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Cooperativa de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, Cehycso.Revista Norte Histórico.N° 1, 2014: 122-158Issn: 0719-4587

DE REPOSITORIOS Y DE COMUNIDADES INDÍGENAS COMO SUJETOS HISTÓRICOS (REGIÓN DE ARICA Y

PARINACOTA, EXTREMO NORTE DE CHILE)1

THE REPOSITORIES AND THE INDIGENOUS COMMUNITIES AS HISTORICAL SUBJECTS (REGION OF ARICA-PARINACOTA AT NORTHERN CHILE)

Shirley Samit Oroz2, Cristhian Cerna Moscoso3 y Pablo Chávez Zúñiga4

Recibido el: 16 de marzo de 2014

Aceptado el: 23 de mayo de 2014

Resumen:La investigación histórica sitúa su énfasis en las fuentes documentales que componen los archivos y repositorios para comprender los relatos y sujetos del pasado; no obstante, ha tenido poca sintonía con la reflexividad en torno a las dimensiones patrimoniales y las dinámicas sociales productoras de tales fuentes. Esto último, en la región de Arica y Parinacota (extremo norte de Chile), supone un reto donde el oficio de historiar se revela en una constante tensión, a través de la cual, la falta de consideración patrimonial de la documentación sumada a la relativa ausencia de referentes archivísticos, reproduce

1 Este trabajo se inscribe en la difusión de los resultados del proyecto FONDART Nº 21123, ámbito regional, ejecución año 2012.2 Historiadora (Universidad de Tarapacá). Becaria CONICYT. Programa de Magíster en Género y Cultura mención Humanidades (Universidad de Chile). Contacto: [email protected] Antropólogo Social (Universidad de Tarapacá). Becario CONICYT. Programa de Magíster en Ciencias Sociales (Universidad de Chile). Contacto: [email protected] Profesor en Historia y Geografía (Universidad de Tarapacá). Magister en Ciencias Sociales Aplicadas (Universidad de Tarapacá. Magister en Historia (Universidad de Chile). Programa de doctorado en Historia (Universidad de Chile). Contacto: [email protected]

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Revista Norte Histórico N° 1, 2014 / ISSN: 0719-4587 Shirley Samit Oroz, Cristhian Cerna Moscoso, Pablo Chávez Zúñiga

un contexto donde los soportes documentales son relegados a un lugar marginal, coyuntural y precario. En este artículo a propósito de la situación señalada, se presenta la experiencia de un caso de descripción archivística en un repositorio público de bienes inmuebles regionales, destacando su aporte para la comprensión de aspectos de la propiedad de la tierra indígena regional. Como resultado, se describe y caracteriza el corpus documental del subfondo “regularización de bienes inmuebles” del repositorio, y se realiza una aproximación socio-histórica a la propiedad de la tierra indígena en el extremo norte, considerando especialmente el sector altiplánico de Arica. Palabras claves: Repositorios, Comunidades indígenas, Historia regional y local, Región de Arica y Parinacota (Chile), Extremo norte de Chile

Abstract:The research in the field of history puts accent on the documentary sources of the archives and repositories to understand the stories and subjects of the past; however, still have little tune with the reflexivity around the cultural heritage dimensions and the social dynamics of producing its. This schema in the Region of Arica-Parinacota region (northern Chile) have a special challenge where the craft of historicizing is revealed in a constant tension, through which, the lack of consideration of the cultural patrimonial features coupled with a relative absence concerning to the archival actors and specialists, plays a context where the documentary sources are relegated to a marginal, temporary and precarious place. In this article about such emphasis, we show the experience of a case about to the archival description in a public repository, highlighting their contribution to the understanding of aspects of the regional indigenous communities land ownership. As result, we described and characterized the documentary corpus of the “subfondo regularización de bienes inmuebles” from the repository, and we make an essay with a socio-historical approach about to the indigenous land ownership at northern Chile, considering specially the highland of Arica.Keywords: Repositories, Indigenous communities, Regional and local history, Northern Chile, Arica- Parinacota Region (Chile)

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De repositorios y comunidades indígenas como sujetos históricos (Región de Arica y Parinacota, extremo norte de Chile) pp. 122- 158

I. Introducción

“(…) El pasado es, por definición, un hecho que no se modifica. Empero, el conocimiento del pasado es una cuestión en progreso, que

incesantemente se transforma y perfecciona (…)”5.Bloch (2002: 75)

En el escenario internacional, en torno al último decenio desde la UNESCO se ha advertido la necesidad de revisar la situación de las fuentes documentales como un tipo de patrimonio cultural vulnerable (Edmondson, 2002 a y b). Se sostiene que aunque se encuentra implícito en la definición misma del patrimonio cultural, el recurso documental no parece ser consonante con prácticas y protocolos orientados a su salvaguarda. La documentación apreciada en tal coordenada, se revela como un espacio intermedial y de memoria eminentemente vulnerable y perentorio, que se proyecta como recurso a través de formas de textualidad, aportando al conocimiento y la comprensión posible de las experiencias socioculturales de las sociedades y los sujetos en el “pasado” (Cook, 2001; Ketelaar, 2001, 2005; López y Galego, 2007; Ogden, 2000). En Chile, se ha avanzado lentamente en las orientaciones señaladas. A pesar de haber una institucionalización de la salvaguarda patrimonial cultural existe una escasa reflexividad y una materialización de acciones orientadas a ocuparse efectivamente de los documentos como dimensiones vulnerables y necesarias de identificar, valorar y conservar desde un reconocimiento de su dinámica social y cultural (Ketelaar, 2005; McKemmish, Gilliland-Swetland y Ketelaar, 2005; Villaseca, 1996 y 2002). En el ámbito público, el tratamiento de la documentación se ha inscrito en torno a diversas normatividades yuxtapuestas que han actuado discrecionalmente, careciendo de eficacia sobre un supuesto de instrumentalización con fines de la transparencia del Estado. Actualmente, en el marco de la ley de Transparencia, se han intentado algunos ejercicios de homologación. En este escenario, se ha producido un status quo donde las entidades encargadas de regular aspectos relativos a la gestión de repositorios actúan de forma coyuntural y liminal sobre estas 5 Subrayado y traducción nuestra.

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cuestiones, generalmente con precario financiamiento. Se constituye en lo fáctico, realidades documentales que tienen que ver con la acumulación azarosa de documentos en base a precarios o nulos protocolos descriptivos y organizativos, que provoca problemas estructurales de comunicación en torno al proceso de identificación, catastro, salvaguarda y valoración6 (Mercado, 2011 y 2012).

Al no contar con marcos legales y procedimentales que se hagan cargo de manera eficaz7, eficiente y sustentable del proceso integral de identificación, reconocimiento, preservación y conservación final de este tipo de patrimonio, aumentan las probabilidades de pérdida de estos recursos potenciales para la comprensión y promoción de la memoria histórica-cultural local, regional y nacional (Villaseca, 2002). Considerando el nivel nacional aludido, la situación se agudiza en regiones. Por un conjunto de situaciones aditivas, asociadas al centralismo y la limitada acción de las instituciones especializadas –sobre todo, por carencia de presupuesto–, que tienen que ver con la ausencia de referentes con competencia en archivística así como de espacios y posibilidades para promover esta índole de problemáticas vinculándolas a vasos comunicantes sociales y culturales de la sociedad civil, se reproduce una concepción de los documentos como elementos meramente intermediales, donde la limitada impresión sobre tales ha promovido una perspectiva pragmática y exclusiva respecto de su salvaguarda y puesta en valor por parte de los actores responsables. Se suma la instrumentalización con fines coyunturales de los organismos administradores públicos, donde su tratamiento es visto solamente como de tipo técnico y, con frecuencia, basado en una idea rígida del documento que es visto como manifestación aislada de los fenómenos sociales y culturales que los produjeron.

