Comité sobre los Derechos de las Personascon Discapacidad17º período de sesiones20 de marzo a 12 de abril de 2017Tema 14 del programa provisionalActividades en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención

Observaciones del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca del informe del Comité sobre la investigación realizada en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención*

[Fecha de recepción: 3 de noviembre de 2016]

Índice

* * El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

GE.17-00574 (S) 080217 100217

Naciones Unidas CRPD/C/17/R.3

Convención sobre los Derechosde las Personas con Discapacidad

Distr. reservada13 de enero de 2017EspañolOriginal: inglésEspañol, inglés y ruso únicamente

CRPD/C/17/R.3

Página

Capítulo 1: Introducción................................................................................................................. 3

Capítulo 2: Respuesta a las conclusiones del informe.................................................................... 5

Sección 1: Artículo 19 (Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en lacomunidad)............................................................................................................................. 8

Sección 2: Artículo 27 (Trabajo y empleo)............................................................................ 13

Sección 3: Artículo 28 (Nivel de vida adecuado y protección social)................................... 20

Capítulo 3: Conclusión y respuesta a las recomendaciones............................................................ 23

Capítulo 1Introducción

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1. Si bien reconoce la labor realizada por el Comité para que las voces de las organizaciones y particulares que presentaron denuncias sean escuchadas, el Gobierno del Reino Unido disiente enérgicamente de las conclusiones del informe elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (“el informe”). Puede que particulares y organizaciones estén en desacuerdo con el actual enfoque de la reforma del sistema de bienestar social, pero el Gobierno no acepta la conclusión del informe de que existen pruebas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos de las personas con discapacidad.

2. El Reino Unido se enorgullece de su historial de apoyo a las personas con discapacidad para que lleven una vida más independiente y participen de manera más plena en la sociedad. Hace más de 20 años el Reino Unido aprobaba legislación para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Hoy su inversión en prestaciones para personas con discapacidad y personas con problemas de salud ronda los 50.000 millones de libras anuales, lo cual supone un aumento de 6.000 millones de libras con respecto a 2010. Esta suma representa el 2,5% del PIB, es decir cerca del 6% del gasto público. El Reino Unido gasta más en las personas con discapacidad y las personas con problemas de salud que la media de la OCDE1 y que países como Alemania, Francia y los Estados Unidos.

3. Como sólida democracia parlamentaria en la que las voces y opiniones de las personas discapacitadas tienen representación y son escuchadas, el Reino Unido es un lugar en el que los derechos de estas personas se respetan, promueven y defienden. La Ley contra la Discriminación por Motivos de Discapacidad de 1995 es reconocida internacionalmente como modelo de legislación efectiva contra la discriminación; sigue siendo la principal medida legislativa relativa a las personas con discapacidad en Irlanda del Norte2. En el resto del Reino Unido, la Ley de Igualdad de 2010 reunió en un solo lugar todos los elementos de la legislación contra la discriminación, incidiendo en el compromiso con la lucha contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las personas con discapacidad.

4. El Reino Unido apoyó la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (“la Convención”) y fue uno de los primeros países en firmarla en 2007. La Convención se ajusta al enfoque adoptado por el Reino Unido de “igualdad para la discapacidad”, que se centra en la inclusión y la integración, con la prestación de apoyo adicional cuando sea necesario, y en la participación de las personas con discapacidad en la adopción de las decisiones que afecten a sus vidas.

5. La aspiración del Reino Unido, respaldada por sus marcos legislativos, es que las personas discapacitadas tengan las mismas oportunidades de encontrar trabajo que las demás, velando al mismo tiempo por que las personas que no puedan trabajar a causa de una discapacidad o un problema de salud reciban el apoyo que necesitan. Este Gobierno propugna el trabajo por su capacidad para transformar la vida de las personas; no solo porque cree un sentido de valor y seguridad económica, sino también por sus beneficios para la salud física y mental y el bienestar de la persona. Este es el principio subyacente del programa de reformas sociales del Gobierno, uno de los ejes del informe.

6. El informe reconoce que a escala nacional se pone de manifiesto que el sistema de bienestar social, junto con el sistema de atención social y de la salud, ofrecen una sólida base para la protección de los derechos de las personas con discapacidad que ha permitido a esas personas alcanzar un grado aceptable de autonomía e independencia. También

1 http://www.oecd.org/social/expenditure.htm.2 La política de igualdad es una competencia descentralizada en Irlanda del Norte. El marco de

políticas sobre las personas discapacitadas tiene por título “A Strategy to Improve the Lives of People with Disabilities 2012-2015” (prorrogada hasta 2017). El ejecutivo de Irlanda del Norte se ha propuesto elaborar un plan de acción detallado para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas como parte de su programa de gobierno.

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reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la libertad de elección y el control mediante un aumento del nivel de personalización y localización de sus servicios3.

7. El informe tiene un alcance muy limitado y, por ello, ofrece una visión inexacta de la vida de las personas con discapacidad en el Reino Unido. El Gobierno considera que, además de los cambios realizados en el sistema de bienestar social, es importante examinar las mejoras de carácter más amplio que se han introducido en aras de un mayor respeto por los derechos de las personas con discapacidad. El Informe no refleja importantes medidas, como:

• Los presupuestos personales creados para incrementar la capacidad de elección y control sobre las modalidades de asistencia y vivienda;

• Las mejoras de accesibilidad en vivienda y transporte;

• La amplia gama de apoyo laboral a disposición de las personas con discapacidad;

• Las medidas de protección financiera, como las desgravaciones fiscales y los créditos para pensionistas, así como el hecho de que no se apliquen a las prestaciones por discapacidad el principio del límite máximo de prestaciones y la congelación de prestaciones.

8. El enfoque del Gobierno se expone en “Improving Lives”, el nuevo Libro Verde sobre trabajo, salud y discapacidad, que examina diversas opciones para llevar a cabo una reforma a largo plazo en diferentes sectores centrada en los factores que contribuyen a la brecha en el empleo en el ámbito de la discapacidad y tiene por objeto fomentar el consenso para lograr el cambio. Sus propuestas abarcan el papel que juegan el sistema de bienestar, el de sanidad y asistencia social, los empleadores y la sociedad en su conjunto para que todas las personas con discapacidad y las personas con problemas de salud reciban el apoyo necesario para llegar tan lejos como se lo permita su talento.

9. El Gobierno tienen la firme intención de procurar de manera continuada mejoras para las personas con discapacidad, impulsando iniciativas para aumentar la inclusión y acabar con los obstáculos que puede haber a la participación:

• Invertir en un sistema de asistencia más integrado mediante una planificación local ha supuesto la creación por el Gobierno del Fondo Better Care, con una dotación de 5.300 millones de libras para el ejercicio 2015/16 (está previsto mantenerlo después de 2016);

• El proyecto de reducir a la mitad la brecha de empleo entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad (situada actualmente en 32,2 puntos porcentuales) corre a cargo de la nueva Dependencia de Salud y Trabajo;

• Impulsar un enfoque integrado del trabajo y la salud, según lo dispuesto en el Libro Verde, publicado el 31 de octubre de 2016.

10. Si bien sigue aumentando y mejorando el apoyo que presta a las personas con discapacidad el Gobierno se enorgullece de los logros alcanzados:

• Casi 500.000 personas con discapacidad más han encontrado empleo desde 2013;

• Se han aumentado los fondos destinados al programa “Access to Work”, diseñado para facilitar el acceso al trabajo, con el fin de lograr 25.0004 nuevos beneficiarios antes de 2020;

• El 22% de quienes reciben ayuda para iniciar su propio negocio en el marco de la prestación “New Enterprise Allowance” declaran tener una discapacidad.

3 Investigación sobre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realizada por el Comité en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención (UNIUK), párr. 64.

4 Esta cifra puede variar tras una revisión detallada del método de recopilación de datos estadísticos.

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11. El Gobierno no se limita a defender los derechos de las personas con discapacidad en el Reino Unido. El Departamento de Desarrollo Internacional apoya los esfuerzos de otros países para asegurar la igualdad y la plena participación de las personas con discapacidad; como se pone de manifiesto en su Marco de Discapacidad, que tiene por objeto asegurar la inclusión y participación sistemática de las personas con discapacidad en los beneficios de la ayuda internacional para el desarrollo y la asistencia humanitaria. El año pasado, el Departamento colaboró con la Alianza Internacional de la Discapacidad para crear el grupo Global Action on Disability, con el fin de estimular la adopción de nuevas medidas sobre inclusión de la discapacidad.

12. En la respuesta se exponen las iniciativas del Gobierno que evidencian el cumplimiento de los artículos investigados. Todos los departamentos gubernamentales tienen la responsabilidad de velar por que sus políticas sean inclusivas y estén en consonancia con las obligaciones dimanantes de la Convención. El Gobierno se compromete a mantener la tónica de progreso del Reino Unido en lo que se refiere a asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir su vida en condiciones de plena igualdad.

Capítulo 2Respuesta a las conclusiones del informe

Conclusiones generales

13. El Gobierno considera que sus políticas y prácticas cumplen las obligaciones establecidas en la Convención y abordan los obstáculos utilizando el modelo social de la discapacidad adoptado por el Comité y el sector de la discapacidad. El Gobierno reitera su opinión de que las reformas examinadas en el informe son correctas en la medida en que permiten que exista un sistema sostenible que sigue protegiendo a las personas más vulnerables y proporciona ayuda a quienes pueden trabajar para hacerlo así. El Gobierno pone todo su empeño en ofrecer asistencia allí donde es necesaria; así lo demuestra el hecho de que el gasto en asistencia para las personas con discapacidad y las personas con problemas de salud en términos reales vaya a ser más alto cada año hasta 2020 que en 20105.

14. En el informe se afirma acertadamente que el enfoque de la reforma del sistema de bienestar social es que “las personas están mejor cuando trabajan”6. Esta afirmación se sustenta en una sólida base de pruebas que demuestran que el trabajo suele ser bueno para la salud física y mental y el bienestar7. Ello incluye estudios internacionales que establecen una relación entre la duración del desempleo y un mayor riesgo de mortalidad y enfermedad8.

5 Cálculo realizado a partir del cuadro 1A y las tablas del gasto en prestaciones y el número de casos del Departamento de Empleo y Jubilaciones de 2016; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524240/outturn-and-forecast-budget-2016.xlsx.

6 UNIUK, párr. 83.7 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214326/hwwb-

is-work-good-for-you.pdf; http://www.employabilityinscotland.com/media/83147/worklessness-and-health-what-do-we-know-about-the-relationship.pdf; https://www.researchgate.net/publication/222029702_Unemployment_Impairs_Mental_Health_Meta-Analyses; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21330027; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547020/; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22465382.

8 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3702026/.

