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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENALMILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO
UICIO PENAL NO. 0113-2013
RESOLUCIÓN NO. 1275-20 13
PROCESADO: CHEJA ATRI ALFREDO, ATRISAAD ALFREDO, CHEJA CHAVA SION
OFENDIDO: EMBAJADA DE MEXICO
RECURSO: APELACIÓN DEEXTRADICCIÓN
POR: EXTRADICIÓN PASWA
~~°-
PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- Quito, 7 de junio de
2013, las 08h30 •- (31-2012-DAG). VISTOS.- Agréguese al proceso el alegato
de 20 de mayo de 2013, presentado por Alfredo Cheja Atri y, los oficios No.
MRECI-DAJI-2013-0167-O y MRECI-DAJI-2013-0190-O, de 21 de mayo y 05 de
junio de 2013, en su orden, suscritos por la Directora de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con las que se acompaña
las notas diplomáticas No. ECU-093 y ECU-1062, remitidas por la Embajada de
México, mediante las cuales se solicita informar el estado actual del proceso y la
situación jurídica del requerido.- En lo principal, la Embajada de México en
Ecuador, mediante Nota Diplomática No. ECU-01989, de 13 de septiembre de
2012, con fundamento en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Ja Re~ubiica de Ecuador, solicitó al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, la detención preventiva con fines
de extradición de los ciudadanos mexicanos: ALFREDO CHEJA ATRI, ALFREDO
ATRI SAAD Y SION CHEJA CHAYP~, por ser probables responsables en la comisión
del delito de defraudación fiscal equiparada o defraudación fiscal equiparable, en
agravio del Asco Federal, dentro de las causas penales 38-2007, 77-2007 y 101-
2009, en las que el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales
Federales en el Estado de México, el 26 de junio de 2007, el 27 de diciembre de
2007 y el 28 de noviembre de 2009, respectivamente, libró orden de aprehensión
en contra de los reclamados - El Director de Asuntos Juridicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Encargado, mediante oficio No MRECI-DAJI
2012-1052-0, traslado la referida documentacion a esta Presidencia, quien con
fundamento en eVTratado de Extradición entre el Gobierno de la República del
Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, de 24 de abril de 2006 y,
Art. 8 de la Ley de Extradición, en providencia de 13 de septiembre de 2012, las
16h43, ordenó la detención preventiva con fines de extradición de los ciudadanos
mexicanos ALFREDO CHEJA ATRI, ALFREDO ATRI SAAD Y SION CHEJA CHAYA.-
Con oficio No. 1939-OCNI/12-CF, el Jefe de la Oficina Central Nacional Interpol-
Quito, informó que el 14 de septiembre de 2012, se ha procedido a la detención
del ciudadano Alfredo Cheja Atri, por lo que, en la misma fecha se giró la
correspondiente boleta constitucional de encarcelamiento (fs. 40 y 41) y, se
dispone la notificación a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos para los
fines previstos en el numeral 3 del Art. 8 del citado Tratado de Extradición.- En
virtud de la facultad prevista en el artículo 9 de la Ley de Extradición, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, mediante oficio No. MRECI
DAJI-2012-1154-o, constante a fs. 218, comunica a esta Presidencia que, la
Embajada Mexicana, a través de la Nota diplomática No. ECU 02388, de 6 de
noviembre de 2012, presentó la solicitud formal de extradición y, que la
documentación de sustento, cumple con los requisitos legales.- El requerido,
Alfredo Cheja Atri, compareció a la audiencia, que tuvo lugar el 09 de octubre de
2012, las 09h30, en ella se opuso a su extradición, en los siguientes términos:
“.Me declaro inocente de las acusaciones falsas hechas por e/juzgado de mi país,
explico que no existe acción pena/juzgada ni sancionada en mi contra. Consta del
expediente que he sido empleado de una compañía que estuvo en conflicto de
declaración de rentas hace diez años en mi país, y que aporté con la
documentación que me correspondía, en consecuencia, al estar detenido en el
Ecuador por un delito que no he cometido y por el cual no he sido juzgado de
acuerdo con los principios constitucionales y legales por no tener la certeza que se
respeten mis derechos a la presunción de inocencia, por eso que me niego a ser
extraditado a México, me opongo y solicito acepte mi decisión y continúe el trámite
legal correspondiente y que estoy seguro sabrá tomar la decisión correcta ‘~ El
abogado Carlos González Albornoz, defensor del requerido en extradición, señala:
Que su defendido, era miembro del Consejo de Administración de la empresa
constituida en la República mexicana y, sus funciones eran las de un empleado;
que esta empresa fue observada por inconsistencias en su declaración de rentas
hace diez años; que después de varios años de haberse iniciado el expediente, en
el Juzgado Quinto del Distrito Federal de México, recién se inicia el juicio en el año
2007, es decir hace cinco años y, por declaraciones de rentas de cinco años atrás;
que en el año 2010 renovó su pasaporte, sin tener inconveniente alguno; que su
cliente es representante de una empresa panameña fabricante de calzado
deportivo, tal vez, una de las más grandes de América Latina, que durante más de
siete años ha visitado nuestro país en viaje de negocios; que su residencia la tiene
en Panamá, lugar donde vive con su esposa e hijos.- En virtud de lo cual, esta
Presidencia, al amparo del inciso segundo del Art. 11 de la Ley de Extradición, el
13 de diciembre de 2012 (fs. 250 a 253), dictó el auto de procesamiento de
extradición en contra de Alfredo Cheja Atri, auto éste que fue confirmado por la
Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, el 18 de febrero de 2013 (fs. 289
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0 ~
a 296).- Con fundamento en lo previsto en el Art. 12 de la Ley de Extradición, se (3convocó a los sujetos de la relación procesal a la audiencia oral, para el 02 de abril
de 2013, diligencia en la que, la Fiscalía General del Estado, solicita se dicte
sentencia concediendo la extradición del referido ciudadano mexicano; por su
parte, el abogado defensor del señor Alfredo Cheja Atri, pide se niegue la
extradición.- Concluida la tramitación del proceso y, encontrándose en estado de
resolver, conforme lo establece el Art. 13 eiusdem, para hacerlo se considera:
PRIMERO: En el presente trámite se ha observado las disposiciones contenidas en
el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, firmado en México el 24 de abril de
2006 y, en la Ley de Extradición ecuatoriana, publicada en el Registro Oficial No.
