debate sobre la posición de las ff.aa

7/21/2019 Debate Sobre La Posición de Las Ff.aa

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Estudios Públicos, 91 (invierno 2003).

DOCUMENTO

DEBATE SOBRE LA POSICIÓN DE LAS FF.AA.

FRENTE AL GOBIERNO MILITAR

En las páginas que siguen se reproduce la polémica que se suscitóentre el director del Centro de Estudios Públicos, Arturo FontaineTalavera, y el historiador Gonzalo Rojas Sánchez en torno a laposición que debieran tener las fuerzas armadas respecto del golpe

del 11 de septiembre de 1973 y el posterior gobierno militar en chile.La polémica, que tuvo lugar en el cuerpo dominical del diario El

Mercurio entre el 12 de enero y el 2 de febrero de 2003, se inicia conel artículo “El Ejército Hoy y el Golpe del 73”, en el que ArturoFontaine T. manifiesta su respaldo a recientes declaraciones delComandante en Jefe, general Juan Emilio Cheyre, respecto a que elEjército no es “el heredero político” del gobierno militar. El domin-go siguiente (19 de enero de 2003), Gonzalo Rojas Sánchez leresponde a Arturo Fontaine T. discrepando de su posición. La polé-

mica sigue en el mismo matutino con la réplica de Arturo FontaineT., “Ejército para Algunos” (26 de enero) y con el artículo de Gonza-lo Rojas, “Fidelidad Militar” (2 de febrero de 2003).



302 ESTUDIOS PÚBLICOS

E

EL EJÉRCITO HOY Y EL GOLPE DEL 73*

Arturo Fontaine Talavera

l Ejército y, en general, las Fuerzas Armadas no deben asumircomo parte de su doctrina permanente la legitimidad del golpe militar de1973. Esto sin perjuicio de las opiniones de sus jefes y de su personal. Si lohicieran pondrían en peligro su naturaleza de fuerzas nacionales. El golpefue una intervención en la política interna del país que atravesaba por una

situación de excepción. Las circunstancias y motivos que dieron origenhace 30 años al derrocamiento del Presidente Salvador Allende pertenecena la historia de la “guerra fría” y de la inserción de Chile en ella. Constitu-yen ya materia de estudio para analistas e historiadores. No puede exigirsehoy a los conscriptos ni a los soldados ni a los oficiales obediencia a unadeterminada interpretación institucional al respecto. Se trata de una deci-sión prudencial cuya discusión compete a los historiadores y, por cierto, alos ciudadanos; pero no a los militares actuales en cuanto tales. El golpe es

y será, creo, un hecho controvertido. El Ejército no puede pretender conge-lar lo que fue su posición en ese preciso momento histórico.En un artículo aparecido en La Tercera del 5 de enero, el Coman-

dante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, afirmó que “no soyun actor político, ni deseo serlo; tampoco soy —ni lo es la institución a mimando— heredero de un determinado régimen de gobierno. Su defensa, sifuere necesario, compete a otras personas o entidades”. Esta posición no esnueva. Tampoco es meramente personal.

Es y debe ser la postura del Ejército de Chile, acordada por elComandante en Jefe con los generales en reuniones del Consejo Militar quetuvieron lugar el año pasado en Pichidangui en mayo de 2002 y, luego, enEl Quisco, en agosto del mismo año.

En efecto, en el documento oficial y párrafo respectivo se lee: “¿Aquién corresponde la ‘defensa’ del gobierno militar? Para responder estainterrogante, que se nos plantea a diario en distintos ámbitos, hay queestablecer que el Ejército de Chile no es ‘heredero político’ —lo que no

significa que le sea indiferente— de dicho régimen ni de ningún otro. Laobra del gobierno que presidió el CGL Augusto Pinochet Ugarte vale por sí sola y pertenece al juicio de la nación; su defensa no nos correspondeporque es una materia política”.

* El Mercurio, domingo 12 de enero de 2003, cuerpo D, 13.