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La obligación de igualdad en el sector público9

15. El Gobierno desea corregir una interpretación errónea de la obligación de igualdad en el sector público establecida en la Ley de Igualdad de 201010 (aplicable en Inglaterra, Escocia y Gales)11. Esta obligación no exige realizar evaluaciones de los efectos de la igualdad, pero sí requiere que las autoridades públicas tengan debidamente en cuenta la necesidad de:

• Eliminar la discriminación, el acoso, la victimización y cualquier otra conducta prohibida por la Ley;

• Promover la igualdad de oportunidades entre las personas con unas características determinadas que requieren protección y las personas que no las tienen; y

• Fomentar las buenas relaciones entre las personas con unas características determinadas que requieren protección y las personas que no las tienen.

16. Para ello los funcionarios analizan los efectos de todas las propuestas de políticas en las personas con unas características determinadas que requieren protección (incluida la discapacidad) recogidas en la Ley. Los ministros examinan oficialmente dicho análisis a la hora de tomar decisiones.

17. La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos y su equivalente en Escocia12

son órganos independientes establecidos por ley encargados de hacer cumplir, supervisar y evaluar la forma en que los organismos públicos cumplen la obligación de igualdad en el sector público. La Comisión tiene atribuciones para emitir notificaciones sobre el cumplimiento a los entes públicos incumplidores. La Comisión ha emprendido actividades de supervisión para comprender la forma en que los distintos entes públicos cumplen la citada obligación y las disposiciones subsidiarias relativas a las “obligaciones específicas” (incluido un examen de la asignación presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda), y todas sus conclusiones se publican13.

18. La Ley de Igualdad de 2010 sirve para garantizar que los responsables políticos del Reino Unido tengan plenamente en cuenta los derechos de las personas con discapacidad. Este enfoque asegura que las autoridades públicas asuman la responsabilidad de examinar las repercusiones de todas las políticas para las personas con discapacidad, y no solo las políticas relacionadas con la discapacidad, y está en consonancia con lo dispuesto en la Convención en relación con la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad14.

Asistencia jurídica

19. También cabría hacer algunas puntualizaciones sobre el acceso de las personas con discapacidad a los tribunales para recurrir decisiones relativas a las prestaciones sociales15. La asistencia letrada no era una opción a efectos de representación ante el tribunal de primera instancia antes de las reformas de dicha asistencia, aunque sí lo era la asistencia con fines de asesoramiento. Ello se debe a que dicho tribunal es informal y no judicial, por lo que no había necesidad de representación legal. Sigue habiendo asistencia jurídica para

9 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/149.10 UNIUK, párr. 86.11 No se aplica a Irlanda del Norte.12 La Ley de Igualdad no se aplica en Irlanda del Norte. En su lugar, el artículo 75 de la Ley de

Irlanda del Norte de 1998 impone a las autoridades públicas, en el desempeño de sus funciones, la obligación de tener debidamente en cuenta la necesidad de promover la igualdad de oportunidades de las personas clasificadas en nueve categorías específicas, entre las que figura la de “Personas con discapacidad y personas sin discapacidad”.

13 https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/monitoring-and-enforcement.14 http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml, pág. 1.15 UNIUK, párr. 92.

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acceder a la justicia, para quienes cumplan los requisitos establecidos, en los casos de más alta prioridad, incluidas las controversias con autoridades locales en relación con los servicios de asistencia comunitaria para las personas con discapacidad, las denuncias por discriminación y la reclamación de prestaciones sociales no liquidadas en incumplimiento de la Ley de Igualdad de 2010.

20. También se ofrece asistencia jurídica para las revisiones judiciales, incluidas las relativas a las políticas de prestaciones sociales. Se presta asesoramiento para asuntos de discriminación mediante el servicio de asesoramiento legal civil (Civil Legal Advice), que consta de una línea telefónica y una herramienta en línea de fácil acceso, que cuenta con una serie de adaptaciones y ajustes razonables. Los cambios en la asistencia jurídica no han restringido el acceso al procedimiento de apelación. Tampoco el procedimiento obligatorio de reconsideración, introducido en 2013 con el fin de posibilitar la corrección de decisiones anteriores, ha limitado el derecho de apelación, aún disponible en caso necesario.

Conductas agresivas y hostilidad

21. En el informe se alude a un retrato negativo de las personas con discapacidad en relación con las prestaciones sociales, y un presunto aumento de los incidentes hostiles y agresivos sufridos por estas personas16. Este tipo de comportamiento hacia las personas con discapacidad es inaceptable y requiere que siga prestándosele atención. El Gobierno disiente de la afirmación de que los delitos motivados por prejuicios en razón de la discapacidad van en aumento en el Reino Unido. El ascenso de las cifras oficiales en Inglaterra y Gales (de 1.748 delitos en 2011 a 3.629 delitos en 2015/16)17 parece deberse en gran medida a un aumento en el número de denuncias y no a un incremento significativo de los incidentes. Esto demuestra que existe una mayor conciencia del delito y que ha aumentado la confianza en un tratamiento apropiado por parte de las autoridades. Así lo confirma el incremento del número de condenas, que han pasado de 503 en 2014/15 a 707 en 2015/1618, tras la formación adicional impartida a los fiscales.

22. La Fiscalía del Estado sigue ocupándose de la cuestión a través de una consulta popular19 sobre su primera declaración de políticas públicas relativa a los delitos contra las personas con discapacidad. Esta declaración tiene por objeto asegurar a personas con discapacidad que hayan sido víctimas, y a testigos, familiares, comunidades y público en general que la Fiscalía del Estado es consciente de la gravedad de esos delitos. En consonancia con la obligación dimanante de la Convención de incluir a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones, la declaración se elaboró junto al Grupo Nacional de Control de la Hostilidad contra la Discapacidad de la Fiscalía, entre cuyos miembros hay organizaciones de personas con discapacidad.

Sección 1Artículo 19 (Derecho a vivir de forma independientey a ser incluido en la comunidad)

23. El Gobierno está decidido a ayudar a las personas con discapacidad a ejercer su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, lo cual comprende la defensa del derecho de elección y control de la residencia y la atención de la salud. Se han adoptado importantes medidas para proteger el derecho de elección de la residencia y el acceso a diversas ayudas para posibilitar una vida independiente.

16 UNIUK, párr. 85.17 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/559319/hate-

crime-1516-hosb1116.pdf, pág. 4.18 http://www.cps.gov.uk/publications/docs/cps_hate_crime_report_2016.pdf, pág. 30.19 http://www.cps.gov.uk/consultations/.

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24. El Gobierno quiere que todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, tengan más control de sus servicios de atención de la salud y asistencia social. La personalización ofrece a las personas mayor capacidad de elección, control e independencia y les permite elegir los servicios de asistencia y apoyo que mejor se adaptan a sus necesidades. La Ley de Asistencia de 2014 (aplicable únicamente en Inglaterra) 20

exige que toda persona que reciba servicios de asistencia y apoyo para adultos disponga de un presupuesto personal en el marco de su plan de asistencia y apoyo. Las personas con discapacidad, sus cuidadores (y su representante, de ser necesario) han de participar en el proceso de planificación de la asistencia, así como en las decisiones que les afectan.

25. Se ha dotado de presupuestos a las autoridades locales para que sea posible adoptar más decisiones a nivel local en lo tocante a la asistencia social para adultos, en consonancia con la importancia que la Convención concede a la comunidad. Entre los ejercicios 2011/12 y 2014/15, el gasto total en asistencia social para adultos, incluidos los fondos transferidos desde el Servicio Nacional de Salud, se ha mantenido constante en términos de caja. Además, se consignaron una serie de fondos adicionales en la revisión del gasto de 2015 para financiar los servicios de asistencia social:

• Financiación adicional a través del Fondo Better Care para apoyar una mayor integración de los servicios de salud y asistencia social, por valor de 1.500 millones de libras para 2019/20;

• Desde abril de 2016, las autoridades locales con competencias en el ámbito de la asistencia social pueden recaudar fondos cobrando una cantidad preceptiva por concepto de asistencia social (puede alcanzar un total de 2.000 millones de libras hasta 2019/20); los fondos así recaudados se emplearán para reforzar los servicios de asistencia social.

Esto significa que las autoridades locales tendrán acceso a los fondos necesarios para aumentar su gasto en asistencia social en términos reales antes del final de la legislatura.

26. Entre las iniciativas para proteger los derechos de las personas con discapacidad en el marco del artículo 19 figuran:

• “Building the Right Support” (Creando el apoyo adecuado) (octubre de 2015), que define como objetivo nacional cerrar entre el 35% y el 50% de la capacidad hospitalaria de pacientes ingresados para personas con discapacidad de aprendizaje en un plazo de tres años, creando en su lugar más capacidad comunitaria y reduciendo los internamientos inadecuados.

• “No Voice Unheard, No Right Ignored” (Ninguna voz no escuchada, ningún derecho ignorado)21, que vela por los derechos de las personas con discapacidad de aprendizaje, autismo o problemas de salud mental, centrándose en mejorar la vivienda y el alojamiento de estas personas.

• “Disabled Facilities Grants” (Subvenciones de instalaciones para personas con discapacidad), que ofrece subvenciones en función de los ingresos para ayudar a las personas con discapacidad a sufragar el costo de adaptar su hogar para aumentar el nivel de accesibilidad con arreglo a sus necesidades. Este fondo se ha integrado en el Fondo Better Care con un presupuesto que rondará los 500 millones de libras en 2020, lo que demuestra la voluntad del Gobierno de ayudar a las personas con discapacidad a que vivan de forma independiente.

• “The Care and Support Specialised Housing Fund” (Fondo especializado en asistencia y apoyo), que destina 260 millones de libras para que proveedores inmobiliarios especializados satisfagan las necesidades de las personas de edad y los adultos con discapacidad o con problemas de salud mental.

20 En el presente documento solo se alude a la Ley de Asistencia, aplicable exclusivamente en Inglaterra, ya que es la única ley de asistencia social citada en el informe UNIUK.

21 https://www.gov.uk/government/consultations/strengthening-rights-for-people-with-learning-disabilities.

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27. El Gobierno también se está ocupando de reducir las barreras en el entorno construido. Las viviendas construidas a partir de 2001 suelen ser accesibles gracias al apartado M de la normativa sobre edificación (introducida en 1999); por ejemplo, las viviendas construidas a partir de 2001 suelen tener acceso nivelado (68%) y baño en la planta baja (93%), a diferencia de las construidas antes de 2001 (un 13% y un 61%, respectivamente)22.

28. En marzo de 2015, el Departamento de Comunidades y Gobierno Local presentó una nueva forma de establecer las normas técnicas de edificación en Inglaterra. Sobre la base del apartado M se definen dos nuevas normas técnicas optativas23 en materia de urbanismo accesible y accesibilidad en silla de ruedas que permiten adaptar el urbanismo accesible a una mayor diversidad de personas con discapacidad. Las autoridades urbanísticas locales pueden adoptar estas normas optativas para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad en el terreno de la vivienda.

