conflicto armado y sistema financiero: impacto del
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Conflicto armado y sistema financiero: impacto del conflicto e
iniciativas para la inclusión financiera en épocas de posconflicto
Presentado por:
Jose Orrego Correa
Sebastián Uribe Orozco
Universidad de los Andes
Resumen
El presente estudio elabora la relación entre la inclusión financiera y el conflicto armado en Colombia,
a través de la construcción de un índice de inclusión financiera, para 797 municipios de 2005 a 2014.
Los resultados, para las tres dimensiones de inclusión financiera y para el índice mismo, no muestran
que las variables de conflicto impacten negativamente sobre la profundización del sistema financiero.
Sin embargo, el índice denota que los niveles de inclusión en la mayoría de los municipios siguen siendo
muy bajos, por lo cual el fin de este análisis es identificar iniciativas en pro de la inclusión financiera.
Clasificación JEL: G21, G23, M1, N26, O12, O16
Palabras clave: Inclusión financiera, Conflicto armado, Colombia, Profundización, Uso,
Acceso, Crédito, Ahorro
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1. Introducción
El contexto asociado al proceso de paz y al posconflicto brinda un amplio campo de acción para
la ejecución de estudios de impacto sobre elementos que explican la brecha persistente entre
centro y periferia, en materia de desarrollo económico y financiero. Ante esto, la inclusión
financiera se presenta como uno de los temas centrales de la agenda económica para lograr la
profundización y el acceso de la población a los mercados financieros. En este sentido, se
establecen dos preguntas guía para el desarrollo del presente proyecto de investigación, las
cuales son: ¿Cómo el conflicto armado ha imposibilitado la profundización del sistema
financiero y de sus instrumentos en la periferia colombiana? ¿Cómo las iniciativas privadas
pueden fomentar la inclusión financiera en tiempos de posconflicto?
Con base en lo anterior, el objetivo de este escrito es reconocer el impacto del conflicto armado
sobre la inclusión financiera en diferentes zonas y municipios colombianos. Dicho objetivo y
su consecución se convierten en un insumo esencial para la búsqueda de proposiciones e
iniciativas, para el fomento de la inclusión financiera en tiempos de posconflicto. En concreto,
la hipótesis que fundamenta esta investigación recae en que el conflicto armado ha tenido un
efecto negativo sobre la inclusión financiera, gracias a los riesgos en seguridad, los altos costos
operativos y el gasto militar que distorsiona la inversión en infraestructura financiera, lo cual
ha impedido el desarrollo del sistema en zonas periféricas o en zonas históricamente azotadas
por el conflicto.
De acuerdo al Centro de Memoria Histórica (2013), el conflicto armado colombiano ha
ocasionado la muerte de 220,000 personas entre 1958 y 2012, lo cual muestra la magnitud de
violencia e impacto social negativo que ha tenido este conflicto armado. Los problemas
asociados al uso y tenencia de la tierra, la debilidad democrática, la violencia bipartidista, entre
muchos otros factores ha dado auge a un conflicto armado ampliamente violento. Asimismo,
esta guerra se ha visto caracterizada por la variedad en las dimensiones y modalidades de
violencia, lo cual ha generado una guerra degradada y muy compleja (CMH, 2013). Así, las
modalidades de violencia como las masacres, las desapariciones, los secuestros, el
desplazamiento forzado, las acciones bélicas, las minas antipersonales, los asesinatos selectivos
junto con otros aspectos esenciales del conflicto armado como el cultivo de drogas ilícitas han
llevado no sólo a daños morales, socioculturales y políticos, sino también a altos impactos
económicos.
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A pesar de que el tema de inclusión financiera es relativamente reciente, existen estudios que
presentan evidencias sobre el impacto positivo que tiene la inclusión financiera sobre el cierre
de brechas de desigualdad. En este contexto, Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007) examinan
el impacto de la inclusión financiera de los más pobres, al estimar la relación entre el desarrollo
del sistema financiero y los cambios en la distribución del ingreso y los niveles de pobreza. En
este sentido, los autores encontraron que el desarrollo del sistema financiero y el acceso a sus
productos y servicios ayudan de una manera desproporcionada a los pobres. La inclusión
financiera induce a que el ingreso de los pobres aumente más rápido que el crecimiento
promedio del PIB per cápita, lo cual reduce la desigualdad de ingresos. En últimas, la inclusión
financiera se convierte en una herramienta que tiene una correlación directa con el crecimiento
y desarrollo económico, y contribuye a la reducción de la pobreza (Banca de las Oportunidades,
2016).
En este orden de ideas, para el cumplimiento del objetivo mencionado, se desarrolló un modelo
econométrico, con base en la creación de un panel de datos, que cumpla con el objetivo de
analizar el impacto de diferentes variables del conflicto armado sobre la inclusión financiera.
Este modelo se basó en información devengada de bases de datos del Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico (CEDE) como lo es el Observatorio Municipal, que incluye variables
del conflicto armado como desplazamiento, número de acciones subversivas, homicidios y
hectáreas cultivadas, para cada municipio, en el periodo comprendido entre 1993 y 2014. De
igual manera, el CEDE ofrece un registro sobre cobertura de servicios y productos financieros
a nivel municipal, con el cual se cuenta con información de corresponsales y establecimientos
bancarios, para el periodo del 2008 al 2014. Asimismo, se utilizaron datos municipales de la
Superintendencia Financiera sobre establecimientos bancarios, captaciones y cartera de los
bancos en el periodo comprendido entre 2005 y 2014. En últimas, se obtuvieron datos de la
Banca de las Oportunidades, entidad especializada en inclusión financiera, de la cual se asoció
información sobre el número de corresponsales bancarios por municipio entre los años 2007 y
2014.
En principio, los resultados arrojados por el estudio denotan que existe tanto un impacto
negativo como uno positivo, que no debe ser descartado del análisis, del conflicto armado sobre
diferentes dimensiones de la inclusión financiera. Esto, a pesar de que se deberán desarrollar
esfuerzos a futuro para el establecimiento de un modelo más robusto con un valor más
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significativo. No obstante, el análisis presentado se convierte en un insumo inicial para estudios
subsiguientes en el marco de la relación conflicto-inclusión financiera.
Por otro lado, la contribución principal de este proyecto de investigación se observa
principalmente en un componente económico y estratégico. En primer lugar, a pesar de la
existencia de trabajos de análisis del impacto del conflicto sobre el desarrollo económico, con
el presente estudio se va más allá del crecimiento económico, hacia un tema reciente en la
literatura, como lo es la inclusión financiera. Lo anterior se conjuga a través de la creación de
un índice de inclusión financiera municipal, sobre el cual se establece el impacto de diferentes
variables de conflicto armado. Asimismo, dicha contribución se asocia con la caracterización
económica y territorial de la violencia en Colombia, en donde se espera que en los territorios
donde se refleje un alto índice de violencia, también se observe un bajo desarrollo del sistema
financiero. En cuanto al componente estratégico, la contribución se observa a través de la
resolución de la segunda pregunta investigación sobre cómo iniciativas de la banca comercial
pueden promover la masificación de instrumentos financieros. Lo anterior se asocia con
propuestas de responsabilidad social y de gestión administrativa, con las cuales se pueda atacar
las brechas de profundización del sistema financiero.
De igual manera, se observan estudios sobre cómo la violencia puede tener un efecto directo
sobre variables de inclusión financiera, deteriorando la infraestructura y la confianza financiera
a nivel país. Como lo expone Baddeley (2011), el conflicto armado se retroalimenta de, y
conlleva a, la inestabilidad financiera y a la pobreza. Esto, en la medida en que el gasto militar
disminuye los recursos disponibles para el apoyo de la infraestructura y de las instituciones
financieras, lo cual fomenta el círculo vicioso de guerra civil e inestabilidad financiera.
Asimismo, Hasan (2013) concluye que el conflicto armado es un suceso relevante para explicar
las variaciones en el desarrollo financiero. Además, expone la importancia de la calidad de las
instituciones en el proceso de desarrollo del sistema financiera, con la presencia de conflicto
armado. Para lo anterior se han construido herramientas comparativas para reconocer las
diferencias presentes entre países en materia de inclusión financiera, como lo son índices
multidimensionales con aspectos de profundización, uso y acceso a productos y servicios
financieros.
