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U N I V E R S I D A DN A C I O N A LD E C O LO M B I A

INSTITUTO DE ESTUDIOSPOLÍTICOS Y RELACIONESINTERNACIONALESI E P R I

COMITÉ EDITORIAL

FUNDADORFrancisco Leal BuitragoProfesor HonorarioUniversidad Nacional de Colombia Universidad de Los Andes

DIRECTORCarlos Mario PereaIEPRI, Universidad Nacional de Colombia

EDITORJulie MassalIEPRI, Universidad Nacional de Colombia

ASESORES EDITORIALESDaniel PécautEcole des Hautes en Sciences Sociales de ParisCharles BergquistUniversidad de Washington, Seatle,departamento de HistoriaStathis N. KalyvasUniversidad del Yale, departamento de Ciencia PolíticaGonzalo Sánchez GómezIEPRI, Universidad Nacional de ColombiaWilliam Ramírez TobónFundación Seguridad y Democracia, ColombiaHugo Fazio VengoaUniversidad de los Andes, departamento de Historia

ASISTENTE EDITORIALCarlos Germán SandovalIEPRI, Universidad Nacional de Colombia

COMITÉ CIENTÍFICOJuan Gabriel Tokatlian ArgentinaKlaus Meschkat AlemaniaMaría Isaura Pereira de Queiroz BrasilCatherine LeGrand CanadáEric Hobsbawn Inglaterra

Preparación editorial, diagramación e impresión Gráfi cas Ducal Ltda.

Distribución Siglo del Hombre Editores

ISSN 0121-4705

Impresa en Colombia, 2011

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CONFLICTO

UNA VISIÓN DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIAFrancisco Leal Buitrago

HACIA UNA DEFINICIÓN DE EXPERIENCIA CIVIL DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIAMauricio Hernández Pérez

LOS ESTUDIOS SOBRE ÓRDENES LOCALES. ENFOQUES, DEBATES Y DESAFÍOS. Clara Inés García

DEMOCRACIA

PROBLEMAS DEL ESTADO DE BIENESTAR BRITÁNICO EN LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE. UNA APROXIMACIÓN A LA TRAYECTORIA DE REDUCCIÓN DEL WELFARE STATEClaudio Llanos R. María Fernanda Lanfranco

INTERNACIONAL

LOS SUBLEVAMIENTOS EN EL MUNDO ÁRABE: ¿HACIA UNA DEMOCRATIZACIÓN?(EL CASO DE TÚNEZ Y EGIPTO)Julie Massal

DISCURSOS, GEOPOLÍTICA Y SIONISMOS EN EL CONFLICTO PALESTINO – ISRAELI. UN ANÁLISIS SISTÉMICO.Luis Alexander Montero Moncada

LATINOAMÉRICA Y SUS OPCIONES ESTRATÉGICAS: UN ANÁLISIS DE LAS RELACIONES EXTRA-REGIONALESJuan Gabriel Tokatlian

DEBATE

LAS COMISIONES DE ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. LA “VOZ CRÍTICA” DE UNO DE SUS PROTAGONISTAS (ENTREVISTA CON EL HISTORIADOR GONZALO SÁNCHEZ)Jefferson Jaramillo Marín

RESEÑA

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, 1768-2008. DESDE SUS ORÍGENES A FACEBOOKPor: Edwin Cruz Rodríguez

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UNA VISIÓN DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA Francisco Leal Buitrago

análisis político nº 73, Bogotá, septiembre-diciembre, 2011: págs. 3 - 36

UNA VISIÓN DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA

Francisco Leal Buitrago*

* Sociólogo, Profesor Honorario de las universidades Nacional de Colombia y de Los Andes.

RESUMENEste artículo recorre la historia contemporánea del país desde el ángulo de la seguridad, entendida como un asunto político pluridimensional. Su eje es la tendencia de militarización de la seguridad y sus consecuencias para la democracia. En él se incorporan otras dimensiones según lo requiera el análisis. La profesionalización militar y el desarrollo de la autonomía militar en el manejo del orden público, durante las décadas de mediados del siglo pasado, son la base del análisis de fondo. Éste se centra en los altibajos de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe y termina con lo ocurrido en materia de seguridad durante el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos. El artículo finaliza identificando algunos desafíos de la seguridad en la actualidad.Palabras claves: Seguridad, Colombia, democracia, militares.

A VISION SECURITY IN COLOMBIA

SUMMARYThis article examines the recent history of Colombia from the perspective of security –understood as a political and multidimensional issue. It analyses primarily the tendency to militarize security and the consequences this brings to democracy, but touches upon other dimensions of security as well. It starts in the mid-Twentieth Century with the professionalization of the military forces and the development of military autonomy in the handling of public order. However, most of the article deals with the policy of Democratic Security developed by Alvaro Uribe’s administration, and includes the changes brought about by Juan Manuel Santos’ the first year of government. The article ends by identifying some challenges to security today.Keywords: Security, Colombia, democracy, military.

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INTRODUCCIÓN

La seguridad es un asunto político con varias dimensiones, que se articuló con la democracia liberal una vez culminó el largo proceso de formación del Estado moderno en su concepción occidental al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Con ello, la institucionalización de los conflictos y la negociación de los intereses pasó a ser la esencia de la política en su visión moderna y la seguridad una de sus partes integrales. Sin embargo, el pronto inicio de la guerra fría y sus desarrollos frustró lo que hubiese sido una proyección democrática de la seguridad, ya que ésta recuperó y mantuvo su acentuada dimensión militar anterior. En este contexto, el desgreño en el manejo de la seguridad por parte de los gobiernos nacionales definió sus características en Colombia.

Al menos durante las dos últimas décadas, la seguridad en el país ha estado en el primer plano de los problemas nacionales. Sin embargo, al considerar el contexto indicado, esta situación se gestó durante más de medio siglo. Por esta razón, no es fácil entender lo ocurrido en esas décadas –incluidos recientes acontecimientos que han sido percibidos como nuevos–, si no se recuerdan antecedentes que muestran sus raíces y posterior articulación con lo que se considera inédito.

Teniendo en cuenta las ideas anteriores, este artículo identifica en una secuencia acontecimientos ocurridos de tiempo atrás, que guardan relación con el tema de la seguridad y sus características contemporáneas. Dentro de este proceso, se da prioridad a los que sirvieron para agregarle ingredientes militares a la seguridad, para mantenerlos o para acentuarlos, aunque también –de manera excepcional– para alterar esta tendencia. Con este referente, se procede a analizar la seguridad durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe (2002-2006-2010) y el primer año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

De esta manera, el hilo conductor del trabajo es la persistente militarización de la seguridad y sus consecuencias negativas para un desarrollo adecuado de la democracia liberal en el país, dentro de un análisis que incorpora diversos aspectos que tienen en común la política en sentido general. Este común denominador político permite a la vez agregar al hilo conductor otras dimensiones de la seguridad, a medida que el análisis las requiera en el contexto social en que se desarrolla.

Para cumplir con este cometido, el trabajo presenta, en primer lugar, la profesionalización militar y la seguridad nacional, el desarrollo de la autonomía militar en el manejo del orden público, el proceso que desembocó en una coyuntura que culminó con la Constitución de 1991 y los fracasos posteriores en la orientación civil de una política militar.

Sobre esta base, en segundo término, el artículo analiza, en su cuerpo principal, la primera experiencia sostenida de formulación civil de política militar, a través del manejo del tema de la seguridad durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Para ello, presenta la Política de Seguridad Democrática (PSD), la PSD en la práctica, el estancamiento y reactivación transitoria de la PSD, y los problemas derivados de la PSD. Teniendo en cuenta este análisis, el escrito aborda luego lo ocurrido en materia de seguridad durante el primer año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para finalizar señalando algunos desafíos de la seguridad. Una breve adenda remata este trabajo1.

1 Hasta el inicio del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), este artículo se apoya en dos escritos de mi autoría con sus respectivas fuentes: (Leal, 2002: 58), (Leal, 2006: cap. 2).

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PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y SEGURIDAD NACIONAL

Las instituciones militares en Colombia se profesionalizaron con retardo con respecto a las de buena parte de los países suramericanos. Este proceso fue tardío incluso con relación a sociedades vecinas, que experimentaron una profesionalización militar posterior a la ocurrida en el sur del continente. El proceso se ubica entre 1907, año de fundación de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, y 1943, cuando un egresado de esta escuela ocupó el más alto cargo de la jerarquía militar. Con esa profesionalización, las instituciones militares se modernizaron, al diferenciarse de la sociedad civil, mediante valores corporativos, procesos de socialización y jerarquías propias. En términos técnicos y operativos, la modernización se logró durante el Frente Nacional (1958-1974) sobre la base de la participación colombiana en la guerra de Corea (1951-1954) una vez superadas las dictaduras militares (1953-1958)2.

El fenómeno que más ha afectado el desarrollo de las instituciones militares ha sido la violencia. Este factor ha incidido en especial desde la segunda mitad de la década de los años cuarenta del siglo pasado, cuando comenzó la etapa conocida como ‘La Violencia’ (1946-1965), en una sociedad polarizada entre liberales y conservadores, cuyo sectarismo premoderno hacía parte de los valores de la sociedad. En medio de la apoliticidad militar formal frente al bipartidismo, los militares se vieron obligados a involucrarse en el conflicto con el fin de mantener el orden público. No obstante, fueron muchos los episodios de violación de los derechos humanos, los cuales quedaron impunes en una sociedad aislada del contexto internacional, en medio de un conflictivo proceso de modernización capitalista.

A mediados de los años sesenta, durante el Frente Nacional y cuando culminaba la etapa de ‘La Violencia’, surgió otro tipo de violencia política: las guerrillas producto de los rezagos del conflicto bipartidista y la ‘guerra fría’. Al igual que el resto de la sociedad, los militares avanzaban en su despolitización con respecto al bipartidismo tradicional. El ambiente antisubversivo que emergió entonces creó condiciones propicias para definir el ingrediente nacional de la Doctrina de Seguridad Nacional.

La concepción moderna de seguridad nacional fue un producto de la guerra fría, que militarizó las relaciones internacionales y afectó a los países de América Latina. Surgió de políticas estadounidenses, como la estrategia de contención frente a la Unión Soviética, y tuvo su expresión particular en Suramérica con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que comenzó a aplicarse a partir del golpe militar de 1964 en Brasil (Leal, 2006: cap. 1). En Colombia, la penetración militar de esta doctrina se dio a la par con el régimen del Frente Nacional monopolizado por el bipartidismo. Mediante la afirmación del anticomunismo, base ideológica de la doctrina, el concepto de seguridad nacional desplazó en importancia al tradicional de defensa nacional. La defensa nacional se convirtió entonces en el medio para garantizar la seguridad, y de esta forma quedó involucrada también en la lucha anticomunista3.

El año de 1960 marcó el inicio de esa transformación militar. En este año, el general Alberto Ruiz Novoa llegó al Comando del Ejército. Se propuso poner al día las instituciones militares

2 El proceso de profesionalización militar se produjo luego del arraigo sectario al bipartidismo de la mayor parte de la población durante las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX. Este retardo ayuda a explicar la subordinación militar a las autoridades civiles y la ausencia de golpes de Estado frente a su proliferación en la mayor parte de países de la región.

3 La seguridad nacional supone una permanente amenaza de fuerzas nacionales e internacionales vinculadas al comunismo, a diferencia de la defensa nacional cuyo móvil era la tradicional salvaguardia de la soberanía, principalmente frente a países vecinos.

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actualizándolas en los principios de la ‘guerra moderna’ que se desarrollaban en otras latitudes. Bajo el nombre de ‘Plan Lazo’ se juntaron diversas medidas operativas. Ese Plan se articuló con las directrices norteamericanas que difundían las tácticas de contrainsurgencia y hacían énfasis en el componente psicológico de la ‘guerra irregular’.

Las innovaciones del general Ruiz sirvieron de base para que el presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) lo nombrara como su primer Ministro de Guerra. Con ello, la estrategia del Plan Lazo se generalizó en las demás instituciones militares. El apoyo a la acción cívico-militar iniciada con el Plan Lazo provino principalmente de la Ayuda Estadounidense (USAID) y del Programa de Asistencia Militar (MAP). La visión desarrollista del general Ruiz no era contraria a sus ideas anticomunistas, herencia de su participación en la guerra de Corea. Ruiz Novoa afirmaba que la influencia comunista era posible por causa del atraso de la sociedad y los problemas que conllevaba. Por eso la ‘reforma de las estructuras’ era requisito para erradicar la subversión y por eso mismo criticó la ausencia de reformas por parte de los gobiernos. Esta visión –que suponía la autonomía castrense en el manejo del orden público– y sus declaraciones políticas le acarrearon el retiro abrupto del servicio en 1965. Aunque el componente desarrollista de la estrategia de contrainsurgencia no desapareció del todo, a partir de 1965 los militares hicieron énfasis en las operaciones estrictamente militares, y la entrada en escena de las nuevas guerrillas radicales –de las que sobreviven las FARC y el ELN– estimuló el endurecimiento de las acciones armadas.

AUTONOMÍA MILITAR EN EL MANEJO DEL ORDEN PÚBLICO

Uno de los efectos positivos de más significación surgidos del Frente Nacional fue que la subordinación militar se trasladó de los partidos al Estado. Su despolitización bipartidista le permitió a los militares adquirir autonomía política relativa, la cual se reflejó en su independencia en el manejo del orden público y la adquisición de prerrogativas institucionales. El comienzo de ese proceso fue el discurso del presidente electo Alberto Lleras Camargo en la reunión con oficiales de la guarnición de Bogotá en 1957, luego de abortada la conjura golpista del dos de mayo, al final del gobierno de la Junta Militar, cuando puso de presente la necesidad de que los militares fueran apolíticos frente a los partidos.

La importancia de ese discurso radica en que fue la única directriz política global en materia militar formulada de manera explícita por los gobiernos hasta 1990. En su afán de aislar a los militares de la influencia del bipartidismo, el Presidente sentó los principios de la autonomía castrense, al recalcar que así como ellos no debían intervenir en asuntos partidistas, los políticos tampoco interferirían en materias militares. De esta manera, el celo de su posición doctrinaria liberal fue llevado al extremo y con el transcurso del tiempo se volvió un dogma.

El temor político de intervenciones militares, recordado periódicamente por el llamado ‘ruido de sables’, alimentó tal dogma. El planteamiento del presidente Lleras Camargo era sólo el punto de partida de un proceso en el cual las directrices civiles de la política militar debían revisarse y actualizarse, a medida que las circunstancias fueran cambiando. Pero eso no se hizo. Por esa razón, se produjo un desfase entre los profundos cambios generados en la sociedad y la inmovilidad de los gobiernos en su deber de formular políticas militares. La función de manejo del orden público se volvió estratégica, en la medida en que se desarrolló y diversificó la confrontación armada interna y se convirtieron en endémicas las distintas formas de violencia.

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Al no actualizarse las directrices políticas del papel de los militares en la sociedad por parte de los gobiernos, los altos mandos asumieron en forma improvisada un diseño que no les correspondía, de acuerdo con las variadas percepciones de la situación de orden público. Las instituciones militares formularon una política general que se hizo explícita a través de expresiones anticomunistas, como producto de la combinación caprichosa de elementos como la tradición institucional, los conflictos del momento y la influencia proveniente de la concepción político-militar estadounidense y la Doctrina de Seguridad Nacional suramericana. No sólo hubo una ausencia de directrices políticas en el Estado que permitieran armonizar y unificar en cada etapa histórica el comportamiento militar, sino que se escamoteó la solución de los problemas sociales más acuciantes del país al darles tratamiento de orden público.

El uso recurrente del estado de sitio (excepcionalidad constitucional de la Carta de 1886) como medio para supuestamente solucionar problemas recurrentes desdibujó la formalidad democrática nacional. Argucias jurídicas mostraban la vigencia de la Constitución, pero la excepcionalidad casi permanente despertó la tentación de soluciones fáciles para los innumerables problemas derivados de la violencia política. Ejemplo destacado fueron las labores ajenas a la función castrense ejercidas por las instituciones militares. Su mayor impacto fue el ejercicio generalizado de la justicia penal militar.

La ‘situación de guerra’ permitió legitimar el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares a partir de 1965. El mismo motivo justificó la vía libre jurídica al entrenamiento militar de autodefensas civiles en las zonas rurales. Así mismo, se reafirmó el proceso de militarización de la policía, proveniente de la época de ‘La Violencia’. Además, el establecimiento de ‘zonas de orden público’ bajo el estado de sitio permitió el predominio de la autoridad castrense, mediante el establecimiento de alcaldías militares o la toma de decisiones sobre operaciones militares por parte de los comandos castrenses sin consulta previa a las autoridades civiles.

HACIA UNA COYUNTURA QUE CULMINÓ EN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

La década posterior a la culminación del Plan Lazo (1965) se caracterizó por la dispersión de ideas, medidas y acciones relacionadas con el problema de la guerra contra la subversión. El Plan Lazo, con su coherencia teórica y operativa, fue una especie de ‘enclave estratégico’ pasajero en una sociedad afanada por acabar con los restos de la violencia bipartidista. El manejo militar fue eminentemente pragmático, al albur de los éxitos y fracasos en la lucha antisubversiva.

A mediados de los años setenta los militares buscaron articular los dispersos elementos de contrainsurgencia que habían desarrollado. Las inculpaciones al comunismo internacional y al Partido Comunista Colombiano de ser responsables del fenómeno revolucionario se justificaron con supuestos planteamientos doctrinarios. Los grupos guerrilleros de variadas tendencias ideológicas radicales que operaban en el panorama nacional, a pesar de estar atravesando por una etapa de crisis, proporcionaron la legitimidad necesaria para la frágil creatividad teórica militar. La misma debilidad guerrillera sirvió de aliciente.

Por su parte, la prolongación de facto del monopolio bipartidista del Frente Nacional –luego de su culminación formal en 1974– sirvió para encauzar buena parte de la oposición hacia los movimientos guerrilleros. A esta prolongación contribuyó la reforma constitucional de 1968, aprobada durante el mandato del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y la frustración del cambio prometido por el presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), una vez culminado el régimen del Frente Nacional. Tal reforma indujo la participación de los dos partidos en los

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gobiernos posteriores a ese régimen y la presidencia de López –además de alimentarla– ignoró las banderas que le habían servido para construir su oposición a los gobiernos bipartidistas.

En ese tiempo, el país vivía una intensa agitación social y los militares fueron blanco de críticas desde distintos frentes. Pero ellos las rechazaron escudados en su ideología anticomunista. Esta fue la antesala de la etapa ‘más próspera’ del uso de los esquemas extraídos de la política de seguridad nacional estadounidense y la Doctrina del Cono Sur. Bajo la excepcionalidad del estado de sitio, la aplicación del Decreto 1923 de 1978, conocido como ‘Estatuto de Seguridad’, fue el eje de esta etapa.

En el gobierno del presidente Julio César Turbay (1978-1982) hubo un esfuerzo por volver realidad la concepción de sociedad formulada por la Doctrina de Seguridad Nacional. El presidente Turbay facilitó la estructura del Estado para que los militares se sintieran a su acomodo. Su gobierno fue un simulacro de ‘ocupación’ del Estado por parte de los militares, al mejor estilo doctrinario. Este remedo de ‘ocupación’ militar del Estado permitió la aplicación de ese Estatuto, con detenciones indiscriminadas y torturas a personas de grupos sindicales, organizaciones populares e intelectuales considerados de izquierda. Estos episodios estuvieron enmarcados por la aplicación de la justicia militar, a través de numerosos consejos verbales de guerra, y la continuación de las operaciones militares contra las guerrillas.

La adopción de la concepción de seguridad nacional como directriz ideológica militar y la adquisición de autonomía relativa de las instituciones armadas en el manejo del orden público terminaron con la prevención militar de adoptar posiciones políticas frente a la confrontación bélica. Esto se confirmó con el inicio de los llamados procesos de paz en 1982. La consideración de las guerrillas como problema político y el inicio de negociaciones con ellas por parte del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) despertaron la oposición soterrada de los militares. Éstos nunca han reconocido el carácter político de la subversión, aún en medio de la combinación del tratamiento militar permanente con negociaciones intermitentes como ocurrió hasta 2002. La oportunidad militar de recuperar la autonomía plena vivida durante el gobierno anterior, que contrastaba con ser ignorados por el de Betancur, llegó a raíz del más craso error político del M-19 con la toma del Palacio de justicia, en 1986, pues ese hecho y la reacción militar improvisada provocaron el trágico desenlace de más de un centenar de muertos incinerados, entre magistrados, empleados, guerrilleros y visitantes.

Luego de diversos y frustrados ensayos para frenar la violencia provocada por el narcotráfico –iniciada en 1984 con el asesinato del Ministro de Justicia– y buscar la paz con las guerrillas, el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) se vio abocado a enfrentar casi en solitario, dada la escasa cooperación por parte de políticos, empresarios y militares, el comienzo de la coyuntura crítica de 1989 a 1991, que coincidió con el fin de la guerra fría y culminó en una nueva Constitución. Tal coyuntura se caracterizó por conspiraciones, atentados terroristas y numerosos asesinatos de policías, funcionarios y candidatos presidenciales. Esta situación desembocó en que el gobierno de César Gaviria (1990-1994), sobre la base de diversas medidas políticas del de Barco, buscara cambiar las tendencias de tratamiento del problema militar.

Entre las normas aprobadas durante la vigencia de la guerra fría se destaca el Decreto-Ley 3398, llamado Estatuto para la Defensa Nacional, expedido en 19654. Esta norma fue importante porque

4 Este estatuto señalaba, entre otras cosas, las atribuciones del presidente y del ministro de Defensa en relación con la defensa nacional, y las funciones del comandante general de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

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no hubo ninguna otra directriz militar con pretensiones estratégicas durante el resto del siglo XX. El gobierno reglamentó esta norma, mediante el Decreto 893 de 1966, en lo concerniente a definición, clasificación y porte de armas. Al permitir el porte de armas de uso privativo de organismos del Estado a organizaciones de defensa civil, abrió el camino a un prolongado problema que se acrecentó en los años ochenta con la proliferación de grupos de autodefensa y paramilitares financiados por el narcotráfico. Mediante la Ley 48 de 1968, el estatuto fue elevado a ley en uno de los momentos en que se requirió levantar el endémico estado de sitio. Todas las normas posteriores relacionadas con la defensa nacional fueron desarrollos de esta ley, formulada con los criterios ideológicos y militares propios de la guerra fría. El control de violaciones a los derechos humanos, implementado por la Procuraduría desde finales de la década de los ochenta, sirvió para acuñar el término militar de ‘síndrome de la Procuraduría’, que hizo referencia al temor castrense de ejercer las funciones que considera suyas, por miedo de ser acusados por el ministerio público de violar los derechos humanos y, en consecuencia, de ser sancionados. Ello fue resultado de la ‘aparición’ del país en el concierto internacional –en momentos en que la defensa de los derechos humanos adquiría notoriedad en el mundo–, provocada por el auge del narcotráfico y el aumento de la violencia. Las acciones de la Procuraduría eran vistas –por los militares y también por políticos y periodistas que asumen el papel de ‘intelectuales orgánicos’– como un subproducto de lo que denominaban ‘idiotas útiles’ o ‘infiltrados del comunismo’. A los militares se les dificultaba aceptar y establecer sus límites funcionales debido al enclaustramiento del país hasta ese entonces, a la confusión causada por el contraste entre los principios doctrinarios y las ideas que emergían, a su confrontación permanente con la subversión y al papel tradicional en desuso de defensa de la soberanía hacia el exterior.

FRACASOS EN LA ORIENTACIÓN CIVIL DE LA POLÍTICA MILITAR

No obstante haber desaprovechado –por prevención de los constituyentes del M-19 frente a una eventual reacción castrense– la oportunidad brindada por la nueva Constitución para hacer cambios en la institucionalidad militar, el gobierno de Gaviria adelantó reformas importantes en materia de seguridad. Sustrajo esos temas por primera vez de la responsabilidad política castrense, que la dirigencia política había evadido por desconocimiento, despreocupación o ineptitud. Además, buscó cambiar la relación de los militares con las instituciones civiles del Estado, planteó una novedosa estrategia de seguridad, buscó conversar con las guerrillas y nombró un ministro de Defensa civil luego de que esta cartera la ocuparan por 38 años generales en servicio activo.

Pese a los esfuerzos que se hicieron, la inexperiencia política civil en esas materias y circunstancias como la ruptura de las conversaciones con la guerrilla y la fuga del capo Pablo Escobar –cabeza del sanguinario ‘cartel de Medellín’– de una cárcel llamada de máxima seguridad dieron al traste con el experimento y provocaron en los últimos años de gobierno una ofensiva oficial indiscriminada contra guerrillas y paramilitares.

Esta situación facilitó que el nuevo presidente planteara una política distinta. El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) mostró su disposición para adelantar negociaciones con la guerrilla, pero su desgaste originado en el ‘descubrimiento’ de la financiación de su campaña por parte del ‘cartel de Cali’ lo impidió. Aunque indirecto, el mayor efecto de esta situación sobre los militares fueron los descalabros frente a las guerrillas, a partir de 1996. Así, los militares pasaron de eventuales árbitros de la crisis del gobierno a víctimas de ésta. En ello influyó la visión esquemática e ideológica que sustentaban los principios de la seguridad nacional adoptados por las instituciones

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militares y la consecuente reducción de su capacidad estratégica y operativa para enfrentar con eficacia a guerrillas y paramilitares, fuerzas que se fortalecieron durante este gobierno.

Anteriormente, el gobierno de Gaviria había presentado al Congreso –como parte de la reforma militar– un proyecto de ley sobre defensa y seguridad nacional para reemplazar la vetusta e inoperante Ley 48 de 1968, pero fue retirado por el mismo gobierno luego de varias legislaturas y modificaciones, debido a que éstas reflejaban los intereses de los narcotraficantes. Más tarde, el gobierno de Samper intentó también reemplazar esa ley, mediante un proyecto elaborado por el Ministerio de Defensa, que se frustró antes de culminar su proceso. Al igual que el anterior, este proyecto adolecía de notorias deficiencias, pues se apoyaba en los mismos principios orientados por una visión de seguridad con predominio militar. Ya en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), hubo un nuevo intento de llenar ese importante vacío. En agitado proceso de un par de años, fue aprobada la Ley 684 de 2001 –apoyada por los altos mandos militares–, que recogía los aspectos básicos de las normas y proyectos anteriores.

Ante el hecho de que esta ley ignoraba nuevas realidades de la posguerra fría, como un nuevo lenguaje desmilitarizado y la subordinación militar a autoridades civiles en zonas de desorden público, hubo muchas críticas en el país y en el exterior. Por esto, se adelantaron modificaciones mediante su reglamentación, como fue el caso del estatuto antiterrorista, pero no fueron suficientes: la Corte Constitucional la declaró inexequible, al final del gobierno de Pastrana, en abril de 2002.

Ese gobierno se caracterizó por su incompetencia política, en especial frente al manejo de la zona desmilitarizada (‘zona de despeje’) y al denominado proceso de paz con las FARC, conocido en su momento como ‘el Caguán’, centro geográfico de esa zona. Esta situación contrastó con la reforma operativa militar exigida por Estados Unidos, que de esta manera condicionó su injerencia y su ayuda financiera centrada en el ‘Plan Colombia’, destinado a la lucha prohibicionista y represiva contra las drogas.

Aunque esa reforma militar –cuyo eje fue la elaboración de un amplio dispositivo permanente para la guerra irregular– sirvió para frenar la expansión de las guerrillas, la subversión alcanzó una cobertura significativa –al menos hasta la ruptura del proceso con las FARC, en febrero de 2002–, amparada por la autonomía financiera lograda mediante su participación en el narcotráfico y prácticas bandoleriles. A su vez, el rápido crecimiento de los paramilitares fue facilitado por la ausencia de voluntad de la Fuerza Pública para contenerlos por considerarlos sus aliados, por la brutalidad guerrillera que los estimula y también por su participación en el narcotráfico.

La reacción negativa de la población frente a la agresividad de la subversión estuvo acompañada del apoyo a los paramilitares por parte de quienes han detentado por largo tiempo privilegios nada democráticos. Al final del gobierno de Pastrana, el empeoramiento de la situación del país legitimó en la opinión pública las soluciones de fuerza, al tiempo que desprestigió la vía política, identificada con las conversaciones entre el gobierno y las FARC y sobre todo con los desmanes cometidos por esta guerrilla en la ‘zona de despeje’ del Caguán. Esta zona, con 40.000 kilómetros cuadrados, estuvo ocupada militarmente de manera exclusiva por las FARC hasta que se rompió el supuesto proceso de paz.

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POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA (PSD)

Pese a la finalización de la guerra fría y a la elaboración de conceptos alternativos al de seguridad nacional, luego de una década ésta continuaba como factor de militarización de la política en los planos nacional e internacional. Los sucesos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos sirvieron además para darle mayor fuerza. En este contexto, el desastre político del Caguán, con el fortalecimiento de la guerrilla de las FARC y los temores desatados en la opinión pública, sirvió para que el candidato disidente del Partido Liberal, que enarbolaba la bandera de la seguridad, triunfara en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2002.

Los puntos 26 a 40 del ‘Manifiesto’ de 100 puntos del programa del candidato Álvaro Uribe enunciaban lo que se llamó ‘seguridad democrática’. El adjetivo de democrática, copiado de uno de los conceptos internacionales alternativos al de seguridad nacional, sirvió para disfrazar el contenido militarizado de lo que fue la política de seguridad del gobierno que se perfilaba. Además, ese programa se difundió en el momento en que el gobierno de Pastrana pedía al de Estados Unidos levantar las restricciones para el uso de los recursos del Plan Colombia en tareas no relacionadas directamente con el narcotráfico. En su Manifiesto, el candidato Uribe pedía la extensión de ese Plan para evitar el terrorismo, el secuestro, las masacres y las tomas de municipios, en un ambiente internacional propicio luego del ‘11 de Septiembre’5.

Descontando la utilidad e importancia de algunos de los 15 puntos sobre seguridad del programa del candidato Uribe, su conjunto mostraba falta de articulación. Además del desacierto y la desubicación política de otros cuantos, el problema central fue la ausencia de visión de conjunto. Sin embargo, reconocía el conflicto armado y prometía acabar con guerrilla y paramilitares. Esa falta de organización y promeserismo se reflejaron tanto en el inicio inmediato de la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) luego de su posesión, como en los documentos elaborados posteriormente para su formalización.

La declaratoria del ‘estado de conmoción interior’ (excepción constitucional que sustituyó al estado de sitio de la Carta anterior) y el establecimiento de un impuesto para la seguridad fueron las primeras medidas sobre seguridad del Presidente. El reclutamiento de los llamados soldados campesinos para reforzar las zonas de las que éstos eran oriundos, la conformación de redes de informantes para alimentar los servicios de inteligencia, las recompensas por información, el estímulo a la deserción de combatientes ilegales y la creación de zonas de rehabilitación y consolidación en dos áreas de influencia guerrillera completaron el esquema inicial de la PSD. Además, la Ley 782 de diciembre de 2002 prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997 –llamada de orden público–, pero abolió el requisito de conceder estatus político a los grupos armados para iniciar negociaciones destinadas a su desmovilización. Esta prórroga y sus proyecciones implicaron el reconocimiento del conflicto armado en el país, según cánones internacionales, a pesar de que durante los ocho años del gobierno de Uribe se afirmara por todos los medios su inexistencia. Lo que ocurría, según el gobierno, era ‘una amenaza terrorista’.

A pesar de no verse los rápidos resultados oficiales anunciados al inicio de la política de seguridad del gobierno, el clima nacional reflejaba optimismo al finalizar 2002, pues las guerrillas –en particular las FARC, ya que el ELN estaba debilitado de tiempo atrás– no habían mostrado

5 A partir de este subtítulo y hasta comienzos de 2010, este artículo se apoya en los siguientes escritos de mi autoría y sus respectivas fuentes: (Leal, 2002: 58); (Leal, 2006: cap. 6); (Leal, 2010a); (Leal, 2010b).

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contundencia desde su arremetida terrorista en la inauguración del nuevo gobierno, en agosto de ese año. Además, la tendencia de recuperación operativa de la Fuerza Pública desde la reforma militar adelantada durante el gobierno anterior había menguado la capacidad ofensiva de la subversión, y la persistente presión presidencial al exigir resultados había conducido a acciones preventivas contra el secuestro, el sabotaje y el terrorismo.

En octubre, la toma de la Comuna 13 de Medellín, dominada por la guerrilla, había ratificado en la opinión pública la imagen de voluntad del gobierno frente a la subversión, pese a que ese espacio había sido ocupado a sangre y fuego por los paramilitares que desalojaron a las milicias de la guerrilla, además de algunos actos terroristas ejecutados en Bogotá. La percepción de tranquilidad quedó confirmada en el período vacacional de cambio de año, cuando el gobierno organizó caravanas de vehículos escoltados por la Fuerza Pública en las vías principales, que bajo el lema ‘Vive Colombia, viaja por ella’ estimularon el desplazamiento de grupos medios y altos, luego de varios años de temores frente a secuestros, ‘falsos retenes’ y ‘pescas milagrosas’ por parte de las guerrillas.

Con respecto a los grupos paramilitares, el gobierno abrió pronto espacios para que se plantearan posibilidades de negociación, luego de que surgieran problemas posteriores a la unificación alcanzada durante el gobierno de Samper con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Las llamadas autodefensas se sentían seguras ante la escasa voluntad de la Fuerza Pública de combatirlas, pues tendía a verlas como aliadas no obstante las atrocidades que cometían contra la población civil. También eran percibidas como naturales vengadoras por numerosos grupos sociales impotentes ante las arremetidas de las guerrillas y por sectores interesados en que se mantuviera el statu quo de inequitativa organización social frente a la amenaza de cambio que veían en un eventual triunfo guerrillero.

A fines de 2002, el gobierno firmó con las AUC el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el que esa dispersa y disímil federación de grupos se comprometió a no atentar contra la población civil. Y como complemento a la recién aprobada prórroga de la ley de orden público, al iniciar 2003 el gobierno expidió el Decreto 128 para reglamentarla en materia de procedimiento para la desmovilización de las fuerzas irregulares, en concreto de los paramilitares.

De esta manera, a los cinco meses de iniciado el gobierno se percibían tres líneas de acción de la PSD, las cuales continuaron con pocos cambios durante los dos períodos de la presidencia de Uribe: la primera, una decidida ‘política de paz’ con los paramilitares, la segunda, la continuación acentuada de la ofensiva contra las FARC activada al final del gobierno anterior, y la tercera, un grupo de políticas puntuales –como los ‘soldados campesinos’, ‘Vive Colombia, viaja por ella’, los estímulos a la deserción y las redes de informantes– destinadas a alimentar a las otras dos. No obstante, lo que no se veía era una articulación consistente entre ellas.

En el aspecto formal de la PSD se expidieron dos documentos. El primero, “Bases del Plan Nacional de Desarrollo, 2002-2006”, presentado a comienzo de 2003, afirmaba que su objetivo era brindar seguridad democrática. Este objetivo se desglosaba en varios aspectos: control del territorio, combate al narcotráfico, fortalecimiento de la justicia, desarrollo de zonas de conflicto y protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, en ese Plan no había propuestas específicas, ni implementación y asignación de recursos.

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El segundo documento, “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, se conoció a mediados de 2003 y fue elaborado por el Ministerio de Defensa. Enunciaba, primero, principios democráticos generales que supuestamente eran esencia de la política. Segundo, identificaba seis amenazas para la nación: terrorismo, drogas ilícitas, finanzas ilícitas, tráfico de armas y municiones, secuestro y extorsión, y homicidio. Tercero, señalaba cinco objetivos: control del territorio, protección de la población, eliminación del comercio de drogas ilícitas, capacidad disuasiva y rendición de cuentas. Cuarto, indicaba las líneas de acción: coordinar la acción del Estado, fortalecer las instituciones relacionadas con la seguridad, consolidar el control territorial, proteger la ciudadanía y la infraestructura, cooperar para la seguridad y comunicar políticas y acciones del Estado. Al final del documento presentaba una matriz de responsabilidades institucionales.

Aunque este documento fue un esfuerzo importante de integración de responsabilidades sobre la seguridad y de asumir la anteriormente evadida responsabilidad civil en estos menesteres, en lo que corresponde a esa integración no mostraba mucho que ver con la realidad, pues el texto no se articulaba con ella, comenzando porque no reconocía el conflicto armado interno. La coherencia formal que presentaba el escrito era casi imposible de desarrollar, pues suponía una racionalidad del Estado que no existe. Además, la limitaba en esencia a lo militar y no se veían espacios para desarrollos específicos de las políticas indicadas. En cuanto a la defensa hacia el exterior, apenas hacía una breve mención sin orientación.

LA PSD EN LA PRÁCTICA

Durante los cuatro años del primer período de gobierno del presidente Uribe se destacó la ofensiva militar permanente contra las FARC, identificada con el nombre de Plan Patriota –eufemismo de ‘plan de guerra’, que es la aplicación militar de una política de seguridad gubernamental–. Este plan se implementó sobre la marcha, a medida que evolucionó la situación frente a las FARC, eje de sus objetivos. El logro más destacado ocurrió en los primeros años de implementación del plan, al desmantelar varios de los frentes de esa guerrilla en el noroccidente de Cundinamarca. En contraste, hubo problemas en algunas regiones, en especial al sur del país, donde hubo concentración de tropas y detenciones masivas, basadas en informaciones de la amplia –aunque difusa– ‘red de cooperantes’ establecida desde el inicio del gobierno. Pero en donde no se observó acción alguna fue en zonas controladas por los paramilitares, en especial en la Costa Atlántica.

El Plan Patriota estuvo acompañado por la reactivación de unidades, como la Brigada X destinada a la frontera norte con Venezuela, y la creación de nuevas unidades, como la Brigada XXVIII que sustituyó al Comando Específico del Oriente, en la frontera sur con Venezuela y parte de la frontera con Brasil. Fue reforzado además, en 2005, con el único cambio estratégico en la organización militar en el primer período, mediante la creación de dos amplios comandos conjuntos –Sur y Caribe–, que incluso provocó la salida de cuatro de los generales del Ejército con mayor antigüedad que criticaron la medida. Este cambio en la organización castrense articuló territorialmente unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, centralizando el mando operativo en el Comandante de las Fuerzas Militares, en detrimento de los comandos de las tres fuerzas6.

6 A fines de 2005, el crecimiento del número de unidades del Ejército era ostensible: siete divisiones, 20 brigadas convencionales, 15 brigadas móviles (una más inactiva) y 7 batallones de alta montaña, además de una brigada de selva, una brigada blindada, la Brigada Contra el Narcotráfico, la Brigada de Aviación, la Brigada de Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra –que pasó a depender de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega–, entre otras.

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La recuperación de las cabeceras municipales de zonas controladas por las guerrillas fue un proceso difícil, lento e improvisado. Los ‘soldados campesinos’, llamados luego ‘soldados de mi pueblo’, cumplieron funciones de policía que no les corresponde a militares: mantener territorios. La estigmatización oficial de la población civil de esas zonas se reflejó en los primeros años con la acción de las redes de informantes o ‘cooperantes’ mencionada, que inducían redadas masivas en la población civil, con arbitrariedades que terminaban en liberaciones de la mayoría de detenidos, judicializaciones sin mayor fundamento y hasta asesinatos de personas inocentes. A diferencia de las ciudades, donde la Fuerza Pública alcanzó niveles de aceptación sin precedentes, en esas zonas ha primado la desconfianza frente al Estado, como resultado de arbitrariedades.

Por otra parte, desde sus inicios el gobierno buscó la desmovilización de los paramilitares mediante diversas medidas. La más prolongada fue la búsqueda de legitimación por la vía legal, que comenzó con el ‘proyecto de ley de alternatividad penal’, que exhibía gran impunidad. Por ello, el proyecto se enredó en medio de la polémica desatada dentro y fuera del país. Luego de numerosos ajustes y discusiones en varias legislaturas, incluso con cambio de nombres –como el de ‘verdad, justicia y reparación’– dado el desprestigio del proyecto inicial, en 2005 fue aprobada la Ley 975, llamada de ‘justicia y paz’. Esta fue, además, corregida en varias de sus falencias por la misma Corte Constitucional al revisarla de oficio para declararla exequible.

Los sucesivos proyectos que desembocaron en esta ley se preocuparon más por suavizar castigos a los verdugos, que por proteger a las víctimas (Comisión Colombiana de Juristas, 2010)7. En el camino de este largo trasegar legislativo quedaron enterrados un proyecto de porte de armas de uso privativo de la Fuerza Pública para civiles y el llamado Estatuto Antiterrorista, declarado inexequible en 2004 por la Corte Constitucional. En este año, el Congreso aprobó el Acto Legislativo No. 2 sobre reelección presidencial inmediata, alimentado a diario por la difusión mediática oficial de la PSD. Al año siguiente, la Corte Constitucional le dio su ‘bendición’, indicando que esta reelección era por una sola vez. Esta Corte supo mantenerse en su ley al fallar, cuatro años más tarde, en 2010, la inexequibilidad de la segunda reelección inmediata aprobada por el Congreso el año anterior.

Posterior a un acuerdo, a mediados de 2004, entre gobierno y paramilitares, sobre el establecimiento de una ‘zona de ubicación’ en Santa Fe de Ralito, Córdoba, para la concentración de jefes ‘paras’ con voluntad de entregar las armas, a finales del año comenzaron las desmovilizaciones de distintos grupos. En medio de ellas, hubo numerosas negociaciones entre narcotraficantes y jefes ‘paras’ para incluir de manera fraudulenta a los primeros en las desmovilizaciones. Tras numerosos contratiempos originados en diferencias en los acuerdos entre gobierno y paramilitares, lo que produjo suspensiones y reanudaciones de desmovilizaciones a lo largo del proceso, en el segundo semestre de 2005 comenzó la extinción de la ‘zona de ubicación’. Luego de haberse desmovilizado más de la mitad de los efectivos comandados por los negociadores de Santa Fe de Ralito, al no definirse los sitios de reclusión de los desmovilizados, a principios de 2006 los jefes ‘paras’ deambulaban por el país con permisos del gobierno.

Las desmovilizaciones de los jefes ‘paras’ y sus grupos se prolongaron a lo largo de 2006, siempre por cuotas muy bien publicitadas. Esa manera de operar reflejó el afán oficial de exhibir en el país

7 A mediados de 2011, luego de seis años de sancionada esta ley, aunque ha sido útil para hacer públicos muchos crímenes atroces, la pobreza de sus resultados es ostensible: solamente una sentencia en firme (MAMPUJAN), otra en apelación ante la Corte Suprema de Justicia (‘El Loro’) y otra que esta Corte anuló. (Comisión Colombiana de Juristas, 2011).

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una visión pacificadora. Parte destacada de este proceso fue la contabilización de más del doble de desmovilizados ‘paras’ de los cerca de 15.000 señalados al inicio por el gobierno, lo que permitió incluir narcos, reciclados y falsas desmovilizaciones que se dieron a lo largo del proceso, como se sabría años más tarde8. El hecho fue que poner en cintura a poderosos jefes de verdaderas mafias articuladas con el narcotráfico y con políticos regionales implicó promesas oficiales ‘secretas’, que luego fueron incumplidas.

La base del argumento oficial del éxito pacificador se apoyó en que, por primera vez en el país, fuerzas irregulares no derrotadas habían sido sometidas. Pero lo que ocurrió fue que el proyecto antisubversivo que alimentó la unificación paramilitar en 1997 perdió su dinámica, a medida que emergió el afán y el logro de un enriquecimiento depredador de los jefes ‘paras’, además de su ambición de poder político regional con proyección nacional.

Más tarde se vería que este último objetivo había sido más por iniciativa de gamonales regionales, como una forma de ejercer de manera absoluta su poder económico y político, iniciativa acogida por conveniencia mutua por paramilitares y narcotraficantes. Con el declinar de su proyecto antisubversivo, a los paramilitares les era rentable cederle el costo de sus ejércitos al Estado, que asumió un proceso de incorporación de desmovilizados a la vida civil ignorando a sus víctimas, con altos costos y muchos errores, improvisaciones y falencias aún sin resolver, además de haber alimentado posteriormente a bandas de nuevos paramilitares.

ESTANCAMIENTO Y REACTIVACIÓN TRANSITORIA DE LA PSD

Desde que comenzó la PSD, en agosto de 2002, hasta la finalización del primer período del presidente Álvaro Uribe, cuatro años más tarde, no hubo variaciones importantes en cuanto al énfasis en lo militar y pobreza en lo político. Los cambios fueron producto de improvisaciones ante la ausencia de un plan político-estratégico eficaz, ajustable de acuerdo con evaluaciones periódicas. Además de improvisaciones –sobre todo en el proceso con los paramilitares–, se mantuvo el desbalance entre la confrontación armada con las FARC y el trato político dado a los paramilitares. Con el ELN, el gobierno buscó –sin lograrlo– voluntad para negociar, con el fin de compensar tal desbalance. En el trasfondo, continuaba operando el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos contra el narcotráfico, que desde su iniciación, en el año 2000, había aportado aproximadamente 600 millones de dólares anuales. Sus objetivos iniciales se habían ampliado hacia las guerrillas, consideradas por el gobierno como simples narcotraficantes y terroristas.

La ausencia de visiones estratégicas eficientes en lo militar se prestó a fallas protuberantes, en la medida en que durante la mayor parte del tiempo el mando operativo, con asesoría estadounidense, no tuvo la capacidad para diseñar una estrategia adecuada y controlar las veleidades de mando militar directo del Presidente. Además de afectar la institucionalidad, como ocurre en todos los ámbitos normativos, desconocer los niveles institucionales castrenses mediante tales veleidades puede implicar altos costos, no sólo en lo económico sino sobre todo en recursos humanos.

Un balance general de resultados durante esos cuatro años muestra la pobreza en resultados puntuales con respecto al objetivo central, las FARC, pues lo que sobresalía era la percepción de éxito derivada de la constante promoción oficial de la PSD, la disminución de actos terroristas, la

8 “¿Montaje comisionado?”, en Semana, No. 1504, Bogotá, febrero 28 a marzo 7 de 2011; “Verdades y mentiras”, en Semana, No. 1506, Bogotá, 14 a 21 de marzo de 2011.

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posibilidad de tránsito libre en vías principales y la reducción de ataques a poblaciones y cuarteles. Sin duda alguna, la presión armada sobre esta guerrilla había mermado su capacidad bélica, aunque esta significativa reducción no correspondía al exagerado volumen de recursos empleados.

El haber asignado cerca de 20.000 efectivos de la Fuerza Pública para acabar con el Secretariado de las FARC en el sur del país mediante el Plan Patriota, sin tener experiencia de supervivencia en la selva fue desastroso, por decir lo menos. La malaria, la leishmaniosis, las minas antipersona y los francotiradores afectaron en forma significativa a las tropas. Y eso que ese Plan se adelantó, como se mencionó, luego de la necesaria y positiva reestructuración militar –en cuyo dispositivo primó la lucha antiguerrillera– hecha por exigencia y con asesoría oficial de Estados Unidos durante el gobierno de Andrés Pastrana.

Esta situación llevó a que, ya en el segundo período de gobierno del presidente Álvaro Uribe, el nuevo ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, formalizara una revisión de la PSD mediante un nuevo documento. La ‘Política de Consolidación de la Seguridad Democrática’ (PCSD) salió a la luz pública en 2007. Hizo referencia al ‘Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010’, correspondiente al segundo período de gobierno de Uribe. El documento señalaba que los resultados de la PSD habían sido contundentes, lo que implicaba un ajuste para adaptarse al nuevo escenario estratégico y pasar del objetivo inicial de control territorial al de su consolidación, en tres fases según zonas del país. Además de enfatizar objetivos anteriores, mencionaba los de acción social, seguridad urbana y ciudadana, movilidad de las Fuerzas Armadas y preponderancia de la inteligencia.

El cambio de adjetivación de la seguridad en este documento reflejó los pobres resultados obtenidos hasta 2006, en relación con los ingentes recursos utilizados en la arremetida contra las FARC, único objetivo consistente y columna vertebral de la PSD. No fue suficiente la acertada reforma militar durante el gobierno de Pastrana, de creación y reorganización de unidades para la guerra irregular inducida por Washington para afrontar esta clase de guerra. Aunque sin una estrategia adecuada, con evaluaciones y reajustes periódicos, dado el alto volumen de recursos y el constante acoso militar se obtuvo una limitación significativa de acciones de las FARC, que se constató en la clara disminución de sus fuerzas y su capacidad operativa. Pero los costos económicos y humanos para las Fuerzas Militares fueron enormes. Por eso, la incapacidad de diseñar una estrategia eficaz mediante el ‘plan de guerra’ de la PSD, identificado con el eufemismo de ‘Plan Patriota’, se disimuló con la nueva identidad de ‘Plan Consolidación’ de la PSD. Sin embargo, este cambio de identidad no fue sólo maquillaje.

Excepto pocos cambios de fondo, como disminuir la concentración de tropas en el sur del país para ‘cazar’ al ‘Secretariado’ y mayor movilidad de unidades, hubo varios cambios puntuales y efectivos que buscaron solucionar problemas recurrentes que por inercia estaban socavando la eficacia militar operativa. Entre esos cambios se destacan el énfasis e inversión en materia de inteligencia técnica y humana con asesoría internacional del más alto nivel, la cooperación real y efectiva entre las Fuerzas Militares y entre éstas y la Policía Nacional, la redistribución de recursos, la mayor importancia dada a capturas y deserciones frente a las ‘bajas enemigas’, y el gran peso de recompensas por información. Pero lo que no cambió en nada fue el énfasis en lo militar y la pobreza en lo político.

Los cambios señalados comenzaron a dar resultados positivos poco percibidos en 2007, pero sobre todo en 2008, cuyo cenit fue la publicitada e incruenta ‘Operación Jaque’ con la liberación, en julio de ese año, de reconocidos políticos y ‘contratistas’ norteamericanos secuestrados. Cuatro

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meses antes, había ocurrido la cruenta y exitosa ‘Operación Fénix’, en Angosturas, Ecuador, que eliminó a ‘Raúl Reyes’, segundo al mando de las FARC.

Si bien esta guerrilla había ganado terreno militar durante el desastre político de las conversaciones del Caguán, su arrogancia y proyección internacional la llevó a creer que era ya un cuasi-ejército en vísperas de tomarse el poder y por lo tanto no requerían apoyarse mucho en principios esenciales de la guerra de guerrillas. Por eso, además de golpes menores, con menos significación relativa que los sufridos por la Fuerza Pública, las FARC recurrieron a la ‘hibernación’, identificada con el calificativo de ‘repliegue estratégico’, dado por los medios de comunicación. Además, no se preocuparon por cambiar su estrategia de ‘repliegue pasivo’, con el fin de recuperar la iniciativa. Por ello, en corto tiempo fueron despertadas a la realidad por el cambio estratégico de la Fuerza Pública, sin que se percataran pronto de que seguían siendo en su esencia guerrillas. También, era claro que habían perdido el interés político de apoyarse en sectores nacionales de opinión pública y que les interesaba más la vía militar que consideraban el fundamento de todos sus triunfos.

Su prolongada ventaja de dispersión en frentes en el territorio nacional se trocó en desventaja al ser superados sus sofisticados equipos de comunicación por los de la Fuerza Pública. La interceptación de comunicaciones de la guerrilla fue definitiva para recibir certeros golpes, sin que al mismo ritmo asimilaran su nueva situación. Tan solo luego de la ‘Operación Jaque’ se convencieron de su condición de guerrilla en retirada y de la necesidad de usar su olvidado principio guerrillero de adaptación a nuevas circunstancias. A partir de allí, aunque han recibido numerosos golpes, algunos de significación, lograron reorganizarse dentro de la concepción tradicional de guerra de guerrillas, alimentada por su larga experiencia en el difícil y apropiado territorio nacional para esa clase de contienda. En este ambiente, recuperaron la iniciativa al propinar repetidos golpes de mano a la Fuerza Pública.

Sin embargo, el embate de las fuerzas del Estado ha mantenido a raya a las FARC, sin que esta situación implique su derrota en un tiempo predecible, pese a los triunfalistas vaticinios militares –como el ‘fin del fin’ del Comandante de las Fuerzas Militares– en el fragor de sus anteriores éxitos. Pero, además de esta talanquera oficial a las acciones de esa guerrilla, han sido importantes las deserciones y el ‘sapeo’, alentados por el énfasis dado a las recompensas y los beneficios del gobierno a desertores y criminales, pasando por alto normas y haciendo caso omiso de escrúpulos éticos. Este énfasis no operativo ha sido paralelo al relativo decrecer de rendimientos en costosas operaciones militares contra las FARC.

La persistencia en el uso de medios militares y la limitación en el empleo de recursos políticos de la ‘seguridad democrática’ llevaron al estancamiento en el diseño de cambios efectivos en la estrategia de la Fuerza Pública, pues no se vislumbraron ideas importantes que incorporaran medidas políticas o militares novedosas9. Estas han sido necesarias para frenar el aumento desmedido en los últimos años del presupuesto en seguridad y en recursos militares, aspecto que contribuirá a afrontar problemas fiscales recurrentes10.

9 Desde mediados de 2008, tal vez motivada por el éxito de la ‘Operación Jaque’, la Fuerza Pública se inclinó hacia golpes puntuales con operaciones conjuntas y bombardeos de la Fuerza Aérea. A mediados de 2010, en las postrimerías del gobierno, ocurrió la ‘Operación Camaleón’, que liberó a tres altos oficiales de la Policía Nacional y un suboficial del Ejército secuestrados por las FARC.

10 De acuerdo con la Contraloría, el valor que el Estado deberá cancelar en 2011 en pensiones a retirados de las Fuerzas Militares es de 1.3 billones de pesos y, por el mismo concepto, a la Policía, 1.7 billones. A su vez, a esta entidad le preocupa la poca rentabilidad de bienes administrados por la Caja de Retiro de las FF.MM. (Cremil), avaluados en 121.946 millones de pesos, y la de los administrados por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), valorados en 44.422 millones. Tal rentabilidad produce solamente 12.000 millones de pesos de ingresos al año. “Alerta por bienes poco productivos de Fuerza Pública”, en El Tiempo, Bogotá, 28 de junio de 2011.

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Al comenzar el gobierno, en agosto de 2002, el pie de fuerza en el país era de 313.406 efectivos, 203.283 de las Fuerzas Militares y 110.123 de la Policía Nacional. Ocho años después, al finalizar el gobierno, el total de efectivos había aumentado a 426.014, 267.629 de las Fuerzas Militares y 158.385 de la Policía Nacional. En 2010, el presupuesto del Ministerio de Defensa sobrepasó los 15 billones y medio de pesos, de los cuales poco más de 63 por ciento correspondían a las Fuerzas Militares y el resto a la Policía Nacional. De acuerdo con un informe de Planeación Nacional, en ese año se gastaron 21 billones de pesos en defensa y seguridad, de los cuales 90 por ciento se destinaron a funcionamiento y sólo 10 por ciento a inversión11.

En cuanto a las FARC, objetivo principal de la PSD, según la Fundación Nuevo Arco Iris, a comienzos de 2009, tenían cerca de 10.800 efectivos, distribuidos en 64 frentes, y de acuerdo con la Fundación Seguridad & Democracia, 7.000 efectivos en el mismo año. Por las condiciones del conflicto, cualquier estimación que se haga al respecto resulta ambigua. Según distintas fuentes, para 2010, las cifras fluctuaban entre 6.000 y 10.000, con actividades en alrededor de 200 municipios, en especial en Cauca, Caquetá, Nariño, Huila y Meta12. Las deserciones estimuladas por el gobierno se suplen en gran medida con reclutamiento de menores de edad, lo que agrega un problema más al incierto futuro de la niñez en el país.

En el plano político de la PSD, la preocupación principal del gobierno de Uribe fue acabar con el espacio nacional e internacional ganado por las FARC, en un comienzo buscando de manera insistente aunque utópica internacionalizar el conflicto armado para recibir apoyos externos. Pero ante la persistencia oficial su mayor logro ha sido interno. La multitudinaria marcha en contra del secuestro, en febrero de 2008, alentada por el odio contra esa guerrilla es muestra significativa de tal logro. Pero ese odio, inducido oficialmente de manera sistemática con base en los crímenes de la guerrilla, fue usado de manera recurrente, sobre todo hasta 2009, para alimentar la polarización política de la opinión pública a favor del Presidente con miras a su reelección, al identificar cualquier crítica en contra del gobierno con alianzas o condescendencia con las FARC y el terrorismo. Aunque en los últimos meses de gobierno mermó este ‘repique oficial’ permanente –en buena medida por el incremento de la inseguridad en las ciudades–, no desapareció del todo.

La pobreza en el uso de recursos políticos oficiales en el enfrentamiento con las FARC permitió que desde organizaciones de la sociedad civil surgieran iniciativas tendientes a la liberación de secuestrados, criticadas por el gobierno pero exitosas en un principio gracias al estatus de los secuestrados y a conveniencias políticas de la guerrilla. En el contexto internacional, la permisividad de los gobiernos de Ecuador y sobre todo de Venezuela con las FARC sirvió para que, como resultado de las denuncias del gobierno, se redujera el espacio político internacional de esta guerrilla y se cerraran posibilidades de mediación externa. La liberación de las figuras políticas en 2008 con la ‘Operación Jaque’ frenó la forzada condescendencia oficial con las mediaciones, aunque en 2009 y por razones políticas, el gobierno volvió a discutir el tema. En términos de apoyo de la población, las FARC cuentan con dispersos grupos de milicianos urbanos y simpatizantes rurales en zonas de su influencia y en grupos de ‘cocaleros’. Luego de los golpes recibidos y el aumento inicial de desertores, parte de su estrategia se orienta al fortalecimiento de milicias en ciudades y reclutamiento de menores.

11 Ministerio de Defensa, Logros de la política de la seguridad y defensa. Seguridad para la prosperidad, disponible en http://fedeagromisbol.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=123&pop=1&page=0&!temid=1; consultado en, agosto de 2010.

12 International Crisis Group estimaban que las FARC tenían en 2010 entre 8.000 y 10.000 efectivos. (ICG, 2010).

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Este fue el eje de ejecución de la PCSD, incluidas improvisaciones con graves consecuencias, como haber permitido en 2007, con gran despliegue por parte del gobierno, el protagonismo del presidente venezolano Hugo Chávez en la liberación de secuestrados para luego desautorizarlo de manera pública, además de costosas decisiones, como la mencionada incursión armada en Ecuador, en 2008, para eliminar al número dos de las FARC, que provocó la ruptura de relaciones con Colombia por parte de ese país. En el resto de líneas de acción de esa política han primado las inconsistencias y el ensayo y error.

Quizás sea el tratamiento oficial dado a la guerrilla del ELN el que menos inconsistencias ha tenido. Esta guerrilla sufrió antes su mayor derrota militar de parte de los paramilitares, que la diezmaron y sacaron de sus dominios en la Costa Atlántica. A esta debilidad se sumó su declive político derivado en parte de su dispersión de objetivos, antes centrados en un norte nacionalista. Estas circunstancias sirvieron para que el gobierno buscara desde un comienzo un acuerdo de desmovilización y negociación, lo que permitía asumir que quería mostrar que su condescendencia con los paramilitares no era favorable sólo a organizaciones de derecha. Esta búsqueda fue persistente, incluso con la mediación de los gobiernos de Venezuela y Cuba. Pero la miopía política del ELN lo llevó a desaprovechar oportunidades favorables para la guerrilla. Con el cambio del panorama de la seguridad frente a la subversión, en 2008, el gobierno terminó con esa búsqueda.

Por otra parte, las continuas confrontaciones armadas entre ELN y FARC –debido a competencias por el control de territorios, poblaciones y corredores del narcotráfico– desembocaron en un acuerdo a finales de 2009, pero las diferencias entre esas guerrillas continuaron. La presencia regional del ELN se ubicó en Arauca –área de su mayor problema con las FARC–, Norte de Santander, Chocó y el suroccidente del país. Se cree que el ELN tiene alrededor de 1.500 efectivos, luego de que hace una década contaba con unos 4.000 (Núñez, 2011; ICG, 2010).

Como parte de la PCSD hay una iniciativa iniciada en 2008, que aprovechó planes de obras públicas y erradicación manual de coca de los últimos años en el área de La Macarena (municipios de Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico y La Macarena, cuatro de ellos parte de la ‘zona de despeje’ en el proceso de conversaciones con las FARC durante el gobierno de Pastrana), para adelantar el ‘Primer proyecto de consolidación de la PSD’. Es un plan híbrido, que depende del Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia de la República, con apoyo de cooperación internacional, protegido por la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, ubicada en el área. Parte de la novedad es la participación de civiles en cargos de responsabilidad, incluida la coordinación del proyecto13.

Este ensayo de ‘recuperación social del territorio’ –conocido como PCIM– muestra cierto éxito, dado el vacío de políticas sociales en medio del ambiente represivo de la PSD. Sin embargo, la titulación de tierras, fundamento de estabilización de la población campesina, fue frenada por el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, conocido como ‘Uribito’, con el argumento de que los campesinos eran auxiliadores de la guerrilla, lo que atentó contra la sostenibilidad de este experimento (ICG, 2010; Mejia & otros, 2011; Leal, entrevista PCIM, 2010).

13 Dos días antes de terminar su gobierno, el presidente Uribe expidió el Decreto 2933, “con el fin de coordinar la acción integral del Estado y las actividades de los particulares para la ejecución de la Estrategia de Consolidación Territorial”. Con esta medida se amplió la responsabilidad de estos experimentos a varios organismos gubernamentales (PODEC, 2011).

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Esta primera iniciativa ubicada en el área emblemática del Caguán (de 15 proyectadas en el país por el Centro de Coordinación de Acción Integral, CCAI, en regiones de orden público con presencia del ELN y las FARC) es acompañada por otra, desde 2009, en los Montes de María, situados en la vasta región Caribe que concentra la mayor proporción de tierra despojada en el país. Esta segunda experiencia cubre cuatro de los 15 municipios de la sub-región: Cármen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre. Su política parece que se presta más que la de La Macarena para contrapunteos entre alcaldes de los municipios incorporados y directivas militares y civiles del proyecto, pues en cierta manera reedita la ‘acción cívico-militar’ de los tiempos del ministro de Guerra Ruiz Novoa (PODEC, 2011) Sin embargo, al considerar el cuestionable contexto con énfasis militar de los dos períodos de gobierno del presidente Uribe, estas experiencias podrían verse con mayores elementos positivos que negativos dentro de la difícil tarea de revertir la persistente militarización del conflicto armado en el país.

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA PSD

La visibilidad de los problemas y el deterioro de la Política de Seguridad Democrática se hicieron evidentes desde 200814. Dos aspectos en particular mostraron en ese año el agravamiento de los problemas derivados de la seguridad en el país. El primero se refiere a que, desde sus inicios, la PSD se vio alentada por la presión castrense jerarquizada, encabezada por el presidente Uribe y reflejada en el ámbito militar con estímulos improvisados que exigían resultados, medidos con frecuencia y según tradición por ‘muertes enemigas’, o body count. Resultado de ello fueron los crímenes llamados de manera eufemista ‘falsos positivos’, que la opinión pública conoció desde su negación oficial inicial –al parecer por incredulidad–, en 2008, hasta su forzado reconocimiento por cuotas. El hecho es que, según investigaciones de Cinep, entre 2001 y 2010 hubo 1.119 casos registrados15.

Esos crímenes reflejan la larga historia nacional de violación militar a los derechos humanos, la persistente presión presidencial por resultados tangibles sin medir las consecuencias y el rápido crecimiento del pie de fuerza, cuyo problema mayor ha sido la deficiente preparación profesional y sus efectos negativos como facilitar la comisión de delitos en medio del conflicto armado. Los necesarios ajustes –ya mencionados– en la Fuerza Pública durante el primer año y medio del segundo período presidencial incluyeron el reemplazo de muertes por deserciones de prisioneros como indicador central de eficacia, pero la tendencia del body count continuó. La insistencia del Presidente y su limitada visión del entorno internacional lo llevaron a rechazar los reclamos de organismos internacionales por violación de los derechos humanos.

El otro aspecto que mostró el agravamiento de los problemas derivados de la seguridad fue una clara omisión de la PSD desde sus inicios: la ausencia del componente básico de ‘seguridad ciudadana’, que corresponde a las áreas urbanas. A diferencia de la acción militar que es ofensiva, la seguridad ciudadana es en esencia preventiva. La escalada de la inseguridad urbana durante los dos últimos años de gobierno de Uribe fue notoria. El subempleo en ascenso y la persistente inequidad en el país han ubicado a estos problemas en el primer lugar en el Continente y estimulado el ‘rebusque’ a como dé lugar.

14 Al respecto, “La seguridad en entredicho” (Semana No. 1512, Bogotá, 25 de abril a 2 de mayo de 2011) analiza cinco fenómenos con gran visibilidad: ‘La guerrilla despertó’, ‘El terror de las bacrim’, ‘Inseguridad urbana’, ‘La voz ciudadana’ y ‘Regiones asediadas’.

15 “La historia desconocida de los ‘falsos positivos’, en Semana, No. 1519, Bogotá, 13 al 20 de junio de 2011; “‘Falsos positivos’ 2010: Clamor por la verdad y la justicia”, en Cinep, Programa por la Paz, Informe especial, Bogotá, mayo de 2011.

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Ante esa omisión de la PSD, en 2009, la Policía Nacional, por iniciativa propia, buscó compensar este vacío, pues esa dimensión de la seguridad es fundamental en un país urbano como Colombia. El experimento de tal iniciativa de la Policía es el llamado ‘Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes’, PNVCC, que recogió experiencias de España y Chile. Sin embargo, el exceso de funciones y tareas que tiene la Policía, en buena medida por causa del conflicto armado, pero también impuestas con frecuencia de manera improvisada, dificulta el cumplimiento de su función preventiva16.

En 2009, según Medicina Legal, hubo un aumento de homicidios en el país de 16 por ciento con respecto al año anterior, al pasar de 15.250 a 17.717 casos, lo que corrobora lo ocurrido en las principales ciudades, en especial Cali, Bogotá y Medellín. Por su parte, las cifras de secuestro, extorsión, actos terroristas y hurto de vehículos, que habían experimentado tendencias de disminución desde 2003, repuntaron en los últimos años. Las encuestas recientes sobre percepción de seguridad (‘Cómo Vamos’) en ocho de las ciudades más grandes confirmaron las cifras sobre deterioro de la seguridad ciudadana. Es importante mencionar también el aumento del consumo de drogas, en especial el llamado ‘narcomenudeo’. Además, la extorsión, las fallas en la desmovilización de los paramilitares y la descentralización de la criminalidad, entre otros, son factores que han influido en el crecimiento y percepción por parte de la opinión pública de la inseguridad urbana (Acero, 2011; Ávila, 2011a).

Pero hubo otra falla de la PSD percibida desde años antes: el repunte paramilitar progresivo, bautizado por el gobierno como BACRIM (bandas criminales). Este eufemismo tuvo como objetivo mantener la idea oficial del éxito en la desaparición de esa expresión criminal de extrema derecha. Por supuesto, todas las expresiones delincuenciales organizadas son bandas criminales. Unas dedicadas al narcotráfico, grupos que no se desmovilizaron, grupos que cometen acciones antisubversivas propias de paramilitares, entronques con parapolíticos y combinación de éstas y otras modalidades. Pero hay que tener en cuenta también que los grupos de paramilitares siempre tuvieron relación –o estaban mezclados– con narcotraficantes.

A mediados de 2010, la Policía Nacional indicaba que había seis ‘bandas criminales’, con 2.580 miembros que operaban en 159 municipios, en 18 departamentos: ‘Ejército Revolucionario Popular (Llanos Orientales), ‘Los Rastrojos’ (Valle, Antioquia, Cesar y Nariño), ‘Banda Criminal Urabá’ (Costa Atlántica), ‘Banda Criminal Renacer’ (Chocó), ‘Los Machos’ (Valle del Cauca), ‘Los Paisas’ (Antioquia, Bolívar, Sucre y Guajira). Sin embargo, otras fuentes afirman que el número de sus miembros es mucho más alto y que a esos grupos habría que agregarle el de las ‘Águilas Negras’ (ICG, 2010).

De acuerdo con Cinep, el número de víctimas civiles de los grupos de paramilitares, en 18 departamentos críticos, pasó de 958, en 2002, a 403, en 2006 (final de las desmovilizaciones de los grupos de paramilitares) y a 782, en 2010. A fines de este último año, según la Vicepresidencia de la República, por registro de denominación de esas bandas, encabezaba la lista ‘Los Rastrojos’, que operan en el norte y el occidente colombiano. Le seguían la ‘Banda Criminal o Delincuencial-Banda Emergente’, ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, ‘Aguilas Negras’, ‘Ejército Revolucionario Popular Anticomunista’ (ERPAC), ‘Organización de alias Don Mario/Autodefensas Gaitanistas’, ‘Oficina

16 Es el caso de la herencia que recibió la Policía Nacional, a comienzo de 2010, de parte del desprestigiado (¿e inamovible?) DAS, de 18.000 expedientes y 36 investigaciones de policía judicial, y 685 notificaciones vigentes sobre 647 colombianos y 38 extranjeros. (Policía Nacional de Colombia, 2010).

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de Envigado’, ‘Organización al servicio del Narcotráfico’ y ‘Nueva Generación’, todas ellas con gran movilidad territorial y algunas con penetración en las ciudades (Quiroga, 2011; Romero, 2011).

Bandas que existían antes de la desmovilización de los paramilitares, como ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, contribuyeron a la reproducción posterior de este fenómeno, sobre la base de su participación permanente en el narcotráfico. Así mismo, dados sus conocimientos como narcotraficantes y combatientes, algunos jefes desmovilizados jugaron papel importante en la conducción de las nuevas estructuras, en medio de la inestabilidad de mandos, grupos residuales, alianzas, controles territoriales y competencias. Por otra parte, grupos emergentes tendieron a penetrar en zonas urbanas de manera descentralizada e ingresaron en antiguas redes de protección del paramilitarismo, con vinculaciones en sectores oficiales (Policía Nacional de Colombia, 2011).

Cabe anotar al respecto que un objetivo central de la Policía Nacional son las BACRIM. Apoyada en servicios de inteligencia propios, esta institución ha tenido éxitos en la captura de cabecillas de estas bandas, como ocurrió al final de 2010 con la ‘Operación Diamante’, que terminó con la muerte de alias ‘Cuchillo’ (Policía Nacional de Colombia, 2011). Sin embargo, hay que considerar que mientras no se evalúen las estrategias en curso y se diseñen otras complementarias, la eliminación de cabecillas ‘recicla’ sus remplazos, que no necesariamente son menos eficientes en su actuar delincuencial.

El repunte paramilitar es resultado de diversas causas: improvisaciones en las desmovilizaciones, falsedad en desmovilizaciones y desmovilizados, mezcla con narcotraficantes y políticos en las desmovilizaciones, ineficaz política antidrogas impuesta por Washington y ausencia de una visión de políticas más allá de la coyuntura del momento. Sin embargo, el caldo de cultivo de esta reproducción del crimen organizado en bandas –sin desconocer que también lo es del notorio ascenso de la delincuencia común en las ciudades– es la persistente y profunda exclusión social en el país, que mezcla –en coctel explosivo que estimula la violencia– a la pobreza, el desempleo, el subempleo o empleo informal, el eterno problema de tierras y sobre todo el agresivo contraste entre miseria y opulencia en las mismas zonas geográficas. Y como si esto fuera poco, habría que agregar la recurrencia de las prácticas violentas como mediadoras de la política en la historia republicana del país, consecuencia directa de la persistente debilidad política del Estado. Contradictoriamente, el fortalecimiento financiero del Estado durante las últimas décadas alimenta tal debilidad, mediante una mayor capacidad para el ejercicio del clientelismo y la corrupción.