DEBATE 303

Parte de lo recién citado fue publicado por la revista Siete+7 ymotivó una pregunta en la entrevista al general Cheyre aparecida en “Re-portajes” de El Mercurio el 8 de septiembre pasado. La periodista le dijo“si estaba dispuesto” a defender al régimen militar. La respuesta del generalfue: “El carácter profesional de las FF.AA. y el mandato de ser obedientes,no deliberantes, apolíticas y apartidistas excluye absolutamente opinión res-pecto al tema... El Ejército es de todos los chilenos...”

Cuando el Presidente Balmaceda, ante la imposibilidad de lograr unacuerdo con el Congreso, decidió hacer valer el presupuesto del año ante-rior, la Marina se levantó junto con el Parlamento, declarando al Presidenteinconstitucional. El Ejército, en cambio, apoyó al Presidente, lo que dioorigen a la guerra civil del 91. Sería absurdo exigirle hoy al Ejército y a laMarina que consideraran su posición del momento parte integrante de sudoctrina. ¿Cómo podría estar obligado un brigadier actual a defender lalealtad del Ejército a Balmaceda ante un capitán de fragata que tendría queargumentar a favor de la posición contraria de la Marina? ¿Debería uncoronel en cuanto tal seguir defendiendo ad aeternum el comportamiento

del Ejército, por ejemplo, durante el gobierno del general lbáñez? ¿Tienesentido esperar que un cabo que tiene hoy 20 años persuada u obligue a losconscriptos a su cargo a estar de acuerdo con el golpe militar del 73?

Desde antiguo se ha reconocido que un gobierno puede volverseilegítimo y justificarse la rebelión en contra de él. Los escolásticos soste-nían que ello requería un notorio abandono del bien común y violación delas normas de la ley natural. Según John Locke, la rebelión se justifica si loslegisladores se transforman en “dispensadores arbitrarios de las vidas, liber-

tades o fortunas del pueblo”. Sin embargo, la aplicación de estos principiosgenerales por parte de personas y autoridades específicas a un caso concre-to es un juicio estrictamente prudencial, y que supone sopesar antecedentes,riesgos, opciones, expectativas y circunstancias particulares propias delaquí y ahora. No cabe hacer de decisiones contingentes que pertenecen alpasado un punto de doctrina.

Hay quienes estiman, parece, que el Ejército no debiera admitir ensus filas sino a aquellos que concuerdan con la decisión adoptada por los

Altos Mandos en 1973 y quienes, a la inversa, consideran que el Ejércitosólo debería permitir que ingresaran quienes están en desacuerdo con ella.Ambos planteamientos harían simplemente inviable un ejército respaldadopor todo Chile, profesional, moderno, con real capacidad disuasiva y queencare sus desafíos futuros en un marco institucional democrático.




LAS FF.AA. Y EL 11 DE SEPTIEMBRE*

Gonzalo Rojas Sánchez

En esta misma tribuna el Director del CEP ha sostenido que “elEjército y, en general, las Fuerzas Armadas no deben asumir como parte desu doctrina permanente la legitimidad del golpe militar de 1973”.

Esta posición empalma bien con la que ya se había deslizado en unode los párrafos de la declaración de la Mesa de Diálogo, cuando se afirmóque a futuro jamás debían usarse medios no democráticos para procurar un

cambio de gobierno, lo que implicaba un tácito reproche a la legitimidaddel 11 de septiembre de 1973. Y esta declaración no la había firmado unprofesor universitario, sino un general del Ejército de Chile.

Para fundamentar su posición, Arturo Fontaine ha recurrido a dosejemplos históricos. Por una parte, a la actuación de las FF.AA. durante elconflicto constitucional de 1890-1 y, por otra, a la posición del Ejército enlos años de la primera administración Ibáñez. Pero ninguno de los dos casoses analogable al pronunciamiento de 1973.

