conclusiones para el primer objetivo identificar la
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CONCLUSIONES
Para concluir la investigación se menciona una serie de aspectos
aportados a partir de los resultados alcanzados, del estudio de cada objetivo
especifico formulado previamente al inicio de este estudio:
Para el primer objetivo Identificar la normativa legal aplicable a la
estructura legal de los instrumentos mercantiles letra de cambio y cheque.
Los resultados arrojados mediante este objetivo permitieron constatar
que en la legislación venezolana, existen todos los parámetros para
identificar los instrumentos mercantiles objeto de estudio y al mismo tiempo,
conocer la estructura legal de la letra de cambio y cheque, las cuales se
remiten a las disposiciones establecidas en el Código de Comercio
venezolano, para la letra de cambio específicamente en el articulo 410 y 411
y para el caso del cheque se encuentran estipulados en el artículo 489 y
siguiente ejsudem.
Para el caso de la prescripción de alguno de éstos instrumentos
mercantiles, ello se encuentra determinado en el artículo 479 del Código de
Comercio en su primera parte; mientras que para el cheque le confiere el
artículo 479, ejusdem, en su segundo aparte y el artículo 132 del mismo
código; lo cual refiere a la prescripción ordinaria en materia mercantil.
Sin embargo existen doctrinas donde se especifican que ambos
instrumentos, es decir, la letra de cambio y el cheque contienen requisitos
semejantes pues ambos se giran a cargo de un tercero.
134
Asímismo, para ejercer el cumplimiento de una obligación de un
instrumento mercantil, a favor de un tercero el tramite se su cancelación se
sustenta en el articulo 1.164 del Código Civil venezolano, en este sentido a
pesar de que la estructura legal del cheque se estudia a partir del 491 del
Código de Comercio venezolano, este no se incluye dentro de los requisitos
la prescripción tal como lo menciona el articulo 479 y 480 eiusden referentes
a la letra de cambio.
En cuanto al segundo objetivo referido a Analizar las disposiciones
establecidas en la Legislación venezolana en cuanto a los requisitos
enmarcados para intentar el juicio por cobro en bolívares.
El análisis de este objetivo se efectuó mediante la interpretación de lo
establecido en el Código de Comercio y Código de Procedimiento
venezolano, para efectuar el juicio en cobro en bolívares, por concepto de
incumplimiento de una obligación a través de un instrumento mercantil,
quedando sujeta para el caso de la letra de cambio en los articulo 410 y 411
del Código de Comercio venezolano y para el caso del cheque el artículo
489 y siguiente ejusdem; pues bien la validez de estos se da mediante el
cumplimiento de los requisitos formales de ellos, de lo contrario se considera
inadmisible.
Con esta orientación, se conlleva a estudiar el articulo 411 del Código
de Comercio, donde refiere que la omisión de uno de los requisitos queda
inadmisible para ejercer los derecho en el momento de reclamar sus
135
acreencias y al intentar cualquier tipo de acción enmarcada en el
ordenamiento jurídico vigente.
Por consiguiente, la penalidad impuesta al librado durante un juicio por
cobro en bolívares se produce bajo el apoyo del articulo 1.352 del Código
Civil venezolano, además si se incurren en demanda debe contener todos los
presupuestos procesales del articulo 340 eiusdem, no obstante de faltar uno
de estos requisitos para intentar la demanda no dará efectos para iniciar un
juicio por intimación estipulado éste en el articulo 640 del Código de
Procedimiento Civil venezolano, tomando en cuenta la insistencia de las
cuestiones previas convenidas éstas en el artículo 346 ejusdem, donde se
refiere a otras causales que puedan retardar el inicio de dicho juicio.
En referencia al tercer objetivo Determinar las acciones legales
ejercidas por acreedores para dar cumplimiento con el pago de la letra de
cambio y el cheque como instrumento mercantil en el Municipio objeto de
estudio.
A fin de ejercer las acciones legales de la letra de cambio y el cheque,
los acreedores para el cumplimiento de las obligaciones, por parte de los
deudores, se rigen por lo que establece el Código de Comercio venezolano
en su articulado 436 en su primera parte.
Por su parte, la búsqueda de acciones por el vencimiento de la letra
de cambio establecido este en el Código de Comercio venezolano lo regula
el articulo 451, y si la demanda se tramita antes del vencimiento se
gestionará bajo el articulo 456 eiusdem. De igual forma, la prescripción de
136
éste instrumento se encuentra expresa en el artículo 479 en su primera parte
del código antes mencionado.