Los vaivenes de evolución de los grupos de paramilitares y sus acciones criminales, sumados a los producidos por las guerrillas, han traído como consecuencia destacada desplazamientos de la población en zonas críticas del conflicto armado. De este fenómeno, que ubica a Colombia como uno de los países con mayor desplazamiento forzado del mundo, existen diversas cifras, como ocurre con todas las estadísticas derivadas del conflicto. Incluso, en cifras oficiales hay con frecuencia diferencias según la agencia que las presente. Al final de 2009, el gobierno registraba más de 3.3 millones de desplazados. CODHES, la ONG que más ha trabajado al respecto en el país, considera que desde mediados de los años ochenta la cifra supera los cuatro millones de personas. Por su parte, el Ministerio de Defensa reconoce que entre 2002 y 2010 hubo un total de 3.157.75817.

17 Ministerio de Defensa, Logros de la política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad, Bogotá, marzo 2011; disponible en <http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/desplazamiento>.

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Hay que mencionar también que la evolución que han tenido las BACRIM ha vuelto muy complejo el problema, comenzando por su nueva geografía y su entronque con el narcotráfico. De acuerdo con la Fundación Nuevo Arco Iris, hay tres redes con vocación de cartel: la del Oriente, los Confederados y Los Urabeños, que es grupo rival del anterior. Pero es importante tener en cuenta al respecto el fracaso de la política antidrogas del Plan Colombia, ya que pasados 10 años de vigencia e ingentes recursos utilizados sus logros relativos dependen en esencia del contexto internacional, tanto en el consumo como en la producción y diversificación de drogas (Romero, 2011).

Los cultivos de coca se estancaron en el país desde 2004 alrededor de las 80.000 hectáreas, luego de su disminución inicial con ese plan. En el informe de Naciones Unidas para 2011, estos cultivos bajaron a 68.000 Hs. –73.000, con pequeños cultivos–, en 2009, y a 57.000 –62.000, con pequeños cultivos–, en 2010. La erradicación fue de 60.544 Hs. manuales y 104.771 fumigadas, en 2009, y de 43.792 manuales y 101.939 fumigadas, en 2010. Sin tener en cuenta inconsistencias de las cifras del informe, como la erradicación frente a la producción, ellas exhiben el enorme esfuerzo en recursos para acabar con los cultivos, aun considerando los resultados relativamente positivos de los dos últimos años. Entre los cambios operados en los cultivos, hubo crecimiento en el Pacífico (42%), seguido por la zona central (25%) y Meta-Guaviare (14%) (UNODC, 2011; Thoumi, 2011).

Esta complejidad del problema refleja también diversas alianzas por conveniencia delincuencial, económica o política, o por la mezclas de éstas. Hay alianzas entre bandas que conforman redes, y también competencias de carácter violento. En algunas zonas han ocurrido alianzas de bandas con frentes guerrilleros del ELN y las FARC por conveniencia económica mutua en el narcotráfico. Además, no sólo la población civil ha sido víctima, sino que hay sectores sociales que se benefician y las apoyan. Y hasta podría ser conveniente ‘ignorarlas’ para sectores de la Fuerza Pública, dado su papel de ‘contención’ de frentes guerrilleros. Sería el caso de la Fuerza de Tarea Omega –unidad élite antisubversiva– con respecto a ERPAC y sus acciones alrededor del área del Plan Consolidación Integral de La Macarena. Todo esto, sin descontar las alianzas internacionales, en especial con los carteles mexicanos de narcotraficantes (UNODC, 2011; Thoumi, 2011; ICG, 2010).

Importa señalar acá, al final de este subtítulo, un problema adicional de orden ideológico que –como ya se mencionó– tiene profundas raíces en las instituciones castrenses debido a su carácter jerárquico, cerrado y conservador: la ideología maniquea del anticomunismo, alimentada durante la guerra fría por la polarización mundial y la concepción militarizada de seguridad nacional, que se juntó además con el tradicional ‘espíritu de cuerpo’ castrense18.

Esta ideología tuvo su expresión nacional con la formación y desarrollo de guerrillas subversivas durante la guerra fría, las cuales no se debilitaron cuando ésta finalizó hace un par de décadas debido a la complejidad del conflicto armado interno. El desastre de ‘El Caguán’, sumado a la polarizante política en la opinión pública a lo largo de los ocho años de gobierno del presidente Uribe, no sólo mantuvo este problema sino que lo acrecentó.

18 El ‘espíritu de cuerpo’ es un acendrado sentido de pertenencia a las instituciones militares, derivado de la formación profesional cerrada y jerarquizada, cuya fuerza internaliza un sentimiento de superioridad frente a las demás instituciones. Su origen en América del Sur se remonta a las guerras de independencia colonial, que indujeron la creencia institucional de que los militares habían sido los forjadores de la nacionalidad, identificada con el difuso concepto de patria. Aunque con la modernización capitalista y la penetración de la globalización en el país ha mermado el arraigo de superioridad institucional, éste sigue siendo importante con ayuda de la ideología anticomunista.

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Parte de esa polarización se reflejó en la deslegitimación de la justicia que pretendió el presidente Uribe. Si bien es cierto que la polarización alcanzó también a sectores de la administración de justicia, su efecto principal se hace evidente en algunos jueces, a distintos niveles, cuando profieren fallos que traspasan el componente ideológico y profesional equilibrado que tiene cualquier conducta humana. Naturalmente, ello se da a lado y lado del espectro ideológico. Pero cuando los fallos afectan intereses que se reflejan en el ‘espíritu de cuerpo’ castrense, casi siempre relacionados con actos de fuerza derivados del oficio militar, se perciben como persecutorios y parte de un problema generalizado, al punto de descalificar casi toda acción correctiva disciplinaria que provenga de autoridades civiles, y con mayor razón si la acción es de carácter penal19.

Los problemas derivados de la polarización y sus efectos en la comunidad castrense salieron a la luz pública luego de escándalos, condenas y retiros de militares en los primeros meses de 2011, ya con el nuevo gobierno. El centro del malestar castrense radica en los antiguos argumentos de la ‘guerra política’, la ‘guerra jurídica’ y la ‘guerra mediática’ –que incluyen una supuesta desaparición de la Justicia Penal Militar ( JPM)–, lo que se suma a la guerra que libran los militares contra la ‘amenaza terrorista’, nombre que Uribe le dio al conflicto armado. Tales escándalos incluyeron el apoyo institucional del Ejército a la ONG ‘Defensa Militar’ (DEMIL)20.

Este arraigado problema, alimentado por ‘intelectuales orgánicos’ –militares y civiles– de sectores castrenses, afecta de manera negativa el contexto político de la sociedad y sobre todo la profesionalidad militar en el ejercicio de su ambivalente tarea represiva, máxime en un escenario de conflicto armado con visibilidad internacional. La inercia de la larga violación doméstica de los derechos humanos antes que desaparecer ha sido acrecentada por factores ya mencionados. Esta situación ha sido fuente de problemas que incluyen un potencial político explosivo. El reconocimiento público por parte del nuevo gobierno –avalado por los altos mandos– de la existencia de un conflicto armado interno, es un punto de partida necesario para frenar esa inercia –y ojalá para reversarla–, si la maneja de manera adecuada en el plano político.

No sobra terminar este recuento sobre los problemas de la PSD mencionando un importante vacío normativo, sobre todo si se tiene en cuenta el escenario permanente de conflicto armado. Se trata de la ausencia de una ley de seguridad y defensa, necesaria para fijar parámetros de responsabilidad de los diversos organismos y autoridades estatales que tienen que ver con la seguridad, y también para definir el papel que le corresponde a la sociedad civil en esta materia. Ya se hizo referencia a los fracasos en llenar el vacío de la desueta Ley 48 de 1968, luego de entrar en vigencia la nueva Constitución, pero a estos hay que agregarle uno más.

Un aspecto adicional del esfuerzo de reactivación de la PSD a partir de 2007 fue la elaboración y presentación al Congreso de un proyecto de ley de seguridad y defensa, el cual finalmente se desvaneció como ocurrió con parte de esa reactivación. No son pocos los problemas mencionados que se hubieran prevenido o aliviado mediante la existencia de un marco tal, pero que estuviera

19 El contraste entre penas severas –a veces injustas– a militares e irrisorias a autores de crímenes atroces, debido a que a algunos de los ejecutores de estos últimos los cobija una ‘justicia transicional’, visibiliza aún más las reacciones militares negativas. Por eso, en aras de avanzar hacia una paz duradera, sería conveniente incluir a la Fuerza Pública en normas de justicia transicional, aún con las implicaciones que ello tiene.

20 “Tolemaida Resort”, en Semana, No. 1509, Bogotá, 4 a 11 de abril de 2011; “Fuero o desafuero”, en Semana, No. 1510, 11 a 18 de abril de 2011; “¿Qué pasa en las FF.AA.?”, Semana, No. 1511, Bogotá, 18 a 25 de abril de 2011; “¿Qué es lo justo?”, en Semana, No. 1514, Bogotá, 9 a 16 de mayo de 2011; “Matamoros alerta sobre riesgo de la guerra política”, en ‘La hora de la verdad’, Radio Super, Bogotá, 28 de abril de 2011.

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a tono con la situación presente y no mostrara las ambigüedades jurídicas e ideológicas de los proyectos y normas fracasadas.

Esto es lo que ocurre con la ley de inteligencia y contrainteligencia, aprobada en junio de 2011, pues además de su amplitud en generalidades, debería ser una ley subsidiaria de una más amplia sobre seguridad y defensa, que no existe o que apenas está en proceso de reciclaje. Esa ley marco muestra debilidad en sus mecanismos de control, limitaciones al acceso a la información pública y penalización de conductas que atenta contra el ejercicio de la libre expresión (Reed & Soto, 2011). Por estos motivos, esa norma no resuelve el grave problema de la inteligencia como rueda suelta –secreta– en un país con persistente conflicto armado, que se ha prestado a innumerables abusos y delitos (las ‘chuzadas’, el más conocido) en todos los organismos especializados, pues no ha sido solamente el DAS el que los ha cometido, así haya cargado con toda la culpa frente a la opinión pública nacional e internacional21.

CAMBIO DE GOBIERNO SIN SORPRESAS EN SEGURIDAD

La temprana sorpresa brindada por el presidente electo Juan Manuel Santos (2010-2011), en el sentido de comenzar a desligarse de la pesada herencia del gobierno anterior, incluyó el diseño de políticas sociales que sustentan resultados de acciones efectivas de la Fuerza Pública y, lo más importante, que reducen hacia el futuro la necesidad de emplear esa fuerza en acciones armadas. En tales políticas se destaca el hecho de enfrentar el grave problema social y político de tierras con un proyecto de ley sobre el particular. Esta decisión, que ya ha despertado poderosos oponentes, enfrenta tal vez el problema más prolongado y con mayores efectos negativos en la historia nacional. De ahí la atención especial con que el gobierno enfrentó desde el comienzo esta importante tarea. El proyecto fue aprobado al año siguiente, en junio de 2011, mediante la ‘Ley de víctimas y restitución de tierras’22.

La sorpresa dada por el Presidente incluyó además la voluntad de ‘destapar ollas podridas’ de corrupción –como es el caso emblemático de la salud–, problema generalizado en el país que incide de manera negativa en la seguridad, por razón del debilitamiento político que produce en el Estado. La ley correspondiente al ‘Estatuto Anticorrupción’ fue aprobada al mismo tiempo con la ley de tierras23. El complejo entramado de corrupción incluye no sólo a funcionarios públicos, sino ante todo a congresistas, ‘caciques’, autoridades regionales y locales, y contratistas del Estado, en muchos casos en alianza con paramilitares y narcotraficantes. Por eso, investigadores de este problema acuñaron el término ‘captura del Estado’, lo que implica su consecuente debilitamiento político y por lo tanto serias limitaciones para afrontar de manera eficaz los problemas de seguridad (López H., 2010).

Pero también hubo sorpresa en política exterior. No solamente por el notorio contraste con la adelantada por el gobierno anterior, que la orientó en función de intereses estadounidenses en

21 La Ley 1444, del 4 de mayo de 2011, otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo para reformar el DAS en un plazo de seis meses. Ante la gravedad de los hechos delictivos de esta institución –y en general de los organismos de inteligencia del Estado–, se supone que esa reforma ‘avanza’, pero en medio del secreto gubernamental ya que no ha salido a la luz pública propuesta alguna para su necesario debate. (Reed & Soto, 2011).

22 Pese a limitaciones y dudas sobre capacidad y garantías oficiales para su desarrollo y aplicación, esta norma es un comienzo inédito en el país, pleno de simbolismos de todo orden. “Ley de víctimas: un paso histórico”, en Semana, No. 1517, 30 de mayo al 6 de junio de 2011.

23 Ley de Víctimas: Proyecto de ley (PL) No. 107/10 de Cámara o 213/10 de Senado; Estatuto Anticorrupción: Pl No. 174/10 Cámara o 142/10 de Senado, en Informe Semanal, Congreso Visible.org, Uniandes, lunes 6 al viernes 10 de junio de 2011.

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seguridad, incluida la prolongada, ineficaz e injusta lucha prohibicionista y punitiva contra las drogas, sino por las implicaciones directas que tiene para la seguridad del país. La atención temprana y prioritaria que puso el gobierno a las relaciones internacionales y a su posicionamiento en el contexto internacional son haberes indudables para una futura paz que sea sostenible. El cambio rápido de relaciones con los países vecinos, luego de repetidas crisis durante el gobierno anterior, y el liderazgo regional en la solución de la crisis de Honduras son ejemplos positivos al respecto.

La militarización de las relaciones internacionales provocada por la guerra fría y su nuevo realce con el ‘11 de Septiembre’, luego de 11 años de culminada esa guerra, distorsionó nuevamente el manejo diplomático en detrimento de la seguridad. Esta situación contribuyó a mantener el conflicto armado en el país y alterar la concepción militar tradicional de defensa de la soberanía. Por eso, la mejor garantía de seguridad hacia el exterior y sus consecuentes beneficios internos lo proporciona una diplomacia fuerte en un mundo globalizado como el actual.

Al lado de notorios efectos negativos de la presente globalización –como la prolongación de la militarización de Estados Unidos como potencia global en declive y la exportación de sus intereses financieros depredadores para la mayor parte de países y grupos sociales–, se proyectan normas positivas de derecho derivadas del modelo de democracia liberal. Tales son el desarrollo internacional de los derechos humanos, el DIH y el desarrollo penal internacional. También son positivas sus tendencias de integración y cooperación entre países y regiones, en detrimento de conflictos armados internacionales.

Frente a ese panorama nacional, sin duda positivo, el gobierno no le ha puesto debida atención a otros problemas sociales sustento de inseguridad, como el creciente y grave subempleo. Tampoco ha abordado la urgencia de combatir la pronunciada inequidad social, con políticas destinadas a contrarrestar factores que la reproducen, como ocurre con la extendida mala calidad de la educación en el país, cuya atención y concepción oficiales dejan mucho que desear. Así mismo, tras la continuidad del antiguo modelo de desarrollo, es imposible que el gobierno aborde una política global sobre tal inequidad, que incluya por ejemplo una desconcentración de tierras mayor que la relativamente limitada permitida con la difícil aplicación de la ley de tierras. Esa lucha contra la inequidad incluiría medidas para desconcentrar el ingreso y correctivos para un futuro sostenible, como es el respeto al medio ambiente y su conservación. El realce dado a la ‘locomotora de la minería’ por parte del gobierno –así éste haya expresado ideas para controlar su inherencia depredadora– es el mejor ejemplo de la contravía por la que transita esa ‘máquina’ con respecto a un futuro sostenible. Todos estos factores mantienen, inducen y potencian diversos problemas de inseguridad.

Al observar ahora asuntos de seguridad que tienen que ver de manera directa con la lucha armada y la Fuerza Pública, no se perciben cambios de importancia. Ha sido clara la continuidad del énfasis represivo, comenzando por confirmar la tendencia de aumento presupuestal en seguridad. En el campo policial, el gobierno anunció desde temprano una política de seguridad ciudadana con dos pilares, preventivo y proactivo, que se concretó en aumento de policías en las ciudades –aspecto positivo–, proyectos sobre Código de Convivencia Ciudadana, modificaciones a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, y Ley de Infancia y Adolescencia, además de rescatar la anterior iniciativa policial del ‘plan cuadrantes’.24 Pero el problema principal de esas iniciativas radica en

24 Semana.com, Bogotá, 20 de septiembre de 2010. Meses después, en junio de 2011, junto con las leyes de víctimas y el ‘Estatuto

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el énfasis en castigos y la insuficiencia en prevención y educación, tan necesitadas en el país. En cuanto al aspecto presupuestal, no hubo redistribución importante frente a la conveniencia de reforzamiento policial y freno a la sobredimensión de recursos militares.

Ejemplo de esta sobredimensión fue la ‘Operación Sodoma’, ejecutada al mes de iniciado el gobierno, en septiembre de 2010, que eliminó al famoso y temido ‘Mono Jojoy’25. Sus positivos resultados hubieran podido obtenerse sin el exceso de recursos ante el miedo a fracasar en la desaparición de este símbolo real –y fabricado– del terrorismo. La inercia de operaciones recientes (‘Fenix’, ‘Jaque’ y ‘Camaleón’) tiene mucho de negativo, en el sentido de aplicar los avances en inteligencia y cooperación entre fuerzas en costosas operaciones conjuntas puntuales para acabar con figuras emblemáticas del crimen, con un trasfondo de vendetta y búsqueda de réditos políticos y mediáticos. Los éxitos de esas acciones no siempre coinciden con una evaluación positiva en términos de seguridad sostenible, pues las estructuras jerárquicas suplen espacios no pocas veces con ventaja.

Estas acciones –que despiertan triunfalismos negativos– tienden a que se descuiden diseños y aplicación de estrategias dirigidas a afectar estructuras permanentes de organizaciones armadas delictivas, que son las que le dan continuidad al conflicto. También, a que se presenten situaciones contradictorias, como cuando excepcionalmente se desmantelan estructuras jerárquicas que hubieran servido para alcanzar una paz negociada, pues la mayoría de conflictos armados internos terminan en esta forma. En este sentido, habría que evitar la fragmentación y dispersión en bandas de delincuencia común que crean ‘inseguridades difusas’. Sirve de ejemplo al respecto el pos-conflicto de El Salvador, con sus altas y prolongadas tasas de criminalidad. Guardadas las diferencias del caso, la eliminación de los jefes de los carteles de Medellín y Cali, y su fragmentación posterior en numerosos ‘cartelitos’, también ilustra esa situación.

A este problema se añade la reafirmación del anterior uso de recompensas por información, práctica que ha dejado no pocos interrogantes ‘éticos’ y de corrupción, para no hablar del estímulo para cometer crímenes. La eficacia de la inteligencia apoyada en recompensas no es la mejor fórmula para llenar el vacío de formación de ciudadanía en el país, y sí contribuye al deterioro de los frágiles y contradictorios valores ciudadanos, expresados acá en un aliciente al dinero fácil, vicio generalizado y estimulado por largo rato en todos los niveles de la estructura social.

Aunque la inteligencia –técnica y humana– y la cooperación en este campo entre las fuerzas armadas fueron mejoradas significativamente desde antes, no se han aprovechado lo suficiente y de la mejor manera. En un conflicto como el colombiano, estas herramientas son el mejor antídoto frente al desmedido presupuesto en defensa, destinado a mantener un pie de fuerza militar excesivo y costoso, con graves y variadas consecuencias a mediano y largo plazo. Tal capacidad operativa debería orientarse más hacia la seguridad preventiva, que es la policial, y menos hacia la seguridad ofensiva, que es la militar, además de limitar los costosos golpes de mano con trasfondo de ganancia política y mediática, y menos en seguridad sostenible.

Desde temprano, frente a repetidos golpes de mano de las guerrillas a la Fuerza Pública –sobre todo a partir de 2009–, el actual gobierno, a través del Ministro de Defensa, afirmó que esas

Anticorrupción’ fueron aprobados el ‘Estatuto de Seguridad Ciudadana’ (PL No. 160/10 de Cámara o 164/10 de Senado) y el ‘Estatuto de inteligencia y contrainteligencia’ (PLE No. 195/11 de Cámara o 263/11 de Senado). Informe Semanal, Congreso Visible.org, Uniandes, lunes 20 al viernes 24 de junio de 2011.

25 “Cayó ‘Jojoy’”, en El Tiempo, Bogotá, 24 de septiembre de 2010.

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fuerzas ‘se estaban reinventando’ y estaban a la ofensiva, y no replegadas como se había afirmado. Además, señaló que la ‘amenaza terrorista’ había evolucionado y que la Fuerza Pública también tenía que evolucionar. Haciendo eco a estas afirmaciones, el Presidente anunció el re-lanzamiento (¿más de lo mismo?) de la PCSD26.

Los posteriores y prolongados desastres invernales de finales de 2010 y principios de 2011 le restaron capacidad gubernamental al avance en frentes sociales que sustentan la seguridad. Sin embargo, en el plano operativo las Fuerzas Militares han logrado la eliminación y captura de varios mandos medios de las FARC durante el primer semestre de 2011. El Bloque Oriental de esa guerrilla y el Comando Conjunto de Occidente –dirigido por ‘Alfonso Cano’– han sido los objetivos militares principales, luego de que se debilitaron otros frentes ante acciones armadas. Eliminado ‘Jojoy’ en el primer objetivo, la atención se centra en el segundo, que es el más dinámico, y cuyo eje es la cordillera central hacia el suroccidente. Pero su carácter obsesivo ha limitado la visión política gubernamental frente a la necesidad de diseñar planes consistentes con objetivos hacia una paz sostenible. Frente a la larga tendencia de degradación de la guerra –por ejemplo, con mayor uso de explosivos y ‘sembrado’ de minas antipersona por parte de la guerrilla, y fuertes bombardeos previos a la ocupación militar en las acciones oficiales–, las FARC afinan su ‘Plan 2010’ y las Fuerzas Militares sus operaciones (Avila, 2011b)27.

¿HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE SEGURIDAD?

A fines de mayo de 2011, el gobierno formalizó su ‘Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad’ (PISDP). El Ministerio de Defensa hizo público el texto respectivo, que cuenta con cinco capítulos: 1) Situación actual de la seguridad y la defensa nacional; 2) La responsabilidad del sector defensa y seguridad en la estrategia nacional de seguridad para la prosperidad; 3) Concepto estratégico de la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad; 4) Alineación estratégica de la política de seguridad y defensa para la prosperidad; y 5) Tablero de control (Ministerio de Defensa, 2011).

El primer capítulo indica los avances en seguridad durante los últimos ocho años y el debilitamiento de los grupos armados ilegales u organizaciones terroristas. Según el documento, éstos son: FARC, ELN, “entramado criminal en torno al narcotráfico” y su transformación en BACRIM, cambio en la economía criminal e intensificación de delitos tales como extorsión, microtráfico y hurto, y convergencia común de grupos al margen de la ley (GAML) y BACRIM, además de incremento de la corrupción como dinamizadora de la violencia y debilitamiento del Estado.

El segundo capítulo se refiere al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, para indicar que la consolidación de la paz involucra un esfuerzo conjunto del Estado, con el liderazgo del sector defensa y seguridad. Con seis objetivos estratégicos busca neutralizar amenazas provenientes de cuatro factores: grupos armados al margen de la ley, delitos contra los ciudadanos, amenazas externas y desastres naturales. A la responsabilidad de los organismos estatales añade la labor de la ciudadanía y la empresa privada.

El tercer capítulo afirma que pese a los avances la tarea no está concluida. Señala sobre el particular que esa tarea impulsa estrategias para lograr un balance entre seguridad interna y disuasión

26 El Tiempo.com, Bogotá, 18 y 19 de septiembre de 2010.27 “’Cano’ ha perdido a 10 fichas claves, en un año”, en El Tiempo, Bogotá, 6 de junio de 2011.

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externa. Esta última –indica– se apoya en una estrategia de diplomacia para la seguridad. Y la primera –señala– es un esfuerzo operativo diferencial en ‘zonas rojas’, ‘zonas amarillas’ y ‘zonas verdes’. Estas últimas, que son áreas consolidadas, se afirmarán con fuerzas de policía, inteligencia y tecnología. La eliminación de las zonas rojas es propósito gubernamental para 2014. En cuanto a la convivencia y seguridad ciudadana, dice que la policía ha incluido estrategias apoyadas en tecnología, investigación criminal e inteligencia. Finaliza diciendo que las zonas críticas se tratarán mediante acción militar, para confluir en un ingreso paulatino de la fuerza policial y el resto del Estado.

El cuarto capítulo expresa que el objetivo general es alcanzar condiciones para la prosperidad democrática. A partir de ahí expone seis objetivos con sus respectivas estrategias, así: 1) Llevar a un mínimo histórico la producción de narcóticos, con las siguientes estrategias: a) erradicar cultivos ilícitos, b) fortalecer las capacidades de interdicción, y c) desarticular las BACRIM; 2) Desarticular los GAML y crear condiciones para la consolidación, con las siguientes estrategias: a) acabar con la violencia desarticulando los GAML, b) integrar y adaptar los esquemas de seguridad, c) implementar un modelo de control, administración y seguridad fronteriza, y d) fortalecer la acción integral; 3) Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana, con las siguientes estrategias: a) fortalecer el control policial en el territorio nacional, b) desarticular las organizaciones delincuenciales, y c) fortalecer la investigación criminal; 4) Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e interoperable, con las siguientes estrategias: a) diseñar e implementar un sistema de defensa integrado, flexible y sostenible, b) incrementar la cooperación de Colombia, tanto a nivel regional como internacional, y c) implementar un programa de ciberseguridad y ciberdefensa; 5) Contribuir a la atención oportuna a desastres naturales y catástrofes, con las siguientes estrategias: a) crear una instancia de respuesta sectorial, b) promulgar una política sectorial, y c) estabilizar y asegurar áreas afectadas; y 6) Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa nacional, con las siguientes estrategias: a) modernizar la gestión sectorial, b) impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación, c) alcanzar un Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) competitivo, y d) avanzar en una estrategia de bienestar para los miembros de la Fuerza Pública. 7) En este punto el documento menciona los pilares de la PISDP: mejora sustancial de la inteligencia, fortalecimiento del mando y control, aumento de la coordinación e integración, protección estratégica de la población, aplicación estratégica de la fuerza, y respeto a los derechos humanos y DIH. 8) El último punto enuncia los principios de la PISDP: buen gobierno, sostenibilidad, legitimidad y corresponsabilidad.

El último capítulo, Tablero de Control, es un cuadro de síntesis del capítulo anterior, con los seis objetivos y sus estrategias, que son 20 en total.

Este documento sobre la PISDP se diferencia de los elaborados antes para la PSD por su mayor amplitud de temas, coherencia y esfuerzo de concepción integral. Sin embargo, es necesario señalar algunos problemas, como la reiterativa visión anterior de la seguridad desde el ámbito militar del Ministerio de Defensa y, en particular, vacíos y contradicciones con respecto a lo que se observa en el manejo oficial de las políticas relacionadas con el contexto de la seguridad hasta mediados de 2011.

En primer lugar, no hay relación entre lo expresado en el documento y lo que muestran las políticas sociales del gobierno y las acciones de las Fuerzas Militares, cuyos aspectos principales se indicaron en el subtítulo anterior, pues ni siquiera se mencionan. Esto hace suponer que el

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documento se elaboró en abstracto, como ‘tipo ideal’, sin tener en cuenta lo que acontece en la realidad –en particular los aspectos positivos–, lo que lleva a contradicciones entre los dos contextos.

Al respecto, no hay referencia a políticas sociales, proyectos y leyes aprobadas que buscan que la seguridad sea sostenible, al crear con su desarrollo y ejecución un ambiente propicio para ello. Por ejemplo, desconoce la muy publicitada ‘Ley de víctimas y restitución de tierras’, como factor que pretende apuntalar acciones militares y búsqueda de paz.

Aunque el documento menciona la “diplomacia para la seguridad”, lo hace de manera genérica al no hacer explícita la que adelanta con éxito el gobierno. Además, lo más grave, ese ‘tipo ideal’ contradice la orientación oficial al afirmar como objetivo un “sistema de capacidades disuasivas creíble”, mediante la estrategia de un “sistema de defensa integrado, flexible y sostenible”. Es decir que avala un eventual fortalecimiento armado disuasivo hacia otros países, en especial los vecinos. ¿Hasta qué punto, entonces, hay dos vertientes opuestas? Una, la deseable de acuerdo con el documento: continuidad del armamentismo (¿‘guerrerismo’?), y otra, ignorar la política exterior gubernamental, que va en otra dirección.

En segundo lugar, el documento desconoce la realidad de la seguridad ciudadana, es decir, la que corresponde a los centros urbanos, al no identificar siquiera a las autoridades respectivas, que son los gobernadores y alcaldes. Tal desconocimiento lleva a ignorar las funciones constitucionales de esas autoridades. Al respecto, los gobernadores son agentes del presidente de la República para el mantenimiento del orden público. Y los alcaldes deben conservar el orden público en el municipio, de acuerdo con instrucciones del presidente de la República y el respectivo gobernador. Además, son las primeras autoridades de policía de los municipios y, por lo tanto, las órdenes que impartan, por conducto de los respectivos comandantes, deben ser cumplidas por la Policía Nacional28.

Sobre el mismo asunto de seguridad ciudadana, el documento pasa por alto la iniciativa de la Policía Nacional del ‘Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes’ (PNVCC), que ante el vacío en esta materia por parte del gobierno anterior y también del actual, ha sido llevada al primer plano de la política de seguridad en las ocho ciudades principales del país, con un total de 1.791 cuadrantes. Este experimento, adaptado en especial del modelo chileno, se apoya en tres pilares: prevención, educación y disuasión. Su desarrollo progresivo, a partir de los antiguos CAI, con una concepción de ‘policía polivalente’, que limita las especialidades en el ámbito cotidiano urbano, y con objetivos a cuatro años, se apoya también en recursos de las alcaldías (Policía Nacional & Fundación Ideas para la Paz, 2011).

En esta experiencia policial llama la atención la diversificación innecesaria de la concepción de cuadrantes, ya que le ha incorporado múltiples funciones de acciones policiales mediante la asignación de un número particular de cuadrantes a cada una de ellas. Inteligencia, investigación criminal, gestión humana, atención al ciudadano, procedimientos policiales, tecnología policial, gestión social integral, veedurías ciudadanas, y educación para la convivencia y seguridad expresan la diversidad de aristas que corresponden a la actividad policial moderna, que han sido incorporadas al esquema generalizado de ‘cuadrantes’ (Policía Nacional & Fundación Ideas para la Paz, 2011).

28 Constitución Política de Colombia, Título XI, Capítulo III, artículos 303 y 315.

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En tercer lugar, un importante vacío en el documento es la ausencia del sector de vigilancia y seguridad privada, que tiene gran peso en el país y ha sido desarrollado por oficiales retirados, la mayoría del Ejército. El Decreto 3222 de 2002 estableció que las empresas de seguridad y vigilancia hacen parte de 38 redes de apoyo y seguridad ciudadana, en ocho regionales controladas por la Policía Nacional. Según el documento COMPES 3528 de 2008, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) supervisa y controla esas redes, mediante lineamientos respectivos. En ese año había registradas 502 empresas de vigilancia, 50 cooperativas, 813 departamentos de seguridad, además de varias empresas transportadoras de valores, escuelas de capacitación y empresas asesoras. Aunque no se conocen cifras confiables, sobre todo por la existencia de empresas ilegales –calculadas en un 15 por ciento del total–, se creía que había al menos 170.000 personas empleadas como vigilantes y escoltas: un verdadero ejército privado (Torres, 2009). Esta situación muestra que el documento no consideró siquiera lo más importante del contexto armado de la seguridad, que aunque sobresaliente es sólo una de las dimensiones de la seguridad.

Por último, conviene cerrar este subtítulo recordando la enorme distorsión de la seguridad producida por el entorno internacional, la larga vigencia de violencias en el país y el actual conflicto armado. Esta situación se agravó debido a la constante improvisación política de los gobiernos y a la irresponsabilidad que en materia de seguridad han tenido casi todos ellos, al haber evadido la obligación de asumir su dirección y dejársela al arbitrio de autoridades militares. La gran víctima de este prolongado proceso ha sido la misma Fuerza Pública, puesto que el constante énfasis militar de la seguridad ha alterado sus funciones en distintos aspectos y momentos, con enormes costos para sus instituciones, para su desarrollo profesional moderno y para la sociedad en general. Basta mirar la sobredimensión militar actual, el híbrido policial producto de su acentuado lastre de militarización, la inconveniente autonomía administrativa de la Policía y las persistentes violencias que estimulan este contexto29. Y en el horizonte de este panorama incierto se mantienen los millones de víctimas en numerosos y diversos ambientes de la sociedad.

DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD

Por lo menos desde 1982, cuando comenzaron los ‘procesos de paz’, en el ambiente político del país se ha venido hablando de paz. Gobiernos, instituciones oficiales, partidos políticos, ONG, misiones internacionales y hasta grupos armados legales e ilegales han reafirmado una supuesta búsqueda de paz en medio de diversidad de acciones y posiciones. Entre estas sobresale la que se conoce genéricamente como ‘proceso de paz’, que implica conversaciones entre gobierno y opositores armados con trasfondo político en sus acciones, con el fin de lograr negociaciones para que éstos se reintegren a la vida civil y contribuyan a la paz.

En las últimas décadas, solamente hubo acuerdos negociados durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, con los grupos guerrilleros M-19, PRT, Quintín Lame, CRS, Milicias Populares Metropolitanas y del Valle de Aburrá, y Frente Francisco Garnica. El desprestigio posterior de esta vía tras el desastre político del Caguán y el estímulo que en esa dirección propició el gobierno de Uribe, proyectó en la maleable opinión pública una visión única, simplista,

29 La Policía Nacional depende del ministro de Defensa, como delegado del presidente de la República. Si bien esta situación contribuyó al proceso de desmilitarización de la institución, una vez que la cartera de Defensa pasó a manos civiles, su complejo aparataje requiere de una estructura administrativa diferente, como podría ser un ministerio de seguridad ciudadana, del que dependería no sólo la Policía, sino todos los organismos armados civiles del Estado y las funciones actuales de la superintendencia respectiva. Dada la ayuda oficial que recibe de Estados Unidos la Policía Nacional, su embajada tiene mayor injerencia sobre la institución que la que puede tener el ministro de Defensa.

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excluyente y polarizada de ese tipo de procesos: ‘negociación o guerra’, que en realidad significa ‘claudicación o triunfo armado’. De esta manera, se ignoraron alternativas derivadas de la esencia de un Estado democrático, cual es ‘inventar’ a diario la política para solucionar problemas en la sociedad. En otras palabras, buscar, mediante el ejercicio de la política en su concepción moderna, la manera de institucionalizar los conflictos y negociar los intereses, con el fin de evitar confrontaciones armadas en la sociedad.

Conviene cerrar el capítulo mencionando lo que en realidad es el núcleo de las condiciones sociales que favorecen el reciclaje de las violencias, sin cuyo control o remoción cualquier paz que se obtenga tenderá a ser transitoria, como ha ocurrido en repetidas oportunidades en el país.

La capacidad permanente de reproducción de las violencias, en general, y del conflicto armado interno, en particular, se nutre del caldo de cultivo que representan graves problemas sociales de orden estructural en el país. Esto significa que esos problemas se han mantenido a lo largo del tiempo, pese a los numerosos y profundos cambios que han tenido lugar en la historia nacional, en particular los derivados de la caótica modernización capitalista iniciada en la época de ‘La Violencia’, a mediados del siglo pasado.

La pronunciada exclusión social y su agresiva inequidad –ya señaladas– constituyen estímulos permanentes a la violencia30. En este panorama sobresale el ancestral ‘problema de tierras’, que incorpora una vasta gama de manifestaciones. Entre ellas se destacan la concentración de tierras en pocos propietarios, la sobre-representación política de los terratenientes –en especial en el Congreso–, la incapacidad de cobrar impuestos prediales rurales y municipal equilibrados por razón de la ‘autoridad’ ejercida de facto por los terratenientes en los municipios, el despojo violento y ‘legal’31 de tierras a los campesinos, el desplazamiento forzado de éstos y la falta de titulación como propietario de tierras del campesinado. Este problema ha sido facilitado por ser Colombia un país que ha mantenido colonizaciones desde la época de la Conquista en diferentes regiones y un ‘territorio ilimitado’ frente al reducido tamaño relativo de una población dispersa hasta hace pocas décadas.

Aunque el gobierno muestra un tímido inicio en la dirección correcta, mediante el logro de aprobación de su iniciativa con la ‘Ley de víctimas y restitución de tierras’, el reto principal al respecto es su reglamentación y ejecución. Pero, en el fondo, el problema real para estos efectos –y sobre todo para proseguir en la inmensa tarea de avanzar hacia la solución del problema de tierras– radica en que este gobierno –y varios anteriores– está sustentado en un depredador modelo de desarrollo y en poderosos intereses nacionales e internacionales que lo apuntalan.

Otro problema estructural adicional es la histórica incapacidad del Estado de hacer presencia, incluso armada, en amplias zonas rurales del país, lo que hace esquivo el ideal de Estado democrático moderno de monopolizar el uso de la fuerza y la justicia. El primero de estos dos usos debería ser un recurso excepcional y complementario al manejo cotidiano de la política

30 Hace pocas décadas, diversos sectores sociales interesados en mantener el statu quo hacían mofa, mediante argumentos generales y abstractos, de las ‘causas objetivas de la violencia’, luego de que un gobierno se atrevió a afirmar que había que removerlas para encontrar la paz. Es oportuno recordar acá que, junto con Honduras y Guatemala, Colombia es el único país del Continente que no mejoró el desempleo –y que además aumentó el subempleo y mantuvo la concentración del ingreso– en la primera década del siglo. El coeficiente GINI nacional, que mide el nivel de desigualdad, es de 0.58, lo que ubica a Colombia como el país más desigual de América Latina y el cuarto a nivel mundial. Por su parte, la población del país que vive en la miseria es de 16.4 por ciento. José F. Aguirre y Pablo Uribe, “Reinventar el capitalismo”, en Gestión Sostenible, Bogotá, Semana-Dinero, 2011.

31 “Con licencia para despojar”, en Semana, No. 1517, Bogotá, 30 de mayo al 6 de junio de 2011.

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para la solución de problemas. Pero el dilema que se observa acá es que la presencia de diversos grupos armados ilegales a lo largo de la historia nacional ha impedido que se haga realidad este objetivo, debido a la capacidad de reproducción que han tenido tales grupos. Ahora, mediante el incremento sin parangón de la Fuerza Pública y la consecuente militarización de una supuesta solución de la inseguridad, este ideal aún sigue lejano, pues el caldo de cultivo sigue activo32.

No obstante lo planteado, es imposible que se alcance una situación ideal para enfrentar de manera adecuada este complejo panorama. Por ello, teniendo en cuenta lo expuesto, se percibe una ambigua intención del gobierno de avanzar hacia una paz con las guerrillas, que podría ser negociada. Es posible que el eventual sigilo oficial se deba al pesado lastre de militarización de la seguridad en todos los órdenes, a las poderosas fuerzas sociales que se opondrían a un intento en esa dirección y a la ratificación del país al Estatuto de Roma, que prohíbe indultar o amnistiar por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Además, por el lado de las guerrillas, se requeriría una voluntad real de paz. Si esta apreciación es correcta, solamente cuando el gobierno vea seguridades claras en el camino transitado, sería factible que el Presidente ‘destapara sus cartas’. Esta suposición permite vislumbrar un resquicio de luz sobre una paz en Colombia, que ojalá sea sostenible33.

ADENDA

Sin que se conozcan cambios político-estratégicos en la Fuerza Pública durante los primeros siete meses de 2011 –además de la formalidad expresada en el documento ‘Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad’ (PISDP)–, como resultado del anuncio –en septiembre de 2010– del Ministro de Defensa sobre la necesidad de que esta fuerza evolucionara tal como lo había hecho “la amenaza terrorista” (Nota 40), conviene mencionar algunas consideraciones generales para eventuales cambios que se hagan sobre el particular.

Colombia se destaca entre los países de América Latina por su regionalización acentuada (articulación de geografía física y humana), dispersa, desequilibrada y con tendencias culturales endógenas –indígenas, negritudes, mestizajes y variadas clases y grupos sociales–. Además, esta regionalización presenta notorios desequilibrios en recursos naturales, riquezas, ingresos y desarrollo, que ha hecho difícil una integración social, económica, política y de infraestructura adecuada para una formación nacional con mayor identidad.

Este factor fundamental debería tenerse en cuenta para sustentar diseños, evaluaciones periódicas y subsecuentes ajustes de una estrategia político-militar de carácter nacional con proyección en las

32 Teniendo en cuenta el tratamiento estatal armado al conflicto, el ejemplo emblemático son las FARC. El crecimiento de sus acciones armadas en la primera mitad de 2011, como continuación de lo ocurrido desde tres años atrás, con énfasis en Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá y parte de Antioquia, muestra el empecinamiento oficial –¿honor patriótico?– de una estrategia armada con vacíos en políticas alternativas o complementarias. Sobre esta situación, véase “La nueva realidad de las Farc”, en El Tiempo, Bogotá, 17 de julio de 2011; “Suroeste salvaje”, en Semana, No. 1519, Bogotá, 13 al 20 de junio de 2011; “Seguridad para las ‘locomotoras’”, en Semana, No. 1520, Bogotá, 20 al 27 de junio de 2011; “Seguridad, ¿cuál es la verdad”, en Semana, No. 1523, Bogotá, 11 al 18 de julio de 2011; “Aquí no contamos ovejas sino cilindros”, en Semana, No. 1524, Bogotá, 18 al 25 de julio de 2011.

33 Además de anuncios de entrega de ‘bacrim’, hubo dos mensajes de ‘Alfonso Cano’, jefe de las FARC –uno al comienzo del gobierno y otro en junio de 2011–, con respuestas del Presidente que, aunque condicionadas, no cerraron las puertas de una salida negociada. ¿Se entregarán?, en Semana, No. 1521, Bogotá, 27 de junio al 4 de julio de 2011; “!Hombre, conversemos!”, en Semana.com, sábado 31 julio 2010

<http://www.semana.com/nacion/hombreconversemos/142431-3.aspx>; “Siempre será posible construir escenarios de negociación con el Gobierno” <http://www.publico.es/internacional/381305/siempre-sera-posible-construir-escenarios-de-negociacion-con-el-gobierno>

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regiones, con el fin de que la Fuerza Pública confronte con éxito a la delincuencia organizada. Esa eventual estrategia debería incorporar, de manera sobrepuesta, la ubicación, características y sub-clasificación de ‘zonas rojas’ del conflicto, incluidas diferentes modalidades de actores armados y sus estímulos nacionales y regionales específicos.

En una estrategia tal habría que puntualizar la diferenciación de objetivos entre Fuerzas Militares y Policía Nacional, apoyada en sus respectivas funciones básicas, ofensivas y preventivas. En estas, sería necesario considerar las diferencias funcionales entre las Fuerzas Militares y dentro de cada una de éstas –la Infantería de Marina, por ejemplo–, y las que existen en la Policía, con el objeto de articularlas –y diferenciarlas– entre sí para evitar errores e improvisaciones. Mientras subsista el conflicto armado, la Policía debería contar con un cuerpo –bajo una sub-dirección definida– que incorpore de manera exclusiva su herencia de militarización para afrontar tareas rurales y en centros urbanos pequeños destinadas a enfrentar la delincuencia organizada.

En el campo de la inteligencia, habría que sostener la difícil tarea de cooperación entre las tres Fuerzas Militares y entre éstas y la Policía Nacional, diferenciando de manera precisa las funciones correspondientes en este campo en cada una de las cuatro fuerzas. De esta manera, la información que se obtenga debería llegar de manera transversal a los organismos especializados de cada fuerza. Tales organismos desglosarían la información, luego de evaluarla mediante técnicas reconocidas internacionalmente, de acuerdo con las funciones asignadas a cada fuerza y a cada uno de sus componentes y especialidades operativas.

De esta manera, el campo de la inteligencia debería ser el eje para definir de manera coordinada qué clase de acciones se llevarían a cabo y cómo se ejecutarían, para evitar en lo posible que desembocaran en confrontaciones armadas. Solamente así, mediante procesos relativamente breves y ágiles, podría hacerse una evaluación sopesada acerca del tamaño que requeriría cada una de las cuatro fuerzas y el de sus respectivos componentes, con el fin de re-diseñar la distorsionada situación actual. Durante las dos últimas décadas, ante cualquier tipo de fracasos en las acciones de la Fuerza Pública, el remedio a la mano –casi siempre sin evaluaciones equilibradas– ha sido el crecimiento de efectivos, para no mencionar el de asignaciones y reajustes presupuestales.

Para no alargar deducciones lógicas que podrían hacerse a partir de una evaluación detallada de la evolución y altibajos que ha tenido la dinámica armada del conflicto, habría que tener en cuenta además las condiciones económicas y sociales del conflicto, tanto en la sociedad en general como en el Estado en particular. De esta forma, podrían prevenirse situaciones difíciles de manejar y solucionar, que han sido comunes en conflictos armados internos de numerosos países durante las últimas décadas.

Las medidas expuestas servirían para articularlas con el diseño de potenciales políticas económicas y sociales en general, con el fin de que sirvan de complemento a éxitos armados que se obtengan, pero ante todo para que tiendan a ser sostenibles en el tiempo los difíciles avances hacia una paz. Naturalmente, esta visión general no puede ser solamente doméstica, en un mundo en el que la globalización impuesta por la tendencia de universalización del sistema capitalista presenta numerosas contradicciones que hacen más compleja la incorporación del componente internacional en consideraciones relacionada con el país.

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Documentos oficiales

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Policía Nacional y Fundación Ideas para la Paz (2011), Estrategia, evaluación de impacto y seguimiento. Mesa de expertos sobre PNVCC, Bogotá, 1 de junio de 2011.

Artículos en periódicos

“!Hombre, conversemos!”, en Semana.com, sábado 31 julio 2010.

“¿Montaje comisionado?”, en Semana, No. 1504, Bogotá, febrero 28 a marzo 7 de 2011; “Verdades y mentiras”, en Semana, No. 1506, Bogotá, 14 a 21 de marzo de 2011.

“¿Qué es lo justo?”, en Semana, No. 1514, Bogotá, 9 a 16 de mayo de 2011.

“¿Qué pasa en las FF.AA.?”, Semana, No. 1511, Bogotá, 18 a 25 de abril de 2011.

“¿Se entregarán?”, en Semana, No. 1521, Bogotá, 27 de junio al 4 de julio de 2011.

“’Cano’ ha perdido a 10 fichas claves, en un año”, en El Tiempo, Bogotá, 6 de junio de 2011.

“Alerta por bienes poco productivos de Fuerza Pública”, en El Tiempo, Bogotá, 28 de junio de 2011.

“Aquí no contamos ovejas sino cilindros”, en Semana, No. 1524, Bogotá, 18 al 25 de julio de 2011.

“Cayó ‘Jojoy’”, en El Tiempo, Bogotá, 24 de septiembre de 2010.

“Con licencia para despojar”, en Semana, No. 1517, Bogotá, 30 de mayo al 6 de junio de 2011.

“Fuero o desafuero”, en Semana, No. 1510, 11 a 18 de abril de 2011.

“La historia desconocida de los ‘falsos positivos’, en Semana, No. 1519, Bogotá, 13 al 20 de junio de 2011.

“La nueva realidad de las Farc”, en El Tiempo, Bogotá, 17 de julio de 2011.

“Ley de víctimas: un paso histórico”, en Semana, No. 1517, 30 de mayo al 6 de junio de 2011.

“Matamoros alerta sobre riesgo de la guerra política”, en ‘La hora de la verdad’, Radio Super, Bogotá, 28 de abril de 2011.

“Seguridad para las ‘locomotoras’”, en Semana, No. 1520, Bogotá, 20 al 27 de junio de 2011.

“Seguridad, ¿cuál es la verdad”, en Semana, No. 1523, Bogotá, 11 al 18 de julio de 2011.

“Suroeste salvaje”, en Semana, No. 1519, Bogotá, 13 al 20 de junio de 2011.

“Tolemaida Resort”, en Semana, No. 1509, Bogotá, 4 a 11 de abril de 2011.

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HACIA UNA DEFINICIÓN DE EXPERIENCIA CIVIL DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA Mauricio Hernández Pérez


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toHACIA UNA DEFINICIÓN DE EXPERIENCIA CIVIL DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA*

Mauricio Hernández Pérez**

* Este artículo hace parte del trabajo de grado presentado por el autor en la Maestría en Estudios políticos intitulado: “Apuestas de paz frente a la guerra: un estudio sobre la información en prensa escrita de las experiencias civiles de construcción de paz durante el primer

gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 -2006)”. Agradezco al Doctor Manuel Elkin Patarroyo y su familia por el sólido apoyo prestado durante el proceso de elaboración del mismo.

** Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, Diplomado en Cultura de Paz de la Escuela de Cultura de paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y Magister en Estudios políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la

Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: [email protected]

RESUMENEste artículo tiene como objetivo proponer una definición y caracterizar el conjunto de Experiencias Civiles de Construcción de Paz que se ha sucedido en Colombia desde 1978 y con especial énfasis durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006) en el marco de su Política de Defensa y Seguridad Democrática. Se describe y analiza el nivel de incidencia que el conjunto de oportunidades políticas han tenido sobre estas experiencias de paz. Para esto, se toma como marco de análisis algunos de los aportes más significativos de las teorías empleadas en el estudio y caracterización de los movimientos sociales y nuevos movimientos sociales; fundamentalmente los desarrollos presentados por Alberto Melucci.Palabras claves: Movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, acción colectiva, paz, seguridad democrática.

TOWARDS A DEFINITION OF CIVIL PEACE CONSTRUCTION EXPERIENCE IN COLOMBIA

SUMMARYThis paper sets to offer a definition and a characterization of civil peace construction experiences in Colombia since 1978, with a special interest on the first presidential term of Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), specifically, regarding his policy of Defense and Democratic Security. In the paper an analytic and descriptive perspective is assumed regarding the incidence that the set of political opportunities has had on these peace experiences. In order to do so, the paper makes use of a framework of analysis of some of the more useful inputs of theories used in the study and characterization of social movements and new social movements; specially those offered by Alberto Melucci.Keywords: Social movements, new social movements, collective action, peace, Democratic Security.

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INTRODUCCION

El artículo que aquí se presenta deriva de una preocupación por rescatar y hacer visible parte de los esfuerzos que, históricamente, han realizado múltiples sectores y personas que en diversos escenarios se han enfocado en la promoción, construcción y búsqueda de la paz en Colombia.

En este sentido se pretende tanto de manera descriptiva como analítica dar respuesta a un conjunto de interrogantes; a saber: ¿Qué son las Experiencias Civiles de Construcción de Paz (ECCP)? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Pueden las ECCP en Colombia entenderse en términos de algunos de los aportes teóricos presentados por quienes han hecho de los nuevos movimientos sociales su objeto de estudio?

El artículo se encuentra dividido en dos partes. La primera presenta los desarrollos más significativos que en materia de construcción de paz se han dado en Colombia frente al conjunto de oportunidades políticas sucedidas históricamente desde 1978 y hasta 2006. La segunda procura entrever cómo los avances teóricos sobre los denominados Nuevos Movimientos Sociales (NMS) se constituyen como un marco de referencia adecuado para la definición, comprensión, identificación y cualificación de las ECCP en Colombia.

En términos generales el artículo pretende, más que una contribución al significativo y grueso número de publicaciones de los “violentólogos” y que ha ido in crescendo en los últimos tiempos, constituirse en un aporte a la “irenología”, la cual, curiosamente, ha estado al margen de los análisis y reflexiones realizados desde la academia, ora por desinterés en la materia, ora por descuido.

1. OPORTUNIDADES POLÍTICAS Y DINÁMICA DE LA PAZ EN COLOMBIA

Colombia se ha caracterizado por mostrar una historia ciclotímica, pendular y sucesiva que se ha desenvuelto entre la búsqueda fallida de intentos de concertación, negociación y pacificación hasta grandes empeños de una guerra directa contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico (PNUD, 2003).

Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se llevó a cabo la creación de una de las primeras Comisiones de Paz. Sin embargo, tal iniciativa fue opacada mediante la aplicación de instrumentos jurídicos especiales como el Estatuto de Seguridad el cual trajo consigo un caos en la institucionalidad al otorgar libertad a la fuerza pública en lo concerniente a sus atribuciones y acciones en pro de la seguridad nacional. En el periodo Betancur (1982-1986) la expectativa de paz no fue más que eso: una expectativa que adquirió un carácter mucho más realista durante el mandato de Virgilio Barco (1986-1990) al lograrse la desmovilización del M-19 y la apertura de procesos de negociación con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el PRT y el Quintín Lame así como uno que otro acercamiento con las FARC, pero que poco a poco se fue desvaneciendo en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) donde el conflicto y la violencia se intensificaron, fundamentalmente, por la lucha contra el narcotráfico.

Posteriormente el clima de conflicto se acentuó durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998) donde las FARC dieron cuenta de su poderío y desarrollaron violentas acciones militares a lo largo y ancho del territorio nacional. Frente a esto, Andrés Pastrana (1998-2002) invirtió gran parte de su administración en intentar un proceso de paz con el grupo guerrillero

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toaunque a la par, paradójicamente, logró la consecución de uno de los mayores apoyos económicos obtenidos por el gobierno colombiano de parte de los EEUU en la lucha contra el narcotráfico: el Plan Colombia1.

Aunque el “intento a las buenas” o modelo Pastrana, se vislumbró como loable, representó a su vez un fallido experimento de negociación con las FARC y, contra todo pronóstico, sumergió al país en una peor situación de guerra a la experimentada por los gobiernos precedentes. La finalización de la zona de despeje y el rompimiento de las conversaciones se constituyó como acicate para que el mandatario que le sucedió (el “intento a las malas” o modelo Uribe -2002-2006-), dirigiera una agresiva ofensiva de derrota militar contra los grupos armados insurgentes (especialmente en contra de las FARC, agrupación a la cual logró doblegar escalonadamente y con resultados espectaculares) bajo el lema característico de su campaña: “Mano firme, corazón grande” y que logró materializarse a través de la propuesta de una Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD); política esta que, además de poner en la agenda nacional el tema de seguridad (Varios 2004a), perpetuó el poder del mandatario en la Presidencia hasta 2010 ante la favorable acogida por parte de algunos sectores de la sociedad colombiana de uno (aunque pareciera ser el único) de los tantos puntos que constituyeron en su momento parte de su propuesta de gobierno2. Pese a que esta política recibió un loable apoyo de ciertos sectores de la sociedad colombiana, también fue objeto de fuertes críticas.

1.1. La Política de Defensa y Seguridad DemocráticaA mediados del año 2003 la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa dieron a conocer ante la opinión pública el documento marco de la PDSD. Para algunos analistas el documento representó un esfuerzo importante y casi único en la historia contemporánea del país en materia de asignación de responsabilidades en temas de seguridad al interior de las diferentes instancias gubernamentales. Aun cuando podrían rastrearse antecedentes e intentos similares en gobiernos precedentes (tal como sucedió durante el gobierno Gaviria mediante su denominada “Estrategia nacional contra la violencia”), la PDSD, como política estatal, no se vio condenada al fracaso en términos de su implementación (Leal, 2004: 99).

La PDSD, inicialmente presentada como uno de los tantos puntos de un programa de la campaña presidencial del mandatario, pasó a convertirse luego en prioridad gubernamental para, por último, consolidarse como punta de lanza de una política estatal en la que se enfatizó la preservación y el fortalecimiento del orden institucional que no necesariamente se tradujo en el mejoramiento de los aspectos histórico - estructurales que ha padecido la sociedad colombiana tales como la persistente exclusión social y la pobreza. Por el contrario, su preocupación se centró en el mantenimiento de la seguridad y la recuperación del orden institucional en términos de la consolidación del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Una de las polémicas más sobresalientes desatadas durante el gobierno para ese entonces consistió en que nunca se hizo un reconocimiento de la existencia de un conflicto armado sino que se hizo

1 La caracterización del Plan Colombia no ha estado exenta de múltiples análisis e interpretaciones. Sin embargo, hay coincidencia en que “el Plan Colombia pasó de ser un plan antinarcóticos, en su concepción, a un plan contrainsurgente en la práctica, y de allí a un plan antiterrorista en su denominación” (ROJAS, 2006: 90).

2 Vale la pena recordar el contenido del “Manifiesto Democrático”, también conocido como los 100 puntos de Álvaro Uribe Vélez en los que la Seguridad Democrática (puntos 26 a 40) era apenas una de las tantas demandas a cubrir y entre las que se destacaban la consolidación del denominado estado comunitario, la reforma política y administrativa, la lucha contra la corrupción, la erradicación de la miseria y la justicia social, la salud para los pobres, entre otros temas más.

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referencia a este como una amenaza terrorista3, término que, desde una decisión presidencial, se consideró como el más adecuado a punto que la expresión “conflicto armado” fue abolida del lenguaje oficial4. Para algunos analistas la política fue poco realista al no reconocer la existencia del conflicto armado (Leal, 2010).

Desde la institucionalidad, la PDSD se definió como: “[…] el documento marco mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada. La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado de largo plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del poder” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003: 12).

Mediante esta política la seguridad (y más exactamente la seguridad militar que no la seguridad humana5) fue concebida como la prioridad fundamental a ser tomada en cuenta dentro del orden territorial a través de una fuerte presencia institucional en boga de las fuerzas militares. Desde esta perspectiva, para la Seguridad Democrática, la presencia y fortaleza estatal es sinónimo de ocupación militar del espacio geográfico colombiano y así la estrategia de pacificación del gobierno de turno adquirió su razón de ser a través de un exacerbado componente militar.

Como política pública, la Seguridad Democrática trajo consigo una triunfante aceptación por parte de diversos sectores políticos, sociales y económicos de la sociedad colombiana así como de la comunidad internacional; pero igualmente una afectación sobre el accionar y la dinámica de las personas, agrupaciones, colectivos y entidades que han trabajo por la paz a través de alternativas conducentes a la promoción de esta, la mayoría de las veces, desde la propuesta de la acción política noviolenta.

1.2. Las apuestas por la pazAnte el conflicto armado, Colombia ha contado con la presencia histórica de una fuerte (y a veces débil) sociedad civil organizada que a través de múltiples movilizaciones, acciones, proyectos e iniciativas ha mantenido una apuesta por la paz en un sentido positivo; esto es, la paz entendida no solamente como resultado de la victoria militar, la ausencia de conflicto o el cese de hostilidades sino como la búsqueda de “aquellas condiciones que permitan un desarrollo integral y sostenible, en una dinámica creciente de justicia y democracia, para un pueblo o nación” (García, 1995: 61).

Desde la visión de la sociedad civil, para obtener la paz no es suficiente el componente de seguridad militar; a ello hay que sumarle una serie de condiciones estructurales que dignifiquen la condición humana de las personas. En este sentido, las iniciativas de paz apelan hacia un concepto de paz

3 “Sí hay guerra, señor Presidente”. Revista Semana, 6 de febrero de 2005, edición 1188.4 Esto se hizo explícito mediante el texto: “Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional” publicado

hacia mediados de 2005 por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y en el que se leía: “Se debe tener presente que Colombia es una democracia pluralista donde se cuenta con los cauces apropiados para dirimir las diferencias. El aceptar la existencia de un conflicto armado interno, implica la negación de dichos canales, lo cual es utilizado por los grupos armados ilegales para polarizar y capitalizar su estrategia de poder”.

5 Ello se hace evidente al detectar en el contenido del documento un conjunto de amenazas para la seguridad del ciudadano y de la democracia colombiana entre las que se encuentran el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el homicidio, el tráfico de armas y las finanzas ilícitas.

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topositiva6; de reducción de la violencia que conduzca hacia mayores niveles de justicia y que permitan o traigan consigo cierta armonía social que procure cambios favorables en la sociedad.

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), se ha preocupado por diseñar y alimentar un instrumento investigativo que permita “visualizar el actuar colectivo de la sociedad colombiana en rechazo de la violencia y a favor de la paz, permitiendo hacer una medición cuantitativa, aunque también cualitativa, de dicha dinámica social” (García, 1995: 1). Este instrumento, conocido como DATAPAZ y que reúne dos bases de datos (la base de Acciones Colectivas por la Paz y la base de Experiencias de Paz) abre paso hacia la identificación, investigación y análisis de las iniciativas locales, regionales y nacionales de paz en Colombia.

Dentro de los múltiples resultados y análisis arrojados por este instrumento se encuentra que para el caso específico de las movilizaciones y manifestaciones por la paz (Acciones Colectivas por la Paz – ACP-) Colombia ha experimentado una tendencia caracterizada por la dinámica de unos primeros antecedentes de movilización entre 1979 y 1985 a una activación de dicha movilización entre 1986 y 1992. Posteriormente, entre 1993 y 1999 se organizaron las grandes movilizaciones por la paz, mientras que para el periodo comprendido entre 2000 y 2003 cayeron en crisis las expresiones nacionales del periodo anterior, pero en contraste se llevó a cabo un fortalecimiento de las expresiones locales y reactivación de otras más entre 2004 y 2007 como lo muestra el siguiente gráfico:

Grafico 1.Número de Acciones Colectivas por la Paz 1979 - 2007

Fuente: CINEP (2007). Consulta realizada el 19 de agosto de 2009

6 La idea o noción de paz positiva y paz negativa proviene de la literatura existente sobre estudios de paz y conflictos entre los que se destacan: Galtung (1985), Lederach (1986), Lederach (2005) y Fisas (1987), entre muchos más. Básicamente la paz positiva es un enfoque propositivo, constructivo y proactivo de paz. Obedece a la idea “romántica” de vivir en una sociedad en paz. En su acepción se favorecen las alternativas y salidas socio – políticas en apoyo a la paz. La paz positiva guarda relación con el desarrollo integral de las personas donde se tienen en cuenta aspectos como la profundización de la democracia y la justicia social, el reconocimiento de la diversidad, entre otros elementos. La paz positiva propende así por la promoción de la paz mediante mecanismos noviolentos, la educación, la investigación y el análisis social, el desarrollo económico y social, el diálogo y la negociación así como la configuración de alternativas políticas. La paz negativa, por su parte, ofrece un enfoque de denuncia y es mucho más reactiva que propositiva en donde se rechazan los efectos del conflicto armado y las violaciones de derechos humanos. Los mecanismos habituales a los que se recurre en su promoción son la protesta y la resistencia civil.

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De la sistematización provista por CINEP se pueden resaltar algunas de las características más importantes de la dinámica de las apuestas por la paz en la historia del país en términos de su movilización.

Lo primero que se destaca es una dinámica fluctuante en las acciones colectivas por la paz, dinámica ésta asociada a factores endógenos del conflicto armado, esto es, al accionar de los diferentes grupos armados ilegales, así como a las políticas o acciones implementadas por los respectivos gobiernos de turno. Estos dos elementos constitutivos (los factores endógenos del accionar de los grupos armados y el accionar del gobierno de turno) junto con otros factores adicionales (sociales, políticos, económicos, entre otros) es lo que se entiende en este artículo como el conjunto de oportunidades políticas.

El accionar por la paz en Colombia se ha caracterizado así por una permanencia fluctuante, aunque constante en el tiempo, ante el escenario de oportunidades políticas generadas en su momento. En el mandato Samper (1994-1998) se sucedieron las mayores manifestaciones a favor de la paz para después pasar a un ritmo decreciente en dichas acciones durante el gobierno Pastrana (1998-2002) y, por último, demostrar nuevamente una tendencia de aumento gradual durante el primer gobierno Uribe (2002 – 2006).

Para CINEP esta dinámica se explica en virtud de factores tales como las políticas de paz adoptadas por los diferentes gobiernos, la respuesta de la sociedad civil ante estas políticas así como el nivel de apertura dispuesto por el gobierno para que la sociedad civil participara en diferentes espacios provistos en su momento. De esta manera, el conjunto de oportunidades políticas ha sido determinante en el comportamiento del accionar por la paz. Así por ejemplo, durante el periodo Turbay (1978 – 1982) se adoptó la política del estatuto de seguridad frente a la que la sociedad civil (y especialmente grupos de derechos humanos que surgieron en ese momento) mostraron su rechazo por los atropellos que resultaron de la aplicación de la misma junto con el nulo espacio que se les abrió para explorar posibles salidas negociadas al conflicto armado existente.

Betancur (1982 - 1986) abrió paso a la propuesta de “Diálogo Nacional” que contó con el respaldo de la sociedad civil así como con una significativa participación en la denominada “Comisión de paz”. Adicionalmente se sucedieron grandes marchas en reacción a un conjunto de asesinatos políticos ocurridos en la época.

El periodo Barco, por su parte, (1986 – 1990) favoreció la protesta social pero adicionalmente en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación llevó a cabo la creación de la “Consejería de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación” encargada de manejar la política de paz y donde se abrió espacio de participación a la sociedad civil junto con otros escenarios favorables para ello tales como el proceso de descentralización y la elección popular de alcaldes.

Durante el gobierno Gaviria (1990 – 1994), pese a que se intensificó la violencia, la Constitución de 1991 abrió escenarios favorables para la consolidación de acciones de paz democráticas desde la sociedad civil así como la apertura de modelos de negociación con los actores armados.

La administración de Samper (1994 - 1998) aunque procuró un modelo de negociación y en el que se concedieron valiosos espacios desde la institucionalidad como fue la creación del “Consejo Nacional de Paz” (ley 438 de 1998) tales escenarios se vieron opacados por los efectos del proceso 8.000 que trajo consigo una pérdida de legitimidad del gobierno, razón por la cual

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tola sociedad civil decidió promover, por su cuenta, grandes iniciativas de paz en medio de la crisis dirigente.

Por otra parte, y contrario a lo que se piensa comúnmente, la administración Pastrana (1998 – 2002), en contraste con los gobiernos precedentes, no propició escenarios claros de participación de la sociedad civil en los temas de construcción de paz pese a la existencia de una política de paz y para la que se adoptaron mecanismos concretos como el diálogo y la negociación, el Plan Colombia y la denominada Diplomacia para la paz. Esta situación desincentivó notablemente el accionar por la paz e hizo que la sociedad civil no demostrara favorabilidad por la iniciativa gubernamental. Adicionalmente durante este periodo se sucedieron una serie de circunstancias dentro del movimiento por la paz que contribuyeron a su desarticulación entre las que se destacaron la proliferación de organizaciones de derechos humanos y ONG que antes que trabajar de manera conjunta competían entre sí. En esta misma vía se presentaron diferencias entre las organizaciones que tenían incidencia en el nivel nacional con aquellas cuya incidencia era más regional o local. Todo esto trajo consigo que, pese a la existencia de una iniciativa gubernamental por promover la paz, se sucediera un desencanto de la sociedad civil al no encontrar lugar en dicha iniciativa, razón por la cual su accionar como movimiento se viera notablemente opacado y disminuido.

El gobierno Uribe (2002 – 2006) por su parte, y como sucedido durante el gobierno Turbay, implementó la PDSD en la que se sucedieron pocos o nulos espacios de participación de la sociedad civil, lo que provocó un notable rechazo por parte de esta hacia aquella.

Así las cosas, si de hacer un balance se trata, podría señalarse que durante más de veinte años Colombia ha experimentado gran parte de los escenarios posibles que podrían darse en medio de un conflicto armado en la búsqueda de soluciones al mismo. Se han experimentado políticas de tipo represivo con poca o nula participación de la sociedad civil. Asimismo se han adoptado políticas proclives al diálogo y a la negociación con una participación mayoritaria, menguada o nula de la sociedad civil. Pese a esto, la historia ha demostrado que ninguna de las alternativas ha sido suficiente en la consolidación de una paz firme y duradera.

Todo lo anterior afianza la idea de que en Colombia, frente a las salidas de mano dura al conflicto armado, han persistido una serie de experiencias, iniciativas y acciones que han procurado una apuesta firme por la paz en sentido positivo y cuya caracterización y accionar se ha visto determinada por la coyuntura política del momento así como por las dinámicas propias del conflicto armado.

Sin embargo, hoy día, no pueden desconocerse los resultados obtenidos por parte de las acciones de la PDSD en la búsqueda y consolidación de la paz por la vía militar. Los hechos han sido más que contundentes. Pese a esto, las iniciativas de paz han sido enfáticas en mostrar que la PDSD se ha presentado como una condición necesaria pero no suficiente en la consecución de la paz.

Por otra parte, las alternativas noviolentas y promulgadas desde la sociedad civil, aunque han dado algunas muestras positivas y significativas en términos de su persistencia, movilización y consecución de algunos de sus objetivos, tales expresiones ciudadanas se han visto como instancias y mecanismos necesarios mas no suficientes en dicha empresa.

Pese a existir una sociedad civil que se ha movilizado en pro de la paz y pese a que se han generado dinámicas interesantes, el accionar que se ha tejido desde la sociedad civil ha sido

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poco visible y, en el peor de los casos, desconocido, ya bien por las instancias que eventualmente podrían convertirse en poleas de transmisión de sus acciones (los medios de comunicación), ya bien desde de la institucionalidad o bien dentro del conjunto de la opinión pública:

“A la comunidad nacional le ha faltado voltear más los ojos hacia esos proyectos y – de alguna manera – apoyarlos más, tanto el Estado como el mismo país; me parece que no han sido muy consecuentes en ese sentido […] Son proyectos muy valiosos que deberían ser ejemplo para el país, pero como son iniciativas chiquitas, tan vulnerables en la mitad del fuego cruzado que no nos detenemos a aprender de ellas” (Martha Cárdenas. Directora de Fescol. Revista Semana, septiembre 5 de 2005, p.56).

2. EXPERIENCIAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ: UN INTENTO DEFINITORIO

Los pocos trabajos que se han encargado de hacer de la movilización y las iniciativas de paz en Colombia su objeto de estudio pueden, sucintamente, organizarse en dos bloques: obras de enfoque metodológico y de reflexión histórica y; segundo, obras que describen y sistematizan algunas de las Iniciativas Civiles de Paz existentes a través de estudios de caso.

Como parte de las obras de enfoque metodológico y de reflexión histórica sobre el movimiento de paz, García (2006) presenta una de las mejores aproximaciones conceptuales y sistemáticas. El estudio presenta una visión histórica y pormenorizada sobre las características y elementos fundacionales del movimiento por la paz desde 1978 y hasta 20037.

Partiendo del estudio de los Movimientos Sociales (MS) y específicamente el movimiento por la paz como una expresión concreta de movimiento social, el autor, llega a la conclusión de que un movimiento por la paz en Colombia, en el contexto de un conflicto armado, se entiende como:

“[…] una masiva movilización social, arraigada en organizaciones y redes con un variado repertorio de acciones colectivas y que articula un consenso que favorece la movilización al integrar tanto el rechazo a la guerra como la demanda de soluciones pacíficas, en una forma que reta a las partes enfrentadas, tanto al gobierno como a los grupos armados ilegales.” (García, 2006: 90)

Tenemos con lo anterior una definición amplia del movimiento por la paz en Colombia en la que se reconoce la participación tanto de organizaciones como de redes de organizaciones8. Sin embargo, esta acepción adolece de limitantes en tanto restringe el objeto de análisis al ámbito de la acción colectiva y la movilización social que, como veremos más adelante, se constituye apenas como parte las ECCP en lo que respecta a su forma de acción. Asimismo, la noción de García toma como punto de partida el reconocimiento de la acción colectiva, dejando de lado acciones impulsadas por personas de manera individual y que no necesariamente pertenecen a un colectivo o a una red de trabajo9.

7 Sin embargo habría que destacar una serie de artículos que dan cuenta del amplio repertorio de las acciones por la paz: García (1998), Londoño (1998), Restrepo (1998), Angulo, Escobar (2000 - 2001), Bernal (2000 –2001), Izquierdo (2000 - 2001), Medina (2000 –2001), Sanguino (2000 –2001), Villarraga (2003), Escobar (2004), García (2004), Varios (2004b), Santander (2005), entre otros.

8 Esta visión es, vis a vis la ofrecida por Sandoval (2004) quien realizó una juiciosa labor de sistematización y caracterización del movimiento social por la paz en la década de los noventa.

9 Este es el caso del profesor Moncayo (entre otros casos más pero mucho menos visibles a nivel mediático) quien a cuenta propia y con un interés particular: mediar por la liberación de su hijo, condujo hacia una toma de conciencia nacional frente al tema del secuestro, tema que tiempo atrás estuvo relegado de la agenda del país.

