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INDEX

Bienestar social y seguridad ciudadana 3 Eulàlia Vintró El plan integral de Roquetes 7 Antoni Lucchetti Diferentes, pero no al margen 13 M. Teresa Codina La prevención del delito: un tema policial 19 Juan Diego La policía metropolitana 25 Antoni Balmón La dura realidad de algunos barrios: El Carmelo y la Franja Besòs 29 M. Angels Juste El Baró de Viver, un barrio ocupado 34 Eugenio Madueño La encuesta de victimización de 1998 en Barcelona 39 Josep Ma. Lahosa La Europa de la prevención 60 Gilbert Bonnemaison Los territorios del miedo 64 Josep Ma. Lahosa Unas ciudades más seguras 73 Declaración final de la Conferencia de Montreal

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Bienestar social y seguridad ciudadana Eulàlia Vintró

Una política eficaz de seguridad ha de ir acompañada de una amplia política de bienestar social, que ha de incidir en la transformación de los elementos que generan desviación en las conductas. Este es el telón de tondo del trabajo de Eulàlia Vintró, teniente de alcalde y responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona. Después de referirse a las distintas posiciones relativas al papel de los servicios de bienestar social y de subrayar los factores fundamentales de la delincuencia, la autora del artículo define los requisitos para que la política de bienestar social pueda desarrollarse con eficacia.

Desde una perspectiva democrática y emancipadora, las políticas de bienestar social y seguridad ciudadana han de estar concebidas dentro de un marco global y unitario. Así, para que un gobierno lleve a cabo una amplia acción social necesita, como garantía básica, que incorpore a su tarea de protección ciudadana una política adecuada de prevención y reinserción. Esta política ha de dirigirse, fundamentalmente, a aquellos agentes de inseguridad que lo son en función de su desigual y desfavorable relación respecto a la estructura social, económica y cultural de nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva, el objetivo básico que se propone, al relacionar las dos estrategias políticas de bienestar social y de seguridad ciudadana, es el deseo de conquistar una sociedad cada vez más igualitaria, participativa y solidaria.

Hoy en día, afortunadamente, ni en Cataluña ni en el resto del Estado, casi nadie pone en cuestión la interrelación entre protección ciudadana y política social. Ahora bien, coincidir en esta afirmación no significa coincidir en su enfoque porque, mucha veces, bajo esta interrelación se esconde una subordinación de la política social respecto de lo que es el control social represivo. Este hecho me obliga a especificar los rasgos diferenciadores de la estrategia emancipadora de bienestar social, tanto respecto a la ideología como a la organización de la acción preventiva.

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Diferentes posiciones

Nos encontramos con una primera tendencia que afirma que los servicios de bienestar social, y muy especialmente los servicios sociales, sólo tienen la función de justificar y hacer más aceptable el control social represivo en una sociedad democrática. Es evidente que esta posición no se hace explícita ideológicamente y, para identificarla, hay que tener en cuenta algunos indicadores.

Primero, hay que ver si la relación entre gasto social y gasto en protección social es muy desfavorable al primero. Esta es la situación española y catalana actual, sobre todo si tenemos en cuenta la relación entre el número de policías y el número de trabajadores sociales. Hay que tener presente que el Estado democrático estuvo precedido por 40 años de dictadura militar —de Estado policial— y sería incorrecto no valorar que los años de democracia han representado un incremento, tanto en términos absolutos como en términos relativos, del gasto social sobre el policial. De todas formas, la conclusión está clara: hemos de seguir incrementando el gasto social si no queremos caer en posiciones simplemente legitimadoras del control social represivo.

Un segundo indicador de esta posición es el hecho de que no valora la acción social en sus aspectos de prevención, rehabilitación o reinserción en términos de eficacia. Y no lo hace porque no le interesa la promoción e incorporación social de los individuos y de los grupos sociales, sino revestir ideológicamente la acción puramente represiva en un Estado social de derecho.

Una segunda posición, plenamente compatible con la anterior y de la que es preciso que nos diferenciemos también plenamente, es aquella en la que, a nuestro juicio, la acción social es un punto de partida para que los factores represivos ganen amplitud en relación con el control de la vida cotidiana de los ciudadanos, subordinando plenamente la acción social a la acción represiva. Con ello me estoy refiriendo a la actitud que defiende que la acción social tenga que pasar por el hecho de que los cuerpos de protección ciudadana contraten y dirijan la actuación del personal educador,

asistentes sociales y terapeutas. El aislamiento de estos profesionales, en contraste con otros y con el conjunto de profesiones sociales y sanitarias, es consecuencia lógica del encuadramiento de su tarea.

Dentro de esta misma posición encontramos una segunda variedad, experimentada ya en otros países. en virtud de la cual los policías asumen directamente el papel de educadores, de dinamizadores culturales y de trabajadores sociales en los barrios. Cualquier persona que conozca mínimamente el campo de la prevención-reinserción sabe que el éxito de la misma se basa, precisamente, en una nítida diferenciación de estas dos funciones.

Digámoslo claro: el policía-educador es un hábil intento de ampliar la tarea policial con un alto coste social derivado de la ruptura de una posible y probable relación positiva del individuo en peligro con la acción reinsertadora de los diferentes profesionales y servicios que constituyen el bienestar social.

Finalmente, hemos de tomar distancias respecto de la tendencia, en el campo de la criminología, que da prioridad a la acción social hacia la víctima y no hacia la situación social del infractor. Esta posición abandona la perspectiva de reinserción y prima el asociacionismo de las víctimas, el cual se utiliza para incrementar el mensaje represivo en el conjunto de la sociedad.

Según mi opinión, hay que prestar la atención humana y social que se merece un ciudadano que ha sido víctima de una agresión, pero hay que hacerlo desde la perspectiva de hacerle comprender la realidad social delictiva, hacerle perder el miedo a volver a salir a la calle y, sobre todo, transmitirle un mensaje de compromiso social con la prevención y la reinserción

Factores clave de la delincuencia

Una política eficaz de seguridad ha de ir acompañada de una amplia política de bienestar social, que ha de incidir en la transformación de los elementos que generan desviación en las conductas. La criminología destaca cinco factores clave en la explicación etiológica de la delincuencia.

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Primero, la anomia o desorganización social, que hoy se concreta en la contradicción de una sociedad que presenta unas pautas de vida y de consumo universales y que, en la práctica, niega el acceso a esas pautas a los grupos sociales más desfavorecidos social, económica y culturalmente. Estos grupos se verán presionados a acceder por medios delictivos a los niveles u objetos de consumo que se presentan socialmente como deseables.

Segundo, la socialización en el seno de una subcultura de marginación, a partir de la cual los individuos y los grupos conocen las técnicas delictivas y una “moral” que justifica sus acciones marginales.

Tercero, el etiquetaje de un grupo social o de un individuo, por parte del Estado o del grupo social más amplio, le presiona a aceptar la condición impuesta y a comportarse como tal. Distintos estudios sociológicos sobre la reinserción de las personas marginadas han puesto de manifiesto que la reinserción es mucho más fácil si estas personas no han i por los sistemas de control represivo (policía, juzgados, cárcel), confirmando, de manera clara y brutal, la importancia de la rotulación social como factor criminógeno.

Cuarto, el encarcelamiento no sólo se considera el principal factor de etiquetaje, sino que “condena” a los familiares que dependen del encarcelado, en buena parte, a la desviación social.

Quinto, el grado de represión e intolerancia de una sociedad es uno de los principales factores criminógenos, en la medida en que son consideradas delictivas o desviadas una más amplia variedad de conductas y actitudes. La democracia y la tolerancia reducen la actividad desviada, facilitando la incorporación de los ciudadanos a la vida social y política.

Los diferentes sistemas de bienestar social proporcionan unos conocimientos técnicos, una mayor capacidad física de relación y de aprendizaje cultural y, consecuentemente, incrementan la igualdad de oportunidades sociales y reducen las bases estructurales potencialmente generadoras de desviación y marginación social.

La política de bienestar social reduce en número y en intensidad los mecanismos de producción del etiquetaje social, por el hecho de ganar espacio al sistema represivo. Este es el caso de los países en los que se ha introducido la libertad a prueba (probation) y el trabajo social como alternativa a la cárcel.

La dinamización y organización comunitaria, que es uno de los pilares de la acción social en general, produce una amplia capacidad de participación de la población y, debidamente orientada, tiene un gran potencial generador de tolerancia social y respeto a la diferencia.

En resumen, la afirmación de que la política de bienestar social es generadora de seguridad ciudadana no es una afirmación genérica sino que está sólidamente fundamentada en las ciencias sociales.

Requisitos de la política de bienestar social

Ahora bien, para que la política de bienestar social pueda desarrollarse con eficacia hay que tener en cuenta una serie de requisitos, buena parte de los cuales han sido propuestos por el consejo municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona:

• La coordinación de la política de protección ciudadana con la de bienestar social parte de la diferenciación y autonomía de ambas políticas, pero ha de estar presidida por los objetivos de prevención y reinserción social.

• La universalización de los servicios de bienestar social, puesto que no se puede olvidar que la persona o grupo considerado como desviado o delincuente lo es, desde la perspectiva de los sistemas de bienestar social, porque se encuentra en una situación social, cultural, económica y sanitaria determinadas. No existe una acción especial hacia los considerados delincuentes, porque la delincuencia significa, simplemente, haber cometido un delito, y la desviación es una consideración social segregadora en la que se encuentran personas con situaciones psicosociales diferenciadas.

• La intervención de los servicios de Bienestar ha de transformar las circunstancias sociales globales de las

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personas, siendo la situación jurídica un elemento más de los que configuran su entorno, lo cual significa que no puede haber una acción especial del ámbito de Bienestar Social, por lo que se refiere a la delincuencia, porque significaría que la acción social también asume la etiqueta social y la reproduce, creando servicios segregadores. Tan sólo es razonable la especialización de los servicios relacionados con la policía, los jueces y las cárceles que, justamente, hacen de puente a la acción de los servicios generales de Bienestar Social.

• La máxima prioridad a los aspectos preventivos de la acción social y, particularmente, al desarrollo integral de los barrios, en los que se interrelacionan proyectos más específicos dirigidos a las familias, a la lucha contra el absentismo y el fracaso escolar, a la formación ocupacional y al ocio y tiempo libre de los niños y los jóvenes.

• La participación de los vecinos en la acción preventiva, entendida como fórmula superadora de los mecanismos de segregación social.

• La descentralización de los servicios de la Administración local, como garantía de eficacia, de proximidad a las necesidades emergentes y de ampliación de la comunidad.

La política de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, que expuso con claridad el concejal Joan Torres en el primer número de esta revista, ha sido pionera en dar el paso desde una política de orden público basada en la represión, a una nueva política basada en la seguridad hacia el ciudadano.

Esta política incorpora la prevención, la reinserción y el desarrollo social de los barrios a la hora de configurar una

alternativa a la inseguridad ciudadana. El Ayuntamiento barcelonés ha planteado que la organización de la protección y de la justicia se ajuste a la división territorial de la ciudad y que se haga una amplia delegación de competencias a los ayuntamientos en materia de seguridad y bienestar social, convencido como está de que la acción de un gobierno democrático en el territorio es la mejor garantía de una acción efectiva.

Por otra parte, la comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona es el marco donde tiene lugar la coordinación de los aspectos preventivos y de reinserción referentes a la política de seguridad, con la voluntad de superar duplicaciones en la acción social y de asegurar que no se produzca ninguna subordinación de la política de bienestar social.

El planteamiento que desde el Ayuntamiento se hace del tema y, más concretamente, desde el ámbito de Bienestar Social, se inscribe en lo que R. Bergalli denominaría una visión progresista del Estado de bienestar, que tiende a superar la acción convencional formal, ampliando los aspectos preventivos y extendiendo a los ciudadanos los derechos económicos y sociales.

La eficacia de nuestra política de seguridad ciudadana y bienestar social creo que no depende de la ausencia de un planteamiento serio y profundo sino más bien de la cantidad y de la calidad de la delegación de competencias que recibe el Ayuntamiento y de los recursos económicos que los tres niveles actuales de la Administración apliquen al bienestar social. Hoy, sin embargo, ni las delegaciones ni los recursos son satisfactorios.

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El plan integral de Roquetes Antoni Lucchetti

Uno de los problemas principales que plantean las grandes aglomeraciones urbanas es la tendencia a la exclusión de determinados grupos sociales y de determinadas áreas urbanas. Exclusión del progreso social, del progreso económico y de la vida cultural. Estos problemas se concentran en determinadas zonas (barriadas deprimidas); por eso son de difícil tratamiento y no se pueden abordar de forma aislada, porque se encuentran interrelacionados.

Prevenir problemáticas sociales de riesgo (delincuencia, drogadicción, etc.) depende, en gran parte, de la mejora de las condiciones de vivienda, de la inserción laboral, de la oferta cultural, etc. Así, la prevención va ligada a una verdadera integración del barrio a la ciudad, que contrarreste la suburbanización.

La experiencia iniciada en la barriada de Roquetes puede ser un buen comienzo para llevar a cabo, en un futuro, actuaciones que ayuden a contrarrestar los desequilibrios sociales de la ciudad. Antoni Lucchetti, concejal del Área de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Barcelona, habla del tema.

Roquetes, uno de los barrios del distrito VIII de Barcelona (distrito de Nou Barris), se encuentra situado al pie de la sierra de Collserola y tiene una población de 18.000 habitantes. En este barrio se está llevando a cabo una actuación municipal, de tres años de duración (1988-1990), el plan integral de Roquetes (PIR), que se sitúa en el ámbito de las intervenciones dirigidas a revitalizar áreas urbanas degradadas. El PIR está potenciando intervenciones a cuatro niveles (urbanístico, social, económico y cultural) de forma integrada.

La elección de Roquetes se debe a diversos factores:

• Roquetes es un barrio que sufre un grave estado de deterioro urbanístico: viviendas en mal estado, déficit de equipamientos, ausencia de espacios exteriores públicos, etc. La población padece los problemas característicos de este tipo de áreas: bajo nivel cultural, paro, escasez de ofertas culturales y de lugares de reunión, etc.

• Por otra parte, en Roquetes se detectan también factores positivos que pueden facilitar la intervención, así como posibilitar que los procesos puestos en marcha se automantengan cuando finalice el PIR. En Roquetes existe una cierta «vida de barrio)), comunicación entre el vecindario, redes de ayuda mutua, entidades diversas, etc.

• Los núcleos organizados de vecinos (principalmente la asociación de vecinos) hace tiempo que vienen planteando reivindicaciones de importancia sobre la

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urgente necesidad de una intervención en el barrio.

• El consejo del distrito de Nou Barris ya se había propuesto un proceso de intervención en Roquetes a partir de sus propios recursos.

• Existe un PERI (plan especial de reforma interior) para Roquetes con perspectivas de iniciarse próximamente, que plantea una renovación urbanística global de la barriada, que será un complemento esencial en la intervención del PIR.

• Estos cinco factores se complementaron con la intención del área de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Barcelona de llevar a cabo una operación piloto de dinamización, para la cual se disponía de recursos procedentes del Fondo Social Europeo.

El PIR es uno de los primeros planes piloto que se llevan a cabo en el Estado español y por eso constituye una experiencia innovadora, a la vez que compleja.

Filosofía, objetivos y metodología

El punto de partida es considerar los cambios sociales que han tenido lugar en barriadas como Roquetes, en los últimos años:

• El barrio deja de ser exclusivamente una ciudad-dormitorio para pasar a ser un espacio más complejo en el que se articulan diferentes funciones: lugar de residencia, espacio de ocio, actividad económica (generalmente informal), etc.

• Se produce un cambio en la composición social del barrio: pierde peso el sector de obreros con ocupación industrial y se da paso a grupos tales como jóvenes sin empleo, trabajadores por cuenta propia (talleres, pequeños comercios, bares...), trabajadores temporales, mujeres en busca de una actividad laboral, relativo crecimiento de los grupos de la tercera edad, etc. Por tanto, se modifica la estructura social del barrio y sus relaciones internas.

Estos dos elementos plantean la necesidad de considerar nuevos objetivos para la revitalización de este tipo de área urbana. No se trata sólo de acondicionar un espacio

físico (lugar de residencia), sino de plantear un plan integral que vincule las actuaciones culturales, sociales, urbanísticas y laborales, que tenga en cuenta las nuevas tendencias y que considere los intereses y los problemas, a la vez que las potencialidades de los diversos grupos de residentes.

El PIR es sensible a todo aquello que se considera necesidades prioritarias del barrio. Sin embargo, el alcance de la intervención viene delimitado por su duración (tres años) y por la disponibilidad de recursos humanos y financieros, motivos por los cuales el PIR no pretende, ni podría hacerlo, resolver todos los problemas del barrio.

Esto obliga a priorizar las actuaciones y, en este sentido, algunos de los criterios prioritarios que se han adoptado son: incidir no sólo en las potencialidades; favorecer el protagonismo de los vecinos, su participación y autoorganización y potenciar acciones que puedan automantenerse cuando finalice el PIR.

Paralelamente, el PIR tiende a no asumir una serie de problemas o necesidades del barrio, como son: las cuestiones cuya solución dependa claramente de otras instancias de la Administración, las necesidades que requieren intervenciones continuadas en el tiempo (hay que recordar que la duración del PIR es de tres años) y que no puedan automantenerse cuando el plan integral haya finalizado, y los problemas cuya raíz supere ampliamente el ámbito del barrio.

En síntesis, los objetivos del plan integral son los siguientes:

• Contribuir a que grupos desfavorecidos (ancianos, mujeres, personas analfabetas, etc.) superen su situación a través del desarrollo de sus propias potencialidades.

• Favorecer la ocupación a través de estrategias de inserción laboral de los grupos que tienen mayores dificultades para ello (mujeres, jóvenes y parados de larga duración).

• Contribuir a la mejora y acondicionamiento urbanístico del barrio.

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• Fortalecer la actividad cultural y la vida asociativa.

• Promover la identidad del barrio y el sentimiento de pertenecer al mismo, al tiempo que se intenta disminuir su aislamiento y aumentar el conocimiento de la ciudad.

• Contribuir a la prevención de algunas problemáticas de riesgo (drogodependencia, infancia desatendida, jóvenes con tendencia a la marginación...) conjuntamente con los recursos ya existentes al respecto.

• Fortalecer la actividad económica existente en el barrio y promover la creación de nuevas actividades (servicios, autoocupación, etc.).

El PIR cuenta con un equipo técnico formado por profesionales contratados específicamente para el plan (expertos en desarrollo local e inserción laboral, psicólogos, urbanistas, gestoría presupuestaria, auxiliares administrativos, etc.) y profesionales del distrito destinados al barrio de Roquetes: asistente social y animadora comunitaria.

Al mismo tiempo, los técnicos del plan trabajan conjuntamente con otros profesionales del distrito o del área de Desarrollo Económico y Social (»casal» de jóvenes del barrio, agente de desarrollo local, responsable de prevención de drogodependencia del distrito, etc.). El PIR contrata igualmente los servicios de empresas, profesionales o vecinos del barrio para la realización concreta de algunos proyectos.

La infraestructura básica del PIR se estableció a partir de la rehabilitación, a finales de 1988, de la antigua escuela «PIa de Fornelisi>, local insistentemente reivindicado por los vecinos. El edificio, de cinco plantas, acoge básicamente las actividades del PIR, pero también es utilizado por algunas entidades del barrio como lugar de reuniones y actividades de diversa índole. Se considera que para este tipo de intervención (actuación integral de desarrollo de un barrio) es imprescindible que el local se encuentre situado en el mismo barrio.

El plan integral se ha dotado de una estructura de participación vecinal y de seguimiento de las intervenciones, la cual determina las grandes líneas de actuación del PIR. Se trata de la comisión de seguimiento, compuesta por representantes vecinales y representantes políticos, así como técnicos y usuarios del plan integral, que se reúne con una periodicidad bimensual.

Los proyectos del plan integral

El plan integral ha puesto en marcha diversos proyectos que podrían ser clasificados según criterios diversos, como objetivos que pretenden alcanzar, grupos de población a los que se dirigen, orientaciones prioritarias (laboral, cultural, social o urbanística). Es preferible, sin embargo, no exponerlos con arreglo a ningún tipo de clasificación, ya que la mayoría de ellos tiene un enfoque integral, es decir que potencian la identidad del barrio y de la ciudad, a la vez que la inserción social, cultural y laboral y, paralelamente, dan prioridad al desarrollo de la autonomía personal y colectiva.

La definición y el seguimiento de estos proyectos se hace a través de la comisión de seguimiento y de cuatro subcomisiones: ocupación, servicios sociales, urbanismo y cultura. En todas ellas es decisiva la participación de los vecinos.

A continuación se exponen, brevemente, los proyectos del plan integral, algunos de los cuales ya han finalizado y otros se encuentran en fase de elaboración, pero la mayoría de ellos se está llevando a cabo. Para esta exposición se sigue un cierto orden cronológico.

• Proyectos de prevención de drogodependencias. Durante el segundo semestre del año 1988 se han llevado a cabo diversos proyectos de prevención de drogodependencias: trabajo con los maestros de seis escuelas del barrio, para que ellos mismos desarrollaran el tema con los niños; edición de un video con los jóvenes; formación de un grupo de autoayuda, compuesto por familiares de afectados por toxicomanías. En la mayoría de estos proyectos se ha contado con Ia colaboración de la responsable de prevención del distrito.

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• Estudio «Qué opina usted del barrio?». Es un estudio cualitativo, basado en entrevistas con vecinos y profesionales del barrio, encaminado a conocer su opinión sobre las necesidades potenciales de Roquetes.

• Estudio sobre la actividad económica del barrio. Basado en la observación y detección de las diversas actividades, así como entrevistas a comerciantes, empresarios, etc., para conocer sus necesidades, potencialidades y propuestas.

• Casal infantil. Durante meses se ha formado un grupo de animación infantil, compuesto por cinco jóvenes del barrio. Este equipo ha iniciado recientemente las actividades propias de un casal (espacio de encuentro, juego y educación para niños y niñas del barrio), que se encuentra abierto todas las tardes. Paralelamente, el equipo de monitores está adquiriendo formación en cuestiones laborales, que les permita constituirse en empresas de gestión de servicios para la Administración, cuando finalice el plan integral.

• Curso de diseño gráfico dirigido a entidades. Su objetivo es mejorar la capacidad de comunicación gráfica de grupos y asociaciones del barrio, que les permita mejorar la divulgación de sus actividades.

• Detección de jóvenes para programas de ocupación. Esta actividad se llevó a cabo en un período de seis meses y consistía en contactos y entrevistas con jóvenes del barrio, con el objetivo de conocer la situación laboral del colectivo de jóvenes, así como disponer de un archivo que permitiera la derivación de los jóvenes hacia cursos u ofertas laborales, facilitando así su inserción.

• Taller de corte y confección y lencería. Es una iniciativa que ya habían llevado a cabo voluntariamente unas vecinas y que, durante el año 1988, ha recibido el apoyo financiero del plan integral. Estos talleres han sido complementados con charlas y salidas, adoptando una triple vertiente: social (disminuye el aislamiento doméstico, facilita la comunicación, etc.); de entretenimiento, y laboral puesto que, aunque no está enfocado como un programa de inserción laboral, proporciona

habilidades que pueden mejorar las posibilidades de ocupación.