152 de 30 de agosto de 2000, sin ~ exista omisión de solemnidad sustancial
alguna, por lo que se declara la validez procesal.- SEGUNDO: El Presidente de la
Corte Nacional de Justicia, es competente para conocer, sustanciar y resolver los
pedidos de extradición, en virtud de las disposiciones de la Ley de Extradición y,
Art. 199 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial.- TERCERO: El
cumplimiento de los requisitos de forma del pedido de extradición fue analizado en
el auto de procesamiento de extradici6ri de 13 de diciembre de 2012,~auto que ha
sido confirmado por la Sala Especializada de lo Penal (fs. 289 a 296); por lo que no
corresponde realizar un nuevo análisis sobre el tema, tanto más que, en dicho
:*~to se precisa quejde acuerdó~ con la documentación presentada por la Embajadadel Gobierno de los’Estados Unidos Mexicanos, se encuentran cumplidos los
requisitos formales previstos en el Art Y del Tratado de Extradicion entre el
Gobierno de la Re~<•~pública del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y, la Ley de Extradición, ya que de autos consta, que la solicitud de
extradición fue presentada por escrito y a través de la vía diplomática; se precisa
el delito por el que se solicita la extradición, indicando el tiempo y lugar de su
comisión; se cita la relación de los hechos imputados; el texto de las disposiciones
legales que fijan los elementos constitutivos del delito, las que determinan la pena
y, las relativas a la prescripción de la acción y la pena; los datos y antecedentes
personales sobre la identidad del reclamado; las copias certificadas de las órdenes
de aprehensión, dictadas en su contra por el Juez Quinto de Distrito en Materia de
Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 26 de junio de 2007, el 27
de diciembre de 2007 y, 28 de noviembre de 2009, en las causas penales 38-
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2007, 77-2007 y 101-2009, documentación que se encuentra debidamente
certificada y apostillada, pese a que, de acuerdo con lo inciso final del Art. 7 de la
Ley de Extradición, cuando el trámite se realice por vía diplomática no es necesario
la autenticación de los documentos presentados.- CUARTO: La Embajada del
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, pide la extradición del señor Alfredo
Cheja Atri, como presunto responsable del delito de defraudación fiscal equiparada
o defraudación fiscal equiparable, ilícito investigado dentro de las causas penales
Nos. 38-2007, 77-2007 y 101-2009, en las que el Juez Quinto de Distrito en
Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 26 de junio de
2007, el 27 de diciembre de 2007 y el 28 de noviembre de 2009, respectivamente,
libró orden de aprehensión.- Relación de los hechas: 3.1.- Dentro de la causa
penal No. 38-2007, se expresa: Que el 10 de noviembre de 2000, se constituyó
la persona moral GRUPO ARRENDADOR CH, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE. Que el 23 de enero de 2001, se protocolizó el acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas de dicha empresa, en la que se acordó: a) Que el
Consejo de Administración estaría conformado por Sion Cheja Chaya, Alfredo Atri
Saad y Alfredo Cheja Atri, en calidad de Presidente, Secretario y Tesorero,
respectivamente; y, 1,) Otorgar poder general al Consejo de Administración para
que en representación de la empresa, ejerza todos, de manera indistinta, las
facultades conferidas al presidente del Consejo de Administración, con excepción
de las facultades para ejercitar actos de dominio, los cuales deberían ejercer en
forma mancomunada dos de los tres miembros del Consejo. Que el Consejo de
Administración era el responsable de presentar la declaración anual de impuestos
de la empresa, según los Arts. 10 y 157 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. Que la empresa Grupo Arrendador CH., el 31 de marzo de 2003, al
presentar la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal del ai~o 2002,
declaró falsamente ingresos menores a los realmente obtenidos, así como actos o
actividades menores a las efectuadas, omitiendo cubrir al Fisco Federal el pago de
impuestos por la cantidad de ochenta y cinco millones ciento noventa y cuatro mil
trescientos setenta y ocho pesos 47/100 ($ 85’194.378,47), conducta sancionada
por las leyes fiscales mexicanas. Que en los datos de identificación de la indicada
declaración de impuestos, consta Alfredo Cheja Atri, como representante legal de
la empresa Grupo Arrendador Ch.- Que la administración de dicha empresa estaba
encomendada al Consejo de Administración, quien ejercía todas las facultades
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3I~~
-4~--~ OQ\ñÇ~OL ~
correspondientes, sin limitación alguna. Que el 8 de septiembre de 2004, la
Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, Estado de México, ordenó la
revisión fiscal a la indicada sociedad anónima, con el fin de verificar el debido
cumplimiento de las obligaciones fiscales en relación con el Impuesto sobre la
Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes al ejercicio fiscal
2002. Que la determinación de la revisión fiscal ordenada, fue notificada, el 10 de
septiembre de 2004 en el domicilio legal de la empresa contribuyente... Que del
análisis efectuado a los registros contables proporcionados por Grupo Arrendador
Ch., a la autoridad revisora, se pudo establecer que Grupo Arrendador CH., obtuvo
ingresos que omitió manifestar en su declaración del ejercicio fiscal de 2002, por
un importe de 191’838.263,74 pesos, cantidad por la cual omitió el pago del TSR y
así mismo omitió señalar la recepción de la cantidad de 191’846.415,74 pesos, de
la que no efectuó el pago por concepto de IVA. Que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a través del informe técnico contable rendido por personal del
Servicio de Administración General de Auditoría Fiscal Federal dependiente del
Servicio de Administración Tnbutarja, y, el dictamen pericial emitido por las
contadoras publicas adscritas a ia Procuraduna General de la República, coinciden
en concluir que, la empresa contribuyente en el ejercicio fiscal comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2002; omitió cubrir al fisco Federal el pago del ISR
y del IVA por la cantidad total de 85’194.378,47 pesos, de los cuales
63’016.140,50 pesos corresponden a ISR y, 22’178.237,97 pesos, a IVA.- 3.2.-
Dentro de la causa penal No. 77-2007, se expresa: Que el 10 de noviembre de
2000, se constituyó la persona moral EXPOINDUSTRIAS S.A. de C.V. Que el 23 de
enero de 2001, se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de
accionistas de dicha empresa, en la que se acordó: a) Que el Consejo de
Administración estaría conformado por Sion Cheja Chaya, Alfredo Atri Saad y
Alfredo Cheja Atri, en calidad de Presidente, Secretario y Tesorero,
respectivamente; y, b) Otorgar poder general al Consejo de Administración para
que en representación de la empresa, ejerzan todos, de manera indistinta, las
facultades conferidas al presidente del consejo de administración, con excepción
de las facultades para ejercitar actos de dominio, las cuales deberían ejercer en
~~forma mancomunada por dos de cualquiera de los tres miembros del Consejo. Que
el Consejo de Administración era el responsable de presentar la declaración anual
de impuestos de la empresa, según el Art. 10 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. Que la referida empresa, el 31 de marzo de 2003, presentó su
declaración anual de impuestos, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2002,
declarando ingresos o utilidades menores que los realmente obtenidos, así como
actos o actividades menores a las efectuadas, omitiendo cubrir al Fisco Federal el
pago del IVA e TSR por la cantidad de doscientos once millones quinientos
cincuenta y cuatro mil seiscientos dieciocho pesos, con 94/100 ($211’554.618,94, conducta sancionada por las leyes fiscales mexicanas.- Que la
administración y, por ende la representación, así como el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de la empresa le corresponden al Consejo de Administración,
el cual ejercía todas las facultades correspondientes, sin limitación alguna. Que el
14 de junio de 2005, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, Estado
de México, ordenó la revisión fiscal a Expoindustrias S.A., con el fin de verificar el
debido cumplimiento de la obligación fiscal anual a que estuvo obligada en relación
con el TSR e IVA y, como obligado solidario (“agente de retención”)
correspondiente al ejercicio fiscal 2002. Que en la declaración anual, la empresa
reportó que únicamente recibió ingresos por concepto de TSR e IVA la cantidad de:
612’431.674 pesos y, 588’993.935 pesos, respectivamente. Que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través del informe técnico contable rendido por
personal del Servicio de Administración General de Auditoría Fiscal Federal
dependiente del Servicio de Administración Tributaria, y, el dictamen pericial
emitido por las contadoras públicas adscritas a la Procuraduría General de la
República, coinciden en concluir que, la empresa contribuyente Expoindustrias
S.A., por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002,
omitió cubrir al fisco Federal el pago del TSR y del TVA por la cantidad total de
211’554.618,94 pesos, situación que no la realizó desplegando así una conducta
antijurídica. 3.3.- Dentro de la causa penal No. 101-2009, y, teniendo como
antecedentes la constitución de la empresa EXPOINDu5Tpj~5 Sociedad Anónima
de Capital Variable, las obligaciones fiscales del Consejo de Administración y, las
personas que lo integraban, se menciona que dicha empresa, omitió presentar por
un período de más de 12 meses su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2003 y, en consecuencia, no ha realizado
el pago de 63’674.341,61 pesos, en perjuicio del fisco federal, conducta de
omisión que constituye delito en la legislación mexicana. Que el indicado valor, se
encuentra en el dictamen técnico contable realizado a las cuentas de Expoindutrias
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~? ~ t$o.
S.A. de CV, por los peritos de la Administración General de Auditoría Federal del
Servicio de Administración Tributaria.- QUINTO: Las principales alegaciones
formuladas por el abogado defensor del reclamado en extradición, se basan en
que: El argumento del país requirente en cuanto a la prescripción, es el aplicable a
los delitos contenidos en el Código Penal Federal conocidos como delitos en
particular, lo cual no implica que sean normantes de los delitos especiales
previstos en otras leyes. Que en el primer libro de dicho Código contiene la teoría
general del delito y la teoría general de las penas, en tanto que en el segundo libro
se describen los delitos en particular y no en general. Que en las causas penales
por las que se requiere la extradición, se encuentra prescrita la acción, por el
principio de especialidad de las normas Øenales previsto en el Art. 6 del Código
Penal Federal, principio que es aplicable también a la tipificación del hecho o
cualquier otro aspecto con significación penalista, qüe se haya incluido en la ley
especial, solo ante la falta de esta ley se puede aplicar las disposiciones del
ordenamiento jurídico federal. Que el Código Fiscal de la Federación regula sobre
los delitos fiscales en los A’rts. 92 a 11/5~ que fa Embajada de México no anexo la
disposición del Art. 92 de dicho Codtgo, sin embargo, las tres causas por las que
se requiere la extradición se iniciaron por quereila de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Que la Embajada de México omitió deliberadamente trascribir el
Art. 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento en que se
presume se cometieron los hechos, y, es por ello que se envían las disposiciones
del Art. 100 a 115 deI Código Penal Federal y no al Código Fiscal de la Federación,
en donde al hablar de la prescripción (penal) se dice que se obtiene sumando las
penas menor y mayor prevista para el delito en concreto y el resultado dividido
entre dos (3+9=12 ÷ 2=6) de allí que el Gobierno Mexicano sostenga que las
ordenes libradas se encuentran vigentes. Que en el año 2010, la Suprema Corte
de México, resolvió que cuando el Art. 100 del Código Fiscal Federal señala: “En
los demás casos se estará a las reglas del Código Penal aplicables en materia
federal , hace referencia a los delitos fiscales diferentes a los perseguibles por
querella, en tanto que para éstos delitos de querella, por lo previsto en el mismo
Çj artículo, su acción penal prescribe en tres años, contados a partir: a) Del día en
que la autoridad hacendaria tenga conocimiento del delito, y del delincuente sinO que se formule querella ante el Ministerio Público; b) Del día en que se formule la
querella sin que el Ministerio Público ejercite acción penal ante el juez; y c) del día
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en que el juez libere la orden de aprehensión sin que se dicte sentencia definitiva.