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toTrabajos descriptivos y sistematizadores como el de Hernández (2004) recoge y presenta estas experiencias en términos de “iniciativas de paz desde la base”, identificadas así porque su origen se encuentra en los sectores populares que han sido históricamente excluidos de las instancias de poder y decisión.

Villegas (2005), por su parte, en un sucinto pero enriquecido trabajo, esclarece el lugar que ocupan, frente a la Acción Colectiva (AC), los MS:

“Acciones colectivas hay de todo tipo, pero no todas conducen a la conformación de movimientos sociales, que se caracterizan por formas más complejas de organización y mayor duración. Todos los movimientos sociales son formas de acción colectiva, pero no todas las formas de acción colectiva se convierten en movimientos sociales” (Villegas, 2005: 11).

Esta distinción es importante en tanto –indirectamente- invita a prestar atención hacia aquellas formas de acción colectiva que, si bien no son propiamente movimientos sociales (como ocurre en el caso de las ECCP), no por ello su trabajo ha de considerarse como irrelevante en el proceso de construcción de paz.

De otro lado, un conjunto de autores han tratado el tema de la acción política noviolenta tomando como referente el legado histórico de la noviolencia materializando su reflexión en textos relativamente “nuevos” donde indagan por la incidencia de este legado histórico en las experiencias colombianas de resistencia y movilización en pro de la paz10.

Pese a la anterior sucinta referencia de trabajos sobre las iniciativas de paz y la acción colectiva por la paz en Colombia, el tema no ha sido suficientemente explorado desde la Academia y, por el contrario, se ha sucedió una especie de descuido por hacer de ello una unidad de análisis prioritaria como lo ha llegado a ser la violencia. A este respecto, los aportes conceptuales y teóricos en la materia provienen de la literatura internacional.

2.1. Movimientos sociales y Nuevos Movimientos socialesVariados han sido los intentos definitorios, explicativos, clasificatorios y de caracterización que sobre los MS se han dado como objeto de estudio. A guisa de ejemplo basta con mencionar, entre las más destacadas: la Teoría del Comportamiento Colectivo (Mc Adam, 1982), la Teoría Económica de la Acción Colectiva (Olson, 1992), la Teoría de Movilización de Recursos (Mc Carthy, Meyer, 1973; Oberschall, 1973), el modelo del Proceso Político u Oportunidad Política (Tilly, 1978) así como el modelo europeo de los denominados Nuevos Movimientos Sociales (Touraine, 1987; Melucci, 1999; Neveu, 2000).

Las diferentes teorías sobre los MS han dado cuenta de un rico y complejo debate sobre esta materia. La sucesión del conjunto de teorías explicativas demuestra que la categoría de movimiento social es tan rica como ambigua y para nada definitiva; en parte, porque muchos de los autores mencionados divergen sobre cuáles podrían ser los elementos sustantivos y explicativos así como en torno a la clarificación sobre lo que hace que ciertas formas de acción colectiva se conviertan en un movimiento social.

10 A este respecto se pueden consultar: Varios 2003; Cante, Ortiz 2005; Cante, Ortiz 2006; Cante 2007.

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Asimismo las diferentes teorías han presentado múltiples elementos explicativos en torno a la naturaleza de los fenómenos, la actividad de los actores sociales inmersos, su génesis así como el objetivo a alcanzar y los medios a utilizar para este propósito. Frente a esta gran riqueza ofrecida por la literatura foránea, ¿cómo podría entenderse un movimiento social para efecto de lo que nos encontramos analizando en este artículo?

Como sucede en la mayoría de los fenómenos sociales, múltiples han sido las definiciones y caracterizaciones hechas sobre los MS. Pese a ello, grosso modo, podría sostenerse que este fenómeno social se concibe como una categoría analítica “dinámica” de los estudios políticos y sociales y que por tanto es

“el producto de una red de relaciones sociales que evoluciona constantemente […] no se trata de un autor homogéneo sino plural heterogéneo fruto de alianzas dinámicas en el que están en juego permanentemente la definición de su estrategia y de su identidad colectiva” (Massal, 2006: 110).

De esta manera un MS puede entenderse como una construcción social dinámica; una práctica social que se edifica constantemente y, específicamente, un MS es una forma de acción colectiva en la que individuos y agregados de individuos homogéneos o heterogéneos se asocian en la consecución de un objetivo dentro de un contexto social, político y económico determinado.

Sin embargo, la dinámica de los movimientos sociales en diferentes contextos trajo consigo el que hacia los años setenta se configurara y adaptaran nuevas formas de acción colectiva (principalmente en Europa), las cuales eran protagonizadas por grupos claramente diferenciados en sus objetivos, formas de actuar y propósitos frente a los movimientos sociales que les precedieron. En otros términos, se abrió paso así hacia una nueva significación y orientación de la acción social colectiva.

Surgieron entonces los movimientos ambientalistas, feministas, pacifistas y antinucleares, entre otros, los cuales pese a que continuaban siendo MS, su análisis no podía hacerse a la luz de las teorías explicativas hasta ahora existentes: “la emergencia y el estilo político de estos movimientos es difícil de explicar con las teorías existentes sobre la lucha social y la acción colectiva” (Dalton, Russel et al, 1992: 24).

Nacieron así nuevas formas de acción colectiva: los NMS que recurrieron al uso y manejo de lógicas diferentes de acción en el que los factores ideológicos, políticos y culturales abrieron paso hacia la consolidación de una nueva cultura política11 disímil a la concebida en los MS precedentes.

Dentro de los lineamientos teóricos y conceptuales de quienes han hecho de los NMS su objeto de estudio, Alberto Melucci (1999) presenta un enfoque crítico y completo en tanto dispone un énfasis en la importancia que adquieren los elementos y códigos culturales en la acción colectiva y que sin embargo son ocultos en la trama de la vida cotidiana, planteando con esto nuevas problemáticas. Melucci toma en cuenta que para que una acción sea posible existen tanto recursos como límites y propende por rescatar la construcción social entre sectores heterogéneos; esto es, indagar qué los une, quiénes están dentro, quiénes fuera y, adicionalmente, por qué dentro de una acción colectiva pueden coexistir acciones diferentes con actores diferentes y movimientos diferentes con lo que identidad colectiva no necesariamente se traduce en homogeneidad.

11 Por cultura política se entiende al conjunto de creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos, pautas y valoraciones que predominan en los ciudadanos respecto al sistema político de su país y como parte de una sociedad en un momento determinado (Almond Y Verba, 1963).

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toEsta visión, para el contexto colombiano parece ofrecer elementos interesantes de análisis pues, según el autor:

“Los enfoques recientes con respecto a la acción colectiva, en términos de movilización de recursos, estructura de la oportunidad política o elección racional, tienden a reducir la acción a sus rasgos más evidentes y a aquellas dimensiones que son fácilmente mensurables […] más aún, hace a un lado aquellas dimensiones específicamente culturales de la acción que están arraigadas en la experiencia cotidiana de la gente y que son tan significativas para los “nuevos movimientos” (Melucci, 1999: 14).

De esta manera, el autor enfatiza sobre aquellos elementos analíticos antes no considerados y que, por ende, se muestran como complementarios a lo que las visiones tradicionales sobre el estudio de los MS habían presentado hasta el momento.

El primer elemento distintivo desarrollado por este autor tiene que ver con el concepto mismo de MS, el cual mantiene sinonimia con los conceptos de “redes de movimientos”, “áreas de movimiento”, “sistemas de acción” o “redes de solidaridad” que comparten tanto una identidad como una cultura colectiva y donde caben redes informales así como organizaciones formales que conectan, unen o agrupan a individuos y grupos clave.

Lo que Melucci identifica como NMS remite más hacia a una serie de interacciones o construcciones sociales (sistemas de acción) en los que se llevan a cabo asociaciones de personas o grupos de personas entre los cuales se entabla comunicación y se producen una serie de significados con el objeto de tomar decisiones o llevar a cabo acciones frente a situaciones consideradas como problemáticas y donde los elementos simbólicos y los códigos culturales manifestados en sus diversas prácticas dan cuentan de un papel cohesionador o de creación de identidad como movimiento:

“Yo preferiría hablar de redes de movimientos o de áreas de movimiento, esto es, una red de grupos compartiendo una cultura de movimiento y una identidad colectiva […] Mi definición incluye no sólo las organizaciones “formales” sino también la red de relaciones “informales” que conectan individuos y grupos clave a un área más extensa de participantes y “usuarios” de servicios y bienes culturales producidos por el movimiento” (Melucci, 1999: 73).

Visto así, lo que Melucci entiende por NMS se asocia más a una categoría compleja de mayor envergadura que da cuenta de un conjunto de interacciones y acciones entre individuos e instituciones que va más allá de lo considerado por las visiones tradicionales de los MS.

La perspectiva de Melucci nos permite sostener entonces que las ECCP aparecen como una construcción social, como un sistema de acción que da cuenta de un conjunto de relaciones conducentes a la consolidación de una cultura de paz y a la creación de una identidad colectiva a favor de la paz.

Por otra parte, la visión de Melucci nos permite identificar que las ECCP se manifiestan no solamente a través de acciones concretas y visibles propias del actuar de los MS (marchas, concentraciones, huelgas, foros, diálogos, etc.) sino también mediante acciones poco visibles, coyunturales o de corta duración (de tipo cultural o simbólico) incentivadas por actores individuales o grupales (que se encuentran agregados o dispersos en los ámbitos local, departamental, nacional o internacional) y que comparten una visión en cuanto a la construcción de paz.

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De esta manera la perspectiva de Melucci es mucho más amplia; actúa, podría afirmarse, como una categoría paraguas que cubre una multiplicidad de acciones (iniciativas, proyectos, actividades coyunturales o duraderas), actores (individuales, institucionales, formales e informales) así como un conjunto diversificado de significados y valores, permitiendo con esto hacer de esta una visión mucho más completa y consecuente con la vida y el accionar de las experiencias, instituciones y personas que trabajan por la paz en Colombia.

Ante el tan creciente número de acciones colectivas e individuales, redes, interacciones, asociaciones, agrupaciones y personas que trabajan a favor de la paz en el contexto colombiano, la visión de Melucci parecería entonces ser tan apropiada como completa en aras de una nueva lectura y comprensión de aquella parte de la sociedad civil que, históricamente, ha trabajado por la paz.

Tomando en cuenta el marco conceptual y analítico de los MS y especialmente de los NMS considerado anteriormente, es posible presentar ahora una definición de las ECCP para el caso Colombia:

Las ECCP son fenómenos sociales individuales o colectivos que bajo el incentivo de ciertas oportunidades y/o estructuras políticas, se manifiestan a través de un amplio repertorio de formas de operación que van desde acciones promovidas por los movimientos sociales (huelgas, marchas, ocupaciones, etc) hasta acciones desarrolladas por los nuevos movimientos sociales y las organizaciones de paz (acciones de protección, acciones de negociación y mediación, acciones de reconciliación, acciones de democracia y desarrollo, programas de desarrollo y paz, acciones culturales o pedagógicas) las cuales pueden ser tanto coyunturales como sostenibles en el tiempo. Su objetivo fundamental consiste en retar, según sea el caso, la lógica militar estatal y el accionar de los grupos armados legales (ejército y policía) e ilegales (FARC, ELN y paramilitares). Su base social encuentra apoyo en el trabajo de una persona, una organización social o un conjunto asociado de organizaciones conformado por diferentes sectores poblacionales de la sociedad civil (campesinos, indígenas, negritudes, mujeres, jóvenes, entre otros) o de sectores directamente afectados por los embates del conflicto armado (desplazados, asociaciones de víctimas, etc) y que trabajan por la construcción de una paz positiva y la consolidación de la democracia mediante múltiples y variados medios generalmente noviolentos. (Definición del autor)

Las ECCP pueden entonces así identificarse en términos de lo que Melucci plantea sobre los NMS. Veamos con detenimiento algunas de estas características.

a) Nuevos actores y nuevos modelos organizativos: Dentro de los actores implicados, al igual que en los NMS, las ECCP gozan de una naturaleza plural; esto es, de una variedad de actores (mutables y cambiantes en algunas oportunidades), cuya militancia puede ser temporal o sostenida. Convergen así cantantes, artistas, actores y personas del común junto con colectivos de trabajo con diversos referentes identitarios: comunidades eclesiales, grupos indígenas, movimientos de mujeres, movimientos de derechos humanos y organizaciones sindicales. Estos, entre muchos más, son quienes hacen parte de esa red de grupos que trabajan por la paz ya bien a nivel local, regional, nacional o internacional. Se presenta así una suerte de adhesión múltiple o policentrismo (Sandoval, 2004) en los que no se suceden necesariamente liderazgos sino antes bien relaciones e

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tointeracciones elásticas entre individuos y organizaciones por lo que en algunas oportunidades en lo que se refiere a su organización esta no llega a ser del todo clara12.

En términos generales, las ECCP recurren a la búsqueda y participación de múltiples sectores con el ánimo de lograr aliados influyentes (tanto internos como externos) que fortalezcan su acción y que contribuyan en la consecución de sus objetivos.

b) Nuevos repertorios de acción: Marchas, paros y huelgas son, entre otros, los repertorios de acción empleados habitualmente por los MS. Frente a estos, las ECCP plantean una innovación y enriquecimiento por lo que la protesta queda relegada como condición sine qua non. Así, la protesta pasa a convertirse en un elemento de acción pero no es, en lo absoluto, EL referente último y único constitutivo de acción.

Algunos de estos repertorios de acción pueden ser coyunturales y, según su impacto, visibles ante la opinión pública y la ciudadanía (paros, huelgas, marchas, concentraciones, tomas y bloqueos de vías, premios y homenajes). Otras acciones pueden ser duraderas y más o menos visibles dependiendo del contexto en el que tengan desarrollo (acciones de resistencia civil, declaraciones de neutralidad o zonas de paz, asambleas constituyentes, procesos de concertación ciudadana, proyectos y acciones de desarrollo comunitario). Otras más, por el contrario, son coyunturales y no necesariamente visibles (acciones culturales y deportivas, campañas o acciones educativas, celebraciones o actos religiosos, encuentros, foros, seminarios, capacitaciones).

Las ECCP presentan novedosas formas de acción colectiva en las que se gestan construcciones simbólicas de identidades mediante técnicas y formas representativas, nuevos lenguajes, nuevos usos de la información y nuevas formas estratégicas e innovadoras de acción. En términos de Lederach (2005), dentro de los rasgos distintivos de las ECCP se detecta una suerte de “imaginación moral”; esto es, la capacidad de generar respuestas e iniciativas creativas con las que una persona o un conjunto de personas hacen frente a un contexto de violencia. Las ECCP demuestran así una superación de la protesta como único repertorio de acción13.

c) Nuevas interacciones con la política: Antes que llevar a cabo una asociación directa con instancias políticas (llámese partidos políticos, idearios o líderes), las ECCP pretenden influir en el quehacer de la vida pública a través de formas poco convencionales y en lo posible ajenas a las tradicionales formas de actuar en la arena política. Las ECCP abren paso hacia una nueva cultura política. Este es el caso, por ejemplo, de las Asambleas Constituyentes en el país14, las cuales, pese a que cuentan con una actuación en la arena política, plantean un “viraje” en torno a

12 Sin embargo este punto constituye a su vez el talón de Aquiles de las ECCP en tanto al no contar con una organización clara, la efectividad de sus accionar puede llegar a verse menguada. Sin embargo, aunque las estructuras son en su mayoría descentralizadas y autónomas, existe en Colombia, como sostiene Villegas (2005) un “Movimiento ciudadano por la paz” que agrupa un conjunto de organizaciones tales como: Redepaz, el Comité de Búsqueda de la paz, la Comisión de Conciliación Nacional, la Ruta Pacífica de las Mujeres, Destino Colombia, la Red de Universidades por la Convivencia y la Paz, Empresarios por la paz, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Consejo Nacional de Paz, Colombia va, Paz Colombia, Planeta Paz y el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad.

13 En su clásica obra de la noviolencia agrupada en tres volúmenes, Gene Sharp (1973) presenta una serie de 198 métodos de acción noviolenta que, de acuerdo al contexto, a los actores que se hacen partícipes y contra quién(es) se manifiesta pueden llegar a ser empleados bajo una u otra circunstancia. Para el caso de las ECCP en Colombia, algunos de estos métodos o repertorios de acción son comúnmente utilizados. Sin embargo una gran parte de estos son desconocidos por lo que bien valdría la pena ser revisados, valorados, implementados y por qué no, reelaborados por parte de quienes hacen parte de las ECCP.

14 Actualmente existen más de un centenar de asambleas constituyentes en el país entre regionales, municipales, departamentales y locales.

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cómo concebir la misma. Mediante espacios como estos, lo que se busca es, entre otras cosas, una democratización de las instancias locales, un aumento protagónico de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones así como un rompimiento de los esquemas y prácticas tradicionales de la política muy recurrentes en las regiones (clientelismo, compra de votos, etc).

Resumiendo, se podría ilustrar esquemáticamente el lugar que ocupan las ECCP en relación con los MS y los NMS bajo el marco de la Acción Colectiva (AC) en el contexto de una oportunidad política determinada así:

Gráfico 2El lugar de las ECCP

Fuente: Elaboración del autor

El gráfico muestra que ante una oportunidad política se tejen relaciones entre los miembros de la Sociedad Civil la cual manifiesta su nivel de aceptación o disenso ante los incentivos derivados por esta oportunidad política. Para esto, la sociedad civil se manifiesta mediante diversas formas de acción individual o colectiva que se corresponden con los procederes de los MS o los NMS.

Sin embargo, como una alternativa a las formas de acción colectiva convencionales, y en el marco de un conflicto armado como el vivido en Colombia, las ECCP aunque comparten elementos comunes con las formas convencionales de acción colectiva (en el gráfico los puntos de intersección) cuentan a su vez con elementos que le son propios en términos de sus protagonistas, modelos organizativos, repertorios de acción y el establecimiento de relaciones con la política - entre otras cosas más - lo que deja clara su particularidad como objeto de estudio.

¿A qué tipo de iniciativas se hace referencia cuando se utiliza el rótulo de ECCP? Principalmente a aquellas experiencias cuyas líneas de trabajo, discursos, agendas y acciones recaen directamente en la promoción de la paz mediante diferentes líneas temáticas tales como la ampliación y el fortalecimiento de la democracia; la educación para la paz y la convivencia; la comunicación para

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tola paz y la convivencia; el desarrollo comunitario; el apoyo a procesos de diálogo y negociación de conflictos; la protección, defensa y resistencia (noviolenta) frente al conflicto; la atención y apoyo a víctimas del conflicto armado; y la prevención del reclutamiento entre otras más. Tal gama de iniciativas tendría que generar una mayor expectativa por parte de la opinión pública, ser tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones y la adopción de políticas públicas por parte del gobierno central, así como despertar un mayor interés en su estudio por parte de la academia.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Podría llegarse a un acuerdo más o menos general sobre las ECCP en el sentido en que estas han contado con una fluctuación en su comportamiento, caracterización y aparición dentro de la opinión pública en relación con un conjunto de oportunidades políticas presentadas.

Igualmente podría señalarse un déficit desde las instancias gubernamentales por reconocer el valor y las enseñanzas que en materia de paz ofrecen experiencias de este estilo. En este sentido, una política de seguridad “integral”, máxime si se trata de una política de seguridad que se autodenomina como democrática (y que se ha señalado como oportunidad política en este artículo), se muestra como incompleta en razón del rechazo o la estigmatización que manifestó en algunas oportunidades hacia ciertos sectores de la sociedad civil que trabajaban por la paz. En este sentido, mientras no haya un acompañamiento y participación de la sociedad civil en la consolidación de políticas de seguridad, la legitimidad y éxito de las mismas no será la mejor.

Así las cosas, la construcción de la paz no debería ser potestad exclusiva del gobierno de turno a través del papel protagónico de sus fuerzas armadas. Se hace necesaria la presencia y la participación de múltiples sectores de la sociedad colombiana mediante la apertura de otras alternativas (complementarias a las militares) para hacer frente a la situación de conflicto armado. El involucramiento de diferentes sectores de la sociedad civil en la consolidación de políticas públicas en materia de seguridad y paz sigue siendo una deuda que, al día de hoy, cobra los más altos intereses. Los gobiernos de turno no han logrado materializar una política de paz con los potenciales aportes que los diferentes sectores que conforman a la sociedad civil y en particular las ECCP pueden llegar a ofrecer. Aunque se han hecho algunas aproximaciones y avances interesantes en la materia, tales han sido insuficientes.

Como se señaló a lo largo de este artículo, las ECCP en Colombia cuentan con un gran potencial proclives a hacerlas atractivas tanto desde el punto de vista académico como del cubrimiento informativo para los medios de comunicación. Este potencial está asociado, entre otras cosas, a la multiplicidad de actores que hacen parte de estas acciones, a la geografía en la que se suceden las mismas, al repertorio de acciones y estrategias empleadas y a sus discursos promovidos mediante los cuales entablan nuevas relaciones con la política.

Pero para que lo anterior sea posible las ECCP enfrentan unos retos. Por una parte han de explotar mucho más las estrategias y las acciones que les caracterizan, a punto de hacerlas más llamativas desde el punto de vista informativo y que les permita una mayor claridad en sus propuestas, agenda, visión de país y unificación del discurso ante la aparente desarticulación existente entre las mismas y que tan críticamente ha sido señalada desde diferentes sectores de la sociedad. Igualmente las ECCP han de procurar hacerse más visibles y llamativas a los medios

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de comunicación tanto nacionales así como locales, regionales, nacionales e internacionales. Las ECCP tienen que comprender que la “visibilización”, a través de los medios de comunicación, es una de las tantas estrategias que les permitirá cobrar reconocimiento y legitimidad dentro de la opinión pública.

Resumiendo, en materia de construcción de paz, se presentan grandes retos para las ECCP. El cómo los superen es un interrogante que aun hoy permanece abierto.

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LOS ESTUDIOS SOBRE ÓRDENES LOCALES. ENFOQUES, DEBATES Y DESAFÍOS Clara Inés García


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toLOS ESTUDIOS SOBRE ÓRDENES LOCALES. ENFOQUES, DEBATES Y DESAFÍOS*

Clara Inés García**

* Este artículo es producto de investigación, en el marco del ODECOFI –Observatorio colombiano para el desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional- financiado como centro de excelencia del Programa de Ciencias Sociales de

COLCIENCIAS.Agradezco al sociólogo Juan Camilo Domínguez por la juiciosa lectura, fichaje y comentarios sobre algunos de los autores colombianos.

** Investigadora del Grupo de Estudios del TerritorioInstituto de Estudios Regionales – INER

Universidad de Antioquia. Email: [email protected]

RESUMENEste artículo presenta de forma critica la literatura reciente que en las ciencias sociales ha abordado el tema de los órdenes sociales, con el objeto de identificar cuáles son los diferentes enfoques con que este tema se aborda, el tipo de problemáticas o preguntas a las que se responde y los principales conceptos y debates implicados en su tratamiento y, con base en ello, puntualizaremos los principales desafíos que aún restan a la investigación social en este campo.Palabras claves: estudios, región, local violencia.

STUDIES ON LOCAL ORDERS. APPROACHES, DEBATES AND CHALLENGES

SUMMARYThis article critically the recent literature in the social sciences has addressed the issue of social orders, in order to identify what are the different approaches to this issue is addressed, the type of issues or questions that are answers and key concepts and debates involved in your treatment and, based on this, will point out the main challenges that remain for social research in this field.Keywords: studies, region, local violence.

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Las sociedades se rigen por patrones de organización relativamente estables. Estos han dado lugar al estudio de las lógicas que rigen esos órdenes sociales, de cómo se configuran y se reproducen, y cómo y por qué se transforman. Este tipo de preguntas se vuelven más complejas en la medida en que los ritmos de cambio social se aceleran, las incertidumbres prevalecen, las concepciones binarias se rompen. Más aún, las preguntas por los órdenes sociales adquieren un nuevo cariz, cuando éstas se hacen a propósito de contextos donde se imponen las guerras o donde se generalizan las violencias.

A continuación repasaremos críticamente la literatura reciente que en las ciencias sociales ha abordado el tema de los órdenes sociales, con el objeto de identificar cuáles son los diferentes enfoques con que este tema se aborda, el tipo de problemáticas o preguntas a las que se responde y los principales conceptos y debates implicados en su tratamiento y, con base en ello, puntualizaremos los principales desafíos que aún restan a la investigación social en este campo.

CUATRO MANERAS DIFERENTES DE ABORDAR EL ORDEN SOCIAL

Para comenzar, digamos qué entendemos por “órdenes sociales”, en los términos más genéricos en los que todos los autores –independientemente de su enfoque- están de acuerdo. Enunciamos tres de ellos. Para Douglas North los órdenes sociales son “los patrones de la organización social” (North, 2009: xi); para Robert Lieberman, “los patrones de regularidad en la vida social y política”.(Lieberman, 2002: 698). Por su parte Erhard Friedberg entiende por órdenes locales, los roles y patrones de interacción estables y los acuerdos intersubjetivos entre actores acerca de cómo perseguir metas y cuál el significado de las acciones (Dobbin, 1998: 600). El término “local” alude a la dimensión socioespacial a la que se asocia el patrón de organización de la vida social, esto es, a los patrones de organización que regulan la vida social en lugares determinados.

En la literatura revisada encontramos cuatro maneras diferentes de enfocar el tema de los órdenes sociales, en muchas ocasiones denominados también órdenes políticos u órdenes locales. Todas ellas parten de cuestionar las viejas concepciones binarias que contraponían orden/desorden (en términos de normal/patológico; endógeno/exógeno), campos de acción formalizados/campos de acción informales y fluidos, soberanía estatal/autoridades alternativas, política/violencia, economía/política. En el fondo, hay dos hilos conductores comunes en dichas investigaciones: la pregunta por cómo explicar el cambio y por cómo explicar la lógica interna bajo la cual se configuran y adquieren dinámica los órdenes en cuestión. Sin embargo, difieren entre sí, sobre todo por la manera en que relacionan orden y cambio, orden y política, orden y espacialidades sociales y orden y violencia. Veámoslo en detalle:

1. El primer grupo de autores se preguntan por cómo relacionar orden y cambio y cómo abordar la transición de uno a otro orden social desde una lógica que reconozca los factores endógenos a la misma sociedad como base de su propia transformación.

Douglas North dirige la indagación en primera instancia, hacia las formas específicas de organización humana y encuentra la clave de las diferencias en la manera como las sociedades limitan o abren el acceso a esas organizaciones. En los diez mil años de historia de las sociedades occidentales, este autor encuentra básicamente dos tipos de órdenes sociales y su pregunta por el cambio se focaliza en la transición de uno a otro orden. Pero, este autor también afirma: la manera como se produjo esa transición en las sociedades occidentales europeas no puede ser aplicada indiscriminadamente a

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tolas sociedades de órdenes de acceso limitado de nuestro mundo contemporáneo. Cada sociedad tiene sus propias maneras de producir el cambio. Y el mundo de hoy cambia constantemente. (North, 2009: 271) Luego, la otra gran pregunta que se plantea North es la siguiente: ¿qué tan predecibles y estables son los órdenes locales dado el mundo cambiante e impredecible? (North, 2009: xii) Qué tan obsoletas se vuelven nuestras ideas sobre cómo funcionan las sociedades, dados los nuevos cambios y desarrollos? (North, 2009: 271) Así que, el marco conceptual propuesto por el autor debe servir a los estudiosos para emprender las investigaciones pertinentes en las sociedades cambiantes de hoy. En todo caso la clave para comprender la formación de órdenes sociales y sus transformaciones radica en preguntarse por cuáles son las relaciones entre individuos a partir de las cuales se regula el acceso a las organizaciones de la sociedad en función de limitar y controlar la violencia y de lograr que los poderosos no peleen sino cooperen.

Aquí el énfasis está en el estudio de cómo transita un tipo de orden social estable a otro. Y cada tipo de orden se funda en una lógica específica que determina el modo de acceso a las organizaciones en la sociedad. El tránsito se explicaría en función de lo que activaría en la coalición dominante su aceptación y su preferencia por un tipo de acceso más abierto. Habría siempre una lógica que ordena o reordena.

2. Un segundo grupo hace énfasis en “el desorden” que acompaña intrínsecamente a todo proceso de constitución, reproducción o cambio de todo “orden”.

Por su parte, Erhard Friedberg cuestiona la manera dicotómica en que se dividen para su estudio los campos de la acción organizada sujeta a convenciones y reglas explícitas, de aquellos no formalizados como por ejemplo los movimientos sociales o la competencia en el mercado. Este autor afirma que dicha dicotomía “se basa en un doble error: por un lado, se subestima el carácter estructurado y organizado de los campos de acción más difusos y, por el otro, se sobreestima al mismo tiempo…. el carácter tanto estructurante como discriminante de la formalización de las organizaciones.(Friedberg, 1998: 284) Afirma la naturaleza estratégica y fundamentalmente política de la interacción humana, a partir de lo cual se comprende que, al tiempo que surgen las convenciones, normas y reglas, se producen también las tendencias a corroerlas (Friedberg, 1998: 288) Pues “….la estructura formal no es independiente del campo de fuerzas que (la) crea, ni dispone de ninguna racionalidad superior a las conductas y prácticas que busca encausar y regular…” (Friedberg, 1998: 285) Pero esa misma naturaleza estratégica y política de la interacción humana también está en la base de la comprensión de las acciones colectivas de carácter más difuso, las cuales también pueden ser estudiadas como “sistemas de acción” que suponen procesos de intercambio y de poder entre un conjunto de actores individuales o colectivos a los que atañe un mismo problema y que están sujetos a reglas del juego que por no ser formales no dejan de ser igualmente existentes y eficaces en el encauzamiento y regulación de las relaciones entre los actores.

Lo que aquí nos interesa subrayar es el énfasis que Friedberg hace en señalar que todo orden social cuenta en su interior con los factores que tienden a corroerlo, a transformarlo; que no hay orden social que no esté acompañado de un proceso continuo de negociaciones entre sus miembros, de nuevos acomodamientos, de esguinces a las regulaciones establecidas y de prácticas que desbordan a las regulaciones formales. La propia lógica bajo la cual se configuran las regulaciones provee los elementos que las transforman, y que radica en el carácter político de las interacciones que las producen, sus relaciones de fuerza.

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Robert C. Lieberman cuestiona los enfoques institucionales e ideacionales que se concentran en explicar el orden, pero que tienen dificultades para explicar el cambio político, pues “en ambos casos, las fuentes del cambio aparecen como exógenas, resultado de una especie de shock de origen desconocido. Lo que en ellos acaba siendo la fuente explicativa del cambio político es el término del error, el detritus del modelo normal de los asuntos políticos”, y lo que prima serían los períodos de estabilidad y coherencia social. (Lieberman, 2002: 701) Este autor se propone “considerar ambas –instituciones e ideas- como elementos explicativos integrales y endógenos y sin privilegiar a ninguno de los dos. Ese enfoque iluminará más los puntos de fricción, las irregularidades y discontinuidades del cambio político.” (Lieberman, 2002: 698)

Se pregunta por cómo un orden institucional o ideacional aparentemente estable puede cambiar súbitamente. (Lieberman, 2002: 701) Para él, la alternativa no tiene que ser el caos; es, en cambio, la de relajar el énfasis en el orden y la regularidad modelando la política y considerar más bien, que cualquier momento político o episodio está situado en medio de una variedad de patrones de orden institucional o ideacional, cada uno con sus propios orígenes e historia, y lógica. (Lieberman, 2002: 701)

Los órdenes ideológicos e institucionales que prevalecen en cualquier tiempo y lugar no se conectan entre sí de manera coherente y funcional. Al contrario, los arreglos políticos son inevitablemente producto de compromisos, parciales y circunscritos, incoherentes y negociados, que impiden que instituciones e ideas se conecten dentro de un todo homogéneo y unificado que informa al resto del campo político. Debe haber instancias en las cuales los patrones ideológicos e institucionales “fit together” –se conectan entre sí- y se juntan en algo que aparenta un equilibrio. Pero en otros tiempos ellos colisionarán (collide), y presentarán a los actores con imperativos y oportunidades contradictorios y multidireccionales. (Lieberman, 2002: 702)

Es entonces “en la fricción entre órdenes en donde encontraremos las bases del cambio de la política en cualquier momento”. (702)

Lieberman hace referencia a grandes obras que los precedieron en esta misma línea de pensamiento, en la de buscar orden en medio de los momentos más grandes del desorden social (Barrington Moore, 1966; T Skocpol, 1979).

Aquí el énfasis está en cómo explicar el cambio de un orden social, explicación que hace énfasis en una condición de todo orden: las fricciones internas constitutivas del mismo. Se subraya la coexistencia de distintos y hasta contradictorios patrones de orden social.

3. Un tercer grupo de investigadores centra su atención en la manera como se ejerce control o autoridad local a partir de la nueva teoría socioespacial y el reconocimiento de que todo lugar –y por tanto su orden, su regulación, sus sistemas de autoridad- se configura en función de la interacción de los poderes procedentes de diversas escalas socioespaciales.

Edward L. Gibson se pregunta por cómo se explican los autoritarismos subnacionales en sociedades democráticas. Cuál es el proceso político que los alimenta o los destruye? (Gibson, 2004: 5) En particular, indaga por los contextos estratégicos en que los lideres subnacionales (governors) perpetúan sus regímenes provinciales autoritarios (sus estrategias y las condiciones políticas) y por los mecanismos claves a través de los cuales tales regímenes pueden ser debilitados o desmantelados. (Gibson, 2004: 8)

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toParte del principio de que las instituciones están entretejidas a través del espacio. De ahí que ninguna estrategia de control esté reducida a una sola arena. (Gibson, 2004: 9) Además, cambia la perspectiva bajo la cual aborda las relaciones entre centro y periferia de un estado nación; éstas serán vistas como interdependientes, y no como regidas por una relación vertical de autoridad/subordinación. (Gibson, 2004: 10)

Para el autor, “…entender el cambio político subnacional implica una comprensión sistemática acerca de cómo la localidad en cuestión está inmersa en un sistema territorial mayor de gobernanza. (Gibson, 2004: 58) que dé cuenta de las estrategias territoriales con que interactúan los actores de poder nacionales y subnacionales entre sí, los primeros para consolidar su poder mediante –entre otras- los apoyos de los poderes locales de las periferias y los segundos para mantener el control local vs sus opositores, cerrando fronteras a sus posibles aliados en el nivel nacional y abriéndose ellos mismos al nivel nacional.

Aquí resalta entonces cómo el control político en un territorio dado –al interior de un estado nación- sólo puede ser pensado en términos del juego de poderes de distinta escala socioespacial –en este caso del centro y las periferias, de las escalas nacional y subnacional.

Ann C. Mason se pregunta, desde una perspectiva socioespacial y un “paradigma pluralista” del orden mundial, por las transformaciones que la globalización produce en las estructuras de autoridad que cuestionan el modelo de comunidad política Westfaliano en el que la autoridad radica exclusivamente en el Estado territorial. Reconoce entonces que son “múltiples redes socioespaciales de poder que se intersectan y superponen” (Mason, 2005: 37) y que son estructuras de autoridad compuesta, lo que se encuentra en la mayoría de los sistemas domésticos. (Mason, 2005: 40) Su interrogante central es por cómo una miríada de lugares de autoridad afectan la dimensión de la estatalidad (Mason, 2005: 38), y partir de allí analiza casos territoriales de la sociedad colombiana en los que “la dinámica global trasciende la norma de la soberanía exclusiva” y hace “posible la creación de nuevos órdenes sociales que envuelven a la sociedad colombiana y a entidades no-sobernas y no-territoriales.” (Mason, 2005: 42)

Pero si bien las nuevas dinámicas globales han condicionado cambios sustanciales en las estructuras de autoridad, es la interacción de éstas con las condiciones locales en cada lugar las que explican la emergencia de nuevas formas de orden social. (Mason, 2005: 46) Se necesita que en las localidades hayan fallado los términos del intercambio que supuestamente la autoridad estatal brinda a los miembros de su comunidad política (las funciones básicas y los bienes públicos son los que están en juego aquí) para que se erosionen “los sentimientos de lealtad hacia el Estado” y se produzca un interés “por reglas alternativas de orden social”. (Mason, 2005: 45) Y la globalización juega entonces aquí el papel clave al brindar “las oportunidades para forjar nuevos arreglos sociopolíticos”. (Mason, 2005: 45)

Son entonces los nuevos marcos socioespaciales de configuración de las redes de poder y en especial las oportunidades que brindan a las localidades las formas de autoridad sustentadas de la escala global los que explican el por qué y el cómo en los lugares se configuran nuevos órdenes sociales en los que priman estructuras de autoridad compuestas.

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4. El cuarto grupo de estudios focaliza la investigación sobre los órdenes locales que se configuran en contextos dominados por acciones de violencia procedentes de guerras interestatales o civiles o de actores armados ilegales de diferente especie.

Kalyvas-Shapiro-Massoud como editores de una obra colectiva, colocan el foco de su reflexión sobre una pregunta: cómo emerge el orden, cómo es sostenido, cuestionado, destruido, transformado y recreado? (Kalyvas et al, 2008: 3) Parten de la fórmula que ya Charles Tilly había establecido hace tiempo, acerca de la relación entre orden y violencia: el orden es necesario para manejar la violencia y la violencia es crucial para cimentar el orden, y ello en virtud de que política y violencia (en cualquiera de sus modalidades) no pueden seguir siendo pensadas como términos binarios. (Kalyvas et al, 2008: 1)

Su énfasis está en señalar la pertinencia de abordar el orden social en forma dinámica, como un proceso que emerge, se sostiene y se transforma o destruye, y que no puede ser pensado como ajeno a los fenómenos de violencia.

Kalyvas en su aporte personal a la obra anteriormente reseñada, coloca la violencia en el centro de sus indagaciones y parte también de los postulados anteriormente mencionados. En especial afirma cómo la violencia opera con relación al orden social en dos direcciones, pues puede tanto desafiar como construir orden. Bajo ese marco se pregunta entonces por el impacto que tiene el control territorial de los actores de las guerras sobre la colaboración o no colaboración que logran de la población local y sobre el uso de la violencia por parte de los primeros.

El autor afirma entonces que el tipo de soberanía o control que predomina en un área determinada afecta el tipo de estrategias seguidas por los actores políticos en guerra. En las guerras civiles hay soberanías segmentadas (división de los territorios en zonas con monopolios de soberanía entre los rivales) y fragmentadas (zonas donde se superponen las soberanías de los rivales). Los actores políticos maximizan el control territorial dependiendo del balance local del poder. Y sus decisiones se enfocarán en dos sentidos interrelacionados para lograr maximizar ese control: conseguir el apoyo de la población y dosificar la violencia necesaria. (Kalyvas, 2008: 405 y 406)

El apoyo popular variará en función del tipo de violencia que los actores políticos decidan ejercer como medio para moldear la colaboración, y el tipo de violencia variará según el tipo de soberanía que impere en el territorio: donde se ejerce plenamente control o donde no se ejerce en absoluto, el actor político prefiere no usar la violencia; allí donde se ejerce control hegemónico pero no absoluto, se ejerce una violencia selectiva ( Kalyvas, 2008: 407).

Para Kalyvas, la colaboración de la población que requiere todo control militar del territorio es endógena a éste último. El grado de control determina la amplitud de colaboración. Pues, independientemente de sus preferencias, muchas personas optan por colaborar con el actor político que mejor les garantice su sobrevivencia. Habrá mayor colaboración en las zonas claramente controladas por un actor; en cambio, la colaboración será mucho más incierta en áreas de soberanía fragmentada, donde el control es incompleto. (Kalyvas, 2008: 406) Aquí se subraya entonces que el orden local en contextos de guerra dependerá del tipo de control –absoluto, hegemónico pero no total, o confrontación paritaria- que un actor militar ejerza sobre el territorio, orden que se consolidará con base en el tipo de colaboración que se establezca con la población local y del tipo de violencia que se ejerza sobre la misma, factores

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toéstos dependientes del primero y de las decisiones estratégicas que con base en ello tomen los actores políticos.

Elisabeth Wood. El foco de atención de esta autora son las redes sociales y sus transformaciones en tiempos de guerra: cómo se crean nuevas, se disuelven otras, cambian las estructuras de otras, y ello analizado a través de una investigación comparada en cuatro países: Salvador, Perú, Sri Lanka y Sierra Leona.

Para ella, igual que para Kalyvas, son las estrategias de los actores, particularmente los patrones de violencia que agencian, las que moldean las transformaciones en los procesos sociales y las redes sociales. (Wood, 2008: 541)

A partir del estudio de seis procesos sociales diferentes1, la autora aborda muchas de las claves a partir de las cuales se pueden observar los órdenes locales y sus transformaciones en contextos de conflicto violento y de guerra civil. Sólo encuentra un patrón común en la transformación de las redes sociales de los cuatro países que analiza, que es el “demográfico”2. Sin embargo, realiza un rico trabajo sobre la variedad de direcciones que toman las transformaciones de los órdenes locales, sobresaltando así los puntos clave para la observación del fenómeno. Son esos aspectos los que voy a resaltar aquí:

- cuando se trata de la disolución de las viejas redes civiles por las condiciones de violencia que impone la guerra civil, se observan resultados diversos: a) el desplazamiento de las antiguas redes que ligaban las clientelas a los terratenientes y los ciudadanos locales a autoridades gubernamentales por las nuevas de soporte a los armados; b) la creación de lazos entre pobladores y Estado, donde anteriormente no habían prevalecido y c) el creciente aislamiento de las comunidades. (Wood, 2008: 546)

- El reclutamiento y socialización en la vida militar reconfigura las redes sociales de muchas maneras, al sustituir los complejos lazos de la vida cotidiana configurados por múltiples redes superpuestas de familia, empleo y comunidad, por los lazos con miembros de los grupos armados. (Wood, 2008: 547)

- La polarización de las identidades políticas que frecuentemente ocurre durante las guerras civiles rompe las redes sociales de la pre-guerra (Wood, 2008: 549), pero éstas no necesariamente corren parejas con las formas de identificación tradicionales: las nuevas identidades se mapean, más que por las diferencias políticas, étnicas o sociales previas, por la decisión estrategia de los individuos frente a las posibilidades de su propia protección, de consecución de alguna ventaja, o por capacidad de mostrar su indignación, ante el recurso a la violencia utilizado en las localidades por los actores armados. (Wood, 2008: 548)

- La militarización de la autoridad local generalmente desplaza las redes de la gobernanza de la pre-guerra, reemplazándola con nuevos lazos entre algunos residentes y la nueva autoridad local (o autoridades, si se presenta dualidad de autoridades –como ocurre en ocasiones). La nueva red de gobernanza suele estar dirigida por civiles, pero usualmente atados a los actores armados, en virtud de su autoridad coercitiva y algunas veces de su legitimidad (como en El Salvador donde civiles locales trabajaron muy cercanamente al FMLN) (Wood, 2008: 552)

1 La movilización política, la socialización militar, la polarización de las identidades sociales, la militarización de las autoridades locales, la transformación de los roles de género y la fragmentación de las economías políticas locales.

2 urbanización, f eminización de las cabezas de familia, nuclearización familia de liderazgos sociales y de relaciones laborales… (Wood, 2008: 556)

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- Las redes patriarcales son generalmente transformadas de manera radical en las guerras, en la medida en que las mujeres y las niñas deben asumir roles sin precedentes, como combatientes e interlocutores con autoridad, o en las relaciones laborales y como cabezas de familia. (Wood, 2008: 553)

- La economía política local también sufre profundas transformaciones, como la campesinización de viejas zonas de agricultura comercial, la feminización de la mano de obra, la fragmentación de los mercados rurales, el debilitamiento de las redes de ayuda mutua. (Wood, 2008: 553-555)

El eje de la reflexión de esta autora lo centra en lo que denomina las “gobernanzas insurgentes” (Wood, 2008: 551), y las consecuencias, muchas veces irreversibles, sobre los cambios que produce en las redes sociales que sustentan los órdenes locales donde los actores armados se implantan. Los diferentes factores a partir de las cuales las caracteriza y el hecho de establecer conceptualmente la posibilidad de pensar órdenes sociales construidos sobre la violencia de la guerra, son los asuntos que destacamos de aquí.

Jutta Bakonyi y Kirsti Stuvoy también sostienen que “en guerras prolongadas surgen órdenes sociales de violencia por fuera del Estado” y se preguntan por “cómo los actores establecen y sostienen esos órdenes”. Angola y Somalia son sus casos de estudio y el concepto con el que trabajan es el de “los órdenes no estatales de violencia” (non-state orders of violence) (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 359).

Tres ideas claves quiero resaltar del planteamiento de estos autores. En primer lugar, concebir la violencia como un proceso social en el cual las acciones violentas moldean nuevas estructuras y nuevas formas de comportamiento, y por esa vía, redefinen las formas de la organización societal. De tal manera que las guerras de larga duración con frecuencia llevan a institucionalizar un nuevo “sistema de ganancia y poder”, referido por los autores como un “orden social de violencia” (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 363).

En segundo lugar, el no dicotomizar economía y política. Los autores critican los enfoques que manejan el modelo utilitario, que radica en la sola lógica de la búsqueda racional del beneficio económico de los actores individuales o colectivos, la explicación del ejercicio de la violencia y el establecimiento de un orden funcional a lo primero. Es claro que debe haber al mismo tiempo “un mínimo de regulación política, un mínimo de Estado, para que la economía y el mercado funcionen. El rol de las instituciones sociales, las normas y las reglas son claves para explicar el comportamiento de los actores” (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 361). Y esto también es válido para el establecimiento de los “non-state orders of violence”, donde el uso de la violencia depende de reglas: en ellos, la violencia es limitada y regulada de acuerdo con patrones de autoridad institucionalizados (debe haber un cierto entendimiento de quién es el enemigo y cuáles son las reglas y los procedimientos para el uso de la violencia) (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 363).

En tercer lugar, no es posible concebir ningún orden social, ni siquiera el de violencia, sin tener en cuenta la interacción de las tres dimensiones: la política, la económica y la simbólica (basándose en N. Elías), donde la simbólica provee los mitos, las memorias, los valores y los símbolos que definen “los adentros” y “los afueras” de los grupos en contienda y los sentidos de las normas, convenciones y reglas que sustentan la autoridad violenta (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 362-364).

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toLos ordenes sociales de violencia se pueden ordenar en un continuum cuyo principio ordenador es el grado de institucionalización de la autoridad dentro de él. (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 372) Ese continuum va desde un “cuasi-estado” –donde el grupo insurgente no tiene reconocimiento jurídico, pero cuya autoridad implica de hecho el ejercer una “estatalidad empírica” (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 364)-, hasta un “señorío de guerra” –donde rige una forma institucionalizada de autoridad más débil por la proliferación de grupos violentos, cuya legitimidad se ancla en las estructuras sociales locales o regionales en las que operan; es una forma de orden altamente localizada (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 372-3).

De estos autores resaltamos entonces la manera como colocan la violencia en el centro de la lógica de la producción de un orden social alternativo al del estado en geografías nacionales específicas, como piensan la institucionalización de formas de autoridad basadas en la violencia pero sustentadas por reglas y legitimadas por elementos simbólicos de diversa índole, y el establecimiento de dos tipos de ordenes sociales de violencia, diferenciados según grados de esa institucionalización.

CUATRO NODOS DE DEBATE

Además de identificar las cuatro maneras de enfocar el tema de los órdenes sociales en general, el anterior análisis nos llama la atención sobre cuatro aspectos claves en torno de los cuales se ha articulado la discusión acerca de los órdenes de violencia, en particular: a) el lugar de la violencia con respecto del orden, b) la autoridad, c) la obediencia, d) las identificaciones.

a) El lugar de la violencia con relación a la producción del orden.

En los estudios revisados encontramos una línea de demarcación muy nítida entre dos maneras de concebir esa relación: pues una cosa es pensar el orden como resultado del control de la violencia y otra es pensar la posibilidad de un orden en y por la violencia.

En el primer caso se sitúa Douglas North. Este autor introduce la violencia en la pregunta por el orden social, pero como factor que explica las diferentes lógicas bajo las cuales las sociedades se organizan para evitar que sus miembros –en especial los grupos de poder- se enfrenten entre sí violentamente. Este autor se sitúa de alguna manera en la línea general de análisis que abrió Charles Tilly por los años setentas, cuando abordó las guerras entre los estados como el factor clave para la conformación y consolidación de esos mismos estados-nación europeos, al haber ellas promovido la centralización de los ejércitos y de los fiscos. Es la misma línea que prosiguen autores como Youssef Cohen, Brian R. Brown y A.F.K. Organski quienes la aplican a los procesos de formación de los nuevos Estados del Tercer Mundo en nuestra contemporaneidad, y confrontan las interpretaciones que asocian la violencia al “decaimiento político”. Afirman que la violencia –promovida por el mismo Estado y contestada también violentamente por sus oponentes internos- es más bien parte integral del proceso de acumulación de poder de los aparatos estatales nacionales. Y como esa acumulación de poder es necesaria para la imposición y mantenimiento del orden, la violencia colectiva también indica el movimiento hacia el orden político (Cohen et al, 1981: 904, 909).

Una línea de análisis muy diferente aborda la violencia como un factor capaz de producir órdenes sociales, pero en tanto “órdenes sociales de violencia” o “gobernanzas insurgentes”, como los denominan autores atrás vistos. Para ellos la violencia es el factor sobre el que se levanta y se reproduce una forma de orden. Tal es el caso de los “gobernanzas insurgentes” de Wood, los “non-

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state orders of violence” de Bakonyi y Stuvoy, o los órdenes sociales que Kalyvas analiza en las sociedades de guerra civil. Este tipo de enfoques emergen ante las realidades de un buen número de países del Tercer Mundo que sostienen prologadas guerras civiles o enfrentamientos entre actores armados ilegales con el Estado, en los que se constata la existencia, por períodos de tiempo significativos, de formas relativamente estables de sistemas de control de territorios y poblaciones a partir de patrones de violencia agenciados por los actores dominantes.

Esas dos maneras de enfocar el asunto tienen implicaciones teóricas fundamentales. En el primer enfoque la violencia se concibe como una de las condiciones para producir orden, y el orden como un resultado que tiene como condición la desaparición o control de la violencia. Aquí los autores dieron un primer paso en la ruptura de la concepción binaria entre orden y violencia: la que los contraponía como “externos” el uno al otro, como patológica la segunda con relación al primero; ahora se hace posible concebir la violencia como endógena a los procesos de construcción social. No obstante, esta concepción mantuvo a la violencia y al orden como fenómenos que variaban inversamente a través del proceso de constitución del segundo. En el segundo de los enfoques, por el contrario, la violencia se concibe –para algunos casos históricos- como el factor determinante y co-presente en el establecimiento y mantenimiento de un tipo de orden social. Aquí se construye un concepto diferente de orden que, si bien mantiene las mismas dimensiones3 para analizar su funcionamiento, sí radicaliza aún más la ruptura con la concepción binaria entre orden y violencia, pues el orden resultante es el orden de violencia.

En segundo lugar, y en particular en el caso de North, este enfoque hace énfasis especial en los períodos de estabilidad y en cuáles son las características que sustentan el funcionamiento de uno u otro y cómo se reproducen y sostienen. Y cuando se pregunta por el cambio entre el primero y el segundo de los modelos históricos de orden social, el foco del análisis es “la transición”.4 En el segundo enfoque, en cambio, el énfasis está más en cómo explicar ese tipo de orden (de violencia). Ni Kalyvas ni Wood ni Cohen-Brown-Organski adelantan investigaciones con relación a las transformaciones de este tipo de órdenes. Kalyvas-Tarek-Massoud (como editores) sólo llaman la atención sobre la necesidad del abordaje de estos ordenes en términos dinámicos y establecen que la pregunta bajo la cual se debe abordar el tema debe hacerlo así: ¿cómo emerge el orden, cómo es sostenido, cuestionado, destruido, transformado y recreado? Una autora colombiana, Ana Arjona, discípula de Kalyvas, incursiona en esta faceta y da unas primeras puntadas acerca de “las etapas” que van de un orden social previo a la incursión del grupo armado, su “transición” cuando éste último se establece y la “consolidación del nuevo orden local” bajo la égida del grupo armado. Sin embargo, la pregunta por ¿cómo es sostenido, cuestionado, destruido, transformado y recreado, planteada por Kalyvas, sigue sin responderse en este grupo de autores, a propósito de los órdenes de violencia.

b) Acerca de la autoridad

En tanto todo orden social está referido a los patrones que regulan la vida social, a los arreglos sociopolíticos que se hayan establecido entre los miembros que lo conformen, la autoridad deviene concepto central3 el control de la fuerza física (autoridad política), la garantía de los medios materiales (la estructura económica), la producción y

preservación de los medios de orientación simbólica, siguiendo a Norbert Elías.4 Qué hace que los poderes de la coalición dominante decidan ceder el acceso privilegiado a las organizaciones sociales a través de las

relaciones directas y personales y pasar a la modalidad de acceso abierto sustentada en las relaciones impersonales y transformar los privilegios en “derechos”? El quid lo encuentra North en el incentivo que las mismas élites llegan a tener en esa transformación, por encontrar en ello la manera de solucionar las posibles amenazas siempre latentes a sus privilegios por parte de otras élites o facciones de la colación dominante. (North, 2009:190, 248-249)

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toLa autoridad es una relación asimétrica en la cual una demanda por autoridad es legitimada por aquellos sujetos a ella, y validada a través de prácticas que significan reconocimiento y aceptación de las reglas del orden social. Todo arreglo de autoridad involucra ambos aspectos: la obligación de obedecer y alguna forma de reconocimiento social de esa autoridad. (Mason, 2005: 46)

En el caso de las geografías donde rigen los órdenes de violencia, se destacan, en primer lugar, los aspectos directamente vinculados a la aplicación de la fuerza: “el control militar del territorio” –que habla de la fuerza y capacidad de control de quien lo domina frente a otros grupos armados competidores- y de “la violencia” –selectiva o indiscriminada- dosificada sobre la población civil, como uno de los mecanismos mediante el cual se garantiza la indispensable colaboración de la población del lugar.

Sin embargo, la autoridad construida sobre bases de violencia da lugar a interrogantes interesantes: quiénes ejercen la autoridad, bajo qué parámetros y sobre qué dominios de la vida colectiva?

- Elisabeth Wood propuso un sugestivo concepto para dar cuenta de ello: la “gobernanza insurgente” para referirse a aquellas formas militarizadas de la gobernanza local por parte de los grupos armados no estatales. Estas formas se dan bajo diversas modalidades que van desde el desplazamiento directo de las autoridades locales civiles y policiales tradicionales y su suplantación por el grupo en armas, hasta la permanencia de los mandatarios civiles en sus funciones, mas obligados a seguir arreglos específicos con los grupos armados a propósito de su gestión. Las funciones que comúnmente asumen los grupos armados de manera directa son las de seguridad y justicia; las de provisión de servicios públicos como salud, educación, suelen dejarse en manos del Estado, pero supeditada a la influencia y orientación de los primeros.

- Bakonyi y Stuvoy y para el caso de lo que denominan los “cuasi-estados de violencia”, es el propio grupo insurgente el que controla no sólo el territorio nacional, sino la economía (generalmente basada en productos ilegales –coca- o en recursos naturales de alto valor –diamantes, petróleo…), al igual que la provisión de bienes y servicios. En las guerras donde reina una gran fragmentación geográfica y de control de actores armados, el papel central lo juega la combinación del dominio armado sobre territorios con la capacidad de apoyarse en las “survival units” correspondientes, que son las que garantizan la provisión de los bienes y servicios.

Vale la pena destacar la diferencia que en este plano se encuentra entre estos autores internacionales y los colombianos: los primeros construyen conceptos como los de “gobernanza insurgente”, “cuasi-estados de violencia” u “órdenes de violencia” para dar cuenta de las formas bajo las cuales los armados imparten su autoridad y regulan la vida social bajo nuevos parámetros. Estos conceptos se fundamentan en la violencia y el orden de violencia como eje articulador. Por su parte, los autores colombianos enfatizan más la manera como los actores armados ilegales “transforman” el orden social o como “inciden” o “cooptan” “la gestión municipal” o “el Estado”. Veamos lo anterior:

- Gustavo Duncan, aunque acoge el concepto de “señores de la guerra”, lo cual lo acercaría a la manera de pensar los órdenes de violencia como lo hacen los autores internacionales atrás mencionados, no desarrolla el concepto de “orden social” correspondiente, y sólo concluye en la capacidad de estas facciones armadas de constituirse en “un Estado en la práctica”, o en

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lograr una “apropiación local del Estado” (Duncan, 2006: 30, 35).

- Rangel para dar cuenta de la forma y los efectos de la presión de las guerrillas sobre las autoridades locales, y construir instrumentalmente su propia autoridad, acuña el concepto de “clientelismo armado”, por el cual entiende la “apropiación privada de bienes públicos a través de la amenaza de las armas”, el cual asume formas como “la contratación en cargos públicos de personal recomendado por la guerrilla, retención de un porcentaje de sus sueldos, concesión de contratos de obras públicas, pagos de coimas por contratistas, entre otras” (Rangel, 2001: 375, 376); o la protección en las campañas electorales a candidatos que han hecho acuerdo con ellos, inmovilizando a los que no lo han hecho y distorsionando así los resultados electorales; o la determinación de los sitios donde se ha de invertir los recursos públicos, y a qué sectores de la población se beneficia…( Rangel, 2001: 376).

- Fabio Velásquez ha hecho un estudio pormenorizado de la manera como influencian los grupos armados ilegales la gestión pública en las localidades donde dominan, con base en una amplia investigación comparada. Distingue entre la incidencia “desde afuera” y “desde adentro” del aparato municipal; en esta segunda modalidad, “mediante el uso de instrumentos de diversa índole como la presión armada, la realización de pactos y alianzas, la intermediación a través de funcionarios, etc.” (Velásquez, 2009: 23) Este autor sistematiza las modalidades y objetos sobre los cuales los grupos armados ilegales ejercen su influencia.5

- Luis Jorge Garay desarrolla para el caso colombiano el concepto de “reconfiguración cooptada del Estado”6, como crítica del concepto de “captura del Estado” que autores internacionales propusieron para dar cuenta de la acción de grupos y organizaciones legales al interior del aparato del Estado para beneficio de exclusivos intereses económicos. Con este concepto da cuenta de “la manera como los actores ilegales logran alinear los intereses de su agenda particular con los intereses del Estado”, actuando en diversas instancias del Estado en busca de beneficios no solamente económicos. (Garay, 2009: 2) Este concepto lo aplica a las diversas escalas socioespaciales –la local, la regional, la nacional.

5 Son 5 las formas de la incidencia externa:o el veto territorial (a funcionarios y autoridades locales para movilizarse hacia determinadas zonas y visitar obras, hablar con

comunidades…) o el quiebre del orden público: acciones tendientes a desestabilizar el orden público, hostigar autoridades y población.o la presión para la contratación o la inversión, a cambio de mantener cierta tranquilidad en orden público. o la petición de cuentas. Las autoridades deben informar a los actores armados sobre las decisiones tomadas y cumplimiento de

metas y planeso la “amenaza latente”. Cuando la guerrilla se ha tenido que replegar… La incidencia externa ha sido característica de la guerrilla. Son 4 las formas de incidencia interna:o La captura directa o indirecta de rentas. La mayoría de veces es por parte de paramilitares… o En la formulación y en los contenidos de los planes, las políticas públicas y la formulación y manejo de los megaproyectoso La orientación de la inversiónLa búsqueda de protección e impunidad para la actividad económica de los grupos, a cambio de financiación de campañas electorales es el instrumento más frecuentemente utilizado (sobre todo paramilitares y narcotraficantes; en su momento también lo hizo la guerrilla)… (Velásquez, 2009: 23-27)

6 “la acción de organización de actores legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas buscan modificar desde adentro, el régimen político de manera sistemática e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego y de las políticas públicas para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, así como legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés rector del interés social.”

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toc) Acerca de la obediencia

La obligación de obedecer en los órdenes de violencia, se apoya fundamentalmente en el poder coercitivo de las armas. Entonces, ¿cómo se construyen esos apoyos, ese mínimo de voluntad o interés de obedecer? Qué clase de intercambio la sustenta? El concepto de ”legitimidad” es válido en este caso?

Parte de los autores internacionales revisados no parecieran colocar en “la legitimidad” la discusión importante. Con un criterio más pragmático se preguntan por el tipo de cooperación que los grupos armados reciben de las comunidades locales, con relación exclusivamente a la “información” que el grupo armado requiere para su seguridad y mantenimiento de control del territorio (con respecto de los movimientos de sus enemigos –internos o externos) (Kalyvas 2001 y 2008), o con relación a una gama más amplia de apoyos, como por ejemplo: protección, inteligencia, víveres, trasporte y reclutas (Wood, 2008)

- Kalyvas se centra en la relación entre el tipo de violencia ejercida sobre la población local y el tipo de cooperación en la información, recurso clave que el actor armado requiere por parte de las comunidades locales. Para este autor la colaboración es endógena al tipo de control territorial que ejerza el actor armado: el grado de control determina la extensión de la colaboración de la población, porque los actores que gozan de control territorial sustancial pueden proteger a los civiles que viven en su territorio –de ambos, de sus rivales y de ellos mismos- dándoles a los civiles un gran incentivo para colaborar con ello, independientemente de sus verdaderas u originales preferencias. El control territorial en los contextos de guerras civiles irregulares requiere de la exclusiva colaboración de los individuos civiles, que a su turno maximizan varios beneficios relativos a las condiciones de sobrevivencia. Independientemente de sus preferencias, la mayoría de las personas prefieren colaborar con el actor político que más le garantice su supervivencia. La colaboración es mucho más incierta en áreas de soberanía fragmentada donde el control es incompleto. (Kalyvas, 2008: 406)

- Wood busca en los 4 casos nacionales analizados los mecanismos que activan la decisión de apoyo a un grupo armado por parte de un grupo civil determinado, y encuentra los siguientes: a) la oportunidad práctica para conseguir alguna ventaja, b) la violencia indiscriminada de otro grupo armado (para protegerse), c) la indignación moral frente a la violencia (por ejemplo del Estado), d) los incentivos o castigos que los grupos armados ofrezcan para inclinar la balanza de la decisión de los civiles, en los casos en que éstos se ven cogidos entre dos fuegos. Priman esos incentivos a otras consideraciones7 (Wood, 2008: 548) e) Pero también hay casos en que, si la violencia del grupo armado excede unos límites (se vuelve indiscriminada), y la del Estado disminuye, la polarización de las lealtades se reversan. Para Wood es muy importante la consecuencia que ello tiene sobre las redes sociales de la pre-guerra: las rompe, las destruye.( Wood, 2008: 549)

- Bakonyi y Stuvoy sí retoman el concepto de legitimidad para analizar el tipo de relación y apoyos que los grupos armados guardan con la población civil. Así, en Somalia, con los señores de la guerra, el sistema se incrusta en las sociedades locales –v gr en el segmentado orden de clanes. La posición local de poder descansa en lealtades personales; sin distinción entre las esferas pública y privada, las lealtades se mantienen atadas a las subformaciones

7 Inclusive donde ha habido conflictos étnicos de larga duración, las lealtades no necesariamente se mapean étnicamente.

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sociales en las cuales las gentes encuentran sus necesidades materiales y de seguridad. Esas “survival units” (noción retomada de Elias) se convierten en la principal fuente de legitimidad para los señores de la guerra, que pueden apelar a las normas y símbolos de esas unidades (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 373). En el caso del “cuasi-estados de violencia” organizado por el grupo insurgente (Angola), el sistema requiere para ser considerado legítimo, además de ciertas reglas y normas, de la provisión de seguridad dentro del territorio bajo control, tanto como de los bienes y servicios del bienestar –como educación y salud. También el uso de símbolos, como el nacionalismo (que sustenta procesos de nacionalización) (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 474) Es más, la legitimidad específica de un orden de violencia es particularmente importante, porque informa sobre el nivel de institucionalización del orden específico.

Estos autores se apoyan en el concepto de legitimidad para criticar los enfoques economicistas y racionalistas que otros autores aplican a los conflictos violentos, en tanto les permite introducir las dimensiones políticas y simbólicas que esos otros enfoques no tienen en cuenta cuando abordan los órdenes sustentados en la violencia. (Bakonyi y Stuvoy, 2005: 375)

- Arjona, dentro de la línea de Kalyvas, prefiere la utilización de la noción de “cooperación” para calificar y diferenciar el distinto tipo de conductas de la población civil con respecto del grupo armado que domina en su territorio, sin entrar en el terreno de la legitimidad o no de las mismas.

Algunos de los autores colombianos que adelantan su investigación en las instituciones nacionales, sí se embarcan en la discusión sobre si legitimidad sí o no:

- Carlos Miguel Ortiz afirma: “Esa aceptación de facto de la nueva autoridad aparecida y de sus acciones, que son fundamentalmente hechos de violencia y de violencia armada, un sociólogo podría prematuramente interpretarla como “legitimación” de la violencia. La interpretación es falaz, pues es más bien una actitud de pasividad que nace espontáneamente de un cálculo implícito de los habitantes sobre la correlación de fuerza desfavorable como estrategia de sobrevivencia, y no una adhesión surgida de intereses comunes coincidentes con los armados, ni siquiera del reconocimiento de éstos como alternativa promisoria, sino de una situación pasajera que es preciso aceptar porque no se ve posibilidades reales de trastocarla. Lo más que se reconoce a esos ocupantes es una función sustituta de las funciones del Estado, particularmente en los campos de la justicia penal -que no de la justicia social ni distributiva- y de la seguridad (contra delincuentes tales como ladrones y abigeos). (itálicas mías) (Ortiz, 2001)

- Ingrid Bolívar sí denomina ese tipo de aceptación del actor armado como legitimidad, pero como “legitimidad práctica” sustentada “en la capacidad del actor armado para gestionar y resolver problemas prácticos: control y regulación de la vida local”. Su discusión parte de cuestionar la dicotomía entre los conceptos de política y violencia y de pensar la acción de los grupos armados como acción política. Por tanto su pregunta se formula como ¿cuáles son los criterios que sustentan la legitimidad de los distintos tipos de acción política? Además, la autora distingue la legitimidad construida sobre el apoyo a unas ideas, de la legitimidad práctica basada en los afectos que se establecen por la larga convivencia de actores armados y comunidades o por la especificidad de ciertos roles que, en las comunidades, explican que los maestros protejan a quienes fueron sus alumnos, sin que esto indique para nada apoyo al movimiento armado (Bolivar y Nieto, 2003: 79,80).

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to- Otros autores simplemente afirman la cualidad pragmática del vínculo, como “relaciones clientelares”: Valencia, para el caso de los paramilitares, afirma cómo por medio del control de los incipientes aparatos estatales y contribuyeron a su vez “a fortalecer las formas clientelistas en el ejercicio político, y a aislar a los pobladores de la idea de intervención estatal nacional por fuera del ejercicio de la fuerza” (Valencia, 2009: 160). Rangel las califica específicamente como “clientelismo armado” tal como se vió más atrás y afirma que “los apoyos que la guerrilla obtiene mediante estos procedimientos [son] apoyos precarios, ligados a la permanezca de la contraprestación material, apoyos volátiles, que desaparecen cuando cesa la gratificación, apoyos espúreos…” (Rangel, 1996: 59-60) Peñate, también habla de “clientelismo armado” de las guerrillas en el Sarare como método de acceder a recursos públicos tanto como de adquirir influencia sobre la población local (Peñate, 1998: 22). En las zonas cocaleras, Duncan muestra el apoyo de la población como producto de un intercambio funcional ajeno a cualquier sintonía ideológica. (Duncan, 2009)

No podemos finalizar este acápite sin mencionar los estudios que focalizan procesos de “resistencia” a los actores y a los efectos de la guerra. Es la mirada que subraya el análisis de los recursos políticos y culturales de las poblaciones que han logrado anteponer acciones autónomas a los órdenes de violencia que pretenden imponer los armados en sus territorios. Aquí podemos mencionar parte de la literatura que ha analizado la resistencia indígena, especialmente la del Cauca, (Hernández, E. 2006. Moreno, 2008), la resistencia negra en el Pacífico (Oslender, 2002, 2006. Castillo 2010,) la resistencia civil (Hernández E, 2008, García y Aramburo editoras, 2011). Sin embargo, esta literatura no ha estado enfocada a preguntarse por cómo esas interacciones inciden, afectan o transforman los órdenes de violencia en los que se desarrollan.

d) Acerca de las identificaciones

Hay un cuarto aspecto interesante de dilucidar con relación a los patrones que regulan la vida social en los órdenes sociales de violencia, y es el de las identificaciones. Pues una cosa es la pregunta por cuáles son las motivaciones o intereses que explican la obediencia de la población civil sometida a un régimen de violencia, y otra muy diferente es la que se pregunta por la configuración o reconfiguración de las identidades colectivas en un contexto de guerra civil. Lo primero tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad; lo segundo con las clasificaciones sociales, con la delimitación de los adentros y los afueras de los grupos que conforman una sociedad en guerra civil o sometida a una violencia generalizada y con sus alinderamientos políticos con los bandos en guerra. Es este segundo ángulo del problema el que ha dado lugar a interpretaciones encontradas cuando se trata de relacionar las identidades y las dinámicas de la guerra. Pues las primeras hipótesis solieron sustentar que las divisiones en las guerras se calcaban sobre las divisiones étnicas, culturales o de clases que originalmente habían distinguido a la sociedad en cuestión. De los autores revisados, son los internacionales los que abordan el tema. Se preguntan por cuáles son las formas de identificación que se producen en los contextos de violencia generalizada y cambio rápido (Schlee, 2003); o por cuáles son las transformaciones identitarias producto de las guerras civiles irregulares (Wood, 2008). Kalyvas quiere saber hasta qué punto las identidades juegan papel en la producción de la violencia política en las guerras civiles (Kalyvas, 2003).

No sorprende para nada que los autores colombianos no se hagan la misma pregunta para el caso de la violencia política en este país. Pues este tipo de interrogante es pertinente para el caso de una

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guerra civil en la que la población sí está dividida en bandos. No lo es para el caso de una guerra como la colombiana, en la que la población civil de los territorios implicados en la confrontación armada es más “un recurso simbólico y político” (la población como objetivo militar) con el cual los actores enfrentados juegan parte de su estrategia de control político del territorio y de ganancia simbólica sobre el “enemigo”

De los planteamientos hechos por los primeros (los autores internacionales), resaltan especialmente dos aspectos:

- en las guerras civiles no se encuentra una relación directa entre las delimitaciones étnicas o culturales –identitarias- previas a la confrontación y la dinámica, orientación e intensidad del conflicto violento. En unos casos éste puede desencadenarse entre poblaciones culturalmente similares; en otros, una identificación previa se rompe con facilidad ante el abuso, la tortura y la violencia ejercida sobre el grupo por el actor armado (caso grupo Jie en Uganda que quiere volverse de Kenya (Schlee, 2003), o como los campesinos del Perú que después de haber apoyado a Sendero Luminoso cambian y comienzan a apoyar al Estado (Wood, 2008). Estos autores muestran el predominio de la ruptura de las redes sociales previas a la guerra por cuenta de las nuevas polarizaciones (Wood), o como lo afirma Schlee, “una rápida re-identificación en situaciones de tormenta política”.