Por otra parte, el presente trabajo se vincula al contexto de posconflicto, el cual se reconoce
como una etapa crítica para el futuro del país, en donde las propuestas y el análisis económico
y financiero son claves para la promoción del desarrollo socioeconómico de Colombia. De igual
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manera, este estudio se puede convertir en una herramienta para el cierre de las mencionadas
brechas, en pro de la profundización del sistema financiero, con lo cual se potencia la equidad
vista como el acceso a un paquete de derechos básicos, es decir el acceso a activos financieros
(Sarmiento, 2017).
En últimas, la estructura de este texto inicia con una breve revisión sobre el conflicto armado
en Colombia, y algunas tendencias e indicadores existentes sobre los avances en inclusión
financiera en el país. A partir de esto, se desarrolla la revisión de literatura en la cual se hace
un análisis de la relación entre el conflicto armado y la inclusión financiera. De igual manera,
en esta sección, se analiza la intuición económica detrás de la hipótesis propuesta inicialmente.
Dicho marco incluye el proceso a través del cual se construye un índice multidimensional, lo
cual sustenta la elaboración de un índice de inclusión financiera. Posteriormente, el marco
empírico se compone de la descripción de los datos y de la metodología econométrica y el
método de estimación de los modelos a proponer, de los cuales se abstraen una serie de
resultados que soportan la hipótesis del trabajo. Estos resultados se verán acompañados de una
serie de iniciativas de la banca privada que alimentarán la discusión sobre el papel que tiene el
mismo sistema bancario en la masificación de los servicios y productos financieros. Finalmente,
este escrito cierra con la postulación de las limitaciones asociadas a la metodología del trabajo
y el establecimiento de una reflexión sobre el papel que tiene la banca en la inclusión financiera.
2. Conflicto en Colombia
Ahora bien, aunque el conflicto armado ha tenido la participación de una serie amplia de actores
armados, los principales agentes involucrados han sido las guerrillas (FARC, ELN, M-19, EPL,
entre otros), los paramilitares (ACCU, AUC, entre otros) y la Fuerza Pública. Sin embargo,
dada la amplia magnitud y el extenso recuento historiográfico que existe sobre el conflicto
armado, se exhibirán unos mapas que caracterizan la dimensión de intensidad y de presencia
geográfica.
El mapa 1 muestra una tipología de los municipios de Colombia realizada por la CERAC (2018)
con base en la presencia de grupos armados y el número de eventos por municipio entre los
años 2000 y 2012. Así, se clasifican los municipios por presencia de grupos armados y por la
intensidad de eventos. Junto con los mapas 2 y 3 (Fundación Paz & Reconciliación, 2015), que
muestran la presencia de las FARC y el ELN sobre el territorio colombiano, se puede ver una
georeferenciación del impacto del conflicto. Salen a relucir municipios de los departamentos
de Nariño, Caquetá, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Córdoba, Magdalena, Norte
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de Santander, entre otros. Estos son los departamentos donde históricamente han estado
presentes las FARC, el ELN o los paramilitares, por lo cual se evidencia un patrón claro de
zonas afectadas por la violencia. Con este atlas geográfico del conflicto armado se evidencia de
manera agregada cuáles son las regiones donde ha persistido la violencia y así determinar el
impacto sobre la profundización e inclusión financiera.
3. Inclusión financiera en Colombia
Según el Banco Mundial, la inclusión financiera se ha convertido en un tema recurrente y
estratégico para la superación de la pobreza e impulsión del crecimiento económico. En general,
la inclusión financiera se relaciona con el acceso a productos y servicios financieros que
satisfagan las necesidades de individuos y empresas, tales como transacciones, pagos, ahorro,
créditos y seguros, de una manera responsable y sostenible (Banco Mundial, 2017). Colombia
ha promovido esta iniciativa a través de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (2016),
en la cual se establecen una serie de retos a superar, en relación con la profundización del
sistema financiero y de sus instrumentos. En este contexto, en el plan de desarrollo para el 2014-
2018, el Gobierno estableció cuatro prioridades dentro de la Estrategia: aumentar la utilización
de instrumentos financieros formales; ahondar la inclusión financiera de la población rural;
Mapa 1. Tipología del conflicto Mapa 2. Presencia armada FARC
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establecer programas de financiamiento a pequeñas y medianas empresas (Pymes); y promover
la educación económica y financiera.
Según la Banca de las Oportunidades, entidad encargada de promover y hacer seguimiento a la
inclusión financiera, se establece que el indicador de inclusión se encuentra en un 79.1% (a
septiembre de 2017), el cual se mide como el porcentaje de adultos con algún producto
financiero en establecimientos de crédito, cooperativas financieras y ONG especializadas en
microcrédito. Lo anterior refleja un aumento de casi el 2% frente al 77.3% reportado en enero
de 2017. En este sentido, se observa que, aproximadamente, 26,6 millones de adultos poseen
algún producto financiero. De igual manera, la Banca de las Oportunidades establece que el
100% de los municipios colombianos cuentan con infraestructura financiera expresada en
establecimientos y corresponsales bancarios, cooperativas crediticias, cajeros automáticos,
entre otros. No obstante, a pesar de los aparentes indicios de la buena cobertura de
infraestructura financiera, las estadísticas no denotan un avance real en cuanto al acceso y la
profundización de la variedad de productos y servicios financieros, especialmente para la
población más vulnerable.
4. Revisión de literatura
Las publicaciones y trabajos de investigación correspondientes al presente tema se pueden
establecer en diferentes áreas de interés. Por un lado, se hace un relacionamiento entre conflicto
armado y diversos rubros que componen la inclusión financiera, con el fin de reconocer el
impacto negativo del conflicto sobre la profundización del sistema financiero. Por otro lado, se
establece el argumento económico, tomando como base un estudio de Asomicrofinanzas en el
cual se aborda el tópico sobre cómo un indicador multidimensional de la violencia puede afectar
la oferta crediticia. En últimas, se hace una revisión del proceso a través del cual se construye
un índice de inclusión financiera multidimensional.
4.1 Conflicto e inclusión financiera en Colombia
Como se mencionó anteriormente, la inclusión financiera es fundamental para la reducción de
la pobreza, el aumento de la economía y de la profundización bancaria. Sin embargo, la
accesibilidad a los servicios bancarios se ha visto permeada por diferentes barreras, que han
imposibilitado el acceso a productos y servicios financieros. Uno de estos ha sido el conflicto
armado con los grupos guerrilleros y paramilitares desde los años 60. Así, la presencia de estos
grupos al margen de la ley ha llevado a una dificultad en la cobertura de los servicios
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financieros, principalmente en las áreas rurales. El desarrollo del conflicto armado ha llevado a
una situación en la cual las instituciones bancarias y financieras se han visto perjudicadas, dado
los altos riesgos en seguridad y altos costos operativos (Turriago-Hoyos, 2017). Asimismo, el
conflicto armado también tiene un impacto sobre la formación de instituciones débiles, las
cuales no fomentan un desarrollo de decisiones de consumo, inversión y ahorro óptimas
(Demirgüc, 2013).
Por otro lado, Nagarajan (1997) exhibe que las causas y condiciones del desarrollo de las
instituciones financieras en un entorno de conflicto armado, se dan por factores económicos
macro, meso y micro. De esta manera, a nivel macro la preponderancia del conflicto armado ha
llevado a una falta de confianza en la economía y en las instituciones. Así, el conflicto lleva a
una salida de capitales, al establecimiento de pocos derechos de propiedad, destrucción de
infraestructura, entre otros, lo cual desincentiva el desarrollo financiero de un país. Con base
en las condiciones meso, las cuales afectan las transacciones financieras a través de
intermediarios, el autor menciona la inefectividad y disfuncionalidad de las instituciones e
intermediarios financieros en términos de préstamos, dado la falta de base de capital, la falta de
regulación y el límite de los préstamos. Por último, en términos de condiciones micro, la
preponderancia del conflicto armado lleva a una falta de confianza en las instituciones, un
desarrollo débil de mercados de trabajo, producto e inputs, así como una falta real de activos
que sirvan como colateral para los préstamos. De manera agregada, el autor menciona que los
conflictos conllevan a una destrucción de capital social, financiero, físico y humano, así como
a una desincentivación del ahorro, a un desarrollo ineficiente de derechos de propiedad y a una
reducción en valor de activos privados y públicos.