En este artículo, revisando algunas orientaciones de las perspectivas que consideran al patrimonio documental como 6 Cabe señalar que por valoración se entiende a la estimación de valor o mérito de un soporte en función a planos administrativos, históricos y socio-culturales, especialmente. En otras palabras, atribuir contexto que permita transmitir un significado que atribuye un sentido a las piezas documentales para efecto de investigación y de ejercicio ciudadano.7 Es decir, con orientación a objetivos determinados y a los cuales se orienta la acción. En tanto que eficientemente, a propósito de la relación de medios y fines respecto del beneficio posible.

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testimonio cultural, pasando luego, brevemente, por algunos marcos legales en Chile sobre el resguardo del patrimonio documental, se presenta el caso del repositorio público de bienes raíces administrado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota (en adelante SEREMI). Se analizan en lo siguiente, aspectos de la incorporación de protocolos de descripción archivística y de caracterización del corpus documental, para finalmente, a propósito de la documentación del subfondo “Regularización de bienes inmuebles”, realizar una aproximación prospectiva hacia algunos contextos socio-históricos de la propiedad de la tierra indígena regional, considerando especialmente el caso del altiplano.

II. El documento como testimonio cultural

“El patrimonio documental refleja la diversidad de los idiomas, los pueblos y las culturas. Es el espejo del mundo y de su memoria. Ahora bien, esta memoria es frágil y todos los días desaparecen para siempre partes irremplazables de ella”.8

Como señala la UNESCO el documento remite a un testimonio cultural de la actividad humana social e históricamente situada (Ketelaar, 2006). Este se fija sobre un soporte tecnológico de textualidad perdurable, que contiene información codificada mediante la expresión de su sistema de escritura que refleja formas de “epistemes”, de ordenamiento temporal del “relato” y de relaciones de poder (Arévalo, 2003; Derrida 1967, 1997; Fernández, 2003; Heredia, 2003; SantaMaría, 2006; Stoler 2009; Villa, 1995).

La materia prima de un archivo y/o repositorio son los documentos. Señalan Guinchat y Menou (s/f) que tal soporte documental se halla constituido por un conjunto de dimensiones, entre las que es posible destacar: a) La físicas-tecnológica (material, naturaleza de los signos empleados, tamaño, peso, presentación, medios de producción, etc.); y, b) La intelectual (finalidad, contenido, tema, tipo de autor, fuente, modo de difusión, accesibilidad, originalidad, etc.). El 8 Preservation of documentary heritage, UNESCO.

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documento es en estos términos un soporte, un dispositivo tecnológico y una fijación material que describe a partir de formas textuales dimensiones culturales. Es un medio perdurable que contiene fragmentos de información cultural-histórico sobre diferentes órdenes de la realidad social, sea a nivel intersubjetivo, organizativo y/o institucional (Barnard, 2002; Stoler 2009; Vázquez, 2008).

En la actualidad, la ciencia histórica tras un replanteamiento disciplinar9, progresivamente ha ampliado sus fuentes posibles considerando además del soporte documental clásico un conjunto de otros soportes de fijación de la memoria y la experiencia social y cultural como lo son los de naturaleza oral y audio/visual, haciendo utilización de tales según la temporalidad considerada en las coordenadas del objeto de estudio a documentar, se halla implícitamente relacionada con las clásicas fuentes de naturaleza documental-escrita para su propio ejercicio e inquisición disciplinar (Bloch, 2002; Moss, 1997; Tucker, 2004). La investigación historiográfica desde sus orígenes como disciplina, y hasta el presente, ha estado implícitamente relacionada con la preocupación sobre el patrimonio documental como espacio intermedial y como soporte de memoria en función de las dinámicas sociales, económicas, demográficas y culturales pretéritas; fundamentando este tipo de pesquisa, su qué hacer e identidad profesional (Aymard, s/f; Bloch, 2002; Florescano, 2003). Entonces, siendo uno de los principales recursos de la aproximación historiográfica el trabajo “en archivos”, y guardando éste una vinculación con ámbitos de la archivística, observa Moss (1997) que se ha reflexionado, sobre esta vinculación, sus responsabilidades y sus potencialidades en términos de las condiciones físicas de la fuente documental, su preservación, su conservación y valoración social como 9 La historia como disciplina, se encuentra constantemente auscultando su misión, sus fuentes (elaboradas a partir de modos de epistemes) y métodos de aproximación a la comprensión de las dimensiones sociales y culturales, incidiendo transversalmente, en la expresión de los fenómenos, requiriendo para tales objetivo de diálogo con otras disciplinas de las ciencias sociales. En Respecto nota Aymard (s/f: 185) que,“(…) si el historiador pretende responder de manera eficaz [a las dinámica y complejidades sociales], no puede limitarse únicamente a su disciplina, encerrándose en los refinamientos de una minoría de especialistas. La historia se escribe desde ahora desde una multiplicidad de perspectivas y categorías, y en torno a objetivos cada vez más interdisciplinarios (…)”

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recurso patrimonial.

De este modo, el/la historiador/a abocado/a al oficio de historiar10 los fenómenos sociales y culturales, a pesar de la implícita relación ya señalada, se sustrae de materias relacionadas con la responsabilidad del rescate, catastro, conservación y preservación de las fuentes documentales como recursos de memoria social. Conjugado tal esquema con la profusión de un paradigma positivo del archivo que ve en el documento una unidad estática, patrimonializable y evocativa remite a la naturalización de relaciones marginales y coyunturales sobre estos espacios intermediales de acumulación de memorias sociales y culturales (Farge, 1991).

Las actividades relacionadas a la conservación, preservación y valoración ciudadana de las fuentes documentales son, esencialmente, vistas como un campo de especialidad de la archivística en términos paradigmáticamente positivos (Calderón, 2008; Cook, 2001; Heredia, 1993; Santamaría, 2006; Villa, 1995), favoreciendo la comprensión de esta responsabilidad como un ámbito técnico y centrado en la relación terminal referente a los “usuarios”11, lo que no 10 Es utilizada esta acepción según las concepciones de Bloch (2002), de O`Gorman (1995) y de Moradiellos (1994). En este sentido, y con fines procesuales-analíticos, cabe mencionar que entendemos la disciplina histórica como una ciencia social. Asumiendo tal condición, requiere la misma inscribir una reflexividad sistemática sobre sus diseños metodológicos y sobre la posibilidad de sus fuentes clásicas y latentes como formas “producidas” significantemente por el proceso investigativo y que “informan” sobre un sistema social y cultural (Cardoso 1981). En términos de investigación, especialmente de tipo documental y etnográfica, lo anterior se connota ante la empresa de “conocer” y “comprender” los aspectos configurantes de los/as objetos/sujetos/as de estudio que se referencian a través de los parámetros contextuales y relacionales propios de las realidades sociales, económicas y políticas histórica y culturalmente situadas, a escala macro y micro, donde se requiere, creemos, un constante cuestionamiento onto-epistemológico basado en la hipótesis de la alteridad cultural radicalmente diferente a la propia del sujeto/a investigador/a. 11 Aquí tales “usuarios” epistemológicamente no son una problemática, sino una referencia de “necesidades” a “satisfacer”. Se remiten las acciones a un individuo estándar que “satisface” necesidades que contiene el documento. Esta concepción relativa a la perspectiva positiva de la archivística ha tenido en la última década una progresiva crítica desde orientaciones que pugnan por un paradigma orgánico que considere a los actores implícito en la dinámica de producción y utilización de los documentos. Como señalan Cook (2001) y Ketelaar (2006), creemos, es menester reflexionar sobre los pliegues socioculturales, instrumentales,

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contribuye al desarrollo de una reflexión multidisciplinar respecto de las fuentes, su conservación, su preservación y su valoración como recurso para el desarrollo de la comprensión de los fenómenos sociohistóricos. No aportando además tal situación, al diálogo crítico y mancomunión de esfuerzos en aras de sustentabilizar este tipo de recurso y la generación de agendas patrimoniales para su identificación, sistematización, conservación y preservación (Edmondson, 2002b).