- Además, en las guerras civiles no se encuentra una división binaria entre los contrincantes, sino procesos complejos y ambiguos que muestran diferencias entre los motivos de alinderamiento en el nivel nacional y local. Kalyvas y Wood siguiendo al primero, sostienen que en las guerras civiles se da una desarticulación entre identidades y acciones en el nivel central de las élites y en el nivel local y de las masas. En palabras de Kalyvas: “Las marcas de identidad tienen que ser manejadas con sumo cuidado. Los actores en las guerras civiles no son unitarios. Y las motivaciones no pueden inferirse de las identidades…” Y analiza especialmente las diferencias encontradas entre las identificaciones construidas en el centro y las de las periferias. En las periferias pueden primar asuntos más ligados a intereses privados y locales que, según las posibilidades y oportunidades políticas de las alianzas, se alinderan con los actores nacionales que-a esa escala- se dividen más por los conflictos y la política de nivel general. (Kalyvas, 2003: 475-476, 479)

El tema de las identidades en los contextos de guerra también se trabaja para los casos de órdenes políticos democráticos que entran en guerra entre Estados. En particular, un estudio sobre las guerras israelí-palestinas rebate las viejas tesis que sostenían que las guerras interestatales fortalecían los consensos internos y la integración, y muestra que “las guerras muchas veces afectan inmensamente el curso ordinario de la política interna y muchas veces incitan al disenso” complicando la diversidad de intereses y enfrentamientos entre grupos políticos internamente a Israel, a propósito de cómo adelantar esas guerras. Los conflictos y disensos se acentuaron cuando las guerras involucraron a las comunidades… Se acaban los acuerdos políticos entre partidos…. Cambian los poderes en el Estado…. Van cambiando los objetivos a embestir por la guerra… Se dividen las élites políticas y los militares…. Se comprometen áreas con población civil… Hay disensos también al interior del cuerpo militar….(Barzilay, 1999: 332; 323-324)

Las lógicas de configuración y de reconfiguración de las identidades políticas en contextos de guerra, bien sea en órdenes políticos democráticos o en órdenes sociales de violencia no sólo no se calcan sobre las viejas divisiones y clasificaciones, sino que las transformaciones y recomposiciones suelen ser mucho más rápidas y

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tosorprendentes que en tiempos normales. Esto no es de extrañar después de que Barth en 1977 mostrara cómo las identidades son resultado de la interacción –no dadas. Además, la naturaleza estratégica y fundamentalmente política de la interacción humana nos muestra que no sólo las reglas que ella misma produce se corroen (Friedberg, 1998), sino también las maneras de agruparse e identificarse de los grupos humanos son múltiples y dinámicas. Pero cuando a todo lo anterior se añade una situación de guerra o violencia generalizada que pone en juego la supervivencia –de la población civil no comprometida en la contienda- o nuevos escenarios en las luchas por el poder –para los actores políticos- las motivaciones, intereses y oportunidades políticas que están en la base de los alinderamientos e identificaciones políticos y sociales se modifican de manera diferente y más aguda a como lo hacían en las condiciones cotidianas de la vida colectiva no sometidas a situaciones extremas.

LOS RETOS PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE ÓRDENES LOCALES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA

Para quienes estamos interesados en la investigación por los órdenes locales en contextos de intensa violencia política, pensamos que hay tres asuntos que merecen especial atención en el futuro. Estos tienen que ver con: a) el abordaje los órdenes locales sometidos a rápidos cambios en el tipo de actores violentos que imponen su dominio; b) La inclusión de la dimensión de las resistencias en el análisis de los órdenes de violencia; c) la investigación acerca de la compleja relación entre el territorio y la producción de diferencias en los tipos de órdenes locales; d) la posibilidad de abordar en esta materia investigaciones comparadas sistemáticas.

a) La dinámica y el cambio en los órdenes de violencia

Son los autores que estudian los órdenes sociales no atravesados por la violencia quienes aportan diversos planteamientos acerca de su dinámica y cambio. Es el caso de D. North cuando explica los dos grandes órdenes sociales que en el mundo occidental se han dado en los últimos 10.000 años y la lógica de “la transición” entre uno y otro. O también el de aquellos –como Friedberg y Lieberman- que plantean, desde un punto de vista puramente teórico, cómo y por qué todo orden social tiene una dinámica endógena que lo transforma, para rebatir así las tesis que sustentan el cambio en la acción de fuerzas exógenas al propio sistema de regulación. También es el caso de Gibson quien, al introducir la perspectiva socioespacial, enfatiza cómo es en la interacción entre los intereses y juegos de poder entre centro y periferias, que se explica la coexistencia de órdenes diferentes al interior de un mismo régimen político nacional y la fuerza de su dinámica y transformación. Por último, pudiéramos también incluir aquí a aquellos autores que –como Tilly o Cohen, Brown y Organski- retoman las violencias y las guerras como factor clave en el proceso de construcción de nuevos órdenes, de órdenes que logran limitar y controlar la violencia.

Por contraste, los autores que abordan el estudio de los órdenes de violencia concentran su atención en la explicación de la lógica bajo la cual éstos se configuran, lo que se destruye del anterior orden y el diferente tipo de órdenes resultantes posibles: Kalyvas, Wood, Bakonyi y Stuvoy y Arjona. Y si bien Kalyvas-Shapiro y Massoud subrayan la necesidad de estudiar todo orden a partir de la pregunta por ¿cómo emerge el orden, cómo es sostenido, cuestionado, destruido, transformado y recreado?, tal cosa no se ha hecho para el caso de los órdenes de violencia.

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Los estudios hechos sobre las formas de inserción de los grupos armados en localidades y regiones en Colombia han seguido la misma pauta. Sin embargo, la escalada de la confrontación armada acaecida a partir de mediados de los años noventa impuso condiciones inéditas: la primacía en muchas zonas de la presencia cruzada de varios actores armados o la rápida sucesión -en medio de intensas disputas- de unos y otros actores armados; el dominio sostenido y prolongado de un actor armado sobre territorios con fronteras históricas y en expansión, dejó de ser la pauta. De ahí la necesidad de acoger la sugerencia de Kalyvas pero aplicada al estudio de los órdenes de violencia. Ese es en la actualidad uno de los retos mayores de la investigación sobre órdenes locales en regiones de intensa violencia.

La pregunta clave en este sentido sería por las maneras como se reconfiguran los órdenes locales/regionales en los territorios de mayor confrontación armada en Colombia durante los últimos 20 años, hasta qué punto y en dónde se hacen posibles reconfiguraciones con un mínimo de estabilidad en el tiempo y de qué tipo de reconfiguraciones se trata en esos casos, y qué sucede en el campo de las reconfiguraciones donde se presenta, o una rápida sucesión de actores armados que dominan el territorio, o importantes casos de resistencia y acción colectiva frente a los órdenes impuestos por los armados.

b) Las resistencias, como una dimensión más en el análisis de los órdenes de violencia.

Es notable en la generalidad de los estudios sobre órdenes sociales y en particular en los que focalizan su atención en los órdenes de violencia, la ausencia de la dimensión de las resistencias sociales al orden imperante. En la teoría general está claramente planteado por algunos autores cómo el “orden” no existe sin el “desorden”, cómo todo orden social es “compuesto” (Mason, 2005), cómo la disputa entre diversos patrones de orden es base de la dinámica de todo orden –“la fricción” (Lieberman, 2002), cómo los conflictos y tensiones entre el orden institucional nacional y los autoritarismos subnacionales son la pauta en determinados países (Gibson, 2004). Por parte de los autores que tratan los órdenes de violencia en específico, el énfasis está dado sobre los mecanismos que dan cuenta de las decisiones de apoyo a los actores armados que dominan e imponen sus regulaciones; sólo en el caso de Kalyvas-Shapiro-Massoud se muestra la necesidad de preguntarse también por cómo esos ordenes son cuestionados, destruidos, transformados y recreados, pero sin mostrar desarrollos investigativos en este sentido y por tanto sin explicitar qué clase de dimensiones de análisis serían las pertinentes.

Pareciera que prevalece en todos ellos el interés por dar cuenta de los factores que están efectivamente comprometidos en la creación o el reforzamiento y/o reproducción de los patrones de regularidad de la vida social. De ahí los énfasis sobre las autoridad, la obediencia o colaboraciones, las identificaciones. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, queda faltando la otra cara de la misma moneda: la pregunta por cómo interactúan esos factores con los que los resisten y disputan y el significado y peso que tienen esas resistencias y disputas en el resultado final, en la manera de establecerse el orden social, o en la orientación hacia una posible transformación de tal orden.

Es importante señalar que estudios sobre las resistencias abundan en la literatura académica nacional e internacional, pero de manera separada a la pregunta por los órdenes sociales. El estudio de la acción colectiva, de la resistencia, de los movimientos sociales se aborda como un campo de investigación propio y específico. Entonces, el reto que este análisis crítico de los estudios sobre órdenes sociales nos muestra, es la necesidad de incluir el análisis de las resistencias en este campo de la investigación: los órdenes sociales no se comprenden sólo a partir del estudio de la manera como “colaboran”, “obedecen” o “se someten” las poblaciones a los dictámenes de la regulación predominante

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toen sus sociedades. Cómo plantean también resistencias y disputas y qué efectos tienen ellas en el resultado final, es también una pregunta central al conocimiento de todo orden.

c) La diferenciación socioespacial en la producción-reproducción-o transformación de los ordenes sociales de violencia y la investigación comparada.

Si bien los estudios acerca de los órdenes sociales de violencia están referidos generalmente a localidades, regiones o países específicos, ello no significa que en ellos se pretenda resolver la pregunta por la relación entre territorio y orden de violencia. Esta pregunta implicaría realizar investigaciones comparadas en las que se busque establecer de manera sistemática las variaciones encontradas en los diferentes tipos de órdenes de violencia asociadas a diferencias socioespaciales reconocibles.

Los estudios de los autores internacionales revisados se concentran en la identificación de sólo una de las partes de esa relación. Los tipos de órdenes de violencia: - Bakonyi y Stuvoy encuentran la diferencia entre Angola y Somalia en el grado de

institucionalidad de la autoridad que rige el respectivo orden.

- Kalyvas encuentra las diferencias de los tipos de orden de violencia en el tipo de control que un actor armado ejerza sobre el territorio –absoluto, hegemónico pero no total, o confrontación paritaria-, pues de ello dependerá el tipo de violencia que se ejerza sobre la población local y el tipo de colaboración que se establezca con ella. Son los factores que caracterizan la propia guerra o confrontación los que son objeto de la interrogación y análisis; los que tienen que ver con el territorio se dejan de lado.

- Wood analiza las transformaciones de las redes sociales en los territorios donde se impone un orden de violencia. Sin embargo la respuesta que encuentra no está en algún patrón que pueda explicar las diferencias socioespaciales, sino la contraria: cuál patrón de transformación común encuentra entre países diferentes.

Por contraste, encontramos en cinco autores colombianos el intento por incursionar en las diferencias producidas por características asociadas al tipo de sociedades específicas en las cuales los grupos armados se insertan. Ellos son Arjona, Vásquez Duncan, Rangel y Romero. Veamos:

- Rangel distingue, a partir de los conceptos acuñados por Naylor, tres tipos de espacialidad a partir de las formas de inserción económica de la guerrilla –FARC- y las características sociales y políticas del territorio: a) En las zonas donde la guerrilla “está tratando inútilmente de establecerse, porque el estado tiene suficiente capacidad de coerción, la guerrilla depreda la economía local” (Rangel, 2001: 386). Alude principalmente a las ciudades. b) En las zonas donde se dan rápidos cambios económicos asociados a migraciones, crecimiento demográfico, inversiones, auge mercantil y se crea riqueza, pero al mismo tiempo prevalece “el déficit de la institucionalidad estatal” en la que “no hay garantías para el respeto de los derechos ni para el cumplimiento de los contratos, grupos armados como las guerrillas establecen las reglas del juego, imponen sus propias normas” y económicamente se comportan “parasitariamente”. Menciona los casos de Urabá, Magdalena medio, Arauca, Putumayo y Casanare. (Rangel, 2001: 387) Y c), en las zonas donde la guerrilla ha sido “constructora de territorio”, “donde ha permanecido asentada por mucho tiempo, o incluso en ocasiones llegó primero que

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los colonos o el Estado- estableció una economía propia antes que ocurrieran desarrollos ulteriores”, zonas de “baja densidad poblacional, escasa presencia institucional del Estado y precarias relaciones comerciales con la economía formal”, en esas zonas la guerrilla logra una integración “simbiótica” con la dinámica económica general (Rangel, 2001: 387-8). En otras palabras, en la diferenciación socioespacial que elabora, trata exclusivamente a uno sólo de los actores armados (FARC) y se refiere a una sola de las dimensiones de producción del orden local, la economía: las diferencias en la manera como la guerrilla se relaciona con la economía local o regional de las zonas donde actúa depende de la mayor o menor desarrollo institucional del Estado y de la economía moderna empresarial.

- Teófilo Vásquez establece en un estudio reciente sobre la “macro-región Sur” de Colombia, el siguiente planteamiento sobre cómo se diferencia el grado de control del territorio por las guerrillas con respecto al tipo de territorio en el que se insertan. Asocia el grado de presencia –furtiva, temporal o prolongada- o el control social y político de la guerrilla, al grado de integración del territorio8. En este caso hay una firme intención de realizar un estudio que asocia diferencias socioespaciales a diferencias en los resultados del grado de control de un grupo guerrillero –las FARC. No obstante, tampoco se logra aquí un análisis sistemático de las diferencias territoriales-y-de presencia/control de la guerrilla, (ni posibilidad de ser cartografiadas). Y, al igual que Rangel, sólo se refiere a uno de los grupos armados ilegales.

- Arjona pretende establecer un modelo que diferencie el tipo de orden local posible en las condiciones de incursión de los actores armados. La diferencia la asocia a una característica específica del grupo social afectado: es la estructura de autoridad de la localidad vigente con anterioridad al dominio del actor armado la que explicaría la estrategia del actor armado para penetrar e insertarse en la localidad y la manera y grado de ejercer la violencia para lograrlo. No obstante no es posible afirmar que en esta investigación se aborde la dimensión socioespacial, en la medida en que los casos con los que ilustra su tesis son casos aleatorios recogidos de localidades diversas y llevados a una generalización ad-hoc (ver reseña crítica de Guzmán, 2010). Cuando se trata el territorio es indispensable tratar cada lugar en la complejidad de sus principales factores configurativos y confrontar entre sí, de manera sistemática, los resultados de cada lugar.

- Duncan abre el abanico de su tesis al conjunto de actores armados y se refiere a la relación entre territorio y dominios armados en términos de la gran distancia que se da entre el centro y la periferia de Colombia: el primero caracterizado por “un puñado de ciudades ha avanzado en la construcción de una sociedad democrática donde funciona el capitalismo del mercado, en el resto del país se ha ido consolidando un orden autoritario y de capitalismo no moderno, bajo la égida de las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes”. (Duncan, 2009 –a :1) (ver también Duncan, 2009 –b: 5-6) Pero ahí se queda: en la diferencia territorial más general y binaria pensada más en términos de qué territorios se asocian a lo que denomina “hegemonía político-militar” de “los señores de la guerra” (paramilitares en el caso por él estudiado) (Duncan 2006: 32-40)

8 - regiones más periféricas: de retaguardia y control social y político - regiones intermedias o bisagra –vecinas o contiguas de las anteriores- -cercanas a los ejes de desarrollo: de presencia temporal de los

grupos armados y sobre todo por vía militar - regiones más integradas: de presencia de actores armados más furtiva (inédito, 2009-ODECOFI). Véase también: Teófilo Vásquez et

all, 2011: 345 y 354-355.

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to- Mauricio Romero, focaliza su mirada sobre el fenómeno paramilitar y desarrolla una tesis que complementa explicaciones anteriores sobre la aparición y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. Para este autor es en el contexto de apertura política, descentralización y negociación de paz con las guerrillas cuando surgen los grupos paramilitares en la década de los 80: son los riesgos que la democratización trae para los viejos poderes sustentados en las élites locales y regionales ligadas a los partidos liberal y conservador– pero principalmente al primero– los que provocaron su reacción negativa frente a cualquier posibilidad de inclusión de insurgentes o simpatizantes, y con esto, de grupos sociales hasta ese momento marginados del debate público. Y es aquí donde entra el punto que nos interesa resaltar de Romero: su tesis ligada a las diferenciaciones socioespaciales en que se manifestó este proceso:

El autor afirma: que el proceso de democratización trajo los mayores efectos en el sentido anteriormente anotado, en las regiones de mayor influencia política de las guerrillas y los partidos tradicionales, a diferencia de las regiones donde éstos últimos tienen un proceso de consolidación menor y donde se han desarrollado procesos políticos particulares: “...Urabá y el sur de Córdoba, el bajo Cauca y el Magdalena medio, y el piedemonte de la cordillera oriental, (fueron) precisamente los centros en donde se desarrollaron los núcleos paramilitares. Por contraste, es de resaltar la evolución política de los departamentos del suroccidente del país, como Nariño, Cauca, Tolima, Huila y Caquetá, en donde la crisis del partido liberal y conservador ha sido más aguda, sus liderazgos han tendido a desintegrarse y los grupos paramilitares han tenido más dificultad para consolidar una base firme...” (Romero, 2002: 275)

Romero, a diferencia de los autores anteriormente reseñados, sí estableció una tesis de diferenciación socioespacial y actores armados en la que acabó incluyendo no sólo la diferencia territorio/inserción paramilitar (foco central de su investigación), sino también las Territorio/inserción guerrillera (en contraste con el primero). No obstante, al igual que todos los anteriores, la relación territorio-conflicto armado se concentra en la pregunta general sobre dónde se insertan con éxito. Los procesos de transformación de las relaciones que establecen grupos armados ilegales con la población de sus territorios de influencia en una guerra tan prolongada y en las dos últimas décadas de cambios fuertes, quedan por fuera del análisis.

Este es por tanto el otro gran reto que los futuros abordajes sobre órdenes locales, y en especial de órdenes locales en contextos de intensa y prologada confrontación armada: preguntarse por los diferentes tipos de orden local configurados en tales contextos, por la configuración compleja de las condiciones que dan cuenta de los diferentes resultados, logrando diferenciar las condicionantes de estructura y las particularidades propias del lugar en ello implicadas, y por las diferentes trayectorias en la transformación de dichos órdenes. Para ello será indispensable asumir el otro reto señalado por nosotros al comienzo de este acápite: realizar tal estudio desde una perspectiva metodológica que permita una comparación socioespacial sistemática.

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PROBLEMAS DEL ESTADO DE BIENESTAR BRITÁNICO EN LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE.UNA APROXIMACIÓN A LA TRAYECTORIA DE REDUCCIÓN DEL WELFARE STATE

Claudio Llanos R. María Fernanda Lanfranco


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aciaPROBLEMAS DEL ESTADO

DE BIENESTAR BRITÁNICO EN LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE.UNA APROXIMACIÓN A LA TRAYECTORIA DE REDUCCIÓN DEL WELFARE STATE Claudio Llanos R.*

María Fernanda Lanfranco**

* Profesor de Historia Contemporánea en el Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Correo electrónico: [email protected]

** Estudiante de Licenciatura en Historia,Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

RESUMENEl problema central de este artículo es la transformación del Estado de bienestar en Gran Bretaña en las últimas décadas. Se busca una aproximación histórica a la trayectoria de desarrollo del Estado de bienestar británico, particularmente a la progresiva reducción que ha enfrentado en las últimas décadas.En el caso británico, la constitución y desarrollo del Estado de bienestar, desde la década de 1940 hasta la primera década del siglo XXI, presenta un devenir histórico que nos permite observar, tanto el marco en el que surge este modelo de Estado, como su progresiva reducción y las resistencias que ha despertado. Palabras claves: Gran Bretaña, bienestar, crisis, sociedad, historia.

PROBLEMS OF THE BRITISH WELFARE STATE IN THE HISTORY OF THE PRESENTAN APPROXIMATION TO THE PATH OF REDUCTION OF THE WELFARE STATE

SUMMARYThe central problem of this paper is the process of change experienced by the welfare state in Britain in recent decades. We seek for an historical approach to the development path of the British welfare state, particularly to the progressive reduction has faced in recent decades. In the British case, the establishment and development of the welfare state since the 1940’s until the first decade of the century, presents an historical development that allows us to observe both the context in which this model of state arises, as its gradual reduction and the resistance that it has generated.Key words: Great Britain, welfare, crisis, society, history.

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“la cuestión de cómo hemos de organizarnos en beneficio común no ha perdido un ápice de su importancia.

Nuestro desafío es recuperarla de entre los escombros”.Tony Judt, Algo va mal.

INTRODUCCIÓN

El problema central de este artículo es el del proceso de transformación que ha sufrido el Estado de bienestar en Gran Bretaña durante las últimas décadas. Se busca una aproximación histórica a la trayectoria de desarrollo del Estado de bienestar británico, particularmente a la progresiva reducción que ha enfrentado en las últimas décadas y los problemas que esto genera.

En el caso británico, la constitución y desarrollo del Estado de bienestar, desde la década de 1940 hasta la primera década del siglo XXI, presenta un devenir histórico que nos permite observar, tanto el marco en el que surge este modelo de Estado, como su progresiva reducción y las resistencias que ha despertado.

La mirada desde la historia inmediata implica el intento por identificar los elementos centrales de ruptura o continuidad que se manifiestan en fenómenos reconocibles temporalmente. Estos poseen una densidad y profundidad histórica pues se ven afectados un conjunto de procesos de mayor extensión temporal. Por ello el estudio no se limita únicamente la coyuntura, sino que presenta los cambios y transformaciones (inmediatas, actuales) reconocibles temporalmente en un contexto mayor. De esta forma, con una densidad histórica de lo inmediato, se puede conseguir un mejor acercamiento a las transformaciones y problemas que presentándose en el ahora, alteran las relaciones y realidades sociales desarrolladas en el pasado y que influirán en el futuro.

EL MARCO GENERAL: ESTADO DE BIENESTAR Y SU DESARROLLO

Históricamente el Estado de bienestar encuentra su origen en la segunda mitad del siglo XIX, con las diversas políticas laborales y de regulación de trabajo que se aplicaron en Gran Bretaña, Alemania, etc.1 Pero fue durante la primera mitad del siglo XX y en gran medida como consecuencia de la destrucción de las guerras mundiales, cuando éste (particularmente en Gran Bretaña, con el Plan Beverigde2) desarrolló su “imagen” más presente en el siglo XX (Ritter, 1995).

Los años veinte y treinta del siglo XX estuvieron caracterizados por una mirada crítica al capitalismo y al liberalismo (Hobsbawm, 2006), la crisis económica mundial con su regadero de pobreza y destrucción planteó la necesidad de cambiar el sistema. En Europa occidental unos observaron el ejemplo soviético y la movilización e importancia de los partidos comunistas Alemania y Francia

1 Tabla de tres países europeos con las políticas sociales que son antecedentes de la configuración del Estado de Bienestar.

Fuente: Datos tomados de Schmidt, Manfred, et. al (2007), Der Wohlfahrtsstaat. Eine Einfürung in den historischen und internationalen Vergleich. Wiesbaden, VS Verlag, p. 125.

2 “La experiencia que se obtiene de la guerra tiene significación en tiempos de paz, dado que demuestra que la desocupación desaparece en tiempo de guerra y que todo hombre tiene valor para el Estado, cuando este crea una demanda ilimitada para un fin que es de importancia decisiva. Los éxitos espectaculares que alcanzó la planificación económica en tiempo de guerra demuestran, asimismo, la magnitud del desperdicio que produce la desocupación (…). Una de las funciones que desempeñar el Estado en el futuro es la de asegurar la existencia de un volumen adecuado de gastos y, por consiguiente, proteger a los ciudadanos contra la desocupación en masa, al igual que en la actualidad el estado asume la obligación de proteger a la población contra los ataques del exterior”. (Beveridge, 1947: 34-35).

País Seguro de accidentes Seguro de Salud Previsión Seguro desempleo

Alemania 1884 1883 1889 1927

Gran Bretaña 1897 1911 1908 1911

Francia 1898 1928 1910 1905

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aciapuede ser considerada ejemplo de esto; otros temerosos de la revolución bolchevique establecieron

la necesidad del Estado totalitario antimarxista y antiliberal, de corte corporativista, un aparato estatal fascista capaz de controlar al conjunto de la sociedad y asumir, en una política extrema e irracional como el nazismo, la “depuración de la humanidad” (Evans, 2007).

Pero la reflexión en torno a la resolución de los problemas sociales y políticos que originaba la economía no se movió exclusivamente entre socialismo o fascismo/nazismo, pues un conjunto de pensadores de diversa índole observaron la viabilidad de regular a la economía capitalista mediante la conducción económica del Estado, que no significaría ni revolución socialista, ni control totalitario.

En este sistema el Estado debía tener como eje -y en términos muy resumidos- el control y reducción del tiempo de búsqueda de empleo (pleno empleo), mediante el expediente de orientar la economía mediante sus pedidos (alimentos, combustibles, etc.) que impacten en el empleo y los precios (Beveridge, 1947: 158-247). El Estado era la única institución social capaz de asumir esta tarea pues concentraba los poderes para movilizar las energías necesarias en la lucha contra los problemas al interior de la nación. Esto pues la guerra había mostrado el poder el Estado en la lucha contra el enemigo exterior, que también según Beveridge debía utilizarse para terminar con el desempleo (Beveridge, 1947: 36).

La acción del Estado en la economía tomó forma en un importante proceso de nacionalizaciones que si bien tienen antecedentes en las primeras décadas del siglo XX3, fue el periodo comprendido en los años 1940 y 1950 en que concentró casi el 80 por ciento de las transferencias de la industria privada a la propiedad publica (Millward, 1997: 210).

El crecimiento del control del Estado sobre áreas productivas, supuso que éste disponía de recursos económicos importantes para sostener sus políticas de bienestar, particularmente en el ámbito de la salud y los seguros de desempleo. Esto funcionó con relativa normalidad hasta que la crisis del petróleo de 1973 incrementó los gastos por desempleo y encareció gran parte de los gastos del Estado debido al aumento en el precio del petróleo (Mamarella, 1997: 303).

Con los problemas generados por las crisis del petróleo en 1973 y 1979-80 el Estado de bienestar en Europa occidental, incluido el británico, enfrentó una serie de dificultades para sostenimiento de los gastos públicos. La estanflación golpeó las sociedades generando aumento de la inflación y estancamiento económico, con su resultante disparo del desempleo. El mundo industrializado se remeció con un drástico cambio pues “los empresarios y trabajadores del mundo industrializado estaban acostumbrados al crecimiento, el pleno empleo y los precios estables; la última generación de europeos, norteamericanos y japoneses sólo había conocido la prosperidad” (Frieden, 2007: 482).

En el marco general de las últimas tres décadas del siglo XX los países industrializados de Europa occidental estuvieron marcadas por un aumento considerable del gasto público, fruto de la política de contención de los efectos de las crisis económicas (Tanzi, 2008: 9). Esto implicó un creciente problema para los gobiernos europeos, que teniendo participación directa en varias ramas

3 Desde 1900 se observa una importante preocupación de un sector de los liberales británicos por los problemas de miseria en la sociedad británica. Este “nuevo liberalismo” o liberalismo británico (opuesto al liberalismo imperialista) tomó nota de los problemas experimentados en Europa continental y en palabras de Wiston Churchill, en 1908, “el Liberalismo británico…no ha abandonado la tradicional ambición …de establecer libertad e igualdad, pero al lado de ese esfuerzo promueve medidas para mejoras las condiciones de vida para las multitudes. Los antiguos Liberales en este país usaron el descontento natural de la gente con la pobreza y la precariedad de los medios de subsistencia como un poderoso motivo para ganar para ellos un mejor, más influyente, y más honorable estatus de ciudadanía en su país. El nuevo liberalismo, mientras continua su gran ideal con firme energía, destina parte de esta en la empresa de remover la causa inmediata de descontento…He escuchado algunos torpes rumores de que el reconocimiento de este hecho en la legislación podría mover ahuyentar al capital. No hay nada que a lo capital deba temer más que la desesperación de las multitudes”. (Ritter, 1995: 85).

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productivas y de servicios debían afrontar movilizaciones que demandaban mejoras económicas en un escenario de crisis y al mismo tiempo hacer frente a esta. Con ello, en lo económico, la necesidad de recursos y de liquidez se transformó en un tema central para varios de los gobiernos, y en lo político, la tarea de cambiar e incluso quebrar la fuerza de los movimientos sindicales pasaron a ser un tema importante en los sectores conservadores.

LA REDUCCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR EN GRAN BRETAÑA

Más allá de las necesarias discusiones en torno a las causas de la tendencia del aumento del desempleo desde la segunda mitad de la década de 1970 y el rol de los factores y reformas políticas en esto, existe un relativo acuerdo a que desde la crisis del petróleo, el modelo keynesiano enfrentaba un profundo cuestionamiento. El gasto de los Estados se había multiplicado ( Judt, 2006: 784; Frieden, 2007: 484-485; Martin et al, 2006: 264-265). La contención de las crisis de inicios y fines de la década de 1970 había seguido el expediente del aumento del gasto público en un escenario de bajo crecimiento de la producción. En el caso británico, entre 1930 y 1980 “las transferencias sociales en el Reino Unido se había incrementado pasado del 2,2 del PIB al 10 por ciento en 1960 y el 13 por ciento en 1970 y casi el 17 por ciento en 1980” (Fergusson, 2010: 227). Lo anterior permite entender la diferencia entre la situación social de la crisis de los años 1930 y la que cubrió parte de la década de 1970, “las dos principales razones eran el colchón proveído por el Estado de bienestar y la fortaleza de las instituciones financieras internacionales” (Wasserstein, 2007: 633).

A partir de la década de 1980 la idea de que el Estado “estorba” y “distorsiona” la economía -y sus leyes “naturales”- ganó progresivo terreno en el mundo político y económico, fenómeno que corrió en forma paralela a una descomposición acelerada del régimen socialista real. El Estado de bienestar y el keynesianismo, bases de la economía de la posguerra de gran parte de Europa occidental, enfrentaron una arremetida que fue despojando al Estado de sus funciones económicas directas. A nivel más o menos general las décadas de 1980 y 1990 tuvieron la impronta de las privatizaciones empresas y servicios públicos.

Todo esto significó una disminución de la participación de los Estados en las diversas áreas productivas asumidas en la postguerra (1945-1960) que en venta de servicios y áreas industriales permitió una recaudación fiscal importante que permitía limitar el aumento de impuestos y lograr mantener políticas de contención a la crisis.

Cuadro 1. Valor privatizaciones en Gran Bretaña 1985-1995Millones de dólares

Fuente: Luis Arturo Rivas, “Privatizaciones en Europa y la privatización de petróleos mexicanos: el caso de la petroquímica”. En, Estudios Gerenciales. Número 66, 1998, p. 30.

Desde fines de los ochenta con el avance de la tecnología, de las comunicaciones y los progresos en formación técnica en países subdesarrollados, Europa y el primer mundo perdieron su dominio industrial, pues nuevos competidores salían al paso. Al mismo tiempo la cualificación de la mano de obra india, china o brasilera significó un atractivo para el desplazamiento de inversiones desde las viejas zonas industriales como Manchester a nuevos centros industriales que mejoraban la competitividad al reducirse el valor de la mano de obra (Smith, 2007: 621). Ilustrativo es que Japón, en la década de 1980 pasó a ser la segunda economía mundial después de Estado Unidos, desplazando a cualquier país europeo (Smith, 2007: 621).

1985-1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total

Reino Unido

34.086 8.092 10.160 19.048 45 8.580 // 4.675 84.686

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aciaEn Europa occidental el paradigma de de la reducción del Estado fueron las políticas de Margaret

Thatcher en la primera mitad de la década de 1980. Las medidas impulsadas por la “Dama de hierro” buscaron revitalizar la competitividad industrial británica reduciendo el gasto público. Esto se encontraba directamente vinculado al objetivo político de debilitar el movimiento sindical británico, que desde la perspectiva neoliberal había ejercido una presión significativa en “inflar” los salarios y encareciendo, con ello, la producción (Wasserstein, 2007: 621).

Sobre lo anterior, importante es resaltar el aspecto político que permite entender la reducción de los empleos públicos. Así, entre las razones del aumento del desempleo no sólo se pueden encontrar razones puramente económicas, sino que también es posible identificar los intereses de ciertos sectores económicos y políticos que veían con alarma un largo periodo de alto empleo debido a la capacidad de presión que adquieren los trabajadores (Korpi, 2003: 596). Siguiendo esta lógica el desempleo tendría la ventaja de reducir el poder de los sectores no empresariales limitando la capacidad de negociación de los trabajadores. Y con ello desde lo no estrictamente político se logra impactar en lo económico (Pissarides, 2003: 14).

Algunos de los capítulo más dramáticos de la historia de la aplicación de las reducciones neoliberales se encuentran en el cierre de las minas de carbón. En este escenario, Gran Bretaña registró un progresivo aumento del desempleo (entre 1971-2010), que superó los 3 millones de parados entre 1983-4. Significativos fueron también la venta de British Airways y la privatización (durante el gobierno de John Mayor) de los ferrocarriles.

El impacto del cierre de las minas de carbón afectó particularmente a South Yorkshire que diez años después continuaba sufriendo los efectos de la falta de empleo y recursos. Así en 1994 esa región de Gran Bretaña fue declarada como una las más pobres de la Unión Europea y en necesidad de ayuda económica de ésta (Sheffield Libraries Archives, 2009: 4). A marzo del 2005 solo quedaban 8 minas de carbón en Gran Bretaña.4

Aún con la arremetida contra la actuación directa del Estado en la economía, las políticas de bienestar tendieron a mantenerse aunque debilitadas. Las privatizaciones le brindaron al gobierno conservador de Thatcher y los que a nivel internacional le siguieron, los ingresos para mantener medidas de contención al desempleo e inauguró nuevas fuentes de riqueza e inversión a los privados. Se abrió así una “edad dorada” para la especulación financiera a nivel internacional (Megginson y Boutchkova, 2000).

En términos económicos, los últimos años de la década de 1980 fueron para Gran Bretaña de crecimiento, en parte, debido a los recursos provenientes de los yacimientos de petróleo del Mar del Norte y al proceso de privatización que dinamizaron la industria elevando su producción. En el ámbito financiero y gracias a la desregulación de 1986 la “City of London” tomó el primer lugar en importancia para las finanzas internacionales, superando a Nueva York, como centro de transacciones bursátiles mundiales (Wasserstein, 2007: 638).

4 Thatcher había logrado debilitar al movimiento tradeunionista británico y con ello golpear a los sectores más a la izquierda del Partido Laborista. El movimiento de los mineros y el fin de la huelga (sin ninguna demanda al gobierno) marcó un periodo de retroceso en la capacidad de respuesta de los sectores de trabajadores públicos británicos. El diario de vida de uno de los mineros da cuenta de parte del clima vivido al final de la huelga, “I attended my last picket of the longest national strike in modern times. I almost lost my voice hurling abuse at the scab buses going in. It’s them bastards I blame!

Yesterday a Special Delegate Conference voted 98 to 91 for an organized return to work, with no conditions. The bastards have bowed down too far and betrayed the 600 men sacked during the strike. I’m ashamed of them!!

At a mass meeting in the Armstrong Hall the Lodge officials ran true to form and merely informed the men to phone the pit to find out what shift to return on. They brushed aside complaints from men who’ve already phoned and been told to return to work at 10pm, night shift. The bastards are really rubbing it in because it’s just over a year since we defeated the managers plans to force all men to do night shift instead of volunteers. Our cowardly officials are back to being compromise specialists. I really hope the lads get rid of them all at the earliest opportunity!”. En: The Miners Strike, 1984–5. My Diary, en: http://normanstrike.wordpress.com/2010/02/19/151-monday-march-4th-1985/

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A pesar de esto, y como la historia ha mostrado ya tantas veces, las celebraciones de las bolsas y los inversionistas no siempre reflejan lo que ocurre en la sociedad pues desde la década de 1980 Gran Bretaña ha visto aumentar la desigualdad, basta con citar la evolución del índice Gini entre 1983 y 2009, con un aumentó de casi 10 puntos en la desigualdad5.

Tony Judt apunta que durante el gobierno de Thatcher el sector público aumentó de tamaño, pero como él mismo reconoce, este fue un cambio desde empleos en sectores industriales y productivos del Estado, hacia el sector terciario y de servicios ( Judt, 2006: 805). Este punto es relevante de considerar ya que las privatizaciones no solo pueden haber buscado liquidez y el debilitamiento del movimiento sindical británico -como ya hemos visto previamente-, sino que, como apuntan Bruno Biais y Enrico Perotti, se planteó desarrollar un tipo de propiedad privada para los sectores medios que permitiese la construcción de un soporte político para los partidos de derecha (Biais y Perotti, 2002: 240-241). Por cierto que él éxito de este “maquiavelismo” político de las privatizaciones dependía de variados otros factores, tales como la debacle del socialismo real (Krugman, 2009: 22-26).

Con todo, la reducción neoliberal del Estado en Gran Bretaña mantuvo niveles de servicios en salud y educación que aunque empobrecidos se mantuvieron en el plano de los deberes del Estado para con la sociedad6. La insinuación de privatización de la salud y el arancelamiento de la educación pública les costó tanto a Margaret Thatcher, como a su sucesor John Mayor, la evaporación del apoyo de los votantes ( Judt, 2007: 787). Sería una segunda crisis mundial la que marcaría una arremetida de ajuste a la educación superior7 y la salud.

LA CRISIS DEL 2008

En el escenario de cambio de siglo, Gran Bretaña, su economía y un sector de su sociedad disfrutaba de una situación positiva en términos de empleo (House of Commmons, 1 may 1998: 14), pareciendo que las dificultades de inicios de la década de 1990 quedaban atrás, y si bien se reconocía la lentitud de la economía británica producido por su estrecha dependencia de la economía mundial (particularmente con Estados Unidos) no se observaba la amenaza de una recesión (House of Commmons, 2 november 1998: 7).

El escenario de la última década del siglo XX era paradójico “la prosperidad privada se vio acompañada, como ocurre con tanta frecuencia, de la miseria pública” ( Judt, 2007: 785). Sin embargo, también se declaró un aumento de la pobreza privada cuando en 1997 las pensiones públicas en Gran Bretaña representaban solo un 15% de los ingresos medios, constituyéndose como las pensiones más pobres de las Unión Europea ( Judt, 2007: 785). En cuanto a los ingresos económicos, si en la década de 1980 menos del 15% de la población vivía con menos del 60% del ingreso medio, en los años 1990 este porcentaje había aumentado al 25% (Drever et al, 2000: 36).

La desregulación financiera celebrada e impulsada por las políticas neoliberales en la segunda mitad de la década de 1980 tardó menos de treinta años generar una nueva crisis económica. Originada en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, cuando al boom de ventas infladas

5 “Los datos de la Encuesta de Recursos Familiares muestran que la desigualdad en los ingresos del hogar (antes de gastos de vivienda) se mantuvo estable en el Reino Unido entre 2007/08 y 2008/09, con un valor de 36 para el coeficiente de los dos años de Gini. Este valor también muestran un aumento global desde 1983, cuando el coeficiente de Gini (…) fue de 27”. En: Office for National Statistics, “Income inequality remains stable”. En: http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=332

6 En este contexto es posible observar la configuración de un modelo Estado de bienestar que desde la perspectiva de Esping-Andersen, Pitruzello y Navarro, es definido como “liberal”. En este el Estado provee del bienestar mínimo, donde los beneficios son modestos y generalmente con un estricto criterio de calificación. En el quienes reciben el beneficio del Estado son estigmatizados y regularmente puestos a prueba (Esping-Andersen, 1990; Pitruzello, 1990; Navarro et al, 2006).

7 Sobre el sistema de educación superior, el pago de este comenzó a ser implementado durante el gobierno New Labor de Blair, implementándose tasas de interés especiales para los estudiantes. Además de entrega de subvenciones del Estado al sistema universitario.

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aciacolapsó, dejando a fines de 2007 a más de 2 millones de personas sin hogar y casi 4 millones

en peligro de perder sus propiedades (Harvey, 2010: 1). El 15 de septiembre de 2008, el gigante económico Lehman Brothers cayó y el problema no tardó en exportarse, a fines del 2008 gran parte del mundo se vio afectado por las caídas productivas y el aumento del desempleo.

En el caso de Gran Bretaña, los problemas bancarios obligaron al gobierno británico a llevar adelante un salvataje de bancos privados como el Northern Rock; Bradford y Bingley. Además el Estado llevó adelante la compra de acciones provenientes de entidades privadas como el Barclays; Lloyd’s; HSBC, Royal Bank of Scotland, Nationwide, Standard Chartered y el Abbey Bank, entre otros8. El primer ministro Gordon Brown, no tardó en explicar la medida señalando la importancia de la banca en la vida de los británicos,

“El sistema bancario es fundamental para todo lo que hacemos. Todos los negocios de la familia y todos los de Gran Bretaña dependen de ello. Por eso, cuando se ven amenazados por la crisis financiera mundial que comenzó en Estados Unidos y ahora se ha extendido en todo el mundo, en el Reino Unido adoptó medidas para asegurar que nuestros bancos y el sistema financiero”9.

Pero el compromiso aludido por Brown, no era recíproco, pues a fines del 2009, cuando el gobierno de Brown planteó un aumentó de los impuestos (Super-Tax) a los bonos de los banqueros, estos respondieron con la amenaza de salir del país10.

La crisis no solo golpeó a la banca, sino que la entrada en recisión declarada en 2008 por el gobierno significó un aumento del desempleo, que al año 2009 afectó con particular dramatismo los jóvenes entre 16 y 24 años con casi el 19% de cesantía a nivel nacional11. En Londres el porcentaje de jóvenes parados llego al 20%12. En enero del 2010, un estudio apunto que los jóvenes menores de 25 años pasarían a ser una “generación perdida” a raíz de la situación económica que significaría dificultades para encontrar un trabajo seguro y lograr felicidad13.

Durante el segundo semestre del 2010 la cifra total de desempleados alcanzó los 2 y medio millones, representando un aumento de 35 mil personas en el último cuarto del año 201014. Si se observa el grafico siguiente, desde la crisis del petróleo el desempleo no ha vuelto a bajar del 4%. Esto ligado a un aumento de los tiempos de cesantía que plantea un problema histórico para el “pleno empleo”, base histórica del bienestar británico -como ya hemos señalado-. Sobre esto los datos nos dicen que a octubre del 2010 “había 839,000 personas desempleadas durante más de doce meses, la cifra más alta desde febrero de 1997”15.

8 “Brown anuncia una nacionalización parcial de los bancos ante la crisis”, en El Mundo, 8 de octubre de 2008. 9 (Gordon Brown) “We must lead the world to financial stability”, en The Times, 10 de octubre de 2008.10 “Boni-Steuer in Großbritannien Banker auf der Flucht“, en Sueddeutsche Zeitung, 17 diciembre de 2009. Ver también, “Darling

considers revealing ‘lower and narrower’ banker pay bands”, en The Guardian, 1 de diciembre de 2009. Disponible en: http://www.guardian.co.uk/business/2009/dec/01/darling-lower-narrower-banker-pay.

11 Datos en: The Poverty site, “UK: young adult unemployment”. En: http://www.poverty.org.uk/35/index.shtml12 Datos en: Datos en: The Poverty site, “UK: young adult unemployment”. En: http://www.poverty.org.uk/35/index.shtml13 “Recession will lead to ‘lost generation’ of young people”, en The Guardian, 4 de enero de 2010. Disponible en: http://www.guardian.

co.uk/uk/2010/jan/04/princes-trust-survey-unemployment-young-people14 Office for National Statistics, “Unemployment. Rate falls to 7.7 per cent ”. En: http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=12 15 Office for National Statistics, “Unemployment. Rate falls to 7.7 per cent ”. En: http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=12

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Gráfico 1. Porcentaje desempleo desde los 16 años en adelante (1971-2010)

Fuente: Elaborado con datos del Office for National Statistics. http://www.statistics.gov.uk/

Así la cosas, el salvavidas a la banca, más el aumento de los desempleados elevó la presión sobre las ayudas sociales y con ello el déficit público se reveló durante el 2009 como un problema mayor alcanzando el 11,4 % del PIB. A noviembre de 2010 el presupuesto nacional británico mostraba un déficit de 19,9 billones de libras esterlinas, lo que representa un incremento significativo al déficit de 14 billones del 200916. Por otro lado al 2010, la deuda neta nacional de Gran Bretaña alcanza el 64% del PIB17.

Políticamente la crisis golpeó al gobierno laborista de Gordon Brown. Su pérdida de popularidad, al ritmo del aumento desempleo y los escándalos de enriquecimiento y mal uso de los recursos públicos18, significó su derrota en la elecciones, siendo superado por la alianza entre conservadores y liberales. Al mismo tiempo el Partido Laborista experimentó una crisis que mejoró la posición de sus críticos conservadores y liberales19.

Al partir Brown dejaba en evidencia parte de la naturaleza de la crisis y sus dificultades para resolverla “Nadie sabía que los bancos británicos, alemanes, italianos y austríacos estaban adquiriendo estas hipotecas en los Estados Unidos. Dada la naturaleza del sistema bancario global es algo que va a seguir sucediendo”20.

El nuevo gobierno (conservador-liberal) liderado por David Cameron asumió la tarea de resolver los problemas del déficit mediante el uso de un estricto ajuste del Estado y sus cuentas21, el objetivo

16 Office for National Statistics, “Public Sector Finances. Monthly: Record for net borrowing”. En: http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=206

17 Office for National Statistics, “Public Sector Finances. Monthly: Record for net borrowing”. En: http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=206

18 “Dimite la ministra británica de Comunidades por el escándalo de las dietas”, en Público, 3 de junio de 2009. Disponible en: http://www.publico.es/internacional/229830/dimite-la-ministra-britanica-de-comunidades-por-el-escandalo-de-las-dietas

19 “Gordon Brown, en “caída libre”, en Deutsche Welle - World, 10 de junio de 2009. Disponible en: http://www.dw-world.de/dw/article/0, , 4316092, 00.html

20 “Gordon Brown, de capa caída”, en Página 12, 21 de junio de 2009. 21 “Cameron mutila el Estado de Bienestar”, en El País, 21 octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/

Cameron/mutila/Estado/bienestar/elpepiint/20101021elpepiint_2/Tes

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aciaes reducirlo en cuatro años y dejar en el 3% una suma que ahora supera el 11% del PIB22. Para

llevar a cabo este propósito, en diciembre del 2010 fue anunciado un importante recorte del gasto público23 calificado por la prensa como el más grande experimentado por el Reino Unido desde la Segunda Guerra y visto como “el mayor ajuste del Estado de bienestar acordado en un solo día por el gobierno británico”24. Considerando la medidas propuestas, el gasto público se reducirá en 81.000 millones de libras (91.000 millones de euros), de los cuales 20.000 millones de euros afectan el bienestar social25. Además, en busca de la misma meta, en materia de impuestos el gobierno ha decidido subir el IVA del 15% al 17,5% y aumentar en un 0,5% las cotizaciones sociales26.

Hasta el momento se han anunciado una gama amplia de transformaciones, donde en general “los Departamentos ministeriales van a ver reducido su gasto en un 19% en los próximos 4 años”27 en los servicios entregados por el Estado, dentro de las cuales nos enfocaremos en el Servicio Nacional de Salud (NHS), las ayudas sociales y la educación28.

El NHS será tratado de manera preferencial en relación a otros recortes aplicados al sector público. Esto significa aumentar el presupuesto en un 1,3 % en términos reales hasta el 2015, no obstante, considerando los crecientes costos en el sector el NHS debe ahorrar aproximadamente 20.000 millones de libras en gastos de funcionamiento para sostener la prestación de servicios29.

Las consecuencias de este importante ahorro –correspondiente a un 5% de los costos anuales30- han sido advertidas durante el 2010 por organizaciones como el Royal College of Nursing, la British Medical Association y UNISON31 al señalar que la reducción de fondos será imposible de conseguir exclusivamente mediante el desarrollo de mayores estándares de productividad32. Según los críticos los niveles de gastos esperados solo podrán alcanzarse a través de numerosos despidos que afecten al personal del sector, trayendo consecuencias desastrosas para los beneficiarios del sistema de salud al empeorar inevitablemente la calidad de los servicios33. 22 “Cameron mutila el Estado de Bienestar”, en El País, , 21 octubre de 2010, Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/

Cameron/mutila/Estado/bienestar/elpepiint/20101021elpepiint_2/Tes 23 The Chancellor, George Osborne, presented the Government’s Spending Review on 20 October 2010, which fixes spending budgets

for each Government department up to 2014-15. Para ver el documento: http://cdn.hm-treasury.gov.uk/sr2010_completereport.pdf 24 “El Gobierno británico cierra filas ante la dureza del ajuste”, en El País, 22 octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/

articulo/internacional/Gobierno/britanico/cierra/filas/dureza/ajuste/elpepiint/20101022elpepiint_6/Tes25 “Un recorte de más de 20.000 millones”, en El País, 21 Octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/

recorte/20000/millones/elpepuint/20101021elpepiint_1/Tes26 “Los recortes del gasto público que atraviesan Europa”, en El País, 20 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/

articulo/economia/recortes/gasto/publico/atraviesan/Europa/elpepueco/20100525elpepueco_8/Tes27 En general los Departamentos ministeriales van a ver reducido su gasto en un 19% en los próximos 4 años. Ver: 27 El País, Un

recorte de más de 20.000 millones, 21 Octubre 2010, en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/recorte/20000/millones/elpepuint/20101021elpepiint_1/Tes

28 Un aspecto importante que queda al margen de este artículo es la modificación – entrando en vigencia el año 2020- del actual sistema de pensiones, en el cual se pretende retrasar la edad de jubilación de las mujeres, haciendo que al igual que los hombres trabajen hasta los 66 años de edad antes de poder cobrar una pensión pública, con la cual se pretenden ahorrar 5.700 millones de euros al año. A su vez la reforma de las pensiones públicas permitirá ahorrar algo más de 2.000 millones de euros al año para 2015, con un más que probable incremento de las contribuciones de los trabajadores del sector público. Ver: “Un recorte de más de 20.000 millones”, en El País, 21 de Octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/recorte/20000/millones/elpepuint/20101021elpepiint_1/Tes

29 “Un trato preferente para la educación y la sanidad”, en El País, 21 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/trato/preferente/educacion/sanidad/elpepuint/20101021elpepiint_4/Tes Ver además: “Job cuts loom as NHS faces harsh reality” en BBC News, 21 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12254162

30 “NHS job cuts in the spotlight at RCN conference”, en BBC News, 25 de abril del 2010. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8643306.stm

31 UNISON es el sindicato más grande de Gran Bretaña con más de 1.300.000 afiliados. Ver: http://www.unison.org.uk/acrobat/A2548sp.pdf

32 Ver las declaraciones hechas por el líder del Royal College of Nursing Peter Carter en: “Major cuts in NHS on way in NHS, nurses’ leader says”, en BBC News, 24 de abril de 2010. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8638211.stm

33 Karen Jennings, UNISON head of health, said the cuts will mean a cut in the quality of patient care. “It’s only matter of time before long waiting list return, and nurses, healthcare assistants and other vital support workers start to disappear from the wards”. Ver: “Job cuts loom as NHS faces harsh reality”, en BBC News, 21 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12254162

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De la misma forma, el resto del Reino Unido también se ha visto sometido a reducir su presupuesto afectando de esta forma el número de puestos de trabajo “En Irlanda del Norte se ha advertido la reducción de 4000 puestos de trabajo, y en Escocia, la cifra es de casi 3.800. El año pasado, la Asamblea de Gobierno de Gales fijo un objetivo para el NHS en Gales de reducir un 3% del personal cada año, durante 3 años”34.

No obstante, el apretón de cinturón no es el único desafío que deberá enfrentar el NHS. Además del programa de austeridad ya mencionado, en enero del 2011 se presentó un proyecto que intenta reestructurarlo profundamente y que pretende ser puesto en práctica desde el año 201335. David Cameron señaló que se ha presentado una oportunidad única para modernizar los servicios públicos, respaldando de este modo las reformas como un paso necesario para mejorar los servicios y crear una nación más saludable. Asimismo la reforma permite, según Cameron, ahorrar considerables sumas de dinero en comparación a la organización actual eliminando el 45% de sus recursos administrativos36.

Sin embargo, al impulsar este proyecto, la coalición está contrariando su promesa electoral no introducir una reducción o de reestructuración organizacional en caso de ser elegidos37 convirtiéndose de esta forma en el blanco de las críticas laboristas. A su vez numerosos expertos independientes y miembros del servicio público de salud han alzado también sus críticas frente al proyecto de ley. Uno de los argumentos más utilizados enfatiza que resulta inapropiado realizar una reforma con tal velocidad y de tal envergadura en el mismo momento en que el sistema está sometido a una de mayores presiones financieras de su historia38. El Comité de Salud compuesto por miembros del parlamento ha señalado que la reforma ha tomado al NHS por sorpresa, por lo que el servicio no ha podido planearla de manera adecuada39 advirtiendo que las transformaciones son demasiado riesgosas y pueden resultar excesivamente costosas40.

Asimismo, también es visto como una amenaza para el sistema público la apertura de los servicios del NHS a proveedores privados41 “Es un gran convulsión que pondrá una presión adicional en el NHS, innecesaria y que podría abrir todas las puertas del NHS a la competencia de empresas

34 “Job cuts loom as NHS faces harsh reality”, en BBC News, 21 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12254162

35 “About 80% of the budget is held by local managers working for primary care trusts (PCTs). There are 151 of these in England and they are effectively in charge of buying and planning local services, such as hospitals, GPs, mental health units and community clinics. Ministers will transfer much of that responsibility to GPs working in consortia across the country. As that happens, both PCTs and regional bodies known as strategic health authorities are to be phased out. An independent board will be given responsibility for setting standards and holding GPs to account. It is also expected to take charge of paying for some services which are not being given to the GP consortiums. Additionally hospital are to set free from central control, the key to this is getting all trusts to attain self-governing foundation trust status. What is more, the cap on private income is to be lifted, allowing them to compete with private firms in a host of areas. This in itself is quite a significant step. But the government is also keen to see other providers - private health firms and social enterprises - getting involved.” Ver: “Q&A: The NHS shake-up”, en BBC News, 15 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/10552720

36 “There is no ‘quiet-life option’ for the NHS, says David Cameron”, en The Guardian, 17 de enero de 2011. Disponible en: http://www.guardian.co.uk/society/2011/jan/17/no-quiet-life-nhs-david-cameron

37 “David Cameron: Public sector reform cannot be delayed”, en BBC News, 17 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12203000

38 Dr Laurence Buckman, of the British Medical Association, said: “The speed of the reforms means PCTs are imploding as staff leave in droves and those managers who are left are focused on delivering the reforms rather than efficiency savings and the maintenance of patient care. Ver: “Health reform in England took the NHS by surprise, MPs say”, en BBC News, 18 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12208322

39 “Health reform in England took the NHS by surprise, MPs say”, en BBC News, 18 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12208322

40 Ver: Parliamentary UK, Health Committee - Third Report, 18 January 2011. En: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmhealth/513/51306.htm

41 Para un análisis más detallado sobre este punto ver: “Tory free-market hurricane will blow NHS apart”, en The Guardian, 17 de enero de 2011. Disponible en: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jan/17/free-market-bill-blow-nhs-apart

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aciaprivadas de salud”42, opinión también compartida por los líderes de seis gremios de la salud que

advirtieron sobre las preocupaciones que surgen en torno sobre las gran competencia comercial entre el NHS y las compañías privadas43.

La gran polémica surge en torno a como responderá el NHS bajo una lógica de funcionamiento donde primará la capacidad de elegir, la competencia y la diversidad dentro del mercado44. Para el gobierno esta opción se traducirá en mejores resultados de funcionamiento que optimizaran costos y elevaran los estándares de calidad, por el contrario, para sus detractores este cambio significa la muerte del NHS tal como es conocido hoy en día, y los únicos capaces de sobrevivir son las compañías privadas “que están dando vueltas como los tiburones, a la espera de entrar y asesinar”45. Las únicas certezas que existen hoy es que el Servicio Nacional de Salud se verá sometido a grandes transformaciones, profundizando tendencias anteriores46 e introduciendo elementos nuevos, los cuales deberán ser implementados con una suma bastante menor de personal luego de las consecuencias del plan de austeridad y la abolición de más 24.000 puestos de trabajo que se efectuarán como parte de la reforma47.

Otro de los pasos importantes en la reforma del sector público corresponde a la importante transformación que experimentará el sistema de beneficios sociales (Benefit System) dentro del Reino Unido. Luego de los anuncios hechos el 2010 sobre el recorte que afectará el sistema de bienestar público a través de una serie de medidas tales como el retraso de la edad de jubilación antes de lo esperado48, la introducción de limitaciones temporales en los beneficios de incapacidad y cambios en los créditos fiscales y beneficios de vivienda49, el gobierno considera necesario una reforma que aborde el problema de dependencia de las ayudas sociales que presentan millones de familias en Gran Bretaña. El gobierno señala que esto se debe fundamentalmente a que el sistema incentiva a las personas a mantenerse bajo el sistema de beneficios por largos periodos de tiempo antes que impulsarlos a buscar trabajo como forma de salir de la pobreza.

Según los datos 5 millones de personas reciben ayudas por motivo de desempleo en el Reino Unido, de los cuales 1,4 millones las han recibido por 9 de los últimos diez años. Asimismo la tasa de hogares desempleados es una de las mayores en Europa, donde 1,9 millones de niños viven en hogares donde nadie tiene un trabajo50.

42 Declaraciones del miembro del gabinete en las sombras John Healey en: “Minister seek to answer critics as NHS bill published”, en BBC News, 19 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12217668


44 “Betting the NHS”, en BBC News, 17 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/blogs/nickrobinson/2011/01/betting_the_nhs.html

45 “Minister seek to answer critics as NHS bill published”, en BBC News, 19 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12217668

46 “Choice, use of the private sector and setting hospital free as foundation trusts were all started under the previous government”. Ver: “Minister seek to answer critics as NHS bill published”, en BBC News, 19 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12217668

47 “Job cuts loom as NHS faces harsh reality”, en BBC News, 21 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/health-12254162

48 La modificación al actual sistema de pensiones entrará en vigencia el año 2020, en el cual se pretende retrasar la edad de jubilación de hombre y mujeres, haciendo que ambos sexos trabajen hasta los 66 años de edad antes de poder cobrar una pensión pública. Este cambio permitirá ahorrar 5.700 millones de euros al año. A su vez la reforma de las pensiones públicas permitirá ahorrar algo más de 2.000 millones de euros al año para 2015, con un más que probable incremento de las contribuciones de los trabajadores del sector público. Ver: “Un recorte de más de 20.000 millones”, en El País, 21 de Octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/recorte/20000/millones/elpepuint/20101021elpepiint_1/Tes

49 “Spending Review 2010: George Osborne wields the axe”, en BBC News, 20 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11579979

50 Department of Work and Pensions, “Universal Credit: welfare that works”. En: http://www.dwp.gov.uk/docs/universal-credit-full-document.pdf

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“Esto tiene consecuencias para todos nosotros, no sólo a las personas atrapadas en los beneficios, que han dejado de ver al trabajo como el mejor camino para salir de la pobreza. Los costos sociales y económicos de las fallas del sistema actual son asumidos por la sociedad en su conjunto, ya que la falta de empleo y oportunidades de vida para padres e hijos, disminuye el potencial productivo del país”51.

Bajo la perspectiva del gobierno el balance general resulta negativo ya que el presupuesto destinado a financiar el sistema de beneficios se ha incrementado un 45% en términos reales en la última década, sin embargo los índices de pobreza que afectan a adultos en edad de trabajar ha aumentado y la movilidad social se ha reducido52. Es este escenario el que ha impulsado a la coalición gobernante a crear un “nuevo contrato entre las personas que tienen y las personas que no tienen” denominado Crédito Universal53 el cual pretende integrar los distintos tipos de beneficios y créditos fiscales dentro de un solo una sola ayuda, simplificando de esta forma el sistema de ayudas sociales y reduciendo el margen de error por parte de beneficiarios y administradores existente en el sistema actual54.

El nuevo sistema unificará los beneficios para desempleados con los beneficios que se otorgan a empleados con bajos ingresos – que hoy constituyen dos ayudas separadas- y de esta manera se disminuirá el riesgo que significa para los beneficiarios cambiarse de un sistema a otro. De esta forma los creadores de la propuesta afirman que se verán aumentados los incentivos para buscar empleo55, asegurando no solo que las personas desempleadas se vean proporcionados de los ingresos básicos para vivir, sino que sea más rentable conseguir un empleo que vivir de los subsidios56. A su vez el Crédito Universal será respaldado por un fuerte sistema de condicionalidad, los desempleados que están en condiciones de trabajar deberán hacer todos los esfuerzos razonables para encontrar empleo ya que de otra forma serán sancionados financieramente57.

A pesar de estos cambios el gobierno ha asegurado que nadie experimentará una reducción en el nivel de los pagos que recibe como resultado de la introducción del Crédito Universal que se espera entre en funcionamiento el año 2013. Sin embargo el IFS (Instituto de Estudios Fiscales) ha señalado que el cambio creará “ganadores y perdedores”, pues se ha calculado que 2,5 millones de familias ganarán en el largo plazo, 1,4 millones perderá, mientras que 2,5 millones no verá cambios en sus beneficios y créditos fiscales58. A pesar de que la sociedad británica desea reducir



53 Universal Credit is an integrated working-age credit that will provide a basic allowance with additional elements for children, disability, housing and caring. It will support people both in and out of work, replacing Working Tax Credit, Child Tax Credit, Housing Benefit, Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance and income-related Employment and Support Allowance. Ver: Department of Work and Pensions, “Universal Credit: welfare that works”. En: http://www.dwp.gov.uk/docs/universal-credit-full-document.pdf

54 El Instituto de Estudios fiscales cree que la unificación de una treintena de subsidios en uno solo permitirá a largo plazo ahorrar 5.200 millones de libras (6.150 millones de euros) que ahora se pierden por fraude o por errores administrativos. Ver: “Reino Unido dejará sin ayudas a quién rechace tres ofertas de trabajo”, en El País, 11 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Reino/Unido/dejara/ayudas/quien/rechace/ofertas/trabajo/elpepuint/20101111elpepuint_7/Tes

55 Universal Credit will improve financial work incentives by ensuring that support is reduced at a consistent and managed rate as people return to work and increase their working hours and earnings. Ver: Department of Work and Pensions, “Universal Credit: welfare that works”. En: http://www.dwp.gov.uk/docs/universal-credit-full-document.pdf

56 La estrategia para alcanzar este objetivo es conservar una parte del subsidio al reincorporarse al mercado de trabajo para garantizar que se gana más dinero trabajando que cobrando el desempleo.

57 Los parados que rechacen una oferta de trabajo o una petición para que realicen trabajo comunitario no remunerado verán suspendido el subsidio por tres meses, si lo rechazan por segunda vez la suspensión será por seis meses y a la tercera vez la sanción será por tres años.

58 “Universal Credit welfare switch ‘to hit 1.4m homes”, en BBC News, 12 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12170003

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aciala tendencia existente de permanecer largos periodos bajo el respaldo de los seguros de desempleo,

viviendo sin trabajar de manera continuada, el gran temor es que la reforma haga pagar “justos por pecadores y se prive de ayudas sociales a quienes genuinamente las necesitan”59.

Finalmente para el ámbito de la educación pública, el gobierno también ha señalado que tendrá un “trato preferencial”60 dentro del ajuste presupuestario protegiendo los fondos directos que financian las escuelas en Inglaterra. Sin embargo esta consideración deja al margen el sistema de educación universitaria61 el cual sufrirá grandes recortes presupuestarios transformando profundamente su forma de financiamiento. Actualmente en el Reino Unido las universidades se sustentan principalmente a través de aportes estatales el cual cubre un 35 % del financiamiento,62 no obstante esta situación se verá modificada por los lineamientos trazados por la coalición gobernante que pretenden disminuir en un 80 % los fondos públicos dedicados a la enseñanza universitaria63.

Los mayores afectados con esta decisión serán los estudiantes que ingresen al nuevo sistema desde el año 2012, puesto que se convertirán en los principales responsables de financiar la educación universitaria. Las matrículas pueden verse casi triplicadas en relación a su valor actual pasando de los actuales 4.100 euros al año a un máximo de 10.700, aunque en general las tasas serán de 7.140 euros64. En este sentido el dinero proveniente del bolsillo de los estudiantes irá en su mayoría a reemplazar el vacío generado por el retiro de los fondos del Estado65. Mientras que la nueva modalidad se pone en marcha, para el año 2011 ha sido previsto un 6% de reducción en el presupuesto de enseñanza universitaria que deberá ser afronta sin las nuevas fuentes de recursos provenientes de las tasas66.

59 “Reino Unido dejará sin ayudas a quién rechace tres ofertas de trabajo”. en El País, 11 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Reino/Unido/dejara/ayudas/quien/rechace/ofertas/trabajo/elpepuint/20101111elpepuint_7/Tes

60 “Aunque el Ministerio de Educación, con un presupuesto anual de 57.600 millones de libras va a sufrir un recorte del 3, 4% en términos reales en cuatro años, ese recorte se va a realizar sobre todo mediante la supresión de organismos paralelos, pero se van a mantener los presupuestos de las escuelas de Inglaterra, que crecerán de 35.000 millones de libras a 39.000 millones de libras.” Ver: “Un trato preferente para la educación y la sanidad”, en El País, 21 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/trato/preferente/educacion/sanidad/elpepuint/20101021elpepiint_4/Tes

61 El ministerio de Negocios e Innovación, responsable de las universidades en Inglaterra será unos de los más afectados con el ajuste perdiendo un 25 % anual de su presupuesto. Ver: “Spending Review 2010: Key points at-a-glance”, en BBC News, 21 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11569160

62 In the UK as a whole, income from fees - including fees paid directly by students such as postgraduates and overseas students - makes up about 29% of universities’ total funding, which was £25.4bn in 2008/09. Another 35% comes from government funding bodies, while the rest comes from other sources such as research grants, endowments and investments. Ver: “Q&A: University funding”, en BBC News, 28 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/education-11483638

63 “Q&A: University funding”, en BBC News, 28 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/education-11483638 64 “Violencia en Londres al aprobar los comunes el polémico incremento de las tasas universitarias”, en El País, 9 de diciembre de

2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Violencia/Londres/aprobar/Comunes/polemico/incremento/tasas/universitarias/elpepuint/20101209elpepuint_12/Tes

65 Por ejemplo un alumno cursando una carrera con una tasa de matrículas de £ 6.000 dejará la universidad con una deuda de £ 30.000, si la tasa sube a £ 9.000, la deuda será cercana a los £ 38.000.

66 “Universities’ teaching grant cut by 6%”, en BBC News, 20 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/education-12019678

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Cuadro 2. Presupuesto Universidades 2010- 2012

Fuente: Datos obtenidos de BBC New, Universities teaching grant cut by 6%, 20 diciembre 2010, en: http://www.bbc.co.uk/news/education-12019678.

Aunque estas medidas serán implementadas exclusivamente en Inglaterra, el resto del Reino Unido también se podría ver afectado debido a los recortes presupuestarios experimentados, “Escocia, Gales e Irlanda del Norte han estado observando de cerca el debate sobre las tasas. Ellos, también, se enfrentan a recortes en su presupuesto global”67. Escocia ya ha puesto en marcha algunos cambios introduciendo modificaciones en el cobro de sus matrículas, no obstante el alza solo es aplicado a los estudiantes provenientes de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. La medida surge en reacción a las preocupaciones surgidas frente a la reforma inglesa -que eventualmente podría causar un aumento de la demanda en las universidades escocesas que aún mantienen sin alzas sus matrículas- ejerciendo así importantes presiones sobre el presupuesto del gobierno.68

En cuanto a la reforma en Inglaterra numerosas críticas se han levantado contra esta medida reclamando que los cambios no solo implican una subida de las tasas de matrícula – las cuales financiaran en mayor parte las instituciones- sino que las universidades comenzarán a regirse en por un sistema de libre mercado, transformando uno de los baluartes del Estado de Bienestar – la universidad pública- en un sistema de educación superior privado69.

La Unión Nacional de Estudiantes ha señalado que los recortes dejarán a los estudiantes con una experiencia más pobre y con riesgos de trabajo para el personal que se desempeña en las diversas universidades70. Asimismo Sally Hunt – representante de The University and College Union- señaló “mediante la reducción de la financiación y el acceso a la universidad, atacando el sueldo y la carga de trabajo del personal y recargando las deudas de los estudiantes, [el gobierno] nos va a abandonar”71.

A pesar de que el gobierno señala que la reforma es progresista, que existen mecanismos para ayudar a estudiantes en situaciones de desventaja,72 y que con los actuales niveles de población que aspira a tener estudios universitarios resulta imposible cargar su costo a cuenta de los contribuyentes, existen opiniones que señalan que el Estado ha abdicado erróneamente su responsabilidad de financiamiento. Esto se ha basado en la creencia de que solo los individuos

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Becas de enseñanza£ 4.949 billones de libras

(bn)£ 4.645 billones de libras

(reducción de 6%)£ 3.815 billones de libras

(estimado)

Becas de investigación £ 1.618 bn£ 1.549 bn

(reducción de 4,3%)

Capital de enseñanza(Teaching Capital)

£ 207 millones de libras£ 95 millones de libras

(reducción de 54 %)

Préstamos para matriculas £ 2.5 bn£ 2.6 bn

(aumento de 4%)

67 “Q&A: University funding”, en BBC News, 28 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/education-1148363868 “English, Welsh and N Irish face Scots degree fee rise”, en BBC News, 16 diciembre 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/

uk-scotland-1200074169 “Cameron reformas las universidades”, en El País, 27 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/opinion/

Cameron/reforma/universidades/elpepiopi/20101127elpepiopi_7/Tes 70 “Universities’ teaching grant cut by 6 %”, en BBC News, 20 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/

education-1201967871 “Universities’ teaching grant cut by 6%”, en BBC News, 20 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/

education-1201967872 Se ha propuesto que los estudiantes en mayor desventaja económica puedan recibir un año de financiamiento por parte del Estado

y otro por la Universidad a la que asiste. Sin embargo se ha criticado que este esquema afectará a algunas instituciones más que otras, especialmente las que concentran a los estudiantes más pobres, las cuales se verán obligadas a pagar millones de libras para proveer un año de tasas gratuito.

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aciase benefician directamente de la educación73 y no la sociedad en su conjunto. El secretario de

educación en Escocia Mike Russell aclaró que “Después de todo, la educación superior es uno de nuestros activos nacionales más valiosos, sería un error nuestro no proteger su valor y mejorar su reputación”74.

A diferencia de otras transformaciones en el sistema público anunciadas por el gobierno – entre las que ya hemos señalado la reforma al sistema de salud y al de bienestar- la alteración de financiamiento universitario ha hecho reventar la tensión social existente entre los más jóvenes que se han visto profundamente golpeados por la crisis económica. Si revisamos la cifra de desempleo el último reporte señala que para noviembre del 2010 el número de desempleados dentro del Reino Unido rondaba el 7,9 %, sin embargo la cifra de desempleo juvenil casi triplica este número situándose en el 20.3% que corresponde al nivel más alto desde que comenzaron los registros en 1992.75 Las cifras incrementan los temores acerca del futuro de esta generación de recién graduados que podría eventualmente convertirse en una “generación perdida” sin posibilidades de encontrar trabajo. El panorama para los futuros estudiantes universitarios tampoco luce muy prometedor debido a que no sólo saldrán a un mercado de trabajo hostil sino que al mismo tiempo deberán hacerse responsable de los préstamos que adquirieron para el financiamiento de su grado académico -que en bastantes casos- no asegura un futuro próspero ni estable económicamente.

Frente a este escenario muchos jóvenes ingleses sienten que la reforma del gobierno hipotecará su futuro. Los cambios que experimentará el sistema educativo, y las percepciones que existen sobre las consecuencias negativas que esto conllevaría, han causado que varias manifestaciones callejeras protagonizadas por los estudiantes para protestar sobre la decisión del gobierno y dar cuenta del descontento social existente frente a los recortes presupuestarios. En el mes de noviembre de 2010 se vivieron multitudinarias manifestaciones, la primera reunión –organizada conjuntamente por la National Union of Students y el University and College Union- convocó a más de 50.000 estudiantes y profesores provenientes de diversas partes el Reino Unido,76 los cuales transitaron por Whitehall -la gran avenida administrativa de Londres- y luego por las afueras del Parlamento. Luego varios centenares se dirigieron a las sede del Partido Conservador para demostrar el descontento existente frente a las reformas promovidas por el gobierno. Uno de los presentes señaló “Estamos ocupando la azotea del cuartel general tory para demostrar que estamos en contra del sistema que tienen los tories de atacar a los pobres ayudando a los ricos. Esto es sólo el principio”77.

