RESEÑA HISTORICA DEL CONFLICTO ARMADO:La guerra interna encontró su fundamento en la situación económico-política imperante a raíz del derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Jacobo Arbenz Guzmán —1954—. Pero el enfrentamiento militar abierto cuyo fin era derrocar al Gobierno tiene su primera escaramuza el 13 de noviembre de 1960, otra que es continuamente recordada es la del 11 de marzo de 1962 realizada por el Movimiento 20 de Octubre, “Los antecedentes más próximos del enfrentamiento documentan la forma en que se acumularon las tensiones políticas e ideológicas desde la década de los cuarenta y principios de los años cincuenta, incluyendo la eclosión renovadora de 1944 y su rápida radicalización.”

“El enfrentamiento armado se desencadenó en Guatemala debido a una suma de fenómenos internos como la caída del arbencismo, el feroz anticomunismo de importantes sectores de la población y de la Iglesia Católica, y la alianza defensiva de militares, empresarios y otros segmentos de la población temerosos del cambio social. Asimismo, intervinieron factores externos como la guerra fría y la influencia de la triunfante revolución cubana al alentar en toda Latinoamérica en naciente movimiento guerrillero.”

“La Conflictividad social en Guatemala ha tenido bases históricas de exclusión política, discriminación étnica e injusticia social que tienen sus raíces en la propia configuración del Estado guatemalteco. Durante la década de los 60, además de los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, la violencia por parte del Estado se dirigió contra la población campesina en el oriente del país. En la década de los 70, tuvo especial virulencia en la ciudad y se dirigió contra líderes de movimientos sociales y sectores de oposición a los sucesivos gobiernos militares, además de contra la infraestructura guerrillera.”

“En los primeros años 80 la política contrainsurgente se convirtió en terrorismo deEstado, conllevando un proceso de destrucción masiva especialmente de las comunidades indígenas y grupos campesinos organizados que superó todas las previsiones del horror y frustró todas las esperanzas de cambio.”

“Frente a las acciones represivas cada vez más indiscriminadas, mucha gente vio en el proyecto revolucionario una salida para tratar de cambiar la situación y lograr sus demandas de justicia y libertad. Por su parte, la estrategia de algunas organizaciones guerrilleras de desarrollar sus bases y tratar de implicar a la gente de forma masiva en sus estructuras de apoyo militar condicionó de forma importante la dinámica de las comunidades. La guerrilla utilizó la violencia como una forma de eliminar a las personas que colaboraban con el Ejército o, en otras ocasiones, como forma de eliminar a la oposición en zonas bajo su control.”

“El carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca tiene sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos, sentando con ello las bases de un régimen de exclusiones múltiples, a las que se

sumaron los elementos de una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas y deshumanizadoras. El Estado se fue articulando paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esa estructura, garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia.”

Quedó así conformado un círculo vicioso donde la justicia social provocó protesta y luego inestabilidad política, que permanentemente sólo tuvo dos respuestas: represión o golpe militar. Frente a movimientos que proponían reivindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales. El Estado recurrió crecientemente a la violencia y el terror para mantener el control social.

Entre 1961 y 1962 varios integrantes de diversos grupos insurrectos, viajan a Cuba para recibir adiestramiento militar y formación ideológica. Posteriormente unos se integrarían a la actividad política que se gestaba contra el Gobierno y otros se encargarían del movimiento armado, es a esto que responde la constitución de las Fuerzas Armadas Rebeldes —FAR—, que define como enemigo al imperialismo yanqui y como objetivos la toma del poder político por la clase obrera e intelectual y la instauración de la dictadura del proletariado.

(1971-1978)“Este período de la historia se caracteriza por procesos de reorganización de diverso orden, lo que comprometió al conjunto de los actores de la sociedad. En lo económico, se asistió a una diversificación productiva en un contexto de modernización, los intentos desde el Estado de impulsar iniciativas de desarrollo; en lo político se consolida la alianza Ejército-partidos políticos-sectores empresariales, bajo una nueva fórmula de gobiernos electos, siempre encabezados por militares”.

En este período continua la acción del Ejército en contra de los focos de subversión. En ese corto lapso Guatemala conoció un fuerte crecimiento económico, sufrió los efectos y consecuencias de un devastador terremoto.

“Los gobiernos encabezados por el coronel Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) y el general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978) desarrollaron simultáneamente una doble política. Por una parte aplicaron de manera sistemática planes contrainsurgentes para acabar con cualquier forma de oposición a la que calificaban como peligro comunista, y por otra impulsaron proyectos de desarrollo económico y social en los que el Estado jugaba un papel importante.”

La escalada de violencia y de masacres en contra de líderes estudiantiles, sindicalistas, catedráticos e intelectuales universitarios y población indígena se agravará sustancialmente a partir de 1979. Ese año iniciarán 4 años de violencia que, conforme los datos históricos disponibles, consisten en el período más sangriento de la guerra interna.

(1979-1985)Durante este período la militarización del poder fue absoluta. Tres generales ejercieron el Gobierno de manera consecutiva: Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores. Los mismos implementaron y dieron continuidad a una política de seguridad nacional que conllevaría las más serias violaciones a los derechos humanos de la historia republicana del Estado de Guatemala.

Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población civil en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente población maya.

En 1980 se da la masacre de la embajada de España, evento que tuvo amplias repercusiones internacionales. La toma de la embajada tuvo como objetivo denunciar las atrocidades que se estaban cometiendo en el área rural en contra de los campesinos, esencialmente indígenas; los dirigentes de este movimiento también buscaban alcanzar el exilio, situación que no sucedió pues todos murieron como consecuencia de la quema de la embajada.

“En el Gobierno de Lucas García (1978-82), la estrategia contrainsurgente se concentró en eliminar al movimiento social tanto urbano como rural, el cual había crecido sensiblemente durante los años previos, así como combatir la guerrilla. Posteriormente, Efraín Ríos Montt (1982-83) le dio continuidad a la estrategia de tierra arrasada, destruyendo cientos de aldeas, principalmente en el Altiplano, y provocando un desplazamiento masivo de la población civil que habitaba las áreas de conflicto.