Cabe mencionar, que para efectos del cheque se sustenta en el
articulo 494 del Código de Comercio venezolano y de no cancelar la
obligación se traduce a una estafa y se traslada el expediente a un tribunal
penal donde se determinará la sanción establecida en el articulo 464 del
Código Penal venezolano.
Para el cuarto objetivo Diagnosticar la situación actual en cuanto a la
conformación de los instrumentos mercantiles en los juicios por cobro en
Bolívares del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia.
Mediante el diagnostico de la situación actual en cuanto a la
conformación de los instrumentos mercantiles en los juicios por cobro en
bolívares en el Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, la característica
formal de los instrumentos mercantiles, específicamente la letra de cambio y
el cheque conllevan a establecerse como un documento identificado como
titulo de valor, sin embargo, al revisar los expediente para tramitar las
demandas se constató que estos cumplen en su mayoría con los requisitos
de forma establecidos en el articulo 410 del Código de Comercio venezolano;
a pesar que uno de estos son imperativos obligatorios esenciales, ya que si
no se expresan se consideran nulo; no obstante la contraposición de esta es
el articulo 411 del Código de Comercio venezolano.
Si bien es cierto, durante el diagnostico se preciso que gran parte de
los expedientes evaluados no cuentan con el lugar y fecha de emisión siendo
137
este un requisito donde debe incluirse una dirección lo suficientemente
precisa para permitirle al librado o tenedor del instrumento mercantil, la
ubicación del deudor, el cual se tomará como lugar de pago.
En virtud de lo planteado, desde el punto de vista dogmático donde en
Venezuela se establece que la ausencia de la indicación directa de uno de
los requisitos enmarcado en la legislación, equivale a la falta de un
requerimiento esencial que regula el Código de Comercio para catalogarla
como nula.
Dentro de estas perspectivas, para determinar el uso de la letra de
cambio y el cheque en los juicios por cobro en bolívares, se determinó que el
mas utilizado es la letra de cambio, bajo la regulación del Código de
Comercio, pues de no encontrar solución a ésta vía, se recure al proceso de
intimación establecido en el Código de Procedimiento Civil venezolano, así
mismo las sanciones comúnmente emitidas en el Juzgado Segundo de
Municipio de la Ciudad de Cabimas de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia, son las señaladas en el articulo 494 del Código de Comercio.
Es de hacer notar, que varios de los expedientes aún pueden ser
materia de juicio, ya que el instrumento que los respalda, es decir, letra de
cambio y cheque, no se encuentran prescritos ni vencidos, teniendo así el
acreedor una oportunidad procesal, con el fin de recuperar sus acreencias.
138
RECOMENDACIONES
A partir de las conclusiones derivadas de la investigación se enuncian
a continuación las siguientes sugerencias
Sugerir al Juzgado Segundo de Municipio y al personal encargado de
la admisión de la litis de la demanda revisar si cumple con los requisitos
establecidos en el Código de Comercio y Código Procedimiento Civil
venezolano con la finalidad de evitar retrasos en el inicio de juicios por cobro
de bolívares o de intimación.
Proponer a los abogados litigantes solicite al Juzgado Segundo de
Municipio, mayor celeridad en el desarrollo de los juicios por cobro en
bolívares, donde el objeto de la pretensión sea un instrumento mercantil
brindando así una respuesta oportuna para el librador pues de esta manera
asegura su acreencia.
Tramitar ante una notaria publica los instrumentos mercantiles, letra
de cambio y cheque una vez suscrito por el librado para obtener la fe publica
necesaria al momento de intentar alguna acción contra del librador ya que
éste acto brindará seguridad jurídica al librado.
139
Emitir ante los organismos competentes, la reforma del Código de
Comercio venezolano donde sea invariable la aplicabilidad al cheque bajo
una prescripción breve y semejante a las acciones derivadas de la misma
idea y criterios que regulan la letra de cambio.
140
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148
Anexo A: Instrumento de Recolección de Información
Guía de Observación
Tribunal: Expediente Nº: A) Cumplimiento de los Requisitos de Forma:
SI NO
1. ¿El documento tiene la denominación?
2. ¿El documento tiene la orden de pago?
3. ¿El documento tiene la fecha de vencimiento?
4. ¿El documento tiene lugar de pago?
5. ¿El documento tiene el nombre del acreedor?
6. ¿El documento tiene lugar y fecha de emisión?
7. ¿Tiene el documento firma de girador?
B) Frecuencia del uso de la Letra de Cambio y el Cheque en los Juicios por cobro de Bolívares:
1. ¿Existen expedientes fundamentados en la Letra de Cambio según el Código de Comercio?