4.2 Argumento económico
La hipótesis en el presente texto establece que el conflicto armado tiene un efecto directo y
negativo sobre los registros de inclusión financiera. Ante esto, la Asomicrofinanzas (2015) hace
un análisis de la disponibilidad de los productos y servicios financieros en las áreas rurales,
teniendo como coyuntura que el conflicto armado ha tenido mayor impacto en dichas
locaciones. Así, se desarrolla un estudio del conflicto armado sobre la oferta del crédito y la
inclusión financiera rural. De este modo, en el informe se realiza un indicador de violencia
teniendo en cuenta la tasa de homicidios, los civiles muertos en acciones bélicas, los asesinatos
selectivos, los ataques a poblaciones, los atentados terroristas, los daños a bienes civiles y las
minas antipersonas. Este enfoque hace énfasis no sólo en las características intrínsecas del
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conflicto armado en Colombia, sino también los canales a través de los cuales el conflicto
armado afecta el financiamiento rural y la inclusión financiera. De esta manera, las variables
establecidas se pueden caracterizar por tener un mayor impacto ya sea en las variables micro,
meso o macro.
Las variables de violencia de homicidios, civiles muertos en actividades bélicas, los asesinatos
selectivos y el desplazamiento forzado tienen un efecto sobre las condiciones micro que
impactan el desarrollo y la profundización de las instituciones financieras. Los homicidios, los
asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado influyen directamente sobre la demanda por
servicios financieros, en la medida en que se reducen incentivos para ahorrar y entrar en
contratos de largo plazo con instituciones financieras (Nagarajan, 1997). A su vez, el desarrollo
del conflicto y la evidencia de las variables mencionadas tienen un impacto negativo sobre el
nivel de capital humano y de confianza de las instituciones, el establecimiento de activos físicos
que funcionen como colateral, la reintegración de personas afectadas por el conflicto en la
provisión de servicios financieros.
Ahora bien, las variables de daños a bienes civiles, los atentados terroristas y los ataques a
poblaciones tienen un mayor efecto en términos de condiciones meso y macro, dado su carácter
masivo y de comunicación en medios (Asomicrofinanzas, 2015). Entonces, estos ataques de
carácter colectivo, en términos de condiciones meso ha llevado a que, en Colombia, los
intermediarios financieros (los bancos), no tengan incentivos monetarios y operativos para
llevar a cabo transacciones con personas ubicadas principalmente en las áreas rurales. Esto
genera un proceso en términos de limitaciones regulatorias, de instituciones y de capital
disponible para los préstamos bancarios. Además, el nivel de ataques masivos genera un
entorno de alto riesgo y alta inversión en capital, lo cual genera un bajo nivel de profundización
y establecimientos bancarios en los municipios de la periferia colombiana.
Asimismo, las variables anteriormente mencionadas tienen un impacto directo sobre la
generación de capital humano y social, así como sobre la destrucción de infraestructura básica
para el fomento de la profundización financiera. Así, a nivel de condiciones macro, el conflicto
armado colombiano ha llevado a una falta de confianza sobre la economía y las instituciones
tanto públicas como privadas, entrando en estas, los establecimientos bancarios. Entonces, esta
permeabilidad de la violencia en el territorio colombiano conlleva a una baja definición de los
derechos de propiedad, a un bajo nivel de consumo, inversión y ahorro generando un entorno
de desconfianza tanto para los bancos, como para las personas individuales. Por ejemplo, el alto
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nivel de minas antipersonas restringe el libre flujo de capital, personas y bienes (Nagarajan,
1997), lo cual imposibilita el acceso de los agentes hacia el uso de servicios financieros, como
la aproximación de las instituciones financieras a dichas áreas.
Ahora bien, con base en la intuición económica del impacto del conflicto sobre la inclusión
económica, Asomicrofinanzas (2015) realizó el siguiente modelo para medir el efecto del
conflicto armado sobre el financiamiento rural:
Ecuación 1. Modelo base Asomicrofinanzas
En este caso, la oferta de crédito (por municipio i y año t) depende de diversas variables, donde
la cartera depende de la tasa de interés a la que los bancos prestan (r), la tasa de interés al
cuadrado (𝑟2), el crecimiento del sector agropecuario medido por el logaritmo del PIB
agropecuario per cápita departamental1 (y), el índice de violencia2 (v), el índice de mora (m), o
el índice de calidad de cartera (Cca) o el indicador de default (d) y un término de error (u). De
este modelo se desglosan otros, los cuales incluyen diferentes interacciones entre las variables,
que evidencie las relaciones en signo, entre las variables.
El informe muestra que el coeficiente asociado al indicador de violencia es negativo y
significativo para dos de los seis modelos planteados. En este caso, se muestra que el conflicto
armado y la violencia en Colombia tienen un impacto negativo sobre la oferta de crédito y el
financiamiento del sector agropecuario. Asimismo, se muestra el efecto heterogéneo que tiene
una disminución de 10 puntos del índice de violencia sobre el crédito agropecuario. En este se
resalta el incremento del crédito en departamentos como Antioquia, Norte de Santander y Valle,
sin embargo, existe una variabilidad departamental en términos de significancia y de
incremento relativo al nivel del índice de violencia.
4.3 Construcción de índice de inclusión financiera
Una de las contribuciones esenciales de este estudio es el establecimiento de un índice de
inclusión financiera (IIF), con una serie de variables representativas del sistema financiero, para
1 Esta medida es calculada por los autores como el PIB agropecuario dividido entre la PEA (Población
Económicamente Activa). 2 El índice de violencia es medido como la combinación de 7 variables de conflicto tales como asesinatos
selectivos, ataques a poblacionales, daños a bienes y atentados terroristas.
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la unidad de análisis municipal. Ante esto, existen una serie de metodologías para la
construcción del mismo, en las cuales se utiliza una aproximación multidimensional. En este
sentido, la construcción de un IIF tiene el objetivo de establecer una medida que incorpore
información sobre el desarrollo de este tema novedoso en la literatura económica, y de este
modo, monitorear el progreso de iniciativas de política en pro de la inclusión.
Sarma (2008) establece que un sistema de inclusión financiera debería ser juzgado en una
variada gama de dimensiones, siguiendo la aproximación multidimensional mencionada
anteriormente, la cual es similar para la construcción de índices como el Índice de Desarrollo
Humano. La autora utiliza como unidad de análisis una muestra de países con información
disponible sobre el sistema financiero. El índice propuesto por la autora inicia con el cálculo de
un índice dimensional por cada dimensión de inclusión financiera:
Ecuación 2. Índice dimensional
Donde 0 ≤ di ≤1 y
Ai = valor actual de la dimensión i
mi = valor mínimo de la dimensión i
Mi = valor máximo de la dimensión i
Entre más alta la dimensión di, más alto el valor adquirido para la dimensión i. Si se consideran
n dimensiones, la unidad de análisis i sería representada por un punto Di = (d1, d2, d3,…, dn)
en espacio cartesiano de n-dimensional. El IIF es medido por la distancia Euclidiana inversa
del punto Di con respecto al punto ideal I = (1, 1,1,…,1). Lo anterior es expresado por la
siguiente fórmula:
Ecuación 3. Distancia Euclidiana inversa
El numerador en la ecuación 3 es la distancia de Di con respecto al punto ideal I, y al normalizar
por la raíz de n y restar por 1 resulta en la distancia inversa normalizada. La normalización se
realiza con el fin de que el valor del índice se mueva entre 0 y 1, y la distancia inversa se
considera para que un valor más cercano a 1 del IIF corresponda una mayor inclusión financiera.
