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2013

Ministerio de Defensa NacionalAcademia de Estudios Políticos y Estratégicos

Centro de Estudios EstratégicosAvda. Eliodoro Yáñez 2760 - Providencia - Santiago

www.anepe.cl

ISSN: 0719-4110

CUADERNOSDE TRABAJO

2013

CUADERNOS DE TRABAJO 2013

CUADERNOS DE TRABAJO 2013 es una publicación del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y está registrada bajo el ISSN 0719-4110 Cuad. Trab., - Cent. Estud. Estratég.

Dirección postal: Avda. Eliodoro Yáñez 2760, Providencia, Santiago, Chile.Sitio Web www.anepe.cl, teléfonos (+56 2) 2598 1000, correo electrónico [email protected]

Todos los artículos son de responsabilidad de sus autores y no refl ejan necesariamente la opinión de la Academia.

Autorizada su reproducción mencionando el cuaderno de trabajo y el autor.

Diagramación: Iván Canales Inostroza

IMPRESIÓN: Ediciones e Impresiones Copygraph

Centro de Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo

DirectorAndrés Avendaño Rojas

General de División, Profesor de Historia Militar y Estrategia, Diplomado en Estudios Políticos, en el Instituto de Ciencia Política de la U de Ch, Magíster en Ciencias Militares con mención en Planifi cación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del

Ejército y egresado del Programa de Magíster en Humanidades con mención en Historia, de la Universidad Adolfo Ibáñez.

INVESTIGADORES

Antonio Martínez Roa

General de División, Magíster en Ciencias Militares con menciones en Planifi cación y Gestión Estratégica y Magíster en Ciencias Militares con mención en Política de Defensa de la Academia de Guerra del Ejército.

Profesor militar de Academia en las asignaturas de Historia Militar y Estrategia, así como en Geografía Militar y Geopolítica.

Juan González Silva

General de Brigada Aérea (A), Magíster en Ciencias de la Administración Militar de la Academia de Guerra Aérea, Diplomado en Gestión de Recursos Humanos, Universidad Bernardo O’Higgins, Ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos, Profesor Militar de Academia (Personal y Servicio de Estado Mayor), Curso de Alto

Mando e Internacional Security and Warfi ghting Operations, Air War College, Universidad del Aire, USAF.

Carlos Ojeda Bennett

Coronel, Magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército; en Relaciones Internacionales del Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques de Paris, Francia, así como también, en Prospectiva en

Asuntos Internacionales de la Université Paris 5, Francia. Doctor en Ciencia Política de esa casa de estudios.

Juan A. Fuentes Vera

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España; Magister en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile e Investigador Asociado del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia

Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Chile.

SUMARIOPágina

☆ Índice 5

☆ Presentación 7

☆ Una mirada a Chile 9

☆ Escasez de agua como fuente de inseguridadMagíster José Pablo Zambrano Ramírez 11

☆ Confl icto por el Silala, una oportunidad para la cooperaciónMagíster José Pablo Zambrano Ramírez 21

☆ La región: ¿qué está pasando en nuestro entorno? 25

☆ Tras la partida de un gobernante carismáticoDoctor Juan Fuentes Vera 27

☆ Visión de la realidad político-social actual boliviana y su proyección internacionalDoctora Loreto Correa Vera 31

☆ La penetración estratégica de Irán en América Latina. Sus aliados de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) y el rol de los Estados liberales de la regiónMagíster Patricia Muñoz Machuca 45

☆ Relaciones Chile-Argentina postratado de paz y amistad de 1984Almirante Miguel A. Vergara Villalobos 53

☆ La situación en el VRAEM: un nuevo plan para antiguos desafíosDoctor Juan Fuentes Vera 71

☆ Algunas preocupaciones de Seguridad y Defensa 79

☆ Fuerzas Armadas: esenciales para la seguridad nacionalGeneral de División Carlos Molina Johnson 81

☆ Océano Pacífi co: el despertar de las potenciasCoronel Carlos Ojeda Bennett 85

☆ ¿Por qué un Consejo de Defensa Suramericano? Una mirada desde el personalismo y la necesidad de cooperaciónDoctor Jaime Abedrapo Rojas 95

☆ Las estrategias de seguridad nacional de Chile y España. Un análisis comparativoGeneral de División Andrés Avendaño RojasTeniente Coronel Mario Laborie IglesiasTeniente Coronel Francisco José Berenger Hernández 127

☆ Un mundo en transformación: África del Norte, el Medio Oriente y el golfo PérsicoDoctor Juan Fuentes Vera 173

7Revista Política y Estrategia Nº 123 - 2014

PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios Estratégicos es el organismo de investigación es-pecializada en materias de Seguridad y Defensa dependiente de la Dirección de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Una de sus principales funciones es producir conocimiento y opinión en estas materias y contribuir a la creación de un “pensamiento de seguridad y defensa nacional” en los diferentes actores sociales, tanto estatales como privados.

Para este fi n, mensualmente, el Centro elabora y difunde vía electrónica sus “Cuadernos de Trabajo”, los que elaborados por los investigadores residen-tes y asociados, abordan temas vinculados a las preocupaciones de la Seguridad y de la Defensa buscando contribuir a su conocimiento y debate por parte de sus lectores.

Como una forma de ampliar su difusión, a partir de este año, se ha deci-dido hacer un resumen anual de los diferentes Cuadernos de Trabajo publicados electrónicamente, a objeto de ponerlos a disposición de nuestros lectores en for-mato papel, buscando con ello profundizar y ampliar su conocimiento por todos aquellos interesados en estas materias.

Así, en esta versión del compendio “Cuadernos de Trabajo 2013” se pone al alcance de Uds. una selección de doce Cuadernos, que agrupados en los apar-tados: Una mirada a Chile; La Región: Qué está pasando en nuestro entorno; y Algunas preocupaciones de Seguridad y Defensa, dan cuenta de los temas que durante este año concentraron la atención del Centro.

De la misma manera, esperamos el próximo año continuar difundiendo el compendio de los temas que concitarán nuestra atención durante el año 2014, el que como se ve, será muy intenso y complejo desde la perspectiva de la Seguri-dad y Defensa. Evidentemente, los efectos derivados del fallo de la Corte Inter-nacional de Justicia de La Haya respecto del diferendo limítrofe con el Perú, la evolución y desarrollo de la demanda boliviana en la misma corte, así como el rol de la Defensa para contribuir —en situaciones como las descritas— a la preser-vación de los intereses nacionales, serán temas que no podrán estar ausentes.

Finalmente, a este esfuerzo de desarrollar y robustecer el “pensamiento de seguridad y defensa nacional” estamos todos invitados, por lo que el Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE, con especial agrado, se pone a disposi-ción de todos quienes quieran contribuir a este fi n.

GDD Andrés Avendaño RojasJefe del Centro de Estudios Estratégicos

UNA MIRADA A CHILE

11Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicoswww.anepe.cl

LA ESCASEZ DE AGUA COMO FUENTE DE INSEGURIDAD

Marzo de 2013

JOSÉ PABLO ZAMBRANO RAMÍREZ

Investigador Asociado del CEE de la ANEPE.Periodista y cientista político.

Magíster de Investigación en Ciencia Política de la Universidad de Melbourne, Australia.

En las décadas de los ochenta y noventa el fi n de la Guerra Fría, junto con una creciente toma de conciencia sobre los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente, generó un debate en la disciplina de Relaciones Inter-nacionales sobre qué es y cómo se defi ne la seguridad sobre cuál es su objeto de análisis; qué es una amenaza; cuáles son las fuentes de seguridad; y cuáles los medios más adecuados para alcanzarla. Se argumentaba que el paradigma imperante hasta entonces, el neorrealismo, que entiende la seguridad como la defensa militar frente a amenazas militares que pongan en peligro la integridad territorial, la soberanía o la continuidad del régimen político de un Estado1, no daba cuenta de los desafíos impuestos por un concierto internacional cambiante y por los nuevos problemas medioambientales, tanto globales como locales. Es así que nace, entre otras, lo que se conoce como Seguridad Medioambiental (Environmental Security), una vertiente dentro de la disciplina que busca enten-der la relación entre los problemas de origen medioambiental, los confl ictos vio-lentos, el bienestar socioeconómico, la estabilidad política y seguridad2.

Según han establecido otros autores, los problemas medioambientales no constituyen una amenaza de seguridad, puesto que para que sean tal, se requie-

1 El neorrealismo es un paradigma centrado en el Estado que entiende la arena internacional como un sistema anárquico, en que cada unidad (los Estados) persiguen sus propios interesas, forjando alianzas en la medida que estas sirven a sus intereses. Desde esta perspectiva, el Estado-nación es al mismo tiempo objeto y sujeto de la seguridad, es aquello que debe ser asegurado y el que provee la seguridad, lo que inherentemente excluye la posibilidad de amenazas no militares o de fuentes no militares de seguridad. En palabras de uno de sus más conocidos teóricos, Stephen Walt: “Los Estudios de Seguridad se pueden defi nir como el estudio de la amenaza, el uso y el control del poder militar… de las políticas específi cas que adoptan los estados para prepararse, evitar o entrar en guerra”. Walt, Stephen M., 1991. The Renaissance of Security Studies. International Studies Quarterly, 35, 2, 211-239.

2 Ver Myers, Norman, 1989. Environment and Security. Foreign Policy, 74, 23-41; Graeger, Nina, 1996. Environmental Security? Journal of Peace Research, 33, 1, 109-116; Conca, Ken, 2000. Beyond the Statist Frame: Environmental Politics in a Global Economy. Edward Elgar Publishing Limited; Barnett, Jon, 2001. The Meaning of Environmental Security: ecological politics and policy in the new security era. Zed Books; Dalby, Simon 2002. Environmental Security. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, c2002.

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Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicoswww.anepe.cl

re de un actor que tenga la intención de generar un daño3, y una sequía, como es obvio, no cumple estos requisitos. No obstante, el hecho de que problemas am-bientales no constituyan una amenaza, no descarta per se que sean una fuente de inseguridad.

En este sentido, desde el nacimiento de la Seguridad Medioambiental que los problemas relacionados con el agua han estado en el centro del debate, pues-to que es probablemente el único recurso natural presente en todos los aspectos de la vida humana: desde la subsistencia a prácticas espirituales o estéticas, desde la producción agrícola a la generación de energía. Por lo tanto, la seguri-dad alimentaria, la seguridad de la salud, la seguridad económica y la seguridad energética están todas directamente relacionadas con el agua4. Además, desde una perspectiva de seguridad del Estado, posee características que la convierten en un recurso natural estratégico único: el agua no tiene sustituto, no conoce fronteras de ningún tipo y su distribución varía considerablemente en el tiempo y el espacio.

En los últimos años la discusión sobre las consecuencias de la escasez de agua sobrepasó los ámbitos científi cos y académicos para instalarse en la arena política y estratégica. Un informe reciente de la Comisión de Relaciones Exterio-res del Senado de los Estados Unidos afi rma que “(el problema de) la escasez de agua es a menudo pasado por alto, insufi cientemente fi nanciado y subestimado en la política exterior. Sin embargo, la capacidad de los gobiernos para propor-cionar y gestionar el acceso al agua es fundamental para garantizar la estabilidad política, económica y social”5. Más aún, la secretaria de Estado del mismo país, Hillary Clinton, en un discurso en el contexto del Día Mundial del Agua, declaró: “El acceso a suministros confi ables de agua potable es una cuestión de seguri-dad humana. También es un asunto de seguridad nacional”6. Las palabras de la secretaria de Estado destacan una de las características más signifi cativas de la escasez de agua: que es un problema de seguridad transversal, cuyo impacto puede alterar signifi cativamente las condiciones de vida de las personas y el nor-mal funcionamiento de un Estado-nación.

3 Leyton, Cristian, 2000. El factor de amenaza: ejes de la percepción de amenaza chilena. Afers Internacionals, 51-52, 135-157; Soto, Julio, 2012. En torno a las amenazas: Una aclaración conceptual. Disponible en: http://www.anepe.cl/2012/12/en-torno-a-las-amenazas-una-aclaracion-conceptual/

4 UNDP, United Nations Development Program, 1994. Human Development Report 1994. Human Development Reports, United Nations Development Program, Oxford Univeristy Press; Turral, Hugh, et al., 2011. Climate change, water and food security. FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Disponible en: www.fao.org.

5 CFR, Committee on Foreign Relations, 2011. Avoiding water wars: water scarcity and Central Asia’s growing importance for stability in Afghanistan and Pakistan. S. Prt. 112-10. http://www.fdsys.gpo.gov

6 Clinton, Hillary, 2010. World Water Day: Secretary of State speech at the National Geographic Society Disponible en: http://www.state.gov/secretary/rm/2010/03/138737.htm Visto última vez: 23 February 2012.



Vulnerabilidades de Chile a la escasez de agua

La ONU defi ne la escasez de agua como “El punto en el que el impacto agregado de todos los usuarios, bajo determinado orden institucional, afecta al suministro o a la calidad del agua, de forma que la demanda de todos los secto-res, incluido el medioambiental, no puede ser completamente satisfecha”7. Como se puede ver, las dos variables que determinan la escasez de agua son su dispo-nibilidad natural u oferta, determinada a su vez por las condiciones ambientales y ecológicas, y la demanda social y económica por ella. Chile tiene vulnerabilida-des en estos dos aspectos.

En relación a su disponibilidad, en Chile el agua varía considerablemente en el tiempo y el espacio. En primer lugar, casi dos terceras partes del territorio sufre de “Una sequía de nueve meses cada año, que compensamos principal-mente con el almacenamiento nival de la cordillera”8, ya que las precipitaciones se concentran casi exclusivamente en invierno en la Zona Central y en verano en el Altiplano. En estas regiones, donde la mayoría de la población habita y la ma-yor parte de la actividad económica se concentra, el promedio de disponibilidad de agua es menor a 800 m³/hab/año, menos de la mitad de lo que se considera necesario para el desarrollo sustentable (2.000 m³/hab/año)9. De hecho, en la Región Metropolitana y en el norte del país el promedio de disponibilidad de agua es de 639 m³/hab/año, llegando incluso a escasos 200 m³/hab/año en algunas localidades10. En comparación, en la Zona Sur supera los 10.000 m³/hab/año.

Vale la pena destacar que en Chile uno de los problemas asociados al calentamiento global es que a medida que aumenten las temperaturas, también aumentará la altura promedio de la isoterma 0°C, lo que reducirá el área monta-ñosa capaz de almacenar nieve. Entre las latitudes 30ºS y 35ºS la línea de nieve se encuentra a una altitud de 3.000 m. Si se eleva en 400 m, el área capaz de retener nieve se reduce en un 23%. Esto signifi ca que aproximadamente 5.000 km2 de superfi cie capaz de almacenar nieve desaparecerán11. La acumulación de nieve es esencial para llenar embalses y represas y para recargar las cuencas de aguas subterráneas. Dependiendo del escenario12, se espera que la isoterma 0°C aumente su nivel entre 300 m a 500 m, en comparación con las condiciones

7 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml

8 Astaburuaga, Ricardo, 2004. El agua en las zonas áridas de Chile. ARQ, 57, 68-73.

9 Banco Mundial, 2011. Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos Disponible en: www.dga.cl

10 IAP, Instituto de Asuntos Públicos, 2008. Estado del Medioambiente en Chile. Universidad de Chile.

11 CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2006. Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI. Disponible en: www.mma.gob.cl

12 El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) elaboró diferentes escenarios bajos distintos supuestos. Para mayor información ver: IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. Climate Change 2007: Synthesis Report. Intergovernmental Panel on Climate Change, Press.

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actuales. Un dato que ilustra la importancia de los deshielos para la generación hidroeléctrica es que si los afl uentes que alimentan los embalses del SIC hubie-sen tenido los mismos niveles que en 1968/69 –hasta entonces el año más seco del siglo–, el racionamiento eléctrico de 1998/99 no hubiese sido necesario, in-cluso considerando las fallas de las centrales térmicas13. El efecto combinado del aumento de la isoterma 0°C y de la reducción de acumulación de nieve establece un escenario hidrológico complejo para el futuro. De hecho, según consigna la prensa, los deshielos del período 2012/13 se encuentran entre los más bajos de la historia14.

Disponibilidad de agua en Chile por habitante

Fuente: Banco Mundial, 2011.

Si las condiciones biofísicas del país limitan la “oferta” de agua, la creciente demanda por ella pone aún más presión sobre los recursos existentes. No hay que olvidar que la escasez de agua es un concepto relativo, función de su dis-ponibilidad natural y la demanda por ella15. El modelo de desarrollo imperante en Chile, basado en el crecimiento económico, implícitamente conlleva una expan-sión constante de la demanda de agua. En este sentido, un informe del Banco Mundial establece que, en el caso de Chile, la estrategia de desarrollo ha sido más infl uyente en la situación actual de los recursos hídricos que la dinámica del

13 Bernstein, Sebastián, 1999. Racionamiento Eléctrico: Causas y Posibles Soluciones. Centro de Estudios Públicos, Disponible en: www.cep.cl

14 La Tercera, 2013. Deshielos que usan hidroeléctricas están entre los más bajos de la historia. Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-511789-9-deshielos-que-usan-hidroelectricas-estan-entre-los-mas-bajos-de-la-historia.shtml Visto última vez: 4 marzo 2013.

15 FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2000. New Dimensions in Water Security.



sector en sí, ya que la mayoría de los productos y bienes del país tienen procesos intensivos en agua16.

En 2005, las cinco actividades económicas consumidoras de agua con ma-yor participación en el PIB fueron la industria y manufactura (17%), comercio, restoranes y hoteles (10%), minería (8%), agropecuario y silvícola (4%) y elec-tricidad, gas y agua (3%). En el mismo año, la contribución a las exportaciones de bienes fueron: minería (57%), industriales (31%) y agropecuario, silvícola y pesquero (7%)17. Lo que estas cifras indican es que la producción económica, y a consecuencia de ello el bienestar social, está estrechamente ligada al acceso al agua. En el caso específi co de la minería, el sector económico que concentra el 51% de las exportaciones y que representa el 35% de los usos industriales de agua18, se estima que el 78% de la producción de cobre se lleva a cabo en minas ubicadas en cuencas con défi cit (menos de 100 mm de lluvia al año)19.

En relación con la seguridad energética, para sostener el crecimiento eco-nómico en el largo plazo se requiere de fuentes de energía confi ables. Para un país como el nuestro, cuya matriz tiene un componente importante de hidroelec-tricidad, la seguridad energética es un asunto particularmente complejo, ya que, como hemos visto, los suministros de agua son inherentemente variables e incier-tos. Es precisamente por el estrecho vínculo entre agua y energía que la escasez de agua en Chile es una fuente de inseguridad. Para poner esto en contexto, en años secos alrededor de la mitad de la energía hidráulica disponible normalmen-te desaparece del SIC, el equivalente a unos 13.000 GWh. En comparación, en 2004 la producción anual en plantas de gas natural no sobrepasó los 9.000 GWh. “Vale decir, eventos tales como la crisis del gas argentino, que signifi caron cortes parciales del suministro de gas natural, son sobrepasados con holgura por el riesgo de sequía extrema con que siempre vive el SIC”20.

Recursos disponibles y extracciones por usos consuntivos

Más aún, un informe de CEPAL se estima que los costos económicos del cambio climático en Chile durante este siglo alcanzarán entre 22 mil millones y 320 mil millones de dólares, el equivalente al 1,1% del PIB anual durante el período de análisis21. En cuanto a generación de electricidad, el informe estima

16 Banco Mundial.

17 Ibid., p. 5.

18 Ayala, 2010, citado en ibid.

19 CEPAL, Comisión Económica para América Latina, 2009. La Economía del Cambio Climático en Chile. Colección Documentos de Proyectos, Disponible en: www.eclac.cl

20 Galetovic, Alexander, et al., 2004. Gas y Electricidad: ¿Qué Hacer Ahora? Estudios Públicos, 96, Primavera, 49-106. p. 10.

21 CEPAL.

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pérdidas de entre el 10% y el 20%, con un costo económico asociado en el rango de 100 mil millones de dólares por año. El consiguiente aumento en generación térmica, a su vez, incrementará las emisiones de gases de efecto invernadero en alrededor de 3 millones de toneladas de CO2.

Chile es vulnerable a la escasez de agua, porque en gran parte del territorio las condiciones biofísicas limitan su disponibilidad natural y porque el modelo de desarrollo implica un constante aumento de la demanda de este recurso. Pero la escasez de agua se transforma en una fuente de inseguridad por la dependencia de la matriz energética en hidroelectricidad, lo que afecta directamente la capa-cidad del país para proveer bienes y servicios, y en casos de emergencias limita las opciones de las autoridades para dar respuesta a crisis de cualquier índole. Como sentencia un autor: “El hecho que una sequía haya contribuido a causar apagones muestra la dependencia del país de hidroelectricidad”22.

Fuente: Banco Mundial, 2011.

Pero a diferencia de una sequía, un evento climático inevitable y difícil de prever, la escasez de agua sí puede ser evitada y administrada, puesto que la oferta y la demanda social y económica sí puede ser adaptada. Políticas públicas que fomenten un uso efi ciente y sustentable de los recursos, como la expansión del riego tecnifi cado o la promoción de energías renovables no tradicionales, junto con incrementar la productividad y competitividad del país, reducen la vul-nerabilidad de Chile a la escasez de agua, puesto que disminuir el uso lo vuelve

22 Bauer, C. J., 2009. Dams and markets: Rivers and electric power in Chile. Nat.Resources J., 49, 583-883, p. 584 (mi traducción).



relativamente más abundante. En un escenario regional complejo, en que países vecinos pretenden intercambiar recursos energéticos por territorio, disminuir la vulnerabilidad a la escasez de agua contribuye a aumentar la seguridad energé-tica y así fortalecer la posición de Chile en la región.

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Bibliografía

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CONFLICTO POR EL SILALA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA COOPERACIÓN

Abril de 2013

JOSÉ PABLO ZAMBRANO RAMÍREZ

Investigador Asociado del CEE de la ANEPE.Periodista y cientista político.

Magíster de investigación en Ciencia Política de la Universidad de Melbourne, Australia.

El pasado 17 de marzo el gobernador de Potosí, Félix Gonzales, anunció que para 2015 es “inminente” el corte de las aguas del río Silala que fl uyen hacia Chile. En el marco de la inauguración de un criadero de truchas, que se nutre de las aguas de esta cuenca altiplánica compartida por ambos países, Gonzales declaró: “Si ellos no quieren negociar nuestra soberanía marítima, estamos man-dando este tipo de mensajes para que sepan que nosotros tampoco regalaremos nuestra valiosa agua”. Según informó, en dos años más este y otros proyectos de infraestructura en el lado boliviano utilizarán el 100% de los recursos de este río1.

El anuncio del gobernador de Potosí no debiese sorprender a nadie, ya que en noviembre del año pasado el secretario de Desarrollo Agropecuario de la misma Gobernación, Raúl Mendizábal, advirtió que “Chile va a tener que preocu-parse porque el gobernador, Félix Gonzales, tiene el propósito de que las aguas del Silala se usen al 100%”2. Si bien nada de esto es novedoso, sí es extremada-mente preocupante porque las aguas del Silala son utilizadas para abastecer de agua potable a Antofagasta y para los procesos productivos de Chuquicamata. Entonces, a partir de 2015 una parte importante de la población de Antofagasta verá severamente limitado el acceso al agua potable y el normal funcionamiento del yacimiento minero de mayor relevancia para el país estará seriamente com-prometido.

Pero más importante, e inquietante, es que de acuerdo a la Constitución promulgada durante la Administración de Evo Morales, en diciembre de 2013, el gobierno boliviano está obligado a declarar nulo el Tratado de Paz y Amistad fi rmado con Chile3. En tal caso, el verdadero problema es que el inminente corte

1 Gonzales, 2013, citado en Luis Mealla, “Desde 2015 Se Prevé “Cortar” El 100% Del Agua Del Silala”, La Razón 2013, http://la-razon.com/nacional/preve-cortar-agua-Silala_0_1797420350.html.

2 Mendizábal, 2012 citado en Luis Mealla, “Proyectos En El Silala Consumirán Permanentemente El 50% Del Agua”, La Razón 2012, http://www.la-razon.com/nacional/Proyectos-Silala-consumiran-permanentemente-agua_0_1716428402.html

3 Constitucion De La República De Bolivia [2009] (accessed 20 October 2011).

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de las aguas del Silala hacia Chile encontrará a ambos países en un eventual “limbo diplomático”.

El Silala es una cuenca hidrográfi ca transfronteriza que se encuentra en el desierto de Atacama, a unos 300 km al noreste de Antofagasta. Nace en Bolivia, en humedales ubicados a más de 4.500 msnm, después de 700 m cruza la fron-tera y fl uye en territorio chileno por aproximadamente 7 km, luego de los cuales regresa al país vecino4. En Chile se une el río Helado, donde ambos forman el río San Pedro de Inacaliri, un afl uente del Loa.

En enero de 2010, los únicos usuarios bolivianos de este río eran los sie-te soldados del puesto avanzado militar establecido por el gobierno de Mora-les en 2006 (quienes, dicho sea de paso, son los administradores del proyecto piscícola)5. El poblado boliviano más cercano se encuentra a unos 70 km al su-reste de la cabecera del río, y sus habitantes no utilizan las aguas del Silala. Muy por el contrario, para Chile el Silala tiene un valor estratégico fundamental, dado el insustituible rol social y económico antes mencionado.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) defi nió al Silala como una de las “Cuencas hidropolíticas más vulnerables del mundo”6. Este organismo defi ne la “vulnerabilidad hidropolítica” como el riesgo de confl icto político en ríos compartidos. La probabilidad de confl icto aumenta cuan-do el ritmo de cambio en la cuenca, sea este físico, social o político, excede la capacidad institucional (determinada por la existencia de tratados internacionales y los patrones de amistad/enemistad que imperan en las relaciones) de absor-ber dicho cambio. Según el PNUMA se consideran como indicadores relevantes de vulnerabilidad hidropolítica, entre otros (ver tabla), el crecimiento económico asimétrico, grandes proyectos de infraestructura unilaterales y la ausencia de capacidad institucional, todos los cuales se encuentran presentes en la cuenca del Silala.

4 B. M. Mulligan and G. E. Eckstein, “The Silala/Siloli Watershed: Dispute Over the most Vulnerable Basin in South America”, International Journal of Water Resources Development 27, nº 3 (2011/09/01, 2011): 595-606 (accessed 2011/11/01).

5 Ibid., Alejandro Toromoreno, Situación Del Río Silala [Situation of the Silala River], 2000.

6 United Nations Environment Program UNEP, Hydropolitical Vunerability and Resilience Along International Waters - Latin America and the Caribbean (Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme- Division of Early Warning and Assessment (UNEP-DEWA) - Oregon State University (OSU), [2007].



Aspectos que fortalecen la resiliencia o aumentan la vulnerabilidad en una cuenca transfronteriza

Características que fortalecen la resiliencia

- Acuerdos e instituciones internacionales, tales como RBOs.- Una historia de proyectos colaborativos.- Relaciones políticas positivas.- Mayor grado de desarrollo económico.

Aspectos que aumentan la vulnerabilidad

- Cambio medioambiental rápido.- Rápido crecimiento de la población o desarrollo económico

asimétrico.- Grandes proyectos de infraestructura unilaterales.- Ausencia de capacidad institucional.- Relaciones políticas hostiles.- Variabilidad climática natural –sequías o aluviones frecuentes–.

Fuente: UNEP, 2007.

En la disciplina de Relaciones Internacionales ha sido materia de intenso debate si la escasez de agua es o no un detonante de confl ictos violentos entre Estados. En este sentido, cabe destacar que la experiencia internacional sugiere que la escasez de agua no es una causa directa de confl ictos violentos, sino que el agua ha sido utilizada, en un contexto de violencia, como herramienta para obtener ventajas políticas o militares en un confl icto7. Tal y como lo aclaró el gobernador de Potosí, Bolivia utilizará las aguas del Silala, y el valor estratégico que tienen para Chile, como moneda de cambio para satisfacer su aspiración marítima.

Pero la experiencia internacional también nos entrega luces de esperanza sobre este confl icto. En el caso específi co de las cuencas transfronterizas, un proyecto de la Universidad de Oregon, Estados Unidos, intentó identifi car empí-ricamente las principales causas y determinar los indicadores más efectivos de confl ictos futuros relacionados con el agua8. Se estudió cada interacción reporta-da entre dos o más naciones, ya sea confl ictiva o cooperativa, donde el agua fue el detonador o el elemento principal del evento, en todas las cuencas fl uviales transnacionales del mundo durante el período 1948-1999. En total se registraron 1.831 eventos, de los cuales 507 fueron confl ictivos, 1.228 cooperativos y 96 neutros o no signifi cativos. Es decir, el 67% de las interacciones fue cooperativa.

Más aún, mientras que la mayoría de los sucesos fueron moderados (inter-cambios verbales ofi ciales y no ofi ciales), de los 37 casos de confl icto agudo, 30 fueron entre Israel y uno u otro de sus vecinos, y el último se registró en 1970. Como destaca esta investigación, el registro histórico muestra que el agua tien-

7 Peter Gleick, Water Confl ic Chronology Pacifi c Institute for Studies in Development, Environment, and Security [2008].

8 Aaron T. Wolf, Shira B. Yoffe and Mark Giordano, “International Waters: Identifying Basins at Risk”, Water Policy 5 (2003): 29-60; Shira B. Yoffe and others, “Geography of International Water Confl ict and Cooperation: Data Sets and Applications”, Water Resources Research 40, nº WO5S04 (2004).

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de a ser un factor unifi cador, incluso entre enemigos acérrimos. Por ejemplo, el Comité del Mekong opera sin interrupciones desde 1957, intercambiando infor-mación incluso durante la guerra de Vietnam. O la Comisión del Río Indo, que ha sobrevivido a dos guerras entre India y Pakistán9.

Entonces, promover la formación de una comisión técnica bilateral respecto del uso y cuidado de las aguas del Silala podría ser un primer paso para retomar las negociaciones que sostuvieron ambos gobiernos entre 2006 y 2009, y así pavimentar el camino para una solución pacífi ca de benefi cio mutuo.

Establecer canales de comunicación bilaterales se vuelve más importante al considerar los efectos del cambio climático en la región. Durante los últimos años se ha visto afectada por una sequía que ha disminuido las precipitaciones10. Por ello, las autoridades bolivianas anunciaron un proyecto para bombear las aguas del Silala hacia Laguna Colorada11. Como se dijo anteriormente, cambios en las condiciones medioambientales y proyectos unilaterales aumentan la vul-nerabilidad hidropolítica en una cuenca, por lo que de mantenerse la situación actual, el confl icto del Silala se complicará cada vez más.

Bolivia y Chile tienen dos años para aprender a transformar el problema del Silala en una oportunidad de cooperación, que ayude a reestablecer las relacio-nes entre ambos países, antes que el confl icto escale a niveles a los que nadie quiere llegar. Si países como India y Pakistán pueden, por qué nosotros no.

9 Wolf, Yoffe and Giordano, International Waters: Identifying Basins at Risk, 29-60.

10 Miriam Telma Jemio, “Los Ocho Humedales De Bolivia Están Amenazados”, Bolivia Rural, http://www.boliviarural.org/articulos-de-opinion/item/los-ocho-humedales-de-bolivia-estan-amenazados.html

11 Radio Cooperativa, “Bolivia Anunció Carretera Fronteriza En El Silala”, 2012, http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/bolivia/bolivia-anuncio-carretera-fronteriza-en-el-silala/2012-11-04/153635.html

LA REGIÓN: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN NUESTRO

ENTORNO?


TRAS LA PARTIDA DE UN GOBERNANTE CARISMÁTICO

Marzo de 2013

JUAN FUENTES VERA

Investigador CEE, ANEPE.Doctor en Ciencia Política, Universidad de Salamanca, España.

Mientras por una parte la muerte del presidente de Venezuela Hugo Chávez terminó con las especulaciones sobre su verdadero estado de salud, por otra, con su desaparición se abrió la interrogante acerca del futuro de Venezuela y del proyecto bolivariano que encabezaba.

Por lo pronto, el líder opositor Henrique Capriles rechazó que Nicolás Ma-duro asumiera la Presidencia para mantenerla durante el período electoral que se abre y que en el lapso de un mes deberá resolverse por medio de las urnas. Ca-priles será el contendor de Maduro y debe esperarse que la campaña electoral, a pesar de su brevedad, sea muy intensa e incluso violenta dada la polaridad de las opciones. Sin embargo, considerando la fuerza actual del movimiento chavista y el recuerdo del fallecido líder, Maduro seguramente ganará fácilmente las elec-ciones, recordemos que Chávez aventajó con claridad a Capriles, por lo que esta ventaja (54%-44%) posiblemente se mantenga sin mucha variación, al menos en estas elecciones, pero probablemente no será así en las siguientes con una oposición que pese a todo se ha mantenido en torno al 40%.

Los problemas para el socialismo chavista debieran presentarse más ade-lante, puesto que las condiciones políticas y económicas en que Chávez llegó al poder y que le permitieron mantenerlo hasta su muerte, han cambiado, además de que es bien sabido que el carisma no se hereda, aun cuando puede mante-nerse vivo durante un tiempo, dependiendo de ciertas circunstancias. El discurso de la dirigencia chavista así lo indica y la intención de embalsamar a Chávez para mantenerlo en exhibición permanente va en la misma dirección. Interesante señal resultó la destacada presencia del presidente Correa de Ecuador durante el juramento de Nicolás Maduro, ya que se ha dicho que podría sucederlo al frente del bolivarianismo, lo que constituye la primera sombra de duda sobre la capaci-dad de Maduro para proyectar su liderazgo, sobre todo cuando en su propio país deberá entenderse con otros actores que se resistirán a quedar en un segun-do plano como ocurría cuando Chávez estaba al frente y ellos solamente eran sus colaboradores. Además, la lealtad de las Fuerzas Armadas que no han sido prescindentes, guardaba estrecha relación con la condición de caudillo militar de Chávez, lo que podría variar tratándose de un civil.

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Aparte de la desaparición del líder carismático, también el contexto en que surgió su poderosa fi gura ha cambiado. Cuando Chávez llegó al poder, los parti-dos tradicionales se encontraban en crisis y la corrupción los había llevado a un completo desprestigio. Hoy existe una oposición renovada y bastante más cohe-sionada, mientras que el Partido Socialista posee una heterogeneidad que tal vez siga acentuándose si la dirigencia no es lo sufi cientemente hábil para mantener su hegemonía y enfrentar la situación económica que muestra evidentes signos de deterioro, considerando que un elemento de gran trascendencia para el pro-yecto socialista de Chávez lo constituyó el alto precio de las materias primas, en este caso del petróleo, lo que permitió contar con los fondos sufi cientes para fi nanciar su proyecto y repartir con generosidad, incluso fuera de Venezuela, as-pecto importante en la proyección del bolivarianismo y, en términos generales, en el sostén de cualquier gobierno con escasa base industrial. Lamentablemen-te, no siempre estas transferencias van de la mano con un mejoramiento social sostenible. Sobre el particular, la estrecha relación con Cuba, que fue siempre un aspecto complejo de la política exterior venezolana, podría mantenerse a pesar de una menor disponibilidad de recursos, porque está basada principalmente en el aporte de crudo a la isla a cambio de cooperación de profesionales y técnicos cubanos en distintos campos defi citarios para Venezuela, así que es razonable pensar más en una disminución del intercambio en aspectos específi cos depen-diendo de las fl uctuaciones económicas y no en su desaparición, por lo menos mientras el chavismo siga en el poder.

Con todo, también debe tomarse en cuenta que las políticas liberales y el estilo de gobierno propio de estas ideas cuenta con un alto nivel de rechazo po-pular en toda América Latina, donde existen altos niveles de pobreza que pesan como un enorme lastre sobre nuestro continente, de manera que el proyecto que Chávez representaba seguirá contando todavía con un fuerte apoyo dentro y fuera de Venezuela en un momento histórico en que el distanciamiento entre las elites gobernantes y los pueblos se ha acentuado en forma muy preocupante para la solidez de las democracias que existen en el mundo y en mayor grado allí donde las instituciones parecen menos importantes que las fi guras capaces de conducir la movilización social y el descontento, de modo que por el momento no es posible augurar cambios dramáticos, sino, más bien, una transformación progresiva en el escenario venezolano, la cual, sin embargo, no estará exenta de fuertes tensiones si se endurece la oposición aprovechando la desaparición de Hugo Chávez. En un país con mayor desarrollo democrático, tanto la oposi-ción como el socialismo chavista deberían evolucionar hacia un sistema donde la alternancia en el poder no signifi cara un cambio traumático para la sociedad, incluso en países como Nicaragua o El Salvador ha resultado posible debido al recuerdo de las guerras civiles que sufrieron, pero cuando las esperanzas son puestas solo en el carisma del líder, al punto que Maduro ya se ha califi cado



como “el hijo de Chávez”, nos recuerdan que no estamos lejos de concebir el poder político como algo dinástico, donde en lugar del resultado de elecciones li-bres, el poder reside en algo superior a la voluntad de una ciudadanía informada, lo cual constituye un resabio cultural propio de sociedades agrarias acostumbra-das al dominio paternalista de los hacendados o de los caudillos de la época de la emancipación. Recordemos, al respecto, que Venezuela ha estado marcada por fi guras señeras como Guzmán Blanco en el siglo XIX (1870-1888) y Juan Vicente Gómez en el siglo XX (1908-1935). La muerte evitó que Chávez replicara estos ejemplos en el siglo XXI.

En este contexto, la falta de institucionalidad, específi camente en lo relativo a la independencia y fortaleza de los poderes del Estado encargados de ejercer la soberanía popular y sostener el Estado de derecho, es un aspecto muy pre-ocupante que no solo se observa en Venezuela, sino también en otros países latinoamericanos que descuidan o desconocen la necesidad de desarrollar sos-tenidamente este aspecto central de la democracia.

En lo que toca a nosotros, la situación vivida en estos días debería ser ma-teria de refl exión en el marco de los estudios políticos, porque contiene muchos de los elementos que caracterizan la tradicional volatilidad de la política latino-americana de la que no somos ajenos. Nuestro país, por ejemplo, que reconstru-yó su democracia luego de vivir la peor crisis del siglo XX, enfrenta hoy una des-afección generalizada del electorado y una juventud muy activa en plantear sus demandas, pero sin ningún conocimiento sobre el funcionamiento del sistema po-lítico y la institucionalidad en que descansa, a pesar de que será la generación de reemplazo. Los partidos políticos que tienen la importantísima función de inter-mediar entre la sociedad civil y el Estado, están debilitados y algunos dirigentes movidos por ambiciones o rencores personales disfrutan tratando, generalmente con éxito, de debilitarlos aún más, pero en Occidente todavía no se ha inventado nada que los reemplace.

De esta manera, el complejo problema de la representación política a pesar de las obvias diferencias entre un caso y otro parece seguir siendo uno de los elementos claves en el devenir de la política latinoamericana, dejando abierta la puerta a la peligrosa fascinación de algunos sectores por los liderazgos carismá-ticos de uno u otro tipo, ya sean propios o ajenos.


VISIÓN DE LA REALIDAD POLÍTICO-SOCIAL ACTUAL BOLIVIANA Y SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL1

Junio de 2013

LORETO CORREA VERA

Doctora en Relaciones Internacionales.Universidad San Pablo CEU. Madrid, España.

Departamento de Investigación, ANEPE.

Introducción

Bolivia no es una creación artifi cial. Es el resultado de 15 años de tratar de liberarse del poderío del Río de la Plata y del Perú. Bolivia es la resultante de una lucha regional disímil. La independencia de Bolivia, la emancipación de la Real Audiencia, constituyen una lucha contra Lima, contra Buenos Aires. También, es resultante de la fi delidad permanente que tuvo el Departamento de Santa Cruz a España, hecho que le valió mantenerse al margen de la cotidianidad de Oc-cidente. Bolivia fue un espacio de frontera en el imperio español y así hay que entenderlo, a mi juicio.

Cuando me pidieron que viniera a conversarles informalmente, sin los ata-vismos de un lenguaje académico sobre Bolivia, pensé en qué tipo de visión les iba a presentar. Viví 10 años en Santa Cruz de la Sierra. Mi visión es una visión interna, comprendo lo que les pasa con el tema, no puedo tener una opinión neu-tra. En mi vida profesional, todos estos años, de una investigadora, ha sido tratar de aunar las cosas para que nuestros dos países se entiendan, y ver hasta qué punto y en qué medida las relaciones son artifi ciales o son reales, o son posibles o son utópicas... buscarle alguna salida. Por ello, a pesar que sea complejo ex-presarlo, parto por señalar que los bolivianos consideran estar en una situación bastante extraña dentro del continente, y veamos por qué es así.

Una de las cosas que llama la atención en la actual realidad de Bolivia es que, en medio de crecientes difi cultades, el gobierno de Evo Morales ha liderado un proceso de cambio caracterizado por una fuerza política de un partido nuevo, de un movimiento nuevo, que es el MAS2. Se trata de un proceso revolucionario.

1 Este trabajo se deriva del Proyecto FONDECYT Nº 1120405, Gobernabilidad, desarrollo y seguridad en las zonas extremas del norte y sur de Chile a comienzos del siglo XXI. La conferencia sobre el mismo tema fue presentada en el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada de Chile, en Valparaíso, 21 de noviembre de 2012.

2 Movimiento al Socialismo.

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Lo anterior tiene su origen en términos prácticos con la nacionalización de los hidrocarburos en el año 2006. Partió, también, con una lucha de las autono-mías, y con la creación de un Estado plurinacional que ha generado un proyecto hegemónico nuevo inclusivo, inédito. Bolivia fue siempre una democracia oligár-quica, transitó por una Revolución Nacional que incorporó recién en 1952 a las masas de campesinos. Sin embargo, este proceso, inmerso en el contexto de la Guerra Fría, no consiguió revertir la profunda desigualdad social y menos aún incorporar a la vida social de manera incluyente.

En un diagnóstico actual, se observan varios ejes políticos en el gobierno de Evo Morales. Ya voy a explicar por qué los tiene, pero primero veamos que hay en la mesa:

Primero. Hay un tema de dignidad nacional. A mí me llama mucho la aten-ción el término utilizado en la campaña. Morales apeló a la esencia de los boli-vianos y bolivianas. Es simbólico. Retrotraía a 1952. Implícitamente convocaba a una segunda revolución. Lo hacía en la campaña política de Evo Morales en el año 2005, y después de la salida de Carlos Meza. Justamente él, enfáticamente, y con la ayuda de Álvaro García Linera, obviamente, plantearon esta idea de que había que tener un gobierno de dignidad nacional y que tenían que recuperar la riqueza y patrimonio nacional de todos los bolivianos. Patrimonio que se simboli-zaba en la política entreguista de los hidrocarburos a las transnacionales que se llevaban las riquezas.

La idea deviene de la propia lucha política que existió a fi nes de los 90 en el país. Recordemos que Bolivia ha tenido caudillos, como el Compadre Carlos Palenque o Max Fernández en los 80 y 90. Asimismo, el país ha tenido varios gobiernos de facto. Pero la incorporación de Bolivia a los principios del Consenso de Washington, convirtieron al país en un laboratorio de política experimental.

Muchas veces le oí a Susana Seleme, cientista política, a Marcela Urenda, a la senadora Adela Prado(†), a la historiadora Paula Peña, y a mis colegas de la Coordinadora de Historia, incluso a ministros de Bolivia como Fernando Cajías, o Gustavo Rodríguez Ostria, decir que la gran maldición de Bolivia eran sus abun-dantes recursos naturales. En efecto, la minería de la plata, la goma, el estaño, y fi nalmente los hidrocarburos oscilaron entre la explotación privada, la nacio-nalización y la vuelta al dominio privado. En tiempos recientes, y tras el retorno del MNR3 primero con Víctor Paz Estenssoro y luego con Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia asumió la condición de los países de menor crecimiento relativo en América Latina y procedió a aceptar las disposiciones que llamaron al orden a la economía y a la institucionalidad. Las grandes empresas, otrora del Estado, se fueron capitalizando una a una a partir del año 1997. En el caso de los hidrocar-buros, la corrupción se apoderó de la licitación. Se regaló la mayor empresa del

3 Movimiento Nacionalista Revolucionario.



país, particularmente a ENRON4, que quebró posteriormente. Se soslayó el pago de impuestos razonables por parte de las empresas de hidrocarburos al Estado. Y Evo Morales, así como Felipe Quispe5, en los inicios de este siglo, hablaban de las “dos Bolivias”, ya fuera por aquello de las profundas fi suras en el tema regio-nal, o bien, por la división social entre ricos y pobres.

En el año 2000, cuando me tocó hacer un estudio sobre los hidrocarburos para el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, el PIEB, los bolivianos recibían a cuenta y per cápita, a razón de 3 dólares por la capitalización de los hidrocarburos al año. Esa cifra hacía inviable cualquier posibilidad de desarrollo nacional.

La retórica nacionalista del gobierno del MAS deviene, justamente, de esta situación: de la inconsistencia de un modelo que se aplicó mal. En esto están de acuerdo desde Jeffrey Sachs6 hasta Juan Carlos Cariaga7. No es que el modelo sea malo, como lo dice ahora Evo Morales y lo recita insistentemente, dando una lectura que lo ha asimilado al demonio. En mi lectura, la defi ciente aplicación de las medidas de racionalización de la gestión del Estado, dieron por resultado un Estado centralista, parasitario, lento y poco competitivo.

Las extensas investigaciones realizadas por la Fundación Milenio, por la Konrad Adenauer o la Friedrich Ebert en relación al país, son coincidentes: hubo mucha corrupción, ausencia de fi scalización, y encima, la amenaza permanente del narcotráfi co que, desde los años 70, se extendió en departamentos tradicio-nalmente tranquilos como Cochabamba, Santa Cruz y Beni.

Lo cierto es que la aplicación del régimen neoliberal había sido abiertamente inconsistente con las necesidades de la población. Una mirada meramente super-fi cial de la demografía boliviana, de las cifras macroeconómicas, de los niveles de pobreza pusieron a Bolivia en el último lugar de la tabla a nivel continental, junto con Paraguay y disputándose algunos indicadores con Ecuador. Por lo mismo, las bases del apoyo y de la sustancia del gobierno de Evo Morales se consolidaron en las bases populares, en la gente. Sin embargo, la estrategia no la asumió él, sino la de un matemático y fi lósofo culto, de formación marxista con cero experiencia política y muchísima experiencia académica: Álvaro García Linera. Así se consoli-dó una alianza blanco/indígena con una clara visión de Estado.

Las nuevas condiciones tributarias son el tercer eje de la puesta en marcha de esta nueva revolución. Una revolución que plantea el gobierno en un sentido

4 Enron es el nombre de una de las más grandes transnacionales petroleras y de energía en el mundo, de origen estadounidense (1985-2001). Su hegemonía se extendió en 40 países.

5 Dirigente político boliviano. Dirigente y activista boliviano.

6 Economista estadounidense.

7 Economista boliviano.

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que desea dejarle claro a las empresas privadas, y al sector más rico del país, que, en defi nitiva, se les acabó –en palabras textuales de Evo Morales– “la fi esta”.

Esto equivalía a decirle a los grandes propietarios de miles de hectáreas improductivas en el oriente del país: señores, no van a usufructuar más, no van a robarse más el país.

Bolivia hoy evidencia una situación de cansancio histórico. La transforma-ción, por lo mismo, iba a ser agresiva, incluso con muertos si era necesario. Y ciertamente, habrá que reconocer que, pese a todo, pocos han sido los muertos en un país acostumbrado a las matanzas indígenas, a la violencia rural, al abuso político, a la falta de respeto de las clases adineradas por el trabajador sencillo, al abuso social en todas las dimensiones.

Aquí hay una situación política por la cual Evo Morales y su discurso pren-den. También prende porque se le humilló innecesariamente. Porque los des-aires de los partidos políticos, de la clase gobernante, de la intelectualidad que se burló de su mal castellano, de su escasa educación, era el refl ejo real de lo que ciertamente vivía la mayoría del país. Un desprecio social, de clase y racial ignominioso.