• Talleres de alfabetización. También esta actividad la llevaban a cabo voluntariamente unas vecinas y recibió apoyo financiero por parte del plan integral, en 1988. En la actualidad se está elaborando un programa de alfabetización para el año 1990 que potencie más estas actividades, ya que Roquetes es un barrio con elevados niveles de analfabetismo y no puede resolverse este problema desde la escuela de adultos más próxima, que es la escuela «Freire», porque está saturada en los niveles inferiores.

• Apoyo de la vocalía de cultura. Es un proyecto de apoyo técnico, formativo y financiero a la vocalía de cultura de la asociación de vecinos que contempla, básicamente, tres aspectos: creación de un archivo documental sobre actividades culturales de la ciudad; formación de los miembros de la vocalía (por ejemplo, cursos de diseño gráfico), y potenciación del ciclo anual de festejos.

• Curso de formación para la radio local. Dirigido a mejorar la capacidad técnica y de difusión de la emisora de radio del barrio.

• Apoyo a iniciativas de autoocupación de jóvenes. Proyecto que ha consistido en el apoyo formativo y financiero a diversos proyectos de autoocupación elaborados por jóvenes del barrio. Entre otros, se ha realizado un curso de «formación para la iniciativa». La continuación de este proyecto se ha de canalizar a través de la «casa de oficios», programa del área de Desarrollo Económico y Social con el que está coordinado el plan integral, que está situado en la quinta planta del edificio.

• Cursos de informática. Dirigidos a jóvenes menores de 25 años sin cualificación profesional. Paralelamente a la formación técnica, se trabajan aspectos de formación laboral (como conocimiento del mercado de trabajo, elaboración de curriculum, presentación a entrevistas, búsqueda de trabajo, etc.) y personal (seguridad en uno mismo, autonomía personal, expresión, etc.).

• Proyecto para ancianos. Un 14 por ciento de la población de Roquetes tiene más de 60 años (1.018 hombres y 1.319 mujeres).

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Este grupo de población tiene especiales dificultades debido a las características del barrio: fuertes pendientes, problemas de vivienda, falta de espacios de encuentro tanto exteriores como interiores, etc. En la actualidad, y en coordinación con un grupo de ancianos apoyado por voluntarios, que ya existía, el plan integral ha potenciado la creación de una asociación de ancianos, mediante apoyo financiero, técnico y de local. Se pretende que los ancianos de Roquetes, constituidos en asociación, puedan negociar con las correspondientes administraciones o instituciones la creación de un casal, la aportación de subvenciones, etc.

• Video sobre el barrio. A través del taller de imagen y sonido del plan integral se ha llevado a cabo un video sobre Roquetes, basado en entrevistas a vecinos e imágenes sobre la zona, con lo que se pretende una mayor identificación de los habitantes con el barrio.

• Taller de cerámica. Consta de dos módulos, uno para adultos y otro para niños. Este taller tiene una vertiente básicamente social y de entretenimiento. El módulo de niños ha sido frecuentado, sobre todo, por niños de raza gitana.

• Concurso «Un lema para el barrio». Este proyecto se enmarca dentro de las actividades para la identidad del barrio, y tenía como objetivo obtener un lema que fuese una referencia emblemática y positiva para sus habitantes. Se consideró que la mejor forma de obtener ese lema era a través de los mismos vecinos y por ello se convocó un concurso al que se presentaron veinticinco lemas. El que resulte ganador será utilizado para acompañar diversas actividades de las entidades o del plan integral, a través de la edición de pegatinas, camisetas, etc.

• Taller de imagen y sonido. Este taller dispone de material técnico de calidad y pretende diversos objetivos: apoyar las actividades del plan integral, a través de la realización de reportajes, o como herramienta de retroalimentación y autoconocimiento en los cursos de inserción laboral; realización de cursos, etc. Se han llevado a la práctica dos tipos de cursos: introductorios y de cualificación profesional. Los participantes en estos últimos también cuentan con apoyo

formativo en aspectos laborales, para facilitarles su posterior inserción.

• Proyecto de aprendices. Es un proyecto dirigido a jóvenes de entre 17 y 21 años con antecedentes de fracaso escolar. Combina el trabajo de los jóvenes como aprendices en empresas del barrio, con remuneración a cargo del plan integral, con la formación personal y laboral (conocimiento del mercado de trabajo, adquisición de hábitos, autonomía personal, simulación de entrevistas, etc.).

• Formación y ocupación para mujeres. Este proyecto va dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años con bajos niveles de cualificación profesional que, por razones domésticas o personales, abandonaron hace años su actividad laboral y tienen dificultades de reinserción. Consta de diversos módulos: formación básica (mejoría de la lectura y de la escritura, cultura general...) y desarrollo personal (seguridad en sí mismas, expresión, hábitos sociales...). Lo que se pretende es que las mujeres elaboren su propio itinerario de formación y de inserción. En la segunda fase del proyecto se las deriva hacia cursos de cualificación profesional o bien se las ayuda a buscar activamente trabajo.

• Voluntariado social. Se trata de un proyecto en colaboración con la Cruz Roja, con el que se ha conseguido cubrir la demanda de las escuelas del barrio, a través de la colaboración entre voluntarios de la Cruz Roja y la Asociación de Padres. La tarea consistirá en mantener abierta la biblioteca de la escuela en los horarios extraescolares, tanto para la consulta y préstamo de libros como para la realización de trabajos en grupo. Esto se complementará con cierto trabajo de reforzamiento escolar para algunos de los niños. Esta experiencia puede ser interesante, ya que muchas de las viviendas del barrio son reducidas y los niños no disponen de lugares adecuados para el estudio.

• Taller de fotografía. Consiste en la potenciación de una de las actividades del casal de jóvenes del barrio, cuya actividad, que ya existía previamente, recibe apoyo financiero del plan integral.

• Parados de larga duración. Este proyecto, todavía en fase de elaboración, pretende

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facilitar la inserción laboral de parados de larga duración, pues la crisis económica afectó a importantes sectores de la población de Roquetes, a causa del bajo nivel de cualificación profesional. Para la realización de este proyecto, al igual que con el resto de los proyectos de ocupación del plan integral, se trabajará en coordinación con las oficinas y centros del INEM.

• Escuela taller. En 1990 se iniciará en el barrio una experiencia dirigida a noventa jóvenes, menores de 25 años, con dificultades de inserción social y laboral. Se trata de una escuela-taller financiada conjuntamente por el INEM y por el Ayuntamiento, que tendrá una duración de tres años. Aparte del interés que implica la formación e inserción sociolaboral de noventa jóvenes, la escuela-taller de Roquetes tiene una utilidad social añadida, que es la rehabilitación de la zona alta del barrio, la cual se encuentra altamente degradada. Se considera, además, que el hecho de que los jóvenes participen en la rehabilitación de su barrio tiene un interés educativo y social importante.

• Dinamización económica. Existen en el barrio pequeños comercios, talleres y servicios a los que el plan integral pretende apoyar a través de información sobre ayudas, formación de comerciantes y empresarios, información sobre aspectos fiscales y laborales, potenciación de algún tipo de asociación de comerciantes, etc.

Un plan preventivo

Como se puede ver, el plan integral no es un programa dirigido específicamente a mejorar la seguridad ciudadana, y tampoco Roquetes es uno de los barrios de Barcelona con problemas más graves de delincuencia. Sin embargo, el plan integral puede tener una incidencia importante en diversos aspectos de prevención social como la mejora urbanística, la integración

en la ciudad, etc. Por otra parte, el hecho de poner en marcha una intervención intensiva en el barrio puede hacer disminuir en sus habitantes el sentimiento, reiteradamente expresado por los mismos, de que Roquetes es un barrio olvidado por las administraciones y abandonado a su suerte. El que se haga un equipamiento público, antes inexistente, que puede ser utilizado indistintamente por colectivos de todas las edades y condiciones, así como la calidad y diversidad de actividades que se están llevando a cabo, está generando una importante movilización social que puede incidir positivamente en la percepción que la gente tiene de su barrio y en la vida del mismo. La disminución del sentimiento de aislamiento y de abandono puede repercutir indirecta y positivamente en aspectos de seguridad ciudadana.

Además, muchos de los proyectos puestos en marcha pueden tener una incidencia importante en la prevención de problemáticas sociales o, cuanto menos, pueden contribuir a paliarías. Así, el proyecto para la tercera edad, el programa de formación ocupacional de las mujeres, los talleres de alfabetización etc., inciden en la integración social o laboral, o en ambas a la vez, de colectivos con dificultades en estos ámbitos. Otros proyectos pueden incidir más directamente en la prevención de problemáticas de seguridad ciudadana. Por una parte, los proyectos dirigidos a los niños (casa infantil, voluntariado social), para ocupar el tiempo libre de los pequeños, que en estos barrios tienden a encontrarse dispersos por las calles, pueden disminuir las posibilidades de que adopten conductas de riesgo social. Y los proyectos de prevención de drogodependencia, así como los dirigidos a fomentar la ocupación juvenil, pueden incidir directamente en la mejora de la seguridad ciudadana.

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Diferentes, pero no al margen M. Teresa Codina

La escuela actúa como catalizador y pararrayos de los numerosos conflictos que viven los niños como consecuencia de su situación en la sociedad. Su papel es decisivo a la hora de integrar a los niños que, por su procedencia o por sus hábitos, se apartan de los modelos que, por ser mayoritarios o dominantes, son considerados normales. De ahí la necesidad de mecanismos correctores que favorezcan la integración. En esta línea se inscribe la llamada educación compensatoria. M. Teresa Codina, coordinadora del programa de educación en la diversidad puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona, se refiere al conjunto de actuaciones programadas para que a los niños de minorías étnicas o, sencillamente, procedentes de sectores marginados les sea respetado el derecho a ser diferentes sin quedar, por ello, al margen de la sociedad.

La actual sociedad occidental sólo se da cuenta de lo que representa la tala de la selva amazónica cuando a la propia sociedad le alcanza alguna consecuencia de aquella explotación. De modo parecido, los sectores de la ciudad que se pueden considerar del «norte» llegan a percibir algunas situaciones de conculcación de los derechos humanos que sufren, entre nosotros, numerosos representantes del «sur» únicamente a partir de las salpicaduras que nos alcanzan. Inseguridad ciudadana, delincuencia juvenil, absentismo, deserción y fracaso escolares son concreciones de estas salpicaduras.

De forma simplista y esquemática, podríamos decir que las respuestas inmediatas a los fenómenos de tipo delictivo suelen darse en forma de compensación o bien de vigilancia, incluso en forma de represión. Y cuando en una nueva fase se constata la ineficacia o la insuficiencia de ese tipo de reacción, se suelen buscar respuestas en la prevención. Esta presenta una vertiente que conecta con la rentabilidad social: la posibilidad de ser tratada en términos de inversión/rentabilidad socioeconómica garantiza su aceptación y viabilidad.

En realidad, tanto la opción por la vigilancia/compensación como la opción preventiva no están directamente enfocadas al cumplimiento de los derechos humanos: su objetivo se limita a paliar precisamente las consecuencias de ese incumplimiento, y tienden a hacerlo en cada caso según los cánones de la sociedad dominante. Así, las respuestas

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son cualitativa y cuantitativamente diversas, desde las que obedecen a criterios estéticos (la mendicidad afea la ciudad») hasta las que propugnan el derecho del ciudadano a ser diferente sin quedar, por ello, al margen.

Consideramos que sólo son válidos, es decir, responden a las auténticas causas de determinada situación de carencia, los proyectos dirigidos a que todos y cada uno de los ciudadanos gocen del pleno ejercicio de sus derechos humanos. En términos educativos, esto vendrá expresado por el pleno desarrollo de las propias disposiciones personales y por la capacitación de los ciudadanos para actuar plenamente como tales.

De un tiempo a esta parte, la mayoría de los países de la Comunidad Europea presentan una heterogeneidad creciente en lo que se refiere a composición cultural. Con diferente intensidad, la escuela refleja situaciones caracterizadas por la coexistencia de diferencias culturales.

En la ciudad de Barcelona, a las diversas oleadas de inmigrantes de distintos puntos de la geografía de España, desde los años 1960-1970 ha sucedido la creciente llegada de emigrantes de África, especialmente de Marruecos. Tanto éstos como los gitanos barceloneses procedentes de la reciente erradicación de los barrios barraquistas de La Perona y del Camp de la Bota son, frecuentemente, objeto de actitudes de rechazo más o menos sutil, así como de reacciones de asimilación, expresadas como intento de normalización escolar. Y la Administración se encuentra ante el reto de dar respuestas de diferentes tipos y en distintos plazos, según las situaciones.

Para que todos y cada uno de los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos y ejercer sus deberes es necesaria una política que, a largo plazo y de forma coherente e integral, se lo proponga de forma real y eficaz. La Constitución garantiza esta situación, en las distintas administraciones y bajo los diferentes gobiernos democráticos.

A medio plazo, la previsión y el enfoque global de la diversidad actual resulta un motivo de enriquecimiento social, en tanto que, no asumido a tiempo, suele ser causa de conflictos que acentúan un proceso de

distanciamiento, de trascendencia variable. Las negligencias de diversos tipos, así como el aumento cuantitativo y cualitativo de carencias (trabajo, educación, sanidad), obligan a actuaciones inmediatas y puntuales (asistenciales o compensatorias) que no se pueden eternizar y de las que no se puede prescindir con el pretexto de una «promoción de los usuarios)), cuando ésta es una propuesta todavía utópica. Si bien es un progreso indudable abordar a nivel institucional este tipo de problemas (en congresos, jornadas, sesiones, etc.), las realizaciones posteriores en el plano real, diario, no suelen reflejar hasta ahora lo que se ha tratado con luz y taquígrafos en otros planos. ¿Falta de seguimiento posterior?, ¿de conclusiones operativas?, ¿de reivindicaciones, adecuadas? Sea como sea, y por parte de quien sea, sin duda, falta de voluntad real.

La escuela, en el vértice entre la socialización y a delincuencia

Es evidente que en la escuela confluyen, tanto a nivel del individuo como del entorno y de la misma institución escolar, elementos negativos, fruto de la desigualdad y de a injusticia sociales, aunque nunca se llegan a dar de forma clara, neta y aislada. Y se necesitan muchos elementos positivos para contrarrestarlos.

Para un niño de un ambiente socialmente desfavorecido el paso por la escuela puede representar, en sentido positivo, la posibilidad de aumentar la comprensión del mundo en que vive, de ampliar su aptitud de relación y de convivencia, de desarrollar y canalizar su propia energía personal, de acrecentar su capacidad de desarrollo y de placer, de afinar el binomio responsabilidad-libertad y de potenciar su dignidad y su valor personales. Pero a la inversa, puede ocurrir que la escuela no sólo desaproveche estas potencias personales del niño sino que le coloque en situación de progresiva actitud disocial: conflicto con los maestros, por cuestiones de aprendizaje, con los compañeros, con la propia institución, etc.

Y es que la escuela actúa como catalizador y pararrayos de los numerosos conflictos que vive el niño, como consecuencia de su situación en la sociedad. A su vez, el maestro, que como ciudadano forma parte

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de esa sociedad, como profesional refleja y transmite una determinada concepción y valoración de la sociedad, de la escuela, de la persona, del momento. Y lo hace a través de las mil opciones que toma a lo largo del día en la vida escolar.

Si la escuela es la institución educativa por excelencia, un objetivo primordial de los que velan por los derechos y deberes de los ciudadanos será garantizar la escolarización. Aquí, hemos de tener en cuenta, en primer lugar, que la imagen de la escuela resulta de muy diferente percepción según el entorno cultural; en segundo lugar, es evidente que la escolarización de los niños marginados no es independiente de la relación general de la minoría marginada con la mayoría dominante.

Avanzando un paso más, podemos considerar algunos mecanismos productores de desmotivación del hecho escolar. Primero, la debilitación de los lazos con la escuela es un escalón previo a la ruptura, que puede expresarse en el abandono material de la escuela o en una actitud de oposición progresivamente disocial. Este fenómeno suele darse en la práctica alrededor de los siete años, en relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura y de la habituación básica, y alrededor de los doce, debido a la distancia de la realidad que suelen presentar los programas y a la dificultad de abstracción de los aprendizajes. A esta situación se suma la intensificación de conflictos inherentes a la adolescencia.

También pueden ser productores de desmotivación cambios de diferente orden: de vivienda, de escuela, de maestro, de código cultural y lingüístico, así como algunos acontecimientos familiares importantes.

Por la influencia decisiva de la escuela en la evolución de los procesos de marginación, así como por la tendencia de la sociedad a excluir a los que se apartan de los modelos considerados «normales», urge que se prevean, fomenten y programen mecanismos correctores a corto plazo que favorezcan la integración y ayuden a que la actuación de la institución escolar sea la que corresponde a un

servicio público y a las necesidades actuales.

Programa de educación en la diversidad

Dentro de su marco competencial y de sus posibilidades presupuestarias, el área de Educación del Ayuntamiento de Barcelona intenta dar respuestas, a distintos niveles y en diferentes plazos, al reto que representa la diversidad sociocultural. Diversidad percibida no desde una óptica de aceptación y tolerancia, sino como posibilidad de intercambio y enriquecimiento mutuos, con el convencimiento de que cuando los rasgos propios de cada persona resultan integrados en la heterogeneidad del conjunto, éste queda enriquecido por la variedad de matices que en él convergen. Diversidad percibida con el realismo que nos lleva a reconocer diferencias que humanizan porque complementan, las diversas cualidades y maneras de reaccionar de cada uno, en tanto que otras diferencias resultan deshumanizadoras, como serían las diferencias sociales o las derivadas de prejuicios raciales. Así pues, podemos enfocar la diversidad como un mal menor que hay que evitar, o bien como una posibilidad que hay que aprovechar.

Dada la complejidad y la gravedad de la marginación de algunos sectores de la ciudad, el área de Educación del Ayuntamiento de Barcelona se propone, a través de un programa específico de educación compensatoria basado en un convenio con el Ministerio de Educación, intensificar, ampliar y consolidar diversas actuaciones en diferentes distritos, para atender al ámbito paraescolar en zonas especialmente deprimidas de la ciudad de Barcelona.

Las diferentes actuaciones de este programa de educación en la diversidad se vienen desarrollando de común acuerdo con los distritos donde se realiza cada intervención, de acuerdo con tres criterios. El primero es que las actuaciones previstas en el programa. Así como las de las diversas instancias de los distritos implicadas (servicios personales, asuntos sociales. consejos escolares. etc.). van encaminadas a normalizar la situación de los niños y sus familias en el lugar donde residen o donde han pasado a residir. El segundo es la necesidad de aunar

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esfuerzos, coordinar actuaciones y utilizar la infraestructura (organizativa, material, etc.) con que cuenta cada distrito. Y el tercero es que, de acuerdo con la normativa municipal. las actuaciones y programas de todas las áreas o servicios municipales (la de Educación, en este caso) se coordinen con los distritos como órganos territoriales.

Queremos hacer hincapié en la actuación a través de los distritos: por una parte, sólo la coherencia en las actuaciones puede garantizar una acción educativa. Por otra, se tiende a actuaciones a medio plazo como respuesta educativa a situaciones que son resultado de diversos procesos que no nos compete juzgar, pero sobre los que nos toca actuar y a los que en algunos aspectos es preciso dar respuestas puntuales e inmediatas.

El programa tiene una doble perspectiva. De un lado, atender, en relación con la educación, las situaciones de marginación social y prevenir, en lo posible, aquellas otras que, por las carencias que las envuelven, corren el riesgo de llegar a serlo. Y, de otro lado, garantizar el derecho a la propia identidad cultural de las minorías, de tal modo que la atención al colectivo especifico no signifique su absorción cultural por la sociedad mayoritaria o dominante, sino el enriquecimiento mutuo desde una óptica intercultural.

Las actuaciones programadas

Basado en la relación intrínseca entre lo escolar y lo paraescolar, el programa de educación en la diversidad presenta una vertiente orientada al pleno desarrollo personal a partir del aprendizaje sistemático. Y a este objetivo responden las siguientes actuaciones:

• Escolarización y seguimiento de los alumnos gitanos procedentes de la erradicación del chabolismo de los barrios de la Perona y Camp de la Bota.

Se puede prever, pese a las dificultades para disponer de datos precisos sobre números y lugares que es necesario garantizar y seguir la escolarización de los alumnos entre los cuatro y los catorce años que hasta ahora estaban matriculados en

los centros públicos de la Perona y Camp de la Bota.

Esto supone: la localización de las familias; la inscripción y matriculación en los centros públicos próximos según los criterios del departamento de Enseñanza de la Generalitat; la ayuda y seguimiento a las familias por parte de los servicios sociales del distrito (asistentes sociales, trabajadores familiares, monitores); una actitud de acogida de la comunidad escolar en la que los niños se matriculen para que el elemento de diversidad resulte enriquecedor y en ningún caso motivo de discriminación. Este programa requiere coordinación con los distritos correspondientes y la ampliación o creación de los servicios necesarios, así como la coordinación y delimitación de actuaciones con el equipo de educación compensatoria del departamento de Enseñanza de la Generalitat, a fin de asegurar, dentro de lo posible, la atención en el ámbito interno de la escuela y, en general, evitar tanto las lagunas como las duplicidades.

• Atención específica a los alumnos arábigo-musulmanes. Hay que tener en cuenta que hay niños arábigo-musulmanes del distrito I que no están escolarizados; que el rendimiento escolar de los niños marroquíes escolarizados suele ser bajo a causa del nivel socioeconómico y cultural del entorno familiar, las dificultades lingüísticas, etc., y que una mayoría de los niños magrebíes desconocen las raíces de su lengua materna, y se encuentran en riesgo grave de desestructuración por el hecho de no tener consolidado un mínimo esquema mental a partir de ninguna de las dos culturas en contacto. Se trata, en estos casos, de: contar con un censo de familias y niños en edad escolar; mentalizar a las familias para que matriculen a sus hijos; garantizar que en la escuela encuentren la acogida adecuada; aportar lo que el entorno familiar no aporta en relación a la adquisición de aprendizajes instrumentales (lectura y escritura) y de comprensión lingüística y facilitar que los niños puedan reafirmar y valorar la cultura de su país de procedencia. A este fin, los hijos de emigrantes arábigo-musulmanes se reúnen tres veces por semana con adultos de su propia cultura y siguen un programa orientado a afianzar la cultura de origen, facilitar la convivencia e,

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indirectamente, motivar la asistencia asidua a la escuela.