No fue la disputa entre el Parlamento y el Presidente a fines del sigloXIX cuestión de vida o muerte para Chile, aunque costara miles de muertosen Concón y Placilla; no fue tampoco el primer Gobierno del general Ibá-ñez una encrucijada decisiva para la Patria. Nadie les adjudica a esos mo-mentos históricos el carácter de un “hasta aquí no más llegamos”.

Distinto es el caso de la Unidad Popular. Partidarios y detractoresdel proceso allendista —en las fuentes y en las divergentes miradas histo-riográficas— califican a los años 70-73 como el único período en que elpaís ha estado a punto de ser consumido por la guerra civil larvada y a laspuertas de la guerra civil abierta. Mientras unos allendistas gritaban “No ala guerra civil”, otros partidarios del mismo gobierno infiltraban las FF.AA.y formaban aparatos paramilitares de miles de hombres (recordar las confe-siones al respecto de Corvalán, Altamirano y Pascal Allende). Estábamosinsertos en la Guerra Fría, nos dice el mismo Fontaine.

Mientras se realizaban elecciones abiertas, en paralelo se descubríael fraude electoral, se vulneraban casi todos los derechos humanos (Decla-ración de la Cámara de Diputados, agosto de 1973), se rompía la institucio-nalidad, negándose el Presidente a una reforma constitucional, se abusabadel derecho con resquicios continuos (DL 520, cambios de ministros acusa-dos, etc.), se negaba la fuerza pública para el cumplimiento de las senten-cias. Y, lo más grave, se formulaba el proyecto de la ENU, un intento de




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control total de la educación chilena. Respecto de ella escribía Arturo Fon-taine en abril de 1973, en su calidad de vocal de la FEUC: “Lo que la ENU

persigue es dar al Estado la ideología socialista-marxista. Para ello noeduca sino que adoctrina. Porque ¿qué otra cosa significa ‘educar’ para unasociedad socialista? ... Aunque en Chile todos fuéramos socialistas —o deotra tendencia— no sería legítimo implantar sólo esa concepción, impidien-do de hecho su cuestionamiento. El educando que no es libre, pasa depersona a robot de un Estado totalitario”. Qué bien entendía el profesorFontaine en abril de 1973 la naturaleza de la amenaza, de vida o muerte,que se cernía sobre Chile.

Afortunadamente él no fue el único: contamos con las FF.AA., lasque reaccionaron con la doctrina que venía al caso, citada ahora por elprofesor Fontaine: el derecho de rebelión. Pero, como sabemos, ese dere-cho no es de quita y pon, ya que tiene entre sus requisitos de aplicabilidadel ser la última instancia posible para enfrentar una situación. Sólo unarealidad insostenible de ilegitimidad y para la cual no hay ninguna otrasolución, puede ser afrontada con la rebelión, la que se hace legítima por laconcurrencia de todos los requisitos que solicita la doctrina. Y eso vale en

1973, en el 2003 y en el 2078.Pero, curiosamente, Arturo Fontaine le pide al ejército que no con-

gele “lo que fue su posición en ese preciso momento histórico”. En chileno,que la cambie. Ante esta recomendación caben al menos dos tipos de consi-deraciones.

Primero, las filosóficas. Si las doctrinas sobre el derecho de rebe-lión, que fueron las esgrimidas en 1973, no pueden ser sostenidas en carác-ter permanente a posteriori para un caso concreto —como parece afirmar el

profesor Fontaine—, ellas en realidad carecerían de la radicalidad que seles exige para ser aplicables. ¿Qué sentido tendría ponderar su posibleaplicación en medio de unas determinadas circunstancias concretas y llegarefectivamente a la conclusión de que la rebelión es la última salida a unacrisis si se temiera que en el futuro alguien quizás dirá que existían otrasposibilidades de solución? Simplemente estaríamos así ante la imposibili-dad de aplicar el derecho de rebelión y, por lo tanto, frustraríamos toda sueficacia ante el ilegítimo agresor. O la rebelión es, fue y será siempre

legítima en ese caso concreto o nunca lo fue. Podemos discutir eso una yotra vez, pero no cabe cambiar de posición por el simple paso del tiempo.Segundo, las históricas. Si las FF.AA. de Chile cambiasen su posi-

ción oficial sobre el 11 de septiembre, análogamente tendrían que plantear-se la posibilidad de variar otras posturas igualmente radicales. Simplementehabría que dudar sobre la legitimidad de la Independencia nacional y sobre




la legitimidad de la guerra del Pacífico; y, después, por cierto, quizás dero-gar el día de las Glorias del Ejército y pedir perdón el 21 de mayo.