Estoy con lo anterior, tratando de ser, lo más explicativa posible; recordan-do lo que pasaba en el año 2003-2004 cuando en realidad el nivel de exclusión social era altísimo, inimaginable. Cuando en el mercado, la señora que te vendía las papas no miraba a los ojos por ser blanca. Cuando el minero de Oruro, famé-lico por contextura y al menos 10 cm más bajo que su par campesino cruceño, porque en su dieta la carne no existe, se peleaba con sus pares –de otro ayllu–8 a dinamitazo limpio en las faldas de los cerros. De esa sociedad, de esa Bolivia profunda, nace el MAS. Emerge una nueva visión del país, aquella que justa-mente tuvo como única meta poner a un indígena en el poder para alcanzar la democracia.

¡Ustedes me dirán entonces que yo soy masista! Yo no podría ser masista. No vengo de ahí. Y ese es el problema de la mitad actual de Bolivia, que tampoco viene de ahí. Sin embargo, nadie en Bolivia, a quien le tocara ver los eventos del 2003, quedó indolente frente a la forma en que se conducía el país, de lo inútil que se sentía la Constitución, de la falta de realidad del Defensor del Pueblo, de la corrupción de la Justicia, del lavado de dinero, del robo a plena luz del día y sin armas de los fondos reservados desde el mismo Banco Central por parte de un ministro de Estado, Yerko Kukoc. Junto con él, y procesado en el juicio de res-ponsabilidades que se sigue, al gobierno y ministro de Sánchez de Lozada, están otros personajes como Carlos Sánchez Berzain. Y los cargos son daño econó-mico al Estado, violación de la Constitución y la muerte de 60 civiles a manos de

8 Se entiende por ayllu, un conjunto de individuos o de familias unidas por ciertos vínculos de parentesco. Término de origen aymara.



las fuerzas armadas en octubre de 2003 en la ciudad de El Alto y La Paz. Hoy, acusados todos de asesinato, el ex ministro Berzain acusa al propio Morales de haber llamado a la insurrección armada, al desgobierno, a la presencia de agen-tes libios, venezolanos y aun de las propias FARC.

Los bolivianos son gente especial. Son amables, agradables en el trato. Se trata de una sociedad patriarcal, respetuosos de la fi gura de la madre, de la religión, tradicionalistas y conservadores. Hoy cada vez menos, por el infl ujo del Brasil en el oriente, y por la penetración de la globalización a través de los medios de comunicación. Pero se trata de una sociedad rural metida en pueblos grandes. Con escolaridad defi ciente, con universidades estatales modestas y hospitales pobres, sin política de vivienda del Estado. De hecho, ellos se sienten pueble-rinos, aislados, y aunque son regionalistas, reconocen –a puerta cerrada– que tienen un país difícil de manejar.

Sin embargo, la Bolivia masista es una creación artifi cial y aquí está el problema. La instalación de una polarización de corte dialéctico o de la contradic-ción, crea un nuevo modelo de Estado a partir de 2006. El gobierno de Morales está articulado como un modelo político que se crea ad hoc para desmontar el anterior. Este es un gobierno que se ha dado como misión la idea de la decons-trucción de una realidad para crear otra nueva.

Así que no le podemos pedir a esta nueva realidad que sea muy condes-cendiente con algunos principios, menos aún que se haga cargo de los errores del pasado, tampoco que le levante monumentos a la oligarquía o que respete los patrones de clientelismo tradicional de las fuerzas políticas. Estaríamos en un error. En lo que a Chile respecta, esto es clave. Este gobierno no va a aceptar la crudeza del Tratado de 1904 porque va contra su propia esencia. Tiene que pelearla, y para mala suerte nuestra, lo está haciendo.

El país, en sí mismo, vive una realidad totalmente distinta a lo que nosotros pudiéramos ver. Desde Chile se ve la obsesión por el tema marítimo. Nadie se detiene a pensar que estamos viviendo junto a un país que está en una revolu-ción.

¿De dónde viene la presencia de un gobierno tan radical entonces?

Bien. Viene de una falta de instauración de un modelo neoliberal, como lo dije, que parte en el año 1985, con el Decreto 21060, emitido en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, de una tradición centenaria de exclusión social, de una política elitista y excluyente en materia decisoria, de la ausencia de instituciona-lidad, y esto es importante para nosotros, de una carencia de recursos en todo orden, de una falta de proyecto país. Ello nos introduce de lleno en un tema iden-titario: no quiere decir que no haya nación, lo que no hay es un proyecto país que logre articularlas a todas. Ese es el problema y de ahí la tensión con las regiones.

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La violencia de los movimientos sociales comienza de manera desatada entre el año 2002 y 2005, cuando hay una cantidad de manifestaciones callejeras de todos los gremios habidos y por haber. Hay una desestabilización del sistema que transforma a Bolivia en ingobernable.

Si ustedes piensan que se levantan un día y salen de la casa desde El Alto y tratan de bajar al centro de La Paz, y piensan que van a llegar; las calles están bloqueadas, la bajada de El Alto a La Paz está tomada, en el centro de la Plaza del Estudiante no se puede andar. A tres o cuatro cuadras a la redonda del Palacio Quemado, la Casa de Gobierno, hay fuerza policial apostada para evitar que avancen las marchas. Piqueteros por todos lados. Quiero que se imaginen un escenario donde marchan los mineros, petardos de dinamita estallan por el Paseo del Prado, en las calles que suben hacia el Palacio y los principales edifi -cios públicos.

Es invivible, y eso, que pasaba solamente en La Paz en el año 2003, se traslada a Santa Cruz, cosa que nunca antes había ocurrido. Santa Cruz, que fue siempre una taza de leche, “invadida por los collas”. Lenguaje que refl eja el claro desprecio de un sector de la región occidental por los habitantes de otra, el orien-te. Claro, Cochabamba que está en el centro del país era un poco más revuelta, pero en Santa Cruz nunca pasó nada.

Entre el año 1982 y 2012, y esto es interesante, porque esto permite ver la inestabilidad de los gobiernos hasta el gobierno de Evo Morales, y aún en el go-bierno de Morales, tenemos 80 ministros en 6 años..., las carteras son 20... entre 18 y 20 porque han habido creaciones y cierres de ministerios.

Los mineros bajan a La Paz, el mito de Tupakatari –aquí hay una cosa que es interesante que recuerden– cuando se desestabiliza el país, se desestabiliza porque hay también algo que fl ota en el ambiente. Enrique Soler9, quien también ha vivido en La Paz, y seguramente sabe que hay una idea fl otando siempre en la ciudad, mito que está como subyacente en mucha gente, cual es la idea que es posible que los indígenas se rebelen. Cuando en el año 2003 se pensaba en ello, el miedo era justamente “que los indios iban a bajar de El Alto y que al igual que en el año 1781, iban a matar a los blancos...”, la gente estaba asustada. Así se hablaba en el país. Todos estábamos asustados, los cruceños por el desborde. Los paceños por la violencia en las calles, por la insurrección de la policía y los militares en las calles. Asustados por el bloqueo de caminos, porque no se podía viajar ni dentro ni fuera del país. Asustados, porque de repente no había Estado.

Este es el problema. Aquí tienen una cantidad de cifras demográfi cas y el problema es que la población ha crecido demasiado rápido. El censo del año pasado indica que la población en Bolivia se incrementó un 26%, es decir, en

9 Agregado Comercial de ProChile en Bolivia.



2.115.588 habitantes en relación al censo de 2001. Hoy hay 10.383.913 habitan-tes, es decir, 2.115.588 más que en 2001.

A nivel regional, Santa Cruz tomó el lugar de La Paz, pero los cívicos cruce-ños critican el conteo porque se esperaba 3.000.000 de habitantes en la región. Esto tiene importancia porque de eso dependen los asientos en el Parlamento.

Los departamentos que más crecieron en porcentaje durante la década son Pando (108%), Cochabamba (33%), Tarija (30%) y Oruro (25%). La Paz, Potosí, Beni y Chuquisaca lo hicieron a menor ritmo. Los datos del Censo revelaron que en Bolivia hay 10.389.913 habitantes y que Santa Cruz ocupa el segundo lugar en promedio de crecimiento poblacional con un 37%. De hecho, en los últimos 11 años llegaron a esta región 746.776 nuevos vecinos, relegando a La Paz, que se quedó en segundo lugar en cantidad de habitantes, pero con el sexto lugar en tasa de crecimiento. En el censo de 1992, la población en Santa Cruz llegaba a 1.364.389, en 2001 casi se duplicó a 2.029.471 y hoy suma más y más gente. ¿De dónde dirán ustedes? De todas partes del país.

Los datos de esta radiografía dan cuenta de que todos los departamentos han crecido en población y que las mujeres siguen siendo mayoría en el país con un 50,07% sobre un 49,93% de varones. La tasa de crecimiento poblacional en Bolivia bajó del 2,74% en el periodo 1992-2001, al 2,03% entre 2001 y 2012. Los datos fi nales, que se conocerán a mediados de 2013, indican casi 11 millones de personas exactamente al costado nuestro.

Las políticas de control de natalidad no existieron en Bolivia. Este es un problema que no vamos a ver refl ejado en el otro país mediterráneo de América del Sur, Paraguay. Cierto que tienen la misma tasa de natalidad pero que no han crecido de la misma manera. Pero las tasas que nosotros vemos entre el año 90 y 2012, es que se duplican. Esto es demasiado para un país que no tiene políticas públicas y que no tiene, además, una institucionalidad que tenga cambios.

En el año 76, el índice de desarrollo humano, en pleno gobierno militar de Banzer, era de 0,46, en el año 2010 había subido a 0,7, en 30 años bastante poco la verdad, y la población había crecido al doble (10 millones aprox.). La composi-ción del índice de desarrollo humano en Bolivia ha mejorado exclusivamente en términos del componente social pero no en términos del componente económico, eso signifi ca que el Estado se ha hecho cargo mucho más recientemente de las atenciones de las personas. Sin embargo, desde el punto de vista de la econo-mía, es poco lo que se ha avanzado.

Las personas en extrema pobreza. Aquí hay otro elemento que es clave y quiero que se fi jen en los años más confl ictivos del país. Cuando en el año 96 gobernaba Jaime Paz Zamora, el 40,2% vivía en la extrema pobreza. En el año 2010, esto había disminuido 20 puntos, y la mayor tasa de disminución ocurre justamente desde el año 2006 en adelante; con esto nosotros podemos quejarnos mucho de Evo Morales, y yo estoy completamente conforme con que hay cosas

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que se plantean de manera destemplada. Sin embargo, hay que mirar al país des-de adentro y cuando uno lo mira así, la población boliviana está con Evo Morales en un 50% durante 2006-2007-2008, la cosa tiende a bajar durante 2009-2010-2011. Si uno lo mira en esos términos, la realidad es distinta, es diferente mirarla así, es otra la sensibilidad que hay que tener, es un gobierno que partió con un 63% de aprobación, con un 92% de votación y que ahora está bajando, es cierto. Cierto. Pero no por nada Alvaro García Linera y el gabinete del MAS insisten en que Bolivia vive la edad de oro en materia económica, por una parte, gracias a las políticas de nacionalización y, por otra, por la bonanza de los precios internacio-nales, por el mercado del gas en Brasil y porque circulan casi 1.000 millones de dólares en narcotráfi co del país. Dinero negro que permite mayor holgura econó-mica, máxime ahora que no está la DEA pendiente de ello en el país.

Así que en Chile deberíamos dejar de echarle la culpa a la situación política de Bolivia y decir que es un país que está mal económicamente y que justamente por eso es que el presidente Morales mira hacia las costas del Pacífi co. La razón es otra.

El poder de Evo Morales

En el año 2003 se produjo la guerra del gas, que fue lo que trajo fi nalmente la necesidad de traer a Evo Morales al gobierno. Evo Morales en ese momento era diputado; había sido enjuiciado político, acusado de tráfi co de drogas. Final-mente no se pudo comprobar nada, y el dirigente cocalero volvió a la Cámara de Diputados, haciéndole la guerra a Gonzalo Sánchez de Lozada de manera implacable.

Desde ese entonces, el tema con Chile cambió de lugar en la escena na-cional. El tema sacó a la gente a la calle en todo el país. En Santa Cruz, en La Paz, en Oruro, en Potosí la gente clamando en las calles para que no saliera el gas por Chile. Eso, nosotros, no lo hemos visto nunca en relación con ningún país vecino, nosotros metidos en la calle reclamando porque el gas se quedara en Bolivia a como diera lugar, y que no fuera a salir por Chile de ninguna forma. No lo hemos vivido

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada terminó pésimo. Nos levanta-mos a las 9 de la mañana, a las 11 el hombre estaba arriba de un avión con su familia, a las 3 de la tarde había estado de sitio, a las 4 de la tarde el avión es-taba instalado en Viru Viru, el aeropuerto cruceño; a las 7 de la tarde se estaban quemando edifi cios públicos y se estaban reventando los archivos del Ministerio de Hacienda y de Obras Públicas en La Paz. La gente quería un cambio en la Constitución, porque consideraban que esto no podía ser así. La gente salió a las calles y se tomó los caminos –ya no las calles, los caminos–, por ejemplo el camino que une La Paz con Tiahuanaco, ruta muy transitada por donde va la mer-



cadería a Perú. Su nieto, el Pedrito, es hijo de una médico chilena. Claro, sí hay cosas que se mantienen entre Chile y Bolivia, las relaciones familiares.

El gobierno de Carlos Mesa y luego de Rodríguez Veltzé dejaron asfaltado el camino para el presidente Morales.

Evo tuvo dos lemas de campaña, la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. Y como quiera que fuera, eso fue exactamente lo que hizo en su primer gobierno.

La Asamblea Constituyente. Lo primero que realizó cuando asumió Evo Morales fue buscar la fórmula para crear una nueva Constitución. Es cierto, la aprobaron al interior de un cuartel militar, pero lo hicieron.

Así que cuando se organizan, ¡cuidado! Se organizan. El enfrentamiento en Sucre. En el momento de la aprobación de la Constitución. Nada de lo que ha hecho el gobierno de Morales ha sido por fuerza de la tranquilidad, su método es el enfrentamiento y sus formas son revolucionarias, y eso Chile no lo puede perder de vista.

Las luchas autonómicas basan su discurso en gente de Oriente, blanco o mestizo europeo, distinto del indígena de Occidente, diferente del aymara y del quechua. La idea de crear un Estado plurinacional no obedece a querer dar representatividad a cada tribu, por decirlo de manera peyorativa, sino porque efectivamente hay distintas maneras de ver Bolivia hoy en día.

En el año 2008 se le empieza a complicar la vida a Morales y ocurre la ma-tanza de Porvenir a propósito de la nacionalización de los hidrocarburos y una serie de modifi caciones al sistema político. El MAS lleva gente a ocupar la zona del Beni y se produce una masacre donde mueren 16 personas. La presidenta Bachelet respalda a su colega en una reunión de emergencia en Santiago en septiembre de 2008.

La lucha siguió en el Oriente, y las brigadas cruceñistas en el año 2009-2010 empezaron a tratar de boicotear las políticas del MAS. No ha sido fácil para Morales gobernar, y por lo mismo, lo que ha hecho es amordazar a la prensa. Hoy, el Comité Cívico de Santa Cruz está bastante alicaído, porque se trató de alguna manera de socavar las bases mismas de la sociabilidad cruceña en el sentido de evitar que se siguiera organizando y que desestabilizara al país. Por lo tanto, al margen de cualquier inconveniencia que tuviera que ver con nosotros, Bolivia también está viviendo una pugna interna notable, en términos de la con-solidación de una hegemonía política. Hay elecciones para el 2014. El único rival que existe es Samuel Doria Medina, un empresario cochabambino que lleva al menos 15 años intentando cruzarse la banda presidencial. Pero es Santa Cruz la que defi nirá esta vez.

Lo que desea en defi nitiva Santa Cruz es, justamente, que pueda tener ma-yor injerencia en la toma de decisiones locales y regionales, y que el MAS no se imponga tábula rasa en el Parlamento.

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Por eso, es incorrecto califi car a toda Bolivia en un solo esquema de análisis, porque en realidad no es una sola, son dos. La gente que está reclamando por el mar y donde estaban las minas está en el Occidente, allí estaba la élite minera. Ellos son los que pidieron el ferrocarril, esta gente fue la que regaló su país10.

Recordemos que las autonomías forman parte de una lucha histórica desde al año 1904 cuando se preparó el memorándum reivindicativo de Santa Cruz. Los cruceños vienen reclamando atención preferencial del gobierno estatal y no solo hacia La Paz. Hay que recordar, también, que en el año 1891 hubo una guerra civil en Bolivia y esta dejó la “capitalía” en La Paz y en Sucre, pero le quitó a Su-cre la supremacía nacional, eso es lo que desencadena históricamente el tema autonómico.

Conclusiones

El Estado boliviano ha normalizado inclusivamente una democracia formal que está en construcción. No es una democracia completa, y con 10 millones de personas, apenas está preparada para los desafíos del presente ni futuros. Usa códigos políticos propios, interpreta la realidad de manera distinta a las democra-cias más consolidadas. Expresa su desagrado de forma visceral y enarbola un discurso de reivindicación nacional, la lucha por la dignidad y la soberanía ante todo aquello que le recuerde el capitalismo, el dominio oligárquico y la sociedad excluyente.

En ese plano, el Estado Plurinacional expresa su “independencia” expul-sando a la DEA americana11 y expresando su profundo malestar, desagrado y trauma, como muchos analistas bolivianos reconocen, en la reivindicación marí-tima. Ello forma parte del ideario revolucionario.

El Estado boliviano, por otra parte, tiene fi suras en su concepción de uso de las fuerzas policiales estatales. Eso daría para otro análisis, pero apuntemos al menos que el Estado es complejo en su manejo institucional. La policía complica la vida en las calles y cuando se enreda en medio de la violencia social, tanto por la corrupción como por la falta de preparación de los policías, entonces mandan a llamar a los militares a cumplir funciones policiales. Por lo tanto, se entra en la imposición estatal12. Este es el caso de la ocupación de las empresas de hidro-carburos por fuerzas militares con el decreto de Nacionalización en el año 2006.

10 Véase http://www.anepe.cl/wp-content/uploads/La-Suiza-Latinoamericana1.pdf.

11 Agencia Antidrogas Norteamericana. Es expulsada de Bolivia el año 2008.

12 Correa, Loreto. “De la violencia social a la imposición estatal: el caso boliviano de los hidrocarburos”. En El prisma de las seguridades en América Latina. Escenarios regionales y locales. José Alfredo Zabaleta (ED). Buenos Aires, CLACSO, 2012. Véase en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D5567.dir/prisma-13.pdf



En Bolivia no existe inteligencia para prevención de confl ictos, ni aun aho-ra la tiene Evo Morales. Las luchas sociales y cívicas en el periodo de Morales mantienen al Ejército en el manejo de la seguridad pública. Marchas y bloqueos insisten en sacar a los militares a la calle. Este asunto puede causar problemas a nosotros en la frontera.

La violencia en Bolivia se alimenta, hoy, no por una tradición histórica, sino por una dinámica entre el Estado y la sociedad civil. Los historiadores, los cien-tistas políticos hablan de un Estado débil. Sin embargo, a mi entender, no es real hablar de Estado fallido13. Bolivia no lo es, y aun cuando esté liderando Evo Morales, el Estado es débil y, a nosotros, desde un punto de vista binacional, nos complica porque un Estado débil no es un interlocutor relativamente fácil con el cual dialogar, pactar, manejarse y coordinarse. ¿Por qué no es un Estado fallido, dirán ustedes? Pues porque hay idea de nación, idea de salir adelante, y como lo dice un gran intelectual boliviano, Hugo Celso Felipe Mansilla: Bolivia se ha encontrado en el borde del precipicio… pero siempre, siempre renace.

Pero el Estado es frágil y la sociedad está empoderada. A la gente no la pueden controlar como antes. Hay una organización antes y después de 2003 en Bolivia. Se trata de una sociedad corporativa, o sea, están los industriales, están los mineros, están los maestros, están todos separados y todos organizados. El Estado se apoya en campesinos, en mineros en la zona del Occidente. El Estado no tiene apoyos en el Oriente. Pero hoy tampoco existe una oposición organizada porque está desarticulada.

Hay tomas de tierras. Se hizo una reforma agraria. En el 2007, se titularon 20,7 millones de hectáreas. La población rural de Bolivia alcanza como al 37% y esa es la gente que pidió tierras, y las pidió en el Oriente, porque en el Occidente ya no había, y las que había, no permitían el sustento. Y los movimientos cívicos en Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni pertenecen a la clase media, a la elite y a las corporaciones locales lideradas por los empresarios y comerciantes. Por eso tenemos una doble lectura de Bolivia. Una Bolivia campesina, obrera, minera en el Occidente, una Bolivia más de clase media en el Oriente. En ambas ciudades, el lujo campea en sectores muy exclusivos.

¿Cómo está Bolivia hoy? Bolivia está controlada. Existe un control estatal de los servicios públicos: el agua, el gas, la electricidad, los teléfonos. Los mo-vimientos cívicos están desarticulados y los sociales en alerta máxima. Los lide-razgos son regionalizados. No hay un proyecto alternativo de carácter nacional y, por último, ustedes habrán oído hablar sobre la carretera que iba a unir el Beni con Cochabamba: fi nalmente, se va a construir.

13 Sobre el particular véase el estudio realizado por la Cámara de Diputados de México. http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-07-09.pdf

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En efecto, el MAS tiene el 75% en las cámaras, por lo tanto tiene la mayoría absoluta para aprobar lo que quiera. Eso nos incluye a nosotros, por cierto.

Bueno, quiero señalar dos aspectos más:Lo primero, que este gobierno boliviano es un promotor del “extractivismo”,

o sea, se ha hecho cargo de la producción interna, y esto hace que, en defi nitiva, las responsabilidades que no asumió el Estado en el pasado, las quiera asumir ahora con todas las limitaciones que eso signifi ca y con toda lo negativa de la población al respecto. El proyecto político es clave. El gobierno quiere captar una mayor proporción posible del ingreso, proveniente de la industria extractiva, y meterla a la fórmula típica de los gobiernos que son nacionalistas y estatistas, y ello consistiría en tratar de crear industria interna que les permita comerciar de manera exclusiva con el exterior. Obviamente que Santa Cruz, Beni y Tarija, que es la zona de donde sale el gas, se revelan muchísimo, pero ya no salen los mo-vimientos cívicos a enarbolar sus banderas.

Los efectos del mercado negro de tierras, vale decir, a pesar de la reforma agraria, muestran un mercado negro de tierras a nivel local. Esto es muy violento y esto no sale por la prensa. Tengo una amiga, Paula Peña. Tenía un campo, “le entraron los campesinos que venían en bus desde La Paz, y se quedaron con las tierras”, como ocurrió hace algunos años en nuestro país cuando se produjo la re-forma agraria, también. Eso no ha sido regulado todavía, y la madre de todas las batallas, hoy día mismo, es la que tiene que ver con las relaciones con los medios de comunicación y la política, y con la Ley Mordaza14. La ley contra el racismo y contra toda forma de discriminación, que impide que una persona llame indio de manera peyorativa en ningún medio de comunicación.

¿Y las relaciones internacionales?Primero. Hacia el Perú hay una idea de regular la zona del lago Titicaca

por donde sale la droga. Así que hay una política de trabajo común en materia de drogas, y en octubre de 2012 hubo una reunión de los ministros de Defensa al respecto.

Hacia Argentina y Brasil. Evo Morales tiene muy buenas relaciones con la presidenta Fernández, y eso signifi ca que ha habido un diálogo y una apuesta en relación a las exportaciones gasíferas. A Evo le ha ido bien con el gas. Hay dos gasoductos que van desde Tarija a la Argentina, y Bolivia exporta todo el gas que puede. Se creció de los 9.000 millones de dólares de PIB en el 2006 a 26.000 en el 2012.

Y con Brasil, lo mismo. Hay una buena relación con el gobierno de Brasil. Brasil ha sido mucho más distante en la última administración. Con Evo Morales,

14 La llamada “Ley mordaza” es en realidad la nueva “ley contra el racismo y toda forma de discriminación” promulgada en Bolivia en octubre 2010.



la verdad es que Brasil está concentrado en otras cosas, no es que sea distante con Evo, más bien está concentrado en otras cosas.

La relación clave para Bolivia en América del Sur es Venezuela. Al principio llegaron por cooperación internacional cerca de 800 millones de dólares en ayuda externa. El destino de esa cooperación ha sido variado, pero orientado a materias de defensa y seguridad, pero también al sector petrolero.

Bolivia conserva hoy las segundas reservas de gas (hasta el 2020). Des-pués de que no tenía inversiones el año 2008, yo no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron, volvieron a provocar downstream, ahora lo que falta es upstream, que saquen el gas, pero volvieron a hacer inversiones y son potentes reservas de gas. Así que desde un punto de vista gasífero, el tema se ve bastante auspicioso. En la minería les ha ido bien por los precios.

Con Estados Unidos, hoy, lo que hay es un exhorto pendiente para los dos responsables de la tragedia. Las relaciones comerciales existen, pero en un pla-no de bajo perfi l político. Gonzalo Sánchez de Lozada está en Estados Unidos desde el año 2003. Evo Morales no va a parar hasta que lo traiga de vuelta; y el exhorto a Joaquín Pérez, que era su ministro; Yerko Kukoc que ya murió, y está Sánchez Berzain, que está en las mismas.

La ayuda europea hacia Bolivia ha disminuido por la crisis, pero también porque a España le cortó el gas con la salida de REPSOL. Con todo, y a pesar de la recuperación de los aeropuertos, empresas de gas y otros, la relación con Es-paña es importante. El presidente Morales estuvo en España hace poco tiempo.

La cooperación japonesa sigue vigente y es parte de los proyectos produc-tivos agropecuarios y de desarrollo social.

Bolivia cree que nos puede demandar ante un Tribunal Internacional, y lo hará porque no tiene nada que perder en su visión de la realidad. No ha ponde-rado qué hacer respecto de la integración. La muerte de Chávez dejó un rol que Morales quiere asumir: “el de la lucha de los pueblos por su independencia frente al imperialismo norteamericano”. Bolivia sabe que el 70% o más de las mercan-cías no tradicionales, es decir, lo que no es gas, sale por Arica15. No obstante, la relación entre los dos países está signifi cativamente traspasada por el tema ma-rítimo y por una profunda asimetría en términos comerciales, como puede apre-ciarse en el gráfi co16. Lo que ocurra en ese ámbito –el político– será determinante a futuro en todos los planos de la relación bilateral.

15 Correa, Loreto, et al. “La cesión territorial como respuesta a la demanda marítima boliviana: antecedentes y posibilidades”. En Revista Encrucijada Americana - Año 5 N° 2, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2012, pp. 27-41.

16 Ver el análisis del director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior Gary Rodríguez en http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20130322/bolivia-compra-a-chile-el-triple-de-lo-que-le_206535_442347.html Consultado el 10 de mayo de 2013.

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Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.


LA PENETRACIÓN ESTRATÉGICA DE IRÁN EN AMÉRICA LATINA. SUS ALIADOS DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS

DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA) Y EL ROL DE LOS ESTADOS LIBERALES DE LA REGIÓN

Septiembre de 2013

PATRICIA MUÑOZ MACHUCA

Investigadora CEE, ANEPE.Magíster en Relaciones Internacionales,

Institut d’Études Politique de París, Francia.

Introducción

La característica que sobresale cuando se analiza el panorama político lati-noamericano de nuestros días no es otr a que la de la fragmentación, rasgo este inevitable para describir la situación de los Estados de la región, el cual también se impone en las trayectorias de los sistemas políticos. Si bien sobre esta temá-tica se perfi lan diversas tendencias que advierten que América Latina ha girado a la izquierda, un análisis más profundo sobre estos procesos devela un signo claro de las divergencias y la fragmentación de los rumbos.

Desde esta premisa analítica del cambio en la fragmentación, se presentará una visión panorámica sobre la penetración estratégica de Irán en Latinoamérica, con el apoyo de sus socios del ALBA y el rol que deberán adoptar los países más liberales de la región, como son Chile, Colombia, Perú y México, así como Brasil, en tanto primera potencia regional.

Irán: un socio extrasistémico en América Latina

Aunque la acción militar contra Siria ocupa la agenda internacional de nues-tros días y pese a que ha sido diferida la amenaza de una intervención, con o sin autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), esta se mantiene. Si lo primero genera una distensión en el sistema mun-dial, la incertidumbre sigue siendo más que latente generando una tensión gene-ralizada, especialmente cuando se considera las implicancias del escalamiento ante el eventual ataque.

A este respecto, el gobierno norteamericano ha anunciado que la decisión de intervenir aún no ha sido tomada, no sin antes ser debatida en el Congreso el 9 de septiembre próximo.

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Bajo este convulsionado contexto internacional, las relaciones políticas ac-tuales entre Irán y América Latina son casi una incógnita, y más aún, se encuen-tran en una encrucijada debido al desarrollo del programa nuclear iraní.

Para este último país las relaciones con los países del ALBA podrían tener un carácter estratégico para extender y consolidar su política exterior en América Latina, en la búsqueda de alcanzar dos objetivos claros de su política exterior, a saber: “(1) crear en la región una plataforma para proyectar fuerza y presencia internacional, y (2) violar las sanciones de la ONU para desarrollar su proyecto atómico militar”. (Curtis, 2010: 16). Y de este modo obtener materia prima para esos fi nes, entregando a cambio tecnología, recursos económicos y apoyo políti-co. Aspecto, este último, que ya es posible advertir en Bolivia, con consecuencias negativas indirectas para Chile.

En este sentido, Irán representa una amenaza para América Latina en tanto es una pieza trascendental en Medio Oriente. Por un lado, es el principal aliado político y económico de Siria. En cuanto al Líbano, tiene infl uencia sobre parte de los grupos armados árabes, en particular sobre Hezboláh. Simultáneamente, también tiene vinculaciones con otros grupos armados palestinos que actúan en la zona y que mantienen confl ictos abiertos con Israel.

Del mismo modo, tiene contactos estrechos con diversos grupos chiies tan-to en Afganistán como en Irak, de manera que Irán constituye una pieza impor-tante para contribuir tanto a la distensión parcial de los confl ictos como al acre-centamiento de estos en Afganistán, Irak y actualmente en Siria.

Sobre este último particular, y si se considera el patrón que condujo a la segunda guerra de Irak, la tensión prebélica entre Israel, Estados Unidos e Irán no ha cesado de incrementarse en el tiempo. Y es que Irán dispone y desarrolla capacidades contrarias al equilibrio, la estabilidad y la sobrevivencia de los Es-tados de su entorno, así como para la seguridad mundial, más allá de Estados Unidos y de Europa.

En efecto, Irán desarrolla capacidades nucleares que pueden ser sufi cien-tes para cruzar el umbral de su propio uso militar. Bajo estas condiciones de extraordinaria potenciación, su infl uencia geopolítica se ha expandido regional-mente con una vocación hegemónica bajo el amparo de potencias extrarregio-nales, forjando de esta manera alianzas con otros grupos subregionales, como es el caso del ALBA en América Latina, y por ende disponiéndose a afrontar un escenario de proliferación nuclear en el golfo Pérsico y el Medio Oriente.

Con este potencial nuclear, que incluye el desarrollo de vehículos portado-res de ojivas nucleares, Irán podría atacar a Israel, subordinar a Turquía, Egip-to y Arabia Saudita, poner en peligro vital a los miembros de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), países todos que ya han establecido un sistema de defensa antimisiles, confrontar a esa alianza con Rusia y desestabilizar a Améri-



ca Latina a través del incremento de la fragmentación que ya escaló mediante su asociación con los países del ALBA.

Frente a este escenario, Cuba y Venezuela han desarrollado políticas cuya dimensión antisistémica suma a Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Brasil, por su par-te, ha hecho lo mismo de manera acorde con su nuevo rol global. Sin embargo, frente a ello los países liberales de la zona, es decir, los del Pacífi co sudamerica-no y México no defi nen aún un posicionamiento.

En este sentido, la ausencia de una defi nición es inexplicable, excepto por el extemporáneo planteamiento de que la región es invulnerable como conse-cuencia de su lejanía geográfi ca de los principales centros de confl icto.

Si esta indefi nición sobrevive en la región, el efecto de un confl icto proto-nuclear en el Medio Oriente y el golfo Pérsico confrontará tanto a los países del ALBA como a los países liberales del área con la cruel realidad de un paradigma estratégico para el cual ninguna de estas dos alianzas está preparada.

El comportamiento externo y el abusivo ejercicio de la autoridad por el teo-crático totalitarismo iraní debiera ser sufi ciente estímulo para que los citados go-biernos latinoamericanos planteen una posición. Como ello no ha ocurrido en relación al Estado persa, el inminente escenario bélico debería patrocinar una respuesta oportuna.

Lo anterior, especialmente luego de que la Junta de Gobernadores del Or-ganismo Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés) es-tableciera en 2012 que Irán posiblemente desarrolla la dimensión militar de su programa nuclear; y que este país no ha cumplido con la obligación de trans-parentarlo ni con suspender sus actividades ilegales; en tanto no escucha los requerimientos de la IAEA, luego de que esta organización denunciara las acti-vidades iraníes de enriquecimiento y reprocesamiento de combustible nuclear, la construcción de nuevas plantas, así como el empleo de agua pesada y los medios clandestinos en que ha persistido para adquirir tecnología y equipos.

Como se sabe, la IAEA actúa en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que, desde el 2006, viene exigiendo a Irán que transpa-rente el programa en cuestión; coopere con esta organización; cancele los desa-rrollos de doble uso y que, luego de constatar el incumplimiento iraní, los miem-bros del sistema internacional suspendan el aprovisionamiento de materiales y tecnología que pueda servir, directa o indirectamente, al programa nuclear del país en cuestión (Resoluciones 1737, 1929, 1803 sobre no proliferación nuclear adoptadas en el marco del coercitivo capítulo VII de la Carta de la ONU).

En este sentido, Estados Unidos ha venido desarrollando una política de sanciones contra Irán desde 1979, a propósito de la toma de la Embajada norte-americana en los albores de la “revolución” del Ayatolah Khomeini. Estas se in-crementaron desde 1984 por el ataque a la Embajada norteamericana en el Líba-no por el grupo terrorista Hezboláh, aliado de Irán, y desde 1992 se perfi laron aún

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más contra las actividades de proliferación iraníes, incluyendo en la actualidad el bloqueo de las ventas de petróleo del país en comento.

De otro lado, la Unión Europea, luego de las continuas frustraciones del P5+1 integrado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Ale-mania, a los que se suma la representante de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, impuso el año pasado a Irán el corte de los suministros petroleros a Europa.

Frente a esta medida, Irán reaccionó con amenazas de cierre del estrecho de Hormuz por donde transita el 20% del total global de la producción petrolera, negándose a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad, así como con las recomendaciones de la IAEA, dejando así abierta la puerta a las disqui-siciones de un confl icto.

Con todo ello, Irán procura ganar tiempo y negociar sobre la base de los temores de terceros, como por ejemplo la tensión de Israel, el apoyo, directo o indirecto, de Rusia y China, especialmente ahora que el gobierno sirio mantiene su sangrienta posición frente a los rebeldes de Homs.

La amenazante infl uencia del ALBA

Algunos Estados latinoamericanos parecen considerar que el ALBA es una entidad carente de poder y, por lo mismo, el relacionamiento con los miembros de ese grupo no requiere de mayor resguardo.

Bajo este contexto, los Estados liberales de la región parecen ignorar el creciente autoritarismo con que se conducen los gobiernos de dicha alianza y no muestran interés frente a la activa labor de socavamiento hemisférico, producto de la relación extrarregional que ha establecido el ALBA con Irán.

Si el desapego regional sobre la disposición cubana, venezolana, ecuato-riana, boliviana y nicaragüense a consolidar en sus respectivos países la des-trucción del Estado de derecho, pudiera excusar la no aplicación del principio de no intervención de los países liberales de la región, soslayando con ello la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), nada impide, sin embargo, que estos últimos Estados no llamen la atención de los gobiernos del ALBA por atraer la inestabilidad, el riesgo y la amenaza externa a la región.

Al respecto, el caso más grave por su implicancia humanitaria, estratégica y bélica, como se ha sostenido, es la militante asociación de Cuba, Venezuela y Bolivia con dictaduras del Medio Oriente que desbordan toda medida civilizada de defensa de un régimen, procurando armamento nuclear, sin importar la con-secuencia bélica del mismo.

En este caso específi co, las reiteradas invitaciones al presidente iraní por el ex presidente venezolano, Hugo Chávez, y el presidente Morales, signadas ambas por los términos de una alianza, cuando Irán desarrolla capacidades nu-



cleares que pueden conducir a una defl agración en el Medio Oriente, es eviden-temente un acto que pone en riesgo la paz y la estabilidad en América Latina.

En consecuencia, las relaciones del ALBA con Irán debieran ser tratadas en organismos como la OEA, la CELAC y UNASUR. Particularmente después que la Organización Internacional de Energía Atómica ha considerado frustrado su esfuerzo investigador en el Estado persa, toda vez que las sanciones contra dicho país se han incrementado, por lo cual el diálogo con Occidente para evitar un confl icto está llegando a su cota más baja.

Con pasividad recusable, los Estados latinoamericanos no han reaccionado manifi estamente a la situación anteriormente descrita. Y tampoco lo han hecho frente a la asistencia que el Estado venezolano presta a Siria –por lo menos con aprovisionamiento de combustible– cuando un régimen de sanciones, promovido por Occidente y países árabes, intenta obligar al régimen sirio a suspender la ma-tanza de civiles en que ha degenerado la represión a la oposición en el presente.

En dicha guerra civil, Venezuela ha tomado partido por un gobierno que se ha puesto al margen de la ley y de los usos de la guerra y se ha alineado, quizás como mecanismo de autodefensa preventiva, con China y Rusia, cuyos intereses estratégicos, en este caso, no son convergentes con la política de un buen núme-ro de países latinoamericanos.

La pasividad regional ha llegado a extremos antisistémicos cuando uno de los socios del ALBA, Bolivia, estableció relaciones diplomáticas con Irán y fi rmó diversos acuerdos de cooperación, incluido uno en materia de defensa. Al res-pecto, podría pensarse que el uranio boliviano sería el principal objetivo de coo-peración en la referida materia.

Al menos desde 2006 “Irán se encuentra investigando en la misma Bolivia las posibilidades de obtener uranio. Este interés viene además respaldado por una ofensiva diplomática del régimen de Teherán en el país altiplánico, desper-tando las sospechas no solo de la diplomacia estadounidense, sino de terceros países como Israel”1.

El caso recién comentado es un ejemplo de la orientación a erosionar aún más los muy debilitados cimientos del sistema interamericano, constatándose los siguientes objetivos: neutralizar en los foros americanos a Estados Unidos, disminuir la infl uencia de los Estados liberales del área, fortalecer extraordina-riamente al ALBA y concentrar, en torno a ella, la orientación de la CELAC. El UNASUR, del que por defi nición están marginados los norteamericanos, tendría así un baluarte de poder andino-caribeño que los Estados no miembros del ALBA resentirían y que inevitablemente competiría con Brasil.

1 MARIRRODRIGA, 2010 “Irán sigue la pista del uranio en América Latina”. La Razón, 2010, http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/01/actualidad/1291158023_850215.html

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Refl exiones fi nales

Irán es evidentemente un factor de riesgo desestabilizador para su entorno regional y, a la luz de las evidencias de su presencia en los países del ALBA, una amenaza a la seguridad de América Latina.

En el marco del contexto defi nido, Perú, Colombia, Chile, México y Brasil deberían reaccionar llamando la atención hemisférica y regional sobre los exce-sos del ALBA y mostrarse dispuestos a cautelar la estabilidad en el área.

Si Brasil, como potencia emergente, tiene su propia agenda en el Caribe y prefi ere solo la reserva del canal bilateral, es obligación de los Estados liberales del Pacífi co sudamericano expresar su preocupación sobre la materia y procurar reorientar la conducta de Bolivia en el entendido que Venezuela en el presente vive una realidad política incierta.

Si los Estados liberales latinoamericanos consideran que un ataque pre-ventivo sobre Irán no cumpliría con sus fi nes, entonces deberían sumarse a la presión multilateral contra Irán para que ese Estado cumpla con las obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad y por la IAEA, pero teniendo presente que el instrumento utilizado debe ser efi caz.

En este mismo sentido, deberían presionar a Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua para que retiren su apoyo a Irán si estos países desean más cooperación en América Latina. De lo contrario un escenario neoiraní, pero de dimensión nuclear, impactaría a la región reeditando, bajo una nueva confi -guración geopolítica, la confrontación que emergió en el área luego de la crisis cubana de 1962.

Resulta evidente que una nueva ronda de sanciones no va a hacer desistir a Irán de su empeño nuclear. El carácter estratégico de tal proyecto, visto al inte-rior del país como una garantía para su supervivencia, hace que esté arraigado en todo el espectro político iraní.

Habrá que esperar hasta qué punto Estados Unidos va a conseguir que sus aliados colaboren en aislar económica y fi nancieramente a Irán. Hasta ahora la mayoría de los Estados europeos mantienen un doble lenguaje, coherente con sus intereses, apoyando formalmente las sanciones, por un lado, y aplicando, por otro, solo aquellas que evitan las represalias en los mercados estadounidenses, así como manteniendo abiertos los canales ante las enormes posibilidades de negocio que ofrece un país hambriento de tecnología y de fi nanciación exterior en un momento de crisis como el actual.

El concierto mundial y de manera muy especial Estados Unidos e Israel están interesados en la presencia de Irán en América Latina, producto de las vinculaciones establecidas con Venezuela y Bolivia, principalmente. Aislado del orden internacional debido a sus ambiciones nucleares, Irán busca apoyos di-plomáticos, distorsionando con ello la relación entre Estados Unidos y América



Latina, producto de la pretensión de introducir a Irán en la región, junto a otros temas de la agenda global que hasta ahora habían permanecido al margen de la agenda hemisférica.

Las relaciones diplomáticas sin duda se han intensifi cado, con lo cual se demuestra que se trata de relaciones principalmente políticas. El tema energético es trascendental aunque con Venezuela no es nuevo, en tanto ambos Estados son miembros de la OPEP, e intentan desde hace algunos años consolidar un bloque de poder dentro de la organización.

Con Bolivia, en cambio, dichas interacciones son nuevas y particularmente secretas. Esto último lleva a pensar que Irán buscaría, por un lado, aliados en la región para proyectar su posicionamiento y fuerza internacional frente a Estados Unidos. De otro, esta actitud de ocultamiento de intenciones sugiere que inten-taría violar las sanciones de la ONU, convirtiéndose en un comprador de uranio boliviano.

Finalmente, cabe considerar y precisar que ante la creciente presencia iraní en la región, simultáneamente también se ha constituido un factor de atracción para el incremento de la presencia israelí en América Latina.

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RELACIONES CHILE-ARGENTINA POSTRATADO DE PAZ Y AMISTAD DE 1984

Septiembre de 2013

MIGUEL A. VERGARA VILLALOBOS

Investigador del CEE de la ANEPE.Almirante ex comandante en jefe de la Armada de Chile.

Doctor en Filosofía, Universidad de Navarra, España.

I. Introducción

Este trabajo, realizado en base a fuentes abiertas, intenta mostrar, como lo señala su título, un panorama de nuestras relaciones con Argentina con posteriori-dad al Tratado de Paz y Amistad acordado en 1984. Dada la intensidad y variedad de nuestros contactos, y la dinámica que impone la proximidad de elecciones en uno y otro lado de la cordillera, nuestro análisis incluye antecedentes hasta fi nes de agosto de 2013. No pretende ser un relato pormenorizado de cómo se ha de-sarrollado nuestra convivencia en las últimas décadas, sino solo resaltar algunos hitos que indicarían una cierta tendencia en el accionar del país transandino, que deberíamos tener en cuenta en nuestra política exterior. Esto es particularmente relevante, considerando que Argentina es y será siempre un actor esencial en las relaciones internacionales de Chile, por geografía, historia, homogeneidad cultural y, también, por aspectos estratégicos que conciernen a nuestra seguridad.

En una primera parte se describe someramente qué es Argentina y su par-ticular idiosincrasia en cuanto a su marcada inclinación a priorizar su política interna por sobre los aspectos internacionales. Con ese marco de referencia se analizan las relaciones Chile-Argentina, destacando una cierta percepción de desconfi anza mutua. A continuación se muestran algunos hitos en nuestro trato con los sucesivos gobiernos argentinos después de la guerra de las Falkland-Malvinas; en particular se destacan los avances alcanzados durante el gobierno del presidente Carlos Menem. Más adelante se comentan nuestras relaciones algo más complejas con los gobiernos del matrimonio Kirchner-Fernández, allí se examinan los casos del corte de gas y el término adelantado del arriendo de un hangar por parte de LAN, en Aeroparque. Se fi naliza con algunas conclusiones.

II. Visión sobre Argentina

Argentina es una república representativa y federal, dividida en 23 provin-cias. Es el segundo país más grande de Latinoamérica, después de Brasil, con un

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territorio continental de 2.780.400 km2, casi cuatro veces la superfi cie de Chile, una población de 42.000.000 y una densidad media de 14,4 km2 por habitante. La mayor concentración está en el Gran Buenos Aires con 15.000.000 de habitantes, lo que prácticamente equivale a la población de todo nuestro país. Posee una clase media amplia y educada, altos índices de desarrollo humano y un ingreso per cápita algo superior a US$ 18.000, levemente inferior al de Chile.

Hasta mediados del siglo pasado Argentina le disputaba a Brasil la supre-macía en el concierto latinoamericano. Con Juan Domingo Perón –fundador y líder del Partido Justicialista que hasta hoy ejerce intensa infl uencia en la política argentina– se privilegió fuertemente el mercado interno, la industrialización y el Estado de Bienestar, alcanzando una relativa estabilidad social gracias a un pacto social y político, que comprendía a los sindicatos y las FF. AA. Esta especie de caudillismo populista que instauró Perón logró subsistir gracias a las enormes ganancias que generaba la venta de alimentos a Europa con posterioridad a la 2ª Guerra Mundial. Sin embargo, la recuperación económica de los países europeos y el menor precio de los alimentos hicieron que la bonanza se acabara1. Perón fue derrocado en 1955, sin que alcanzara a fi nalizar su segundo mandato presiden-cial. Empezó entonces una seguidilla de gobiernos civiles y militares que, aunque no renegaron del justicialismo, fueron incapaces de dar estabilidad al país.

Quizás la situación más dramática vivida por Argentina en las últimas déca-das haya sido la derrota en la guerra de las Falkland-Malvinas, en 1982, a manos de Inglaterra. Aquel confl icto sepultó toda esperanza de poder disputar el liderazgo continental con Brasil. Además, desde entonces, las FF. AA. argentinas perdieron todo prestigio, y con ello se acabó su papel como actor político relevante, capaz de ofrecer una alternativa de relativo orden, en ausencia de una clase política verdade-ramente representativa. A la derrota bélica se sumó la fuerza con que irrumpió el fe-nómeno de la globalización, que terminó por hacer inviable el anhelado crecimiento autárquico que siempre ha tentado a Argentina, lo que ha acentuado el desencanto de la masa ciudadana con la política2. En el momento actual, tal vez la única insti-tución que tiene alguna capacidad de convocatoria es la Iglesia Católica, particular-mente después de la proclamación del cardenal Jorge Mario Bergoglio como el 266° Papa, el 13 de marzo de 2013, bajo el nombre de Francisco.

III. Priorización de la política interna

Una característica de nuestros vecinos, que debemos consignar para una mejor comprensión de ciertas actitudes que a los chilenos nos sorprenden, es

1 Fuentes, Cristián, “Argentina en su laberinto. La hora de la política”, Revista de Estudios Internacionales (137), abril-junio 2002, Santiago, pp. 22, 23.

2 Ibid., pp. 23, 24.



que tradicionalmente han priorizado su política interna por sobre los efectos que sus decisiones pudieran tener en el ámbito internacional. Esto no es una modali-dad que haya impuesto el matrimonio Kirchner-Fernández, como usualmente se piensa, sino una constante propia de su idiosincrasia. Como botón de muestra vale destacar lo que, en 1977, manifestó su Cancillería con ocasión del rechazo al Laudo Arbitral del canal Beagle: “... En la consideración del Laudo, el Gobierno argentino si bien tiene presente la tradición de nuestra política exterior de cumplir con los compromisos internacionales contraídos en nombre de la República por los Gobiernos sucesivos, al mismo tiempo mantiene el principio de que ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la nación o que perjudique derechos de soberanía que no hayan sido expresamente someti-dos a la decisión de un árbitro por ambas partes”3. Solo que “los principios vitales de la nación” los defi nen ellos mismos por sí y ante sí.