Que la Corte fue tajante en determinar que ninguna de las normas de prescripción
de la acción penal prevista en el Código Penal Federal, es aplicable a los delitos
fiscales perseguibles por querella, en atención al principio de especialidad,
respecto al cual la norma especial prevalece sobre la general, de forma tal que
inclusive la prescripción no se interrumpe por las actuaciones de las autoridades
administrativas ni por las practicadas por el Ministerio Público en la averiguación
del delito, ni por la detención en ejecución de la orden de aprehensión, por lo que
de acuerdo con el Art. 100 del Código Fiscal Federal, las tres órdenes de prisión se
encuentran prescritas el 27 de junio de 2010, el 27 de diciembre de 2010 y el 28
de noviembre de 2012, en su orden. Que agrega cinco jurisprudencias de la
Suprema Corte de México, en las que se mantiene igual criterio; que la
interpretación con tesis diferente constante en el Semanario Judicial de la
Federación de marzo de 1991, página 195, llevó a que el Poder Ejecutivo proponga
la reforma del Art. 100 del Código Fiscal Federal para ampliar el plazo de
prescripción de Tos delitos perseguibles por querella, pero la reforma se realiza el
12 de diciembre de 2011, y, en el mismo texto se dice que entra en vigencia a
partir del 31 de agosto de 2012, para todos los hechos cometidos a partir de esa
fecha y, no de anteriores, atendiendo el principio de irretroactividad de la ley penal
prevista en el Art. 14 de la Constitución Mexicana; más, al señor Alfredo Cheja se
le acusa de delitos cometidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001 y,
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002; y, las querellas y órdenes de
aprehensión fueron emitidas en el año 2007 y 2009, es decir, antes de la reforma
de 31 de agosto de 2012. Por lo que según los Arts. 100 del Código Fiscal Federal,
102 y 110 del ordenamiento sustantivo federal se debe negar la extradición. Que
recién el 1 de septiembre de 2012 se publicó el extracto de notificación en
Interpol, a los cinco años de haberse dictado la orden de aprehensión y a los once
años en que se presume se tuvo conocimiento del presunto delito y, de los
responsables; que en la solicitud de interpol sobre la prescripción en la causa
penal 38-2007, se establece “no precisado”, en la 77-2007, se dice “27 de
diciembre de 2019” y, en la causa 101-2009 no se hace ninguna referencia, por lo
que no se ha cumplido con el requisito formal de señalar la fecha de prescripción
de la acción penal. Que de las copias del movimiento migratorio entregado por
Interpol, se observa que las tres ordenes de aprehensión no surtieron efecto en
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Ç~ ~territorio mexicano, ya que sale de México en el año 2008, entrada en el 2009,
sale en el 2012, entrada en el 2012; es más el pasaporte fue expedido el 8 de
febrero de 2010 y caduca el 8 de febrero de 2013. Que en la legislación penal
mexicana cuando se presenta una querella y el juez dicta la orden de aprehensión
solamente se informa al Ministerio Público, no a las personas involucradas, aspecto
extraño a nuestra legislación penal en donde el derecho a la defensa se lo tiene
desde la indagación previa, instrucción fiscal, juicio e impugnaciones. Que su
defendido en las tres causas penales ha solicitado el sobreseimiento por estar
extinta la pretensión punitiva y, ante el tiempo que lleva el trámite de esas
peticiones y la falta de pronunciamiento judicial, ha presentado tres amparos
constitucionales de protección de la justicia. Que su defendido no tenía solo tres
causas penales, sino cuatro, que ésta última fue declarada prescrita en virtud del
Art. 100 del Código Fiscal Federal por haber transcurrido más de tres años desde
que se dictó la orden de aprehensión y más de cinco aPios desde que el Ministerio
de Hacienda y Crédito Púbflco tuvo conocimiento del presunto delito; que en dicha
prescripción consta el argumento jurídico expuesto en esta audiencia. Finalmente
cita el criterio de Sergio Vela Trivjño, expuesto sobre la prescripción de la acción
persecutoria en el Código Fiscal de la Federación, que dice: “la acción penal que
nazca de delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público prescribirá en tres años contados desde el día en que dicha
secretaria tenga conocimiento del delito o del delincuente y se no tiene ese
conocimiento en cinco afios que se computaran a partir de la fecha de la comision
del delito” - SEXTO De acuerdo con el Art 2 de la Ley de Extradicion, se puede
conceder la extradfción en dos circunstancias: a) Por aquellos delitos para los
cuales las leyes ecuatorianas y las del Estado requirente señalen una pena o
medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de
libertad en su grado máximo o una pena más grave; y, b) Cuando la reclamación
tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad
no inferior a un año de privación de libertad por delitos también tipificados en la
«....le~islación ecuatoriana. En el presente caso, el requerimiento de extradición de
j4~’Alfredo Cheja Atri, realizado por la Embajada de México, se realiza, no para el
67) cumplimiento de pena o medida de seguridad, sino para ser procesado y/o juzgadoen México, por lo que el requerimiento así formulado, es procedente al tenor de la
norma antes invocada.- SÉPTIMO: Corresponde analizar ahora, si el delito objeto
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del requerimiento se encuentra tipificádo y sancionado en la legislación pena!
mexicana y, en la legislación penal ecuatoriana, así como también, sí está
sancionado con pena o medida de seguridad con duración superior a un año de
privación de libertad. Al respecto, revisada la legislación mexicana, se encuentra
que los delitos de defraudación fiscal equiparable y defraudación equiparada, están
tipificados en el Art. 109 fracción 1 y V; y, sancionados por el Art. 108, fracción III
del Código Fiscal de la Federación con pena privativa de libertad de tres a nueve
años1. Dicho delito actualmente se encuentra tipificado y sancionado en los Arts.
342, 344 y 345 del Código Orgánico Tributario con pena privativa de libertad
mayor a un año, también está tipificado y sancionado en la legislación penal
tributaria ecuatoriana, vigente a la fecha del cometimiento del delito con pena
privativa de libertad superior a un año, según consta en el Libro IV, Del Ilícito
Tributario, Título II, De las Infracciones Tributarias en particular, Capítulo II De la
Defraudación, Arts. 379 y 381 del Código Tributario, Séptima Edición de la
Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a junio de 2003, que
textualmente señalan: “Art 379.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto
de simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induce a error en la
determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o
en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero’~ “Art
381.- Casos de defraudación.- Son casos especiales de defraudación: 1. La
falsa declaración de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que
influyan en la determinación de la obligación tributaria; . .. 6.- Omisión de ingresos,
Código Fiscal de la Federación: Art 10&- Comete el delito de defraudación fiscal quien con usode engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de algunacontribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal] La omisión total oparcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente lospagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposicionesfiscales.! El delito de defraudación fiscal se sancionará con las siguientes penas: . . . hL - Conprisión de tres años a nueve años, cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $ 750.000.Art 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: LConsigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresosacumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la mismaforma será sancionada aquella persona fisica que perciba dividendos, honorarios o en generalpreste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuandorealice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propioejercicio y no compruebe a la autoridadfiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conformeal procedimiento señalado en el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.,. V Seráresponsable por omitir presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio que exijanlas leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.