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El índice considerado por Sarma presenta tres dimensiones de un sistema financiero inclusivo
para un país tales como penetración bancaria (número de personas que poseen una cuenta
bancaria), disponibilidad de servicios bancarios (número de establecimientos bancarios por
cada mil personas) y uso del sistema bancario (volumen de créditos y depósitos como
proporción del PIB), cuya definición se asocia con la disponibilidad de datos y la información
devengada de la literatura reciente sobre la inclusión financiera. Sarma utiliza este índice para
diferenciar el estado de inclusión financiera en una amplia muestra de países. A pesar de que la
unidad de análisis para el presente estudio es municipal, la metodología de la autora se convierte
en un insumo esencial para la creación de dicho índice multidimensional, en donde los ejes
fundamentales pueden ser analizados en términos municipales.
5. Datos y metodología
En esencia, a través de un panel municipal de efectos fijos para un periodo de 10 años (2014-
2014), se pretendió estimar el efecto (positivo o negativo) que podrían tener una serie de
variables representativas del conflicto sobre las dimensiones mencionadas de la inclusión
financiera (acceso, uso y profundización) y sobre el IIF. Para esto se estableció el siguiente
modelo econométrico base, el cual será desarrollado y analizado en las siguientes secciones:
𝑌𝒊𝒕 = 𝛽0 + 𝛽1𝒉𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒅𝒊𝒐𝒔𝒊𝒕 + 𝛽2𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔𝒊𝒕 + 𝛽3𝒕𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓𝒊𝒔𝒎𝒐𝒕𝒊𝒕
+ 𝛽4𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔_𝒎𝒊𝒏𝒂𝒔𝒊𝒕 + 𝛽5𝒂𝒄𝒄_𝒔𝒖𝒃𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒗𝒂𝒔𝒊𝒕 + 𝛽6𝒉𝒖𝒓𝒕𝒐𝒊𝒕
+ 𝛽7𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔_𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏𝒊𝒕 + 𝛽8𝒍𝒊𝒏𝒈𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒊𝒕
+ 𝛽9𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔𝒊𝒕 +𝑢𝒊𝒕
i = código municipal
t = año
Ecuación 4. Modelo econométrico base.
Variables Definiciones
homicidios_it Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes por municipio por año
secuestros_it Tasa de secuestros por cada 100.000 habitantes por municipio por año
terrorismot_it Total de actos terroristas por municipio por año
eventos_minas_it Número de eventos relacionados con minas antipersona (MAP) por municipio
por año
acc_subversivas_it Total de acciones subversivas por municipio por año
hurto_it Tasa de hurto por cada 100.000 habitantes por municipio por año
desplazados_recepcion_it Número de personas recibidas por desplazamiento por municipio por año
lingmunicipal_it Logaritmo de ingresos totales que corresponden a la suma de ingresos
corrientes e ingresos de capital por municipio
establecimientoseducativos_
it
Número total de establecimientos educativos por km2 por municipio
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Y_it
Dimensión uso: Logaritmo del valor de los créditos de consumo per cápita por
municipio
Dimensión acceso: Número de establecimientos y corresponsales bancarios
por km2 por municipio
Dimensión profundización: Logaritmo del valor de los depósitos de ahorro per
cápita por municipio
Índice de Inclusión Financiera
Tabla 1. Variables del modelo.
La tabla anterior hace una breve descripción de lo que significa cada variable dentro del modelo.
No obstante, a continuación, se describen los datos utilizados y las transformaciones realizadas,
y el proceso llevado a cabo para la estimación del panel con su modelo y metodología asociada.
5.1 Datos
Como se mencionó inicialmente, la información referente se tomó de las bases de datos del
CEDE del Observatorio Municipal y de Servicios financieros, al igual que de la Superfinanciera
y la Banca de las Oportunidades. Dichas bases de datos tienen como unidad de análisis los
municipios colombianos (se tienen registros de un total de 797 municipios), sobre los cuales se
hace un seguimiento, en términos del avance y/o retroceso asociado a variables de acceso,
profundización y uso de productos y servicios financieros, y a variables de niveles de violencia
municipales. Se seleccionó este número de municipios, dada la disponibilidad de datos en la
Superfinanciera, de la cual se abstrae la gran mayoría de datos sobre captaciones y depósitos
bancarios. En general, el horizonte de tiempo para esta investigación es de 10 años, en el periodo
comprendido entre los años 2005-2014, el cual fue definido principalmente por la
disponibilidad de datos financieros desagregados.
Variable Media Desv. Est. Min. Max.
Créditos de consumo (millones de COP) 63,900.00 927,000.00 0.00 39,400,000.00
Depósitos de ahorro (millones de COP) 110,000.00 1,890,000.00 214.00 87,000,000.00
Establecimientos bancarios (por Km2) 0.13 0.90 0.00 27.29
Homicidios 19.39 91.83 0.00 1,964.00
Secuestros 0.60 2.37 0.00 76.00
Minas 0.05 0.37 0.00 9.00
Hectáreas Coca 395.11 838.89 1.00 7,599.00
Terrorismo 1.01 3.07 0.00 61.00
Hurto 139.84 1,234.97 0.00 41,565.00
Acciones subversivas 0.16 0.85 0.00 40.00
Desplazamiento 382.82 1,865.12 0.00 52,260.00
Establecimientos educativos (por Km2) 0.19 0.37 0.00 6.18
Ingresos municipales (millones de COP) 45,266.51 351,315.50 0.00 12,700,000.00
Tabla 2. Estadísticas descriptivas
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Las estadísticas presentes en la tabla anterior se vinculan con las variables de interés del
presente estudio. Dicha tabla reúne la información de las fuentes de datos establecidas
inicialmente para esta investigación. En primer lugar, la base de datos de la Superintendencia
presenta los valores en pesos (COP), derivados de registros de la banca comercial, de
captaciones y de cartera financiera. En este contexto, se resaltan datos anuales por municipio
de variables como depósitos de ahorro y créditos de consumo.
Por su parte, el Panel de Conflicto y Violencia del Observatorio Municipal presenta variables
con registros anuales de aspectos como homicidios, acciones bélicas, secuestros,
desplazamiento, minas antipersona y cultivos ilícitos. Asimismo, del Panel de Buen Gobierno
se obtuvieron los datos de una de las variables de control, de índole económica, como lo son
los ingresos totales municipales. De igual manera, se obtuvo del Panel de Educación una
variable de control adicional definida por el número de establecimientos educativos oficiales y
no oficiales por municipio.
En cuanto a la base de datos de los Servicios Financieros del CEDE, la variable de interés fue
la relacionada con el número de corresponsales bancarios, la cual sirvió como sustento adicional
para la de establecimientos bancarios presentada por la Superintendencia. Los datos de esta
base de datos provienen de la Banca de las Oportunidades, la Superintendencia Financiera y la
Asobancaria.
5.2 Metodología
Luego de plantear los insumos principales del estudio económico, se organizaron los datos en
un panel que reúne los municipios y las variables de interés para los años comprendidos entre
el 2005 y el 2014. Cabe anotar que se observaron datos vacíos en algunos municipios, es decir
que el recuento de variables no aplicaba para algunos municipios. A partir de la organización
del panel de datos, se llevó a cabo una serie de pruebas de verificación para reconocer el estado
balanceado o desbalanceado del panel.
En este punto, fue necesario ajustar algunas variables clave. Para esto se utilizó el área
geográfica comprendida por cada municipio, determinada por la cantidad de kilómetros
cuadrados existentes en la cabecera urbana y rural del municipio. Con esta variable se obtuvo
el número de oficinas bancarias (y corresponsales bancarios) por kilómetro cuadrado, al igual
que el número de establecimientos educativos por la misma unidad de área. Esta operación fue
realizada con fines comparativos para analizar el acceso relativo a servicios y productos
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financieros por parte de los municipios. Como se mencionó anteriormente, la variable educativa
es una de las variables de control del estudio, con la cual se captura el efecto que puede tener
la educación (medida en términos de cobertura) sobre el uso de productos y servicios
financieros.