• Creación y potenciación de espacios fuera del horario escolar (aulas-estudio), orientados a atender a los alumnos de ciclo superior en sus trabajos diarios. En barrios periféricos, los alumnos que han conseguido llegar al ciclo superior ven comprometido a menudo el proceso de aprendizaje y la escolaridad misma por los problemas que les supone el trabajo escolar diario. El aula-estudio se presenta como una función y un espacio subsidiario del aprendizaje en la escuela, para proporcionar a los alumnos del ciclo superior el lugar y el entorno adecuados para realizar los trabajos que la escuela propone (deberes, estudio, trabajos monográficos, etc.), así como la adquisición de técnicas y hábitos de estudio: distribución de tareas según calendario y horario, forma específica de trabajar cada materia, utilización adecuada de los recursos y conocimiento de las propias aptitudes y dificultades para aprovecharlas, contrarrestarlas o superarlas. Una vez el distrito presenta el proyecto y facilitada la infraestructura, el área de Educación de Ayuntamiento, de acuerdo con el propio distrito, realiza una oferta pública para dotar al aula-estudio de los profesionales necesarios (cuatro maestros a horario parcial para treinta alumnos).

• Formación compensatoria y capacitación laboral básica de jóvenes de 14 a 16 años no integrados en BUP ni FP. Es necesario recuperar a los adolescentes de 14 a 16 años. motivarles a partir de estímulos con resultado inmediato para que recobren la confianza en ellos mismos y sean capaces de interesarse por su propio progreso e integrarse, ya sea al mundo laboral, ya a la forma adecuada de FP. Los objetivos de esta actuación son evitar una segregación precoz, que en el suburbio resulta irreversible, y realizar una oferta de aprendizajes que den satisfacción real a las necesidades educativas de los alumnos. Se trata, básicamente, de que los alumnos consigan los objetivos generales previstos para el ciclo 1 2-1 6 a través, sin embargo. de una didáctica adecuada tanto a su bagaje cultural como a sus intereses y ritmo.

• Creación y ampliación del espacio destinado a favorecer la dimensión

sociabilizad ora y educativa del tiempo libre extraescolar. En los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos, la falta de servicios culturales aumenta a menudo los problemas de los grupos que los integran. Las carencias familiares, la dificultad de los mismos padres para percibir la escuela como un marco de formación necesaria para la vida, las relaciones poco positivas que se establecen con el entorno, son factores que coinciden y tienen una incidencia negativa en la vida escolar. Por eso es necesaria una intervención educativa de carácter preventivo que contribuya, a partir de actividades de tiempo libre, a la creación de marcos referenciales y que favorezca un proceso de sociabilización. Esta actuación supone la elaboración de un proyecto realista y coherente por parte del distrito, susceptible de ser llevado a cabo por un grupo de monitores con la suficiente profesionalidad.

• Salidas durante el curso escolar para alumnos de ciclo medio. Tienen el doble objetivo de favorecer la convivencia entre los alumnos, en una etapa evolutiva en la que la sociabilidad tiene un peso prioritario, y de dinamizar, por otra parte. el trabajo de los maestros a través de la adecuación pedagógica a la realidad y del contacto con la naturaleza. Para los alumnos de la periferia marginada es necesario salir del propio mundo, reducido y cerrado. y acomodarse a situaciones nuevas, alternando el medio rural con el habitual. aún con más motivo cuando muchos de estos niños viven en condiciones de insalubridad y en un entorno de vivienda y urbanismo degradados. Para esta actividad, acordada con el distrito y la escuela. el programa cuenta con la infraestructura de los albergues de la dirección general de Promoción Educativa de la Generalitat, de los (casals» del área de Joventut del Ayuntamiento, de diversas instalaciones de la Diputación de Barcelona y de entidades dedicadas al tiempo libre.

Es prematuro aún hacer una evaluación de estas actuaciones, dada la complejidad de un programa de estas características, que implica a diversas instituciones. Con todo, se cuenta con una acogida muy favorable por parte de las instancias y personas implicadas. Los distritos valoran especialmente el hecho de que las diferentes iniciativas respondan a

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necesidades reales. En cuanto a las perspectivas de futuro, hay que diferenciar dos tipos de programas: por una parte, los que suponen una actuación prioritaria en este momento, pero cuya tendencia es la de ser asumidos paulatinamente por los distritos e integrados en su red ordinaria de servicios y. por otra, aquellos que no sólo habría que mantener, sino extender: el aula-estudio, las salidas programadas para ciclo medio, la valoración de la cultura de origen, la dinamización infantil, la atención a los alumnos de 12 a 16 años no integrados en BUP ni en FP, etc.

Es evidente que ante la encrucijada socialización/marginación en que se encuentra la infancia que pertenece a minorías étnicas o a la «sociedad del sur», los que en un aspecto u otro encarnamos el ((norte» tenemos el deber de buscar con tenacidad y eficacia la forma de que todos y cada uno de los ciudadanos consigan sus derechos, entre ellos el derecho a ser diferentes sin quedar, por ello, al margen.

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La prevención del delito: un tema policial Juan Diego

La prevención del delito es la función más importante de Ja policía. Es la más rentable a medio y largo plazo: es trabajar hoy para garantizar la seguridad del futuro. Pero la prevención precisa la unión ciudadano-policía que sólo se consigue a partir de la implicación de la policía en la comunidad a la que debe rendir cuentas. Esa es una condición necesaria para lograr un “rearme moral” de la población frente a la inseguridad. Con estas premisas, Juan Diego, sub inspector de la Guardia Urbana de Barcelona, desarrolla un proyecto de prevención policial y explica su esquema organizativo.

El concepto de prevención provoca aún en nuestro pais un cierto grado de confusión cuando se aplica a la función policial. Esto se debe, a mi entender, a que nuestra policía (los diversos cuerpos) no ha abordado el tema con una perspectiva de planificación de actividades concretas, sino que más bien se ha entendido que cualquier actividad policial (incluso la sola presencia de la policía) tiene un componente preventivo, lo cual es verdad, pero, como expondremos más adelante, las funciones específicas de prevención policial son algo perfectamente diferenciado, y posiblemente las demás acciones operativas estarían mejor definidas por el concepto de disuasión, cuando no sean sólo represivas.

Hay otras razones que contribuyen a la ambigüedad del término. Las teorías sociales, muy extendidas y universalmente aceptadas, que entienden el delito, en gran parte, como consecuencia de la desigualdad y la injusticia social, han influido sin duda en el sentido de que mucha gente piensa que es ahí donde está justamente el esfuerzo para evitar el delito, es decir, es una tarea política que se realiza desde la Administración, y eso es todo lo que hay que hacer en prevención.

Ya anteriormente, la humanidad, desde sus principios, parece que recurrió, y aún lo hace, a la teoría punitiva ejemplarizan te, o sea, el castigo del delincuente (las ejecuciones públicas fueron el mayor exponente de ello), que evitaría, por temor a la pena, que se cometiesen delitos, y de hecho, muchos consideran que ese

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sistema es el único camino de prevención de la delincuencia.

Ambas teorías seguirán aplicándose, porque son ciertas y tienen un fundamento real, lo mismo que la reinserción del condenado durante su estancia en prisión, o incluso después. Pero, tristemente, el delito como patología individual o social sobrevive, y en algunas épocas la sociedad siente que ha rebasado los límites tolerables. Aparece entonces un sentimiento de temor y de impotencia.

Este es un fenómeno en el que nuestro país está inmerso desde hace unos años y, aunque algunos trabajos han demostrado que ese estado de alarma obedecía más a efectos de contagio comunicativo que a los datos reales de delincuencia, lo cierto es que ese sentimiento existe y que se dan suficientes delitos para que la sociedad trate de disminuir su número para pasar de esa creencia de inseguridad a una situación de seguridad aceptable.

Muchos países europeos han pasado por ello antes que nosotros, pues el fenómeno, tal como hoy se vive, apareció en Europa occidental después de la Il Guerra Mundial por diversas razones, entre las que destaca la concentración urbana (fue precisamente en las grandes urbes donde surgió con fuerza). Se dió entonces un aumento espectacular de la delincuencia juvenil, y a la policía le resultaba imposible cubrir los numerosos barrios con el tradicional patrullero a pie; por ello recurrió a los vehículos y a la radio-patrulla, y pronto se convirtió en un servicio acuartelado, que acudía en caso de llamada. Policía y sociedad se senti’an cada vez más alejadas.

Trabajar con la comunidad

Esta situación, que en algunos grandes países se vivió con una especie de resignación. provoca, especialmente en el mundo británico, una gran preocupación al final de los años sesenta. La población se sentía alejada de la policía y ésta, en un momento dado. comienza a trabajar con los comunity involvement, departamentos que se implican en la comunidad y cuya tarea no tiene nada que ver con las relaciones públicas. De este concepto. de ese movimiento, parten en general todos los planes de prevención que hoy existen en los países

desarrollados: trabajar con la comunidad es partir de ella, de los vecinos, de los comerciantes. De este trabajo en común surgen las medidas preventivas generales o concretas para cada situación. Se trata fundamentalmente de ensamblar la técnica del profesional de la policía con la información que los vecinos aportan, la más rica y completa. También en nuestro país, el alejamiento policia-ciudadano es una constante de los tiempos. Podría decirse que incluso hay rechazo del ciudadano hacia la policía. Esto es debido, sobre todo, a que la gente sólo percibe la función represiva de la policía, y ante ella, todos somos posibles infractores de a ley, porque realmente todos lo hemos sido alguna vez, aunque sólo sea, por ejemplo, en temas de tráfico. Se da, por tanto, una cierta enemistad potencial entre ambas partes. Cierto es que la policía efectúa muchas acciones de asistencia, de socorro, pero sólo las ven las personas implicadas. El caso es que esta función asistencial no es suficiente para contrarrestar el efecto anterior.

Este alejamiento «crónico», sólo puede combatirse con un contacto generalizado, profesional, entre los agentes y los vecinos. Esta es la base de todos los planes de prevención importantes que se llevan a cabo en el Reino Unido, Canadá o Suecia y, en general, en todos los países desarrollados. Conviene de nuevo resaltar que este movimiento no nace con el objetivo de mejorar la imagen policial sino de la convicción de que sin el contacto con la sociedad la policía es impotente para combatir la delincuencia, al menos en los índices que ésta alcanza en las grandes ciudades.

Se logra también algo fundamental. El ciudadano toma conciencia de que la seguridad es un valor que todos tienen que ayudar a defender. Se produce así un rearme moral de la población, que vence su sensación de impotencia ante los delincuentes con el contacto y el trabajo junto a la policía.

Un proyecto de prevención policial

La Guardia Urbana de Barcelona viene realizando actuaciones que corresponden a la función preventiva del delito (protección escolar frente a la droga, consumo de bebidas alcohólicas por menores,

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absentismo escolar, etc.). Estas acciones se deciden y transmiten por la vía orgánica y su responsabilidad corresponde a los mandos respectivos, así como su planificación y seguimiento. Existen también experiencias-piloto cuyo resultado puede ser espectacular (Aula de prevención de Ciutat Vella).

Se trata ahora de establecer una organización que, enmarcada en la estructura general, tenga la especialidad concreta de crime prevention (como se denomina en los países anglosajones) y de que el mando delegue en ella el asesoramiento, la preparación de las diferentes acciones y, en su caso, la realización o bien la instrucción de los agentes que las van a llevar a cabo.

Se ha dicho repetidamente que la policía no es capaz de luchar eficazmente contra la delincuencia sin el apoyo ciudadano y que, para que este apoyo se produzca, es necesario establecer previamente unos lazos regulares de colaboración que permitan intercambiar información y asentar paulatinamente la relación policía-ciudadano hasta que sea considerada por todos como normal.

Para este acercamiento es necesaria la descentralización. Cada un ¡dad territorial (distrito) contará con un responsable de «prevención del delito»; se trata de un agente seleccionado y formado en esta especialidad, que conoce el territorio y a sus vecinos y, por tanto, la poblemática específica de cada barrio, y que adecúa cada uno de los planes de prevención a las necesidades de éste. Sus funciones son:

• asesoramiento al jefe del distrito en temas de prevención;

• instrucción a los patrulleros sobre las normas de actuación correspondientes a cada plan;

• recogida y tratamiento de datos e información específica;

• contacto y reuniones con vecinos, comerciantes, colegios, centros cívicos, tercera edad, etc., y

• asistencia activa a las reuniones del consejo de seguridad del distrito.

Como en otras áreas funcionales, el EATO (equipo apoyo técnico operativo) de prevención tiene autonomía para trabajar de acuerdo con las características de cada distrito, pero sin olvidar que es una parte de a Guardia Urbana de Barcelona y que, por tanto, su actuación debe ser también acorde con las directrices que emanan de la alcaldía a través de la línea jerárquica.

Existe, pues, un órgano directivo que coordina las actuaciones en los diversos distritos, que depende de la jefatura de la DTPC (división territorial de protección ciudadana). Las funciones de este órgano directivo son las siguientes:

• sugerir planes de acción en temas específicos de prevención;

• participar en la elaboración de las normas de actuación de cada plan;

• transmitirlas a los EATOS de prevención;

• buscar o confeccionar material de ayuda (folletos, pósters, etc.);

• promover contactos y reuniones con los niveles respectivos de otras áreas o servicios (sociales, juventud, comisión técnica de Seguridad, etc.); y

• elaborar informes generales de la ciudad, recogiendo datos de los distritos (estado de la droga, vandalismo, mercados de objetos robados, etc.).

Centro de estudios de prevención

El trabajo de prevención va a adquirir con toda seguridad una gran dimensión, por lo que es preciso pensar que este órgano directivo necesitará apoyo técnico de reflexión y de creación. A este fin se creará el Centro de Estudios de Prevención, de dirección colegiada, cuyas funciones serán:

• actuar como foro de encuentro de ciudadanos, policías, técnicos o expertos para investigar en métodos y medios de prevención del delito;

• organizar conferencias, seminarios y cursos sobre el tema;

• elaborar materiales didacticos o de información; y

• poner en marcha un gabinete de documentación en el que se recopile todo

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lo relativo al tema, de ámbito local, autonómico, nacional e internacional.

Esta organización de la Guardia Urbana en prevención encaja con as técnicas de coordinación de protección ciudadana en un organigrama que, con carácter experimental, podría ser el recogido en la página siguiente:

El funcionamiento de esta estructura sería el que desarrollamos a continuación. Surge una causa de inseguridad ciudadana, por ejemplo, el cobro en los cajeros automáticos (se dan muchos atracos en su interior y también en las proximidades, después de efectuado el cobro). Esta necesidad se detecta en cualquiera de las partes del organigrama (de hecho puede aparecer en todas ellas). Por los canales correspondientes el hecho llega a la máxima autoridad y ésta decide actuar en prevención. El órgano directivo define las líneas de trabajo para preparar el plan específico de prevención (folletos, normas de actuación, etc.). Estos trabajos se realizan en el centro de estudios, se

aprueban jerárquicamente y se distribuyen por la línea hasta los EATOS. Estos efectúan la tarea concreta de prevención en contacto con vecinos, colegios, bancos, comercios, etc. o, también, instruyen a los patrulleros del distrito en las normas de actuación relativas al plan.

Hay programas en los que se precisa la actuación coordinada de la Guardia Urbana y de los servicios de la «regidoria» del distrito. En estos casos se producen automáticamente los encuentros entre el EATO y el secretario de prevención del distrito, que establecen las pautas de coordinación concretas, y que seran reflejo de las normas aprobadas en instancias mas altas (ámbitos. coordinadores de las areas respectivas. etc.).

Logicamente. hay temas de carácter mas complejo, que se van estudiando con diversa intensidad en cada una de las partes de la estructura. Por ejemplo. proyectos de prevención total para territorios o zonas concretas que. una vez finalizada su planificacion. se ponen en práctica cuando se considera oportuno.

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Clases de prevención

Toda la organización efectúa las tareas de prevención en tres campos: prevención situacional, prevención material y prevención social. La primera basa su actuación en el tratamiento y estudio de los delitos cometidos (clase, horas, días, tipo de víctimas, etc.). La segunda, en la búsqueda de los medios (cerraduras, alarmas, marcaje de objetos, sistema de iluminación, etc.) que dificulten la consumación del delito o ahuyentan al delicuente, incluyendo la información al ciudadano para que tome las medidas cautelares, precisas. La tercera está fundamentalmente orientada a la infancia y la juventud y su objetivo es dificultar o cortar las «vocaciones» delincuenciales.

En el campo de la prevención situacional, los EATOS de seguridad ciudadana (su trabajo está directamente relacionado con el de los EATOS de prevención, como puede verse en el organigrama) elaboran mensualmente un informe, que es el resultado del análisis de todos los delitos conocidos que se cometen en el distrito. Con estos datos y los aportados por el cuerpo de Policía Nacional (CPN) se reúnen los responsables de ambas policías, con periodicidad mensual, en lo que se llama «mesa de coordinación policial». A través del estudio de los mapas de criminalidad del distrito (zonas conflictivas, tipos de delito, etc.) se establecen criterios de acción, bien en la línea de la investigación (generalmente CPN) o en la de la presencia uniformada en determinados puntos con efectos disuasorios.

Todo este trabajo se presenta periódicamente ante los «conseils de seguretat» del distrito, en los que están representados los políticos, las entidades y la propia policía y que preside un concejal del ayuntamiento.

En cuanto a la prevención material, a través del estudio de las circunstancias que concurren en la comisión de los delitos, se establecen normas o ingenios que representan verdaderas dificultades a las acciones del delincuente. Tipos de esta clase de prevención son, entre otros:

• el asesoramiento sobre equipamientos de seguridad en viviendas y comercios (puertas, cerraduras, alarmas, etc.);

• el asesoramiento sobre pautas de seguridad previas a la construcción de edificios (iluminación, corredores, escaleras. etc.):

• el marcaje con tinta invisible de objetos de valor (lo hace directamente la policía) o estampado de matrículas en parabrisas; y

la difusión en folletos, prensa, radio, TV, de normas a tener en cuenta por el ciudadano en ciertas situaciones (pisos vacíos durante las vacaciones, cobros en cajeros automáticos, etc.).

Debemos referirnos, finalmente, a la prevención social. Si los otros dos tipos de prevención se basan en el estudio y análisis de los delitos, la prevención social interviene fundamentalmente en la detección de la predeiincuencia y, por tanto, se refiere a los menores en situación de riesgo, procurando. junto a otras áreas de la Administración, cortar la carrera del delincuente o mejor, del predelincuente juvenil antes de que se consolide esa situación como sistema de vida.

Se parte de la hipótesis de que ser delincuente habitual es el final de un proceso que casi siempre comienza por pequeñas faltas, así como de la convicción de que evitar la «profesionalización» del delincuente es. además de una obligación de la sociedad, una garantía de seguridad ciudadana en el futuro y posiblemente la acción más rentable en materia de prevención.

Las funciones de este tercer tipo de prevención son:

• la formación cívica en colegios o centros juveniles;

• la detección de casos de absentismo escolar;

• el trabajo especial en barrios conflictivos;

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• la inspección y actuación en establecimientos que puedan expender bebidas alcohólicas a menores;

• evitar el consumo de drogas por menores (información, vigilancia en las proximidades de colegios o zonas de esparcimiento, etc.); y

• asegurar el conocimiento y contactos de seguimiento con los jóvenes del territorio que individual o colectivamente (bandas) están en situación predelincuencial.

Éste es, en síntesis, el esquema de la tarea preventiva de la Guardia Urbana para prevenir el delito a partir de la implicación de la policía en la comunidad. Debemos reconocer que este tipo de trabajo no se ha realizado todavía en nuestro país, al menos de una manera concreta, planificada, profunda, aunque se hayan hecho algunas tareas aisladas con éxito y profesionalidad. Se trata de una tarea ardua y ni su eficacia ni sus resultados pueden evaluarse a corto plazo. Como en tantos proyectos, dependerá en gran medida de la selección y formación de los agentes especialistas. Y, como todo, necesita el apoyo y el impulso de la autoridad política y de los responsables técnicos.

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El hecho metropolitano ha sido asumido por los ciudadanos pero no resuelto desde la perspectiva política. Las disfunciones saltan a la vista. Y sin embargo, ese continuo urbano que va de Badalona o Santa Coloma a Gavà o Castelidefels es un espacio natural de colaboración y coordinación. En muchos campos, y también en el de las policías locales. Antoni Balmón, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cornellà de Llogregat, sugiere en este breve trabajo una perspectiva inédita: la policía metropolitana.

La policía metropolitana Antoni Balmón

Una vez traspasada la frontera de los diez años de democracia municipal, los ayuntamientos han empezado a revisar los mecanismos que diariamente ponen en funcionamiento para atender las necesidades cada vez más complejas de unos municipios en constante transformación. Efectivamente, hoy nadie discute que la administración local es la que posee mayor información y conocimientos sobre los procesos de cambio que tienen lugar en el àmbito urbano. De ahí la necesidad de realizar algunas reflexiones sobre la situación actual que nos permitan concretar respuestas eficaces a las demandas de la sociedad.

Los distintos procesos migratorios de nuestro país a lo largo de los últimos cincuenta años han definido nuevos espacios urbanos cuya relación es cada vez más compleja. Así, las grandes ciudades han actuado como elemento catalizador de la actividad industrial y comercial, y en la misma medida que estas actividades se fortalecían, generando múltiples demandas, se producía un fenómeno de aproximación de los municipios periféricos, hasta el extremo de la total desaparición de los espacios interurbanos, que históricamente separaban estos municipios de la gran ciudad.

El ejemplo de Barcelona es concluyente: cualquier ciudadano puede desplazarse desde Badalona o Santa Coloma de Gramenet hasta los municipios de Gavà o Castelldefels a través de un continuo urbano definido por numerosas ciudades. Este fenómeno, que llamamos hecho

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metropolitano, y que ha sido asumido como un hecho real por la mayoría de los ciudadanos, no ha sido resuelto desde la perspectiva política. Las disfunciones saltan a la vista.

Hoy se habla de la Barcelona real, concepto desarrollado por los redactores del «Plan Estratégico 2000», y otros centran la discusión sobre la ampliación territorial del ámbito metropolitano, pero en el fondo de este debate se encuentra la definición de un territorio que no está limitado por ningún tipo de frontera natural, en el cual sólo existen demarcaciones administrativas que señalan límites municipales y donde conviven ciudadanos que se encuentran con estructuras, problemáticas y comportamientos urbanos idénticos entre sí y con unos procesos comunitativos e informativos que no permiten ni ofrecen ningún tipo de distinción. Y, sin embargo, hay elementos de identidad cultural e histórica para cada uno de estos municipios, de mayor fuerza que las barreras geográficas. Y ello, más que dividir, permite, desde la diversidad, el fortalecimiento de un ámbito metropolitano común.

Un espacio de colaboración y coordinación

Desde un profundo respeto por esa situación, y entendiendo que la política de la intromisión nunca da resultados positivos, hemos de trabajar por la confluencia de los intereses que nos son comunes, aceptando que la diversidad de nuestros municipios jamás ha de ser un freno para la común adopción de medidas concretas que redunden en beneficio de todos. Y es desde este ámbito de comunidad de intereses que podemos y debemos analizar otros elementos que nos permitan ver de manera positiva este espacio concertado de colaboración y coordinación.

El conjunto de nuestros municipios ha experimentado en estos últimos años una recuperación económica que ha generado nuevas dinámicas en muchos sectores de la actividad industrial y comercial, y al mismo tiempo ha permitido nuevas expectativas de los ciudadanos e importantes cambios de orientación en las demandas prioritarias.