29. El Gobierno también ha alentado al sector de la construcción a que incorpore en su práctica el diseño inclusivo y la idea del entorno accesible:

• El Plan de Acción por un Entorno Inclusivo24 encomienda a los líderes del sector la labor de difundir y promover los beneficios de la igualdad y la accesibilidad; el Centro de Entornos Inclusivos25 recaba experiencias mundiales sobre diseño accesible;

• Un proyecto educativo y profesional sobre el entorno construido26 promueve la capacitación en materia de diseño inclusivo para los profesionales de esta especialidad; con el apoyo de 18 de las instituciones más reputadas del sector, ejerce su influencia en la próxima generación de arquitectos y urbanistas;

• El proyecto “Accessible Britain Challenge”27 y los premios que ha obtenido alientan a las comunidades a ser más accesibles e inclusivas.

30. En cuanto a los servicios e instalaciones comunitarios, el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes publicó su estrategia de deportes en diciembre de 201528. Dicha estrategia comprende medidas específicas para las personas con discapacidad, como una representación adecuada de estas personas entre los voluntarios, trabajadores y responsables del mundo del deporte. En Inglaterra, la estrategia deportiva “Hacia una nación activa”29 confirma un interés creciente por animar a grupos menos activos, incluidas las personas con discapacidad, a aumentar su nivel de actividad; en el marco de dicha estrategia se anunció la creación de un nuevo fondo específico de 120 millones de libras para combatir la inactividad en los próximos cuatro años. El Gobierno tiene previsto presentar un informe oficial al Parlamento a principios del año próximo sobre los avances realizados en la puesta en marcha de la estrategia.

22 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/539541/Adaptations_and_Accessibility_Report.pdf, pág. 3.

23 http://planningguidance.communities.gov.uk/blog/guidance/housing-optional-technical-standards/accessibility-and-wheelchair-housing-standards/.

24 https://www.gov.uk/government/news/creating-inclusive-buildings-and-design. 25 http://www.designcouncil.org.uk/what-we-do/inclusive-environments.26 https://www.gov.uk/government/collections/built-environment-professional-education-

project. 27 https://www.gov.uk/accessiblebritain. 28 https://www.gov.uk/government/publications/sporting-future-a-new-strategy-for-an-active-

nation.29 https://www.sportengland.org/news-and-features/news/2016/may/19/sport-england-triples-

investment-in-tackling-inactivity/.

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31. El Departamento de Transporte está reforzando la normativa para mejorar la accesibilidad del transporte público. Con el programa “Acceso para todos”30 (prorrogado en 2014 con una aportación adicional de 160 millones de libras) se aumenta la accesibilidad del sistema ferroviario con la renovación de la infraestructura de las estaciones de ferrocarril del Reino Unido. En todas las estaciones de ferrocarril se imparte formación sobre concienciación respecto de la discapacidad y también lo hacen numerosas empresas de autobuses. Los anuncios audiovisuales en autobuses y trenes han aumentado, en beneficio de las personas con discapacidad; y todos los autobuses tienen que ser accesibles a más tardar en 2017 (ahora ya lo son los de un solo piso).

Examen de algunas conclusiones específicas

Elección y control de la asistencia y el lugar de residencia

32. El informe reconoce la tendencia a una mayor personalización de las medidas de asistencia31 en el Reino Unido. Sin embargo, a continuación afirma que la Ley de Asistencia de 2014 no se ajusta al artículo 19 en lo que se refiere a dar a las personas con discapacidad mayor derecho de elección y control32. El Gobierno está en franco desacuerdo con esta afirmación. En la exposición normativa se aborda explícitamente esta cuestión en el siguiente pasaje:

“Aunque no se menciona específicamente en la forma en que se define el ‘bienestar’, el concepto de ‘vida independiente’ es una parte fundamental del principio del bienestar. El artículo 1 de la Ley de Asistencia incluye cuestiones como el control por parte de la persona de la vida cotidiana, la idoneidad de la vivienda, la contribución a la sociedad, y lo que es más importante, exige a las autoridades locales que tengan presentes las opiniones, los deseos, los sentimientos y las creencias de cada persona. El principio de bienestar tiene por objeto abarcar los componentes fundamentales de la vida independiente, según se expresa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en particular, en el artículo 19 de la Convención). Ayudar a las personas a vivir con la mayor independencia posible, durante el mayor tiempo posible, es un principio rector de la Ley de Asistencia.”33

33. En el informe preocupa que las reformas del sistema de bienestar hayan limitado los derechos de las personas con discapacidad a elegir su lugar de residencia34. La legislación de Inglaterra vela por que las personas que por imperativos médicos y sociales, como la discapacidad, necesiten una vivienda social tengan prioridad para las autoridades locales en la asignación de viviendas sociales. La exposición normativa correspondiente35 también habla específicamente de satisfacer las necesidades de los adultos jóvenes con discapacidad de aprendizaje que desean vivir de forma independiente en la comunidad. Además, según la normativa36, todos los arrendadores sociales han de prever y llevar a cabo procesos de asignación de espacio que permitan una utilización efectiva por todos los arrendatarios reales y posibles, incluidas las personas que necesitan asistencia.

30 https://www.gov.uk/government/collections/access-for-all-programme. 31 UNIUK, párr. 88.32 UNIUK, párr. 88.33 https://www.gov.uk/guidance/care-and-support-statutory-guidance/general-responsibilities-

and-universal-services. 34 UNIUK, párrs. 97 y 98.35 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

5918/2171391.pdf. 36 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419209/

Tenancy_Standard_2015.pdf.

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34. La eliminación del “subsidio para la habitación extra” tuvo por objeto restablecer la justicia al igualar los criterios de tamaño para la concesión de ayudas a la vivienda en el sector de los alquileres sociales y privados. Con arreglo a la obligación de igualdad en el sector público, el examen de los efectos de dicha política en las personas con características que requieren protección dio lugar a un aumento de los fondos destinados a los pagos discrecionales para la vivienda, en reconocimiento del hecho de que algunas personas podrían necesitar un apoyo adicional para lograr pagar su alquiler. Además se contempla el dormitorio extra en el caso de los niños con discapacidad que no pueden compartir habitación con sus hermanos o cuidadores nocturnos no internos, y de este modo se protege a las personas vulnerables que, de lo contrario, podrían verse excesivamente afectadas.

35. En el informe se observa de manera general que las medidas de mitigación son temporales37. El fondo de pagos discrecionales, facilitado a las autoridades locales para atender a las prioridades en materia de vivienda de las personas que tengan derecho a ello, asciende a un total de 870 millones de libras para esta legislatura. Entre 2011 y el final de la presente legislatura, el Gobierno habrá transferido a las autoridades locales unos 1.000 millones de libras en concepto de pagos discrecionales para ayudar a las personas afectadas a adaptarse a las reformas. El informe también alude al aumento de los casos de endeudamiento y desahucio a raíz de la reducción del “subsidio por habitación extra”38. Una evaluación independiente39 sobre dos años no constató un aumento apreciable de los desalojos por ese motivo e indicó que la mayoría de los que se habían producido hasta noviembre de 2014 concernían a arrendatarios que ya iban atrasados en sus pagos antes o que no habían abordado la cuestión con el propietario. En vista de ello y dadas las medidas adicionales adoptadas para proteger a las personas con discapacidad, el Gobierno no cree que el derecho de estas personas a elegir y controlar su lugar de residencia en igualdad de condiciones con las demás se haya visto afectado.

36. El alojamiento asistido es fundamental en la vida de muchas personas vulnerables, ya que contar con un lugar seguro, estable y propicio para vivir puede ser un importante paso hacia una vida independiente a largo plazo. El Gobierno valora la importancia del alojamiento asistido y se ha propuesto promover su desarrollo a fin de satisfacer la demanda futura. El alojamiento asistido estará exento de la aplicación de las tasas de vivienda locales en el sector de los alquileres sociales hasta el ejercicio 2019/20, momento en que se introducirá un nuevo modelo de financiación. De esa manera se asegurará que el sector mantenga la financiación al nivel actual, teniendo en cuenta los efectos de la política del Gobierno en los alquileres del sector social.

Los niveles de prestación de servicios de asistencia

37. El Gobierno cerró el Fondo para una Vida Independiente con el fin de integrar a sus usuarios en el sistema de asistencia social general. En Inglaterra, los fondos asignados a dicho Fondo se desviaron a las autoridades locales tras la aprobación de la Ley de Asistencia de 2014. Dicha Ley obliga a las autoridades locales inglesas a evaluar los casos de adultos con necesidades de asistencia y apoyo para satisfacer las necesidades de las personas consideradas con derecho a recibir apoyo. Se introducen así unos niveles mínimos, no un gasto mínimo, ya que el Gobierno considera que lo que importa es la calidad de la asistencia. Los antiguos usuarios del Fondo ahora tienen garantizados legalmente los servicios de asistencia y apoyo que les corresponden, mientras que antes quizá estuvieran a expensas del fideicomiso discrecional del Fondo. Las autoridades locales

37 UNIUK, párr. 94.38 UNIUK, párr. 97.39 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506407/rsrs-

evaluation.pdf.

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cuentan con una financiación total a este respecto, al menos durante lo que queda de legislatura.

38. El planteamiento actual de la financiación de los servicios de atención social a adultos en Inglaterra combina la flexibilidad necesaria para optimizar el apoyo a nivel local con el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales con arreglo a la Ley de Asistencia de 2014. La Ley introdujo un nuevo umbral nacional de acceso a la asistencia social para adultos, vigente desde el 1 de abril de 2015, que establece como nivel mínimo para acceder a la asistencia el nivel en que las necesidades de una persona tienen repercusiones importantes en su bienestar. Ahora, todas las autoridades locales han de alcanzar o rebasar ese umbral. Como se ha señalado anteriormente, la personalización es un aspecto fundamental de la Ley de Asistencia de 2014. La Ley establece que las autoridades locales deben elaborar los planes de asistencia teniendo en cuenta la opinión de la persona y lo que desea lograr en su vida cotidiana, como vivir de forma independiente. Las autoridades locales no deben limitar arbitrariamente el gasto para satisfacer las necesidades de asistencia de una persona; ello iría en contra del principio de situar a las personas en el centro y no sería compatible con el derecho público.