De igual manera, para las variables de índole bancaria, que se encontraban en valores
monetarios, tales como depósitos de ahorro y créditos de consumo, fueron controladas por el
número de habitantes por municipio. Lo anterior permite la medición per cápita que sirve como
una aproximación de la asignación de dichos créditos o depósitos a nivel individual por
municipio. No obstante, esta medida no captura la cantidad de individuos que accede a estos
servicios y/o productos financieros, ni la distribución de los valores totales. Asimismo, se
realizó la transformación logarítmica de las variables mencionadas y de la variable de ingresos
municipales, con el fin de reducir la variabilidad y dispersión de los datos, dadas las
disparidades municipales, en términos de los valores monetarios vinculados a las mismas.
Adicionalmente, se convirtieron las variables de conflicto como homicidios, secuestros y hurtos
en tasas poblacionales, por cada 100.000 habitantes, tomando como referencia la población de
los municipios tomada del Panel de Características Generales del CEDE. De este modo, se
normalizaron los datos de conflicto por la población, con el fin de obtener un factor comparativo
adecuado, bajo estos términos.
A continuación, se construyó el índice de inclusión financiera (IIF) municipal, el cual fue uno
de los aportes más relevantes de este estudio. Ante esto, se seleccionaron variables
representativas de las dimensiones otorgadas por Sarma (2008) para la construcción del índice:
profundización, uso y acceso del sistema financiero. No obstante, se utilizaron variables que se
acomodaran a estas clasificaciones según la disponibilidad de datos. En este sentido, para la
dimensión de profundización se utilizó la variable del valor de depósitos en cuenta de ahorro
presentes en cada municipio, mientras que para la clasificación de acceso se utilizaron el
número de oficinas y corresponsales bancarios (por km2) y para la dimensión de uso se utilizó
el valor en pesos de los créditos de consumo por cada municipio. De este modo, y a través de
la metodología presentada anteriormente por la autora, se obtuvo un IIF por año y por
municipio. Cabe agregar que uno de los valores agregados de esta investigación es la
construcción de dicho índice multidimensional, por lo cual se construyó un mapa de inclusión
financiera municipal, con el cual se reconoce el nivel en el que se encuentra cada municipio
con respecto a las dimensiones analizadas.
16
Previamente a la utilización del IIF como variable dependiente clave para el estudio, se
construyeron tres modelos alternativos cuya diferencia recayó sobre la variable dependiente.
En otras palabras, se utilizaron las variables representativas de las tres dimensiones
mencionadas como las variables dependientes. De este modo, las variables clave de estos
modelos son: depósitos de cuentas de ahorro per cápita por municipio (con la cual se expresa
la dimensión de profundización), valor de créditos de leasing y consumo per cápita por
municipio (expresa la dimensión de uso), establecimientos bancarios por km2 (expresa la
dimensión de acceso) y la inclusión financiera municipal. Por su parte, las variables
independientes se relacionan con las dimensiones planteadas por el Centro de Memoria
Histórica para evaluar las connotaciones negativas del conflicto, entre las cuales se resaltan los
homicidios, secuestros, acciones subversivas, minas, hurto y desplazamiento. De esta manera,
dicha entidad caracteriza las diferentes modalidades de la violencia, dándole una
caracterización compleja al conflicto armado.
En general, la proposición de tres modelos econométricos, uno por cada dimensión establecida
para el índice, tuvo como objetivo comparar y definir cuál de los tres, captura mejor la hipótesis
propuesta sobre que el conflicto tiene un efecto negativo sobre la inclusión financiera, previo a
la utilización del IIF. En este sentido, el modelo con el índice asociado es el fin último del
estudio, con el cual se pretende obtener la resolución de la hipótesis planteada.
Para poder observar los efectos de las variables propuestas y comparar los modelos
establecidos, se analizó el panel de datos construido bajo la metodología de efectos fijos, con
variables dummy de tiempo (por año). Bajo esta metodología se analiza el impacto del conflicto
sobre las variables financieras a lo largo de los diez años. Ante esto, se utilizan variables dummy
por año, con el fin de capturar el efecto que puede tener el año sobre la variable dependiente
propuesta por modelo. La decisión de incluir variables dummy de tiempo se implementó a
través de la realización de la prueba estadística de Wald, con la cual se reconoce la necesidad
de correr el panel de efectos fijos con controles de tiempo. En últimas, cabe agregar que se
realizó un test modificado de Wald para reconocer la existencia de heteroscedasticidad en los
modelos. Dado a lo anterior, se corrieron los modelos con errores estándares robustos para
corregir parcialmente la heteroscedasticidad presente en los datos, dada su alta variabilidad.
6. Resultados
En primer lugar, se presentan los mapas de inclusión financiera de 2005 y 2014, con lo cual se
compara el avance en términos de las respectivas dimensiones, a nivel agregado por municipio.
17
Posteriormente se presentan los resultados del panel de efectos fijos y el análisis asociado a los
diferentes modelos propuestos para dicho panel.
6.1 Índice de Inclusión Financiera
Mapa 3: Índice de Inclusión Financiera por municipio
Con base en la metodología planteada anteriormente, se realizó la construcción del IIF para 797
municipios en Colombia desde 2005 hasta 2014. En el mapa 3, se puede evidenciar la tipología
cartográfica municipal para los años 2005 y 2014, en donde se clasifican a los municipios en
baja (IIF entre 0 y 0.4), media (IIF entre 0.4 y 0.6) y alta inclusión financiera (IIF entre 0.6 y
1). El mapa 3, junto con las tablas 2 y 3, muestran diferentes hallazgos con respecto a la
inclusión financiera en Colombia. En primera instancia, el promedio del IIF para los 797
municipios en diez años, cambió solamente de 0.33 a 0.37. Esto va en contravía con la
prolongada creciente tendencia del Indicador de Inclusión Financiera desarrollada por la Banca
de las Oportunidades (2018), que sólo tiene en cuenta la dimensión de acceso, al establecer que
para 2014, 72.6% de la población adulta tenía acceso a al menos un producto financiero (que,
como se anotó inicialmente, a diciembre de 2017 este indicador se encontró en un 79.9%,
porcentaje de adultos con algún producto financiero en establecimientos de crédito,
cooperativas financieras y ONG especializadas en microcrédito). Sin embargo, se puede ver
que al agregar las dimensiones de uso y profundización, que el índice establece un panorama
más acorde a la situación financiera municipal.
18
Variable Efecto Media Desv. Est. Min. Max.
IIF 2005-2014 General 0.3577063 0.0398819 0.109235 0.9478591
Entre municipios 0.0342745 0.2668427 0.5578567
Dentro municipios 0.0204914 0.1694749 0.7520393
Tabla 3. Estadísticas descriptivas IIF 2005-2014
Variable Media Desv. Est. Min. Max.
IIF 2005 0.3362 0.039 0.1329 0.4317
IIF 2014 0.3786 0.049 0.2762 0.9478
Tabla 4. Estadísticas descriptivas IIF 2005 y 2014
Asimismo, vale la pena recalcar la alta variabilidad que existe en el IIF entre los municipios.
Sin embargo, dicha variabilidad se relaciona con el paso de un nivel bajo a un nivel medio en
una gran cantidad de municipios intermedios como Puerto Carreño, Villavicencio, Leticia,
Popayán, Manizales, Riohacha, entre otros. Por su parte, los municipios que progresaron de
media o alta inclusión financiera, son esencialmente las ciudades principales del país, como lo
son Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín. Así, se muestra que aunque la
estrategia planteada por el gobierno ha sido importante para promover la masificación de los
servicios financieros, sigue existiendo una alta dispersión geográfica con respecto al impacto
de las iniciativas de inclusión financiera. De este modo, aunque la dimensión de acceso
(desarrollado principalmente por la comercialización de los corresponsales bancarios) es una
condición importante para la inclusión financiera, toca tener en cuenta las iniciativas de uso y
profundización, que consideren aspectos de frecuencia, regularidad y volumen de los productos
y servicios financieros. De esta manera, se puede evidenciar que en las zonas periféricas, zonas
inclusive en donde el conflicto ha tomado un papel preponderante (Semana, 2013), la inclusión
financiera ha sido baja (Ituango, Buenaventura, Tumaco, San Vicente del Caguán, Tame, entre
otros), a pesar de los esfuerzos establecidos por el Estado por ampliar la cobertura geográfica y
masificar el acceso al sistema financiero.
