, porque entraña la puesta en función de la capacidad incesante de acumulación

del capital, al tiempo en que implica una restauración de las elites, en la cima de la estructura de poder mundial.

En lo que respecta a la superación de la crisis de acumulación del capitalismo, es decir, a la recuperación de su

funcionamiento, el proyecto neoconservador no ha dado las respuestas que materialicen ese objetivo. Pero si ha

traído como consecuencia, tal como lo prueba el propio Harvey, un empoderamiento de determinadas elites en

las más altas jerarquías de poder económico.42 El neoliberalismo, por último, plantea como ética conveniente la

primacía de los criterios de mercantilización e intercambio cuyas lógicas deben expandirse hacia todos los

ámbitos de la vida.

41 David Harvey. Breve historia del neoliberalismo. p. 11 42 Ibídem. Pp. 20-26

En Venezuela había condiciones que hacían que la recepción del neoliberalismo tuviera anclaje en algunas

porciones de las capas medias y en sectores de las elites económicas y políticas, incluso en la jerarquía

eclesiástica. En primer lugar, una porción de las elites fue denunciando lo que consideraban la presencia

sobredimensionada de un estado nacional centralista. Y actuando como piezas fundamentales del sistema, la

constitución de los partidos políticos alrededor de los cuales giraba el Pacto de Punto Fijo, cuya fuerza en

alguna medida se la debían a su relación estrecha y cada vez más corrupta, con el estado central. En realidad, en

algún momento, los asuntos nacionales llegaron a ser hegemonizados íntegramente por los partidos. Frente a

este modelo político visiblemente restrictivo, corrientes de opinión, (una parte de ellas más adelante iban a

abrazar la necesidad de una política de ajuste), reclamaban una descentralización del estado y una

despartidización de la vida pública, con el objeto de revitalizar con nuevos actores la política nacional y local.

Estas condiciones se hacían aún más apremiantes cuando se toma en consideración el carácter petrolero del

estado, lo que para sectores empresariales nacionales e internacionales implicaba que un negocio tan rentable

como la economía de extracción, quedaba casi exclusivamente en manos de una clase política corrompida.

En el campo cultural para los años ochenta ya circulaban formulaciones tendencialmente neoconservadoras.

Planteamientos esgrimidos por intelectuales de derechas con conexiones en los sectores empresariales van a

llamar la atención sobre las desviaciones que comportaba el crecimiento irracional del estado central. Pero más

preocupante aún para ellos a mediano plazo constituía el debilitamiento del puntofijismo, y la perspectiva de

que al poder en Venezuela lleguen organizaciones de izquierda. Fue el desarrollo de estas emergencias lo que

mueve a escribir a Carlos Rangel en su Del buen salvaje al buen revolucionario43, a Aníbal Romero con su

Miseria del populismo44 y a Marcel Granier con La generación de relevo vs el Estado omnipotente45, un

llamamiento preventivo que lograra frustrar una salida progresista a la situación crítica que ya presentaba la

democracia representativa.

Los gobiernos que practicaron una política de justes orgánicamente acordada junto al Fondo Monetario

Internacional y el Banco Mundial fueron los presididos por Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Ambos

presidentes por cierto en sus primeras administraciones habían adelantado proyectos de intervención

económica. Las distinciones básicas entre los dos gobiernos no estuvo en los contenidos programáticos, sino en

que mientras CAP planteaba una política de shock, Caldera y su ministro de planificación Teodoro Petkoff,

trataron de establecer el neoliberalismo pero a través de una estrategia más consensuada.

43 Carlos Rangel. Del buen salvaje al buen revolucionario. Caracas, Monte Ávila, 1991 44 Aníbal Romero. La miseria del populismo. Caracas, Ediciones Centauro, 1986. 45 Marcel Granier. La generación de relevo vs el estado omnipotente. Caracas, Publicaciones Seleven C.A. 1984.

En todo caso, los programas de ajustes, vistos aquí como un solo programa, tuvo alcances importantes, al punto

de que asistimos al debilitamiento objetivo de los principios político-culturales que sustentaron al puntofijismo,

mucho antes de que en realidad se derrumbara al calor de los desafíos que planteó la revolución bolivariana. Las

medidas lograron entonces liberar los precios, las tasas de interés, privatizaron la CANTV, implementaron la

Apertura Petrolera, vendieron una de las líneas aéreas llamada Viasa y cerraron Aeropostal, privatizaron el

sistema portuario, la industria siderúrgica, Sidor, privatizaron la seguridad social, modificaron el sistema de

prestaciones sociales, y en general lograron incidir en la reforma de la legislación laboral. La reforma del estado

ocurría para adelantar el proceso de descentralización de tendencia neoliberal, con importantes

transformaciones en el viejo sistema electoral controlado fundamentalmente por el bipartidismo46. Estas fueron

algunas transformaciones que representaban en los hechos un desplazamiento del poder pero a lo interno del

propio pacto de punto fijo. Se trataba de una operación de grandes proporciones con variantes económicas,

sociales, institucionales y políticas, que al tiempo en que desnaturalizaba al modelo puntofijista, le aseguraba a

las elites de unas organizaciones políticas y empresariales que eran parcialmente la continuidad de los

fundadores de 1958, el tránsito pacífico de un modelo característico de intervención económica a otro

neoliberal.

Es obvio que las revoluciones sociales no se materializan, por ejemplo, con la llegada de un nuevo gobierno.

Para el caso que nos ocupa, se trata de captar algunas tendencias históricas que por cierto no se anuncian

necesariamente con una movilización institucional producto de la incorporación de “nuevos” actores políticos a

la nómina de la administración pública. Es decir, la ampliación de porciones de movimientos a la conducción de

los estados no debe implicar, de suyo, una revolución. En el examen de la experiencia chavista, esas tendencias

históricas subjetivas tenían que ver con la revitalización de poderosos imaginarios sociales producidos a partir

de los hechos, los discursos y los testimonios de la independencia, durante las primeras décadas del siglo XIX,

socializadas posteriormente por la historiografía romántica, y luego la nacional-positivista, pero que

sobrevivieron incluso al tratamiento marxista con el pasado.

Es una operación que involucra la revitalización del pasado heroico, que funcionó en su momento estimulado

por una lógica cohesiva, en la conformación de lo que luego será el pueblo chavista. Estos imaginarios se

habían visto afectados en su utilidad de lazos sociales por la desmoralización general por la que tuvo que

atravesar el organismo de la nación en la crisis del régimen de Punto Fijo, y luego fueron sustituidos por un

discurso neoliberal políticamente correcto, con énfasis en la búsqueda de principios sociales correctivos.

46 Steve Ellner, Ob, cit; pp. 116-134

La función político-cultural de la economía petrolera.

Estaría tentado a afirmar que la revolución bolivariana no se hizo realidad sino varios años después de que el

propio Chávez fuera presidente. En los primeros momentos del experimento chavista, lo que se adelanta

entonces es una recuperación de las principales políticas intervencionistas canceladas por el neoliberalismo.

Estas acciones crean al gobierno recién instalado cierta conexión con las aspiraciones democráticas de las

mayorías. Veamos: la prioridad del chavismo era, tal como se había enarbolado en el proceso electoral de 1998,

la creación de la Constitución Bolivariana de 1999, cuyo cometido fundamental, refundar la nación, se traduce

en recuperar la centralidad del principio de soberanía nacional, es decir, específicamente asegurar la propiedad

para el estado central de sus recursos naturales. Además de ampliar significativamente los mecanismos de

participación popular que trascendieran a las regulares elecciones nacionales y regionales, incluso con la

intención de que los sectores populares intervengan directamente en la marcha de los asuntos públicos, pero

también en la planificación y control de la gestión estatal. Se fortalecen algunas de las instancias del estado,

como la presidencia de la república, para garantizar la conducción central del proceso de cambios. Se reafirman

principios básicos provenientes de un capitalismo regulado, como la economía mixta pero atendiendo a la

lógica según la cual el estado central mantuviera la propiedad estratégica sobre los recursos naturales47.