Efectivamente dos semanas después cerca de 20.000 estudiantes volvieron a reunirse manteniendo en pie la protesta frente al alza de las matrículas. Esta vez las manifestaciones no solo se concentraron en el centro de Londres, sino que se desplegaron por “las calles de las principales ciudades universitarias del Reino Unido, ocupando instalaciones como la de Oxford y cancelando las clases en Cambridge y otros recintos docentes.”78 Finalmente el 9 de diciembre del 2010, día en que la reforma fue aprobada por los Comunes, cerca de 30.000 estudiantes – según el Sindicato

73 “English, Welsh and N Irish face Scots degree fee rise”, en BBC News, 16 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-12000741

74 “English, Welsh and N Irish face Scots degree fee rise”, en BBC News, 16 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-12000741

75 “20% of graduates out of work”, en The Guardian, 26 de enero de 2011. Disponible en: http://www.guardian.co.uk/education/2011/jan/26/fifth-graduates-unemployed-ons

76 “Demo 2010 student protest –live coverage”, en The Guardian, 10 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.guardian.co.uk/uk/blog/2010/nov/10/demo-2010-student-protests-live

77 “Una treintena de detenidos en el asalto de jóvenes manifestantes a la sede de los “tories” en Londres”, en El País, 10 de noviembre de 2011. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/treintena/detenidos/asalto/jovenes/manifestantes/sede/tories/Londres/elpepuint/20101110elpepuint_17/Tes

78 “Los estudiantes vuelven a protagonizar el rechazo violento al plan de ajuste de de Cameron”, en El País, 24 de noviembre de 2011. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/estudiantes/vuelven/protagonizar/rechazo/violento/plan/ajuste/Cameron/elpepuinteur/20101124elpepuint_9/Tes

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Nacional de Estudiantes- estuvieron todo el día manifestándose en las cercanías del Parlamento especialmente en contra de “(…) los liberaldemócratas, minoritarios en la coalición de Gobierno con los conservadores, [que] rompieron su promesa electoral de oponerse a cualquier subida [de las tasas de matrícula] (….)”79.

Existen opiniones que sostienen que la reducción del gasto público ha sido excesiva y que intentar superar un déficit del 11% en cuatro años es una apuesta no solo económica sino también política. El gobierno será exitoso si vemos un crecimiento de la economía a pesar de la retirada de los fondos públicos, si el sector privado es capaz de absorber la pérdida de empleos, y los ingresos de la Hacienda mejoran hasta que el gobierno pueda establecer ciertas concesiones para suavizar el ajuste. Por el contrario, si la situación económica empeora, el desempleo aumenta y el descontento social se incrementa el gobierno se podría transformar en el un “chivo expiatorio” de una crisis que la opinión pública responsabiliza a los banqueros, pero también a los previos gobiernos laboristas80.

CONCLUSIÓN

Las posibles respuestas antes las transformaciones en el Estado de bienestar aún pueden estar por venir. Ya hemos visto las reacciones frente a una reforma universitaria que ante los ojos de los estudiantes parece inaceptable. El Estado no debería abdicar su responsabilidad de financiamiento pues mantener un sistema que permita el acceso en función a las habilidades intelectuales y no en función de las capacidades económicas parece un principio fundamental para los británicos. Frente a las reformas en salud y en bienestar aún es temprano para conocer las reacciones. Sólo podemos anticipar que el NHS representa una ficha importante en el tablero ya que es una institución única en la vida británica vista con un particular afecto por el público81 figurando como la tercera prioridad detrás de la economía e inmigración82. A su vez si comparamos con el periodo dirigido por Margaret Thatcher durante el cual fue atacada por reducir el presupuesto del NHS, debemos señalar que este creció en promedio un 4,3% en términos reales año a año, un 3% más de lo que crecerá actualmente83.

Desde esta perspectiva histórica el desarrollo de neoliberalismo como sistema económico imperante no parece conciliarse con rol que el Estado de bienestar asumió luego su creación a mediados del siglo XX. Las recurrentes crisis económicas han golpeado su estructura sometiéndolo a constantes cambios que cuestionan el rol que este debe desempeñar y las responsabilidades que debe tener con el resto de la sociedad. El último golpe vino con el surgimiento de las crisis del 2008 que ha producido un importante descontento social frente a las medidas para apalear la déficit, muchos británicos sienten que la sociedad está pagando las consecuencias de una crisis por la cual no son responsables, sin embargo, ni las críticas ni las protestas parece detener el proceso de reconfiguración del Estado.

Durante el desarrollo de este artículo hemos trazados los lineamientos existentes en el proceso de reducción del Estado de bienestar en Gran Bretaña en las últimas décadas. Sin embargo es

79 “Violencia en Londres al aprobar los comunes el polémico incremento de las tasas universitarias”, en El País, 9 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Violencia/Londres/aprobar/Comunes/polemico/incremento/tasas/universitarias/elpepuint/20101209elpepuint_12/Tes

80 “Cameron mutila el Estado de Bienestar”, en El País, 21 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cameron/mutila/Estado/bienestar/elpepiint/20101021elpepiint_2/Tes


82 Encuesta realizada por el Royal College of Nursing. Ver en: “Major cuts in NHS on way in NHS, nurses’ leader says”, en BBC News, 24 de abril de 2010. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8638211.stm

83 “Betting the NHS”, en BBC News, 17 de enero de 2011. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/blogs/nickrobinson/2011/01/betting_the_nhs.html

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acianecesario señalar que el problema de la sustentabilidad del Estado de bienestar no sólo golpea

al Reino Unido, sino que se constituye como un fenómeno mayor por el cual están atravesando varios países Europeos.

Finalmente se debe señalar que el estudio y la comprensión de los fenómenos de transformación en las sociedades como la británica revisten un especial interés para otras sociedades y países. Lo anterior debido a que tales problemas afectan directa o indirectamente a quienes se encuentran fuera de las fronteras británicas, esto toda vez el que proceso de internacionalización de los capitales y la globalización plantea una mayor interrelación entre los países, sus economías y sociedades. Así, el desempleo, los problemas en salud y educación entre otros se muestran en las sociedades desarrolladas como una advertencia de que, tal como apuntó Judt, algo anda mal.

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Digital

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LOS SUBLEVAMIENTOS EN EL MUNDO ÁRABE: ¿HACIA UNA DEMOCRATIZACIÓN?(EL CASO DE TÚNEZ Y EGIPTO)

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alLOS SUBLEVAMIENTOS EN EL MUNDO ÁRABE: ¿HACIA UNA DEMOCRATIZACIÓN?(EL CASO DE TÚNEZ Y EGIPTO)

Julie Massal*

*Docente e investigadora del IEPRI

RESUMENLa aproximación de este artículo permite evidenciar una realidad distinta en Túnez y Egipto, a la que se describe en los discursos oficiales o mediáticos en Francia. Se analiza la forma como se ha interpretado las llamadas “revoluciones” de 2011 en Túnez y Egipto, mediante un primer acercamiento a los acontecimientos, en aras a evaluar que tan profundo es el cambio político en curso en ambos países; que orientaciones ha tomado el debate político y que obstáculos pueden surgir. Así, se examina críticamente el uso de los conceptos “revolución” y “transición democrática” respecto a los cambios de régimen en estos países, desde un marco teórico que mezcla aportes de la teoría de la movilización y de la transitología. También se enfatiza en la necesidad de realizar un análisis más amplio del cambio sociocultural y en particular del vínculo entre democracia e islam y del cambio en las normas sociales. Así mismo, para evidenciar el paulatino proceso de deslegitimación del régimen, abogamos por un análisis sociológico pormenorizado a más largo plazo, en contraste con la visión de corto plazo de los medios de comunicación. En síntesis se propone una reflexión orientada al concepto mismo de cambio político. Palabras claves: Cambio político, democratización, movilización social, revolución, Túnez, Egipto."

THE REBEL IN THE ARAB WORLD: TOWARD DEMOCRATIZATION?(THE CASE OF TUNISIA AND EGYPT)

SUMMARYThe approach on this article provides evidence of how different is the reality in Tunes and Egypt compared to the one described by official and media discourses en France. This article addresses through a first approximation to the events, how the so called “revolutions” of 2011 en Tunes and Egypt has been understood, in order to evaluate how deep is the current political change in both countries; which directions have been chosen and which obstacles may emerge. The concepts of revolution and democratic transition are critically analyzed having in mine the change of regime in these countries, using a framework that mixes the analysis of social mobilization and the political transitions. This article also emphasizes on the need to conduct a wider analysis taking into account the social and cultural change, particularly the link between democracy and Islam and the change on social norms. In order to understand the progressive loss of legitimacy of the political regime we also promote a sociological and detailed approach in a longer temporal perspective, in contrast with the mass media short term vision. Summarizing, this is an analysis of the conception itself of political change. Key words: Political change, democratization, social mobilization, revolution, Tunes, Egypt.

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INTRODUCCIÓN La “ola” de protestas sociales que han marcado los últimos meses (desde diciembre de 2010 con la inmolación de Mohamed Bouazizi el 17, hasta septiembre de 2011 incluido) ha recibido una serie de calificativos que pretenden describir o interpretar la naturaleza, el alcance o la dirección de esas movilizaciones: “insurrección, revuelta popular, rebelión”, pero sobre todo “revolución”, y en menor grado, el de “transición democrática”1 o “revolución democrática”. También se han usado metáforas como la “primavera árabe” o incluso en el caso de Túnez “la revolución de Jazmín”. Este conjunto de eventos de protesta también ha sido calificado como “sorpresivo, intempestivo, inédito, inesperado” Volvemos más adelante (parte 1) sobre estos calificativos y metáforas que merecen una reflexión crítica. Podemos observar igualmente cómo, en un intento de “comprender” e interpretar los acontecimientos, se han multiplicado las comparaciones con (y buscado referentes en) otros eventos de movilización; sean procesos revolucionarios “clásicos” como la Revolución Francesa de 1789, la revolución de 1848 (recordando que esta última no fue solo francesa sino europea y dio nacimiento a la expresión “primavera de los pueblos”) así como transiciones democráticas de Europa del Este después de la caída del muro de Berlín en 1989 y las transiciones de América latina.

Revolución, democratización o incluso una combinación de las dos anteriores: este sería el alcance de las protestas, al menos en dos países donde ha caído el régimen político, Túnez (14 de enero de 2011) y Egipto (11 de febrero de 2011), después de décadas de autoritarismo2. La propuesta comparativa sobre ambos casos consiste en examinar de manera citica la hipótesis de un proceso de democratización. Se pretende descifrar y develar ambos procesos partiendo de una reflexión sobre las protestas y sobre los cambios emprendidos hasta hoy. Se busca también esclarecer el uso de los conceptos y ordenar la información disponible pero dispersa en torno a los actores de las protestas, de los lemas y discursos esgrimidos. Así se podrá enriquecer el análisis y evitar una excesiva homogeneización de los procesos en curso, homogeneización que a nuestro juicio constituye un obstáculo a su comprensión. Así mismo cuestionamos los discursos mediáticos o políticos sobre “el efecto dómino” de los acontecimientos como un fenómeno ineludible, aunque esta temática será objeto de un futuro artículo, enfocado en la dimensión internacional de los cambios.

Una última acotación de orden metodológico: aun estamos ante un contexto de franca incertidumbre sobre el desenlace de los cambios en curso. Por tanto, hace falta la indispensable distancia histórica para analizar plenamente la significación y el alcance de los eventos. Esto no impide, no obstante, pensar acerca de las categorías analíticas usadas. Se propone una postura reflexiva, mas aun cuando la información disponible, múltiple, variada y confusa, es muy marcada por el cortoplacismo, y faltan aun investigaciones empíricas de profundidad. El análisis realizado aquí se basa en la prensa escrita francesa3 que ha generado abundante información pero también comporta muchos estereotipos. Buscamos realizar un primer panorama cualitativo ordenador de la información existente. Por ende, este ejercicio de reflexión sintética con la distancia mínima de unos meses, insuficiente a todas luces, deberá ser completado luego, en el plazo de unos meses.

1 Le Monde, 31-01-11, “Aider la transition démocratique”, por Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH, Sophie Bessis, secretaria general adjunta de la FIDH, y Khedija Cherif, secretaria general de la FIDH. (sobre el caso tunecino); y para un análisis crítico de la idea de la “transición democrática” en Túnez: Bechir Michael & Geisser Vincent, “Technocrates contre démocrates ?”, en Politis, 03-02-11: http://www.politis.fr/spip.php?page=imp&id_article=12926 (la tesis es que se enfrentan dos modelos de democracia entre actores tunecinos, unos partidarios de restringir la movilización y otros de seguirla, calificados como “tecnocratas” y “democratas radicales”).

2 El mandatario tunecino, Z. Ben Ali, llegó al poder por un golpe de estado el 7 de noviembre de 1987, sucediendo al líder independentista, H. Bourguiba, en el mando desde 1956; mientras que Egipto vivió desde 1980 bajo el mando de H. Moubarak.

3 Se examinaron: “Le Monde”, “Libération” y el mensual “Le Monde Diplomatique” desde diciembre de 2010 Completé esta revisión con búsqueda de revistas periodísticas o académicas con números especiales sobre la primavera árabe.

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al1. LAS CATEGORÍAS Y LAS METÁFORAS: INTERPRETACIONES CONVERGENTES?

Cabe reflexionar sobre conceptos y nociones múltiples usados para categorizar y clasificar los eventos considerados, en aras a definir las representaciones sociales y culturales, y las “connotaciones” a menudo implícitas que conllevan. ¿A que nos remite el uso de semejantes términos?

Profusión de categorías analíticas

Los distintos términos usados para interpretar los cambios en curso desde diciembre de 2010, como son “rebelión, revuelta, insurrección” y sobre todo el de “revolución”, transmiten la idea de un cuestionamiento radical de las autoridades establecidas, pero sin que se aclare cuando y como se pasa de una revuelta a una revolución o en que temporalidad se desarrollan los acontecimientos. Dichos términos, en cierta medida, incluyen juicios de valor o definiciones muy subjetivas4. Así, en el lenguaje de los actores y el periodístico, parece resumirse la revolución al “cambio de régimen” (“caída del dictador”) por ejemplo en expresiones como “seis meses después de la revolución en Túnez”, como si esta se hubiera acabado. Al mismo tiempo, no obstante, los actores en Túnez o Egipto señalan que “la revolución está en peligro” lo cual induce a pensar que se trata de un periodo y un proceso distinto. En fin, todo esto genera confusión sobre el sentido otorgado a las palabras y más que todo sobre los procesos que se supone designen estas palabras. Volvemos entonces a las definiciones.

Tienen connotaciones específicas estos conceptos, a veces sutiles: insurrección y rebelión suponen acciones colectivas violentas; “rebelión” se define en particular como la acción contra oficiales y funcionarios públicos que implementan una ley o una decisión de justicia, también a veces con violencia o deterioros materiales (Larousse). Todas sugieren: la insumisión, la desobediencia, el cuestionamiento de las autoridades establecidas, la indisciplina y el radicalismo de la oposición, pero con matices. También hay que subrayar que “revuelta”, révolte en francés, designa en este idioma tanto una acción contra las autoridades establecidas en aras a derrumbarlas y tomar el poder, como un sentimiento de violenta indignación y reprobación (Larousse). Sin embargo, a excepción de “revolución”, las distintas denominaciones no sugieren claramente la dirección y la naturaleza del cambio en curso.

La revolución es un cambio o trastorno radical en la vida de una nación, que ocurre a veces de manera sangrienta para derrumbar el orden establecido y establecer de manera irreversible un orden nuevo; allí radica su diferencia de las anteriores modalidades (revuelta, rebelión, insurrección). La violencia puede ser presente (y lo es a menudo) pero no constituye su característica fundamental. Lo más determinante son los cambios tanto por su velocidad como por su alcance o profundidad. Entonces, “Revolución” es una palabra que, por el imaginario asociado (que difiere según los contextos y los pueblos pero que tiende a compartir ciertos símbolos o emblemas) así como la producción teórica al respecto, tiene sus propios significados y alcances5.

El cambio revolucionario no es solo el derrumbe del mandatario o de las autoridades, aunque este evento constituye un hito simbólico y visible, sino un cuestionamiento de fondo de todo el orden social y político designado como el “antiguo régimen” - una expresión usada desde ya (pese a la poca distancia histórica y lo inacabado del proceso de cambio), en los medios, para hablar de la era Ben Ali (1987-2011) o Mubarak (1980-2011). El orden social y político está estrechamente vinculado a las autoridades, por tanto se debe producir una radical transformación de todos los pactos y compromisos sociales existentes entre el mandatario o el gobierno y la población, en todas las escalas. En definitiva, la dictadura o el régimen autoritario no se modifican con la sola caída

4 Es de destacar usos distintos dentro de un mismo país según el desenlace, o entre países. Por ejemplo se han llamado “revolución” los acontecimientos tunecinos y egipcios pero sorprendentemente se llaman “rebeldes” a los oponentes libios a Gadafi en Libia. Es de destacar entonces las connotaciones de estos términos.

5 Para un estado del arte incluyendo los trabajos clasicos (DeFronzo, 2011).

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del líder, sino que la revolución implica transformaciones múltiples, de corte económico, social, político o cultural y sicológico (superar los miedos, la represión).

Aun rescatando el termino de revolución, se evidencia lo inacabado - e incluso según algunos actores de los procesos, truncado - que resulta el proceso. Una manifestación en Túnez (15 de agosto de 2011) lo expresa claramente al denunciar que la “revolución está en peligro”6. Esto se confirma con el análisis de los meses posteriores al cambio de mandatario en Túnez y Egipto7, por razones obvias: no se puede reemplazar y renovar la clase política, crear partidos, reorganizar la vida electoral y el sistema partidario en tan poco tiempo, ni tampoco lograr la reorganización o reestructuración del tejido social; además las necesidades económicas apremiantes obligan a redefinir prioridades y lo inmediato se impone sobre la construcción de políticas a largo plazo. Así que se trataría de revoluciones inacabadas, amenazadas por los actores del “antiguo régimen”, o más bien, como lo subrayan Bechir y Geisser (Bechir y Geisser, 2011), del enfrentamiento entre distintas concepciones y modelos de la democracia.

Aquí, la distancia histórica es indispensable para lograr determinar el alcance real y verdadero del cambio en marcha. A falta de ella, juzgamos más prudente, por ahora, usar términos como los de protestas sociales (contention) o movilización social, y buscar determinar sus raíces y el sentido de esa contestación política (Tarrow, 1994; Tarrow & Mac Adam, 1998; Tarrow, Tilly & Mac Adam, 2001). Esta opción metodológica de pensar en una serie de protestas (Klandermans & Staggenborg, 2002), induce un análisis centrado en las acciones, las formas de protesta y los repertorios de acción, así como discursos y estrategias discursivas. Mas no consideramos posible aun concluir sobre la constitución de movimientos sociales estables, ni elaborar hipótesis sobre las relaciones entre ellos y el poder central a futuro. Falta empezar desde el principio: el examen de los actores participes del proceso de cambio político (parte 2). Estamos por ende aun ante una serie de cambios en devenir y en el corazón del proceso de transición, cuya salida no puede vislumbrase claramente. Ni la revolución, ni la transición democrática pueden aún considerarse logradas, y predomina un contexto de incertidumbre (parte 3).

Dificultades para el análisis: información dispersa y fragmentada

Si bien la necesidad de una escala temporal más amplia suena obvia (Schedler & Santiso, 1999), la falta de distancia crítica en los medios de comunicación los induce a evaluar cambios con un rasero muy cortoplacista; especialmente donde hubo caída del régimen, poco seguimiento se hace a la continuidad de las protestas, y el nivel de información pormenorizada cae drásticamente. También se aparta la mirada periodística cuando el desenlace no sucede lo “suficientemente” rápido a juicio de los medios (Yemen, Jordania, A. Saudita). La información por tanto es desigual en su cantidad y su calidad en distintos periodos de movilización y en distintos contextos, lo que dificulta el análisis comparativo en el tiempo y el espacio. Esta visión a corto plazo de los medios de comunicación (al menos en los periódicos cotidianos, y debates “en caliente”), enfoca el cambio más visible (la caída del régimen), ocultando u olvidando los procesos “subterráneos” y ocultos (en la esfera pública se dan negociaciones pero otras se dan fuera de ella) que ocurren después.

Esa mirada restrictiva no solo restringe la información disponible: orienta o predetermina ciertos prejuicios y estereotipos sobre los actores. También puede tener efectos negativos como generar expectativas excesivas y frustraciones muy marcadas. En periodos de tan acelerados cambios se generan muchas esperanzas que pronto se desvanecen ante la lentitud de los procesos políticos,

6 Le Monde, 17-08-11.7 Ver Libération, dossier “Le monde arabe, l’appel de la liberté” : del 15 al 19 de agosto de 2011 se publican cartas escritas por

personalidades (escritores o miembros de esfera cultural) de distintos países. Por ejemplo, la carta escrita por Aalam Wassef (Egipto) el 16 de agosto, “Querido Antonin, la plaza Tahrir está lejos”, subraya que el consejo superior de las fuerzas armadas (CSFA) se ha apoderado (apropiado) de la revolución, denuncia los arrestos de manifestantes y militantes de derechos humanos o los juicios expeditos, así como el control de la prensa.

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alsociales y culturales que deben en principio plasmar en lo cotidiano el cambio de régimen. Esas expectativas y frustraciones a su vez influyen en el desenlace de los acontecimientos y por ende, deberían ser objeto de análisis también. Pues si bien las emociones han ocupado una buena parte de los comentarios y primeras interpretaciones de lo ocurrido en Túnez y Egipto y de lo que sigue en marcha en países del medio oriente, lo son mas como un símbolo del cambio sicológico que se está dando, que como un objeto de estudio político o un componente fundamental de la movilización misma8.

Metáforas y esencialismo.

Entre los calificativos usados para describir los acontecimientos, se encuentran metáforas como el “despertar” de los pueblos (S. Amín), y sobre todo “la primavera árabe”. En el caso de Túnez incluso se habló de la “revolución de jazmín”. ¿Que implican y que significan estas metáforas?

“Primavera” tiene una connotación casi universal de juventud/rejuvenecimiento, renovación, reflorecimiento y liberación o desarrollo; se subentiende que este (re)florecimiento sucede a un periodo letárgico; en este caso, dicho periodo letárgico sería el que transcurrió después de un primer “despertar” en los años 1950 y 1960s, marcados por el proceso de descolonización y el auge del panarabismo anti-imperialista y tercermundista, entonces representado por S. Hussein en Irak, Nasser en Egipto o Gadafi en Libia. Este “letargo” sería entonces el resultado de una serie de evoluciones sociales, económicas o políticas que desacreditaron las ideologías nacionalistas9. En Túnez, el poder fue encarnado por H. Bourguiba desde la independencia (1956) hasta 1987, y luego por Z. Ben Ali que tomó el poder mediante un golpe de estado, mientras que Mubarak se mantuvo desde 1980 en Egipto. En definitiva, ante estos mandatarios longevos que acentuaron su férreo control sobre las sociedades, el periodo desde las independencias (desde los años 1920 en Medio Oriente, por ejemplo en Siria y Líbano, y 1950s y 1960s en África del norte) hasta hoy ha sido el del asentamiento de diversos grados y formas de autoritarismo. Dicho periodo es percibido como marcado por la apatía de las poblaciones, lo cual es un prejuicio cuestionable como se evidenciará más adelante. La movilización de 2010-2011 sí tiene antecedentes que han sido poco mediatizados y visibilizados. Un análisis a mediano plazo (últimos 10 o 15 años) modifica sustancialmente la mirada sobre la “explosión” o la “ebullición” reciente. Aunque sin duda los cambios recientes han sido mucho más veloces, amplios y difuminados, no surgieron de la nada, y el “despertar” no ha sido tan repentino como se ha dado a entender.

Desde un punto de vista analítico, el término “primavera árabe”, por el singular (aunque algunos lo usan en plural), homogeneíza una serie de procesos de protesta bajo un mismo calificativo, haciendo perder de vista la diversidad de estos procesos y de los contextos en los que se desenvuelven dichas protestas. Contextos disimiles por motivos políticos, pues existe un abanico variado de regímenes políticos pero también de formas de ejercer el poder (así que bajo un mismo régimen pueden haber más o menos señales de apertura política a la “reforma”), aunque por lo general se combina autoritarismo político y liberalismo económico. Pero también existe amplia diversidad por motivos sociales, religiosos y culturales. Así, es distinto el peso de la religión en la política: algunos países tienen un estado laico, e incluso prohíben oficialmente el velo islámico (Siria, Túnez), mientras otros adoptan la sharia en su legislación; en Marruecos el Rey es también comandante de los

8 El análisis de las emociones en las movilizaciones sociales se ha convertido en objeto de investigacion : ver Flam Helena & King Debra, Emotions and social movements, USA & Canada, Routledge, col. Advances in Sociology, 2006 (1a ed).

9 Sobre los cambios culturales y políticos desde la descolonización, ver el análisis comparativo de G. Corm, Le Monde Diplomatique, abril de 2011, p. 17. Para Corm, la primera “primavera árabe” terminó en 1967 con la derrota de los ejércitos árabes ante Israel. Luego, las guerras del Líbano (1975-1990), Argelia (1992-1999), e Irak (2003…) y la implementación de reformas neoliberales han debilitado las ideologías nacionalistas, propiciando así el islamismo radical. También analiza el papel de la revolución iraní y de los acontecimientos mundiales como el 11S y el conflicto israelí-palestino, sobre las sociedades árabes. En este panorama, las “revueltas populares” como las llama, se deben a reivindicaciones económicas y sociales y a la ceguera general ante la catastrófica situación del empleo y el mantenimiento de zonas con alto analfabetismo.

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creyentes de la Oumma (comunidad musulmana)10. A nivel cultural, unos países han adaptado reformas a favor de la igualdad de género y ciertas reformas legislativas del matrimonio o divorcio, del estatus de la mujer, etc. En suma, la región del Magreb y del Machrek, más allá del manejo del idioma árabe como lengua literaria (y de dialectos propios en cada país) y del islam como religión, presenta una serie de contrastes sociopolíticos y de evoluciones diferenciadas. Por tanto no puede considerarse como un mundo homogéneo en que los cambios irían en el mismo sentido y al mismo ritmo. El autor marroquí Fouad Laroui lo dice en sus propios términos: “La primavera árabe no existe, es solo un reflejo (tic) del lenguaje. La situación en Libia con este Ubu tragico que hacia poner bombas en los aviones, no tiene nada que ver con las que prevalece en Marruecos. Bahreïn y su mezcla explosiva sunitas-chiitas no puede ser comparado a tu país. (…) Siria…Suficiente con ver las imágenes en television… Reconoces algo de tu país en lo de lo que occure en Homs u Homa ? Hay revueltas arabes, cada una marcada por las condiciones locales”11.

La “primavera árabe” es una metáfora que llama la atención sobre el sentir de quienes hablan de ella, pero que puede ocultar la complejidad de los procesos de movilización. Su sentido literario, mas que analitico, nos permite reflexionar sobre esta aspiracion a la unidad de los pueblos (resaltada por Georges Corm) entendida como un discurso politico mas que un hecho social.

Pero más ambiguo y cuestionable es el término de “revolución de jazmín” para calificar la revolución tunecina. Aunque pudiera parecer una simple evocación poética, su contenido no es neutral. Su origen es además misterioso, pues los manifestantes no tenían jazmín ni lo mencionaron, y no es una flor común en las regiones donde se extendió la protesta. Es una denominación más que todo occidental y claramente mediática que refleja, según V. Geisser y A. Allal, los prejuicios culturalistas y esencialistas que caracterizan los marcos de análisis occidentales (europeos en particular) ante sociedades percibidas aún como “exóticas” desde la antigua Metrópoli. En torno a ellas, siguen imperando explicaciones neo-esencialistas que pretenden elaborar una identidad (tunisianidad) caracterizada por la moderación, la negociación y el acuerdo, y crean un pueblo pacífico y conciliador “al punto de acomodarse con cualquier tipo de régimen (autoritario, democrático)”, hasta llegar al “mito de la revolución de jazmín” (Allal y Geisser, 2011)12. Fundamentalmente, esa expresión es un revelador de la falta de profundidad en el análisis de las dinámicas socioculturales, vinculada con la perpetuación de estereotipos anclados en las percepciones hacia la sociedad tunecina, como la supuesta “apatía política”. Esto tiende, según los mencionados autores a “eufemizar las formas de resistencia popular y las contra-conductas, o incluso disidencias, cuyas manifestaciones visibles no se pueden restringir a los acontecimientos de 2010-2011, sino que remiten a una temporalidad mucho más compleja” (Allal y Geisser, 2011:1-6). La deslegitimación del régimen en Túnez se puede remontar según ellos, al menos a los últimos 10 años, y por ende, se requiere un análisis sociológico de esta deslegitimación, para entender lo ocurrido y matizar la idea de que el “dictador se cayó al cabo de tres semanas de movilización” como se ha dicho a saciedad en los medios de comunicación13.

El análisis temporal más amplio de las movilizaciones sociales y la sociología de los actores involucrados, múltiples y no del todo claramente identificados en los medios de comunicación, muestra una imagen distinta a la que se difunde en medios masivos, que tienden a homogeneizar los actores

10 Aspecto fundamental que se ha modificado en el nuevo texto constitucional de julio de 2011: antes el Rey era “el representante supremo de la nación” y ahora será “el jefe de Estado” y “el comandante de los creyentes”, llegando a introducirse una separación de los poderes temporal y espiritual: Libération, en los números del 20-06-11: “Une nouvelle Constitution en trompe-l’oeil” y el 2-07-2011: “Nouvelle Constitution au Maroc, le Oui plebsiscité”: el primero resalta los cambios en la constitución, según el texto propuesto por el rey mismo, señalando que el poder del rey “se clarifica pero no se restringe” y que no se ha creado la “monarquía parlamentaria” que algunos oponentes están reclamando. El segundo artículo señala que el proyecto de constitución fue aprobado a 98%, un plebiscito contestado por la oposición que cuestiona las cifras oficiales.

11 Libération, 19-08-11, Tribuna (carta n°4), Fouad Laroui: “Cher ami, tu seras un démocrate”; Cita traducida del francés, traducción mía. (cursivas propias).

12 las expresiones en cursivas son de estos autores. 13 Le Monde, 7-03-11: “Regardons enfin les pays arabes autrement”.

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alo a visibilizar unos en detrimento de otros, por ejemplo sobrevalorando las “revoluciones 2.0” y desestimando las movilizaciones en la vida real14.

2. ACTORES SOCIALES Y REPERTORIOS DE ACCIÓN

Los actores que más atención mediática recibieron en el fragor de las protestas son, sin duda, los jóvenes de la clase media que usan las redes sociales, fenómeno que tiene un significado importante en países donde la juventud tiene un peso demográfico determinante (alrededor de un 60% de la población tiene menos de 30 años, en promedio en el mundo árabe) (Courbage, 2011:16-17). Sin embargo, se ha reducido muchas veces el análisis de las protestas a los actores urbanos de clase alta, y poco se ha dicho de otros actores sociales. También se ha enfocado el rol de los actores islámicos (los “Hermanos Musulmanes” en Egipto y el partido islamista “Ennahda”, en Túnez), especialmente en torno al lugar que estos ocuparan en la construcción de la escena partidaria y en los procesos electorales próximos a ocurrir, así como en el debate de las nuevas constituciones. Pero se ha minimizado el papel de otros actores importantes.

Eslóganes y emociones: un breve panorama

Los acontecimientos de Túnez y Egipto, han sido descritos por varios comentaristas como una ebullición, una explosión de cólera profunda, una mezcla de desesperación e indignación, o una perentoria demanda de reconocimiento y dignidad. Los eslóganes y los símbolos esgrimidos por los manifestantes lo expresan nítidamente: recuérdese el uso de la palabra francesa “Dégage” (en expresiones como “Dégage Ben Ali “, “système dégage”), además usada en francés, primero en Túnez (con un 60% de población francófona en distintos grados), y adoptada incluso simbólicamente en Egipto (mas anglófona por su pasado colonial); esto da fe de la virulencia del rechazo al régimen y su encarnación, Ben Ali. En efecto, “Dégage” (“lárgate”) es una palabra que pertenece al registro familiar, generalmente asociada con un tono agresivo; lo que puede ser interpretado como un desafío frente a la represión y por ende, ejemplifica y sintetiza en una palabra el fastidio y la cólera que estimulan los manifestantes.

La llamada a manifestación los viernes en Egipto desde enero llevó a dar un nombre a estas jornadas como el “día de la ira” (28 de enero), el “día del adiós” (4 de febrero) para llamar a la salida del “raïs”, Hosni Mubarak. Todo esto apunta a inscribir oficialmente esos sentimientos en la cronología de los acontecimientos, a ponerlos en evidencia en el lenguaje y formularlos explícitamente para reivindicarlos en un proceso de autoafirmación y autodefinición.

Un eslogan que surge al fragor de estas jornadas de protesta, en Túnez y luego en Egipto, es “el pueblo quiere la caída del régimen”, y se ha difundido incluso en Siria, generándose una brutal represión. Georges Corm, en un análisis de los cambios políticos y culturales en curso, resalta que se ha dejado de hablar de “la calle árabe” (o la “plaza” árabe) para hablar del “pueblo árabe” (Corm, 2011)15.

Esas pasiones y emociones no explican por sí solas los eventos, pero son simbólicas del grado de exasperación acumulada, y son un elemento esencial de los procesos de movilización (Flam y King, 2006: 1-40)16. En el caso de los países árabes, las emociones de miedo, desprecio, ira, felicidad

14 Sobre el rol de las redes sociales: Miossec Jean-Marie, “Tunisie jasmin et internet”, Le Monde, 31-01-11, Le Monde, “Existe-t-il une méthode tunisienne de soulèvement?”, 2-02-11.

15 Cita original : “Les pancartes brandies par des milliers de manifestants (…) font étalage de la volonté du peuple. Ce que l’on nommait jusqu’ici avec dédain ‘la rue arabe’ s’est transformé en ‘peuple’, toutes tranches sociales et toutes tranches d’âge confondues”.

16 En el cap. 1 (pp.1-40) , H. Flam propone un estado del arte (sobre la produccion de los últimos 30 años especialmente anglosajona, y sobre las busquedas de la decada del 2000) para luego realizar un análisis de la reflexión sociologica sobre el papel de las emociones en la protesta social. Lo que evidencia es que siempre se ha vinculado el análisis de las emociones con la micropolítica. H. Flam

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y esperanza, influyen sobre las modalidades de acción y formas de protesta. Las emociones no son en sí suficientes para explicar “por qué ahora sí” se logró tal grado de movilización, y no antes, a lo largo de décadas de autoritarismo en la mayoría de los países árabes de áfrica del norte y medio oriente. Siria, pero también Yemen o Argelia, demuestran que aun cuando estas emociones estén presentes y expresadas, no son un catalizador en sí de la caída del régimen. Tanto la política comparada como la teoría de la movilización social revelan la complejidad del proceso de pérdida de legitimidad de un orden político, un gobierno o un mandatario, pues incluye una serie de factores coyunturales y estructurales difícilmente “transportables” en otros contextos o siquiera repetibles en un mismo país17. Por lo que hay que retomar un análisis temporal más amplio, para evidenciar el continuo y paulatino proceso de pérdida de la legitimidad de los mandatarios (Allal & Geisser, 2011).

Los actores de las protestas: una revuelta popular.

El enfoque esta en los actores sociales, es decir los escasos actores sindicales y movimientos de los trabajadores (Boix, 2011; Allal & Geisser, 2011)18 (especialmente del sector minero en Túnez y textil en Egipto), pero sobre todo en las protestas de los jóvenes diplomados desempleados, cuyas aspiraciones profesionales más allá de los empleos tradicionales se ven frustradas ante la alta tasa de desempleo.

Los actores sindicales y los trabajadores movilizados Una característica común señalada por los analistas en los casos de Túnez y Egipto, con distintos matices, es la relación ambigua y fluctuante entre el mandatario y los escasos sindicatos existentes, así como el surgimiento de nuevos actores sindicales después de la caída del régimen19.

En Túnez, la única central autorizada durante el periodo Ben Ali es la UGTT (unión general tunecina del trabajo). Aunque siempre fue muy ambivalente su posicionamiento hacia el mandatario, constituye un actor con un poder importante desde su creación en 1946. Si bien fue ambigua en su actuar hasta casi el día de la salida de Ben Ali, tuvo un papel protagónico en los acontecimientos de enero de 2011, al convocar una huelga general que resulto ser un detonante clave en el desenlace. Allal & Geisser evidencian (2011: 4-5), el rol históricamente ambiguo de la UGTT frente al régimen autoritario de Ben Ali, al que llamó a reelegir y cuyas políticas económicas parecía apoyar, pero los autores mantienen que pese a su ambivalencia, siempre representó una amenaza latente para el régimen, y su división y contestación interna desde la década 2000 se evidenció cuando varias federaciones regionales apoyaron las protestas de 2010-2011. Pues si bien tiene un actuar y un posicionamiento distinto según las diferentes regiones, su influencia en distintas ciudades (Sfax, Tozeur y Kairouan) ha sido determinante en las protestas (huelgas) de enero de 2011. Luego, aunque se crean justo después de la salida de Ben Ali (14 de enero) nuevas centrales sindicales y se multiplican actores políticos y sociales en proceso de organización, la UGTT es la única que participa en el primer gobierno de transición y se define a sí misma como el guardián de la revolución. También reivindica un papel en el cambio político y económico y mantiene la presión sobre los gobiernos transitorios20.

En Egipto, el peso del sindicalismo parece aun más débil pues la central ETUF es la única existente hasta el 2007, cuando se construye la Federación sindical textil de la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes (CISA) en El Cairo (Boix, 2011). De hecho en 2007-2008 ocurren varias protestas obreras, particularmente el movimiento del 6 de abril de 2008 en el sector textil, como antecedentes

propone mostrar que la relevancia de las emociones es tal que influye sobre la macropolítica, y permite vincular el análisis de la micro y de la macropolítica.

17 Ver en particular: (Badie Bertrand & Hermet Guy, 1990); Hirshman Albert, 1986.).18 Ver tambien los dossiers especiales en el mensual francés “Le Monde Diplomatique” de febrero a julio de 2011.19 Sobre antecedentes en Tunez y Egipto, ver: (Kempf, 2011: 13 ; Ben Nefissa, 2011: 12-13; Piot, 2011: 10-11; Amin, 2011).20 Para detalles del actuar de la UGTT y otros actores de la oposición ver: (ICG, 2011).

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alde la movilización de 2011. En los últimos meses se produjeron varios intentos de movilización en el sector textil, y se dio nacimiento a la Federación de Sindicatos Independientes de Egipto (EFITU). En un país (Egipto) en el que el salario mínimo es de 48 euros (aproximadamente 120 000 pesos colombianos a una tasa de 1/2500), el más bajo de África del norte21, las centrales obreras constituyen sin duda alguna un protagonista fundamental del cambio socioeconómico por venir. De manera general, se fortalece la legitimidad del derecho de huelga desde 2007, y se multiplican las acciones colectivas en el 2010 (Kempf, 2011). Pero estos sindicatos enfrentan una serie de retos, especialmente el discurso gubernamental y empresarial sobre la necesaria recuperación económica luego de la parálisis de enero-febrero (Boix, 2011; Kempf, 2011) que limitan por ahora su visibilidad y su alcance político. Una reivindicación central por resolver a futuro es la fijación del salario mínimo para una vida digna (en aplicación de un decreto del 30 de marzo de 2010 de la corte del contencioso administrativo que depende del consejo de estado), que según algunos actores sociales debería alcanzar 1200 libras egipcias (a modo de contraste, los obreros mencionados en el reportaje por Kempf señalan que después de más de 10 años en la empresa, ganan alrededor de 300 libras), así como el aumento de los salarios, y un cambio fundamental en el modo de gestión empresarial (poder encontrarse con las directivas para negociar).

Los jóvenes diplomados desempleadosEl segundo protagonista central de los eventos de protesta en Túnez y en Egipto son los jóvenes diplomados desempleados. En Túnez, ellos han sido uno de los principales oponentes al régimen de Ben Ali, desde que organizaron, junto con los actores de la región minera de Gafsa ((Chouikha L. & Geisser V, 2010), la revuelta de 2008 que duro aproximadamente seis meses. Esta protesta se inició al denunciar un concurso organizado por la Compañía de Fosfatas de Gafsa (CPG) en enero de 2008 (Gantin K & Seddik O, 2008), cuyos resultados fueron juzgados fraudulentos, lo que movilizó a los jóvenes desempleados diplomados, muy numerosos en la región, así como las familias de los mineros en particular las viudas. Esta protesta estuvo alimentada por una situación económica marcada por una tasa de desempleo general de 30% (contra 15% al nivel nacional) (Gantin K & Seddik O, 2008). Los diplomados que habían creado desde 2007 la Unión de los diplomados desempleados, denuncian la precariedad en la que viven, y reivindican el “derecho al trabajo”. Los manifestantes, cuyo mayor lema fue “Determinación y dignidad”, enfrentaron una fuerte represión, incluyendo jóvenes muertos por la policía y arrestos de líderes sociales, así como una militarización de la región minera (desde junio de 2008). Si bien el gobierno despide algunos dirigentes de la CPG y anuncia una serie de inversiones supuestamente a favor del empleo, no se perciben mayores resultados en los años que siguen, mientras la protesta se extiende a otras zonas, aunque sigue esporádica. La represión policial y la corrupción siguen imperando. Muchos líderes sociales han sido arrestados, secuestrados, torturados y algunos condenados a penas de cárcel de hasta 10 años. A pesar de las manifestaciones de distintos sectores de la sociedad civil tunecina en los siguientes dos años, a favor de la liberación de los líderes sindicales arrestados, y aunque algunos de los arrestados fueron liberados, los líderes de las protestas no han recuperado su empleo. La situación local evidencia también la relación ambigua entre el poder central, la CPG y la UGTT que trata de apoderarse de algunos recursos, en una relación clientelar y patrimonial con el poder; por ende es asociada por la población a este “poder injusto” aunque pretendió apoyar las protestas (Gantin K & Seddik O, 2008)22. Las protestas sociales del 2008 en la zona minera de Gafsa han sido evaluadas como un momento de contestación entre los más determinantes, una etapa importante en el proceso de denunciación, poco institucionalizada, “contra la corrupción, contra la fatalidad del desempleo, como una movilización de jóvenes sin clase, en desfase con la clase política de oposición y la dirección de la central sindical UGTT” (Allal & Geisser, 2011: 2)23.

21 Segun Boix I (2011); “Los Salarios Mínimos fijados por ley eran en 2010 de 200 � mensuales en Marruecos, de 170 en Túnez, de 150 en Argelia, de 75 en Libia y de 48 en Egipto, con el agravante de que esas cifras, debido al elevado porcentaje de economía informal -sumergida-, no suponían ni siquiera una garantía para muchos trabajadores”. (p. 5).

22 El reportaje presenta una descripción de los seis meses de protesta hasta julio de 2008 y los actores del conflicto local. 23 Traducción mía; “los jóvenes sin clase” en francés se llaman “jeunes déclassés”, esto es que han perdido su pertenencia a una clase

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Un desencadenante común: el desempleo juvenilEste periodo de contestación ha marcado duraderamente la sociedad tunecina y ha evidenciado el carácter autoritario del régimen, una vez más, pero también una relativamente débil respuesta de la sociedad tunecina en conjunto aunque hubo focos de protesta más resistentes24. Al nivel económico, empero, el acuciante problema del desempleo sigue sin mejoras. Algunas cifras (Serini; 2011: 4) pueden darnos una idea aproximativa de la magnitud del problema en Túnez (que cuenta alrededor de 10,4 millones de habitantes en 2009, cifra que debe actualizarse tomando en cuenta los movimientos que en los últimos meses, han acentuado la emigración hacia Europa y la inmigración desde Libia): se cuentan 500 000 desempleados, cuya cuarta parte son diplomados; y 20 000 empleos se han perdido a raíz del bloqueo económico desde enero (hasta mayo de 2011). También hay un desempleo fuerte entre los jóvenes abogados (8000 con diplomas y 8000 más o menos “practicantes” aun no titularizados) que son una de las corporaciones mas organizadas, con mas adherentes (después de la UGTT que reivindica 500 000 afiliados) y con peso político, pero que enfrentan también la imposibilidad de ejercer su oficio y tienen “una revancha que tomar” (Geisser et Gobe, 2005-2006). Esas cifras sin embargo son tan solo la punta del iceberg pues el fenómeno del desempleo en particular de los jóvenes, es amplio y generalizado. Veamos algunos datos para ilustrar dicha tendencia al nivel de la región magrebina.

Hay que resaltar que, pese a los impactos de la crisis del 2008, los países de África del norte mantienen un nivel de crecimiento moderado: a principios de 2011 antes de los acontecimientos, se esperaban tasas de crecimiento de 5,8% en Egipto, 10,6% en Libia, pero tan solo 3,8% en Túnez y Argelia y 4,6% en Marruecos. Así mismo se estimaba el PIB por habitante (en dólares) de la siguiente manera: 12062 $ en Libia, de 4477 $ en Argelia, pero solamente 3790 $ en Túnez, 2868 $ en Marruecos, y apenas 2771 $ en Egipto25. Vemos entonces fuertes contrastes en particular entre Libia y el resto de países norafricanos, incluida Argelia que también es una potencia mediana y exporta petróleo, una de sus principales fuentes de ingresos.

En términos del empleo, la situación refleja así mismo contrastes pero la tendencia común es la alta tasa de desempleo especialmente juvenil: la tasa de desempleo en la población activa entre los jóvenes, según el BIT, es en 2010, en el conjunto de la región, de 23,6%. La situación es sin embargo distinta en los diferentes países: en Egipto, la tasa de desempleo general es 9,2% pero alcanza 16,7% entre los jóvenes; en Túnez esas cifras son respectivamente de 13,2% y una asombrosa tasa de 31,2% para los jóvenes, la más alta en la región norafricana. En Argelia, la tasa de desempleo es de 10% de la población activa y de 21.5% entre los jóvenes, y finalmente en Marruecos, la tasa general es de 9,5%, pero el desempleo de los jóvenes es menor que en otros países (17,6%) (Elraz, 2011). A su vez, según el PNUD, la tasa de desempleo (2005) del mundo árabe era del 14.5% (6.3% al nivel mundial). El desempleo de la población juvenil en África del Norte es especialmente alarmante: 26% en Egipto, 27% en Libia y Túnez, y 16% en Marruecos. En general la tasa de desempleo juvenil es el doble de la tasa mundial (30%) en el mundo árabe. Las cifras son aun más preocupantes para la población femenina: en 2005 la tasa de desempleo juvenil es de 25% para los hombres y 31% para mujeres, con altísimas disparidades entre países (PNUD, 2009:118-119).

Esas cifras demuestran el carácter explosivo de la situación del empleo en países donde la juventud (menor de 30 años) representa alrededor de la 60% en promedio de la población general en la zona Maghreb-Machrek, y donde los jóvenes diplomados sin empleo representan un fenómeno social cada vez más amplio y acuciante. A pesar de que persiste el crecimiento económico, han disminuido los montos redistribuidos a través de los distintos mecanismos clientelares, sobre todo desde la crisis mundial de 2008. De esa manera, se ha vuelto más visible la desigualdad económica y social que se evidencia en lo cotidiano, y el costo de la vida sigue incrementándose (uno de los temas que más denuncias genera en Egipto por ejemplo). La inmolación del vendedor informal

24 Para profundizar la situación de la sociedad civil y la contestación política tunecina: (Geisser et Gobe, 2005-2006).25 Cifras y previsiones del FMI, recorridas en un análisis comparativo: (Elraz, 2011). Para cifras comparadas: (PNUD, 2009)

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alde frutas (con nivel de bachillerato), M. Bouazizi, arrestado por la policía e impedido de seguir vendiendo en la calle, el 17 de diciembre de 2010 en Túnez - pero también otros casos similares en los últimos años en Túnez y otros países norafricanos - evidencia la sensación generalizada de falta de opciones y oportunidades.

Así mismo no hay que olvidar las fuertes disparidades regionales y el sesgo urbano-rural, lo cual puede generar fracturas sociales. El modelo tunecino – que pretendía mostrar a Túnez como un país de los más modernos al nivel económico y social (por ejemplo valorando el estado laico y hostil al islamismo político y al uso del velo, o el estatus la mujer trabajadora y educada), adolece de graves falencias, examinadas por H. Meddeb, quien muestra que incluso al nivel urbano el modelo evidencia el desfase entre la insistente preocupación gubernamental hacia la supuesta “clase media” como “vitrina” del desarrollo del país, y los resultados reales (Meddeb, 2010)26.

En síntesis, estas condiciones permiten entender la ira y la desesperación experimentadas por las poblaciones norafricanas: la ausencia de oportunidades para estos jóvenes desempleados pese a su acceso a la educación superior, frustra aspiraciones profesionales (pero también sociales, como la de establecerse, adquirir vivienda, y crear una familia) y estimula un movimiento de emigración, que enfrenta la hostil recepción de la “fortaleza europea”. En cuanto a los no diplomados, en particular los que enfrentan y viven la situación de analfabetismo27, otro problema acuciante en el Magreb, las esperanzas son aun más tenues (aunque ciertos análisis evidencian que los no diplomados pueden ser más “beneficiados” por el empleo informal que los diplomados28). En todo caso, se evidencian los agudos desafíos sociales que enfrentan los países del Magreb. Pero dicha situación no explica de por sí el estallido de las protestas. El caso de Argelia con muy alto nivel de población joven y desempleada, demuestra que no es tan automático el vinculo entre “factores socio-demográficos” y probabilidad del surgimiento o del éxito de protestas sociales (pues aunque las hubo en este país también, no han prosperado como en los países vecinos por motivos que deberán ser objeto de reflexión e investigación a futuro).

Un proceso de deslegitimación paulatino del régimen autoritario

Las protestas se han multiplicado, como las llamadas “revueltas del pan” (en la década del ochenta) o las “protestas del hambre” contra el precio de los alimentos en los últimos años. No obstante, la frustración en sí no es suficiente aunque sin duda puede volverse crítica cuando ocurre un evento simbólico como el sacrificio mediante la inmolación29. Hace falta un conjunto de otros factores para prender “la chispa”, y sobre todo para lograr mantener la movilización. En cuanto a la caída del régimen, tampoco es el resultado neto de tres semanas de protestas (en Túnez o Egipto) y resultan de un paulatino proceso de deslegitimación de los mandatarios.

Estas constataciones no son nuevas y confirman resultados ya antiguos30 en la teoría de la movilización social, que cuestionan el modelo de la frustración relativa (expuesto por Davies 1962 y Gurr 1971

26 Se trata de una clase media definida como la que gasta al menos 1.6 DT ( un euro) por día, siendo la línea de pobreza establecida en un gasto de menos de 1DT por día; esas estadísticas del Instituto nacional de estadísticas tunecino han recibido críticas y comentarios irónicos de la prensa económica y la población.

27 Ver cifras de la progresión del alfabetismo en la última década y cifras de analfabetismo en el estudio realizado por la UNESCO (Unesco, 2009); ver también en el Portal de información y recursos sobre genero y desarrollo, el articulo “Le monde arabe en tête du hit-parade mondial de l’analphabétisme” del 31 de enero de 2008 que proporciona cifras de analfabetismo femenino y masculino. http://www.genreenaction.net/spip.php?article6270

28 En un artículo se mencionan “decenas de millares de diplomados desempleados y centenas de millares de desempleados sin diploma”, en los países magrebinos, y se analizan críticamente cifras oficiales del desempleo, y subempleo: “Maghreb : Chômage des jeunes diplômés, une bombe à retardement”, 31-01-11: http://www.el-annabi.com/internationale/1181-maghreb-chomage-des-jeunes.html

29 Recuérdese por ejemplo el impacto de la inmolación de Jan Palach en la revuelta checoslovaca contra el régimen soviético en 1968, o la huelga del hambre de los estudiantes chinos en Tienanmen en mayo de 1989.

30 Ver en particular los artículos ya clásicos: McAdam, Doug; John McCarthy y Mayer Zald, “Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales”, en: McAdam, Doug; John

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entre sus más famosos representantes), según el cual el grado de frustración acumulada sería un incentivo suficiente para generar protestas (generalmente violentas). La teoría de la movilización, desde los años 1970, ha demostrado la necesidad de que los actores creen “marcos de interpretación” de la realidad, proceso que requiere a su vez de una serie de factores coyunturales y estructurales, de orden cultural, político, económico, etc. Se precisa modificar los parámetros de comprensión al nivel sicológico y social, para elaborar una interpretación común de la realidad como “injusta” y difundirla en la sociedad, luego desafiar el poder y deslegitimarlo (Snow & Benford, 1988), a veces mediante conductas disidentes no del todo visibles, sobre todo en contextos de fuerte represión. Todo lo cual implica tiempo.

Es así como la deslegitimación de los regímenes puede, en los casos de Túnez y Egipto, ubicarse en un lapso de al menos 10 años en el caso de Túnez y en los últimos 8 años aproximadamente en Egipto; en ese país se mencionan las manifestaciones del 2003 contra la guerra en Irak como un momento propicio para la constitución y el dialogo de nuevos actores sociales. Otro hito fundamental es el proceso electoral de 2005 que abrió en alguna medida el espectro político, lo que favoreció el auge de partidos de oposición en las legislativas, ante lo cual el raïs vuelve a cerrar el sistema electoral, modifica la constitución (2007) y restringe el acceso de posibles oponentes; finalmente, vuelven el fraude y la represión a dominar las elecciones legislativas de noviembre de 2010, dando claramente a entender que la vía electoral no está abierta para generar cambios.

En Túnez, la movilización contestaría se fortaleció paulatinamente en la década del 2000 (Geisser & Gobe 2010), de la cual el hito significativo es constituido por las revueltas del 2008. A raíz de ellas, la denunciación de la corrupción y del desempleo se volvió cada vez más difundida. De manera general se desarrollaron “resistencias, contra-conductas y repliegues tácticos, que escaparon a veces a la mirada de expertos y sociólogos más interesados en dar cuenta de la estabilidad del sistema” (Allal & Geisser, 2011: 2). La misma movilización sindical y la contestación interna de la UGTT durante la década consolidaron sectores que buscaban relegitimarse con sus bases y apoyaron los movimientos de trabajadores, alentando sus reivindicaciones salariales que tenían también una “carga anti-régimen” (Allal & Geisser 2011: 5). Pero también insisten en que la movilización adquirió otras facetas, propias de la resistencia “indirecta” ante la represión, como las bromas y chistes sobre la familia y el entorno del presidente o sus políticas “populares” (Meddeb 2010: 15-16), que junto con la contestación política, han “contribuido, a lo largo del tiempo, a resecar las fuentes de legitimidad” (Allal & Geisser 2011:6).

El proceso de deslegitimación puede entenderse también contemplando otros factores. Según H. Bozarslan31, los “estados Ben Ali y Mubarak” presentan peculiaridades al ser a la vez “demasiado cerrados y demasiado abiertos, demasiado modernos y demasiado anacrónicos” (2011: 4), pero adicionalmente estos estados compartían el sistema fundamentado en “un jefe único, un sistema plebiscitario, una prevalencia del clientelismo, la fusión total de la familia presidencial con los medios de negocios, que habían tomado la forma de una mera relación predatoria” (2011: 4). Asimismo, incentivaban cierto conservatismo social pero apostaban a las clases altas “domesticadas, vitrina de su modernidad, y cuya obediencia parecía garantizar su estabilidad” (2011: 4). Paralelamente, sin embargo, las sociedades de ambos países son las más abiertas, en especial al turismo exterior,

McCarthy y Mayer Zald, Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Editorial Istmo. Madrid, 1999, pp. 21-46; Gamson William A., “The social psychology of collective action”, in Morris Aldon D. & Mac Clurg Mueller Carol (eds), Frontiers in social movement theory, New Haven & Londres, Yale University Press, 1992, 382 p., pp. 53-74; Melucci Alberto, “Getting involved, identity and mobilization in social movements”, From structure to action, comparing social movements across cultures, Review International Social Movement Research, Greenwich, Connecticut (USA) & Londres, J.A.I. Press L.T.D., Eds. Klandermans Bert, Tarrow Sidney G., Kriesi Hanspeter, vol.1, 1988, pp. 329-348, Snow David A. & Benford Robert D., “Ideology, frame resonance and participant mobilization”, From structure to action, comparing social movements across cultures, Review International Social Movement Research, Greenwich, Connecticut (USA) & Londres, J.A.I. Press L.T.D., vol.1, 1988, pp. 197-217.

31 Bozarslan Hamit, “Réflexions sur les configurations révolutionnaires égyptienne et tunisienne”, Mouvements, n°66, 1 de junio de 2011 : www.mouvements.info/relexions-sur-les-configurations.html

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aly reciben las influencias de sus diásporas respectivas, lo que genera cierta contestación cultural a través de novelas televisivas. También la literatura y el cine jugaron su papel: a modo de ilustración, el éxito nacional e internacional de la novela de Alaa al-Aswani “El edificio Yacoubian” (2002), y luego la película - donde se describen con todos los pormenores, las desigualdades de status y de oportunidades (así como el estatus de la mujer o la situación de los grupos islamistas) a través del análisis del microcosmos del edificio - revela la importancia de estos desfases en el descontento, así como su progresiva “visibilización” y puesta en debate.

La crítica social facilitó también en Egipto la deslegitimación de la familia y del poder que no tenía la posibilidad de controlar esta difusión cultural e informativa. También subraya Bozarslan la multiplicación de acciones colectivas locales y con “salida local”, casi cuotidianas, en los últimos años, lo que confirma también el análisis de los antecedentes de protestas obreras desde 2007 (Kempf, 2011). Bozarslan resalta entonces que la movilización del 2011 se realizó precisamente “en el momento que su precio se volvía prohibitivo en términos de sobrevivencia pero también de dignidad” (2011: 6), e insiste en señalar la “importancia simbólica de las inmolaciones” (especialmente de diplomados sin empleo), que demostraron “cuanto los efectos de la miseria se agravaban por la denegación de dignidad en el seno de los ‘infrahumanos’, [y fue cuando] el ‘sistema’ apareció como ‘increíble’ tanto en su ser como en su demanda de obediencia, y por consecuencia, de ahora en adelante, inaceptable” (2011: 6). Aunque anota que los regímenes parecían creer aun en su estabilidad y eran muy confiados a fuerza de contar con victorias electorales y de producir obediencia, Bozarslan advierte sobre la “desgracia de los príncipes cuya maquina de poder aparece tan anclada”32, retomando las enseñanzas de Ibn Khaldoun (siglo 14) (2011:6).

¿Un proceso revolucionario?

En síntesis, si bien las revueltas populares de Túnez y Egipto han sido organizadas y protagonizadas no solo por clases medias urbanas sino también por actores sociales particularmente afectados por la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades sociales, ¿son estas protestas posibles de entender como procesos revolucionarios?

Determinarlo implica volver a lo que se considera un “proceso revolucionario” en la literatura teórica. Resaltaremos los aportes que presenta James Defronzo en su libro acerca de los movimientos revolucionarios y revoluciones del siglo XX y XXI. La propuesta teórica de Defronzo (Defronzo, 2011: cap. 1) hace énfasis en cinco factores que deben ser reunidos (en mayor o menor grado), y que deben ser simultáneos para que ocurra un proceso revolucionario: “la frustración masiva”, “los conflictos entre la elite política”, “las reivindicaciones unificadas”, “la crisis política aguda (que afecta el estado)” y finalmente “el contexto internacional permisivo”. ¿Puede semejante modelo ayudar a entender el conjunto de acontecimientos del mundo árabe? Para determinarlo, toca elaborarlo un poco más. En aras a sustentar su propuesta, Defronzo rescata aportes de cinco grandes modelos explicativos de la revolución (modelo marxista, modelo de la frustración relativa, modelo sistémico, modelo de la modernización, y por último el modelo estructural), en particular los trabajos de T. Skocpol y de B. Moore dentro de la corriente estructural. Sin embargo les reprocha a todos la falta de importancia dada a la variable “permisividad del contexto internacional”, que él considera determinante. También presenta, en los siguientes términos, las siete fases o pasos por los que transcurren los procesos revolucionarios exitosos: “disidencia de los intelectuales hacia el régimen político”, “el ‘antiguo régimen’ trata de evitar la revolución al implementar reformas que en últimas no permiten mantener el orden vigente”, “la alianza revolucionaria, que finalmente arrebata al antiguo gobierno el poder, pronto enfrenta conflictos internos”, “al principio el gobierno pos-revolucionario es moderado”, “la decepción y el desencanto hacia el gobierno moderado que no llena expectativas facilita la activación de grupos

32 La cita exacta en francés es “Malheur aux princes dont la machine de pouvoir apparait si rodée, aurait dit Ibn Kaldhoun, penseur arabe du XIVe siècle”. (traducción mía).

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más radicales que van ganando el control”, “los radicales adoptan acciones más extremas para lograr los objetivos de la revolución, incluyendo el uso de métodos coercitivos contra los que les parece les resisten o amenazan los objetivos revolucionarios”, y finalmente “revolucionarios más moderados y pragmáticos reemplazan los radicales” (Defronzo, 2011: 25).

Esa propuesta presenta una serie de elementos estimulantes para la reflexión en torno a las protestas en el mundo árabe. Así puede ayudarnos a analizar si los componentes fundamentales fueron o están presentes, en qué grado, y son simultáneos o no. Si se retoma el modelo de los 5 componentes esenciales se podría considerar que cuatro de los cinco factores parecen presentes en distintos grados: la frustración masiva, las reivindicaciones unificadas, la crisis política aguda (que afecta el estado) y finalmente el contexto internacional permisivo. En efecto: a) la frustración se deriva de la explosiva situación del empleo, detonante muy importante. b) Las reivindicaciones a nombre “del pueblo” han sido unificadas en torno a la caída del

régimen y la reivindicación de la dignidad, por encima de divisiones sociales y regionales o generacionales, creándose un amplio consenso.

c) La deslegitimación del régimen ha progresado y la movilización contestataria ha favorecido la generalización de la denuncia de la corrupción y de las elites dirigentes kleptocratas.

d) El contexto internacional permisivo: aquí es pertinente recordar el discurso de Barack Obama en el Cairo el 4 de junio de 200933, que tuvo una acogida favorable en su momento y mencionó la promoción de la democracia no por imposición sino por libre decisión de los pueblos, así como su pleno reconocimiento de los aportes del islam a la civilización.

Todos estos elementos demuestran que al menos 4 de los 5 componentes están reunidos. No obstante, tenemos más dudas34 acerca del “conflicto entre la elite política”, como se explicitará más adelante. Así mismo, por lo ocurrido hasta ahora, parece posible ubicar a Túnez y Egipto dentro de las siete fases del proceso revolucionario identificadas por Defronzo: en ambos casos, la fase 4 – la del gobierno posrevolucionario “moderado” - está ya en transcurso y la incertidumbre aun prevalece sobre el futuro, tomando en cuenta que se esperan las elecciones y el debate de nuevas constituciones en los últimos meses de 2011. Pero presenciamos también elementos de la fase 5 - la decepción frente a los “moderados” - lo cual es perceptible a través de las recientes movilizaciones en ambos países, que denuncian los retrocesos y la ambigüedad de los gobiernos y del ejército frente a la “revolución”.

Es de importancia mayor señalar aquí el rol peculiar desempeñado por el ejercito: se ha hecho evidente, durante las protestas antes de la caída del régimen, la disidencia que procedió desde el ejercito en Túnez, al rechazar el mantenimiento del mandatario y rehusarse a disparar sobre los manifestantes (contrario a la policía y servicios de inteligencia y de seguridad más afines al mandatario). En Egipto, el ejército apoyó al principio el mantenimiento del orden, pero terminó aceptando la salida del mandatario; los militares mantuvieron y mantienen aun un fuerte control sobre la situación, lo que es ilustrado por la toma del poder por el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas (CSFA) luego de la salida de H. Mubarak (11 de febrero). H. Bozarslan observa al respecto: “el Estado-cartel en Egipto y Túnez (…) estaba encarnado por un raïs que le daba sentido, pero agrupaba otros componentes, especialmente servicios de seguridad (…).En tiempo normal, es decir en las largas décadas en las que el poder lograba garantizar su perduración sin mayor esfuerzo, el príncipe (...) disponía de una considerable autonomía frente a estos otros actores. Empero, en situación de crisis extrema como la del invierno 2010-2011, la sobrevivencia de estos últimos (en particular el ejercito), dependió de su habilidad en afirmar su autonomía respecto del príncipe” (2011: 1). También señala que el ejército egipcio es mucho más poderoso en la escena política que el de Túnez, y ha logrado maniobrar

33 Se puede encontrar el texto integral en la edición del New York Times del 4 de junio de 2009. El discurso en conjunto, muy amplio, revisa la relación entre Estados Unidos y los países del mundo arabo-musulmán y los desafíos geopolíticos que existen en esta relación.

34 En particular porque aun nos falta información periodística respecto de los acontecimientos y serán necesarias investigaciones empíricas que develen mejor los procesos ocultos como el retiro de « apoyo » por parte de las elites económicas al régimen.

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alpara legitimar su toma del poder en aras a garantizar el regreso a la estabilidad, apoyado por sectores (partidos políticos y figuras de la oposición sin base) que apoyaron las protestas pero temían el chaos después de la caída del rais (p. 2-3).

No obstante sus aportes llamativos y esclarecedores sobre el “proceso revolucionario”, el modelo de J. Defronzo también conlleva, en nuestro criterio, ciertos límites en el análisis, como son: a) El excesivo peso dado, a nuestro juicio, a la frustración de las masas, como factor explicativo del

surgimiento de las protestas, que se puede rebatir desde las teorías de la movilización como ya se mencionó.

b) el enfoque puesto en los conflictos de las elites: si bien existe cierta desafección o descontento de algunos actores económicos hacia el régimen, es difícil evaluar si hubo conflicto35: el régimen neo patrimonial, en Túnez, mantenía un férreo control sobre el sector privado y tenía con los empresarios una serie de compromisos y pactos que volvían estos sectores más bien “clientes”, más o menos voluntarios (para evitar fiscalización, impedimentos burocráticos e intervencionismo estatal) o incluso a veces cómplices del poder (Meddeb 2010; Hibou 2011b). Así mismo existía una confusión, casi absoluta, entre elites económicas y políticas, poder económico y poder político, en contextos donde se ha logrado conjugar liberalismo económico y autoritarismo político. Por ende, aun falta mayor análisis empírico para determinar el grado de conflicto entre elites dirigentes y evaluar su alcance e impacto sobre la legitimidad del régimen36.

c) Una insuficiente profundización de la variable internacional”: la variable internacional no puede reducirse a la “permisividad”; debe incluir dimensiones mucho más precisas y matizadas, aunque este aspecto se desarrollará en un futuro artículo. Pero si de evaluar la permisividad se trata, esta se puede poner en duda si recordamos el rol sumamente ambivalente de la antigua metrópoli (Francia): la entonces canciller francesa M. Alliot-Marie propuso públicamente al gobierno Ben Ali “el saber-hacer (la experticia) reconocido en el mundo entero, de nuestras fuerzas de seguridad” (en el mantenimiento del orden)37. La propuesta ilustra como mínimo una actitud “poco permisiva” hacia la democratización, y aunque luego la posición gubernamental dio un giro de 180 grados, al menos en los discursos públicos, esa frase no dejó de tener impacto en las memorias.

En síntesis, el modelo explicativo propuesto por J. Defronzo ofrece una perspectiva pertinente aunque no del todo adecuada en nuestro criterio. Se evidencia, mediante los cinco factores explicativos mencionados, que los acontecimientos en Túnez y Egipto comparten una serie de características mayores de los procesos revolucionarios. Pero será necesario acopiar mayor información empírica para ilustrar el desenlace de los acontecimientos, especialmente los procesos de “unificación de motivos” entre distintos grupos sociales y los conflictos entre elites política y económica. Ahora bien, ante el incierto rumbo de los cambios en curso, cabe analizar hasta qué punto se puede considerar que se estaría realizando “una transición a la democracia”.

35 Las elites no jugaron un papel activo determinante en las protestas, según el investigador Bernard Botiveau (CNRS-Iremam, Aix-en-Provence, Francia), en el conversatorio realizado en la U. Nacional (Bogotá D.C) el 15 de septiembre de 2011. Pero aun faltan trabajos analíticos para profundizar en esta variable.

36 Es interesante el análisis propuesto por Takis Fotopoulos: “Démocratisation néo-libérale du monde Arabe, projets pilotes en Tunisie et en Egypte”: http://nawaat.org/portail/2011/02/24/democratisation-neo-liberale-du-monde-arabe-projets-pilotes-en-tunisie-et-en-egypte/. En una perspectiva distinta, Romain Rancière analiza como la teoría económica de los conflictos entre elites puede explicar los acontecimientos al menos parcialmente: “Les élites dans le creux des révolutions”, Libération, 01-03-11: http://www.liberation.fr/monde/01012322808-les-elites-dans-le-creux-des-revolutions.

37 El 11 de enero de 2011 (tres días antes de la caída de Ben Ali), la canciller M. Alliot-Marie propuso “le savoir faire, reconnu dans le monde entier, de nos forces de sécurité”, en su discurso ante la tribuna de la Asamblea Nacional (traducción mía). Ver Bonelli L. & Potier E., “Madame Michèle Alliot-Marie emportée par la foule”, Le Monde diplomatique, Mars 2011, p. 17. En este momento se evaluaba que la policía había matado 21 civiles al menos, y Francia ya había enviado “material de mantenimiento del orden (vestidos, protección, granadas lacrimógenas)” según dicho artículo.

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3. UNA DEMOCRATIZACIÓN?

El derrocamiento de un régimen autoritario, objeto clásico de la ciencia política y sobre todo de la llamada “transitología”, resulta ser un proceso complejo que ha generado amplia literatura. Lo importante de resaltar aquí es que la transición política emprendida luego de la caída del régimen, contrario a lo que se da a entender en ciertos discursos políticos y mediáticos, no es un proceso ineludible, lineal e imparable hacia la democracia, pues la salida puede ser el regreso a un régimen autoritario (Banegas, 1993; Dobry, 2000: 585-614; Schmitter, 2000: 615-631). Lo evidencia la definición clásica de O’Donnel & Schmitter: “[la transición] está delimitada por un lado por el lanzamiento de un proceso de disolución de un régimen autoritario y del otro lado, por la instalación de una forma de democracia, el regreso a un tipo de régimen autoritario o la emergencia de una alternativa revolucionaria” (O’Donnell, 1991: 6)38. Es decir que termina cuando se ha establecido un nuevo régimen, pero no se puede garantizar que sea un régimen democrático.

En caso de que así sea, los indicadores del nuevo régimen son: un proceso electoral, la aprobación de un nuevo texto constitucional y en algunos casos un nuevo pacto político entre las elites (O’Donnell y Schmitter, 1991). Pero la determinación del fin del régimen autoritario o el establecimiento del nuevo régimen, esto es de los límites temporales del inicio y fin de la transición, no es siempre muy fácil de establecer. En el caso de nuestro interés, aunque es imposible aun determinar el rumbo de la llamada “transición”, se vislumbran algunas divergencias en los caminos emprendidos por los actores y los nuevos mandos al poder.

Un balance de los cambios: énfasis en lo institucional en detrimento de lo económico

En el caso de Túnez y Egipto39, reina un contexto de incertidumbre total sobre lo que puede ocurrir ya que aun (a la fecha en que se escribió el presente artículo) no se han realizado las elecciones y tampoco el establecimiento de la nueva constitución; siguen “gobiernos provisionales” en el mando en Túnez, compuestos de personas que se relacionan o pertenecieron al “antiguo régimen” (esto es al RCD o a los gobiernos Ben Ali), mientras se evidencia la fuerte presencia del ejército en el mando en Egipto a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA). La efervescencia generada por la salida de los mandatarios se ha desvanecido y ciertos temores o frustraciones han surgido, principalmente el miedo a ver “robada” o “amenazada” la revolución, que cunde entre los actores sociales que la protagonizaron.

Los avances que se han hecho son por ahora restringidos. Veamos.