Paralelamente el Ejército implantó estructuras militarizadas, como las Patrullas deAutodefensa Civil —PAC—, para consolidar su control sobre la población, buscando contrarrestar la influencia de la insurgencia y reducir las causas que generaban malestar entre la población, organizando los denominados polos de desarrollo.”

Entre 1981 y 1982 se realiza una gran ofensiva contrainsurgente. En razón de ello, en 1981 se inicia la organización de las Patrullas de Autodefensa Civil.

En 1982 se elabora e implanta el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. También se implementa el Plan de Campaña Victoria 82 cuyos resultados son múltiples masacres y tierra arrasada de comunidades en áreas de conflicto y se extiende la cobertura de las Patrullas de Autodefensa Civil.

“El Gobierno del General Humberto Mejía Víctores (1983-85) continuó con esta estrategia, fortaleciendo la militarización con la expansión e institucionalización de las Patrullas de Autodefensa Civil, y dándole un fuerte empuje a los polos de desarrollo y aldeas modelo.”

En 1983 se implanta la Campaña Firmeza 83 cuyos objetivos principales son afinar el control sobre la población civil y el fortalecer las Patrullas de Autodefensa Civil. Para ello se organizan aldeas modelo y polos de desarrollo que reubican y controlan a la población desplazada.

Posteriormente se formulan los planes de campaña Reencuentro Institucional 84 yEstabilidad Nacional 85, que buscaban incidir en el ámbito político para reorientar el proceso de transición. Se continúa con una represión de carácter selectiva enfocada hacia dirigentes sindicales, estudiantes y grupos de derechos humanos.

“Con el golpe de Estado de 1983 el Ejército intentó especialmente restablecer la estabilidad interna de la institución, que había sido conmovida por los jóvenes oficiales que impulsaron el golpe del 23 de marzo de 1982. Apenas instaurado el gobierno de Mejía Víctores se volcó a reencauzar el proceso de institucionalización del régimen.”

La transición política (1986-1996)El tan esperado retorno al modelo democrático, violentado en 1954, tiene como presupuesto las medidas adoptadas por el régimen militar en 1984 y 1985: “Capítulo importante en la vida política de Guatemala es el retorno en 1985 a la constitucionalidad y las medidas que el gobierno militar adoptó para ese efecto.” Las medidas radicaron en la aprobación del marco jurídico necesario para la reapertura político-partidista y la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente que emite la Constitución actualmente vigente.

La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 fue el producto de la suma y amalgama de la diversidad política e ideológica que albergó la Asamblea Nacional Constituyente. Esta diversidad motivó la búsqueda de alianzas y evidenció cierta falta de sistematización y de uniformidad, en tanto que la preocupación por los abusos del pasado reciente hizo que el tema de los derechos humanos se tratase de un modo excesivamente detallado, impropio de un texto constitucional.

Ante los cambios políticos de carácter democrático, un sector del Ejército promueve el Proyecto Estabilidad Nacional, con el cual se busca reinsertar a esta institución dentro del contexto de una sociedad democrática. Dentro de las estrategias del Ejército, se continúa la represión selectiva de activistas políticos y sociales y se realizan esfuerzos por mantener a la institución en el centro de la toma de decisiones políticas-estatales.

El Ejército ve con recelo y desconfianza los acercamientos entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca —URNG— y el Gobierno. Con la toma de posesión del gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo, se fortalece la apertura política y, en 1987, se produce la primera conversación Gobierno-URNG, en España.

El gobierno de Cerezo Arévalo constituyó un tránsito paulatino entre el modelo de Estado militarizado imperante y la refundación de un Estado de Derecho. Es importante recordar que éste representó la transición de un gobierno militar a uno de corte civil, situación excepcional en la historia guatemalteca. La guerrilla, si bien se vio reducida en su ámbito de influencia geográfica y en la cantidad de operaciones, logró sobrevivir y propiciar una salida negociada a la guerra armada interna.

El gobierno de Serrano Elías fue sumamente débil e inestable. Logró alcanzar la presidencia con escaso margen de votación y apenas alcanzó 14 curules en el Congreso de la República de un total de 116. Su gestión evidenció la falta de cuadros políticos y programa de Gobierno. En 1993 provoca la más grave crisis institucional desde el retorno democrático al gestar un autogolpe de Estado que concentra todas las facultades en el Ejecutivo y tiene la particularidad de ser encabezado por un civil y no por militares como fue la usanza de los períodos militares.

Ante el rechazo generalizado al autogolpe y al contenido de las Normas temporales de Gobierno, se produce la huida del Presidente golpista y se retorna a la institucionalidad.

El Ejército, ante la repulsa popular, abandonó al golpista y se puso a disposición del Congreso de la República. El Congreso de la República elige a Ramiro De León Carpio, ex Procurador de los Derechos Humanos, como Presidente de la República para que concluya el período del fallido dictador.

Ya en el gobierno de De León Carpio “La relación del Ejército con el Gobierno fue desde el principio respetuosa y conforme a los postulados constitucionales, constructiva. El Ejército se sentía satisfecho del papel que como institución jugó en la resolución de la crisis que generó el autogolpe de Serrano y a la vez que veía en el binomio gobernante a dignatarios respetuosos de la ley.”

Este fue un Gobierno en el cual se produjeron varias depuraciones institucionales y reformas constitucionales, producto de la Consulta Popular de 1993. Por la trayectoria del Presidente en materia de derechos humanos y ante lo avanzado de las pláticas de paz, se estimó que coronaría su gestión con la firma de la paz. Esto no sucedió, y su gestión atendió problemas periféricos pero no de fondo en lo que se refiere a las problemáticas económicas que afrontaba la sociedad guatemalteca.

Fue en el gobierno de Álvaro Arzú en el cual se consolida el proceso de negociación hasta alcanzar la firma de la Paz Firme y Duradera. Pese a ello, el camino que se recorrió estuvo plagado de privatizaciones de empresas públicas y se vio empañado con múltiples denuncias de extorsiones a finqueros y empresarios por parte de la guerrilla. También ocurrieron los secuestros de Olga de Novella e Isabel Bonifasi, hechos en los cuales se vieron vinculados los altos mandos de las organizaciones guerrilleras y que empantanaron los procesos de paz.

LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ FIRME Y DURADERAEl proceso de paz en Guatemala fue escabroso y en múltiples ocasiones se vio interrumpido. Desde 1986 hasta 1996 año en que se logra la firma de la Paz Firme y Duradera:

1. • 1986:Mayo 25. Los presidentes centroamericanos suscriben en Esquipulas, Chiquimula, los Acuerdos de Esquipulas, por medio de los cuales se buscó la pacificación del Istmo.

2. • 1987:Septiembre 30. Se crea la Comisión Nacional de Reconciliación, presidida por Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, e integrada por monseñor Juan Gerardi, Teresa de Zarco, Mynor Pinto, Jorge Serrano, Francisco Gordillo, Roberto Carpio y Leopoldo Sandoval.Octubre. Madrid, España, es sede del primer intento de diálogo entre elGobierno y la insurgencia, pero concluye en fracaso.

3. • 1988:Agosto. Miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación viajan aCosta Rica tras un nuevo intento de propiciar el diálogo de paz, pero los resultados son negativos.

4. • 1990:Marzo 28. Jorge Serrano, Mario Permuth y Eduardo Villatoro, de la Comisión Nacional de Reconciliación y la URNG, firman en Oslo, Noruega, el acuerdo para iniciar un proceso de negociación que concluyera con la firma de la paz.A lo largo del resto del año, luego de la firma de Oslo, se realizan las reuniones de El Escorial, España, (con los partidos políticos); de Ottawa, Canadá (con el sector empresarial); de Quito, Ecuador (con el sector religioso); de Metepec, México (con los sectores populares y sindicales), y de Atlixco, México (con sectores académicos, pequeña y mediana empresa y universitarios).

5. • 1991:

Abril 26. El Gobierno de Jorge Serrano crea la Comisión de Paz dirigida por Manuel Conde Orellana, la cual se reúne en México con la URNG, para definir un temario básico, aunque no oficial. Julio 25. Es firmado el Acuerdo de Querétaro, en México, sobre democratización.Octubre. Inicia el tratamiento del tema de los derechos humanos.

6. • 1993:Enero 19. El Presidente Jorge Serrano formula iniciativa de paz ante lasNaciones Unidas.Mayo 5. Inicia en México la última ronda de negociaciones antes de que el proceso entre en un punto muerto.Mayo 25. El Presidente Jorge Serrano da un autogolpe de Estado y la negociación entra en un impasse de ocho meses.Octubre 4. El Presidente Ramiro de León propone un plan de paz y nombra en la COPAZ a Héctor Rosada Granados.

7. • 1994:Enero 10. El Gobierno de Ramiro de León Carpio y la URNG suscriben el acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación y crean la Asamblea de Sectores Civiles.Marzo 29. Guerrilla y Gobierno pactan el calendario y oficializan los temas que se discutirán y dividen a éstos en sustantivos y operativos.Marzo 29. Ambas partes, reunidas en México, suscriben el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. En el mismo se comprometen a no propiciar una amnistía y se solicita la llegada de un contingente de Naciones Unidas, encargado de verificar los derechos humanos.Junio 17. Reunidas en Oslo, las partes firman el Acuerdo para el Reasentamiento de Comunidades Desarraigadas, por el cual se busca brindar todas las garantías a los refugiados en México y a los desplazados internos.Junio 21. También en Oslo, los negociadores acuerdan la creación de laComisión de Esclarecimiento Histórico, encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el enfrentamiento.

8. • 1995:Marzo 31. Gobierno y guerrilla, tras reunirse en México, concluyen la negociación del tema Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

9. • 1996:

Mayo 6. En la administración del Presidente Álvaro Arzú, COPAZ y URNG, reunidas en México, firman el Acuerdo Socioeconómico y Agrario, que busca modernizar uno de los principales problemas: la tenencia de la tierra.Septiembre 19. El tema Fortalecimiento del Poder Civil y Papel del Ejército se suscribe en México. Entre los puntos más importantes se incluye la posibilidad de nombrar un ministro civil en la cartera de la Defensa, así como la reducción, en un 33% de los efectivos militares.Diciembre 4. En el Ayuntamiento de Oslo, las partes suscriben las Bases para el Definitivo Cese al Fuego, primero de los temas sustantivos.Diciembre 5. Las delegaciones firman en Estocolmo, Suecia, el Acuerdo de Reformas Constitucionales y Electorales.Diciembre 12. En Madrid, España, se suscribe el Acuerdo de Reinserción de los rebeldes a la vida civil.Diciembre 29. En Ciudad de Guatemala, se firma el Acuerdo Final de Paz.

Guatemala, durante un lapso mayor a los treinta años, vivió un clima de confrontación armada que redundó no solo en perjuicio de los combatientes directos, sino también para toda la sociedad.

La argumentación fundamental justificadora del conflicto armado, consistió en el cuestionamiento por la injusticia en la realidad social, económica, política, étnica y cultural del país. Las aspiraciones básicas fueron la búsqueda de un cambio de fondo en el país, que permitiera la redefinición de las estructuras de poder, organización y participación tradicionales en Guatemala.

Como parte de los antecedentes del problema, es evidente que en Guatemala ha habido una tradicional exclusión para la mayoría de la población, tanto para la indígena pero también para la población de escasos recursos. Una de las manifestaciones más palpables de dicha exclusión, se encuentra precisamente en el campo educativo.

Algunos indicadores estadísticos evidencian la problemática educativa nacional, a través de fenómenos tales como el analfabetismo, la baja cobertura en educación, los índices de repitencia, la escasa disponibilidad presupuestaria por parte del gobierno para la atención de las necesidades educativas, etc.

Los Acuerdos de Paz, en el pasado inmediato del país, constituyen una referencia obligada para entender cuál es y debiera ser el rumbo del país, en términos de las políticas gubernamentales, debido a que son el resultado de una larga negociación entre el poder gubernamental y la insurgencia nacional, como exponentes directos del conflicto que se ha vivido en la sociedad guatemalteca, pero también como el resumen de las aspiraciones de una sociedad victimizada por la violencia.

