COBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI

Antecedentes del gobierno de Alberto Fujimori

a) Crisis de los partidos políticos

El sistema de partidos existentes en el Perú entre 1980 y 1990 era precario y débil. A lo

largo de la década de los 80, los partidos políticos peruanos no manifestaron problemas

importantes de índole representativa, pero se mostraron ineficaces y fracasaron en la

solución de los dos problemas más preocupantes a los que se enfrentaba el país: la crisis

económica y la actividad de los grupos subversivos. La deslegitimación de los partidos

políticos y de sus dirigentes a los ojos del electorado acabaría afectando a las

instituciones fundamentales, como el Parlamento, del régimen democrático; de este

modo, muchos ciudadanos decepcionados y frustrados, liberados mayoritariamente de

una vinculación partidaria que nunca había sido fuerte, desplazaron sus expectativas y su

voto hacia las organizaciones políticas y los candidatos apartidarios. Para entonces, el

logro de la estabilidad económica y la derrota de los grupos subversivos se convirtió para

muchos peruanos en objetivos superiores al mantenimiento de unos partidos políticos y

de unas instituciones que juzgaban como ineficaces.

El populismo1 es otro de los factores que históricamente han obstaculizado los procesos

tendentes a la institucionalización de los partidos políticos peruanos, hasta convertirse en

la causa principal, a la vez que consecuencia, de su debilidad institucional y organizativa.

La naturaleza carismática, personal e intransferible que ha acostumbrado a caracterizar

en Perú a los liderazgos caudillistas ha causado dificultades para transferir el apoyo

popular que en algún momento recibieron a otros miembros de sus organizaciones

políticas. A esta realidad contribuye el estilo político personalista que caracterizaba a sus

líderes, impulsados por un deseo, contrario a compartir el poder; de este modo,

dificultaban cualquier proceso tendente a la institucionalización de las organizaciones que

ellos habían creado y ponían en peligro su propia permanencia. El APRA es una

excepción parcial, ya que, a Haya de la Torre le sucedió Alan García.

1 Populismo se usa para designar a la corriente ideológica que sostiene la reivindicación del rol del  Estado como defensor de los intereses de la generalidad de una población a través del estatismo, el intervencionismo y la seguridad social con el fin de lograr la justicia social y el Estado de bienestar.

b) Presidencia de Fernando Belaúnde

El presidente Belaúnde, heredó del gobierno militar una crisis económica que se

arrastraba desde mediados de la década de los 70, para la recuperación económica

adoptó las directrices del ideario económico liberal, lo cual no resultó ser una solución

para frenar la caída del crecimiento económico y del empleo y el alza de la inflación.

El presidente Belaúnde nada tuvo que ver con la crisis económica, pues era anterior a su

mandato, ni con el inicio, en mayo de 1980, de la actividad armada de Sendero

Luminoso.

Su responsabilidad recaía en lo poco acertadas decisiones que se tomaron, a partir de

esa fecha, para hacer frente a los grupos subversivos.

El estilo de gobierno de Belaúnde fue calificado de pasivo, reposado, prudente y

conservador. Sin embargo, sí se considera a Belaúnde cómo un político honrado y de

arraigadas convicciones democráticas; con el paso del tiempo, Belaúnde gozó, hasta su

fallecimiento, de un reconocimiento que no había tenido siendo presidente de la

República.

c) La presidencia de Alan García.

La elección de Alan García como presidente de la República, suscitó grandes

esperanzas y expectativas. Los primeros meses de su mandato, caracterizados por una

aparente bonanza económica y un elevado grado de entusiasmo popular, parecían

fomentar el prestigio de la democracia y de sus instituciones a los ojos de las clases

populares peruanas, contribuyendo, a un acercamiento entre el Estado y la sociedad

civil.

Sin embargo, el caos que caracterizó la última fase de la presidencia de García contrastó

con unos inicios de mandato bastante esperanzadores. Las grandes expectativas que el

presidente había levantado entre los sectores populares peruanos parecían cumplirse

durante su primer año de gobierno, cuando la producción, el empleo, el consumo y los

salarios reales crecían, y la inflación se moderaba.

Pero el optimismo comenzó a ceder; desde comienzos de 1987, la situación política,

económica y social de Perú empezó un periodo de creciente deterioro. La credibilidad de

Alan García había sufrido un duro golpe debido a la muerte violenta, ocurrida en junio de

1986, de unos 400 presos senderistas en los penales de la capital.

En 1988, el presidente, presionado por los organismos financieros internacionales,

decretó un paquete de medidas de ajuste económico, obteniendo la antipatía de la

mayoría de los peruanos. Al mismo tiempo, la situación política del país se deterioraba de

día en día entre constantes rumores de golpe de Estado, e incesantes peticiones de

adelanto de elecciones. Alan García dejaba una pesada herencia a sus posibles

sucesores y una agenda repleta de problemas pendientes que requerían de unas

soluciones urgentes.

d) La expansión de las actividades de los grupos subversivos armados

Paralelamente a una situación económica cada vez más grave, el segundo problema del

Perú en la década de 1980 fue la expansión de las actividades de los grupos subversivos

armados que llegaron a amenazar a toda la sociedad. El primer grupo subversivo fue

Sendero Luminoso, movimiento fundado por Abimael Guzmán en 1970. Se basaban en el

pensamiento maoísta2 y adoptaron la estrategia militar de irrumpir en la ciudad después

de consolidar su dominación en el campo. Aspiraba a destruir completamente el régimen

existente y construir desde cero un nuevo orden, matando sin piedad a todos aquellos que

no colaboraran con dicho objetivo. Sendero Luminoso fue el mayor autor de la violación

de los derechos humanos.