Las encuestas nos señalan que el desempleo ha dejado de ser el problema número uno para la mayoría de los ciudadanos. Junto a los problemas derivados de la falta de empleo, hoy se sitúan otros, cuya aparición tiene mucho que ver con la nueva realidad: la vivienda, la circulación, el aparcamiento, la convivencia ciudadana —estrechamente relacionada con la seguridad—, el medio ambiente, etc.

En el conjunto de estos problemas, juegan un papel de primer orden las materias de seguridad, en las que los servicios municipales de guardia urbana son muy importantes. En consecuencia, debemos analizar la forma de conseguir que desde el ámbito operativo de la aplicación de las políticas de seguridad ciudadana, a través de los servicios de guardia urbana, se concreten respuestas adecuadas.

Ello implica la puesta en marcha de mecanismos de información y logística que permitan rentabilizar y multiplicar el efecto de los conocimientos y de las capacidades de desarrollo de estos servicios municipales.

Por otra parte, está claro que no sólo con la actuación de la guardia urbana responderemos a esas nuevas demandas. Una buena actuación y planificación de acciones urbanísticas permitirá reducir los problemas relacionados con el tráfico o el aparcamiento, y una política de seguridad estrechamente vinculada a las directrices del gobierno municipal en materia de servicios de atención a la persona servirá para obtener unos mejores resultados en el campo de la prevención.

Por otro lado, la mayoría de nuestros municipios carece de suficiente presencia de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, y la guardia urbana, al tener que substituirlos, no puede atender otras necesidades. Por eso, desde los ayuntamientos y desde otros organismos se debe seguir reclamando a la Administración del Estado el cumplimiento de sus responsabilidades.

En Cataluña nos encotramos, además, con la ausencia de un modelo policial y con una falta de estrategia básica de la Administración autonómica a la hora de distribuir los recursos económicos, ya que

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se dota de medios a un cuerpo policial que todavía no se sabe qué trabajo debe efectuar y, en cambio, se niega a los ayuntamientos peticiones de mejor dotación de recursos técnicos.

Ante este panorama, y desde una perspectiva política, es necesario continuar con el proceso impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona para lograr una mayor coordinación de los servicios municipales de guardia urbana en el área metropolitana.

Una policía metropolitana

En los últimos diez años ha habido cambios muy importantes tanto en la concepción misma del servicio de la guardia urbana como en sus métodos. Han cambiado los perfiles profesionales de sus máximos responsables técnicos, lo que en algunos casos ha provocado cambios de estructura, y ha habido una nueva orientación dirigida a asumir un mayor grado de profesionalización. Se ha ido produciendo también un importante incremento de los recursos humanos destinados a este servicio, lo que, a su vez, ha provocado la aparición de necesidades en el terreno de la formación, así como la mejora de las dotaciones técnicas. Y, por otra parte, hay una nueva legislación y se va desarrollando o modificando la normativa que en su día realizaron las corporaciones locales. Además, las ordenanzas municipales han sido ampliadas, lo que ha generado una mayor complejidad en relación al modelo y al carácter del servicio a prestar.

Nos encontramos, pues, ante un servicio municipal que ha ido adquiriendo importancia y, por ello, estamos ante la necesidad de diferenciar su vertiente interna, las prestaciones que ofrece a la ciudad y los instrumentos de que se dota.

Es evidente que, para desarrollar una buena actuación, se debe contar con personal adecuado y medios suficientes y, a la vez, conocer de antemano los problemas que preocupan al ciudadano para dar respuestas satisfactorias a las demandas existentes. De ahí la importancia de que la estructura organizativa del servicio permita establecer modalidades de gestión que sirvan para conocer el rendimiento de la plantilla, así como para evaluar su rentabilidad e incidencia, y de

ahí, también, la necesidad de un proceso de informatización que canalice y contraste cada uno de los datos útiles.

Para asegurar un buen rendimiento de la guardia urbana, ésta necesita tener, por otra parte, unos buenos sistemas de telecomunicación, un material técnico adecuado y las dotaciones de vehículos precisas.

En cuanto a los servicios que la guardia urbana debe prestar a los ciudadanos, nos encontramos con deficiencias en el intercambio de información, con actuaciones descoordinadas y, en algunos casos, con insuficiencias técnicas y falta de recursos.

Nuestras ciudades sufren problemas de tráfico, aparcamiento, seguridad ciudadana. Desde los ayuntamientos, impulsamos programas de actuación y elaboramos ordenanzas que inciden en estos campos. Pero, en general, cada ayuntamiento desconoce ‘a labor del ayuntamiento más cercano. Muchas veces, las actuaciones en un municipio no llegan a alcanzar el cien por cien de su objetivo debido fundamentalmente al hecho de que superan el ámbito territorial para el que han sido concebidas. Y, muy frecuentemente, no han podido ser abordados ciertos problemas sencillamente porque no se tienen en cuenta factores tan fundamentales como el transvase de información.

Debemos, pues, elaborar iniciativas que permitan una coordinación logística y operativa. Para ello habría que empezar a trabajar sobre dos ámbitos paralelos, a partir de la creación de dos comisiones, una de carácter político y otra de carácter técnico, avaladas ambas por los responsables del Ayuntamiento de Barcelona, que deberla ser el impulsor de este proceso, pues dispone de los medios y recursos que pueden permitir dar cohesión al proyecto. Estas comisiones deben establecer qué problemática requiere mayor atención y, en consecuencia, elaborar programas de actuación. Una de ellas, sin duda, trataría el tema de la formación y su desarrollo por parte de los ayuntamientos, que incluiría un análisis del funcionamiento y las actitudes de los responsables de la Escuela de Policía de la Generalitat en Mollet.

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También deberían abordarse programas informativos de gestión del servicio, tanto en la vertiente de la rentabilidad de los recursos humanos como en la de almacenar y contrastar la información que se va generando. Un segundo programa se basaría en el establecimiento de una homogeneización en las sanciones sobre infracciones, que son de competencia municipal.

También debería ser objeto de análisis el transvase de información sobre temas de circulación. actuaciones referentes a la problemática de aparcamiento, intercambio de información y actuaciones conjuntas que

se refieran a problemas de seguridad ciudadana. etc.

En cualquier caso. hoy es posible la coordinación en un ámbito supramunicipal de las distintas policías locales, superando ciertos localismos que no tienen ningún sentido. En la perspectiva de un servicio más eficaz. empieza a vislumbrarse la articulación de un nuevo ámbito de actuación: la policía metropolitana.

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Prevenir la inseguridad significa actuar no sólo sobre los efectos sino también sobre las causas de la delincuencia. Para ello es indispensable conocer la realidad social, especialmente la de ciertos sectores cuyas condiciones no favorecen precisamente la convivencia. De ahí la necesidad de los estudios socio criminológicos emprendidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata, con ellos, de recoger y ordenar la mayor cantidad de información posible y de elaborar las propuestas adecuadas para que disminuyan las situaciones sociales conflictivas. A esta tarea de investigación se ha dedicado M. Angels Juste, que se refiere en estas notas a los estudios efectuados en los barrios del Carmelo y en los que componen la franja del Besós.

La dura realidad de algunos barrios: el Carmelo y la franja del Besòs M. Angels Juste

La función primordial del principio del Estado de Derecho consiste en velar por la esfera de la libertad y la seguridad individual del ciudadano con la garantía positiva de una existencia digna del ser humano. La Administración debe tender a eliminar las causas de desamparo del individuo en la sociedad. La elección de soluciones basadas en el estudio de las necesidades debe permitir crear un marco de vida en el que los hombres sean cada vez más libres y puedan comunicarse cada vez mejor entre sí y comprenderse mejor.

Pero el modo de entender la realidad es lo que hará que se tome una dirección determinada para abordarla. En este sentido, se ha constatado que las vías que hasta ahora se han venido utilizando en la cuestión de la seguridad ciudadana no han tenido éxito. Policía-justicia-cárcel no bastan para detener la delincuencia de las grandes ciudades, que tiene unos trazos muy determinados como son el paro, el fracaso escolar, la economía precaria, las drogas, la marginación social, etc.

Es importante actuar no solamente sobre los efectos sino también sobre las causas de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. La prevención debe implicar a todas las instituciones cuyas actuaciones puedan afectar directamente al bienestar social, incluyendo a los cuerpos policiales, y ha de permitir diseñar planes de actuación dirigidos a disminuir las situaciones sociales que provocan ciertas

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conductas delincuenciales. En esta dirección apuntan algunos de los objetivos del Ayuntamiento de Barcelona respecto a la seguridad ciudadana.

Estudios socio-criminológicos con escasos medios técnicos

Y para lograr esos objetivos, es decir, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y una existencia digna, bajo un clima pacífico y de seguridad, el área de Protección ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con el ámbito de Bienestar Social, pone en marcha estrategias encaminadas a conocer la realidad social de ciertos sectores que permitirán actuaciones concretas de cara a la prevención de la marginación social, la delincuencia y, en última instancia, la inseguridad ciudadana.

Un ejemplo de ello son los estudios socio-criminológicos que desde el área de Protección ciudadana, y concretamente desde la comisión técnica de Seguridad Urbana, se están llevando a cabo. Son estudios territoriales de determinadas zonas de Barcelona, más exactamente de algunos barrios donde se presupone cierto grado de conflictividad. Estos trabajos —que permiten conocer, si no toda, buena parte de la realidad social del barrio y también su grado de conflictividad— son cada vez más necesarios si lo que se pretende es conjugar las posibles políticas de intervención. En ellos se intenta recoger, aglutinar, ordenar y analizar la mayor cantidad de información posible y elaborar una serie de propuestas que lleven a la disminución de las situaciones sociales conflictivas.

Pero la tarea no resulta fácil, si partimos de que la información que podemos recoger no es toda la que nos gustaría y deberíamos tener. Para los investigadores en este campo, éste es un verdadero problema, que nos lleva a una defectuosa posición inicial, principalmente con respecto a una prevención finalista.

Cuando la Administración encarga una investigación es para mejorar. A los investigadores sociales se nos exigen resultados positivos aplicables inmediatamente, cuando en otras ciencias las investigaciones pueden durar años, sin resultados concretos o sólo acercándose a

lo que podría ser algo interesante. Pero difícilmente los resultados serán excepcionales si nos encontramos con trabas, muchas veces incluso desde distintos sectores de la propia Administración, que nos impiden obtener la información necesaria para poder elaborar un trabajo con resultados completos. No podemos decir que estas trabas nos hayan sido impuestas por personas, más bien todo lo contrario. Las personas que hemos encontrado en las diferentes instancias de control, a lo largo de las investigaciones realizadas, siempre han intentado colaborar en la medida de lo posible. Los problemas vienen de la falta de medios. Hay muy pocos servicios informatizados, lo cual hace que algunas veces no podamos obtener ningún tipo de información y otras, que la recogida de datos sea lenta y laboriosa.

Pero también hemos encontrado otras dificultades que nos han impedido una aproximación más exhaustiva a la realidad criminológica de estos barrios, sobre todo, la falta total de una sistematización de los datos, lo que no nos permite recoger la información de la forma más adecuada. No hay unificación de criterios a la hora de recoger y obtener las distintas informaciones por parte de las diferentes instancias de control social.

Sabemos también que el conocimiento de la verdadera extensión de la criminalidad es fragmentario y normalmente trabajamos con lo que se llama la criminalidad conocida. Entre ésta y la criminalidad real existe un gran vacío, un interrogante (lo que en criminología se llama «la cifra negra de la criminalidad»), que, poco a poco, y con nuevas técnicas de investigación (por ejemplo, las encuestas de victimización), se intenta resolver.

En el campo de la investigación socio-criminológica nos sentimos limitados, pero también obligados a continuar nuestro trabajo si lo que se pretende es la implicación y la solidaridad de todos los sectores de la sociedad en la consecución de una convivencia libre, segura y participativa.

A continuación, incluimos unas breves notas sobre los resultados de estos primeros estudios.

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El barrio del Carmelo

En países como Estados Unidos no es nada nuevo el estudio del barrio como unidad de convivencia social más cercana al ciudadano, pero en nuestro país es relativamente reciente, y hasta hace poco tiempo la Administración no ha visto la necesidad de investigar la realidad de estas zonas urbanas, pues se dedicaba a estudiar zonas más amplias que abarcan un conjunto de realidades muy distintas entre sí y que nada tienen que ver una con otra.

Pero cada una de estas zonas más pequeñas, es decir, los barrios, puede mostrarnos una forma de vivir muy similar entre sus habitantes. Por eso es más fácil acercarnos a la realidad si estudiamos un barrio que si estudiamos un distrito.

En el caso del Carmelo, la necesidad de la investigación nace, por una parte, de la inquietud del consejo de distrito de Horta Guinardó sobre la problemática del barrio y, por otra, de estudios y encuestas de la comisión técnica de Seguridad Urbana, a partir de los cuales se intuye que el Carmelo puede ser un núcleo con importante incidencia en la seguridad urbana.

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto las características concretas del barrio, su población y necesidades. Por una parte, tenemos una gran mayoría de personas jóvenes, inmigrantes o hijos de inmigrantes, con un muy bajo nivel de instrucción, lo que influye directamente en la tasa de paro, que es alta, sobre todo entre los jóvenes. Existe entre los habitantes del Carmelo un sentimiento de no identificación con el barrio, quizás por la mala fama adquirida en los años setenta con la aparición de bandas de delincuentes, pero curiosamente sus habitantes salen poco de él. Se han creado una forma muy peculiar de vida. Viven en la ciudad, pero con los valores rurales traspasados (se reúnen en el bar, cultivan huertos, etc.).

Por otra parte, físicamente el barrio es complicado, con subidas y bajadas, falta de transporte, etc. El control en el tema de urbanismo no ha existido hasta ahora. Hay casas pequeñas, húmedas, mal

construidas, sótanos que se utilizan para vivir.

La calidad de la enseñanza, sobre todo la privada, deja mucho que desear. Hay pocas instalaciones deportivas y pocas asociaciones de jóvenes, lo que, unido a la falta de transportes, hace que los jóvenes del Carmelo se sientan aislados.

Pero si hay algo que agrave la situación es la detección de algunos puntos del barrio donde se reúnen jóvenes inmersos en el mundo de la droga, donde ésta se compra y se vende. Pero podemos comprobar que se trata de un núcleo reducido de personas, en su mayoría reincidentes, jóvenes entre los 20 y 30 años, con un nivel de instrucción bajo y con problemas de paro. No es sorprendente que el tipo de delito que más se comete sean los robos y los hurtos. Muchos de los jóvenes implicados en ellos cometen hechos delictivos a causa de su toxicomanía

A pesar de que los menores detectados por las instancias de control son muy pocos, sabemos que hay grupos de adolescentes que se encuentran en situación de alto riesgo de iniciar conductas delictivas, ya que están en contacto frecuente con grupos de jóvenes adultos con una importante historia delictiva.

A partir de las conclusiones obtenidas, elaboramos una serie de propuestas dirigidas a las distintas instituciones que tienen competencia en el tema. Una de las propuestas es la unificación de criterios en la recogida de datos, su sistematización e informatización, cuestión importante si se pretende continuar en esta línea de trabajo preventivo.

Se propone también mejorar la calidad de la enseñanza; una posible reordenación del transporte público que llegue al barrio; la creación y promoción de instalaciones deportivas; la potenciación de asociaciones infantiles y juveniles; un plan de asistencia y reinserción dirigido a sectores consumidores de drogas; estudiar la situación urbanística de la zona (vivienda.

zonas verdes, etc.); la intervención en los locales donde, previa comprobación, se sabe que hay tráfico de drogas; la elaboración de planes de ocupación, sobre todo juvenil; la creación de canales de

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información, y Ia coordinación de los distintos cuerpos policiales ante las posibles actuaciones en el barrio.

Tenemos constancia de que se han puesto en marcha algunas acciones concretas en la línea de las anteriores propuestas.

Los barrios de la franja del Besós

En el caso de los barrios de la franja del Besós —Trinitat Vella, Baró de Viver y Bon Pastor— la puesta en marcha del trabajo de investigación surge de la demanda, del distrito de Sant Andreu, de conocer la realidad socio-criminológica de la zona, ya que los responsables del distrito están impulsando un plan de bienestar social de carácter multidisciplinario

Los barrios que componen Ia franja del Besós son muy distintos entre sí y, por tanto, las conclusiones serán también distintas para cada barrio. Tal vez podamos decir que las características de la población de Trinitat Vella se parecen en gran medida a las del Carmelo, con la diferencia de que en el primero de los barrios citados el asociacionismo es algo muy común entre sus habitantes. Y, además, se reivindica, se lucha, surgen proyectos de mejora de la calidad de vida y los jóvenes se implican. Pero algunas veces también pierden la ilusión, El paro, la mala preparación, la economía precaria, la existencia de familias numerosas con pocos recursos, viviendas poco dignas, la mala comunicación, la lejanía y el aislamiento (tanto físico del barrio, como social de sus habitantes) preocupan a los responsables del distrito que pretenden encontrar soluciones adecuadas. Agrava el problema la droga, que «engancha a un determinado tipo de jóvenes y pone en peligro a adolescentes que pretenden imitarlos.

El Bon Pastor tiene una problemática similar: paro, sobre todo juvenil; bajo nivel de instrucción; economía precaria, deficiente nivel de habitabilidad, especialmente en las Casas Baratas (50 metros cuadrados que, muchas veces, acogen a familias con seis o siete miembros); servicios deficientes (el ambulatorio sólo dispone de médico de cabecera y pediatra), principalmente los transportes públicos, ya que el metro no llega y no hay más que dos o tres autobuses que pasen por el barrio (sólo

uno de ellos lleva al centro y otro a Sant Andreu).

Pero la cuestión más peculiar, y que marcará en gran medida las características del barrio, es su situación geográfica. Está lejos del centro de la ciudad y también del centro de su propio distrito. Rodeado de fábricas, campos y el río Besos. El aislamiento se hace constatable, más si tenemos en cuenta que tos transportes públicos son escasos. Esta circunstancia es aprovechada por ciertos individuos que trafican con drogas y que se sienten más seguros en un lugar con estas características que en otras zonas más abiertas y mejor comunicadas.

Pero el barrio más deprimido de tos tres es, sin duda, el de Baró de Viver. Las características de su población son similares a las de los otros que componen la franja pero sus necesidades son mucho mayores. Y, sin embargo, es un barrio que no reivindica nada, no pide nada, ni siquiera el asistente social recibe demandas. Sus vecinos están acostumbrados a solucionarse ellos mismos sus problemas.

Además de tener los factores comunes al conjunto de la franja del Besos (paro. economía precaria, desarraigo. bajo nivel de instrucción, transporte público deficitario, etc.), el de Baró de Viver es el barrio más aislado, el de menores dimensiones y el que menos se hace notar. Por no tener, no tiene ni mercado, ni ‘“centro médico, ni quiosco, ni oficina bancaria, ni cabina telefónica. Los niños no son bien aceptados en las escuelas privadas del barrio, que prefieren acoger a niños y adolescentes de Santa Coloma porque son menos problemáticos (según los profesores).

Este aislamiento social y la falta de recursos económicos son aprovechados, como en el caso anterior pero con mucha más incidencia, por los traficantes. Se calcula que más del 30 por ciento de los habitantes del barrio viven del tráfico de drogas. En la mayoría de los casos, lo que hacen es guardar la droga en casa a cambio de una cantidad de dinero ya establecida en el «mercado». Pero nadie habla de ello. Es un tema demasiado peligroso como para hacer algún tipo de

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propaganda. El temor se respira en el ambiente.

Las propuestas de actuación para los barrios de la franja son similares a las señaladas en el caso del Carmelo, pero se pone mayor atención en los programas de prevención de las drogodependencias y en la coordinación de las actuaciones de los diferentes cuerpos policiales: se trata de que disminuyan los delitos relacionados con el tráfico de drogas y que mejore el sentimiento de seguridad de los habitantes de la zona.

Hasta aquí lo que no es más que una aproximación a una realidad muy compleja, en la que creemos se debería insistir y profundizar por parte de las instancias correspondientes. Esa es una condición necesaria para evitar que ciertas zonas de la ciudad se conviertan en verdaderos problemas para el resto de la sociedad urbana.

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El barrio del Baró de Viver forma, junto con los de Bon Pastor y Trinitat, la franja del Besôs que por su problemática específica, vinculada a la delincuencia y la droga, ha merecido el estudio específico de la comisión técnica de Seguridad Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Este barrio de casas baratas construido durante la Dictadura ha ido creciendo en un rincón del término municipal, aislado entre las poblaciones de Sant Andreu y Santa Coloma, perdido en una hondonada delimitada por los terrenos y las vías de Renfe y el cauce del Besós. Prácticamente abandonado a su suerte, el barrio ha acabado en manos de unos cuantos clanes de contrabandistas y narcotraficantes capaces de imponer al conjunto unas reglas de juego basadas en la complicidad y el miedo. Así ha visto el barrio el periodista Eugenio Madueño.

El Baró de Viver, un barrio ocupado Eugenio Madueño

Para muchos barceloneses el Baró de Viver es el nombre de una estación de metro de la línea I, la penúltima antes de llegar a Santa Coloma. Para otros, sin duda más ilustrados, el título nobiliario de Darius Romeo i Freixa, alcalde que fue de la ciudad de Barcelona entre los años 1924 y 1930. Para otros, en fin, un pedacito de ciudad perdido en el callejero en el que uno puede proveerse de unas papelinas de heroína sin más complicación que bajar el cristal de la puerta del coche, mirar de frente a aquel joven de ojos vidriosos y pómulos enrojecidos que aguarda apostado en la esquina, arquear las cejas, eh, oye, ¿qué tienes?, pagar, girar sobre los neumáticos y salir por donde se ha entrado.

El Baró de Viver es un supermercado bien surtido, a decir de los expertos. Calidad, cantidad, seguridad. Comodidad, incluso. A los buenos clientes se les facilita, además, un lugar cómodo donde «picarse)). Jeringuilla, agua, limón... Tranquilidad. Discreción. Nadie dice nada, aunque todos lo saben. Nadie se atrevería a levantar la liebre, e ir con el soplo al comisario. ¿Para qué? ¿Inseguridad? ¡Pero qué dice usted! Inseguros están los de Sarrià, pero nosotros... ¿Qué van a robarnos a nosotros?

Juan Galván, jubilado, ex guardia urbano, pasea sus recuerdos por la calle Campins, las manos prendidas en la espalda, mientras otea los confines de un barrio ahora en transformación. Allí enfrente tiene el río Besôs, el horizonte fluvial de la vecina Santa Coloma. A la izquierda, la carretera de Santa Coloma, una frontera de ruido y

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de coches que entran y salen del puente. A sus espaldas se yergue la silueta del conjunto de bloques en forma de «U» en los que el Patronato Municipal de la Vivienda, verdadero «dueño» del barrio, pretende trasladar a los inquilinos que, como él, ocupan casas de apenas 50 metros cuadrados.

Un par de habitaciones y un comedorcito, es cierto. Pero una planta baja, sin vecinos, sin ruidos, sin gastos de escalera, y por 70 pesetas al mes de alquiler. ¡Cómo pueden pretender que deje esta ganga y me vaya a un piso a pagar cinco o siete mil pesetas mensuales!