Contribuye a esta tendencia a priorizar la política interna, la menor institu-cionalidad política que existe en Argentina, lo que otorga al Presidente de la Re-pública una mayor autonomía y discrecionalidad para tomar decisiones. El Con-greso es relativamente débil, hay mucho clientelismo político, el Ejecutivo tiene una importante cuota de poder en la nominación de los jueces, el protagonismo de los ministros de Estado es bajo, el Presidente cuenta con la potestad de dictar Decretos de Emergencia, etc.4. Por otro lado, si bien se trata de un Estado Fede-ral, tradicionalmente las provincias en general son feudos económicamente invia-bles, que dependen fuertemente del poder central5. En defi nitiva, “el proceso de formulación e implementación de la política exterior Argentina está condicionado por la acción de tres fuerzas que se potencian entre sí: necesidades imperiosas de política interna, la existencia de actores con capacidad de veto, y la ausencia de un compromiso social compartido y activo respecto del cumplimiento de la palabra empeñada”6. En este contexto, la conducción que ejerce el Presidente es altamente centralizada y personal, lo que eventualmente se traduce en incerteza jurídica en lo interno y también en lo externo.

Este comportamiento un tanto arbitrario, que usualmente sorprende a la mentalidad legalista de los chilenos, no es atributo de un determinado tipo de gobierno, sino que es parte de la forma de ser de nuestros vecinos. Las actitudes inesperadas se repiten en todos los gobiernos, en lo interno y externo, cualquiera

3 Infante, María Teresa, ”Argentina y Chile: percepciones del confl icto de la zona del Beagle”, Revista de Estudios Internacionales (135) julio-septiembre, 2001, Santiago, p. 341.

4 Huneeus, Carlos, “Argentina-Chile: el confl icto del gas, factores de política interna Argentina”, Revista de Estudios Internacionales, 158 (2007), Santiago, pp.190-193.

5 Fuentes, Claudio, op. cit., p. 26.

6 Thauby, Fernando, “La gobernabilidad de Argentina en la perspectiva de las relaciones bilaterales”, Nuestros vecinos, Mario Artaza y Paz García, eds., Ril Editores, Santiago, 2007, p. 64.

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sea su color político. Algunos ejemplos pueden contribuir a mostrar esta caracte-rística de su idiosincrasia.

IV. Decisiones que nos cuesta entender

Este cierto desprecio por la legalidad internacional cuando se estima que están afectando sus intereses vitales, como se mencionó, quedó claramente re-fl ejado en el caso del Laudo Arbitral del Beagle con Chile, de 1978, que Argentina rechazó por estimarlo “insanablemente nulo”. Igualmente sorpresiva resultó la invasión a las islas Malvinas, en 1982, por una decisión de la Junta Militar que encabezaba entonces el general de ejército Leopoldo Galtieri. A esto podemos agregar el unilateral corte de gas a Chile, el 2004, y el caso aún en curso por el término adelantado del contrato de arriendo de un hangar por parte de LAN en Aeroparque, asuntos ambos que comentaremos más adelante.

En un entorno algo más banal hay otras actitudes de nuestros vecinos que también nos cuesta comprender. Por ejemplo, la ahora famosa “mano de Dios” con que el pueblo argentino glorifi ca el gol convertido con la mano por Diego Ar-mando Maradona, en el Mundial de Fútbol de 1986, en México, lo que le permitió triunfar 2 por 1 contra Inglaterra en los cuartos de fi nal7. Esto lo confesó el propio Maradona y hay videos en cámara lenta que muestran la jugada. Sin embargo, nunca ha habido un reproche ético por esta acción, sino solo múltiples alabanzas.

En política exterior económica también tenemos ejemplos de la displicencia argentina por las repercusiones de sus decisiones internas en el ámbito interna-cional. A fi nes de 2001, para enfrentar la crisis económica que se generó durante el mandato de De la Rúa, el gobierno simplemente desconoció sus compromisos, y durante dos años hubo cesación de pagos de capital e intereses de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado; este default ha sido el más largo de la historia fi nanciera moderna8. Lo notable es que esto ocurrió “sin objeciones éticas signifi cativas por parte de ningún actor político o social relevante”9.

En el ámbito interno el denominado “corralito” muestra la discrecionalidad de que goza el Poder Ejecutivo. El “corralito” fue una medida económica decreta-da en diciembre del año 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, como una medida complementaria a la suspensión de pagos, para intentar superar la grave crisis económica que vivía el país. Consistió en restringir los retiros del banco de cada ciudadano a un máximo de 250 pesos por semana (US$ 1.000 por mes), lo que era un monto casi de subsistencia, considerando que en esa época no era posible cancelar en los bancos cuentas de luz, agua, gas, etc. Más grave

7 Wikipedia, entrando a Google con “La mano de Dios”.

8 Wikipedia, entrando en Google con “Canje de la deuda externa argentina 2001”.

9 Thauby, Fernando, op. cit., pp. 63, 64.



todavía, la gente que tenía ahorros los perdió casi por completo, pues no se po-dían retirar hasta dentro de diez años, a lo que se sumó la posterior devaluación decretada por el presidente Duhalde, en que el dólar pasó de uno a tres pesos. Mucha gente aún continúa sin recibir el dinero de sus ahorros10; se perdió la con-fi anza en los bancos y creció la costumbre de guardar “bajo el colchón”.

Otra muestra de la discrecionalidad del Ejecutivo, esta vez por mano de Néstor Kirchner, fue la rescisión del contrato de la empresa “Aguas Argentinas” controlada por el grupo francés “Suez”, en marzo de 2006, argumentando que no había cumplido con el plan de expansión y mejora del servicio y, sobre todo, por haber puesto en peligro la salud de la población al haberse detectado la presen-cia de nitrato en algunas localidades. Estos planteamientos fueron tajantemente rechazados por los franceses, pero nada pudieron hacer para anular la medida. En reemplazo se conformó una empresa estatal para proveer de agua potable y servicios de alcantarillado a la capital federal de la nación11.

También cabe mencionar los llamados “fondos buitres”, con los que el go-bierno de la presidenta Cristina Fernández ha bautizado a los bonos de deuda externa que algunos inversionistas extranjeros adquirieron a bajo precio y que ahora, al hacerlos efectivos, el gobierno argentino se niega cancelarlos en las condiciones inicialmente acordadas. Uno de los efectos de esta medida fue el bochornoso incidente de la retención del Buque-Escuela Libertad de la Armada argentina, en el puerto de Tema, próximo a la capital de Ghana, el 2 de octubre de 2011. En esa ocasión, un juez de aquel país acogió una demanda presentada por la empresa privada “NML Capital”, con sede en islas Caimán, por el no pago de los bonos argentinos. Después de más de dos meses, el 18 de diciembre de 2010, el Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar dispuso revocar esta re-solución, lo que fue acatado por la autoridad política de Ghana, y el buque pudo zarpar con destino a Buenos Aires, donde fue recibido con grandes aspavientos por parte del gobierno12.

En este recuento de decisiones que permite la fl exible institucionalidad de nuestros vecinos del Este, cabe traer a colación a “La Cámpora”, una agrupación política que se creó el 2006 –otros estiman que el 2003– para apoyar primero al gobierno de Kirchner y, después, al de Cristina Fernández. Se denomina “La Cámpora” en honor al ex presidente Héctor José Cámpora que, en 1973, estuvo solo 49 días en el cargo, renunciando voluntariamente con el manifi esto propó-sito de abrir paso a un tercer mandato de Juan Domingo Perón. Este no podía acceder a la presidencia porque había sido proscrito por el gobierno del general Alejandro Lanusse (1971-1973). Para obviar esta interferencia, se optó por la

10 www.eitb.com/es/noticias/economía; www.bibliotecavirtual.clasco.org.ar/790872

11 www.lanacion.com.arg/790872-kirchner; Huneeus, Carlos, op.cit., p.192.

12 www.taringa.net/post/noticias/443820

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postulación de Héctor Cámpora para que, una vez alcanzada la primera magis-tratura, dejara sin efecto la proscripción y así pudiera regresar Perón al poder, como de hecho ocurrió el 23 de septiembre de 1973, después de 18 años de exilio; al fallecer, en 1977, le sucedió su viuda María Estela Martínez de Perón. “La Cámpora” está conformada, en general, por profesionales jóvenes, leales partidarios de los Kirchner-Fernández y, aunque no es un partido político formal, tiene presencia territorial en todas las provincias y también en las universidades; lo más notable es la infl uencia que su cúpula ejerce en las decisiones políticas de la actual mandataria, más aún cuando su único hijo hombre, Máximo Kirchner, es uno de los líderes de esta agrupación13.

El último caso que citaremos es la expropiación y nacionalización de la empresa petrolera YPF, el 2012, donde el capital mayoritario pertenece a la em-presa española “Repsol”, que ha interpuesto varias demandas y reclamaciones en organismos internacionales, por considerar que la medida es arbitraria. El go-bierno de España apoya los reclamos de “Repsol” y recientemente el ministro de RR. EE. José Manuel García-Margallo ha declarado que “la petrolera argentina necesita de inversionistas, pero mientras no se resuelva el confl icto, nadie quiere invertir en ese ‘avispero’”14.

V. Relaciones con Chile

Lo anterior constituye el marco de referencia que debemos tener presente para analizar nuestras relaciones con Argentina, que sin duda se han enriquecido notablemente en las últimas décadas. Ya no están restringidas solo a la solución de problemas limítrofes, sino que abarcan aspectos de energía, migraciones, comercio, cuestiones fi nancieras, recursos naturales, seguridad y defensa, etc.

Con Argentina compartimos una de las fronteras más largas del mundo, pues desde el hito Zapaleri hasta el extremo austral se cuentan más 5.000 ki-lómetros; en gran parte de esa extensión estamos separados por la cordillera de los Andes. Quizás por tan larga frontera, hemos estado expuestos a perío-dos bastante azarosos en nuestras relaciones, a pesar de que por geografía, complementariedad y homogeneidad cultural deberíamos forjar un destino más estrecho. Pero la realidad es que nuestras relaciones históricamente han estado cruzadas por percepciones de mutua desconfi anza. Independientemente de las buenas relaciones comerciales y diplomáticas que por algunos períodos hemos alcanzado, subyace una cierta sospecha respecto de las intenciones de uno res-pecto del otro. Esto lo grafi ca bien Pablo Lacoste, cuando dice que “cada uno

13 Diario El Mercurio de Santiago, 1 de septiembre, p. D-8; Wikipedia, entrando Google con “La Cámpora”.

14 Diario El Mundo de España, 3 de mayo de 2013: “Margallo insta a Argentina a resolver rápido el confl icto de YPF”.



percibe al vecino como expansionista, agresivo y oportunista. El país propio es ‘la víctima ingenua’; el otro, el astuto, el victimario”15.

Sin ir más lejos, nuestras buenas relaciones post-Beagle están cruzadas por un cierto sentimiento antichileno, pues muchos argentinos nos consideran poco confi ables. El fundamento para esta percepción radica en una supuesta traición de Chile, por la neutralidad benévola que brindó a Inglaterra durante el confl icto de las Falkland-Malvinas. Quienes así piensan, olvidan que en 1982, cuando ocurrió ese confl icto, aun no estaba fi rmado el Tratado de Paz y Amistad, y existían aprensiones de parte de la Junta Militar que gobernaba en Argentina, en cuanto a si el acuerdo era conveniente a sus intereses. En ese contexto, con toda razón, el gobierno chileno del general Pinochet estimó muy preocupantes las declaraciones del general Leopoldo Galtieri, quien el 2 de abril de 1982, mismo día de la ocupación de las Malvinas, declaró públicamente que ese “era el primer paso para recuperar los territorios históricamente argentinos”. No había que ser muy perspicaz para adivinar cuál sería el paso siguiente en caso de haber triun-fado; Galtieri jamás pensó que los británicos cruzarían el Atlántico para recuperar las islas16. Chile actuó como lo habría hecho cualquier país amenazado; parece injusto el resquemor argentino.

En todo caso, es un hecho de la causa que nuestras relaciones han expe-rimentado un salto cualitativo y cuantitativo enorme desde 1984 hasta hoy. El investigador francés Jon Marco Church ha dicho que: “En tan solo dos décadas Chile y Argentina lograron pasar desde una casi guerra a una integración ejem-plar, por lo que el tema apasiona a investigadores de todo el mundo. No sorpren-de el reciente fl orecer de contribuciones científi cas al análisis de estas relaciones especiales”17. Aun así, nuestra convivencia no ha sido todo lo fl uida que desearía-mos, particularmente a partir del período kirschnerista, según lo comentaremos más adelante

VI. Primeros gobiernos democráticos

Como se dijo, la guerra de las Falkland-Malvinas sumió a Argentina en una profunda crisis política, social y económica, que sepultó toda posibilidad de ser un competidor continental para Brasil. Además, terminó con el papel de las FF. AA. como un actor político de primera magnitud, y gradualmente fueron sumidas en la inanidad por la clase política, que sometió a los militares a juicios por DD. HH. y les ha ido reduciendo dramáticamente el presupuesto año a año. Para los

15 Lacoste, Pablo, La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y Chile (1534-2000), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, citado por Bernal, Raul, “Política exterior regional y las relaciones con Argentina”, Nuestros Vecinos, op. cit., p. 22.

16 Church, Jon Marco, “La crisis del canal Beagle”, Revista de Estudios Internacionales, 161 (2008), Santiago, p. 26.

17 Church, Jon Marco, op. cit., p. 31.

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uniformados hubo un respiro durante la década del presidente Menen, quien in-cluso aprobó una ley de amnistía, la que después sería revocada por Kirchner.

El primer gobernante elegido democráticamente después del período de gobierno militar, que se extendió entre 1976 y 1983, fue el abogado Raúl Alfonsín quien no pertenecía al peronismo, sino a la Unión Cívica Radical; gobernó entre 1983 y 1989. Se preocupó bastante del tema de los DD. HH., pero la situación económica se hizo insostenible debido a una elevada hiperinfl ación, lo que ge-neró problemas sociales que lo obligaron a renunciar un par de meses antes de fi nalizar su período. Los avances en la relación con Chile no fueron muchos, dado que no tenía ninguna afi nidad ideológica con el gobierno de general Pinochet. El mérito de Alfonsín es haber logrado la aprobación del Tratado de Paz y Amistad, el 26 de marzo de 1986, mediante un referendo18.

VII. Avances con Carlos Menem

A Alfonsín lo sucedió el presidente Carlos Menem en un primer período desde 1989 a 1994; después, gracias a una reforma a la Constitución que redujo el mandato presidencial a cuatro años y habilitó la posibilidad de una reelección, Menem fue elegido por un segundo período (1995-1999), constituyéndose en el único mandatario argentino que ha completado dos períodos constituciona-les sucesivos19. Durante la década del presidente Menem fue cuando más se avanzó en las relaciones Chile-Argentina, acordándose una serie de convenios comerciales, culturales y de Defensa. Entre ellos, por su importancia, merecen mencionarse el Acuerdo de Complementación Económica ACE 16, de 1999, con su protocolo N° 2, que estableció las bases para la conexión gasífera entre am-bos países, protocolo que fue modifi cado en 199520; y el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, suscrito en 1997, y su protoco-lo complementario de 1999 que entró en vigor el año 200021.

Quizás lo más importante de este período fue que los presidentes Aylwin y Menem lograron superar mediante negociación directa la resolución de 22 de las 24 cuestiones de límites que se arrastraban por años. Quedaron pendientes únicamente Laguna del Desierto y Campos de Hielo22. Lo primero fue zanjado por medio de un Tribunal Arbitral, que favoreció a Argentina; en Campos de Hielo se resolvió lo que se denominó sector A (norte), estando pendiente hasta hoy el

18 Church, Jon Marco, op. cit., p. 30.

19 Wikipedia, entrando a Google con “Carlos Menem”.

20 Detalles sobre este acuerdo, en Huneeus, Carlos, op. cit.

21 Una buena explicación de este Tratado en Infante, María Teresa, “Tratado minero entre Chile y Argentina. Una visión global”, Revista de Estudios Internacionales (135), jul.-sept. 2001, Santiago.

22 Zaldívar, Adolfo, “Integración Chile-.Argentina”, p. 1, en www.tenred.cl/documentos/integración-chile-argentina-pdf



sector B (sur)23. Respecto de esto último, en 1998 se fi rmó un acuerdo para pre-cisar el recorrido del límite desde el monte Fitz-Roy hasta el cerro Daudet24; este es el único tema limítrofe en espera de solución. Más adelante, si se acabara el Tratado Antártico, habría que ver cómo solucionar la superposición de territorios que ambos países reclaman en el continente antártico; hasta ahora hemos desa-rrollado una política de cooperación en la defensa de nuestros intereses comunes en esos territorios.

Por otra parte, gracias a las fl uidas relaciones que el presidente Menem mantuvo con sus pares chilenos Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, se lograron importantes avances en las relaciones en el ámbi-to de la Defensa, con permanentes intercambios profesionales y ejercicios com-binados. Chile y Argentina han sido pioneros en lo que se refi ere a las “medidas de confi anza mutua” en el nivel de la Defensa. Se destaca la reunión de Estados Mayores de las distintas ramas, proceso iniciado en 1994, como mecanismo de consulta y coordinación entre las FF. AA.; el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG), acordado por medio de un Memorándum de Entendimiento en 1995, para profundizar la cooperación bilateral en materias de Seguridad; las reu-niones 2+2, iniciadas en 1997, integradas por los ministros de RR. EE. y Defensa de ambos países, con vistas a consolidar las relaciones bilaterales en el ámbito de la Seguridad y Defensa25.

A Menem lo sucedió Fernando de la Rúa (1999-2001), de la Unión Cívica Radical, que se vio obligado a renunciar faltándole poco más de un año para fi nalizar su mandato, debido a las protestas sociales originadas por una grave y prolongada crisis económica. El resultado fue un vacío de poder que intentó ser llenado por sucesivos mandatarios que duraban días o semanas: Ramón Puente, Rodríguez Saá, Eduardo Caamaño. Finalmente, asumió Eduardo Duhalde que gobernó desde el 2002 al 2003, logrando otorgar cierta estabilidad político-social al país26.

Durante todo este período próximo a la anárquía, no hubo muchos avances en nuestras relaciones. Con todo, en el ámbito de la Defensa se acordó solicitar a la CEPAL una Metodología Estandarizada Común para la Medición de los Gastos en Defensa, con el fi n de poder comparar objetivamente los gastos, y así estimu-lar la transparencia y la confi anza mutua entre ambas naciones27. Posteriormente otros países han adherido a emplear la misma metodología.

23 Ibid.

24 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, p. 146.

25 Ibid., pp. 150, 151.

26 Wikipedia, entrando a Google con “Fernando de la Rúa”.

27 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, p. 151.

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VIII. Gobierno de Néstor Kirchner

A Duhalde lo siguió Néstor Kitchner (2003-2007), quien, apoyado por el Partido Justicialista asumió con solo el 23% de los votos, pero a poco andar au-mentó su popularidad. El ex gobernador de Río Gallegos, de madre chilena, no se caracterizó precisamente por su cordialidad hacia nuestro país. En lo interno, gobernó con mano fi rme logrando estabilidad social, crecimiento económico y desarrollo industrial; impulsó una línea dura en el ámbito de los DD.HH., propi-ciando juicios contra los militares. En las relaciones exteriores claramente priori-zó la consolidación de su autoridad y poder, sin preocuparse mayormente por las repercusiones internacionales de sus decisiones28.

Una muestra de esto último es el duro confl icto que tuvo con Uruguay, prác-ticamente durante todo su mandato, a raíz de la construcción por parte de aquel país de una planta de celulosa en el río Uruguay. Kirchner consideró que violaba el Estatuto del Río Uruguay en lo referido a los niveles de contaminación de ese cauce binacional. El caso llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que no accedió a la demanda argentina de detener la construcción de la planta, aunque recomendó a las partes la creación de una comisión binacional para mo-nitorear los niveles de contaminación, lo que fue concretado el 2010. Estas discu-siones se arrastraron por años, con protestas de los ciudadanos de ambos países y declaraciones de los mandatarios de uno y otro lado de la frontera, a veces con mucha dureza por parte de Kirchner, lo que en más de una oportunidad tensionó las relaciones entre ambos países29.

Para Chile, el mandato de Kirchner tuvo más de agraz que de dulce, pues si bien en lo formal hubo normalidad en las relaciones, nunca se alcanzó el nivel de entendimiento logrado con Menem. En el ámbito de la Defensa se concretó un importante acuerdo con la fi rma de un Memorándum de Entendimiento, el 4 de diciembre de 2006, para crear la Fuerza de Paz “Cruz del Sur”, una fuerza con-junta y combinada de militares de ambos países, para ser puesta a disposición de Naciones Unidas, con el fi n de ser empleada en operaciones de mantenimiento de la paz; este Memorándum fue actualizado el año 201130. Empero, lo que marca nuestra relación en este período es el corte unilateral de gas a Chile, sin respetar el acuerdo suscrito por ambos países, lo que se explica brevemente a continua-ción, siguiendo a Huneeus.

Las exportaciones de gas a Chile se apoyaban en el Acuerdo de Comple-mentación Económica Nº 16, fi rmado en 1991, cuyo Protocolo N° 2 defi nió las

28 Huneeus, Carlos, op. cit., p. 182.

29 Wikipedia, entrando a Google con “Confl icto entre Argentina y Uruguay”.

30 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, pp. 152, 153; más detalles en Ruz, María Inés, “La fuerza de paz Cruz del Sur: cooperación chileno-argentina”, en Instituto de Estudios Internacionales, Santiago (160), may.-ago. 2008.



bases para la interconexión gasífera entre ambos países, lo que permitió que Chile pudiera importar gas natural desde Argentina31. La unilateral suspensión del suministro de gas tuvo un fuerte impacto económico en Chile, porque obligó a las empresas generadoras a emplear petróleo, cuyo precio en el mercado internacio-nal había subido fuertemente. Además, acarreó enormes costos políticos porque puso en tela de juicio la viabilidad de la diversifi cación de la matriz energética impulsada por los gobiernos de la Concertación32. En concreto, Kirchner introdujo cambios en las reglas del juego establecidas en acuerdos internacionales suscri-tos por ambos países. Lo peor es que existe la percepción de que no habría sido necesario cortar el gas a Chile, si se hubieran hecho oportunas inversiones y no se hubiese subsidiado tan fuertemente el consumo interno. Claramente, Kirchner privilegió las necesidades económicas y políticas internas, asumiendo el costo de las repercusiones internacionales. En nuestro país “parlamentarios, dirigentes de los partidos de la oposición y expertos en temas de energía criticaron en duros tér-minos al gobierno trasandino por haber roto un compromiso establecido en un tra-tado internacional. Personalidades de la oposición califi caron de débil la reacción de las autoridades nacionales, lo cual habría favorecido la postura trasandina”33.

El resultado de este impasse fue que Chile se quedó sin gas y con un serio problema energético. Esta delicada situación fue parcialmente superada median-te el Proyecto GNL Quintero S.A., que implicó la construcción de un muelle con altos estándares, estanques de almacenamiento, un sistema de ductos y una planta regasifi cadora para recepcionar, procesar y almacenar gas natural licuado procedente del extranjero, para así poder abastecer a la zona central del país.

Mas no solo el gas ha representado un problema para nuestras relaciones con Argentina. Hay otros aspectos que si bien no tienen la misma relevancia, igualmente inciden en la falta de reciprocidad en el trato. Ejemplo de esto sería lo expresado por el entonces senador Fernando Cordero, en un seminario realizado en Buenos Aires, el 2004, para conmemorar los 30 años del Tratado de Paz y Amistad. Planteaba el senador las difi cultades que enfrentan los transportistas chilenos por los reiterados controles a que se ven sometidos por parte de poli-cías diferentes, e incluso, a veces, se ven impelidos a pagar para lograr el libre paso; además, por la inseguridad en las carreteras se ven obligados a contratar guardias civiles y a transitar en convoyes y, lo que es peor, cuando les roban el vehículo y la carga, son procesados por la Aduana argentina por sospecha de contrabando. Como si eso no bastara, los precios de la bencina que pagan los transportistas chilenos en territorio argentino son bastante más altos que los que pagan sus pares transandinos. La sumatoria de todo esto redunda en una

31 Huneeus, Carlos, p. 185.

32 Ibid., p. 184.

33 Ibid., p. 183.

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competencia desleal. Hasta aquí la intervención del senador chileno34. Si bien esta es una denuncia de hace casi una década, la situación no ha evolucionado mayormente.

IX. Gobierno de Cristina Fernández

A Néstor Kirchner le sucedió su esposa Cristina Fernández (2007-2011), con una cómoda mayoría popular; ambos son declarados peronistas y se encami-naban a establecer una especie de dinastía, proyecto que fue interrumpido por el inesperado fallecimiento de Kirchner el 26 de octubre de 2010; su muerte favore-ció la reelección de su esposa por un segundo período presidencial (2011-2015).

Sin duda que las relaciones con Chile fueron más fl uidas durante el gobierno de Michelle Bachelet, tal vez por una mayor afi nidad ideológica y de género. Precisa-mente, en esa época (octubre de 2009) se concretó una iniciativa de vasto alcance para la relación entre ambas naciones, cual es el “Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina”, que enriquece el Tratado de Paz de 1984, estableciendo diversos mecanismos institucionales para incrementar la relación entre ambos países, incluyendo la cooperación en el área de la Defensa35. La ceremonia con que se revivió el histórico “abrazo de Maipú” entre las presidentas Bachelet y Fernández, daba cuenta del buen momento que pasaban la relaciones entre ambas naciones, que habían dejado atrás el incómodo episodio del unilateral corte de gas del gobierno de Kirchner.

Lamentablemente, esta armonía se vio abruptamente empañada, casi un año después –con el presidente Piñera como mandatario chileno– por la negativa del gobierno trasandino de extraditar al líder del grupo terrorista FPMR Autóno-mo, Galvarino Apablaza, sindicado como uno de los responsables del secuestro y asesinato del senador chileno Jaime Guzmán, ocurrido en Santiago el 1 de abril de 1991. En efecto, a principios de octubre de 2010 un organismo político argenti-no, la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), obviando una decisión de la Corte Suprema argentina, optó por negar la extradición de Apablaza y favorecerlo con la calidad de refugiado político. Esta decisión causó profunda decepción y molestia en las esferas políticas y gubernamentales de Chile36.

Inexplicablemente, dos años más tarde, obviando toda reciprocidad, el go-bierno de Chile acogió la resolución de la Corte Suprema y, en agosto de 2013, concedió la extradición al juez argentino Otilio Romano, que se había refugiado en nuestro país tras haber sido citado a declarar por cargos de complicidad en

34 Seminario, Integración argentino-chilena, organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y el Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, diciembre de 2004.

35 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, pp. 144-147.

36 El Mercurio, 7 de septiembre de 2013, p. A.3; Diario electrónico Emol de 6 de octubre de 2010.



torturas y secuestros ocurridos durante el gobierno militar en Argentina. Romano pidió asilo en Chile, pero el gobierno rechazó esa petición y lo dejó con arraigo y arresto domiciliario nocturno, en Reñaca, Viña del Mar, donde fi jó su residencia, en espera de que la justicia resolviera su caso37. La extradición se materializó el 4 de septiembre de 2013, con el traslado del ex magistrado a la ciudad de Mendoza donde sería juzgado. Esta manifi esta asimetría en las decisiones de uno y otro gobierno generó profundas críticas por parte de la clase política chilena.

Quizás lo que mejor grafi ca el deterioro de nuestro nivel de relaciones es el “caso LAN”. Aquí, en una nueva demostración de que Argentina privilegia los asuntos internos, su gobierno, ignorando toda reciprocidad, dispuso terminar an-ticipadamente la concesión del hangar en Aeroparque, en Buenos Aires, que le permite a LAN la operación de sus vuelos internos. Al respecto, hay serios indi-cios de que la actividad aeroportuaria en Argentina estaría bajo el control de la agrupación ofi cialista “La Cámpora” que, según se explicó, es la expresión del kirchnerismo más puro. LAN representa una seria competencia para los vuelos internos de Aerolíneas Argentinas, que fue estatizada en 2008 y requiere fuertes subsidios para seguir operando. Por tal motivo, la empresa chilena venía siendo hostigada desde hace meses a través de diversas acciones. No obstante, la de-cisión de quitar el hangar que ocupa en Aeroparque, no ha sido sin costos para el gobierno trasandino, pues existe inquietud en los gremios aeronáuticos por las pérdidas de puestos de trabajo y, además, han protestado las ciudades que que-darían sin conexión aérea38. El recurso de amparo que presentó LAN fue acogido por la justicia argentina, pero el gobierno reaccionó impidiéndole el despacho desde el principal terminal de pasajeros de Aeroparque. En los próximos días la jueza resolverá sobre la legalidad de la medida decretada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), para determinar si revierte o no la medida del desalojo de LAN de Aeroparque. Si la resolución de la jueza es favorable a la compañía sería posible extender el uso del hangar hasta por 180 días. Terminado ese período de nuevo surgiría la incertidumbre sobre la renovación del plazo, si es que para entonces no ha habido una solución defi niti-va a este problema39, que tiene la potencialidad de entrabar nuestras relaciones.

El confl icto por LAN ha dejado de ser una cuestión empresarial y es ya una materia política que puede afectar la relación bilateral, más todavía cuando la pre-sidenta Fernández ha intervenido por Twitter, favoreciendo el término anticipado y unilateral de la concesión en Aeroparque. No solo eso, sino que descomedida y equivocadamente vinculó al presidente Piñera con la propiedad de LAN40, y se

37 Diario electrónico El Mostrador, 6 de septiembre de 2013.

38 Fraga, Rosendo, “LAN Argentina: confl icto político”, en La Tercera del 25 de agosto de 2013, p. 39.

39 El Mercurio, 30 de agosto, p. B-14.

40 El Mercurio, septiembre de 2013, p. A-3.

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permitió imprudentes comentarios sobre “la dictadura con ocasión de los 40 años del golpe de Pinochet”41. La inquietud que ronda es hasta dónde esta situación puede llegar a afectar las relaciones entre Chile y Argentina y si contagiará a otras empresas y capitales chilenos en ese país.

En defi nitiva, con Cristina Fernández nuestras relaciones se han compleji-zado. “En lo ideológico se registró una relativa coincidencia entre el kirchnerismo y los dos gobiernos socialistas (chilenos), pero en los últimos años se produjo la divergencia. Chile giró a la derecha con Piñera, y Argentina, en cambio, con Cristina sin Kirchner, fue en la dirección contraria. En este marco, las restriccio-nes al comercio impuestas por Argentina a países como Chile y Uruguay, que le compran más de lo que venden, agregó un factor de tensión”42. Como bien lo planteó Vargas Llosa, Argentina usualmente pone múltiples barreras al libre fl ujo de bienes, entre otras “el control de cambios, el control de precios, el subsidio, los aranceles y las barreras no arancelarias, incluida una laberíntica lista de licencias y permisos”43. Esto se traduce en que la balanza comercial es favorable a Argen-tina en más de US$ 4.000.000.000.

“Respecto de la política exterior, mientras Argentina se reafi rmó en un Mer-cosur –que en el ámbito sudamericano se fusionó con el Alba–, Chile avanzó en la conformación de la “Alianza del Pacífi co”44. El hecho de pertenecer a bloques ideológicos y comerciales diferentes no es menor en nuestras relaciones con Ar-gentina y no se divisan posibilidades de acercamiento en el mediano plazo.

En este contexto, no se auguran buenas relaciones mientras no se defi nan las elecciones a ambos lados de la frontera. En Argentina, para el kirchnerismo no fue favorable la votación en las recientes primarias legislativas del 11 de agosto, anticipatorias de lo que será la elección legislativa del 27 de octubre. Hasta enton-ces debemos esperar cualquier sorpresa de Cristina Fernández, siempre preocu-pada por aumentar su popularidad; lo que venga después estará sujeto a la mag-nitud de su eventual derrota en las legislativas. En este escenario, al menos para lo que queda del mandato del presidente Piñera, habrá que apretar los dientes.

X. Poniendo la otra mejilla

De acuerdo al esquema descrito, surge la pregunta respecto a cuál podría ser la actitud del Chile ante las veleidosas e inamistosas actitudes de sucesivos gobiernos argentinos. Muchos analistas estiman que hemos sido excesivamente

41 Vargas Llosa, Álvaro, “Relaciones Chile-Argentina: la otra mejilla”, La Tercera, Cuerpo de Reportajes, 7 de septiembre de 2013, p. 24.

42 Fraga, Rosendo, “LAN Argentina: confl icto político”, Columna opinión La Tercera, 25 de agosto de 2013, p. 39.

43 Vargas Llosa, Á. “Relaciones ...” Ibid.

44 Fraga, Rosendo “LAN ...” Ibid.



condescendientes, y parecieran estar en lo cierto. A continuación se exponen varios comentarios de prensa sobre esta situación.

El Mercurio editorializaba (27 de mayo de 2013): “Un testimonio de esta equivocada dicotomía es la inoportuna condecoración al canciller argentino, con la Orden al Mérito de Chile por el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, al día siguiente de que la Línea Aérea Nacional (LAN) suspendiera sus vuelos a Buenos Aires, bajo presiones ilegítimas, en desconocimiento de medi-das cautelares de la justicia, y fuera forzada a convenir gravosas condiciones impuestas por una empresa estatal argentina. No es un secreto que el asedio a LAN apunta a dejarla en situación desmedrada frente a la línea estatal argentina. Pese a los perjuicios causados a miles de pasajeros y a LAN, el comunicado de la visita del canciller argentino solo destaca el buen pie de los vínculos entre ambas naciones y no consigna este agraviante incidente”.

Martín Dinatale, en La Nación de Buenos Aires, bajo el título “¿Hasta dónde puede llegar el confl icto con Chile?”, en cuanto al caso LAN decía: “La intención de Chile es evitar que la sangre llegue al río o, eventualmente, impacte de lleno en las posibles inversiones en el área minera y de la obra pública”. Con esto último se refería a los trece proyectos binacionales relacionados con los pasos fronterizos, que requieren capitales y mano de obra45.

Brito, Juan Ignacio, en la página editorial (p. 43) de La Tercera (29 de agos-to de 2013), planteaba que: “Si toda relación se defi ne por la confi anza, el de Chile con Argentina es un vínculo imposible. La historia y la geografía nos unen; la actitud de sus gobernantes nos distancia. Es difícil sostener lazos serios con quien exhibe casi nula empatía y privilegia todo el tiempo sus intereses. Si esto fuera matrimonio, Chile sería el marido perpetuamente desilusionado”.

Álvaro Vargas Llosa en su artículo “Relaciones Chile-Argentina: la otra me-jilla”, manifestaba en La Tercera (7 de septiembre de 2013, p. 24): “Chile, a pesar de las trabas que continuamente afectaban sus exportaciones a Argentina, no obstaculizó las exportaciones argentinas a su territorio. Dicha política fue seguida por la Concertación y mantenida luego por Piñera”. Más adelante agrega: “San-tiago nunca retrucó a pesar de la lluvia de medidas que afectan a sus empresas en Argentina y a sus exportaciones hacia allá”. Finaliza su comentario expresan-do que: “El destino de Chile, en lo cercano, es seguir poniendo la otra mejilla. Sin que se note demasiado”.

El Mercurio, del 7 de septiembre, refi riéndose al caso LAN en su página editorial se refi ere “al ideologismo y el desprecio por los derechos y propiedades de los empresarios privados que caracterizan a la gobernante trasandina. Sería casi interminable un recuento de las medidas adoptadas contra intereses chile-nos por Cristina Fernández y su fallecido cónyuge y predecesor, baste recordar el

45 Artículo transcrito en “Economía y Negocios”, p.16, El Mercurio de Santiago, 29 de agosto de 2013.

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incumplimiento del tratado gasífero, que afectó a centenares de miles de hogares e industrias chilenos”. Después de recordar “la chocante extradición en estos días del ex juez Otilio Romano”, ignorando nuestro país la debida reciprocidad por parte de Argentina al haber negado la extradición del terrorista Galvarino Apablaza, El Mercurio apunta que: “… el gobierno debería replantear su metodo-logía de trato con el vecino país. No es razonable que las relaciones entre ambas naciones sigan siendo determinadas por una sola de las partes”.

Conclusiones

La idiosincrasia de los argentinos es bastante menos apegada a la legali-dad que la nuestra. Tienen una clara tendencia a privilegiar su política interna, por sobre los efectos que sus decisiones puedan tener en el ámbito internacional. No obstante, esto no necesariamente es una política en particular en contra de Chile, puesto que también se han visto afectados otros países.

La institucionalidad política de Argentina se presta para que el Presidente tome decisiones con gran independencia. Los contrapesos son débiles y relati-vamente manejables por el conductor político. Esto se ha exacerbado desde que el matrimonio Kirchner llegó al poder, pero sería un error pensar que la situación cambiaría drásticamente con otro tipo de gobierno.

Las negociaciones con nuestros vecinos serán siempre complejas y nunca se puede esperar plena certeza jurídica, pues tiene tendencia a la anarquía y al personalismo. Pero esto no debe signifi car pasividad ni resignación, sino que en cada oportunidad debemos hacer fuerza para que se reconozca lo pactado. Has-ta el momento nuestra política exterior ha sido demasiado condescendiente con los Kirchner. Es hora de actuar más fi rmemente.

Las relaciones más estables y fructíferas con Argentina han ocurrido en el ámbito de la Defensa, donde las Medidas de Confi anza Mutua se han traducido en avances concretos, siendo la más importante la creación de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur”. Tal vez esto obedece a una política del gobierno argentino, para mantener a sus FF. AA. con bajo presupuesto, sin que puedan argumentar alguna amenaza por parte de Chile.

La adhesión de Argentina al Mercosur y de Chile a la Alianza del Pacífi co, que son bloques diferentes no solo en la mirada económica sino también ideo-lógica, es un problema que de algún modo complejiza nuestras relaciones en el ámbito regional, no solo con Argentina, también con Brasil.

En el corto plazo no se visualizan posibilidades de un cambio substancial en nuestras relaciones con Argentina. Por el contrario, las próximas elecciones parlamentarias y sus resultados podrían generar nuevas sorpresas de parte de Cristina Fernández, siempre atenta a los efectos internos de sus decisiones. En



particular, se aprecia que no hay mayor interés en estrechar vínculos con el pre-sidente Piñera.

Pese a las difi cultades a que hemos apuntado, es esperanzador el hecho de haber sido capaces de solucionar prácticamente todos nuestros problemas limítrofes de manera pacífi ca. Sin embargo, no debemos olvidar que aún tenemos pendiente por resolver el tema de Campos de Hielo Sur, entre el monte Fitz-Roy y el cerro Daudet. Y más adelante, en algún momento, eventualmente deberíamos enfrentar la superposición de nuestros reclamos en el continente antártico.

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LA SITUACIÓN EN EL VRAEM: UN NUEVO PLAN PARA ANTIGUOS DESAFÍOS

Noviembre de 2013

JUAN FUENTES VERA

Investigador CEE-ANEPE.Doctor en Ciencia Política, Universidad de Salamanca, España.

I. Introducción

Sobre la base de un cultivo tradicional que se relaciona con ancestrales prácticas culturales, la coca, son varios los países latinoamericanos que deriva-ron a la producción de clorhidrato de cocaína. Entre ellos el Perú se ha convertido en uno de los principales productores tanto de la hoja de coca para abastecer los laboratorios clandestinos, como del clorhidrato mismo. A esto debe agregarse que después del éxito en derrotar al grupo subversivo Sendero Luminoso, rema-nentes de este grupo se refugiaron en la selva peruana y entraron en contacto con las mafi as productoras de droga, confi gurándose un fenómeno parecido al que, guardando las diferencias en magnitud, se ha dado en Colombia. Este grupo se asentó en la región del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido por sus siglas VRAEM, dándole al problema una gravedad superior que ha venido siendo enfrentado con altibajos por los sucesivos gobiernos desde la década de los años 80. En la actualidad, resulta interesante observar la evolución del tema durante el actual gobierno del presidente Ollanta Humala en base a la informa-ción entregada por fuentes abiertas.

II. Aspectos generales del contexto histórico y geográfi co del problema del VRAEM

En términos del contexto geográfi co en que se produce el problema señala-do, es conveniente recordar que la cuenca del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, consiste en un espacio territorial que comprende áreas de los departa-mentos de Ayacucho, Cusco y Junín. Los ríos Apurímac, Ene y Mantaro provienen de los deshielos de la cordillera de Chicla, de una altura cercana a los 6.000 m que forma parte de la Amazonia Sur del Perú. El clima es una variedad tropical propia de una zona de selva alta con un alto nivel de humedad y precipitaciones, lo que hace difícil el acceso y las comunicaciones. Desde un punto de vista histó-rico, ha sido lugar de asentamiento de antiguas etnias, destacando la ashaninca y luego de colonizadores provenientes de regiones aledañas. Como todo lugar

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de difícil geografía, la presencia del Estado ha sido tardía e incompleta, lo que favoreció la instalación del narcotráfi co, considerando la mayor rentabilidad del cultivo de coca gracias a la facilidad que posee su cultivo en una región cuya pro-ductividad es más alta que otras zonas del país. Esta fue la razón para que los principales carteles colombianos y mexicanos se instalaran en la zona adquirien-do un creciente poder, de manera que gracias a la falta de presencia del Estado se apropiaron de ella. A partir de 1980, remanentes de las fuerzas de Sendero Luminoso ingresaron al VRAEM y se convirtieron en el principal foco de atención por su impacto en la seguridad del país. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se encargó al Consejo de Descentralización Nacional (CDN) la elaboración de un plan de desarrollo para la población del VRAEM que no se llegó a implementar. También en 1995 comienza a operar el Programa de las Naciones Unidas con fondos del gobierno alemán y de otros gobiernos cooperantes para promover el desarrollo de cultivos alternativos en la zona. El año 2007, durante el gobierno de Alan García, se diseñó un plan denominado: “Una opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los ríos Apurímac y Ene”, conocido como “Plan VRAE”. El Plan VRAE fue concebido desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas conforme a la doctrina del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Con esta fi nalidad se plantearon dos componentes básicos de acción que siguen estando vigentes: la seguridad y el desarrollo, los que han inspirado los planes y medidas adoptadas por las sucesivas administraciones peruanas.

Mapa N° 1Ubicación del VRAEM

Fuente: Infografía del diario El comercio adaptación diario La Razón en: http://la-razon.com/mundo/Info-area-Vraem_LRZIMA20121016_0015_11.jpg



III. El nuevo Plan VRAEM para el período 2013-2016

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 074 del año 2012, se creó una “Comisión Multisectorial para la Pacifi cación y Desarrollo Económico Social en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro” cuyos objetivos fueron proponer planes y políticas de intervención en el área del mismo modo que realizar el seguimiento y la coordinación de las actividades allí realizadas por los distintos actores involucrados. Esta comisión realizó un amplio informe sobre la situación del VRAEM y propuso un conjunto de medidas que han dado origen al “Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno central en el VRAEM 2013-2016” que consiste en los siguientes cuatro puntos:

1. Lucha contra la pobreza.2. Lucha contra la desigualdad.3. Lucha contra el tráfi co ilícito de drogas y bandas criminales organizadas.4. Lucha contra el terrorismo.

Como puede observarse, se trata de los mismos dos aspectos originales del “Plan VRAE” de 2007 reformulados, pero con la diferencia de la experiencia adquirida en estos años y con el fi nanciamiento correspondiente desglosado a nivel nacional, regional y local, de manera que surge un conjunto de iniciativas de naturaleza diversa que han permitido estructurar el Plan como un modelo de gestión integrado que cubre el accionar de todos los sectores estatales y priva-dos involucrados. Como aspectos centrales o ejes a destacar en este modelo se pueden señalar el desarrollo productivo, los diversos aspectos de la lucha contra las drogas ilícitas y la infraestructura productiva. En base a estos ejes se conside-ra un conjunto de objetivos a lograr, señalando a las instancias públicas respon-sables, los correspondientes costos y los plazos para lograrlos. Así, los sectores públicos involucrados no se limitan a los ministerios de Defensa e Interior, sino que también se encuentran otros como Agricultura, Trabajo, Producción, Ambien-te, Inclusión Social, Vivienda, Transporte, Educación, y de la Mujer. Con todo, la magnitud del problema indica que se tratará de un esfuerzo de largo plazo por lo que el uso del modelo aplicado permitirá su evaluación permanente1.

IV. Los aspectos de seguridad en el VRAEM: éxitos y limitaciones del último año

A pesar de la reserva que suele existir sobre los gastos militares, de acuer-do con informaciones entregadas por el Ministerio de Defensa peruano, después

1 Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno central en el VRAEM 2013-2016.

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de haberse destinado US$118 millones el año 2012 en este ítem, se estimó una inversión de US$300 millones para el año 2013 con la fi nalidad de poner en mar-cha el plan del gobierno en el VRAEM en materia de lucha contra el narcotráfi -co. Dentro de este Plan se consideró la instalación de 10 puestos de vigilancia y 16 bases militares adicionales con tecnología de punta. El gobierno también se encuentra en proceso de adquisición de una fl ota nueva de helicópteros que se sumarán a las 14 aeronaves militares que operan activamente en esta zona. Además, cinco modernas unidades anfi bias Hovercraft reforzarán la capacidad operativa de la Marina en el VRAEM, que hasta ahora solo cuenta con dos de es-tos vehículos para patrullar los ríos de la zona. Estas unidades blindadas pueden transportar a 20 efectivos y signifi caron en su momento una inversión de US$12 millones. Por otra parte, 140 efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) de la Infantería de Marina se han preparado en la Base Naval de Iquitos para sumarse a los cerca de 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas que actual-mente se encuentran en el área y se agregarán 200 efectivos más2.

La magnitud de estas fuerzas contrasta con las de Sendero Luminoso, que según algunas informaciones es de aproximadamente 500 combatientes dividi-dos en un total de 10 columnas, pero que conocen a la perfección la geografía del VRAEM y especialmente la zona de Vizcatán de muy difícil acceso, donde suelen refugiarse. Actualmente, se encontrarían buscando en el Bajo Urubamba un lugar clave para asentarse, pues allí no hay presencia militar3.

Por su parte, las operaciones militares en la zona han tenido altibajos; el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, recientemente tuvo que disculparse ante la Comisión de Defensa del Congreso por el “lamentable y doloroso error” co-metido durante una operación ocurrida en Junín, donde falleció una persona y otras cuatro resultaron heridas, lo que le costó el cargo al jefe del Comando Especial VRAEM, general César Díaz, además de que el gobierno tendrá que pagar indemnizaciones. También el Ministro informó que existe la determinación de potenciar el VRAE mediante la adquisición de helicópteros, mejoramiento del trabajo de inteligencia y la compra de un satélite mediante el mecanismo de go-bierno a gobierno, lo cual implica un análisis económico fi nanciero, técnico y una opinión legal que aún está en proceso4.

El tema de las adquisiciones militares del Perú ha motivado bastante polé-mica en el último tiempo, porque se han mezclado las necesidades de renovación de material, especialmente para el VRAE, con la opinión de algunos sectores que estiman que la hegemonía bélica de Chile se ha vuelto más notoria que antes, mientras que los equipos que se estarían adquiriendo merecen dudas por tratar-

2 Infosurhoy.com, 25/01/2013.

3 Datos entregados por DIRCOTE.

4 RPP, 7/11/2013.



se de material inadecuado y obsoleto para las necesidades de la fuerza, además de mostrar atisbos de corrupción5.

En lo positivo, durante el mes de agosto de este año se logró un éxito de magnitud mediante la “Operación Camaleón” con el abatimiento de los cabecillas Martín Quispe Palomino, alias “Gabriel”, y Alejandro Borda Casafranca, alias “Ali-pio”, luego de la primera operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que puso de relieve la importancia del trabajo de inteligencia y la vigi-lancia electrónica, a diferencia de las operaciones anteriores como la “Operación Excelencia 777” que resultó en un fracaso debido a que se desplegaron amplias fuerzas militares en la agreste zona de Vizcatán, terminando sin mayores resulta-dos y con importantes bajas para las FF. AA. Sin embargo, la captura del principal cabecilla, Víctor Quispe Palomino, todavía está pendiente a causa de la tempo-rada de lluvias que hace imposible adentrarse en el terreno donde se refugia la banda, por lo que en este período del año las acciones deberán circunscribirse a la erradicación de cultivos antes que a la lucha antisubversiva, a pesar de que las Fuerzas Armadas se han planteado como su objetivo principal la destrucción de la cabeza del grupo6.