En Túnez, se puede destacar la aprobación de la nueva ley electoral promulgada el 11 de abril de 201140, de la que se puede resaltar dos grandes medidas: la paridad hombre-mujer (artículo 16), lo cual obligaría los partidos y movimientos a incluir más mujeres en sus listas (en relación con el énfasis del actual debate político en Túnez en el tema de los derechos de la mujer y su lugar en la política); y sobre todo la exclusión de los antiguos miembros del RCD (partido oficialista de Ben Ali) pues el artículo 15 prevé 10 años de inelegibilidad para todos aquellos que han ejercido responsabilidades en el RCD y los que apoyaban la candidatura de Ben Ali a la elección de 2014: esta es una de las medidas más discutidas pues para antiguos miembros del partido o de los gobiernos, resulta discriminatoria o antidemocrática. 38 Traducción mía.39 ICG, “Soulèvements populaires en Afrique du nord et au Moyen-Orient (IV): la voie tunisienne”, Rapport Moyen-Orient/Afrique du

Nord n°106, 28 de abril de 2011; ICG, “Popular protest in North Africa & the Middle East (I): Egypt victorious?”, Middle East/North Africa report n°101, 24 de febrero de 2011. Ambos informes dan cuenta en detalle de los acontecimientos y de las posibles vías que seguirán los actores, evidenciando posiciones distintas y límites al proceso de cambio.

40 “Tunisie, bataille autour du code électoral avant la constituante”, 26-04-2011: http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2623p024.xml0/ ; “Constituante tunisienne : oui a la parité non au RCD”, 12-04-11: http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110412120653/islamistes-parite-ben-ali-rcdconstituante-tunisienne-oui-a-la-parite-non-au-rcd.html

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alAdicionalmente, se debatió el proyecto de decreto-ley relativo a la elección de la Asamblea constituyente, inicialmente prevista el 24 de julio, y luego aplazada para el 23 de octubre de 201141. De hecho es importante observar como la fecha misma de la elección de la Asamblea Constituyente ha sido objeto de amplios debates, por cierto muy propios de un proceso de transición: en las primeras fases, el establecimiento del “calendario” se convierte en un reto político en sí mismo, y sujeto a múltiples interpretaciones. Para la comisión electoral la solicitud de aplazamiento apuntaba a darse tiempo de “organizar una elección libre y transparente”, mientras que algunos partidos expresaron su temor que el aplazamiento signifique el abandono de la transición. Finalmente el Primer Ministro, Beji Caid Essebsi, anunció: “hemos tenido en cuenta todas las posiciones” y confirmó la nueva fecha, agregando para legitimarse: “hubiéramos podido disolver la comisión electoral, volver a elecciones organizadas por el ministerio del interior, no lo hicimos”42 (es de destacar que el ministerio del interior es el símbolo odiado del régimen Ben Ali y de su partido el RCD, disuelto; por lo que encargarle el proceso electoral hubiera sido percibido como un grave retroceso o incluso peor). La convocatoria de la Asamblea Constituyente en Túnez (una antigua reivindicación de los oponentes), representa una diferencia respecto de los demás países norafricanos43 (En Marruecos, el rey Mohamed VI propuso una nueva constitución, aprobada por referendo el 2 de julio de 2011). Túnez sería incluso, según ICG, el país donde “la transición democrática tiene más oportunidades de avanzar” (ICG 2011, Informe IV, p.3).

En Egipto, fue el 13 de febrero de 2011 cuando el CSFA anunció que iba a “administrar temporalmente los asuntos del país para un periodo de seis meses o hasta que se hayan realizado las elecciones legislativas, las del consejo de la Shura y la elección presidencial”44. La incertidumbre se volvió manifiesta con el aplazamiento de las elecciones legislativas inicialmente previstas en septiembre hasta finales de octubre y luego para el 28 de noviembre; aun se carece de fecha clara para la elección presidencial45. Este aplazamiento puede generar algunas dudas sobre el mantenimiento del calendario de seis meses para la transición. Según ICG (2011, informe n°101, p.3) el ejército se auto-adjudicó el poder ejecutivo y legislativo, en ausencia de un parlamento (el cual fue disuelto apenas el ejercito asumió el poder en febrero de 2011). El aplazamiento de la contienda puede prorrogar esta situación, vista por unos como una mayor garantía de estabilidad –ante el caos generado por las huelgas y la paralización económica - y por otros como una seria amenaza al proceso de democratización46.

Así mismo, se presentó a referendo, el 19 de marzo de 2011, el proyecto de modificación de la constitución elaborado por una comisión de 8 expertos nombrada por el CSFA, entre el 15 y 26 de febrero de 2011 (la comisión solo tenía un mandato de diez días). El referéndum arroja los siguientes resultados oficiales47: el “si” gana con 77,2% de los votos, mientras que el “no” lleva 22,8% de las voces. La tasa de participación fue considerada abrumadora: 41% (esto es 18,5 millones de personas, sobre un total de 45 millones de egipcios en edad de votar)48. Este resultado es interpretado por los observadores como la victoria del CSFA, pues se aprueba una reforma constitucional restringida, enfocada en tres medidas claves: a) limitar el tiempo máximo de presidencia a dos mandatos de 4 años (en vez de mandatos ilimitados de seis años); b) favorecer

41 “L’élection d’une Assemblee Constituante en Tunisie repoussée au 23 octubre”, Le Monde, 8-06-11.42 Cita extraída de “L’élection d’une Assemblee Constituante en Tunisie repoussée au 23 octubre”, Le Monde, 8-06-11.43 Serini J.P, “En Tunisie, les soubresauts de la Révolution”, Le Monde diplomatique, mai 2011, p. 4.44 Cita del comunicado en ICG n°101, op. cit., p. 28, nota 239 (trad. mía). Es de observar la palabra “o”, que induce ya un posible cambio

en el periodo anunciado.45 El viernes 9 de septiembre de 2011, una amplia manifestación tiene como objetivo pedirle al gobierno un calendario claro: Le Monde,

“Les Egyptiens redescendent place Tahrir pour ‘corriger le tir’ ”, 09-09-11.46 Gresh Alain, “Peur de la démocratie?”, Le Monde diplomatique, Julio de 2011, p. 17. El articulo presenta distintas posiciones, reticentes

al sufragio universal, para tratar de controlar el resultado de las elecciones legislativas (en ese momento previstas en septiembre) y presidencial (prevista en diciembre de 2011).

47 “Egypte ; un referendum constitutionnel, premier vote de l’après-Moubarak”, Le Monde, 20-03-11: http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/03/19/1495519.html

48 Le Monde, 20-03-11. El periodista escribe que dicha tasa es abrumadora si se compara con la “aplastante abstención que caracterizaba las elecciones bajo el régimen autoritario de Mubarak”.

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una flexibilización de las condiciones para presentar la candidatura a la elección presidencial; c) una restricción del estado de emergencia (en vigencia sin interrupción desde 1981) a seis meses y cuya prorroga deberá ser sometida a referendo49.

Tal vez como lo resalta H. Bozarslan (2011), el mayor reto que se presenta hoy en día es “pasar de la incertidumbre revolucionaria a la incertidumbre democrática”: esto implica aceptar que la tan poco acostumbrada “incertidumbre” en las sociedades tunecina y egipcia se vuelva parte de las reglas del juego, así como la incertidumbre propia del juego electoral implica una pérdida de control del poder sobre los resultados de las urnas. De allí, el manejo del tiempo se vuelve en sí un desafío político en periodos de ausencia de certezas. En efecto, se presenta una carrera contra el tiempo por parte de los actores del nuevo poder que tienden a justificar el carácter limitado de sus reformas por la “falta de tiempo”, la necesaria restricción de la incertidumbre y la preocupación por garantizar la “estabilidad”; mientras los oponentes reclaman el “tiempo suficiente”50 para crear partidos, reglas del juego y condiciones claras y transparentes para el ejercicio del derecho de voto, o para elaborar una nueva constitución. Finalmente el poder en Egipto decide aplazar las elecciones y esto da lugar a dos interpretaciones distintas: o teme perder el control de la transición al otorgar el poder a los nuevos actores elegidos (el aplazamiento sería entonces una señal de retroceso), o bien se dio cuenta de que debe acoplarse a las dinámicas políticas y sociales al admitir que el proceso electoral no está aun suficientemente maduro como para garantizar un resultado legitimo (y eso sería una señal que la sociedad al fin y al cabo logra modificar los plazos impuestos desde arriba). Es aún muy pronto para hilvanar sobre los posibles resultados por venir y la motivación del actual poder en Egipto.

Así vemos cómo, de manera paradójica (si se toma en cuenta que se espera generalmente que los actores revolucionarios aboguen por cambios inmediaticos y drásticos a la vez), son los actores más declaradamente a favor de una democratización51, los que reclaman “suficiente tiempo” para avanzar con las distintas etapas de la transición, mientras el poder intenta legitimarse mediante cambios mas rápidos aunque también de alcance más limitado y de orden mas institucionalista, con menos repercusiones en el debate y el cambio sociocultural52. Esta observación deberá matizarse mientras los procesos en curso evolucionan, pues la variable temporal juega un papel determinante.

Finalmente quedan en “veremos” los cambios socioeconómicos anhelados por los protagonistas de las protestas, pues el énfasis en lo institucional, lo político y lo electoral ha relegado al olvido el tema económico y se siguen reprimiendo marchas y huelgas. En ambos países, el tema del empleo no se ha debatido realmente, y no parece recibir atención real de los partidos en proceso de organización. En Túnez, la agitación esporádica sigue imperando en las provincias donde la situación aun se ha agravado a raíz de los “costos de la revolución” (huelgas), y donde el sector del turismo, fuente sustancial de divisas, se ha derrumbado.

49 Al Dabbagh Harit, “Constitution: une réforme modeste mais indispensable”, 31-05-2011: http://cahiers.cerium.ca/Constitution-egyptienne-reforme ; “Les Egyptiens pourraient voter fin mars sur une nouvelle Constitution”, Le Monde, 27-02-11.

50 ICG n°101, pp. 27-28: ICG contrasta el modelo de transición del CSFA con propuestas de actores que sugerían un periodo de un año y pedían tiempo para organizar las elecciones (pp. 27-28).

51 Al respecto vale recordar dos observaciones de R. Banegas (1993), op. cit.: el menciona que “la cualidad de demócrata” se vuelve un “recurso político esencial para el acceso al poder o la reconversión”, y por ende es “la afirmación identitaria mas difundida en tiempos de transición”. También anota pertinentemente que “no siempre los mejores estrategas de la democratización son los demócratas más convencidos”. Por esto es indispensable analizar con distancia el auto-posicionamiento de los actores como “demócratas”.

52 Esta afirmación se refiere a lo ocurrido en los últimos meses (durante 2011), y su validez puede modificarse en el debate de la asamblea constituyente en Túnez, cuyos resultados preliminares, al 24 de octubre, indican una victoria del partido Ennahda seguido por una coalición de partidos de izquierda, actores que dominarán la Constituyente y definirán el nuevo gobierno. Sobre esto se volverá en otro escrito posteriormente.

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alIslam y democracia

Quisiera finalizar este análisis preliminar de los retos por venir en la transición democrática en juego, con unas breves acotaciones en torno al candente debate sobre la posibilidad de juntar islam y democracia (un tema que ha generado abundante y polémica literatura). Sin duda este es el desafío que más ha llamado la atención de los observadores exteriores, preocupados por un supuesto “desbordamiento islamista”. Esa relación se puede examinar mediante tres preguntas claves.

La primera pregunta de fondo, en torno a la relación islam y democracia53, consiste en redefinir qué se entiende por estos términos, que no son tan “claros” como se pretende. Esto induce reflexionar mas pormenorizadamente sobre el sentido otorgado a los conceptos por los actores, sobre todo cuando movilizan el “islam como un lenguaje y un recurso político, invocando la sharia”, como lo observa Lahouari Addi54; más aun, tomando en cuenta que existen distintas representaciones de lo político y la democracia en un mismo país o entre países (Bechir & Geisser, 3-02-11; Hibou 2011a).

Es imposible pensar “el islam” como un bloque monolítico: hay que incorporar a distintas dimensiones como son los valores enunciados en el Corán pero también la practica histórica y la vivencia individual interiorizada, como lo sugiere pertinentemente A. Filaly-Ansary en su artículo “Islam, Laicidad y democracia”55; y tampoco se entiende “laicidad” de la misma manera en los países arabo-musulmanes que en los europeos o en Turquía. Por ende la relación entre los tres conceptos merece igualmente una reflexión enfocada sobre las diferentes realidades sociales y culturales que conllevan distintos usos del lenguaje, distintas concepciones del poder así como diferentes percepciones de lo político.

La segunda pregunta crucial que surge es: ¿cual puede y debe ser el lugar otorgado a los actores islamistas en el nuevo espacio político en proceso de elaboración y transformación? Por lo que se observa hasta ahora56, los actores islamistas moderados (partido Ennahda, a priori actor mayoritario en la futura Asamblea constituyente) en Túnez se han esforzado por “tranquilizar” a los demás actores (especialmente movimientos feministas y partidarios de mantener la laicidad en la constitución) al anunciar que no conquistarían más del 15% del parlamento (restringen el numero de sus candidatos) y que no perseguirían la toma del poder en la elección presidencial (no obstante, los resultados del voto del 23 de octubre evidencia que Ennahda adquirió aproximadamente 60 de los 217 escaños en la asamblea constituyente y alrededor de 40% de los votos, lo que les permite influir sobre la composición del futuro gobierno). Queda por verse, no obstante, el papel que pretenden desempeñar en el debate constitucional. Esta tendencia moderada puede sin embargo verse avocada a radicalizarse por actores de orientación salafista, que la obligarían a posicionarse más drásticamente en torno a la laicidad.

En Egipto, el tema más álgido del debate constitucional que se permite vislumbrar concierne el artículo 2 que estipula que el Islam es la religión de estado y que “los principios de la Sharia islámica constituyen la fuente principal de legislación”, artículo modificado en 1980 (cuando ocurrió la llegada de Mubarak al poder). Los Hermanos Musulmanes en pleno proceso de (re)organización para las legislativas y con probable candidato presidencial (uno de sus dirigentes se presentaría contra la decisión del partido formado por los HM, “Justicia y libertad”), no quieren que se toque el mencionado artículo; tal vez por eso se felicitaron de la aprobación de la reforma limitada de la constitución de marzo (pues este articulo no se modificó). Existe una oposición creciente a dicho

53 Ver dossier Islam y democracia en la Revue Pouvoirs, n°104, 2003, disponible en pdf : www.revue-pouvoirs.fr/-104-Islam-et-democratie-.html

54 Addi Lahouari, “Pluralisme politique et islam dans le monde arabe”, Pouvoirs op.cit., pp. 85-95, p.87 & ss. 55 Filali-Ansary Abdou, “Islam, laïcité et démocratie”, Pouvoirs, op.cit. pp. 5-19. Ver p. 5y 6.56 Ver en particular la prensa sobre los procesos electorales y el informe por ICG de abril de 2011 sobre Túnez, y el de febrero de 2011

sobre Egipto, ambos citados anteriormente.

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artículo, y un debate a favor de la separación entre poderes religioso y político; por ende, la revisión del polémico artículo 2 deberá probablemente pasar por una reforma mucho más sustancial y someterse a un debate profundo sobre la futura Constitución. De esta manera se evidencia una posible divergencia respecto a Túnez, con unos actores “moderados” más organizados y activos, interesados en la toma progresiva del poder, y con mayor peso en la sociedad en Egipto.

La tercera pregunta esencial que se plantea es entender cómo los regímenes en proceso de transformación lograrán legitimarse, sin explotar el miedo al islamismo radical para justificar su autoritarismo. Es de recordar la manera como Ben Ali y Mubarak hoy derrocados, explotaban este temor a la difusión del islamismo (cada vez más asociado, en los estereotipos, al terrorismo desde el 11S) para justificar su permanencia en el poder. Las potencias extranjeras los apoyaron en este discurso, al privilegiar la “estabilidad” contra “el peligro islamista”, una posición que ha tambaleado antes de efectuar aparentemente, un giro de 180 grados57.

Dado que desde los noventa, los actores islamistas han aprendido a jugar las reglas del juego electoral para conquistar el poder58, los nuevos gobiernos deberán elaborar nuevas fuentes de legitimidad para sustentarse y jugar también el juego electoral aceptando su incertidumbre, incluso la posible victoria de los islamistas en las urnas. Dependerá en parte dicha capacidad de auto-legitimación de su posición y actitud hacia los actores islamistas: integrarlos al juego político para evitar su radicalización, o postular que no existe esto “del islamismo moderado” como sospechan los escépticos frente a la posible conjugación del islam con valores democráticos.

Pero más allá del juego táctico a corto o mediano plazo, lo que está en discusión es el lugar de la religión en el espacio político, en sociedades donde no existe el concepto de laicidad tal como se entiende en Europa (Francia) según Filali-Ansary, y donde se asocia la laicidad con lo “no religioso” o incluso es vista como un rechazo al mensaje religioso (con diferencias de un contexto a otro, pues el autoritarismo de Bourguiba en Túnez se combinó con un esfuerzo de “modernización” que se evidenciaba mediante la promoción de la laicidad). Las preguntas planteadas por Filali-Ansary son dignas de recordarse: “la práctica política autónoma acaso necesita la eliminación de lo religioso?”; “la referencia a la fe religiosa debe eliminarse de los fundamentos de la organización política?”. En realidad, para este pensador, lo que está en juego “no es la eliminación de lo religioso del espacio político, sino el cambio en su modo de ser presente y actuar”59. Esto significa que lo religioso se convierte, más que en un sistema de prescripciones fijas, en la fuente de normas morales, lo que implica un debate en torno a ellas, que es uno de los principales retos en las sociedades árabes, como lo subraya también M. Camau60.

Según A. Filali-Ansary, lo que ha favorecido el islamismo radical es, entre otros factores, el cierre absoluto del campo político por regímenes autoritarios. En este sentido la posible apertura del espacio político en redefinición puede influir en una mayor presencia de actores moderados que

57 Al respecto cabe observar detenidamente la interpretación de N. Sarkozy, presidente francés: “Ces peuples, ces jeunes ont montré qu’il y a des valeurs universelles, et la démocratie au premier rang de celles-ci; (..)On a parfois comparé ce séisme démocratique à la chute du mur de Berlin et à l’effondrement du bloc communiste. C’est vrai pour l’importance historique. C’est vrai aussi pour la cécité de ceux qui ne voulaient pas voir que les Européens de l’est avaient les mêmes droits à la liberté que les Européens de l’ouest, et ceux qui ne voulaient pas voir que les peuples arabes avaient les mêmes droits à la liberté que les peuples d’Occident. Tout l’enjeu des printemps arabes est de montrer par l’exemple que l’affirmation de ces valeurs démocratiques ne s’opposent pas à l’islam”, citado en Le Monde, 01-09-11. (Cursivas mías).

58 Al respecto ver el articulo de O. Roy, “Islamisme et nationalisme” en Pouvoirs, op.cit., pp. 45-53, donde el autor enfatiza como los actores islamistas en su gran mayoría se han “nacionalizado”. Para estudios de caso ver el número especial de Critique Internationale, “Les municipalités islamistes”, Paris, CERI-FNSP, Janvier-mars 2009, n°42, pp. 9-91.

59 Filali-Ansary Abdou, op.cit., p. 17.60 Camau Michel, “Globalisation démocratique et exception autoritaire árabe”, Critique Internationale, Paris, CERI-FNSP, janvier-mars

2006, n°30, pp. 59-81; artículo en el cual el autor insiste en el debate vigente sobre las normas sociales como uno de los mayores retos en las sociedades arabo-musulmanas, y donde examina la literatura sobre la “excepción autoritaria” en el mundo árabe frente a la promoción de la democracia como un lema universal.

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alaceptan el tema de la laicidad o al menos cierta separación de lo temporal y lo espiritual (como en la nueva constitución marroquí que redefine los contornos del poder del rey, también comandante de los creyentes, aprobada en julio de 2011) y quizás una pérdida de legitimidad de actores radicales. No obstante, esta evolución esta aun en ciernes y no necesariamente será la misma en todos los contextos.

A MODO DE CONCLUSIÓN…

Examinar procesos de transformación en curso, con las dificultades metodológicas que esto conlleva, más aun a distancia, permite sin duda alguna volver a reflexionar sobre estos momentos cruciales donde está en juego la redefinición de los cambios posibles y legítimos y los que aun no se vislumbran o no se aceptan. El énfasis puesto en lo constitucional, lo electoral o lo político y el subsecuente relegamiento al olvido del cambio económico y social, en la primera fase de la transición, caracterizada por la mayor incertidumbre (tanto sobre lo que se va a debatir como sobre el calendario) lo ejemplariza, y sin duda confirma ciertas observaciones hechas acerca de anteriores procesos de transición democrática en América latina61.

Hoy en día siguen pendientes una serie de interrogantes relativas al proceso de transformación y reorganización del espacio público de debate. Falta por analizar varios temas: ¿qué tan aguda es la crisis estatal en Túnez y Egipto? ¿Cual es y será el papel de los partidos políticos existentes o por constituirse? ¿Cuál será la posición de las elites económicas nacionales y de los actores transnacionales? ¿Qué proyecto político será llevado a cabo por la Asamblea Constituyente tunecina? Esas y otras (muchas) incógnitas, referidas a la desigualdad y el empleo, podrán empezar a develarse y aclararse cuando se hayan realizado los procesos electorales y se haya avanzado con el debate de la Asamblea constituyente en Túnez por estrenarse en estos próximos días.

61 La marginalización de los actores sociales durante o después de los procesos de transición, la relación entre cambio político-institucional (sobredimensionado) y cambio socioeconómico (minimizado), y la importancia de los actores armados en función de su relación con “el pueblo”, son algunos de los aspectos comunes.

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DISCURSOS, GEOPOLÍTICA Y SIONISMOS EN EL CONFLICTO PALESTINO – ISRAELI. UN ANÁLISIS SISTÉMICO.

Luis Alexander Montero Moncada


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alDISCURSOS, GEOPOLÍTICA Y SIONISMOS EN EL CONFLICTO PALESTINO – ISRAELI. UN ANÁLISIS SISTÉMICO

Luis Alexander Montero Moncada*

* Asesor de la Embajada de Palestina en Colombia. Estudiante del Doctorado de Estudios Políticos, Universidad Nacional de Colombia.

RESUMENEl conflicto palestino israelí propone un escenario de análisis que parte de la construcción de discursos nacionales mediado por intereses políticos y económicos sistémicos y no solamente de elementos endógenos como propone la lectura común del sionismo. Desde allí, la originalidad de discursos nacionales basados en argumentos religiosos debe revisarse para entender procesos transversales que disimulan intereses hegemónicos. No obstante, los discursos religiosos que han intervenido a lo largo del conflicto palestino israelí, con mayor intensidad luego de la guerra de 1967, han sido un catalizador de expresiones del sionismo religioso, ocultando intereses geopolíticos por el control territorial en PalestinaPalabras claves: Sionismo político, Sionismo Religioso, Nación, Conflicto Palestino Israelí, Ocupación

SPEECHES, GEOPOLITICAL AND ZIONISM IN THE PALESTINIAN - ISRAELI CONFLICT. A SYSTEMIC ANALYSIS

SUMMARYThe Israeli-Palestinian conflict scenario analysis suggests that part of the construction of national discourses mediated by systemic political and economic interests and not only of endogenous elements as proposed by the common reading of Zionism. From there, the originality of national discourses based on religious grounds should be reviewed to understand transverse processes conceal hegemonic interests. However, religious discourses that have intervened along the Israeli-Palestinian conflict, with greater intensity after the 1967 war, have been a catalyst for expressions of religious Zionism, obscuring geopolitical interests for territorial control in Palestine.Keywords: political Zionism, Religious Zionism, Nation, Israeli Palestinian Conflict, Occupation

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INTRODUCCIÓN

El manejo mediático occidental, y en buena medida de la academia, del conflicto palestino israelí hace visible cosas erróneas y por otro lado, hace invisible elementos de fondo. El conflicto es presentado de forma distorsionada con un origen milenario, ligado falsamente a un enfrentamiento “histórico- religioso” entre judíos y palestinos y equivocadamente como un simple conflicto territorial por un “pueblo” que quiere regresar a su tierra con la cual tiene lazos “entrañables”. Nada de esto es cierto. Por otro lado se hace invisible un elemento central sin el cual es imposible comprender el conflicto o siquiera aproximarse a él de una manera reflexiva, el tema de la ocupación israelí de Palestina.

El conflicto hay que sacarlo de estos falsos y simples lugares comunes y ubicarlo más preciso en el siglo XX, con antecedentes en los procesos liberales europeos de fines del siglo XIX. De hecho, las ideas políticas liberales europeas, fundadoras de nacionalismos, fueron el trasfondo del sionismo político, punto de partida de las reivindicaciones nacionales judías, e inicio de los procesos sistémicos liderados por el Reino Unido y Francia. Con este punto de quiebre, discusiones subsiguientes relacionadas con la idea de nación judía, definición política, identidad religiosa y jurisdicción geográfica aparecieron en la arena sionista-europea, que sin embargo fueron apocadas por los intereses de las potencias coloniales, aquellas que irradiaron el camino futuro de las aspiraciones sionistas, con la influencia del principio ordenador del sistema internacional liderado por los británicos.

Si bien este fue el punto de partida del conflicto, bautizado con la Resolución 181 de Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947 por medio de la cual nace de manera artificial el Estado de Israel, no fue el común desarrollo del mismo. La Guerra de los Seis Días, 1967, marcó el inicio de una segunda etapa en el conflicto palestino – israelí. Dimensiones completamente nuevas como una franca ocupación por parte de Israel sobre tierra palestina -a diferencia de la ocupación disimulada de 1948 -, la subsecuente necesidad israelí de justificar la ocupación y la usurpación de Gaza y Cisjordania, la expulsión de más palestinos, o el más aberrante hecho, de hacerlos parecer extranjeros en su propia tierra, aparecieron en la escena política internacional. Estos elementos introdujeron variables adicionales al análisis, alejadas de dimensiones sistémicas y más pertenecientes a los giros en la política israelí y al manejo del discurso del conflicto, el cual aún hace escorar a Israel entre un Estado religioso o un Estado étnico, según convengan las circunstancias.

Por tal motivo, el eje central del artículo gira sobre el hecho que la construcción artificial del Estado de Israel fue catalizada por elementos sistémicos [exógenos] apartados de la dinámica de la identidad judeo-religiosa, de las interacciones entre las unidades del Imperio Otomano o por un intento de generar un equilibrio de poder en el Medio Oriente resultante de la primera Guerra Mundial. No obstante, luego de la Guerra de los Seis días, elementos subsistémicos [endógenos] e interdependientes, como el reforzamiento del sionismo religioso o el interés de Israel por el control de recursos hídricos han determinado el curso del conflicto hasta entrado el siglo XXI.

ELEMENTOS SISTÉMICOS DETERMINANTES DE LAS PROPUESTAS SIONISTAS EUROPEAS DE FIN DEL SIGLO XIX

La noción de sistema [internacional] y las relaciones que esta noción plantea, se convierten en norte teórico para la comprensión del eje central de trabajo. Comprender que, desde un punto de vista determinado por teóricos como K. Waltz (1988), las relaciones que establecen las unidades que componen el sistema están determinadas, no por causas endógenas sino por orientaciones sistémicas que vienen en una influencia verticalmente descendente (Waltz, 1988), de lo general a lo particular, de arriba hacia abajo, se vuelve una tarea metodológica fundamental. Esta influencia es

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aldenominada, por el neorrealismo en las Relaciones Internacionales, como un principio ordenador, que irradia las partes del sistema y determina desde sus roles dentro del sistema, hasta las capacidades relativas que, en consecuencia, el mismo sistema asigna a las partes (Sodupe, 2009). “Este planteamiento tiene, no obstante, algunas limitaciones epistemológicas evidentes, como el hecho de mezclar por momentos las nociones de sistema con estructura” (Sodupe, 2009), presentar a las unidades sistémicas como elementos vacíos, incapaces de determinar si quiera su propia organización socio-política-cultural – de paso proscribiendo cualquier posibilidad de materialismo dialéctico o histórico- o ser débil teóricamente a la hora de explicar formatos de alianzas ante la inexistencia de valores universales comunes, reemplazados por intereses nacionales (Salomón, 2002). A pesar de estas limitaciones, el neorrealismo sirve para entender la posibilidad que una propuesta nacional netamente europea y laica en sus orígenes, como era el sionismo de Hertz (Garaudy, 1997), “cambie en función de los intereses sistémicos –el sionismo de Weizmann- y tome visos religiosos, coloniales y sobretodo económicos direccionados a un espacio extra europeo, como el Medio Oriente y en particular a Palestina” (Garaudy, 1997). En otras palabras, desde el neorrealismo se puede explicar cómo el principio ordenador del sistema internacional de fines del siglo XIX, fundamentalmente británico, determina desde arriba el cambio en el discurso y reclamaciones sionistas, le asigna valores, contenido y potencia al sionismo resultante de Weizmann y lo encamina a un modelo de dominación colonial en el Medio Oriente.

El Sistema y su influencia en las unidades

Lo planteado por K. Waltz en su teoría sistémica o neorrealista identifica desde un inicio el espacio de discusión teórico central, esto es el análisis de los elementos que definen las continuidades del sistema internacional, no las diferencias. “El sujeto de análisis de estas continuidades sin duda es el Estado, que en el planteamiento de Waltz, no tiene capacidades, atribuciones o funciones logradas por construcción endógena sino por determinación del sistema a través de la estructura” (Sodupe, 2009). Esta característica es el objeto de la discusión planteada por Waltz (1988) para diferenciar y criticar las teorías reduccionistas –aquellas que definen al Estado como su propio agente a la hora de construir atribuciones, capacidades y funciones.

Afirmar que lo fundamental en un análisis sistémico es la influencia del sistema sobre las unidades no implica que se desconozca de plano algunos elementos estatales. De hecho Waltz (1988) explica que el análisis de los atributos internos sirve para describir algunos elementos de política exterior de un Estado, pero no sirve para explicar las grandes continuidades de la política internacional sistémica. De este planteamiento deriva otro aún más trascendente, las continuidades del sistema internacional no se puede explicar a través de la simple sumatoria de las políticas exteriores de los Estados, para esto se requiere identificar el principio ordenador existente en cada sistema y expresada a las unidades a través de la estructura (Sodupe, 2009).

Con esto, Waltz delimita y aísla metodológicamente el objeto de su teoría neorrealista, el sistema internacional, soportado en un dominio concreto, el plano internacional. (Buzan, 1993) por su parte ofrece una interesante definición de sistema, entendido como “un conjunto de partes o unidades cuyas interacciones son lo suficientemente significativas para ser percibidas como un grupo coherente. [Así] Un grupo de Estados forma un sistema internacional cuando el comportamiento de cada una de las partes es un factor necesario en los cálculos que realizan el resto de sus componentes. Un sistema, pues está compuesto por unidades, interacciones y estructura”. En esta construcción conceptual, un sistema está materializado en una estructura, la cual a su vez está integrada por unidades interactuantes. Sin embargo, la dificultad radica en la adecuada definición de estructura que hace Waltz, a la cual, aun corriendo el riesgo permanente de caer en las críticas reduccionistas, le asigna tres elementos definitorios principales: en primer lugar, el principio ordenador; en segundo lugar, la diferenciación y especialización de las unidades; y en tercer lugar, la distribución de recursos y capacidades entre las unidades (Sodupe, 2009).

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En cuanto el principio ordenador, el cual es posiblemente uno de los elementos centrales del neorrealismo y el aporte más sólido de Waltz:

Éste parte de una condición inherente al sistema internacional, la anarquía. De hecho, similar al estado de naturaleza de Hobbes, la anarquía prevalente en el sistema internacional obliga a que las unidades busquen ante todo la seguridad, convirtiéndose así el poder, sólo en un medio para lograr dicha meta. Ahora bien, la búsqueda de la seguridad por parte de las unidades parte de dos supuestos básicos, por un lado, que las unidades son agentes individuales movidas por intereses egoístas, y por otro, que las unidades actúan bajo el principio de la autoayuda, o en otras palabras, “la misma unidad se provee de los medios para lograr así las herramientas de poder suficientes para conseguir la seguridad” (Waltz, 2007).

Con estos supuestos consolidados, las unidades se lanzan entonces en una carrera marcada por una clara racionalidad de maximización de beneficios –seguridad- donde los resultados pueden ser muy disímiles.

Es posible encontrar, a la luz de Waltz, múltiples escenarios de equilibrio de poder, entendiendo éste, como la mutua anulación de los alcances del adversario, quien tiene la misma racionalidad que el propio jugador y en parte los mismos atributos iniciales, o escenarios de equilibrio denominado bandwagoning, o simplemente la práctica de alinearse con el más fuerte (Sodupe, 2009). Esta, entre otras cosas, es la separación del Neorrealismo y Waltz (2007) con Hobbes, para quien el estado de naturaleza termina con un orden sólido, predecible, sostenible y reproducible como es el Estado logrado a través de un pacto. En el neorrealismo, el sistema continuará siendo anárquico y ningún actor deseará acumular tanto poder para constituirse en una especie de gobierno mundial porque por un lado, se ha enfatizado que el poder no es un fin en sí, y por otro, ante tal eventualidad, dicha acumulación en un gobierno mundial estimularía fuertes luchas por hacerse con esa instancia, privando toda posibilidad de equilibrio sistémico.

El principio ordenador, a partir de este desarrollo, tiene dos orientaciones.

En primer lugar, debido a la anarquía sistémica, todas las unidades actuarán o pretenderán hacerlo, como se acabó de mencionar, con el objetivo de incrementar su posibilidad de influencia de manera que su seguridad sea garantizada por su propia acción y acumulación de herramientas de poder (Salomón, 2002), (Waltz, 1988), (Sodupe, 2009). En segundo lugar, a manera de principio ordenador subsidiario, los mayores acumuladores de poder sistémico, guiarán y determinarán el comportamiento del resto de unidades del sistema, controlando o determinando la estructura y por intermedio de ella, la asignación de funciones, atribuciones y características de las unidades (Sodipe, 2009). En este orden de ideas, el principio ordenador, de un sistema internacional colonial franco-británico, y no una motivación endógena del movimiento judío europeo, fue lo que determinó que la dirigencia sionista tuviera un notable giro y pasara de ser una propuesta genuina de reclamo nacional laico para los europeos judíos a ser una propuesta determinada por los intereses británicos –fundamentalmente- con intentos de legitimación en aproximaciones religiosas, como se explicará más adelante (Sodupe, 2009, p. 88).

En cuanto el segundo de los elementos centrales de la concepción de estructura, consistente en la diferenciación y especialización de unidades, el neorrealismo plantea que no dependen de atributos estructurales, o dicho de otra manera, la estructura –por sí misma- no asigna ni la diferenciación ni la especialización de las unidades. De hecho, como plantea claramente Waltz:Las unidades del sistema no se encuentran diferenciadas por las funciones que desempeñan a partir de atributos endógenos. De hecho las funciones que las unidades puedan proyectar de sí mismas son irrelevantes pues, apalancado en los principios de anarquía internacional, búsqueda de seguridad y el principio de autoayuda, es el sistema, a través del principio ordenador, quien hace dicha valoración funcional de cada una de las unidades, diferenciándolas y especializándolas

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alsegún las necesidades sistémicas, siempre y cuando se dé el proceso de distribución de capacidades de una manera simultánea (Sodupe, 2009, p. 86-90).

En consecuencia, el tercer elemento de análisis de la estructura dentro del neorrealismo, la distribución de capacidades de las unidades, es enmarcado en la apreciación Waltziana a partir de lo planteado anteriormente a manera de principio ordenador subsidiario:

Si se parte del hecho que la anarquía internacional no tiene, en sí misma, que favorecer una especialización de las unidades, dichas unidades pudieran ser en principio similares. Lo que diferenciaría contundentemente una unidad de otra sería la capacidad comparada que tendrían tales unidades para realizar tareas similares. Así la estructura debe identificar la unidad que responde mejor a determinada tarea, aquella que tiene mayores capacidades de desarrollo. La tarea de la estructura vendría siendo entonces una tarea de distribución de capacidades y recursos de poder. (Sodupe, 2009, p. 86-90)

Así quien más capacidades de proyectar recursos de poder tenga, a partir de la racionalidad de maximización de beneficios y el principio de autoayuda, determinará su poder relativo frente a otras unidades menores, así como determinará las acciones de las unidades menores en función del beneficio de la unidad mayor [la de mayor capacidad de proyectar poder] creando la noción de principio ordenador subsidiario.

El panorama resultante de estos tres elementos pudiera ser sombrío. Se podría concluir erróneamente que se ha instaurado el estado de naturaleza Hobbesiano en una carrera por contener las mayores capacidades y recursos de poder sistémicos y así determinar el comportamiento de los subordinados, siempre actuando de una manera individual. Este panorama se afirma cuando Waltz (2007) proscribe los equilibrios de poder basados en las alianzas y enfatiza los equilibrios de poder basados en el mutuo bloqueo debido a la competencia por el poder. Sin embargo, no es del todo un desolador panorama. La cooperación es viable pero concebida solo en el plano de la primacía de las ganancias relativas sobre las ganancias absolutas (Sodupe, 2009). Dicho de otro modo, la pregunta que determina la cooperación no es cuánto ganan todas las unidades, sino cuánto beneficio logra una unidad determinada que le permita tomar distancia de sus competidores inmediatos.

Estos límites teóricos sugieren algunos elementos definitivos. Al tratarse de un sistema internacional dominado por los británicos y los franceses, el sionismo resultante de la dirección de Weizmann, a diferencia del sionismo de Hertzl, fue determinado plenamente en función de las necesidades sistémicas, así como las capacidades y atributos de poder de las unidades más fuertes, que para fin del siglo XIX e inicio del XX, se soportaban en una estructura de dominación colonial. Esta idea es aún más cruda, los planes de partición de Palestina no pretendían una reivindicación nacional identitaria europea-judía, sino que se constituyó en una imposición sistémica colonial bajo la égida del principio ordenador británico. El desarrollo ya no teórico sino ahora histórico de este argumento, viene a continuación.

Del Sionismo político de Hertzl al Sionismo colonial de Weizmann

La construcción de las naciones y los Estados-nación europeos ha sido un proceso muy convulsionado. De hecho, puede resultar una seria quijotada intentar identificar el punto exacto de inicio de este proceso, pues siempre hay que regresar más y más en el pasado europeo. En ese orden de ideas, las ideologías liberales que modificaron el mapa político de Europa en el siglo XIX tiene antecedentes tanto en la revolución industrial como en la revolución francesa, al igual que en el enciclopedismo y la ilustración. No obstante se puede ir más atrás y citar a la Paz de Westfalia, gran definidora de los intereses nacionales de las grandes potencias continentales y de allí hasta el renacimiento, cuando se marcó una fractura con la autoridad papal y por ende

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se iniciaron los principales procesos definitorios entre católicos y protestantes en Europa central que catalizaron las rivalidades futuras de franceses y alemanes. La ilusión que con este hecho se puede iniciar la delimitación temporal no es sino un vano espejismo. Las identidades católicas y protestantes deben encuadrarse en los elementos culturales propios de los pueblos que infiltraron el Imperio Romano y dieron origen a la misma Edad Media, de los cuales algunos abrazaron más rápidamente los preceptos católicos, incluso con fines integracionistas como en la Península Ibérica o Francia, mientras que otros perduraron más en el paganismo, como algunos pueblos de Europa central pertenecientes a familias nórdicas. No obstante, es pertinente volver al inicio, esto son las ideologías liberales europeas de fin del siglo XIX y su influencia en los nacionalismos en Europa.

En este contexto, el sionismo pretende ser entonces una propuesta nacional para los europeos judíos, fundamentalmente en sus orígenes dirigida a los europeos orientales (Tuchman, 1984). Sin embargo, la consolidación de una nación para este mismo grupo es un tanto difícil. Si se sigue a Anderson, nación es una comunidad política e imaginada, que cumple además con las características de ser limitada y soberana (Anderson, 2007).

Imaginada, según Anderson, porque “aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”. Es política, porque las comunidades basadas solo en normas sociales e incluso religiosas no conducen a la existencia de un Estado en sus conceptos modernos, deben perseguir un ideal común, de proyección de poder y sobre todo, un interés por permanecer unidas. Es limitada porque “incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez a mil millones de seres humanos vivos, tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones. Ninguna nación se imagina con las dimensiones de la humanidad. Los nacionalistas más mesiánicos no sueñan con que habrá un día en que todos los miembros de la humanidad se unirán a su nación, como en ciertas épocas pudieron pensar los cristianos, por ejemplo, en un planeta enteramente cristiano” (Anderson, 2007, p. 22-26).

Este es uno de los puntos centrales para entender por qué el sionismo no podía ser, en el contexto europeo de construcción de naciones del siglo XIX, un movimiento nacional soportado en la religión. Las identidades meramente religiosas, según lo expuesto por Anderson (2007), no son congruentes con el tiempo y procesos europeos que dieron origen al mismo sionismo.

La comunidad imaginada de Anderson, también es soberana porque:

El concepto nació en una época en que la ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado. Habiendo llegado a la madurez en una etapa de la historia humana en la que incluso los más devotos fieles de cualquier religión universal afrontaban sin poder evitarlo el pluralismo vivo de tales religiones y el alomorfismo entre las pretensiones ontológicas de cada fe y la extensión territorial, las naciones sueñan con ser libres y con serlo directamente en el reinado de Dios. La garantía y el emblema de esta libertad es el Estado soberano. Según Anderson, nuevamente el binomio religión [divinidad]-nación, sustento pretendido del sionismo religioso, es impracticable (Anderson, 2007, p. 22-26).

La discusión sobre la invalidez de este binomio es de suma importancia. Si bien hay que reconocer que las comunidades religiosas son en sí mismo comunidades imaginadas, no son bajo ninguna forma, comunidades políticas imaginadas, en términos de Anderson, pues de hecho, como el mismo autor lo afirma, su “coherencia inconsciente se desvaneció a partir de fines de la Edad Media”.

Para Renan, la nación moderna tiene otros componentes. Según este autor, se trata de:

Un resultado histórico producido por una serie de hechos que convergen en igual sentido. La unidad ha sido realizada o bien por una dinastía, como en el caso de Francia, o bien por la

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alvoluntad directa de las provincias, como en el caso de Holanda, Suiza y Bélgica, o bien por un espíritu general tardíamente vencedor de los caprichos del feudalismo, como en el caso de Italia y de Alemania. Siempre ha presidido a estas formaciones una profunda razón de ser (Renan, 2000, p. 53-56).

Lo destacable de la definición de Renan está en el reconocimiento de un determinismo histórico en la definición de las naciones modernas, determinismo tan potente que logra imponerse a diferencias étnicas o lingüísticas, que son componentes irrenunciables en la mayoría de los autores que discuten sobre los componentes y alcances del sentimiento nacional. Este determinismo debe ser incuestionable por todos los miembros de la comunidad. Bajo este precepto, el sionismo religioso sale profundamente mal librado como delineador nacional, en cuanto la identidad religiosa era superada por la identidad política de los europeos judíos sobre todo los pertenecientes a las sociedades europeas occidentales. Sobre este argumento, Renan menciona que “ya no hay religión de Estado; se puede ser francés, inglés, alemán, siendo católico, protestante, israelita [ judío], o no practicando ningún culto. La religión se ha vuelto cosa individual; mira a la conciencia de cada uno. No existe ya división de las naciones católicas y protestantes.” (Renan, 2000, p. 63).

La discusión de la validez del sionismo político, y aún más el religioso, como elemento generador de una idea de nación para el futuro Estado de Israel, se vuelve más compleja a partir de los planteamientos de Eric Hobsbawm, quien al respecto de Renan, afirma que “los vínculos entre religión y la conciencia nacional pueden ser muy estrechos, como demuestran los ejemplos de Polonia e Irlanda. De hecho, la relación parece hacerse más estrecha allí donde el nacionalismo se convierte en una fuerza de masas en su fase de ideología minoritaria y movimiento de activistas. (Hobsbawm, 1998, p. 73)” Esta aparente contradicción con Renan y que abriría la puerta a la posibilidad de contemplar con alguna hipotética validez los tan redundantes argumentos religiosos sionistas como soportes para la usurpación de Palestina, son atacados por el mismo Hobsbawm, cuando aclara que “Los militantes sionistas en los tiempos heroicos de la Yishuv de Palestina eran más dados a comer bocadillos de jamón de forma demostrativa que a tocarse con gorros rituales, como los fanáticos israelíes lo hacen hoy día” (Hobsbawm, 1998, p. 76). Con esto, Hobsbawm prueba que si bien en algunos casos la religión y la conciencia nacional pueden acercarse, también es argumentable que poco de identidad religiosa había en un comienzo del nacionalismo europeo judío y que el Sionismo de Hertzl no podía apalancarse en una identidad religiosa o en un reclamo religioso [tierra prometida, tierra ancestral, pueblo de Dios o cualquier otra categoría subjetiva y anti positivista] inexistente por demás, para proponer a Palestina como opción principal para la creación de un Estado (Sand, 2009, p. 45). Por consiguiente, se regresa al argumento del aparte anterior, donde Shlomo exponía que la escogencia de Palestina como sitio de emigración de los europeos judíos y de la posterior creación artificial y arbitraria del Estado de Israel por parte de la ONU, no obedeció de ningún modo a un reclamo nacional identitario “judío”, sino a intereses sistémicos basados en una estructura colonial británica. El discurso religioso fue una posterior herramienta de propaganda.

Hobsbawm (1998) defiende fuertemente este planteamiento y, aunque reconociendo cierta diferenciación entre los europeos judíos y los demás pueblos de Europa, afirma que:

Asimismo, aunque los judíos, dispersos por todo el mundo durante algunos milenos, nunca, dondequiera que estuviesen, dejaron de identificarse a sí mismos como miembros de un pueblo especial y totalmente distinto de las diversas variantes de no creyentes entre los que vivían, en ninguna etapa, al menos desde su vuelta al cautiverio en Babilonia, parece que esto entrañara un deseo serio de tener un Estado político judío, y no hablemos de un Estado territorial, hasta que se inventó el nacionalismo judío en las postrimerías del siglo XIX por analogía con el recién inventado nacionalismo occidental. Es totalmente ilegítimo identificar los vínculos judíos con la tierra ancestral de Israel, cuyo mérito se deriva de las peregrinaciones a dicha tierra, o la esperanza de volver a ella cuando llegase el Mesías –pues a ojos de los judíos, era obvio que no

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había llegado-, con el deseo de reunir a todos los judíos en un estado territorial moderno situado en Tierra Santa. Sería lo mismo que argüir que los buenos musulmanes, cuya mayor ambición es peregrinar a La Meca, lo que pretenden realmente allí es declararse ciudadanos de lo que ahora es la Arabia Saudí (Hobsbawm, 1998, p. 56-57).

Con esto Hobsbawm, siendo él mismo judío, aclara que es ilegítimo, además de inútil en términos de teoría política, utilizar un argumento religioso como argumento nacional para apropiarse de Palestina, porque, entre otras cosas, bajo una perspectiva teológica, solo es legítimo para un judío creyente, constituir una entidad análoga a un Estado en la “tierra prometida” solo y únicamente al momento de la llegada del mesías (Sand, 2009: 53). Previo a esto, está la herramienta de la peregrinación, permitida durante la mayor parte de dominio árabe musulmán de Palestina (Garaudy, 1997: 56).

En 1998 Hobsbawm, la nación, para el momento de surgimiento del sionismo político a fines del siglo XIX, estaba compuesta por otros elementos. En primer lugar, era fundamental cierta asociación histórica con un Estado que existiese en aquellos momentos o con un Estado cuya tradición fuese sumamente potente. En segundo lugar, era igual de importante, la existencia de una rancia élite cultural, poseedora de una lengua vernácula literaria y administrativa nacional y escrita. En tercer lugar, un pasado épico, refrendado con una gran capacidad de conquista. A este respecto, Hobsbawm textualmente afirma que “No hay como ser un pueblo imperial para hacer que una población sea consciente de su existencia colectiva como tal”. Todos estos elementos, surgidos de tradiciones liberales burguesas, triunfantes en Europa y catalizadoras, entre 1830 y fines de siglo XIX, de los reclamos nacionales. Este triunfalismo liberal burgués, entre otras cosas, se da en gran medida porque “el desarrollo de las naciones era indiscutiblemente una fase de la evolución o el progreso humano desde el pequeño grupo mayor, de la familia a la tribu y la región, a la nación y, finalmente, al mundo unificado del futuro” (Hobsbawm, 1998: 28), tal y como lo afirma Hobsbawm. Debido a la fortaleza conceptual de estos elementos, la identidad judía presentada por el sionismo político de Hertzl, en las postrimerías del siglo XIX, de hecho enfrentó cuando menos dos serios problemas.

En primer lugar está que en términos de asociación lingüística, el yiddish, principal dialecto que reemplazó al hebreo [el cual era lengua muerta para ese momento] como una de las lenguas de identidad dentro de los europeos judíos askenazis, era tomado dentro del nacionalismo alemán como parte de los dialectos alemanes de la región central, al ser el yiddish mismo un dialecto germano derivado del alemán medieval (Hobsbawm, 1998: 31).

En segundo lugar, para los revolucionarios franceses el determinismo lingüístico no era un problema mayor de inclusión. De hecho, daba los mismo si un francés judío sefardí hablara ladino mientras un francés judío askenazi hablara yiddish, ya que en su identidad política ambos eran franceses, puesto que eran hijos de la revolución y habían adquirido derechos ciudadanos franceses, los cuales incluían evidentemente hablar también francés. Adicionalmente, el caso Dreyfus se volvió una reafirmación de la inclusión identitaria política de los franceses judíos, puesto que el argumento que este infortunado no podía ser francés por su ascendencia judía, fue interpretado, según Hobsbawm (1998), como un desafío a la naturaleza misma de Revolución Francesa, a su definición de nación y a su carácter integrista. Si a los argumentos anteriores mencionamos que un componente importante de alemanes judíos combatió en la primera guerra mundial para hacer prevalecer la idea imperial alemana, vemos que el sionismo de Hertzl tenía un alcance seriamente limitado.

¿Cuándo entonces se dio el giro trascendental y se puede encontrar un nuevo sionismo que termina popularizando la idea de un hogar nacional judío, que se originó con el compromiso británico de la Declaración Balfour y terminó con la ocupación y división de Palestina en 1947, la creación unilateral de Israel por las Naciones Unidas?

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alEl sionismo de Hertzl era laico. No obstante, el sionismo de la primera década del siglo XX integró el elemento religioso como uno de los pilares de la negociación con los británicos, pero sobre todo de la emigración. Esta segunda etapa del sionismo está profundamente marcada por la influencia del británico Weizmann, y de otras figuras centrales provenientes de la familia Rothschild, de origen alemán y con variantes importantes en el Reino Unido, Austria y Francia, especialmente el Barón Lionel Walter Rothschild, destinatario de la Declaración Balfour. Este sionismo inició una nueva etapa de colaboración con los intereses británicos y franceses, en el momento en el cuál la suerte del Imperio Turco Otomano estaba decidida y era necesario una serie de apoyos importantes para controlar las zonas petroleras estratégicas del Medio Oriente, las cuales lograron su visibilidad justo en el periodo comprendido entre 1908 y 1932, desde el inicio del auge petrolero iraní hasta la consolidación del petróleo saudí (Said, 2003).

Esta segunda etapa del sionismo se caracterizó por manejar dos dinámicas, una hacia la comunidad judía y otra hacia los líderes sistémicos. En ese sentido, el discurso hacia la comunidad judía fue el rescate de la idea de Sion como idea de hogar nacional histórico, la reconstitución del hebreo como idioma común -aunque lo que más prosperó fue una adecuación del yiddish-, el cooperativismo y la migración a Palestina bajo la idea del retorno. La insistencia sionista sobre el hogar nacional dejaba de lado las fuertes identidades nacionales de los europeos judíos occidentales –mayoritariamente asimilados- con sus países de origen, la identidad finalmente europea de los europeos judíos orientales –que si bien no habían sido asimilados en el mismo grado de los europeos judíos occidentales y se identificaban aparte de otros pueblos, se sentían indisolublemente atados a una idea de europeidad, como era el caso de los polacos- y la identidad de los palestinos judíos que eran nativos en Palestina y no entendían por qué era necesario un hogar nacional para los judíos pues por un lado ellos ya tenían su propio hogar nacional, por otro lado quienes veían llegar como inmigrantes eran europeos no practicantes y finalmente no era necesario un hogar nacional judío para ir en peregrinación a sus lugares sagrados de culto religioso (Said, 2003).

El discurso de la segunda etapa del sionismo hacia los líderes sistémicos [Reino Unido y Francia] fue distinto. Este discurso fue matizado por los recursos financieros de los Rothschild y la alineación de Lord Balfour, Weizmann y la élite sionista francesa e inglesa con un proyecto que beneficiaba a estos dos países (Tuchman, 1984). Con el fin de la primera guerra mundial y la derrota del Imperio Turco Otomano, la repartición a manera de protectorado de sus despojos, dejó un sabor entre los árabes, a quienes los británicos a través de múltiples negociaciones secretas les habían prometido su independencia política (Pappé, 2009), de alta traición, así como de ampliación del esquema colonial británico y francés, ya generalizado para entonces. La élite sionista, que a su vez era en gran medida la élite sistémica, se apoderó del Medio Oriente, determinó la estructura económica de los futuros Estados independientes árabes, consolidó inversiones especialmente las que le permitían el libre acceso al petróleo regional y luego de casi 20 años dio luz verde a una vida política para los Estados del Medio Oriente (Pappé, 2009). Palestina no obstante fue la excepción. La élite sistémica encontró en Palestina una excelente cabeza de puente para influir y controlar la región de la cual debía retirarse debido a la presión árabe para que el Reino Unido y Francia cumplieran su palabra de la facilitación de Estados independientes. Así, el argumento religioso de apropiación, tan débil y tan discutido teóricamente, se abre camino y carga hacia la creación del Estado de Israel, un hogar nacional judío muy diferente del que se concibió a fines del siglo XIX, e impulsado irrefrenablemente por los acontecimientos mediáticos y los dilemas morales de la segunda guerra mundial.

La Geopolítica del Medio Oriente. Elementos de impulso e interés sistémico agenciados por el discurso sionista

Es necesario tener claro que Medio Oriente, Mundo Árabe y Mundo Musulmán son variables diferentes. Tal vez la más difusa es la definición de Medio Oriente pues se enfrenta a varias percepciones. En primer lugar aquella que identifica su límite occidental en la Cirenaica. Una

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segunda que amplía el límite occidental hasta el Sahara Occidental. Una tercera que identifica su límite oriental en Irán. Una cuarta, presente en la política exterior y de defensa de Estados Unidos luego del 11 S, que amplía el límite oriental incluyendo amplios sectores de Asia Central hasta llegar a Afganistán y Paquistán. Esta es la visión de Medio Oriente Ampliado que presentó George Bush en los planes de defensa de Estados Unidos en la región. La definición de Mundo Árabe es un tanto menos difusa y se concentra en la región de expansión musulmana del siglo VI y VII, excluyendo a Irán y Turquía. La definición de mundo musulmán también es un poco más clara, siendo sin embargo la más grande de los tres conceptos. Incluye todo el norte del África, parte del África subsahariana, Turquía, algunas regiones balcánicas, la cuenca del Golfo Pérsico, la Península Arábiga, Asia Central, partes de la India e Indonesia, siendo éste el país con el mayor número de musulmanes actualmente (Fawcett, 2009).

El petróleo del Medio Oriente fue la mayor amenaza para el mundo árabe. Las potencias aún dentro de un marco europeo se apresuraron en administrar los recursos de la región, interés heredado cuando el sistema pasó a actores preponderantes extra europeos. Este interés se sostiene en un hecho tremendamente fuerte, el 60% de las reservas petroleras del mundo en 2010 están ubicadas en el Medio Oriente. Para la década del veinte del siglo XX, esta relación era aún mucho más preponderante para la región medio oriental. De hecho de los 10 grandes países con reservas probadas, ocho son medio orientales, uno Africano, Nigeria, y uno solo es un actor externo, Venezuela (Uc, 2008).

Este panorama está compuesto en su orden de importancia por Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Libia, Qatar y Argelia. (Uc, 2008)

Para los años de dominio europeo del Medio Oriente, se consolidó la explotación privada multinacional de estos recursos, favoreciendo enormemente a los capitales inversionistas británicos y franceses particularmente, y de paso a Europa, quien encontró un espacio de estabilidad en precios muy adecuado para su reconstrucción luego de las guerras mundiales. Solo, hasta cuando en los sesenta, las empresas privadas se enfrentaron a la oleada de nacionalismos árabes y pretendieron regular unilateralmente los precios petroleros, ocurren los primeros sobresaltos significativos en el precio internacional, originando el nacimiento de la OPEP (Uc, 2008).

Ahora bien, este panorama de fortaleza geopolítica se ve ampliado por otra condición a tener en cuenta. Resulta importante para un actor sistémico, controlar las principales rutas de evacuación del petróleo, esto es oleoductos y puertos. En ese sentido, el Medio Oriente está determinado por dos grandes rutas petroleras, la primera que surte a China y Japón por oriente, mientras que conecta a Europa vía Turquía por occidente. El centro de gravedad de esta ruta es Irán, desde donde se hacen estas dos proyecciones. La segunda ruta, surte a India y el Sud este asiático por oriente, recoge las rutas del sur de los oleoductos provenientes del Mar Caspio y del Cáucaso ex – soviético y termina integrando a Israel con Egipto en un gran puerto de salida del petróleo por el Mar Mediterráneo. Nuevamente el centro de gravedad de esta ruta es Irán (Klare, 2003).

Juntando estos dos factores, petróleo y rutas de evacuación, se puede explicar la presencia y control político y militar de la región por los principales actores sistémicos y la oportunidad que vio el Reino Unido y luego Estados Unidos, a la hora de tener una cabeza de puente aliada y que además le permitiera exportar de una manera segura los inmensos recursos petroleros, Israel.

En el caso del sistema internacional colonial dominado por los británicos, la materialización del control consistió en ampliar y sostener su sistema de colonias en Asia Central, Egipto y la cuenca del Golfo Pérsico, a la vez de constituir el protectorado en Palestina, Jordania, Irak, Kuwait y la zona litoral de Arabia (Pappé, 2009). La acción final fue consolidar la propuesta del Estado de Israel. En el caso del sistema internacional de Guerra Fría, el papel de sopesar alianzas le correspondió a Estados Unidos, de manera que el primer Estado que reconoció la independencia

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alde Israel y quien desde 1970 hasta el 2011 le ha dado más de 100 mil millones de dólares en asistencia militar es Estados Unidos (Collom, 2011).

Como conclusión preliminar, se tiene que tanto el impulso dado a la idea original del sionismo, la caracterización que sufrió la segunda fase del sionismo y por último, la creación artificial del Estado de Israel, no obedecieron a motivaciones realmente endógenas, ni a consideraciones sólidas de un ideal nacional, sino a determinaciones sistémicas, generadas por el principio ordenador principal, la anarquía internacional, la acumulación de poder y el principio de autoayuda de las unidades, al igual que por el principio ordenador subsidiario, que eran los intereses de los líderes sistémicos, en este caso eran significativamente los de obtener beneficios por los recursos energéticos estratégicos de la región.

ELEMENTOS SUBSISTÉMICOS EN JUEGO. EL SEGUNDO AUGE DEL SIONISMO RELIGIOSO Y LA GEOPOLÍTICA DEL AGUA.

La profunda discusión de los relatos religiosos como sustento de prácticas políticas, plantea una relación controversial acerca de la validez de los más importantes pilares argumentales sacrosantos, a la hora de contrastar la fe y los dogmas con la historia y la arqueología.

Por esta razón, establecer una historia de Palestina, ni en la antigüedad en sus diferentes edades, como tampoco en la modernidad, es una tarea fácil. En primer lugar, como lo plantea Thompson, la tentación recurrente de utilizar textos sagrados como fuentes históricas o arqueológicas se enfrenta con la dificultad de encontrar la difusa línea divisoria entre lo abstracto y lo real, entre lo mítico y metafórico por un lado, y los sucesos con prueba histórica por otro. Así, una conclusión histórica basada en un dar por real un hecho metafórico se enfrentará con la inmediata politización de la historia y el sesgo del relato (Thompson, 2008).

En segundo lugar, los relatos religiosos se muestran como una herramienta fragmentada, muchas veces con una linealidad histórica oscura o de difícil ubicación temporal, precisamente por haber sido relatos de construcción oral durante muchas generaciones. Por último, textos religiosos como de tradición judeo-cristiana, no son relatos históricos del pasado de Palestina per se. Son relatos de tradiciones e interpretaciones religiosas de solo una parte de Palestina y sus habitantes (Thompson, 2008).

Bajo una perspectiva histórica, los rastros de Palestina y sus habitantes difiere significativamente de lo planteado en las tradiciones judeo-cristianas. Nuevamente citando a Thompson, éste plantea que:

No sólo una historia independiente de las tierras altas de Judea de los períodos del Hierro I y del Hierro II, tiene poco espacio para los relatos de los libros de Samuel y Reyes, sino que la historia de Palestina no es individual. Tampoco se trata de una historia dominada por Jerusalén. Se la describe mejor como un complejo de historias separadas por regiones diferentes. Las historias regionales de Palestina han sido fuertemente afectadas por sociedades de patronazgo interrelacionadas, que competían con las regiones de Palestina por el dominio y la superioridad en lo económico o en lo político (Thompson, 2008: 12-13)

Incluso, Thompson enfatiza que si un relato egipcio hubiera prosperado de una manera monopólica, las menciones sobre Jerusalén y sobre el reino de Israel o Judá hubieran aparecido mucho después de las que conocemos en la actualidad. El autor plantea que:

Para los que desean aclarar la diferencia entre historia y tradición en la antigua Palestina, son útiles los distintos informes de la campaña del Faraón Sosac contra las principales ciudades de Palestina.

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El relato más antiguo se origina en la propaganda egipcia contemporánea. La muy posterior reutilización bíblica de la historia de la invasión está incluida en una cadena de historias sobre el tema del saqueo del templo. La versión egipcia nada sabe del reino de Judá que encontramos en la historia bíblica. Nada sabe del Estado, el pueblo o su capital en Jerusalén, que [según los relatos judeo-cristianos] controlaba un imperio desde la frontera de Egipto hasta el Éufrates. Antes bien, según el texto egipcio, Sosac condujo a su ejército contra las principales ciudades de Palestina, al norte, al valle Ayalón, pero no contra Siquén, Tirsá o Jerusalén. Tampoco encuentra él a los ejércitos de Judá o Israel. (Thompson, 2008: 13)

El relato egipcio va en contravía con el relato bíblico, el cual plantea la campaña de Sosac en contra de Jerusalén davídica misma y su templo. Según las fuentes históricas, de este saqueo no se tienen referencias arqueológicas comprobables.

Sin embargo, la toma de decisiones en política no tiene en cuenta los patrones científicos para construir discursos y de hecho priman más fácilmente las construcciones de propaganda. La tradición bíblica, incluso tomada como verdad histórica que trasciende la necesidad de demostración, es la directriz para tomar acciones de política pública y para reproducir las relaciones con el sionismo cristiano. A este respecto, el Senador estadounidense James Inhofe, dijo en su discurso ante el Senado en 2002:

“Dios se le apareció a Abram y le dijo: Te estoy dando esta tierra, la Ribera Occidental. Esta no es en absoluto una batalla política. Es una disputa acerca de si la palabra de Dios es verdadera o no (Wetherell, 2005)”

La anterior afirmación de ninguna manera es aislada. El sionismo cristiano, sobre todo impulsado luego de la Guerra de los Seis Días en 1967, ha marcado la postura del senado estadounidense y la influencia del Lobby judío del AIPAC. Incluso, ya lo mencionaba el mismo presidente Trumman cuando les explicó a los diplomáticos árabes en 1945 sobre su apoyo estadunidense a la creación del futuro Israel “Lo lamento, caballeros, pero debo responder a cientos de miles que están ansiosos por el éxito del sionismo. No tengo a cientos de miles de árabes entre mis votantes (Wetherell, 2005)”. Posteriormente Estados Unidos fue el primer país en reconocer la existencia del Estado de Israel en 1948 (Pappé, 2009: 137).

El sionismo religioso y sus manifestaciones políticas lograron un impulso, como se acabó de mencionar, en 1967. La ocupación de Jerusalén oriental por parte de Israel, al igual que toda Cisjordania, fue interpretada por círculos político religiosos israelíes como una recuperación de la promesa divina, relanzando la pretendida justificación de la usurpación palestina.

Sionismo religioso y los intentos de justificación de la ocupación y el genocidio palestino luego de 1967

La victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días cambió el tablero del conflicto Palestino Israelí. A la luz del derecho internacional y de la comunidad internacional, Israel se convirtió en potencia ocupante de Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. No obstante, el centro de gravedad de las discusiones se concentró sobre Cisjordania, y en particular en Jerusalén, de manera que su desalojo parece un inamovible dentro de la política israelí y para capotear la fuerza de los reclamos sobre la ilegalidad de la ocupación, Israel ha desestimado su impacto o en otros casos, ha intentado desenraizar el conflicto del plano internacional y reducirlo a un mero conflicto interno, donde las aspiraciones palestinas se traducen en una simple independencia de un territorio segregado.

El hecho que Israel planteé la dinámica de este conflicto en términos internos, le exime de las responsabilidades como ocupante y legaliza la apropiación de territorios ocupados, así como la

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alinclusión de colonos en territorio palestino. Por esto su profundo interés en desdibujar el conflicto. Sin embargo, la comunidad internacional ha sido precavida con estas pretensiones y aún hay una luz de aplicación del derecho internacional, al igual que para la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas destinadas a enfrentar la ocupación.

En este escenario, la guerra de 1967 fue un punto de inflexión en el conflicto. Antes de 1967, el espacio para el discurso religioso como elemento legitimador dominante había tenido un pequeño auge con el sionismo de Weizmann, analizado en apartes anteriores, que no obstante había enfrentado importantes obstáculos que hizo muy difícil su apropiación por parte de la totalidad del sionismo y de los actores sistémicos. Fue solo después de 1967, cuando, luego que Israel ocupara los territorios bíblicos y Jerusalén oriental que el sionismo religioso y su pretendida argumentación re aparece.

Como consecuencia de este resurgimiento, los intentos de fundamentación bíblica para la ideología sionista y la política colonial israelí crecieron de una manera importante. Evidentemente, la nueva aparición del sionismo religioso se apalanca en el claro éxito del sionismo político materializado con la ocupación de la totalidad de Palestina luego de la Guerra de los Seis Días. Así, este sionismo religioso impulsó fervientemente el emplazamiento de colonias, bajo la cobertura de movimientos como el Gush Emunim, destacando el aparente legado religioso de la tierra santa. Lustick explora los argumentos iniciales del sionismo religioso pos 1967 y encuentra que buena parte de la simbología bíblica épica, sobretodo expresada en relatos como el de Josué, son recogidos en la victoria israelí. En este punto, Lustick, entrevistando a Hanan Porat, un colono del Gush Emunim, encontró por respuesta que:

Para nosotros [Porat], la tierra de Israel es la tierra del destino, una tierra elegida, no sólo una patria definida existencialmente. Es la tierra desde la cual la voz de Dios nos ha llamado siempre a partir de aquella llamada al primer hebreo: Ven y avanza de tu tierra, donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré (Lustik, 1987).

La santidad, que el sionismo religioso descarga en la ocupación militar de 1967, y de la cual Lustick da cuenta, descansa en cuatro pilares resumidos por Gorny (Masalha, 2004):

En primer lugar, existe un fervor mesiánico relacionado con la creencia de santidad de Israel, y de paso con las acciones que un judío creyente realice para garantizar la integridad de esta idea.En segundo lugar, la existencia del Templo judío en Jerusalén. Dicho templo debe ser restituido en el ligar que los santuarios musulmanes ocupan actualmente en Jerusalén oriental.

En tercer lugar, -el curioso y contradictorio hecho en comparación con las presiones que reciben algunos regímenes musulmanes de parte de la comunidad internacional- del ethos de una utopía religiosa, reflejada en las aspiraciones de un Estado teocrático judío, cuya ley fundamental sea la Halaja, como sustituto de la democracia liberal occidental.

En cuarto lugar, el mandato religioso por establecer una soberanía política sobre “toda” [desde el Nilo hasta el Éufrates] la tierra de Israel.

Paralelamente, el sionismo religioso pretende deslegitimar la importancia de Palestina para el Islam, argumentos presentados de manera sistemática por Masalha

En primer lugar, se niega toda significación de Jerusalén en el Islam y de paso los derechos religiosos islámicos en esta ciudad. Para el sionismo religioso, Jerusalén no fue un centro cultural no para palestinos ni para otros musulmanes y la ciudad nunca desempeñó un rol significativo en la vida del profeta. La santificación se Jerusalén fue una herramienta política de la dinastía Omeya.

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En segundo lugar, para el sionismo religioso, la Mezquita de al Aqsa es solo una figura retórica. Niegan los fundamentos que asocian la mezquita con Jerusalén (Masalha, 2004).

En complemento Silverman, analizando las dimensiones y alcances del sionismo religioso, expone que “tanto los nacionalistas como los fundamentalistas religiosos sostienen que la actual lucha por un Estado palestino, con Jerusalén oriental como su capital, contiene un rastro de la pretensión de que Jerusalén es santa para el Islam”… esta sacralidad musulmana es lograda mediante “juegos de palabras y prestidigitación administrativa (Masalha, 2004)”. Incluso, las posiciones más extremas citadas por Lustick (2004) (suponen que un conflicto con los “gentiles” de Jerusalén, e incluso la guerra contra ellos [los no judíos] apresuraría la redención mesiánica, de manera que los mismos gentiles se beneficiarían residualmente. De una manera contundente, estos planteamientos suponen un conservadurismo muy fuerte, equivalente a la expresión mediáticamente construida de “fundamentalismo”.

El camino de apropiación de este discurso fue abierto luego de 1967, cuando el sionismo religioso, que se había mantenido parco en cuando la aplicación de la Halaha en Israel, logró un papel central en las políticas internas y externas de Israel, determinando incluso la orientación política que le dio el mismo Israel a los asentamientos de colonos, los cuales son estimulados, protegidos como política de Estado, financiados y armados por la institucionalidad de Israel. Nuevamente la relación indisoluble de religión y política aparece con el rabino Kook, un rabino de especial preponderancia en la comunidad religiosa israelí, quien afirmaba:

Se nos manda poseer y colonizar [la tierra]. El significado de la posesión es la conquista, y al realizar esta mitzvah, podemos realizar la otra: el mandamiento de colonizar… No podemos evadir esta orden… La Torá, la guerra y el asentamiento son tres cosas en una y nos regocijamos de la autoridad que nos ha sido dada para cada una de ellas (Masalha, 2004: 40).

Juntar una posición clerical dogmática con una política pública estatal, donde los presupuestos son que los palestinos son extranjeros temporales, sus derechos deben ser limitados a los derechos de los colonos e incluso se parte del hecho de negar la existencia de una Palestina histórica o una nación palestina, se vuelve en políticas de expulsión de palestinos, confiscación y expropiación de sus propiedades, e incluso, sugerir políticas –ilógicas y contradictorias- de deportación de palestinos de Cisjordania.

Así las cosas, el sionismo religioso justifica la ocupación. Derivado de este sionismo religioso, otras políticas israelíes han profundizado el rigor del desalojo y la ocupación de Palestina1. Políticas

1 La justificación de la ocupación y de la violación continúa del derecho por parte de Israel, sobre la base de dogmas como el sionismo religioso, permea también sectores académicos colombianos. Por ejemplo, el artículo realizado por S. Kalmanovitz, en el mismo momento en el cual Israel lanzó la acción militar sobre Gaza denominada “Plomo Fundido”, se presenta como una defensa al terrorismo sionista. El artículo, que cuenta con al menos seis distorsiones centrales, inicia por plantear, sin más pruebas que los discursos mediáticos, el triángulo Hammas- Hisbollah-Irán.