Pocas veces un país se juega la vida y casi siempre sale vivo graciasa sus Fuerzas Armadas. Cada uno de sus miembros debe, por lo tanto, estarsiempre consciente y orgulloso de esas pocas y decisivas gestas de radicalafirmación de la nacionalidad.

EJÉRCITO PARA ALGUNOS*

Arturo Fontaine Talavera

Si el Ejército hiciera de la legitimidad del golpe del 73 un punto desu doctrina permanente, sólo habría Ejército para algunos. Es lo que algu-nos proponen. (Por ejemplo, Gonzalo Rojas, en El Mercurio, D24, del 19de enero). Un sargento que concuerde con su tío o abuelo, que fue partida-rio del Presidente Allende, quedaría ipso facto excluido de las filas pordesleal. En la práctica esto significa que el Ejército es de algunos y no de

todos los chilenos. Quienes apoyaban a Allende son antipatriotas y lescorresponde el estatus de los que lucharon contra Carrera y O’Higgins y porlos realistas junto a los oficiales españoles. El golpe del 73 equivaldría a laIndependencia... ¿Y, por ende, a la batalla de Maipú? ¿No será un pocomucho? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Es compatible con la democracia unenfoque así? ¿No supondría, en los hechos, borrar de Chile a una buenaparte de los chilenos?

Cuando era estudiante, como se ha citado, escribí un artículo en el

que se critica a la Escuela Nacional Unificada (ENU) porque “presupone laconstrucción de una sociedad socialista”, busca afianzar “los grandes obje-tivos y tareas del proceso de cambio revolucionario” y difundir “los valoresdel humanismo socialista”, según planteaba su proyecto. La objeción es quela verdadera educación —a diferencia del adoctrinamiento— ha de permitirla pregunta acerca de lo que es ella misma y su sentido. “El adoctrinamien-to”, decía, “se caracteriza porque no cuestiona a fondo sus principios, sinoque los muestra con intención de implantarlos. Lo que el adoctrinadorbusca es el poder... El educador, en cambio, busca la verdad y educa desdey para ella. No hay lugar para posturas fanáticas o dogmáticas”. Pensabaentonces y pienso ahora que ese proyecto de educación para un tipo desociedad y un tipo de hombre predefinidos era contrario a la libertad:“Aunque en Chile todos fuéramos socialistas —o de otra tendencia— no




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sería legítimo implantar sólo esa concepción impidiendo su cuestiona-miento”.

Quienes hoy le piden al Ejército que a futuro admita en sus filas sóloa un tipo de chileno con una determinada postura política y los adoctrineentonces en función de esa concepción política determinada, oficial y per-manente, restringen como lo hacía la ENU a escala nacional, la libertad depensamiento y transforman en dogma lo que no lo es.

Una postura así impide que se desarrolle un ejército moderno, profe-sional y unido. Una postura así divide, y corroe el futuro de las FuerzasArmadas. Chile necesita justo lo contrario. El término de la Guerra Fría

significa que para Estados Unidos América Latina ha dejado de ser unescenario donde está en juego su prestigio y esfera de influencia. Eso haceque la región sea hoy más vulnerable a los conflictos entre naciones. Chilerequiere más que antes un ejército nacional con capacidad disuasiva propia.

Aceptar el principio de rebelión, como lo hacen los escolásticos yLocke, por ejemplo, no significa estar obligado a aceptar todas y cada unade sus aplicaciones a casos concretos. Las decisiones políticas, como todaslas decisiones prudenciales, se adoptan sopesando circunstancias del aquí y

ahora, y con un margen de incertidumbre. Ciertamente son revisables por lahistoria y quien las adopta, lo sabe.