En este aspecto, la política petrolera representa el punto central de la recuperación y ampliación de los criterios

con los cuales la sociedad venezolana entendió y conoció la democracia en el siglo XX. Este ámbito tuvo

enormes implicaciones en términos de la capacidad de control y disposición de recursos para financiar la

transformación social que iba a ocurrir. Uno de los primeros objetivos estratégicos era lograr que el entonces

Ministerio de Energía y Minas retomara las directrices sobre la política de la empresa Petróleos de Venezuela,

PDVSA, ésta compañía se había convertido, sobre todo durante los años de predominio del neoliberalismo, en

un poder con una gran discrecionalidad, especialmente con respecto al estado.

Claro que esta operación debía desarrollarse con igual fuerza en el mercado petrolero, y especialmente en la

instancia más importante fundada para intervenir en el campo internacional con la idea de favorecer los

intereses de los países exportadores del mineral estratégico; la OPEP. Esta instancia creada en septiembre de

1960 fundamentalmente por iniciativa venezolana, estaba siendo deliberadamente debilitada por la estrategia de

privatización que venía adelantando la nómina mayor de PDVSA. Luego de varias visitas realizadas por Chávez

a los países que hacían parte de la OPEP, se lograron varios acuerdos internacionales que en breve iban a

expresarse en el incremento progresivo de los precios del petróleo48. La política estrictamente nacionalista,

47 Edgardo Lander. Venezuela: Logros y tensiones en los primeros ocho años del proceso de cambios. Pp. 45-46 48 Diana Raby. Democracia y revolución: América Latina y el socialismo hoy. P. 212

desplegada para revertir proyectos que hasta hace poco siguieron los gobiernos neoliberales, le aseguró al

proceso de cambios desde un principio la oposición del gobierno norteamericano.

La otra iniciativa temprana fue la proposición de las Leyes habilitantes en 2001. Aquí no me detendré en

comentar el contenido puntual de las leyes, que en general recuperaban el derecho estratégico del estado central

en la intervención sobre ámbitos fundamentales para el bienestar colectivo. Las leyes más polémicas de las 49

presentadas, fueron la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Pero una de

las implicaciones que trajo la evolución de estos primeros acontecimientos representó en su momento el punto

de quiebre que determinaría cierta radicalización del proceso una vez que la oposición política, con el apoyo de

los sectores reaccionarios de los gobiernos de Colombia, España y fundamentalmente de Estados Unidos,

llevaron a cabo un proceso desestabilizador que culminó en un golpe de estado en abril de 2002. El otro

escenario de confrontación fue el desarrollo del paro petrolero cuya derrota determinó el control por parte de la

revolución tanto de la industria petrolera como de las Fuerzas Armadas.

Luego de estos acontecimientos se crearon las condiciones, probablemente históricamente irrepetibles, para

adelantar una revolución política que consistía en continuar revirtiendo el programa neoliberal de los años

noventa, al tiempo en que se ampliaban significativamente las vías de la participación popular. La oposición

había quedado desarticulada, desmoralizada y bastante desprestigiada especialmente para la opinión de sus

propias bases. Las tendencias favorables para la revolución incluso se profundizaron, luego de que el presidente

Chávez ganara el referéndum revocatorio en el 2004. Debió resultar al menos desconcertante para la opinión

convencional que el mismo personaje visto en el mejor de los casos como pintoresco, y en el peor como un

dictador sanguinario, de pronto conquistara de nuevo el favor popular en un referendo donde las acciones de un

gobierno eran evaluadas por las mayorías para considerar su continuidad o su salida mucho antes de cumplirse

el lapso legal de su mandato.

También las elecciones regionales y parlamentarias sumaron triunfos cuyos alcances determinaron el prestigio

del proceso venezolano internacionalmente. Las victorias seguidas eran sorprendentes, y seguramente

contribuyeron a que otras fórmulas de izquierdas o de centro izquierdas, superaran a sus respectivas oligarquías

en varias naciones latinoamericanas. El presidente Chávez ganó las elecciones presidenciales en 2006. La

superación de las dificultades comentadas arriba sirvió para que se planteara lo que Edgardo Lander llamó el

establecimiento de un “nuevo pacto” entre el gobierno y los sectores populares, mediante el cual desde el estado

central se obligaban a favorecer especialmente a los sectores populares, mientras que éstos últimos se

encargarían de velar por la continuidad de lo que a partir de esos momentos consideraron “su gobierno”.49

49 Edgardo Lander, Ob, cit, 53.

Lo que contribuyó a suscitar el apoyo de las mayorías desde los primeros años de iniciado el proceso

bolivariano (1998-2002), cuando no existían los programas sociales que luego se llamarán misiones a partir del

2003-2004, fue en primer lugar la elaboración de un discurso que en su asociación volvía reiterar los altos

objetivos de un “pueblo destinado a grandes tareas”, tal como había ocurrido durante la independencia. Y en

segundo lugar, pero no menos importante, a la promesa de la distribución petrolera vinculada esta vez con la

idea-fuerza de realizar la revolución. Claro que este discurso era la expresión de políticas que en los hechos

respondían bien a estos objetivos de resguardo de la actividad mineral por parte del Estado. Pero también

obedecía a la conformación histórica de una cultura política que asociaba el logro del bienestar nacional al

control estatal del negocio petrolero.

El presidente Chávez había evaluado de forma acertada que las condiciones por las que atravesaba la revolución

eran consistentes para proponer entonces un trayecto al que llamó socialismo del siglo XXI. Conviene antes de

pasar a considerar algunos desafíos que este objetivo entrañó, agregar varios comentaros relacionados con el

lugar de enunciación desde el cual Chávez convocó a pensar un proyecto que involucrara la superación del

capitalismo histórico.

La reunión se efectuó en la clausura del V Foro Social Mundial, en Porto Alegre, Brasil. Pienso que tres

elementos estaban presentes en aquella ocasión para darle distinción y potencia al proyecto. La primera era que

el anuncio sobre la ruta que tomaría el proceso de cambios lo anunciaba en la instancia más grande de la

izquierda antisistémica latinoamericana, pero también de la izquierda antineoliberal mundial, El Foro Social

Mundial. Chávez lo formuló en su discurso en varias ocasiones: donde hay mayor conciencia, mayor fuerza

desatada es en el Sur. Ningún espacio más indicado para decirlo (…) Al capitalismo hay que trascenderlo por

la vía del socialismo.50 En segundo lugar, se refirió a un socialismo del siglo XXI, es decir, que debía ser

distinto a los socialismos burocráticos del siglo XX. En tercer lugar, se revitalizaba luego del derrumbe de las

frustradas experiencias de ese socialismo burocrático, un proyecto que buscaba sustituir a la economía-mundo

capitalista.

Un solo desafío, el más ambicioso.

Desde esa declaración plena de compromiso hasta el momento en que hago esta comunicación han pasado

nueve años. No haré aquí una evaluación sobre lo adelantado hasta el momento. Remito a los interesados el

estudio sumamente exhaustivo de Steve Ellner, El fenómenos Chávez. Sus orígenes y su impacto, cuya segunda

50 Discurso pronunciado por el presidente Chávez en la clausura del V Foro Social Mundial. http://www.youtube.com/watch?v=I5uAejoNDU0

edición ha preparado el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos51. Basta afirmar que las

condiciones estructurales sobre las cuales se fundamenta el sistema capitalista en Venezuela siguen intactas. No

obstante el notable esfuerzo por distribuir hacia los sectores más necesitados las ganancias obtenidas por la

venta internacional del crudo, lo que de ninguna manera implicó de suyo, transformaciones estructurales. Sin

embargo, hay una diferencia apreciable por obvia, Hugo Chávez murió hace poco más de un año.