lo
Ç~cj 5
Ç ~S o~~C~LO
la inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o
superiores a los que procedan legalmente y, en general, la utilización en las
declaraciones tributarias o en los informes que se suministren al Servicio de
Rentas Internas, de datos falsos, incompletos o desfigurados, de los cuales se
derive un menor impuesto causado. En el caso de la declaración de retenciones en
la fuente, constituye defraudación el hecho de no incluir en la declaración la
totalidad de las retenciones que han debido reailzarse, el efectuar las retenciones y
no declararlas o el declararlas por un valor inferior. En este caso, la sanción se
calculará sobre el valor de la retención no efectuada o no declarada; ...11. La falta
de entrega, total o parcial, después de diez días de vencido el plazo para entregar
al sujeto activo los tributos recaudados, por parte de los agentes de retención o
percepción, de los impuestos retenidos o percibidos’~ “Art. 383.- Defraudación de
otros tributos.- ....a) Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años
los contribuyentes que se encuentren incursos en los casos de defraudación
previstos en los numerales 6 inciso primero, 7, 8 y 9 del artículo 381... ¡La
responsabilidad por este delito recaerá en las personas que presenten la
declaración por cuenta propia o en representacion de terceros o de sociedades y
en las personas que dolosamente hayan participado en la infracción. En el caso de
personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente de
person ería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio
independiente de la de sus miembros, la responsabilidad por falta de declaracion
recae en su representante legal, si se establece que su conducta ha sido dolosa~
/En estos delitos sancionados con prision, el auto cabeza de proceso se iniciará por
excitativa fiscal qúé tendrá como antecedente la den uncia formulada por la
máxima autoridad de la Administración Tributaria, la que responderá por los daños
y perjuicios a que hubiera lugar si en sentencia la denuncia es calificada como
maliciosa o temeraria, sin perjuicio de la pena de prisión a que hubiera lugar. ¡Es
obligación de la administración tributaria formular la denuncia y luego actuar como
parte en el juicio, cuando en sus actos firmes o resoluciones ejecutoriadas o en
sentencias judiciales ejecutoriadas se establezca la presunción de la comisión de
una defraudación tributaria. ¡En los casos previstos en esta disposición, la
4 privación de la libertad procederá cuando se configure la tipificación de la
f defraudación definida en los artículos 379 y 381 del Código Tributario y 14 de estaLey; por lo tanto, ningún contribuyente podrá ser sancionado con la pena de
11
prisión por el sólo hecho de no haber pagado los impuestos debidos; y, b) La
defraudación por apropiación de los impuestos recaudados por los agentes de
retención o percepción, se configurará cuando éstos no entreguen o no depositen
en las cuentas del sujeto activo los tributos recaudados dentro de los diez días
siguientes a las fechas y plazos establecidos para el efecto. En este caso, los
agentes de retención o percepción, serán sancionados con prisión de dos a cinco
años... /La responsabilidad por este delito recaerá en las personas que se
desempeñen como agentes de retención o de percepción y en las personas que
dolosamente hayan participado en la infracción. En el caso de personas jurídicas,
sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente de personería jurídica,
constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de la de sus
miembros, la responsabilidad recae en su representante legal, si se establece que
su conducta ha sido dolosa... /En estos delitos sancionados con prisión, el auto
cabeza de proceso se iniciará por excitativa fiscal que tendrá como antecedente la
denuncia formulada por la máxima autoridad de la Administración Tributaria, la
que responderá por los daños y perjuicios a que hubiera lugar si en sentencia la
denuncia es calificada como maliciosa o temeraria, sin perjuicio de la pena de
prisión a que hubiera lugar. ¡Es obligación de la Administración Tributaria formular
la denuncia y luego actuar como parte en el juicio, cuando en sus actos firmes o
resoluciones ejecutoriadas o en sentencias judiciales ejecutoriada se establezca la
presunción de la comisión de una defraudación tributaria”.~ Por lo dicho, en el
caso, se encuentra cumplido otro de los requisitos para que se conceda ¡a
extradición, esto es que, el delito por el que se solicitare la extradición se
encuentre tipificado y, sancionado en la legislación del Estado Requirente y en la
del Estado Requerido, y, que a su vez, tenga una pena o medida de seguridad
superior a un año de privación de libertad.- OCTAVO: De acuerdo con la relación
de los hechos realizada en el considerando cuarto de esta resolución, y, el ámbito
territorial de la jurisdicción penal ecuatoriana, no corresponde a los jueces y
tribunales de garantías penales ecuatorianos, el conocimiento y juzgamiento del
delito de defraudación fiscal por el que se requiere la extradición de Alfredo Cheja
Atri; por otra parte, dicho delito, no es de aquellos considerados como de carácter
político, razón por la cual, el requerimiento de extradición, no se encuentra dentro
de las prohibiciones contempladas en los numerales i, 2 y 3 del Art. 5 de la Ley de
Extradición.- NOVENO: El principal argumento de la defensa de Alfredo Cheja Atri,
12
Ç~c~~os ~ç~Q~$k
se fundamenta en que las acciones intentadas en su contra se encuentran
prescritas en los Estados Unidos Mexicanos, aspecto que no ha sido justificado con
documentación otorgada por autoridad competente mexicana y, debidamente
apostillada, pues únicamente agregó al expediente de fs. 330 a 695 copias simples
de varias actuaciones procesales y, de fs. 725 a 731 la desmaterilización de
información encontrada en una página web. Respecto de la prescripción de la
acción de defraudación fiscal en la legislación ecuatoriana, se evidencia que, el Art.
366 del Código Tributario, vigente a la fecha del cometimiento de los hechos,
dispone: “Prescripción de ¡a acción.- Las acciones por infracciones tributarias,
háyase o no iniciado enjuiciamiento, prescribirán en el plazo de cinco años, en
caso de delito, y de tres años en el de las demás infracciones, contados desde
cuando la infracción fue cometida o desde la realización del último acto idóneo,
en los casos de tentativa’~ (La negrilla no corresponde al texto). Por lo señalado en
el considerando cuarto de esta resolución, se desprende que el presunto delito de
defraudación fiscal, por el que se procesa a los señores Sion Cheja Chaya, Alfredo
Atri Saad y Alfredo Cheja Atri, en calidad de Presidente, Secretario y Tesorero del
Consejo de Administración de “Grupo Arrendador Ch”, Sociedad Anónima de --
Capital Variable (causa No. 38-2007) y, Presidente, Secretario y Tesorero del
Consejo de Administración de “Expoindustrias” Sociedad Anónima de Capital
Variable, respectivamente, (causa No. 77-2007), se habría realizado como
consecuencia de la declaración del impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al
valor agregado (IVA) del ejercicio fiscal del año 2002, presentada el 31 de marzo
de 2003, por el referido Consejo de Administración de dichas sociedades, donde se
declaró ingresos o utilidades menores a los realmente obtenidos, así como actos o
actividades menores a los efectuadas; y, la causa penal No. 101-2009, se inicia el
28 de noviembre de 2009, contra los referidos ciudadanos, en calidad de
Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de
“Expoindustrias” Sociedad Anónima de Capital Variable, por haber omitido
presentar por un período de más de doce meses su declaración anual de impuesto
sobre renta, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2003; por lo dicho, desde la
fecha en que se habría cometido el presunto delito tributario, en cada caso, hasta
la presente ha transcurrido más de cinco años, tiempo que según el Art. 366 del
Código Tributario ecuatoriano, era el previsto para que opere la prescripción de la
acción penal, haya o no iniciado enjuiciamiento.- DÉCIMO: El Art. 140 del Código
13
Orgánico de la Función Judicial, al hablar sobre las omisiones en que incurran las
partes, dispone que los jueces deben ‘~..aplicar el derecho que corresponda a!proceso, aunque no haya sido invocado por las partes.... ¡Sin embargo, no podrá ir
más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sidoalegados por las partes. ¡Esta última disposición no será aplicable cuando en esta
forma se puedan vulnerar derechos reconocidos en la Constitución y en losinstrumentos Internacionales de derechos humanos”~ Por su parte la Constitución
de la República, contempla en el Art. 75, que toda persona tiene derecho a latutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, el Art. 76eiusdem, precisa también, que que se determinen derechos
y obligaciones de cualquier al debido proceso, elmismo que incluirá entre Corresponde a todaautoridad administrativa de las normas y losderechos de las partes’; del mismo artículo, seexpresa que “Sólo se un Juez o autoridadcompetente y con observaA de cada procedimiento”;
finalmente el Art. 82 del precisa que “El derecho a laseguridad Jurídica se funda, Constitución y en la existenciade normas Jurídicas previas, ciaras, públicas y aplicadas por las autoridades
~- Por lo dicho, aDlicando el derecho que al ~roceso y,
observa que, el tra$d6de Extraaicion suscritoen el literal e) de su Art. 3 det~rmina como una de las causas para denegar laextradición: “e) Si la acción penal o la pena del delito por el cual se sollcita laextradición ha prescrito conforme a la legislación Interna de cualquiera de lasPastes’ (la negrilla no corresponde al texto). Asimismo, el numeral 5 del Art. 5 de
la Ley de Extradición de la República del Ecuador, determina que no se concederála extradicIón, “5) Cuando se hubiere verificado la prescripción de la acción o de lapena, según ia Ley ecuatoriana o la dei Estado requirente”.- Al haberse verificado
que la acción por el delito de defraudación fiscal, por el cual la representacióndiplomática del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó la extradición deALFREDO CHEJA ATRI, se encontraría prescrito de acuerdo a lo establecido en lalegislación ecuatoriana, según lo descrito en el considerando noveno de esta
14
resolución, de conformidad con lo que manda el literal e) del Art. 3 del Tratado de
Extradición entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Registro Oficial No. 323, de 28 de julio
del 2006, el numeral 5 del Art. 5 de la Ley de Extradición de la República del
Ecuador, así como en aplicación de los principios de tutela judicial efectiva de los
derechos, seguridad jurídica, obligatoriedad de administrar justicia con arreglo a la
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de
la República, establecidos en los Arts. 23, 25 y 28 del Código Orgánico de la
Función Judicial, y, en los Arts. 75, 76 numeral 1, 3 y Art. 82 de la Constitución de
la República, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no se concede la extradición de ALFREDO CHEJA
ATRI, solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia
de lo cual, se revoca la orden de privación de libertad dictada en su contra y, se
ordena girar la correspondiente boleta de excarcelación.- En virtud del ingreso y
custodia de a computadora laptop marca HP, Pabilion color negra, ordenado en
providencia de 13 de diciembre de 2012, rernítase atento oficio al señor Jefe de la
Policía Judicial de Pichincha, a fin de que proceda a entregarla al sefior Alfredo
Cheja Atri.- Hágase conçcer el contenido de esta providencia, a los señores
Director Nacional de Rehabilitación Social, Director del Centro de Rehabilitación
Social de Varones de Quito No. 1, Ministro del Interior y, Jefe de la Oficina Central
Nacional INTERPOL.- Notifíquese con esta resolución al Estado requirente, por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Hágase saber y cúmplase.-
PRESIDENTE JUSTICIA
Certifico.-
Dr.