En el extremo norte de Chile, diversos autores han señalado la importancia del material contenido en los archivos y repositorios regionales, con la finalidad de comprender los procesos socio – históricos regionales (Díaz, 2010; Díaz et al., 2010; González y Gunderman, 2009). Sobre todo en contextos septentrionales, donde existen escasos profesionales de la archivística y, menos aún, espacios de diálogo y discusión sobre estas materias entre cientistas sociales y la ciudadanía.12 Tendiendo, a la invisibilización de su contingencia, su importancia y su vulnerabilidad, en tanto, soporte para la comprensión de procesos, realidades sociales y políticas, y como recurso potencial para favorecer por ejemplo, la promoción y desarrollo de memorias colectivas e identidades (McKemmmish, Gilliland-Swetland y Ketelaar,

entre otros, que inscriben la producción de documentos y su relación con referencia a los conjuntos poblacionales que les produjo a propósito de sus prácticas sociales, culturales e históricas. O sea, plantear la situación solamente instrumental donde se “satisface una necesidad” de un “usuario” es elementalmente restringido y genera, por ende, prácticas instrumentales y viviseccionadas de los documentos y sus contexto en términos de su naturaleza patrimonial, o como recurso de memoria (Ketelaar 2001, 2006; McKemmish, Guilliland & Ketelaar, 2005). Según Cook (2001) estamos ante la tensión de un paradigma y la posibilidad de otro, advirtiéndonos lo siguiente (…) is a shift away from viewing records as statics physical objects, and towards understanding them as dynamic virtual concepts; a shift away from looking at records as the passive products of human or administrative activity and towards considering records as active agents themselves in the formation of human and organizational memory; a shift equally away from seeing the context of records creation resting within stable hierarchical organizations to situating records within fluid horizontal networks of work-flow functionality (…) (Cook 2001: 4).12 Especialmente considerando el caso de la Región de Arica y Parinacota, debe connotarse el caso del Archivo Vicente Dagnino de la Universidad de Tarapacá, que se ha vuelto la entidad técnica referente sobre la temática documental y la promoción de espacios académicos y ciudadanos la promoción de su valoración.

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2005); como corolario inmediato, aporte a la sustentabilidad de la participación ciudadana, informada y consciente (Ketelaar, 2005, 2006).

III. Algunos marcos legales en Chile sobre patrimonio documental

El Estado, ha procurado normalizar la gestión administrativa de documentos producidos y acumulados por sus órganos. De múltiples maneras ha intentando protocolizar la producción de los mismos hasta su eliminación y/o emisión a las entidades encargadas de su depósito y conservación, según criterios de valoración13 (Taboada y Nielsen, 2006).

El DFL N° 5200 del año 1929, ha sido la principal regulación en materia de archivos en Chile. Esta normativa, en la actualidad, no guarda relación con los cambios sociohistóricos, políticos y económicos latentes. Por lo tanto, cada institución acoge las normativas según su propia interpretación y prácticas contingentes a su función especializada.

Los Dictámenes N° 30.225/1985 y N° 2.921/1987, establecen que la documentación oficial o instrumentos públicos auténticos no podrán reemplazarse por reproducciones fotográficas o similares por no existir una norma legal que lo autorice. Modificado con el art. 1 de la ley N° 18.845, establece que el sistema de microcopia y su protocolo. En torno a lo cual, los documentos micrograbados podrían tener una duración de cinco años en conservación, si fuesen privados, y diez años en caso de ser documentos públicos. Después de tal plazo, podrían ser eliminados y notificarse de la destrucción en el diario oficial, pero con reticencia, ya que el art. 6 de la ley N° 18.845, prohíbe la destrucción de cualquier documento con valor histórico y cultural14, aunque se encuentre en otro formato supervisado bajo el cargo del conservador del archivo nacional, también se deberán conservar archivos privados en caso de ser declarados monumento nacional, 13 De relevancia para respaldar las acciones de los órganos de Estado, o de su relevación como recurso para la memoria histórica cultural nacional, regional o local.14 Lamentablemente, no existe certeza legal sobre esta catalogación, lo que le hace remitirse a un espacio hipotético que faculta múltiples interpretaciones posibles que a veces se oponen entre sí.

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siendo el conservador, quien argumente la necesidad de su preservación (Mercado, 2011 y 2012)

La ley de transparencia N° 20.285 del año 2008, reactualiza la situación de la documentación, manifestando la necesidad de generar protocolos universales en las entidades públicas para el procesamiento de los corpus documentales, donde la ciudadanía, a través de este referente legal, puede hacer explicito requerimiento de información al Estado. Así, la documentación debe estar regulada por un cuerpo normativo que pueda asegurar tanto la disponibilidad como su resguardo. No obstante lo anterior, esta ley contiene una glosa normativa especial que faculta a las instituciones públicas para reservar en carácter de secreta determinada información, siendo resguardada en tal etiqueta por durante diez años (CVT s/f; Mercado, 2011 y 2012; Villaseca, 1996 y 2002)

Producto de la acción en los diferentes órganos del Estado, se almacenó un alto porcentaje de este tipo de documentación en el Archivo Nacional, ubicado en Santiago de Chile.15 Por lo cual, dependiendo de la temporalidad considerada, es posible encontrar en este recinto la documentación relativa al extremo norte de Chile desde el S. XVII. Tales fuentes documentales, organizadas en fondos y series de documentos seleccionados, entran en los depósitos de los archivos del Estado, reconociendo su valor a la memoria histórica del país (López, 1985).

IV. El caso. Algunos procedimientos relativos de descripción y clasificación documental

El patrimonio documental que constituye al repositorio de la SEREMI de Bienes Nacionales de la región de Arica y Parinacota (Chile), producto histórico de tramitaciones sobre bienes inmuebles de las diferentes unidades que han superpuesto a esta labor en el ámbito regional16, es un recurso 15 En Chile, existen sólo dos archivos regionales reconocidos, uno ubicado en la región de la Araucanía y otro en la región de Tarapacá. 16 En 1871, se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización, precursor del Ministerio de Bienes Nacionales. Al llevarse a cabo por parte del Estado la anexión de las regiones del norte, este órgano tuvo la función de ordenar jurídicamente la propiedad raíz en el contexto de

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de importancia para el estudio de la historia regional. A contar de ello, relevante para la comprensión de los procesos socioculturales, políticos y legales que han configurado las características de la actual región. Sin embargo, la composición de este patrimonio documental presentaba parciales marcos normativos que regulan de manera contingente la dinámica y valoración del patrimonio que contiene. Tal situación pone en alto riesgo de deterioro y pérdida a este tipo de recurso. Por consiguiente, la carencia de medidas de identificación, sistematización, acumulación y preservación, así como de valoración, instaló progresivamente la necesidad de avanzar en la implementación básica de algunos protocolos pilotos.