ACUERDOS DE PAZ Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN MATERIA EDUCATIVA

Los temas específicos en materia educativaLa sociedad guatemalteca se ha caracterizado por la existencia de diferentes formas y maneras de exclusión que han redundado en perjuicio de los diferentes grupos mayoritarios de la población. Algunas de estas formas de exclusión se resumen en tres dimensiones: género, ámbito geográfico en donde se ubiquen las personas (rural urbano) y grupo étnico al que pertenezcan (indígena-ladino).

Para evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, es necesario conocer cuáles, en concreto, son los compromisos adquiridos. Esto nos obliga a Puntualizar, atendiendo a los diferentes documentos suscritos, en dónde se encuentran contenidos los compromisos, por lo que a continuación se sintetiza cuáles son esos compromisos, atendiendo a cada uno de los acuerdos suscritos.

Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos IndígenasSuscrito en México el 31 de marzo de 1995, constituyó el primer avance significativo en este campo, ya que es el primero de los acuerdos que intenta iniciar la discusión, de manera concreta, sobre los derechos de la población, en particular de la indígena, de manera específica y puntual. En la parte considerativa del acuerdo en cuestión, específicamente en el párrafo segundo, se reconoce que “la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe”. Esta frase, que con el tiempo habría de convertirse en una consigna muy frecuente en los medios de comunicación entre quienes abogan por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, marca un cambio fundamental en el discurso y tónica de la discusión social, política, cultural, económica y étnica del país.

El Gobierno guatemalteco, de manera histórica, reconoce en un documento público la práctica discriminatoria a que está sujeta la mayoría de la población, y también la injusticia y explotación que padecen, como una realidad ineludible de aceptar, especialmente tras un conflicto armado de más de treinta años. Es importante recordar la visión que privaba sobre esa discriminación en el país, lo cual está plasmado en la parte introductoria del Acuerdo, que considera:

Que los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que, como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social;

Que esta realidad histórica ha afectado y sigue afectando profundamente a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y participación política, y entorpeciendo la configuración de una unidad nacional que refleje, en su justa medida y con su plenitud de valores, la rica fisonomía plural de Guatemala.

En lo que respecta a Educación, el Acuerdo propone una reforma educativa.Para ello, se basa en que “el sistema educativo es uno de los vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales. Debe responder a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, los valores y sistemas educativos mayas y de los demás pueblos indígenas, el acceso a la educación formal y no formal, e incluyendo dentro de las currícula nacionales las concepciones educativas indígenas”

Los contenidos específicos de la reforma educativa, según el Acuerdo, comprende los siguientes aspectos:i) Ser descentralizado y regionalizado a fin de que se adapte a las necesidades y especificidades lingüísticas y culturales;ii) Otorgar a las comunidades y a las familias, como fuente de educación, un papel protagónico en la definición de las currícula y del calendario escolar y la capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros a fin de responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales;iii) Integrar las concepciones educativas maya y de los demás pueblos indígenas, en sus componentes filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos, históricos, lingüísticos y político-sociales, como una vertiente de la reforma educativa integral;iv) Ampliar e impulsar la educación bilingüe intercultural y valorizar el estudio y conocimiento de los idiomas indígenas a todos los niveles de la educación;v) Promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de vida de las comunidades, a través del desarrollo de los valores, contenidos y métodos de la cultura de la comunidad, la innovación tecnológica y el principio ético de conservación del medio ambiente;vi) Incluir en los planes educativos contenidos que fortalezcan la unidad nacional en el respeto de la diversidad cultural;vii) Contratar y capacitar a maestros bilingües y a funcionarios técnicos administrativos indígenas para desarrollar la educación en sus comunidades e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con los representantes de comunidades y organizaciones indígenas en el proceso educativo;viii) Perseguir el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la educación que corresponde a toda la población, especialmente en las comunidades indígenas donde se muestran los más bajos niveles de atención educativa, generalizando su cobertura y promoviendo modalidades que faciliten el logro de estos objetivos; eix) Incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación, a fin de que una parte sustancial de este incremento se asigne a la implementación de la reforma educativa.

La reforma educativa, como se comprueba en la enumeración de las características que propone el Acuerdo, trata sobre diferentes aspectos. Con el propósito de hacer más manejables las responsabilidades que corresponden a quienes deben participar en la reforma educativa, se propone la siguiente clasificación de las características:

• Responsabilidades gubernamentales a través del Ministerio de Educación:En la característica i), se comprende la descentralización y regionalización educativa, con lo cual se favorece no solo la administración sino que también se posibilita la zonificación de acuerdo a las características lingüísticas y culturales.

Las características iii) y iv) tratan sobre la integración de las concepciones educativas maya de los de los demás pueblos indígenas y de la ampliación e impulso de la educación bilingüe intercultural en los niveles educativos, respectivamente.

La característica v) trata sobre armonización de los valores y contenidos de la cultura de la comunidad para la innovación tecnológica y la conservación del medio ambiente.

La característica vi) plantea la inclusión en los planes educativos de contenidos que fortalezcan la unidad nacional y el respeto a la diversidad cultural, lo que evidentemente en el plano nacional sólo puede ser cumplido e implementado por el Ministerio de Educación en su función directora y orientadora del proceso.La característica vii), prevé la contratación y capacitación de maestros, y reitera la participación comunitaria en el proceso educativo.

En la característica viii), está enunciada la urgencia de dar cumplimiento al mandato constitucional de derecho a la educación, la cual establece que especialmente debe buscarse atender a las comunidades indígenas.

La característica ix), por su parte, se refiere a la responsabilidad de incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación, como una condición para mejorar la cobertura en servicios educativos para los pueblos indígenas.

• Participación comunitaria en la gestión educativa:La característica ii) promueve que las comunidades y las familias participen en la definición de las currícula y del calendario escolar.