39. El Gobierno se tomó muy en serio su deber de consulta en lo relativo al cierre del Fondo40 y facilitó el proceso de consulta acerca de la respuesta en consonancia con la obligación contraída de acuerdo con la Convención de involucrar a las personas con discapacidad de manera significativa en los procesos de toma de decisiones. El Tribunal de Apelación no adoptó ninguna decisión sobre el fondo respecto del cierre del Fondo, pero consideró que el análisis de igualdad inicial incumplía la Ley de Asistencia de 2010. Se presentó un nuevo análisis de igualdad que el Tribunal Superior declaró apto desde el punto de vista de la obligación de igualdad en el sector público. Tanto el Tribunal Superior como el Tribunal de Apelación estimaron que la consulta había sido justa, adecuada e imparcial. El Gobierno tiene previsto estudiar el impacto del cierre del Fondo, tarea que debe estar concluida a finales de este año y se llevará a cabo mediante una serie de entrevistas con antiguos usuarios y autoridades locales.

40. La asistencia social es una competencia transferida a las administraciones descentralizadas para que puedan responder mejor a las necesidades específicas de cada población. Por ejemplo, el Gobierno de Escocia ha previsto una partida adicional a tres años vista de más de 500 millones de libras para ayudar a las asociaciones de salud y asistencia social a establecer nuevas formas de trabajar, sumados a otros 250 millones de libras anuales para preservar y ampliar los servicios de asistencia social. El Gobierno de Gales ha optado por destinar 10 millones de libras adicionales en 2015/16 y 21 millones de libras en 2016/17 para aliviar las presiones de las autoridades locales en lo que se refiere a los servicios de asistencia social para adultos.

Sección 2Artículo 27 (Trabajo y empleo)

41. El Gobierno tiene el firme compromiso de hacer valer el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y el empleo. Las personas con discapacidad deben tener las mismas posibilidades de gozar de los beneficios del trabajo, de ahí la ambición del Gobierno de reducir a la mitad la brecha laboral en razón de la discapacidad, que se sitúa actualmente en 32,241 puntos porcentuales. El enfoque restrictivo del informe, que se centra en los procesos de concesión del subsidio de apoyo al empleo sin tener apenas en cuenta los programas de

40 UNIUK, párr. 99.41

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/labourmarketstatusofdisabledpeoplea08.

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ocupación, no refleja adecuadamente el apoyo que tienen a su disposición las personas con discapacidad para trabajar en el Reino Unido. En esta sección se exponen las iniciativas públicas concebidas para elevar el número de personas con discapacidad que tienen empleo, que ha aumentado en cerca de 500.000 personas desde 201342, lo que pone de manifiesto el compromiso con el artículo 27. Ello debe ser considerado en un contexto más amplio marcado por la mejora en la accesibilidad a la vivienda, los transportes y la atención social43 y por la legislación que obliga a los empleadores a ofrecer ajustes razonables, lo cual reduce las barreras al empleo.

42. La creación de la Dependencia de Trabajo y Salud es una prueba de la voluntad de hacer realidad esta ambición y del reconocimiento de que hace falta un nuevo enfoque con respecto al apoyo al empleo. La Dependencia, que reúne al Departamento de Trabajo y Pensiones y al Departamento de Salud, tiene como objetivo mejorar los indicadores de empleo y de salud de las personas con problemas de salud y con discapacidad; la Revisión del Gasto Público de 2015 consignó 115 millones de libras a tal fin. Ello implica trabajar sobre la base de un Libro Verde de reciente publicación, que inicia las consultas sobre propuestas para mejorar el apoyo laboral de que disponen las personas con discapacitadas y las personas con problemas de salud. Las consultas, celebradas en colaboración con las personas con discapacidad, aseguran el mayor alcance posible gracias al uso de plataformas digitales junto con métodos de consulta más tradicionales, como un grupo asesor de expertos.

43. El Libro Verde hace públicos varios anuncios, tales como:

• La oferta de un apoyo considerable a las personas con discapacidad y las personas con problemas de salud en forma de un nuevo paquete de apoyo personal y un nuevo formato de intercambio de opiniones sobre salud y empleo con las personas que reciben el subsidio de apoyo al empleo;

• La reforma o la expansión de los actuales planes públicos de apoyo a los empleadores;

• Planes para ampliar el acceso a terapias psicológicas e incrementar en más del doble el número de asesores laborales en estos servicios.

44. Asimismo, la Dependencia está creando una base empírica de medidas efectivas que podrían reforzarse para ayudar a las personas con problemas de salud y con discapacidad a conseguir trabajo y mejorar la prevención de las bajas por enfermedad de las personas con riesgo de abandonar el mercado laboral. Reconociendo la incidencia al alza de las enfermedades de salud mental, se han destinado 43 millones de libras a poner a prueba una serie de modelos integrados de prestación de servicios, a fin de consolidar la base empírica de lo que funciona.

45. La Revisión del Gasto Público de 2015 también delimitó una partida que ascenderá a 130 millones de libras anuales para el nuevo programa “Work and Health” una vez que esté en pleno funcionamiento. Este programa empezará a funcionar en Inglaterra y Gales en 2017, una vez finalicen las remisiones a los programas “Work Choice” y “Work Programme”44. Se centrará en ofrecer el mejor apoyo posible a las personas con discapacitdad (y a otras personas) para que encuentren un trabajo duradero. Aún no se ha adoptado ninguna decisión sobre el programa futuro, pero se espera que los proveedores demuestren cómo alentarán una mayor integración con los servicios locales y los servicios de salud para apoyar el empleo. El diseño final se basará en los puntos fuertes y la experiencia de contratos anteriores, la participación del mercado y los comentarios de las

42

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/labourmarketstatusofdisabledpeoplea08.

43

44

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partes interesadas. Se consultó a organizaciones que representan a las personas con discapacidad para que dieran su opinión sobre el concepto.

46. El apoyo que actualmente se presta a las personas con discapacidad incluye tanto apoyo general como especializado. Los orientadores laborales de las oficinas de empleo “Jobcentre Plus” ofrecen apoyo personalizado para volver al mercado laboral que incluye oportunidades de voluntariado, mejora de las competencias, experiencia laboral y actividades locales a través del Fondo de Apoyo Flexible45. Ayudan a las personas a reflexionar acerca de sus objetivos y aspiraciones laborales y tener autonomía para adaptar los requisitos a las capacidades y circunstancias de la persona. Todos los orientadores laborales tienen la formación necesaria para apoyar a las personas con necesidades complejas, como las personas con discapacidad, y cerca de 1.500 nuevos orientadores están preparándose para obtener una acreditación profesional con reconocimiento externo. Las oficinas de empleo “Jobcentre Plus” también cuentan con más de 200 asesores laborales especializados en discapacidad, y además se está en proceso de contratar a otros 300.

47. El apoyo especializado incluye:

• El programa “Access to Work”, que ofrece apoyo práctico y financiero para sufragar los gastos adicionales en que incurren las personas cuya salud o discapacidad afecte a la forma en que realizan su trabajo, cuando los ajustes vayan más allá de lo que “razonablemente” cabe esperar de los empleadores. El programa cubre gastos como el transporte al lugar de trabajo y asistentes y ayudó a más de 36.000 personas con discapacidad a entrar o permanecer en el mercado laboral durante 2015 y 2016. El Gobierno ha anunciado un aumento en términos reales de la financiación46

con el fin de elevar en 25.00047 el número de personas que accedan a este servicio hasta el final de legislatura y recientemente ha puesto en marcha un proceso de solicitud en línea para hacerlo más flexible y accesible.

• El programa “Access to Work’s Mental Health Support Service” está realizando una prueba de dos años de duración que consiste en prestar apoyo específico a aprendices con problemas de salud mental.

• La iniciativa “New Enterprise Allowance”48 presta asistencia a personas desempleadas que desean poner en marcha su propia empresa. Aproximadamente el 22% de las personas que han participado en este plan han declarado una discapacidad49.

• El programa “Work Choice”, presta apoyo a las personas cuyo acceso al empleo se ve obstaculizado por barreras complejas relacionadas con la discapacidad. La participación en este programa es voluntaria y no es condición necesaria para recibir prestaciones sociales. Desde

45 El Fondo de Apoyo Flexible no opera en Irlanda del Norte, pero el Departamento de Comunidades ofrece un fondo discrecional para orientadores que puede sufragar un máximo de 300 libras al año a modo de asistencia financiera para que los usuarios puedan eliminar algunas barreras que impiden su acceso al mercado de trabajo y estudia en la actualidad una serie de medidas de apoyo para que los solicitantes de ayudas se incorporen al mercado laboral. Se espera que en otoño de 2016 se adopte una decisión sobre el tipo de apoyo que se prestará.

46 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/479749/52229_Blue_Book_PU1865_Web_Accessible.pdf, párr. 1.131.

47 Estos datos pueden variar una vez analizada en detalle la metodología de elaboración de estadísticas.

48 No existe ningún plan similar en Irlanda del Norte. No obstante, el Departamento de Comunidades está estudiando en estos momentos un conjunto de medidas de apoyo para que los solicitantes de ayudas puedan incorporarse al mercado de trabajo, también como trabajadores por cuenta propia. Se espera una decisión en otoño de 2016.

49 Pág. 6: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/532641/nea-official-stats-to-march-2016.pdf.

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octubre de 2010, 97.000 personas han participado en “Work Choice” y se ha conseguido cubrir 41.000 puestos de trabajo50.

48. El Gobierno creó el servicio “Fit for Work” en 2015 para prestar apoyo a las personas cuya discapacidad o cuyos problemas de salud dan lugar a bajas laborales de larga duración. Este servicio ofrece evaluaciones de salud ocupacional y asesoramiento general en materia de salud y trabajo a empleados, empleadores y médicos generalistas con el fin de ayudar a las personas a seguir trabajando o reincorporarse al trabajo. Este apoyo también incluye acceso a una exención fiscal de un máximo de 500 libras anuales por cada empleado que siga tratamientos médicos recomendados por “Fit for Work” o por un servicio de salud ocupacional designado por el empleador. Casi el 20% de los empleados que tienen una discapacidad presentaban una baja por enfermedad de larga duración al año, en comparación con la proporción inferior al 5% registrado entre las personas que no tienen una discapacidad, lo cual quiere decir que “Fit for Work” está en condiciones de ayudar a los empleados que tienen una discapacidad a que sigan trabajando.

49. El programa “Disability Confident” apoya a los empleadores para que contraten a personas con discapacidad alentando el debate entre empresas sobre los beneficios de contratar a personas con discapacidad. Más de 2.400 empleadores se han inscrito en el nuevo plan “Disability Confident”51 que empezó en julio de 2016 con el propósito de recabar tres niveles de adhesión:

• “Disability Confident Committed”: compromiso de poner en marcha el proyecto;

• “Disability Confident Employer”: buenas prácticas para contratar, mantener y hacer progresar a empleados con discapacidad;

• “Disability Confident Leader”: la autoevaluación de las buenas prácticas ha sido validada por personas con discapacidad y otros empleadores, y se ha expresado el compromiso de apoyar a otros empleadores para que lleven a cabo su proyecto.