Quisiera culminar entonces este ejercicio proponiendo un desafío, pero solo uno, el cual sin duda tiene

ramificaciones hacia todos los ámbitos de la vida, si consideramos sus manifestaciones en la lógica de estar en

presencia de una totalidad. Se trata de un reto cultural, el más importante de los objetivos para superar

definitivamente al siglo XX y sus secuelas relacionadas con una formación cultural concreta: la cultura del

petróleo. Esta cultura del petróleo fue vinculada desde el nacimiento de los partidos modernos, en la primera

mitad del siglo XX, a una idea específica de democracia, igualmente relacionada con patrones de consumo.

Según la cual la distribución social de las ganancias obtenidas por la venta internacional del petróleo implicaba

de suyo la conquista de la democracia. Y aquí, para efectos de posibilitar una transición emancipatoria

vinculada al reto que entraña el siglo XXI, al contrario de la función que cumplió la subjetividad social

petrolera para potenciar la democracia en contra del proyecto desplazado neoliberal, esta especie de disposición

subjetiva íntimamente ligada a la economía de extracción mineral, no nos sirve para absolutamente nada.

Resulta aparentemente paradójico que el proyecto al que desde 2005 las mayorías se adherían con una

convicción pocas veces experimentada, el socialismo del siglo XXI, haya producido formas de dependencia

hacia el mercado petrolero vinculado estructuralmente con la economía global capitalista. Si este socialismo se

había definido en muchas ocasiones como una vía para profundizar la independencia con respecto a las

dinámicas capitalistas mundiales, se debe reconocer como balance histórico de este proceso, que esto no fue ni

era posible. Todo lo contrario, estas vinculaciones estructurales están más presentes y vienen limitando

cualquier proceso radical. Una transformación que se planteara la conquista de otra historia, debió colocar este

objetivo en la agenda de las tareas que debió realizar una revolución. Si bien la expansión de los programas

sociales financiados enteramente con los recursos petroleros contribuyeron a aliviar la pobreza y la exclusión de

millones de personas, (y era inaplazable emprender estas acciones), la administración estatal de la renta

petrolera reprodujo y profundizó los mismos vicios clientelares que contribuyeron a socavar la propia viabilidad

de la democracia liberal del partidos establecida desde 1958.

No voy a plantear cuál sería la política que nos aseguraría el tránsito hacia una economía más autónoma del

petróleo, me detendré en situar en la discusión cuáles serían los presupuestos teóricos para definir una política

51 Steve Ellner. El fenómeno Chávez. Sus orígenes y su impacto. (hasta 2013). Caracas, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Celarg. 2014.

cultural, esta vez sí, antisistémica. Para ello es preciso “invocar” algunas de las premisas filosóficas del

programa de la Ilustración del siglo XVIII, ese conjunto de proposiciones últimamente mal vistas para quienes

acaso por cansancio, ya cancelaron el imperativo ilustrado de pensar el mundo para propiciar una actuación

efectiva sobre la realidad52. Habría entonces que emprender, en esta selección del programa ilustrado, una

crítica radical al sentido común, que no es más que la interiorización de normas, principios, pautas de conducta

o modelos de vida, que el sistema ha determinado como política y socialmente correctos.

Pues el sentido común es sencillamente el sentido corriente. La disposición a través de la cual las mayorías y no

pocas minorías también, reproducen el orden naturalizándolo, legitimándolo. Se trata de un procedimiento a

través del cual desde nuestra propia subjetividad se estructura el mundo, sin problematizar los supuestos

implícitos que históricamente han organizado la realidad.

¿Pero qué transformación revolucionaria se quiere alcanzar si no partimos del principio de cuestionar

severamente nuestros propios presupuestos con los cuales no solamente nos relacionamos con el mundo, sino

que al mismo tiempo lo reproducimos y constantemente nos reproducimos a nosotros mismos? ¿Si el tránsito

revolucionario no contempla la pregunta sobre cómo cambiar la sociedad, si las mayorías, incluidos claro

nosotras y nosotros mismos estamos tan bien como estamos, entonces para qué hace falta una revolución?

Bastaría con que en el gobierno permanezca un grupo de amigos que encarne los intereses de un pueblo

“virtuoso”.

Los procesos revolucionarios, sobre todo los que han ocurrido durante el siglo XX y parte de este siglo XXI en

las periferias del sistema mundial, son experiencias políticas a las que hemos llamado convencionalmente como

de liberación nacional. Entre otras cosas porque en sus agendas se contemplan objetivos relacionados con la

superación del estado de dependencia que ha condicionado la vida de los oprimidos. Esta situación estructural

ha sido expresión geopolítica del lugar que han ocupado las naciones de la periferia, en la división internacional

del trabajo.

La vertiente cultural de estas experiencias han corrido en la emergencia por plantear, frente al universalismo

europeo de contenido en verdad parroquial, la fácil producción de esencialismos antiuniversalistas con los

cuales se pretende propiciar una experiencia única por emancipatoria, que a la larga lo que obtiene

invariablemente es reproducir nuestra condición periférica en el sistema interestatal de la economía-mundo;

siempre detrás del escenario de una historia previamente arreglada. En el entendido de que quienes se han

favorecido con la lógica que proviene de los fundamentos de ese escenario jerárquico, son los mismos que se

han apropiado del criterio de universalidad, utilizado como forma de legitimar el poder. Esta antinomia

52 Ver. Jonathan I. Israel. La ilustración radical. La filosofía y la construcción de la modernidad, 1650-1750. México, FCE, 2012.

universalismos y anti universalismos-localismos ha sido una creación ideológica producto de la tensión

establecida por la economía mundial capitalista, para garantizarse un funcionamiento óptimo, y las experiencias

revolucionarias en el mundo le han seguido acaso de forma inevitable este juego. Conviene entonces, en el

comienzo del siglo XXI, comenzar a problematizar la antinomia.

La esfera cultural se despliega hasta ámbitos cruciales donde se plantean los conflictos más determinantes cuyos

resultados establecerán si en verdad, otro mundo es posible. La clave aquí es centrarnos en el tipo de función

que cumple la antinomia universalimos-antiuniversalismos. Immanuel Wallerstein lo plantea de forma clara:

“Me he referido antes al vínculo paradójico que acechaba a los que se oponían al sistema. Dejarse asimilar por

la civilización (en particular) (universalismo) era reconocer la inferioridad previa y adquirir, en el mejor de los

casos, una ciudadanía de segunda clase. Rechazar la civilización (en singular) (alguna variante de nacionalismo)

en nombre de la civilización en plural era correr el riesgo de ser inmolado en aras de arcaísmos que incluso

podían no tener la virtud de ser verdaderamente tradicionales y acabar siendo peor el remedio que la

enfermedad al condenarse a una falta de crecimiento”53.

El horizonte de una política cultural antisistémica es ampliar los universalismos, para entre otras cosas hacerlos

efectivamente universales. Esto es, conquistar imaginarios realmente más plurales o menos parroquiales. Y el

socialismo es la vía cultural estratégica para realizarlo, entre otras cosas porque plantea la lucha más universal

que se pueda plantear aquí y ahora. Luchar en contra de un sistema que se ha constituido como efectivamente

mundial. El propio Chávez lo intuía, por eso relacionaba permanentemente la lucha por la democracia socialista,

con las tradiciones más universales que se desprenden del socialismo mundial y latinoamericano.