Estos elementos, fundamentales en el proceso educativo, resultan un tanto controvertidos de aplicación. Las currícula son un elemento técnico del proceso educativo, que debe responder a las aspiraciones generales de lo que es el ideal de nación e ideales que inspiran al Estado. En todo caso, parece conveniente que pueda darse una armonización en cada componente

comunitario y regional, una adecuación a esa realidad local, pero el Estado no puede delegar de manera absoluta, o mejor dicho, claudicar en la definición de las currícula en los entes comunitarios y familiares. De no establecerse un límite, el proceso educativo se tornaría anárquico y perdería también una de sus características propias como es aspirar a la definición y desarrollo de una identidad nacional. En cuanto al calendario escolar, sí es un elemento positivo y favorable para dar mayor efectividad al sistema educativo, debido a que en algunas regiones del país la incidencia y condicionamiento de las tareas agrícolas es innegable en el proceso educativo. El proceso educativo, y sus características temporales, deben adecuarse a las necesidades de la población objetivo, por lo que este elemento es muy importante. La segunda parte de la característica ii) se refiere a que las comunidades y las familias tienen “capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros a fin de responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales”. Este postulado, tanto por la forma como fue enunciado así como por las políticas gubernamentales de reducción de tamaño del Estado, ha tenido como consecuencia constituirse en un elemento de inestabilidad laboral para el gremio magisterial, como lo demuestra el hecho de que en diciembre de 2003 se encontraban laborando más de 13,000 maestros bajo la modalidad de contratos temporales de servicios (no de trabajo). Esta situación ha redundado en la reducción de los derechos laborales del sector magisterial público, y violatorio al Decreto 1485 del Congreso de la República, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, que asegura la estabilidad laboral del trabajador educativo.

Situaciones como esta han permitido que las prestaciones del trabajador educativo se reduzcan al pagársele únicamente el mes trabajado (8 meses al año), se le prive del seguro social, aguinaldo, bono 14, vacaciones, escalafón y estabilidad laboral. En nombre de la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público, se han violado los derechos laborales del gremio magisterial, contraviniendo el principio fundamental del derecho del trabajo, que reconoce el interés público en la defensa de los intereses de los trabajadores. Tal pareciera que por superar una injusticia social, se sacrifican los intereses gremiales del magisterio, lo cual no enaltece la función del Estado: no es posible corregir una injusticia cometiendo otra.

La característica vii) insiste en la participación comunitaria en el proceso educativo.

El Acuerdo también indica que debe continuarse impulsado las Escuelas Mayas y la consolidación del Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural (PRONEBI), y la Franja de Lengua y Cultura Maya para toda la población Guatemalteca. También menciona que se debe promover la creación de unaUniversidad Maya o entidades de estudio superior indígena y el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Maya, fortalecer el sistema de becas y bolsas de estudio. Para el diseño de la reforma propone la integración de una comisión de representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.

Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria:Este Acuerdo fue suscrito por las partes el 6 mayo de 1996, en México. En cuanto a su contenido y alcances, es el más amplio de los documentos negociados entre las partes, especialmente por la temática -tan diversa y compleja- sobre la cual trata. Como es lógico, constituyó un esfuerzo por consolidar los consensos logrados a lo largo del proceso, retomando parte de la temática y, en algunos casos, desarrollando y profundizando más lo convenido anteriormente.

El año 1996, como más tarde pudo comprobarse, fue el decisivo para la firma de la paz, por lo que los acuerdos y consensos que se logran durante él fueron fundamentales, no solo para el cese de la confrontación sino también para la programación de lo que se debía hacer en una Guatemala pacificada y sin confrontación armada. Es el período más arduo ya que la negociación diplomática, la cooperación internacional y la voluntad política de los negociadores en representación de los sectores nacionales, tratan de dar cuerpo, contenido y forma a las aspiraciones de una sociedad que necesita renovarse, a través de la participación, la democracia y la creación de mecanismos que permitan la incorporación de la población al proceso de desarrollo nacional, y la superación de ancestrales injusticias que se mantuvieron inamovibles durante tanto tiempo.

En términos del Acuerdo, la “paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población”, para lo cual deben establecerse esas bases en los diferentes ámbitos. El Acuerdo reconoce las situaciones de pobreza, pobreza extrema, desigualdad y marginación social y política que han prevalecido en el país, así como la necesidad de alcanzar la justicia social y el crecimiento económico, para responder a las demandas sociales de la población.

En cuanto al tema educativo, varias apartados lo abordan de manera directa.Así, en lo que respecta a la participación de la mujer en el desarrollo económico y social se manifiesta el compromiso del Gobierno a:

Garantizar que la mujer tenga igualdad de oportunidades y condiciones de estudio y capacitación, y que la educación contribuya a desterrar cualquier forma de discriminación en contra suya en los contenidos educativos.En el apartado segundo del Acuerdo, el cual trata sobre el Desarrollo Social, se reconoce la correlación que existe entre crecimiento económico y desarrollo social, enmarcado dentro de las responsabilidades que el Estado tiene, por lo que “la elevación del nivel de vida, la salud de sus habitantes y la educación y capacitación constituyen las premisas para acceder al desarrollo sustentable en Guatemala”Por su importancia, es útil citar también las responsabilidades que el Acuerdo reconoce para el Estado:

El Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las iniquidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como a través de la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Asimismo, el Estado tiene obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación alguna, de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. La superación de los desequilibrios sociales históricos que ha vivido Guatemala y la consolidación de la paz requieren de una política decidida por parte del Estado y del conjunto de la sociedad.

En el acto de contrición que el Estado realiza al reconocer sus culpas históricas en los Acuerdos de Paz, es necesario señalar una de las debilidades que se han reconocido a los Acuerdos: que no tienen la fuerza legal para su cumplimiento, pues no fueron sujetos a un proceso de ratificación o incorporación a la legislación vigente en el país. Sí se previó la reforma constitucional de determinados artículos, que comprenden parte de lo convenido en los Acuerdos, pero no hubo un proceso de incorporación de los Acuerdos a la legislación ordinaria del país. Ello, evidentemente, constituye una debilidad. Sin embargo, su cumplimiento se basa en la voluntad política de las partes, y en la presión ejercida -tanto a nivel interno como externo- por parte de la sociedad civil y grupos de presión.