50. Asimismo, el Libro Verde considera el importante papel que desempeñan los empleadores en la salud y el bienestar de sus empleados. En el caso de las pequeñas empresas, está en fase de prueba una nueva iniciativa llamada “Small Employer Offer”, que ofrece apoyo en el trabajo a empleadores y empleados, asesoramiento y ayuda a empleadores sobre cuestiones de discapacidad y adaptaciones del lugar de trabajo, así como alguna financiación para ayudar a los nuevos empleados en la transición hacia la ocupación activa. Los primeros resultados son prometedores e informarán el futuro desarrollo de las políticas.

51. Otro de los cambios recientes consiste en un sitio web centralizado52 en el que se presenta a los jóvenes con problemas de salud o con discapacidad el apoyo que tienen a su disposición, incluida información para inscribirse en el programa “Access to Work”, que puede prestar ayuda a las personas con discapacidad que realizan aprendizajes profesionales. Asimismo, el Gobierno ha aceptado todas las recomendaciones53 formuladas por un grupo de trabajo independiente (formado por entidades sin ánimo de lucro, educadores y empleadores) sobre aprendizajes profesionales para jóvenes con dificultades de aprendizaje. Entre otras recomendaciones, se propuso ajustar las calificaciones exigidas en las materias de inglés y matemáticas para facilitar el acceso a los aprendizajes profesionales.

50 Los datos corresponden al período que transcurre entre octubre de 2010 y marzo de 2016 y no incluyen datos de Remploy.

51 https://www.gov.uk/government/collections/disability-confident-campaign. 52 https://www.gov.uk/government/publications/help-and-support-for-young-disabled-people-to-

find-and-stay-in-work/help-and-support-for-young-disabled-people-to-find-and-stay-in-work. 53 https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeships-improving-access-for-people-

with-learning-disabilities.

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52. El Gobierno de Gales tiene en marcha una serie de programas de ocupación dirigidos por el Departamento de Trabajo y Pensiones, entre los que figuran un plan de aprendizaje profesional para todas las edades y el “Work Based Learning”, en los que los proveedores están obligados por contrato a aplicar políticas de igualdad y diversidad para asegurar que la igualdad de acceso a la formación haga efectiva la igualdad de oportunidades. En Escocia54, el apoyo al empleo se centra específicamente en ayudar a los más desfavorecidos en el mercado de trabajo, como las personas con discapacidad, para que puedan encontrar y mantener un empleo. El Plan de Acción para la Igualdad en el Aprendizaje Profesional Moderno de Escocia, publicado en diciembre de 2015, incluye un objetivo específico de mejorar la participación de las personas con discapacidad.

53. En Irlanda del Norte, el Servicio de Ocupación de las Personas con Discapacidad se encarga de gestionar y llevar a cabo programas de empleo y empleabilidad para las personas con discapacidad, como “Access to Work (NI)”, “Workable (NI)”, “Work Connect” y “Condition Management Programme”. Se ha puesto en marcha una estrategia para revertir la tendencia de que las personas dejen de ser económicamente activas, que será una de las prioridades del Gobierno de Irlanda del Norte para los próximos 10 o 15 años. Se centrará en empleados de larga duración por enfermedad o discapacidad leve a moderada, así como en familias monoparentales o personas con dependientes a su cargo. Asimismo, la Estrategia de Ocupación de las Personas con Discapacidad se centrará en jóvenes con una discapacidad más importante que están finalizando una educación o formación a tiempo completo.

Respuestas a conclusiones específicas

Prestación de Apoyo al Empleo

54. En el informe se afirma que la evaluación de la capacidad de trabajo es una evaluación funcional55. Así es. Mediante esta evaluación se pretende entender cómo la afección de una persona puede incidir en su capacidad para trabajar. No obstante, con la evaluación de la capacidad de trabajo no concluye el proceso. Tras la evaluación, los orientadores del Departamento de Trabajo y Pensiones trabajan con las personas que integran el grupo de actividades relacionadas con el trabajo de la prestación de apoyo al empleo para comprender sus barreras personales y cuál es el apoyo laboral más apropiado. Este apoyo (las “actividades relacionadas con el trabajo”, que tiene como fin ayudar a las personas a acercarse a la ocupación) varía en función de la persona y es una opción a la cual pueden acogerse voluntariamente las personas que forman parte de este grupo de apoyo. No se espera que estas personas realicen actividades que no sean realistas o que puedan poner en peligro su salud, ni tampoco que busquen trabajo.

55. El proceso de evaluación de la capacidad de trabajo contempla salvaguardias para las personas con problemas de salud mental. Por ejemplo, si no devuelven el cuestionario de salud, pueden seguir percibiendo la prestación social mientras sigue pendiente su evaluación (a diferencia de otras personas, cuya prestación puede interrumpirse). Si no asisten a su sesión de evaluación, el Departamento de Trabajo y Pensiones o su proveedor designado intentará ponerse en contacto con ellas y, de ser necesario, las visitará en su domicilio.

56. Todos los profesionales de la salud que llevan a cabo evaluaciones de la capacidad de trabajo tienen capacitación en medicina de evaluación de la discapacidad y reciben formación específica para evaluar a las personas con problemas de salud mental. Reciben apoyo de colegas que poseen conocimientos especializados, como expertos en cuestiones de salud mental, que difunden las mejores prácticas y respaldan a los compañeros que

54 Las competencias en servicios de ocupación se transferirán en abril de 2017.55 UNIUK, párrs. 90 y 102.

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realizan las evaluaciones. Teniendo presente que el hecho de someterse a una evaluación de la capacidad de trabajo puede ser una experiencia estresante, en particular para las personas con problemas de salud mental, se anima a todo el mundo a acudir acompañado a que se realice la valoración. El Centro de Evaluaciones de la Salud y la Discapacidad, que lleva a cabo evaluaciones de la capacidad de trabajo desde marzo de 2015, se está esforzando especialmente en mejorar el modo en que se practica la evaluación con medidas como:

• Revisar el diseño y la accesibilidad de las instalaciones en todos los centros de evaluación;

• Crear un Grupo de Representantes de los Usuarios formado por más de 20 organizaciones nacionales del ámbito de la discapacidad a fin de debatir temas como la formación clínica y las comunicaciones;

• Reducir el tiempo medio de espera para someterse a una evaluación;

• Introducir un servicio de atención telefónica para ayudar a las personas a completar su cuestionario médico para la prestación de apoyo al empleo;

• Impartir sesiones de concienciación sobre la discapacidad a más de 2.000 empleados que atienden a los usuarios.

Información accesible

57. En el informe se afirma que la información sobre el proceso de evaluación de la capacidad de trabajo no está disponible en formatos y lenguas accesibles56. El Gobierno cree que adopta medidas razonables para ofrecer información accesible, de conformidad con la Ley de Igualdad de 2010. Las personas con discapacidad pueden pedir información en formatos alternativos cuando solicitan una prestación social y a los solicitantes se les pregunta, por vía telefónica si necesitan información en formatos alternativos.

58. El Centro de Evaluaciones de la Salud y la Discapacidad incluye en la actualidad en su sitio web tres vídeos para que las personas puedan entender cómo se desarrolla el proceso antes, en el transcurso y después de una evaluación, todos ellos disponibles en lengua de señas y subtitulados. El Departamento de Trabajo y Pensiones cuenta con un programa de trabajo con agentes externos para mejorar las comunicaciones dirigidas a las personas con problemas de salud mental o dificultades de aprendizaje. El programa contempla revisar los formatos alternativos, así como mejorar la información publicada en el sitio web gov.uk y las instrucciones que recibe el personal.

59. Hay en curso una revisión completa de todas las comunicaciones relacionadas con los pagos para la independencia personal, siguiendo las recomendaciones formuladas tras un examen independiente de dichos pagos. Interesados nacionales procedentes del mundo de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y colectivos de estas personas, así como de personas con problemas de salud mental, han participado en las pruebas a que se han sometido las comunicaciones en materia de pagos para la independencia personal. Sus opiniones han contribuido a introducir mejoras, como una nueva redacción de las cartas y otros documentos. Se ha instaurado un servicio de enlace por vídeo para que los usuarios que se comunican en lengua de señas británica puedan presentar solicitudes y formular preguntas relacionadas con los pagos para la independencia personal, la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad, la prestación para la asistencia y el programa “Access to Work”; asimismo, en la actualidad se está probando el servicio de enlace mediante texto Next Generation Text como medio alternativo para que las personas sordas o con audición reducida puedan acceder a los servicios de pagos para la independencia personal.

56 UNIUK, párr. 103.

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Los recursos contra las resoluciones y el acceso a la justicia

60. En el informe se afirma que los tribunales anulan un elevado número de resoluciones relativas a la evaluación de la capacidad de trabajo57, dando a entender que esta evaluación valora erróneamente la capacidad funcional de las personas. Las apreciaciones de los tribunales indican que en la mayoría de estos casos la anulación obedece al testimonio de la propia persona interesada o a otras pruebas escritas presentadas al tribunal. El procedimiento obligatorio de reconsideración fue introducido para tramitar con mayor eficacia los litigios relativos al cumplimiento de requisitos y reducir la necesidad de interponer recursos innecesarios. Es un trámite obligatorio antes de poder presentar un recurso, de suerte que la resolución puede ser objeto de revisión y se pueden presentar nuevas pruebas. Las estadísticas publicadas en 201658 ponen de manifiesto que el plazo medio para resolver las solicitudes de reconsideración de las evaluaciones de la capacidad de trabajo es de nueve días. Por tanto, ni se deniega ni se retrasa considerablemente el acceso a la justicia como consecuencia de este proceso.

61. Se estudió la posibilidad de abonar la prestación de apoyo al empleo durante el proceso obligatorio de reconsideración pero finalmente se descartó; el Gobierno mantiene que es apropiado que quienes han visto denegada la prestación por no reunir los requisitos correspondientes no la reciban mientras se revisa la resolución desestimatoria. La mayoría de las personas que se encuentran en esa situación cumplen las condiciones para percibir la prestación para demandantes de empleo y se les informa de que puedan solicitarla sin demora durante la conversación telefónica en que se les comunica el cese de su prestación de apoyo al empleo. De este modo se evita que las personas se queden sin ingresos. El sistema de prestación para demandantes de empleo tiene la suficiente flexibilidad como para permitir enfoques más personalizados al examinar los condicionantes laborales, que tengan en cuenta los problemas de salud o la discapacidad de las personas.