En su recorrido hasta el Centro Cívico de la calle Clariana el jubilado Galván se ha cruzado con un «tío» gitano, un patriarca de grandes mostachos y pantalón y camisa negra. No se han saludado, pero resulta evidente que se conocen. También conocía a aquella señora que arrastra un cesto de enea repleto de comestibles. Y al dependiente de la farmacia. Y al del bar que organiza sonados pases de videos «porno» por la noche. «Nos conocemos todos porque somos pocos y nos vemos cada día», dice Galván, la cara simulando normalidad. «Este es un barrio normal, habitado por gente normal que no tiene otro problema que el de ser pobres, trabajadores, gente corriente...».

Un barrio olvidado

Las primeras 381 «casas baratas» que dieron nombre y origen al barrio fueron construidas en 1929 por iniciativa del alcalde Darius Romeu con intención de que absorbieran a las familias de inmigrantes que habían venido a construir la Exposición Universal. Sin embargo, y por distintos motivos, las casas baratas no fueron ocupadas hasta mediados de los años cuarenta, de ahí que actualmente aún se conserven bastante bien y también que buena parte de sus habitantes actuales sean los mismos que las inauguraron, o los hijos de éstos. La estructura urbana del barrio se completó en 1958 con la construcción de un conjunto de bloques de infraviviendas en las que se alojó a los habitantes de las barracas del Somorrostro, «enderrocades a corre-cuita amb motiu duna visita de Franco i unes maniobres militars que van fer-se a la platja».1

Perdido en aquel rincón del callejero, imitado por las vías del tren y los terrenos de Rente, por el cauce del Besós y por la carretera de Santa Coloma y los campos de cultivo que lo separan de la Trinitat Nova, el barrio de Baró de Viver se ha ido consolidando como un gueto urbano alejado de la ciudad y olvidado a su suerte. La inexistencia de políticas de regeneración urbana o de dinamización cultural o social, el olvido más absoluto, han hecho de esta hondonada un lugar ideal para refugiarse, para pasar desapercibido. De este modo, el envejecimiento del barrio ha corrido parejo al de la penetración de todo tipo de marginados sociales, de familias desestructuradas, de pequeños y medianos delincuentes, trileros, carteristas e incluso contrabandistas.

No es ninguna novedad decir que en el Baró de Viver se guarda de antiguo material de contrabando que familias enteras trasladan desde Andorra y que luego «comercializan» en Barcelona. O que un sector de los gitanos asentados en la zona se ha especializado en el negocio del oro. Que otros venden Winston «blend» de precinto azul, y que algunas de las carteras que desaparecen en la plaza de Catalunya se encuentran luego entre los matojos del cauce del Besós. No es ninguna novedad ni supone revelación alguna descubrir este trapicheo «laboral» que durante años ha mantenido ocupadas —directa o indirectamente— a una parte importante de los clanes y familias del barrio. La novedad, lo realmente preocupante, es que en los últimos años toda esa delincuencia, hasta cierto punto controlada y controlable, se ha sumergido en el mundo de la droga, un negocio muchísimo más rentable, menos arriesgado y de menor coste penal. El negocio y la guerra mundial del final de los ochenta. 2

Los jóvenes, en la Calle

El Baró de Viver es un barrio muy pequeño, habitado por 2.500 personas, de las que la mitad son jóvenes menores de 34 años. La mayoría de residentes son nacidos en Barcelona o en Cataluña, lo que no impide que el idioma de uso social sea el castellano. En relación al nivel de instrucción y la categoría laboral, los habitantes del Baró de Viver son como los de los barrios cercanos de Bon Pastor,

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Trinitat o Santa Coloma: abundan los parados (casi hay tantos como ocupados) y los analfabetos (un millar no acabaron los estudios primarios o no los empezaron).

Pero quizás los datos más preocupantes son los que dibujan el perfil de su población joven. Según un estudio de la criminóloga Maria Angels Juste, 3 en el barrio sólo estudian 432 jóvenes, aunque hay 752 en edad escolar (EGB, FP o BUP). ¿Qué están haciendo, a qué se dedican esos 320 jóvenes que viven fuera de las aulas?

Esa misma pregunta se hicieron en 1983 una asistenta social y un psicólogo infantil del Centro de Servicios Sociales Garbí, quienes, después de estudiar la situación, dedujeron que “…. los niños de Baró de Viver están poco o nada interesados en lo escolar..., nada ayudados por sus padres, quienes los «depositan» en la escuela... inclinados o preocupados por el aprendizaje de la vida; a los 3 años aprenden a robar y a los 10 abren coches, por las tardes ayudan a sus padres a vender droga. .

Dice Maria Angels Juste, seis años después, que posiblemente las cosas no sean ahora tan drásticas, pero lo que sí es cierto es que «la crisis ha afectado gravemente al barrio; el índice de paro es muy alto y parece que las familias tienen otros problemas más perentorios por resolver que preocuparse por la escolarización de sus hijos».

Los muchachos que han acabado —o abandonado— los estudios vagabundean por las calles del barrio o se trasladan a Barcelona, que es el verdadero escenario de su actividad asocial. «La falta de trabajo y, por tanto, de dinero, —leemos en otro estudio realizado en el distrito en 1984— hace que algunos de estos jóvenes que se pasan el día en la calle se dediquen al pequeño tráfico de drogas o cometan algunos actos delictivos. La falta de ocupación va creando en los jóvenes una sensación de inutilidad que los arrastra al pasotismo. Llega un momento en que no hacen nada, pero tampoco tienen ganas de hacerlo. Desincentivados y desmotivados, son jóvenes que han perdido la ilusión.

El contacto con la heroína se produce en esta edad adolescente, la de reafirmación

del yo y de la propia personalidad. La del gusto por el riesgo y la aventura. «Los adolescentes tienen necesidad de una forma de cambio para convertirse en adultos: clásicamente eso se hacía a través de los ritos de iniciación o a través de la transgresión. Si la transgresión se hace hoy día a través de la droga es porque las tentativas de transgresión por la violencia han sido reprimidas no solamente por la policía, sino, más aún, por todo el armazón psicológico que ha sido erigido por las sociedades desarrolladas en su defensa. Entonces, ¿por qué la droga? Porque la droga ofrece, al menos inicialmente, placer y porque su importancia está justamente en ponerse en relación con el fenómeno de la aceleración, pues no sabemos cómo viviremos, cuánto viviremos, y, finalmente, porque el clima de inseguridad es bastante global, bastante total.» 4

La heroína, desmotivadora y alienante, es la droga que se pone al alcance de las clases bajas, de los padres que quieren obviar una vida dura y adversa, de los jóvenes sin expectativas, a los que les anula todo su potencial inconformista, contestatario, utópico y revolucionario —me explica Gabriel Jaraba, quien recuerda que no en vano Marx comparó el conformismo religioso con los efectos del opio. «Todo lo contrario de lo que ocurre con la cocaína, la droga activa, positiva, que te acerca el éxito y el poder.»

Un barrio sin tejido social

La tradicional desestructuración social del barrio, la inexistencia de entidades y asociaciones cívicas, de padres de alumnos o de vecinos, la falta de un tejido social que responda a otro interés distintos a los del negocio sucio o el temor a la represalia, siguen haciendo del Baró de Viver un escenario idóneo donde llevar a cabo todo tipo de actividades ilícitas.

—Tampoco hay que exagerar —me dice el jubilado Juan Galván, horas después de haberle escuchado mil y una batallitas. Los que crean problemas son apenas cuatro o cinco familias, por cuya culpa nos llevamos la fama el resto de vecinos.

— ¿Por qué ha bajado la voz? ¿Por qué mira a uno y otro lado?

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— ¿Quién, yo? Mire, aquí nos conocemos todos. Mejor no meternos en líos, cada uno en su casa y Dios en la de todos.

—La fama la tienen más que ganada —me explican poco después en el centro Social del Bon Pastor. Es cierto que los traficantes a gran escala son cuatro o cinco y todo el mundo sabe quiénes son, pero también lo es que éstos emplean a los «camellos» que venden la droga en las esquinas, y a tos «guardadores» (que la esconden en sus casas). Así que entre los que se benefician indirectamente y los que consienten por miedo, la implicación del barrio es generalizada. Entre la sospecha y la realidad se calcula que un 35 por ciento de los vecinos viven de la droga.

—Que el barrio es un supermercado al que acuden gentes de toda Barcelona para comprar o pincharse es evidente —explica un empleado del Metro que conoce sobradamente a los pasajeros que utilizan la estación Baró de Viver— Espérese aquí un momento, o mejor venga por la tarde, y verá a los que salen a comprar y vuelven ya colocados. Otros tienen la «barra» de pincharse en el andén, mire usted, allí, al fondo, ¿ve aquel agujero en la pared? Hay un grifo en el que los de Ia limpieza llenan los cubos de fregar. Pues vaya, vaya, verá las botellas de Font Vella, las agujas y los trozos de limón. ¡Los utilizan para desinfectarse! ¡Desinfectarse!

El empleado J.M.A. (escribo sus iniciales por prudencia, no porque él me lo haya pedido) dispone de algo más que argumentos verbales. Tiene a mano un grueso garrote dispuesto para ser utilizado y una experiencia profesional puesta muchas veces a prueba. Tiene también una larga retahíla de hechos lamentables que explicar: cada día se encuentra jeringuillas en la boca de entrada a la estación —sólo hay una y da directamente a una zona despoblada, cercana al río y rodeada de huertos— en una ocasión salvó in extremis a una chica momentos antes de que la violaran; a policía ha detenido «yonquis» en la misma estación, pero no puede hacer nada contra ellos porque sólo llevan pequeñas dosis para el consumo privado. «Una pena de situación; un desastre que sólo se remediaría dándoles toda la droga que quisieran», dice.

—¿Acaso es usted partidario de la despenalización de las drogas ilegales?

—Yo sí, yo les daba gratis heroína pura, a ver si así reventaban todos.

Pacto de silencio

En el bar del Centre Civic la gente habla poco, y los que lo hacen discuten sobre trivialidades. A las 12 de la mañana los contertulios son jubilados y parados de edad madura, de los que ya no pueden aspirar a recolocarse en el mercado laboral. En la barra abundan los cafés y los licores. Intento ganarme la simpatía de los que entran y salen del local sin otra ocupación que matar el tiempo hasta la hora de comer. Pero nadie recoge la invitación. Me miran desconfiados. ¿Qué mierda se le habrá perdido a este tío?, parecen pensar mientras me eluden.

El pacto de silencio es una realidad (una hora después iba a descubrir que no es sólo éste el pacto que funciona en el barrio). «Son muchas las personas que se han acostumbrado a vivir de estas actividades ilícitas —me explica alguien a quien garantizo el anonimato. También corren rumores de que se trafica con armas, pero esto es difícil de comprobar. Quizás con mejores y más planificadas actuaciones policiales se conseguiría averiguarlo. En cualquier caso, sin la colaboración ciudadana resultaría muy complicado de resolver, y es evidente que éste es un barrio donde conseguir esa colaboración no sería fácil.»

—¿lnseguridad? ¿Colaboración ciudadana? ¿Para qué, si aquí no pasa nada?

Pedro Rodríguez, el encargado de la empresa Rectificados Barcelona, no ve motivo alguno de inseguridad en el barrio. Su empresa, una cooperativa laboral que da empleo a nueve trabajadores, está en la esquina Caracas-Tucumán, junto a la «frontera» entre el barrio y el polígono industrial del Besós. Nunca le han robado; nunca le han asaltado; nunca le ha pasado nada.

—Pregunte a otros industriales —me sugiere—. Que yo sepa, nunca ha habido un robo en todo el polígono, y mire que somos un montón de empresas. Mejor

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dicho, hubo un robo pero los ladrones no eran gente del barrio.

Antonio Bamala, encargado de la gasolinera de la calle Caracas, en la que se aprovisionan de combustible todos los vecinos de Baró de Viver confirma la opinión del metalúrgico Rodríguez.

—El único problema serio que tenemos aquí es que la gente se pincha en el WC y nos atasca la taza de jeringuillas —dice. Y añade: —A veces dejan las paredes salpicadas de sangre o tiran las agujas en el suelo, y, la verdad, te da un poco de temor por lo del sida.

—Y los robos y atracos? Ustedes son la única gasolinera de la zona...

Hay menos que en otras zonas de la ciudad. En los últimos dos años nos han atracado tres veces, y nunca fue gente del barrio.

— ¿Cómo están tan seguros de que no es gente del barrio? ¿Se lo ha dicho la policía?

—Lo sabemos por el vigilante. Él conoce a todos los de por aquí.

—Muy interesante. Empiezo a entender al jubilado Galván cuando afirma que se siente más seguro en Baró de Viver que en Sarrià.

—Es que esto es muy pequeño, ¿sabe? Acabas conociéndote, y ves a gentes que sabes que no trabajan y vienen a repostar con unos cochazos impresionantes, ¿me entiende? Tíos que gastan dinero por los codos!

—Y el vigilante que pacta la seguridad con los del barrio...

—Es un ex guardia civil al que ayuda un chaval que ni siquiera va armado. Son los que lo han hecho siempre, primero por libre y ahora asociados a una empresa de seguridad. Vigilan el polígono por la noche, en una furgoneta.

—,¿Sin más?

—Bueno, llevan teléfono, y si ven algo raro, avisan.

—Si ven a alguien de fuera...

—Sí, claro, de fuera. Los del barrio están controlados.

Con dos hombres y el pago de una cuota mensual de protección, los propietarios de una cincuentena de importantes industrias radicadas en el polígono tienen garantizada la protección de sus propiedades. Para proteger la salud y el bienestar social de los vecinos, amenazados por las actividades y las sustancias que venden los delincuentes, el Ayuntamiento emplea a medio centenar de trabajadores sociales en la zona, en la que invierte enormes cantidades de dinero en planes de actuación específica.

Un contrasentido revelador de que el statu quo vigente en Baró de Viver está costando un alto precio.

Notes

1. FABRE, J; HUERTAS, J. Ma. “Tots del barris de Barcelona”. Edicions 62. Vol. 6.

2. OLIEVENSTEIN, Claude. “Debemos aprender a vivir con las drogas, porque un mundo sin drogas es una utopía”. “La Vanguardia”, 5-XI-1989. Entrevista de Bru Rovira y E. Madueño

3. JUSTE, Ma. Angels. “Estudi sobre la problemática dels barris de la Franja del Besòs (Trinitat, Baró de Viver i Bon Pastor)” Comissió Tècnica de Seguretat Urbana. Barcelona.

4. OLIEVENSTEIN, Claude. La Toxicomanía. Ed. Fundamentos, Madrid 1985.

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La encuesta de victimización de 1988 en Barcelona

Josep Ma. Lahosa

En el primer número de PREVENCIÓ publicábamos tos principales resultados de la encuesta de victimización y opinión de 1987 en la ciudad de Barcelona. Era la cuarta de las encuestas realizadas desde la primera, relativa a 1984. En este tercer número recogemos los aspectos más significativos de la encuesta de 1989, redactados por Josep M. Lahosa, a partir de 7.500 entrevistas a ciudadanos de todos los barrios y distritos de la ciudad. La encuesta muestra un descenso del índice global de victimización: los ciudadanos se consideran más seguros.

La evolución del recuerdo de la victimización confirma la tendencia a la baja del año 1987. Así, en la última medición el recuerdo espontáneo sobre hechos ocurridos es del 10,4 por ciento.

La distribución de este recuerdo por la ciudad sigue una doble lógica. Por una parte, los vecinos de los distritos de rentas altas parecen recordar más sus experiencias de victimización (Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y el Eixample, por ejemplo). Por otra, el recuerdo parece muy bajo en los distritos de densa trama e Intensa vida urbana (casos, por ejemplo, de Gràcia y Sants).

Recuerdo espontáneo de la

victimización

Años Recuerdo 1984 18,2 % 1985 18,5 % 1986 20,2 % 1987 12,8 % 1988 10,4 %

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Los índices de victimización

El índice global de victimización en Barcelona durante 1988 ha sido deI 21,6 por ciento. Este índice globaliza todas las experiencias, ya sean de hechos consumados o de meros intentos. Los intentos representan el 28,77 por ciento del índice de victimización global. Así pues, la victimización consumada ha sido del 16,88 por ciento en el año analizado.

Debe retenerse este porcentaje de victimización no consumada, ya que a lo largo del presente trabajo se habla de los índices de victimización global. Estos índices

son los que inciden en el estado de opinión de los ciudadanos y, por tanto, cuando analicemos las actitudes y medidas que éstos toman, no podemos hacer abstracción del elemento principal que puede justificar los cambios en el comportamiento de los ciudadanos de Barcelona.

El índice global de victimización, después de tres años de relativa estabilización, ha experimentado un descenso significativo en 1988. Cuando se opera con toda la serie se aprecia una reducción de 8,5 puntos y un descenso comparado en la medición anterior de 3,8 puntos.

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Los mayores porcentajes de victimización se dan entre las personas jóvenes del sexo masculino, entre los separados —que normalmente viven solos— y entre las personas con elevados niveles de estudios, renta y ocupación, que, por otro lado, son las que tiene unos mayores índices de movilidad por la ciudad. En cambio, las personas mayores —viudos y jubilados sobre todo—, las mujeres —amas de casa en especial— y las personas con bajos niveles de instrucción y renta, así como ocupaciones poco cualificadas, son las menos afectadas por la victimización. Circulan menos por la ciudad y

concentran sus actividades en su barrio (lugar considerado más seguro).

Entre los cuatro distritos que superan el índice de victimización global de la ciudad se hallan los que concentran el mayor nivel de renta y, por tanto, de movilidad por la ciudad, así como Ciutat Vella, dadas sus especiales características de territorio donde se acumula buena parte de la oferta de recreo y comercial de la ciudad.

Los otros seis distritos tienen índices de victimización inferiores al promedio de la ciudad.

La evolución del índice global de victimización por distritos desde 1 984 es la siguiente: el Eixample, Les Corts y Sarriá-Sant Gervasi han tenido siempre un índice superior al promedio de la ciudad. Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí lo han tenido siempre inferior. Sants y Horta-Guinardó han ido casi siempre por debajo.

Ciutat Vella ha evolucionado de menos a más y Gràcia ha hecho la evolución a la inversa.

Parece, no obstante, que existe una cierta tendencia a la homogeneización de la victimización, ya que la diferencia máxima-mínima entre distritos se ha ido reduciendo a lo largo de las mediciones. Así, podemos ver que la diferencia en el año 1984 era de 18,1 puntos, mientras que la de 1988 es de 11,2 puntos.

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El índice según los indicadores de seguridad

El índice global resulta excesivamente genérico para permitir un estudio serio de la victimización. Es por eso que se utilizan cuatro indicadores que agrupan y acotan todos los hechos que se dirigen contra cuatro ámbitos claramente definidos de la seguridad: los tres primeros se refieren a otros tantos tipos bien definidos de bienes

materiales —los vehículos, los domicilios y los negocios— y el último, a la seguridad personal.

Los hechos contra los vehículos y la seguridad personal son los principales focos de la delincuencia. En ambos ámbitos ha habido, en 1988, un descenso del índice de victimización.

Hay que tener en cuenta también cuál ha sido la victimización consumada. La tabla siguiente indica el porcentaje de intentos, así

como la victimización consumada por los cuatro indicadores de seguridad

.

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La distribución de la victimización global de los cuatro indicadores de seguridad por los distritos de la ciudad es la que figura en la tabla inferior

El índice de victimización según los dieciocho hechos estudiados

Los robos de objetos y accesorios de los vehículos representan casi un tercio de toda la victimización. Los hechos no consumados llegan a cubrir casi otro 30 por ciento del total. Más de la mitad de la victimización tiene, pues, este doble foco: vehículos y hechos no consumados.

Así, podemos decir que la victimización consumada que afecta directamente a las personas, y que por tanto puede tener ciertas connotaciones de violencia física, es del 7.14 por ciento, mientras que en la mediación del año anterior la victimización directa era del 8.84 por ciento. Respecto a la distribución de los dieciocho hechos delictivos por los diez distritos, hay que señalar;

• Las Corts y Sarrià-Sant Gervasi son los distritos más victimizados en robos (consumados o no) de coches y de objetos y accesorios de los vehículos.

• Ciutat Vella y, en menor medida, Las Corts. Sarrià-Sant Gervasi y Sant Andreu son los distritos donde más robos domiciliarios se cometen.

• Los índices más elevados de robos de negocios y la mayor parte de los pocos atracos se dan también en Les Corts y en Sarrià-Sant Gervasi. Los negocios y comercios de Ciutat Vella, en cambio, tienen un escaso riesgo de ser robados o atracados.

• Los vecinos de Ciutat Vella son los que más sufren los diferentes hechos contra la seguridad personal, los tirones (conjuntamente con Horta y Nou Barris) y los atracos (con el Eixample).

Relación entre el recuerdo y los índices de victimización

Sólo el 40 por ciento de los entrevistados que han sido contabilizados en el índice global de victimización recuerdan espontáneamente haber sido víctimas de algún hecho delictivo. Este dato es importante: el 60 por ciento de

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las experiencias de victimización desaparecen de la memoria de la gente.

Los hechos contra Ia seguridad personal son los que tienen más persistencia en Ia memoria de los que han sido víctimas (casi el

75 por ciento los recuerdan). El recuerdo de los hechos contra los domicilios llega casi al 50 por ciento. Los hechos contra los negocios y los vehículos son los que menos se recuerdan (sobre el 25 por ciento).

Las mujeres parecen recordar más que los hombres; los más jóvenes y los más viejos son también los que más memoria

conservan. En lógica correlación, solteros y estudiantes, viudos y jubilados y amas de casa son los que más recuerdo tienen.

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La multivictimización

Llamamos multivictimización al hecho que se produce cuando una misma persona ha sido victimizada más de una vez. La «ratio» de

multivictimización global es de 1,66 hechos por persona. En los hechos contra los vehículos y los negocios es donde se da más multivictimización.

En cuanto a las características de la victimización, nos referiremos seguidamente a las relativas a los hechos contra los vehículos, a los hechos contra los domicilios y a los hechos contra los negocios.

Características de los hechos contra los vehículos

Al analizar la estructura socio demográfica de las víctimas, se observa que los mayores porcentajes de victimización se dan entre personas jóvenes (preferentemente de 25 a 44 años), de sexo masculino, ocupadas en situaciones socio profesionales elevadas, con niveles de instrucción también altos y de rentas medias y altas.

Respecto a la estructura espaciotemporal de los hechos contra los vehículos, la mayoría de éstos ha sido robada en las calles. Los barrios más victimizados son Sant Gervasi y Les Corts, así como Gràcia, Sants, Roquetas-Verdún y Guinardó: es decir, un barrio por distrito, normalmente el central.

Los momentos de máxima intensidad delictiva son las noches. El invierno es la época del año en a que suceden casi la mitad de los hechos. En todos los distritos, más de dos tercios de los hechos han sucedido en los barrios que les corresponden (hasta las tres cuartas partes en Ciutat Vella, Sants, y Sant Andreu). También en cada distrito hay un significativo porcentaje de hechos que suceden en los barrios próximos.