2. ¿Existen expedientes fundamentados en el Cheque según el Código de Comercio?
3. ¿Existen expedientes fundamentados en la Letra de Cambio según el Código de Procedimiento Civil?
149
4. ¿Existen expedientes fundamentados en el Cheque según el Código de Procedimiento Civil?
5. ¿Existen expedientes fundamentados por procedimiento de cobro en bolívares según el Código de Comercio?
6. ¿Existen expedientes fundamentados por procedimiento de intimación según el Código de Procedimiento Civil?
C) Según las Acciones Legales establecidas en la Legislación Venezolana:
1. ¿La sanción establecida según el Código de Comercio en su artículo 494 se encuentra fundamentada dentro del expediente?
2. ¿La sanción establecida según el Código Penal en su artículo 464 se encuentra fundamentada dentro del expediente?
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Anexo B: Jurisprudencia de la Letra de Cambio
Ponencia del Magistrado: Tulio Álvarez Ledo.
En el juicio que por cobro de bolívares derivado de una letra de cambio,
vía intimación, iniciado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Portuguesa, por los abogados Luis Alejandro Méndez Guaita y
Julio Cesar Castellano Pacheco, actuando en el carácter de endosatarios en
procuración del ciudadano Germán De León Álvarez, contra los ciudadanos
Orfelis Bastidas Cortéz y la sucesión Bastidas, integrada por los ciudadanos
Maria Georgina Cortéz De Bastidas, Rufina Del Carmen Bastidas Cortéz,
Zenaida Antonia Bastidas Cortéz, Eufracina Maria Bastidas Cortéz, Maria
Luisa Bastidas Cortéz, Ana Teresa Bastidas Cortéz, Rosa Anita Bastidas
Cortéz, José Anibal Bastidas Cortéz, Guadalupe Concepción Bastidas
Cortéz, Mariela Coromoto Bastidas Cortéz y Gisela Josefina Bastidas Cortéz.
Todos ellos representados judicialmente por el abogado Rigoberto Molina
Colmenárez; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del
Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección del Niño y del
Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Portuguesa, dictó sentencia definitiva en fecha 30 de julio de 2002,
declarando sin lugar el recurso de apelación intentado por la parte actora,
con lugar la acción por cobro de bolívares en lo que respecta al demandado
Orfelis Ramón Bastidas Cortéz y sin lugar la acción en cuanto a los
151
miembros de la sucesión Bastidas, confirmando la decisión del tribunal de la
causa que se pronunció en igual sentido.
Contra esta decisión del mencionado Tribunal Superior, anunció recurso
de casación el abogado Luis Alejandro Méndez Guaita, parte actora en el
presente juicio. Admitido el recurso fue remitido el expediente a la Sala de
Casación Civil. En fecha 15 de octubre de 2002 se dio cuenta en Sala del
presente asunto, adjudicándose la ponencia al Magistrado que con tal
carácter suscribe el presente fallo. En fecha 29 de octubre de 2002, el
abogado Julio César Castellano Pacheco, endosatario en procuración de la
letra de cambio, presentó escrito de formalización al recurso de casación. No
hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las formalidades
legales, pasa esta Sala a decidirlo en los términos siguientes:
Recurso por Defecto de Actividad
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida del
artículo 243 ordinal 5° eiusdem, por haber incurrido en el vicio de
incongruencia positiva.
Argumenta el formalizante que la sentencia impugnada suplió defensas y
argumentos no esgrimidos por la parte demandada en su escrito de
contestación al fondo. Que la recurrida determinó que la firma del librado
aceptante correspondía únicamente al ciudadano Orfelis Bastidas a título
personal, pero no como representante de la Sucesión Bastidas, quien
152
también aceptaba la letra, y por ello, condenó únicamente al primero al
cumplimiento de la obligación, declarando sin lugar la demanda frente a
todos los integrantes de la señalada sucesión Bastidas.
Continúa alegando el recurrente, que ninguno de los demandados alegó
en su escrito de contestación al fondo, tales alegatos defensivos, en torno a
la firma de la sucesión como librado aceptante, o la falta de representación
del ciudadano Orfelis Bastidas para comprometer a la Sucesión, toda vez
que la actora acompañó copia simple de un instrumento poder donde la
Sucesión facultaba al referido ciudadano Orfelis Bastidas para firmar letras
de cambio a nombre de ella. Que en definitiva, la recurrida quebrantó el
ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al construir toda
una defensa de oficio, que no aparece en el escrito de contestación al fondo
de la demanda. Para decidir, la Sala observa:
El escrito de contestación al fondo de la demanda, presentado por la
sucesión Bastidas, señaló lo siguiente:
“...Contestación de la Demanda.