Asimismo, resulta interesante que a pesar de la falta de efectividad legal formal de que adolecen los Acuerdos de Paz, se permiten recordar el mandato constitucional sobre los deberes del Estado y son ocasión pública para que ese Estado reconozca que no ha cumplido con sus deberes, permitiendo una realidad injusta y discriminatoria para la mayoría de la población.

En el contexto social, político e internacional del momento en que se suscribió el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, debía darse un cambio cualitativo del gran discurso por la pacificación del país, puesto que el cese definitivo al conflicto armado estaba próximo, así como el desmantelamiento de la organización insurgente como fuerza armada. Por ello, era necesario que el Estado concretara cuáles eran sus propuestas de cambio y la manera de implementarlas, para lograr la justicia social. Todo esto tuvo por consecuencia que en este Acuerdo se diera la definición de metas concretas, es decir, de parámetros específicos de medición que permitieran operativizar los compromisos adquiridos. Trascender el discurso de buena voluntad a hechos medibles del accionar gubernamental.

• Gasto educativoEn el párrafo 22 del Acuerdo, literal a), el Gobierno plantea de manera concreta un incremento del gasto en educación, por lo que se compromete a:

Aumentar significativamente los recursos destinados a la educación.

Como mínimo el Gobierno se propone incrementar, para el año 2000, el gasto público ejecutado en educación en relación al producto interno bruto en 50% respecto al gasto ejecutado en 1995. Estas metas se revisarán al alza en función de la evolución de la situación fiscal.

• Adecuación de los contenidos educativosPor aparte, en cuanto a la adecuación de los contenidos educativos, en el siguiente párrafo –literal b)- el Gobierno plantea:

Adecuar los contenidos educativos a los objetivos enunciados en el numeral 21. Esta adecuación recogerá los resultados de la Comisión de Reforma Educativa establecida en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas;Los objetivos que el párrafo 21 define, son los siguientes:(a) Afirmar y difundir los valores morales y culturales, los conceptos y comportamientos que constituyen la base de una convivencia democrática respetuosa de los derechos humanos, de la diversidad cultural de Guatemala, del trabajo creador de su población y de la protección del medio ambiente, así como de los valores y mecanismos de la participación y concertación ciudadana social y política, lo cual constituye la base de una cultura de paz; (b) Evitar la perpetuación de la pobreza y de las discriminaciones sociales, étnicas, hacia la mujer y geográficas, en particular las debidas a la brecha campo-ciudad.(c) Contribuir a la incorporación del progreso técnico y científico, y, por consiguiente, al logro de crecientes niveles de productividad, de una mayor generación de empleo y de mejores ingresos para la población, y a una provechosa inserción en la economía mundial.

• Cobertura educativaEn la literal c), del párrafo 23, se establecen cuáles son las metas en cuanto a mejoramiento de la cobertura educativa:Ampliar urgentemente la cobertura de los servicios de educación en todos los niveles, y específicamente la oferta de educación bilingüe en el medio rural, mediante:i) La incorporación de la población de edad escolar al sistema educativo, procurando que completen los ciclos de preprimaria y primaria y el primer ciclo de educación secundaria; en particular, el Gobierno se compromete a facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años de edad, a por lo menos tres años de escolaridad, antes del año 2000;ii) Programas de alfabetización en todos los idiomas que sean técnicamente posibles, con la participación de las organizaciones indígenas capacitadas para este objetivo; el Gobierno se compromete a ampliar el porcentaje de alfabetismo a un 70% para el año 2000;iii) Programas de educación, capacitación y tecnificación de adultos.Otros temas que también se prevén, aunque de una manera general, son los de capacitación para el trabajo, capacitación para participación social, programa de educación cívica e interacción comunidad-escuela y participación comunitaria.

También de una manera general, se menciona el apoyo financiero (programas de becas, bolsas de estudio, apoyos económicos y otros), capacitación de administradores educativos. Especial atención merece la Comisión Consultiva –responsable de la elaboración y realización de la reforma-, que se establece será integrada por participantes en el proceso educativo (Comisión de Reforma Educativa prevista en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los PueblosIndígenas).

En lo que respecta a la educación superior, el Acuerdo reconoce la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el importante papel que desempeña en la sociedad. Exhorta a que el Gobierno cumpla con las asignaciones presupuestarias que en derecho corresponden de manera puntual. Finalmente, propone la cooperación que se estrechen los vínculos de cooperación entre el sector privado y la universidad estatal.

Firma de la paz y cronograma de cumplimientoCon posterioridad al Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, las condiciones son favorables, tanto en el ámbito nacional como internacional, para que pueda darse el cese al fuego. De hecho, desde comienzos de marzo, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca había declarado unilateralmente el cese al fuego.

Los meses posteriores a mayo permiten arribar a otros acuerdos definitivos entre las partes, ellos fueron:1. Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en unaSociedad Democrática;2. Acuerdo Sobre el Definitivo Cese al Fuego;3. Acuerdo Sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral;4. Acuerdo Sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Nacional Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad;5. Acuerdo de Paz Firme y Duradera; y6. Acuerdo Sobre Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz.

Según se expone en el Acuerdo que trata sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz “el procedo de negociación ha dado como resultado una agenda de alcance nacional orientada a la superación de las raíces de la conflictividad social, política, económica, étnica y cultural, así como las consecuencias del enfrentamiento armado”. Por lo que la subsiguiente tarea consiste en la satisfacción de los requisitos mínimos establecidos a lo largo de la negociación, son un compromiso a cumplir, un conjunto de metas a alcanzar a lo largo del tiempo. El cronograma, según se expone, “ofrece un marco temporal que busca viabilizar este esfuerzo nacional”, para lo cual se propicia la creación de un mecanismo de acompañamiento y verificación internacional.

Por aparte, el Acuerdo deja claro que cuatro compromisos no están recogidos en el cronograma, ellos son:

a) Los de carácter general y o permanente, tales como el compromiso general de Acuerdo Global sobre Derechos Humanos;b) Los específicos supeditados a reformas constitucionales, cuya implementación depende de la aprobación de dichas reformas por el Congreso de la República, y de la posterior consulta popular;c) Los específicos cuya ejecución está sujeta a consulta previa, en particular aquellos cuyas modalidades de cumplimiento dependen de las recomendaciones de las Comisiones Paritarias y otras comisiones establecidas por los acuerdos de paz; yd) Los específicos cuyo cumplimiento depende del cumplimiento de otras acciones calendarizadas.