6.2 Análisis de resultados de los modelos
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados de los cuatro modelos propuestos,
se observan los coeficientes y su nivel de significancia asociado.
19
En primer lugar, en cuanto al modelo de profundización, se puede observar que solo las
variables del número acciones subversivas y de ingresos municipales son significativas al 5%
y al 1% respectivamente. En otras palabras, estas variables son las únicas de este modelo que
tienen un impacto significativo sobre el nivel de profundización financiera, medido como el
logaritmo del valor de los depósitos en cuentas de ahorro. Por un lado, un aumento de una
acción subversiva tiene un impacto negativo sobre el valor de los depósitos de ahorro en 1.51
puntos porcentuales, lo cual es compatible con la hipótesis presentada sobre cómo las
dimensiones del conflicto afectan la inclusión financiera bajo el nivel de profundización. Por
otro lado, como era de suponerse, la variable de control relacionada con los ingresos
municipales tiene un impacto positivo sobre el valor de los depósitos de ahorro. En este sentido,
un aumento del 1% en el valor de los ingresos municipales aumenta en 0.00191% los depósitos
de ahorro por municipio, lo cual denota que a mayores ingresos corrientes (de carácter tributario
y no tributario), mayor será el valor que se dispondrá para depósitos de ahorro municipales.
Para la dimensión de acceso, la cual es descrita bajo el número de establecimientos bancarios
(sumando el número de corresponsales) por km2, se observa que se obtuvieron tres variables
significativas: homicidios (al 5%), secuestros (al 5%) y establecimientos educativos por km2
(al 1%). No obstante, los coeficientes vinculados a la tasa de homicidios y de secuestros, por
cada 100.000 habitantes, resaltan resultados que van en contravía a lo expuesto en la hipótesis
inicial, ya que un aumento en un punto en la tasa de homicidios se traduce en un aumento de
0.000353 establecimientos bancarios por km2, mientras que un incremento de un punto en la
20
tasa de secuestros resulta en un aumento de 0.000996 establecimientos. A pesar de que el valor
de estos coeficientes sea mínimo, se observa que variables aparentemente que conllevan a un
mayor riesgo (medido como las condiciones negativas de orden público que deberían
distorsionar el acceso financiero) se traducen a mayores condiciones de disponibilidad de
servicios y productos financieros. Por otra parte, la variable de control de los establecimientos
educativos por km2 resalta que el incremento de un establecimiento educativo deriva en un
incremento de 2.1 establecimientos bancarios por km2, lo cual va en acorde con la intuición de
que la mayor cobertura en educación puede ir de la mano con un mayor acceso al sistema
financiero, gracias a que la educación es un insumo clave para la toma de decisiones de ahorro,
inversión y de administración de deudas y recursos (Lussardi, 2013).
Ahora bien, con respecto al modelo correspondiente a la dimensión de uso, se puede ver que
dos de las variables independientes son significativas al 10% (actos terroristas y
establecimientos educativos) y una al 1% (tasa de hurto), así como las variables dummy por
efectos de tiempo. Sin embargo, las otras variables de conflicto no son significativas. Para las
variables de hurto y actos terroristas se puede ver que el signo es contrario a lo planteado en el
marco teórico y en la metodología, en donde se esperaba que estos tuvieran un impacto negativo
sobre el valor de los créditos de consumo. Sin embargo, este cambio de intuición en los signos
de las variables de conflicto viene relacionada con autores como Benoit (1973, 1978) (Hessler,
2015), el cual establece que los conflictos armados pueden tener un impacto positivo sobre la
economía. Esto en la medida en que los gastos militares y políticos relacionados al conflicto,
estimulan la economía en términos de infraestructura, ayuda extranjera, mayor demanda
agregada y efectos de spillover en educación. Con esto en mente, se observa que un aumento
de un acto terrorista, conlleva a un aumento de 1.26 puntos porcentuales sobre el valor de los
créditos de consumo. A su vez, un aumento de una unidad en la tasa de hurtos por cada 100,000
habitantes aumenta en 0.0566 puntos porcentuales el valor de los créditos de consumo a nivel
municipal. Además, la variable de control de establecimientos educativos es significativa y
presenta que un aumento de un establecimiento educativo por km2, lleva a un aumento de 20.8
puntos porcentuales sobre el valor de los créditos de consumo.
Por último, con respecto al modelo correspondiente al IIF, se puede evidenciar que las variables
de control de los ingresos municipales y los establecimientos educativos por km2 son
significativos al 10% y al 1%, respectivamente. Al igual, que los anteriores modelos, las
variables dummy de tiempo también resultaron significativos para el modelo, lo cual muestra
21
una influencia de características comunes entre municipios y tendencias agregadas de tiempo,
con respecto a las variables de conflicto. Asimismo, las variables de control tienen signos
esperados en la medida que a mayor ingreso municipal y número de establecimientos
educativos, va a existir una mayor inclusión financiera. De esta manera, se tiene que un aumento
en un 1% del ingreso municipal, genera un incremento de 0.0000418 sobre el IIF. De manera
similar, un aumento de un establecimiento educativo por km2, genera un aumento de 0.0381
puntos porcentuales sobre el IIF.
En este punto, es importante hacer un breve análisis de los resultados contradictorios
presentados anteriormente, es decir de aquellos resultados que generaron posiciones contrarias
a la hipótesis de estudio. Por un lado, con respecto a las variables de homicidios, secuestros y
hurto, los efectos contrarios se pueden explicar dado que los hogares toman decisiones
extraordinarias de financiación para solventar este impacto negativo, en términos de la pérdida
de capital humano o capital físico necesario para la realización de labores productivas, con lo
cual aumentaría parcialmente la demanda por productos o servicios financieros (Justino, 2011).
Lo anterior se observa principalmente en el modelo de la dimensión de acceso, en donde el
aumento de homicidios y secuestros tuvieron un impacto positivo leve sobre los
establecimientos bancarios. De este modo, se puede afirmar que el deterioro de capital humano
es compensado con la aparición de nuevas entidades financieras. En este sentido, este efecto
puede ser determinado por el hecho de que el conflicto armado obliga al aumento del gasto
militar, con el cual disminuye el gasto público social, favoreciendo el incremento de
instituciones financieras para llenar la brecha de recursos y para subsanar las necesidades de
financiación derivadas de la destrucción de capital humano.
Por otra parte, como se pudo observar en el modelo de la dimensión de uso, se obtuvo que el
hurto tenía un efecto positivo sobre el valor de los créditos de consumo. En este sentido, se
podría afirmar que el hurto puede ser compensado por el acceso a financiación vía créditos o
leasings de consumo, con el fin de adquirir bienes de consumo o realizar el pago de servicios.
En otras palabras, el hurto puede deteriorar el acceso o la capacidad de pago por ciertos bienes
o servicios necesarios para la subsistencia, por lo cual los créditos de consumo se convierten en
un factor de suavizamiento temporal ante esos choques negativos derivados del hurto.
Asimismo, la amenaza de hurto, o el riesgo derivado del accionar de grupos al margen de la
ley, puede convertirse en una causa para la adquisición de seguros contra robo, ante una
22
situación de inseguridad latente, con lo cual aumenta la demanda de productos financieros más
allá de créditos de consumo tradicionales.
7. Iniciativas para la inclusión financiera
Ahora bien, dado que por medio del IIF se encontró que el nivel de profundización financiera
en Colombia no es el óptimo esperado, en la siguiente sección se identifican dos iniciativas de
carácter privado (a través de la gestión de alguna institución financiera), que pueden potenciar
el uso y el acceso de productos y servicios financieros en Colombia. Lo anterior gira en torno
a un contexto de posconflicto del cual se desglosan oportunidades estratégicas y administrativas
para la expansión de productos y servicios financieros, a zonas periféricas y/o azotadas
históricamente por el conflicto armado. Como se observó anteriormente, los municipios con
niveles inferiores de inclusión financiera son aquellos que concuerdan con la presencia de
grupos armados al margen de la ley, principalmente las FARC. De este modo, con la firma del
Acuerdo de Paz con este grupo, se generan espacios para la activación de iniciativas que
posibiliten el aumento de la escala y el alcance de servicios y productos financieros. Lo anterior
debe ir acompañado de metodologías innovadoras, apalancadas en tecnologías de información
y en estrategias de asociatividad comunal, con el fin de involucrar diferentes agentes de interés
para el sistema financiero.