Dra. IsaL~el Garrido Cisneros
SECRETARIA GENERAL
15
En esta fecha, a las trece horas treinta y cinco minutos, mediante boletas notifico
con las copias de la sentencia que antecede al: DR. GALO CHIRIBOGA
ZAMBRANO, FISCAL GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No. 1207;
a la DRA. LOLITA MONTOYA, DEFENSORA PÚBLICA, en los casilleros
judiciales 5711 y 5387; al requerido ALFREDO CHEJA ATRI, en el casillero
judicial No. 5822 de su defensor Ab. Carlos González Albornóz; al DIRECTOR
NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL, en el casillero judicial No. 1111; al
DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES No. 1
DE QUITO, en el casillero judicií[Nv. 1080.- Certifico.- Quito, a 7 de junio de
2013.
Sif.
En esta fecha, siendo las diecisiete horas veinte y cinco minutos, notifico con lasentencia que antecede al señor ALFREDO CHEJA ATRI en el correoelectrónico carlosb.gonzalez17~foroaboqados.ec, señalado por su ABOGADODEFENSOR DR. CARLOS GONZALEZ ALBORNOZ; y, a la DRA. LOLITAMONTOYA, DEFENSORA PÚBLICA, en su correo electrónicolmontoya~defensoria.qob.ec.-Ce o.-Quito, a7de junio de 2013.
rrido CisnerosSECRETARIA GENERAL D LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Cisneros
SECRETARIA GENERAL
sif.
q ~
CORTE NAC!ONAL DE JUSTIC!A.- SALA ESPEC!AL!ZADA DE LO PENAL,
PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO
Quito, 25 de octubre de 2013.- Las 09:35.-
VISTOS: La Embajada de México en Ecuador mediante nota diplomática ECU-
01989, de fecha 13 de septiembre de 2012, con fundamento en el Tratado de
Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de Ecuador, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración, la detención provisional con fines de investigación de los
ciudadanos mexicanos Alfredo Cheja Atri, Alfredo Atri Saad y Sion Cheja
Chaya, por ser probables responsables en la comisión del delito de
defraudación fiscal equiparada o defraudación fiscal equiparable, en agravio al
Fisco Federal, dentro de las cusas penales Nos. 38-2007, 77-2007 y 101-2009,
en las que el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales
Federales en el Estado de México, el 26 de junio de 2007, el 27 de diciembre
de 2007 y el 28 de noviembre de 2009 respectivamente, libró orden de
aprehensión en contra de los reclamados. El Director de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Encargado, mediante
oficio Nro. MRECI-DAJI-2012-1052-O, remitió dicha documentación al señor
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, autoridad que con fecha 13 de
septiembre de 2012, las 16h43, fundamentado en la Ley de Extradición, y en el
Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador, y el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, ordenó la detención preventiva
con fines de extradición de los ciudadanos mexicanos Alfredo Cheja Atri,
( Alfredo Atri Saad y Sion Cheja Chaya. Mediante oficio No. 1939-OCNII12-CF,el Jefe de la Oficina Central Nacional Interpol-Quito, informó que el día 14 de
septiembre de 2012, se ha procedido a la detención del ciudadano Alfredo
Cheja Atri, ante lo cual, con la misma fecha se giró la boleta constitucional de
encarcelamiento, y se dispone la notificación a la Embajada de México para los
fines establecidos en el numeral 3 del artículo 8 del referido Tratado de
Extradición.
ANTECEDENTES PROCESALES
1
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, en atribución de
la facultad prevista en el artículo 9 de la Ley de Extradición, mediante oficio No.
MRECI-DAJI-2012-1154-O, comunicó al señor Presidente de la Corte Nacional
de Justicia, que la Embajada Mexicana, a través de la nota diplomática No.
ECU 02388, de 06 de noviembre de 2012, remitió la solicitud formal de
extradición, indicando que dicha solicitud cumple con los requisitos
establecidos en dicha ley.
El señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en aplicación del artículo
11 de la Ley de Extradición, en providencia de fecha 2 de octubre de 2012, las
09h30, ordena la inmediata comparecencia a su despacho del requerido
ciudadano mexicano Alfredo Cheja Atri, quien en su comparecencia,
acompañado de su abogado defensor Carlos González Arbornoz, se opuso a
su extradición, por los argumentos esgrimidos en la misma, con lo cual, el
señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia en providencia de fecha 13
de diciembre de 2012, las 15h30, dictó auto de procesamiento de extradición
en contra de Alfredo Cheja Atri, auto que fuere confirmado por este Jribunal,
con fecha 18 de febrero del 2013, las 10h20; ejecutoriado dicho auto, y
continuando con la sustanciación de la causajen cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley de Extradición, el referido señor Presidente convocó
a audiencia oral para resolver la procedencia o no de la extradición del
ciudadano mexicano Alfredo Cheja Atri, a la misma que han comparecido el
delegado del señor Fiscal General del Estado, y el requerido, acompañado de (su abogado defensor Carlos González Albornoz, quien ha solibitado se niegue
la extradición de su defendido; por lo que el señor Presidente de la Corte
Nacional de Justicia, dicta sentencia en la que no se concede la extradición de
Alfredo Cheja Atri, solicitada por el Gobierno de los Estádos Unidos Mexicanos;
en consecuencia de lo cual se revoca loa orden de privación de libertad dictada
en su contra y se ordena girar la correspondiente bóleta de excarcelación. De
esta sentencia la doctora Cecilia Armas Erazo de Tobar, Directora de Asesoría
Encargada, Subrogante del señor Fiscal General del Estado, propone recurso
de apelación, y encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo se
considera:
2
II. COMPETENCIA
Este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial
y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, es competente para conocer y
resolver la apelación, de la sentencia dictada por el señor Presidente de la
Corte Nacional de Justicia, conforme a lo dispuesto en los artículos 184.1 de la
Constitución de la República, 186.8 del Código Orgánico de la Función
Judicial, y, 13 inciso último de la Ley de Extradición.
III. VALIDEZ PROCESAL1
En la tramitación del recurso de apelación de la sentencia que niega la
extradición, se han observado las normas constitucionales, tratados
internacionales, y disposiciones legales aplicables al mismo. Al no existir vicios
de procedimiento, ni omisión de solemnidad sustancial que lo vicie de nulidad,
se declara la validez de lo actuado.
IV. AUDIENCIA ORAL DEL RECURSO DE APELACIÓN
1.- Intervención del delegado del señor Fiscal General del Estado.
El doctor José García Falconí, delegado del señor Fiscal General del
Estado, fundamenta el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía, en lo
principal en lo siguiente: a) Los fines de la extradición son
fundamentalmente evitar la impunidad de los delitos, perseguir los delitos
transnacionales que causan alarma social, simplificar las formalidades, para
lo cual los Estados se basan en el principio de reciprocidad establecido en el
artículo 1 de la Ley de Extradición; el precedente legal que se deriva de la
resolución dictada, privilegia la impunidad, afecta negativamente a las
instituciones del derecho internacional, y las buenas prácticas entre los
Estados; que si no se revoca la sentencia dictada por el señor Presidente de
la Corte Nacional de Justicia, se dará lugar a un precedente negativo, por
3
cuanto la delincuencia transnacional se escudará en resoluciones similares,
en el Ecuador, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones,
una de las principales está contenida en el artículo 83 numeral 15 de la
Constitución de la República; el artículo 13 del Código Tributario vigente a la
época del presunto cometimiento del delito señalaba como ley supletoria el
Código Penal, y esta norma legal en el artículo 101 determina las reglas
para la prescripción de la acción penal; de acuerdo a la legislación
mexicana, por auto de 9 de octubre de 2012, el Juez del Proceso acordó la
solicitud del Ministerio Público de México, en cuanto a la duplicidad del
término de prescripción para los procesados que se encuentran en el
extranjero, por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 101 del
Código Penal, la prescripción de la acción penal acontecería el 26 de
diciembre del 2019. b) que en la sentencia dictada por el señor Presidente
de la Corte Nacional de Justicia, se hace referencia a las causas 38-2007 y
77-2009 se encuentran prescritas, pero se ha omitido pronunciarse respecto
de la causa 101-2009, que es de 28 de noviembre de 2009, que no se
encuentra prescrita. c) En los artículos 101, 108 y 114 del Código Penal
ecuatoriano, se establece la prescripción de la acción penal, que de
conformidad con el artículo 114 de la referida disposición legal, manda que
para que el juez dicte la prescripción, como un requisito fundamental, debe
solicitar a los jueces competentes certificaciones de si la persona a favor de (la cual se va a dictar, ha sido enjuiciada por otro delito, cuestión que no se
ha hecho en la sentencia de la cual se recurre. d) El artículo 366 del Código
Tributario del Ecuador, vigente a esa época manifestaba Art. 366 “Las
acciones por infracciones tributarias, háyase o no iniciado enjuiciamiento,
prescribirán en el plazo de cinco años, en caso de delito, y de tres años en
el de las demás infracciones, contados desde cuando la infracción fue
cometida o desde la realización del último acto idóneo, en los casos de
tentativa”, de acuerdo a la legislación Mexicana, no se encuentran prescritas
ninguna de las tres acciones, de acuerdo a nuestra legislación, la causa No.