El otro grupo subversivo armado fue el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA),

este grupo fue fundado por Víctor Polay, quien buscaba repetir el modelo de la revolución

cubana en el país. Inició sus operaciones militares en 1984. Daba importancia a las

actividades militares en la ciudad y recurrió a los ataques militares a las instalaciones del

gobierno, las misiones diplomáticas y las empresas extranjeras, los secuestros para

obtener rescate, la intimidación a los empresarios y las actividades propagandísticas

mediante la ocupación temporal de los medios de comunicación. Aunque el MRTA no

titubeaba en acudir al terrorismo3 y asesinato como SL, éste no tenía la tendencia de

destruir el orden establecido tan radicalmente como SL. Tanto SL y el MRTA

intensificaron las actividades militares en el transcurso de los años ochenta. Belaúnde en

un principio los subestimó y por considerarlo un problema focalizado en zonas alejadas,

confió solo a la policía el control de estos grupos. Cuando a finales de 1982 decide

ordenar a las Fuerzas Armadas operaciones antisubversivas, estas carecerán de una

estrategia sistemática, integral y coherente. García, el sucesor de Belaúnde, buscó

impulsar el desarrollo social del gobierno para así hacer frente a los grupos subversivos y

debilitar su apoyo, no implementó una política especial contra ellos por tanto la policía

nacional y las Fuerzas Armadas se limitaron a repetir represiones inconsistentes llevadas

a cabo en otros lugares de la región.

2 El maoísmo es una doctrina elaborada por Mao Tse-Tung para adaptar el marxismo a las condiciones de las sociedades agrícolas tradicionales, a la realidad de la China previa a la Revolución. Se caracteriza por una evidente impronta populista y antielitista.3. actos de violencia armada contra la vida, la salud y la libertad de las personas ejecutadas de un modo sistemático y planificado que tienden a crear una situación de inseguridad y de peligro colectivo

e) El surgimiento de outsiders y el liderazgo populista

Los outsiders son ajenos y contrarios a la clase política, a la que culpan de los males que

sufre la población, y buscan una vinculación directa con el electorado. Estos nuevos

caudillos recuerdan los tradicionales liderazgos populistas porque denuncian los vicios e

injusticias del sistema institucional y prometen resolver, personalmente, los agravios y las

aspiraciones de las masas.

Los outsiders compiten en el juego electoral con recursos sacados de la crítica radical

contra los partidos y las elites políticas establecidas, desarrollan su acción en el terreno

de la democracia, pero atacando implacablemente a sus protagonistas principales.

Se presentan como encarnación de la voluntad popular por encima de los partidos

políticos y como salvadores de la nación, practicando un discurso de confrontación frente

a los partidos, tratando de justificar su ofensiva antipolítica con argumentos que atacan a

los liderazgos políticos y cuestionan la misma existencia y necesidad de los partidos.

El surgimiento de políticos como Fujimori sugiere la definición de populismo como forma

de liderazgo muy personalizada que emerge de una crisis institucional de la democracia y

del Estado, de un agotamiento de las identidades conectadas con determinados

regímenes de partidos y ciertos movimientos sociales, de un desencanto general frente a

los políticos, y del empobrecimiento generalizado. La vuelta de las posturas populistas en

la región se expresa en unos líderes emergentes que buscan ganarse el favor de las

masas por medio de un discurso mesiánico, protector, interpersonal, directo y, sobre todo,

sin intermediarios.

En 1990 habían pasado diez años desde el inicio de la transición política (del militarismo

al civilismo) el Estado peruano estaba en bancarrota, los partidos estaban desacreditados.

La subversión, el narcotráfico, la creciente intervención militar en los asuntos públicos, la

violación de los derechos humanos y la hiperinflación hacían que la desintegración política

y social fuera considerada como una seria posibilidad. La combinación de la catástrofe

económica en el Gobierno de Alan García, del avance de la violencia de Sendero

Luminoso, y el descrédito de los partidos político crearon las condiciones para el

surgimiento, desde fuera del sistema político, de candidatos independientes que ofrecían

esperanzas y soluciones a los problemas propios de la situación de crisis general.

La emergencia de Fujimori en las elecciones de 1990 representa la culminación de

persistentes debilidades en la organización y representación de intereses sociales en la

esfera política, producto de la pobreza y el patrón de desarrollo desigual de Perú. Por lo

tanto, lejos de ser una etapa nueva, la elección de Fujimori tenía claros antecedentes

históricos y también raíces más recientes, surgidas en el proceso de transición iniciado a

fines de la década de 1970 y en las acciones de los actores políticos claves durante el

desarrollo de esta nueva democracia.

El triunfo de Alberto Fujimori

a) Apuntes Biográficos

A comienzos de 1990, Alberto Fujimori era un personaje desconocido para la mayoría de

los peruanos; sin embargo, en junio de ese mismo año, la mayoría de los votantes le

eligió como tercer presidente de la República desde el restablecimiento de la democracia

en 1980. Hijo de padres nacidos en Japón, perteneciente a una minoría étnico-racial y

cultural que apenas representa el 0,3% de la población peruana.

Fujimori no era un personaje absolutamente desconocido. Había ejercido, entre 1984 y

1989, el cargo de rector de la Universidad Agraria de La Molina, habiendo presidido la

Asamblea Nacional de Rectores en el período comprendido entre los años 1987 y 1989.

Además, durante la etapa de administración del APRA, partido gobernante entre 1985 y

1990, Fujimori recibió varios encargos para la elaboración de informes en materia

agraria; tampoco los medios de comunicación le eran extraños, pues durante una

temporada había ejercido de moderador en un programa del canal público de televisión.

No era, por lo tanto, un personaje popular, pero sí era conocido en alguno de los círculos

sociales y políticos de Lima.

b) Elecciones de 1990

La falta de otra alternativa que la desprestigiada candidatura del APRA y de la dividida

izquierda condicionó que nuevas representaciones sociales abrieran paso a una corriente

de opinión que respondía a la convocatoria de Fujimori cuya orientación ideológica era de

corte populista. De este modo, Fujimori se presentó a sí mismo como el salvador de la

nación y rechazó toda clase de alianzas y soportes institucionales.

Cambio 90, fue la agrupación que Fujimori utilizó para llegar al poder, esta se armó

rápidamente poco antes de las elecciones de 1990, a partir de las relaciones personales

formadas en círculos de negocios y académicos. La agrupación era sumamente

heterogénea, conformada por miembros sin experiencia alguna en la política, integrado

por personas decepcionadas de los partidos y los políticos tradicionales, por pequeños

empresarios y dirigentes de organizaciones de sectores informales, miembros de iglesias

evangélicas y economistas políticamente independientes.

Mario Vargas Llosa, otro candidato independiente al frente de la coalición Frente

Democrático (FREDEMO), era considerado el seguro ganador por las encuestas tres

semanas antes de realizarse las elecciones presidenciales del 8 de abril de 1990. Vargas

Llosa parecía tenerlo todo: la unidad, un programa neoliberal coherente elaborado por un

calificado equipo de técnicos, y el apoyo de los principales grupos de poder económico,

etc. Fujimori apenas contaba con el apoyo del 2 por ciento del electorado.