Metodología microfinanciera de préstamo grupal
Las microfinanzas se relacionan con la provisión de servicios financieros a pequeña escala,
principalmente crédito y ahorro, a hogares de bajos recursos o microempresarios que han sido
tradicionalmente excluidos del flujo de recursos del sistema financiero, dado que son percibidos
como individuos de alto riesgo y de baja rentabilidad. En este sentido, las microfinanzas
proveen los medios para que los beneficiarios inicien o expandan sus actividades económicas
o cumplan con gastos extraordinarios de educación o salud. En términos económicos, el acceso
a servicios financieros ayuda a que los menos aventajados de la sociedad obtengan recursos
para reducir el riesgo, aumentar la productividad y obtener mayores retornos en inversiones
(DiLeo, 2007).
En Colombia, el aparato productivo está compuesto principalmente por microempresas, las
cuales son grandes movilizadoras de empleo. Sin embargo, una alta proporción de estas
empresas son sujetos informales, lo cual les impide el acceso al sistema financiero formal. La
anterior es la causa por la cual las instituciones financieras no consideran a los
23
microempresarios como individuos merecedores de créditos, sumado a los altos costos de
provisión de servicios financieros a estos empresarios. Por esto, se han visto obligados a acceder
a recursos por canales informales gota-a-gota, cuyas tasas son altísimas y conllevan altos
peligros.
Las modalidades de microcrédito y microfinanzas han recibido gran aceptación como
mecanismos en pro de la inclusión financiera, que superan parcialmente los problemas
mencionados anteriormente. Ante esto, es necesario tomar en consideración iniciativas como la
de CrediAmigo, un programa de microcrédito implementado por el Banco do Nordeste do Brasil
basado en un modelo de préstamo grupal. Dicho modelo permite el acceso a préstamos sin
necesidad de colateral, donde las personas menos aventajadas acuden a su comunidad (vecinos,
conocidos, amigos, etc.), la cual actúa como un colateral social garante del préstamo. Dado lo
anterior, se propone una metodología que permita la replicación de este modelo como una
iniciativa privada con un enfoque de responsabilidad social y compromiso con el desarrollo
socioeconómico de regiones con baja inclusión financiera. En este sentido, es esencial que la
iniciativa venga de una institución financiera que crea en programas microfinancieros como
una estrategia sostenible de desarrollo, y que tenga la capacidad en términos de recursos
humanos, recursos económicos (un amplio portafolio de productos y servicios financieros) y
canales de distribución para la masificación de la metodología propuesta.
En primer lugar, se debe estructurar un producto financiero estandarizado a través de un
programa piloto que le permita a la institución financiera la evaluación de desempeño del
producto. En este contexto, se puede establecer un préstamo de corto plazo (1 a 6 meses), con
pagos quincenales, que involucren a grupos de máximo 10 personas. Esta modalidad de
préstamo debe estar acompañada por un proceso de monitoreo y control para evitar posibles
riesgos de default. Es importante estructurar una metodología, en donde se reconozca la
audiencia objetivo para el producto financiero que, en este caso, debe dirigirse hacia la
población menos aventajada que realice actividades económicas no formales (como mujeres
cabeza de familia con microproyectos de emprendimiento). Con este apoyo, se está velando por
la parcial formalización económica de los beneficiarios, a través del acceso al sistema como
tenedores de productos financieros.
La metodología propuesta por el programa CrediAmigo brinda dos principios fundamentales
como lo son el compromiso del agente crediticio y la selección del grupo codeudor. A pesar del
riesgo intrínseco que presentan las personas menos aventajadas de la sociedad para las
24
instituciones financieras, dada su carencia de colateral, el compromiso de la institución para
con el progreso socioeconómico es un aliciente para que los tomadores de los préstamos se
comprometan con los pagos. Por su parte, el grupo codeudor se convierte en el factor de
confianza para la institución crediticia, es decir que entre más grande el grupo, mayor el nivel
de confianza para la institución porque se observa la solidaridad y la creencia en el compromiso
del agente para el pago de su deuda.
No obstante, según la investigación de Pozzebon para la estructuración de una metodología
grupal, se debe afrontar un reto principal: el establecimiento de una alianza con una
organización local. La alianza con asociaciones comunales, ONGs o cooperativas es necesaria
para la entrada al mercado o a la audiencia objetivo adyacente al mismo. Alguna de estas
organizaciones puede trabajar de la mano con la institución financiera, bajo una modalidad de
responsabilidad social de negocios inclusivos, en la cual la misma organización civil se
convierte en actor de la cadena de valor al adoptar el modelo de préstamo grupal, su estructura,
procesos, métodos y políticas. Dicha organización puede convertirse en un intermediario entre
la institución financiera y los clientes, en cuanto a la provisión de información del producto,
tasas de interés, reestructuración y renegociación de la deuda, entre otros, con lo cual toma un
papel como corresponsal no bancario con un acompañamiento más cercano para con los
beneficiarios.
Las consecuencias de este tipo de iniciativas se relacionan con la expansión de la actividad
comercial de los beneficiarios. El acceso a préstamos se puede traducir en la compra de
inventarios o equipos, con los cuales se tienen más productos disponibles para la venta o se
tiene mayor capacidad de almacenamiento, lo cual en últimas, recae en mayores ventas.
Finapp: App para la educación financiera
Como se observó en los resultados, la evidencia empírica sugiere que los establecimientos
educativos son un insumo para la promoción de la inclusión financiera. A pesar de que la
educación fue tratada en este estudio en términos de cobertura, es importante incluir una
dimensión adicional asociada con contenido en educación financiera. Como afirmó Lusardi
(2013), la educación financiera juega un rol en influenciar la toma de decisiones financieras,
con lo cual los individuos pueden reconocer las oportunidades que ofrece el complejo sistema
financiero. Sin embargo, los currículos escolares no presentan contenidos alusivos a los
diferentes servicios y productos ofrecidos por el canal financiero formal. En otras palabras, a
pesar de que el Ministerio de Educación ha reconocido la importancia de la Estrategia de
25
Educación Financiera, promulgada por la Superintendencia Financiera en el 2010, no se ha
establecido el componente de educación financiera dentro de la academia y la educación media.
Esta estrategia ataca la desconfianza en el sistema financiero, la cual se asocia simplemente con
el desconocimiento de las diferentes variables y servicios que se observan a nivel bancario y
financiero.
Debido a lo anterior, Asobancaria ha tomado la iniciativa a través de su plataforma web para
brindar información financiera a través de e-books, cartillas, cursos virtuales, juegos
interactivos entre otros. De igual manera, instituciones financieras como Davivienda, Old
Mutual y Banco Agrario han llevado a cabo una serie de iniciativas de educación financiera.
Sin embargo, es importante resaltar la App del Banco Agrario, denominada Aula Financiera,
en la cual a través de una serie de módulos brinda contenido sobre el tema en cuestión. Esta
App solo tiene aproximadamente 5.000 descargas.
En este contexto, es necesario estructurar una App, con el contenido preciso para la distribución
de información diciente sobre la dinámica del sistema financiero, utilizando como canal los
smartphones, los cuales se convierten en una herramienta para la masificación de la
información. En este sentido, según datos del Ministerio de las TIC, por cada 100 colombianos
hubo 35 teléfonos inteligentes al cierre de 2016, lo que representa un incremento del 50% con
respecto a 2015. En general, aumentar los niveles de educación financiera podría contribuir con
la eliminación de barreras a la demanda que impiden la profundización del crédito, ya que le
permitiría a la población informarse sobre los productos y servicios del sistema, y encontrar el
que más se adapte a sus necesidades y a sus capacidades de pago (Rey et al, 2017).