62. En el informe se menciona la situación de las personas que se someten a una nueva valoración poco tiempo después de una evaluación de la capacidad de trabajo59. Esta cuestión ya ha sido resuelta introduciendo un período mínimo de ocho meses entre un recurso estimatorio y una nueva evaluación, salvo que concurran motivos justificados por los que una evaluación realizada antes de que transcurra ese período pueda resultar más indicada, como es el caso de un deterioro de la salud. Al respecto, el Gobierno anunció recientemente que, en colaboración con las partes interesadas, elaboraría una serie de criterios para poner fin a la reevaluación de las personas con problemas de salud o con discapacidad más graves (salvo que cambien las circunstancias).

Sanciones

63. En el informe se afirma que las personas que forman parte del grupo de actividades relacionadas con el trabajo de la prestación de apoyo al empleo se veían afectadas de manera desproporcionada por el nuevo régimen sancionador instaurado en 201260. El Gobierno no comparte esa apreciación. Desde que se introdujeron las nuevas sanciones, cada mes menos del 1% de los beneficiarios de la prestación de apoyo al empleo han sido sancionados, mientras que más del 99% cumplen con los requisitos razonables fijados para percibir la prestación. La implantación de sanciones a las personas que reciben la prestación de apoyo al empleo armonizó esta prestación con las prácticas que se siguen en el caso de la prestación para demandantes de empleo y la asignación universal, si bien seguía habiendo salvaguardias para proteger a los beneficiarios vulnerables.

57 UNIUK, párr. 102.58 https://www.gov.uk/government/statistics/esa-outcomes-of-work-capability-assessments-

including-mandatory-reconsiderations-and-appeals-september-2016. 59 UNIUK, párr. 105.60 UNIUK, párr. 106.

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64. Las personas que perciben la prestación de apoyo al empleo no pueden ser sancionadas por no encontrar trabajo o por no presentarse a puestos de trabajo. La decisión de imponer una sanción no se toma a la ligera y, por ende, no se impone ninguna sanción si existe una razón que justifique que no se soliciten puestos de trabajo. Cuando se impone una sanción, existe un sistema consolidado de pagos abonados en situaciones de dificultad a quienes puedan demostrar que no pueden satisfacer sus necesidades inmediatas y más esenciales (hasta un máximo del 60% o, en determinadas circunstancias, del 80% del desembolso habitual).

Casos de defunción

65. El Gobierno no suele recabar la causa de defunción de una persona cuando cierra su expediente como beneficiario de prestaciones. No hay obligación legal de informar al Departamento de Trabajo y Pensiones de las circunstancias del fallecimiento de una persona; únicamente trasciende esa información si un familiar o un abogado la comunica al Departamento. En los casos en que se ha denunciado que las actuaciones del Departamento guardan relación con la muerte del beneficiario de una prestación, se lleva a cabo una investigación interna para comprobar que se hayan seguido los oportunos procedimientos. En su caso, esta investigación dará lugar a unas recomendaciones de mejora, pero con ella no se pretende buscar o atribuir responsabilidades.

66. En respuesta a una petición formulada en virtud de la Ley de Libertad de Información, se publicaron 49 investigaciones internas editadas61. En el informe se sugiere que, con esta información, se hizo un seguimiento de las defunciones que se registraron tras las evaluaciones62. Esa afirmación no responde a la realidad; en respuesta a la petición se investigaron casos que representan una proporción muy pequeña de casos de beneficiarios de prestaciones fallecidos, lo cual no puede considerarse un proceso de seguimiento. En el informe también se afirma que “[el Comité] no tiene conocimiento de que ningún órgano independiente haya intentado realizar una investigación objetiva, completa, abierta e imparcial de esas muertes”. Cuando la defunción no obedece a causas naturales (por ejemplo, en casos de suicidio), un forense debe investigar, por imperativo legal, las circunstancias de la muerte.

67. En agosto de 2015, el Departamento de Trabajo y Pensiones publicó unos datos sobre defunciones de perceptores de prestaciones en Gran Bretaña63, que ponían de manifiesto que la tasa de mortalidad de los beneficiarios de prestaciones desempleados en edad de trabajar en Gran Bretaña experimentó un descenso entre 2003 y 2013, en la línea del patrón registrado entre la población general en edad de trabajar. Estas estadísticas no deben utilizarse como prueba de algún tipo de relación o conexión entre la percepción de prestaciones y la mortalidad. Son varios los posibles factores que pueden contribuir a una tasa de mortalidad superior o inferior, como los ingresos, la vivienda y la educación. La interpretación interesada de estos datos para atribuir una relación causal entre la muerte de una persona y una valoración previa a efectos de prestaciones fue objeto de una investigación de “Full Fact”, una organización independiente de verificación de hechos64. Esta organización afirmó lo siguiente: “Se dio amplia difusión a la idea de que miles de personas fallecieron a las pocas semanas de ser declaradas ‘aptas para trabajar’ y perder sus prestaciones. No es cierto”.

61 https://www.gov.uk/government/publications/dwp-foi-releases-for-may-2016. 62 UNIUK, párr. 109.63 https://www.gov.uk/government/statistics/mortality-statistics-esa-ib-and-sda-claimants.64 https://fullfact.org/economy/reporting-fit-work-deaths-isnt-fit-purpose/.

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Sección 3Artículo 28 (Nivel de vida adecuado y protección social)

68. En el informe se reconoce que “a escala nacional se pone de manifiesto que el sistema de bienestar social, junto con el sistema de asistencia social y de salud, ofrecen una sólida base de protección de los derechos de las personas con discapacidad...”65. El Gobierno defiende la reforma del sistema de bienestar social del Reino Unido, diseñada para ofrecer unos niveles de vida adecuados, un sistema de apoyo integral y unas protecciones especiales a las personas en situación de vulnerabilidad. Resulta decepcionante que en el informe no se refleje ni esta intención ni el hecho de que el Reino Unido destina cerca de 50 mil millones de libras al año a prestaciones sociales para prestar asistencia a las personas con problemas de salud y con discapacidad, lo que supone un incremento superior a los 6.500 millones de libras con respecto a 2010. Estas cantidades representan cerca del 2,5% del PIB y más del 6% del gasto público.

69. Se prevé que el gasto se mantenga en estos niveles en términos reales a lo largo de la presente legislatura. Este año se destinarán 14.800 millones de libras a prestaciones por incapacidad para personas en edad de trabajar, lo que equivale a un incremento de 400 millones de libras desde el ejercicio 2010/11. El gasto en las principales prestaciones por discapacidad (pagos para la independencia personal, la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad y la prestación para la asistencia) aumentó en más de 3.000 millones de libras a lo largo de la última legislatura. Se adoptaron otras medidas para que las personas con discapacidad puedan sufragar los gastos adicionales asociados a la discapacidad, como son las medidas que se expondrán en la siguiente sección, así como varias exenciones, deducciones o subsidios fiscales66.

70. Existen otras pruebas que respaldan el punto de vista del Gobierno de que se destinan los fondos necesarios. La Encuesta sobre la Atención Social de Adultos Usuarios de Servicios Sociales de Carácter Personal67 de 2014-2015 indica que la calidad de vida de las personas que reciben servicios de atención y apoyo se ha mantenido desde 2011-2012; el 92% de los encuestados afirmaron que esta atención y este apoyo mejoran su calidad de vida. La Encuesta sobre Vivienda de Inglaterra pone de manifiesto una reducción continua de los hogares considerados “no dignos” en Inglaterra; en 2012 el 22% de las viviendas no alcanzaban los niveles considerados dignos, un descenso con respecto al 35% registrado en 200668.

71. Las administraciones autónomas con competencias transferidas también han puesto en marcha iniciativas que pretenden prestar el mejor apoyo posible a las personas con discapacidad. En Irlanda del Norte, el Departamento de Comunidades ha introducido diversas medidas para proteger financieramente a las personas con discapacidad afectadas por los cambios en las prestaciones sociales durante un período de 12 meses, a fin de que dispongan de tiempo para ajustarse al nuevo régimen de prestaciones. El Departamento de Comunidades también implantará un plan cuatrienal con objeto de prestar apoyo financiero suplementario a las familias trabajadoras con ingresos reducidos para contribuir a sufragar algunos de los gastos adicionales que conlleva comenzar en un nuevo empleo.

65 UNIUK, párr. 64.66 https://www.gov.uk/financial-help-disabled/vat-relief; https://www.gov.uk/financial-help-

disabled/television-licence-discount; https://www.gov.uk/financial-help-disabled/home-and-housing; https://www.gov.uk/working-tax-credit.

67 http://digital.nhs.uk/catalogue/PUB18642. 68 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/539541/

Adaptations_and_Accessibility_Report.pdf.

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Respuestas a conclusiones específicas

Niveles de ingresos y pobreza

72. El Gobierno afronta con seriedad su obligación de reducir la pobreza. Todas las reformas en materia de bienestar social protegen a los grupos vulnerables con menor capacidad para aumentar sus ingresos, como las personas que necesitan mayor apoyo en razón de la discapacidad. Las reformas incluyen disposiciones como las exenciones al límite de prestaciones y a la congelación de prestaciones que se exponen más abajo.

73. El Gobierno cree firmemente que, en general, no es correcto que las familias puedan percibir más ingresos con las prestaciones sociales que con el trabajo. El límite que establece la cantidad máxima de prestaciones por familia es un incentivo claro para incorporarse al mercado laboral y se situó en un principio en los ingresos medios estimados por unidad familiar. Las conclusiones de la evaluación de 201469 pusieron de manifiesto que muchas familias respondieron a este planteamiento y accedieron al mercado laboral. En aquellos casos en que las familias no pudieron hacer el cambio de manera inmediata, tuvieron la posibilidad de solicitar subsidios discrecionales para la vivienda. Hay exenciones al límite, como sucede con las familias con algún miembro que percibe una prestación relacionada con la discapacidad. Las familias con derecho a la prestación para cuidadores, el equivalente de la asignación universal y la prestación para tutores legales también estarán exentas con efecto a partir de este año, en una fecha por concretar.

74. Las prestaciones destinadas a sufragar los gastos adicionales que tienen las personas con discapacidad, tales como la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad y los pagos para la independencia personal, el suplemento en la prestación para las personas con discapacidad en edad de trabajar, el componente de grupo de apoyo de la prestación de apoyo al empleo, la prestación para cuidadores y los elementos de prima para cuidadores y de discapacidad de los subsidios fiscales, están exentas de la congelación de las prestaciones (introducida para que las rentas del trabajo crezcan a mayor ritmo que las prestaciones)70, equilibrando así el objetivo del Gobierno de velar por que el trabajo redunde en la protección de los más vulnerables.

75. La asignación universal está sustituyendo diversas prestaciones sociales para personas en edad de trabajar supeditadas al nivel de renta para simplificar el actual sistema y facilitar que las personas puedan incorporarse al mercado de trabajo y tener mayores ingresos. La asignación universal apoya los casos en que se consiguen trabajos de corta duración o fluctuantes, lo que resulta especialmente útil a las personas cuya discapacidad o problema de salud únicamente les permite trabajar a tiempo parcial. Quienes se encuentran en esa situación pueden reincorporarse al trabajo con la seguridad de que su asignación universal no se interrumpirá automáticamente, sino que sus prestaciones se ajustarán automáticamente para tener en cuenta sus ingresos.