Fujimori utilizó una campaña personalista que evitaba las obligaciones partidistas, un

llamamiento a las clases bajas y a los votantes independientes y un énfasis en la

concertación política.

Durante la campaña electoral y a fin de evitar el alejamiento de los votantes, Fujimori evitó

las definiciones ideológicas y cultivó la imagen de líder incorrupto que estaba por encima

de las rencillas de la política partidista. Esto se unió a su vaga promesa de evitar la

aplicación de un duro programa de estabilización económica. Por el contrario, Mario

Vargas Llosa en oposición a la estatización de la banca pretendida por Alan García

durante su mandato presidencial, se asoció con AP (Acción Popular) y PPC (Partido

Popular Cristiano) en el Frente Democrático. Esta asociación con los desprestigiados

partidos políticos y el sustento económico de los capitales, evidenciado en su millonaria

campaña publicitaria, favoreció que el imaginario popular lo identificara con la clase alta.

De modo que Vargas Llosa fue estigmatizado como agente del imperialismo y de las

clases altas, y como defensor de las elites ricas.

La activa participación de Alan García, a fin de bloquear a su enemigo personal, Vargas

Llosa, y al candidato aprista que desafiaba sus intenciones de seguir dirigiendo los

destinos del APRA fue fundamental.

Fujimori logró captar a los votantes porque pudo combinar exitosamente estas dos

estrategias discursivas: la del técnico y la del que defiende a los pobres. Fujimori se

convirtió en el candidato de las masas indias, cholas, pobres y excluidas; Vargas era el

representante de las clases blancas y privilegiadas.

Después de haber obtenido un segundo puesto con estrecho margen de diferencia con

Mario Vargas Llosa en la primera vuelta de la elección, Fujimori ganó a su contrincante

conservador en la segunda vuelta con el apoyo de los votantes de la izquierda y los

apristas. Por lo tanto, en la segunda vuelta electoral, el hasta ese momento desconocido

ingeniero se convirtió en presidente de la República con un 62,4 por ciento de los apoyos

frente al pobre 37,6 por ciento de su competidor.

Se asomaba una nueva época marcada por el declive de los partidos políticos y una

aparente legitimización del autoritarismo por parte de una ciudadanía agradecida por

haberlos salvado de un círculo vicioso de inestabilidad y crisis.

c) Inicio del mandato de Alberto Fujimori

En julio de 1990, el recién elegido presidente se hallaba en una situación de gran

debilidad política. A su favor tenía una indiscutible victoria electoral, una opinión pública

complaciente y una autonomía política sin precedentes desde 1980, pero a pesar de ello,

necesitaba apoyos políticos y asesoramiento de índole técnica.

Fujimori puso de manifiesto inicialmente moderación y cautela que anunciaban unos

tiempos favorables para el logro del acuerdo nacional que el país necesitaba. En sus

primeras manifestaciones, tras proclamarse los resultados oficiales de la segunda vuelta

electoral, el presidente electo se manifestaba favorable a la formación de un gobierno

multipartidario de unidad nacional, que contando con el apoyo de las FFAA, los

empresarios, los sindicatos y la Iglesia católica, podía hacer posible la consecución de un

amplio pacto social por el desarrollo. Para corroborar estas manifestaciones, el día 28 de

julio de 1990, con motivo de la toma de posesión de su cargo como presidente de la

República, Fujimori en su mensaje a la Nación abogó por abrir una vía de diálogo con los

grupos subversivos y se comprometió en la promoción del respeto de los derechos

humanos; también hizo suyo el compromiso de ligar la ética a la política, anunciando la

inmediata creación de un Comité contra la Corrupción y la promulgación de una Ley de

Participación Popular.

Fujimori convocó para formar su primer Gobierno a connotados militantes o

simpatizantes de Acción Popular, Izquierda Socialista e Izquierda Unida. Algunos de los

llamados aceptaron, a título personal sin que ello supusiera la existencia de un acuerdo

de alcance interpartidario. Como presidente del primer Consejo de Ministros Fujimori

nombró a Hurtado Miller, dirigente de Acción Popular y pariente del ex presidente

Belaúnde.

Al recién nombrado premier le correspondería, en agosto de 1990, en una de sus

primeras acciones de gobierno anunciar al país la aplicación de las tan necesarias como

impopulares medidas de ajuste económico, que Fujimori había premeditadamente

ocultado durante la campaña electoral; el llamado “fujishock”4 contenía un paquete de

medidas que, incluso, superaba a las previstas en el programa del FREDEMO. A partir de

agosto de 1990, el gobierno peruano pasó a implementar uno de los planes de ajuste

económico más duros de los aprobados hasta ese momento en América Latina.

4 Consistió en devaluar la moneda en más del 200%. Aumento de la gasolina en 3.000% y eliminación total de los subsidios para otros bienes y servicios públicos, cuyos precios quedaron liberados.

A finales de agosto de 1990, Fujimori, en un mensaje a la Nación, justificaba las medidas

adoptadas en materia económica aduciendo que el país se hallaba al borde de la

ingobernabilidad.

Habiendo transcurrido ocho meses desde su toma de posesión del cargo, el gabinete de

concertación inicialmente auspiciado por Fujimori había desaparecido. En ese escaso

tiempo ya se había puesto de manifiesto que el Presidente no tenía intenciones reales de

conceder al Consejo de Ministros un peso político específico y dotarle de cierta autonomía

en su funcionamiento. En torno a él había una red de asesores, entre ellos compañeros

de trabajo de la Universidad La Molina, Montesinos y algunos familiares.

Autoritarismo y anti institucionalismo

Antes de concluir el año 1990, Fujimori ya mostraba un talante autoritario y agresivo; el

blanco de sus discursos ya no era sólo el Poder Judicial, sino también un Congreso en el

que se sentaban, en palabras del Presidente, unos congresistas “holgazanes”.

Al cumplirse los cien primeros días de mandato, Fujimori daba evidentes muestras de

hostilidad hacia el Parlamento; con motivo del trámite de aprobación de los

Presupuestos para el año 1991, el Presidente, en una acción de dudosa

constitucionalidad, procedió a la supresión de los artículos con los que no estaba de

acuerdo, promulgando una Ley del Presupuesto General de la República para el año

1991; en esta situación, el Congreso reaccionó declarando, en enero de 1991, nulo el

acto presidencial.