La defensa de nuestra función en la división internacional del trabajo, como pieza primordial de la economía

mundo capitalista, traduce necesariamente la puesta en práctica de un nacionalismo petrolero que a los fines de

la realización histórica del socialismo es contraproducente, porque nos petrifica cultural y geopolíticamente,

como pieza de un engranaje económico específicamente capitalista. Comenzaríamos a salir de la trampa

”cultural” tendida si comprendiéramos que el énfasis del problema no estaría tanto en el apuro de adelantar unas

reformas desde el estado central para que de esta forma llegara de algún lugar la liberación nacional, como a

tantos procesos les ocurrió a través de todo el siglo XX. El énfasis del problema está en el análisis de la

economía-mundo capitalista vista como una organización mundial, donde las naciones modernas funcionan

como las instituciones que le son clave para su funcionamiento global, incorporadas a una red interestatal

organizadas jerárquicamente. Y la creación de las formas nacionales del capitalismo (con sus mitos

esencialistas traducidos como historias nacionales) ha sido expresión de su relacionamiento histórico y

estructural con la economía-mundo capitalista. 53 Immanuel Wallerstein. El futuro de la civilización capitalista.Pp. 31-32

Bibliografía

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Gobiernos de Izquierda en América Latina. Un balance político. (Beatriz Stolowicz, Coordinadora). Bogotá,

Aurora, 2008.

Teoría y práctica de planificación participativa en Venezuela:

el proceso constituyente Plan Patria

Ximena González Broquen

Centro de Estudios de Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos (CETSCC) del Instituto Venezolano de Investigaciones

Científicas IVIC- xigonz@gmail.com

Resumen: Se trata aquí, a partir del enfoque particular que da el ecosocialismo como categoría reflexiva, de analizar una cierta practica dialéctica del poder popular articulado como sujeto político, a partir del estudio del progresivo y extenso desarrollo normativo de la planificación participativa en Venezuela a partir de la primera victoria electoral de Hugo Chávez en 1998, viendo así su irrupción transformadora en el ámbito de las políticas publicas. Y centrándonos en los dos “momentos” constituyentes por excelencia, la Constituyente del 99 y el debate constituyente Plan Patria del 2012. De una tal manera se pretende desarrollar algunas pistas reflexivas para entender como la categoría de poder popular en Venezuela surge de una redefinición tanto teórica como practica de la relación entre el poder constituido y el poder constituyente, redefinición que sustenta la construcción de un modelo de democracia participativo proprio al proceso bolivariano. Finalmente se tratara de plantear como la planificación participativa se constituye en Venezuela como la herramienta por excelencia para el desarrollo de un mandar obedeciendo que es siempre también, un obedecer mandando.

Palabras Claves: Planificación participativa; Poder popular; Ecosocialismo; Venezuela; Democracia participativa.

1. El Ecosocialismo como planificación participativa

Para hablar de teoría y práctica de la planificación participativa en Venezuela, partiremos de la noción y/o idea política hemos asumido como marco referencial para nuestras investigaciones: el ecosocialismo. Nuestra intención es de dar a ver como esa noción o categoría política nos conlleva a un análisis particular de la idea de planificación participativa, y por ende a un análisis particular del desarrollo en la práctica de la misma en Venezuela.

La finalidad de este trabajo exploratorio es de proponer un abordaje teórico-práctico de las transformaciones sociales vividas en Venezuela esta ultima década, a partir del enfoque particular que da el ecosocialismo como categoría de praxis reflexiva. Se trata por ende de reflexionar sobre una cierta practica dialéctica del Poder Popular, articulado como sujeto político, a partir de su progresivo y extenso desarrollo normativo, es decir por ende, a partir de su irrupción transformadora en el ámbito de las políticas publicas.

¿Porque partir de la noción de ecosocialismo para abordar el tema de la planificación participativa? En la llamada Revolución Bolivariana, los procesos de transformación sociopolíticos han transitado por una serie de formulaciones que han ido radicalizándose. En efecto, en el 2004, el proceso se declara anti-imperialista, en el 2006, socialista y, finalmente, en el 2012, con el objetivo V del Plan Patria, para ese entonces programa de gobierno y ahora Ley de la Nación54, como ecosocialista.

El ecosocialismo, si bien está en plena construcción, tanto como categoría que como praxis política, puede entenderse, tal como su nombre lo indica, como la conjunción de dos proyectos de transformación de la sociedad específicos: el socialismo y la ecología.

¿Cómo definir esta noción, tomando en cuenta la diversidad de acepciones y de corrientes que cruzan estos dos proyectos transformadores?

Si partimos de los puntos comunes a estas dos corrientes, podemos identificar un mínimo común. En efecto, el socialismo y la ecología comparten valores sociales cualitativos, irreductibles al mercado, fundados sobre una rebelión contra la “grande transformación”, a saber contra la autonomización reificada de la economía, en la cual el crecimiento es visto como exponencialmente ilimitado.

En el caso del ecosocialismo, estos valores sociales se traducen en el desarrollo de una línea de acción central: reintegrar la económica, no solamente en su entorno social, sino también en el entorno natural, a partir de la toma de conciencia de que la crisis ecológica mundial actual tiene como sustento la dinámica de funcionamiento del capitalismo, el cual somete la naturaleza a los imperativos ilimitados de valorización del capital.

El ecosocialismo plantea entonces la relación directa entre dominación del hombre por el hombre y dominación de la naturaleza. Concretamente, esto significa que el ecosocialismo se diferencia de muchas de las corrientes ecológicas, en esto que plantea que la urgencia ecológica actual no puede dejar de lado las grandes desigualdades sociales, sino que la misma sólo podrá resolverse si se pone fin a estas desigualdades.

Planteado del otro lado, significa entonces que las exigencias de equidad social no pueden ser pensadas independientemente de los imperativos ecológicos.

El ecosocialismo plantea así la emancipación de los individuos en los campos en los cuales la lógica del mercado, de la competencia y los beneficios desposeen a los individuos de sus posibilidades de autonomía.

De tal forma, la idea central del ecosocialismo podría interpretarse de la siguiente manera. Si el socialismo plantea la emancipación a través de la socialización de las fuerzas de producción, el ecosocialismo plantea precisamente que esa socialización implique que las decisiones sobre la producción y la distribución sean tomadas no por el mercado, o por un estado burocrático y centralizador, sino por la sociedad misma, y esto como condición necesaria al desarrollo de otra relación con la naturaleza y como eje estructurante de emancipación colectiva.

En efecto, el sistema de desarrollo capitalista, además de apuntar a la expansión ilimitada del mercado, implica el control de la vida de las personas a través de la organización alienante, tanto de su tiempo de trabajo como de su tiempo libre. La explotación del trabajo y de la naturaleza son dos procesos inseparables en la sociedad capitalista.

54 El llamado “Plan Patria” corresponde al Programa de Campana de Hugo Chávez para las elecciones presidenciales del 2012. Es el mismo documento que Nicholas Maduro presentara como programa de campana luego de la muerte de Hugo Chávez y de las elecciones consecuentes del 2013. Este texto, luego de la victoria electoral de Maduro será, luego de una serie de incorporaciones que presentaremos aquí, será aprobado por la Asamblea Nacional venezolana y se convertirá en Ley en diciembre 2013.

La lucha contra el trabajo que aliena la vida significa entonces pensar en el trabajo de otra forma, como trabajo solidario y libre, como voluntad de construir colectivamente las nuevas fuerzas de producción.

Si la alienación pasa por un proceso de pérdida de control, tal como la define Kohan (2011:107), entonces con la alienación lo que se pierde es “la posibilidad de gestionar racionalmente la economía, basándose en las necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad, en lugar de basarse en la búsqueda frenética de ganancia para la pequeña minoría de empresarios que domina el mundo”.

Para poder plantearse la transformación de estas relaciones sociales alienantes, el ecosocialismo reivindica un tema esencial, el de la planificación colectiva de la relación hombre-naturaleza. Planificación colectiva que se articula como la dominación no de la naturaleza, como en el proyecto de la modernidad capitalista, sino de nuestra relación con ella.