En este aspecto precisamente, el de la erradicación de cultivos de coca, la situación en el VRAEM no ha variado sustancialmente a pesar de que en otras regiones del Perú se observan mejoras. Al 31 de diciembre de 2012, el área neta ocupada por los cultivos de coca en el Perú fue de 60.400 ha, inferior en 3,4% al registrado en el 2011 (62.500 ha). Esta cifra refl eja una leve reducción del área de producción, la cual ocurre después de siete años de crecimiento continuo (2005-2012)7.

A pesar de esto, en el VRAEM la existencia de Sendero Luminoso junto al menor valor de la hoja de coca debido a las mejores condiciones de producción, hacen que el problema se mantenga, por lo que la implementación de una estra-tegia de conjunto que integre los distintos aspectos del problema resulta funda-mental y de allí la importancia del nuevo Plan VRAEM.

V. Las críticas

Una crítica permanente al accionar de los gobiernos ha sido la falta de presencia del Estado en todas sus dimensiones, lo que es aprovechado por los narcotrafi cantes para establecer relaciones con la población que hacen más di-fícil derrotarlos. Esta crítica ha sido recibida por las autoridades que han ido aumentando el trabajo en terreno y mejorando su presencia al igual que desti-

5 Ejercitomilperu.blogspot.com

6 Infoandina, 1/11/2013.

7 UNODOC.

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nando mayores recursos, pero el problema del VRAEM es difícil de resolver a corto plazo porque no se trata exclusivamente de un problema de seguridad que se pueda solucionar con una mayor presencia militar o policial como ha ocurrido tradicionalmente, pues existen múltiples factores que potencian la existencia del narcotráfi co y el grupo subversivo asociado. La pobreza, las limitaciones en la representación política y la poca accesibilidad e infraestructura para el desarrollo económico-productivo son los elementos que superan las simples amenazas a la seguridad en esta zona. En este sentido, es necesario esperar a ver los resulta-dos del nuevo Plan. Por ahora, la inclusión del valle del Mantaro da la impresión de que se quiere reforzar el aspecto de la seguridad. Hay que tomar en cuenta que ya en la formulación del Plan VRAE se incluyó la zona de Tayacaja que geo-gráfi camente no forma parte del VRAE pero sí cumplía un importante papel en el tránsito de insumos químicos y de derivados de la cocaína. Ahora, parece que se está haciendo algo semejante pues las zonas del Mantaro integradas son tam-bién lugares de tránsito y, en consecuencia, de accionar criminal y subversivo. Queda entonces pendiente el tema del desarrollo y la relación de la población del VRAEM con el Estado, donde un aspecto muy importante como se ha dicho son los recursos invertidos. Así, el presupuesto del antiguo Plan VRAE resultaba de la suma de lo que tenía cada sector y de lo que tenían los gobiernos regionales y locales para invertir en la zona, resultando entonces que el principal error era contener el problema a un espacio territorial, cuando se trata de integrar esta zona al territorio nacional, de manera que esta concepción del Plan reforzaba una identidad estigmatizada por asociación a la criminalidad y violencia, generando rechazo en los habitantes y destinaba además recursos insufi cientes. Otro aspec-to muy importante tiene que ver con el constante uso del término “narcoterrorista” para los miembros de Sendero Luminoso, en consecuencia que el manejo de los recursos de la droga le permite a la banda legitimarse ante la población como dinamizadores y reguladores de la economía local. El “Militarizado Partido Comu-nista del Pueblo”, como se autodenomina hoy Sendero Luminoso, no solo recibe dinero, sino que actúa como intermediario comercial al regular los precios que se pagan por la hoja de coca a los agricultores. Además, la banda no solamente se vincula al narcotráfi co sino que también al contrabando, a la explotación ilegal de maderas tropicales y a otras actividades delictivas, de forma que se ha insertado en la economía local de manera tal que el concepto de narcoterrorismo resulta desbordado por la realidad y entrega una imagen distorsionada, reduciendo todo a un problema de seguridad8.

En este sentido, hay sectores de la opinión pública peruana que estiman que la reciente designación de César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros (Primer Ministro) ayudará a reforzar la lucha contra el narcotráfi co,

8 CISEPA-PUCP.



especialmente en la zona del VRAEM, porque tiene gran experiencia en lo que signifi ca el desarrollo de cultivos alternativos que han dado buenos resultados en otros lugares del Perú como la región de San Martín. En este aspecto también destaca la visión del presidente Humala en orden a respaldar políticas de desa-rrollo e inclusión económico-social y territorial9.

VI. Conclusiones

A pesar de los avances logrados, como el abatimiento de los líderes “Ga-briel” y “Alipio”, hay algunas opiniones críticas en el Perú que se fundamentan en el reduccionismo aplicado al problema y la persistente debilidad de la presencia del Estado. Con todo, es necesario considerar que existe una experiencia acumu-lada y que los buenos niveles de crecimiento económico del Perú en los últimos años permitirían contar con los recursos necesarios para abordar un plan integral de la magnitud del problema planteado. También la experiencia de operaciones militares frustradas resulta importante y especialmente la tentación de ver solo los aspectos de seguridad del tema en circunstancias que existen otros de índole relacionados netamente con la dinámica económica y cultural local sin mencionar a la difi cil geografía que juega también un papel central. Marginalmente pueden aparecer además otros temas relativos a la corrupción a distintos niveles. Sin embargo, es claro que problemas de esta naturaleza tienen una evolución en el tiempo, y de todas maneras son de resolución en el largo plazo.

VII. Fuentes de información

Agencia TELAM

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CISEPA-PUCP

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ALGUNAS PREOCUPACIONES DE

SEGURIDAD Y DEFENSA


FUERZAS ARMADAS: ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

Abril de 2013

CARLOS MOLINA JOHNSON

Investigador asociado del CEE.General de División,

Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile.Doctor (C) en Filosofía, Universidad Pontifi cia de Salamanca, España.

En una publicación anterior, señalábamos que la Constitución francesa de 1791 estableció que “la fuerza pública se instituye para defender al Estado fren-te a los enemigos exteriores, y para asegurar el mantenimiento del orden y la ejecución de las leyes en el interior” (Título IV, De la fuerza pública, artículo 1º). Asimismo, indicábamos que la Constitución Política de Cádiz de 1812 instauró la existencia de una fuerza militar nacional permanente de tierra y de mar para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior. En nuestro país, ambas concepciones fueron recogidas en el artículo 225 de la Constitución Polí-tica de 1823, estableciéndose que “la fuerza del Estado se compone de todos los chilenos capaces de tomar las armas: mantiene la seguridad interior y la defen-sa exterior”. Sin embargo, en las posteriores cartas fundamentales (1828, 1833, 1925) no hubo mención expresa de la conformación de la fuerza pública hasta que se reformó el artículo 22 de la Constitución Política de 1925.

En ese último contexto, recordemos que en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970 ningún candidato obtuvo la mayoría necesaria para ser considerado Presidente electo1, debiendo el Congreso Nacional elegir al Pre-sidente de la República de entre las dos primeras mayorías relativas. Dada esta circunstancia, el Partido Demócrata Cristiano, como requisito previo para apoyar al candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, pactó una serie de garan-tías constitucionales con esta última coalición. Ello se plasmó en un proyecto de reforma a fi n de modifi car una serie de normas de la Carta Fundamental2, con la intención de “desarrollar, precisar y hacer más efectivas las garantías constitu-cionales de los derechos individuales y sociales (…) y un profundo proceso de

1 Salvador Allende obtuvo un 36,3% de los votos, Jorge Alessandri el 34,9% y Radomiro Tomic el 27,8%.

2 Fue presentado por los diputados Bernardo Leighton, Luis Pareto, Osvaldo Gianinni, Mariano Ruiz-Esquide, Luis Maira, Orlando Millas, Carlos Morales, Julio Silva, Mario Palestro y Juan Acevedo.

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cambios en las estructuras económicas y sociales del país, en el cual intervengan democráticamente los diversos sectores populares”3.

Ese proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 8 de octubre. Durante su tramitación, el 24 de octubre, Salvador Allende fue elegido Presidente de la Repú-blica por el Congreso Nacional. Posteriormente, la reforma constitucional fue apro-bada y la ley Nº 17.398 que modifi có la Constitución Política de 1925 fue publicada en el Diario Ofi cial Nº 27.842 del 9 de enero de 1971, sustituyéndose el artículo 22 de esa Carta Fundamental, que se limitaba a establecer que “la fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”, por el siguiente:

“La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesio-nales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Solo en virtud de una ley podrá fi jarse la dotación de estas instituciones.

La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializa-das, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles”.

Se institucionalizó así, sobre la base de una práctica manifestada en la mayor parte de nuestra historia, la conformación de la fuerza pública sin hacer distinción sobre el empleo de los cuerpos armados que la componían para garantizar la se-guridad del país. Esa distinción solo se consiguió al promulgarse la Constitución Política de 1980, como consecuencia de que la Comisión Constituyente4 que ela-boró el proyecto respectivo asumió que las funciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros “con relación a la misión de velar por la seguridad interna y externa y su más amplia participación en el quehacer nacional, deberán ser objeto de normas expresas, de acuerdo con la experiencia que el país ha tenido”, funciones que que-daron establecidas en el artículo 90 de esa Carta Fundamental como sigue:

“Las Fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las Fuerzas Armadas están integradas solo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República.

3 Proyecto de reforma constitucional del 8 de octubre de 1970.

4 Fue establecida por decreto supremo del 25 de octubre de 1973. La integraron Sergio Diez Urzúa, Enrique Evans de la Cuadra, Jaime Guzmán Errázuriz, Gustavo Lorca Rojas, Enrique Ortúzar Escobar (Presidente), Jorge Ovalle Quiroz y Alejandro Silva Bascuñán. Se desempeñó como Secretario Rafael Eyzaguirre Echeverría.



Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Cara-bineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar efi cacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Carabineros se integrará, además, con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden institucional de la República.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencial-mente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

Con posterioridad, la reforma constitucional de 2005 eliminó para las Fuer-zas Armadas y Carabineros la función de garantizar el orden institucional de la República, estableciéndose en el caso de las primeras instituciones que “las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad na-cional” (Art. 101). Sobre esta última función, es interesante destacar que el 12 de noviembre de 1973, durante las primeras sesiones de la Comisión Constituyente previamente mencionada, Enrique Evans de la Cuadra propuso “consagrar la idea de que las Fuerzas Armadas velarán por la seguridad nacional y participarán en el desarrollo social y económico del país”.

Más adelante, en la sesión Nº 379 de ese organismo, esta materia fue pre-cisada por su presidente, Enrique Ortúzar Escobar, quien señaló que “hay aspec-tos de la seguridad nacional, como los relativos al desarrollo, el aspecto interna-cional, a la salud de la población, etc., que también deben ser considerados”. En análogo sentido, el comisionado Jaime Guzmán Errázuriz opinó que “las FF. AA.dejarán de ser entidades circunscritas al mero campo de la defensa nacional y que como factores esenciales para la seguridad nacional, han de preocuparse de todo lo que dice relación al desarrollo nacional en su sentido más amplio”.

Como ya lo precisáramos precedentemente, las normas constitucionales vi-gentes establecen la función esencial de las Fuerzas Armadas. Relacionada direc-tamente con esa función, consideran, además, la atribución especial del Presidente de la República en cuanto “disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo a las necesidades de la seguridad nacional” (Art. 32, Nº 17 de la Constitución Política de la República). Por consiguiente, aun cuando la Carta Fundamental no enumera las funciones y atribuciones en detalle que corresponden a esas instituciones, el Presidente de la República, en su calidad de autoridad polí-tica superior, puede determinar sus acciones concretas dentro de la potestad esta-blecida en el ordenamiento jurídico, siéndoles plenamente aplicables, entre otros, los principios y reglas contenidos en las bases de la institucionalidad.

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Efectivamente, en conformidad al artículo 1º de la ley Nº 18.575, las Fuerzas Armadas forman parte de la Administración del Estado. Luego, tal como se estable-ce en el artículo 3º de la misma ley, deben estar al servicio de la persona humana, contribuir a promover el bien común, atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, y fomentar el desarrollo del país, dentro de su condición de instituciones obedientes y no deliberantes. De allí que, a través de normas legales específi cas, se les han entregado una serie de misiones. Por ejemplo, en la ley Nº 16.282 se les encargan tareas de distinta índole para enfrentar situaciones de catás-trofe; en la ley Nº 18.415 se les entregan responsabilidades durante los estados de excepción; en la ley Nº 18.700 se les encomienda el control de los actos electorales; y en la ley Nº 19.067 se fi jan los requisitos para su participación en operaciones de paz, destacando esta última tarea por corresponder al aporte militar al compromiso de nuestra política exterior en relación con la paz y estabilidad mundiales.

Lo anterior se encuentra plenamente ratifi cado por el dictamen N° 42.822 de 2008 de la Contraloría General de la República con relación a la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de sismos o de catástrofes. En efecto, el refe-rido precedente administrativo señala que “dicho precepto, conforme a sus propios términos, se limita a señalar los organismos que constituyen las Fuerzas Armadas, agregando el fi n de su existencia y su carácter de esenciales para la seguridad na-cional, sin que de ello se deduzca intención alguna del constituyente en el sentido de agotar las funciones que puedan asumir los institutos armados (…) la participación de los cuerpos armados en las situaciones de sismos o catástrofes, se condice con la circunstancia de que acorde con el artículo 1o de la ley 18.575, Orgánica Consti-tucional de Bases Generales de la Administración del Estado (…) las instituciones castrenses forman parte integrante de la Administración del Estado, debiendo, por ende, cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción con los demás organismos que pertenecen a ella, de acuerdo a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 5o de la mencionada ley orgánica constitucional”.

Por lo tanto, sobre la base de que la seguridad de la nación es “producto del conjunto de actividades que el Estado realiza para avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses nacionales en relación con riesgos, ame-nazas e interferencias importantes (…) consiste en una condición que se desea establecer para que se realicen los fi nes del Estado y de la nación, particularmen-te los de desarrollo social y económico”5, nuestra Constitución Política determina que las funciones de las Fuerzas Armadas se extienden más allá de la defensa de la patria –única función con las que se les relaciona comúnmente–, ampliándose a todas aquellas misiones que, dentro de sus atribuciones y en función a las ca-pacidades militares, el Presidente de la República considere necesario disponer para garantizar la seguridad integral del país, especialmente para proteger los intereses nacionales y asegurar el desarrollo.

5 Ministerio de Defensa Nacional, Libro de la Defensa Nacional de Chile, Santiago, 2010, pág. 128.


OCÉANO PACÍFICO: EL DESPERTAR DE LAS POTENCIAS

Los mares y océanos han sido para la mayoría de los grupos sociales un medio permanente de subsistencia, una vía para extender las fronteras físicas de sus Estados y, en defi nitiva, un medio de acrecentar su poder.

Mayo de 2013

CARLOS OJEDA BENNETT

Investigador CEE, ANEPE.Coronel,

Doctor en Ciencia Política, Centre d’Études.Diplomatiques et Stratégiques de París, Francia.

A fi n de dar consistencia al título del presente artículo y demostrar que la visión sobre el protagonismo que algún día tendría el océano Pacífi co no es nue-va, citaremos a Karl Marx: “El Pacífi co jugará el rol jugado en la actualidad por el océano Atlántico y durante el medioevo por el Mediterráneo: El rol de la gran ruta marítima del tráfi co mundial” 1.

Desde un tiempo a la fecha la prensa mundial nos ha dado cuenta de los im-portantes cambios que caracterizan las relaciones entre los Estados en la Cuen-ca del Pacífi co, focalizados de modo importante en el redireccionamiento de los intereses estratégicos de las grandes potencias –EE. UU., China y Rusia– hacia esta zona y en el recrudecimiento de antiguas disputas territoriales en la región occidental. A lo anterior se agregan los intereses de Francia en sus territorios extracontinentales, donde también enfrenta una compleja situación que ha conci-tado la atención de sus autoridades.

En tal sentido, en este artículo trataremos de llamar la atención hacia el Pa-cífi co, entendido como el escenario en donde se enfrentarán las ambiciones de las grandes potencias mundiales, centrándonos en el despertar obligado de uno de ellos, el más alejado, Francia.

La interesante situación descrita tiene sus fundamentos –desde una pers-pectiva realista– en la tendencia de los individuos, grupos sociales, reinos, Es-tados y coaliciones a confrontarse en torno a ideas, territorios y acceso a los mercados, reconociendo a estos como elementos basales del confl icto. De ahí su interés por dominar o ejercer infl uencia en aquellas áreas donde se encuentran los recursos que les han sido necesarios para su supervivencia y desarrollo.

1 Marx Karl, Nueu Rheinishche Zeitug, febrero 1858.

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Por su parte, la historia nos provee de innumerables ejemplos –más allá del paradigma social imperante– que dan cuenta de las acciones emprendidas por las grandes potencias para ampliar sus espacios de libertad de acción y su acce-so a recursos de toda índole y las reacciones que han generado. Tal vez uno de los mayores ejemplos a nivel global sea la intervención occidental en África, que incluso motivó una audiencia especial en el Congreso de EE. UU. durante 2001, en la cual se señalara: “En el corazón del sufrimiento de África está Occidente y particularmente, el deseo de EEUU de tener acceso a los diamantes, petró-leo, gas natural y otros valiosos recursos africanos. Occidente y particularmente EEUU de N.A., han puesto en marcha una política de opresión, desestabilización y templanza, no por principios morales, sino por un deseo desatado de enrique-cerse a costa de las fabulosas riquezas de África”2.

En estos ejemplos encontramos una serie de patrones que se han venido repitiendo en el tiempo, tanto en las intervenciones militares romanas como en las conquistas de América y de Asia, en la primera guerra sino-japonesa, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la de Kuwait, Irak y tantas otras confrontaciones. Pero donde se expresan con mayor nitidez es en aquellos confl ictos que, por estar ale-jados de los principales centros de poder, pasan desapercibidos o simplemente no logran concitar la atención de los medios de comunicación, como son aquellos que se desarrollan en los Grandes Lagos y África Central, así como en el Cáucaso.

Como se observa, las zonas geográfi cas han ido variando, de acuerdo al surgimiento de nuevos centros de poder y la necesidad de estos de expandir sus zonas de infl uencia, marcar presencia y ejercer su infl uencia donde se encuen-tren sus respectivos intereses.

En este sentido, queda clara la migración desde los confl ictos centrados en Europa y en torno al Mediterráneo –que durante siglos fue la zona geográfi ca en donde las potencias de la época buscaron satisfacer sus demandas para su de-sarrollo– hacia otros espacios de interés, como es el caso del Pacífi co, que desde los inicios del siglo XX ha venido adquiriendo notoriedad y concentrando parte importante de la confl ictividad mundial. Ejemplos de ello son la guerra ruso-ja-ponesa (1904-1905) y las operaciones en el Pacífi co durante la Segunda Guerra Mundial –en una mirada amplia iniciadas con la segunda guerra sino– japonesa y fi nalizada con la rendición incondicional de Japón (1937-1945)–.

Previo al tratamiento de los temas que nos han llamado la atención, se estima pertinente una somera descripción de lo que el océano Pacífi co representa, mirán-dolo desde dos perspectivas. La primera, desde los países, territorios y poblaciones que se encuentran relacionados, tanto por su condición de ribereños –los cuales presentan claras diferencias– como por ser parte de las más de 25.000 islas que dan forma a una serie de archipiélagos que caracterizan la región; por su parte, la segun-da está relacionada con los recursos que están contenidos en esta inmensa zona.

2 McKinney Cynthia, en Perkins John, The Secret History of the American Empire. Penguin Group: New York, 2007: págs. 257-258.



El océano Pacífi co cubre una superfi cie de 165.700.000 km2 y también un no despreciable volumen de 714.839.310 km3 de agua, espacio en el cual confl uyen 53 países y territorios nacionales que reúnen al 60% de la población mundial, con la presencia de países con un promisorio crecimiento económico, tales como China, Singapur e Indonesia. Sus Estados ribereños representan, aproximadamente, un ter-cio del PIB mundial y el traslado del 60% del comercio global. Ahora, tan importante como aquello es que –desde la perspectiva de la seguridad y de la lucha de poderes internacional– coexisten cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Otro aspecto de interés es que, en este vasto espacio, las naciones y te-rritorios nacionales reconocidos por la convención del mar tienen derecho sobre la denominada Zona Económica Exclusiva, aspecto que, como se refl eja más adelante, conlleva un verdadero enjambre de posesiones.

Siguiendo la idea anterior, desde el punto de vista de los recursos haliéu-ticos3 y sin que haya un consenso al respecto, se tiene conciencia que los lla-mados grandes peces marinos han disminuido entre un 80 y 90%. Al analizar la siguiente infografía, nuevamente queda de manifi esto que esto se debe a la yux-taposición de las zonas económicas exclusivas, especialmente en el Pacífi co Sur Occidental, en donde la explotación de estos recursos no respeta las migraciones de las especies marinas y su delimitación es fuente de permanentes controver-sias internacionales.

Zonas económicas exclusivas en el Pacífi co Sur Occidental4

3 Ver www.nationalgeographic.es/el-oceano/mundial-de-pescado-a-la-crisis-el-artículo

4 Mapa base 189ª sesión IHEDN. Las áreas achuradas muestran las porciones de plataformas continentales objeto de reivindicaciones ante la Comisión de límites de la plataforma continental de las Naciones Unidas. De la misma forma, mediante las fl echas, se refl ejan los países que presentaron dichas reivindicaciones.

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A lo anterior hay que agregar que dicha zona no está libre de otras contro-versias, tales como las existentes en la península coreana y en los territorios de Takeshima5, Senkaku6, Kuriles y el conocido archipiélago de las Spratlys, entre otros, en donde confl uyen los intereses de un número importante de países, entre los que destacan Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Filipinas y Malasia.

Zonas en confl icto7

En este contexto, las potencias presentes se ven enfrentadas a difíciles es-cenarios, entre los cuales destaca el despertar del poderío naval chino, el dominio

5 El Mercurio, “Tokio llevaría a Seúl a la Corte Internacional”, pág. A9, 12 agosto de 2012.

6 The Guardian, “Senkaku islands dispute escalates as China sends out patrol ships”, 11 septiembre 2012.

7 Adaptado de El Mercurio, “Asia Pacífi co se vuelve zona de alta tensión”, pág. A 8, 24 de marzo de 2013.



inestable de Francia sobre sus territorios y, fi nalmente, la evidente preocupación de Estados Unidos por mejorar su presencia en el área, la que queda de manifi esto cuando el secretario de Defensa, Leon Panetta, señala que para el 2020 desplazará el 60% de la fl ota al Pacífi co, rompiendo así el viejo 50/50, reconociendo también que por sí solos no pueden cumplir con su propósito de salvaguardar el orden en el mar y proteger el comercio en un tablero de estas dimensiones8.

Presencia militar estadounidense en la zona9

8 El Mercurio, “Estados Unidos mueve sus fi chas hacia el océano Pacífi co, el nuevo tablero mundial”, Pág. A9, 29 julio de 2012.

9 http://blog.thomsonreuters.com/index.php/us-military-in-the-west-pacifi c-graphic-of-the-day/ vista el 20 abril de 2013.

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A lo anterior hay que sumar las acciones que Rusia ha emprendido y que concretará –sea en el futuro inmediato o en el largo plazo– en función de su par-ticular entendimiento del cambio de gravedad político y económico hacia el Asia y el Pacífi co y su observación de un orden mundial policéntrico, que los ha llevado a establecer a dichas áreas como las principales prioridades de su política exterior.

Para lo señalado, Rusia ha defi nido a China, India y Vietnam como sus so-cios prioritarios en diversas ramas y, sobre una base mutuamente ventajosa, de-sarrolla relaciones con Japón y Corea del Sur. Por otra parte, ha comenzado la formación de “alianzas modernizadas”, a base de la innovación en sectores con alto valor agregado con Japón, Singapur y Australia. En este contexto, también cobran gran importancia las amplias relaciones que ha cimentado con Indonesia10.

En tanto, respecto de Francia resulta interesante analizar el reporte de in-formación Nº 293 originado por el Senado de dicho país con fecha 25 de enero de 2013, posterior al encuentro «La France dans le Pacifi que: quelle vision pour le 21e siècle?11», en el cual se refl eja la preocupación por la situación derivada de su presencia física, militar y económica en el área, entre otros aspectos.

En particular, han puesto el foco de su atención en los territorios de Nueva Caledonia, la Polinesia francesa y Wallis y Futuna, que en conjunto representan una preocupación especial por concentrar la mayor cantidad de población, así como por constituir las dos terceras partes de su ZEE y por las relaciones comerciales y diplo-máticas que sostiene con Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón. Con estos últimos el tema se concentra en las exportaciones de níquel y recursos haliéuticos.

Territorios franceses extracontinentales12

10 Lavrov, Serguey, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, “Política de Rusia en la región de Asia y el Pacífi co: a la paz, seguridad y desarrollo estable”, publicado en Strategic Review, octubre 2011.

11 Francia en el Pacífi co: ¿que visión para el siglo XXI?

12 http://www.skyscraperlife.com/vista el 22 abril 2013.



El citado informe contiene una serie de problemas a enfrentar, como centro de la preocupación y compromiso de solución, entre los cuales se destacan los siguientes13:

— En primer término, los alcances del Acuerdo de Matignon y Numea (26 de junio de 1988 y 5 de mayo de 1998, respectivamente), en función del cual se determinó la realización de un referéndum local a favor de la indepen-dencia en Nueva Caledonia, cuya concreción está prevista en el período 2014-2018.

— Al respecto, cabe destacar que, más allá de las consecuencias geopo-líticas que traerá para Francia y para la zona la posible independencia de este territorio, allí se concentra el 25% de las reservas mundiales de níquel, lo que ubica a esta isla de aproximadamente 250.000 habitantes como el tercer productor a nivel mundial.

— El segundo problema guarda relación con la inestabilidad regional, fun-dada sobre la fragilidad de algunos de los países insulares, los que cada vez más se ven sometidos a la presencia y consecuencias del tráfi co de armas, de drogas y seres humanos, por no nombrar las secuelas de las devastaciones generadas por causas antrópicas y del cambio climático.

— Finalmente, y como tercer problema a enfrentar, está el acceso a los recur-sos existentes en la zona, sean de carácter renovable o no, los que están haciendo resurgir el interés por la región, a partir de las necesidades ener-géticas y alimenticias de los mayores centros poblacionales del mundo, lo que necesariamente debe ser unido a los intereses de las potencias ya citadas.

Al respecto, y a fi n de hacer frente a estos desafíos, el gobierno francés ha desarrollado una política en favor de las organizaciones regionales, permitiendo la generación de relaciones intergubernamentales desde sus territorios con otros Estados. Del mismo modo, ha asumido un compromiso fi nanciero importante con dichas organizaciones y con sus propios territorios extracontinentales.

Además, y desde la perspectiva de la seguridad y defensa, ha puesto un gran esfuerzo en generar relaciones complementarias con Nueva Zelanda y Aus-tralia, así como acciones coordinadas entre los tres países, que sin duda contri-buyen a la mantención de su infl uencia en la región.

13 Lurin Élisabeth, Directora de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

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Francia en el Pacífi co14

Sin perjuicio de este despertar, considerado algo tardío, Francia afronta las consecuencias de su propio adormilamiento, refl ejado en la notable pérdida de presencia militar en la zona, la posible independencia de Nueva Caledonia, el avance de EE. UU., Rusia –especialmente con la ASEAN– y fi nalmente China a través del mejoramiento de sus relaciones con el resto de los Estados de la Cuenca15.

Como ha quedado demostrado, las potencias mundiales están jugando un rol relevante en el área, del cual aún no es posible inferir los objetivos que se han trazado. Francia, China, Rusia y Estados Unidos avanzan a pasos desiguales, y en el caso del primero, incluso en un sentido contrario, pese las alertas que se han encendido.

14 Adaptación de «La France dans le Pacifi que: quelle vision pour le 21e siècle?» Reporte de información del Senado de Francia Nº 293. Grupo de coordinación QUAD se refi ere a «Grupo de coordinación cuadrilateral de defensa”.

15 A modo de ejemplo: “agreement between the government of Australia and the government of the People’s Republic of China for cooperation in the peaceful uses of nuclear energy”, de abril de 2006.



No cabe duda que el costo que deberá asumir Francia para reposicionarse en la zona será alto, toda vez que deberá hacer grandes esfuerzos por reconstruir las fortalezas que alguna vez tuvo.

Las relaciones regionales, además de su complejidad, se encuentran en un cambio permanente. La cooperación intrarregional ha sido, por necesidad de los gobiernos y territorios, el mecanismo por el cual han buscado mejorar su situación interior y la de las comunidades de naciones a las cuales pertenecen. Este es uno de los fundamentos claves para sostener que el Foro de las Islas del Pacífi co se ha convertido en el objetivo por lograr, especialmente desde una perspectiva de seguridad.

Este panorama –que a priori pareciera lejano– no debería escapar a la vi-sión que Chile tiene sobre la Cuenca del Pacífi co, ya que a pesar de la actual cri-sis económica que afecta a Europa, Francia seguirá jugando un papel importante en los acontecimientos que se generarán en nuestra zona de proyección Oeste, lo que debería llevarnos a buscar mayores puntos de encuentro, coordinación y complementariedad con dicho país, al cual ya nos unen una serie de intereses en común.

Finalmente, no es posible dejar de señalar que los intereses de las nacio-nes sobre el área se refl ejan en su actuar, sea individual o cooperativo, en donde Chile ha sabido tomar una posición expectante gracias a una visión geopolítica de futuro, claro que sin llegar a contrapesar la posición de las grandes potencias. Muestra de ello son los Tratados de Libre Comercio ya fi rmados con países de la ribera Este16 y, al mismo tiempo, la insistencia en ampliar algunos ya existen-tes con potencias del Oeste17, considerando que para Chile el Pacífi co Sur es la puerta de salida de sus exportaciones y de conexión con el Asia-Pacífi co. En esta misma línea se concibe la adhesión a la Alianza del Pacífi co, propuesta peruana que en abril pasado acaba de cumplir dos años de vigencia.

16 Alianza del Pacífi co de 28 de Abril de 2011.

17 El Mercurio, “La maratónica gira del Canciller Moreno en busca de más comercio e inversión en Asia”, pág. A10, 11 agosto de 2012.


¿POR QUÉ UN CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO? UNA MIRADA DESDE EL PERSONALISMO Y LA NECESIDAD DE

COOPERACIÓN

Julio de 2013

JAIME ABEDRAPO ROJAS

Subdirector de la ANEPEDoctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales,

Instituto Universitario Ortega y Gasset, España.

Introducción

Primeramente parece necesario fundamentar el porqué de la integración en una perspectiva antropocentrista, es decir, refl exionando acerca de cuál es la mejor manera de cautelar los derechos de la persona en vista a observar el sustento cultural en el cual pretenden establecer las normas de Derecho al Desa-rrollo que debieran acompañar todo esfuerzo integrador. Esto se enmarca en la problematización de este estudio, ya que lo medular de un proceso de integración o cooperación regional está íntimamente vinculado a la legitimidad que aspira la gobernanza regional, y desde ahí analizar la funcionalidad y consecuencia del proyecto. Un análisis de la UNASUR (CDS) desde esta mirada da sentido y orientación a la integración, y nos escapamos de las frases comunes o de otros propósitos anexos a estos procesos más decodifi cables desde la ideología o pro-yecto societario.

El ethos cultural, según Juan Carlos Velásquez y Efrén Gustavo Márquez, nos presenta lo sustancial del orden político, que a su vez legitima la norma y la viabilidad de su aplicación, o, en su defecto, puede explicar por qué representa un obstáculo en la implementación de las mismas normas1. Estamos, entonces, buscando las causas que justifi can que las políticas sociales, comerciales y fi nan-cieras, además de la Seguridad y Defensa sean consecuentes con el respeto a la persona, desde una protección a sus derechos y una exigencia a sus responsa-bilidades que faciliten la comprensión de un proceso de cooperación interestatal. En este sentido, la discusión paradigmática de las Relaciones Internacionales queda superada por una mirada ontológica a veces tan lejana a las propuestas de integración regional. A su vez esta mirada al Consejo de Defensa Surame-ricano (CDS), en el contexto de Unión Suramericana de Naciones (UNASUR),

1 Velázquez Elizarrarás, J.C. “El Derecho Internacional Público en la Agenda Política de Las Relaciones Internacionales”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VII, 2007. Págs. 227-248.

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busca comprender por qué el órgano más dinámico y referencial de la UNASUR sea el de Defensa y no órganos de regulación de controversias (sea en materia medioambientales, comerciales o fi nancieras).

En un intento por buscar respuestas más allá de las coyunturales, nos su-mergirnos algo en la modernidad que nos explica la actual conformación del sis-tema internacional, y desde allí valorar la UNASUR/CDS.

En ese sentido, resulta primordial establecer lo que en este trabajo se com-prenderá por derechos humanos, ya que entre ellos yace el sentido de un pro-yecto o propuesta de integración. Es decir, no será el relativismo en conjunción con el positivismo jurídico los que guíen el análisis de la UNASUR, ya que si bien podemos entender legítimamente que la necesidad de crear la Unión Sur-americana está, entre otras razones, en brindar una respuesta a las estructuras internacionales levantadas a nivel global desde condiciones culturales, ideológi-cas y juego de intereses de ciertas potencias centrales2, ello nos demandaría un trabajo circunscrito a nivel que no responde en propiedad a la razón de ser de la cooperación en vista al bien común, es decir, analizar la UNASUR/CDS como una suerte de reacción a un “orden injusto”. La clave es observar si este acuerdo suramericano se justifi ca en su relación con la promoción y protección de los de-rechos fundamentales de manera más efi caz.

En ese sentido, el objetivo específi co del trabajo es descubrir las caracte-rísticas principales de la visión modernista del desarrollo económico y su ocaso, y desde ahí analizar la UNASUR y el motor que ha signifi cado en el proceso de cooperación el CDS.

Lo anterior permite comprender que frente a la “arquitectura” económica mundial edifi cada desde un ethos cultural “utilitario” propio de los Estados mo-dernos, la UNASUR debiera representar en sí una respuesta al utilitarismo y una articulación de políticas que respondan a las nuevas nociones de desarrollo hu-mano. Lo que ciertamente pareciera sumamente complejo de alcanzar por parte de un órgano regional incipiente como UNASUR. En defi nitiva, las disyuntiva y preguntas de fondos se asoman: ¿qué tipo de modelo de desarrollo se asume en la región tras la UNASUR?, ¿se responderá desde el CDS a este asunto sus-tantivo de un proceso de integración?, ¿predominan visiones pragmáticas en la gestación de UNASUR?, ¿sería esa una visión adecuada para la conducción de la política regional?, ¿se dará espacio a los derechos humanos de Tercera Gene-ración, y ello desde la Defensa?

Para dar respuesta a estas interrogantes el trabajo contempla cinco partes, la primera, defi nirá los derechos humanos y la lógica de la UNASUR hacia ellos; la segunda, nos presenta la estructura de la UNASUR y la dinámica identitaria

2 MacEwan, A. ¿Neoliberalismo o Democracia? Colección Libros Encuentro de Intermón Oxfam, Madrid, 2002.



que en sí se presenta como fundamento primero de la propuesta integradora; la tercera nos sitúa desde el CDS y su misión; la cuarta nos presenta la mirada es-tratégica del Consejo y los lineamientos en vista a sus resultados y proyecciones, enfatizando los dilemas y oportunidades que el proceso signifi ca. Finalmente, las conclusiones intentan analizar en perspectiva los desafíos del CDS/UNASUR desde una perspectiva personalista.

1. UNASUR. Derechos humanos y el sentido de la integración

Tras afi rmar que la “arquitectura” política y económica mundial es fruto del ethos cultural “utilitario” que ha predominado desde la conformación de los Es-tados modernos, resulta necesario exponer en líneas generales cómo ha sido el tránsito hacia la existencia3 en la modernidad de un sinsentido de la política de integración, y esta ha sido abducida por la denominada “idea de progreso”, en la que generalmente prima el homus economicus. En defi nitiva, tener una cosmovi-sión de cuál es la mentalidad que responde o explica lo legítimo en el diseño de la gobernanza internacional y a la que de alguna manera reacciona la UNASUR. Para ello, iremos contrastando la visión del derecho de gentes4, en relación con las corrientes de pensamiento que han ido modelando la civilización contempo-ránea, que a su vez también explicaría el accionar de la UNASUR, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades. Por ello, es deseable incorporar la ética en el debate relativo al orden regional, ya que ello nos faculta para presentar un juicio a la propuesta de integración, lo que nos permite situar la política en su orden ori-ginal, es decir, dentro de la valoración de la conducta humana, y no solo analizar esta propuesta desde la ingeniería vaciada en lo humano y rica en lo ideológico-coyuntural.

Para que los actos del hombre sean ordenados deben estar marcados por la virtud de la prudencia, tan escasa en tiempos de globalización. Así lo hace ver Martin Buber, quien nos recuerda la importancia de toda la meditación del hombre acerca del hombre5. No sabremos si las políticas emanadas desde la UNASUR

3 Mounier, E. Introducción a los Existencialismos. Revista de Occidente. Madrid, 1949. Pág. 3. En esta obra el autor nos caracteriza el existencialismo propio de la modernidad. “El abandonar la sociedad de los fi lósofos, para lanzarse al mundo, esa palabra ve designar, precisamente, una moda que hace de la nada el tejido de la existencia…”.

4 Lo central del Derecho de Gentes como sistema jurídico referencial es que se sustenta en la moral, la cual es la ciencia práctica que tiende a procurar el bien puro y simple del hombre. El hecho de tener como objeto propio, no la perfección de las obras elaboradas y producidas por el hombre, sino la bondad o la perfección misma del hombre que opera, o bien el libre uso que hace de sus facultades, hace que sea propiamente la ciencia del obrar. Ver más en Maritain, Jacques. Introducción a la Filosofía. Club de Lectores. Buenos Aires, 1999. Pág. 230.

5 Buber, M. ¿Qué es el hombre? Fondo de Cultura Económica. México, 2000. Pág. 11. El autor advierte que de todas las ciencias humanas la del hombre es la más digna, pero no es la más cultivada, y de allí la escasez en teorías de la esencia del hombre (antropología fi losófi ca).

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son adecuadas y consecuentes con objetos plasmados en su tratado constitutivo, si no entramos a consideraciones de su ser y sentido auténticos. Ello por su-puesto presenta difi cultades no menores, ya que siempre es más fácil un estudio fragmentado que integrado, pero el desafío tiene la recompensa de dar sustento al derecho al desarrollo, y desde allí valorar la estructura y funcionamiento de la UNASUR/CDS.

Para autores como Roberto Papini, los derechos económicos y sociales es-tán insufi cientemente defi nidos, en especial el derecho al desarrollo, que lleva im-plícito según los personalistas el derecho a la alimentación y el derecho al agua, por tanto la seguridad humana no es comprensible desde una mirada estática. Ella fl uye y cambia su percepción según avance la comprensión acerca de los derechos intrínsecos de cada persona, y a su vez de las amenazas y riesgos de estos. Todos los derechos a cautelar tienen algo en común, han sido extraordina-riamente complejos al momento de ser reconocidos6. En efecto, desde esa pers-pectiva se han servido las visiones constructivistas, que si bien no representan a Papini, lo ocupan como argumento para alejar –y fi nalmente relativizar– la ley natural o el derecho de gentes. Al respecto, el sistema vigente (leáse G-20, Ban-co Mundial, OTAN, FMI, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones que establecen las directrices globales) no asegura un régimen que se caracterice por ser regido por virtudes morales, principalmente porque no predomina la convicción de que la ética se relaciona con el fi n último del hombre7 y por tanto debiera estar implícita en el proyecto de integración.

A más de 60 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre8, debe tenerse presente que los problemas de los derechos humanos de orden económico, social, cultural y ambiental, por los cambios de situación producidos en el tiempo, son percibidos hoy de un modo diferente que en los años 40 y 509. Varios intentos por modifi car el sistema de Naciones Unidas, entre otras muchas consideraciones, por la necesaria adaptación a las necesidades contemporáneas en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son impulsa-dos desde las propuestas regionales, en las que se presentan sus demandas y a través de ellas fundamentan la necesidad de integración. Autores como Georg Nolte desde la guerra de Irak de 2003 se preguntan si ¿el derecho internacional ha muerto?, si es así, la UNASUR no se puede plantear o presentar realistamente

6 Papini, R. Secretario General del Instituto Internacional Jacques Maritain, “La Declaración de los Derechos del Hombre: Génesis, Evolución y Problemas Actuales”. En Los Derechos del Hombre, a 60 Años de la Declaración Universal, Génesis, Evolución y Problemas Actuales. Editado por el Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE), Santiago de Chile 2006. Págs. 7-8.

7 Millán Puelles, A. Fundamentos de Filosofía. Biblioteca del Cincuentenario RIALP. Madrid 1995. Pág. 655

8 Aprobada el 10 de diciembre de 1948 en París, Anexo a la Resolución 217.

9 Papini, R. “La Declaración de los Derechos del Hombre: Génesis, Evolución y Problemas Actuales”. Op. cit. Pág. 7.



como un proyecto con sentido de “vida”, ya que muerto el Derecho Internacional no se podría argumentar a favor de normas superiores o Erga Omnes (reconoci-das por todos), por lo que un sistema regional sería incapaz de velar o garantizar por los derechos humanos10. En este sentido, Nolte, quien analiza la situación mundial, no se hace ilusiones sobre la fuerza propia del Derecho Internacional y del régimen internacional, porque la Carta de Naciones Unidas que inspira a to-das las organizaciones del sistema internacional, entre ellos la UNASUR, exigirá requisitos que ella misma no puede garantizar11.

En efecto, el gran avance en términos de protección de las personas consa-grado por la Carta puso énfasis en la confi rmación de derechos individuales. Esa habría sido la verdadera novedad del sistema internacional naciente, conocido como “Sociedad Internacional”12, la que se levantó sobre tres pilares fundamen-tales: Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el respeto a los principios generales del Derecho Internacional13. En ese sentido, ¿podría ser la UNASUR un recipiente de estos pilares?, sobre todo en atención a que debieran consagrarse primeramente los derechos de primera generación, conocidos como individuales o más fundamentales, entendiendo por ello el derecho a la vida, libertad de movimiento y expresión solo por nombrar algunos.

En ese aspecto, los individuos se debieran transformar en el objeto de pro-tección del sistema jurídico amparado en las normas Erga Omnes14, reconocidas por la comunidad, sin embargo, como nos señala Alain Touraine15, ello ha ido de la mano con el olvido del concepto de persona, el cual desde el pragmatismo y el materialismo es visto como un medio a un fi n político “superior” - redentor.

10 Cabe señalar que a medida que se fue creciendo en materia de fortalecimiento del Derecho Internacional, en particular cuando a inicios de la Guerra Fría post-Segunda Guerra Mundial se impulsa la lucha contra los crímenes contra la Humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, siendo todos aportes muy relevantes a la articulación de los derechos humanos denominados como de Primera Generación. Sin embargo, en paralelo, Occidente fue fortaleciendo las directrices económicas distantes al respeto de lo que hoy consignamos como los Derechos de Tercera Generación.

11 Nolte, G. “Sobre Crisis y Crecimiento del Derecho Internacional en Sesenta Años de Naciones Unidas”. Revista Vereinte Nationen. Traducido por Alejandro Rodiles (VN) 5- 2005.

12 Arenal, C. “El Nuevo Escenario Mundial y la Teoría de las Relaciones Internacionales”. En Hacia un Nuevo Orden Internacional y Europeo: estudios en homenaje al Profesor Manuel Diez de Velasco, por Abellán Honrubia, Victoria; Pérez González, Manuel. Ed. Tecnos, Madrid 1993.

13 Arenal, C. “Cambios en la Sociedad Internacional y Organización de las Naciones Unidas”. En Jornadas sobre el Cincuenta Aniversario de las Naciones Unidas, Colección Escuela Diplomática, nº 2, Madrid, 1995. Págs. 7-24.

14 Cabe señalar que las normas imperativas son Erga Omnes y no todas estas son imperativas. Las imperativas no prescriben, sea mandato o prohibición, ya que vincula a sus destinatarios y, por tanto, estos han de ajustar su conducta al contenido de la norma. Las Erga Omnes son aquellas normas aplicables a todos los Estados que componen la comunidad internacional. Ver Artículo 53 del Convenio de Viena de 1969.

15 Tourine, A. Crítica a la Modernidad. Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A., Buenos Aires, 2000. Pág. 54.

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Los derechos del individuo han sido establecidos para respetar y cautelar, según el presidente Roosevelt cuando propuso el “New American Deal”, una so-ciedad mundial pacífi ca como garantía de protección de los derechos individua-les. En efecto, el énfasis se puso en el ente, es decir, en la persona entendida como un ser en sí misma, dejando fuera una visión del hombre y su relación con la sociedad16. En otras palabras, desde la Segunda Guerra Mundial se intenta proteger al hombre de esta última o de su organización más compleja y superior: el Estado, aludiendo que por “razones de Estado” se han cometido los mayores crímenes de la humanidad asociados a proyectos ideológicos. En ese sentido, la propia actitud de Estados Unidos en el marco del régimen internacional ha demostrado lo compleja que es la protección de los derechos humanos. Baste poner el ejemplo de los Programas de Ajuste Estructural impulsados por el Banco Mundial, con gran infl uencia de Washington, en África durante la década de los ochenta que, por sobre cautelar el derecho de las personas, velaban por la es-tabilidad monetaria y una visión de desarrollo basada en el crecimiento del PGB, sin reconocer otras variables sociales y/o culturales. Ahora bien, la UNASUR que se presenta como un órgano centralmente destinado a la protección de los DD. HH., ¿podrá ser consecuente con los derechos a la libertad de expresión, movi-lización, etc?, todos consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Ello porque todo proyecto político no debiera estar al margen de la protección de la persona, ni menos prescindir de ella en su análisis (como habitualmente lo hace la ciencia política contemporánea) y valoración de sus consecuencias políticas, en cuanto al respeto de la dignidad humana.

En ese sentido existen profundas diferencias entre el personalismo y el individualismo, el primero orientado al estudio ontológico del ser humano en un examen de su naturaleza, que nos permite valorar sus actos, mientras que el segundo, que caracterizaría el sistema internacional contemporáneo post-Carta de las NU, ve al hombre como un ser en sí mismo, fuera de una dimensión comu-nitaria o viviendo en comunidad. Para ejemplifi car el triunfo de este último, Em-manuel Mounier afi rmó que “los caminos de la camaradería, de la amistad o del amor permanecen perdidos en este inmenso fracaso de la fraternidad humana”17.

16 Cabe recordar quiénes fueron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos encargados de redactar la Carta de 1948, los que intentaron llevar un debate ontológico que fi nalmente no se cristalizó, debiendo ceder al contexto político maniqueo e ideológico irreconciliable. La discusión antropológica tuvo como protagonistas a Eleonor Roosevelt (esposa del presidente de Estados Unidos); Dr. P.C. Chang, fi lósofo y jefe de la Delegación China en la ONU; Charles H. Malik, fi lósofo libanés formado en Harvard; René Cassi, judío liberal francés; Hans Mehta, feminista y miembro del Congreso de la India; Fernard Dehousse, socialista; John Humprey, canadiense; Hernán Santa Cruz, chileno, socialdemócrata; Carlos Rómulo, fi lipino, periodista.

17 Mounier, E. Introducción a los Existencialismos. Op. cit. Pág 687.



Heidegger18 y Sartre19 lo han expresado claramente en su propuesta fi losófi ca en cuanto a que la comunicación queda bloqueada por la necesidad de poseer y someter, y en último término pareciera esa la lógica inspiradora en la actualidad, ¿y podría ser diferente?, se preguntaría un realista que entiende el sistema in-ternacional como un tablero de ajedrez, y que aspira a entender el mundo desde una amoralidad, cuestión que también lo distancia de una mirada personalista.