El Presidente burló la Constitución vigente, ya que la Carta de 1979 daba al jefe del

Ejecutivo facultades para conceder indultos y conmutar penas, pero no para otorgar

amnistías, como la que se decretó en septiembre de 1990, lo que supuso la puesta en

libertad de varios inculpados pendientes de sentencia judicial; a los jueces y

parlamentarios que se manifestaron desaprobando este abuso presidencial, Fujimori

respondió llamándoles “chacales” y “canallas”.

Además de su independencia política, Fujimori manifestó tempranamente una notoria

antipatía hacia los partidos políticos. Tras la apariencia inicial que supuso la fugaz

etapa de la concertación, pronto las organizaciones partidarias se convirtieron en objeto

de burlas presidenciales.

En este ambiente de confrontación abierta con el Parlamento y los partidos, Fujimori

manejaba hábilmente, apelando a instrumentos populistas y demagógicos, la pobre

consideración que de ellos tenían una gran parte de los peruanos; el Presidente utilizó la

situación de descontento que tenía la sociedad con los partidos políticos como un

argumento para su proyecto autoritario. En esta coyuntura crítica muchos ciudadanos

antepondrían la necesidad de paz, orden y estabilidad a la conservación del régimen

democrático; así se entendería que muchos ciudadanos atribuyeran al Parlamento y a

los partidos un comportamiento obstruccionista con relación a la labor del Presidente en

la defensa de un proyecto de unidad nacional.

A pesar de la hostilidad que el presidente mostraba hacia el congreso nunca en la

historia constitucional de Perú durante el siglo XX un presidente de la República sin

mayoría parlamentaria había encontrado un Parlamento tan colaborador como el surgido

de las elecciones de abril de 1990.

El Congreso peruano nuevamente pondría de manifiesto su disposición a colaborar con el

Presidente, al aprobar, en junio de 1991, la ley 25327, que acordaba delegar en el

Ejecutivo durante un plazo de 120 días funciones legislativas en tres materias concretas:

inversión, empleo y pacificación; aunque, en lógica constitucional, los parlamentarios se

reservaban la facultad de revisar los decretos emitidos en aplicación de este acto de

delegación legislativa.

Haciendo uso de la figura constitucional de la delegación legislativa, en noviembre de

1991, el Gobierno peruano emitió 120 decretos, 35 de ellos referidos a la lucha

antisubversiva. Ante tal cantidad de decretos El Congreso no dispondría del tiempo

necesario para proceder a la revisión cabal de estas normas en los treinta días que el

reglamento vigente le concedía para ello, teniendo en cuenta que, transcurrido ese plazo,

las medidas dictadas por el Gobierno entraban automáticamente en vigor. El previsible

colapso producido en la labor parlamentaria reforzaría, de paso, ante la opinión pública

los argumentos de Fujimori acerca de la ineficiencia y la falta de eficacia del Congreso

para afrontar debidamente los problemas del país.

Ante tal avalancha de decretos, concluida la legislatura ordinaria a mediados de diciembre

de 1991, el Congreso acordó reunirse en legislatura extraordinaria durante los últimos

días de enero y primeros de febrero del año 1992, manteniendo en este tiempo un

contacto continuo con el presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros. Para

esto la decisión de dar un golpe de Estado ya había sido tomada.

a) Golpe de estado

En diciembre de 1991, un senador, el acciopopulista Rafael Belaúnde, había declarado

que el Congreso estaba facultado para destituir al Presidente de la República mediante un

proceso de declaración de incapacidad moral para ejercer el cargo. En este sentido,

Rafael Merino Bartet, asesor del SIN durante tres décadas, ha declarado en el artículo

“La hoguera del Brujo”, publicado en Caretas, nº 1693, de 25/10/2001- que la fecha del

golpe se adelantó al 5 de abril de 1992 ante la posibilidad, según las informaciones de

que disponía el SIN, de que el Congreso le tomara la delantera a Fujimori e iniciara el

proceso para declarar su incapacidad moral.

El golpe no sólo contaba con el apoyo de los militares y de los servicios de inteligencia,

sino también con el de la mayor parte del empresariado nacional y con la aprobación

mayoritaria de la población peruana; el régimen democrático peruano, que no había

calado hondamente en la ciudadanía, no había conseguido sobrevivir a una situación de

conflictos y problemas acumulados ni a las actitudes y decisiones antidemocráticas de sus

gobernantes.

Dicho golpe de estado no tenía argumentos consistentes ya que, según P. Planas el

Presidente, incluso antes de abril de 1992, no había sido un gobernante que respetara la

Constitución y la legislación vigente. La ruptura del orden constitucional no era el “último

recurso” al que se vería obligado a echar mano para la solución de los problemas del

país. El Parlamento no bloqueó las posibilidades de diálogo y de concertación con el

Ejecutivo. El Parlamento tampoco llevó a cabo un tipo de oposición intransigente.

Existieron posibilidades reales para conseguir un acuerdo institucional entre ambos

poderes del Estado.

Lo cierto era que, aunque Cambio 90 únicamente contaba con el 18% de los escaños en

la Cámara de Diputados y el 23% en el Senado, el Presidente había conseguido que en

ambas cámaras se aprobaran sus medidas más importantes en materia económica. Sin

embargo, ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, se fueron alejando paulatinamente en

materia de lucha antisubversiva, siendo éste un motivo importante de colisión entre ellos;

así lo certifica el hecho de que el Congreso objetara varios de los decretos que el

Gobierno emitió, en noviembre de 1991, sobre pacificación nacional.

b) La aproximación de Fujimori a las FFAA.

La ruptura constitucional producida el 5 de abril de 1992 se explica con el papel

fundamental que en su gestación y ejecución tuvieron las FFAA. Colaboraron activamente

con el presidente en su preparación. Lo que se debe aclarar es que no todos los militares

estuvieran a favor de involucrarse en la quiebra del ordenamiento constitucional y que

algunos, que inicialmente se implicaron en el golpe, acabaran distanciándose del régimen

autoritario de Fujimori. Dicho esto, se considera que las FFAA actuaron, como institución,

de acuerdo con un plan preexistente, asumido por la mayoría de los altos mandos

militares.