101-2009 no se encuentra prescita, pues no ha transcurrido los 5 años que
determina el Código Penal, y el Código Tributario ecuatorianos; con lo
expuesto, y tomando en consideración que dentro de nuestro ordenamiento
4
‘rflr’n ~.‘ + ,~.-. ;....;~.. ~ ~.., i_i_.~.a.. —. 1 ~ r,.~ j_.i~~ , ~1 UI~JUS 1 OU~.VI CO, tAu 1 ‘u e’ eotauiet,Iuu t~fl Ci di tiCLiiO 1
Código Orgánico de la Función Judicial, que determina que el objeto de la
justicia es buscar la paz social, a fin de no dejar en la impunidad los delitos,
en los cuales han sido perjudicados los 118 millones de ciudadanos
mexicanos, con una cantidad superior a los 21 millones de dólares,
considerando que hay un error en la sentencia recurrida, y en aplicación del
artículo 13 de la Ley de Extradición, al encontrarse cumplidos todos los
requisitos constitucionales, los señalados en los tratados de los derechos
humanos, los señalados en el Tratado de Extradición suscrito entre la
República Mexicana, y la República del Ecuador, solicita se revoque la
sentencia dictada por el señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y
( se dicte sentencia concediendo la extradición del ciudadano mexicanoAlfredo Cheja Atri, solicitada por la Embajada de los Estados Unidos
Mexicanos.
1.1. Intervención de la señora representante de la Embajada de la
República de México.
La señora María Eugenia Ruiz Perdomo, a nombre de la Embajada de la
República de México, indicó que confía en la representación que lo hace la
Fiscalía General del Estado, a nombre del Gobierno de la República de
México, en la imparcialidad de esta Corte, que su presencia se debe al
interés que tiene su Gobierno por este tema, sobre todo por el precedente
internacional que pueda sentarse, que la representación como Estado está
en manos del Gobierno Ecuatoriano.
1.2. Intervención del abogado defensor del señor Alfredo Cheja Atri.
El abogado Carlos González Albornoz, abogado defensor del requerido
Alfredo Cheja Atri, en contestación a la fundamentación hecha por el
delegado del señor Fiscal General del Estado, en lo principal da
contestación a la fundamentación hecha, en los siguientes términos: a) El
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, según lo
5
establece el artículo 1 de la Constitución de la República, en el cual se
presume la inocencia de los ciudadanos, mientras no se pruebe lo contrario;
del escrito de interposición del recurso de apelación presentado por la
señora Fiscal General Subrogante, se entiende que acepta el fundamento
jurídico dictado por el señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en
lo que se refiere a las dos acciones, esto es que las causas 38-2007 y 77-
2007, se encuentran prescritas, no así en lo referente a la tercera causa,
que es la No. 101-2009 del 28 de noviembre del 2009, que no se encuentra
prescrito, por ello recurre únicamente de esta causa, pues lo que se trata es (de hacer confundir, por cuanto el presunto delito por el cual su defendido es
acusado en dicha causa, no es que se ha cometido el delito el 28 de
noviembre del 2009, sino que como consta en el expediente, y de la propia
sentencia dictada por el señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
en la causa 101-2009, el presunto delito se comete el 31 de diciembre del
2003, desde cuya fecha hasta el 7 de junio del 2013, han transcurrido más
de 5 años que dispone el artículo 366 del Código Tributario del Ecuador,
pues esta disposición legal no dice que es desde que se ha iniciado la
indagación fiscal, es decir, desde el 31 de diciembre del 2003, por lo que las
tres acciones penales, de acuerdo a la legislación ecuatoriana están
prescritas. b) Que no se ha dado cumplimiento por parte del señor
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, a lo dispuesto en los artículos (101, 108 y 114 del Código Penal, de conformidad con el artículo 4 de la
misma disposición legal, prohíbe en materia penal la interpretación
extensiva, pues en el proceso no existe prueba alguna de que el señor
Alfredo Cheja Atri, haya cometido algún delito en la República del Ecuador,
que merezca igual o mayor pena, ni tampoco en la República de México, al
contrario, consta del proceso el certificado otorgado por el departamento del
Centro de Rehabilitación Social, en el que señala que el señor Alfredo Cheja
Atri, ha demostrado conducta ejemplar, por lo que la formalidad de
presentar los certificados, no es sustancial. c) para el caso que nos ocupa,
la defraudación fiscal está contemplada en el artículo 119 del Código Fiscal
de la Federación, y en la legislación ecuatoriana en el artículo 366 del
Código Tributario, por lo que este requisito se ha cumplido; el artículo 5
6
[20Q~,
numeral 5 de la Ley de Extradición determina cuando no se concede la
extradición de una persona, y esta disposición legal dice cuando se hubiere
verificado la prescripción de la acción o de la pena, según la ley ecuatoriana
o la del Estado requirente, que es lo que ha sucedido en el presente caso, y
lo que ha hecho el señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia; d) se
ha indicado que en la sentencia de la cual se recurre, se ha olvidado
mencionar la causa No. 101-2009, lo cual no es verdad, pues al final de la
resolución, en el numeral noveno del fallo, se hace referencia a la misma,
por lo tanto, las tres causas en la República de México también están
prescritas, por lo tanto, la sentencia está debidamente motivada, lo que no
se entiende, es que en la sentencia que se recurre, se dice que lo expuesto
en las audiencias que se ha realizado, no se encuentra sustentado en
pruebas materiales, pues se ha presentado copias debidamente apostilladas
en el Estado de México, de toda la legislación que tiene relación al caso, por
lo que de acuerdo a la Convención de la Haya, tiene vigencia como
documento público; el artículo 9 de la Constitución de la República del
Ecuador, dispone que los extranjeros que se encuentren en el territorio
ecuatoriano, tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos,
el artículo 11 de la misma, en sus numerales 1, 2, 3 y 4 dispone los
principios para hacer efectivos los derechos; en lo que respecta a la
sentencia de extradición, dictada por el señor Presidente de la Corte
Nacional de Justicia, en la cual se analizan los asuntos de fondo, no
únicamente formalidades legales, como en el auto de procesamiento, y es
en la sentencia de la cual se recurre, lo que motiva la resolución del
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en la cual se ha analizado a
profundidad el tema de la prescripción, pues ésta significa que la acción
penal se extingue con el paso del tiempo, existe también la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre del 2007,
caso Albán Cornejo va Ecuador, que se ha pronunciado sobre el tema de la
prescripción; el mismo doctor José García Falconí, señala que el juez no
puede continuar tramitando una causa en que la acción se encuentra
prescrita, pues la naturaleza de la acción obliga a que se hayan cumplido
todos los requisitos procesales; el autor mexicano Celso Vela Triviño, en la
7
edición 7, de 7 de julio del 2004, lo dicho en su obra, tiene plena
concordancia con lo señalado en el artículo 366 del Código Tributario, que
es desde la fecha de comisión del delito, el artículo 6 deI Código Penal
Mexicano dice que se aplicará la ley especial, si no está en la ley especial,
se recurre al Código Penal Mexicano, por lo tanto se ha demostrado la
prescripción de la acción penal en los 2 Estados, tanto en México, como en
Ecuador, el Estado Mexicano ha incumplido lo establecido en el literal c del
artículo 7 de la Ley de Extradición, la fecha probable de la prescripción son
distintas a las que ha señalado el Estado Mexicano, la obligación para que (proceda la extradición de una persona, consta además en la Convención
Americana Sobre Extradición, suscrita por el Ecuador, en el artículo 4.2, que
dice que no procede la extradición cuando esté prescrita la acción penal o la
pena, sea de conformidad con la legislación del Estado requirente, o la del
Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de
extradición; respecto de la reincidencia, el artículo 77 del Código Penal
dispone que existe reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un
delito después de haber cometido uno anterior por el que recibió sentencia
condenatoria, pero en ningún momento Alfredo Cheja Atri, ha sido
procesado en México, peor sentencia condenatoria en contra de él, porque
si lo hubiera se aplicaría lo dispuesto el artículo 79 del Código Penal; las
órdenes de prisión preventiva dictadas por el Juzgado Quinto de México,
después de dictarse las mismas, consta que el Gobierno de México otorgó
al señor Cheja Atri el pasaporte para que pueda salir del País, quien ingresa
al Ecuador 3 años después de que se dictan la órdenes de captura, por
tanto no es un delito que ha conmocionado a los mexicanos, ni un delito de
21 millones de dólares, para que el juez que conocía los procesos los haya
tenido archivados; en el proceso 101 -2009 no consta que el señor Alfredo
Cheja Atri haya sido citado, para sostener que de acuerdo a la legislación
mexicana no se encuentra prescrito; jamás mi defendido ha aceptado que
ha cometido el delito, esto por prohibición de la Constitución, y del derecho
internacional, pues mi defendido se declaró inocente desde el primer
momento; no existe fundamento alguno para aceptar la apelación
interpuesta por la Fiscalía General del Estado, por cuanto de acuerdo al
8
artículo 366 del Código Tributario, se establece que la prescripción de la
acción penal es desde el presunto cometimiento del delito, y no desde el
inicio de las indagaciones previas, por lo cual concluye solicitando que en
base a los principios de soberanía, los derechos de los ciudadanos, los
tratados internacionales, reiterando la inocencia del señor Alfredo Cheja Atri,
quien ha sido tesorero en la compañía Grupo Arrendador Ch, Sociedad
Anónima de Capital Variable, se deniegue el recurso de apelación
interpuesto.