El Ejército chileno en un momento dado decidió intervenir en ungravísimo conflicto interno y hacerse cargo del poder político del país.Cualquiera haya sido entonces y sea ahora la opinión de cada personaindividual sobre esa decisión, ella no puede obligar a las generacionesfuturas de militares. Se podrá exigir respeto a lo resuelto entonces por elAlto Mando, pero no acatamiento institucional. Hoy día ese es un tema

abierto al análisis de la historia. No debe haber una posición oficial de lasinstituciones armadas en cuanto tales. Como no la hay acerca de lo que fuela posición de la Armada que se levantó contra el Presidente Balmacedamientras el Ejército, en cambio, lo apoyaba, lo que dio como resultado laguerra civil del 91.

El gobierno militar, ¿obliga a los futuros soldados a defenderlocomo algo suyo? ¿Pesa sobre los oficiales el deber de justificar el régimenmilitar y su obra? No. Es tarea de los analistas e historiadores.

El Comandante en Jefe del Ejército, después de los Consejos Milita-res realizados en Pichidangui entre el 8 y el 10 de mayo del 2002 y, luego,en El Quisco del 7 al 8 de agosto del mismo año, ha hecho bien en “estable-cer que el Ejército de Chile no es heredero político” del régimen militar. “Ala institución no le atañe pronunciarse públicamente ni emitir juicios devalor” sobre ese período histórico. Lo plantea así el documento oficial




correspondiente y lo ha expresado el Comandante en Jefe en varias ocasio-nes. Esta no es una mera opinión personal suya.

Pretender que el Ejército y las Fuerzas Armadas han quedado atadaspara siempre a los motivos que justificaron el régimen militar y sus políti-cas es pedirles que permanezcan congeladas en el tiempo, aisladas, hostilesa una parte significativa de la sociedad chilena, y, por lo tanto, débiles a lahora de asumir los serios desafíos profesionales que les corresponde enfren-tar. Los soldados chilenos son demasiado chilenos como para querer algosemejante.

FIDELIDAD MILITAR*

Gonzalo Rojas Sánchez

En su nueva intervención Arturo Fontaine insiste en la necesidad decontar con un Ejército “moderno, profesional y unido”, para lo cual afirmaque hay que desterrar la existencia de una “posición oficial de las institucio-nes armadas en cuanto tales”, sobre el régimen inaugurado en septiembre

de 1973.Notable contradicción. Pensemos que se hace costumbre en lospróximos tres años que los altos mandos emitan declaraciones de “repudiode la herencia”. Incluso, contemplemos la posibilidad de que algún oficialdeclare que se habría sentido más cómodo ingresando a su rama respectivaen 1975, sin que hubiera existido jamás algo así como el 11 de septiembre yel consiguiente gobierno del Presidente Pinochet. ¿Eso nos puede hacerpensar que se está consolidando un Ejército “unido”, justamente porque secomienzan a difundir concepciones contrarias a las actuaciones de lasFF.AA. entre 1973 y 1990?

Por el contrario, ése es el germen de la división. Porque es obvio—lo sabe Arturo Fontaine tan bien como lo sé yo— que dentro de lasFF.AA. hay miles de oficiales y suboficiales que trabajaron lealmente en elgobierno militar y que, ante declaraciones de esa naturaleza, por lo menossufren dolor de estómago. Qué se hace, entonces: ¿A esa gente se la saca delas FF.AA. por haber recibido la medalla Misión Cumplida y por lucirlacon orgullo en sus uniformes? ¿También ellos debieran ser investigados enel futuro por el solo hecho de haber servido entre 1973-1990 en tareas degobierno, como lo han sido hasta ahora los oficiales vinculados a la repre-sión de la subversión? En materia de toboganes por los que se desliza lavenganza, en estos 13 últimos años hemos visto muchas aberraciones con

* El Mercurio, domingo 2 de febrero de 2003, cuerpo D, 15.