El hecho de que las FFAA accedieran a que fuera un civil, en este caso el presidente

Fujimori, el que de un modo oficial diera el golpe y se convirtiera en su cara visible les

proporcionaba más ventajas que inconvenientes; con ello, obtenían la garantía de que se

iba a implementar su estrategia antisubversiva y a asegurar su rol dominante en la misma,

evitando, los problemas, internos y externos, que les podría causar la asunción directa del

poder.

Por otro lado, Fujimori, en julio de 1990, se hallaba, a pesar de la nitidez de su triunfo

electoral, en una situación bastante precaria y necesitada de aliados y apoyos. Tras poner

un temprano final a su inicial política de concertación con otros partidos políticos, el

Presidente centró los esfuerzos en ganarse para su causa a la opinión pública, y la

simpatía de las FFAA. La sintonía entre Fujimori y las FFAA no se hizo esperar. Fujimori

pronto se sintió cómodo con los militares. Sin embargo, el Presidente dejó claro que en

esta relación de carácter cívico-militar él no iba a tener un papel pasivo, mostrando pronto

su intención de intervenir activamente en los nombramientos militares; así, una de sus

primeras decisiones como presidente fue cesar en sus cargos a los comandantes

generales de la Marina y de la Fuerza Aérea.

c) La ejecución del golpe.

En la noche del 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori anunciaba al país la disolución

del Congreso y la intervención del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la

Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Ministerio Público y de la

Contraloría de la República; al mismo tiempo, comunicaba que se procedería a la

inmediata creación de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional que

gobernaría mediante la publicación de decretos de ley. El Presidente aducía que el golpe

de Estado era un medio para poner fin a la corrupción y al terrorismo y no suponía, por lo

tanto, una ruptura democrática. Al mismo tiempo anunciaba la creación de sendas

comisiones encargadas de reorganizar el Poder Judicial y de elaborar un proyecto de

reforma constitucional que se sometería a plebiscito nacional.

La misma noche del 5 de abril, el Comando Conjunto de las FFAA, mediante la emisión

de un comunicado oficial, daba a conocer que las FFAA, de forma unánime, respaldaban

al Presidente de la República. De este modo la quiebra del orden constitucional se había

consumado. Sin embargo el camino hacia la ruptura democrática no era irreversible pues

hasta el último momento, existieron probabilidades razonables para llegar a un acuerdo

político entre el Presidente y la oposición; La decisión de Fujimori fue la que anuló

cualquier posibilidad de concertación.

d) La comunidad internacional critica el “autogolpe”

Mientras dentro del Perú existía una situación favorable a Fujimori, la comunidad

internacional criticó severamente la ruptura del orden constitucional. No estaba dispuesta

a tolerar ni hacer la vista gorda al “autogolpe” de Fujimori, pues constituía la destrucción

del marco constitucional y democrático en el Perú. Países como Estados Unidos,

Alemania y España exigieron al gobierno de Fujimori retornar democráticamente al orden

constitucional establecido lo antes posible anunciando la suspensión de la ayuda

económica al Perú.

Un día antes del anuncio del autogolpe, Bernado Aronson, subsecretario adjunto de

Estado para asuntos internacionales, había llegado a Lima para tratar con el gobierno

peruano sobre la colaboración mutua en la política antidroga y otros asuntos. Después de

enterarse del autogolpe, el gobierno norteamericano lo llamó inmediatamente a

Washington anunciando la suspensión de su ayuda económica al Perú. Estados Unidos

exigió a Fujimori dialogar con las fuerzas opositoras y crear un consenso lo más amplio

posible respecto a un proceso de normalización política que incluyera la reapertura del

Congreso. Pese a las manifestaciones contrarias al autogolpe y las recomendaciones

para la normalización de la situación peruana que hicieron diversos países y

organizaciones internacionales, Fujimori prefirió observar el desarrollo de la situación

internacional y no presentó una propuesta nueva y clara sobre el proceso de

normalización de la política peruana, lo cual siguió causando malestar contra el gobierno

peruano en el escenario internacional. La mayoría de países miembros de la OEA

percibían que la medida tomada el cinco de abril difería de un golpe de Estado

convencional, por lo que decidieron dar a Fujimori la oportunidad de plantear una salida

aceptable para la comunidad internacional.

Frente a la resolución crítica de la OEA, Fujimori dio a conocer el 16 de abril su intención

de convocar a un diálogo en el que participarían todas las fuerzas políticas y

organizaciones civiles, así como un cronograma de la normalización política.

El 18 de mayo se llevó a cabo la reunión ad hoc5, en Bahamas, de los cancilleres de la

OEA, a dicha reunión asistió Fujimori. En este encuentro reiteró su idea de realizar un

referéndum sobre el “autogolpe”, pero también propuso instalar un Congreso

Constituyente Democrático (CCD) que además de la redacción de la constitución política,

asumiera funciones de legislativas y de fiscalización, como un Poder Legislativo normal, y

funcionara hasta 1995, año de fin de mandato de los congresistas elegidos en 1990.

El presidente presentó el siguiente cronograma político que pasaba por tres convocatorias

electorales: primero, en noviembre del año en curso, se elegirá un Congreso

Constituyente Democrático (CCD) que tendrá como misión elaborar una nueva Carta

Magna; segundo, en enero de 1993, los peruanos votaran a alcaldes y concejales; y

tercero, cuando el CCD terminara sus trabajos, la población será llamada a legalizar la

nueva ley suprema.

La nueva propuesta de Fujimori de convocar a las elecciones para el CCD fue reconocida

internacionalmente como proceso de “retorno a la democracia”, evitándose de esta

manera la adopción de una sanción contra el Perú.

e) La realización de las elecciones de CCD

La campaña electoral de CCD comenzó en octubre. Cuatro de las principales fuerzas de

la década de 1980, AP, el PAP e IU decidieron no participar en el proceso electoral,

debido que se oponían a la realización misma de las elecciones del CCD impuesta por

Fujimori, como a que eran conscientes de su impopularidad entre los peruanos. Por otro

lado, dieciséis agrupaciones políticas, entre ellas, las fuerzas de Fujimori y el PPC,

participaron en este proceso electoral.