V.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
5.1. Del derecho a recurrir de la sentencia.- El derecho a la impugnación
se encuentra garantizado en el artículo 76.7,m de la Constitución de la
República; artículo 8 numeral 2 literal h de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), por lo que tanto el requerido,
como el requirente han hecho uso del derecho que les asiste, mismo que
este Tribunal observa que se ha cumplido, en atención a lo establecido en el
artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República.
5.2.- Respecto de la extradición.- El autor colombiano Alfonso Reyes
Echandía, en su obra titulada Derecho Penal, expresa “La extradición es un
acto en virtud del cual un Estado solicita, ofrece o decide la entrega de una
persona a otro Estado Interesado para los efectos del juicio penal o la
ejecución de una sentencia condenatoria contra ella proferida”1.
Este mismo autor manifiesta que entre las características generales que
presenta la extradición son: 1.- Es materia de tratados o convenciones
internacionales de naturaleza bilateral o multilateral, y solo a falta de ellos, de
leyes nacionales; 2.- se aplica el principio de la reciprocidad, común al derecho
internacional, de tal manera que los Estados sígnantes del tratado se
comprometen a actuar de igual manera respectos de los puntos en él
consignados; 3.- no se ofrece la extradición de los propios nacionales, los
‘Reyes E. Alfonso, Derecho Penal, Editorial Temis 5. A., Santa Fe de Bogotá-Colombia 1998, pp. 75.
9
Estados suelen ser muy celosos de su soberanía jurisdiccional, particularmente
a sus connacionales; 4.- la extradición se acuerda en relación con delitos de
cierta gravedad, no se justificaría en efecto, poner en marcha los comúnmente
complicados mecanismos internacionales respecto de contravenciones o
delitos de menor importancia; 5.- los delitos que dan lugar a extradición deben
señalarse precisamente en el tratado, y han de tener tal categoría lo mismo en
el Estado que la pide u ofrece, como en el que la otorga o niega; 6.- no se
otorga la extradición por delitos políticos, al contrario a los delincuentes
políticos se les concede asilo; 7.- la extradición supone que no hayan prescrito
la acción ni la pena del hecho delictivo que es materia de la misma.
5.3.- Sobre la pretensión del accionante.- El delgado del señor Fiscal
General del Estado, ha argumentado su petición de extradición del ciudadano
de nacionalidad mexicana Alfredo Cheja Atri, basado en cuatro puntos de
derecho: Artículo 1 de la Ley de Extradición, cuyos fines son evitar la
impunidad, perseguir los delitos transnacionales que han causado alarma
social, simplificar las formalidades, la reciprocidad, y que el no revocar la
sentencia dictada, y que ha sido apelada, se dará lugar a un precedente
negativo, en la cual la delincuencia transnacional se amparará; de acuerdo al
Código Penal de la República del Ecuador, en los artículos 101, 108 y 114, (para declarar la prescripción, de acuerdo al último artículo citado, exige para
dictarse la prescripción las certificaciones si la persona a favor de la cual se va
a dictar la misma, ha sido enjuiciada o no por otro delito, cosa que no ha
sucedido en el presente caso; la causa No. 101-2009, no se encuentra
prescrita porque no ha transcurrido los 5 años que disponía el artículo 366 del
Código Tributario, vigente a la época del cometimiento del supuesto delito,
pues es el 28 de noviembre del 2009, que el señor Juez Quinto de Distrito en
Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, libró la orden
de aprehensión en contra de Alfredo Cheja Atri; y, el Ministerio Público de
México ha establecido la duplicidad del término para la prescripción, para los
procesados que se encuentren el extranjero. Por lo que con respecto de estos
cuatro puntos en los que el representante de la Fiscalía fundamenta el recurso
lo
tR
de apelación, este Tribunal debe pronunciarse, en base a os principios
dispositivo, de concentración e inmediación, establecidos en los artículos 169
de la Constitución de la República, y 19 del Código Orgánico de la Función
Judicial, y haciendo un análisis jurídico de cada uno de ellos, así tenemos que:
En la extradición el principio de reciprocidad entre los Estados requirente y
requerido, es la base principal para que proceda la misma, pero el observar
este principio, no significa ir en contra de lo dispuesto en la misma ley, pues de
conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la Ley de Extradición que dice:
‘No se concederá la extradición en los siguientes casos 5. Cuando se
( hubiere verificado la prescripción de la acción o de la pena, según la Leyecuatoriana o la del Estado requirente’,...”, disposición legal que guarda
armonía con lo establecido en el artículo 3 literal e del Tratado de Extradición
suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y el Gobierno de
la República del Ecuador, que expresa: “Artículo 3.- causas para denegar la
extradición.- no se concederá la extradición: e) si la acción penal o la pena del
delito por el cual se solicita la extradición ha prescrito conforme a la legislación
interna de cualquiera de las Partes”.
Es fundamental establecer que el Código Tributario de la República del
Ecuador, vigente a la fecha del cometimiento del presunto ilícito dispone: “Art.
366.- Prescripción de la acción.- Las acciones por infracciones tributarias,
háyase o no iniciado enjuiciamiento, prescribirán en el plazo de cinco años, en
caso de delito, y de tres años en el de las demás infracciones, contados desde
cuando la infracción fue cometida o desde la realización del último acto idóneo,
en los casos de tentativa.”. En el caso en análisis, son tres las causas por las
cuales se ha solicitado la extradición del ciudadano mexicano Alfredo Cheja
Atri, estas son: 38-2007; 77-2007 y 101-2009, en las que el Juez Quinto de
Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México,
libró orden de aprehensión con fechas 26 de junio de 2007, 27 de diciembre de
2007; y, 28 de noviembre de 2009, respectivamente.
11
Dentro de la causa penal No. 38-2007, se puede determinar que el 10 de
noviembre del año 2000, se constituyó la persona moral GRUPO
ARRENDADOR CH, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLLE, que el
23 de enero del año 2001, se protocolizó el acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas de dicha empresa, en la que se acordó: a) que el
Consejo de Administración estaría conformado por Sion Cheja Chaya, Alfredo
Atri Saad, Alfredo Cheja Atri, en sus calidades de Presidente, Secretario y
Tesorero, respectivamente; y, b) otorgar poder general al Consejo de
Administración para que en representación de la empresa, ejerza todos, de
manera indistinta, las facultades conferidas al presidente del Consejo de
Administración, con excepción de las facultades para ejercitar actos de
dominio, los cuales deberían ejercer en forma mancomunada dos de los tres
miembros del Consejo; el Consejo de Administración era el responsable de
presentar la declaración anual de impuestos de la empresa, según los artículos
10 y 157 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; la empresa GRUPO
ARRENDADOR CH., el 31 de marzo de 2003, al presentar la declaración anual
de impuestos del ejercicio fiscal del año 2002, declaró falsamente ingresos
menores a los realmente obtenidos, así como actos o actividades menores a
las efectuadas, omitiendo cubrir al Fisco Federal el pago de impuestos por la
cantidad de ochenta y cinco millones ciento noventa y cuatro mil trescientos
setenta y ocho pesos con 47/100 (85194.378,47), conducta sancionada por las (leyes fiscales mexicanas; en los datos de identificación de la indicada
declaración de impuestos, consta Alfredo Cheja Atri como representante legal
de la empresa GRUPO ARRENDADOR CH.; la administración de dicha
empresa estaba encomendada al Consejo de Administración, quien ejercía
todas las facultades correspondientes, sin limitación alguna. El 8 de septiembre
de 2004, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, Estado de
México, ordenó la revisión fiscal a la indicada sociedad anónima, con el fin de
verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, en relación con el
impuesto sobre la renta (ISR), e impuesto al valor agregado (IVA),
correspondiente al ejercicio fiscal 2002; que la determinación de la revisión
fiscal ordenada fue notificada el lO de septiembre de 2004 en el domicilio legal
de la empresa contribuyente; del análisis efectuado a los registros contables
12
proporcionados por GRUPO ARRENDADOR CH., a la autoridad revisora, se
pudo establecer que ésta empresa obtuvo ingresos que omitió manifestar en su
declaración del ejercicio fiscal de 2002, por un importe de 191’846.415,74
pesos, cantidad por la cual omitiá el pago del ISR, y así mismo omitió señalar la
recepción de la cantidad de 191846.415,74 pesos, de la que no efectuó el
pago por concepto de IVA.; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
través del informe técnico contable rendido por personal del Servicio de
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dependiente del Servicio
de Administración Tributaria, y el dictamen pericial emitido por las contadoras
públicas adscritas a la Procuraduría General de la República, coinciden en
concluir que la empresa contribuyente en el período comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2002, omitió cubrir al Fisco Federal el pago del
SR, y del IVA por la cantidad total de 85’194.378,47 pesos, de los cuales
63’016.140,50 pesos corresponden al ISR; y, 22’l 78.237,97 pesos al IVA.