Para establecer la estructura de protección, se han estudiado cinco tipos de medidas: el parking, la alarma, el desconectador de batería, la barra bloqueadora de dirección y tener el DNI marcado en el vehículo. De acuerdo con este estudio, un poco más de la mitad de los entrevistados que tienen algún vehículo dispone de parking y casi una tercera parte barra bloqueadora de la dirección. Un poco más del 15 por ciento tiene desconectador de batería y los que tienen alarma no llegan al 10 por ciento. Finalmente, la medida de marcar el vehículo con el DNI tiene muy poca aceptación.

Finalmente, el impacto psicológico de los hechos contra los vehículos da una media resultante de 5,26.

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Características de los hechos contra los domicilios

Analicemos, primero, como en el supuesto anterior, la estructura socio demográfica de las víctimas: cuanto más aumenta el nivel de renta, más riesgo hay de victimización (es, pues, en los pisos caros donde proporcionalmente más se roba). En lógica correlación con la renta, los domicilios de las personas de más elevados niveles ocupacionales y educativos son los más robados, al contrario de lo señalado por la encuesta de 1987, según la cual las zonas más victimizadas eran las correspondientes a los distritos de rentas bajas. La explicación a este cambio, debe encontrarse tal vez, según informaciones de a policía, en la detención de una banda especializada en el robo de pisos de rentas bajas.

Por otro lado, los domicilios de la gente que vive sola son los más robados. Por tanto, es lógico que los separados y viudos sean más robados que los casados.

Respecto a la estructura espaciotemporal de los hechos contra los domicilios, se observa que los ocho barrios donde se han registrado más robos en domicilios son, por orden de mayor a menor; la izquierda del Eixample, Sant Gervasi, Roquetas-Verdún. Les Corts, Gràcia, Sants, El RavaI y Horta. Más de una tercera parte de los domicilios son robados por la tarde y casi una cuarta parte por la noche. En cuanto a la estacionalidad de la victimización, se da un doble fenómeno: cuando se roban más pisos es, por un lado, en verano (hay más probabilidades de que los pisos estén yacios porque la gente está de vacaciones) y. por Otro, en invierno (cuando la normalidad ciudadana es total). Es lógico, pues, que las personas más victimizadas en invierno sean las que viven solas y en verano lo sean las familias.

Para el examen de la estructura de la protección, han sido estudiados también cinco tipos de medidas: seguro,

reforzamiento de puertas, alarmas, caja fuerte y marca de objetos de valor con el DNI. Pues bien, un poco más de la mitad de pisos tiene las puertas reforzadas y uno de cada cinco tiene algún tipo de seguro, mientras las otras tres medidas son muy poco utilizadas. Hay una clarísima relación entre la estructura de la protección y el número de personas que viven en casa. A más personas, más protección: de la gente que vive sola, el 13 por ciento tiene seguro y el 42 por ciento las puertas reforzadas. En cambio, entre los entrevistados que viven en familia tienen seguro el 25,4 por ciento y puertas reforzadas, el 56 por ciento.

El impacto psicológico de los hechos contra los domicilios, por otra parte, es alto (6,2), tanto que más de una cuarta parte de evaluaciones se sitúan en la puntuación máxima (9).

Características de los hechos contra los negocios

En cuanto a su estructura socio demográfica, las víctimas de los delitos contra los negocios son más hombres que mujeres y más adultos que jóvenes o mayores.

El análisis de la estructura espacio- temporal de los hechos delictivos contra los negocios revela que las zonas más victimizadas son, con arreglo a un orden descendente, Sant Gervasi, derecha del Eixample, Guinardó, izquierda del Eixample, Les Corts, Roquetes-Verdún Sants, el barrio del Besos, El RavaI, Gràcia y Sant Andreu. Parece que más del 40 por ciento de los hechos contra los negocios ocurren durante la noche. Por la mañana, al mediodía y por la tarde se registra un número semejante de hechos (cada caso alrededor del 15 por ciento). Por otro lado, casi una tercera parte de los hechos suceden durante el invierno, los que tienen lugar en verano no llegan al 30 por ciento y en primavera, al 20 por ciento, mientras que el resto se produce en otoño.

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Respecto a la estructura de protección de los negocios, las medidas más utilizadas son proteger la puerta de entrada y contratar algún tipo de seguro (alrededor de un tercio cada una). Más de un 20 por ciento de los negocios tiene alarma y casi el mismo porcentaje ha instalado timbre en la puerta.

La evaluación media del impacto psicológico de los delitos contra los negocios es de 6.4, más elevada que las de los vehículos y domicilios. El 33 por ciento de los 98 entrevistados que han contestado a esta pregunta se sitúan en la puntuación máxima (9).

Características de los hechos contra la seguridad personal

Los mayores porcentajes de victimización en cuanto a hechos contra la seguridad personal, se dan entre las personas de sexo femenino y de edades jóvenes (a medida que se hacen mayores disminuye la victimización), estudiantes y solteros. Por lo que se refiere al grado de instrucción, afecta más a las personas con niveles medios. Finalmente, el índice es mayor cuanto más alto es el nivel de renta y la situación profesional. Las mujeres tienen un índice superior a los hombres porque son las víctimas ideales de los robos de bolso (los «tirones»), y debe recordarse que en estos hechos la gente de mediana edad es más victimizada que los jóvenes. La conclusión parece obvia: las mujeres de mediana edad son las personas más expuestas a este tipo de delitos.

Los más jóvenes tienen un índice muy elevado porque son los más expuestos a los atracos: más del doble que los adultos y cinco veces más que los viejos. La conclusión también parece obvia: los jóvenes son los más expuestos al atraco (porque son las personas más indefensas y las que más usan la calle, que el espacio privilegiado de los atracos).

Los hechos contra la seguridad personal tienen lugar principalmente en los barrios de los seis primeros distritos de la ciudad, entre los cuales se hallan los de rentas más elevadas, los más céntricos, los de mayor concentración de actividades cívicas. etc. Cuando hay más delitos, es por las tardes y el invierno resulta la época más peligrosa del año. Más concretamente, y en líneas generales, un tercio de los hechos delictivos registrados en cada distrito ha sucedido en los barrios que le corresponden. En el caso de los seis primeros distritos (y contando los listados de las dos tablas) se llega al 40 y hasta el 50 por ciento. Y los barrios de los dos primeros distritos —contando los lugares que aparecen en el segundo listado— resultan peligrosos para los entrevistados de todos los distritos de la ciudad. Por otra parte, mas de una tercera parte de los hechos contra la seguridad personal suceden por la tarde y un poco menos de la cuarta parte por la noche. Casi el 40 por ciento de ellos ocurre en invierno, que es cuando hay más concentración de gente por la calle y cuando se llevan a cabo las grandes operaciones de consumo (regalos de Navidad, rebajas de enero y febrero, etc.).

Respecto a la estructura de protección de la seguridad personal, el 40 por ciento de los entrevistados reconoce que acostumbra a llevar poco dinero encima; un 25 por ciento procura no ir solo por lugares oscuros: poco más del 20 por ciento ha decidido salir menos de noche y en torno al 1 0 por ciento, salir menos a la calle en general: sólo un 1 ‘2 por ciento de los entrevistados afirma haberse provisto de un arma u objeto defensivo.

El impacto psicológico de los hechos contra la seguridad personal tiene, por otra parte, una evaluación media de 6.25. Se trata de un impacto fuerte: en efecto, más de una cuarta parte de las victimas ha contestado con la máxima puntuación, un nueve.

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La denuncia

El índice global de denuncia en Barcelona ha sido del 33.8 por ciento, superior al de los últimos años:

El índice de denuncia según los dieciocho hechos delictivos merece algunos comentarios. Primero, que se denuncian básicamente los hechos consumados. Después, que el hecho más denunciado es el robo de la moto (el vehículo más personal y fácil de robar), que es también uno de los hechos más recordados y que más impacto psicológico produce. A continuación, los dos hechos más denunciados son los atracos y robos a los negocios.

Deben mencionarse también los balos índices de denuncia de todos los hechos

contra la seguridad personal, que son los que más persisten en la memoria de los entrevistados y que producen, además, un fuerte impacto psicológico. El robo de bolso o cartera (el tirón) es el más denunciado de todos ellos y el porcentaje de denuncia no llega ni al 45 por ciento.

Debe advertirse, para terminar, que los índices de denuncia correspondientes a las agresiones sexuales y los robos de otros vehículos tienen frecuencias muy bajas y. por tanto, han de ser tomados con las oportunas precauciones.

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En cuanto a las características socio demográficas de los denunciantes, se observa que la denuncia es cuestión más bien femenina; afecta, sobre todo a las personas adultas de 35 a 54 años (población más activa y amas de casa); está en relación directa con el nivel de renta y con el valor de lo que se ha robado y, finalmente, la hacen sobre todo las personas que tenían algún seguro.

En los dos distritos más victimizados es donde más se denuncia: Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. En el distrito menos victimizado es donde menos se denuncia:

Gràcia. A grandes rasgos, esta relación se da en toda Barcelona, excepto en Ciutat Vella y el Eixample (más victimización y menos denuncia), Sants y Sant Andreu (menos victimización y más denuncia).

Valoración del nivel de seguridad

La valoración media que los entrevistados han dado al nivel de seguridad que hay en Barcelona (en una escala de 1 a 9) es de 4,25 y la que han dado a su barrio es de

4,79. La gente encuentra más seguro el espacio cercano —su barrio— que el lejano —el resto de la ciudad—: este resultado se ha ido dando cada año

.

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En síntesis, se puede decir que las mujeres —en especial las amas de casa— son más críticas que los hombres, los mayores más que los jóvenes, los victimizados y los de derechas más que los de izquierdas.

En líneas generales, la valoración más alta del propio barrio se da en todos los distritos de la ciudad. En los cuatro distritos de rentas más altas (el Eixample, Les Corts. Sarrià y Gràcia) ha sido casi siempre superior a los cinco puntos. Los únicos distritos donde se evalúa mejor la ciudad son Ciutat Vella (en todos y cada uno de los años) y Nou Barris y Sant Martí (sólo algunos años. preferentemente los primeros de la serie), es decir, el más problemático y los dos de

rentas más bajas.

Cuestiones que más preocupan al ciudadano

Se pide a los entrevistados que puntúen de 1 a 9 una serie de cuestiones relacionadas con su seguridad personal. Las respuestas muestran que hay tres grandes grupos de temas: los que les preocupan mucho, que obtienen

puntuaciones medias por encima de los 7 puntos; los que les preocupan bastante, que obtienen puntuaciones entre 5 y 7 puntos, y los que preocupan menos, que tienen puntuaciones inferiores a 5 puntos. La tabla siguiente muestra las puntuaciones medias.

Paralelamente, se formula otra pregunta en la que se pide a los entrevistados que digan cuál es la cuestión que más les preocupa en la lista anterior. Las respuestas son

prácticamente las mismas. Así, las cuatro cuestiones que antes obtenían por encima de los 7 puntos se encuentran en los 5 primeros lugares de la lista, después del paro, que aparece como la cuestión que más preocupa

.

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La evolución de la seguridad Un apartado de la encuesta intenta recoger la percepción que los ciudadanos tienen de la evolución de la seguridad en Barcelona. Se trata de saber si ésta ha aumentado o ha disminuido.

Y casi la mitad de entrevistados opina que sigue igual.

Es también relativamente elevado el porcentaje de quienes afirman que ha mejorado, que son casi la tercera parte de los entrevistados (30,2 por ciento).

Por contra, sólo un 14 por ciento piensa que la situación se ha agravado. La victimización se ha reducido algo durante 1988 y las opiniones de los entrevistados parecen haber notado el cambio.

Pero lo más significativo de la evolución que ha experimentado esta opinión es el constante descenso de los que piensan que la situación empeora, correlativamente al incremento de quienes piensan que sigue igual, según pueda observarse en la tabla.

Los espacios peligrosos de Barcelona se han concretado en un listado en el que constan

los treinta y ocho barrios de Barcelona y quince espacios más, citados a menudo por la gente al hablar de delincuencia. El miedo que producen estos lugares ha sido comparado con su peligrosidad real en la tabla de la página siguiente, que ofrece en dos columnas las informaciones siguientes: el porcentaje con que ha sido citado cada uno de ellos como espacio peligroso y los porcentajes de entrevistados que han sufrido hechos contra la seguridad personal.

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Motivos que hacen peligrosos los espacios

En 1988 se introdujo por primera vez en el cuestionario una pregunta relativa a los motivos que hacen peligrosos los espacios, encaminada a matizar la información anterior. Los entrevistados han mostrado la tendencia a señalar aspectos muy generales y, con menor frecuencia, se refieren a cuestiones más concretas. Así, por ejemplo, mientras las drogas obtienen el 24.7 por ciento de las respuestas, la falta de vigilancia sólo es mencionada en el 6,5 por ciento de las encuestas y la oscuridad de las calles, en un 4 por ciento.

Si agrupamos las causas mencionadas por los entrevistados, se obtiene la siguiente distribución: alcoholismo, drogas. prostitución y vicio, 45,5 por ciento; inmigración, paro, ambiente de pobreza, poca escolarización, marginación social, problemas sociales, 21,5 por ciento; características de los habitantes, 5,5 por ciento; calles estrechas, poca luminosidad, aislamiento, 5,7 por ciento; falta de vigilancia, 6,5 por ciento, y otros, 5,7 por ciento.

Está claro que, con esta agrupación, emergen también los problemas socioeconómicos como elementos explicativos del porqué ciertos puntos de la ciudad resultan peligrosos.

Opinión sobre la valoración del nivel de Seguridad en Barcelona

1984 1985 1986 1987 1988 Ha mejorado

34,6

36,3

30,3

33,1

30,2

Sigue igual

32,5

30,4

33,2

43,8

48,7

Ha empeorado

26,9

24,7

30,3

18,4

14,0

No consta

6,0

8,5

6,2

4,7

7,1

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54  

 

Hechos delictivos que producen más miedo

Casi una tercera parte de los entrevistados afirma que el hecho delictivo que más pánico les produce es el atraco. Pero, además, si a

este porcentaje se le añade el que corresponde a los hechos que implican violencia, se comprueba que éstos son la principal preocupación de los entrevistados, concretamente, el 69,8 por ciento de las respuestas.

Si se relacionan los resultados de la pregunta sobre aquello a lo que más se teme con las dos preguntas que se refieren al hecho más frecuente en el barrio y en la ciudad, se comprueba que son los atracos (el hecho delictivo que da más miedo) lo que los entrevistados piensan que se repite con mayor frecuencia en la ciudad, mientras lo que en el barrio se considera más frecuente es el robo de objetos del interior de los vehículos, hecho que produce poco miedo. Barrio y ciudad quedan nuevamente diferenciados: la ciudad refuerza la imagen de inseguridad, mientras que el barrio tiende a reforzar la imagen de ser un lugar más tranquilo y seguro.

Causas de la delincuencia

Las drogas y el paro son las dos causas que más influencia tienen en el aumento de la delincuencia. Del resto de las respuestas, sólo «la situación económica» y «la falta de educación» son mencionadas con una frecuencia de cierta relevancia.

Una pregunta posterior solicita que se puntúe de 1 a 9 la importancia de una serie de causas y las respuestas matizan el resultado de la anterior, según la cual las drogas y el paro eran prácticamente las únicas causas del aumento de la delincuencia. Ahora, en cambio, al puntuar cada una de las causas posibles, los entrevistados consideran que todas son importantes, puesto que no hay ninguna que reciba una puntuación por debajo del cinco. Las evaluaciones son las siguientes:

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Las evaluaciones permiten segmentar las posibles causas en tres grupos. El primero está integrado por aquellos aspectos que han obtenido puntuación por encima de 7,5 puntos. Es decir, aquellos que los entrevistados consideran más importantes: el consumo de drogas, el paro y la situación económica.

Si se tiene en cuenta que las causas segunda y tercera de este grupo son homologables bajo el concepto de «situación económica)), se puede plantear que en Barcelona, como en casi todas las grandes ciudades sobre las que se tienen datos, hay dos vectores: consumo de drogas y situación económica, que son los elementos clave del incremento de la delincuencia.

El segundo grupo está formado por aquellas causas que, siendo consideradas como importantes, lo son menos que las anteriores. Son aquellas que obtienen una puntuación entre los 6 y los 7,5 puntos de media: falta de

educación, estructura social injusta, poca duración de las condenas y falta de preocupación de los poderes públicos.

Finalmente, en el tercer grupo solamente hay dos de las posibles causas, las puntuadas por debajo de los 6 puntos: la excesiva tolerancia y la ineficacia de la policía. Sin negar que puedan tener una cierta relevancia e influir sobre el incremento de la delincuencia, los entrevistados han considerado que éstos son los dos elementos menos importantes.

Se puede decir como conclusión que la opinión de los entrevistados sobre las causas de la delincuencia oscila entre la comprensión de las raíces estructurales de la problemática (paro, situación económica, falta de educación), y la denuncia motivada por el miedo a la delincuencia (la droga, la poca duración de las condenas, la despreocupación por parte de los poderes públicos). Estas segundas causas conectan con una menor tolerancia social que explica, en parte, las actitudes punitivas.

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Medidas de la Administración

Las preguntas destinadas a conocer la opinión de los entrevistados sobre las medidas que la Administración habría de tomar para resolver el problema de la delincuencia también son dos. Como en el caso anterior, la primera es abierta y busca la respuesta espontánea respecto a las medidas que el entrevistado considera más eficaces. La segunda se formula a partir de un listado del que se ha de hacer una valoración con arreglo a su eficacia.

La hipótesis que justifica la introducción en el cuestionario de las dos preguntas paralelas es que la primera respuesta, la espontánea, refleja más las opciones o actitudes

primarias, normalmente expresadas a partir de la vivencia de la inseguridad, mientras que la segunda pregunta, al partir de un listado que hay que ir anotando, racionaliza más las respuestas, según se observa en tabla de la página siguiente.

A la vista de los datos del cuadro, es preciso señalar la coherencia de las respuestas ahí recogidas con las dadas a las preguntas anteriores: dos temas se consideraban como principales causas del aumento de la delincuencia, las drogas y el paro. Y ahora, las medidas que proponen los entrevistados van en la dirección de corregir estos dos problemas.

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Si la serie de medidas del cuadro anterior son agrupadas según la punitividad que implican, se observan dos clasificaciones bastante diferenciadas: primero, medidas punitivas: es decir, medidas fuertes en la línea de lo que suele denominarse como mano dura», aún mencionadas por el 46,6 por ciento de los encuestados (26,3 + 20,3) y que responden, como se explicó anteriormente, a la inseguridad y el miedo. Y. después, medidas de cariz no punitivo, que son mencionadas por el 81 .4 por ciento de los entrevistados (54,0 + 27,4), de los cuales el 50,6 por ciento se refiere al paro y el 31 .2 por ciento, al resto de las medidas. Otras medidas de difícil clasificación son mencionadas por el 1 0,9 por ciento de los entrevistados.

Paralelamente a esta pregunta se formula la que solicita una valoración de las medidas concretas que podría adoptar la Administración. En los primeros años se pedía que fueran seleccionadas las tres mejores y, en los dos últimos se evalúan todas. Las respuestas de los entrevistados pueden interpretarse de forma significativamente contrapuesta a los resultados obtenidos en la pregunta espontánea: el tema del paro continúa en primer lugar de la lista pero, en cambio, la represión del tráfico de drogas se sitúa en

quinto lugar (aunque, aun así, en una puntuación muy elevada) y otras medidas de efectos a mucho más largo plazo pasan a ocupar los cuatro primeros lugares: políticas para la gente sin recursos y ayuda y rehabilitación para los drogadictos.

Además, medidas que seguramente son más efectivas a corto plazo, como el incremento de los efectivos policiales, pasan a tener puntuaciones relativamente bajas.

Todos los temas apuntados, excepto dos, son puntuados por encima de los cinco puntos: es decir, se considera que son medidas que debería tomar la Administración. Los dos que quedan por debajo de esta puntuac5n son la «pena de muerte» y la «legalización de la droga», que obtienen, respectivamente, evaluaciones medias de 3,7 y 3,1 según puede observarse en la tabla «Evaluación media de las medidas», que cierra esta página. El sistema de justicia penal

Del 8.8 por ciento de los entrevistados que han pasado por comisaria durante 1988. Un 66,4 por ciento afirma haber recibido un trato correcto o satisfactorio, mientras que el 32 por ciento se queja y afirma que el trato no fue satisfactorio.

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La eficacia y la dedicación de la policía reciben una puntuación superior a los cinco puntos, de una escala que va del 1 al 9. En cambio, la sensación de protección que la policía da a los ciudadanos es evaluada con un 4,6 de promedio.

La opinión sobre las leyes y el sistema judicial se recabó a partir de un listado de frases con las que el entrevistado debía expresar acuerdo o desacuerdo. Las respuestas indican una opinión altamente crítica respecto de la Justicia, pero también respecto a las actitudes de los ciudadanos. Las frecuencias máximas de acuerdo —que implican casi unanimidad, puesto que los porcentajes superan el 80 por ciento— se refieren a la lentitud del proceso judicial y a la escasa colaboración que la gente presta a la Justicia.

Las opiniones de los entrevistados respecto al trato que reciben los delincuentes por parte de la Ley, los jueces, la policía y los políticos se recogen en el último cuadro.

En general puede afirmarse que, según un importante porcentaje de los entrevistados, todas las instituciones dan un trato demasiado benevolente a los delincuentes y, que el aparato judicial (Ley y jueces) resulta excesivamente transigente.

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La Europa de la prevención Gilbert Bonnemaison

Gilbert Bonnemaison, diputado de la Asamblea nacional de Francia y alcalde de Epinay sur Seine, es el presidente del Foro de las Colectividades Territoriales Europeas para la Seguridad Urbana. Destacado impulsor en Europa de la cooperación entre las ciudades en el campo de la prevención y la seguridad, Bonnemaison aborda en este artículo la dimensión internacional de la lucha por la prevención de la delincuencia, una lucha —dice— “basada en la inteligente alianza entre prevención y represión, en el tratamiento global del problema y en la participación activa de los ciudadanos”.

Hace años que los observadores vienen registrando una profunda crisis de confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado y, en general, de los poderes públicos, para preservar su seguridad. Esta crisis viene reforzada por la creciente necesidad de seguridad, expresada en términos de obligatoriedad de obtener resultados concretos. La gente soporta cada vez peor la incertidumbre y el fracaso. Por eso la seguridad en las ciudades es un desafío para la democracia urbana.

Es preciso detener la inseguridad porque el aumento del número de actos delictivos sólo viene a reforzar esa crisis de confianza, dando credibilidad a las tesis según las cuales el sistema democrático es incapaz, por naturaleza, de atajar estos fenómenos, con lo que se concluye que únicamente se puede combatir la inseguridad ciudadana limitando las libertades públicas.

Seguridad: individual o colectiva

¿Cuáles son, hoy, los principales desafíos de esa lucha?