Con miras a la campaña electoral de CCD, Fujimori fortaleció su agrupación aliándose

con una agrupación nueva llamada “Movimiento Nueva Mayoría” que él mismo conformó y

en la que reunió a los profesionales y especialistas colaboradores de su gobierno. Esta

alianza fue dominada Nueva Mayoría. Cambio 90.

La campaña electoral del CCD se desarrolló favorablemente para las fuerzas fujimoristas

dado que continuaba la tendencia general de un alto nivel de apoyo popular a Fujimori y la

oposición seguía manteniendo una baja popularidad, sin lograr recuperar la confianza del

Pueblo peruano. Durante la campaña electoral, se produjo la captura de Guzmán, máximo

líder de SL; suceso que favoreció electoralmente a la alianza oficialista.

Tal como estaba previsto, el 22 de noviembre se llevó a cabo la votación bajo la

observación de la OEA. El resultado dio el triunfo al oficialismo que consiguió 49.3 por

ciento de los votos válidamente emitidos, y 44 escaños. Muchos peruanos pensaron que

5 Ad hoc es una locución latina que significa literalmente «para esto». Generalmente se refiere a una solución específicamente elaborada para un problema o fin preciso y, por tanto, no generalizable ni utilizable para otros propósitos. Se usa pues para referirse a algo que es adecuado sólo para un determinado fin o en una determinada situación.

Fujimori había logrado estabilizar la economía y que también había alcanzado grandes

logros en la lucha contra el terrorismo, y apoyaron masivamente al oficialismo sobre la

base de estos resultados, esperando que otros problemas socioeconómicos fuesen

superados en los siguientes años.

Después de terminar las elecciones del CCD, el 14 de diciembre, el Consejo Permanente

de la OEA recibió el informe de la misión observadora, en el cual reportaba que, en

términos generales, las elecciones habían sido justas y sin graves irregularidades, y

decidió dar por concluidas sus actividades en el Perú. El 29 de diciembre, se inauguró ese

congreso y se dio por terminada el proceso de retorno a la democracia reconocida

internacionalmente.

Captura de Guzmán e intento golpista

Guzmán líder máximo de Sendero Luminoso fue detenido en la noche del 12 de

septiembre de 1992. Esta captura se hizo efectivo por el grupo especial llamado Grupo

Especial de Inteligencia (GNEI), que fue creado en 1990 dentro de la Dirección Nacional

contra Terrorismo (DINCOTE) de la Policía Nacional con el objetivo de arrestar los

miembros de la cúpula de los grupos subversivos. La clave directa de la gran captura fue

una información que el GEIN consiguió de un senderista detenido en junio del mismo

año.

La captura de Guzmán, así como la detención de Polay, el número uno del MRTA,

ocurrido en junio de 1992, unos tres meses antes de la captura del líder máximo de

Sendero Luminoso, eran los resultados trascendentales de una serie de las medidas

contrasubversivas que tenían el origen en las líneas generales redactadas por las

Fuerzas Armadas a fines de 1989 e impulsadas políticamente por Fujimori después de su

toma de posesión en 1990. Debido a la captura de casi todos los dirigentes principales,

SL y el MRTA sufrieron un golpe aplastante.

El hundimiento de Sendero Luminoso aumentó la popularidad de Fujimori, pero en el

estamento militar, ciertos militares en actividad y retiro descontentos por el fuerte control,

y la enorme influencia de Montesinos en las Fuerzas Armadas elaboraron un plan de

golpe. Montesinos y el SIN detectaron dicho plan, tramado por un grupo de militares que

fueron detenidos esa misma noche. Fujimori se vio obligado a alejarse del palacio hasta

que su seguridad personal se garantizara.

Con motivo de este intento de golpe, casi todos los críticos a Montesinos fueron sacados

de la cúpula militar, y como resultado de esto, Montesinos logró establecer un control casi

total y una influencia sumamente fuerte entre los oficiales que tenían el rango de coronel y

generales poniéndoles condiciones desfavorables lo cual se convirtió en una profunda

antipatía y rechazo a montesinos.

La Constitución de 1993.

Según de Fernández Segado la nueva Constitución es una reforma de la precedente que

persigue acomodarla a la peculiar filosofía socioeconómica y política de la mayoría

dominante en el Congreso Constituyente Democrático.

Entre las innovaciones, además de su brevedad, que introduce la Constitución de 1993,

están los siguientes puntos:

Permite, la reelección presidencial inmediata.

Potencia la capacidad legislativa del Ejecutivo para dictar, mediante decretos

supremos, medidas extraordinarias.

Amplia las funciones del Consejo de Ministros.

Minimiza y confunde el papel de los partidos políticos en la configuración y

constitución del régimen político y en su rol democrático, no diferenciándolos de

los movimientos y alianzas electorales.

Constitucionaliza la existencia de un Congreso unicameral con 120

parlamentarios.

Hace un reconocimiento expreso de Perú como un Estado de naturaleza

pluriétnica y pluricultural que hay que conservar y proteger. Etc.

El 31 de octubre de 1993 los peruanos ratificaron con un 52,2% de votos favorables la

nueva Carta Magna elaborada por el CCD. El texto fue promulgado el 29 de diciembre y

dos días después entró en vigor.

El segundo mandato de Fujimori

El nuevo triunfo de Fujimori se gestó en una sola vuelta frente al candidato de la oposición

Unión Por el Perú (UPP), Javier Pérez de Cuéllar, que fuera anteriormente secretario

general de la ONU y confirmaron el hundimiento de los partidos políticos tradicionales que

no superaron el 5 por ciento de los votos para acceder a la representación proporcional.

En estos años la debilidad del sistema de partidos era tan profunda que el 86 por ciento

de la población se identificaba como políticamente independiente.

La campaña fue corta, de baja intensidad y cuestionada, en algunos de sus aspectos, por

la prensa y por un importante sector ciudadano. En la misma, Fujimori no realizó un sólo

mitin político pero efectuó cientos de inauguraciones, al más puro estilo populista, en todo

el país: caminos, escuelas y cuanta obra pública se construyera era inaugurada

personalmente por Fujimori y cubierta puntualmente por los medios de comunicación.

Además, los servicios de inteligencia sabotearon sistemáticamente la campaña de los

rivales y los teléfonos de la casa de Javier Pérez de Cuéllar fueron controlados. Aunque el

ex secretario general había evitado aliarse con los partidos políticos tradicionales, se

había anclado al pasado al asociarse con algunos de sus más prominentes ex líderes.