Dentro de la causa penal No. 77-2007, se puede determinar que, el 10 de
noviembre de 2000, se constituyó la persona moral EXPOINDUSTRIAS 5. A.,
de O. V., el 23 de enero de 2001, se protocolizó el acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas de dicha empresa, en la que se acordó: a) que el
Consejo de Administración estaría conformado por Sion Cheja Chaya, Alfredo
Atri Saad, Alfredo Cheja Atri, en sus calidades de Presidente, Secretario y
Tesorero, respectivamente; y, b) otorgar poder general al Consejo de
Administración para que en representación de la empresa, ejerza todos, de
manera indistinta, las facultades conferidas al presidente del Consejo de
Administración, con excepción de las facultades para ejercitar actos de
dominio, los cuales deberían ejercer en forma mancomunada dos de cualquiera
de los tres miembros del Consejo; el Consejo de Administración era el
responsable de presentar la declaración anual de impuestos de la empresa,
según el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; que la
referida empresa, el 31 de marzo de 2003, presentó su declaración anual de
impuestos, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2002, declarando
ingresos o utilidades menores que los realmente obtenidos, así como actos o
actividades menores a las efectuadas, omitiendo cubrir al Fisco Federal el pago
13
‘8
del IVA e SR por la cantidad de doscientos once millones quinientos cincuenta
y cuatro mil seiscientos dieciocho pesos con 94/100 (211’554.618,94),
conducta sancionada por las leyes fiscales mexicanas; que la administración, y
por ende la representación, así como el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de la empresa, le corresponden al Consejo de Administración, el cual
ejercía todas las facultades correspondientes, sin limitación alguna; el 14 de
junio deI 2005, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, Estado de
México, ordenó la revisión fiscal a Expoindustrias 8. A., con el fin de verificar el
debido cumplimiento de la obligación fiscal anual a que estuvo obligada en
relación con el pago del ISR e IVA, y como obligado solidario (‘agente de
retención”) correspondiente al ejercicio fiscal 2002; en la declaración anual la
empresa reportó que únicamente recibió ingresos por concepto de SR e IVA la
cantidad de 612431.674 pesos, y 588’993.936 pesos, respectivamente; la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del informe técnico contable
rendido por personal del Servicio de Administración General de Auditoría Fiscal
Federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, y el dictamen
pericial emitido por las contadoras públicas adscritas a la Procuraduría General
de la República, coinciden en concluir que la empresa contribuyente
Expoindustrias 5. A., por el ejercicio fiscal comprendido dell de enero al 31 de
diciembre de 2002, omitió cubrir al fisco Federal el pago del ISR, y del IVA la
cantidad total de 211 ‘554.618,94 pesos, desplegando de esta manera una
conducta antijurídica.
Finalmente, dentro de la causa penal No. 101-2009, y teniendo como
antecedentes la constitución de la empresa EXPOINDUSTRIAS SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, las obligaciones fiscales del Consejo de
Administración, y las personas que lo integraban, se menciona que dicha
empresa omitió presentar por un período de más de 12 meses su declaración
anual de Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal del año
2003, y en consecuencia no ha realizado el pago de 63674.341,61 pesos, en
perjuicio del fisco Federal, conducta de omisión que constituye delito en la
legislación mexicana; el indicado valor se encuentra en el dictamen técnico
contable realizado a las cuentas de EXPOINDUSTRIAS 5. A. de O. y., por los
14
peritos de la Administración General de Auditoría Federal del Servicio de
Administración Tributaria.
En la legislación ecuatoriana, el tema relacionado a la prescripción tanto de la
acción, cuanto de la pena, se encuentran regulados en el Código Penal, en los
artículos 101, que determina las reglas para la prescripción de la acción penal;
artículo 108, que establece la interrupción de la prescripción por el
cometimiento de otra infracción; y, artículo 114, que establece la oficiosidad
para declarar la prescripción, esto siempre y cuando no se encuentre
establecido en el Tratado suscrito entre los Estados requirente y requerido, en
la ley por el delito por el cual se solicita la extradición, y finalmente lo
establecido en el Código Penal, esto en aplicación de lo estipulado en los
artículos 425 de la Constitución de la República, artículo 2 del Código Tributario- - vigente a la época del cometimiento del presunto delito, que establece la
supremacía de las normas tributarias, por lo que lo alegado en cuanto se
refiere a que se debía haber solicitado los certificados para determinar que el
señor Alfredo Cheja Atri, no ha cometido ningún otro delito, no tiene asidero
jurídico, pues era obligación del Estado requirente, por intermedio de la
representación diplomática, quien tenía que probar que el ciudadano requerido
ha cometido algún otro delito para que se interrumpa la prescripción.
Se ha indicado que la causa No. 101-2009, no se encuentra prescrita ni en la
legislación mexicana, ni en la legislación ecuatoriana, pues no ha transcurrido
los 5 años que disponía el artículo 366 del Código Tributario, vigente a la época
del cometimiento del supuesto delito, por tanto es el 28 de noviembre del 2009,
que el señor Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales
en el Estado de México, libró la orden de aprehensión en contra del ciudadano
de nacionalidad mexicana Alfredo Cheja Atri; la referida disposición legal
dispone textualmente “Art. 366.- Prescripción de la acción.- Las acciones por
infracciones tributarias, háyase o no iniciado enjuiciamiento, prescribirán en
el plazo de cinco años, en caso de delito, y de tres años en el de las demás
infracciones, contados desde cuando la infracción fue cometida o desde la
realización del último acto idóneo, en los casos de tentativa.” (las negrillas no
15
pertenecen al texto), si bien es verdad que en esta causa, el referido Juez libró
orden de aprehensión en la referida fecha, respecto a que la empresa
EXPOINDUSTRIAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la cual
era uno de los representantes legales el señor Alfredo Cheja Atri, por cuanto
omitió presentar por un período de más de 12 meses su declaración anual de
Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2003, por
lo que es a partir de esta fecha que corre el tiempo para la prescripción, de
conformidad con la disposición constante en el Código Tributario citado, y no
desde cuando el Juez del Estado requirente dictó orden de aprehensión, como
erradamente se ha indicado.
Respecto a la duplicidad del término para la prescripción, establecido por el
Ministerio Público de México, para los procesados que se encuentran en el
extranjero, esto en el Tratado suscrito entre el Gobierno de la República de los
Estados Unidos Mexicanos, y el Gobierno de la República del Ecuador,
publicado en el Registro Oficial No. 323, de 28 de julio deI 2006, cuanto en el
legislación ecuatoriana, así como en la mexicana, no se encuentra previsto el
mismo, por lo que lo manifestado por la parte recurrente, queda en mero
enunciado.
VI.- RESOLUCIÓN
Con todo lo expuesto, y al tratarse de un delito por defraudación fiscal, por el
cual la representación diplomática del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos solicitó la extradición del ciudadano Alfredo Cheja Atri, el cual se
encontraría prescrito de acuerdo a la legislación ecuatoriana, en cumplimiento
de los artículos 75, 76 numerales 1, 3; 82, 169, 172, 417 y 426 de la
Constitución de la República, así como de los principios de tutela judicial
efectiva de los derechos, de seguridad jurídica, de obligatoriedad de
administrar justicia, establecidos en los artículo 23, 25 y 28 del Código
Orgánico de la Función Judicial, y en aplicación del artículo 3 literal e) del
Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República del Ecuador,
y el Gobierno de la República de México; artículo 5 numeral 5 de la Ley de
16
1~•••
Extradición de la República del Ecuador, ADMiNISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, al encontrarse la
sentencia dictada por el señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia en
apego a la Constitución, al Tratado suscrito entre los Estados requirente y
requerido, y a las leyes, al no encontrase en la sentencia impugnada ninguno
de los errores argumentados por la Fiscalía General del Estado, se rechaza el
recurso de apelación propuesto por la misma, y se confirma la sentencia
impugnada.- Devuélvase el proceso al juez de origen, para los fines legales
consiguientes.- Notifíquese.
D~lto4~aÇn
SECRETARIO RELATOR
Kl)
D/Merck BenaGides Benalcázar
JUEZ NACIONAL
Certifico:
JU NAL
17