En primer lugar, todos somos conscientes de que ninguna política estará nunca en condiciones de hacer desaparecer radicalmente la criminalidad y, en particular, la pequeña y mediana delincuencia. La seguridad absoluta es incompatible con la naturaleza humana. Pero si la reflexión y la acción en este tema deben caracterizarse por la modestia y la

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ponderación, tanto más fuerte ha de ser nuestra determinación para dar respuesta a las preocupaciones de nuestros ciudadanos.

Pero, a continuación, hay que hacer constar que, si bien la seguridad, más que un derecho, constituye un estado al cual aspiran normalmente todos los ciudadanos, su formulación, los textos y las intervenciones, públicas o privadas, que concurren en su realización, siempre deben estar en concordancia con los derechos y las libertades que simbolizan a nuestras democracias. Para algunos, el contexto democrático puede constituir un límite a la eficacia de la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Sin embargo, es todo lo contrario: es un arma de importancia capital en esta lucha.

El hecho de que los límites impuestos por la democracia se apoyan en fundamentos de libertad y de solidaridad, que son las bases de la auténtica responsabilidad individual, es lo que convierte a las sociedades democráticas en las mejores armas para hacer frente a la violencia y, especialmente, a la delincuencia y a la criminalidad.

Finalmente, la comodidad del lenguaje, lo singular de la seguridad, ha ido camuflando poco a poco las diferentes formas de seguridad que esconde la vida económica y social. Ciertamente, esta mutación es la expresión de una jerarquización de las normas del conjunto de la sociedad. La delincuencia que ataca a la propiedad se admite menos que, por ejemplo, los accidentes de carretera, los cuales son considerados como más o menos inevitables.

De la seguridad en la carretera a la seguridad inherente al trabajo, inestabilidad en el empleo y condiciones laborales, pasando por los problemas de la seguridad civil, en particular los relacionados con las nuevas tecnologías y el medio ambiente, los ciudadanos no perciben las manifestaciones de la inseguridad de una manera uniforme. Al subrayar esto no tratamos, evidentemente, de negar la realidad del sentimiento de inseguridad, sino únicamente de dejar constancia de que este sentimiento muy a menudo no tiene relación con los hechos objetivos sino que está mucho más relacionado con la

cultura, la educación, las pautas morales y todo un conjunto de condiciones de vida que con problemas concretos de inseguridad derivados de la criminalidad y de la delincuencia.

Nuestros ciudadanos se ven afectados por otras formas de inseguridad, como el paro, la escasez de recursos, la falta de formación o de vivienda digna. La degradación de las condiciones de vida, las desigualdades sociales son, directamente, fuentes de inseguridad, pero lo son también respecto de la delincuencia y de la criminalidad. Todos nosotros, los facultativos de lo urbano, cuando aventuramos propuestas concretas, debemos tener siempre presentes en nuestro ánimo los problemas fundamentales que conlleva el tratamiento de la inseguridad. Hemos de evitar ceñirnos a una visión excesivamente administrativa del tratamiento del problema, teniendo en cuenta el hecho decisivo de que los cambios son igualmente de orden cultural, que se instalan en las maneras de pensar, en las conductas, y se van produciendo sobre el terreno, en la vida cotidiana.

Una política global de seguridad

Para una eficaz política global de seguridad deben definirse los responsables a todos los niveles. La eficacia de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad se ve limitada muchas veces por la incomunicación entre las diferentes instituciones públicas o privadas que intervienen en ella. Es necesario articular y coordinar más las acciones que pone en marcha la sociedad, desde la prevención social, la prevención o la disuasión policiales, hasta la represión y, particularmente, la encarcelación y la reinserción. Pero también es preciso adaptar estas acciones a la naturaleza propia de los grandes grupos de criminalidad y de delincuencia.

La prevención y la represión van unidas, y hemos de organizarnos a todos los niveles, tanto nacional como local, para que esta afirmación se traduzca en los hechos. Esta política global también necesita integrar el considerable desarrollo del mercado privado de seguridad.

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Conocer y comprender para actuar eficazmente

También hace falta asegurar la aportación de medios, de una verdadera tecnología porque, cuando se opta por el tratamiento de la delincuencia, conviene dotarse de los medios necesarios para conocer y comprender mejor los fenómenos y evaluar los resultados de los programas puestos en práctica.

Mejorar los conocimientos incluye también calibrar la amplitud del fenómeno, la medida en que es percibido por la población, la búsqueda de las causas de la delincuencia, en particular de aquellos factores sociales que son el germen de situaciones conflictivas y, finalmente, elaborar metodologías adecuadas que permitan racionalizar y evaluar las políticas locales.

Para responder a este desafío es preciso que todos aquellos que intervengan adquieran una formación pluridisciplinaria y de equipo. Asimismo, es necesario desarrollar el sistema de información, de vital importancia si queremos incrementar la participación de la comunidad, tan necesaria para combatir eficazmente la inseguridad ciudadana.

Reforzar la información en la ciudad y en los barrios sobre las acciones que se emprenden y los resultados que se obtienen es del todo indispensable. Todo el mundo reconoce el papel privilegiado de los medios de comunicación de masas en las informaciones sobre estos problemas de seguridad, y no deseamos otra cosa que, más allá del tratamiento del hecho, los medios de comunicación sean igualmente partícipes de la legitimación ante el ciudadano de los protagonistas de la prevención de la delincuencia.

Una actuación pegada al terreno

Hacer que se reduzca la delincuencia y que disminuya el miedo supone la movilización de multitud de actores y, para que tengan posibilidades de éxito en su misión, esta movilización ha de hacerse entre el grupo de gente más activo y arraigado en el espacio ciudadano donde va a actuar.

Las ciudades tienen cada día más peso en- las redes de comunicación y en la toma de

decisión y los ciudadanos sienten, cada vez más, la necesidad de estar cerca de los centros de decisión. Para que las políticas públicas sean eficaces han de evolucionar, pues, en este sentido. Por eso, los titulares del poder local han de asumir todas sus responsabilidades, mientras que los gobiernos centrales han de contribuir a que el reparto de funciones se haga coherentemente, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos, tanto en los aspectos de la protección como en la reinserción social.

Por consiguiente, deberíamos hacer un llamamiento a los ciudadanos de nuestras ciudades para que tomen conciencia de que la seguridad es asunto de todos y, para que los programas preventivos y represivos alcancen toda su significación, ha de desarrollarse el sentido de participación y de solidaridad para que cada cual, en su respectivo nivel de responsabilidad y según sus posibilidades, aprenda a trabajar en esta dirección.

Una dimensión internacional

La emergencia de las ciudades como territorio compartido, la aplicación y la puesta en marcha de políticas locales de seguridad urbana, constituyen fenómenos que cada día afectan a mayor número de países. Desde 1986 se han cumplido tres etapas de alcance internacional y, por lo que a Europa respecta, bajo el patrocinio del Consejo de Europa, se han celebrado dos encuentros —uno en Estrasburgo, en 1986, y otro en Barcelona, en 1987—, en los que se debatieron las políticas locales puestas en práctica contra la delincuencia en las ciudades. A raíz de la conferencia de Barcelona nació el Foro para la Seguridad Urbana, el cual constituye, fundamentalmente, un centro de intercambio de experiencias y de iniciativas. Para los europeos, la resolución adoptada, en marzo de 1989, por la Conferencia permanente de los Poderes Locales y Regionales de Europa en torno a la reducción de la inseguridad urbana constituye una auténtica Carta para futuras actuaciones.

Conviene recordar que, antes de que se celebraran las conferencias de Estrasburgo y de Barcelona, el tema de la intervención de las comunidades locales en el problema de la seguridad era totalmente inédito en

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Europa. Durante mucho tiempo este problema fue tratado sólo de dos maneras; por una parte, con la política policial y jurídica del Estado y, por otra, con las investigaciones universitarias sobre criminología y desviaciones sociales.

El agotamiento del intervencionismo de las instituciones represivas y del monopolio que criminólogos y científicos tenían sobre el tema ha hecho que el ciudadano fuera cada vez más exigente con los responsables locales, especialmente con los electos.

Para tratar este problema acaban de reunirse, por primera vez, en Montreal, representantes de ciudades norteamericanas y canadienses con los de ciudades europeas, poniéndose de manifiesto que todos los representantes locales de las ciudades de Occidente querían tratar la cuestión.

Los alcaldes norteamericanos llamaron la atención sobre las graves consecuencias que podría causar la rápida difusión de la droga barata, pero este será el tema de una próxima conferencia internacional, mientras que una segunda conferencia sobre seguridad en las ciudades se celebrará en 1991, pero la participación se ampliará, esta vez, a los países del Este y a los países en vías de desarrollo. De aquí a entonces tendremos que profundizar en los intercambios y desarrollar las relaciones

internas del Foro, particularmente en Europa, ampliando las secciones nacionales.

En 1990 se celebrarán varios encuentros sobre cuestiones relacionadas con los medios para el conocimiento y la evaluación, sobre inserción en la ciudad de los jóvenes con dificultades y el papel de la policía y de la justicia en la ciudad. Por otra parte, continuaremos nuestro trabajo con la CEE y con el Consejo de Europa, en cuyo marco vamos a participar en la preparación de la Carta Urbana.

El año 1990 será también el del Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención de la criminalidad y los europeos se volcarán en la defensa de los avances realizados en el problema de la disminución de la inseguridad urbana, basados en una inteligente alianza entre prevención y represión, en el tratamiento global lo más cercano posible al marco territorial de actuación y en la participación activa de la población.

Tenemos por delante, por lo tanto, muchas etapas en perspectiva para desarrollar un trabajo que dé respuesta a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos.

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Los territorios del miedo Josep Ma. Lahosa

El plan de evaluación de la victimización y la opinión sobre la seguridad ciudadana de Barcelona. Las características de los hechos delictivos, la autoprotección y el impacto psicológico. El recuerdo espontáneo del delito y su relación con los índices de victimización. El territorio, el miedo a la ciudad y los espacios peligrosos, la realidad y la fama; el etiquetaje. Estos son los cinco aspectos que desarrolla Josep M. Lahosa en este texto, presentado como comunicación al grupo de trabajo sobre “el origen y naturaleza del delito y al temor a éste”, en la Conferencia Europea y Norteamericana sobre la Seguridad y la Prevención de la Criminalidad en el Medio Urbano, celebrada en Montreal (Canadá), en octubre de 1989, y cuya declaración final recogemos íntegramente en este mismo número de PREVENCIO.

En 1983, el Ayuntamiento de Barcelona detectó un aumento del sentimiento de miedo e inseguridad entre los ciudadanos. Este temor parecía motivado por un incremento relativo de los actos delictivos y por su repercusión en los medios de comunicación.

Era obvio que este episodio podía llegar a perturbar las relaciones sociales de la ciudad, provocando situaciones de crispación y tensión desmesurada entre los ciudadanos.

El Ayuntamiento, con las informaciones oficiales de que disponía, no podía afirmar que ese aumento del temor tuviera una relación directa y coherente con un aumento de los hechos delictivos. Pero nombró un comisionado con el objetivo de analizar la situación de la seguridad en Barcelona, tanto desde la perspectiva objetiva (tasa delictiva, tipos de delitos, nivel de denuncia, etc.), como desde la visión que los ciudadanos tenían de la situación, su opinión y sus miedos.

Una de las propuestas del comisionado fue establecer un «programa permanente de evaluación de la victimización y opinión sobre la seguridad ciudadana». Con este programa se pretendía conocer, por medio de entrevistas personales a los ciudadanos, el índice de victimización en la ciudad, la opinión de los ciudadanos sobre las causas de la delincuencia, las medidas que a su juicio se deberían adoptar y las medidas de autoprotección que tomaban, así como la afectación psicosocial de los delitos, entre otros aspectos.

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Para desarrollar el programa se solicitó la colaboración de la Universidad Central de Barcelona, y más concretamente de los profesores Anna Alabart, Josep M. Aragay y Juli Sabaté, de la Facultad de Económicas.

Una vez realizada esta pequeña introducción histórica, centraremos nuestra intervención, más que en teorizar sobre los orígenes y naturaleza del delito —título de este grupo de trabajo—, en los datos empíricos que nos aportan las encuestas de victimización y opinión realizadas, desde 1984, por la comisión técnica de Seguridad Urbana de Barcelona.

Esos datos nos permiten ir conociendo y analizar qué piensan y sienten los ciudadanos de Barcelona con referencia al delito y la inseguridad urbana, cómo construyen sus miedos, así como la posible incidencia de éstos en el establecimiento de las relaciones sociales en una ciudad abierta y cosmopolita como Barcelona.

El plan de evaluación de la victimización

Para circunscribirnos alterna de este grupo de trabajo —El origen y naturaleza del delito y del temor al mismo»— presentaremos algunos de los datos que más pueden interesar a los aquí presentes. No obstante, debemos hacer unos comentarios previos.

El plan de evaluación se sustenta en una muestra de 7.600 entrevistas personales realizadas a ciudadanos de Barcelona, con submuestras a nivel de los diez distritos en que se divide la ciudad. La población estudiada es de 1 .300.000 habitantes mayores de 16 años.

La amplitud de la muestra viene determinada por el interés de conocer tanto la tipología delictiva como su distribución territorial, lo que nos obliga a utilizar muestras elevadas para garantizar unas frecuencias suficientemente significativas.

Respecto a los apartados de opinión, también se analizan territorialmente los resultados, ya que interesa conocer las diferencias existentes entre la población de los distritos en los que se divide la ciudad. Las diferencias socioeconómicas, de renta, formación y estructura social, ¿pueden

diferenciar las respuestas ante situaciones iguales o similares?

Contestar a esta pregunta es uno de los objetivos del análisis de los datos que obtenemos de las encuestas de victimización y opinión sobre la seguridad ciudadana.

Los hechos delictivos y sus víctimas. Su impacto psicológico

De los datos recogidos durante los años que llevamos desarrollando las encuestas de victimización, hemos podido comprobar que los ciudadanos clasifican sus experiencias de victimización en dieciocho tipos de hechos, que son los siguientes: robo de automóvil, robo de la moto, robo de algún otro vehículo, intento de robo del vehículo, robo de objetos del interior del vehículo, robo de accesorios del vehículo, robo en el domicilio, intento de robo en el domicilio, robo en el negocio, intento de robo en el negocio, atraco en el negocio, intento de atraco en el negocio, robo de bolso o cartera, intento de robo de bolso o cartera, atraco, intento de atraco, agresiones sexuales y amenazas y violencia.

En el caso de los hechos contra los negocios, las frecuencias son tan bajas que no tienen significación suficiente para realizar un análisis específico y los índices de estos dieciocho tipos son demasiados concretos y tienen unas frecuencias limitadas. Al mismo tiempo, el índice global de victimización es excesivamente genérico para sus análisis. En consecuencia, trabajaremos sobre tres espacios de seguridad, a los que hemos llamado «indicadores de seguridad”. Son, a un tiempo, suficientemente genéricos y concretos como para tener substantividad analítica, y hacen referencia a los hechos contra los vehículos, contra los domicilios y contra la seguridad personal.

El estudio de los índices de victimización ha de ser completado por el de aquellas variables que intervienen en los procesos sociales de la delincuencia. Algunas de estas variables operan como factores criminógenos, modificando, incrementando o reduciendo su amplitud, y destacaremos las siguientes:

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• La estructura sociodemográfica de las víctimas. El estudio de las características personales de los entrevistados victimizados es básico para la definición criminológica de la víctima.

• La estructura de protección de que se dotan los ciudadanos, tanto los victimizados como los no victimizados, así como los cambios de comportamiento que ha provocado la experiencia de victimización.

• El impacto psicológico que sufre la víctima de algún hecho delictivo, que puede provocar un auténtico trauma, pequeño o grande, en el sentido de ruptura del equilibrio emocional, y modificar actitudes trente al delito.

Empezaremos examinando los hechos contra los vehículos. Respecto a la edad, hay una relación inversa entre ésta, la victimización y el riesgo. A medida que avanza la edad disminuyen tanto los índices de victimización como los de riesgo (con excepción, en este último caso, de la franja más joven, de menos de 20 años).

En cuanto al sexo, los varones tienen un índice de victimización que es casi el doble del de las mujeres. La explicación a esta diferencia hay que encontrarla en el hecho de que normalmente es el varón el que utiliza el vehículo, aunque sea familiar (más del 50 por ciento de los varones tiene vehículo, frente al 25 por ciento de las mujeres). El índice de riesgo, no obstante, es equivalente y en algunos casos (robo de objetos del interior) es superior entre las mujeres. Los índices de riesgo tienen una relación directa con las circunstancias de utilización del vehículo y los roles sociales establecidos. Así, los varones lo utilizan mayoritariamente como medio de transporte al trabajo, mientras las mujeres lo usan para ir de compras. Por tanto, es lógico que sufran especialmente el robo de objetos del interior del vehículo.

Los hechos contra los vehículos afectan principalmente a individuos con niveles de instrucción y situación socioprofesional altos: el 30 por ciento de los empresarios, y al 25 por ciento de profesionales liberales y técnicos, frente al 11 por ciento de obreros.

En cuanto a la estructura territorial de referencia, los hechos contra los vehículos se producen, en su mayoría —el 75 por ciento— en los barrios del distrito de residencia.

Tanto la criminología como el sentido común señalan que en momentos de vivencias inseguras aumenta la búsqueda de protección de los ciudadanos. Una de las manifestaciones más claras de este fenómeno es la adopción de medidas de autoprotección de sus bienes. Por otro lado, la falta de adopción de medidas autoprotectoras puede ser un factor criminógeno y la experiencia de haber sufrido un delito puede estimular la adopción de dichas medidas.

En este sentido, analizamos la estructura de la autoprotección desde tres perspectivas. Primera, el grado de adopción de medidas de autoprotección por parte de los propietarios de vehículos; segunda, la comparación del dato anterior con el grado de autoprotección de las personas victimizadas y, por último, los cambios de comportamiento que se producen en éstas después del hecho.

Han sido estudiadas cinco medidas: el parking, la alarma, el desconectador de la batería, la barra bloqueadora de la dirección y la marca del número del documento de identidad en el vehículo:

• Algo más del 50 por ciento de los propietarios de vehículos tienen aparcamiento privado y casi una tercera parte utiliza la barra bloqueadora de la dirección; un 15 por ciento desconecta la batería y casi el 10 por ciento utiliza la alarma. La marca del número del documento de identidad en el vehículo obtiene unas frecuencias muy poco significativas.

• Los individuos victimizados tienen medias de utilización de las medidas de autoprotección inferiores a las de la población en su conjunto. Obsérvese, en este sentido, la tabla siguiente, en la que se especifican las medidas adoptadas antes y después del hecho.

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• Haber pasado por una experiencia de victimización influye en la adopción de medidas de autoprotección e incide en cambios de comportamiento que deberían calificarse de importantes. La medida más adoptada es la del parking, con lo que comporta de desembolso económico, aunque quizá esta medida se aplica más por lo emblemático del bien a proteger que por la eficacia de su adopción.

En cuanto al impacto psicológico producido por la victimización, se mide a partir de una evaluación en escala de 1 a 9. La media resultante de todas las respuestas da un impacto de 5, 26 puntos. Las mujeres reciben un impacto superior a los varones y, respecto a la edad, los 45 años dividen las tendencias: entre los menores de 45 es mayor y a partir de esta edad es menor. Por otro lado, la incidencia del impacto tiene relación con el nivel de renta e instrucción, pues cuanto menores son, la instrucción y la renta, mayor es el impacto.

Examinemos ahora los hechos delictivos contra los domicilios. Las variables demográficas tradicionalmente consideradas como las que tienen una mayor fuerza explicativa, la edad y el sexo, aportan poca información y comprensión de este tipo de delitos. No así las relativas a niveles de renta y estructura familiar. Así, vemos, que los domicilios con niveles de renta altos (el delincuente busca la rentabilidad de su trabajo) tienen índices de riesgo superiores a los de renta media o baja; por otro lado, los domicilios donde vive un individuo solo obtienen índices de riesgo del 4,4 frente a los 3 puntos de los núcleos familiares clásicos.

Las medidas de autoprotección estudiadas en el ámbito de los hechos contra las viviendas son: el seguro de robo, el reforzamiento de las puertas, la alarma, la caja fuerte y la marca del número del carnet de identidad en los objetos de valor.

Algo más de la mitad de los domicilios tiene las puertas reforzadas y un 20 por ciento pólizas de seguro. El resto de medidas obtienen unas frecuencias de utilización mínimas.

Hay una clara relación entre las medidas de protección empleadas, la estructura familiar y el número de personas que viven en la vivienda. De los individuos que viven solos, solamente el 13 por ciento tiene la vivienda asegurada y el 42 por ciento, las puertas reforzadas, mientras que entre los entrevistados con estructura familiar clásica, el nivel de puertas reforzadas es del 56 por ciento y el de la póliza de seguros, del 25,4 por ciento.

Vivir en familia y, por tanto, tener unas relaciones personales de dependencia y responsabilidad, parece que potencia la búsqueda de mayores cotas de protección en los espacios considerados como íntimos.

El impacto que reciben los individuos victimizados es muy alto, ya que la agresión se produce en un espacio íntimo. Así lo apreciamos en la tabla siguiente, en la que destaca el reforzamiento de puertas, quizá la única medida que antepone un obstáculo físico, a modo de muro, entre lo íntimo y el mundo exterior.

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Medida adoptada Antes Después Póliza de seguro

22,8 %

30,0 %

Puertas reforzadas

35.8 %

56,7 %

Alarma

5,0 %

6,1 %

Caja fuerte

0,9 %

1,2 %

DNI marcado objetos

1,1 %

1,2 %

Respecto al impacto psicológico de los hechos contra las viviendas, la media que resulta de las valoraciones de los entrevistados es de 6,2 puntos. Una media indudablemente alta. Como es lógico, las personas que viven solas sufren un impacto superior (6,75 puntos), mientras que en las que viven en pareja el impacto es de 6,01 puntos. También las personas de más edad (de 45 a 66 años) y las mujeres que no trabajan padecen un mayor impacto. Se trata de individuos que utilizan mucho la vivienda, que pasan muchas horas en ella. Por otro lado, y coincidiendo también con los hechos contra los vehículos, a menor renta e instrucción mayor impacto: lo sustraído podrá ser repuesto con mayor dificultad.

Finalmente, examinaremos los hechos contra la seguridad personal. En cuanto a la edad, los jóvenes son los que tienen unos niveles de riesgo y victimización más altos. También son los que utilizan más la ciudad y no aceptan cambios de comportamiento, como veremos más adelante. A medida que avanza la edad, disminuye el riesgo de ser víctima de un hecho contra la seguridad personal.

Respecto al sexo, las mujeres tienen unos índices de victimización muy superiores a los hombres, en algunos casos superiores al 30 por ciento. Hay hechos delictivos que prácticamente sólo afectan a las mujeres: el robo del bolso, el tirón, etc.