Con estas elecciones se confirmó el colapso del sistema de partidos en Perú. Todos los

partidos que fueron base del sistema político antes de 1990 perdieron su registro ante el

Jurado Nacional de Elecciones, al no alcanzar el 5 por ciento de la votación. La

consolidación del proceso de reformas estructurales y el fin del terrorismo, sumado a

algunos errores de los partidos, tuvo como resultado el afianzamiento del discurso

contrario a los partidos de Fujimori en las elecciones de 1995.

El período 1995-2000 se inició con el conflicto en puertas con Ecuador y con la

aprobación de una ley de amnistía para todo personal civil, militar o policial que hubiese

incurrido en violaciones de derechos humanos en los últimos 15 años, quedando sin

antecedentes y sin posibilidad de ser juzgados en el futuro. Quedaron libre de culpa y

cargo, entre otros, los militares integrantes del Grupo Colina, responsables de la matanza

de La Cantuta. El argumento del presidente fue que el mejor homenaje a los caídos en la

lucha contra el terrorismo, a los miembros de las fuerzas del orden, a los civiles, a los

campesinos y también a los jóvenes equivocados que se alzaron en armas contra el

Estado, consiste en sentar las bases, ciertamente dolorosas, de una verdadera

reconciliación.

Uno de los momentos de mayor tensión que hubo de confrontar el Gobierno de Fujimori

durante su segundo mandato se produjo cuando un grupo del Movimiento Revolucionario

Túpac Amaru (MRTA) tomó la embajada de Japón en Lima en diciembre de 1996. Hasta

el final la crisis de los rehenes pareció como un duelo entre Fujimori y Néstor Cerpa, el

líder de la toma de la residencia. El presidente aceptó las reglas del MRTA para sí mismo:

morir o vencer, personalizó el conflicto y comandó él mismo el rescate. La forma violenta

en que fue resuelta la situación el 22 de abril siguiente volvió a poner de relieve el

carácter profundamente autoritario de Fujimori, a pesar de que recibió un apoyo masivo

de la opinión pública.

Fujimori continuó con su estilo autocrático de gobierno en el segundo mandato. Así el 22

de agosto de 1996 el Congreso peruano rechazó un proyecto de la oposición para

establecer una comisión que investigara a Montesinos. También rechazó un pedido para

que el primer ministro Alberto Pandolfi y el ministro de Defensa general Juan Castillo

Meza clarificaran cuál es el papel de Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional.

En abril de 1997, el canal de televisión Frecuencia Latina, perteneciente a Baruch Ivcher,

emitió una denuncia por torturas de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército,

Leonor La Rosa. El canal también informó que las declaraciones de impuestos de

Montesinos indicaban que ganaba 600.000 dólares al año, aunque su salario oficial era de

18.000. El 14 de julio el Gobierno negó la nacionalidad peruana a Ivcher y en septiembre

de 1997 el control del canal de televisión fue dado a accionistas minoritarios aliados con el

Gobierno.

Por otro lado, el Gobierno de Fujimori manipuló los medios de comunicación, utilizó

noticias sensacionalistas, haciéndolas coincidir con actos políticos controvertidos, tales

como revelaciones de corrupción. Estas noticias o «cortinas de humo» solían estar

referidas a intimidades de personajes de la farándula, escándalos en los denominados

Tal-shows e información deportiva. El control ejercido sobre la prensa permitió la censura

de noticias incómodas al régimen, la tergiversación de la información entre otras.

Cualquier persona o institución que de algún modo fuera crítica con el Gobierno, podía ser

objeto de campañas sistemáticas de difamación.

Las elecciones generales del 2000 y caída del régimen Fujimorista

Apenas había transcurrido un año desde el inicio de su segundo mandato cuando

Fujimori, insinuó su intención de optar a un tercer ejercicio, para lo que lanzó las reformas

legales necesarias. Según la polémica Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución,

aprobada por el Congreso el 23 de agosto de 1996, el primer periodo quinquenal

reelegible se había iniciado en 1995 bajo la nueva Constitución, luego el presidente en

ejercicio estaba facultado para optar a un segundo periodo a partir de 2000.

En la campaña electoral del 2000, el mandatario hizo recuento de sus logros económicos

y de seguridad interna en una década de mandato, visitó regiones donde había una sólida

base de apoyos populares, vestido de manera adecuada para el lugar. Fujimori disputó la

votación del 9 de abril de 2000 convencido de su triunfo sobre Toledo. El 12 de abril la

ONPE anunció los resultados definitivos: Fujimori haba sido el más votado con el 49,8%,

cifra que no alcanzaba la mayoría absoluta y que por lo tanto le obligaba a disputar una

segunda y definitiva vuelta con su inmediato rival, Toledo, que recibió el 40,3%.

El 28 de julio de 2000, el día que cumpla 62 años, y con una segunda y más violenta ola

de disturbios asolando Lima con el resultado de seis víctimas mortales y destrozos en

edificios oficiales, Fujimori juró su tercer mandato en un Congreso protegido por un

impresionante dispositivo de seguridad. Fujimori inauguró su tercer mandato intentando

transmitir dominio y normalidad. Sin embargo, la situación experimentó un dramático

viraje el 14 de septiembre. cuando el congresista Fernando Olivera divulgó un video en el

que se ve a Montesinos entregar 15.000 dólares en billetes sacados de su propio bolsillo

al congresista Luis Alberto Kouri, quien, como otros 16 legisladores de la oposición, había

desertado de Perú Posible. La difusión del primer vladivideo levantó un gigantesco

escándalo.

En la noche del 16, sábado, Fujimori rompió su mutismo y empleo su tono más templado,

para anunciar a la nación dos decisiones de trascendencia tomadas: Desactivar el SIN y

convocar en el inmediato plazo posible nuevas elecciones generales a las que él no

participara.

El 13 de noviembre viajó a Brunei para asistir a la VIII Cumbre de la APEC, los días 15 y

16. El 18 debía estar en Panamá para participar en la X Cumbre Iberoamericana pero en

lugar de ello se dirigió a Japón y se quedó allí, El 20 de noviembre envió por fax la carta

de dimisión al Congreso peruano. Al día siguiente, el Congreso, por 62 votos a favor,

nueve en contra y nueve abstenciones, rechazó la misiva de dimisión y a cambio declaró

al mandatario moralmente incapacitado para el desempeño de sus funciones,

destituyéndole el día 22.