Es decir, para expresarlo en los términos que se plantean en este momento en Venezuela, que el ecosocialismo ve en la planificación participativa un proceso fundamental de emancipación colectivo integral, y por ende como el ámbito mismo de construcción de un poder popular, que en Venezuela, esta legalmente definido. Este programa ambicioso de cambio de sociedad que lleva en sí la noción de ecosocialismo, no puede entonces efectuarse sin una planificación participativa que sea a la vez ecológica, social y democrática.

Mientras las decisiones queden en manos de una oligarquía de capitalistas, banqueros o tecnócratas, no se podrá salir del círculo vicioso del productivismo, del crecimiento ilimitado, y de sus consecuencias: la explotación de los trabajadores y la destrucción del ambiente.

Y para eso es necesario que las decisiones sobre producción, desarrollo, crecimiento y consumo, entre otras, sean tomadas democráticamente por el conjunto de la sociedad de acuerdo a criterios sociales y ecológicos y, por ende, anticapitalistas.

Así es como el ecosocialismo puede entenderse como la voluntad de inventar otro tipo de planificación, una planificación basada en las necesidades y fortalezas del pueblo, de las comunidades organizadas, de los movimientos sociales, de todos y de cualquiera, es decir, como el reto de desarrollar modos efectivos de desarrollo de la planificación participativa.

Si la planificación participativa puede verse como un método para democratizar la gestión, y como tal para inventar un verdadero modo de gestión participativa, entonces esto implica desarrollar, desde la praxis, una gestión que utiliza la participación popular como vector de transformación administrativa de las instancias del Estado.

En la planificación participativa, se trata entonces de potenciar, de transformar la gestión pública, con la incorporación e integración de los conocimientos particulares del pueblo sobre su propia realidad. De ahí la idea de que una gestión participativa transversal, articulada e integral podría acabar con los modos de gestión verticales y parcializados característicos de las administraciones públicas, estructuralmente burocráticas y tecnocráticas.

2. La planificación participativa en Venezuela: de la constituyente hasta las leyes del poder popular

Es importante detenernos un instante para analizar el quehacer de esta planificación participativa. En efecto, ésta ha tenido impacto y ha sido vislumbrada y desarrollada sobre todo a nivel local, como herramienta fundamental para la elaboración de planes estratégicos, planes de desarrollos comunitarios locales, o de

presupuestos participativos. La planificación participativa, por esencia, se ha venido conjugando a y desde lo local, y su finalidad ha sido de integrar los habitantes, con sus conocimientos y saberes particulares, a la planificación urbana y social de sus territorios y espacios.

Lo importante aquí es ver que todo proceso de planificación participativa se presenta como un proceso fundamentalmente integrador. Y ahí es que reside justamente la esencia del poder popular, y en particular de lo que se ha definido aquí en Venezuela como ciclo comunal: el desarrollo institucionalizado de mecanismos y dinámicas de gestión participativos en los cuales son las competencias de las comunidades que sirven de base a la elaboración, gestión, ejecución y contraloría de proyectos y planes.

La idea central de la planificación participativa, tal como se ha venido poniendo en práctica en Venezuela, es de permitir la concreción de una gestión más eficiente, pero más eficiente porque se basa directamente en los conocimientos que tiene el pueblo de sus necesidades y fortalezas.

Lo que se juega entonces en el tema de la planificación participativa, es la posibilidad de subvertir las tradicionales reglas de la política, estableciendo una dialéctica corresponsable poder popular/gobierno, reinventando así los modos de relación del poder constituyente con el poder constituido, con la finalidad rectora de la transformación de la sociedad.

En Venezuela, esta voluntad de transformación, y en particular de transformación del Estado burgués heredamos de la IV República, ha sellado el proyecto de Hugo Chávez desde su primer gesto político como presidente (la constituyente del 99), apuntando justamente a una rearticulación entre poder constituyente y poder constituido. Nuestra tesis es que de esa rearticulación nace la planificación participativa como herramienta central de la misma.

Proponemos entonces para reflexionar sobre el tema del poder popular en Venezuela, partir del análisis de la rearticulación que se da en el Proceso Bolivariano entre poder constituyente y poder constituido, enfocando nuestro análisis en la forma particular que toma esta rearticulación en el desarrollo de las bases definicionales y normativas de la planificación participativa.

Para aportar algunos elementos de reflexión propositivos para el desarrollo de este tema, partiremos brevemente del primer gesto político de Hugo Chávez como presidente: el despliegue del proceso constitucional.

Uno de los puntos estructurantes de la campana de Hugo Chávez para su primera candidatura de 1998, fue su propuesta de reforma de la Constitución nacional, Constitución señalada, estigmatizada, como el cuadro normativo sobre el cual reposaba, se apoyaba y se legitimaba el sistema político, social y económico profundamente igualitario, contra el cual Chávez propone su modelo bolivariano.

Este primer gesto, que marcó y definió la identidad propia del proceso bolivariano, manifestando la voluntad de refundación de la República, y por consiguiente de transformación del Estado, conllevó a la definición esencial de la democracia venezolana como democracia participativa, es decir, como democracia basada en la integración e incorporación del poder constituyente del pueblo como sujeto central de la política.

Este primer gesto fundador para la construcción de una nueva Republica, se constituyo así como el punto de partida de un modelo de democracia participativa fundada sobre la elaboración participativa de la nueva Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, la cual fue aprobada por referéndum popular en diciembre 1999.

Entre los muchos cambios estructurantes que esta nueva constitución plantea con respecto a la anterior, el mas significativo, para el tema que nos ocupa aquí, es sin duda el cambio en cuanto a la definición del tipo de democracia. En efecto la Constitución de 1961 define la democracia como “política, formal y representativa” cuando la constitución del 99 la define en su preámbulo como “social, participativa y protagónica” y como “buscando a concentrar el poder en el pueblo”.

Así es como la presidencia de Hugo Chávez puede verse como marcada por este primer gesto, este despliegue de un proceso constitucional, como voluntad de refundación de la republica basada sobre la idea central del proyecto bolivariano: la construcción de una democracia participativa a través de la integración e incorporación del pueblo, como sujeto central de la reconstrucción del Estado.

El Proceso Bolivariano se apoyó así desde el inicio sobre el llamado, la invocación y puesta en práctica de ese poder originario, base normativa de toda democracia: el poder constituyente.

Sobre ese tema del poder constituyente, que planteamos como esencia sustantiva de la planificación participativa, Chávez nos alerta, en el llamado discurso de la Unidad del 15 de diciembre de 2006:

“…el poder constituyente siempre debe estar activado, aclaro, hay distintas tesis al respecto, hay quienes dicen que después que se hace la Constitución el poder constituyente que es el pueblo, se repliega y que hay que conducir al país es a través del poder constituido que son los órganos del Estado, esa tesis más bien cercena el poder constituyente. No, el poder constituyente nunca se repliega. El pueblo soberano (como lo dice nuestra Constitución) debe protagonizar el poder popular, el poder popular de manera permanente... no se olviden que el proceso constituyente continúa, nunca termina, el poder constituyente es el poder originario del pueblo, es el poder popular… Así que el poder constituyente ni es trascendente al poder constituido, como dicen algunos teóricos; el poder constituyente tampoco es inmanente al poder constituido, ni tampoco se integra al poder constituido. No, el poder constituyente es la soberanía, el poder originario permanente, expansivo y radical revolucionario del pueblo construyendo su destino, construyendo su camino, construyéndose...” (CHAVEZ, 2008:35)

Ahora bien, si el poder popular es definido como poder constituyente, y este a partir de la idea de Soberanía… ¿Cómo este ejercicio de la soberanía del poder popular esta definido en la Constitución? ¿Cómo puede el poder constituyente estar siempre ejerciéndose, una vez la república refundada?