En cuanto a los compromisos que sí están previstos en el cronograma, el Acuerdo establece tres fases para el cumplimiento:• La primera fase cubre un período de 90 días a partir de l15 de enero de1997:• La segunda cubre el período hasta el final de 1997; y• La tercera comprende los años 1998, 1999 y 2000.

Por aparte, se establece que la coordinación técnica del proceso estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Paz.

Dentro del conjunto de compromisos sujetos a cumplimiento para el lapso de la tercera fase, es decir, para el período 1997 a 2000, se encuentran algunos que corresponden al sector educativo, ellos están contenidos en la literal C del Acuerdo y son los siguientes:1. Gasto público en educación: Incrementar, para el año 2000, el gasto público ejecutado en educación en relación con el PIB en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995.2. Escolaridad: Facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años de edad, a por lo menos tres años de escolaridad, antes del 2000.3. Alfabetismo: Ampliar el porcentaje de alfabetismo a un 70% para el año2000.4. Contenido educativo: Para el año 2000 adecuar los contenidos educativos de acuerdo con la Reforma Educativa.5. Capacitación y formación profesional: Promover que los programas de capacitación y formación profesional a nivel nacional atiendan a por lo menos 200,000 trabajadores antes del año 2000, con énfasis en quienes se incorporan a la actividad económica y en quienes requieren de adiestramiento especial para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral.

6. Educación cívica: Ejecutar el programa de educación cívica nacional para la democracia y la paz que promueva la defensa de los derechos humanos, la renovación de la cultura política y la solución pacífica de los conflictos.

PRESUPUESTOS ASIGNADOS A EDUCACIÓN, LUEGO DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ:

1997 Gobierno de Álvaro Arzú:Informe al congreso:Presenta un análisis del gasto social haciendo énfasis en el sector salud y educación. Por último se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones.

Clasificación InstitucionalEl segundo ministerio que más gastó fue el de Educación: Q.1,282.62 millones, 10.1% del total ejecutado por el Gobierno. Su gasto causado es el 99.1% de lo asignado. Para el programa de funcionamiento (gasto en recurso humano) se utilizó el 95.9%, y para inversión el 4.1%. Los egresos más significativos fueron el pago de servicios personales: Q.902.78 millones (70%).

Clasificación por ProgramaLos ministerios que ejecutaron los mayores montos en funcionamiento fueron el de Educación (Q.1,230.03 millones).

Clasificación por FinalidadesEl sector Educación, Ciencia y Cultura fue el segundo más favorecido. El monto gastado fue Q.1,899.95 (15.06% vrs. 15.18% en 1996). Con relación al PIB, subió de 1.57% en 1996 a 1.76%. Según la Dirección Técnica del Presupuesto, los fondos sociales ejecutaron Q.190.3 millones en esta finalidad.

Sector EducaciónEn el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria el Gobierno se comprometió a aumentar significativamente los recursos destinados a la educación1. Como mínimo, para el año 2000 el gasto público ejecutado en educación, en relación con el PIB, debe incrementarse en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995. Dado que el gasto del sector Educación, Ciencia y Cultura fue del 1.64% sobre el PIB en 1995, en el 2000 debería ser del 2.46%. Sin embargo, el monto ejecutado en 1997 es de 1.76%, mientras la meta era de 1.89%. Es importante observar que el acuerdo de paz no se refiere al gasto del Ministerio de Educación (MINEDUC), sino al del sector educación, que incluye el gasto del Ministerio de Cultura y Deportes, y erogaciones de otros ministerios (Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores y Agricultura). Además se adicionan los recursos transferidos a los fondos sociales

para dicha finalidad. Para 1997 la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) reporta Q.190.3 millones como gasto en este sector por parte de los fondos.

Sin embargo, se desconoce la cifra exacta de los recursos del Estado utilizados por los fondos sociales para el sector educación. Por ejemplo, el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario (FSDC) informa que en la construcción, reparación y ampliación de escuelas invirtió Q.27 millones en 1997, pero la DTP reporta que fueron Q.33.2 millones. La dificultad en el análisis de la ejecución por parte de los fondos se incrementa debido a que manejan fondos del Estado no utilizados en años anteriores y reciben recursos de organismos internacionales.

Al diferenciar el gasto del MINEDUC dentro del sector, se observa que el gasto del MINEDUC (respecto del PIB) ha disminuido de 1.40%, en 1995, a 1.33% en 1996, y a 1.19% en 1997. La principal diferencia es que a partir de 1997 el aporte a la USAC ya no se contabiliza como una transferencia corriente del MINEDUC, sino como una obligación del Estado a cargo del Tesoro. Otra parte de esta merma es que el MINEDUC ha ido delegando algunos proyectos como el equipamiento de centros educativos y la dotación de textos y material didáctico hacia los fondos sociales. Por ejemplo, el Fondo de Inversión Social (FIS) reporta que durante 1997 se ejecutaron proyectos en dichos rubros por un monto de Q.19.3 millones. Adicionalmente, los fondos sociales invierten en la contratación temporal de maestros y capacitación de directores y docentes. Sin embargo, el gasto del MINEDUC, sin tomar en cuenta el aporte a la USAC, ha disminuido con relación al presupuesto total de un 12% en 1994 a un 10.2% en 1997.

2002 Gobierno de Alfonzo Portillo:

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO2001 2002

TOTAL: 2,795,297,081 2,881,214,963FUNCIONAMIENTO 2,795,297,081 2,881,214,963Gastos en Recurso Humano 2,795,297,081 2,881,214,963

El presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2002, asciende a la cantidad de Q. 2,881,214,963, orientándose en un 100.0% a Gastos en Recurso Humano, dentro de lo que destaca la asignación para el personal docente y administrativo, programas de asistencia para mejorar el rendimiento de la población escolar, factores fundamentales para el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley de Educación Nacional, asimismo, se asignan recursos

financieros para el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo -PRONADE-, al Comité Nacional de Alfabetización y al Movimiento Nacional deAlfabetización, con el objetivo de reducir el índice de analfabetismo.