Finapp es una iniciativa estratégica con un enfoque para la difusión de información y de
educación financiera para las instituciones financieras privadas. En este sentido, esta App se
convierte en un canal interactivo de información de los productos y servicios ofrecidos por una
institución específica. Dado el alcance de las apps, el diseño del interfaz debe ser amigable para
el usuario y debe tener la capacidad de alcanzar una variedad de segmentos de clientes
bancarios, y asimismo, recolectar una multiplicidad de información sobre dichos segmentos
como insumo para la creación de programas y servicios especializados para los requerimientos
de cada grupo de clientes. No obstante, la esencia de la App es la promoción de la educación
financiera, reconocida como el proceso por el cual se mejora el entendimiento de productos,
conceptos y riesgos financieros, mediante la instrucción y el asesoramiento, para el desarrollo
26
de habilidades y confianza para la toma de decisiones informadas (Banca de las Oportunidades,
2017).
El problema principal de este tipo de iniciativas es encontrar la forma de incentivar la descarga
de la App y el uso de la misma, de manera que la institución financiera obtenga beneficios
económicos, a través de la atracción de nuevos clientes y la masificación de sus productos y
servicios. En este orden de ideas, se propone el establecimiento de un programa de fidelización
para los clientes bancarios o para los potenciales clientes, como un complemento a los
diferentes módulos de educación financiera presentes en la App. En este contexto, la Banca de
las Oportunidades propone una serie de contenidos para la educación financiera basada en
módulos de ahorro, crédito, seguros, pensiones y cesantías, inversiones, productos y servicios
financieros y prevención y protección. Este contenido puede ser accedido por cualquier tipo de
usuario (segmentado por edad, actividad económica, metas financieras, etc.), sin embargo, la
diferencia recae en el programa de fidelización a la medida para cada usuario según sus
capacidades de pago y ahorro, sus intereses financieros y la disposición de sus recursos.
A pesar de la complejidad de la App, sus beneficios se relacionan con la promoción de un canal
de información útil para los clientes y para la institución bancaria. De igual manera, la App se
convierte en una forma innovadora de servicio al cliente con un importante componente
educativo que vela por la toma de decisiones informadas y conscientes, y con una altísima
capacidad de cobertura, dadas las facilidades devengadas de los medios digitales. Cabe agregar
que el desarrollo de la App no tiene que recaer sobre la institución financiera, sino que puede
realizarse a través de una convocatoria en donde se incentive la participación de emprendedores
digitales con un acompañamiento y asesoría de la institución.
8. Conclusiones
Este estudio radicó en la comprobación de la hipótesis sobre si el conflicto armado, presentado
bajo sus diversas dimensiones de violencia, presentaba un impacto negativo sobre la inclusión
financiera mirada desde un punto multidimensional, con lo cual se responde a la pregunta sobre
cómo el conflicto ha imposibilitado la profundización del sistema financiero en las áreas
municipales colombianas. La motivación principal de esta investigación era establecer la
existencia de una correlación, positiva o negativa, entre la violencia y un tema relativamente
novedoso que ha generado gran interés y gran acogida en la agenda económica como lo es la
inclusión financiera.
27
La contribución principal de este trabajo giró en torno al desarrollo de un índice de inclusión
financiera, de carácter multidimensional, tomando como unidad de análisis los municipios
colombianos. Dicha contribución se estructura en torno a la construcción de una imagen más
robusta de la inclusión financiera, yendo más allá de un eje de profundización (número de
cuentas de ahorro) y caracterizando el estado particular de la inclusión por municipio y su
avance y retroceso en el periodo comprendido por los años 2005-2014. En general, el avance sí
ha sido notorio, especialmente en las grandes ciudades y en las intermedias, sin embargo, los
niveles de inclusión financiera de la gran mayoría de municipios siguen siendo muy bajos. De
este modo, este trabajo puede observarse como una crítica a la concepción unidimensional que
se le da a la inclusión financiera en Colombia, por lo cual es necesario ahondar en esfuerzos
que dinamicen el acceso, uso y profundización del sistema financiero.
En este punto, es importante destacar la metodología presentada por Sarma (2008) para la
construcción de un IIF. No obstante, sería interesante revisar otras metodologías para la
construcción de índices que puedan servir como un punto de comparación con el resultado
obtenido en este estudio. De este modo, se puede hacer una evaluación más completa de qué
índice puede estar más ajustado a la realidad municipal.
Por otro lado, la evidencia empírica sugiere que los resultados no presentan argumentos
concluyentes. La mayoría de las variables de conflicto armado, que representan las diferentes
facetas de la violencia, no brindaron resultados significativos y de alto impacto. Más aún,
algunas variables presentaron resultados contradictorios o que van en contravía de la hipótesis
establecida inicialmente, por lo cual es importante concluir que no necesariamente el conflicto
distorsiona los esfuerzos en pro de la inclusión financiera, sino que puede convertirse en un
insumo para la expansión del sistema en aquellas poblaciones azotadas por la violencia. Debido
a lo anterior, sería interesante llevar a cabo un estudio adicional que analice la hipótesis sobre
si las dimensiones de la inclusión financiera pueden tener un impacto positivo o negativo sobre
un índice de conflicto. No obstante, la evidencia sugiere que variables económicas y educativas,
de carácter municipal, tienen una fuerte influencia sobre la promoción de la inclusión
financiera, lo cual es compatible con la literatura sobre que a mayor desarrollo socioeconómico,
mayor profundización del sistema financiero. Sin embargo, la continuación del estudio
presentado puede basarse en la inclusión de una estructura más robusta de variables de control
de carácter económico, social, político e inclusive cultural, con lo cual se refuerza el modelo y
se capturan conclusiones más rigurosas que trascienden los factores de violencia.
28
De igual manera, a futuro se podría considerar realizar el estudio con otros métodos de
estimación de datos panel. En este contexto, se podría estimar a través de primeras diferencias,
creando estimadores anuales para reconocer el impacto de los cambios en los datos de las
variables de conflicto sobre las medidas de inclusión financiera. Asimismo, el conflicto podría
calcularse como un índice multidimensional tomando como referencia las clasificaciones del
Centro de Memoria Histórica. De este modo, se establece una medida más robusta, pero
simplificada, del conflicto en términos municipales. En últimas, el IIF podría calcularse bajo
otra metodología de construcción de un índice multidimensional como la presentada por Park
y Mercado (2018), la cual se basa en la ponderación de hasta nueve indicadores de uso, acceso
y disponibilidad de instrumentos financieros.
En otro orden de ideas, es importante interpretar razones por las cuales la hipótesis presentada
no se cumplió a cabalidad. En primer lugar, la temporalidad del panel o el horizonte de tiempo
presentado se convierten en un obstáculo para la obtención de resultados más precisos, ya que
el periodo comprendido se relaciona con un desescalamiento del conflicto armado. Lo anterior
se vincula con acontecimientos como la desmovilización de grupos paramilitares, así como con
ataques contundentes a grupos guerrilleros y la promoción de una fuerte política de seguridad
nacional. En este sentido, dicho horizonte de tiempo se convirtió en un limitante que se derivó
de la baja disponibilidad de datos municipales sobre captaciones y depósitos financieros. Es por
esto que, a futuro debería desarrollarse un estudio con un horizonte de tiempo con altos picos
de violencia (por ejemplo en los años noventa), en el cual se tenga un registro suficiente de
variables financieras para la observación de la inclusión en un periodo anterior a la
implementación de la Estrategia de Inclusión Financiera en 2007. De igual manera, a la
limitación asociada con la temporalidad del panel debe agregarse el comportamiento mismo de
las variables financieras, las cuales han tenido un comportamiento a la alza en los últimos años,
por lo cual se desestima el posible efecto del conflicto sobre la inclusión financiera.
En conclusión, el trabajo presentado puede ser observado como un punto de partida para el
diseño y la investigación de métodos más rigurosos para el análisis de la inclusión financiera
en Colombia, del cual deben abstraerse no solo iniciativas privadas sino propuestas con
participación y coordinación público-privada, para el establecimiento de un sistema financiero
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