Veamos primero el artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

Lo que nos interesa aquí es el reconocimiento patente de la necesaria imbricación del ejercicio directo e indirecto de la soberanía del pueblo, la cual no pretende ⎯y es un punto importante cuando se habla de democracia participativa y protagónica⎯ abolir TODA representación y constituirse en democracia directa, sino rearticular los modos de relación del poder constituyente con el poder constituido.

Así, el artículo 70 nos ofrece la lista de los “medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía” tanto en materia política, definiendo en ese caso tres niveles, como en materia social y económica, definiendo en estos casos las formas de organización en que el poder popular puede darse, en la articulación que se establece entre poder constituido y poder constituyente

Primero que todo, es importante resaltar que este artículo establece los modos de ejercicio indirecto del poder popular en todo lo relacionado a los procesos electorales, las elecciones de los mandatarios públicos, definiendo

de tal manera los cuadros de la representación, así como la deuda originaria del poder constituido con el poder constituyente y el sentido de esa deuda: en efecto, es del poder constituyente que nace el poder constituido.

Luego, este artículo establece un segundo nivel, semi-directo, que podemos identificar en los diferentes mecanismos consultivos y deliberativos que define, tales como los cabildos abiertos y las diferentes iniciativas legislativas populares, las cuales conocemos como “parlamentarismo de calle”. Este segundo nivel puede verse como un nivel híbrido, mezcla de poder constituyente con poder constituido, en el cual el equilibrio logrado cada vez marca el sentido que tomará la relación entre ambas partes, especificando en cada caso el grado de interrelación que se logrará o no instaurar.

Finalmente, un tercer nivel, el nivel de participación directo, el nivel de ejercicio directo del poder constituyente del pueblo, el cual puede verse en la reivindicación política del mecanismo de referéndum, y en particular en la del referéndum revocatorio, pero sobre todo en esa idea central de asamblea ciudadana, cuyas decisiones son vinculantes y que será el lugar mismo de la gestión y planificación participativa. Este tercer nivel puede verse como el nivel de praxis permanente del poder constituyente, del poder popular.

En cuanto a las formas de organización en que el poder popular puede darse (como las cooperativas, las empresas comunitarias y las cajas de ahorro), las cuales fueron poco a poco integrándose en el concepto de sistema económico comunal, el artículo 70 precisa dos principales mecanismos que van a regir la articulación entre poder constituido y poder constituyente en este tercer nivel, definiendo así los cuadros de la planificación participativa: la autogestión y la cogestión.

Vemos así que estas dos nociones, esenciales tanto para la comprensión del proyecto de democracia participativa como para su puesta en práctica en la idea de planificación y gestión participativa, están presentes desde el inicio del proyecto bolivariano.

La tercera noción esencial para el tema que nos ocupa, la podemos encontrar en el artículo 184, el cual consagra la creación de “mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen para prestarlo...”.

Lo importante aquí es ver que las tres ideas fundamentales para el desarrollo del poder constituyente permanente, es decir, para su articulación con el poder constituido, enunciadas a continuación: la transferencia de competencias, la cogestión y la autogestión.

Estas tres nociones serán el fundamento normativo de la idea de planificación participativa tal como se desarrollará en Venezuela, y todo un arsenal de leyes, llamadas leyes del Poder Popular, serán desplegadas a partir de ahí, buscando precisar normativamente los modos y formas de organización de ese poder popular, definiendo poco a poco los cuadros legales de disolución de algunas estructuras clave del Estado, a partir del progresivo despliegue normativo local de la planificación participativa.

Entre las diferentes definiciones que serán establecidas en estas leyes, están las definiciones estructurantes del “ciclo comunal”, verdadera hoja de ruta de la planificación participativa, el cual establece los diferentes pasos de la misma, la definición de la “autogestión” como el “conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la cualidad de vida en su ámbito” (LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR, 2010: artículo 8), la definición de la “cogestión” como el “Proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico” (LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR, 2010: artículo 8), y la definición de la noción central de corresponsabilidad definida como “responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas” (LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR, 2010: artículo 8).

Si bien en el marco de este estudio no podemos realizar un análisis especifico de cada una de estas leyes, el cual seria muy extenso, no podemos dejar de lado la descripción de las dos primeras leyes fueron desarrolladas, las cuales establecen los cuadros específicos para la cogestión (Ley de los Consejos locales de Planificación Publica del 2002) y la autogestión (Ley de los Consejos Comunales del 2006).

La Ley de los Consejos Locales de Planificación Publica, promulgada en 2002, reformulada en 2006 y en 2010, establece las bases normativas para la regulación e integración de las instancias de participación del poder popular en el funcionamiento de las entidades municipales encargadas de la planificación local, definiendo así los primeros cuadros normativos para el desarrollo de la cogestión.

Esta ley establece como instancia central de planificación local el “Consejo de planificación publica”, organismo encargado de la planificación integral de las municipalidades y en particular de formular el “Plan Municipal”, hoja de ruta programática que integra formalmente tanto el alcalde, toda une serie de funcionarios municipales, como diferentes instancias del poder popular, y que tiene como misión central de garantizar la participación del poder popular en las diferentes etapas de elaboración del plan municipal, es decir tanto en su desarrollo, formulación, ejecución, evaluación y contraloría. Para esto la ley define los diferentes sujetos que serán reconocidos como actores del poder popular, así como del autogobierno comunal.

Toda una serie de conceptos claves para el tema que nos ocupa serán incluidos en el articulo 5 de definiciones de la versión del 2010 de esta ley, tales como la formulación del Diagnóstico Participativo como “Instrumento empleado por las comunidades para la edificación en colectivo de un conocimiento sobre su realidad, en el que se reconocen los problemas que las afectan, los recursos con los que cuenta y las potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio de todos”, la definición de la Planificación Participativa y Protagónica como “Nueva cultura de participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, propiciando el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de la gestión pública en todos sus ámbitos” y la del Estado Comunal como “Forma de organización político social, fundada en el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y las venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del Estado Comunal es la Comuna.”

Las siguientes leyes que serán promulgadas profundizarán el desarrollo de los cuadros necesarios para recoger y organizar, con la finalidad de insertarlas en las dinámicas de cogestión, las organizaciones populares, y así cortocircuitar los poderes municipales y regionales, dándoles a las comunidades organizadas los medios legales para ejercer un primer nivel de autogestión.

La ley de los Consejos Comunales será así promulgada en el 2006, estableciendo ya no únicamente mecanismos de cogestión, sino también de autogestión. Esta ley, reformulada y derogada en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en el 2009, permitirá asentar legalmente la principal forma de organización popular que será reconocida como célula de base de la autogestión así como de la participación en los asuntos públicos: el consejo comunal.

Esta ley no se limitará a instituir únicamente los modos y formas de la transferencia de los recursos, sino que

definirá también los modos y formas de transferencia de las competencias en materia de planificación. Es en efecto en esta ley (articulo 45) que es conceptualizado el ciclo comunal, verdadera hoja de ruta de la planificación participativa, el cual define les etapas o fases legales de la autogestión, a saber el diagnostico, el plan, el presupuesto, la ejecución y la contraloría social.

Cada una de estas fases serán así definidas, marcando irremediablemente el quehacer de toda planificación participativa en Venezuela, que, bajo una forma o otra retomara siempre estos diferentes momentos como etapas claves para su proprio desarrollo.

El diagnostico será así definido como la fase que “caracteriza integralmente a las comunidades, se identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad”, el plan como la fase que “determina las acciones, programas y proyectos que, atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la comunidad.”, el presupuesto como la fase en la cual a determinación de los fondos, costos y recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral”, la ejecución como la fase que “ garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, garantizando la participación activa, consciente y solidaria de la comunidad”, y la contraloría social como “acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para la concreción del Plan Comunitario de Desarrollo Integral y, en general, sobre las acciones realizadas por el Consejo Comunal, ejercida articuladamente por los habitantes de la comunidad, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones comunitarias y la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal” (LEY ORGÁNICA DE LOS CONSEJOS COMUNALES, 2009: articulo 45).