Por lo dicho, podemos afi rmar, por un lado, que la región suramericana, al igual que el mundo islámico, africano, entre otros, no se ha sentido interpretada en el catálogo de derechos existentes en la Declaración Universal “occidental”20, y esta es más bien vista como una imposición, particularmente resultado de la discusión fi losófi ca europea heredada de la Ilustración. Por otra parte, utilizan oportunamente los derechos humanos como fundamento en la legitimación de los regímenes regionales a levantar, como lo han sido un importante número de proyectos presentados desde el fi n de la Segunda Guerra Mundial y que han precedido a la UNASUR. En dicha perspectiva, el sentido y consagración de los derechos no ha sido tarea fácil21, y probablemente está muy al debe en materia de internalización22.

El fenómeno anterior de alguna manera se explica por la oleada de desco-lonización en el mundo producida en los años 1950 y 1960 que signifi có una am-pliación del foro internacional, en el cual los nuevos sujetos de derecho (Estados)

18 Idem. Págs. 11-12. Mounier sostiene que Heidegger es uno de los representantes de la fi losofía de la desesperación del hombre, por tanto, lo que pasó en la esfera de la economía se reproduce en la esfera de la fi losofía. “Parece que los fi lósofos, de acuerdo con los científi cos, se ingeniaron para vaciar el mundo de la presencia del hombre”.

19 Sastre, J. P. El Ser y la Nada (1943). Pág. 352. Ver en http:planetalibro.net/ebooks/eam/ebook_view.php

20 En ese sentido cabe recordar el papel de la UNESCO, la cual ayudó y persuadió a los distintos Estados a que aceptaran la defi nición de Derechos Humanos. Para ello convocó a un denominado “Grupo de Sabios”, entre ellos científi cos y fi lósofos: Ett Carr, Aldous Huxley, Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, Bertrand Russell, Benedetto Croce, Salvador de Madariaga, Tagore, Gandhi y otros. Con excepciones este grupo representaba más el ethos occidental. Como lo ha señalado Mark Manly, las personalidades de René Cassin (francés) y John Humphrey (director del Centro de Derechos Humanos de la ONU) impusieron sus lineamientos doctrinarios. De los países en desarrollo solo los de América Latina se han sentido representados por la Declaración Universal. De hecho, en la Conferencia de Chapultepec, en 1945, la Conferencia Interamericana decidió participar activamente en la Carta de las N.U. En cifras, América Latina constituyó el 25% de los votos a favor del proyecto. Ver Manly, M. “La Consagración del Asilo como un Derecho Humano: Análisis comparativo de la Declaración Universal, la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. En Franco, L. (coordinador). En El Asilo y la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina. ACNUR, Argentina, 2003. Pág. 124; ver Verdoodt, A. “Declaración Universal de los Derechos del Hombre: nacimiento y signifi cado”. Biblioteca Mensajero, Bilbao, 1969; ver Morsink, J. The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent. Universidad de Pennsylvania, Philadelphia, 1999. Págs. 36-91. El autor sostiene que los países de América Latina tuvieron un grado notable de infl uencia en al redacción de la Declaración Universal.

21 Manly, M. “La Consagración del Asilo como un Derecho Humano: Análisis comparativo de la Declaración Universal, la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Op. cit. Pág. 124.

22 Verdoodt, A. “Declaración Universal de los Derechos del Hombre: nacimiento y signifi cado”. Op. cit. 1969. Pág. 63.

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tenían una percepción diferente de la legitimidad de las normas internacionales, ya que leían del derecho internacional al momento de la independencia, normas que cristalizaban los intereses de las potencias, como la Deuda Externa, el Siste-ma de Administración Fiduciaria, entre muchas más. Recordemos que la Decla-ración Universal fue aprobada en la AGNU por 48 votos (ocho abstenciones), es decir, sin la voluntad de muchos países que estaban bajo mandato de Naciones Unidas o en pleno proceso de liberación nacional23. A lo que se suma en América Latina una toma de conciencia de su situación de periferia (política y económica).

Al respecto, otra de las razones que inciden en la creación de la UNASUR es que, desde los noventa, con el fi n de la Guerra Fría el reordenamiento del sistema internacional dejó un vacío de poder que permitió una reevaluación de sus leyes internacionales, regímenes internacionales y procesos de asociación e integración. Debido a ello se consiguió con grandes difi cultades en el Forum Mundial (junio de 1993 en Viena), en un escenario sin potencias que pudieran mantener las directrices de no innovar en estos asuntos, defender la tesis de que los derechos humanos son universales e indivisibles, argumentando a favor de sus vínculos con la democracia, el desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas.

Las difi cultades estuvieron en convencer a los gobiernos de los países po-bres o situados en la periferia, muchos de ellos en América Latina, de aceptarlos (revalidarlos), ya que desde la década de los ochenta habían señalado que el sistema de Naciones Unidas y los regímenes internacionales no escuchaban su reivindicación acerca del derecho al desarrollo 24 y el necesario cambio al “mo-delo de desarrollo”, lo que desde la CEPAL se conoció como la política de susti-tución de Importaciones. En esa línea, el profesor Víctor Abramovich afi rmó que existe una agenda decisiva aún sin realizar vinculada a los confl ictos y tensio-nes derivados de la exclusión social, que confi ere una peligrosa fragilidad a los resultados alcanzados (en América Latina) y le resta sustancia a los procesos democráticos25. Esto es clave para explicar, por un lado, la vocación por levantar nuevos procesos de integración (léase UNASUR), y por otro, cómo estos han ido perdiendo consecuencia entre los derechos humanos y la actuación de los Estados, los que más bien están diseñando estructuras que permitan “blindar” sus reivindicaciones contra la exclusión entendidas como la defensa de ciertas corrientes de pensamiento, las que emanan principalmente desde el Paradigma de la Dependencia.

23 Idem. Págs. 75-76.

24 Desde la perspectiva de Mounier, la falta de compromiso entre los hombres dice relación con que el espíritu se ha eclipsado frente a un relativismo que anima la no intervención. Ver en Mounier, E. Introducción al Existencialismo. Op cit. Pág. 100.

25 Abramovich, V. “Derechos Humanos y Política Democrática en América Latina”. Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Santiago, 2008. Págs. 37-41.



En ese sentido, la creación de organismos regionales legitimados en la defensa de los derechos humanos entre Estados que tienen distintas interpreta-ciones de cómo se cautelan los mismos, genera confusión y fi nalmente derivan en negociaciones interestatales a nivel pragmático o bajo una agenda ideológica, coincidiendo ambas vías en un vacío en la protección de los derechos humanos en su sentido original.

El descrédito por el cual atraviesan los derechos humanos en cuanto su conceptualización, principalmente por su falta de protección efectiva, no solo quedó en evidencia cuando las ONG pro DD. HH. realizaron su mayor esfuerzo para convencer a los Estados subdesarrollados de votar a favor de la redacción fi nal del documento de Viena 1993, el cual reconoció un derecho internacional fundado en los derechos humanos, sino que en ese episodio además quedó de manifi esto un síntoma que hoy ha ido avanzando, que muchos lo ligan al post-modernismo, y que en defi nitiva fortalece las ideas relativistas defendidas por los escépticos, quienes consagran que todo es relativo e interpretativo.

Los planteamientos subjetivistas encuentran especial eco entre los pueblos que están decepcionados con la “arquitectura” política y económica mundial, ya que observan que no existe consecuencia entre los derechos humanos que el régimen internacional dice defender y el accionar de los Estados en el propio sis-tema internacional. En este sentido, países latinoamericanos han puesto énfasis en cuestionar las respuestas en materia de derecho al desarrollo. En palabras de Mounier, el fenómeno tiene explicación en “la ingenuidad decepcionada, que esperaba sola la felicidad de la ciencia, de la máquina y del confort, que se han vuelto contra ellos…” 26.

Desde otro punto de vista, se pueden contemplar acciones y actitudes de los países en desarrollo que sistemáticamente han depositado dudas o dere-chamente se han opuesto a participar, y por añadidura, fortalecer el sistema de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, ya que se inclinan por visiones de mundo soberanistas, leídas como realistas, es decir, lejanas a la cesión de soberanía. Estas, en general, reacciona al observar cómo el Estado con mayor infl uencia en la conformación del sistema de gobernanza económica actual, Estados Unidos, ha presentado una gran cantidad de autores y burócratas lejanos a las ideas de robustecer el derecho internacional. Nos referimos a Geor-ge Kennan, Keneth Waltz, Henry Kissinger27, entre otros, que han sido infl uyentes

26 Mounier, E. El Miedo del Siglo XX. Editorial Taurus. Madrid. Pág. 90.

27 Kissinger, H. La Diplomacia. Fondo de Cultura Económica, México DF. 1995. En esta obra el autor se refi ere al Orden Mundial moderno, cuyo cimiento está en un país poderoso, con voluntad, ímpetu intelectual y moral necesarios para impulsar un sistema internacional con sus propios valores. En ese contexto se refi ere a Francia (s. XVII), al siglo XVIII de Gran Bretaña y la introducción del concepto Balance de Poder, siglo XIX con Austria y Alemania de Bismarck, todos elementos constitutivos de la diplomacia europea que se hacen sinónimo de un juego de política de poder. Esa es la herencia de los Estados Unidos en el siglo XX. Al

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intelectuales en la confi guración del orden internacional, y quienes además han tenido funciones en la administración del Estado.

En esta misma situación, pero con otra argumentación, encontramos a Edward Said, quien sostuvo que vivimos bajo el occidentalismo, es decir, que los fenómenos políticos, sociales y culturales se miran desde el lente de las potencias occidentales y no se reconoce la diferencia, ni la esencia del otro28, argumento válido para los países integrantes de los no alineados en los tiempos de la Guerra Fría.

Al respecto, la distancia en torno a la gobernanza mundial ha sido un factor notable para explicar la importancia y urgencia que se le ha brindado a los esfuer-zos de integración regional en Latinoamérica desde mediados del siglo XX. Raúl Prebish y otros intelectuales de la teoría de la Dependencia se oponen a lo que identifi can como la ortodoxia de la razón pragmática y utilitarista predominante en las potencias centrales. Así se reconoce cuando se advierte que el individualismo es un sistema de costumbres, de sentimientos, de ideas y de instituciones que organiza el individuo sobre actitudes de aislamiento y de defensa. Ideología es-tructurada por la sociedad burguesa occidental entre los siglos XVIII y XIX29. En defi nitiva, plantea un hombre sin ataduras ni comunicaciones naturales, un dios soberano en el corazón de una libertad sin dirección ni medida, que vuelve hacia los otros la desconfi anza, el cálculo y la reivindicación30. En esta lógica, Aryeh Neier, presidente de Open Society y director del American Civil Liberties Union, se congratula por la contribución de la Declaración Universal de los Derechos Hu-manos, en particular porque se ha logrado instaurar la idea de que los derechos son universales31, sin embargo, en Latinoamérica dichos derechos son percibidos más bien en el ámbito discursivo que en la aplicación de políticas mundiales.

respecto, ningún Estado ha sido mayor defensor de la no intervención en los asuntos internos y, sobre todo, ha afi rmado que sus propios valores tienen aplicación universal. Págs. 11-22.

28 Said, E. La Pluma y La Espada. Siglo Veintiuno Editores. 2005, Argentina. Págs. 62-100. En estas páginas señala cómo Occidente, en particular el Reino Unido, Francia y Estados Unidos a través de sus narrativas, va conformando el imperialismo desde 1800, por lo tanto el orden internacional es más bien la imposición de estos Estados, en términos jurídicos, políticos, sociales y fi nalmente culturales. Con ello brindan el soporte de su dominación.

29 Mounier, E. Introducción a los Existencialismos. Editorial Guadarrama, México. Pág. 698.

30 Escudé, C., en su obra La Guerra de los Dioses. Los Mandatos Bíblicos Frente a la Política Mundial. Editorial Limieri, Argentina, 2007, nos recuerda que durante y hasta fi nes del siglos XIX, la modernidad consintió y desarrollo tecnologías “moralizantes”: El desgarrador de senos; el aplasta cabezas; la rueda para despedazar; la sierra; las pinzas incandescentes (para sacar penes en particular); las jaulas colgantes; la pera anal, vaginal y bucal; etc. Occidente los utilizó efi cazmente para “persuadir” a sus enemigos de que ellos ahora serían quienes difundan los derechos universales.

31 Neier, A. “Refl exiones a sesenta años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Centro de DD. HH. de la U. de Chile. Santiago, 2008. Págs. 17-21. En este artículo, el autor arguye que se puede cotejar la universalidad de los derechos humanos, en el hecho de que dicha declaración contó con los votos de prácticamente todos los Estados del mundo, a excepción de las abstenciones del bloque soviético, Arabia Saudita y Sudáfrica.



Neier, quien se autodenomina liberal, señala que los derechos se han ido consagrando a pesar de (que por razones ideológicas se han registrado) graves violaciones a los derechos humanos. En defi nitiva, el autor observa el avance de la libertades individuales en sintonía con la Carta de los Derechos Humanos, in-tentando explicar las violaciones a dichas normas sin consignar que el respeto a las mismas comienza con la inscripción de ellas en el corazón, como lo señalara Maritain en su obra el Hombre y El Estado32, lo que en sí nos daría argumento para dar sentido a un proceso y programa de integración regional. En defi nitiva, el regionalismo en Latinoamérica (y por ende en Suramérica también) advierte que el sistema internacional se muestra favorable a la imposición de las normas “indiscutiblemente” universales, sin mostrar mayor claridad en su procedencia, defi nición y alcances. Por lo tanto, los procesos de regionalización llevan una impronta reactiva al orden establecido y difundido por el Banco Mundial y el Fon-do Monetario Internacional, entre otras organizaciones de carácter internacional. Esto explica el preámbulo de la UNASUR al situarlo en un contexto en el cual se deposita la “esperanza” del respeto a los derechos humanos en un órgano regio-nal, ya que en el mundial no hay espacio para ello.

La causa primera de por qué las instituciones del orden económico se ins-talan sobre el egoísmo y gestiona estrategias contrarias a la protección de los derechos de Tercera Generación en el sistema contemporáneo33, encuentra una explicación también desde los adscritos al personalismo. Jacques Maritain34 nos ilustra con la revaloración de los derechos humanos en los tiempos modernos, ya que debido al concepto de soberanía surgido en tiempos de la monarquía abso-luta en Europa35, se modifi can los conceptos de autoridad política y bien común.

Lo expuesto hasta ahora es solo una parte del cómo y por qué han sido levantados los derechos humanos, que a su vez se nos presentan esenciales a la hora de legitimar los proyectos regionales (como UNASUR), los cuales se mues-tran muy ambiciosos en cuanto a la protección de estos, pero bastante reacios a presentar los mecanismos para su cautela. Ello en clave modernista se com-

32 Ver Maritain, J. El Hombre y El Estado. Ediciones Kraft. España, 1952.

33 Mounier lo argumenta desde cuatro ideas de progreso que denotan cómo ha ido evolucionando la cosmovisión que hoy nos entrega un mundo sinsentido: 1. La historia tiene sentido; 2. La historia es un mejoramiento continuo; 3. Es el desarrollo de la ciencia y de las técnicas las que caracterizan a la edad moderna occidental y hoy se extienden al mundo entero, lo cual nos sitúa en una etapa o recta fi nal de liberalización; 4. El hombre tiene la misión de ser autor de su propia liberación. En esta evolución o transformación de lo que comprendemos por progreso se entiende la situación paradojal en materia de vaciamiento de los derechos humanos de contenido y argumentados desde el sujeto sin visión común, y factibilizando la imposición o arbitrariedad de un pensamiento. Ver Mounier, E. El Miedo del Siglo XX. Op. cit. Págs. 91-96.

34 Maritain, considera que el Estado es una parte y un organismo instrumental del cuerpo político, por tanto no goza de independencia suprema con respecto al todo. Sus limitaciones están justamente en los derechos inalienables de toda persona humana.

35 Maritain, J. El Hombre y el Estado. Editorial Civitas. Madrid, 1986.

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prende, a juicio de Urich Beck, porque la dignidad humana escapa de su capaci-dad racional, por tanto los esfuerzos se centran en atención de los intereses del “individuo”, lo que en sí caracteriza un período de ideas predominantes en que lo trascendental no tiene cabida en el intelecto, y la retórica suple la carencia de contenido de los derechos fundamentales.

Con esa noción de individuo y del sinsentido –contenido– de los derechos humanos, los proyectos de integración se condicen más con visiones ideológicas que con razones de bien común, cuestión que resultaría del todo necesario para la consecución de políticas que sean consecuencia del respeto por los derechos humanos y, en consecuencia, para su mejor obrar el proyecto de integración se presente como un medio adecuado y no un fi n en sí mismo, como cuando la construcción que se busca está más bien ligada a imágenes de mundos, y no en la persona.

2. Contexto UNASUR

Desde mediados del siglo pasado, América Latina ha intentado concretar instancias de integración y cooperación multilateral en base a numerosos pro-yectos políticos y económicos. Muchos de ellos han fracasado y otros han lo-grado trascender los gobiernos, contextos sociales y crisis económicas, aunque evidencian limitaciones severas entre los objetivos planteados en sus acuerdos constitutivos y lo alcanzado en materia de integración y cooperación.

Respecto de la UNASUR, tanto de sus objetivos como de su propia diná-mica, debe considerarse primeramente que este proyecto no se constituye como latinoamericano, sino que suramericano36, una distinción relevante sobre todo porque muestra un interés identitario diferente a lo preexistente. Según su Trata-do Constitutivo, el objetivo es “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la edu-cación, la energía, la infraestructura, el fi nanciamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión so-cial y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados” (Tratado Constitutivo, 2008:2). En este extracto queda en evidencia el ambicioso plan de integración suramericano. ¿Cuáles podrían ser los factores que en esta oportunidad podrían permitir su consecución?, en ese mismo sentido, ¿cuáles son las características propias de la UNASUR que la diferencian de otros intentos

36 UNASUR data de 2008, está conformada por 12 Estados que, juntos, representan entre un 5% y 6% de la población mundial, vale decir, 350 millones de personas.



de integración regional que no han conseguido los propios objetivos propuestos por los Estados partes?

La UNASUR se ha organizado bajo una estructura de Grupos y Consejos, llegando a establecer hasta el momento nueve de estos últimos, mientras hay un décimo en gestación que dice relación con los asuntos de Seguridad Pública. Uno de ellos se muestra como el más dinámico y de alguna manera nos explica la nueva apuesta suramericana de integración, nos referimos al Consejo de De-fensa Sudamericano (CDS), el cual hasta el momento se ha convertido en el sello distintivo de la UNASUR, puesto que en su objetivo y dinámica ha impreso en el proceso de integración una diferencia y autonomía evidente a la vivida en Europa (UE). Ello en sí nos permite hablar de que Suramérica busca un camino propio, fi jándose primeramente en aspectos de interés común en la región desde la De-fensa. En consecuencia, es desde el sector Defensa que se pretende el objetivo medular del proceso de integración: crear una Identidad suramericana, máxima del Tratado constitutivo de la UNASUR, CDS y CEED.

Por ello, es menester profundizar el estudio de la agenda en Seguridad y Defensa en el marco del CDS, puesto que nos facilita dilucidar las herramientas de concertación y coordinación política que se han logrado satisfacer a objeto de impulsar puntos de encuentro sobre las amenazas a la paz y seguridad de la región. La agenda de defensa suramericana se torna un elemento imperativo en el proceso de cooperación política, que busca trascender los fracasados intentos integracionistas del pasado. Ello queda en evidencia al analizar comparativamen-te en el quehacer de los distintos Consejos que componen la UNASUR, entre los cuales el CDS es el más dinámico y realizador.

Para entender lo anterior en su contexto, debemos señalar que ha existido a nivel regional un proceso de redemocratización que ha permitido que la región sea protagonista, desde la década de los noventa, de un ideario político encau-zado en el consenso y diálogo político regional. Esto se vio facilitado por el fi n de la Guerra Fría y los efectos que trajo consigo el fenómeno de la globalización, el que ha signifi cado una búsqueda de identidades locales, y con ello la necesidad de autorreferenciarse en un mundo más complejo, incierto y fragmentado. En ese sentido, en el seno de la UNASUR se ha apreciado que la Defensa es un sector en el cual se puede avanzar efectivamente en minimizar las desconfi anzas a nivel regional. Por otro lado, varios de los países que componen la UNASUR se encuentran en pleno proceso refundacional, por lo que sus FF. AA. resultan especialmente relevantes internamente y hacia el exterior para conseguir sus ob-jetivos políticos y sociales. Ese papel de alguna manera explica la importancia de ellas en este proceso de integración regional y las expectativas que esos países han creado sobre el CDS.

En efecto, la UNASUR nació proyectando su función y éxito desde la base de una fórmula de coordinación que puede transformarse en el gran referente de

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cooperación e integración regional. De esta forma se pavimentará el camino para abordar ampliamente la temática del desarrollo regional, para lo cual se presenta necesario establecer amenazas comunes a la región, las cuales deberían ser enfrentadas desde una posición común liderada por las FF. AA.

2.1. Concepto de cooperación en América Latina. Una breve revisión

Tanto realistas como neorrealistas, hasta los ochenta, consideraban a la cooperación como un fenómeno frente al cual se podía ser indiferente, dada su poca importancia relativa. De esta manera, lo que realmente cobraba signifi cado y merecía su atención eran las relaciones de poder. Los Estados, entendidos en un escenario de constante estado de anarquía, se relacionaban bajo la lógica del juego de Suma Cero37. Empero, a pesar del empeño de los teóricos realis-tas y neorrealistas, las relaciones interestatales sí mostraban cierta tendencia a la cooperación, bajo situaciones específi cas. El teórico que siendo neorrealista tradicional incorpora las nociones de cooperación fue Robert Jervis, en 1979, el mismo año que Joseph Nye publica su obra “Interdependencia Compleja”, la cual tendrá una incidencia en el devenir del debate académico y político internacional relativo al orden mundial y la necesidad de la cooperación en un mundo cada vez más globalizado.

La cuestión acerca de la cooperación se vuelve fundamental en su análisis. Al respecto, Jervis la introduce a ámbitos desconocidos para los realistas y neo-rrealistas tradicionales, lo cual se torna una hazaña inédita al afi rmar que la coo-peración es capaz de ser un factor que permita reducir la incertidumbre sobre la conducta de terceros. No obstante, el autor reconoce que no existe certeza de que el sistema se encamina hacia la cooperación, ya que muchos Estados no aceptan esta visión como opción en su política exterior. Es así como la voluntad política ha permitido un signifi cativo acercamiento en las relaciones suramericanas.

En efecto, en la región se ha permitido diseñar y crear modelos de integra-ción y cooperación política multilateral. Fruto de aquello, son proyectos como el MERCOSUR, instancia que buscó insertarse con objetivos de integración eco-nómica subregional tras los fracasos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En defi nitiva, el MERCOSUR logra ser causa y efecto de políticas fallidas durante la Guerra Fría. Ahora, bajo el nuevo contexto, la región adopta conciencia y nece-sidad de trabajo en común para un nuevo paradigma reinante de las relaciones internacionales que permita hacer frente a los riesgos y amenazas que trae con-sigo la globalización.

37 Ortiz, Eduardo, El Estudio de las Relaciones Internacionales. Santiago, Fondo Económico de Cultura. 2004. Pág. 112.



Eso contribuyó a dar nuevos aires al bloque regional, en base a iniciativas concretas de Brasil, como su propuesta titulada “Objetivo 2006” que, nuevamen-te, buscaba reforzar la Unión Aduanera y ser claros en mantener una economía que consolidara la industria nacional38. No obstante, en términos generales, la propuesta de bloque estaba inspirada en el proceso de la Unión Europea, en donde los acuerdos en tasas de interés y, en defi nitiva, la creación de un mercado común serían los cimientos de la integración, la cual pasado veinte años no ha conseguido ni de cerca incrementar relevantemente los fl ujos de bienes y servi-cios, y mucho menos el libre tránsito de sus respectivos ciudadanos.

Al MERCOSUR le siguieron instancias de corte más político como la Comu-nidad Andina de Naciones (CAN39), y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA40). El primero, responde a la necesidad de alcanzar un desarrollo más transversal en la región, mientras que el segundo se proyecta como una instancia político-ideológica de emancipación latinoamericana según el ideario de Simón Bolívar41, interpretado como un rechazo al modelo de desarrollo emanado desde los acuerdos de Bretton Woods (1944). Además de un claro ingrediente reivindi-catorio del orden mundial, volviendo la discusión fuertemente a un marco “mo-dernista”, en donde el fi n de la instancia es la integración a través de las teorías de la dependencia.

No obstante, ninguna de las dos anteriores instituciones políticas han sig-nifi cado, comparativamente, una proyección más sustentable que la UNASUR, la que ambiciona un alcance multisectorial de sus materias a tratar, siendo la De-fensa de la región una de las más imperativas, tal como lo indica la Declaración de Bariloche.

3. CDS y la pretensión de una Seguridad Regional

UNASUR42 se compone de los Consejos de Desarrollo Social; de Defensa; de Educación, Ciencia, Cultura, Tecnología e Innovación; de Salud; de Infraes-tructura y Planeamiento; de Lucha Contra el Narcotráfi co; y Energético. El más dinámico y estable en su funcionamiento es el CDS.

38 Rivas, Pablo; Sepúlveda, Daniela. Instituciones de América del Sur: entre la integración y lo heterogéneo. En Revista Escenarios Actuales, 2011, año 16, n° 2. Pág. 20.

39 Integrantes: Argentina, Brasil, Chile (con una retirada en los sesenta), Paraguay, Uruguay.

40 Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.

41 Bizzozero, Lincoln. 2011. América Latina a inicios de la Segunda Década del Siglo XXI: entre el regionalismo estratégico y la regionalización fragmentada. En Revista Bras. Polít. Int. 54 (1). Pág. 29-43.

42 Se constituye en base a una serie de instituciones políticas primarias, a decir: Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, Presidencia Pro Tempore (encabezada en la actualidad por Perú desde el pasado 29 de junio de 2012), Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de Delegados, Secretaría General, y pretende contar con Parlamento Suramericano.

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Para comprender la relevancia del CDS debemos considerar que la UNASUR ha debido sortear importantes divergencias que aquejan a la región, la cual se compone por Estados asimétricos desde la perspectiva de su poder relativo e ideología predominante. Pese a lo anterior, ciertos autores destacan los logros del CDS, sobre todo, en cuanto a constituir “una organización de carácter amplio y fl exible, que contempla la posibilidad de ir generando una institucionalidad sec-torial acorde a las necesidades específi cas de América Latina”43, lo que queda de manifi esto en medidas de confi anza mutua, metodologías de homologación de gastos militares, acuerdos en materia de conceptualización en temas de seguri-dad y defensa, entre otros.

Dicha visión nos permite hacer la primera diferencia entre los objetivos y metas de la UNASUR respecto a instancias como el MERCOSUR, puesto que el intento suramericano responde a un “notorio cambio de enfoque en relación a la integración, marcado por una renovada orientación estratégica y fundamenta-ción geopolítica del regionalismo”44. En este sentido, la UNASUR en general, y el CDS en particular, buscan identifi car las amenazas y riesgos comunes a todos los miembros a objeto de avanzar en un interés compartido, por sobre concordar con un modelo de desarrollo. En este sentido, el regionalismo se estancó como objetivo estratégico regional cuando no pudo satisfacer las necesidades, visiones de mundo y metas que los distintos bloques económicos se habían propuesto45, por ello se presenta atractiva la mirada geopolítica en un concierto internacional de incertidumbres en donde los centros de poder están en otras latitudes.

En consecuencia, el CDS renuncia a la idea o directriz de consensuar gran-des lineamientos político-económicos, sino que se presenta más fl exible y menos dispuesto a homologar sistemas intraestados, sino que desde la Defensa busca alcanzar acuerdos específi cos en temas relevantes como la metodología para la homologación en la forma de medir los gastos de la Defensa Nacional, siendo siempre muy cautelosos de no exigir cesión de soberanía a los Estados miembros y respetando las estructuras soberanas de los mismos. En ese sentido, en los años de funcionamiento del Consejo de Defensa, la prudencia y las tesis sobera-nistas se imponen por sobre las integracionistas, por lo que, en rigor, y a pesar del Tratado Constitutivo de la UNASUR, estamos frente a un proceso de cooperación que hasta el momento no entra en una dinámica integracionista, desde la perspec-tiva que la integración necesariamente conlleva ceder soberanía.

43 Álvarez, Gonzalo; Ovando, Cristián. 2009. El Consejo de Defensa Sudamericano: posibilidades de una integración desde una perspectiva constructivista. En Pap. Polít. Bogotá, vol. 14, N° 2. Pág. 543-580.

44 Chaves, Carlos. 2010. La inserción internacional de Sudamérica. La apuesta por la UNASUR. En Revista de Ciencias Sociales Íconos, N° 38. Págs. 29-40.

45 Bywaters, Cristóbal. 2010. UNASUR y la integración latinoamericana: propuesta de un nuevo modelo del regionalismo post-liberal. En Revista Encrucijada American. Universidad Alberto Hurtado.



En ese sentido, en el seno del CDS se intenta conformar una nueva reali-dad relacionada con la globalización, es decir, la superación de las limitaciones en las dimensiones espacio-temporales generadas por el avance en la tecnología de los medios de comunicación (satelital) y la interconexión que ello ha signifi ca-do. La región se ve a sí misma como un espacio común amenazado46 por actores transnacionales que le ha hecho reconocer a los Estados que por sí solos no pueden hacer frente a esta realidad.

La impronta de nuevos temas y actores en la agenda internacional reclama nuevas salidas a los confl ictos transnacionales. De esta forma, agentes de la sociedad civil advierten acerca de la necesidad de una acción cooperativa. “El nuevo mapa geopolítico regional, responde a la emergencia y consolidación de nuevos liderazgos y de nuevos esquemas de articulación e integración funcional a ellos”47. En efecto, existe una tendencia a valorar el trabajo común a nivel inter-estatal, por tanto se acepta la cooperación como la manera efi ciente de abordar las amenazas reales de los Estados miembros de la UNASUR.

4. UNASUR/CDS. ¿Una mirada estratégica y pragmática?

Los 12 países que conforman la UNASUR representan el 68% de la pobla-ción de América Latina, asentada en una superfi cie que supera los 17 millones de kilómetros cuadrados. Sus países poseen cerca del 42% del agua dulce del mundo, son los principales exportadores y productores de alimentos del globo y ostentan un PIB equivalente a US$ 4.431.793 millones (lo que equivale al 7% del PIB mundial y al 33% del continente). En dicho contexto, se ha ido avanzando por medio del diálogo en defi niciones comunes a nivel suramericano buscando res-ponder la siguientes interrogantes: ¿cuáles son los enemigos comunes?, ¿qué debemos defender?, ¿tenemos intereses comunes?

La región ha demostrado una mayor conciencia en la necesidad de defender sus recursos naturales y para ello generar capacidades, quedando explicitada en el Plan de Acción del CDS una manifestación de aquello. Actualmente (Plan actua-lizado al 2013), está prevista la creación (agosto) y puesta en marcha de un Grupo de Trabajo responsable de formular un diagnóstico para proponer mecanismos de cooperación en materia de protección y defensa de los Recursos Naturales y la Biodiversidad con base en las legislaciones de los países miembros de la UNASUR (actividad 1.g, responsable Venezuela, corresponsables: Perú, Ecua-dor, Suriname, Guyana). Cabe señalar que fi nalmente en la Instancia Ejecutiva

46 Moreira, Ángela. 2008. Consejo Sudamericano de Defensa: hacia una integración regional en Defensa. En Resdal.

47 Serbín, Andrés. 2009. América del Sur en un mundo multipolar. ¿Es la UNASUR la alternativa? En revista Nueva Sociedad, N° 219. Pág. 146.

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y a nivel de ministros todos los Estados se pronuncian y se hacen parte de las actividades del plan de acción, por tanto si esta actividad está en desarrollo es porque todos los Estados miembros del CDS apoyan la iniciativa. Ciertamente, hasta hoy no se aprecia una defi nición común acerca entre los países respecto a la protección de los recursos naturales, pero se busca, con el apoyo del CEED, consensuar diagnóstico y defi niciones para posteriormente establecer acciones comunes para mitigar la amenaza.

El Plan de Acción del CDS se ha ido confeccionando con los aportes de todos sus miembros y de manera muy práctica ha ido consolidando una agenda de trabajo que ocupa importantemente a los ministerios de Defensa de los países miembros de la UNASUR. Esto queda demostrado en las 23 actividades conside-radas para ser desarrolladas durante el 2013; de las propuestas y temas que se plantean dentro de los objetivos a consensuar y realizar, es posible observar un común denominador en los problemas que aquejan a los Estados-naciones que componen el CDS, por tanto esta instancia viene a subsidiar las medidas idó-neas no adoptadas por los gobernantes en vista a la dimensión de la amenaza. (Consejo Sudamericano de Defensa, 2010). En ese sentido, los cuatro ejes en los cuales se ha levantado el trabajo del CDS (Políticas de Defensa; Cooperación Militar, Acciones Humanitarias y Operaciones de Paz; Industria y Tecnología de la Defensa; y Formación y Capacitación) han ido plasmando las necesidades de los Estados para enfrentar de mejor manera los desafíos de una sociedad globa-lizada, en tanto, se dejan de lado –hasta ahora– las visiones de mundo diferentes (ideologías) y se presenta una estrategia sustentada en hechos concretos rela-cionados con una debilidad sistémica.

En un análisis de los avances en las Políticas de Defensa del CDS caben destacar asuntos que dan cuenta de la mirada estratégica de este, y que a su vez dicen relación con fortalecer las confi anzas entre los países miembros. Al respec-to, Chile ha promovido especialmente la transparencia en los gastos en defensa, el que ha sido refrendado con un acuerdo acerca de la metodología de homologa-ción en la medición de estos, estando actualmente en desarrollo el complementar el estudio metodológico para transparentar el Inventario Militar Suramericano, tarea que, si bien no está fi nalizada, manifi esta el interés del país porque en el CDS se trasparenten las capacidades de los países y así, desde la expectativa de Chile, se abandonen “mitos” relativos a supuestas “carreras armamentísticas” impulsadas por el desequilibrio estratégico que representa el país en el vecinda-rio, y se entienda la política de adquisiciones de sistemas de armas chilenas a través de datos reales –medibles y comparables– desde una coherencia entre el crecimiento del país y estrategia de inserción internacional con el compromiso del sector Defensa. Ello es especialmente válido porque son los países de la región los que legitiman las cifras ofi ciales entregadas por los Estados, lo cual no tiene la



misma relevancia que las estadísticas o datos no ofi ciales conseguidas a través de terceros actores (Ejemplo: libro Jane´s, SIPRI u otros).

Siguiendo en el eje de Políticas de Defensa, iniciativas como la de realizar un foro para tratar Políticas y Estrategias de Defensa de la región (presentada por Venezuela), además del seminario anual de Enfoques Conceptuales de Defensa, Riesgo y Amenazas, el cual va en su cuarta versión, entre otras actividades, se intenta, por un lado, un mayor conocimiento mutuo, y por otro, establecer criterios comunes en el ámbito de los conceptos y defi niciones en el sector Defensa en vista a levantar una mirada común-regional, para lo cual se creó, como coordinador de todos estos esfuerzos, el Centro de Estudios Estratégico de la Defensa (CEED).

Cabe mencionar el Eje Industria y Tecnología de la Defensa, que busca principalmente elevar la capacidad de innovación tecnológica de la región y las acciones tendientes a crear grupos de trabajo para diseñar, desarrollar y produ-cir un sistema de aeronaves no tripuladas de responsabilidad de Brasil y siendo corresponsables Argentina, Chile y Venezuela, lo que viene a sumarse al grupo encargado del diseño, desarrollo y producción de un Avión de Entrenamiento Pri-mario Básico Suramericano, el cual informó que se abrió la Ofi cina de Gestión de Programa “UNASUR I”, en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA). Se puede desprender del avance de este grupo que existe un apoyo del CDS a esta iniciativa y que está en sus primeras fases de implementación, lo cual en sí nos denota una decisión estratégica regional en el sector Defensa bastante relevante, asumida a través de las instituciones competentes para esto en la estructura UNASUR (Reunión de Ministros de Defensa en este caso), y que probablemente muchos países de la UNASUR no han dimensionado, o tal vez están esperando a que el proyecto esté más adelantado para evaluar su partici-pación, puesto que este apunta a la consecución de una aeronave suramericana que demuestre tecnología aplicada de la región y capacidad de ingeniería –com-petitiva– y fi nalmente un producto a ser adquirido entre los países de la región una vez fi nalizado el proyecto.

En esta perspectiva, por la incompetencia en dar respuestas en los temas de seguridad y defensa en el pasado, es que “la región enfrenta tres desafíos en relación con la problemática multidimensional de seguridad y el alcance de una mayor integración física, económica, de servicios, relaciones culturales y diplo-máticas. En tal sentido, puede distinguirse lo que viene ocurriendo en el plano del MERCOSUR, en la región Andina, y en ambas regiones a partir de la creación de la UNASUR y la construcción, en 2010, de un pilar de seguridad y defensa sud-americano como el CDS, con perspectivas de llegar a ser innovador e ingenioso desde el punto de vista de seguridad”48. Así comprendemos por qué el CDS ha

48 Brigagao, Clóvis. 2011. América Latina: panorama de seguridad e integración. En Revista Diálogo Político. Pág. 16.

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alcanzado el interés manifestado por los Estados miembros de UNASUR, y por qué se ha depositado, hasta ahora, en este órgano la esperanza en un nuevo tipo de integración que surja desde el ámbito de la Seguridad y Defensa.

En efecto, en medio de esta pretensión innovadora, la discusión en distintos órganos de la UNASUR, y en especial en el CDS, se ha focalizado en torno a pe-ligrosas amenazas que logran permear fronteras e instituciones, consolidándose como los grandes temas y desafíos a tratar en el presente siglo. Una amenaza se considera como tal en la medida que es capaz de vulnerar los sistemas de se-guridad de un país y perdurar en el tiempo. A mayor vulnerabilidad, mayor riesgo existe respecto a la amenaza. En ese sentido, el CEED coordina la posición del CDS, primeramente a través de documentos (insumos) que manifi estan las con-vergencias y divergencias observadas entre los países en defi niciones tales como las mencionadas amenazas y riesgos, dando así los primeros pasos para poste-riormente alcanzar un mínimo de consenso en asuntos doctrinarios de la defensa a nivel regional. Además, el CEED tiene la misión de ser el registro ofi cial de los informes acordados (comprometidos por los Estados miembros) en el CDS.

Respecto a un avance en consensos doctrinarios, lo que en sí representaría un nivel de entendimiento mayor y la antesala al planteamiento de un sistema de seguridad colectivo, faltaría mucho. No obstante, países como Argentina, Brasil y Ecuador buscan emprender esa trayectoria, argumentando primeramente el objeto de exhibir una Identidad Suramericana partiendo de un trabajo desde la Seguridad y Defensa. Sin embargo, aún resulta prematuro aventurar un éxito al respecto, ya que se muestra complejo pasar de un Plan de Acción dinámico y versátil, como el actual, a defi niciones estratégicas estructurales en el seno de la UNASUR, ya que en ese plano las diferencias ideológicas se harían palmarias.

El camino para pasar de los lineamientos que presenta o sugiere el CEED a una formación de la ofi cialidad y civiles del sector Defensa bajo contenidos comu-nes, se ha presentado en la idea de crear la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE), que sería un centro de Altos Estudios permanente del CDS para for-mación de postgrado y capacitación de civiles y militares en materias de Defensa y Seguridad Regional49.

Aunque la máxima del CDS ha sido avanzar en asuntos que permitan una convergencia en asuntos estratégicos, se aprecian en este órgano intereses ane-xos, propios de la política exterior de los Estados, en cuanto pretende insertar temas en el ámbito de la Defensa que permitan establecer criterios comunes que vayan confi gurando una imagen de mundo compartida. Seminarios propuestos y realizados en Caracas acerca de la defi nición de nuestras amenazas y riesgos regionales, como el ya señalado, buscarían acercar posiciones en esos asuntos.

49 ACTA UNASUR. VIII Reunión Ordinaria de la Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa Suramericano, Lima, 16 y 17 de mayo de 2013. Argentina, Brasil y Ecuador son los precursores de esta institución.



A pesar de esta situación, el CDS se ha mantenido, en lo general, lejano a emitir declaraciones globales acerca de visiones políticas, ya que ello signifi caría un retroceso en las confi anzas debido a las manifi estas diferencias en el ámbito ideológico que presentan los países que conforman la UNASUR, por tanto hasta ahora la invitación había sido quedarse en un plano de cooperación en aspectos puntuales.

Las dudas respecto a la estrategia para la creación de la ESUDE es evi-dente, y de hecho por primera vez es que una actividad del Plan de Acción del CDS se desarrolla solo con los países responsables en presentar la propuesta. En efecto, para este propósito el 7 y 8 de mayo de 2013 se desarrolló en Quito una reunión con delegados de Ecuador, Argentina y Brasil. Para comprender la excepcionalidad de dicha situación cabe señalar que según el artículo 12 del Tra-tado Constitutivo de la UNASUR “los grupos de trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el quórum de las reuniones sea de mitad más uno de los estados miembros”, es decir, un mínimo de 7 países. Por tanto podemos afi rmar que la propuesta está recién en borrador. De hecho, es probable que en próxi-mas reuniones de la Instancia Ejecutiva del CDS y Ministerial se tienda a evitar el concepto de doctrina, llevando la ESUDE a un ámbito de la docencia, intercam-bio de experiencias e información, sin avanzar en consensos a nivel regional de carácter doctrinario.

Más allá de una discusión interpretativa del artículo 12 del Tratado Consti-tutivo, cabe señalar que ciertamente la ESUDE no representa una actividad más del Plan de Acción, sino que sería, en el ámbito de la Defensa, un paso relevante en asuntos de estandarización de los contenidos a impartir y, posiblemente, es-tamos frente a una ofensiva diplomática de parte de actores que buscan instalar ciertos criterios mínimos a nivel de conducción de la Defensa a nivel regional, lo cual en sí resulta más complejo, por tanto se puede esperar que el interés por la creación de la ESUDE implique el empleo de las relaciones de poder al interior del bloque, y fi nalmente Brasil oriente las directrices, mientras que los demás Estados se adaptan e intenten negociar mejor su posición en los lineamientos estratégicos de la Escuela en gestación.

En dicho contexto, la ESUDE se presenta como una actividad de una ge-neración más compleja a las actividades características señaladas en los Ejes de Acción, las cuales hasta este momento han permitido a las FF. AA. a nivel suramericano interactuar, como por ejemplo en los Ejercicios Combinados Re-gionales en la carta, los cuales van en su tercera edición, sobre Operaciones de Mantenimiento de Paz y Ayuda Humanitaria denominada “UNASUR III”, activida-des que van adicionando temas compartidos en las agendas de Defensa de todos los países, tales como la inclusión de la mujer y protección de civiles en OPAZ, los que en defi nitiva no presentan mayores riesgos o disfuncionalidades a los intereses de los Estados miembros.

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Otra línea de acción estratégica a destacar del CDS que posiblemente aho-ra se vea afectada por la propuesta ESUDE tal cual está, es la creación de un Grupo de Trabajo para establecer un mecanismo de respuesta a los desastres naturales, el cual va de la mano con la propuesta en estudio de levantar un In-ventario de Capacidades de Defensa de los Estados (responsabilidad de Brasil), actividades que hasta ahora no tenían la incumbencia en asuntos doctrinales y conceptuales como los que hoy podrían intentar estandarizarse.

El borrador de ESUDE, emanado de la cita en Quito (2013), señala que en relación con los lineamientos estratégicos la idea es alcanzar una integración regional, complementariedad (aprovechar las capacidades y experiencias de los países de la región) y calidad. A lo cual añade en sus objetivos estratégicos: Con-tribuir a la generación de una doctrina de defensa común, netamente surameri-cana; contribuir a una identidad estratégica regional propia; dotar a los países de personal capacitado en temas de defensa y seguridad regional; promover la comprensión de UNASUR y el CDS; fortalecer la capacidad de generar análisis crítico; refl exionar desde una perspectiva suramericana la geopolítica mundial; y contribuir en la consolidación de la cultura de paz50. Esto va aparejado con la decisión de los países pertenecientes al ALBA de salir de la Junta Interamericana de Defensa (JID)51, naciones que no confían en que dicha organización responda a las necesidades de Seguridad y Defensa de sus respectivos países y han apos-tado por llevar al nivel regional sus lineamientos, primeramente en un contexto interno del ALBA, desde donde proyectan sus consensos hacia la UNASUR y, por ende, al CDS.

Al respecto, ESUDE representaría un cambio de perspectiva en el ámbito estratégico, ya que hasta el momento las actuaciones consensuadas en el Plan de Acción se enfocan al ámbito de las Fuerzas Armadas en actividades de coordi-nación y conocimiento mutuo. La lógica analizada hasta el momento permitía ex-hibir que una mayoría de países en el CDS, encabezados por Argentina, se han opuesto a que el CDS sea la instancia indicada para abordar asuntos de seguri-dad que excedan al rol de las FF. AA. en su función de Defensa de las fronteras. Ciertamente hay países, como Colombia, que han manifestado la necesidad de abrirse a nuevos temas de seguridad, sin embargo ello ha sido más bien soporte para la creación de un nuevo instrumento de la UNASUR y no ha conseguido que el órgano más dinámico y activo se encargue de asuntos como las organi-zaciones criminales, narcotráfi co, entre otras amenazas de interés regional. No obstante, el borrador que se ha presentado para la creación de la ESUDE, signi-

50 Acta de Reunión de Trabajo para Consolidar la Propuesta de Creación de la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE) en el Marco del CDS/UNASUR, 7 y 8 de mayo de 2013, Quito, Actividad 4.f del Plan de Acción. Ministerio de Defensa del Ecuador.

51 El Mercurio, “El Alba se sale de la Junta de Defensa”, viernes 7 de junio de 2013, Cuerpo A, Pág. 6.



fi caría un cambio en la dinámica de la integración, ya que se adentra en temas que manifestarán diferencias sustantivas en el ámbito de la doctrina, política y, fi nalmente, estrategia en cuanto asociatividad en asuntos de seguridad y defen-sa, sobre todo respecto a las alianzas o cooperación con potencias extranjeras. Por otro lado, en los contenidos a impartir por la ESUDE, según la propuesta en los objetivos estratégicos, se advierte una “confrontación” ideológica signifi cativa.

Tras lo dicho, el ámbito estratégico en que se ha movido el CDS está en-trando en un plano de revisión, pudiéndose ahora constatar que el pragmatismo exhibido en el quehacer del Consejo a través de su Plan de Acción no respondía a un ideal regional (como lo sería en el mundo anglosajón), sino más bien fue resultado de un trabajo que ha privilegiado fortalecer la cooperación en ámbitos realistas, más que congelar su funcionamiento, a objeto de seguir exhibiendo re-sultados en materia de cooperación, pero que en la actualidad será sometido a la encrucijada de explorar el camino de integración, para lo cual se ha manifestado la necesidad de converger y/o consensuar en aspectos fundamentales y primeros de la Seguridad y Defensa. De alguna manera, el bloque UNASUR sigue siendo una alternativa diferente a las anteriores, porque el salto hacia la integración se plantea desde el sector Defensa y no económico y/o social como lo registran otros proyectos regionales e internacionales (léase Unión Europea). No obstante, cabe visualizar que las complicaciones serían tanto o más desde este sector, por lo que si bien es extremadamente complejo el vaticinar resultados, el proyecto ESUDE solo resultaría viable en un plano en que sea conducido por la potencia regional de alcance mundial (Brasil) y sea un escenario de contrastación y debate y no de grandes acuerdos y consensos a nivel regional en ámbitos doctrinarios y políticos. De otra manera, al momento de plantearnos interrogantes como las señaladas en el punto primero de este trabajo, el proyecto regional podría ser percibido como un sinsentido (¿para qué?, ¿garantizaría de mejor manera los derechos humanos reconocidos y aceptados hasta hoy?, ¿traería mayor pros-peridad y posibilidad para el desarrollo de las virtudes de sus ciudadanos?, ¿se respondería mejor a las necesidades políticas, económicas, sociales y culturales que demanda y requiere toda persona?).

En ese sentido, debemos considerar que el escenario de amenazas multi-dimensionales está en el centro del debate en todos los países que conforman la UNASUR, probablemente son los problemas de gobernabilidad más severos en la región y con mayor potencialidad de desestabilización política, económica y social. El narcotráfi co52, según Naciones Unidas, es un crimen de lesa huma-

52 Por narcotráfi co entendemos, fundamentalmente, a las actividades ilegales de droga, sean estas productivas o comerciales. De aquí, se ramifi can una serie de actividades delictuales que, en su conjunto, son capaces de vulnerar la seguridad de un país, hasta llegar a extremos en que el narcotráfi co se recrea como una actividad fundamental para la economía nacional y la permanencia de líderes políticos en instancias de poder (que, ciertamente, se instrumentalizan a favor de los intereses de los narcotrafi cantes).