Así, en el marco del proyecto FONDART Nº 21123, como resultado de un análisis de los protocolos nacionales e internacionales de archivo, en conjunto con el diagnóstico de la realidad actual del repositorio, se fueron definiendo algunos criterios archivísticos efectivos tendientes a identificar, describir y valorizar el universo documental componente del repositorio público de Bienes Nacionales.

En el marco del diagnóstico señalado, en el repositorio de Bienes Nacionales, se comenzó la descripción archivística en función al protocolo ISAD (G) y de los criterios de gestión de la norma ISO 15.489-117 (Cardoso y Nielsen, 2006; ICA, 2000; ISO, 2001), mediante la tabulación en bases de datos18 de las piezas documentales y la digitalización de las los territorios incorporados. En tanto que, en 1977 durante el gobierno de la época, por medio del Decreto Ley N° 1.939, surgió el Ministerio de Tierras y Colonización, tiempo después, el 5 de junio de 1980, pasó a denominarse Ministerio de Bienes Nacionales.17 De acuerdo con la norma ISO 15489, y siguiendo el trabajo de Taboada y Nielsen (2006), son explicitados los siguientes procedimientos que permiten realizar esta actividad de clasificación: I) Identificar la operación o actividad que el documento presenta como respaldo del trámite efectuado; ii) Posicionar la operación o actividad en el Cuadro de Clasificación, lo que en este caso corresponde a la aplicación de la Norma ISAD (G) al Fondo de la SEREMI de Bienes Nacionales; III) Examinar cada uno de los estratos a los que la operación o actividad que atestigua el conjunto de documentos está vinculada, para garantizar que la clasificación es pertinente; IV) Contrastar la clasificación de la actividad o sea cada uno de los estratos constituyentes del Fondo con la estructura de la organización, para garantizar que es apropiada a la SEREMI de Bienes Nacionales; V) Asignar a los expedientes el nivel de clasificación acorde con las necesidades de la SEREMI de Bienes Nacionales.18 Para este efecto, se trabajó con el Software FileMaker con el fin de facilitar la generación de la matriz de datos final. Con este software,

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mismas, así como definiendo, a su vez, criterios mínimos de conservación y organización física de los expedientes y piezas documentales (Cuadro 1).

Cuadro 1. Conjunto documental identificado en el repositorio según temáticas aludidas y entidades productoras

FON

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SERIE EXPEDIENTEU N I D A D DOCUMENTAL

Conjunto de expedientes de Tramitación de Bienes Inmuebles regionales de Arica y Parinacota

Tramitación Bienes inmuebles Documento

S U B -FONDO SERIE ACTAS INSTITUCIONALESS U B -FONDO SERIE INFORMES DE PROYECTOSS U B -FONDO

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DE GESTIONES ANTERIORES (ex. JJAA, CORVI)

Fuente: Elaboración Propia

En este caso, se procedió a través de la elaboración de fichas tipo según los subfondos (F1, F2, F3, F4, F5, y finalmente, F6 de piezas documentales). A través de lo cual, se describieron los expedientes y las piezas documentales en la base de datos general (Figura 1, 2, 3 y 4).

Figura 1. Fichas tipo del subfondo de regularizaciones (F1)

Fuente: Elaboración propiahemos trabajado desde el año 2008, sistematizando información de índole etnográfica y documental (Véase Cerna, Samit y Fradejas, 2013)

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Figura 2. Piezas documentales (F6)

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Pieza documental (F6)


Las bases de datos resultantes, aditivamente, conforman la plataforma digital del Fondo de Bienes Inmuebles (Figura 4).

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Figura 4. Plataforma general


V. Descripción de la documentación del repositorio

La documentación aludida posee determinadas características, revelando procesos históricos y culturales de inflexión en relación, directa o colateral, al tratamiento, normalización y regularización de la propiedad raíz. Por ello, fue relevante discriminar la misma en función a las áreas geográficas, temporalidades y de las temáticas específicas a las que se referenciaba.

El patrimonio documental del repositorio contiene piezas documentales de diverso orden, años y temáticas referentes, tanto al ámbito civil así como al legal, que se encuentran contenidas en expedientes de tramitación19. Tales expedientes,

19 Se observa que existen piezas documentales sin adscripción a alguna tramitación. Tales también se catalogaron. En este sentido, cabe notar que las piezas documentales de los expedientes de tramitaciones, son variadas y se enmarcan en los requisitos de documentación definidos por las entidades que desde el Estado se han encargado de la regularización de los derechos de propiedad. Ahora, ha sido posible advertir que parte de la documentación, en algunos casos se integran a los expedientes de documentos elaborados por los mismos demandantes y/o causante del patrimonio en efecto, que revelan dimensiones socioculturales y

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se han constituido según lo demandado por las unidades de regularización para constituir y/o actualizar los derechos sobre la propiedad de los bienes raíces ante el Estado chileno.

En términos de tramitaciones ha sido posible notar la siguiente distribución de expedientes representativos de diferentes unidades político administrativas regionales (Gráfico 1),

Gráfico 1. Distribución (%) de tramitaciones según unidad política administrativa regional


Se observa que del fondo de bienes inmuebles contiene información de las diferentes comunas que componen a la región de Arica y Parinacota. Con respecto de la provincia de Parinacota, los casos de Putre representan a un 57,1% de los casos en relación a un 1,9% de casos de la comuna de General Lagos. En tanto que, la provincia de Arica, con un 21,5 % de los casos es representativa la comuna de Camarones en relación a un 19,4% de casos de la comuna de Arica, donde la ciudad de Arica representa al 52% de los casos catalogados. Por otro lado, en términos de localidades, es posible observar que la ciudad de Arica, el poblado de San Miguel de Azapa y el pueblo de Belén componen mayoritariamente las tramitaciones descritas (Gráfico 2).

personales.

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Gráfico 2. Distribución de tramitaciones según localidades (consideradas sólo los casos más frecuentes)


A partir del gráfico 2, es posible identificar, de manera prospectiva, que el corpus documental potencialmente contiene información de los períodos entre 1899 a 1999. Sobre esto y en función de las piezas documentales, es posible notar la siguiente distribución (Gráfico 3), Gráfica 3. Distribución (%) de las piezas documentales según data de elaboración


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Según el gráfico 3 se advierte, considerando los porcentajes sobresalientes únicamente, que con un 17,4 % en el decenio 1980 a 1989 se concentran los documentos registrados. Esto es seguido, con un 16, 9 %, por piezas documentales adscritas al decenio de 1960 a 1969. Mientras que, con un 13,3%, es representado el decenio de 1950 – 1960; e igual porcentaje, tiene la representación del decenio 1930 – 1939. En tanto que, la documentación más temprana identificada se inscribe en torno al decenio 1890 a 1899, representando el 0,5% del universo documental catastrado.

Tales piezas documentales, responden a la tramitación de regularización y/o saneamiento sobre bienes inmuebles20, conformando un universo documental de diverso orden, que es posible sintetizar según el cuadro 2,

Cuadro 2. Tipo de documentación acumulada en el repositorio (según catastro realizado)

Naturaleza Tipo

Actos legales

Inscripciones/ReinscripcionesTítulos gratuitosCompraventasTransferenciasTestamentos protocolizados

D o c u m e n t o s privados

Certificados de nacimientoCertificados de matrimonioTestamentos no protocolizadosOtros


En relación al análisis descriptivo-analítico realizado al conjunto documental tabulado, es posible visualizar potenciales dimensiones que este recurso contiene para comprender la experiencia histórica y cultural de la realidad social regional, desde fines del S. XIX y todo el S. XX.21

20 Acto intencional que se orienta a adquirir certidumbre sobre la propiedad de un bien raíz.21 Como documentación igualmente del S. XXI, dado que es un repositorio en constante ingreso y egreso de documentación según los procesos administrativos de la institución pública.