La promulgación de esta ley asentará las base legales de definición de los cuadros normativos de la autogestión y marca el inicio de un largo y inacabado proceso de transferencia de competencias desde las diferentes instancias del poder nacional, estadal, regional y municipal, a las comunidades organizadas en consejos comunales.

Estas dos primeras leyes estructurantes y fundamentales, serán complementadas con toda una serie de leyes, que irán definiendo los mecanismos del poder popular en toda una serie de ámbitos específicos de competencias y de atribuciones, las cuales conllevarían finalmente a la promulgación normativa del Sistema Nacional de Planificación Publico y Popular.

Serán así promulgadas en el 2010: la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, y en el 2012 de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones.

Lo importante aquí es ver que este conjunto de leyes definen una dinámica retroactiva a la vez ascendente y descendiente de planificación, soportada sobre la célula de base que constituye el consejo comunal y, al otro extremo, sobre el plan económico de desarrollo social y económico de la nación definido por el ejecutivo.

Sobre este otro extremo de la planificación que constituye todo plan nacional de desarrollo, y es a este punto particular que queríamos finalmente llegar, saltando así del primer gesto político de Chávez como presidente a lo que pasó a la historia como uno de sus últimos gestos políticos, podemos analizar el proceso constituyente Plan Patria como voluntad afirmada de profundizar y reafirmar la idea de planificación participativa como modo de praxis fundamental de desarrollo del poder popular, así como de palanca para la transformación progresiva del estado en estado comunal.

En efecto, el programa de campaña de Hugo Chávez del año 2012 tomará la forma de un verdadero plan nacional de desarrollo económico y social de la nación, y una vez las elecciones ganadas, Chávez llamará a la realización de lo que él mismo caracterizó como un gigantesco mecanismo constituyente, a través del llamado al pueblo en su conjunto a ejercer su potencia transformadora.

Con esto, podemos ver que si el Plan Patria se constituye como el legado de Chávez, no lo es exclusivamente por su contenido, sino también por el gesto mismo con el cual Chávez ofreció se elaborara dicho Plan.

3. De la planificación participativa local a la planificación participativa nacional: El debate constituyente del Plan Patria 2013-2019 como proceso inédito

Este proceso inicio el día 11 de junio de 2012, cuando en su alocución frente al pueblo en la plaza Diego Ibarra, luego de haber introducido ante la Asamblea su programa de gobierno, el Comandante Hugo Chávez lanza en Venezuela un proceso político inédito: el proceso constituyente para la elaboración del Segundo Plan Socialista de Desarrollo de la Nación 2013-2019.

Es decir, que lo que Chávez planteó en ese entonces, llamando a su pueblo a “rectificar, suprimir, cambiar” el plan propuesto, fue el desarrollo de una praxis de planificación participativa, ya no únicamente a nivel local, sino a nivel nacional.

El proceso de debate que se puso en marcha durante el mes de noviembre de 2012, una vez las elecciones ganadas, se desplegó como gigantesco espacio público participativo nacional de debate y reflexión, dándole voz a todos los y las invisibles, a todos los y las que históricamente no son nunca consultados para la elaboración de este tipo de planes: 11.412 asambleas de debate fueron realizadas en todo el país, en las cuales participaron un total de 448.393 personas. Esta participación se plasmó luego en un poco menos de 11.000 propuestas, efectuadas en su mayoría por el poder popular organizado, en particular por los consejos comunales.

Un verdadero diálogo entre poder constituido y poder constituyente se puso así en marcha, diálogo que cada “Cuidad del Debate” organizada en el territorio nacional vio desplegarse con sus particularidades, resistencias, subversiones y modos de ser. El análisis de las formas que esas tomas plurales de palabra tomó, queda todavía por hacerse.

Ahora bien, lo importante es que este proceso no se quedó en el nivel intermediario que hemos definido analizando el artículo 70 de la Constitución, no se limitó a ser únicamente un espacio de deliberación y debate.

En efecto, luego de su muerte, el ejecutivo asumió la responsabilidad de darle vida a una de las últimas voluntades de Chávez: incorporó a la versión del Plan Patria que fue presenta a la AN por el presidente Maduro

en diciembre de 2013, los insumos que fueron recogidos de estas propuestas, haciendo del proceso de debate Plan Patria un verdadero ejercicio constituyente de planificación participativa nacional. Y haciendo de esta forma del debate constituyente en sí una inmensa asamblea ciudadana, cuyos aportes fueron, tal como lo establece la Constitución, tomados como aportes vinculantes.

Tal como es indicado en la exposición de motivos de la Ley Plan Patria , la incorporación del contenido de las propuestas recogidas en el proceso de debate se hizo de la siguiente forma:

“Esta ingente información permitió configurar una vigorosa base de datos sobre propuestas, las cuales fueron revisadas una por una por el equipo responsable de la sistematización, y con el apoyo de herramientas informáticas especializadas se pudo llevar a cabo su clasificación en cuatro categorías generales: propuestas generales, propuestas concretas, propuestas de modificación a la redacción de Plan, y otras informaciones como denuncias y solicitudes de ayuda.

Seguidamente, se identificaron 6.241 propuestas adecuadas al objetivo de la consulta, las cuales fueron agrupadas con base en sus características comunes, generando como resultado un total de 428 líneas diferenciadas, entre las cuales se identificaron 178 propuestas nuevas que fueron incorporadas al plan, constituyendo un aporte de una gran riqueza que enalteció el texto original” (Ley Especial Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2012: Preámbulo).

El ejecutivo se dio la tarea de modificar el plan nacional de desarrollo incorporando en él las propuestas elaboradas por la gigantesca asamblea ciudadana que se conformó en el proceso constituyente de debate, las cuales fueron tratadas como vinculantes. Esta experiencia, hasta donde sabemos inédita, puede analizarse como una primera serie de respuesta particular y acotada al tema del cómo hacer que una democracia pueda ser en su esencia participativa, sin por lo tanto pretender instituirse como democracia directa.

El análisis detallado y profundo de este proceso puede entonces servir de elemento fundamental para desarrollar mecanismos de respuesta tanto teóricos como prácticos, a la crítica que gran parte de la teoría política hace a la idea de democracia participativa, alegando, entre otras cosas, que esta es imposible en nuestras sociedades por el tamaño de las mismas y, por ende, que la representación es la única respuesta democrática posible a la organización de nuestras sociedades.

En contra de esto, podemos ver en el proceso constituyente Plan Patria, un ejercicio dialéctico de reinvención de la praxis del poder constituyente, praxis basada en su articulación con el poder constituido. Articulación, para este caso, interacción y no delegación.

A partir de este punto, y como propuesta de primer nivel de análisis, podemos ver entonces que la dinámica participativa puesta en marcha en este proceso responde a varios objetivos, que si bien se cruzan y enlazan, es fundamental diferenciar.

En primer lugar, podemos ver que se trata de profundizar y sustentar el desarrollo de otro tipo de gestión pública, que permita suplir las deficiencias del modelo de gestión y de acción administrativa tradicional, incorporando los saberes y conocimientos del pueblo, de sus necesidades y fortalezas, en la planificación administrativa, tal como lo hemos subrayado al inicio de nuestra comunicación cuando definíamos la particularidad del ecosocialismo como planificación participativa.

En pocas palabras, se trató de contextualizar y enmarcar la planificación nacional en el conocimiento que tiene el pueblo de su propia realidad. El primer objetivo del proceso constituyente fue entonces la incorporación del pueblo en la elaboración de la planificación estatal del desarrollo del país, enmarcando este desarrollo en el

diálogo interactivo que se puso en práctica entre las necesidades, potencialidades y capacidades del pueblo tal como él mismo las percibe y expresa, y lo que el ejecutivo propuso como marco para tal desarrollo.