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nidad, con lo cual se acuerda darle batalla desde todos los ángulos posibles. Al respecto, entre los países miembros de la UNASUR se registra un crecimiento exponencial de este tipo de criminalidad. A su vez, el fl agelo del siglo, como ha sido denominado, ha permeado fronteras, leyes, programas de prevención, pode-res del Estado y agendas de Defensa. En defi nitiva, si el proceso de cooperación responde de mejor manera a esta realidad, se nos muestra necesaria la UNASUR desde el sentido de la misma.

De hecho, ha sido ampliamente señalado que el crimen organizado consti-tuye una de las amenazas más importantes en la región, dado que es capaz de albergar en sí un conjunto de desafíos que, considerándolas individualmente, son tremendamente perjudiciales al orden político y social de los Estados. El tráfi co de armas, de drogas, de personas y órganos, terrorismo organizado, secuestro a gran escala, genocidios, desestabilización de gobiernos, guerrillas, mafi a, lavado de dinero, etcétera, son todos asuntos que se muestran prioritarios en el interés de los países y que demandan de una cooperación suramericana, que viene a fortalecer que la tesis de la integración/cooperación está siendo conducida por intereses reales de los naciones, y que permiten esperar que sea un nuevo Con-sejo, y no el CDS, el encargado de coordinar las políticas para enfrentar este fl agelo, pero desde una perspectiva que primeramente sea funcional a esos pro-pósitos y no a proyectos ideológicos que en distintas oportunidades han sido los que han facilitado la violación de derechos fundamentales como un medio para alcanzar “un estadio superior”.

4.1. UNASUR. Una visión común desde Brasil

Desde otra perspectiva, el debate acerca de la protección de los recursos naturales se aprecia como de interés para cohesionar a la región en torno a un in-terés común, y sobre todo frente a un “enemigo común”. En efecto, la protección de recursos naturales se encuentra íntimamente ligada a la conciencia limitada de los mismos, lo que en un contexto de calentamiento global que hace rato es parte de las agendas políticas internacionales, le asigna un estatus de urgencia en su protección.

De hecho, esta bandera la enarboló primeramente Brasil, país que observa que detrás de “la creación de UNASUR existe un intento por dotar a la región de un nuevo organismo internacional que le confi era una voz más fuerte y articulada en el contexto global, lo cual es coherente con los objetivos trazados por Brasil y su consolidación sin duda pondrá a prueba su capacidad de liderazgo…”53.

53 Griffi ths, John. 2009. Procesos de integración regional en defensa: ¿Consejo Sudamericano de Defensa –UNASUR– un nuevo intento? En Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad. Vol. 3, número 1. Pp. 115.



Lo anterior, argumentado principalmente por Brasil a través de sus distintos ministros de Defensa, expone a la región la necesidad de disminuir las presiones de potencias extranjeras que buscan acceder a los recursos naturales por razo-nes de alimentación, escasez energética u otras, ante lo cual el CDS, liderado en especial por Brasil en este aspecto, identifi ca las vulnerabilidades regionales crecientes, pues nos anticipa un escenario geopolítico direccionado por la com-petencia y el control de recursos tales como las reservas de agua (abundantes en la triple frontera) y el campo de hielo al sur de Chile (Aysén), gas de Bolivia y la rica biodiversidad presente en la Amazonia, entre otros.

En ese sentido, el CDS ha permitido levantar temas desde la geopolítica y la geoestrategia, generando un debate acerca de los posibles enemigos de la región. No obstante, esta relativa incipiente discusión lleva aparejada ciertos dilemas en los procesos de cooperación e integración, ya que el debate en el CDS gira, como es lógico, desde la Defensa y no aborda elementos sustantivos relacionados con los derechos de Tercera Generación, como lo es el derecho medioambiental, que se refi ere a las obligaciones de las actuales generaciones para con las futuras.

En efecto, el debate acerca de la protección de los recursos naturales es motivado por nociones económicas y de la protección de las mismas de actores externos, y no desde la perspectiva del desarrollo sustentable que hasta ahora solo está en el Tratado Constitutivo de la UNASUR, pero bastante lejos de su protección en la institucionalidad vigente del organismo y en las propias legisla-ciones de los países miembros de esta.

No obstante, el nuevo escenario para las agendas de Defensa y Seguridad en la región tiene un común denominador: la elaboración de condiciones para lograr una seguridad energética idónea y conveniente a los intereses naciona-les. Por lo demás, se torna imperativo esclarecer que la energía, en un mundo de escasez y alta demanda de la misma, se levanta como instrumento de fuerza geopolítica no solo regional, sino que también internacional. Esto ocurre en la medida en que la dependencia energética trasciende las connotaciones mera-mente económicas y se sirve de consideraciones geopolíticas, donde justamente la energía fi gura como una nueva forma para ejercer poder político. Esta lectura ha sido visible en las discusiones en el CDS, entre otras razones, porque se aprecia en ellas la viabilidad de robustecer la identidad suramericana anclada en intereses nacionales tangibles.

En consecuencia, el CDS en su funcionamiento ágil y centrado en propues-tas concretas arroja resultados que permiten observar avances en coordinacio-nes y/o cooperación en temas que están situados en el nivel político estratégico de los países. En ese sentido, además de la protección de los recursos naturales, caben destacar las acciones tendientes a dar respuestas a las amenazas ciber-néticas. Si bien la ciberguerra es una realidad hoy, constituye un término suma-

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mente ambiguo y divergente, en el que se depositan numerosas características que, aun considerándolas, no logran entregar una completa panorámica para ser adoptada homogéneamente en las distintas agendas de defensa internacional y, por cierto, regional. No obstante, existe un amplio consenso que a nivel surame-ricano se requiere avanzar en cooperación tecnológica que permita mitigar sus riesgos.

Al respecto, la ciberguerra (o sus términos variantes como guerra informa-tiva, infoguerra, guerra de redes, neopolítica o guerra digital) introduce cambios signifi cativos en la concepción clásica del confl icto bélico, en cuanto a su estrate-gia, control y organización que se desplazan en torno a la constante incertidum-bre e incapacidad predictiva creciente de la contraparte, la cual muchas veces in-cluso se desconoce. Esta incertidumbre se fundamenta en torno a la peculiaridad del escenario o “campo bélico” a través del cual se desarrolla la ciberguerra: las redes informáticas. Lo anterior constituye por sí solo una revolución, puesto que las nociones clásicas de frontera se ven vulneradas frente a la transnacionalidad efectiva del confl icto, en un contexto que logra trascender el espacio-tiempo.

En ese sentido, el CDS hace suya la amenaza y explora mecanismos que permitan enfrentarla. El desafío que las Fuerzas Armadas, sector de Seguridad y Defensa en general, deben enfrentar es creciente. Ahora más que nunca “es necesario pensar respuestas multipolares, desarrollar modelos dialécticos y polí-ticas de defensa orientadas por la descentralización, la apertura y la integración polivalente de espacios, matrices sociales y medios diversos de organización y acción social”54. Todo ello, según Sierra Caballero, en vista a esta amenaza pro-pia de la era de la información que convoca a la Seguridad y Defensa.

En consecuencia, y en palabras del ex ministro de Defensa Nacional de la República Federativa de Brasil, Nelson Jobim, “el adecuado aprovechamiento del favorable contexto político regional para incentivar las actividades de coope-ración y, consecuentemente, generar un desarrollo económico y social en tiem-pos en que la incertidumbre y las presiones sociales se diseminan en el medio internacional puede signifi car la conquista de posiciones privilegiadas en el futu-ro próximo. Finalmente, al considerar todos los aspectos presentados, se pue-de observar que la integración de América del Sur transformará esta región en una más estable y cohesionada, dotada de un mayor poder en su interlocución con socios extrarregionales, lo que, ciertamente, contribuirá a la paz y seguridad regionales”55. ¿Estaremos en la región a la altura de establecer los cimientos que permitan avanzar en esta dirección?, eso es lo que en defi nitiva está en cuestión.

54 Caballero, Sierra. 2002. Guerra informacional y sociedad-red. La potencia inmaterial de los ejércitos. Signo y Pensamiento Vol. XXI, N° 40, Págs. 32-41.

55 Consejo de Defensa Suramericano. Crónica de su gestación. Ministerio de Defensa Nacional de Chile, julio 2009. Pág. 20.



V. Conclusiones

Hemos profundizado en el contexto bajo el cual emerge la UNASUR, y es-pecífi camente el CDS, organismo que tiene sus particularidades que lo diferen-cian de otros procesos de integración registrados en Latinoamérica. En efecto, tanto su conformación y alcance es diferenciador.

El principal botón de muestra para lo afi rmado anteriormente es la relevan-cia y dinamismo que en el seno de la UNASUR ha adquirido la función Defensa. La que hasta ahora, de manera disciplinada, ha alcanzado logros y acuerdos re-gionales nunca antes exhibidos tales como una metodología en la homologación de la forma de medir los gastos militares, acciones de coordinación y cooperación entre las FF. AA. que no tienen parangón con otros esquemas de cooperación entre los 12 Estados miembros.

Este proceso está inmerso en un contexto que contiene ciertas característi-cas, entre las que caben destacar los regímenes democráticos latinoamericanos insertos en una globalización que tiende a fragmentar el sistema internacional y a generar directrices mundiales que encuentran resistencia desde visiones distin-tas del desarrollo y/o percepciones de marginación del mismo.

En el marco político de esta última, hemos sido testigos del surgimiento de una UNASUR con propósito político, no centrado en acuerdos económicos o de ampliación de comercio, sino de un espacio en el cual ha predominado una vi-sión postregionalismo abierto, enraizada en un reposicionamiento suramericano a través de avances en el ámbito de la cooperación frente a amenazas y riesgos comunes, que alimentan la idea de que los Estados por sí solos no podrán con-trolar o combatir ciertos fl agelos.

Los intentos de crear consenso, diálogo y políticas en torno a las ame-nazas que aquejan a nuestros países, es clave al momento de valorar los casi cinco años del CDS, en el cual se ha ideado un Plan de Acción funcional a la consecución de un trabajo de entendimiento mutuo y cooperación, que a su vez respeta las distintas realidades y visiones de mundo como axioma central. Esto se había presentado como algo novedoso y hasta cierto punto exitoso, ya que ello ha permitido que el CDS se transforme en el más dinámico y visible órgano de UNASUR, exhibiendo logros concretos, medibles y cuantifi cables, pero sobre todo porque estaba en sintonía con el objeto de cautelar, desde la cooperación, los derechos fundamentales de las personas que habitan en los países miembros de la UNASUR, y no en la creación de proyectos que a veces instrumentalizan a las personas para alcanzar un determinado fi n. En última instancia, el CDS ha respondido a las necesidades de parte de los Estados por garantizar de mejor manera los derechos inalienables de toda persona humana.

No obstante, y en consecuencia con el propio Tratado Constitutivo de la UNASUR, se están impulsando en el CDS acciones tendientes a “edifi car” la

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integración. No mediante la cesión de soberanía, pero sí en la consecución de consensos en el ámbito de la Defensa en asuntos doctrinales y político-estratégi-cos, en vista a alcanzar una Identidad Suramericana. En este sentido, la ESUDE representa un interesante desafío, sobre todo por el contenido de la propuesta en borrador, la que representa un paso en la dirección de superar la estrategia de cooperación para pasar a dinamizar una visión regional común.

Ciertamente era previsible esta encrucijada, ya que dicha propuesta es con-secuente con la retórica de los “padres fundadores” de la UNASUR, sin embargo puede signifi car, dependiendo de lo que fi nalmente resulte, un camino de división y debate en asuntos fundamentales que termine por paralizar al CDS.

Hasta hoy el proceso de cooperación parece un avance regional importante, y la creación de un órgano de seguridad pública en la UNASUR, un paso decisivo para abordar conjuntamente temas que a todas luces son de primera importancia para la protección de las personas (ciudadanos) de Suramérica, no obstante, también podemos estar ad portas de tomar un rumbo en el cual el personalismo pierda su razón de ser en vista a un proyecto que desate las visiones de mundo encontradas (a nivel paradigmático) y nos enfrasque en discusiones en las cuales prime la desconfi anza y el Plan de Acción entre en un proceso de congelamiento, producto de diferencias sustantivas en los consensos sobre los cuales se inspire y materialice la integración, lo cual redunda en una mala noticia al momento de dar respuesta a la protección y difusión de los derechos humanos en la región.

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LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD NACIONAL DE CHILE Y ESPAÑA. UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Proyecto Internacional de Colaboración entre el Instituto Español de Estudios Estraté-gicos (IEEE) y el Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (ANEPE)

Octubre de 2013

ANDRÉS AVENDAÑO ROJAS

General de División,C.E.E. - ANEPE, Chile

MARIO LABORIE IGLESIAS

Teniente Coronel (Ejército de Tierra),IEEE. CESEDEN - España

FRANCISCO JOSÉ BERENGUER HERNÁNDEZ

Teniente Coronel (Ejército de Aire),IEEE. CESEDEN - España

Presentación

Las realidades y desafíos geoestratégicos, políticos, económicos y sociales que tanto España como Chile enfrentan son en buena medida diferentes, por lo que podría pensarse que sus demandas de seguridad, así como las respuestas estatales a las mismas, consecuentemente, tampoco presentarán muchos puntos de coincidencia.

Efectivamente, hay profundas diferencias en los entornos estratégicos de España y Chile. Pero también hay grandes coincidencias, tanto en la naturaleza de los desafíos a enfrentar como en la forma de hacerlo. En efecto, en ambos paí-ses se han hecho sentir las repercusiones derivadas de la transición desde aque-llos escenarios que, atados a las lógicas de la Guerra Fría, tendían a dejar a los temas de Seguridad y Defensa principalmente radicados en los ministerios encar-gados de la Defensa Nacional y en las fuerzas militares y policiales concebidas para tales fi nes, y se han visto impulsados a transitar hacia nuevos entornos en

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los que la incertidumbre, la ambigüedad y la multidimensionalidad de los riesgos y amenazas a enfrentar, demandan respuestas diferentes, más multifacéticas e intermésticas y en las que se hace indispensable una mayor implicación nacional y no tan solo sectorial para enfrentar estas nuevas realidades.

Desde esta perspectiva, el disponer de un instrumento en el que con una mirada de más largo plazo se expliciten los desafíos a la seguridad, con una clara visualización de los intereses nacionales y de los riesgos y amenazas de que se puede ser objeto en ese cometido, se transformó en ambos países en una tarea ineludible que condujo a la elaboración de las correspondientes Estrategias de Seguridad, las que además de contribuir a informar a las respectivas sociedades y a la construcción de las “culturas de seguridad y defensa”, indispensables –al interior de cualquier Estado– para abordar estos desafíos con sentido de unidad, constituyeron un valioso instrumento para, en el contexto de la comunidad inter-nacional, aportar a una mayor transparencia, a la generación de confi anza entre los Estados y al fortalecimiento de la cooperación internacional.

Así es como España primero, siguiendo la tendencia de naciones más avanzadas en materia de planeamiento estratégico –como lo son Estados Uni-dos de América, el Reino Unido o Francia–y más recientemente Chile, dieron los pasos necesarios para promulgar sus respectivas Estrategias de Seguridad, buscando alinear, orientar y coordinar de forma comprenhensiva la acción de las correspondientes instituciones nacionales y de los diferentes actores sociales para enfrentar adecuadamente sus desafíos a la seguridad.

La convergencia cronológica y de intenciones entre los procesos llevados adelante por ambos países constituye una circunstancia signifi cativa. Coinciden-temente durante la realización de esta investigación, el gobierno de España apro-bó la nueva “Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido” (ESN). Documento que actualiza la anterior versión fechada en junio de 2011 y articula la Seguridad de España como una Política de Estado. Al mismo tiempo, en una etapa más primaria, la “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa” (ENSYD) de Chile ha sido presentada a consulta al Senado por parte del presidente Sebastián Piñera, en agosto de 2012.

Un segundo punto de coincidencia lo hallamos en el plano de las conviccio-nes nacionales. Chile y España son países que comparten una misma cultura y un mismo idioma y que se perciben a sí mismos como sociedades con economías abiertas y competitivas, con profunda vocación democrática, conscientes de su solidez institucional y absolutamente comprometidos –cada uno en su ámbito y di-mensión– con la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la responsabili-dad de proteger y con la cooperación internacional en sus diferentes dimensiones.

Son estas macroconvergencias las que otorgan el marco contextual a par-tir del cual el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CESEDEN) de España y el Centro



de Estudios Estratégicos (CEE) de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de Chile –en función de los acuerdos de colaboración académica que los unen– decidieron abordar la tarea de confrontar y comparar ambas Estrategias, para más allá de deducir los énfasis y las preocupaciones de seguridad que las orientan, establecer coincidencias, diferencias y tendencias. Teniendo claro que la promulgación de las mismas no puso término a ningún proceso. Todo lo contrario, solo se generaron las bases de los marcos de pla-neamiento estratégico a partir de los cuales tanto Chile como España deberán continuar construyendo la seguridad que requieren.

Para el logro de lo expuesto, el IEEE y el CEE elaboraron el Documento de Trabajo que se muestra en las siguientes páginas, y que fue presentado en sesión pública el 11 de septiembre de 2013 en el CESEDEN.

Pese a las obvias diferencias entre las realidades de ambos países, a las distintas estructuras expositivas de la ENSYD y la ESN, y, a como más adelante se verá, a las disímiles fi nalidades de ambas Estrategias, es totalmente factible obtener algunas conclusiones de validez general, que pueden aportar a los pro-cesos de optimización continua de ambos documentos o a la refl exión necesaria para la construcción de políticas de seguridad. Por ello y a modo de resumen ejecutivo de todo el Documento de Trabajo, así como para facilitar su consulta, las conclusiones conjuntas alcanzadas por la ANEPE y el IEEE se presentan en primer lugar.

La segunda parte del Documento analiza, bajo un prisma comparativo, los principales aspectos de la ENSYD y la ESN. El primer apartado aporta el marco conceptual del trabajo de investigación, en el que se analiza la evolución del en-torno estratégico y las razones que en el presente han llevado a la confección de documentos estratégicos del máximo nivel.

La comparativa entre la ENSYD y la ESN se efectúa en los siguientes cuatro apartados. Las tendencias históricas de la seguridad y defensa, junto con las orien-taciones estratégicas son abordadas en el segundo apartado del documento; mien-tras que el tercero y el cuarto están dedicados, respectivamente, a las percepciones de los riesgos y amenazas y a las líneas de actuación para contrarrestarlos.

Las estrategias de seguridad nacional no son un fi n en sí mismas. Sin duda, la principal difi cultad de la implementación de un sistema integrado de seguridad nacional reside en la identifi cación de órganos y procesos que formen parte del corpus legislativo nacional. Por esta causa, el quinto apartado analiza los órga-nos responsables de la planifi cación y conducción de la seguridad y defensa en Chile y España; así como los distintos mecanismos de coordinación institucional que la ENSYD y ESN señalan.

Como herramienta fundamental para la realización del trabajo se han con-feccionado una serie de cuadros comparativos, que presentan la arquitectura y ejes conceptuales con que cada una de ellas fue concebida, a fi n de separar las

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diferentes partes constitutivas del “todo”, identifi carlas, vincularlas y relacionar-las, generando de esta manera los factores que se han utilizado para efectuar el análisis comparado entre ambas Estrategias. Estos cuadros se exponen en un anexo de este documento.

Los autores de la investigación han sido por el Centro de Estudios Estratégi-cos de la ANEPE el general de división (R) Andrés Avendaño Rojas y por parte del IEEE los tenientes coroneles Mario Laborie Iglesias (Ejército de Tierra) y Francisco José Berenguer Hernández (Ejército del Aire). Estos autores esperan que estos primeros pasos de cooperación académica entre ambas instituciones constituyan un aporte a las iniciativas de optimización de nuestros respectivos procesos, per-mitiendo que a través del intercambio de experiencias, del traspaso de lecciones aprendidas y –en defi nitiva– de la incubación de nuevas ideas, obtener insumos que nos ayuden a continuar optimizando nuestras estrategias y progresando en la generación de seguridad, defensa y paz para nuestros respectivos países.

Resumen ejecutivo

1. Conceptos básicos

a. Chile y España en el mundo

Ambos países comparten una visión del mundo similar, e incluso de su in-serción en él. Al igual que en otros aspectos, hay que destacar que el recorrido de nuestras naciones sigue trayectorias similares, aunque no coincidentes exac-tamente en el tiempo. Así, se han trasladado en unas décadas desde marcos políticos y económicos de un relativo aislamiento a una plena integración tanto en la comunidad internacional como en los fl ujos económicos globalizados. En consecuencia son hoy naciones plenamente integradas en el concierto de las naciones y con una vocación internacional muy marcada.

Las principales diferencias entre ambas surgen del distinto ámbito geoes-tratégico y geopolítico en el que se insertan. De este modo, en el caso de Espa-ña, su situación y pertenencia al ámbito de la UE, la OTAN y la OSCE enmarcan tanto su visión del mundo como su participación en la escena internacional. De ella se derivan importantes compromisos con la seguridad internacional que, al mismo tiempo que demandan esfuerzos signifi cativos a la nación, le proporcio-nan una visibilidad y una capacidad de infl uencia notable.

Por otra parte su situación de encrucijada geográfi ca entre África, el Medite-rráneo y Europa hace de estas regiones geopolíticas marco esencial y protagonista tanto del ámbito de la seguridad y la defensa como de la acción exterior de España.

Por su parte, Chile ha sido un actor relevante en el proceso de integración regional que desde hace algunos años se ha venido desarrollando en Iberoamé-



rica, en el que las distintas organizaciones internacionales se encuentran aún en una fase continental, aunque con una marcada tendencia hacia la expansión glo-bal. Dichas organizaciones se encuentran todavía en un estado de integración, tanto política como en materia de seguridad, menor que al de las citadas UE y OTAN. En este sentido, iniciativas como la fuerza conjunto-combinada “Cruz del Sur” con Argentina, o la puesta en marcha del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) son muy positivas y contribuyen directamente a construir estadios supe-riores de integración.

En cuanto a su dimensión geoestratégica Chile ocupa un lugar privilegiado como plataforma de intercambio y enlace entre Iberoamérica y la región Asia-Pacífi co, por lo que puede capitalizar el creciente despegue económico de esta.

Mención aparte merecen los intereses chilenos en la Antártica, evidente-mente específi cos de su situación geográfi ca y su actuación histórica en este continente.

b. Una visión ampliada de la seguridad

Las características de los entornos de seguridad en que ambos países se desenvuelven tienen algunos aspectos similares, pese a que cada uno –tal como ya se dijo– está marcado por la realidad geoestratégica, política, social y econó-mica que lo rodea. Así es, como por ejemplo, a ambos les es común la identifi ca-ción de un enfoque amplio de la Seguridad Nacional en un doble sentido:

• Se reconoce el equilibrio entre las distintas dimensiones de la seguridad –política, económica, social, cultural, ambiental o defensa– que requiere un espectro mucho más holístico, multidimensional e integrador, que su-pera ampliamente la estrecha noción de defensa militar.

• Desaparece la tradicional separación entre seguridad interior y exterior. La necesidad de un análisis integral que supere y desborde los conceptos clásicos, proviene de que las amenazas y riesgos no conocen de divisio-nes “dentro-fuera”. A la hora de afrontar estos peligros, los Estados deben utilizar todos los instrumentos disponibles. Los matices están dados por la forma de utilización de dichos recursos. En España con más amplitud, en Chile con más limitaciones.

En la ENSYD de Chile esta visión es denominada como “Seguridad Ampliada”, la que reconoce que “… las amenazas actuales a la seguridad de las naciones son de diversa naturaleza y, en su mayoría, de carácter transnacional… Este concepto corresponde a una visión nacional de la seguridad que involucra a distintos actores públicos, pero cuyas responsabilidades específi cas están claramente defi nidas por la Constitución Política de la República y las leyes vigentes” (ENSYD, 12)

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En la visión de la seguridad chilena, pese a reconocer la transnacionalidad de las amenazas a la seguridad, se enfatiza en la diferenciación entre seguri-dad y defensa, y aún más, se especifi ca que “…Bajo ninguna circunstancia esta complementariedad debe interpretarse como que las Fuerzas Armadas asuman tareas relativas al orden público o que son propias de las Fuerzas de Orden y Se-guridad” (ENSYD, 11). De este enunciado se desprende una clara diferenciación del papel que en los escenarios interno y externo deben cumplir las Fuerzas de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas.

Por su parte la ENS 2013 de España, en una “Visión Integral de la Seguri-dad” (ESN 2013; 5), señala que hoy existen “… nuevos riesgos y amenazas que afrontar junto a los tradicionales como los confl ictos armados, surgen otros tipos de naturaleza esencialmente transnacional, que se retroalimentan y, al interac-tuar, potencian su peligrosidad y la vulnerabilidad del entorno. El concepto de seguridad en el siglo XXI debe ser amplio y dinámico, para cubrir todos los ámbi-tos concernientes a la seguridad del Estado y de sus ciudadanos” (ESN 2013; 6)

Como se ha señalado, la concepción de la seguridad, sus amenazas y ries-gos son muy similares en ambos documentos. En lo que difi eren es que en la Estrategia chilena, siguiendo la separación de funciones que la Constitución Polí-tica de la República establece para las Fuerzas Armadas respecto a las de Orden y Seguridad Pública, se delimita taxativamente los ámbitos y circunstancias de acción de estas fuerzas.

Por su parte la ESN 2013 de España, en coherencia con la descripción que hace de la naturaleza de los entornos de seguridad actuales, asume que los efectos derivados de estos nuevos escenarios de seguridad hacen que “…Ya no es posible distinguir entre seguridad exterior e interior. Los acontecimientos que transcurren más allá de las fronteras nacionales pueden impactar directamente en nuestro país” (ESN 2013; 11).

Asumir, en toda su dimensión y con todas sus repercusiones, las conse-cuencias derivadas de esta nueva realidad –la inexistencia de límites entre la seguridad interna y externa– invita a refl exionar respecto de la manera que paí-ses como Chile, en concordancia con el espíritu de su ordenamiento constitu-cional, pueden profundizar el aporte de las Fuerzas Armadas al esfuerzo país para enfrentar estas nuevas amenazas. No hacerlo sería abdicar de uno de los principales instrumentos de que dispone el Estado para enfrentarlas. Así, en el caso español las FAS realizan usualmente funciones en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo: vigilancia de infraestructuras críticas o protección de grandes eventos, o de Protección Civil –emergencias por catástrofes naturales o creadas por el hombre–. En esto último, la labor de la Unidad Militar de Emergencias constituye un ejemplo del nuevo paradigma del empleo de las FAS en el interior del territorio nacional.



2. Entorno estratégico: similitudes y diferencias

a. Tendencias

El entorno estratégico de ambos países se muestra, como en todos los demás puntos, construido alrededor de un sustrato común al que se superponen especifi -cidades muy marcadas. En torno al primero hay que destacar que ambas naciones se articulan políticamente como democracias plenas y estados de derecho.

Aunque la coyuntura económica es en estos momentos distinta, sin embar-go y en general, son naciones con vocación internacional también en lo económi-co, con una muy importante proporción de su actividad ligada a los intercambios comerciales con el resto del mundo.

Desde el punto de vista político y de seguridad, la vocación es integradora tanto en el entorno regional como internacional, con la disposición de asumir compromisos dirigidos a contribuir a la estabilidad y seguridad mundial.

En cuanto a las divergencias, estas se enmarcan en un proceso general de ascenso de la infl uencia regional en el panorama internacional, en el caso de Chile, contrastado con un descenso, al menos temporal del papel de Europa en el mundo. Así, mientras que las organizaciones regionales iberoamericanas, con sus dudas y difi cultades, caminan paso a paso hacia un mayor grado de inte-gración, la UE, como consecuencia tanto del cambio de foco internacional hacia Asia, como de la crisis de renacionalización de los asuntos que la crisis económi-ca ha provocado, se encuentra en sus horas quizás más bajas.

Del mismo modo, se espera que la retracción estratégica de los Estados Unidos, líder indiscutible de la OTAN durante años, debilite esta organización que, tras la fi nalización de la misión de ISAF en Afganistán, deberá plantearse su dimensión y grado de implicación en los asuntos de seguridad internacionales, sobre todo fuera de su área natural de intervención.

Desde un punto de vista más nacional, Chile –respaldado por la estatura estratégica desarrollada durante los últimos años– se desenvuelve en un entorno relativamente estable y predecible, pues no parece que más allá de los riesgos transnacionales compartidos por la mayoría de las naciones, su escenario de seguridad se vea amenazado o esté en vías de serlo en un futuro previsible. Los confl ictos que mantiene con algunos países vecinos, si bien han traído corrientes de incertidumbre, están siendo conducidos por los cauces del Derecho Interna-cional. Paralelamente, se han hecho esfuerzos para continuar estimulando inicia-tivas que fomenten la mutua confi anza y la cooperación.

En el caso de España, el entorno de seguridad en su inmediata vecindad ha empeorado notablemente. La inestabilidad de los procesos políticos de transición en el norte de África, la inestable situación de Libia o la guerra abierta en Siria afectan directamente a España. Y más aún probablemente el deterioro de las condiciones

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de estabilidad y seguridad en la franja del Sahel, cuyo efecto puede hacerse sentir notablemente en España, país frontera y puente con Europa para África.

b. Riesgos y amenazas

Al estudiar la determinación que en ambos documentos se hace de los eventuales riesgos y amenazas que podrían afectar a Chile y España, es posible observar que en lo general el diagnóstico de los entornos de seguridad es sensi-blemente similar, por lo que existen fuertes coincidencias en la identifi cación de la naturaleza de las mismas. Las diferencias parecieran estar dadas por la distinta conceptualización que se utiliza para determinarlas y no por el hecho que solo en una determinada parte del mundo existan un tipo de amenazas, y en la otra no.

Como ya se señaló, la ESN de España identifi ca y reconoce doce amena-zas y la ENSYD de Chile seis. ¿Por qué esta diferencia? ¿Sera por qué estas nuevas amenazas no son lo globales que se señala y existen algunas que solo se hacen presentes en determinadas partes del mundo? ¡La respuesta es no! La naturaleza de las principales amenazas a la seguridad las particulariza por ser globales, transnacionales, difusas y multifacéticas. El problema radica en la forma y metodología que se utiliza para identifi carlas y clasifi carlas; es decir, se trata de una cuestión de conceptualización.

Así, la ENSYD de Chile no considera como amenazas a aquellos aspectos asociados a situaciones que se derivan de problemas estructurales del propio Estado, las que son entendidas como riesgos o vulnerabilidades, susceptibles de ser abordadas y atenuadas principalmente a través de la implementación de otras políticas públicas diferentes de las de seguridad. De esta manera, en la doctrina chilena la vulnerabilidad energética, del espacio marítimo, de las infraestructuras críticas y servicios esenciales, la inestabilidad económica y fi nanciera o los fl ujos migratorios irregulares son considerados vulnerabilidades, que no necesariamen-te involucran riesgos a la seguridad física de la persona humana. Estas vulne-rabilidades si bien pueden potenciar o contribuir a la fecundación de fenómenos violentos, no son entendidas como amenazas por sí mismas. En la ENSYD el concepto de amenaza solo se aplica a aquellos actos o acciones en los que es evidente la voluntad y la capacidad de provocar daño a los intereses nacionales.

La ESN no hace ninguna distinción entre amenazas y riesgos, aunque sí señala que “la defensa de los intereses vitales y estratégicos de España en el mundo es un objetivo primordial de la Seguridad Nacional”.

3. Fines - objeto - intereses

El asunto de los “fi nes”, “del objeto”, o del “producto” deseado al promulgar las respectivas Estrategias, es otro factor en torno al cual se observan claras dife-rencias. En este aspecto la visión española es muy clara. El objeto de la ESN es la



preservación y defensa de los intereses vitales y estratégicos de la nación. Estos están enunciados como la protección de la libertad y el bienestar de sus ciudada-nos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional.

Para ello y como herramienta para alcanzar ese fi n superior, se identifi can los riesgos y amenazas actuales, se defi nen las líneas de acción estratégicas, los ámbitos de actuación prioritarios para España y, fi nalmente pero muy importante, se confi gura un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.

La redacción chilena de este apartado aparece, inicialmente, como más instrumental. Posiblemente el motivo se relacione con el hecho de que esta es la primera versión de un documento de este tipo, por lo que pareciera estar infl uida por la necesidad de resaltar tanto su importancia como su necesidad. En conse-cuencia, se enfatiza en la expresión política de la sociedad chilena respecto de los desafíos a su seguridad, así como en la necesidad de informar adecuadamen-te a la sociedad civil.

Pero, como no podía ser de otro modo, más adelante el texto chileno busca orientar y articular decisiones políticas para proveer seguridad en función de los intereses nacionales. Es decir, conceptualmente ambos documentos coinciden en lo esencial, aunque la distinta fase en la que se encuentra la elaboración de este tipo de documentos en ambos países marca una diferencia en el argumen-tario de este capítulo, que tiene en Chile una redacción más didáctica no solo enfocada a la sociedad civil, sino también hacia las élites políticas de la nación.

4. Formas - líneas de actuación: similitudes y diferencias

Tras analizar riesgos, amenazas y tendencias globales, es imprescindible cruzar estos con las capacidades de respuesta disponibles o potenciales con el objeto de identifi car las líneas estratégicas de actuación, núcleo y fi nalidad de cualquier estrategia de seguridad.

Aunque como en la mayoría de los capítulos el concepto es muy similar en ambas estrategias, el modo de expresar estas líneas de actuación es distinto. Así en la ENSYD se especifi can ocho tareas nacionales de seguridad, a las que se añaden en la muy desarrollada Parte IV, dedicada específi camente a la de-fensa nacional, siete tareas más en el ámbito de la defensa. El conjunto presenta quince tareas de seguridad, claramente separadas en dos entornos, seguridad y defensa.

El planteamiento español consiste en el establecimiento de doce ámbitos de actuación, correspondientes a los doce riesgos y amenazas sentidos, para establecer el objetivo para cada ámbito y las líneas de acción estratégicas con-ducentes a dicho objetivo. Se trata, en resumen, de una aproximación más siste-mática, en la que resulta más sencillo identifi car la relación amenaza, ámbito de seguridad amenazado y líneas de acción encaminadas a combatir esa amenaza.

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Pero, una vez más, las diferencias son más de presentación y sistematiza-ción que de fondo, aunque indudablemente la versión española, en este caso, fa-cilita desarrollos subordinados de la estrategia y la asignación sectorial de tareas dentro de la Estructura Nacional de Seguridad.

5. Medios - Defensa Nacional

Del análisis del “Mapa Conceptual de las Estrategias Comparadas”, adjunto al presente documento, se puede observar que ambas Estrategias tienen una estructura sensiblemente similar, pero también queda en evidencia que los pro-ductos de una y otra son absolutamente diferentes.

Así, la ENS 2013 de España nos conduce a la confi guración de un “Nuevo Sistema de Seguridad”, y la ENSYD de Chile nos lleva a la “Determinación de las Capacidades Estratégicas de la Defensa y los Medios Requeridos”.

Tal como el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, señala en la Presentación de la ESN 2013, esta “… Continúa y revisa la Estrategia española de Seguridad aprobada en 2011, adaptando y actualizando su contenido a los cambios del escenario estratégico, confi gurando un nuevo Sistema de Seguridad Nacional e implicando a la sociedad civil en los ámbitos de interés prioritario de la Seguridad Nacional. Se basa en la idea de que la Seguridad Nacional es un servicio público, que debe ser objeto de una Política de Estado con continuidad en el tiempo, capaz de superar los marcos temporales y las agendas políticas de cada gobierno”. Así, taxativamente podemos señalar que el producto o fi nalidad de este documento es el crear un Sistema de Seguridad Nacional que permita alcanzar los objetivos enunciados. Esto es claramente logrado, llegando este documento incluso a establecer el plazo y a disponer la elaboración del marco jurídico conducente a este fi n.

Por su parte, en la Introducción de la ENSYD de Chile, se señala que “…el gobierno de Chile ha decidido elaborar una Estrategia Nacional de Seguri-dad y Defensa que oriente y coordine comprehensivamente la acción de distintos organismos e instituciones nacionales para enfrentar adecuadamente los desa-fíos de seguridad del país en el período 2012-2024” (ENSYD; 7-8 ). En sus tres primeras partes efectivamente se orienta a ese objetivo, sin embargo, en su parte cuarta, no entrega solución de cómo alcanzarlo y por el contrario, abandona el nivel “nacional” para sumergirse en el ámbito sectorial de la Defensa, al determi-nar las “Capacidades Estratégicas de la Defensa y los Medios requeridos para ello”. Como se ve, en relación a los “fi nes” este documento gana en amplitud ya que vincula lo nacional y lo sectorial, pero pierde robustez y se debilita al mezclar fi nes y niveles normativos, y por lo mismo, solo da respuesta parcial al propósito explicitado en su Introducción.



En una perspectiva comparada, ambos documentos para llegar a su fi nali-dad recorren un camino metodológico muy parecido. La diferencia estaría funda-mentalmente dada tanto por el nivel en que se plantean, como por el producto de las mismas. De esta manera, en un contexto de optimización de la ENSYD, una alternativa sería separar lo “nacional” de los “sectorial”, y dejar como documento matriz solo una “Estrategia de Seguridad Nacional” que se oriente a darle sen-tido y dirección a la acción en el nivel nacional, para, a partir de ella, descender en documentos subalternos a las diferentes acciones sectoriales, incluidas, por supuesto, las de la Defensa. Y en este nivel determinar las “Capacidades Estra-tégicas de la Defensa y los Medios requeridos para ello”.

Es por esta misma razón que en el documento español el contenido dedi-cado específi camente a la defensa nacional es muy breve, puesto que responde tanto al concepto integrado de la seguridad como a la larga tradición de planea-miento de la defensa, muy anterior a la existencia misma de las estrategias na-cionales de seguridad, por tanto independiente de una estrategia nacional inexis-tente en lo formal, pero que en estos momentos se contempla ya como uno de las principales estrategias subordinadas a la ESN.

6. Estructuras institucionales de seguridad nacional

En este orden, parece interesante destacar la visión contenida en la ESN española de asumir la Seguridad Nacional como un servicio público que debe ser objeto de una Política de Estado. Ello, por una parte, nos conduce a la necesidad de disponer del marco regulatorio que efectivamente permita armonizar e integrar los diversos actores estatales y privados involucrados, y por otra, a la creación de los órganos de coordinación, dirección y gestión requeridos para alcanzar las condiciones de seguridad deseadas.

Lo señalado en los párrafos precedentes es indispensable para –en cual-quier país– dar forma a un Sistema de Seguridad Nacional. La ENS 2013 de España aborda este desafío directamente, al –tal como lo señala el Documento de Análisis: La Estrategia de Seguridad Nacional, mayo 2013 (Laborie; 4), del Instituto Español de Estudios Estratégicos–, indicar que “… la ESN da un paso decisivo al crear la estructura del Sistema de Seguridad Nacional sobre la base de dos nuevos organismos: el Consejo de Seguridad Nacional y los Comités es-pecializados. Y lo que es más importante, se determina que en el plazo de seis meses el Consejo de Seguridad Nacional elaborará una propuesta de antepro-yecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional para su posterior elevación al Con-sejo de Ministros. Esta Ley Orgánica creará de manera defi nitiva una arquitectu-ra institucional que permita la constitución de un sistema de seguridad integral, diseñado para proporcionar coherencia estratégica a la política de seguridad del

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Estado, englobando aspectos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Industria y Hacienda, entre otros”.

En este sentido, la ENSYD de Chile se presenta más débil y precaria, ya que no contempla la existencia de un –indispensable– marco legal superior que justamente le entregue la “coherencia estratégica a la política de seguridad del Estado…” (Laborie; 4) y solo se limita a la creación de un “Comité Interministerial de Seguridad” (ENSYD; 65). El que, presidido por el Presidente de la República e integrado por diferentes ministros, le corresponderá la coordinación de las tareas de seguridad, dejando su ejecución a los ministerios sectoriales corres-pondientes.

Los organismos de esta naturaleza –tanto el español, como el chileno–, por el nivel en que se ubican, por la estructura que presentan, por la disponibilidad de sus integrantes y por la carencia de una organización administrativa y operativa que los soporte y gestione sus orientaciones, no podrán asegurar la coherencia y la sincronización necesaria de todos los actores vinculados a las materias de Seguridad. Por lo tanto, aunque necesarios, son absolutamente insufi cientes en relación a los fi nes deseados. La necesidad de contar con un marco legal, que dé vida al organismo técnico que integre y complemente a los diferentes actores y, a su vez, genere “la coherencia estratégica a la política de seguridad del estado” es –en nuestro criterio– evidente.

La sola promulgación de una Estrategia de Seguridad parece ser insufi -ciente para esos fi nes. De ahí lo relevante que en la ESN 2013 de España se determine la necesidad de elaborar una Ley Orgánica de Seguridad Nacional que cree la arquitectura institucional que permita la constitución de un sistema de se-guridad integral que proporcione coherencia estratégica a la política de seguridad del Estado. Chile no tiene una ley de Seguridad Nacional y además carece –y ineludiblemente requiere– de una organización técnica y permanente, que dirija la armonización y efectúe el seguimiento de los esfuerzos interministeriales y sectoriales en estas materias. La primera versión de la ENSYD enviada, el 28 de junio de 2012, en consulta al Senado de la República, por S.E el Presidente de la República, así lo consideraba. Lamentablemente en la segunda versión este organismo fue eliminado. ¡Es esta una tarea indispensable y aún pendiente!

I. Marco conceptual

“Seguridad” no es un concepto inmutable, sino que por el contrario, evo-luciona con el tiempo, las variaciones del entorno estratégico, las condiciones internas de los Estados y, no menos importante, los valores éticos y morales de los individuos. El ser humano en su recorrido vital precisa de certidumbres, de elementos referenciales que le liberen de su desasosiego, permitiéndole acome-ter su vida cotidiana sin perturbaciones indeseadas. Por eso la Seguridad, una



Seguridad con mayúsculas y sin adjetivos, tiene una consideración prioritaria en sus necesidades.

Según la conocida defi nición de Max Weber, “… el Estado es una comuni-dad humana que se arroga (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado”. Esto quedó especialmente de manifi esto tras el Tratado de Westfalia que consagró la primacía del Estado en los asuntos in-ternos de su sociedad bajo el principio de “no injerencia” y le convirtió en agente único de las Relaciones Internacionales. Esta dualidad dio lugar a una separa-ción, más aparente que real, entre seguridad interior y exterior.

En el ámbito de las Relaciones Internacionales el objetivo de la Seguridad es contribuir a la generación de un mundo estable y estaría orientada a asegurar la protección, independencia e integridad territorial del Estado; en el espacio in-terior está ligada a la tranquilidad y al normal funcionamiento del país (sus leyes y sistema institucional) y de la vida cotidiana de sus ciudadanos. En estas dos esferas, Estado y ciudadanos, es donde se enmarca la Seguridad Nacional.

La Seguridad Nacional nace de una necesidad derivada de la existencia real de la hostilidad contenida en un agente que se opone a la misma y que llamaremos «agente hostil» y que, en la actualidad, no obedece a la tradicional distinción entre “interior y exterior”. Tres son los parámetros fundamentales para establecer la Seguridad: la identifi cación del agente hostil, la defi nición de los bienes a proteger y la elección del grado de cobertura deseable. Fijados estos parámetros, y teniendo presente los medios disponibles, es posible formular el grado de Seguridad a alcanzar.

En la segunda mitad del siglo XX y en un mundo dominado por el enfren-tamiento ideológico de la Guerra Fría, seguridad y defensa eran conceptos sinó-nimos. En ambos casos el Estado constituía el objeto referente de la seguridad, pues era el que proporcionaba seguridad y defensa a los individuos que viven en el interior de sus fronteras. Siguiendo este enfoque, se garantizaba la seguridad de los ciudadanos de un país a través de la defensa del Estado. Este modelo de Seguridad Nacional trataba de defender, desde una perspectiva interna, la sobe-ranía del Estado como columna vertebral de todos los intereses de la Nación. Ya que el Estado era el objeto referente de la seguridad, es decir, lo que debe ser protegido, los ejércitos, las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia eran los instrumentos predominantes.

El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945, signifi có la institucionalización de mecanismo de equilibrio de poder a través de la implementación del concepto de Seguridad Colectiva: “mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fi n tomar medidas colectivas efi caces para prevenir y eliminar amenazas a la paz” (Carta de las Naciones Unidas, ar-tículo 1). Aunque la Carta de las Naciones Unidas prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de

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cualquier Estado, no existe ningún precepto que menoscaba “el derecho inma-nente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado con-tra un Miembro de las Naciones Unidas” (Carta de las Naciones Unidas, artículo 51). Dado el enfrentamiento entre bloques, durante aquella época las “alianzas” constituyeron la forma predominante de seguridad regional, dando lugar a la de-nominada defensa colectiva con el que un grupo de países de similar ideología se enfrentaban a una amenaza militar común. La Organización del Tratado del Atlán-tico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia son los paradigmas de ese desarrollo. Aún hoy la defensa colectiva constituye la piedra angular sobre la que se asienta la Alianza Atlántica, y sin duda su principal atractivo para sus países miembros.

El imprevisto derrumbe de la Unión Soviética supuso una trasformación radical en los modelos de seguridad imperantes hasta ese momento. Como con-secuencia del creciente efecto de la globalización sobre todos los órdenes, se va debilitando la sensación de amenaza militar y se prodiga la expresión “dividendos de la paz”. Este contexto se abre a un enfoque más amplio de la seguridad, que ya no se limita a las cuestiones militares sino que también presta atención a pro-blemas de índole económica, medioambiental o identitaria.

II. Defi nición de seguridad, defensa y estrategia

El mundo multipolar del siglo XXI es más complejo y desordenado que como lo fue el siglo XX, lo que hace que se planteen numerosas incertidumbres fruto de la concurrencia sobre un mismo objeto de cuantiosas fuerzas, así como por la existencia de redes de intereses e interconexiones. Estas fuerzas superan el monopolio estatal de la violencia ya que aparecen grupos y agentes trasnaciona-les que la desarrollan. Y es que la globalización ha modifi cado sustancialmente la forma en que ordenamos el mundo, estableciendo nuevas categorías y anulando los sistemas de clasifi cación hasta ahora vigentes; el mundo se ha plegado sobre sí mismo desbordando no solo las fronteras físicas, sino también las conceptua-les. Los confl ictos locales dirigidos hacia dentro, con infl uencia de actores exter-nos, se proyectan ahora hacia fuera, con una dimensión no ya internacional, sino global. A la vez, la globalización convierte lo local en global y atomiza el poder, disminuyendo la distancia y llevando la confrontación a los hogares, haciendo extremadamente difi cultoso una discriminación de las fuentes potenciales de pe-ligro o una prelación de estas.

Las transformaciones globales que dan forma al mundo actual están impul-sando la aparición de nuevos riesgos y amenazas a los que se deben enfrentar las sociedades modernas. Cuestiones transfronterizas, tales como el crimen organi-zado, el terrorismo, la disputa por los recursos naturales o los fl ujos incontrolados de personas, entre otros, han entrado de lleno en las agendas de los gobiernos y organizaciones internacionales. La compleja naturaleza de los riesgos citados impi-



de que sean afrontados con los instrumentos de los que han dispuesto los Estados tradicionalmente, obligando a reformular el concepto de seguridad en dos sentidos. Por un lado, el término seguridad supera la tradicional noción de defensa militar, para englobar ahora aspectos tales como la economía, la sanidad o el medio am-biente; y por otro, desaparece la división entre seguridad interior y exterior.