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Especialmente por la orientación de la misma, es posible considerar las siguientes dimensiones entre otras: a) Los contextos sociales y culturales relativos a la compra y venta de propiedades raíces en la ciudad de Arica, y su tratamiento en términos de actualización de derechos de propiedad; b) El manejo administrativo público de la propiedad fiscal, siendo posible pesquisar sus itinerarios desde la acción y tratamiento desde la operación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización, la Junta de Adelanto del departamento de Arica, el Ex – Corvi, el Ministerio de Tierras y Colonización hasta la acción actual del Ministerio de Bienes Nacionales; c) La constitución, sucesión y compraventa de la propiedad raíz en territorios indígenas del sector rural, desde el ordenamiento jurídico de la propiedad raíz (1880), y sus recursivas actualizaciones en torno al S. XX vía fijación de derechos positivos, así como la recurrencia y las estrategias legales seguidas por los sujetos andinos en relación de tensión y complemento con las dimensiones consuetudinarias implícitas; y, d) En base al corpus documental de carácter privado asociado es posible revisar aspectos demográficos e historias de la vida privada, tanto de sujetos en los sectores urbanos como rurales (Cuadro 2).

VI. Aportes de la documentación a la comprensión de la historia regional indígena

Desde fines del S. XIX el actual extremo norte es ocupado y re-estructurado territorial, social y culturalmente por el Estado chileno, tras la Guerra del Pacífico. En lo siguiente a inicios del S. XX, mediante acuerdos y tratados bilaterales con el Perú y Bolivia, se delimitan las actuales fronteras geopolíticas, anexándose transitoriamente los departamentos de Tacna, de Arica y de Tarapacá. Posteriormente, se consolida la soberanía chilena en el área a contar del tratado de Lima de 1929, definido bilateralmente, y no a través de la vía plebiscitaria local –como quedaba acuñado en el tratado anterior de 1883-, de que Arica y Tarapacá eran soberanas de Chile, y de que Tacna era, desde entonces, soberana de Perú.

Tras un período intermedial reconocido como de chilenización (1883-1930), que tiene que ver con un conjunto de políticas y

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acciones desde el Estado chileno orientadas a la introducción y la promoción de patrones culturales nacionales excluyentes que fueron subjetivándose en formas de chilenidad o de identidades colectivas, se configuraron escenarios de eminente radicalización y oposición entre actores locales, que ya han documentado diferentes autores ampliamente (Díaz 2010; Díaz, Ruz y Galdames 2013; Galdames et al. 1981; Mondaca 2008).22 En lo recursivo, se expresa un conjunto de procesos de diferenciación social, económica y política, que implica la configuración de un espacio y una sociedad regional articulada a las lógicas del Estado chileno, como consecuencia de la incidencia de diversos factores modernizantes23, relativos a la definición de límites con Perú 22 Con Perú, en el marco de los tratados bilaterales de Ancón (1883) y de Lima (1930), se dispone, respecto a la propiedad privada que, según el Tratado de Ancón, “Los Gobiernos contratantes [Chile y Perú] reconocen y aceptan la validez de todos los actos administrativos y judiciales pasados durante la ocupación del Perú, derivados de la jurisdicción marcial ejercida por el Gobierno de Chile”(art. 13º, Tratado de Paz de Ancón), mientras que el Tratado de Lima estipula lo siguiente: “Los Gobiernos del Perú y de Chile respetarán los derechos privados legalmente adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías (..)”(Art. 7º, Tratado de Lima 1929). Con Bolivia, en el marco de los tratados bilaterales de límites, plantea lo siguiente “Las Repúblicas contratantes se obligan a no enajenar sus derechos a la posesión o dominio del territorio que se dividen entre sí por el presente tratado, a fa vor de otro estado, sociedad o individuo particular”(Art. 6º, Tratado de límites entre la República de Chile y la de Bolivia,1866), sustituyéndose posteriormente por la reformulación del Tratado de límites (1874), que no atiende específicamente a la cuestión de los derechos de dominios del territorio, como en la anterior formulación fue denominado. Con el Pacto de Tregua (1884), en un espíritu de poner fin a los contextos abiertamente beligerantes, en el art. 3º hace referencia, exclusivamente, a la indemnización de la afectación de derechos de propiedad afectados por decreto del Gobierno de Bolivia o por medidas emanadas por autoridades civiles o militares a ciudadanos chilenos. Lo anterior, queda implícito en el Tratado de Paz y Amistad (1904), sin atenderse a la propiedad de bienes raíces específicamente, considerando detalladamente sí los límites geopolíticos que involucran a Chile y Bolivia. 23 Que imponía un tipo de racionalidad en exclusión de otras locales, promoviendo un conjunto de planos infraestructurales, económicos, sociales, políticos y territoriales que van contextualizando la emergencia, la generación de estrategias y re-semantizaciones que van materializándose en formas de acción colectiva indígena en torno al S. XX.

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y Bolivia (1880), la construcción y operación del Ferrocarril de Arica-La Paz (1904), el desarrollo de experiencias de economías de enclave, la creación del Puerto libre (1952), la promoción a la zona industrial en la ciudad de Arica (1950) así como de la mejora de la conectividad terrestre entre el altiplano y la costa. Lo cual produjo un amplio contexto de transformaciones sociales que, por un lado, favoreció la emigración rural masiva–sector este último precarizado y considerado en la época como “atrasado”, “irracional”, “primitivo”- hacia las ciudades de Arica e Iquique; áreas urbanas litorales estas últimas consideradas por el Estado como centros políticos, económicos y administrativos regionales (Cerna y Samit, 2013).

El repositorio, y su sub-fondo de regularización de bienes inmuebles –el que especialmente se sistematizó–, contiene un conjunto de piezas documentales que mediante su análisis vuelve posible avanzar en la comprensión de los procesos sociales y culturales relativos al tratamiento de los bienes raíces de la Región de Arica y Parinacota, desde fines del S. XIX e inicios del S. XX, tanto del sector urbano así como del rural.

En el marco de lo advertido, nos centramos aquí en realizar una breve aproximación a propósito de la problemática de la propiedad raíz indígena, a fines del S. XIX, describiendo algunos de los contextos de transformaciones colectivas y de la emergencia de nuevos escenarios donde las comunidades participan como resultado y agente histórico de la configuración y diferenciación nacional del espacio regional del extremo norte de Chile, en tanto sujetos en progresiva complejización. VII. Propiedad de la tierra y las comunidades indígenas como sujetos históricos

En general, se ha trabajado sobre la discriminación operacional de costa, de precordillera y de altiplano, involucrando implícitamente la documentación de las realidades históricas según el principio que desprende la idea de “nichos” o “pisos” altitudinales acuñado por Murra (1970). Configurándose a contar de esto, realidades socio-culturales, económicas y

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políticas diferenciadas, que si bien interactúan, implican territorios discretos en conexión con sus propios procesos micro sociales.