Aquel mismo día Márquez, segundo vicepresidente, dimitió. Valentín Paniagua Corazao,

presidente del Congreso desde hacía una semana y dirigente de AP asumió la

presidencia. El Congreso invistió presidente constitucional con mandato interino, hasta la

transmisión poselectoral de julio.

El 23 de febrero del 2001 el pleno del Congreso aprobó una acusación constitucional por

los casos de corrupción, lo que significaba que Fujimori perdía su inmunidad en tanto que

ex jefe del Estado y podía ser llevado ante la justicia, así como una resolución legislativa

con la que le inhabilitó para el desempeño de cualquier cargo público durante diez años.

CONCLUSIONES

1. La etapa democrática iniciada a partir de 1980 no pudo consolidarse. De la mano

de unos partidos políticos débiles que conformaban un frágil sistema partidario, los

gobiernos democráticos tuvieron un pobre desempeño en la solución de los

principales problemas a los que se enfrentaba el país, principalmente la violencia

política y la crisis económica.

2. El fracaso de los partidos políticos y de sus dirigentes produjo en la población un

sentimiento de rechazo que se extendió a las principales instituciones de la

democracia representativa, especialmente al Parlamento; de este modo, se

allanaba el camino a los líderes independientes y antipartidarios. Entre los que se

encontraba Fujimori.

3. El triunfo electoral de Fujimori y los buenos resultados obtenidos frente a la

hiperinflación y los grupos subversivos afianzaron su posición e hicieron de él un

ejemplo de outsider exitoso.

4. La ruptura, en abril de 1992, del ordenamiento constitucional y democrático se

pudo evitar; pero fue el Presidente, apoyado por las FFAA, quien decidió, quebrar

la democracia cuando estaba llamado a defenderla.

5. El régimen que representó Fujimori, desde abril de 1992, era un régimen no

democrático y autoritario. A pesar de ello, los peruanos, teniendo en cuenta los

resultados obtenidos frente a Sendero Luminoso y la hiperinflación, legitimaron

este régimen en las elecciones generales celebradas en 1995. Prefiriendo la

estabilidad y el orden a la democracia.

6. El colapso del régimen autoritario, el inicio de un proceso de transición

democrática y la celebración de unas elecciones generales libres y competitivas en

el año 2001, que llevaron a Alejandro Toledo a la Presidencia de la República, no

han servido, para consolidar un régimen democrático. El manteniendo de la

corrupción, la fragilidad de las instituciones del Estado, la debilidad de las

organizaciones políticas, la continuidad en el tiempo de arraigados estilos y

hábitos políticos contrarios a la democracia, etc. Están impidiendo, que la

democracia se afiance en Perú.

PRESENTACIÓN

En medio de una compleja crisis económica y conflicto interno, en 1990, llegaba a su fin el

gobierno de Alan García Pérez y asumía la presidencia de Perú Alberto Fujimori. Al iniciar

el nuevo mandato resultaba fundamental lograr la estabilización del país y detener la

hiperinflación que venía afectando profundamente a la población. Aunque contaba con el

apoyo del pueblo su gobierno se encontraba débil, pues necesitaba de asesoramiento

para sacar adelante el país, esta situación lo llevó, en un principio, a manifestarse

favorable a la formación de un gobierno multipartidario de unidad nacional, pero a los

ocho meses, el gabinete de concertación auspiciado por Fujimori había desaparecido.

Antes de concluir el año de 1990 el gobierno de Fujimori resultaba muy controversial: su

mandato se volvió cada vez más autoritario; sus discursos tenían un talante de crítica a

los miembros del congreso a quienes tildaba de holgazanes que impedían el

reordenamiento del País. Además de ello mostró antipatía hacia los partidos políticos.

Utilizó la situación de descontento que tenía la sociedad con los partidos políticos como

un argumento para su proyecto autoritario. Tal escenario pronto desembocaría en el

autogolpe de estado con la disolución del parlamento, anulando con ello cualquier

posibilidad de concertación y quebrando el orden constitucional.

En el presente informe se abordará el desarrollo del gobierno de Fujimori en la década del

noventa, los acontecimientos que le antecedieron y prepararon el camino para la asunción

en el poder, el desarrollo de su primer gobierno resaltando el autogolpe, su alianza con

las Fuerzas Armadas, la detención de quien hasta entonces era el cabecilla de SL,

agrupación que llegó a ser una verdadera amenaza a la sociedad, la elección del

Congreso Constituyente democrático, la constitución de 1993. Además de ello, se

desarrolla el segundo mandato de Fujimori que tuvo como hechos importantes el conflicto

con Ecuador y la toma de la embajada japonesa por el MRTA con la resolución de dicho

conflicto dirigido por el presidente. Lo que sigue es la preparación para su tercer gobierno,

hecho que estará salpicado de corrupción y conflictos sociales. Luego de tres mandatos

consecutivos, el régimen llegará abruptamente a su fin en medio de escándalos.

ESTUDIANTE: Cynthia Abregú Ochoa

PROFESOR: Antonio Bermúdez Macedo

GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI

SURCO 2015

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Fernández, F. (1994). “El nuevo ordenamiento constitucional del Perú. Aproximación a la

Constitución de 1993”. Lima: Comisión Andina de Juristas.

García, M. (2001). La década de Fujimori: ascenso, mantenimiento y caída de un líder

antipolítico. Recuperado el 14 de mayo del 2015 de: http://www.acuedi.org/ddata/661.pdf

González, M. Perú: Autoritarismo y Democracia. Recuperado el 14 de mayo del 2015 de:

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/amelat/web08/doctorado/Secundino/

ElPerudeFujimori.pdf.

Murakami Y. (2003). El Perú en la era del chino. Lima: IEP

Planas, P. (1992). Rescate de la Constitución. Lima: Abril Editores.

Alberto Fujimori recuperado el 14 de mayo del 2015 de: http://www.cidob.org/es/content/

pdf/1490

ANEXOS

Alberto Fujimori fue el último candidato oficialista en el Perú. Desde el 2001, los partidos de gobierno ni siquiera llegaron a consolidar una candidatura presidencial y obtuvieron una escasa representación parlamentaria. (Infografía: El Comercio)