Sin embargo, sobre este concepto amplio de seguridad pueden distinguirse dos corrientes diferenciadas. La primera de ellas es defendida por aquellos que, aceptando la inclusión de nuevos factores en la seguridad, siguen considerando, aunque desde distintos puntos de vista, al Estado como su objeto central; y por lo tanto, los instrumentos tradicionales estatales continúan siendo prioritarios. La segunda corriente de pensamiento parte de la creencia de que se ha dado demasiada importancia a los Estados, y que, por consiguiente, es preciso volver a pensar el signifi cado real del término seguridad. Se trata de utilizar un discur-so alternativo en el que los individuos y los grupos sociales ocupen el centro de atención, sustituyendo a los Estados. En él, la soberanía nacional deja de tener la importancia defendida en los enfoques tradicionales, pasando a coexistir, como señalaba Kofi Annan, con una “soberanía individual” en la que el derecho de los derechos humanos prevalece sobre el Derecho Internacional.

Estas cuestiones son las que han llevado primero a la dilución de la De-fensa en el espacio de la Seguridad, por ser este un concepto más amplio y que responde mejor a los retos que se le plantean y se extiende a otros ámbitos buscando el tratamiento integral de la problemática del Estado. La Defensa es la forma de oponerse a un peligro o a una amenaza; la Seguridad es mucho más exigente y difícil de alcanzar, tiene un carácter más preventivo y utópico al tratar de mantener fuera todo riesgo, peligro o amenaza a personas y bienes. Es en defi nitiva, una condición deseada.

Todos estos factores tienen una infl uencia crítica a la hora de elegir los medios para enfrentarse a los riesgos y amenazas señalados. En otras palabras, los países defi enden sus intereses nacionales de acuerdo a su “cultura estraté-gica”. Aunque bajo esta coexisten varias posibles aproximaciones, en general se acepta que la cultura tiene una profunda repercusión sobre el modo en que los gobiernos toman decisiones ante un problema dado. Desde esta óptica se puede observar cómo culturas distintas, frente a los mismos hechos, manifi estan dife-rentes formas de pensar y actuar.

Estas diferencias explican la diferente orientación de las estrategias na-cionales adoptadas. Así, en su acepción más simple, estrategia es la calculada e integrada relación entre los medios disponibles y la consecución de los fi nes deseados, de tal manera que el riesgo asumido, el diferencial entre objetivos y medios, sea el menor posible. Desde el punto de vista de la seguridad nacional, estrategia supone la gestión integral de todos los elementos que componen el poder del Estado para alcanzar los objetivos nacionales dentro del sistema in-

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ternacional. En este sentido, la estrategia se convierte en un proceso racional conformado por una variedad de acciones cuidadosamente integradas.

La propia ESN se defi ne a sí misma como: la articulación fundamental de la Seguridad Nacional como Política de Estado. Contiene directrices con el fi n de reasignar todos los recursos disponibles del Estado de manera efi ciente para la preservación de la Seguridad Nacional. En particular, hace un diagnóstico de nuestro entorno de seguridad, concreta los riesgos y amenazas a los que se en-frenta España en un mundo en constante transformación, defi ne líneas de acción estratégica y confi gura un nuevo Sistema de Seguridad Nacional. Esta defi nición señala la estructura que sigue el documento recién aprobado.

En lo que respecta a Chile, el objeto de la ENSYD es orientar y coordinar com-prehensivamente la acción de distintos organismos e instituciones nacionales para enfrentar adecuadamente los desafíos de seguridad del país en el período 2012-2024 (ENSYD; 7-8). Por lo que al buscar ordenar los medios disponibles hacia el fi n deseado, sus orientaciones debieran exceder el restringido ámbito de la Defensa.

En general, se critica a las estrategias de seguridad por señalar determina-dos asuntos como problemas de seguridad, pero descartando al mismo tiempo otros que también podían serlo. Las complejas tendencias del mundo actual pue-den señalar múltiples fuentes de peligro. Pero no todo puede ser una cuestión de seguridad. La securitización –como la defi nió Waever– es contraproducente, ya que incluso puede atentar contra los valores e intereses que se pretenden proteger. La defi nición de que es, o no es materia de seguridad, y quien está le-gitimado para efectuar esa defi nición, constituye sin duda el factor central de los análisis estratégicos y de seguridad.

La presente comparativa observa al Estado como objeto referente inequí-voco de la seguridad, de ahí el apellido de “Nacional”. No obstante, no se olvida la importancia de la seguridad de los ciudadanos a los que el Estado, como su misión fundamental, otorga protección. En último extremo, el “individuo” como persona constituye el eje vertebrador de las estrategias de seguridad de Chile y España. En cualquier caso, les corresponde a las autoridades estatales, y no a otros agentes, la defi nición y priorización de las amenazas y riesgos. En los Es-tados democráticos, como son los casos chileno y español, se trata de lograr en este punto el mayor consenso entre las fuerzas políticas y sociales, con el fi n de adquirir la máxima legitimidad posible. Esta es su fortaleza, y también su debili-dad, ya que el consenso político no siempre es posible.

a. La visión chilena

La estrategia chilena percibe un entorno estratégico en el que las tenden-cias globales están introduciendo un creciente grado de incertidumbre que en-cuentra causas múltiples y variadas, pero que muchas veces terminan siendo



interconectadas y potenciadas por las mismas fuerzas de la globalización. Así, las amenazas actuales a la seguridad de las naciones son de diversa naturaleza y, en su mayoría, de carácter transnacional –narcotráfi co, crimen organizado, tráfi co de armas, ciberataques, depredación de recursos naturales, défi cit ener-gético severo, entre otras–.

En consonancia con lo expuesto, la ENSYD efectúa una continua mención a la noción de “seguridad ampliada”, ya que este es el único enfoque que aporta una adecuada respuesta a los retos a la seguridad: “… La amplitud y diversidad de los riesgos y amenazas a la seguridad, las crecientes interacciones entre ellos, sus alternativas de evolución futura, así como el diseño, implementación y control de las políticas públicas necesarias para enfrentarlos, requieren de una respuesta que sea integral”. Así, el documento chileno busca involucrar a distin-tos actores públicos cuyas responsabilidades específi cas están claramente defi -nidas por la Constitución Política de la República y las leyes vigentes.

Asimismo, el carácter transnacional de la globalización obliga también a Chile a promover el fortalecimiento del orden y seguridad internacional, bajo los principios de privilegiar la paz, el diálogo, el respeto al Derecho Internacional y el multilateralismo.

Por ello, y como parte esencial de su ENSYD, Chile seguirá apoyando deci-didamente la integración regional en América Latina y promoverá una mayor inte-gración física con sus países vecinos. En el nivel regional, tanto la Organización de Estados Americanos como la Unión de Naciones Suramericanas y la Comuni-dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños cumplen funciones complemen-tarias en los desafíos relativos a la seguridad de la región. Además, la estrategia chilena señala a la Alianza del Pacífi co como el marco adecuado “para gestar en conjunto mecanismos efi caces de integración avanzada” (ENSYD; 35); todo ello, sin olvidar los vínculos de seguridad con los países de Europa y la Unión Euro-pea, así como con Estados Unidos y Canadá.

Al igual que ocurre con otros países, como por ejemplo Francia, la ENSYD fusiona en un mismo documento seguridad y defensa, lo que justifi ca su denomi-nación dual, pero que, a juicio de estos investigadores –como se profundiza en la conclusiones del presente trabajo–, tiende a diluir lo nacional en lo sectorial y, consecuentemente, a restarle robustez. Este es un aspecto que la diferencia de la ESN española, pero que no es en absoluto incompatible con la diferenciación entre los conceptos de seguridad y defensa. Como producto fi nal, la estrategia chilena establece las capacidades que las Fuerzas Armadas requieren para dar cumplimiento a las tareas y orientaciones de la ENSYD, elemento fundamental del modelo de presupuesto plurianual destinado al fi nanciamiento del Plan de Desarrollo de la Fuerza.

En el marco de una agenda de seguridad ampliada, la ENSYD postula una defensa nacional que, sin descuidar sus funciones principales de defensa militar

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y cooperación internacional, colabore con sus capacidades a los esfuerzos de seguridad de cargo de otros actores públicos, todo ello, dentro de los límites constitucionales y legales existentes en el país. En ese cometido, como se pro-fundiza en las conclusiones, se abdica de la creación e institucionalización de un verdadero Sistema de Seguridad Nacional que asegure el logro de los objetivos deseados.

Por su parte, la ESN determina que la Defensa Nacional es un ámbito prio-ritario de actuación y cuyo objeto es hacer frente a los confl ictos armados, que como más adelante veremos, son considerados una de las amenazas a la segu-ridad nacional.

b. La visión española

Los conceptos de seguridad y defensa españoles han evolucionado en fun-ción de las enormes transformaciones sociales y políticas sufridas por España en las últimas décadas. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con los ataques terroristas sobre Nueva York y Washington y la posterior “guerra global contra el terrorismo” desencadenada por los EE. UU., suponen un nuevo giro en el escenario estratégico mundial. Así, la lucha contra el terrorismo pasa a constituirse en el principal elemento de las estrategias de seguridad y defensa occidentales.

En este entorno, y condicionada por su pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea (UE) –España ingresó en la entonces Comunidad Europea en 1986–, las concepciones de la seguridad y la defensa española quedan voluntariamente subordinadas a lo estipulado por ambas organizaciones. Sin embargo, es im-portante señalar que ambas instituciones difi eren sustancialmente en su cultura estratégica.

La UE es hoy la única organización internacional capaz de utilizar una am-plia variedad de instrumentos que favorezcan la estabilidad, tanto para prevenir una situación de crisis, como para restaurar la paz y reconstruir las instituciones después de un confl icto. Estas capacidades de la UE, complementadas por las herramientas políticas tradicionales de sus Estados miembros, constituyen el po-der blando europeo. No obstante lo apuntado, la cuestión de la defensa común pese al indudable impulso proporcionado por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, permanece a los ojos de muchos como el aspecto más débil de los ins-trumentos de seguridad europeos.

Desde la aprobación de su nuevo Concepto Estratégico en 2010, la OTAN supera la tradicional noción de organización de defensa e incorpora un concepto de seguridad ampliado, bajo la fórmula de la Seguridad Cooperativa. Sin embar-go, son precisamente sus inigualables capacidades militares las que constituyen el principal valor de la Alianza. Es decir, el planeamiento y posible uso de la



fuerza militar es el activo que hace única a la OTAN, y el motivo por el que sigue siendo la piedra angular de la estructura de seguridad euroatlántica.

Pese a la pertenencia de nuestro país a las organizaciones regionales, OTAN, Unión Europea y OSCE, España tiene una condición y un contexto propio, sus valores recogidos en la Constitución, su propia cultura, y sus intereses vita-les y estratégicos. Por ello, España no ha sido ajena a los debates acerca de la necesidad de establecer un concepto más amplio de seguridad.

Desde hace años, la urgencia para elaborar una “gran estrategia españo-la” que partiendo de una concepción global en la que no primasen los riesgos específi camente militares, fi jase los objetivos y líneas de acción necesarias para garantizar la seguridad de España y su contribución a un entorno europeo e inter-nacional más seguro y pacífi co, ha sido una reclamación recurrente.

Esta reclamación se vio fi nalmente satisfecha en junio de 2011 con la apro-bación por el Consejo de Ministros de la primera Estrategia de Seguridad Nacio-nal que llevaba por título: “Estrategia Española de Seguridad. Una responsabili-dad de todos”. Este documento constituye un hito en la historia del pensamiento y del planeamiento estratégico español. Con esta estrategia del más alto nivel político se superaba el modelo seguido hasta la fecha, en el que los documentos estratégicos de referencia eran de carácter departamental, elaborados por aque-llos ministerios más involucrados en los temas de seguridad, como es el caso del Ministerio de Defensa.

El pasado 31 de mayo de 2013, el Consejo de Ministros español aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2013, que actualiza la anterior versión de 2011. Bajo el título “Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido”, la importancia del documento está determinada por su valor de re-ferencia para los líderes políticos españoles. Este documento concibe a la segu-ridad de la manera integradora señalada. Así, la nueva Estrategia de Seguridad adopta un concepto amplio de seguridad que asume que para proteger lo próximo también hay que cuidar lo lejano. Además, se tiene en cuenta las organizaciones internacionales y actores no estatales, asumiendo como principio fundamental que las soluciones estables y la construcción de la paz se obtiene con la aplica-ción de acciones diplomáticas, militares y civiles, económicas, de información y de desarrollo. La ESN 2013 efectúa por primera vez de forma ofi cial una defi ni-ción de Seguridad Nacional: acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

A diferencia de la ENSYD, la ESN no dedica un apartado específi co al sector de la Defensa, aunque sí incluye, como se verá más adelante, las líneas de planea-miento y actuación sectorial. Hay que resaltar, no obstante, que el presidente del gobierno español fi rma también la Directiva de Defensa Nacional, documento de

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segundo nivel en importancia de carácter cuatrienal, y que determina los objetivos de la Política de Defensa española y las directrices a seguir durante la legislatura.

III. Percepciones de riesgos y amenazas

En el campo específi co de los riesgos y amenazas sentidos por las nacio-nes, quizás el rasgo más destacado, producto de los cambios sufridos desde el fi nal de la Guerra Fría hasta nuestros días, es la tendencia a la fusión de los conceptos seguridad interior y seguridad exterior. La globalización, la apertura de las fronteras y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otros, hacen que los aspectos internos y externos de la seguridad se mezclen e interaccionen como nunca ha sucedido en el pasado.

En consecuencia, también la percepción que de dichas amenazas tiene una nación ha perdido la antaño clara línea divisoria entre lo interior y lo exterior. A este fenómeno se une la creciente implicación de las naciones en organizaciones supranacionales, por lo que el anterior concepto se ha sustituido en gran medida por la diferenciación entre amenazas compartidas con otros actores, que hoy día constituyen la mayoría, y aquellas pocas específi cas de cada nación.

Por tanto resulta evidente que las actuales amenazas son menos identifi -cables que antaño, más difusas e incluso hasta cierto punto imprevisibles, por lo que un porcentaje importante de los recursos disponibles ha de ser asignada a estos nuevos riesgos y amenazas, transformación que ha de emprenderse no solo en los conceptos de seguridad y defensa de las naciones, sino principalmen-te en las capacidades de las FAS y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que han de sumarse sectores muy variados de la administración y del tejido empresa-rial y académico de la nación.

Por lo que y en sintonía con un concepto de seguridad ampliado, es impres-cindible dotarse de capacidades en un amplio espectro que, sinérgicamente y de un modo muy fl exible, sean capaces de oponerse a una compleja panoplia de amena-zas, algunas de ellas aún no identifi cadas. Obviamente resulta imprescindible reali-zar una evaluación periódica de las amenazas presentes, de la probabilidad de que se hagan realidad y de su peligrosidad en caso de producirse. Solo de este modo, priorizando las amenazas sentidas, será posible asignar los recursos necesarios.

Las amenazas más claramente identifi cadas y que destacan por su probabi-lidad y peligrosidad, normalmente interrelacionadas entre sí en gran medida, pre-sentan hoy un carácter casi universal, al ser comunes a la mayoría de los Estados.

La ESN española reconoce doce amenazas o riesgos, mientras que en el caso chileno solo se identifi can seis. No obstante, como se muestra en la siguien-te tabla, cinco de estas amenazas y riesgos son comunes. También es digno de mención que algunos de los riesgos que: España identifi ca en solitario, la ENSYD los reconoce como principales tendencias globales o bien como riesgos o vulne-rabilidades estructurales.



Chile EspañaCrisis o ataques a territorio nacional –––––––––––––––––––––––––– Confl ictos armadosTerrorismo TerrorismoNarcotráfi co Crimen organizado––––––––––––– Inestabilidad económica y fi nanciera––––––––––––– Vulnerabilidad energéticaTráfi co de armas y proliferación de armas de destrucción masiva

Proliferación de armas de destrucción masiva

Ciberataques Ciberamenazas––––––––––––– Flujos migratorios irregularesCatástrofes Emergencias y catástrofes––––––––––––– Espionaje––––––––––––– Vulnerabilidad del espacio marítimo

–––––––––––––Vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales

a. Amenazas y retos comunes a ambas naciones

Terrorismo

Prevenir, impedir y derrotar al terrorismo, con independencia de su origen, ha de ser un fi n prioritario de los gobiernos. El terrorismo pretende imponerse a las sociedades libres y democráticas, y constituye una amenaza estratégica de gran relevancia, que ha experimentado un reciente reforzamiento de sus medios de acción y capacidades, como consecuencia fundamentalmente de la expansión de las nuevas tecnologías.

Además, en estos momentos parece ampliar su espectro, porque aunque es cierto que el terrorismo internacional está relacionado principalmente con el extremismo religioso, la crisis económica y sistémica que afecta a las naciones occidentales amenaza con revivir los terrorismos de raíz anarquista y antisistema.

La respuesta a esta lacra ha de dirigirse tanto a las causas que lo origina como a sus instrumentos fi nancieros, logísticos, de captación y apoyo, más las actuaciones policiales y militares ante sus manifestaciones más peligrosas. En este aspecto la acción concertada de los Estados y sociedades libres es impres-cindible para combatirlo.

Narcotráfi co - crimen organizado

De naturaleza transnacional y resiliente, además de como amenaza por sí, el crimen organizado genera y activa otros riesgos y amenazas que debilitan al Estado. La dimensión de esta amenaza es muy importante, al disponer de los medios para corromper elementos clave de los Estados. Está indisolublemente

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unido a los Estados frágiles o fallidos, en los que llega a sustituir al Estado, desde los que proyecta su infl uencia al resto de la comunidad internacional.

Su mayor peligrosidad reside en su asociación con grupos terroristas, con los que pueden llegar a confundirse. La adopción de tácticas terroristas por el crimen organizado y la utilización del mismo para fi nanciar las actividades terro-ristas forman una amenaza dual de primera magnitud.

De nuevo la acción concertada de los Estados es imprescindible para com-batir el crimen organizado internacional, que se ha convertido en una amenaza cotidiana.

LA ESNYD es más específi ca, ya que se focaliza sobre un tipo de crimen organizado: el narcotráfi co, que constituye la actividad criminal más importante en la región, siendo el tráfi co de cocaína su máxima expresión. Sin embargo, el documento chileno identifi ca el crecimiento del crimen organizado, en su forma más amplia como una tendencia global, que tiene efectos profundamente corro-sivos en las instituciones estatales y sociales.

Tráfi co de armas y proliferación de armas de destrucción masiva

La proliferación de las armas de destrucción masiva y sus sistemas de lan-zamiento es la amenaza para la paz y seguridad internacional de mayor peligro-sidad. Si el terrorismo es la amenaza más cotidiana, la proliferación de armas de destrucción masiva es la más peligrosa.

El riesgo de proliferación y uso de este tipo de armamento se está incre-mentando en Extremo y Medio Oriente, lo que unido al desarrollo tecnológico de los vectores de lanzamiento hace esta amenaza también cada vez más pro-bable. Sin embargo, no por su posible uso por Estados, ya que las represalias que sufriría el Estado que hiciera uso de armas de destrucción masiva suponen un grado de disuasión extremo, sino debido a organizaciones terroristas que no dudarían en utilizar este tipo de armas. Sin duda la amenaza más preocupante y letal es la conformada por la constitución del binomio terrorismo-armas de destrucción masiva.

En consecuencia, la existencia de un número en aumento de naciones do-tadas de este tipo de armas, algunas de ellas manifi estamente frágiles, inesta-bles o en riesgo de ser gobernadas por regímenes de naturaleza radical, es una amenaza de primer orden a la seguridad, principalmente debido al hecho de ser actores potencialmente facilitadores de dichas armas a grupos terroristas afi nes.

Al peligro que suponen las armas de destrucción masiva, Chile añade la difi cultad de controlar los destinos de armas convencionales en desuso. Para la ENSYD “el tráfi co de armas livianas y pequeñas reviste especial preocupación”, ya que los principales usuarios de dichas armas son precisamente los grupos vinculados con el crimen organizado.



Ciberataques (o ciberamenazas)

El ciberespacio ha permitido el desarrollo de una globalización sin paran-gón en la historia. Sin embargo, junto a innumerables ventajas conlleva nuevos riesgos y amenazas. El ciberterrorismo, el ciberdelito/cibercrimen, el ciberespio-naje o el “hacktivismo”, son el instrumento de actividades ilícitas o delictivas. Además constituyen un fenómeno que aún se muestra en su fase inicial, sin que podamos todavía vislumbrar todo su potencial al abrigo de los futuros desarrollos tecnológicos.

Otra característica de nuestro tiempo es que el individuo por medio de las tecnologías de la comunicación, redes sociales, etc., es capaz de infl uir en la opi-nión pública, llegando a condicionar las políticas de los gobiernos. Como resulta-do el poder del Estado está disminuyendo, mientras que aumenta el de individuos aislados o grupos de ellos, incluyendo a organizaciones criminales.

En defi nitiva, se abre un complejo debate entre la máxima interconexión, que permita obtener el máximo benefi cio de la tecnología y la seguridad.

Catástrofes (y emergencias)

La interdependencia global y de los distintos riesgos y amenazas está do-tando a las catástrofes naturales o inducidas de una nueva dimensión. La des-trucción de infraestructuras, de medios de producción, la contaminación, la in-terrupción de comunicaciones, la distorsión de los mercados y la interrupción de los fl ujos de abastecimiento, agravan sus efectos y amplían el escenario de afectados.

Estos hechos, aunque puntuales, tienen la capacidad de dinamizar la con-currencia de otras amenazas, sobre todo en contextos de superpoblación y ma-crociudades escasamente dotadas de servicios, donde los medios pueden llegar a ser manifi estamente insufi cientes para socorrer a la población afectada.

b. La especifi cidad chilena

Crisis o ataques a territorio nacional

La Estrategia chilena cita en primer lugar a las crisis o ataques a su terri-torio nacional como amenaza a su seguridad, por lo que “el país requiere contar con una capacidad militar creíble para disuadir y adecuada para actuar en legíti-ma defensa”. Esto, probablemente, infl uido por la autopercepción geoestratégica y geopolítica de su entorno.

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c. Las particularidades españolas

Confl ictos armados

Señalados como una tendencia global en la ENSYD, los confl ictos armados siguen representando una amenaza grave para la seguridad por su peligrosidad. Sin embargo, ha disminuido notablemente la probabilidad de confrontaciones clá-sicas entre Estados. No obstante no pueden ni deben ser descartados, por su violencia y letalidad.

Además hay que tener en cuenta que los Estados fallidos o frágiles, cada vez más abundantes en determinadas regiones geopolíticas del planeta, consti-tuyen una amenaza. La presencia de uno de estos Estados conlleva casi inexora-blemente el desarrollo de confl ictos armados, de mayor o menor intensidad, que constituyen una amenaza directa al menos a escala regional.

Inestabilidad económica y fi nanciera

La inestabilidad económica y fi nanciera ha alcanzado una destacada di-mensión como amenaza para la seguridad. Genera confl ictividad política y so-cial, refuerza otros riesgos y puede llegar a limitar los instrumentos del Estado garantes de la seguridad y la defensa. La diferencia entre ambas estrategias es que, como ya se señalara, en la ENSYD esta es considerada como un factor de vulnerabilidad a partir del cual se favorece la germinación de otras amenazas.

En consecuencia, la pobreza y las desigualdades económicas afectan a la estabilidad y seguridad, tanto cuando estas desigualdades son de dimensión internacional como cuando son propias de una misma sociedad. Favorecen la emigración ilegal, la corrupción, el crimen organizado, la agitación social y el ex-tremismo religioso y político.

La creciente agitación social, el repunte de los antisistemas y las mejo-res expectativas electorales de las opciones políticas más extremas son conse-cuencia directa de la inestabilidad económica. Lo que tiene refl ejo también en la importante disminución de la aportación económica en materia de cooperación y desarrollo hacia los países más pobres, que a su vez puede provocar un incre-mento de las amenazas procedentes de estas áreas.

Vulnerabilidad energética

La energía es un factor clave para el progreso económico y el correcto funcionamiento de la sociedad. La vulnerabilidad energética se incrementa ante una excesiva dependencia exterior y una baja interconexión regional. Además, la reciente incorporación de nuevas grandes potencias económicas al panorama



internacional ha aumentado la competencia por los recursos energéticos dispo-nibles. La posibilidad de que esta competencia pueda generar confl ictos es un riesgo y una amenaza no inminente pero sí creciente.

La importancia del sector energético para las naciones hace de él un objetivo atractivo para el terrorismo internacional. En consecuencia es necesario asegurar las instalaciones y las redes de transporte, así como la sostenibilidad medioambien-tal de la extracción, transporte y consumo de los productos energéticos.

Mientras que para España la vulnerabilidad energética es una amenaza de primer orden, para Chile, importante productor de ciertas materias primas, la necesidad de cuidar y proteger los recursos naturales –término más general e inclusivo– tiene un carácter estratégico.

Flujos migratorios irregulares

La población de regiones en desarrollo está en gran expansión, mientras que las sociedades más desarrolladas tienen una tasa de crecimiento muy pe-queña o incluso en retroceso. Como consecuencia se está produciendo el cre-cimiento acelerado del conjunto de la población, lo que genera una presión cre-ciente sobre los recursos disponibles, algunos tan básicos como los alimentos y el agua potable.

Pero también un creciente desequilibrio poblacional entre las regiones más ricas y desarrolladas y otras en vías de desarrollo, que puede tener como resul-tado una intensa corriente migratoria de unas zonas a otras que, de producirse de modo descontrolado e imprevisible, afectará a la seguridad. Fenómenos im-previsibles como el impacto del cambio climático, grandes catástrofes naturales o guerras, entre otros, tienen el potencial de convertir este riesgo latente en una amenaza para la seguridad.

Además de su dimensión internacional, las migraciones incluso a escala interna suponen un riesgo, porque se está traduciendo en la paulatina creación de macrociudades, de decenas de millones de habitantes, donde es imposible proporcionar los servicios necesarios, trasladando el concepto de Estado fallido al de ciudad fallida, con todas sus consecuencias a escala local pero con similar intensidad.

España es considerada como el puente entre África y Europa, o lo que es lo mismo entre subdesarrollo y desarrollo. El estrecho de Gibraltar separa dos de las zonas del mundo con mayor desequilibrio económico. Por esta razón la ESN incluye este elemento como una amenaza a la seguridad de los españoles.

Por su parte, Chile no está ajeno a los efectos de estos fenómenos, por lo que las presiones migratorias son consideradas como una tendencia global que puede incidir en la seguridad internacional. En lo nacional, se asume que el incremento en sus niveles de desarrollo y bienestar están crecientemente atra-

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yendo corrientes migratorias desde los países de la región, pero los énfasis para su manejo encuentran centro de gravedad en otras políticas públicas, diferentes de las de seguridad.

Espionaje

El espionaje se ha adaptado al nuevo escenario aprovechando las tecno-logías de la información y comunicación. Así, las agresiones tanto por parte de Estados como de grupos o individuos con el fi n de obtener información sensible son continuas, principalmente en los campos de la seguridad, la economía, la industria y la tecnología. Por supuesto estas actividades son especialmente peli-grosas en situaciones de confl icto o de crisis.

En este punto, la ENSYD pese a coincidir con la ESN al señalar que la masiva diseminación de tecnologías posibilita su uso para vulnerar la seguridad de personas, instituciones y países, no identifi ca con nitidez al espionaje con una amenaza. A la luz de los trascendidos respecto al control de las comunicaciones de países y personas que determinados actores han venido efectuando, cobra real fuerza la identifi cación del espionaje como una amenaza per se.

Vulnerabilidad del espacio marítimo

El espacio marítimo es un medio donde los riesgos y amenazas a la segu-ridad se pueden propagar de manera fácil y rápida debido a su evidente accesi-bilidad y su menor reglamentación respecto a los medios aéreo y terrestre. De este modo, junto al transporte de gran parte de los recursos energéticos, se han intensifi cado en él actividades como el terrorismo, el tráfi co de drogas, la inmigra-ción ilegal o la piratería.

Vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales

El sistema de servicios que dan soporte y posibilitan el trabajo de los secto-res productivos y de gestión posibilitan el funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, así como la vida de la ciudadanía.

Los prestados por las infraestructuras críticas, cuyo funcionamiento no solo es indispensable sino que no dispone de alternativas, tienen un impacto directo y grave sobre la Seguridad Nacional, por lo que es necesario asegurar su integri-dad. Además, el no funcionamiento de una infraestructura crítica puede arrastrar en cadena a otros sistemas, afectando en su conjunto a servicios básicos para la población y el funcionamiento del Estado.



Asegurar la infraestructura crítica de transporte, telecomunicaciones, ener-gía y otros servicios básicos es una tarea específi ca de la seguridad nacional chilena.

IV. Líneas de actuación

Entre los distintos capítulos que componen las estrategias de seguridad actualmente en vigor en numerosos países, el contenido nuclear de dichas es-trategias está constituido por las amenazas percibidas y las líneas de actuación diseñadas para enfrentarlos.

En consecuencia, tras el análisis de los riesgos, amenazas y tendencias globales es imprescindible la conjugación de estos con las capacidades de res-puesta disponibles o susceptibles de alcanzar, todo ello con el objeto de iden-tifi car los ámbitos de acción y trazar las líneas estratégicas de actuación, fruto primordial de cualquier estrategia de seguridad.

Aunque evidentemente el concepto es muy similar en la estrategia chilena y española, sin embargo, el modo de expresar estas líneas de actuación es dis-tinto. Así en la ENSYD se hace énfasis en una respuesta integral, participativa y cooperativa, en la que se potencie la coordinación de los organismos del Estado, la complementariedad en el uso de las capacidades y la actuación en los distintos ciclos de la respuesta.

A continuación se especifi can ocho tareas nacionales de seguridad, mien-tras que en la Parte IV de la estrategia, dedicada precisamente a la defensa nacional, se establecen siete tareas más en el ámbito específi co de la defensa.

El planteamiento español es distinto, consistente en la delimitación de doce ámbitos de actuación, correspondientes a cada uno de los doce riesgos y amena-zas sentidos. A continuación se estable el objetivo para cada ámbito y las líneas de acción estratégicas encaminadas a alcanzar cada uno de los objetivos.

A pesar de estas diferencias, es posible trazar un paralelismo entre ambas estrategias, que se expresa en la siguiente tabla donde se incluyen los ámbitos defi nidos por España, sus correspondientes objetivos y las tareas nacionales de seguridad defi nidas por Chile, como elementos más comparables en este capítulo:

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ÁmbitoENSYD - Tareas de seguridad

ChileESN - Objetivos

EspañaDefensa nacional Defender la soberanía y el

territorio nacional.

Enfatizar la cooperación internacional para favorecer la estabilidad regional, especialmente en Centroamérica y el Caribe, y contribuir a la seguridad general del Pacífi co Sur.

Hacer frente a los confl ictos armados que se puedan producir como consecuencia tanto de la defensa de los intereses o valores exclusivamente nacionales –en los que se intervendría de manera individual–, como de la defensa de intereses y valores compartidos en virtud de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales tales como la ONU, la OTAN o la UE, en los que se intervendría conforme a sus tratados constitutivos junto con otros aliados o socios.

Lucha contra el terrorismo

Colaborar en el campo internacional, y especialmente con los países vecinos, para enfrentar efi cazmente ataques terroristas, así como las actividades del narcotráfi co y del crimen organizado transnacional, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.

Neutralizar la amenaza que representa el terrorismo y reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante sus ataques, haciendo frente a los procesos de radicalización que lo puedan preceder o sustentar.

Ciberseguridad ____________ Garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de información a través del fortalecimiento de nuestras capacidades de prevención, detección y respuesta a los ciberataques.

Lucha contra el crimen organizado

Colaborar en el campo internacional, y especialmente con los países vecinos, para enfrentar efi cazmente ataques terroristas, así como las actividades del narcotráfi co y del crimen organizado transnacional, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.

Impedir el asentamiento de los grupos criminales organizados, poner a disposición de la justicia a los que ya operan dentro de nuestras fronteras e impedir la consolidación de sus formas de actuación delincuencial.

Seguridad económica y fi nanciera

____________ Potenciar un modelo de crecimiento económico sostenible, mitigar los desequilibrios de los mercados, luchar contra las actividades delictivas, potenciar la presencia económica internacional de España y garantizar la resiliencia de los servicios esenciales económicos y fi nancieros.

Seguridad energética

____________ Diversifi car las fuentes de energía, garantizar la seguridad del transporte y abastecimiento e impulsar la sostenibilidad energética.





EspañaNo proliferación de armas de destrucción masiva

____________ Impedir la proliferación, evitar el acceso a sustancias peligrosas por parte de terroristas o criminales y proteger a la población.

Ordenación de fl ujos migratorios

____________ Prevenir, controlar y ordenar los fl ujos migratorios irregulares en nuestras fronteras, que constituyen, a su vez, límites exteriores de la UE.

Contrainteligencia Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia con el objeto de contar con información útil, confi able y oportuna para apoyar los requerimientos de seguridad ampliada del país, y desarrollar medidas que permitan enfrentar y contrarrestar la proliferación de tecnologías peligrosas y ciberataques.

Adoptar medidas de contrainteligencia en la defensa de los intereses estratégicos, políticos y económicos de España, para prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas procedentes de otros Estados, de sus servicios de inteligencia y de grupos o personas, que estén dirigidas a la obtención ilegal de información.

Protección ante emergencias y catástrofes

Proteger a las personas, la población y al patrimonio nacional frente a riesgos y amenazas, incluyendo desastres naturales y antrópicos, así como pandemias.

Participar en operaciones de paz así como en acciones de ayuda humanitaria en caso de desastres naturales en el exterior.

Establecer un Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos que garantice una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada.

Seguridad marítima

____________ Impulsar una política de seguridad en el espacio marítimo con la fi nalidad de mantener la libertad de navegación y proteger el tráfi co marítimo y las infraestructuras marítimas críticas; proteger la vida humana en el mar; prevenir y actuar ante actividades criminales y actos terroristas que se desarrollen en este medio; proteger y conservar el litoral, los recursos del medio marino, el medio ambiente marino y el patrimonio arqueológico sumergido; y prevenir y responder en casos de catástrofes o accidentes en el medio marino.

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EspañaProtección de infraestructuras críticas

Asegurar la infraestructura crítica de transporte, telecomunicaciones, energía y otros servicios básicos en caso de emergencias, así como reforzar la capacidad de resiliencia del país y sus instituciones frente a situaciones que produzcan grave daño.

Incrementar y fortalecer la presencia y actividad de Chile en la Antártica.

Robustecer las infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales para la sociedad.

V. Los medios de la acción. La defensa nacional

Sin duda, el signifi cado más común de “estrategia de seguridad” es el de aquel proceso que liga fi nes con medios. Una vez determinados los intereses vita-les y estratégicos nacionales, se hace preciso determinar cuáles son los recursos que se requieren para su preservación. Por esta razón, las estrategias modernas proporcionan una indispensable guía de planeamiento para que, en etapas poste-riores, se concreten las capacidades y los medios estratégicos precisos.

El enfoque integral, que han adoptado tanto la ENSYD como la ESN, con-lleva la subordinación de la Defensa Nacional al plano superior de la Seguridad Nacional, cuestión que en ningún caso hace perder su importancia a las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, la complejidad del entorno contemporáneo y el ca-rácter difuso de los peligros vienen a determinar que el uso legítimo de la fuerza puede ser imprescindible. Así, el instrumento militar sigue constituyendo el re-curso esencial del Estado para la aplicación de la fuerza armada; sin olvidar la imprescindible colaboración de los ejércitos con otras instituciones del Estado en la obtención del grado de seguridad que la estrategia especifi ca.

a. La visión chilena

Tal como ya se ha señalado, la ENSYD tiene la particularidad de fusionar en un solo texto la explicitación de los intereses nacionales, la articulación de las decisiones y políticas sectoriales para proveer seguridad al país en su más amplio sentido y el establecer las capacidades estratégicas que las Fuerzas Armadas re-quieren para dar satisfacción a las tareas y orientaciones que la ENSYD establece. Elemento fundamental, esto último –como la misma ENSYD lo señala–, para la de-terminación del presupuesto plurianual del fi nanciamiento de dichas fuerzas.



Como se ve, y se profundiza en las conclusiones, es posible apreciar una dualidad de fi nalidades del documento; por una parte “orientar y articular decisio-nes y políticas sectoriales para proveer seguridad en un amplio sentido”, lo que en nuestra opinión es solo parcialmente logrado, ya que se carece de la institu-cionalidad –y la ENSYD tampoco la considera– que permita lo anterior, y por otra, constituirse, en el ámbito de la defensa, en “… el marco público de referencia para la adopción de decisiones relativas a la asignación e inversión de recursos fi nancieros”.

De esta segunda fi nalidad es de donde se deriva el valor instrumental de este último capítulo de la ENSYD y explica por qué la mezcla de lo nacional con lo sectorial, y por qué al vincular “fi nes” con “medios”, la estrategia se focaliza y enfatiza en solo parte de los medios disponibles para enfrentar los desafíos de la seguridad ampliada. Nada se dice de las otras capacidades necesarias, distintas de las de la defensa, para “proveer seguridad en un amplio sentido”.

Dicho esto, y por esto, es que la ENSYD a partir de los intereses nacionales y de seguridad de Chile en el mundo, de la identifi cación de los riesgos y amenazas y de las tareas nacionales de seguridad, se aboca a defi nir las tareas específi cas para la Defensa para los próximos doce años (ver detalle en el mapa conceptual al fi nal del escrito), las que a su vez servirán para defi nir las capacidades estratégicas de la Defensa. Estas capacidades hacen referencia a los medios materiales, de per-sonal e intangibles –tales como la doctrina, organización, capacitación, liderazgo y sostenimiento de la fuerza– necesarios para que el país, desde la perspectiva de la Defensa, pueda enfrentar los desafíos descritos en los capítulos anteriores.

De esta manera las capacidades estratégicas defi nidas, que optimizadas mediante el empleo conjunto de la fuerza bajo la conducción del Estado Mayor Conjunto, son las siguientes:

a. Capacidad Operacionalb. Inteligenciac. Vigilancia, control y alertad. Movilidad y transporte estratégicoe. Proyección estratégicaf. Protección y apoyo a la población civil

Las que desarrolladas sobre la base del equipamiento, entrenamiento y personal disponible, requieren de contar con: a) un sistema de planifi cación ba-sado en capacidades, b) un Plan de Desarrollo de la Fuerza, c) un nivel de alis-tamiento de la fuerza, d) un programa de reclutamiento y retención de personal.

Así, una vez defi nidas las capacidades estratégicas requeridas, y estable-cidas las bases sobre las cuales deben ser estas logradas, la ENSYD profundiza en la determinación de los atributos y medios que debe poseer esta fuerza, pre-

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sentando un listado de los medios terrestres, navales y aéreos que se debería tender a disponer.

En la discusión académica y política que naturalmente se ha generado al ser presentada la ESNYD al Congreso por S.E. el Presidente de la República, y en la discusión que con toda seguridad está por venir, pareciera que este capítulo concentra las mayores polémicas. Para muchos desnaturalizó el sentido nacional de la estrategia, al abandonar lo conceptual y sumergirse, sin sufi ciente expre-sión de causa, en lo concreto. En defi nitiva, habría confundido al “todo” con una de sus “partes” y habría “amarrado y condicionado” la obtención de las capacida-des estratégicas a una determinada cantidad y tipo de material. Estamos seguros que la discusión y el debate permitirán alcanzar la necesaria convergencia en este aspecto.

b. La visión española

Este asunto es quizás desde el punto de vista tanto de la estructura del documento como de su contenido conceptual, el que más separa a ambos docu-mentos. La visión española es menos ambiciosa que la chilena, que se extiende mucho más y con mayor precisión en este apartado. Pero no es menos cierto que esta notable diferencia se debe probablemente a la existencia en ambas nacio-nes de distintos procesos de planeamiento estratégico.

En la versión española, a continuación de ámbitos y objetivos, se especifi -can líneas de acción estratégicas más detalladas para cada uno de los objetivos perseguidos. Así, el ámbito de la Defensa Nacional es en el documento solo uno de esos ámbitos, concretamente enfrentado al riesgo o amenaza situado en pri-mer lugar, los confl ictos armados. Este punto reza que con el objeto de “hacer frente a los confl ictos armados que se puedan producir como consecuencia tanto de la defensa de los intereses o valores exclusivamente nacionales –en los que se intervendría de manera individual–, como de la defensa de intereses y valores compartidos en virtud de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales tales como la ONU, la OTAN o la UE- en los que se intervendría conforme a sus tratados constitutivos junto con otros aliados o socios”, para a continuación espe-cifi car las siguientes líneas de actuación:

1. Provisión de capacidades militares que permitan el cumplimiento de las misiones asignadas y un nivel de disuasión creíble. En todo caso, la De-fensa Nacional mantendrá las capacidades necesarias para reaccionar y neutralizar cualquier riesgo o amenaza de orden militar.

2. Mantenimiento del compromiso de España con el sistema de seguridad colectiva sobre la base de la integración en las organizaciones interna-cionales y mediante la activa participación en operaciones en el exterior,



que se conjugará con la defensa de los intereses nacionales. Se llevarán a cabo actuaciones que contribuyan a la acción exterior del Estado y a la posición internacional de España.

3. Mantenimiento por parte de las Fuerzas Armadas del esfuerzo de adap-tación a las nuevas realidades y retos mediante un proceso de transfor-mación continua, que permita un uso efi ciente de los recursos y dedique especial atención a las personas.

4. Adecuación del esfuerzo de adaptación a la actual situación de crisis eco-nómica. Se compartirán capacidades con nuestros aliados en el ámbito de las organizaciones internacionales de seguridad sin afectar al cumplimien-to de las misiones asignadas.

5. Fomento de la conciencia y cultura de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española a la Defensa Nacional, prestando especial atención a la juventud.

6. Fortalecimiento del tejido industrial español de Defensa mediante las ac-ciones de fomento, proyección y colaboración con las capacidades nacio-nales que, salvaguardadas las necesidades operativas propias, se estimen necesarias. Se potenciarán los vínculos entre los actores que conforman la arquitectura óptima en esta materia (Industria, Universidad y Defensa).

Según estas líneas de actuación, y de acuerdo a la Directiva de Defensa Nacional 2012, probablemente en los próximos meses se llevará a cabo una re-fl exión que determine qué estructuras y capacidades de Defensa necesita Espa-ña y cuáles son los recursos que deben ser asignados para lograrlas.

En defi nitiva, se trata de un contenido dedicado específi camente a la De-fensa Nacional que puede parecer escaso, pero que responde claramente al concepto integrado de la seguridad que tiene España y que, al mismo tiempo, descansa en la larga tradición de planeamiento de la defensa, muy anterior a la existencia misma de las estrategias nacionales de seguridad y que se contempla como uno de las principales estrategias subordinadas a la ESN.

No obstante, la anunciada Ley Orgánica de la Seguridad Nacional, que de-bería ver la luz en un futuro inmediato, habría de incluir una vinculación más es-trecha, incluso desde el punto de vista temporal, entre la ESN y la Estrategia de Defensa, tal y como sucede en países como los Estados Unidos o el Reino Unido, dando así defi nitivamente coherencia al pensamiento estratégico nacional.

VI. Órganos responsables de la planifi cación y conducción de la seguridad y defensa. Mecanismos de coordinación institucional

Los actuales conceptos de seguridad y defensa son elementos de una na-turaleza teórica que han de llevarse necesariamente al terreno de lo institucional

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y lo instrumental, por medio tanto de órganos responsables de su planifi cación, puesta en práctica y aplicación como de los necesarios mecanismos de coordina-ción entre las instituciones, que hagan que el sistema integrado concebido sobre el papel lo sea en la realidad. Se trata por consiguiente de un problema tanto orgánico como de defi nición de procesos, en el que no debe de caerse en el fre-cuente error de priorizar la constitución de los órganos sobre la defi nición de los procesos. En estos radica la principal difi cultad de la implementación del sistema integrado de seguridad nacional, por lo que dichos procesos han de defi nirse al más alto nivel normativo, formando parte del corpus legislativo nacional.

En esta idea, ambos documentos estratégicos, objeto de este estudio, pre-sentan una arquitectura institucional de seguridad encargada de proporcionar co-herencia estratégica a la política de seguridad del Estado, englobando aspectos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Industria y Hacienda, entre otros.

a. Chile

En el caso chileno, le corresponde al Comité Interministerial de Seguridad la coordinación y gestión en seguridad y defensa. De este órgano, presidido por el Presidente de la República, forman parte los ministros de Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda, Energía, Transpor-te y Telecomunicaciones, y Obras Públicas; sin perjuicio de lo cual, el Presidente podrá convocar a otras autoridades cuando lo estime conveniente.

Al no ser este un organismo permanente y técnico, nos parece insufi ciente para llevar adelante la diversidad y complejidad de las tares nacionales vinculadas a la Seguridad Nacional. La naturaleza de las funciones que cumplen quienes lo integran hace que este sea el órgano político del mayor nivel en materias de Segu-ridad Nacional, el que, aunque necesario, es insufi ciente para conducir, coordinar y gestionar la operacionalización de las tareas derivadas de la Estrategia.

Es evidente que para operativizar la Estrategia se requiere de una arqui-tectura institucional que dé cuerpo al Sistema de Seguridad Nacional de Chile, ya sea que este sea creado por una ley que se dicte para tal efecto, o bien, sea concebido en el cuerpo de esta Estrategia.

b. España

La participación de múltiples ministerios, administraciones e incluso empre-sas requiere la defi nición de una estructura capaz de coordinar de forma efi caz a todos los organismos que intervienen en seguridad a partir de la aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional. La Estrategia de 2011 reclamaba la crea-ción de “modelo institucional integrado” que diese “respuesta efectiva e integral a los complejos retos de la seguridad en el mundo actual”. No obstante, dadas



las circunstancias en las que fue aprobada, no se ha logrado avanzar más allá de la formulación meramente teórica. En este sentido, la ESN 2013 da un paso decisivo al crear la estructura del Sistema de Seguridad Nacional sobre la base de dos nuevos organismos, el Consejo de Seguridad Nacional y los Comités es-pecializados.

En efecto, la ESN 2013 defi ne los pilares sobre los que se debe construir una respuesta efectiva e integral a los complejos retos de la seguridad en el mun-do actual. Para garantizar la articulación de esta concepción de la seguridad, se ha creado la estructura del Sistema de Seguridad Nacional sobre la base de dos nuevos organismos: el Consejo de Seguridad Nacional y los Comités Especiali-zados. Y lo que es más importante, se determina que en el plazo de seis meses el Consejo de Seguridad Nacional elaborará una propuesta de anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional para su posterior elevación al Consejo de Ministros. Esta Ley Orgánica debe permitir la creación defi nitiva de una arquitec-tura institucional que permita la constitución de un sistema de seguridad integral, diseñado para proporcionar coherencia estratégica a la política de seguridad del Estado, englobando aspectos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Industria y Hacienda, entre otros.

El Consejo de Seguridad Nacional, que se reunirá con carácter peiódico, probablemente cada dos meses, estará presidido por el Presidente del Gobierno, excepto cuando asista S.M. el Rey. Forman parte del Consejo el Vicepresidente del Gobierno, otros miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La convocatoria podrá limitarse a los miembros con competencias más directamente relacionadas con los temas a tratar en el orden del día. Podrán ser convocados los titulares del resto de depar-tamentos ministeriales, así como otras autoridades o cargos de las Administra-ciones Públicas y expertos.

Por otro lado, creados por iniciativa del Consejo de Seguridad Nacional, los Comités Especializados son los órganos de apoyo del Consejo en los ámbitos de actuación de la ESN.

162



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Consulta de S.E el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, al Honorable Senado de la República, sobre la “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa” 2012-2024. Santiago, 9 de agosto de 2012.

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Anexos

Comparativa entre la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 de España y la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa de Chile 2012-2024.

Mapa conceptual de las Estrategias comparadas.

164



Co

mp

arat

iva

entr

e la

Est

rate

gia

de

Seg

uri

dad

Nac

ion

al 2

013

de

Esp

aña

y la

Est

rate

gia

Nac

ion

al d

e S

egu

rid

ad y

D

efen

sa d

e C

hile

, 201

2-20

24

Est

rate

gia

Nac

ion

al d

e S

egu

rid

ad d

e E

spañ

a 20

13E

stra

teg

ia N

acio

nal

de

Seg

uri

dad

y D

efen

sa d

e C

hile

201

2-20

24

Est

ruct

ura

Est

ruct

ura

La s

egur

idad

de

Esp

aña

en e

l mun

do,

ries

gos

y am

enaz

as,

línea

s de

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ción

est

raté

gica

s y

un n

uevo

sis

tem

a de

seg

urid

ad n

acio

nal.