Del proceso vivido por las comunidades indígenas en el marco regional, fueron coordinándose espacios socioculturales donde se expresó su capacidad de agencia social. La cuestión de la propiedad raíz ha tenido un énfasis especial en tal sentido. Con el ordenamiento jurídico chileno de finales del S. XIX, se fue definiendo un escenario de transformaciones, mediante lo cual, los andinos24 del entonces departamento de Arica fueron re-significando y articulando arreglos y estrategias legales y consuetudinarias, que han implicado la emergencia y fortalecimiento de mecanismos sociales para restringir y/o limitar la detentación de la propiedad raíz. Considerando el caso altiplánico regional, como señalan González y Gundermann (1997, 2009) se da la situación de que la propiedad transita de manera restrictiva entre los miembros de la colectividad corporizada mediante la operación de principios de parentesco y el reconocimiento de redes sociales en base a la memoria local en torno a la propiedad raíz como patrimonio colectivo, consuetudinariamente considerado. De esta forma, se observa que en eventos de transacción de derechos vía compraventa por ejemplo, se manifiestan prácticas resultantes de marcos consuetudinarios que lo hacen viable o no, a nivel comunitario local, y que contextualizan la posibilidad de la incorporación de nuevos actores sin pertenencia local a través de operaciones del mercado.25 Esto es contradictorio a lo promovido por las políticas liberales del Estado chileno en torno a fines del S. XIX y gran parte del S. XX, que consideraba como objetivo la estimulación del mercado de tierras y la fragmentación de la propiedad, desconociendo entidades de tipo colectiva26, que de alguna manera, perduró mediante todo el S. XX 24 Acepción generalmente adosado a las experiencias socioculturales relativas a la macro área geográfica andina comprendida entre el sur peruano, noroeste boliviano y el extremo norte de Chile, especialmente.25 Fenómeno similar al descrito es documentado para el caso del altiplano de Perú por Casaverde (1985). 26 En este sentido, la normalización jurídica de la propiedad raíz sólo considera, además de la figura legal individual, la de co-propiedad, a la que muchos comuneros/as concurrieron para presentar sus inscripciones.

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condicionado también por la escasez de oferentes externos sobre las tierras locales (Gundermann, 2005). Cuestión ahora en latencia dado los nuevos escenarios de desarrollo regional promovido por entidades gubernamentales con vocación primario exportador minero, así como por la aparición de actores económicos-financieros regionales, nacionales y transnacionales con interés sobre los recursos naturales locales para fines de la industria minera a gran escala.

VIII. Ordenamiento jurídico de la propiedad y constitución histórica de comunidades indígenas regionales

“Las propiedades se venden con todos sus derechos y costumbres, usos y servidumbres”27

El ordenamiento jurídico de la propiedad, en el marco de la instalación del Estado chileno en el territorio, conllevo la transformación social de las comunidades indígenas ocupantes de los valles bajos, de la precordillera y del altiplano28, conformándose en torno a un espacio regional

27 Pieza F6-84, año 1911, Sub-fondo de tramitaciones, Repositorio de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. Negrillas agregadas. 28 Que se integra a un conjunto de políticas, primero coloniales (reducción de indígenas a pueblos y asignación de espacios repartibles al común de indios), y luego republicanas liberales tempranas peruanas (1821 -1879). Para posteriormente, aplicarse en el área políticas abiertamente liberales, a fines del S. XX, llevadas a efecto por el Estado chileno post guerra del Pacífico (González y Gundermann 1997, 2009; Ruz 2005; Ruz y Díaz 2011). En términos históricos, señalan González y Gundermann (2009), que en el período entre 1880-1930, se da una situación general de inscripciones de títulos de dominio en los Registros Conservatorios de Bienes Raíces chilenos en este territorio, considerados entonces como de ocupación. Específicamente sostienen los autores que, en torno a 1885, comienzan las tramitaciones de inscripción de títulos de dominio de tierras de la zona interior del Departamento de Arica, unidad político administrativo compuesta de seis subdelegaciones. Advierte Ruz (2005, 2009), que la constitución de la propiedad de la tierra en los Registros Conservatorios de Bienes Raíces, para las localidades precordilleranas, según la documentación especialmente provista por el Archivo de la Subdelegación de Putre (1907-1983), se habría iniciado hacia 1887. Ello conllevó, la necesaria reinscripción ante el conservador de Bienes Raíces, de las propiedades por parte de las comunidades. En tanto que, cuando no ocurrió tales fueron reputadas mediante la inscripción de dominio

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diferencial nacionalmente (González y Gundermann 1997, 2009; Gundermann 2005; Ruz 2006). Tuvo ello una modulación diferencial según el nicho altitudinal al que se remitió la normalización de la propiedad raíz, reconfigurando aspectos de la memoria histórica de las comunidades. Se va definiendo un escenario general donde se manifiestan un conjunto de arreglos y de estrategias de naturaleza socio-cultural por parte de las comunidades indígenas con objeto de enfrentar las leyes y prácticas gubernamentales vía la recreación de los contextos desde la evocación de un origen histórico común29, la gestación de espacios de reproducción colectiva y la manifestación comunitaria a través de la socio-estructuración de los colectivos indígenas mediante la vigencia de instituciones como la familia y la memoria local (González y Gundermann 1997, 2009).

En los valles bajos y el sector precordillerano, producto de una mayor exposición a los modelos societales coloniales y republicanos, se expresa una mayor fragmentación e inserción global en el área por parte del Estado (CBR Arica, Fs. 25 vta., Nº 60, año 1935), lo que supuso la adscripción fiscal de todo terreno que no haya sido inscrito y/o no cuente con documentos (entiéndase papeles) que acredite, por parte de privados, su dominio. Tal proceso de inscripción ocurrió a fines del S. XIX e inicios del S. XX, teniendo que concurrir la población local tanto al Conservador de Arica como en el de Tacna, esencialmente; habiendo casos, donde la inscripción se realizó en Pisagua, considerando algunas que adscriben a la actual comuna de Camarones (González y Gundermann 2009; Gundermann 2005; Ruz 2005). 29 La situación de normalización de la propiedad ante el Estado chileno fue un escenario resultante de otros de orden temporalmente más temprano en la sociedad republicana del Perú y Bolivia, así como de la acumulación de la experiencia colonial. No obstante, se da un “choque cultural” en esta última impronta atendiendo a la condición monolingüe y ágrafa de los comuneros del altiplano especialmente, quienes tienen que responder a procesos de producción textual que les otorga certeza jurídica sobre sus terruños. Se impone un sistema de propiedad “positivo” a otro local de naturaleza consuetudinaria, y se ordena la memoria (Ruz, 2006). En este sentido, la producción textual implica una fijación de procesos de memoria –excluyendo otros-, en progresiva reconceptualización a través de relaciones de poder e intencionalidad que hay que reconocer. Observa Salomon (1994) sobre esto que (…) La búsqueda válida de la memoria indígena por lo tanto implica un estudio sistemático de su evocación mediante interlocutores, y su conversión en texto (…)” (Salomon 1994: 250).

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al mercado de tierras, disolviéndose mayoritariamente los espacios administrados comunitariamente, los que pasan a tener naturaleza fiscal generalmente, posterior al año 1935 (Ruz 2005). No obstante ello, según Ruz y Díaz (2011) podemos observar en la precordillera la expresión, consecuente con la aplicación de políticas coloniales y republicanas, de la construcción de espacios mediante factores de origen diverso que se conforma según la permanencia de prácticas agro-ganaderas y simbólicas vinculada a la re-significación del territorio y su utilización en términos culturales implícitos y complementario a la normalización jurídica, y consecuente fragmentación predial del territorio.