76. El subsidio para la pensión es un complemento para las personas mayores con ingresos reducidos que han cumplido la edad requerida. En reconocimiento de los gastos adicionales asociados a la discapacidad, el montante de esta prestación es superior para las personas mayores con una discapacidad grave que reúnen determinadas condiciones.

Sufragar gastos adicionales derivados de la discapacidad

77. En el informe se citan datos sobre el número de personas con discapacidad que se espera pierdan el derecho a la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad no supeditada al nivel de renta una vez que dicha prestación sea reemplazada por los pagos

69 https://www.gov.uk/government/publications/benefit-cap-evaluation. 70 La mayoría de las prestaciones por desempleo en edad de trabajar habían aumentado un 21%

entre 2008 y 2015, mientras que la remuneración semanal media había ascendido un 12%.

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para la independencia personal71. Estos pagos se implantaron en gran medida para subsanar deficiencias fundamentales en la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad: criterios subjetivos que primaban los problemas de salud o la discapacidad física sobre la mental; la consideración inadecuada de condiciones fluctuantes; la excesiva dependencia en la autoevaluación sin pruebas médicas; y la ausencia de revisión en más del 70% de las solicitudes de los beneficiarios. Los pagos tenían como finalidad prestar asistencia a las personas que hacían frente a los mayores obstáculos para llevar una vida independiente, tratar todas las situaciones por igual, aplicar criterios más objetivos y velar por que las solicitudes sean revisadas periódicamente para que las personas reciban la prestación correcta.

78. Muchas personas que pasan de la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad a los pagos para la independencia personal perciben más dinero en la actualidad; el 24% de los actuales perceptores de los pagos para la independencia personal reciben ambos componentes al tipo superior en comparación con el 15% de quienes recibían la prestación de subsistencia. Los problemas de salud mental y física tienen la misma importancia en los pagos para la independencia personal, algo que no sucedía con la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad. El resultado es que el 24% de los beneficiarios de los pagos para la independencia personal con un problema de salud mental perciben el componente de movilidad al tipo superior en comparación con el 9% del equivalente en la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad; asimismo, el 66% de los perceptores de los pagos para la independencia personal con un problema de salud mental reciben el componente de gastos diarios al tipo superior, en comparación con el 22%72 del equivalente en la prestación de subsistencia.

79. En el informe se destaca que el Gobierno previó que habría menos beneficiarios de los pagos para la independencia personal que perceptores de la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad73. Se esperaba que así sucediera, no aumentando los requisitos para poder acogerse a los pagos, sino revisando los criterios para que se adaptaran mejor a las necesidades de la población actual. Tal y como se ha subrayado con anterioridad, los pagos para la independencia personal son una prestación diferente de la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad y se rigen con arreglo a distintos criterios; algunas personas que antes tenían derecho a esta no reúnen las condiciones para beneficiarse de los pagos, pero muchas de las que antes no podían percibir la prestación sí pueden recibir los pagos para la independencia personal. En el informe también se habla de los períodos de espera para percibir los pagos para la independencia personal74; en estos momentos la espera se ha reducido a un promedio de siete semanas.

80. En cuanto al programa “Motability”75, la reciben más personas en la actualidad que antes de que se introdujeran los pagos para la independencia personal, y “Motability” señaló en 201576 que “el número de usuarios siguió aumentando en el transcurso del año”. Las personas con discapacidad que pierdan el derecho a la prestación tras la reevaluación de los pagos para la independencia personal tienen a su disposición un importante apoyo transitorio (175 millones de libras durante tres años). Este apoyo suele incluir un desembolso en efectivo de 2.000 libras77 y el derecho a adquirir un coche de “Motability”. “Motability” ayuda a más de 650.000 personas con discapacidad a adquirir su propio medio

71 UNIUK, párr. 112.72 https://www.gov.uk/government/collections/personal-independence-payment-statistics. 73 UNIUK, párr. 112.74 UNIUK, párr. 112.75 UNIUK, párr. 113g.76

http://www.motabilityoperations.co.uk/MO_Group_plc_Annual_Report__Accounts_2015.pdf, pág. 8.77 2.000 libras para las personas que se acogieron a la prestación antes de 2013; 1.000 libras para

las personas que se acogieron a lo largo de 2013.

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de transporte personal, lo que supera a cualquier plan equiparable en el mundo. El éxito del plan demuestra que el Reino Unido se mantiene firme en su determinación de hacer posible que las personas discapacitadas participen plenamente en la sociedad.

Capítulo 3Conclusión y respuesta a las recomendaciones

81. El Gobierno cree firmemente que el estado del bienestar, a pesar de ofrecer la protección social necesaria, no es la única forma de ayudar a las personas con discapacidad a llevar una vida independiente e inclusiva en la que puedan desarrollar su potencial. La aplicación de los artículos de la Convención exige algo más que prestaciones más cuantiosas. Requiere cambios de actitudes y comportamientos sociales, enfoques innovadores con respecto a la prestación de servicios de salud y esfuerzos concertados para eliminar las barreras que sigue habiendo y que impiden que las personas con discapacidad puedan vivir con independencia, trabajar y gozar de una inclusión plena en sus comunidades.

82. El Gobierno ha respondido a algunas de las afirmaciones que se hacen en el informe al tiempo que ha puesto de relieve las iniciativas que no se analizan en la investigación pero que forman parte integral de la aplicación por el Reino Unido de los tres artículos de la Convención. Los comentarios que se formulan en la conclusión del informe78 han sido objeto de análisis con anterioridad o se abordan más abajo en las respuestas a las recomendaciones79.

Recomendación: párrafo 115

83. Desde 2010 el Gobierno viene publicando análisis acumulativos sobre las repercusiones de sus políticas en materia de impuestos, prestaciones sociales y gasto público para las familias. El análisis más reciente fue publicado en el Informe Presupuestario de 201680. En él se indicó que la proporción del gasto público que reciben las familias de cada cuantil de la distribución de ingresos se ha mantenido en niveles similares desde el ejercicio 2010/11, es decir, se destinará la mitad del gasto en prestaciones sociales y servicios públicos al 40% más pobre de las familias en los años 2019 y 2020.

84. Este análisis distributivo y acumulativo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas es el estudio disponible más exhaustivo, que contempla no solo los efectos de las transferencias monetarias directas entre las familias y la administración, sino también los efectos de la prestación de servicios públicos de primer orden. El gasto en prestaciones sociales no es el único medio de ayudar a las personas con discapacidad; también se las puede apoyar gastando en salud, apoyando el empleo e invirtiendo en infraestructuras, factores importantes que contribuyen a eliminar las barreras a la participación.

85. Este análisis no está desglosado por subgrupos, como el de personas con discapacidad, por las considerables limitaciones de la creación de modelos en detrimento de la solidez del análisis, por ejemplo:

• Muchas prestaciones se abonan a las familias y no a personas a título individual. La creación de modelos tendría que basarse en importantes presuposiciones sobre el reparto de los ingresos en el seno de las familias y los resultados de los análisis dependerían excesivamente de estas presuposiciones específicas.

78 UNIUK, párr. 113.79 UNIUK, párrs. 115 a 125. El texto de las recomendaciones no ha sido incluido por el estricto

límite en el número de palabras. No obstante, pueden consultarse fácilmente al final del informe. 80 https://www.gov.uk/government/publications/budget-2016-documents.

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• Es fundamental que se utilice la Encuesta sobre el Gasto en Alimentación y el Costo de Vida para el modelo de análisis distributivo. La Encuesta no contiene suficiente información sobre la discapacidad.

86. Por ello, los análisis elaborados no presentan el panorama en toda su complejidad. La administración examina cuidadosamente los efectos de determinados cambios en las políticas para las personas con características protegidas, como la discapacidad, desde la perspectiva de la igualdad, ateniéndose a las obligaciones legales y al compromiso decidido con la igualdad. Los ministros examinan estas repercusiones a la luz de todas las obligaciones legales correspondientes cuando toman decisiones en materia de bienestar social o en otros ámbitos.

87. Además de este análisis de políticas concretas, la Oficina para Cuestiones de Discapacidad elaboró el marco de indicadores “Fulfilling Potential”, que mide los cambios para la población con discapacidad. Este marco, desarrollado tras un proceso de consultas con las personas con discapacidad, sus organizaciones y las instituciones académicas, abarca indicadores más amplios como la salud, la vivienda y las actitudes públicas. Estos indicadores recogen los efectos más allá del gasto público, como cambios de mayor calado en la economía y las conductas, así como resultados no financieros importantes; en gran medida siguen el esquema de los artículos de la Convención. Se han publicado dos informes81 que abarcan el período que va de 2010 a 2015.

Recomendación: párrafo 116

88. El Gobierno cree que la obligación de igualdad del sector público responde a un enfoque basado en los derechos en la medida en que impone a las autoridades públicas la obligación legal de tener en cuenta los efectos de las políticas en las personas con discapacidad y, por ende, en la manera en que pueden vivir sus vidas. Se analizaron las políticas de reforma del estado del bienestar desde la perspectiva de la igualdad y dichos análisis son mencionados en las evaluaciones de impacto publicadas82.

89. En aquellos casos en que las valoraciones del impacto pusieron de manifiesto efectos desproporcionados para las personas con discapacidad, se han adoptado medidas de mitigación de los efectos o se han implantado mecanismos transitorios siempre que ha sido posible (véase el párrafo 92). En los casos en que la puesta en práctica de una política ha tenido efectos no intencionados o desproporcionados para las personas con discapacidad o determinados grupos de personas con discapacidad, se han adoptado medidas para resolver la situación. Un ejemplo es la exención de que gozan las personas que reciben la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad, los pagos para la independencia personal o el componente de apoyo de la prestación de apoyo y empleo, que no están sujetas al límite de prestaciones.

Recomendación: párrafo 117

90. Esta respuesta explica cómo la legislación y las políticas del Reino Unido apoyan los elementos fundamentales de los derechos enunciados en esta recomendación. Un ejemplo es la Ley de Asistencia de 2014, que implantó un sistema moderno para promover y mantener el bienestar de las personas que requieren atención y apoyo para que puedan seguir viviendo con independencia. Otro es el abanico de prestaciones laborales existentes que fomentan la igualdad de oportunidades para trabajar y de iniciativas para mejorar la actitud de los empleadores, como “Disability Confident”.

81 https://www.gov.uk/government/publications/fulfilling-potential-outcomes-and-indicators-framework-second-annual-progress-report.