El Plan de la Patria es así el fruto de una interacción entre dos tipos de saberes de la sociedad sobre sí misma, de interacción entre dos tipos de poderes: el constituyente y el constituido.

Esto nos lleva a reflexionar sobre el siguiente punto: incorporar al pueblo en el proceso de debate, organización y conformación del Plan Socialista de Desarrollo de la Nación, puede verse como la voluntad de profundizar en la construcción de una praxis de contraloría social popular y participativa sobre los planes y programas del gobierno, responsabilizando al colectivo.

La idea central que podríamos extraer sería entonces la de corresponsabilidad: este proceso constituyente puede en efecto verse como uno de los primeros ejercicios de puesta en práctica de una responsabilidad compartida, dialectizada, entre un poder constituido que propone, y un poder constituyente que dispone, y así sucesivamente.

Es decir, que el proceso constituyente Plan Patria puede ser visto como base y estructura para el desarrollo de una contraloría social basada en el empoderamiento popular, fundamentado en la dialéctica corresponsabilidad Poder Popular / Estado.

Lo anterior permite vislumbrar que más allá de los objetivos esenciales y claramente identificados del debate, este proceso constituyente se enmarcó en el plan de transformación de las relaciones sociales que el proceso bolivariano impulsa, en contra del sistema político neoliberal asentado en la dominación y la alienación de las masas.

Podemos así analizar este debate constituyente como un auténtico proceso de empoderamiento, y en particular de empoderamiento cognitivo, entre consciencia y praxis, como un ejercicio de empoderamiento político por excelencia: el de un pueblo llamado a asumirse como sujeto político.

La finalidad política queda entonces claramente dibujada. Con este proceso innovador se pretende impulsar la construcción del ecosocialismo mediante un modelo profundamente participativo, protagónico y radicalmente democrático.

La metodología misma del debate marca la ruta: el desarrollo de una verdadera ecología política de los saberes como base y sustento de la democracia participativa, ecología política cuya esencia reside en la incorporación y sobretodo en la interrelación de la multitud de realidades que conforman el país en una visión integral, que el Comandante Hugo Chávez trazó claramente al delinear los cinco objetivos históricos del Plan Socialista de Desarrollo de la Nación.

4. Mandar obedeciendo y obedecer mandando

Podemos entonces dar una primera lectura de los dos grandes momentos constituyentes que conforman el desarrollo de la democracia participativa y protagónica en Venezuela. Estos dos grandes momentos, en los cuales el Comandante Chávez hace un llamado al poder originario del pueblo, al poder constituyente, a ese poder potencia del pueblo, sobresalen como dos hitos fundamentales en el proceso revolucionario de reestructuración sociopolítico de la sociedad y del Estado venezolano.

Si el proceso constituyente del 99 fundó la V República y permitió reescribir en colectivo los fundamentos tanto políticos como éticos del vivir juntos, resemantizando los principios, valores y nociones que rigen y enmarcan

el estar juntos, en este segundo proceso se trató de usar esa misma potencia originaria del pueblo, la del poder constituyente, para desestructurar el Estado burgués y ver su renacimiento como Estado Comunal.

En este debate constituyente se planteó así uno de los puntos estructurales de nuestro proceso: ¿Cómo integrar el poder constituyente al poder constituido sin despojarlo de su potencia creadora, sin justamente hacerlo poder institucionalizado? ¿Cómo integrar las necesidades puntuales de cada cual en la planificación de un Estado?

El reto de inventar otro tipo de planificación, una planificación basada en las necesidades y/o potencialidades puntuales del pueblo, del ciudadano “de a pie”, de las comunidades organizadas, de los movimientos sociales, de todas y todos, responde descalificándola a una de las más viejas preguntas de la teórica política: ¿Será que algunos están hechos para mandar (y por ende para planificar) y otros para obedecer?

En este proceso constituyente, el Comandante Hugo Chávez apostó por dar respuesta a esta interrogante con la praxis política emancipadora que lo caracteriza, invirtiendo y por ende dislocando la relación de dominación de la política moderna, a saber, la coerción que hace que algunos pocos detenten el poder sobre todos. Se trató aquí, de reinventar la política, de reinventar, una vez más la democracia participativa que soñamos desarticulando el nodo de la relación de dominación: se trata de mandar obedeciendo y de obedecer mandando.

Dussel (2010) nos habla, retomando las reivindicaciones del Chiapas, de ese poder obediencial, ese mandar obedeciendo, en el que la función servicial se hace rector; y que más que integrarnos como pueblo, y buscar en nuestras raíces más profundas, en ese conocimiento ancestral que nos enseña que el que ejerce el poder es el que siempre está en deuda. En deuda de la potestad que recibe, en deuda con la potencia que no posee, en esa deuda eterna que la praxis del poder no puede saldar, que sólo funciona como ese horizonte inalcanzable de la utopía de la cual Galiano (2013; p. 60) nos habla, que nos sirve “justamente para eso, para caminar”. Una praxis política que sólo toma su sentido en el despliegue de ese acto tan complicado, el de mandar, organizar, planificar obedeciendo. Porque, tal como nos los recuerda Dussel (2010), “obediencia” tiene como acto “saber escuchar al otro”.

El Segundo Plan Socialista de Desarrollo de la Nación 2013-2019, nuestro Plan de la Patria, se constituye entonces realmente como el testamento y legado ideológico, político, amoroso, que el Comandante Chávez nos dejó. Un legado vivo que nos indica el camino de ese mandar obedeciendo/obedecer mandando. Saber escuchar al otro, mandar obedeciendo, obedecer mandando, todas estas acepciones podrían servir a fin de cuentas como definición de eso que hace la planificación participativa: tal es el camino que hemos elegido apuntando a ese horizonte utópico que constituye el proyecto ecosocialista bolivariano.

Nos queda entonces a todos el compromiso histórico de cumplir con el legado del Comandante Chávez, asumiéndonos como corresponsables, empoderándonos del Plan Patria, desarrollando así una controlaría social no sólo atenta a su cumplimiento, sino comprometida y actora crítica de su puesta en práctica.

Bibliografía citada

CHAVEZ, H. El poder Popular, Extractos tomados del discurso presidencial, Caracas: MINCI, 2008.

DUSSEL, E. 20 tesis de Política. Caracas: El Perro y la Rana, 2010.

GALEANO, E. Ventanas. Caracas, Venezuela. El Perro y la Rana, 2013.

KOHAN, N. Aproximaciones al marxismo, Cuba: Ocean Sur, 2011.

Leyes citadas:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Gaceta Oficial no.860 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 30 de diciembre de 1999.

LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN, Gaceta Oficial N° 37.463 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 12 de junio de 2002.

LEY ORGÁNICA DE LOS CONSEJOS COMUNALES, Gaceta Oficial N° 39.335 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 28 de diciembre de 2009.

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL, Gaceta Oficial Nº 6.011 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 21 de diciembre de 2010.

LEY ORGÁNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL, Gaceta Oficial N° 6.011 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 21 de diciembre de 2010.

LEY ORGÁNICA DE LAS COMUNAS, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 39.578 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 21 de diciembre de 2010.

LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 39.578 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 21 de diciembre de 2010.

LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA Y POPULAR, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 39.578 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 21 de diciembre de 2010.

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO, Gaceta Oficial Nº 39.382 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 9 de marzo de 2010

LEY ORGÁNICA PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DE COMPETENCIAS, SERVICIOS Y OTRAS ATRIBUCIONES, Gaceta Oficial N° 6.079 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 15 de junio de 2012.

LEY ESPECIAL PLAN DE LA PATRIA SEGUNDO PLAN SOCIALISTA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN Gaceta Oficial Extraordinaria 6.118 de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 05 de diciembre de 2013.