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apariencia de procedimiento jurídico. ¿Queremos presenciar también estaotra en nombre de la unidad de las FF.AA.?

Pero mucho más allá de las declaraciones de uno u otro comandanteen jefe, cuyos mandos son breves, lo más preocupante es la instalación deuna postura indiferente en la formación histórica y filosófica de los futurosoficiales y suboficiales. Una declaración pública levanta polémica entrenosotros, los civiles y después se olvida. Pero unos planes de estudio dejanhuella, primero en las escuelas, después en las academias y, finalmente, enlas publicaciones y declaraciones oficiales.

Imaginemos una escuela matriz en que el profesor, enfrentado a

explicar el 11 de septiembre (esté o no en el programa, no habrá cursoalguno de Historia en que deje de surgir la pregunta) dice: “que cada unopiense lo que quiera; yo simplemente les relato los hechos”. Qué bien suenaeso, ¿no? Pero qué malas consecuencias traerá. Oficiales que ignoran laprofundidad del proceso, o que la conocen de modos diversos medianteestudios personales no guiados; oficiales que llegan a conclusiones diferen-tes; oficiales que se contradicen en discusiones de casino, que se tratan derojos y fachos unos a otros; oficiales que llegan a enrostrarse crímenes o

tibiezas por su adhesión a una u otra forma de entender el pasado. El idealde unas FF.AA. unidas, profesionales y modernas, cae obviamente por lossuelos.

Imaginemos una academia en la que se forma a los oficiales en ladisciplina de Inteligencia. ¿Se incluirá o no la infiltración de las FF.AA. porel MIR y el PS como dato histórico? ¿Se explicarán o no los modos en quese enfrentó a los miles de extranjeros armados que formaban parte de lasfuerzas irregulares de apoyo al gobierno allendista? Fontaine nos dice que

hacerlo, tomando posición, no es propio de la democracia.Este es un punto importante: las FF.AA. sirven a Chile en un régi-men democrático, pero no son instituciones democráticas; son institutos

jerárquicos, con doctrina establecida, con disciplina exigente, con historiagloriosa no susceptible de matices hoy, ambigüedades mañana y traicionesa la vuelta de la década. Y para ingresar a ellas nadie pide —ni las FF.AA.,ni obviamente este simple cabo de reserva— una acabada mentalidad derespeto a las jerarquías, un conocimiento doctrinario ya consolidado, una

disciplina ya adquirida, un amor a la propia historia ya intransable. Eso eslo que ellas ofrecen a ciudadanos que pueden postular con cualesquieraideas, hábitos, conocimientos o mentalidades, pero que ingresan buscandotodo eso: claridad de objetivos, disciplina, amor a la Patria y a su historia.Y supongamos que unas FF.AA. modernas no tendrán que renunciar a estoscriterios de selección para valorarse ante los poderes de turno.




Ciertamente esto no es congelamiento o atadura, es simplementefidelidad. La diferencia entre la virtud de la fidelidad y la adhesión estéril ycaduca, está dada por la entidad del bien protegido. Todos los militares quesirvieron ese 11 de septiembre saben que el destino de Chile estaba en susmanos y en las de nadie más. ¿Todos se equivocaron como para que ahoranadie les deba fidelidad? Por cierto que no corresponde pedirles a losmiembros de los altos mandos que siempre a futuro apoyen todas y cadauna de las actuaciones del gobierno militar, porque muchas alcanzaron lasdimensiones técnicas propias de toda administración y, por lo tanto, no serefieren a la esencia misma del bien protegido. Pero llamarlos a que se

declaren indiferentes o contrarios a la legitimidad del pronunciamiento del11 de septiembre de 1973 es facilitarles la infidelidad.

Pero, efectivamente, los soldados chilenos son demasiado soldadosy demasiado chilenos como para olvidar o traicionar a sus compatriotas ycamaradas de armas.

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