En tanto que en el altiplano, considerado inexequible durante gran parte del S. XIX y XX, se expresa claramente la conformación de redes de familias que no adscriben colectividades en función a las atávicas marcas, y de ello ayllos30, sino que adscritas a unidades prediales denominadas “estancias”, las que conforman colectividades corporizadas en torno a la propiedad de la tierras, las cuales se estructuran según principios unilineales de descendencia, originándose la condición colectiva de la propiedad respecto del reconocimiento de los miembros como descendientes del miembro original que inscribió la propiedad raíz, sea a fines del S. XIX y/o a inicios del S. XX (Cerna 2011; Cerna, Samit y Fradejas 2013; González y Gundermann 2009; Gundermann 2001, 2005).

Los contextos de modernización regional y la consecuente emigración rural, no conllevaron la aculturación31 de las poblaciones indígenas, sino que estimuló la reconfiguración de las relaciones intergrupales y la transformación de los formatos organizativos indígenas, donde la propiedad de la 30 Como sí sucede en el caso del altiplano sur del extremo norte de Chile, que inscribe sectores como Cariquima y Colchane. 31 Fenómeno que supone la “pérdida” de patrones culturales en función a la asimilación de otros a través de relaciones asimétricas entre estas dos entidades. En el caso indígena de la región, se expresa, como advierte Grebe (1986), un conjunto de modelos prescriptivos que gobiernan la situación de contacto interétnico y que permite articular sectores o dominios socioculturales y desarticular otros, promoviendo procesos de diferenciación, complejización y re-significación social de los sujetos.

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tierra re-significada desde la reconstitución de la memoria ha sido un factor constante de identidad colectiva, de cohesión social, de diferenciación socioeconómica y de corporativización familiar sobre el patrimonio común (Cerna 2011; Cerna, Samit y Fradejas 2013; González 1995; González y Gundermann 1997, 2009; Gundermann y Vergara 2009). Ilustra lo señalado, pasajes de un testamento del año 1911 del sector de General Lagos:

“En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Santa madre Iglesia, y angeles queruvines y serafines, y a todos los santos de la corte celestial, y le hablo fin Amen. Soy casado y velado yo la indigena [sic] (…) con mi marido ya finado (…) y del Departamento de Tacna, hice este memorial de testamento estando en mi entero y sano juicio, para el descargo de mi conciencia y fin digo y declaro que hemos tenido dos Hijas legitimas (…) y otra hija que es natural (…)”32

Es posible notar aquí como la causante enfatiza en que se cumpla su voluntad “En nombre de Dios Todopoderoso y de la Santa madre Iglesia, y angeles [sic] queruvines y serafines, y a todos los santos de la corte celestial (…)”33, la cual tiene 32 Código F18, Sub-fondo de regularización de bienes inmuebles, repositorio de la SEREMI de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. Testamento protocolizado, año 1911. Cursivas agregadas. 33 Esta aseveración aunque puede responder en efecto a la prescripción de formatos estándares en notarías de la época en algunos casos, o del sujetos que redacta localmente este tipo de documentos con fines legalizables, no deja de fijar una cosmogonía, a través de la cual, se manifiestan dimensiones socio-culturales locales que definen la proyección temporal, espacial y relacional de los sujetos a propósito de su consciencia de caducidad donde el hecho de fallecer, la preocupación por suceder el patrimonio material acumulado y de aludir explícitamente a otros actores van revelando prácticas y redes sociales que corresponderían a la configuración de procesos sociales y comunitarios según que la operación de los niveles de reconocimiento sean intersubjetivos, organizativos y/o institucionales. Considerando este tipo de dispositivo textual como un lugar logístico, creemos que ahí se manifiestan yuxtapuestos planos normativos y reflexivos de los causantes que contextualizan las formas de acción social de la época.

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que ver con que su patrimonio material resultante del matrimonio [alianza] que contrajo con su marido ya difunto. Enfatiza también que

“(…) en mi entero y sano juicio (…)” y en conciencia de su defunción próxima sea sucedida a sus hijas y los descendientes directos tal materialidad. Es interesante además la distinción que realiza de su descendencia directa, catalogándola entre “legítimos” y “naturales”34 (Figura 5).

Figura 5. Modelo propiedad de la tierra y colectividades indígenas (tipo sucesorial)35

Inscripción de títuloFines de S. XIX, inicios S. XX

Ordenamiento jurídico de lapropiedad raízEstado Chileno

Mediados S. XXEmigración masiva

rural - urbano

Comunidades translocalesy

Supra locales (segúnGundermann y Vergara 2009)

Políticas coloniales

República peruana, 1821 a 1879

? ? ? ?

Fuente: Elaboración propia según Gonzáles y Gundermann (1997, 2009)

34 Esta misma discriminación la hemos documentado etnográficamente en el altiplano de Arica (véase Cerna, Samit y Fradejas, 2013). 35 La ascendencia del los miembros fundadores, que coincide con el ordenamiento jurídico de la propiedad raíz ante el Estado chileno a fines del S. XIX e inicios del S. XX, ha configurado la propia memoria colectiva de los contingentes indígenas resultantes. De este modo, generalmente vía fuentes orales, se advierte generalmente que es reconocido como miembro fundador al o los miembros que actúan de titulares en la inscripción, mediante lo cual los miembros reconocen derechos de propiedad sucesorio.

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Los arreglos y estrategias sociales a propósito de la imposición de la textualización de la experiencia y de las formas de fijación de propiedad fueron refundando una memoria de las comunidades locales. Esto promovió un escenario histórico de transformaciones al que se han inscrito las colectividades locales indígenas mediante la generación de espacios de reproducción sociocultural progresivamente multi-localizado, donde la actualización de relaciones en base a niveles organizativos e institucionales así como intersubjetivos han sido fundamentales. En esta situación, las comunidades fueron desarrollando paulatinamente una ocupación multi-residencial a escala regional, o translocal como señalaran González y Gundermann (2009), contextualizando las formas y mecanismos sociales de detención de derechos de propiedad y de usufructo de los bienes raíces según el reconocimiento a una sucesión del patrimonio que reconoce su legitimación en el “papel escrito” y se estructura consuetudinariamente.36 No obstante, en la actualidad la valoración de la tierra va transformándose a partir de nuevos contextos, atenuando su capacidad aglutinante y definitoria de una colectividad. Requiere ello una atención constante sobre las fuentes etnográficas y documentales que permita reconocer los nuevos esquemas latentes de género, de valoración y transacción de la tierra, de los nuevos giros económicos productivos y de las re-semantizaciones étnicas del territorio. En algunos casos manifestada en la vinculación identitaria, y en otros, desaprendiéndose de tal y mostrando una mayor predisposición hacia la venta y fragmentación de la propiedad a través de la adopción de lógicas de mercado.

36 En este orden, a modo de ilustración, se puede decir que una persona residente y que mantiene directamente explotaciones ganaderas y agrícolas, es representativa de un conjunto de miembros que según diversos contextos y mayoritariamente residiendo en la ciudad de Arica, detentan derechos sucesorios vía principios de descendencia unilineal agnaticia generalmente, para el caso del altiplano (Cerna 2011; González y Gundermann 1997, 2009; Gundermann 2005). El mismo modelo de relaciones es replicable y se puede observar en otros contextos altitudinales, donde de la misma manera en la detención y usufructo de la propiedad no sólo actúan personas discretamente residentes, si que herederos radicados en diversos contextos, que arrogan derechos por sucesión, generalmente, con rasgos mayormente bilaterales de descendencia.

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IX. Reflexiones en tránsito

En este artículo, posterior a revisar algunas orientaciones que consideran al documento como manifestación de dinámicas socioculturales y algunos marcos legales que atañen al tratamiento del patrimonio documental en Chile, se presentó el caso del repositorio público de bienes raíces de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, describiendo aspectos de la incorporación de protocolos de descripción archivística y de caracterización del corpus documental, para finalizar con una aproximación prospectiva hacia algunos contextos socio-históricos de la propiedad de la tierra indígena regional, considerando especialmente el caso del altiplano.