La segunda distorsión, plantea que el objetivo de la resistencia palestina es la destrucción de Israel. Este argumento desconoce cuando menos tres elementos de suma importancia, en primer lugar que es imposible asignarle los mismos atributos de poder militar a la resistencia palestina que a Israel; en segundo, que la seguridad de Israel se la provee él mismo con importantes recursos económicos, tecnológicos, políticos y hasta nucleares y que además cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos.

En tercer lugar, desconoce que fue Israel quien propició y defendió el nacimiento y desarrollo de Hammas en la década de los ochenta.

La tercera gran distorsión es afirmar que el Islam palestino es militante y pretende eliminar otras religiones. En contravía de esta afirmación, en términos teológicos, el Corán prohíbe la conversión forzada y aún más la eliminación de otras religiones, especialmente la línea judeocristiana. En adición, el islam palestino comparte históricamente escenarios teológicos con el judaísmo y no hace la separación entre sunitas y chiitas de la misma manera que existen en otras regiones.

En una cuarta distorsión, Kalmanovitz nuevamente afirma, sin argumentación diferente a la mediática, que los “terroristas” se refugian en hospitales, iglesias y escuelas. Esta distorsión es muy grave, pues en primer lugar hace invisible el elemento de la ocupación israelí, y en réplica, que la resistencia militar a la ocupación es una herramienta legal considerada por una batería amplia de resoluciones de las Naciones Unidas, y en segundo lugar, intenta justificar el ataque israelí a sitios de protección absoluta en conflictos armados.

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alpúblicas como la de apropiación y acumulación israelí de las fuentes de agua subterráneas y de superficie tiene una estrecha relación con la dinámica de ocupación. En otras palabras, colonias y fuentes de agua se superponen la una a la otra. Así la política pública de agua israelí, la ocupación y el sionismo religioso pos 1967 es una triada interactuante.

Influencia del Agua en la política de anexión de Israel de los territorios ocupados

Dentro del acceso a recursos en el conflicto Palestino Israelí, un elemento fundamental es el acceso al agua y aún más luego de 1967, cuando Israel ocupó la totalidad de Palestina y sus fuentes de agua y la región estratégica de los Altos del Golán, perteneciente a Siria. En ningún otro conflicto se demuestran de manera tan contundente los problemas de la gestión del agua bajo ocupación como en los Territorios Palestinos Ocupados. Los palestinos bajo ocupación sufren uno de los mayores niveles de escasez de agua en el mundo, pues solo disponen de cerca de 320 mt3 de agua por año a cifras de 2008 (Escuer, Rebelión, 2010). Muy por debajo del umbral de escasez absoluta. Tanto la disponibilidad física como la gestión política de las aguas bajo ocupación por parte de Israel, contribuyen a esta escasez. Las fuentes de agua son sumamente escazas y sobre esto se da una distribución desigual donde la población israelí, que no alcanza a ser dos veces más grande que la de palestina, tiene a su disposición siete veces y media más recursos hídricos, sin contar la mucho más desigual distribución entre los colonos y la población palestina ocupada.

El problema de distribución de agua se profundiza con la gestión de los “acuíferos occidental y costero”. El acuífero occidental, que forma parte de la cuenca del Jordán, es la más importante fuente de agua renovable para los Territorios Palestinos Ocupados. Cerca de tres cuartos del acuífero se suplen de nuevo dentro de Cisjordania y fluyen desde ésta hacia la costa de Israel. Buena parte de esta agua no es utilizada por los palestinos puesto que los representantes israelíes del Comité Mixto de Recursos Hídricos son quienes regulan severamente la cantidad y profundidad de los pozos operados por los palestinos, restando opciones a los palestinos bajo ocupación. Para los colonos israelíes se aplican reglas menos estrictas, lo que les permite cavar pozos más profundos. Con apenas el 13% de todos los pozos situados en Cisjordania, los colonos son responsables de cerca del 53% de la extracción de agua subterránea. El agua que no es utilizada en los Territorios Palestinos Ocupados fluye finalmente bajo el territorio israelí y es extraída por medio de pozos (UNRWA). Acá la triada indisoluble de política pública2 de agua israelí, la ocupación y el sionismo religioso, se hace visible.

Con las aguas de la cuenca costera se presentan problemas similares. Estas aguas escasamente llegan hasta la Franja de Gaza, debido a las altas tasas de extracción en la parte israelí. El resultado es que los pozos palestinos poco profundos, limitados por la ley israelí, ubicados en Gaza no disponen de agua suficiente lo que conlleva una salinización creciente de los pocos recursos hídricos utilizables.

Las limitaciones en el acceso al agua impiden el desarrollo de la agricultura palestina. Si bien este sector representa una parte cada vez menor de la economía palestina, se trata de un sector crucial para los medios de sustento de algunas de las personas más pobres. Actualmente menos de un tercio del área potencial está cubierta debido a la falta de agua.

La quinta distorsión es defender el uso excesivo de la fuerza por parte de Israel, planteándolo como un uso moderado. Con esto se desconoce, por ejemplo, el informe Goldstone elaborado por la ONU, el cual probó que Israel violó prácticamente todos los protocolos de conducción de hostilidades, cometió crímenes de guerra y utilizó armamento prohibido e indiscriminado que cobró la vida de más de 1400 civiles, entre ellos cerca de 500 niños.

La última distorsión es recurrir al anacrónico argumento de los atentados suicidas, los cuales no ocurren desde hace casi 8 años, pero que al parecer se volverán un negocio político para el sionismo, de la misma manera que el triste holocausto. Para acceder al artículo ver: Kalmanovitz Salomón. Israel de mis afectos. En: El Espectador, enero 18 de 2009. http://elespectador.com/israel/columna109000-israel-de-mis-afectos. Consultado: Junio 7 de 2011.

2 Entendiendo como política al proceso cíclico de respuestas públicas seguido por (Xinyuan, 2007:31).

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El bajo acceso de los recursos hídricos significa que muchos palestinos dependen de la liberación de agua por parte de Israel. Esta es una fuente de vulnerabilidad e incertidumbre ya que los suministros son frecuentemente interrumpidos durante los períodos de tensión.

COMENTARIOS FINALES

El sionismo de Hertzl, de fines del siglo XIX, buscaba la creación de un hogar nacional judío en un entorno donde las ideas nacionales y la emancipación de los europeos judíos hacían parte de una serie de procesos políticos que estaban determinando la construcción de Europa contemporánea. Sobre esta huella, diversas opciones para la creación de este Estado fueron planteadas. Es así como Argentina, Uganda, Mozambique e incluso regiones eslavas o polacas, fueron consideradas como opción para la ubicación territorial del futuro Estado. No obstante, una vez iniciado el siglo XX el sionismo cambió su dirigencia y ahora bajo el liderazgo de Weizmann, proponía otras posibilidades y Palestina aparece como la opción santa, la tierra prometida para los judíos y paralelo a la visibilidad que logra la tierra de los palestinos en las aspiraciones sionistas, un sionismo religioso empezó a abrirse camino como legitimador ante la opinión pública para la ubicación de los Europeos judíos allí. La pregunta que debe hacer un estudio que pretenda analizar completa o tangencialmente el origen del conflicto palestino – israelí es si ¿el cambio en la élite sionista mantuvo el carácter genuino de la propuesta del hogar nacional? o si al contrario, ¿la nueva élite, que también era élite colonial francesa y británica, utilizó como herramienta colonial las aspiraciones de los europeos judíos?

La respuesta es profunda pero decisiva. El carácter sistémico de las relaciones internacionales sirve para explicar cómo, en un sistema anárquico, el principio ordenador sistémico, que era contenido en una estructura colonial británica y francesa, fue quien impulsó la idea que se construyera una entidad política en un Medio Oriente, que era un mapa en blanco, y así poder perpetuar la influencia de las grandes potencias europeas en la región con una cabeza de puente definida. El componente específico de esta acción sistémica, fue construir un discurso, incluso contradictorio con la misma teología judaica, que justificara ya no en términos políticos o económicos la creación de este Estado satélite europeo, sino que lo justificara desde un criterio subjetivo, espiritual y pasional.

Una vez creado el Estado de Israel sobre Palestina, y aún más, luego de la Guerra de los Seis Días, momento en el cual las aspiraciones sionistas lograron hacerse con el total de Palestina histórica, incluyendo a Jerusalén oriental, el discurso religioso tomó mucha más fuerza, presentando la ocupación como un requisito divino en el plan del retorno del “pueblo de dios” a la “tierra prometida”. Este discurso religioso, o sionismo religioso, ha irradiado con tal profundidad la opinión pública mundial, de manera que ha encontrado adeptos incluso en una nueva forma de sionismo, el sionismo cristiano. De esta manera se puede concluir que el conflicto se inició bajo influencias sistémicas pero se ha alimentado y ha prosperado, aún más luego de 1967, bajo características endógenas, encontrado un curioso espacio teórico que desvirtúa en parte al Neorrealismo clásico de Waltz; las unidades sistémicas sí tienen elementos endógenos que llegan a ser importantes y que impregnan su esencia en el comportamiento de la unidad. Al final, basta decir tanto para el neorrealismo Waltziano como para el sionismo religioso, que no todo viene de arriba.

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LATINOAMÉRICA Y SUS OPCIONES ESTRATÉGICAS: UN ANÁLISIS DE LAS RELACIONES EXTRA-REGIONALES Juan Gabriel Tokatlian


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alLATINOAMÉRICA Y SUS OPCIONES ESTRATÉGICAS: UN ANÁLISIS DE LAS RELACIONES EXTRA-REGIONALES

Juan Gabriel Tokatlian*

* Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella (Buenos Aires, Argentina).

RESUMENEl propósito fundamental de este ensayo es analizar un aspecto particular de las políticas exteriores de América Latina: las relaciones extra-regionales. En esa dirección, se intentará elucidar la existencia de modelos de política exterior distintos entre las naciones latinoamericanas, el estado general de los vínculos actuales entre Latinoamérica y Estados Unidos y el alcance de la inserción extra-hemisférica de la región. Lo anterior permitirá precisar cuánta continuidad y novedad caracteriza el comportamiento internacional de los países del área. Ello, a su turno, contribuirá a entender cómo ha evolucionado la política externa latinoamericana en los años recientes y de qué modo las elementos observables en ese frente significan una tendencia de más largo aliento ligada a transformaciones estructurales internacionales y a novedades domésticas o expresa una situación coyuntural facilitada por los cambios globales y los vaivenes internos.Palabras claves: política exterior, América Latina, hemisferio.

LATIN AMERICA AND STRATEGIC OPTIONS: AN ANALYSIS OF EXTRA-REGIONAL RELATIONS

SUMMARYThe primary purpose of this paper is to analyze a particular aspect of foreign policy in Latin America: extra-regional relations. In this direction, we will try to elucidate the existence of different models of foreign policy among Latin American nations, the general condition of the existing links between Latin America and the United States and the extent of extra-hemispheric integration in the region. This will specify how much continuity and novelty characterizes the international behavior of countries in the area. This, in turn, will help you understand how it has changed American foreign policy in recent years and how the observables on that front means a longer lasting trend of structural changes linked to international and domestic developments or express a temporary situation provided by global changes and internal fluctuations.Keywords: foreign policy, Latin American hemisphere.

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“Diversificar: convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único”.Real Academia Española, Diccionario de la lengua española

El propósito fundamental de este ensayo es analizar un aspecto particular de las políticas exteriores de América Latina: las relaciones extra-regionales. En esa dirección, se intentará elucidar la existencia de modelos de política exterior distintos entre las naciones latinoamericanas, el estado general de los vínculos actuales entre Latinoamérica y Estados Unidos y el alcance de la inserción extra-hemisférica de la región. Lo anterior permitirá precisar cuánta continuidad y novedad caracteriza el comportamiento internacional de los países del área. Ello, a su turno, contribuirá a entender cómo ha evolucionado la política externa latinoamericana en los años recientes y de qué modo las elementos observables en ese frente significan una tendencia de más largo aliento ligada a transformaciones estructurales internacionales y a novedades domésticas o expresa una situación coyuntural facilitada por los cambios globales y los vaivenes internos.

MODELOS DE POLÍTICA EXTERIOR

Los principales referentes de la política exterior de los países latinoamericanos durante el siglo XX fue Estados Unidos, por un lado, y los vecinos más inmediatos, por el otro. A partir de la relación con Washington, en especial, se fueron ordenando por muchos lustros las opciones estratégicas de las naciones del área. En ese contexto y con el ocaso de la Guerra Fría, América Latina fue ensayando diversos modelos de política exterior en su relación con Estados Unidos, aunque ello no implicaba que solamente la mirada y la acción estuviesen colocadas en la gran potencia. En todos los casos, ello significó un determinado modo de vinculación con Washington, la identificación de un lugar específico de la región en la correspondiente orientación externa y una ubicación diferenciada, según el patrón escogido, de los vínculos extra-regionales. Durante los últimas dos décadas algunos países llevaron a la práctica más de un modelo de política exterior y ello obedeció, en buena medida, tanto a determinantes de índole interna como a factores de naturaleza internacional.

Por ejemplo, en la inmediata Posguerra Fría la mayoría de los estados latinoamericanos fue adaptando sus respectivas políticas externas de acuerdo a la lógica del balance del poder: unos se plegaron o alinearon a Estados Unidos; otros optaron, con gran moderación, por políticas de equilibrio o contra-balance. Prácticamente desaparecieron—con la excepción de Cuba--posturas de confrontación o desafío. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos condujeron a un nuevo reacomodo de opciones; en este caso marcado por la consolidación en Washington de una estrategia de primacía---una estrategia mediante la cual un Estado procura asegurar su lugar de preponderancia en el sistema mundial y, por ello, no tolera (ni tolerará) ningún competidor de igual talla, sea éste un aliado tradicional (por ejemplo, la Unión Europea), un viejo enemigo (por ejemplo, Rusia) o un nuevo oponente (por ejemplo, China). Así, los países de la región fueron definiendo cuán cerca o lejos de Estados Unidos se colocaban; esto es, se manifestaron formas variadas de plegamiento, re-equilibrio y oposición. Otra última readecuación se produjo después de que Estados Unidos invadió Irak en 2003 y se hizo más evidente un doble fiasco en Bagdad y Kabul. En esa dirección, el ajuste en política exterior se realizó bajo parámetros más heterodoxos: varios países no escogieron alternativas categóricas sino que comenzaron a combinar formas de resistencia y colaboración, de convergencia y distanciamiento respecto a Estados Unidos.

A su vez, cambios de gobierno y al interior de los regímenes políticos, nuevas coaliciones partidistas en el manejo del ejecutivo, intentos refundacionales o restauradores del orden social, alteraciones en los modelos de desarrollo y la aparición de líderes estratégicos de distinto signo ideológico han contribuido a reorientar la política exterior de los países. En breve, los diversos modelos de inserción internacional han sido resultado de una elección concreta en el marco de circunstancias específicas. En ese sentido, es posible mencionar cinco modelos distintos

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alque han sido implementados en la región entre 1990-2011.1 Diversos casos emblemáticos (más representativos) y ejemplos colindantes (más matizados) han sobresalido en los últimos cuatro lustros cubriendo toda la geografía de América Latina.

En primer lugar, el acoplamiento se expresa a través de un plegamiento a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Ello no debe equiparse con pasividad; por el contrario, esta opción se ha acompañado con un despliegue activo en la gestación y el mantenimiento de regímenes internacionales en sintonía con Washington. La integración económica con la región—en particular, con los países más próximos--se valora en tanto no afecte la concreción de tratados de libre comercio (o en su momento un área de libre comercio hemisférica) con Estados Unidos. Políticamente el vínculo con los vecinos es algo más relevante; sin embargo, el norte de la política exterior es Washington. Las relaciones extra-hemisféricas se conciben en clave económica—logro de nuevas contra-partes comerciales, acceso a la financiación internacional, entre otros—con un papel decisivo de los actores no gubernamentales (empresas nacionales y corporaciones transnacionales): las fuerzas del mercado más que la acción del Estado posibilitarían una inserción más dinámica y fructífera del país en el sistema mundial. En resumen, el acoplamiento defiende el statu quo del orden global, ve a Estados Unidos como un aliado, es relativamente distante frente a la región y pretende incrementar las relaciones económicas extra-hemisféricas.

En segundo lugar, el acomodamiento se manifiesta mediante un acompañamiento delimitado y puntual a Estados Unidos. En algunos casos en los que se produce una armonía de intereses específicos se genera una acción compartida con Washington en materia de regímenes internacionales; si ello no ocurre, se reserva un espacio de disenso frente a Estados Unidos. La integración económica regional se reconoce pero no es objeto de un fuerte activismo pues, en general, no hay una predisposición a favor de mecanismos colectivos y genéricos. La región, no obstante, es un punto de referencia importante en tanto mercado para las exportaciones y punto de inversión. Los vecinos más próximos resultan claves si con ellos se incrementa la capacidad negociadora vis-à-vis Estados Unidos. Los vínculos extra-regionales son importantes en el frente económico (por ejemplo, procurando acuerdos de libre comercio con distintas contra-partes) y pueden serlo en el frente político (por ejemplo, si se disiente con Washington en cuestiones globales de trascendencia). La defensa de ciertos principios básicos de orden regional y mundial es objeto de una diplomacia de mayor perfil. No se pretende liderar o co-participar de iniciativas de cambio muy ambiciosas, tanto en lo hemisférico como en lo global; por ello se buscan ajustes parciales al sistema imperante. En resumen, el acomodamiento opta por una transformación moderada del orden vigente, observa a Estados Unidos como a un amigo, preserva una posición de relativa indiferencia hacia la región y es bastante activo en la búsqueda de mayores vinculaciones extra-hemisféricas.

En tercer lugar, la oposición limitada se inclina a favor de una política mixta hacia Estados Unidos en la que se combinan desacuerdo y colaboración, concertación y obstrucción. La integración con la región, tanto en lo económico como lo político, es crucial para incrementar el poder negociador individual y conjunto frente a Washington. Las vinculaciones extra-regionales son esenciales, tanto en lo comercial y financiero como en lo político y militar: implican una suerte de compensación frente a la persistente gravitación de Estados Unidos en América Latina. El Estado, y no solo el mercado, son relevantes a los fines de elevar el poder relativo propio, de ampliar el espacio de maniobra, de proyectarse por fuera del hemisferio, y de alcanzar visibilidad internacional. La heterodoxia, en lo económico, lo social y lo diplomático, predomina por sobre las posturas ortodoxas y convencionales. En resumen, la oposición limitada apunta a la reforma del orden global (que se considera injusto), percibe a Estados Unidos como un poder dual (una combinación de amenaza y oportunidad), le otorga gran importancia a los lazos con la región (en diferentes ámbitos) y valora significativamente las relaciones extra-hemisféricas (en distintos terrenos).

1 Una versión de estos cinco modelos centrada en la relación América Latina-Estados Unidos se encuentra en (Russell y Tokatlian, 2009).

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En cuarto lugar, el desafío aboga por políticas de distanciamiento y rechazo en cuanto a Estados Unidos. Concibe a Washington como un actor que pone en peligro su seguridad interna y que afecta la propia supervivencia nacional. En este caso, la región es fundamental: una integración vasta (en lo económico, político, cultural, diplomático, recursivo y militar) y “desde abajo” (con activa participación popular) son vitales para salvaguardar intereses nacionales, aglutinar esfuerzos contra Estados Unidos y fundar nuevas hegemonías internas. Los vínculos extra-regionales son básicos pues no se trata solo de compensar la influencia regional de Estados Unidos, sino de lograr coaliciones más amplias que impugnen las políticas internacionales de Washington y, eventualmente, contribuyan al desmoronamiento de su estrategia de primacía. En este caso, el rol del Estado es central, tanto como regulador interno, como palanca de despliegue externo. En resumen, el desafío aspira a una revisión profunda del orden establecido, concibe a Estados Unidos como un enemigo, le adjudica un papel principal a la región para la realización de las metas internas y externas y despliega una política extra-hemisférica de alto perfil.

En quinto lugar, el aislamiento pretende secundar, con modestia y ductilidad, a Estados Unidos, pero con el suficiente sigilo como para no llamar la atención de propios y ajenos. La integración con la región regional se concibe en términos oportunistas. En esencia, se buscan concesiones de Washington y dividendos de los lazos con los vecinos; hechos que, a su vez, facilitan el mantenimiento del régimen interno. Las vinculaciones extra-regionales son escasas (a lo sumo se concentran en algunas ex potencias coloniales; por ejemplo, en el caso de los países del Caribe). En resumen, no se busca ninguna modificación del orden global, el lazo con Estados Unidos se da en condición de cliente, la región es concebida como funcional a los propósitos de la política interna y se tiene un muy bajo perfil en cuanto a las relaciones extra-hemisféricas.

Los cinco modelos señalados están condicionados por la dinámica de la asimetría típica de relaciones dispares de poder.2 No obstante, en todos ellos hay—con variada intensidad—un elemento común: la búsqueda de diversificación; tema que se tratará más adelante con mayor especificidad y mediante ejemplos concretos.

¿EL OCASO DE LA DOCTRINA MONROE?

Una de las fenómenos curiosos de la actualidad es que mientras Estados Unidos persiste en su tentación imperial—procurando calmar los mercados en medio de un una fenomenal crisis financiera originada en su economía y abriendo otros frentes en la “guerra contra el terrorismo”3 —en su proverbial “patio trasero” la Doctrina Monroe parece languidecer.4

2 Como señala Womack una dinámica de asimetría expresa una profunda disparidad de poder que genera, como corolario natural, “diferencias sistémicas en términos de intereses y percepciones”. (Womack, 2006: 17).

3 ¿Cuándo se sentirá seguro Estados Unidos? ¿Cuándo se sentirán sus ciudadanos menos angustiados? ¿Cuándo logrará su gobierno atender urgencias que hoy afectan seriamente el futuro de esa potencia? ¿Cuándo se podrá anunciar el fin de su cruzada contra el terrorismo? Al parecer Washington no puede superar su estado de inseguridad perpetua. Una década después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 no se han producido nuevos ataques terroristas en suelo estadounidense y la Casa Blanca (Bush y Obama por igual) ha logrado reubicar la mayor violencia ligada al terrorismo transnacional en donde se considera está su punto de origen: Medio Oriente y Asia Central. En los últimos diez años el número de civiles estadounidenses que han sido víctimas de actos de terror fuera del país es inferior al de las víctimas anuales de tornados y relámpagos en su país. La ejecución de Osama bin Laden en Pakistán, así como la muerte en Somalia de Fazul Abdullah Mohammed, responsable de los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, se suman a una larga cadena de acciones orientadas a debilitar a Al Qaeda y a los grupos afines a éste. Visto con un lente pragmático, y centrado en su propio interés nacional, ese conjunto de logros podría estimular un debate interno distinto, una recuperación del tacto diplomático por sobre el músculo militar y una reflexión estratégica más sofisticada. Sin embargo, nada de lo sucedido ha modificado la política de seguridad y defensa de Estados Unidos. El total de gastos del Pentágono entre 2001 y 2011 alcanzó a US$ 6.2 trillones de dólares, mientras las guerras en Irak y Afganistán han costado US$ 1.26 trillones de dólares. A su vez, lo asignado al Departamento de Seguridad Nacional llegó, en esa misma década, a US$ 635.9 billones de dólares. Si a todo lo anterior se agrega el total destinado al Departamento de Energía para armas nucleares (US$ 204.5 billones de dólares) se alcanza la astronómica cifra de US$ 8.3 trillones de dólares en 10 años. Esto equivale a aproximadamente dos veces la suma de los PBI de América Latina y el Caribe y al 57% del PIB de Estados Unidos en 2010. Año tras año, desde el 11/9, los gastos militares

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alEn efecto, una serie de hechos así lo muestran. El avance comercial de China en América Latina es cada vez más elocuente. Rusia parece impulsada a retornar a la región en clave militar. Irán se proyecta diplomáticamente en América del Sur y Centroamérica. Sudáfrica incrementa su vinculación política con Sudamérica. India se asoma económicamente a Latinoamérica. Los cinco—Beijing, Moscú, Teherán, Pretoria y Nueva Delhi—procuran, como proveedores en unos casos y como consumidores en otro, reforzar los lazos en materia energética y alimentaria en un contexto global de revalorización de los hidrocarburos, de la preocupación por la seguridad alimenticia y de mayor pugnacidad alrededor del control de materias estratégicas. Europa, retraída y extraviada,5 no parece inclinada a fortalecer los contactos bi-regionales aunque se han incrementado algunos lazos bilaterales, en especial en materia de defensa, entre algunos países de la UE y ciertas naciones de América Latina.

de Estados Unidos han ido superando la suma de lo gastado por los otros 191 países con asiento en Naciones Unidas. La tendencia en los presupuestos militares no se alteró con el cambio presidencial. Para el año fiscal 2012, el Presidente Barack Obama solicitó US$ 881 billones de dólares para el Departamento de Defensa y US$ 47 billones de dólares para el Departamento de Estado. Cabe destacar que hace unos pocos días se informó que el Departamento de Estado planea usar US$ 3 billones de dólares para contratar en Irak a unos 5.100 hombres de seguridad privada para cuando haya avanzado la salida parcial de las tropas estadounidenses de ese país. En cuanto a los frentes de lucha se produjo una ampliación en los últimos tiempos: a Afganistán e Irak se añadió la intensificación de los ataques con misiles desde aviones no tripulados (los denominados drones), a cargo de la CIA, en Pakistán y el despliegue del mismo tipo de dispositivo de combate en Yemen, así como el inicio de una nueva guerra en Libia. En términos de operativos ligados a la “guerra contra el terrorismo” han cobrado más importancia las llamadas Fuerzas de Operaciones Especiales (Special Operations Forces, SOF). Desde 2001 las SOF se han duplicado en hombres, triplicado en presupuesto y cuadriplicado en despliegues: están compuestas por 60.000 hombres, han solicitado un presupuesto de US$ 10.5 billones dólares para 2012 y se han desplegado en 75 países. En relación con la proyección de su presencia, Estados Unidos ya cuenta con unas 865 bases alrededor del mundo; bases cuyo costo anual de sostenimiento es de US$ 102 billones dólares y que representan el 95% de las bases militares que un país posee más allá de sus fronteras. Siempre se podrá esgrimir un argumento plausible para explicar la desmesura militar en la que está inmerso Estados Unidos. Para algunos, y a pesar de la voluntad de cambio del Presidente Obama, son muchas las restricciones políticas que lo fuerzan a mostrarse como un hardliner que debe ceder ante la presión de legisladores, gobernadores, banqueros y militares. Para otros, Obama debe operar en un contexto social tan conservador y malhumorado, que su abandono de las promesas electorales debe ser comprendido pues lo que se puede avecinar es un auge incontrolable de una derecha recalcitrante. Otros más piensan que el debilitamiento económico de Estados Unidos lo llevará, más temprano que tarde, a adoptar políticas menos agresivas y, en consecuencia, hay que esperar a un segundo gobierno de Obama para comprender en toda su dimensión porque es un mandatario que mereció el Premio Nobel de la Paz. No faltan quienes remarcan que el multilateralismo acotado que Obama ha alentado es una demostración de un nuevo tono estadounidense, abierto a la consulta, así sea más formal que sustantivo, más ocasional que constante. Sin embargo, el meollo del asunto no está en la persona ni en la intención de un individuo, por más de que se trate del Presidente de Estados Unidos. El núcleo básico en materia de política exterior y de defensa es un desequilibrio elocuente y peligroso entre militares y civiles y el avance de civiles militaristas. Recientemente, dos militares (el capitán Wayne Porter y el Coronel Mark Mykleby) escribieron bajo el seudónimo de “Mr. Y” un texto que intentó tener el mismo gran impacto que en 1947 tuvo el escrito de “Mr. X” (George Kennan) sobre la significación de contener a la Unión Soviética. “Mr. Y” reconoce que hay una desproporcionada militarización de la política internacional de Estados Unidos y eso es un mérito. Pero su propuesta—que ha pasado bastante desapercibida—es tibia y genérica: no apunta al corazón del problema. Mientras Estados Unidos persista en su estrategia de primacía, el desbalance cívico-militar persistirá y Estados Unidos seguirá sintiéndose inseguro pues el mundo no se quedará impávido ante los excesos de su poder.

4 El 2 de diciembre de 1823 en un fragmento de su alocución ante el Congreso de Estados Unidos el Presidente James Monroe afirmó que era “la ocasión propicia para afirmar, como un principio que afecta a los derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido y mantienen, no deben en lo adelante ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia europea... Solo cuando se invaden nuestros derechos o sean amenazados seriamente responderemos a las injurias o prepararemos nuestra defensa. Con las cuestiones en este hemisferio estamos necesariamente más inmediatamente conectados, y por causas que deben ser obvias para todo observador informado e imparcial. El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente en este respecto al de América…Debemos por consiguiente al candor y a las amistosas relaciones existentes entre los Estados Unidos y esas potencias declarar que consideraremos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad…Es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier porción de alguno de estos continentes sin hacer peligrar nuestra paz y felicidad; y nadie puede creer que nuestros hermanos del Sur, dejados solos, lo adoptaran por voluntad propia. Es igualmente imposible, por consiguiente, que contemplemos una interposición así en cualquier forma con indiferencia”. Esta doctrina se resumió en la expresión “América para los americanos”: de hecho, se fue gradualmente convirtiendo, por la práctica de Washington como potencia emergente y después como superpotencia, en “América para los estadounidenses”.

5 ¿En qué momento ingresó Europa en un laberinto del que parece no poder salirse? ¿La Unión Europea (UE) fue forzada a ingresar en él? ¿Puede la UE abandonarlo? Vista desde América Latina, observando Europa con una perspectiva de mediano plazo e introduciendo un enfoque comparativo con otras regiones, la UE delineó, en buena parte, su propia suerte con el fin de la Guerra Fría. En 1990/1991 la Unión Europea tuvo a su alcance varias alternativas y escogió, probablemente, las menos adecuadas: nadie obligó

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Por su parte, de acuerdo a recientes pronunciamientos oficiales Tokio comienza incipientemente a volver a mirar a América Latina. Se trata de un Japón más confiado y menos prevenido; esto es, no solo parece actuar en reacción a lo que hace China. A estos actores estatales hay que sumar la variedad e intensidad de lazos de actores no gubernamentales (partidos políticos, organizaciones civiles de diversa índole, movimientos anti-globalización, comunidades religiosas, grupos transnacionales criminales, entre otros) con Latinoamérica.

Por otro lado, la idea de un Área de Libre Comercio de América (ALCA) ha quedado, al menos temporalmente, sepultada desde cuando en 2005 (fecha que se había establecido para su concreción) no se pudo materializar.6 A su vez, en las recientes crisis en el área—en especial, en Bolivia, respecto a la tensión Colombia-Ecuador y el potencial desbordamiento de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela--fueron los países de la región los que lograron sortear las dificultades del caso mediante un despliegue cauto y asertivo.

a los líderes europeos del momento a adoptar el conjunto de decisiones que finalmente prefirió. No hubo un destino prefigurado. Si es evidente que existió y existe un sendero que se fue labrando y cuyos resultados son hoy palpables: una Europa extraviada, una Europa menos justa, solidaria y autónoma. Los europeos pudieron acordar entre sí dos conductas bien diferentes frente a la implosión de la Unión Soviética (URSS): seguir aferrados al fantasma del “peligro rojo” todavía vigente en Occidente y acompañar, así sea pasivamente, a Estados Unidos en su actitud “victoriosa” ante el humillante colapso de la URSS, o recuperar sus tradiciones más pluralistas y avanzadas y contribuir activamente a una pronta reconstrucción rusa. Pudo entonces empujar sus fronteras hasta los límites de Rusia—y tácitamente alentar los peores miedos de una escuálida Moscú—o tender un puente estratégico para atraer a los rusos hacia su seno. En aquellas circunstancias Europa probó ser más anti-comunista que progresista. Ante la oportunidad de asegurar, con sus importantes recursos de la época, una gradual autonomía militar o seguir supeditada—y condicionada casi inexorablemente--al paraguas estadounidense a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los europeos eligieron la segunda alternativa. Siempre se podrá argumentar que Europa era fiel, en aquel contexto, a una doble convicción: reforzar su poder social interno y atestiguar su estatura de potencia moral internacionalmente. Sin embargo, ese tipo de razonamiento es insuficiente o, al menos, muy relativo: los europeos siempre han sabido que el poderío militar propio—así sea elemental--es indispensable para ser un actor gravitante en la política mundial. Recostarse en Estados Unidos y en una OTAN que ya no era tan vital con el fin de la URSS fue una determinación consciente de quien acepta, extrañamente, que en materia militar ser pigmeo y free rider es bueno en el largo plazo. Entre la profundización o la ampliación de su exitosa experiencia de integración posterior a la Segunda Guerra Mundial la UE se inclinó por la última. Entre una Europa con más ciudadanía y una Europa de nuevos negocios la escogencia fue clara: se aceleró el ingreso de miembros a la Unión pero en medio de un paulatino desmantelamiento del Estado de bienestar. Cuando se debió optar entre una arquitectura política más democrática y la preservación de una tecnocracia ajena a la rendición de cuentas Europa se conformó con la segunda opción. Ante el auge sostenido de Asia y las recurrentes “burbujas” de corto plazo en Estados Unidos, Europa enfrentó un dilema: rediseñar un modelo industrial y productivo o asimilar, a su modo, un esquema financiero y especulativo. La UE cedió ante las fuerzas del mercado menos industriosas y más despilfarradoras. En vez de gestar una base fiscal homogénea, las autoridades económicas de Europa decidieron apresurar la creación de una moneda común. Cuando Europa pudo—y debió—consensuar más y mejor políticas intra-región que robustecieran entre otras, el bienestar de sus sociedades, elevar realmente la calidad de su educación, e incrementar sensiblemente las inversiones en ciencia y tecnología, la UE proclamó una nunca realizada política exterior y de defensa común. Después del11/9 las equivocaciones europeas fueron en aumento. Es sorprendente como dejó prosperar la idea, de cuño estadounidense, de una “nueva” Europa y una “vieja” Europa. Es igualmente llamativo como una UE cada vez más dividida fue perdiendo la brújula en materia militar (en Asia Central y Medio Oriente) y en cuestiones humanitarias (en el norte de África). Desde la distancia, la imagen europea comenzó a desdibujarse notablemente: la sensación cada vez más extendida en la periferia es que los países de Europa siguen reaccionando frente a las solicitudes de acompañamiento militar de Washington y ante las crisis humanitarias de acuerdo a su tradición imperial; esto es, intervenir en algunas ex-colonias y en viejas área de influencia si hay cuestiones claves (recursos estratégicos, por ejemplo) en juego o evitar la injerencia si la realpolitik indicaba que otros intereses circunstanciales (domésticos o externos) así lo sugerían. La estela de muertos no europeos en Irak, Afganistán, Libia y otros sitios en que la coalición occidental ha intervenido es tan dramática que habría que denominar el despliegue de fuerzas en esos lugares un modelo de la irresponsabilidad de desproteger. La resultante electoral de lo anterior es, emblemáticamente, la siguiente: al final del siglo XX en la UE de los 15, en 11 de esos 15 países gobernaban partidos de centro-izquierda. Eso equivalía al 73%. Hacia agosto de 2011 en la UE de los 27, en solo 5 países (España, Grecia, Austria, Eslovenia y Chipre) había gobiernos de leve inspiración progresista. Eso equivale al 18%. Una Europa de las derechas se enfrentará, quizás, con los fantasmas de su pasado. Eso, eventualmente, además de no ser bueno para los europeos sería malo para el mundo.

6 La IV Cumbre de las Américas celebrada el 4-5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina, terminó, guardando las distancias, igual que la primera Cumbre Panamericana de Washington en 1889: la idea de una América comercialmente unida no prosperó. Hace 121 años el Secretario de Estado, el republicano James G. Blaine, proponía una unión aduanera continental. El eco homogeneizador y a la vez asimétrico de la Doctrina Monroe—“América para los Americanos”—estaba implícito de esa iniciativa. La Argentina, acompañada por un Chile menos vocal, rechazó de modo frontal ese plan. Para el delegado argentino, Roque Sáenz Peña, se debía reivindicar el criterio heterogéneo y abierto de “América para la Humanidad”. Ante la polémica y el estancamiento, delegaciones como las de México, Colombia, Brasil y Venezuela apoyaron, en aquel entonces, la suscripción de acuerdos comerciales bilaterales (o por grupo) con Estados Unidos. La idea de una unidad comercial fracasó y el siglo XIX terminó sin un compromiso

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alEn el ámbito militar, ha ocurrido un hecho sugestivo. En momentos en que el Comando Sur7 adquiere una creciente influencia en la política latinoamericana de Estados Unidos y de que el Pentágono decidió reactivar en julio de 2008 la IV Flota—desactivada en 1950—surjió la decisión consensuado de crear en diciembre de 2008 el Consejo de Defensa Sudamericano;8 esquema inédito en la región que muestra, de manera moderada y sin una retórica de confrontación, que es posible concebir la conciliación de intereses nacionales y regionales en materia de seguridad.

económico interamericano. Con atributos de poder y coaliciones políticas diferentes, el comienzo del siglo XXI mostró que una parte de Sudamérica rehusaba, una vez más, la unión comercial plena con Estados Unidos. Ahora bien, la IV Cumbre de las Américas fue, en términos de resultados concretos y útiles, una reunión modesta, casi innocua. Los motivos que lo explican son varios y no necesariamente circunstanciales. En primer lugar, sobresalía un problema global notorio: la crisis del multilateralismo. Los grandes espacios multilaterales, como Naciones Unidas, y los de menor tamaño, se encontraban en proceso de desacreditación. Las razones fueron y son diversas, pero habría que mencionar la preferencia de Estados Unidos por alternativas unilaterales (combinando presiones individuales, arreglos puntuales y concesiones limitadas); las demandas de mayor democratización de las instituciones supra-gubernamentales por parte de sociedades civiles movilizadas; y la baja efectividad de los compromisos alcanzados respecto a las aspiraciones de bienestar de la ciudadanía. En segundo lugar, los resultados de la Cumbre resultaron insustanciales por dificultades específicamente continentales. Por un lado, América Latina y el Caribe son hoy un mosaico complejo atravesado por múltiples desafíos y dilemas. Bajo una lógica individualista de “sálvese quien pueda” y la expectativa de atraer (vía la aquiescencia o la confrontación) la atención de Washington, varios gobiernos llegaron a Mar del Plata con el objeto de forzar consensos ilusorios o disensos alborotados. Estados Unidos arribó con las manos vacías y, sin hacer mucho, desvirtuó el valor del tema del empleo propuesto por Buenos Aires para esta IV Cumbre y logró dividir aún más a los países. Un seguimiento de lo que sucede en Washington muestra que el ALCA tiene poca posibilidad de revivirse en el corto plazo. La reñida aprobación en el Congreso del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica más República Dominicana (CAFTA) en junio de 2005, por apenas un voto; la persistencia de intereses y prácticas proteccionistas del sector agrario estadounidense; las debacles en Irak y Afganistán; y la crisis económica-financiera de 2008-2011; entre otros, indican que será difícil que la idea de un acuerdo hemisférico en materia comercial retome aliento en el futuro inmediato.

7 Corresponde remarcar (por su significado) y ponderar (por sus consecuencias) el notable incremento del Comando Sur en las labores anti-narcóticos en la región. La convocatoria a una “guerra contra las drogas” la formuló en 1971 el Presidente Richard Nixon. Ella obedeció a la decisión de los civiles, se manifestó en la noción de soluciones prontas, se orientó en clave de seguridad, se afincó en el respaldo de un opinión pública que pedía “hacer algo” ante el aumento del abuso de drogas y contó con un apoyo amplio en el legislativo. Al llegar a la presidencia Jimmy Carter se produjo, por un corto lapso, un relativo freno a esa campaña. Sin embargo, Carter fue abandonando su criterio moderadamente “liberal”. Ya para finales de los setenta el Departamento de Estado alentó a que en algunos países—en particular, Colombia—las Fuerzas Armadas asumieran un rol visible en el combate anti-drogas. Así, por ejemplo, en 1978 unos 10.000 soldados colombianos lanzaron la “Operación Fulminante” con el propósito de acabar con la producción y el tráfico de marihuana. A pesar de que el operativo fue un fracaso el Departamento de Estado insistió en ese modo de confrontación. Hasta comienzos de los ochenta las Fuerzas Armadas se mantuvieron renuentes a involucrarse en la lucha antinarcóticos en el exterior—de hecho por la Ley Posse Comitatus de 1878 no podían ser usadas domésticamente en labores destinadas aplicar a la ley y el orden. El ascendente papel de los militares cobró vigor a mediados de la década: a Public Law 97-86 modificó la Ley Posse Comitatus autorizando una participación “indirecta” de las fuerzas armadas en el combate anti-drogas. En abril de 1986 Reagan firmó la Directiva Presidencial número 221 que declaraba que las drogas constituían una amenaza letal a la seguridad nacional. Tres meses después—el 15 de julio—Washington envió una unidad de la Brigada de Infantería 193 (estacionada en Panamá) con seis helicópteros Black Hawks a Bolivia para llevar a cabo la “Operation Blast Furnace”, dirigida a localizar y destruir laboratorios y centros de producción de cocaína. En septiembre de 1989 el entonces Secretario de Defensa, Richard Cheney, determinó que el combate contra las drogas pasaba a ser una misión prioritaria para el Pentágono. Eso implicaba que las fuerzas armadas asumirían el liderazgo en dos tareas: detección y monitoreo del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Tres meses después—el 20 de diciembre—Washington ordenó la invasión a Panamá: como parte de la “Operation Just Cause” se depuso al Presidente de facto, el General Manuel Antonio Noriega y se lo llevó a Estados Unidos donde fue juzgado por narcotraficante. En ese marco, el rol del Comando Sur—por entonces ubicado en Panamá—fue adquiriendo importancia en la “guerra contra las drogas”. A partir de 1990 logró—vía la “Operation Coronet Nighthawk”—un incremento de la capacidad aérea para labores de identificación e intercepción de aviones que pudieran transportar drogas. A ello se agregó un vasto despliegue de radares en el Caribe y en la zona andina. Entre noviembre de 1990 y octubre de 1993 el Comando Sur estuvo bajo el mando del General George A. Joulwan; un hombre convencido de la necesidad de proteger los intereses corporativos de los uniformados en un escenario internacional sin la amenaza del comunismo. El Comando Sur identificó un “nicho” de financiamiento a través de una activa participación en tareas anti-drogas. Los sucesivos comandantes fueron asegurando e incrementando ese papel: mayor presupuesto, más bases y radares y menos limitación desde el Departamento de Estado. La aprobación del Plan Colombia en 2000 robusteció el rol del US Southern Command en ese frente. El 11/9 facilitó aún más esta gravitación del comando localizado en Miami: mientras la atención y los recursos de Washington se concentraron en la lucha contra el terrorismo y Asia, el Comando Sur acrecentó su influencia en la política exterior y de defensa de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Así, el informe de 2007 del Comando Sur—US Southern Command Strategy 2016 Partnership for the Americas—resultó clave. La misión que se asignó el Comando fue colosal: se arrogó ser la organización líder, entre las agencias oficiales, para garantizar “la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda América”. En ese sentido, la aprobación del Plan Mérida para México y Centroamérica en junio de 2008 y el re-despliegue de la IV Flota (que operó entre 1943 y 1950) a partir del 1 de julio de ese año se insertaron en esa tendencia

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En la esfera diplomática—que analizaremos en detalle en la siguiente sección--acontecen fenómenos sorprendentes que muestran crecientes signos de diferenciación, distanciamiento y crítica respecto a Washington, aún entre los países más cercanos a Estados Unidos. En el campo político también se han producido novedades alentadoras. Latinoamérica no avaló los golpes fallidos de 2002 y 2010 en Venezuela y Ecuador, respectivamente, ni el golpe exitoso de 2009 en Honduras, mientras Estados Unidos osciló—producto, entre otras, de miradas corporativas distintas y tensiones burocráticas internas--entre la validación, la tolerancia y la ambigüedad frente a esos tres episodios.9

Ahora bien, lo interesante de todo lo anterior es que, en los últimos años, Washington no dispone, no puede o no desea desplegar hacia la región acciones de coerción masiva o retaliación inmediata como las que desplegó en la Guerra Fría. Por lo anterior se asiste a una situación excepcional en las relaciones interamericanas: existe un conjunto de condiciones que, bien utilizadas, podría coadyuvar a reducir la dependencia respecto a Estados Unidos e incrementar la autonomía relativa de la región, en especial, en los asuntos internacionales. En breve, es posible que no sólo se debilite la Doctrina Monroe sino también que ella se torne obsoleta. En ese sentido, más que preocuparse porque Latinoamérica no está en el radar de atención de Estados Unidos10 o debatir si la región es

a una mayor proyección del Comando Sur en el área. En breve la “guerra contra las drogas” iniciada por civiles la han ido asumiendo los militares. En el trayecto sectores de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos—en especial, el Comando Sur—han ido asumiendo el liderazgo. Miami fue llenando un papel que Washington fue relegando. Con ello creció la gravitación de un Comando usualmente inferior en capacidad, poderío e incidencia. En ese marco, se asiste a una nueva dimensión de la “guerra contra las drogas”: ahora ésta le sirve al US Southern Command para tener un alcance más ambicioso y autónomo.

8 Fue el entonces Presidente de Brasil, Luis Inacío Lula da Silva quien lanzó la iniciativa de establecer el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS). La idea del CDS es consecuente con la auto-percepción de Brasil como un país atravesado por múltiples formas de vulnerabilidad y variadas necesidades de largo plazo. En ese sentido, su clave de aproximación tiene que ver con lo que aspira ser (en el área y allende), con la forma en que concibe la región (como referente para su industria militar, como ámbito de incidencia y legitimación y/o como plataforma de proyección extra-regional) y con su aspiración mundial (ser reconocido como una nueva potencia con prestigio y/o reformar prudentemente las reglas de juego global). A su vez, confirmando un modo de aproximación diplomático, Brasilia introdujo una propuesta original para mostrar visibilidad y exponer capacidad. Lo anterior se produjo en un momento complejo para la región en el que se combinaban fuerzas endógenas que son fuente de más fragmentación y fenómenos exógenos que son generadores de mayor incertidumbre. Ahora bien, en un plano más formal y sustantivo, el CDS podría abocarse a dos tareas. Por una parte, es importante precisar una doctrina compartida y aceptada entre los miembros del Consejo. Así como América Latina es su conjunto promovió un cuerpo doctrinario (Calvo, Drago, Bello, Carranza, Estrada, entre otros) en materia de no intervención ahora América del Sur—con igual espíritu latinoamericano—podría avanzar en la creación de un corpus doctrinario en la dirección de la seguridad. Se trataría de colocar límites precisos para no generar, unilateral o colectivamente, más inseguridad entre los países. Por otra parte, es posible crear un Comité Especial encargado de redactar un tratado sudamericano de defensa. Mientras sobrevive el obsoleto Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro, América del Sur bien haría en discutir y consensuar un acuerdo regional específico que fuera acorde a los tiempos y a los problemas del área.

9 Es posible que los tres ejemplos mencionados apunten a la manifestación de un nuevo tipo de golpe de Estado en la región. El golpe de Estado convencional—la usurpación ilegal, violenta, preconcebida y repentina del poder por parte de un grupo de poder liderado por los militares y compuesto por las Fuerzas Armadas y sectores sociales de apoyo—fue una nota central de la política latinoamericana y del Tercer Mundo durante el siglo XX. El fin de la Guerra Fría, la ola democratizadora de los años noventa, el avance de la globalización, la gradual reducción de las disputas fronterizas entre países, la creciente interdependencia mundial y las promesas de la integración económica regional parecieron presagiar el ocaso del golpismo en la periferia. Sin embargo, con el tiempo, se fue gestando un neo golpismo: a diferencia del golpe de Estado tradicional, el “nuevo golpismo” está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las Fuerzas Armadas, pretende violar la constitución del Estado con una violencia menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la Corte Suprema temporalmente intacta), no siempre involucra a una gran potencia (por ejemplo, Estados Unidos) y aspira más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso.

10 Es ya un lugar común reiterar que América Latina no está en el radar de atención de Estados Unidos. Probablemente eso no sea tan desventajoso como muchos piensan: la desatención de Washington permite explorar, con cierto albedrío, modelos socio-económicos internos y esquemas de inserción externa novedosos. Sin embargo, si se desea más atención de la Casa Blanca, se requiere alterar la significativa asimetría continental, algo que sólo la propia región puede lograr. Una de las condiciones necesarias para modificar el desequilibrio de poder en América, para acumular capacidad negociadora en el área y para concitar una más dedicación e interés de Washington es que afloren más poderes regionales en Latinoamérica. La historia, las relaciones internacionales y el análisis comparado a partir de que Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial muestran que Washington ha puesto mayor cuidado, esfuerzo e incentivos en ámbitos geográficos con múltiples jugadores claves; esto es, en espacios geopolíticos donde se despliegan poderes regionales, potencias medias, naciones emergentes y países secundarios influyentes. Europa y Asia son dos claros ejemplos. Durante la Guerra Fría, la atención brindada por Washington a Europa no dependió sólo de su importancia en la contienda bipolar frente

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alirrelevante11 para Washington sería provechoso entender qué alternativas estratégicas brindan las transformaciones que vienen operándose en el mundo y la región.12

LAS RELACIONES EXTRA-REGIONALES

Como se indicó al inicio factores estructurales y coyunturales han incidido en la formulación y práctica de las políticas exteriores de los países latinoamericanos. En esa dirección, es importante identificar los elementos de continuidad y cambio para evitar generalizaciones simples y apresuradas sobre el despliegue internacional de las naciones del área. En esencia, para comprender mejor la política exterior latinoamericana es fundamental entender qué hacen realmente los estados en el campo diplomático, por qué lo hacen y cómo lo hacen.

El telón de fondo en el que se insertan las políticas exteriores latinoamericanas está marcado por lo que algunos denominan el power shift en la dirección de Asia y otros califican como un re-equilibrio entre Occidente y Oriente.13 En ese marco, una particular combinación de elementos

a la Unión Soviética, sino también de la existencia de viejas grandes potencias, poderes regionales, naciones intermedias y países re-emergentes. Ellos supieron aglutinar esfuerzos y puntos de convergencia para incrementar, individual y colectivamente, su poder negociador frente a Estados Unidos; al menos hasta la década del noventa. Desde la Posguerra Fría, la atención de Washington se localiza en Asia donde conviven, no sin tensiones, poderes emergentes (China e India), antiguas superpotencias (Rusia), grandes potencias regionales (Japón), poderes regionales (Turquía y Pakistán), naciones intermedias gravitantes (Indonesia, Irán y Arabia Saudita), y países secundarios influyentes (Corea y Tailandia). A pesar de sus diferentes estrategias internacionales, los países del área han aumentado su peso específico en la economía y la geopolítica mundial y han llevado a que Washington deba considerar sus puntos de vista sobre cuestiones esenciales de la política internacional. América Latina tiene hoy una sola potencia regional—Brasil—que procura convertirse en un importante jugador global. Brasil siempre aspiró a ser una potencia del Sur y hoy parece relativamente bien encauzada hacia ese fin. Argentina y México, en los noventa, intentaron ser parte del Primer Mundo. En el camino, Argentina en 2001-02 y México en el último trienio, fracasaron estrepitosamente y sus sociedades conocieron el infierno. Esto facilitó, aún más, que la mayor interlocución de la región con Washington pasara por Brasilia. Si la región quiere mejorar su capacidad de diálogo y transacción frente a Washington y eventualmente concitar más atención de actores estatales y no gubernamentales en Estados Unidos, deben surgir más poderes regionales. Desde México hasta Argentina, pasando por los Andes, deben reconstruirse o generarse mecanismos de empoderamiento que eleven efectivamente el perfil de los países intermedios y secundarios. Este es un buen desafío para una zona que genuinamente se puede llamar de paz, que tiene nuevas opciones ahora que el locus de poder mundial se traslada de Occidente a Oriente y que está ubicada en un continente donde Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia.

11 El argumento de la irrelevancia resulta dudoso. Por ejemplo, Estados Unidos ya tiene acuerdos comerciales ratificados con México, Centroamérica más República Dominicana, Chile y Perú, al tiempo que ha firmado tratados de libre comercio con Panamá y Colombia, respectivamente. Washington lanzó el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Plan Mérida, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica–todas en materia de drogas—en las últimas dos décadas. Los presupuestos asistenciales de 2006-2011 para la región han sumado US$ 15.940 millones de dólares (US$ 6.559 en ayuda militar-policiva y US$ 9.381 millones de dólares en ayuda socio-económica). Sobre este último punto ver, http://justf.org/All_Grants_Country (accesado el 15 de marzo de 2011).

12 Paradójicamente Estados Unidos necesita hoy más de Latinoamérica que ésta de Washington: la importancia del electorado “hispano” crece; los temas como el narcotráfico, la migración y el medio ambiente que entrelazan el continente no se pueden resolver seriamente con políticas punitivas y agresivas; la energía procedente del área sigue siendo la más segura; desde la región no hay amenazas provenientes del terrorismo transnacional de alcance global ni de actores con armas de destrucción masiva; etc. Aunque parezca exagerado en el futuro será Washington el que deba ajustar mejor sus políticas hacia la región: no hacerlo incrementará la propensión en la región a desoír sus prescripciones y deslegitimar sus acciones. Hoy Sudamérica no necesita tanto de Estados Unidos como en otros momentos de su historia. No se trata de desconocer el peso global y hemisférico de Washington; se trata de entender que se presenta una coyuntura propicia para que los lazos de América Latina con Estados Unidos sean menos asimétricos. Pero para que ello ocurra se deben dar dos condiciones indispensables: la capacidad del área de asumir y resolver los graves problemas regionales existentes y la preservación democrática de la casa en orden.

13 Para comprender mejor el sistema global y sus manifestaciones claves es imperativo remitirse a la crisis económica-financiera de 2008-2011. En esencia, esta crisis expresa y dinamiza una redistribución del poder internacional y es ésta su característica política más relevante. En efecto, nos encontramos ante la constatación del traslado del centro del poder de Occidente a Oriente y de un reacomodo de la influencia desde el Norte hacia el Sur. El auge de Asia, que era una tendencia observable y previsible frente a la re-aparición de China e India como actores dinámicos en la economía global, se ha acelerado y profundizado. Este resurgimiento asiático, en el inicio del siglo XXI, se comprende mejor si se tiene en cuenta que en el siglo XI Asia detentaba más del 70% del Producto Bruto Mundial. Este gradual y decisivo tránsito del locus de poder--¿un nuevo re-equilibrio o un viraje decisivo?--está acompañado de ciertos procesos específicos que conviene subrayar. Desde mediados del siglo XX la dinámica demográfica más significativa se localiza en Asia. Al repasar los indicadores se observaba que el factor demográfico ubica a Oriente en un lugar destacado y, particularmente después del fin de la Guerra Fría, se hizo evidente que también la dinámica geopolítica se traslada en la dirección de Asia. Esto

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constantes y novedosos caracterizan, en este inicio del siglo XXI, las políticas exteriores extra-regionales de América Latina. En ese sentido, un punto clave es precisar la cuestión de las alianzas que desarrollan los países del área.

Si se entiende el concepto de alianza en su acepción más convencional y reconocida como un modo de colaboración o asociación entre dos o más estados soberanos centrado en la seguridad, entonces no se ha alterado el esquema de alianzas de los países de la región. En efecto, varios ejemplos corroboran esta aserción. Si bien Brasil acordó con Francia la compra de un submarino nuclear14, en 2010 Brasilia y Washington firmaron un acuerdo de cooperación en defensa después que desde 1977 no existiera un compromiso formal en ese frente entre los dos países. Perú renunció en 1990 al TIAR, pero retiró su renuncia en 1991. La Argentina, que en 1998 fue designada aliada extra-OTAN por parte de Estados Unidos, continúa siéndolo, independientemente de que la

significa que Europa, el anterior escenario de potencial gran confrontación en el marco de la bipolaridad soviético-estadounidense; resulta menos preponderante y los asuntos centrales de Asia y del Pacífico empiezan a cobrar más trascendencia porque lo que allí ocurre en términos de paz y guerra tiene un efecto sistémico y no sólo regional o continental. El eje principal de la geopolítica pasó a ubicarse en Asia. En los últimos años a esta situación se le unió el crecimiento económico así como la capacidad científica, tecnológica y productiva. Frente a un Occidente cada vez más ocioso, especulativo, despilfarrador y que perdía su dinámica creativa surgía con gran fuerza un Oriente industrial e industrioso. Aunque, simultáneamente, el declive de uno y el ascenso del otro se produjo en clave ruinosa para el medio ambiente planetario. Entonces, la demografía, la geopolítica y la economía se orientan así cada vez más en dirección a Asia. La presente crisis económico-financiera ahonda y complejiza ese proceso. Este es un dato crucial ya que toda redistribución de poder implica una pugna: nadie pierde o gana poder de manera gratuita. Cuando el centro de poder se ha movido en el seno de Occidente los costos han sido elevados. El fin de la hegemonía británica y el comienzo de la estadounidense generó un difícil proceso de reacomodo y conflictividad. Es de esperar, en consecuencia, que la mutación de poder de Occidente a Oriente no esté exenta de disputa y tensión. No se trata de forzar una analogía inexorable sino de observar el pasado como modo de eludir su repetición.

14 Brasil ha llegado, después de un largo periplo político, institucional, diplomático, científico y material a concretar la iniciativa de disponer, mediante el acuerdo de 2009 entre Brasil y Francia, de un submarino a propulsión nuclear. Después de la Segunda Guerra Mundial, la dirigencia brasileña asumió que el país estaba en la órbita de Estados Unidos, pero no aceptaba inexorablemente el tutelaje de Washington ni percibía que la asimetría debía ser el dato que marcase, en todo tiempo y tema, la relación bilateral. El alineamiento con Estados Unidos durante la II Guerra generó una relación estrecha e intensa, pero era notorio el esfuerzo temprano, al calor de la Guerra Fría, de eludir la sumisión y de procurar espacios de maniobra propios. Para las Fuerzas Armadas resultaba esencial acceder a la tecnología nuclear pero a pesar de que los contactos con Francia se remontaban a 1953—año en que se fundó PETROBRAS—París no facilitó el acceso a reactores nucleares. En la década del setenta aumentó gradualmente la auto-percepción de un vínculo asimétrico con Washington. Brasil no desafió a Estados Unidos pero comprendió que un problema medular, más allá del anticomunismo de la época, que compartía con Estados Unidos, era la falta de desarrollo. Un hecho categórico en aquella década lo confirmó: la dependencia externa del petróleo dado que el país importaba el 80% del hidrocarburo. Esto empujó a impulsar la exploración offshore. A su turno, eso obligó a los brasileños a concentrar más atención y recursos en el Atlántico Sur; fenómeno que robusteció el papel de la Armada y de lo que entonces fue el Ministerio de la Marina. En ese contexto, se creó NUCLEBRAS (Empresas Nucleares Brasileiras) en 1974, se firmó el acuerdo nuclear entre Brasil y Alemania (República Federal Alemana) de 1975 mediante el cual Bonn le transfirió a Brasilia tecnología nuclear y comenzó a contemplarse, a partir de 1976, el contar con un submarino nuclear. Al parecer la circunstancia que produjo más impacto en las Fuerzas Armadas y entre los civiles fue la Guerra de las Malvinas de 1982. La guerra argentino-británica mostró la ineficiencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), reforzó la significación estratégica del Atlántico Sur y motivó un acercamiento mayor a la Argentina pues, entre otras, el programa nuclear argentino era visto, a principios de los ochenta, como más avanzado que el brasileño. Desde los noventa en adelante, el tema del submarino nuclear se insertó en una dinámica más ambiciosa y compleja. A pesar de que surgieron voces críticas de la política nuclear, que despuntó cierto sentimiento revanchista hacia los militares y aparecieron algunas divergencias en las visiones estratégicas de la Armada, la Aeronáutica y el Ejército, el programa del submarino siguió latente. A partir del gobierno de Itamar Franco (1992-95) fue más notorio que la política nuclear brasileña era parte de una política de prestigio, esto es; se entrelazó con la ambición de Brasilia de acceder a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A su vez, el gobierno de Fernando H. Cardoso (1995-2003) dio pasos trascendentales para elevar el perfil de Brasil en el mundo al crear el Ministerio de Defensa y a cargo de un civil, al adherir al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), al procurar que América del Sur se constituyese en una unidad geopolítica diferenciada del resto de América y al localizar la atención en materia de la seguridad en la Amazonía. Sin embargo, dos hechos van a servir para relanzar, ahora con más fuerza, la cuestión nuclear: el apagón de 2000-01 que obligó a un racionamiento de energía eléctrica mostró la necesidad de contar con energía nuclear alternativa; los atentados del 11/9 en Estados Unidos evidenciaron que ante el despliegue del músculo militar de Washington y el peligro del terrorismo transnacional, Brasil requería un re-equipamiento de sus Fuerzas Armadas. Con la llegada de Lula, la idea del submarino nuclear revivió: ahora como instrumento indispensable para garantizar la defensa de la “Amazonia Azul”, el Atlántico Sur. Ello se tornó más urgente en la medida en que se produjeron importantes descubrimientos de petróleo offshore; lo cual colocará a Brasil entre los principales diez países en materia del hidrocarburo. En ese marco, se produjo el acuerdo franco-brasileño de 2009 mediante el cual París le proveerá a Brasilia, entre otros, cuatro submarinos convencionales y la construcción del casco de un submarino nuclear. (Graças Corréa, 2010).

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alactual versión peronista en el gobierno es diferente de la de aquel entonces. Ninguno de los países sudamericanos y centroamericanos que son miembros de la Alianza Bolivariana para la Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha denunciado el TIAR o abandonado la Junta Interamericana de Defensa ( JID). Todos los países del área han asistido regularmente a las reuniones de Ministros de Defensa de América, siendo Bolivia el anfitrión de la última que se llevó a cabo en diciembre de 2010. En este cónclave, y a pesar de los temores acerca de una sobre-ideologización de las discusiones, prosperaron dos iniciativas: por un lado, mejorar la transparencia en materia de gastos de defensa como una forma de evitar potenciales dilemas militares descontrolados entre los países del área y, por el otro, avanzar en el debate de las instituciones de la defensa a nivel hemisférico (esto es; el TIAR, la JID y el Colegio Interamericano de Defensa).

México abandonó el TIAR en 2002 pero en la medida en que el país está en el área de responsabilidad del US Northern Command, se ha transformado—en especial, después de los atentados del 11/9 en Washington y New York y ante el inquietante avance del crimen organizado y el narcotráfico--en parte del perímetro de defensa de Estados Unidos. El Plan Mérida—un émulo del Plan Colombia, en este caso para México y Centroamérica15—ha reforzado la centralidad de México para la seguridad nacional estadounidense.16

15 El Plan Colombia y el Plan Mérida se insertan en una misma lógica: la de la “guerra contra las drogas”; guerra que subyace y sustenta la visión prohibicionista de Estados Unidos. La misma ha enfatizado, en particular, el combate a los centros de oferta (cultivo, procesamiento, tráfico) de narcóticos. El principio que orienta ese énfasis es que una política punitiva severa en dichos centros incide para reducir la disponibilidad de drogas en los principales polos de demanda (al incrementar la destrucción e interdicción), para elevar el precio final de las drogas (al hacer más costoso todo el proceso productivo) y para evitar un aumento en la pureza de las drogas (al dificultar los mecanismos de transformación y exportación); todo lo cual conlleva a que los consumidores recurran menos a las drogas o se sientan disuadidos a no ingresar en ese mercado de bienes ilícitos caros, de escasa disponibilidad y de baja calidad en cuanto al producto. Pues bien toda esa lógica ha probado, una vez más ser falaz si uno analiza la evidencia existente (proveniente del Departamento de Estado estadounidense y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y lo hace sin preconceptos ideológicos. Un aspecto central a evaluar es la cuestión de la erradicación de cultivos ilícitos; una práctica rutinaria en América Latina. En 1990, cuando se producía el ocaso de la Guerra Fría, se erradicaron en la región 23.080 hectáreas de coca, amapola y marihuana; en 2001—el año de los trágicos ataques terroristas en Estados Unidos—el total erradicado de esos cultivos ilícitos fue de 148.401 hectáreas y en 2009 ese total alcanzó a 209.460, 8 hectáreas. Hay que remarcar que, ya sea por vía manual o por aspersión aérea, el uso de defoliantes ha sido la característica predominante de la destrucción de cultivos ilícitos. El área de cultivos destruida (unos 28.811 kilómetros cuadrados) en 20 años de erradicación forzada es el equivalente a aproximadamente cinco y media veces el Estado de Delaware en Estados Unidos u once veces Luxemburgo en Europa. Cabe destacar, asimismo, que en términos de producción de cocaína si bien Colombia muestra un descenso en el último bienio, tanto Bolivia como Perú muestran un crecimiento en dicho período. Entres esos tres países andinos se mantiene un área cultivada relativamente estable en los últimos años: en 2003 fue de 155.803 hectáreas y el 2009 fue de 160.809 hectáreas. A su vez, el total de cocaína producida en los Andes fue de 845 toneladas métrica en 1998 y osciló entre 842 y 1.111 toneladas métricas en 2009. Por otro lado, mientas México pasó de producir 8 toneladas métricas de heroína en 2005 a tener una producción de ésta de 38 toneladas métricas en 2008, Estados Unidos se convirtió en el principal productor de marihuana en 2006 y la superficie de plantaciones de cannabis creció significativamente en Afganistán en los últimos dos años al punto de convertir a ese país—que ya es el más grande emporio global en materia de heroína—en el mayor productor mundial de cannabis. Ahora bien, la disponibilidad de todo tipo de drogas no cambió en Estados Unidos. De hecho, hoy se consiguen más variedad de drogas con mayor pureza que hace tres lustros. Más aún, en términos de precio el gramo de cocaína en ese país pasó de costar 421 dólares en 1990 a valer 216 dólares en 2008. En cuanto a América Latina, los resultados de la destrucción de cultivos han sido negativos y nocivos. Han sido negativos porque de ningún modo se ha afectado el poder de los traficantes ni se han mejorado las condiciones sociales, políticas y económicas en las áreas en que se aplica la erradicación. Han sido nocivos porque han creado un ciclo vicioso. Una conjunción particular de factores—apertura de bosques para establecer cultivos ilícitos, transformación de plantíos en sustancias psicoactivas, presión por erradicación forzada de plantaciones, uso de técnicas de aspersión área y manual con químicos, desarticulación de economía campesina de sustentación, persecución violenta de pobres rurales (campesinos e indígenas), ausencia de cultivos alternativos realizables en el mercado, presencia esporádica y generalmente represiva del Estado, traslado de plantíos ilícitos a otras zonas, y reinicio del ciclo—ha culminado en una situación perversa en la que, en cada paso y años tras año, se refuerzan los incentivos para continuar con las plantaciones ilícitas.

16 Difícilmente el caso del avance del crimen organizado y del narcotráfico en México con todos sus efectos en Latinoamérica pueda ser objeto de alguna alternativa de tratamiento regional o colectivo. Este caso, como ciertos otros, será manejado unilateral y bilateralmente por Washington. En ese sentido, es bueno recordar una recomendación de la comisión especial co-presidida por los senadores Gary Hart (demócrata) y Warren Rudman (republicano) presentada en 2000 (antes del 11/9) y que se centraba en la seguridad nacional de Estados Unidos en el siglo XXI. En dicho documento se remarcó: “Hay países (tales como México, Colombia, Rusia y Arabia Saudita) en los que la estabilidad doméstica es, por distintos motivos, muy importante para los intereses de Estados Unidos. Sin prejuzgar la posibilidad de un cataclismo interno en ellos, estos países deben ser un foco de prioridad para la planeación de Estados Unidos de acuerdo a lo que resulte apropiado para cada situación. Para casos menos prioritarios Estados Unidos debe

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Ninguna potencia extra-regional tiene el despliegue militar que Estados Unidos detenta en la región: el US Southern Command dispone de bases como Bahía de Guantánamo en Cuba, Fort Buchanan en Puerto Rico y Soto Cano en Honduras; ha establecido forward operation locations (ahora denominadas cooperative security locations) en Reina Beatrix en Aruba, Hato Rey en Curazao y Comalapa en El Salvador; opera una extensa red de radares fijos y móviles desplegados en varios países andinos y caribeños; y mantiene un límite de hasta 800 militares y 600 contratistas privados en Colombia como parte del mecanismo de intervención por invitación del Plan Colombia.

Sin duda, en los últimos años se ha abusado, en la región y en otras latitudes, del uso del término de “socio estratégico” para denominar a casi todos los principales interlocutores de cada país; sin embargo, no se ha modificado, en esencia, el tipo de alianzas de la región. O las alianzas del pasado se mantienen o se readaptan o se refuerzan. En breve, Latinoamérica no ha reordenado drásticamente su sistema de alianzas, pero algunos países han profundizado o reorientado sus políticas exteriores en una clave mediante la cual se buscan nuevas afinidades y mayores compromisos con diversas contrapartes funcionales a objetivos nacionales precisos.17

Esto último está íntimamente vinculado a otro hecho característico de América Latina: los países del área (más allá de su tamaño y ubicación geográfica próxima o alejada de Estados Unidos) comparten, independientemente de experiencias diferentes y cambiantes (que oscilan en los extremos entre el plegamiento y la ruptura respecto a Estados Unidos), una política de diversificación. Ésta pretendió en el pasado y procura hoy alcanzar un mejor desarrollo nacional acompañado de una mayor autonomía internacional, en el sentido de que las posibilidades de prosperidad y seguridad domésticas se pueden elevar en un escenario mundial en el que prime una creciente redistribución y difusión del poder.

Al observar la conducta internacional—en una amplia variedad de frentes y durante los últimos años—de un país como Brasil, ello es elocuente. También es evidente—casi obvio--que mandatarios como los hermanos Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela hayan buscado reafirmar su distanciamiento respecto a Estados Unidos mediante una mayor cercanía, por ejemplo, a China. Lo que es importante remarcar es que incluso los recientes presidentes de la región más alineados con Estados Unidos también han pretendido aproximarse a China, en general por motivos económicos propios y teniendo en cuenta, también, la diplomacia que despliegan hacia Beijing los vecinos más inmediatos. Por ejemplo, el Presidente de la Argentina, Carlos Menem, fue el primer mandatario latinoamericano que visitó China (noviembre 1990) después de los trágicos incidentes de la plaza Tiananmen (junio 1989). Por su parte, en abril de 2005 el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo en China (en enero de 2005 el Presidente Chávez había viajado por tercera vez a China) con una nutrida delegación de 144 empresarios y 32 rectores de universidad intentando atraer inversiones chinas para el sector energético colombiano.18

Si, por otro lado, se observa el comportamiento de los países en Naciones Unidas es revelador el relativo deslinde respecto a Washington de parte de países que no antagonizan con Washington. Chile y México no acompañaron a Estados Unidos en su intento de legitimar, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, el ataque a Irak en 2003. A su turno, el caso del comportamiento

ayudar a que la comunidad internacional desarrolle mecanismos innovadores para manejar el problema de los estados fallido”. Ver, (Hart-Rudman Commission, 2000: 13).

17 Cabe si destacar que la región—más específicamente, algunos países del área--ha visto en los últimos tiempos un incremento en los presupuestos de defensa y en la compra de armamentos. Los informes del Stockholm International Peace Research Institute (Suecia) y del International Institute of Strategic Studies (Gran Bretaña) son reveladores. Brasil ya se ubica en el lugar 12 en el mundo en términos de los gasto militares. Chile lidera el gasto militar per cápita en América latina. En el último lustro el gasto militar de la región creció algo más del 90%. Los países que más han elevado sus gastos militares en los últimos años son Chile, Ecuador y Venezuela. Colombia, por su parte, elevó su presupuesto de defensa durante los ocho años del mandato del Presidente Álvaro Uribe y tuvo en Estados Unidos un proveedor clave de recursos militares.

18 Cabe indicar que, como han destacado Jubany y Poon, “China has not pursued relations with Colombia aggressively, suggesting attentiveness to the strong security and aid ties linking Colombia and Washington”. (Jubany y Poon, 2006: 28).