2006 Gobierno de Berger:

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADOCODIGOGO 2005 2006

TOTAL: 4,612,355,455 5,217,410,830A. FUNCIONAMIENTO 4,570,923,500 5,187,464,204Gastos en Recurso Humano 4,570,923,500 5,187,464,204B. INVERSION 41,431,955 29,946,626Inversión Física 41,431,955 29,946,626

El presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2006, asciende a la cantidad de Q. 5,217,410,830, orientándose en un 99.4% a Gastos en Recurso Humano, dentro de los que destaca la asignación para el personal docente y administrativo, programas de asistencia para mejorar el rendimiento de la población escolar, factores fundamentales para el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley de Educación Nacional; asimismo, se asignan recursos financieros para el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo -PRONADE- y al Comité Nacional de Alfabetización, con el objetivo de favorecer la educación primaria y reducir el índice de analfabetismo.

2009 Gobierno de Álvaro Colóm:

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO2008* 2009

TOTAL (A+B): 6,500,046,382 7,588,227,232A. FUNCIONAMIENTO 6,396,650,543 7,347,744,671Gastos en Recurso Humano 6,396,650,543 7,347,744,671B. INVERSION 103,395,839 240,482,561Inversión Física 103,395,839 240,482,561

2012 Gobierno de Otto Perez:Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria y Primaria:(Programas 11 y 12) En esta categoría se asignan Q109,714,132, que representan el 1.0% del presupuesto total del Ministerio, cuya función es la ejecución de las actividades de los

niveles pre-primario y primario; educación física que forma integralmente al alumno en cuerpo y mente sana; educación especial que atiende a la población estudiantil con discapacidad física, sensorial o intelectual y fundamentalmente el apoyo a la dirección y coordinación de educación bilingüe intercultural que tiene como objetivo atender a la población del área rural con enseñanza en su idioma materno, atención de la población estudiantil con servicios gratuitos y becas.

Educación Preprimaria:Para el periodo fiscal 2012 se le asignan Q1,245,097,085, que equivalen al 11.1% del presupuesto total de esta Institución, sus acciones están dirigidas a estimular y propiciar el desarrollo biológico, social y emocional del educando para que alcance el nivel necesario para cursar el primer grado de la educación primaria con éxito y prevenir la deserción, el ausentismo y repitencia en el nivel.

Actividades Comunes a los Programas de Primaria, Básico y Diversificado:(Programas 12, 13 y 14)Para el ejercicio fiscal 2012, se asignan a esta categoría Q 222,456,975, equivalentes al 2.0% del presupuesto del Ministerio, recursos que financian las actividades comunes de los niveles educativos primario, básico y diversificado, en apoyo a la educación física, recreación y deportes para fortalecer el rendimiento físico e intelectual de la población escolar, así también, provee implementos deportivos a los estudiantes.

Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado (Programas 11, 12, 13 y 14).Un total de Q 364,609,930 se asigna a esta categoría, representa el 3.3% del presupuesto institucional, cuyo objetivo es fortalecer las organizaciones de los establecimientos educativos a través de capacitaciones sobre temas de seguridad alimentaria y nutricional.

COMENTARIO PERSONALGuatemala es un país que ha pasado por diversidad de dificultades, y de procesos político-sociales para lograr llegar a consolidar una democracia. Durante los 36 años de conflicto armado interno, hubo varias perdidas humanas, de seres que lucharon contra los gobiernos que únicamente buscaban favorecerse y favorecer a sus allegados, dejando en el olvido comunidades enteras de personas guatemaltecas con derecho a una vida digna; el conflicto armado tuvo como consecuencia la firma de la “Paz” y de los acuerdos que el gobierno se comprometió a cumplir para finalizar con esa fatídica etapa. La educación como expresión de desarrollo humano es un objetivo de largo alcance. Sus logros e impactos personales y colectivos no se perciben inmediatamente, sino con la observación de los cambios sociales positivos que genera en las personas y en la sociedad o, de manera inversa, de los efectos negativos que propicia la exclusión educativa. La Constitución Política de la República de Guatemala promulgada en 1985 estableció la educación gratuita hasta el ciclo básico del nivel medio, lamentablemente la falta de desarrollo en el interior del país, obliga a la comunidad estudiantil a laborar para poder sobrevivir, lo que impide su asistencia a las aulas, alimentando así el porcentaje de analfabetismo en el país.

Es increíble como después de los Acuerdos de Paz, han llegado gobiernos tras gobiernos que se han servido de las riquezas que produce un país como el nuestro, dejando en segundo o bien último plano la importancia de cubrir las necesidades de los ciudadanos. Con respecto a la educación, puede verse que existe un porcentaje del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado asignado para educación, pero este porcentaje se queda corto para incluir a toda la población; proponer y financiar programas de capacitación, de recreación y deportes, estimular y propiciar el desarrollo biológico, social y emocional del educando es ridículo cuando no se tiene los medios adecuados para implementarlos, como por ejemplo inexistencia de edificios educativos, falta de recursos, de vías de comunicación; cómo pueden pensar que un país sin educación va a superarse, está es una interrogante que permanece en la mente de los ciudadanos, sin darse cuenta que el mantener aislado al ciudadano de crecer en su cultura general, es un arma que utilizan para tener al pueblo sumiso y así aprovecharse y robar todo lo que les sea posible.

Aunque el desarrollo en el tema de educación, evidentemente en comparación con los años 1960 y 1980 por ejemplo, va a ser superior en la actualidad, aun así sigue siendo deficiente.

En conclusión, a mi parecer los acuerdos de paz fueron una falacia, una ilusión que hicieron creer que cumplirían con la única intención de terminar un tiempo tedioso para los que ostentaban el poder, y para obtener un beneficio monetario de la comunidad internacional y así poder llenar sus bolsillos como se ha visto en los últimos tiempos.