Según el contexto propio del caso del repositorio trabajado, vale señalar que la importancia de la conservación documental no es un hecho corolario a la relevancia patrimonial potencial de la documentación, ya que existe un desconocimiento por parte de algunas entidades que las administran fundada en la acción de políticas focalizadas y el cumplimiento de metas ante contextos coyunturales que se conjuga a una ciudadanía que desconoce su potencial y la ausencia o marginalidad de presupuesto. Asimismo, la acción individual y/o puntual en relación a proyectos culturales, sumado a la ausencia de especialistas de la archivística en regiones considerando, particularmente el caso del extremo norte de Chile, pone en riesgo de pérdida material documental con relevancia eventualmente patrimonial, alojado en instituciones públicas o en manos de la sociedad civil.37

Según aspectos de la experiencia de incorporación de protocolos de descripción archivística y de caracterización de la documentación en el caso revisado, se puede advertir que existe una necesidad de poner atención sobre los conjuntos documentales y relevarles para fines de la gestión transparente del Estado (en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 20.285), posibilitando la inserción iniciativas en tal orientación. Debe igualmente notarse la necesidad de que 37 Debemos notar que los ciudadanos en algún grado, de manera individual y/o familiar, han tenido el hábito de recopilar y almacenar diversa documentación según intereses de tipo instrumental o emotivo.

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los cientistas sociales que se vuelcan al estudio del pasado regional, vía recursos documentales, puedan desarrollar perspectivas críticas, proponiendo alternativas respecto del rescate, catastro, conservación y la preservación de los corpus documentales, así como de la valoración social de tales fuentes. En esto, parece fundamental conjugarse un trabajo colectivo e interdisciplinario de investigación e intervención, que articule esfuerzos gubernamentales, ciudadanos y científicos desde la emergencia de nuevos paradigmas que reformulen la situación y naturaleza de los documentos respecto de la sociedad que los produce, atribuyéndole significación como recurso de memoria (Cook 2001; Ketelaar 2001, 2005, 2006).

Consecuentemente, la discreción disciplinaria–entendiéndose como autocontención metodológica y teórica– y la especialización consecuente como campo de saber, no ha favorecido la síntesis de esfuerzos interdisciplinarios respecto de temáticas contingentes como las señaladas, amparándose solamente en la coyuntura o en la buena voluntad institucional, que siendo de importancia no debería ser la única inscripción sobre la temática. Por tanto, no se aporta y se agencian espacios de diálogo y de mancomunión de esfuerzos y coordinaciones efectivas en aras de sustentabilizar este tipo de recurso y su visibilización como recurso de memoria social.

Es preciso avanzar en una política patrimonial que advierta clara y críticamente la potencialidad de la documentación como recurso de memoria y de identidad sociocultural. Para lo cual, es fundamental que la investigación científica en ciencias sociales y la valoración social de la ciudadanía se articulen orgánicamente. Si tal triangulación es posible en relaciones sustentables que se remitan a los actores como agentes de inflexión ante la puesta en valor y salvaguarda. La labor señalada invoca propuestas que articulen esfuerzos orientados a visibilizar y reflexionar sobre el relacionamiento posible entre los soportes de memoria y herencia cultural con las dinámicas contemporáneas de la sociedad. El rol del historiador/a se advierte aquí de inflexión, requiriendo reflexionar los profesionales de esta disciplina sobre sus propios fines y formas de aproximación a la experiencia de “historiar”, su relación con las fuentes documentales, su rol

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ante el resguardo y promoción de las fuentes documentales como patrimonio cultural en condiciones de constante vulnerabilidad y desconocimiento. Aunque poco aludida es de importancia volcar esfuerzos reflexivos y metodológicos sobre los archivos y repositorios regionales, con la finalidad de comprender los procesos socio – históricos de la región de Arica y Parinacota, considerando la relación orgánica que los corpus documentales tienen con los tejidos sociales y culturales locales y regionales, esta aspiración fue el fundamento básico del caso intervenido. Este repositorio contiene documentación sobre la constitución y la regularización la propiedad de bienes raíces desde fines del S. XIX y durante el S. XX, tanto de la ciudad de Arica así como de los llamados “pueblos del interior” inscritos en el área rural, que comprenden ocupaciones indígenas ancestrales.

Las fuentes de repositorio contienen información de los diversos contextos urbanos y rurales que han conformado históricamente la actual región de Arica y Parinacota. Desde tales recursos documentales, se desarrolló una aproximación histórica-documental sobre la propiedad de la tierra indígena regional. Considerando las fuentes documentales de naturaleza legal y privada hemos prospectado, en sentido de ensayo, aspectos de la cuestión de la propiedad raíz y sus dinámicas socio-culturales desde fines del S.XIX, centrándonos en la importancia de las redes de parentesco y la operación complementaria de formas de derecho positivo –o escrito– con otras de naturaleza consuetudinaria –o transmitido oralmente–. Según el caso altiplánico, advertimos que a través de la textualización (Salomon, 1994) relativa a la inscripción de títulos de propiedad, se refunda la memoria histórica de las comunidades indígenas (Cerna, Samit y Fradejas, 2013; Ruz, 2005). Esto último, inscribe un conjunto de cuestiones conexas considerando las diversas temporalidades de la cuestión, de las que formulamos algunas que estimamos relevantes para la tematización de la propiedad de la tierra indígena y de la complejización social de los sujetos andinos regionales en el extremo norte: ¿Cómo la experiencia de asimilación a los sistemas societales (colonial, republicano temprano peruano y boliviano así como a fines del S. XIX, republicano chileno), favoreció procesos de

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transformación, cambio social y continuidad de los formatos de participación comunitaria local en torno a la propiedad de la tierra? ¿Cuáles han sido los mecanismos consuetudinarios y estrategias legales seguidas por las comunidades para detentar con tal énfasis y otorgarle conceptualización a la propiedad como recurso corporativo y comunitario? ¿Cuáles fueron los arreglos y estrategias sociales que en el marco de la diferenciación geopolítica del espacio regional y del ordenamiento jurídico de la propiedad, articularon la reproducción social, económica, política y demográfica de las comunidades indígenas? Y finalmente, ¿En qué medida los factores externos asociados a la conformación del espacio regional, produjeron dinámicas de transformación y diferenciación interna a las comunidades, que afectan la cuestión de la tierra, en términos de propiedad, soporte de identidad y significación?

AGRADECIMIENTOS: Al Consejo de la Cultura y las Artes (CNCA) de la Región de Arica y Parinacota (Chile) por financiar la iniciativa aquí presentada. Del mismo modo, a la SEREMI de Bienes Nacionales de la misma Región, considerando especialmente la gestión del ex SEREMI Álvaro Palma y de la ex encargada de la Unidad de Administración y Finanzas Sra. Graciela León, por posibilitar y creer en la urgencia del trabajo aquí descrito en algunos de sus aspectos. Agradecemos, con énfasis, a las comunidades y sociedades configurantes del espacio heteróclito de memoria y cultura que es extremo norte de Chile, a quienes miramos de frente y fijo, con calidez, para aportar desde el oficio de cientistas sociales. Finalmente, agradecemos a los evaluadores sus observaciones y comentarios.

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X. Referencias

Documental

Repositorio de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, Fondo Bienes Inmuebles, Sub-fondo de tramitaciones, Pieza F6-84, año 1911.

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de repositorios y de comunidades … · un conjunto de situaciones aditivas, asociadas al...

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