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alde Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas muestra un hecho curioso: en 2007, la coincidencia de la votación de China con Estados Unidos en la ONU fue del 9.3% y la de Bogotá con Washington fue de 7.4%, mientras que en 2008, la coincidencia de la votación de Brasil y de Colombia con Estados Unidos fue, respectivamente, de 20.3% y 20% (US Department of State, 2010).

En otro campo, por ejemplo, anualmente el ejército chino ofrece cursos de gran estrategia para oficiales latinoamericanos: llamativamente, los países que envían más alumnos son la Argentina, Colombia y Chile y no Cuba o Venezuela (Horta, 2008). Corresponde, sin embargo, poner en contexto el número ínfimo de personal latinoamericano que ha asistido a cursos temporales en China. En efecto, el total de soldados y policías latinoamericanos entrenados en Estados Unidos entre 1999-2008 fue de 148.92419. Lo mismo sucede en el área de las ventas de equipamiento militar: si bien China ha concluido acuerdos con Ecuador y Venezuela para proveerles aviones y radares por montos relativamente modestos, solo entre 2004-2009 Estados Unidos vendió armas y equipos militares a América Latina por un valor de US$ 6.941 millones de dólares20.

Recurriendo a un tema tan trascendental en la política contemporánea como es el del medio ambiente, la Bolivia de Evo Morales ha ampliado los vínculos de su país con naciones como Noruega y Finlandia en las que sus propuestas de protección ecológica parecen haber encontrado bastante eco.21 En 2006, Perú impulsó—y después se concretó en 2007—la Iniciativa del Arco del Pacífico Latinoamericano que procura incrementar las relaciones comerciales entre los países de la región, al tiempo que pretende articular posiciones comunes de los mismos frente a las naciones de Asia y del Pacífico (Briceño, 2010). Y finalmente, un caso interesante de diversificación, en buena medida debido a la dinámica interna de fuerzas, intereses e instituciones, es Chile: firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tiene como referente comercial principal al Este de Asia y viene adquiriendo recientemente buena parte de su armamento en Europa (en especial, Alemania, España, Francia, Holanda y el Reino Unido) (Faust, 2004).

Concomitantemente, en algunos casos los espacios multilaterales han servido para que los países eludan el aislamiento, incrementen su perfil internacional y/o mejoren su capacidad de maniobra externa. Por ejemplo, la crisis económica-financiera condujo a una elevación del perfil del Grupo de los 20 (creado a finales de 1999). De manera casi inesperada, la Argentina encontró un ámbito de influencia relevante al ser parte del G-20. Eso le brindó al país una cierta capacidad de interlocución mundial. Asimismo, la gravitación del país en materia nuclear le permitió ser parte (con otras cuarenta naciones) de la cumbre sobre seguridad nuclear que convocó el Presidente Obama en Washington en abril de 2010. Finalmente, la presidencia que lograra en 2010 la Argentina del G-77 (creado a mediados de 1964) y que opera en el marco de la ONU le ofrece al país otro foro en el cual puede incidir.22

19 Ver, http://justf.org/All_Trainees_Country (accesado el 15 de enero de 2011).20 Ver, http://justf.org/All_Sales_Country 8accesado el 15 de enero de 2011).21 Ver, “Noruega ofrece a Evo Morales apoyo sobre cambio climático y gestión de recursos”, en http://www.cedla.org/obie/content/8884

(accesado el 15 de enero de 2011) y “Noruega y Finlandia cooperarán con Bolivia en energía y tecnología limpia”, en http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/noruega-y-finlandia-cooperaran-con-bolivia-en-energia-y-tecnologia-limpia+Evo+Morales+en+Finlandia+y+Noruega&cd=15&hl=es&ct=clnk&gl=ar (accesado el 15 de enero de 2011).

22 Aunque parezca extraño el análisis de política exterior es uno de los campos de las relaciones internacionales con menor desarrollo relativo. A su vez, la evaluación de las conductas externas de los estados que han declinado es una sub-área temática escasamente estudiada. Casi toda la investigación y la bibliografía sobre política exterior están orientadas a describir cómo se comportan los países a los que les ha ido bien y cómo debieran actuar las naciones que aspiran a ascender en el escenario mundial. Es prácticamente inexistente la indagación y la literatura que aborde lo que pueden o deben hacer los países que quieren recuperar poder e influencia en la política internacional. La Argentina constituye un ejemplo de un país que ha declinado internacionalmente, que debe re-estabilizarse en lo interno y que necesita recuperar un sendero ascendente en el campo mundial. Ahora bien, a pesar de haber sufrido un largo período de declive la Argentina sigue siendo un poder regional en el ámbito latinoamericano y un actor intermedio en el escenario mundial.

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Este hilo común latinoamericano marcado por la diversificación, pone en entredicho ciertas nociones que pertenecen más al pasado que al presente. Hace relativamente poco tiempo un observador de las políticas exteriores comparadas de América Latina, William A. Hazleton afirmaba: “All Latin American and Caribbean nations have foreign relations; most do not, however, have true foreign policies” (Hazleton, 1984: 154). Con esta aserción, Hazleton buscó destacar que buena parte de los países de la región reaccionaban ante fenómenos o presiones externas pero que carecían de una estrategia deliberada de política exterior y, en consecuencia, de una inserción internacional (cualquiera que ésta fuese) con propósitos definidos (de acuerdo a los propios intereses) y según los (escasos o cuantiosos) medios disponibles. Posiblemente, tal aseveración fuese acertada en su momento; hoy sin embargo resulta desacertada. Varios ejemplos confirman esto.

El caso de Panamá puede resultar ilustrativo. El 31 de diciembre de 1999, al mediodía y como resultado de los tratados Torrijos-Carter de 1977, Panamá recuperó su principal activo estratégico: el Canal de Panamá. El argumento de los sectores que en Estados Unidos temían por su seguridad y las consecuencias nocivas de ello para Washington, se concentraron en el hecho que dos de los cuatros puertos ubicados sobre el Caribe y el Pacífico han estado bajo control concesionario por la compañía Hutchison Whampoa (de Hong Kong), con estrechos lazos con el gobierno de Beijing y las Fuerzas Armadas de China. Si bien Hutchison Whampoa maneja los puertos de Balboa y Cristóbal, una de las terminales del puerto de Colón es controlada por una compañía estadounidense, Stevedoring Services of America, mientras la otra está operada por una taiwanesa, Evergreen Marine Corp. Recientemente, y a los efectos de la ampliación del Canal de Panamá—validado por un referéndum en 2006—se constituyó el denominado Grupo Unidos por el Canal, compuesto por la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, que emprenderá ese proyecto de aproximadamente US$ 3.200 millones.23 En realidad, el gobierno panameño ha buscado hacer un fino equilibrio entre capitales de distinto origen en términos de la concesión de sus principales puertos del canal, así como de su efectiva ampliación (que tomará hasta 2014). Ello refleja, en buena medida, una política realista y sofisticada más que una conducta reactiva e improvisada.

Dos países centroamericanos—Honduras y Nicaragua—que en 2003 participaron junto a Estados Unidos en la “coalición de voluntarios” que invadió Irak, y que suscribieron (2004) y ratificaron (2005) el CAFTA, han asumido, en años recientes, posturas de clara disensión con Washington. En 2008, el entonces Presidente de Honduras, Manuel Zelaya propuso que se legalizara internacionalmente el consumo de drogas ilícitas,24 al tiempo que el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur (algo que ni La Habana o Caracas han hecho).25 Después del ataque en mayo de 2010 a la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, Nicaragua suspendió relaciones con Israel26.

Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa ha sido uno de los pocos países en el mundo que finalizó, en 2009, un acuerdo militar con Estados Unidos que le permitía a ese país usar la Base de Manta, ubicada en el Pacífico ecuatoriano27. En 2008, Bolivia suspendió la presencia en el país de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos que opera en 63 países. Paraguay,

23 Ver, “Panamá: notifican a Sacyr la ampliación del canal”, en http://www.infolatam.com/2009/07/16/panamanotifican-a-sacr-la-adjudicacion-de-la-ampliacion-del-canal/ (accesado el 15 de enero de 2011).

24 Ver, “Mel propone legalizar consumo de drogas”, en http://www.elheraldo.hn/content/view/full/29914 (accesado el 15 de enero de 2011).

25 Ver, “Nicaragua reconoce independencia de Abjasia y Osetia del Sur”, en http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=320330 (accesado el 15 de enero de 2011).

26 Ver, http://www.radiobiobio.cl/2010/06/01/nicaragua-suspende-relaciones-diplomaticas-con-israel-en-rechazo-por-ataque-a-flotilla-humanitaria/ (accesado el 15 de enero de 2011).

27 Ver, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/gobierno-insiste-en-cierre-de-base-de-manta-en-2009-260547-260547.html (accesado el 15 de enero de 2011).

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alsiendo el único país sudamericano que mantiene relaciones con Taiwán28, ha decidido abrir en Shanghai la primera oficina comercial del país en China. En la búsqueda de mayor comercio e inversión, República Dominicana en 2006, El Salvador en 2008 y Costa Rica en 2010 abrieron en Nueva Delhi sus correspondientes embajadas en la India.

En agosto de 2010 Bolivia acordó con Corea del Sur—luego de que el Presidente Morales visitara Seúl (el primer viaje de un presidente boliviano a ese país desde que se abrieron relaciones diplomáticas en 1965)--un crédito de US$ 250 millones para la investigación y el desarrollo de las minas de litio del Salar de Uyuni, donde se supone está la mitad de las reservas mundiales de ese metal básico para la fabricación de baterías electrónicas29. Asimismo, Japón se ha convertido en el segundo importador de quinua—una nutritiva planta alimenticia--de Bolivia.

Las urgencias materiales de La Habana y la necesidad de hidrocarburos de China han llevado, por ejemplo, a que la China National Petroleum Corp. (CNPC) haya decidido invertir en Cuba unos US$ 6.000 millones de dólares en la ampliación de la refinaría Cienfuegos a partir de 201130. En esa dirección, ha sido relevante la inversión en níquel de la Sheritt International Corporation de Canadá31. Asimismo, en los últimos años China y España32 se han consolidado como principales socios comerciales extra-regionales de Cuba.33

En breve, una serie de circunstancias (por ejemplo, el repliegue relativo de Estados Unidos en la región después del 11/9 y el ascenso de Brasil en el área34), procesos (por ejemplo, la globalización, 28 Si bien las relaciones comerciales son limitadas, más del 20% de la deuda de Paraguay está acordada con la banca taiwanesa. Ver,

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4979000/4979448.stm (accesado el 15 de enero de 2011).29 Ver, “Bolivia y Corea del Sur acuerdan explotar litio en territorio boliviano”, en http://boliviasol.wordpress.com/2010/08/26/bolivia-y-

corea-del-sur-acuerdan-explotar-litio-en-territorio-boliviano/ (accesado el 15 de enero de 2011).30 Ver, http://www.iberoasia.org/blog/?p=7683 (accesado el 15 de enero de 2011). A la inversión china se suman las exploraciones

offshore de Malasia (Petronas), Vietnam (PetroVietnam), Noruega (Norsk Hydro), India (ONGC Videsh), España (Repsol/YPF), Brasil (Petrobras) y Venezuela (PDVSA).

31 Ver, Omayra Bermúdez-Lugo, “The Mineral Industry of Cuba”, en http://minerals/usgs.gov/minerals/pubs/country/2004/cumyb04.pdf (accesado el 15 de enero de 2011).

32 El principal socio comercial de Cuba es Venezuela.33 En ese contexto, y si bien el futuro de Cuba está en manos de los propios cubanos, algunos analistas prevén que “seguramente China

será un actor de gran influencia en lo que haga a las reformas pos-Fidel en Cuba”. (Ratliff, 2006: 3).34 La Presidenta de Brasil, Dilma Rouseeff, tendrá una oportunidad inmejorable para que su país avance en el camino que puede

convertir el incipiente poder emergente que es Brasil en una potencia robusta. Las condiciones internas y externas no podían ser más propicias. El sistema internacional atraviesa una coyuntura inédita: las grandes potencias parecen no tener otra alternativa a aceptar la irrupción de un Sur económicamente dinámico y diplomáticamente asertivo. Hay una compleja redistribución de poder mundial y Brasil es una referencia clave en ese reacomodo de fuerzas. Asimismo, Dilma cuenta con una coalición socio-política (PT-PMDB) que le permite un control simultáneo del ejecutivo (con su vicepresidente, el centrista Michel Terner) y del legislativo (70% de ambas cámaras); hereda una situación económica sin apremios y contará con nuevos activos, como la explotación de los vastos yacimientos petroleros descubiertos. Dilma seguramente continuará con el pragmatismo que ha caracterizado la política exterior brasileña. En eso, cuenta con ventajas y retos. Por un lado, la gestión externa de Lula ha implicado un alto nivel de visibilidad y reconocimiento. Brasil afianzó un esquema de cooperación Sur-Sur novedoso como el IBSA (India, Brasil, Sudáfrica), consolidó el G-4 (Brasil, India, Japón, Alemania) como mecanismo para procurar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, estimuló el despliegue del BRIC (Brasil, Rusia, India, China) en materia comercial, dinamizó su protagonismo en cuestiones financieras a través del G-20, logró la constitución del Consejo de Defensa Sudamericano, entre otros. Sin embargo, los desafíos que confronta son relevantes. Brasil aún tiene que resolver una delicada agenda interna, probar eficacia en su despliegue externo y precisar el tipo de liderazgo regional que está dispuesto a ejercer. El país afronta viejos y nuevos problemas: por ejemplo, la persistente desigualdad y creciente criminalidad incidirán en el alcance de la diplomacia brasileña. Hasta ahora, Brasil ha mostrado tener poder, esto es; atributos y recursos que le permiten tener un impacto internacional. Pero si quiere ser potencia, es decir; ganar en influencia y prestigio, deberá concentrar esfuerzos en superar las dificultades y restricciones internas. En el frente externo deberá ser más eficaz. Brasilia fracasó en la postulación de Luis Felipe de Seixas Correa a Director General de la OMC y no pudo acelerar la reforma en Naciones Unidas. Su iniciativa conjunta con Turquía frente a la cuestión nuclear en Irán, si bien meritoria, no parece alterar la política en el área ni la de los principales actores externos vinculados al tema y el uso, por parte de Estados Unidos, de siete bases militares en Colombia no fue frustrado por Brasil, sino por la Corte Constitucional colombiana. Resta ver cómo asumirá Dilma el asunto del liderazgo regional de Brasil. Hubo y hay dos alternativas. O Brasil pretende la hegemonía—algo muy oneroso y exigente—o apunta a formas razonables de liderazgo múltiple. Por ejemplo, ¿estará dispuesta a generar y/o aceptar un liderazgo concertado (modos de articulación de posiciones convergentes), un liderazgo colaborativo (basado en compartir recursos y bajar costos), un liderazgo compartido (fomentar una comunidad de pares con un destino común) o un liderazgo distributivo (acciones dirigidas a “empoderar” a otros actores vecinos)?

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el regionalismo y la democratización), oportunidades (por ejemplo, la dinámica económica en torno a Asia), y condiciones domésticas (por ejemplo, crecimiento económico combinado con liderazgos activos, junto a la ausencia de jugadores con capacidad de veto y sociedades civiles más movilizadas35) han significado que los países latinoamericanos posean y ejecuten políticas exteriores más asertivas y variadas.

Ahora bien, el hecho de que Latinoamérica no haya cambiado su esquema de alianzas no implica que la región haya perdido la capacidad de diversificar su inserción mundial. Por el contrario, el impulso a favor de la diversificación se ha mantenido en muchos casos y se ha acrecentado en varios otros. En esa dirección, hay actualmente dos países con alto perfil continental, clara voluntad de influir más allá de la región y notable disposición a proyectarse internacionalmente: Brasil y Venezuela. Ambos reflejan variantes de lo que Robert A. Pape ha llamado “soft balancing” (Pape, 2005); uno en un estilo bastante ponderado (Brasil), el otro de forma más provocadora (Venezuela).

Retomado el tema de los modelos de política exterior que se indicó al principio el caso de Brasil encaja en el de oposición limitada mientras que el caso de Venezuela se encuadra en el de desafío. En ambos ejemplos, y siguiendo a Judith Kelley, se trata del “leveling strategies” (Kelley, 2005): estrategias dirigidas a constreñir las opciones del más poderoso e incrementar las alternativas propias. Asimismo, en los dos se manifiesta una diplomacia en la que sobresalen no sólo la búsqueda de la satisfacción de intereses, sino también la promoción de valores. Sin embargo, los grados de alcance y los logros efectivos de uno y otro país en sus respectivas políticas exteriores extra-regionales son distintos.

Por ejemplo, Venezuela vive una situación interna compleja signada, entre otras, por una recesión intensa y extendida. A su vez, conoce una situación muy tensa con su principal vecino andino. La relación colombo-venezolana constituye un caso peculiar de dilema de seguridad. Si bien el dilema entre Bogotá y Caracas no es nuevo ni extravagante, ha logrado un grado de visibilidad y escalamiento significativos para los estándares de la región36.

Paralelamente, Venezuela ha implementado una activa e ingeniosa “social power diplomacy” (Corrales, 2009). El esquema consiste en brindar asistencia material de diverso tipo sin ninguna condicionalidad; lo cual ha facilitado la llegada regional y extra-regional de Caracas pero sin robustecer necesariamente las arcas venezolanas o su democracia. En el ámbito más próximo, el

35 Cabe destacar que, junto a la creciente diplomacia de las firmas emprendida por multinacionales latinoamericanas, la diplomacia pública que remite a las actividades que actores estatales y no estatales llevan a cabo para promover y preservar el soft power de un país, y la paradiplomacia desplegada por provincias y ciudades de la región, se observa un avance de la diplomacia ciudadana. Entiendo por ese tipo de diplomacia el que grupos no gubernamentales desarmados usurpen benignamente un rol tradicional del Estado, asuman una labor de interlocución legítima con distintas contrapartes en el exterior y desplieguen vínculos novedosos con la sociedad civil internacional en una amplia gama de temas.

36 En realidad, hay un sinnúmero de experiencias que podrían valorarse e implementarse en el caso colombo-venezolano. A raíz de la crisis de los misiles en Cuba la Unión Soviética y Estados Unidos acordaron en 1962 establecer un “enlace de comunicación directa” (o hot line como se la conoció popularmente). Se puede revivir la Declaración de Ayacucho de 1974, firmada por los cinco países andinos (más Argentina y Panamá) y que procuró—y logró por un tiempo—limitar la adquisición de armas que pudieran tener fines agresivos. En su momento y a solicitud de Argentina y Chile la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) les presentó a los dos países en 2001—y fue aceptado—una metodología estandarizada común para la medición de gastos de defensa. A principios de este siglo la Organización de Estados Americanos (OEA) a solicitud de Belice y Guatemala desarrolló los términos de referencia para que avanzara una conciliación (lo que se alcanzó en 2003) para hallar fórmulas de solución pacífica y definitiva al diferendo marítimo bilateral. A raíz de la creación del Consejo de Defensa Sudamericano se dispuso la puesta en marcha de un Centro Sudamericano de Estudios Estratégicos que podría tener, como primera tarea y a pedido de Colombia y Venezuela, la presentación de alternativas para prevenir potenciales conflictos bilaterales. Brasil, Paraguay y Argentina han convenido medidas de seguridad conjunta en torno a la zona de la Triple Frontera y han desarrollado un mecanismo de consulta—el llamado 3 más 1—que mantiene informado a Estados Unidos. Si la política de Washington frente a Bogotá y Caracas contribuyó a desmejorar las relaciones colombo-venezolanas ahora le cabe una responsabilidad de apoyar, con suma discreción, mecanismos de distensión entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el de Hugo Chávez.

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alALBA le ha brindado una palanca de influencia a Hugo Chávez, pero en el terreno mundial su capacidad de iniciativa y obtención de resultados ha sido menor.

Mientras que con Washington combina un modus pugnandi (plano ideológico y diplomático) y un modus vivendi (plano comercial y energético), con Europa preserva una ambigua diplomacia de negocios junto a una diplomacia menos ofuscada en lo discursivo. Los acercamientos a China y Rusia han sido muy elocuentes pero Beijing y Moscú han sido, hasta ahora, lo suficientemente cautos para no estimular una suerte de nueva Guerra Fría en un área geográfica en la que Estados Unidos sigue prevaleciendo. Ni China ni Rusia tienen hoy la capacidad y la voluntad de rivalizar seriamente con Estados Unidos en el continente americano pues, entre otras razones, el propio ámbito al que pertenecen, Eurasia Oriental, está surcado por múltiples poderes y atravesado por intrincados y entrelazados dilemas de seguridad.

La relación extra-regional que más parece inquietar a Estados Unidos y Europa es la que vienen desarrollando Venezuela e Irán. Según se menciona, en especial en Washington, Caracas y Teherán han firmado unos 180 acuerdos por un monto aproximado de US$ 20.000 millones. Sin embargo, el nivel de ejecución concreta de los mismos es bajísimo (Arnson, Esfandari y Stubits, 2010). En realidad, es posible que para el Occidente desarrollado las relaciones extra-latinoamericanas que mantiene la Venezuela actual sean fastidiosas; no obstante, no son necesariamente peligrosas. En gran medida, por los límites internos, regionales y externos que condicionan, aún con precios energéticos altos, la política exterior de Caracas.

Por su parte, Brasil es un caso diferente al venezolano. En términos internos, el país muestra niveles de institucionalización, de estabilidad política y de crecimiento económico que permiten suponer una significativa continuidad en el manejo de sus relaciones internacionales. Brasilia tiene una relación normalizada y no antagónica con su mayor vecino: Argentina. Ello le permite, a su vez, tener más espacio de maniobra en la región y el mundo pues no debe estar permanentemente atento a qué sucede a sus espaldas. Sus iniciativas regionales han prosperado: UNASUR y el CDS son dos buenos ejemplos al respecto. En el plano internacional, su asertiva participación en el G-4, IBSA, BRIC y el G-20, entre otros, ha implicado un promisorio despliegue de una especia de multi-minilateralismo; esto es, varios ámbitos en los que convergen un número limitado de participantes. El grado de visibilidad y reconocimiento del país ha sido alto y no se ha empañado después de su comportamiento conjunto con Turquía respecto a Irán37: la política del Occidente desarrollado hacia Teherán necesita pesos y contrapesos de parte de otros actores y tiene, hasta el momento, más visos de bancarrota que de éxito. El mayor reto de la política exterior brasileña, tanto regional como extra-regional, ha sido y es la efectividad.

Ahora bien, la importancia de las experiencias internacionales de Caracas y Brasilia ha sido muy singular para América Latina y quizás poco comprendidas en Estados Unidos y Europa. La variedad e intensidad de sus vinculaciones extra-regionales ha generado muchos beneficios para la región. A diferencia de los ejemplos de la Argentina y México en los noventa que, en esencia, apuntaban a robustecer los lazos con Estados Unidos, primeramente, y Europa, de manera concomitante, los casos de Brasil y Venezuela han tenido una dirección, un propósito y un alcance más global. Cabe destacar, asimismo, que la región ha aprendido de los fracasos

37 Ante el actual panorama en el caso de Irán hay dos alternativas. Estados Unidos y Europa aceptan convivir con una dinámica zonal en la que pierden cierta incidencia relativa de corto plazo, con una nueva potencia nuclear que entrará, necesariamente, en un juego disuasivo más equilibrado (y quizás más prudente) frente al principal aliado regional (Israel) de Washington, con un impulso eventual a la paz entre palestinos e israelíes, con una recomposición del negocio petrolero ante una mayor proyección en el área de actores como China, India y Rusia y con un mapa musulmán reconfigurado entre sunitas y chiitas. O, por el contrario, Estados Unidos, en particular, reafirma su decisión de reordenar a la fuerza el Medio Oriente de acuerdo a sus intereses exclusivos, defender a Israel a cualquier costo en una región en la que jamás podrá existir una hegemonía israelí, producir un cambio de régimen en Teherán con reverberaciones mundiales, posponer una solución al drama palestino, y limitar cualquier influencia en el área de todo poder extra-regional.

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argentino y mexicano: ni Washington ni Bruselas han podido hacer mucho para rescatar sus respectivas caídas. Se dirá, con razón, que no era su tarea hacerlo, pero lo cierto es que la lección es que el Occidente desarrollado no ofreció recientemente, y no parece ofrecer en lo inmediato, un referente tan atractivo en materia económica, política y diplomática.

Lo desplegado por Brasil y Venezuela ha facilitado, sin que ello sea un acto ex profeso o inusitado, que otros países del área se acerquen, sin grandes costos, a múltiples actores extra-regionales. Hay una novedosa fase de ensayo y error en materia de política exterior de la región y ello ha significado mayores relaciones sin una perspectiva apocalíptica; esto es, nadie en el área desea recrear una nueva Guerra Fría en la propia región ni perder parte de la autonomía relativa que se supo alcanzar.

A MODO DE ANOTACIÓN FINAL

Diversificar ha sido históricamente un objetivo fundamental de la política exterior latinoamericana. Y ella ha estado siempre asociada a la búsqueda de mayor autonomía relativa. Cómo atenuar la asimetría se ha constituido en el leitmotiv de la inserción internacional de la región. Durante la Guerra Fría ello no solo fue difícil sino costoso. En los albores de la Posguerra Fría, otras metas importantes parecieron opacar, en muchos países, el interés por la autonomía. Más aún la subordinación tácita pareció guiar el comportamiento de varios gobiernos: eran tiempos de apertura interna más que de diversificación externa. Oportunamente el fin de la primera década del siglo XXI que se caracteriza por la manifestación de un orden híbrido—es decir, un orden con elementos de un patrón unipolar en lo militar y con fenómenos de distinta índole que insinúan mayor multipolaridad--le ofrece a América Latina una nueva coyuntura para retomar y profundizar el sendero de la diversificación.

Existe una “demanda” para diversificar (entre otros, el auge económico de Asia y la desatención hemisférica de Estados Unidos) y una “oferta” pro-diversificación (por ejemplo, líderes y proyectos internos de distinto signo que poseen la voluntad y la potencialidad de procurar más amigos, nuevas contra-partes, mejores aliados). Si los setenta se constituyeron en la llamada década perdida por todo lo que significó en términos económicos negativos, los diez de este nuevo siglo bien pueden ser, si se sabe aprovechar la ocasión, una década ganada para el bienestar de América Latina. En todo caso, el reto mayor es doméstico. Si parafraseando a Gabriel García Márquez la región no quiere otros “cien años de soledad” entonces le cabe emprender un camino de más esfuerzo, menor polarización y mayor equidad para que su prosperidad interna y su gravitación mundial sean una realidad.

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LAS COMISIONES DE ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. LA “VOZ CRÍTICA” DE UNO DE SUS PROTAGONISTAS (ENTREVISTA CON EL HISTORIADOR GONZALO SÁNCHEZ)

Jeff erson Jaramillo Marín


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ateLAS COMISIONES DE

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. LA “VOZ CRÍTICA” DE UNO DE SUS PROTAGONISTAS(ENTREVISTA CON EL HISTORIADOR GONZALO SÁNCHEZ)

Jefferson Jaramillo Marín*

* Sociólogo. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. E-mail: [email protected]; [email protected]

RESUMENEn esta entrevista el profesor Gonzalo Sánchez ofrece un testimonio sobre el impacto para Colombia y para las ciencias sociales de dos comisiones de estudio de la violencia en el país (la II Comisión de Estudios sobre la Violencia 1987) y el Grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Con su visión académica y como parte de dichas comisiones, el profesor Sánchez aborda temas como la memoria, la verdad, la justicia y las víctimas en el contexto del conflicto colombiano.Palabras claves: entrevista, violencia, Colombia, Memoria

COMMISSIONS FOR THE STUDY OF THE VIOLENCE IN COLOMBIA. THE “CRITICAL VOICE” ONE OF THEIR PROTAGONISTS(INTERVIEW WITH HISTORIAN GONZALO SANCHEZ)

SUMMARYIn this interview, Professor Gonzalo Sánchez offers testimony on the impact for Colombia and for the social sciences of two commissions to study violence in the country (the Second Committee for the Study of Violence (1987) and Historical Memory Group, National Commission for Reparation and Reconciliation. With his academic vision and as part of these committees, Professor Sánchez addresses issues such as memory, truth, justice and the victims in the context of the conflict.Keywords: interview, violence, Colombia, Memory

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De Gonzalo Sánchez, puede decirse, como bien lo ha sugerido otro colega suyo, el historiador Renán Silva, que es un intelectual y ciudadano comprometido que ha sabido “relacionar y combinar sabiamente en su obra la historia con la política” (Silva, 2007: 259-280). De su oficio historiográfico dan cuenta sus libros, leídos y consultados por un amplio público dentro y fuera del país. De su papel como ciudadano, quizá vale la pena resaltar su participación directa en dos comisiones de estudio de la violencia en el país (la II Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987) y el Grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el cual preside desde el 2006), ambas de gran impacto para el país y para el campo de las ciencias sociales. Tratando de realizar un balance crítico de estas dos comisiones y de paso su visión sobre la célebre Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la violencia en el Territorio Nacional (1958), conversé con él en Bogotá1 en 2010. Lo más significativo de esta conversación se consigna a continuación.

Jefferson Jaramillo ( J): Comencemos Gonzalo por tu valoración sobre la comisión de estudios de la violencia del año 87 donde tú participaste como coordinador del proceso.

Gonzalo Sánchez (G): Lo primero que a mí me dejó esta comisión del ochenta y siete es la iniciación de un “diálogo público productivo” entre Estado y academia. Ese es el punto clave, en tanto creo que la academia que se había construido en este país desde los sesenta, particularmente la de las ciencias sociales, era una academia de ruptura con la institucionalidad. La comisión del ochenta y siete genera entonces una “nueva relación” con el Estado. Esta relación se ha seguido alimentando de manera continua hasta el día de hoy. Uno podría decir, incluso, que muchas de las consultorías que después se hicieron para la universidad pública, caso CES, IEPRI, podrían de alguna manera volcarse a este “momento original”. Es decir, a partir de aquí, la academia de las ciencias sociales, reconoció que tenía que decir y que aportar algo al Estado; por su parte, el Estado reconoció que la academia debía tener un lugar en la construcción misma del Estado y en la construcción de la política pública.

Lo segundo que considero importante mencionar, es la apuesta en general del mundo académico que trabaja en temas relacionados con el conflicto, por una salida negociada a éste. Esto es muy importante, precisamente, por todo lo que ha pasado con muchos sectores del mundo académico en los últimos años. Hoy, sigo convencido, que contadas excepciones, la mayoría de los académicos le apuesta a esta salida negociada. Aquellos académicos, que le están apostando a una solución armada, quizá puedan haber escrito algo, pero realmente no análisis o compromisos investigativos de largo alcance. Es como si, mientras más descifras la naturaleza del conflicto, más te compenetras con la realidad local y regional del conflicto y más convencimiento se alcanza sobre la absoluta insuficiencia de cualquier mirada exclusivamente militar. Quienes siguen defendiendo una mirada militar, no tienen una mirada de larga proyección sobre la nación.

Lo tercero es que la comisión del ochenta y siete es una invitación también al núcleo académico a que participe en el proceso de construcción del diagnóstico general sobre la sociedad. Un diagnóstico que no es solamente sobre la violencia política, sino una comprensión del amplio universo de “lo político” de la violencia, incluyendo, por ejemplo, las relaciones privadas. Es una comprensión de esos “subuniversos” que están articulados en el “fondo de lo político de la violencia”. Esta comisión es un “momento inaugural” del conocimiento de la diversidad de las aristas que tiene el conflicto colombiano. A esto se suma, que inaugura nuevos terrenos de preocupación académica, para los sociólogos, los antropólogos, los pintores, los trabajadores sociales.

1 Realizada el 7 de julio de 2010, en las oficinas de la CNRR en Teusaquillo, centro de reuniones y trabajo del Grupo de Memoria Histórica, Bogotá, Colombia.

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ateJ: ¿La experiencia de esta comisión tiene actualidad hoy?

G: Quizá sus principios, su perspectiva, pero esto habría que matizarlo. Seguramente lo que se dijo allí, está hoy muy rebasado por los estudios regionales, ya que estos han madurado enormemente en este país. Ya no sorprende que el mundo de la academia esté tan relacionado con las temáticas tratadas allí. Ya son elementos del acervo, son “adquiridos” frente a ese que fue el “momento inaugural”. Hay temas que ya no inquietan, no son novedad como si lo fueron en ese entonces. Se ha madurado en las ciencias sociales.

J: Sospecho que cada una de estas comisiones potencian el desarrollo de las ciencias sociales nacionales y a su vez las comisiones son potenciadas por los desarrollos de las ciencias sociales. Eso pasó en el 87 y quizá esté sucediendo hoy con el Grupo de Memoria Histórica. ¿Qué piensas tú?

G: Yo sí creo que estas comisiones son como un “registro” del estado de las disciplinas. Nos muestran en qué está el trabajo en diversos campos de las ciencias sociales. Al mismo tiempo llevan a su “límite” los acumulados existentes. Por ejemplo, la comisión del ochenta y siete recoge el universo académico y de investigación de los setenta y ochenta y el trabajo del 58. En gran medida, esto es lo que se ha hecho a su vez con Memoria Histórica (MH): recoger ese acumulado que está desde el ochenta y siete hasta hoy y proyectarlo y articularlo a nuevas publicaciones. Pero lo interesante en esta nueva experiencia es que hay más proyección, no solamente se recoge un acumulado sino que se proyectan temas nuevos, hay hallazgos. Además encuentro dos novedades, aquí, con respecto a otras experiencias: 1. la conexión temática de lo que se esta haciendo con lo que esta instaurado en términos normativos en la escena internacional, es decir este trabajo está muy preocupado por lo último que hay en términos de DDHH, de Derecho internacional, justicia transicional y demás. A diferencia de los casos anteriores, hay una comisión muy conectada con el ámbito internacional; 2. Este trabajo, requiere ser construido articuladamente a las necesidades de la sociedad y de las expectativas de las organizaciones sociales. Estas dos, son dimensiones fundamentales: penetración hacia el universo internacional y penetración en las raíces profundas de la sociedad porque en los casos anteriores eran informes desde la universidad o desde los sectores políticos; ahora en cambio hay más conexión con la sociedad, y eso garantiza también el reconocimiento social y político del trabajo de investigación.

J: ¿Lo que estás sugiriendo entonces es que esta experiencia de Memoria Histórica es diferente respecto a otras comisiones, debido al protagonismo de la sociedad civil, de las organizaciones?

G: Sí, porque este trabajo está construido sobre la base de una legitimación social. Más que generar “diagnósticos” que posiblemente fue la característica de las comisiones del 58 y del 87, aquí estamos frente a procesos que plantean desafíos complicados.

J: En uno de los informes, creo que es en la presentación del informe de El Salado, tú afirmas que a MH le interesa analizar las subjetividades, los contextos y los procesos; pero también afirmas que hoy la apuesta es por “las víctimas” un nuevo actor, no visible antes

G: A eso me refiero, cuando hablo de la proyección social o de la responsabilidad social. Aquí el asunto cambia respecto de las otras comisiones. Además hay una conjunción clara entre historia y memoria, entre el rigor y la objetividad de la primera, y la experiencia subjetiva derivada de la segunda. El desafío presente y a futuro es como lograr conciliar ambas, las demandas de lo uno y de lo otro, de la objetividad y la subjetividad, y no suprimir ninguna.

J: Y por supuesto que no quede ninguna subordinada a la otra…

G: Efectivamente, que no queden subordinadas; aunque uno podría verse limitado en este aspecto, por varias razones. Decimos que queremos dar voces a todas las memorias y aquí se genera un

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conflicto. ¿Cómo tramitar todas estas voces?, dado el caso que tenemos voces de victimas que no son iguales, son diversas. Están las voces de las instituciones, del Estado, que tampoco son uniformes. Están las voces de los victimarios. Es decir, cuando tú abres la “caja” para darles voz seriamente a “todos”, los compromisos éticos son más complicados de manejar, porque sabes que a la hora de la verdad tú no puedes dar “plenitud” a cada una de esas voces sin hacer tu propia intervención. Esto se complica más cuando pones en los informes las voces de victimas y las voces de victimarios. Hasta ahora hemos optado por las víctimas, pero de las cosas más importantes que están surgiendo en el proceso de MH, son las voces derivadas de las versiones libres. Debemos tomar en serio las “memorias de los perpetradores”. La pregunta aquí es cómo pesan “éticamente” estas memorias. Nosotros en el trabajo hemos asumido de partida unos postulados más éticos que científicos, que nos llevan a que en situaciones de “asimetría” de voces de víctimas y voces de victimarios, optamos “abiertamente” por las primeras. Hay problemas tanto epistemológicos como políticos con esa decisión.

J: Es una “ponderación razonada”

G: Exacto, lo hacemos muy explicito en los informes. Es una definición de principios éticos y políticos.

J: ¿Y qué hace diferente esta experiencia de MH, con respecto a otras experiencias, por ejemplo la centroamericana o las del cono Sur, donde la opción ética también fue por las víctimas?

G: El escenario mismo de construcción de la memoria en medio del conflicto. Como comisión no nos proponemos ser la voz ética de la sociedad, esa no es nuestra función, quizá como lo fueron otras experiencias internacionales. Nuestra apuesta es que el trabajo sirva de base futura a un proceso de negociación. Pero hay un reto muy grande, entre lo que se dice y el cómo se investiga, dado que el proceso debe dejar puertas abiertas para la negociación futura entre distintos ámbitos, por ejemplo el de las insurgencias y las contrainsurgencias, con participación del mundo de la academia, del de las víctimas, del de las instituciones.

J: Gonzalo, el papel de los intelectuales en estos tres procesos ¿cómo lo ponderas tú? Uno pensaría que las coyunturas y las experiencias de estas comisiones “marcan” los oficios de los intelectuales de manera distinta. Tú has estado en dos de esos procesos como ves el asunto.

G: La experiencia del 58 es básicamente de testimonio. Los comisionados y luego el libro de Guzmán y compañía, se basó en “dar testimonio” de lo que pasó con la Violencia. Además, si te fijas, es un libro inusual, cuya fuerza recae en “la imagen”. La fotografía nos mostró a la sociedad de entonces y con eso cumplió un papel crucial. El trabajo del ochenta y siete, más que imagen nos ofrece “interpretación” de lo que pasó. Más que registro de los hechos, fue la reflexión intelectual sobre los procesos, sobre las fuerzas políticas, sobre el escenario de las violencias. Lo de hoy resulta más complicado de caracterizarlo. Diría que hay tanto lo uno como lo otro, es decir registro histórico e interpretación. Hay un esfuerzo muy grande por el “ser testimonial”, por “ser testigos”, recuperar esas cosas que la gente no ha visto. Es un esfuerzo por “hacer visibles”. Pero al mismo tiempo dar “rigor” desde la academia. Es una mezcla compleja pero interesante y es lo que le da a los informes un enorme potencial. Además respecto a la experiencia del 87, nosotros estábamos hablando desde el mundo de la academia a petición del Estado, hoy en cambio, estamos haciéndolo desde el Estado mismo. El trabajo tiene la fuerza de la palabra del Estado. A esto se suman los impactos que esos informes están teniendo sobre los informes internacionales, por ejemplo, si tú miras los últimos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la palabra de “nosotros” aparece como una palabra de Estado, que fundamenta el reconocimiento de responsabilidades. Es por eso que debemos tener muchísima cautela con lo que se dice, cómo se dice y con que se fundamenta.

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ateJ: Lo que no pasó con los otros procesos…

G: porque hablaban eran “delegados”. Por ejemplo, en el trabajo del 87, era una “delegación”, nos veían como académicos, con experticia. Lo de ahora no es una “delegación de funciones”, somos de alguna manera Estado diciendo cosas que incluso comprometen al Estado.

J: Eso sigue generando tensiones con muchos sectores, ser parte del Estado pero sostener que se tiene autonomía ética, política y metodológica frente al mismo.

G: claro y lo asumimos. Es un campo de tensiones, pero tenemos la tranquilidad de decir las cosas con autonomía, nadie nos impone ni condiciona. La verdad es que hasta el momento esa autonomía ha sido respetada plenamente. El proceso y los productos han sido respetados y eso nos da tranquilidad frente a la sociedad y frente a las organizaciones sociales. Obviamente las tensiones van a seguir también con las organizaciones sociales, pero es legítimo que así suceda. Nosotros hemos insistido desde la experiencia, que no somos los protagonistas de la historia nacional, somos uno de los actores. No pretendemos cerrar el debate que tiene la memoria en este país y en un escenario de conflicto como éste.

J: Luego de dos o tres años de experiencia de MH, ¿qué quedaría por fuera de este “ambicioso” trabajo? ¿Qué hubieran querido contemplar y no lo pudieron?

G: En primer lugar, el éxito, la receptividad y el reconocimiento del trabajo generan nuevas demandas. Por ejemplo, iniciamos un trabajo con una comunidad indígena y otras nos preguntan que cuando estamos con ellas. El año pasado en Medellín hicimos la presentación de dos o tres casos sobre Antioquia, sobre desplazamiento, sobre las masacres en Segovia y algo sobre resistencias sociales y ahí nos vienen demandas de la gente de otros municipios. Pero nosotros somos conscientes que tenemos que garantizar que queden procesos andando. Los trabajos de la memoria deben fortalecer procesos. Además tenemos un tiempo limitado y decimos hasta aquí llegamos nosotros, precisamente para que las comunidades continúen la labor. También reconocemos que hay un trabajo anterior a nosotros y que tendrá que ser posterior a nosotros.

En segundo lugar, a mí como coordinador me hubiera gustado, pero eso ya lo veo muy difícil de que suceda, haber logrado una mayor articulación con otros campos. Por ejemplo, haber articulado mucho más el mundo de los artistas y de las artes plásticas en este trabajo. Ese es un universo de proyección gigantesco. Estamos trabajando con Jesús Abad Colorado, pero habría sido interesante articular más el arte a nuestra propuesta, por ejemplo el cine, la literatura, sobre todo por su “potencia comunicativa”. Hoy estamos haciendo esfuerzos de alguna manera con el vídeo, con la imagen pues esta es potente. Con teatro también. Por ejemplo, el caso de Trujillo está siendo llevado al teatro2 y se basaron fundamentalmente en el trabajo nuestro. Ese es un terreno gigantesco por explorar. Es una tarea inconclusa.

En tercer lugar, hay tres temas cruciales, que están pendientes por falta de financiación. Aunque tenemos los proyectos ya fabricados, falta el recurso para “hacerlos andar”. Uno es secuestro, otro es desaparición forzada y otro es desplazamiento forzado. Ahí están los proyectos, esperemos que no se vayan a quedar “engavetados”, porque son temas que apuntan mucho a las dinámicas centrales del conflicto. Por ejemplo, el secuestro es tal vez dentro de las modalidades de violación de derechos humanos, la que más impacto sociopolítico tiene, y es un elemento diferenciador con otros países. De otra parte, la desaparición forzada, sobre todo porque existe un sector importante que quiere visibilizar la responsabilidad del Estado. Si tú miras, no solo hay conflicto por memorias sino también por posicionamiento de agendas, por ejemplo, eso fue lo que pasó con las marchas.

2 Se refiere a “El Deber de Fenster”, basada en los archivos de MH y el expediente 11.0007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue escrita por Humberto Dorado y Matías Maldonado y dirigida por Nicolás Montero y Laura Villegas.

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Unas visibilizaron el secuestro y allí hay una clara intencionalidad política. Pero otras, visibilizaron el universo de desaparecidos y ahí también está la intencionalidad política. Nosotros quisiéramos juntar esos dos escenarios en el proceso investigativo.

J: Con esto último que acabas de comentar se refleja un poco lo que dice Iván Orozco, en su libro La Justicia Transicional en Tiempos de deber de memoria y es que existe una especie de “poder diferencial”, “un poder asimétrico” de las víctimas de la guerrilla y las de los paramilitares…

G: Sí, son poderes totalmente asimétricos y en el país se escenificaron socialmente en dos marchas. Dos bandos con fuerzas asimétricas. Pero hay también una escenificación en el debate público y mediático sobre Justicia y Paz. Es decir, el debate sobre los alcances de este proceso con los paramilitares y el tema “alarmante” de los desaparecidos que ha ido saliendo a la escena, como nunca antes. Hace cinco años frente al número de desaparecidos en Colombia, las organizaciones manejaban unas cifras que oscilaban entre los cinco y los siete mil. Eran cifras que además se negaban por diversos sectores. Pero hoy las cifras oficiales de la Fiscalía están entre los treinta y cincuenta mil desaparecidos. Y son de una entidad oficial. Son cifras absolutamente inesperadas, nos ponen al mismo nivel, solamente en esa figura delictiva, de Argentina y de los países del Cono Sur. Y eso que no tenemos sino cifras, no tenemos el “mapa global”. Nosotros tenemos el desafío como grupo de MH, de revelar “hechos que se van presentando como aparentemente aislados” dentro de un mapa de impacto de la desaparición en el país. Cuando esta memoria esté visible esperemos que la sociedad tome las medidas y asuma la responsabilidad y el reconocimiento por lo que hemos perdido.

G: Antes que se me olvide, el otro tema pendiente, muy grande por cierto, de este proceso, es el del impacto psicológico tanto para las comunidades como para el equipo de trabajo. Aquí se están “removiendo” unas heridas tan profundas para las cuales no estábamos preparados. Eso nos diferencia de otras comisiones en el país. No estaba preparada la academia, no estaba preparado el Estado, no estábamos preparados nosotros. En la comisión del 87, nosotros hablamos sentados desde los escritorios. Incluso, en los años cincuenta me imagino que se removieron muchas cosas, pero no había todavía una conciencia pública, ni institucional, ni internacional de lo que la guerra significaba.

J: Respecto a esto último, en la comisión del año 58 también hay toda una “apuesta” por la “rehabilitación”, incluso luego Guzmán Campos en el libro de La Violencia en Colombia habla de la “terapéutica de la violencia”…

G: Es cierto, pero eso se hablaba como algo ajeno al proceso de investigación, es decir, era un problema para las zonas de violencia; allá quedaron unas gentes impactadas, pero no era un asunto que obligara a los comisionados. A Guzmán Campos, le venía ese tema de la “terapéutica” por su vínculo con la Iglesia Católica, que era la “gran terapista social” del momento. En el 87, ese no era un asunto a tratar, al menos no directamente, nosotros como académicos estábamos distantes del asunto. Hoy el tema está atravesado por otras dimensiones; estamos inmersos en el “temor”; a medida que vamos a las raíces sociales del conflicto y vamos revelando y destapando cosas, lo que sale es el temor producto del terror, para las propias organizaciones sociales, las comunidades afectadas y para nosotros.

J: y eso “quiebra” a los investigadores

G. eso “quiebra” mucho a los investigadores. Entre nosotros tenemos declaraciones de personas del equipo que nos dicen “ya no soporto más dolor, dame una ubicación distinta en este proceso porque no soporto más dolor”. Pero también están las comunidades, es decir el impacto del terror Y a nosotros como investigadores nos deja a veces como una sensación de “impotencia”. Pero eso es parte del trabajo, estamos “removiendo” unos dolores, unas “expectativas de cambio” en las

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atecomunidades, para las cuales no tenemos todas las herramientas de ayuda. Nos ha tocado que

multiplicar esfuerzos, ser no sólo investigadores sino también “psicólogos” de la sociedad y de nosotros mismos. Es que no hay el suficiente “andamiaje institucional”, incluso, las organizaciones sociales que están haciendo esta labor, no tienen ya como responder, hay mucha demanda, mucho dolor suspendido.

J: La experiencia del REHMI en Guatemala, de formar “recuperadores y gestores de la memoria” en las comunidades más lejanas, no habría sido una buena estrategia para ustedes…

G: Allá funcionó pero aquí es casi un sueño imposible, porque el REHMI estaba montado sobre todo el aparato organizativo de la Iglesia Católica. Y te repito, la Iglesia Católica, es como “la gran terapeuta”, ella fue la gran “canalizadora”. Aquí eso es un imposible. Y con ello no estoy diciendo que la Iglesia no tenga un trabajo importante, sino que no hay una articulación tan fuerte entre lo institucional y lo social como lo hubo quizá para el caso guatemalteco. Es una tarea gigantesca esa de la terapéutica social y debe ser asumida por toda la sociedad.

J: Gonzalo, tú crees realmente en la efectividad de estas comisiones. Algunas de estas comisiones ¿no habrán contribuido a clausurar y pactaron cierres sobre la verdad, o no habrán provocado silencios? Pienso por ejemplo, en la comisión del 58, en pleno pacto de élites que fue el Frente Nacional…

G: La comisión del 58 no fue un “pacto de silencio”. Quizá lo pudo ser el Frente Nacional, pero no la Comisión. En la escena pública, ella reveló “la gran verdad” de la violencia bipartidista, incluso, rompiendo los silencios que se estaban pactando por arriba. El “choque” entre lo uno y lo otro, es monumental, gigantesco para la época.

J: Te decía eso, porque al leer el libro La Violencia en Colombia, que se pública años después de esta comisión, allí descubre uno las sentencias “todos fuimos responsables”, “todos fuimos culpables”, es como si el juicio por el desangre quedara a la historia…

G: Puede existir algo de esa visión. Pero el efecto de la “imagen”, de la “fotografía” del libro, fue rotundo. Era como decirle a la gente, no necesitamos decir quienes fueron, juzguen por ustedes mismos. Aquí está lo que pasó, no necesitamos enunciarlo. En la comisión del 87, no hubo esa “contundencia visual”. Recuerdo que una de las cosas que nos dijo un profesor de la Universidad Nacional, fue “¿y ustedes tienen el mismo nivel de información grafica para dar cuenta de lo que pasa hoy?”. En la escena pública estaban estas preguntas y sobre todo la necesidad de ser “contundentes” con lo que se decía. Sin embargo, esta comisión fue una experiencia distinta en su estilo de trabajo. Hoy, el asunto está precisamente en caracterizar las heridas de las masacres… J: Precisamente, ¿cuáles serían los impactos de esta última experiencia?

G: El balance aquí es “extremadamente complejo”. La experiencia está “desatando” unas dimensiones sociales que nosotros mismos no esperábamos. Por ejemplo, el informe de Trujillo, a pesar de las limitaciones que pueda tener (se refiere a: Trujillo: una tragedia que no cesa), ha logrado articularse con la institucionalidad. Ahí tenemos la intervención de la Procuraduría a partir de las recomendaciones que hizo el informe. Por el lado de las víctimas, ellas han utilizado el informe como un instrumento de lucha adicional a todas las estrategias que ya tenían. Pero lo han sumado a su lucha, a una lucha que ya venía de atrás, y lo están haciendo hasta que se haga justicia y se lleve a cabo la reparación. Nuestro trabajo es dejar andando cosas y por eso creemos que los informes van a mover procesos. Ellos se están convirtiendo, poco a poco, en instrumentos para demandar y exigir al Estado, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Ministerio de Educación, a la Fiscalía, a Acción Social. Los está utilizando la Comisión Interamericana de Derechos para decirle al Estado que hay tareas pendientes en justicia y reparación. Podríamos decir que están siendo una especie de “cantera de demandas sociales continuas”. El caso del informe de El Salado (se refiere

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a El Salado, esa guerra no era nuestra), también revela cosas interesantes sobre los impactos. Aquí estamos en las “antípodas” de lo que pasa con Trujillo. El informe no fortalece un proceso ya en marcha, sino que entra casi a “generarlo”, sobre todo porque esa masacre dejó destruido el tejido social. Creo que también se va a vivir lo mismo con el informe de Segovia. Estoy seguro que MH está convirtiéndose en estas dos zonas en “punta de lanza” de una recomposición social, sobre todo de un tejido “aniquilado” por el terror. Las comunidades están volviendo a “reorganizarse” y “recomponiéndose”.

J: ¿y el caso de Bojayá como lo ves tú? (me refiero al informe: Bojayá: la guerra sin límites)

G: Aquí hay varias cosas. El informe trata de romper con la ilusión estatal de que se ha cumplido con la comunidad. Si es cierto, se han hecho “cosas” y no vamos a negarlo, pero no se ha cumplido en justicia, ni en reparación, ni en verdad, y nosotros queremos contribuir a revelar un poco eso. No basta con decir que allí hubo una guerrilla (las FARC) “abusiva y desalmada” que asesinó gente indefensa. No basta decir eso. Lo que queremos revelar es que hubo otros responsables, por ejemplo, agentes del Estado que no atendieron las alarmas. Esto es una cosa delicada pero debemos decirla. Por otra parte, al igual que con Trujillo, aquí nos encontramos con unas comunidades fuertes, unos procesos organizacionales densos y de largo aliento, por ejemplo, la Iglesia, en particular la diócesis de Quibdó, ha venido siendo un articulador y legitimador de procesos y fuerzas sociales.

J: En lo que me has dicho, ustedes han llegado a dos lugares donde la Iglesia juega un papel crucial, por ejemplo, Trujillo y Bojayá…

G: Sí, es cierto, pero habría que agregar que no es la “Iglesia” en abstracto, sino “expresiones locales de la Iglesia”. Más aún, no es la “gran pastoral social de la iglesia”. Por ejemplo, en el caso de El Salado, nos encontramos con la intervención de varias “fuerzas eclesiásticas”. No está sólo la Iglesia Católica, sino que hay varias iglesias y con perspectivas distintas. Ese por ejemplo, es un tema que todavía está pendiente de analizar en este proceso de memoria. En el caso de Trujillo, “la Iglesia es víctima”, de alguna manera también en Bojayá, “la iglesia es víctima” y no sólo simbólicamente por la destrucción del templo. Allí la Iglesia cumplió un papel muy fuerte en la composición de la comunidad local. Allí hay curas y monjas locales, que siguen siendo articuladores fuertes de la visibilización de la violencia. En esas comunidades ella contribuye a la “recomposición comunitaria”. En Trujillo y Bojayá es un hecho. En El Salado lo es menos, pero por ejemplo, se vivió un acontecimiento importante con la entrega del informe allá con la intervención del padre Rafael Castillo.

J: Son cruciales para estas comunidades las “figuras emblemáticas” de Rafael Castillo en Montes de María y de Tiberio Fernández para Trujillo…

G: Efectivamente, el uno es mártir, el otro es líder y cumplen una función esencial en la memoria de estas comunidades. Sin embargo, habría que preguntar ¿qué pasa en aquellos lugares donde no existe ni lo uno ni lo otro?, por ejemplo, Segovia (Antioquia). Aquí lo que encontramos son “comunidades huérfanas” y de eso está lleno el país. Esos casos si nos desbordan, porque estamos hablando de comunidades fracturadas, con carencias, con orfandades muy profundas. Allí nuestra responsabilidad es mayor.

J: ¿Y en el caso de la Rochela? (me refiero al informe: La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia)

G: Cuando nosotros comenzamos a mirar el caso de la Rochela, lo comenzamos a hacer por solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH). Allí estamos hablando de la masacre de unos “operadores judiciales”, un número pequeño, pero significativo. El asunto es que cuando tomamos este caso, lo hacemos en una coyuntura compleja para la justicia colombiana.

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ateEstamos tocando un “nudo gordiano” de la justicia y sobre todo también en la tensión entre el

ejecutivo y la rama judicial. Este caso además es interesantísimo, porque está en las antípodas de otro que ya había acontecido y sobre el cual se ha volcado toda la atención, me refiero al caso de El Palacio de Justicia. Aquí se asesina a la cúpula de la justicia, con la Rochela estamos frente a un crimen sobre los operadores judiciales. La víctima es la propia justicia.

J: Estamos frente a dos tipos de victimización, en el primero son los “notables de la justicia” en el otro la “base”…

G: Efectivamente, y además en este último caso, lo que preocupa es que son “víctimas estatales” cuyos perpetradores son “agentes del Estado”; el asunto es de una profundidad inimaginable hasta ahora, veremos qué pasa cuando salga el informe.

J: Recientemente el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, dijo en un medio de comunicación que aquí en el país no se necesita una “comisión de la verdad porque existe un grupo de memoria histórica y eso basta”. Aquí hay un tema complicado, porque Memoria Histórica no es una comisión de la Verdad. Además, algunos dicen que no puede haber una, mientras no haya cierre del conflicto, otros como la Corte Constitucional defienden la idea de una comisión de la verdad con paramilitares. ¿Cómo ves el tema?, ¿Se necesita una comisión de la verdad?

G: Es un escenario de incertidumbres. De todas formas, hay apuestas desde distintos lugares del Estado porque salga la verdad. Por ejemplo, la Corte está haciendo una apuesta por la verdad. Nosotros tenemos pendiente hablar con los Magistrados de la Corte sobre los posibles impactos de la creación de una comisión de este tipo. Pero también existen unas apuestas por el tema de parte de los organismos internacionales y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Respecto a la afirmación de Frank Pearl, es probable que él estuviera tratando de dejar un escenario preparado para la labor que se avecina con Memoria Histórica. De todas formas, nosotros desde el principio de éste trabajo hemos asumido cierta cautela y hemos dicho “no somos comisión de la verdad, aunque sí queremos preparar el camino para una”. Aquí, todo es incierto, va a depender mucho de cómo se mueva la escena política en los próximos meses. Hay signos de moverse de forma distinta el país, con la elección de Santos. No sabemos qué va a pasar con la responsabilidad del Estado frente a las víctimas. Hay un reacomodo incluso de otros sectores a favor del diálogo, por ejemplo, la Iglesia. De todas formas, es interesante que hoy se plantee el tema de la Comisión de la Verdad. Hace cinco años era inconcebible, hoy no pasa inadvertido. En este escenario también falta examinar el tema del nuevo vicepresidente, no sabemos aún que va a pasar con Angelino Garzón, al menos con Francisco Santos había un nexo importante, frente a Angelino no sabemos aún.

J: En este nuevo escenario político, que crees que va a suceder con la CNRR? ¿Cambia la estructura del organismo? ¿Memoria histórica va a seguir funcionando tal cual?

G: Hay algo de “incertidumbre controlada” frente al tema. Personalmente no creo que vayan a darse cambios fundamentales en estos dos organismos. Esperaría que el trabajo que falta por hacer Memoria Histórica, continúe; que sigamos con la misma autonomía. Van a existir eso sí presiones de ciertos sectores sociales frente a algunos temas, por ejemplo, la Ley Victimas y la prórroga del mandato de la Ley de Justicia y Paz. Posiblemente haya más condenas derivadas de la aplicación de esta Ley. Apenas ahora comenzaremos a ver todo el acumulado que hay frente a las “versiones libres”. También se viene una mayor presión para que los procesos de Justicia y Paz se muevan con mayor celeridad. Estamos frente a un contexto, no solo de “demanda de memoria” sino de “demanda de sentencias”. Aquí MH va a tener que trabajar duro, por ejemplo, desde el equipo que está liderando el trabajo de “versiones libres”. Esto se está creciendo. Además el grupo de abogados que están trabajando, están agobiados con tanto material. En el momento que nos abran acceso completo a los materiales de fiscalía, el asunto de la reconstrucción de la memoria, desde los victimarios, va a detonar.

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J: Según lo que planteas la demanda de trabajo crece, ya no sólo por el “levantamiento de los testimonios en las comunidades” sino también con la tarea de “sacudir” y “explotar” los archivos judiciales

G: Sí claro, estamos hablando de “montañas de expedientes”. Cada paramilitar representa “una montaña de expedientes”, cada uno de ellos es un deposito de verdad histórica y judicial, que puede ayudarnos a completar el mapa del terror en el país, desde Memoria Histórica. En la actualidad un tema de reflexión de MH es que va a suceder con todos esos archivos, los judiciales, los no judiciales, los históricos.

J: Finalmente, frente al tema de la “judicialización de la memoria” ¿qué opinión tienes? ¿Será posible que lo que están revelando los informes más allá de ser “archivos históricos del desangre”, pueda servir como “carga probatoria”?

G: No, para ello hay otras instancias, por ejemplo, la Fiscalía. Judicializar la memoria en un país en conflicto es grave, especialmente después del avance que ha significado que cada una de las víctimas logre confianza con los investigadores. Eso implica colocarlas en riesgo a ellas y en el camino a los investigadores. El tema aquí es, como lo ha denominado Patricia Linares, de “salvaguardas”. Es decir, los investigadores de memoria histórica tendrán que invocar el secreto profesional. Si la justicia, en este caso los operadores judiciales, utilizan los informes que los utilicen, pero no más. Además, la verdad histórica tiene otros componentes y requerimientos que la verdad judicial. De otra parte, es cierto, que no se trata sólo de recuperar la memoria sino de saber que hacer con ella. Pero, los informes deben cumplir, por ahora, sólo una función de referentes utiles para la construcción de contextos en los procesos judiciales.

J: Muchas gracias Gonzalo!

G: Después del Informe final volvemos a hablar.

BIBLIOGRAFIA

Silva Renán (2007). “Guerras, memoria e historia”, en Renán Silva. A la sombra de Clío. Medellín: La Carreta; pp. 259-280.

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TILLY CHARLES Y WOOD LESLEY J., (2010). LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, 1768-2008. DESDE SUS ORÍGENES A FACEBOOK, BARCELONA, CRÍTICA, 366 P.

Edwin Cruz Rodríguez


rese

ñaTILLY CHARLES Y WOOD

LESLEY J., (2010). LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, 1768-2008. DESDE SUS ORÍGENES A FACEBOOK, BARCELONA, CRÍTICA, 366 P.

Por: Edwin Cruz RodríguezPolitólogo,

Estudiante del Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

Esta es la segunda edición del último libro de Charles Tilly (1929-2008), aumentada y corregida por su discípula Lesley J. Wood, experta en movimientos sociales y profesora de la Universidad de Nueva York. A lo largo de siete capítulos los autores trazan la evolución del movimiento social como forma de participación basados en una particular conceptualización. Según ellos, desde su desarrollo, alrededor de 1750, el movimiento social fue resultado de una síntesis de tres elementos: campañas: esfuerzos públicos y sostenidos por trasladar a las autoridades reivindicaciones colectivas; repertorios: el uso combinado de formas de acción política (coaliciones, reuniones, procesiones, manifestaciones, mítines, vigilias, etc.); y demostraciones públicas y concertadas de valor, unidad, número y compromiso (WUNC). Estos elementos existían por separado antes de que existieran los movimientos sociales, pero su carácter distintivo es la combinación de los tres. A pesar de las innovaciones y las variaciones de un contexto político a otro, evolucionaron y se propagaron por todo el mundo como un todo interconectado.

Según los autores, en los 60s del siglo XVIII la mayoría de los encuentros contenciosos en Londres, Boston y Charleston no tenían nada que ver con los comprendidos en los movimientos sociales, conllevaban el ejercicio de la fuerza y carecían de adaptación a otros contextos o modularidad. Sin embargo, la combinación de elementos que caracteriza el movimiento social empezaría a cristalizar de la mano de cuatro procesos: la guerra, en este caso la de los Siete Años (1756-63), que movilizó poblaciones nacionales, amplió las estructuras estatales e infló el gasto gubernamental; la parlamentarización o expansión del poder del parlamento, al propiciar que los ciudadanos dirigieran sus demandas a los parlamentarios; la capitalización, el aumento del impacto del capital agrícola, comercial e industrial y de la influencia de comerciantes y financieros en el parlamento; y la proletarización, que redujo la dependencia de los obreros respecto de los terratenientes y les permitió ingresar a la vida pública. Todo ello provocó alianzas entre aristócratas disidentes, burgueses y trabajadores insatisfechos, y la creación de asociaciones con fines específicos que alejaron a los activistas de la acción directa destructiva y sentaron precedentes legales para las acciones de los movimientos.

Estos procesos se verificaron en casos como Francia y Bélgica, además de Gran Bretaña y EEUU en el siglo XIX. Los movimientos respondían a influencias internacionales y flujos migratorios. Las elecciones con resultados vinculantes y la ampliación del derecho al voto también promovieron las actividades de los movimientos. Durante el siglo XX los movimientos tuvieron una expansión a escala mundial con el estallido de 1968 y las crisis y transiciones de 1989 en Europa del Este y otros lugares. Algunas relaciones entre los movimientos y las autoridades locales, por ejemplo

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con la policía, se volvieron rutinarias, evidenciando una creciente institucionalización. Las campañas, repertorios y demostraciones de WUNC evolucionaron para responder a los medios de comunicación, que entraron a formar parte de las estrategias, y los opositores de los movimientos adoptaron sus campañas y formas de participación.

Una crítica puede dirigirse a la manera como los autores se aproximan a la historia. Su propósito es la historia del movimiento social en tanto que forma de participación política. Así, se proponen hacer la historia de un fenómeno definido por los rasgos que adopta en el presente, como una combinación de campañas, repertorios y demostraciones de WUNC. Esta conceptualización tiene la virtud de enfatizar la acción colectiva como tal, evitando reducir el movimiento a sus organizaciones o a sus actores. Sin embargo, su aplicación a la historia presenta dos problemas. Primero, al ser un concepto analítico, no producto de la experiencia y el lenguaje de los actores en su temporalidad histórica, corre el riesgo de ser anacrónico. Aunque en el lenguaje político la categoría de movimiento social empezó a usarse con regularidad, tanto por los actores participantes como por los estudiosos, a mediados del siglo XIX, los autores no tienen problema en hablar de movimientos desde fines del XVIII. Segundo, este no sería más que un problema nominal si no tuviera como consecuencia excluir de la categoría de movimientos sociales una diversidad de fenómenos que en la historiografía se han abordado como tales, pero que no cumplen con los “requisitos” de erigirse en combinaciones de campañas, repertorios y demostraciones de WUNC. Por esta razón, la aproximación a la historia no sólo se torna por momentos anacrónica, sino además eurocéntrica. El libro sostiene que el movimiento social se originó en la Gran Bretaña dieciochesca, de donde se esparció por todo el mundo, desconociendo fenómenos, que incluso podrían englobarse con su categoría de movimiento social, como la revolución de Los Comuneros o las de Túpac Amaru y Túpac Katari, que tuvieron lugar a fines del siglo XVIII en Suramérica, por no hablar de otras partes del mundo.

Pasando al plano del presente, cabe resaltar la pertinencia de una perspectiva crítica en el tratamiento de problemas como las consecuencias del uso de las nuevas tecnologías de comunicación y la globalización sobre los movimientos sociales. Los autores muestran que si bien las nuevas tecnologías pueden facilitar ciertas labores de los movimientos, dada la asimetría y el acceso desigual que las caracteriza también plantean inquietudes que llevan a matizar sus potenciales prácticos y explicativos. Son enfáticos en su afirmación de que las nuevas tecnologías no son suficientes para explicar la emergencia y dinámicas de los movimientos sociales. De la misma manera, realizan un análisis sereno y crítico de la globalización o internacionalización, que destaca sus posibles consecuencias antidemocráticas sobre los movimientos. Veamos:

Tilly y Wood constatan que en el siglo XXI se ha incrementado el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, como lo muestran las protestas de 2007 en China –y más recientemente los movimientos de Oriente Medio. Sin embargo, los autores hacen un llamado a evitar el determinismo tecnológico. La mayoría de las transformaciones en los movimientos sociales son resultado de los cambios en sus respectivos contextos y no de las innovaciones tecnológicas como tales. Las innovaciones tecnológicas redujeron los costos de comunicación al aumentar el ámbito geográfico de las comunicaciones del movimiento social. Sin embargo, aunque reducen los costos de coordinación entre activistas que ya estén conectados entre sí, excluyen a los que no tienen acceso a los nuevos medios y acentúan el carácter desigual de las comunicaciones. Así, en la medida en que los movimientos sociales internacionalmente coordinados dependan de las comunicaciones electrónicas su situación será más cómoda en los países ricos que en los pobres. Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen que los movimientos sean progresivamente más vulnerables a problemas de coordinación, control y compromiso. La actividad en línea no implica un compromiso más allá de la esfera virtual, la existencia de una estrategia colectiva o una participación prolongada.

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rese

ñaLa internacionalización de los movimientos sociales tampoco es un fenómeno completamente

nuevo, ya estaba presente en las campañas contra la esclavitud del siglo XVIII o en las feministas y contra el consumo del alcohol del XIX. Sin embargo, los autores constatan algunos cambios. En el pasado quienes planteaban las reivindicaciones y sus objetivos o públicos se presentaban en una misma escala –local, regional, nacional-, ahora es frecuente que los reivindicadores se presenten en una escala y sus objetivos en otra. Además, la internacionalización ha traído consigo: la proliferación de intermediarios especializados no tanto en el planteamiento de sus propias reivindicaciones como en ayudar a otros a coordinar reivindicaciones a escala internacional, por ejemplo ONGI; la multiplicación de contactos colaterales entre grupos de activistas que plantean reivindicaciones similares; y el aumento de la coordinación por parte de las autoridades represoras de diferentes países y regiones. Dado que los centros de poder mundial se concentran en Europa y Estados Unidos, los activistas de esas zonas participan más que los de cualquier otra región del planeta. Por eso a la internacionalización todavía le queda un largo trecho para consolidarse como fenómeno global. Esto supone varios riesgos: que las ONGI eludan sus responsabilidades democráticas igual que la OMC y el FMI, que las organizaciones y activistas del norte global acaben por dominar las reivindicaciones internacionales en detrimento de los más pobres y peor conectados, y que la distancia entre actores políticos hábiles y gente corriente se amplíe. En suma, la fase de internacionalización podría provocar un retroceso de la democracia, al reducir la eficacia de los movimientos a nivel local y nacional porque restringe el alcance de las actuaciones eficaces a grupos y redes que puedan organizarse internacionalmente.

Una de las tesis centrales del libro es que desde el siglo XVIII ha habido una amplia correspondencia entre movimientos sociales y democratización, aunque no necesariamente los movimientos defiendan o promuevan la democracia, pues los ha habido contrarios a sus valores. Los autores parten de una definición mínima de democracia como un tipo de régimen relativamente amplio, con relaciones categóricas e iguales con sus súbditos, que les ofrece protección contra las actuaciones de las autoridades y se rige por consultas mutuamente vinculantes. En los lugares del mundo donde la democracia no se consolidó, los movimientos continuaron siendo escasos. En los niveles más bajos de democratización y durante la mayor parte de la historia no se han formado movimientos sociales. Cuatro procesos promueven la democratización y al mismo tiempo los movimientos sociales: el aumento del número absoluto de gente que puede participar en la política pública, pues amplía el universo de gente que puede apoyar un movimiento y la posibilidad de que miembros de facciones minoritarias de las clases dirigentes busquen aliados en otras clases; la equiparación de recursos y de contactos entre estas personas aumenta la probabilidad de que gente de distintas clases o estratos se una en un movimiento; el aislamiento de la política pública de las desigualdades sociales existentes (étnicas, de género, de clase), propicia la unión de una serie de actores, que en otras circunstancias formarían un grupo heterogéneo, para plantear reivindicaciones comunes; y la integración en la política pública de las redes de confianza interpersonal aumenta el interés de los participantes y facilita la movilización de personas entre las que ya existen conexiones.

Finalmente, los autores se preguntan por el futuro de los movimientos sociales. Las combinaciones de futuros posibles son muy variadas. Pueden ir en una dirección del auge al declive y de lo local a lo global. Las predicciones más plausibles proponen trayectorias separadas de los movimientos dependiendo de su escala: por ejemplo, expansión en lo internacional y al tiempo una contracción en lo local. Los movimientos también podrían desaparecer. Para Tilly y Wood existirían cuatro escenarios posibles: primero, la internacionalización, que implicaría un aumento en el sesgo elitista en cuanto a la participación en los movimientos, y que ven como lenta, menos generalizada y menos global de lo que auguran los entusiastas de la tecnología, pero con visos de no detenerse durante varias décadas. Segundo, el declive de la democracia, que ven como incierto puesto que hay un cierto grado de declive en las principales democracias pero también una democratización en países donde no había, como China. Tercero, la profesionalización, que implica probablemente que los profesionales, las ONG y los acuerdos con las autoridades se irá imponiendo en los movimientos sociales, lo cual los hará abandonar las reivindicaciones locales y regionales que no

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pueden incorporar al activismo internacional. Finalmente, el triunfo implicaría la expansión del movimiento y la democratización en todas las escalas, pero es improbable.

En fin, el libro plantea preguntas y respuestas complejas para un objeto de estudio complejo, ofrece un panorama que permite comprender patrones y causalidades en la evolución de los movimientos y propone categorías analíticas de utilidad.

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes

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