La estructura territorial de los hechos contra la seguridad personal se ha establecido a partir de dos listados, uno con la relación de los treinta y ocho barrios en que se divide la ciudad y el otro con los quince lugares más explicitados por los

entrevistados al referirse a espacios peligrosos. La importancia de este segundo listado es espacial y emocional, y los entrevistados identifican los lugares citados con la estructura de su miedo. Así, los lugares donde, según los entrevistados, suceden más hechos delictivos son los que —ellos mismos— llaman «barrios periféricos)), denominación que identifica el lugar espacialmente (espacio lejano, territorio desconocido) y también emocionalmente (espacio no propio, territorio enemigo). Aparte de los «barrios periféricos», los nueve primeros barrios señalados pertenecen a los distritos de la ciudad con rentas más altas, los de mayor concentración de actividades cívicas y los más céntricos. En líneas generales, un tercio de los hechos ocurre en los barrios que corresponden al distrito de residencia de los individuos victimizados, llegando en algunos distritos al 40 y hasta al 50 por ciento.

Para el análisis de las medidas de autoprotección de la seguridad personal, y teniendo en cuenta que, en este supuesto, no hay propiedades a proteger, se ha preguntado a los entrevistados por las medidas de autoprotección que toman y se ha relacionado esta información con la circunstancia de haber sido víctimas de algún hecho contra la seguridad personal.

Han sido consideradas cinco medidas: salir menos de noche, salir menos a la calle, llevar poco dinero, no ir en solitario por lugares oscuros y tener algún arma u objeto defensivo.

• El 40 por ciento de los entrevistados reconoce que acostumbra a llevar poco dinero encima, en previsión de cualquier

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atraco; un 25 por ciento procura no ir solo por lugares oscuros; un 20 por ciento sale menos por la noche y algo más del 10 por ciento sale menos a la calle; sólo un 1,2 por ciento de los entrevistados declara haberse provisto de una arma u objeto defensivo.

• Las experiencias de victimización parece que no provocan cambios en las pautas de comportamiento. Es más, las personas que han sufrido algún hecho contra la seguridad personal salen más de casa y de noche que la población en su conjunto. Aquí debemos tener en cuenta que el sector más victimizado es el de los jóvenes, que, como decíamos anteriormente, se niegan a cambiar de pautas de comportamiento y asumen mejor que los adultos el riesgo de utilización tanto de la ciudad como de sus servicios.

• La experiencia de un «tirón» o un atraco (consumado o no) comporta un perceptible cambio de comportamiento en lo que se refiere a llevar menos dinero; un 40 por ciento de individuos ha adoptado esta medida. En la población victimizada este índice aumenta hasta el 54,4 por ciento.

• Ni las demandas ni las agresiones sexuales (frecuencias mínimas en la muestra y, por tanto, con una representatividad también mínima) parece que provoquen un cambio de actitudes, más si tenemos en cuenta que las víctimas de estos hechos acostumbran a ser jóvenes.

• Finalmente, la victimización parece tener una incidencia importante en cuanto a procurarse un arma u objeto defensivo. Así, vemos que el porcentaje de individuos que adoptan esta medida se duplica en los victimizados, se multiplica aún más en los victimizados por atracos (4,6 por ciento en el caso de consumados y 8,4 por ciento en los no consumados) y llega al 10 por ciento en las personas que han sufrido amenazas.

Medida adoptada Global Víctimas

Salir menos de noche

21,6 % 18,6 %

Salir menos a la calle

11.1 % 7,8 %

Llevar menos dinero

40,1 % 48,2 %

No ir solo a lugar oscuro

25,6 % 25,9 %

Arma/objeto defensivo

1,2 % 3,1 %

Otras medidas

3,3 % 6,8 %

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El impacto psicológico de los hechos contra la seguridad personal tiene una evaluación media de 6,25 (la misma que los domicilios). Se trata de un fuerte impacto: más de la cuarta parte de las víctimas ha contestado con la máxima puntuación, el 9.

Para complementar esta información se han agrupado las respuestas: baja (1, 2 o 3), el 17,6 por ciento de las víctimas; media, (4, 5 o 6), el 23,2 por ciento de las víctimas, y alta, (7, 8 o 9), el 53,5 por ciento de las víctimas.

El impacto de los hechos contra la seguridad personal no tiene una distribución homogénea. Así vemos que, según el tipo de hecho, los que tienen un mayor coste emocional son los que no lo tienen económico (las agresiones sexuales y las amenazas y violencia). Por otro lado, los «tirones» y los atracos consumados impactan más que los intentos. Cabe recordar, no obstante, que, en lo que se refiere a este último hecho, los individuos que han sido víctimas de un intento de atraco se “arma” en una tasa superior a los que han sufrido atracos consumados (el 8,4 por ciento frente al 4,6 por ciento). Por otra parte, según el sexo, la evaluación media de las mujeres es superior a la de los hombres y, en líneas generales, a medida que aumenta la edad lo hace el impacto psicológico. De la misma manera que éste también aumenta a medida que se tienen menos estudios y niveles de renta.

El recuerdo espontáneo y su relación con los índices de victimización

Una de las cuestiones que interesa conocer, ya que tiene relación directa con la construcción del miedo de los ciudadanos, es la persistencia en la memoria de las experiencias de victimización. Se trata de conocer, concretamente, qué extensión tiene el recuerdo, qué tipos de hechos son los más recordados, qué tipo de individuos son más sensibles al recuerdo y, por último, cómo se distribuye territorialmente.

La respuesta a la primera cuestión es que uno de cada diez entrevistados recuerda haber vivido alguna experiencia de victimización. Respecto a la experiencia que deja más huella en la memoria, es la relativa a la seguridad personal, que representa más del 60 por ciento del

recuerdo y prácticamente el doble que los otros tres indicadores (vehículos, negocios y domicilios) sumados. Como es de suponer, se recuerdan más los hechos consumados, que representan el 90 por ciento del recuerdo.

Con respecto al tipo de individuos más sensibles al recuerdo, se han establecido diferentes variables. Según la edad y el sexo, hay que decir que la memoria se va debilitando con el paso de los años, aun cuando el impacto psicológico es mayor cuanta mayor edad se tiene y que los hombres recuerdan más que las mujeres los hechos contra los vehículos, mientras que las mujeres recuerdan más los hechos contra la seguridad personal.

Hay otro tipo de correlación a establecer: El recuerdo de las experiencias de victimización parece más persistente cuantos más estudios y nivel de renta se tienen y más elevada es la situación socioprofesional. A más estudios, más recuerdo: el 12,8 por ciento de los titulados universitarios y el 12,9 por ciento de los titulados medios recuerdan haber sido victimizados, mientras sólo un 8,1 por ciento de los entrevistados sin estudios o el 8,3 por ciento de los que tienen estudios básicos recuerdan sus experiencias. Y a más renta, más memoria: los porcentajes de empresarios, profesionales y técnicos doblan a los de los trabajadores.

La distribución territorial del recuerdo sigue una doble lógica. Por una parte, los vecinos de los distritos de rentas más altas parecen recordar más sus experiencias de victimización (índice de riesgo alto). Por otra, el recuerdo es muy bajo en los distritos de densa trama e intensa vida urbana. Parece que residir en zonas con unos niveles de interrelaciones personales fuertes da seguridad a la población. En este sentido, debemos concluir que tanto el urbanismo como la potenciación de las relaciones sociales son elementos que influyen en la creación de espacios de seguridad.

El territorio, el miedo a la ciudad

El problema de la inseguridad es una cuestión común a las grandes urbes. Pero, ¿cuál es la percepción que tiene el ciudadano de su ciudad?, ¿se siente inseguro en cualquier punto de la misma?;

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los espacios desconocidos, poco familiares, ¿se le presentan seguros?; ¿la inseguridad afecta de igual modo en todo el territorio?; si hay puntos más peligrosos, ¿cuáles son?

El primero de estos interrogantes se refiere a la opinión que el ciudadano tiene de su propio barrio y de la ciudad. En las respuestas se constata con claridad la diferente percepción que los entrevistados tienen de su barrio y del resto de la ciudad. Cuando se refieren a esta última se olvidan a menudo que dentro de ella está su propio barrio. Así, el barrio parece como un lugar mucho más seguro, quizá por más conocido, y la ciudad como un territorio más peligroso. Mientras que el 28,9 por ciento de los entrevistados manifiesta que en su barrio no hay ningún lugar peligroso, sólo un 2,4 por ciento afirma lo mismo con respecto a la ciudad.

Las mujeres y los individuos de más de 45 años son los más críticos y la población de 25 a 34 años, la más benévola, pese a ser muy victimizada: los primeros utilizan menos la ciudad. Las amas de casa son mucho más críticas respecto a la seguridad de la ciudad que el conjunto de mujeres y se sienten mucho más seguras en su barrio, lo próximo y conocido.

Ya hemos visto que los hechos delictivos se producen mayoritariamente en los barrios del distrito de residencia, pero los entrevistados consideran más seguro el barrio. La ciudad se intuye como lejana, grande, peligrosa y desconocida.

Cuando veíamos la incidencia del territorio en el recuerdo, apreciábamos que los ciudadanos de los distritos o barrios con una trama densa y una vida urbana intensa recordaban menos sus experiencias de victimización. En este sentido, parece evidente que estas condiciones favorecen el establecimiento de un entorno saludable y tienen incidencia en la percepción de los ciudadanos. Así, podemos ver cómo los entrevistados de dichos distritos distorsionan mucho menos la realidad en sus valoraciones subjetivas y, por lo tanto, sus miedos son algo más racional que la media de la ciudad.

Los espacios peligrosos

La teoría psicológica y criminológica que se refiere al «etiquetaje» con que se marca a determinados individuos también es susceptible de aplicarse al territorio. En este sentido podemos afirmar que determinados espacios o territorios de la ciudad están «marcados».

Esa «etiqueta» influye en la imagen y el comportamiento de los ciudadanos con respecto a dichos territorios, así como en las relaciones entre los ciudadanos de territorios diferentes y en las pautas de comportamiento de los individuos que residen en los territorios «marcados» hacia el resto de la ciudad.

Por lo que respecta a nuestro país, es la primera vez que podemos contar con datos empíricos que confirmen esa teoría del «etiquetaje». Y. como podremos ver más adelante, la realidad y la fama no tienen porqué tener relación directa.

En nuestra investigación, tratamos de conocer cuál es la frecuencia con que se citan los treinta y ocho barrios de la ciudad y los quince espacios considerados como peligrosos por los entrevistados, así como los porcentajes de entrevistados que han mencionado los lugares en los que han sido victimizados. Se trata de comprobar la relación entre la percepción (la «fama») y la realidad. (Sólo se han tenido en cuenta los datos relativos a los hechos contra la seguridad personal, ya que se considera que son éstos, esencialmente, los que se tienen en cuenta cuando los entrevistados se refieren a un lugar peligroso).

Así, podemos apreciar cómo la valoración de la peligrosidad en un territorio va mucho más allá de la propia realidad, especialmente en aquellos lugares que se han convertido en paradigma de la inseguridad. Esta apreciación lleva, en Barcelona, a calificar como espacios más peligrosos la zona más cercana al puerto de Barcelona, Ciutat Vella, y una zona que se halla en el límite de la ciudad: la Mina.

Los puntos calificados como «negros» del distrito I son mencionados por el 67 por ciento de los entrevistados, mientras que en ellos sólo ha habido el 13,9 por ciento de los hechos contra la seguridad personal. (Incluso si se tiene en cuenta que ha

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habido victimizados que no han concretado el escenario del delito y hacemos una ponderación, se llega a una concentración máxima del 17,55 por ciento de hechos en el distrito I.)

La percepción de peligrosidad del distrito puede tener una cierta base real ya que, de hecho, se producen más robos y atracos que en la mayoría de los barrios de la ciudad. Por otro lado, las características propias de la zona van perfilando una percepción social de la inseguridad: calles estrechas, a menudo poco iluminadas; dificultades de vigilancia; muchas personas de fuera de la ciudad que transitan por la zona; zona comercial de la ciudad; zona portuaria; especial atención de los medios de comunicación, etc.

El caso de la Mina es muy distinto. Se trata de una zona periférica que no pertenece a la ciudad y a la que en muy pocas ocasiones se desplazan los vecinos de Barcelona. Es una zona donde se ubicaron núcleos familiares procedentes de la emigración, obreros sin cualificación, gentes de raza gitana, etc. Pues bien, el barrio es considerado peligroso por el 12,5 por ciento de los individuos, mientras que sólo el 0,6 por ciento de los entrevistados afirma que les ha sucedido algún hecho en esa zona.

La interpretación de este aparente contrasentido hay que encontrarla en la percepción de peligrosidad de un determinado espacio o lugar. El «punto negro», más que por propia experiencia, se crea y se afirma a partir de las características de dicho «punto negro» y, sobre todo, de las noticias e informaciones que sobre él llegan. En el caso de la Mina, esta percepción se basa en el hecho de que se trata de una zona conflictiva desde el punto de vista socio económico, a la que los medios de comunicación han dedicado espacios muy amplios. La imagen, la fama, se ha ido construyendo a base de la acumulación de impactos.

Pero vale la pena observar que dichos «impactos» no se refieren a hechos delictivos, que no han ocurrido, sino a circunstancias de tipo social, formas de vestir, de vivir, etc. Así pues, los entrevistados no quieren decir que la Mina sea un lugar peligroso —de hecho, no lo es, y son muy pocos los ciudadanos de Barcelona que transitan por la zona— sino que en la Mina vive «gente que resulta sospechosa».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Unas ciudades más seguras

Declaración final de la Conferencia de Montreal La ciudad canadiense de Montreal fue, del 10 al 13 de octubre de 1989, escenario de la Conferencia Europea y norteamericana sobre la Seguridad y la Prevención de la Delincuencia Urbana. La declaración final de la conferencia —que recogemos íntegramente— es el resultado del trabajo de más de novecientos alcaldes, expertos municipales, responsables policiales y judiciales, criminólogos, urbanistas y representantes gubernamentales, reunidos con el propósito común de mejorar la calidad de vida y las condiciones de seguridad de las ciudades. La declaración de la conferencia, en la que tomaron parte representantes y expertos del Ayuntamiento de Barcelona, expresa en su título el hilo conductor de los trabajos desarrollados: “Por unas ciudades más seguras”

Esta declaración final propone un conjunto de medidas tendentes a reducir el número de delitos contra los bienes y las personas, la demanda de drogas y el sentimiento de inseguridad en las ciudades.

Es el resultado del trabajo de más de novecientos alcaldes, expertos municipales, policías, jueces, urbanistas, criminólogos, representantes de gobiernos y de organizaciones nacionales.

La Conferencia ha sido organizada por la Federación Canadiense de Municipios, el Fórum de las Colectividades Territoriales europeas para la Seguridad Urbana y la Conferencia de alcaldes de los Estados Unidos en colaboración con la Comunidad Urbana de Montreal, cinco organizaciones internacionales de ciudades y más de treinta patrocinadores.

Después de las reuniones preparatorias y de la elaboración de más de cien informes, nos hemos reunido en Montreal para desarrollar un programa de acción destinado a mejorar la calidad de vida y reforzarla seguridad de nuestras ciudades.

Representamos a treinta y un países de Europa, de Norteamérica y de distintas regiones del mundo. El subsecretario general de las Naciones Unidas, el secretario general del Consejo de Europa, ministros franceses, holandeses y canadienses, así como numerosos alcaldes de las mayores ciudades del mundo, se han dirigido a los delegados.

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Nuestras conclusiones son las siguientes:

Son las ciudades las responsables, en primera instancia, de las políticas de prevención de la delincuencia. Las autoridades de las diferentes instancias de gobierno deben prestar el máximo apoyo a las iniciativas preventivas desarrolladas a nivel local.

Nuestra respuesta debe ir más allá del estricto campo de la justicia penal o de la policía. Es necesario dar soluciones que, respondiendo a las necesidades inmediatas, contemplen políticas a largo plazo que incidan en las causas que originan este fenómeno.

Toda política de prevención implica la coordinación de los servicios sociales, educación, vivienda, policía, justicia, tiempo libre, etc. para poder afrontar de forma multidisciplinar las situaciones generadoras de delincuencia.

Las autoridades políticas a todos los niveles deben asumir con decisión sus responsabilidades en la lucha contra la delincuencia urbana. Sin este compromiso, la confianza de la sociedad, la calidad de vida en nuestras ciudades y los derechos de la persona estarán amenazados.

Seguridad y prevención: hay temas de interés común

La prevención es asunto de todos. Por ello, las autoridades políticas deben fomentar lazos de solidaridad entre los ciudadanos.

El miedo a la delincuencia es un problema para los ciudadanos, particularmente para las mujeres y las personas mayores. De todas maneras, en la mayoría de los casos, este miedo es desproporcionado en relación al nivel real de inseguridad.

Entre las causas de la delincuencia urbana tienen especial significación:

• la pobreza, el paro, los déficits en el equipamiento social de los barrios, las viviendas de baja calidad, las inadaptaciones de los sistemas educativos;

• el número creciente de ciudadanos sin perspectivas de inserción;

• la crisis de las relaciones sociales y familiares, agravada por una deficiente educación familiar;

• las condiciones difíciles en que, a menudo, se produce la inmigración hacia las ciudades o hacia otros países;

• la destrucción de las identidades culturales de origen;

• la evolución de un deficiente entorno urbano: las zonas-dormitorio abandonadas en horas de trabajo, las zonas de habitabilidad social desprovistas de cualquier servicio en sus proximidades;

• las dificultades que encuentran muchas personas para integrarse en la comunidad a causa del mal funcionamiento de la sociedad moderna, que origina, especialmente en los jóvenes, dificultades de identificación con referentes sociales tales como la cultura, la familia, la escuela, y

• la toxicomanía.

Iniciativas locales

Entre otras recomendaciones, la Conferencia subrayó la necesidad de primar iniciativas que atiendan a determinados sectores y problemáticas:

• La infancia: una política de infancia, con especial atención a los O-3 años; unos cuidados pre y postnatales y una asistencia nutricional para las madres y los hijos; y garantizar el número de plazas en las guarderías de niños.

• Juventud. Debemos implicar a los jóvenes en las políticas preventivas de la delincuencia, en particular en lo que se refiere a la salud, al ocio, a la formación y al empleo. Debemos darles una educación de calidad y la posibilidad de adquirir los conocimientos necesarios para entrar en el mundo laboral para que puedan integrarse profesionalmente. Las empresas tienen que ofrecer empleos adaptados a los jóvenes que han tenido fracasos escolares. Debemos hacer especial hincapié en el fomento de la convivencia intergeneracional.

• Violencia familiar. Los responsables municipales y de otras instituciones tienen

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que lograr la integración en su política de las estrategias de lucha contra la violencia familiar, las agresiones sexuales y los malos tratos contra las mujeres y los niños. Los municipios tienen que desarrollar estrategias coherentes contra la violencia y la sensación de inseguridad, sobre todo en lo que concierne a las mujeres y a los ancianos.

• Vivienda y desarrollo urbano. Los organismos oficiales de la vivienda deben asegurar su calidad, así como que, en la gestión de la misma, intervengan los usuarios. El urbanismo y los programas de rehabilitación de viviendas deben contemplar técnicas y normas legales en materia de seguridad.

• Prevención de la toxicomanía. Para luchar contra la toxicomanía hay que desarrollar amplias estrategias de prevención, donde se contemple el papel que debe desempeñar la institución escolar en las mismas. Las escuelas deben organizar programas de información sobre los problemas de la droga.

• Policía y justicia penal. La policía debe apoyar las iniciativas de prevención, así como trabajar con los ciudadanos para prevenir la delincuencia y reducir el sentimiento de inseguridad. La prevención de la reincidencia delictiva necesita la ayuda de diferentes sectores, como la vivienda, el empleo, la acción social, y la puesta en marcha de alternativas comunitarias a la encarcelación. Los ciudadanos deben estar informados de los procesos que siguen a sus reclamaciones y deben poder beneficiarse de respuestas jurídicas concretas y tener derecho a una reparación. La mediación y la conciliación deben utilizarse como prevención de los conflictos.

• Formación. Los policías, jueces, trabajadores sociales, médicos y enseñantes deben seguir cursos de formación multidisciplinar para conocer mejor las características que conforman la elaboración de los programas preventivos.

• Comunicaciones. Los ciudadanos deben estar informados de los programas de prevención que se llevan a cabo a nivel local, así como de sus resultados.

De la acción local a la ayuda internacional

Un control eficaz del fenómeno de la delincuencia urbana requiere un fuerte compromiso por parte de las instituciones nacionales. Debe ponerse en evidencia la existencia de una voluntad política nacional.

En todos los casos, las estrategias y los programas preventivos tienen que ser elaborados en función de las necesidades locales, sin la limitación de los recursos locales. Los esfuerzos conseguidos en las ciudades deben ser apoyados por políticas nacionales que aporten financiación regular, que permita una adaptación permanente a los problemas observados.

A pesar de que las estrategias nacionales deben apoyarse en las fuerzas policiales, no por ello deben limitar su horizonte a las mismas en la elaboración de su política de prevención. Deben atacar las causas directas de la delincuencia. La pobreza y el paro deben ser tratados a través de una política de salarios y de rentas mínimas. Los Estados deberían posibilitar que estuvieran disponibles, en número suficiente, viviendas seguras, confortables y baratas.

Las políticas nacionales de prevención de la delincuencia deben comportar programas que se dirijan particularmente a los niños y a la juventud.

Es indispensable asegurar la coordinación de los esfuerzos de prevención entre los servicios de las diferentes instancias de gobierno, así como entre el sector público y el sector privado.

Las instancias nacionales deben desarrollar un esfuerzo en materia de investigación y crear bancos de datos sobre el control del fenómeno delictivo. Deben también proporcionar asistencia técnica y difundir los resultados de sus investigaciones a los responsables locales.

La naturaleza y la importancia de la delincuencia actual requieren que, más allá de los esfuerzos nacionales, establezcamos contactos y convenciones en el plano internacional para prevenirla y controlarla.

Es el momento de crear un banco de datos internacional que informe a todos los responsables locales de nuestros países

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sobre los programas piloto en materia de lucha contra la delincuencia. Es necesario, igualmente, favorecer el intercambio de experiencias profesionales sobre estas cuestiones.

Hay que desarrollar la cooperación internacional en materia de control de armas de fuego, de tráfico de drogas y d blanqueo de dinero.

Próximas etapas

La Federación Canadiense de Municipios, el Fórum de las Colectividades Territoriales europeas para la Seguridad Urbana y la Conferencia de alcaldes de los Estados Unidos quieren invitar a todas las autoridades públicas, así como a toda la población, a poner en marcha las conclusiones y las recomendaciones de esta declaración.

Ésta se presentará al VIII Congreso de las Naciones Unidas para la prevención de la

delincuencia y el tratamiento de los delincuentes en agosto de 1990.

Esta declaración constituirá igualmente una contribución para el Acta Urbana, en curso de elaboración, en el marco del Consejo de Europa.

Sería conveniente la búsqueda de fórmulas que permitan el seguimiento, de manera permanente, de los intercambios de información previstos en la Conferencia de Montreal. Una reunión del Comité Informativo será organizada en París antes de final de año para preparar propuestas que permitan:

• continuar el intercambio de conocimientos y de experiencias,

• poner en marcha la declaración final, y

• empezar la preparación de la II Conferencia Mundial sobre la Seguridad Urbana que tendrá lugar en Europa en 1991.