82 https://www.gov.uk/government/collections/welfare-reform-act-2012-impact-assessments.

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Recomendación: párrafo 118

91. El Gobierno ya destina partidas presupuestarias específicamente para ayudar a las personas con discapacidad a sufragar los gastos adicionales que se derivan de la discapacidad. Entre otras, se trata de partidas destinadas a los pagos para la independencia personal, la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad y la prestación para la asistencia (prestaciones exentas de tributación e independientes del nivel de renta que actualmente perciben más de 5 millones de personas) y al programa “Access to Work” (que en los años 2015 y 2016 prestó apoyo, no supeditado al nivel de ingresos, para sufragar los gastos adicionales que afrontan más de 36.00083 personas con discapacidad que trabajan). Se gastaron 21.700 millones de libras en los pagos para la independencia personal, la prestación de subsistencia para las personas con discapacidad y la prestación para la asistencia en el ejercicio 2015/16 y cerca de 100 millones de libras en “Access to Work” en el ejercicio 2014/15. La Ley de Asistencia de 2014 obliga a las autoridades locales a ofrecer ayudas personales a todos los adultos que requieran la atención y el apoyo legalmente previstos; la ayuda personal asignada debe ser suficiente para atender esas necesidades de atención social.

92. Muchas de las medidas de mitigación de los efectos y los mecanismos transitorios mencionados en esta respuesta indican claramente que se han consignado las partidas presupuestarias necesarias para hacer efectiva esta protección. Entre otros ejemplos, cabe citar los subsidios discrecionales para la vivienda, que apoyan a las personas con discapacidad afectadas por la eliminación del subsidio por habitación extra, y el apoyo transitorio a las personas afectadas por los cambios en los requisitos para adherirse al plan “Motability”.

Recomendación: párrafo 119

93. El Gobierno publica la información sobre sus servicios en formato accesible en la medida en que es razonable; esta respuesta cita las mejoras en las comunicaciones con los usuarios del Departamento de Trabajo y Pensiones, como las cartas, los mensajes de texto de telefonía móvil, las guías de conversación telefónica y los servicios de transmisión por vídeo en período de prueba. La Ley de Asistencia de 2014 también obliga a las autoridades locales a ofrecer información accesible sobre la atención social a las personas que puedan necesitar atención y apoyo, como las personas con discapacidad.

94. Esta voluntad de mejorar constantemente las comunicaciones accesibles queda patente con la labor del Servicio Digital del Gobierno, que trabaja para que la plataforma virtual del Gobierno sea lo más accesible posible. El Servicio Público de Salud de Inglaterra ha introducido el estándar de información accesible, que obliga a todas las organizaciones que prestan servicios de salud o atención social a adultos a ofrecer información accesible que las personas puedan comprender.

95. Las administraciones autónomas con competencias transferidas también han puesto en marcha una serie de iniciativas para atender las necesidades comunicativas de su población, como el servicio de transmisión por vídeo de Escocia “contactSCOTLAND”, que ha invertido 500.000 libras en tres años e invertirá otro millón más en los próximos tres años. En Gales, las disposiciones internas fijan los niveles de servicios que pueden esperar las personas con pérdidas sensoriales cuando acceden a los servicios de salud galeses.

Recomendación: párrafo 120

96. El Gobierno cree que se han adoptado las medidas acertadas para ayudar a las personas con discapacidad a solicitar una reparación al amparo de la Ley de Igualdad de

83 Este dato puede variar una vez analizada en detalle la metodología de elaboración de estadísticas.

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2010 (véanse los párrafos 19, 20 y 60). Asimismo, se sigue ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito en asuntos de discriminación mediante el Servicio de Asesoramiento Jurídico Civil, que se ha diseñado con la mayor accesibilidad posible.

Recomendación: párrafo 121

97. Al Gobierno le avala un historial de colaboración con las personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad, los grupos que representan a estas personas y los usuarios de servicios. Existen unas directrices de consulta claras según las cuales la administración debe estudiar las políticas propuestas con una serie de personas, empresas y entidades de carácter voluntario que se ven afectadas por dichas políticas, velando por que puedan acceder a las consultas. La consulta es una práctica generalizada en todos los departamentos de la administración, como demuestran las más de 3.00084 consultas públicas formales celebradas desde 2010 y las más de 50 consultas relacionadas específicamente con la discapacidad.

98. Un ejemplo es el proceso de consultas de 2013 titulado “Better working with disabled people: the way forward”85, que examinó la mejor manera de asegurar que las experiencias vitales sean integradas de manera estratégica por la administración pública. Fruto de esa consulta, se constituyó el foro “Fulfilling Potential” con el fin de atender las necesidades de la administración y del colectivo de la discapacidad. Tanto las consultas formales como la producción conjunta fueron esenciales en la elaboración de la Ley de Asistencia de 2014, reconocido por la Oficina de Auditoría Nacional como ejemplo positivo de colaboración para la elaboración de la legislación.

99. El Gobierno sigue haciendo gala de su compromiso de incluir la “experiencia vital” en el desarrollo de políticas en todas las fases. El Libro Verde es el punto de partida de una conversación amplia con personas con discapacidad y con personas con problemas de salud, sus representantes, los profesionales de la salud y los empleadores con vistas a encontrar el modo óptimo de ofrecer mejores oportunidades a las personas con discapacidad.

Recomendación: párrafo 122

100. El Gobierno asume con extrema seriedad su responsabilidad de hacer frente a los delitos de odio en razón de la discapacidad y de fomentar actitudes positivas hacia las personas con discapacidad. Tal y como se ha recalcado en los párrafos 20 y 21, se está trabajando en estos momentos para concienciar respecto de estos delitos a fin de reducir los incidentes y aumentar el número de denuncias y enjuiciamientos por estos delitos. Asimismo, el nuevo Plan de Acción del Gobierno en materia de Delitos de Odio, de 2016 86, incluye actuaciones relacionadas con el modo de presentar a las personas con discapacidad, como formación y orientación específicas para periodistas.

101. Esta labor viene respaldada por iniciativas que persiguen la concienciación general en materia de discapacidad y la representación positiva de las personas con discapacidad, como “Disability Confident”, así como mejorar el rendimiento escolar de los niños con

84 https://www.gov.uk/government/publications?keywords=&publication_filter_option=consultations&topics%5B%5D=all&departments%5B%5D=all&official_document_status=all&world_locations%5B%5D=all&from_date=01%2F01%2F2010&to_date.

85 https://www.gov.uk/government/consultations/involving-disabled-people-in-policy-development.

86 https://www.gov.uk/government/publications/hate-crime-action-plan-2016.

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necesidades especiales, como el nuevo portal “SEND”87, un nuevo marco para la formación pedagógica inicial que cuenta con recursos específicos sobre la discapacidad.

Recomendación: párrafo 123

102. Existe legislación (véase el párrafo 3) para asegurar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, como el derecho de las personas a no ser discriminadas en razón de su discapacidad o de cualquier otra característica protegida, como el sexo y la edad. Esta respuesta cita ejemplos de medidas aplicadas para proteger a los grupos o personas vulnerables que se ven desproporcionadamente afectadas. Un ejemplo es la exención a la eliminación del subsidio por habitación extra de que gozan determinadas familias con algún hijo con discapacidad.

103. El Gobierno reconoce que las personas con discapacidad no constituyen un grupo homogéneo e intenta, siempre que sea posible, prestar servicios apropiados y personalizados. Por ejemplo, las salvaguardias que rigen en los pagos para la independencia personal y la prestación de apoyo al empleo para proteger a las personas con problemas de salud mental (por ejemplo, no cerrar los expedientes cuando no se devuelven los formularios) ponen de manifiesto algunos ajustes en los procesos generales que tienen por objeto proteger a las personas de la discriminación indirecta.

Recomendación: párrafo 124

104. Todas las políticas deben ajustarse a la Ley de Igualdad de 2010, o la Ley de Discriminación por Razón de la Discapacidad en Irlanda del Norte, y a la Ley de Derechos Humanos de 1998. El Gobierno no ha implantado un sistema de seguimiento fijo con indicadores establecidos que se apliquen a todas las políticas. De haberlo, se correría el riesgo de restringir la innovación, fomentar comportamientos no buscados o limitar la flexibilidad para atender las necesidades locales. El Gobierno está convencido de que el sistema actual —en el que cada departamento estudia la forma de hacer un seguimiento de las repercusiones de sus políticas, teniendo debidamente en cuenta la obligación de igualdad del sector público y velando por que tanto la política como su aplicación se atengan a los requisitos legales establecidos en la Ley de Igualdad de 2010— respeta el espíritu de esta recomendación.

105. El Gobierno hace un seguimiento de la puesta en práctica y la aplicación de sus políticas por principio, evalúa la eficacia y eficiencia de estas y trata de introducir mejoras cuando es posible. Cuando se encuentran problemas, en razón de la información sobre los resultados, los patrones de los datos, la relación con las partes interesadas externas y los asociados o el público en general, se hace un análisis completo de esos problemas con vistas a decidir si la política o su aplicación necesitan una revisión.

106. El Reino Unido es una sólida democracia parlamentaria con un sistema que promueve el control y el cuestionamiento de la oposición. Los ministros rinden cuentas ante la ciudadanía mediante diversos procedimientos parlamentarios consolidados, como las interpelaciones parlamentarias, los debates y las comisiones parlamentarias. La Comisión de Trabajo y Pensiones se ocupa específicamente de examinar las políticas del Gobierno en materia de seguridad social y puede abrir investigaciones, requerir la comparecencia de ministros para que aporten pruebas orales o publicar sus conclusiones. Del mismo modo, la Comisión de Cuentas Públicas puede investigar asuntos relacionados con el gasto en prestaciones sociales.

107. El Gobierno ha encargado análisis independientes de las políticas que podían afectar a personas vulnerables. Estos estudios son un método objetivo de revisión de las políticas y

87 SEND: Special Educational Needs and Disabilities (Necesidades Educativas Especiales y Discapacidades). http://www.sendgateway.org.uk/about.html.

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de su aplicación y han sido elaborados en el caso de la prestación de apoyo al empleo, los pagos para la independencia personal y las sanciones. El segundo análisis independiente88

de los pagos para la independencia personal está en proceso de elaboración; el objetivo es ayudar al Gobierno a seguir la senda iniciada con las mejoras introducidas tras las recomendaciones del primer análisis sobre las comunicaciones del Departamento de Trabajo y Pensiones con las personas con discapacidad y el modo en que los evaluadores se relacionan con los usuarios durante las evaluaciones.

Recomendación: párrafo 125

108. Este documento recoge la respuesta completa del Gobierno del Reino Unido.

88 https://www.gov.uk/government/publications/personal-independence-payment-pip-assessment-second-independent-review.

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