Los

inte

rese

s na

cion

ales

: re

alid

ad a

ctua

l, de

safí

os p

rese

ntes

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u-tu

ros;

Ent

orno

reg

iona

l y g

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l: ri

esgo

s y

amen

azas

; La

Res

pues

ta

Nac

iona

l; la

Def

ensa

Nac

iona

l: ca

paci

dade

s y

med

ios.

Ob

jeti

vos

de

la E

SN

Ob

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de

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NS

YD

La d

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e lo

s in

tere

ses

vita

les

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trat

égic

os d

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spañ

a en

el

mun

do e

s un

obj

etiv

o pr

imor

dial

de

la S

egur

idad

Nac

iona

l. A

rtic

ula-

ción

de

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N c

omo

Pol

ític

a de

Est

ado.

Con

tiene

dir

ectr

ices

con

el

fi n d

e re

asig

nar

todo

s lo

s re

curs

os d

ispo

nibl

es d

el E

stad

o de

man

era

efi c

ient

e. D

iagn

óstic

o de

nue

stro

ent

orno

de

segu

rida

d, c

oncr

eta

los

ries

gos

y am

enaz

as a

los

que

se e

nfre

nta

Esp

aña,

defi

ne

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s es

trat

égic

as y

confi g

ura

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uevo

Sis

tem

a de

Seg

urid

ad N

acio

nal.

Ori

enta

r y

coor

dina

r co

mpr

ensi

vam

ente

la a

cció

n de

dis

tinto

s or

ga-

nism

os e

inst

ituci

ones

nac

iona

les

para

enf

rent

ar a

decu

adam

ente

los

desa

fíos

a la

seg

urid

ad d

el p

aís

en e

l per

iodo

201

2-20

24. A

dici

onal

-m

ente

con

trib

uir

a in

form

ar a

la s

ocie

dad

civi

l res

pect

o a

las

orie

nta-

cion

es d

e la

seg

urid

ad y

def

ensa

, y

a qu

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tas

orie

ntac

ione

s se

an

tam

bién

con

ocid

as p

or la

com

unid

ad in

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acio

nal.

En

el á

mbi

to d

e la

Def

ensa

est

able

cer

las

capa

cida

des

estr

atég

icas

qu

e re

quie

ran

las

Fue

rzas

Arm

adas

par

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r cu

mpl

imie

nto

a la

s ta

reas

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rien

taci

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de

la E

NS

YD

.A

rqu

itec

tura

cap

itu

lar

Co

nce

pto

s b

ásic

os

Cap

ítu

lo 1

: E

nfo

qu

e In

teg

ral.

Con

cept

o de

Seg

urid

ad a

mpl

io y

din

ámic

o; la

Seg

urid

ad c

omo

serv

icio

púb

lico,

Pol

ític

a de

Est

ado;

Pri

ncip

ios

info

rmad

ores

: U

nida

d de

acc

ión,

ant

icip

ació

n y

prev

enci

ón,

efi c

ienc

ia y

sos

teni

bilid

ad e

n el

us

o de

los

recu

rsos

, re

silie

ncia

o c

apac

idad

de

resi

sten

cia

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cupe

-ra

ción

.

Intr

od

ucc

ión

La p

rote

cció

n de

las

pers

onas

com

o ej

e; L

a co

rrel

ació

n en

tre

segu

ri-

dad

y de

sarr

ollo

; La

com

plem

enta

ried

ad e

ntre

seg

urid

ad y

def

ensa

; La

coo

pera

ción

inte

rnac

iona

l com

o im

pera

tivo

naci

onal

; La

seg

uri-

dad.

Cap

ítu

lo 2

: L

a se

gu

rid

ad d

e E

spañ

a en

el m

un

do

Los

acon

teci

mie

ntos

que

tra

nscu

rren

más

allá

de

las

fron

tera

s na

-ci

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es p

uede

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pact

ar d

irec

tam

ente

en

nues

tro

país

. E

spañ

a se

de

be p

roye

ctar

hac

ia e

l ext

erio

r, b

ien

a tí

tulo

indi

vidu

al,

bien

en

unió

n co

n su

s so

cios

y a

liado

s. E

spañ

a se

pro

yect

a ha

cia

el e

xter

ior

com

o un

paí

s qu

e tie

ne u

n pe

rfi l

prop

io y

cla

ram

ente

defi

nid

o, u

n E

stad

o de

pr

imer

ord

en t

an a

ntig

uo c

omo

la s

ocie

dad

inte

rnac

iona

l.

Par

te I:

El C

hile

de

ho

y, d

esaf

íos

futu

ros

e in

tere

ses

nac

ion

ales

Se

expl

icita

n lo

s in

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naci

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es a

par

tir d

e la

rea

lidad

act

ual

y de

los

desa

fíos

pre

sent

es y

fut

uros

del

paí

s. E

stos

inte

rese

s so

n ag

rupa

dos

en t

res

dim

ensi

ones

: U

n C

hile

sob

eran

o: m

ante

ner

lo

que

Chi

le e

s y

pose

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pró

sper

o: s

upon

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canz

ar n

ivel

es

de p

rosp

erid

ad y

cal

idad

de

vida

pro

pios

de

un p

aís

desa

rrol

lado

; U

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hile

seg

uro:

en

la p

rote

cció

n de

su

pobl

ació

n, in

tegr

idad

ter

rito

rial

, m

arít

ima,

aér

ea y

su

sobe

raní

a.



Est

rate

gia

Nac

ion

al d

e S

egu

rid

ad d

e E

spañ

a 20

13E

stra

teg

ia N

acio

nal

de

Seg

uri

dad

y D

efen

sa d

e C

hile

201

2-20

24

Pro

yecc

ión

haci

a el

ext

erio

r–

Orie

ntad

a a

la

búsq

ueda

de

esta

bilid

ad,

paz

y se

guri-

dad

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rnac

io-

nale

s.–

Perfi l

pro

pio.

Act

uar

en:

– Im

puls

ar la

s re

form

as d

e la

s O

O. I

I.–

Ref

orza

r nu

es-

tra

infl u

enci

a en

fo

ros

e in

icia

ti-va

s m

ultil

ater

a-le

s.–

For

tale

cer

las

rela

cion

es

bila

tera

les.

– A

bord

ar a

me-

naza

s de

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a au

tóno

ma.

Prin

cipi

os

bási

cos

de

orga

niza

ción

de

la c

omun

idad

in

tern

acio

nal:

– C

oope

raci

ón y

ac

ción

mul

tila-

tera

l.

– U

E–

Med

iterr

áneo

– A

mér

ica

Latin

a–

EE

.UU

. y

Can

adá

– Á

fric

a–

Asi

a–

Rus

ia–

ON

U–

OTA

N–

Otr

os

Car

acte

ríst

icas

del

pa

ís–

Chi

le e

s un

a R

epú-

blic

a de

moc

rátic

a.–

Chi

le g

oza

de u

n al

to c

apita

l pol

ítico

e

inst

ituci

onal

.–

Chi

le e

s un

paí

s un

itario

con

una

m

arca

da id

entid

ad

naci

onal

y a

ltos

nive

les

de c

ohes

ión

soci

al.

– C

hile

pos

ee u

n te

rrito

rio r

ico

en

recu

rsos

nat

ural

es.

– C

hile

cue

nta

con

una

econ

omía

di

nám

ica

y ab

iert

a al

mun

do.

Los

Des

afío

s de

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s–

Alc

anza

r un

des

arro

llo

inte

gral

.–

Der

rota

r la

pob

reza

y

crea

r un

a so

cied

ad

con

may

or ig

uald

ad d

e op

ortu

nida

des.

– A

vanz

ar e

n la

inte

gra-

ción

físi

ca y

soc

ial d

el

terr

itorio

nac

iona

l.–

Pro

fund

izar

la in

serc

ión

inte

rnac

iona

l de

Chi

le e

n la

reg

ión

y el

mun

do.

– E

nfre

ntar

y re

verti

r la

vuln

erab

ilida

d en

ergé

tica.

– U

so y

adm

inis

trac

ión

efi c

ient

e de

l agu

a.–

Enf

rent

ar e

l env

ejec

i-m

ient

o pr

ogre

sivo

de

la

pobl

ació

n.

Los

Inte

rese

s N

acio

-na

les

Un

Chi

le s

ober

ano.

Un

Chi

le p

rósp

ero.

Un

Chi

le s

egur

o en

el

que

el in

teré

s na

cio-

nal e

ste

dado

por

:–

Def

ensa

y c

on-

serv

ació

n de

la

inte

grid

ad te

rrito

rial,

mar

ítim

a y

aére

a y

de la

sob

eran

ía

naci

onal

.–

La p

rote

cció

n de

su

pobl

ació

n fr

ente

a

agre

sion

es o

am

e-na

zas

exte

rnas

, es

tata

les

o tr

ansn

a-ci

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es, i

nclu

idos

el

nar

cotr

áfi c

o y

el

crim

en o

rgan

izad

o.–

La p

rote

cció

n y/

o re

cupe

raci

ón d

e lo

s re

curs

os e

infr

aes-

truc

tura

fren

te a

gr

aves

dañ

os.

– La

seg

urid

ad d

e lo

s ch

ileno

s en

el e

xte-

rior

ante

confl i

ctos

ar

mad

os, d

esas

tres

na

tura

les

o cr

isis

hu

man

itaria

s.

166



Est

rate

gia

Nac

ion

al d

e S

egu

rid

ad d

e E

spañ

a 20

13E

stra

teg

ia N

acio

nal

de

Seg

uri

dad

y D

efen

sa d

e C

hile

201

2-20

24

– La

pro

visi

ón d

e ap

oyo

hum

ano,

m

ater

ial y

lo

gíst

ico

en c

aso

de c

atás

trof

es

natu

rale

s o

pand

emia

s.–

La c

ontr

ibuc

ión

a la

seg

urid

ad

inte

rnac

iona

l en

aque

llas

regi

ones

de

l mun

do d

e si

gnifi

canc

ia p

ara

el

desa

rrol

lo d

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hile

.–

La p

rom

oció

n de

la

paz

y s

egur

idad

m

undi

al a

trav

és

del f

orta

leci

mie

nto

y pa

rtici

paci

ón a

ctiv

a en

las

inst

anci

as

de c

oope

raci

ón

e in

tegr

ació

n in

tern

acio

nal.

Cap

ítu

lo 4

: L

ínea

s d

e ac

ció

n e

stra

tég

icas

Par

te II

I: L

a re

spu

esta

nac

ion

al

Ám

bit

os

pri

ori

tari

os

Ob

jeto

y lí

nea

s d

e ac

ció

nA

. Car

acte

ríst

icas

1.

Res

pues

ta I

nteg

ral:

Sup

one,

en

tre

otra

s co

sas,

pe

rfec

cion

ar

la

coor

dina

ción

ent

re lo

s di

vers

os m

inis

terio

s qu

e pa

rtic

ipan

, de

una

u

otra

form

a, e

n la

s ta

reas

de

segu

ridad

del

Est

ado.

2.

Res

pues

ta P

artic

ipat

iva:

La

segu

ridad

del

Chi

le e

s un

a re

spon

sabi

lidad

co

mpa

rtid

a de

l Est

ado

y la

soc

ieda

d ci

vil.

3.

Res

pues

ta C

oope

rativ

a: S

e ap

oyar

án l

as i

nici

ativ

as y

acc

ione

s qu

e ap

unta

n al

for

tale

cim

ient

o de

las

med

idas

, m

ecan

ism

os y

órg

anos

de

coop

erac

ión,

tant

o bi

late

ral c

omo

mul

tilat

eral

.

Def

ensa

Nac

iona

l–

Hac

er fr

ente

a lo

s co

nfl ic

tos

arm

ados

.–

Cap

acid

ades

mili

tare

s; T

rans

form

ació

n co

ntin

ua d

e la

s FA

s; c

onci

enci

a y

cultu

ra d

e de

fens

a; y

forta

lece

r in

dus-

tria

espa

ñola

.Lu

cha

cont

ra e

l te

rror

ism

o–

Neu

traliz

ar a

men

azas

y re

duci

r vul

nera

bilid

ad.

– P

reve

nció

n: a

ctua

r des

de s

u or

igen

. Con

trarr

esta

r pro

ce-

sos

radi

caliz

ació

n. A

ctua

ción

coo

rdin

ada;

con

los

país

es

dem

ocrá

ticos

.



Est

rate

gia

Nac

ion

al d

e S

egu

rid

ad d

e E

spañ

a 20

13E

stra

teg

ia N

acio

nal

de

Seg

uri

dad

y D

efen

sa d

e C

hile

201

2-20

24

– P

rote

cció

n: d

ism

inui

r vu

lner

abili

dade

s. M

ejor

a y

el in

cre-

men

to d

e ca

paci

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s. P

rote

cció

n de

obj

etiv

os s

ensi

bles

, m

ejor

ar e

l con

trol e

n la

s fro

nter

as y

forta

lece

r las

rede

s y

sist

emas

de

info

rmac

ión.

B. T

area

s na

cion

ales

de

segu

rida

d1.

P

rote

ger a

las

pers

onas

, la

pobl

ació

n y

al p

atrim

onio

nac

iona

l fre

nte

a rie

s-go

s y

amen

azas

, in

cluy

endo

des

astre

s na

tura

les

y en

trópi

cos,

así

com

o pa

ndem

ias.

2.

Def

ende

r la

sobe

raní

a y

el te

rrito

rio n

acio

nal.

3.

Ase

gura

r la

infra

estru

ctur

a cr

ítica

de

trans

porte

, tel

ecom

unic

acio

nes,

ene

r-gí

a y

otro

s se

rvic

ios

bási

cos

en c

aso

de e

mer

genc

ias,

así

com

o re

forz

ar la

ca

paci

dad

de re

silie

ncia

del

paí

s y

sus

inst

ituci

ones

fren

te a

situ

acio

nes

que

prod

uzca

n gr

ave

daño

.4.

C

olab

orar

en

el c

ampo

inte

rnac

iona

l, y

espe

cial

men

te c

on lo

s pa

íses

vec

i-no

s, p

ara

enfre

ntar

efi c

azm

ente

ata

ques

terr

oris

tas,

así

com

o la

s ac

tivid

a-de

s de

l nar

cotráfi c

o y

del c

rimen

org

aniz

ado

trans

naci

onal

.5.

E

nfat

izar

la c

oope

raci

ón in

tern

acio

nal p

ara

favo

rece

r la

esta

bilid

ad re

gion

al,

espe

cial

men

te e

n C

entro

amér

ica

y el

Car

ibe

y co

ntrib

uir a

la s

egur

idad

ge-

nera

l del

Pac

ifi co

Sur

.6.

P

artic

ipar

en

oper

acio

nes

de p

az a

sí c

omo

en a

ccio

nes

de a

yuda

hum

ani-

taria

en

caso

de

desa

stre

s na

tura

les

en e

l ext

erio

r.7.

In

crem

enta

r y fo

rtale

cer l

a pr

esen

cia

y ac

tivid

ad d

e C

hile

en

la A

ntár

tica.

8.

Forta

lece

r el S

iste

ma

Nac

iona

l de

Inte

ligen

cia

para

apo

yar l

os re

quer

imie

n-to

s de

seg

urid

ad a

mpl

iada

del

paí

s.

Luch

a co

ntra

el

crim

en o

rgan

izad

o–

Impe

dir

el a

sent

amie

nto

de lo

s gr

upos

crim

inal

es o

rgan

i-za

dos.

– S

ensi

biliz

ació

n y

conc

ienc

iaci

ón d

e la

soc

ieda

d. P

oten

-ci

ació

n y

mej

ora

de l

os r

ecur

sos.

Mej

ora

de l

a efi

cac

ia

polic

ial.

Mej

ora

de l

a co

labo

raci

ón e

ntre

los

cen

tros

y ag

enci

as d

e in

telig

enci

a.S

egur

idad

ec

onóm

ica

y fi n

anci

era

– P

oten

ciar

un

mod

elo

de c

reci

mie

nto

econ

ómic

o so

sten

i-bl

e, m

itiga

r los

des

equi

librio

s de

los

mer

cado

s–

Ges

tión

efi c

az d

e la

s re

laci

ones

labo

rale

s; p

rom

oció

n de

un

a ec

onom

ía in

tern

acio

nal a

bier

ta;

refu

erzo

de

los

ac-

tual

es m

ecan

ism

os d

e re

gula

ción

; co

ntrib

ució

n a

gobe

r-na

nza

econ

ómic

a y fi n

anci

era

efec

tiva

de la

UE

.S

egur

idad

en

ergé

tica

– M

ix e

nerg

étic

o; p

oten

ciac

ión

de l

a fl e

xibi

lidad

ope

rativ

a de

l sis

tem

a na

cion

al d

e re

des

de tr

ansp

orte

de

ener

gía;

fo

men

to d

el a

horr

o en

ergé

tico

y m

ejor

a de

la

efi c

acia

en

ergé

tica;

impu

lso

de la

sos

teni

bilid

ad e

nerg

étic

a.N

o pr

olife

raci

ón

de a

rmas

de

dest

rucc

ión

mas

iva

– Im

pedi

r la

prol

ifera

ción

, evi

tar e

l acc

eso

a su

stan

cias

pe-

ligro

sas

por

parte

de

terr

oris

tas

o cr

imin

ales

y p

rote

ger

a la

pob

laci

ón.

– Fo

rtale

cim

ient

o de

l sis

tem

a de

no

prol

ifera

ción

. Pro

gram

a nu

clea

r ira

ní n

o co

rres

pond

e a

un d

esar

rollo

exc

lusi

va-

men

te c

ivil.

Apo

yo a

los

esf

uerz

os i

nter

naci

onal

es p

ara

limita

r la

prol

ifera

ción

de

mis

iles

de la

rgo

y co

rto a

lcan

ce.

C. E

stru

ctur

a In

stitu

cion

al•

Cre

ació

n de

“C

omité

Int

erm

inis

teria

l de

Seg

urid

ad”

a fi n

de

coor

dina

r y

orie

ntar

las

acci

ones

par

a un

a ge

stió

n m

ás efi c

ient

e y

efi c

az d

e la

s ta

reas

que

con

tem

pla

la E

NS

YD

.–

Pre

sidi

do p

or P

dte.

de

la R

epúb

lica

– M

inis

tro

del I

nter

ior

y S

egur

idad

Púb

lica

– M

inis

tro

de R

elac

ione

s E

xter

iore

s.–

Min

istr

o de

Def

ensa

Nac

iona

l–

Min

istr

o de

Hac

iend

a–

Min

istr

o de

Ene

rgía

– M

inis

tro

de T

rans

port

e y

Tele

com

unic

acio

nes

– M

inis

tro

de O

bras

Púb

licas

Cib

erse

gurid

ad–

Gar

antiz

ar u

n us

o se

guro

de

las

rede

s y

los

sist

emas

de

info

rmac

ión

a tra

vés

del f

orta

leci

mie

nto

de n

uest

ras

capa

-ci

dade

s de

pre

venc

ión,

det

ecci

ón y

resp

uest

a.–

Incr

emen

to d

e la

cap

acid

ad d

e pr

even

ción

, de

tecc

ión,

in

vest

igac

ión

y re

spue

sta.

Inte

nsifi

caci

ón d

e la

col

abor

a-ci

ón in

tern

acio

nal.

Impl

anta

ción

de

una

cultu

ra d

e ci

ber-

segu

ridad

sól

ida.

168



Est

rate

gia

Nac

ion

al d

e S

egu

rid

ad d

e E

spañ

a 20

13E

stra

teg

ia N

acio

nal

de

Seg

uri

dad

y D

efen

sa d

e C

hile

201

2-20

24

Ord

enac

ión

de

fl ujo

s m

igra

torio

s–

Pre

veni

r, co

ntro

lar

y or

dena

r lo

s fl u

jos

mig

rato

rios

en

nues

tra fr

onte

ra, q

ue c

onst

ituye

n, a

su

vez,

lím

ites

exte

-rio

res

de la

UE

.–

Vig

ilanc

ia y

con

trol

de f

ront

eras

. C

oope

raci

ón c

on l

os

país

es d

e or

igen

y t

ráns

ito.

Def

ensa

de

la l

egal

idad

y

pres

erva

ción

de

la s

egur

idad

ciu

dada

na.

Pro

moc

ión

de

la in

tegr

ació

n so

cial

. Est

rech

a co

labo

raci

ón e

ntre

las

Ad-

min

istra

cion

es P

úblic

as y

, en

su c

aso,

con

las

ON

G y

el

sect

or p

rivad

o.P

rote

cció

n an

te

emer

genc

ias

y ca

tást

rofe

s

– E

stab

lece

r un

Sis

tem

a N

acio

nal d

e P

rote

cció

n de

los

ciu-

dada

nos

que

gara

ntic

e un

a re

spue

sta

adec

uada

.–

Ado

pció

n de

un

enfo

que

inte

grad

or. A

ctua

lizac

ión

y pe

r-fe

ccio

nam

ient

o de

l mar

co ju

rídic

o. P

rom

oció

n de

una

cul

-tu

ra d

e pr

even

ción

ent

re lo

s ci

udad

anos

.–

Con

tribu

ción

a u

na m

ayor

coo

pera

ción

eur

opea

e in

tern

a-ci

onal

. Pla

nes

ante

pan

dem

ias.

Con

train

telig

enci

a–

Ado

ptar

med

idas

de

cont

rain

telig

enci

a en

la d

efen

sa d

e lo

s in

tere

ses

estra

tégi

cos,

pol

ítico

s y

econ

ómic

os d

e E

s-pa

ña.

– E

labo

raci

ón d

e un

a no

rmat

iva

actu

aliz

ada.

Impu

lso

y re

-fu

erzo

de

las

capa

cida

des

de lo

s ór

gano

s na

cion

ales

de

inte

ligen

cia.

Sen

sibi

lizac

ión.

Seg

urid

ad

mar

ítim

a–

Impu

lsar

una

pol

ítica

de

segu

ridad

en

el e

spac

io m

aríti

-m

o, li

berta

d de

nav

egac

ión

y pr

oteg

er e

l tráfi c

o m

aríti

mo

y la

s in

fraes

truct

uras

mar

ítim

as c

rític

as, y

pro

tege

r la

vida

hu

man

a en

el m

ar.

– A

dopc

ión

de u

n en

foqu

e in

tegr

al. O

ptim

izac

ión

y us

o efi

-ca

z de

los

limita

dos

recu

rsos

dis

poni

bles

. Fom

ento

de

la

cola

bora

ción

con

el s

ecto

r priv

ado.

Pro

tecc

ión

de la

s in

fraes

truct

uras

cr

itica

s

– R

obus

tece

r las

infra

estru

ctur

as q

ue p

ropo

rcio

nan

los

ser-

vici

os e

senc

iale

s pa

ra la

soc

ieda

d.–

Res

pons

abili

dad

com

parti

da y

coo

pera

ción

púb

lico-

priv

a-da

. Pla

nifi c

ació

n es

calo

nada

. Equ

ilibr

io y

efi c

ienc

ia. R

esi-

lienc

ia. C

oord

inac

ión.

Coo

pera

ción

inte

rnac

iona

l.



Est

rate

gia

Nac

ion

al d

e S

egu

rid

ad d

e E

spañ

a 20

13E

stra

teg

ia N

acio

nal

de

Seg

uri

dad

y D

efen

sa d

e C

hile

201

2-20

24

Cap

ítu

lo 5

: U

n n

uev

o s

iste

ma

de

Seg

uri

dad

Nac

ion

alP

arte

IV:

La

def

ensa

nac

ion

al:

cap

acid

ades

y m

edio

s

Pri

ncip

ios

Est

ruct

ura

del S

iste

ma

de S

egur

idad

N

acio

nal

A. U

n n

uev

o p

lan

team

ien

to p

ara

la D

efen

sa N

acio

nal

1.

La E

NS

YD

, se

hac

e ca

rgo

de u

na a

gend

a de

seg

urid

ad a

mpl

ia-

da.

El

país

deb

e es

tar

disp

uest

o a

empl

ear

sus

capa

cida

des

de

defe

nsa

no s

olo

para

pro

tege

r su

sob

eran

ía,

sino

, ta

mbi

én,

para

ap

orta

r a

la p

az y

seg

urid

ad in

tern

acio

nal,

sum

arse

a lo

s es

fuer

-zo

s de

miti

gaci

ón d

e ca

tást

rofe

s, a

poya

r el

ase

gura

mie

nto

de l

a in

frae

stru

ctur

a vi

tal

del

país

y c

olab

orar

a l

a ne

utra

lizac

ión

de

amen

azas

tra

nsna

cion

ales

.

B. T

area

par

a la

Def

ensa

1.

Def

ende

r y

resg

uard

ar la

sob

eran

ía t

erri

tori

al,

mar

ítim

a y

aére

a.2.

C

ontr

ibui

r a

la p

az y

la e

stab

ilida

d in

tern

acio

nale

s en

con

form

idad

a

los

inte

rese

s na

cion

ales

; as

í co

mo

brin

dar

ayud

a hu

man

itari

a a

país

es e

n si

tuac

ione

s de

em

erge

ncia

.

– Li

dera

zgo

– Fu

ncio

nam

ient

o in

tegr

ado

y co

ordi

nado

– O

ptim

izac

ión

– M

oder

niza

ción

de

las

estru

ctur

as–

Impl

icac

ión

de la

soc

ieda

d ci

vil

– C

olab

orac

ión

públ

ico-

priv

ada

– G

estió

n de

la in

form

ació

n–

Tran

sfer

enci

a

Con

sejo

de

Seg

urid

ad

Nac

iona

l

Com

ités

Esp

ecia

lizad

os

Órg

ano

Col

egia

do d

e G

obie

rno.

Reu

nion

es p

erió

dica

s.

Pre

side

Pre

side

nte

del

Gob

iern

o ex

cept

o cu

ando

S

.M. e

l Rey

asi

sta.

Cre

ados

por

inic

iativ

a de

l C

onse

jo d

e S

egur

idad

N

acio

nal;

órga

nos

de a

poyo

de

l Con

sejo

en

los

ámbi

tos

de a

ctua

ción

de

la E

SN

.S

egui

mie

nto

y co

ntro

l de

la E

stra

tegi

a de

Seg

urid

ad

Nac

iona

l

– C

onse

jo d

e S

egur

idad

Nac

iona

l efe

ctúa

seg

ui-

mie

nto

y ve

rifi c

a el

cum

plim

ient

o de

la E

SN

.–

La r

evis

ión

de la

ES

N s

e re

aliz

ará

perió

dica

-m

ente

.–

El G

obie

rno

pres

enta

rá e

n la

s C

orte

s G

ener

a-le

s el

Inf

orm

e A

nual

de

Seg

urid

ad N

acio

nal y

de

batir

á la

s lín

eas

gene

rale

s de

la P

olíti

ca d

e S

egur

idad

Nac

iona

l.

3.

Ayu

dar

a la

s au

tori

dade

s ci

vile

s na

cion

ales

(pr

even

ción

- r

espu

es-

ta -

miti

gaci

ón -

rec

onst

rucc

ión)

en

caso

de

desa

stre

s na

tura

les.

4.

Res

pald

ar lo

s es

fuer

zos

de in

tegr

ació

n de

las

zona

s ai

slad

as.

5.

Res

pald

ar la

pre

senc

ia n

acio

nal e

n el

ter

rito

rio

antá

rtic

o.6.

C

olab

orar

con

med

ios

espe

cífi c

os d

e la

Def

ensa

, a la

s F

uerz

as d

e O

rden

y d

e S

egur

idad

Púb

lica

a re

quer

imie

nto

del

Min

iste

rio

del

Inte

rior

, en

con

form

idad

a la

legi

slac

ión

vige

nte.

7.

Pro

veer

inte

ligen

cia

estr

atég

ica

al S

iste

ma

Nac

iona

l de

Inte

ligen

-ci

a y

otor

gar

cibe

rseg

urid

ad a

l Sis

tem

a de

Def

ensa

Nac

iona

l.R

eorg

aniz

ació

n pr

ogre

siva

de

l Sis

tem

a de

Seg

urid

ad

Nac

iona

l

– E

l C

onse

jo d

e S

egur

idad

Nac

iona

l el

abor

ará

una

prop

uest

a de

ant

epro

yect

o de

Ley

Org

á-ni

ca d

e S

egur

idad

Nac

iona

l par

a su

pos

terio

r el

evac

ión

al C

onse

jo d

e M

inis

tros

(pla

zo s

eis

mes

es).

C. C

apac

idad

es e

stra

tég

icas

de

la D

efen

sa (

2012

-202

4)1.

C

apac

idad

ope

raci

onal

2.

Inte

ligen

cia

3.

Vig

ilanc

ia,

cont

rol y

ale

rta

4.

Mov

ilida

d y

tran

spor

te e

stra

tégi

co5.

P

roye

cció

n es

trat

égic

a6.

P

rote

cció

n y

apoy

o a

la p

obla

ción

civ

il

170



Est

rate

gia

Nac

ion

al d

e S

egu

rid

ad d

e E

spañ

a 20

13E

stra

teg

ia N

acio

nal

de

Seg

uri

dad

y D

efen

sa d

e C

hile

201

2-20

24

Par

te IV

: L

a d

efen

sa n

acio

nal

: ca

pac

idad

es y

med

ios

D. C

on

cep

ció

n C

on

jun

ta

E. L

os

med

ios

de

la D

efen

sa1.

O

rien

taci

ones

par

a la

est

ruct

urac

ión

de la

fue

rza.

2.

Atr

ibut

os d

e la

Fue

rza

a.

Pol

ival

enci

ab.

In

tero

pera

bilid

adc.

P

reci

sión

d.

Dis

poni

bilid

ade.

S

oste

nibi

lidad

f.

Pro

tecc

ión

g.

Pro

yect

ibili

dad

3.

Com

posi

ción

de

la F

uerz

aa.

M

edio

s te

rres

tres

b.

Med

ios

mar

ítim

osc.

M

edio

s aé

reos

.d.

M

edio

s pa

ra o

pera

cion

es in

tern

acio

nale

s

F.

Ori

enta

cio

nes

par

a el

fi n

anci

amie

nto

de

las

cap

acid

ades

es

trat

égia

s d

e la

Def

ensa

.

G.

Ori

enta

cio

nes

rel

ativ

as a

la in

du

stri

a d

e la

def

ensa

.

• C

risi

s o

ataq

ue a

l te

rrito

rio

naci

onal

• Te

rror

ism

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Nar

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UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN: ÁFRICA DEL NORTE, EL MEDIO ORIENTE Y EL GOLFO PÉRSICO

Octubre de 2013

JUAN FUENTES VERA

Investigador, CEE-ANEPE.Doctor en Ciencia Política, Universidad de Salamanca, España.

La compleja situación de la región comprendida entre el norte de África, el Medio Oriente y el golfo Pérsico es un claro indicador de cómo los antiguos equilibrios característicos del siglo XX se resquebrajan rápidamente y surgen nuevos actores en la recomposición de las relaciones de poder mundial, propia de la globalización, que tiene a esta parte del mundo como trágico protagonista dada la incapacidad de los instrumentos internacionales que se diseñaron al tér-mino de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar los confl ictos en una época ya pasada. De esta manera, se suceden los acontecimientos que comenzaron con aquella explosión popular de descontento que en su momento fue denominada ingenuamente “la primavera árabe” por quienes pensaban que se trataba de una lucha por establecer regímenes democráticos al estilo occidental, por enfrentarse con los viejos autócratas en circunstancias que resultó ser la airada protesta de una población especialmente joven que forma la amplia e inestable base social de estos países que, por encontrarse insatisfecha ante sus escasas posibilida-des de desarrollo, no se identifi ca con los antiguos discursos políticos oscilando entre las opciones del islam radical y el modelo turco. Hoy en día son Egipto y Siria los países que ocupan la agenda noticiosa internacional, pero la inestabili-dad tiende a ser la tónica en esta estratégica parte del mundo proyectándose a otras zonas como el África saheliana. En estas circunstancias, que pueden ser califi cadas como de descomposición de los antiguos países y regímenes nacidos durante el transcurso del siglo XX, resulta difícil pronosticar la evolución de los acontecimientos sin recurrir a una mirada tanto de los orígenes de los presentes confl ictos, como a los actores hoy involucrados.

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Mapa N° 1 Norte de África - Medio Oriente - golfo Pérsico

Fuente: Informe de Acción Humanitaria 2010 – UNICEF en: http://www.unicef.org/spanish/har2010/images/HAR10_Map_MENA.jpg

La llamada primavera árabe comenzó en el norte de África, en países como Túnez, antigua colonia francesa. En este país, tras los relativamente buenos in-dicadores macroeconómicos, se escondían la pobreza y el desempleo, especial-mente de los jóvenes, lo que unido al cansancio con un gobernante que estaba en el poder desde 1987 y que reprimía a la agobiada población, acabó con la estabilidad que venía desde la independencia. Túnez fue un protectorado fran-cés desde 1881. Durante la Segunda Guerra Mundial dependió del régimen de Vichy, siendo ocupado por los alemanes. Luego de la guerra se restableció su dependencia de Francia hasta lograr la independencia en 1956, pero nunca se han cortado los vínculos con la antigua metrópoli. Desde la independencia gober-nó el Partido Neo Destour encabezado por Habib Bourguiba, quien implementó un régimen socialista hasta la década de 1970 en que se permitió el capitalismo. En 2011 estalló la sublevación popular que fue resuelta mediante una apertura a todos los sectores. Sin embargo, la situación política no ha logrado estabilizarse a causa de las divisiones que vive la sociedad entre sectores laicos, islamistas moderados y grupos radicales salafi stas, de manera que se han producido diver-sos actos de violencia, incluyendo el asesinato de destacados líderes políticos.



Argelia también fue una colonia francesa desde 1830, que se independizó después de una guerra de liberación que se caracterizó por las atrocidades co-metidas por Francia y que concluyó con la independencia en 1962. En 1965, lue-go de una pugna de facciones al interior del FLN, una cúpula político-militar tomó el poder, manteniéndolo hasta la fecha. Se implementó entonces un modelo de socialismo nacionalista que convivió con el islam mientras contó con los recursos del petróleo para fi nanciarse, pero la crisis económica de mediados de los 80 y una población creciente y desempleada llevaron a la decadencia de la elite go-bernante que controla los ingresos del petróleo y gas que abastecen buena parte de la demanda del sur de Europa, pero a pesar de esta riqueza la corrupción impide un mejoramiento de la situación y Argelia debe importar el 90% de lo que consume. Las elecciones que siguieron a la caída del gobierno en 1991 dieron el triunfo electoral al Frente Islámico, lo que fue rechazado por los militares que vieron amenazado su dominio, por lo que anularon las elecciones. Hasta ahora la situación ha sido contenida en base a concesiones y frágiles acomodos, pero existe en parte del territorio un activo terrorismo yihadista que lleva años expan-diéndose hacia la franja del Sahel, comprendiendo a países como Níger, Malí y parte de Mauritania, siendo un peligro permanente para toda la subregión.

Marruecos por su parte fue un protectorado de Francia y España que logró su independencia en 1956. En 1961 se estableció una monarquía constitucional que todavía subsiste. Existe un Parlamento que es elegido por los ciudadanos y se practica un islamismo moderado. El país no ha escapado a las manifestacio-nes de descontento y tampoco a la profunda división de la población entre faccio-nes político-religiosas característica de toda la región.

En Libia, luego de la caída de Gadafi con la intervención de la OTAN, en lugar de construirse un régimen sobre otras bases, el resultado ha sido un go-bierno que apenas se sostiene y que no es capaz de controlar su territorio, por lo que se trata de un país en proceso de descomposición en lo que fueron sus antiguas provincias como la Tripolitania y la Cirenaica. En este último territorio, que encabezó la lucha contra el dictador libio tras la victoria de los rebeldes, los líderes tribales y los milicianos declararon su autonomía el año 2012, mientras la desértica región de Fezzan simplemente es patrimonio de los tuaregs. La pro-ducción de petróleo, por su parte, ha disminuido al punto que de no reanudarse el gobierno se encontrará pronto en quiebra.

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Mapa N° 2El Sahel africano

La región conocida como Sahel o antiguo Sahara francés, ha sido un cruce de caminos tanto para el comercio como el contrabando, incluyendo drogas, y es el hogar de diversas etnias y facciones islámicas y grupos yihadistas desde hace siglos. Allí se encuentran Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. Malí es hoy un país afectado por la crisis alimentaria causada por los desplazados del confl icto que amenaza extenderse. Su anterior estabilidad fue alterada por la re-belión tuareg en el norte y el posterior golpe de Estado ante la criticada gestión del gobierno para enfrentar la sublevación. Aunque el gobierno se restableció posteriormente y Francia intervino militarmente, se ha perdido el control de la zona norte limítrofe con Libia, de manera que el fundamentalismo islámico carece de control y Al Qaeda tiene una fuerza muy importante en la región.

Siria a su vez está desgarrada por una guerra civil en la que se encuentran comprometidos todos los actores que intervienen en este drama. Las protestas contra el régimen de Bashar Al Assad comenzaron el año 2001 en el marco de la primavera árabe y la represión subsiguiente llevó a un espiral de violencia que terminó en la situación actual. Bashar Al Assad heredó el poder el año 2000 a la muerte de su padre Hafez Al Assad, quien llegó al mando mediante un golpe militar en 1970, gobernando durante 30 años con el apoyo de una minoría chiita, los alauí, que representan solo al 10% de la población pero forman la elite política



y militar creada al amparo de la dominación francesa más el apoyo de sectores empresariales. El carisma y el respaldo de la ex URSS ayudaron en su momen-to a mantener el régimen que de no mediar el actual respaldo de Rusia e Irán probablemente ya se habría derrumbado. Sin embargo, la fortaleza de sectores wahabitas o salafi stas dentro de los cuales se encuentra Al Qaeda apoyados por Arabia Saudita y Quatar, que también entran en este juego de hegemonías regionales, hace que el dominio futuro de Siria sea poco predecible, por lo que la opción de lograr la paz mediante una negociación parece una opción razonable, aunque algunos observadores creen que fi nalmente fracasará y se impondrá una intervención militar norteamericana.

Casos apartes, pero indispensables de considerar por su liderazgo regio-nal, son los de Irán, Turquía y Egipto.

Lo que actualmente es Irán fue el centro del antiguo Imperio Persa que estu-vo sometido a la infl uencia de Gran Bretaña y Rusia a lo largo de todo el siglo XIX. A comienzos del siglo XX tomó el poder el jefe militar Reza Pahlavi, quien abdicó en su hijo Mohammed Reza Pahlavi en 1941. Luego de la Segunda Guerra Mun-dial, comenzaría la infl uencia norteamericana en reemplazo de la británica que en 1953 llevó a la caída del primer ministro Mosaddeq cuando trató de nacionalizar los recursos petrolíferos. La constante interferencia de las potencias extranjeras dio origen a un fuerte movimiento nacionalista e islamista, pero el Shah Pahlavi logró mantenerse en el poder y modernizar el país al constituirse en un aliado de los EE. UU. Sin embargo, la oposición islamista, encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, logró derribarlo en 1979 y se estableció la República Islámica de Irán, que desde entonces ha apoyado a los grupos chiitas del Medio Oriente. Jomeini murió en 1989, siendo reemplazado por Alí Jamenei como Líder Supremo de Irán, quien es el comandante en jefe de las FF. AA. y de la Guardia de la Re-pública Islámica. Es el supervisor general del Estado en diversos aspectos, como la capacidad para declarar la guerra, el control de los organismos de inteligencia, los medios de comunicación y el sistema judicial. También existe un Presidente de la República elegido que encabeza el Poder Ejecutivo y el Consejo de Minis-tros. Para ser candidato se requiere la aprobación del Consejo de Guardianes, órgano supervisor clerical que tiene amplias facultades. Otro organismo colegiado es la Asamblea de Expertos, grupo de clérigos y doctores en derecho islámico, de donde sale el Líder Supremo. Además, el Poder Legislativo está constituido por una Asamblea Consultiva Islámica que es elegida, pero sus determinaciones deben ser aprobadas por el Consejo de Guardianes. Desde la caída del Shah, las relaciones con los EE. UU. han sido muy confl ictivas con diversos episodios de tensión dentro de los cuales actualmente el más preocupante es el programa nuclear iraní. El nuevo presidente Rohani ha tenido un discurso más conciliador, pero es un personaje del sistema que busca afl ojar la tensión dejada por la ges-tión de Ahmadineyad que deterioró la economía y aumentó la crítica interna. No

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signifi ca ningún cambio y tampoco tiene la capacidad para hacerlo porque todas sus decisiones deben contar con el acuerdo del Líder Supremo Jamenei y de la clerecía conservadora. En consecuencia, las verdaderas intenciones del régimen son convertirse en un poder hegemónico regional y para ello necesita estar en me-jores términos con Occidente. En este sentido, la fuerte presión norteamericana es el principal escollo para el régimen de los ayatolás, por lo que es comprensible que Rohani se muestre más dispuesto a dialogar de lo que estuvo su antecesor, porque si consigue mejorar la situación interna de Irán así como las relaciones con los EE. UU., no eliminando sino trasparentando su programa nuclear, podría consolidar una posición estratégica favorecida por sus recursos petrolíferos que le permitirían en un futuro cercano cubrir las necesidades energéticas de China e India, al mismo tiempo que ser un árbitro entre sectores del islam.

Turquía, por su parte, es heredero del antiguo Imperio Otomano que al término de la Primera Guerra Mundial quedó reducido prácticamente a lo que se denominaba Anatolia y fue modernizado por la dictadura del líder militar Mustafá Kemal “Ataturk”, suprimiéndose el sultanato y proclamándose una república lai-ca en 1923. Su especial relación con Occidente viene de los años 40 del siglo pasado, cuando el peligro soviético sobre Turquía y Grecia llevó a los EE. UU. a proclamar la “Doctrina Truman” que autorizaba a este último país a intervenir allí donde existiera una amenaza para la seguridad de Occidente. Esto signifi có una alianza militar de Turquía con los Estados Unidos y, en 1952, Turquía entró a la OTAN siendo un aliado fundamental para Occidente en la región. En sus relacio-nes con Europa, a pesar de que Turquía no logró ser miembro pleno de la Co-munidad Europea tiene un acuerdo aduanero muy conveniente con la UE, pero al mismo tiempo mantiene una diversidad de intereses económicos con algunos países arábes. En lo político formalmente, posee un sistema democrático pero supervisado por las Fuerzas Armadas que garantizan la particular separación entre lo político y lo religioso, característica del modelo turco. Luego de algunos años de gobiernos militares, se ha establecido un régimen de gobierno semipre-sidencial donde un presidente y un primer ministro ejercen el Ejecutivo, siendo elegidos por el Parlamento. Actualmente la mayoría se encuentra en manos del partido islamista AKP al que pertenecen el presidente Abdulá Gül, el primer mi-nistro Tayyip Erdogan y el presidente del Parlamento Cemil Cicek, lo que ha provocado roces con el Ejército. El partido islamista AKP de Erdogan ha logra-do ganar las elecciones desde el año 2002 principalmente por el mejoramiento de la situación económica, y aprovechando estas circunstancias favorables ha islamizado progresivamente al país y gobierna autoritariamente censurando a la prensa, limitando a la oposición y debilitando a los sectores de las FF. AA. que pudieran oponerse. Las reformas económicas de corte neoliberal puestas en práctica desde la crisis económica han provocado protestas callejeras y las últimas han sido de grupos ecologistas a raíz del intento de construir un centro



comercial en un importante parque de Estambul. El “modelo turco” se encontraría entonces en una suerte de transición, desde un control militar del Estado laico ejercido fi rmemente hasta el año 2002 hacia un islamismo que trata de convivir con una economía liberal mientras impone las típicas restricciones a la libertad personal de esta clase de regímenes.

Tal vez la mayor interrogante en esta compleja situación sea la de Egipto. El país logró su independencia en 1936, aunque Inglaterra conservó el control del estratégico canal de Suez, donde compartía intereses con Francia. En 1952, el pro occidental rey Farouk fue derrocado y en 1953 Gamal Abdel Nasser dio un golpe de Estado convirtiéndose en el gobernante del país hasta su muerte en 1970. Nasser nacionalizó el canal de Suez en 1956, aliándose con la URSS y convirtiéndose en el principal gestor de la coalición árabe que se enfrentará con Israel en la Guerra de los Seis Días. A pesar de la derrota en la guerra y de la pér-dida de la península del Sinaí, Nasser se mantuvo en el poder hasta su muerte, al representar a los sectores nacionalistas y antioccidentales del mundo árabe. Fue sucedido en 1970 por Anwar El Sadat, quien inició una política de acerca-miento a Occidente y a Israel tras el fracaso en la guerra del Yom Kipur. Bajo los auspicios del presidente norteamericano Jimmy Carter y la Comunidad Europea, Sadat fi rmó los Acuerdos de Camp David con Menagem Begin. Sin embargo, los sectores nacionalistas lo asesinaron en 1980, siendo sucedido por otro de los generales de Nasser, Hosni Mubarak, quien gobernó férreamente con el apoyo norteamericano distanciándose de los sectores nacionalistas. Mubarak cayó fi -nalmente como resultado de la misma efervescencia popular que ha recorrido la región y luego de efectuarse elecciones democráticas el gobierno quedó en ma-nos de Mohamed Morsi, representante de los Hermanos Musulmanes, un grupo salafi sta moderado que logró amplio respaldo gracias a los recursos que destinan a prestaciones sociales. En su breve mandato, Morsi se distanció de amplios sec-tores de la sociedad y trató de imponer una nueva Constitución aprobada por una Asamblea Constituyente controlada por sus aliados y rechazada por islamistas moderados, laicos y cristianos coptos. Ante la oposición a su régimen, trató de gobernar apoyándose en la fuerza, pero tampoco había tomado en cuenta a los militares que habían gobernado el país durante 60 años y que controlan parte de la economía, por lo que fue depuesto por el Ejército luego que surgieran las pro-testas en su contra. Actualmente los Hermanos Musulmanes están proscritos y Morsi se encuentra bajo arresto. Ante la necesidad de mantener el orden y a falta de consenso, Egipto ha vuelto a un gobierno militar.

Conclusiones

Se diría que luego de siglos de predominio del océano Atlántico en las rela-ciones internacionales, la mirada se vuelve al Mediterráneo Oriental y al Pacífi co

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Sur que desde hace un tiempo están copando la agenda estratégica. Este fenó-meno parece ser la tónica de la globalización en materia de relaciones de poder mundial.

La descomposición de los antiguos imperios coloniales inglés y francés que parecía un tema resuelto después de la Segunda Guerra Mundial, solamente se encontraba congelado por la Guerra Fría, y concluida esta, el proceso continuó su camino.

Los casos recientes de Siria, Libia, la región del Sahel y Egipto demues-tran que desaparecidas o debilitadas las esferas de infl uencia que permitieron la subsistencia de los regímenes existentes en estos países cuyos mapas fueron diseñados en los gabinetes de Londres o París, su centenaria historia resultó ser más fuerte y no son capaces de subsistir como unidades políticas sin el respal-do de las antiguas potencias coloniales o de su heredero natural, los EE. UU. o de su antiguo rival la URSS. Sin embargo, la población francesa no apoyó la intervención de su gobierno en la desastrosa situación de Malí y el Parlamento inglés no estuvo de acuerdo en apoyar una intervención en Siria, dejando solo al presidente Obama. En tales circunstancias es comprensible que la única opción era negociar con Irán, que aparece provisoriamente como el gran ganador y con respaldo ruso tenderá a convertirse en una de las nuevas potencias rectoras regionales. Por otra parte, Turquía, aunque aliada de Europa y de los EE. UU. con un gobierno progresivamente islamista, deja cierto margen de duda sobre su futuro papel, mientras la actual situación de Egipto parece ser la gran interrogan-te y un gran desafío para su posibilidad de que sea la tercera potencia regional.

En términos generales, puede afi rmarse que la consecuencia de la descom-posición del panorama político en esta vasta y estratégica región es el nacimiento de un mundo multipolar donde los Estados Unidos tendrán que coexistir con Ru-sia y China como potencias principales, mientras que Irán, Turquía, Egipto y tal vez Arabia Saudita serán las potencias secundarias que equilibrarán el poder en la región, pero la evolución será larga y tendrá un alto costo en vidas humanas ante la incapacidad de los instrumentos internacionales para enfrentar una situa-ción nueva y compleja que, sin duda, es parte de lo que a falta de otro término llamamos globalización.

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2013

Ministerio de Defensa NacionalAcademia de Estudios Políticos y Estratégicos

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