Rechazo y contradigo la demanda incoada en contra de mis
representados, tanto en los hechos narrados por el actor, como en el
derecho alegado, por ser totalmente incierto, ya que mis representados nada
deben al demandante, pues jamás han tenido relaciones comerciales con
éste, ni de ninguna otra índole y en consecuencia, desconozco el
instrumento cambiario base de la acción...”.
Luego de esta contestación tan genérica, la recurrida expuso lo siguiente:
153
“...En el caso que nos ocupa del texto de la letra de cambio fundamento de la
acción, se desprende que el librador quien confecciona la letra señala dos
librados: Sucesión Bastidas y/o Orfelis Ramón Bastidas Cortéz, con cuya
expresión y/o está señalando que cualquiera de los dos pueden realizar
conjunta o separadamente la aceptación, y en el recuadro correspondiente a
la aceptación de la letra de cambio lateral izquierdo de la misma se lee:
“Aceptado para ser pagado a su vencimiento sin aviso y sin protesto, firma
ilegible, cédula de identidad Nro. 5.366.792’, no señalándose ningún otro
indicativo en dicho recuadro, lo que evidencia que se aceptó la letra por una
sola persona, y al no haber sido negada la firma por Orfelis R. Bastidas
Cortéz, este Tribunal entiende que la aceptación de tal letra la hizo en su
propio nombre, por cuanto en tal aceptación no señaló que la hacía en
nombre de la Sucesión Bastidas, quien por demás es una Comunidad por ley
integrada por distintos comuneros en cuyo caso quien pretenda actuar en su
nombre y representación, debe señalar expresamente que lo hace en su
nombre y representación.
Pues de lo contrario, se entiende que se está obligando personalmente, y
en el caso que nos ocupa al haberse señalado por el librador que la letra
podría ser aceptada indistintamente por cualquiera de los dos librados ya
fuese la Sucesión Bastidas u Orfelis Ramón Bastidas Cortéz, al éste
estampar su firma en el adverso de la letra en el recuadro correspondiente a
la aceptación y no haber señalado expresamente que lo hace en nombre de
la sucesión, se obligó personalmente y así fue aceptado por el librador, ya
154
que la letra de cambio constituye el acuerdo de voluntad de sus
designatarios. Y así se aprecia.
En razón de lo anterior, esta Juzgadora entiende que la obligación
contenida en la letra de cambio objeto fundamental de la acción, se
encuentra de plazo vencido y fue aceptada por Orfelis Ramón Bastidas
Cortéz. Y así se establece...” (Negritas de la Sala).
La recurrida sostuvo que en la letra de cambio aparecían dos librados
aceptantes, pero sólo una firma de ellos. La parte actora en su libelo de
demanda sostuvo que esa firma era de Orfelis Ramón Bastidas Cortéz, quien
aceptó la letra a título personal y a nombre de la Sucesión Bastidas facultado
mediante un documento poder, acompañado en copia simple y que le
permitía tal representación.
La parte demandada, en su escrito de contestación al fondo, no alegó
ninguno de los argumentos expresados por la recurrida, en torno a la firma a
título personal de Orfelis Ramón Bastidas Cortéz o el no tener este último el
poder de representar a la Sucesión Bastidas en la referida letra de cambio.
Simplemente los demandados se limitaron a señalar en la contestación de
demanda que nada debían a los actores, por cuanto “... nada deben al
demandante, pues jamás han tenido relaciones comerciales con éste, ni de
ninguna otra índole...” pero frente al otro librado aceptante de la Cetra de
Cambio nada señalaron. Durante el resto del proceso se hicieron diversos
alegatos en torno al instrumento poder, pero en lo que respecta al escrito de
contestación al fondo, sólo se esgrimieron los alegatos transcritos.
155
Por el principio dispositivo, el Juez de Alzada debía atenerse a los
términos en que fue contestada la demanda, y no suplir alegatos defensivos
sobre al aceptación de la letra de cambio en torno a la Sucesión Bastidas
que no fueron esgrimidos en el referido escrito, pues ello era carga procesal
de los accionados, quienes tuvieron la oportunidad de exponer todas las
defensas y excepciones en su escrito, y al menos sobre este particular no lo
hicieron.
La sentencia impugnada, al suplir estos alegatos defensivos, incurrió en el
quebrantamiento del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento
Civil, al no contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las
defensas y excepciones de la parte demandada. Así se decide.
Por las razones señaladas, la única denuncia de actividad será declarada
procedente. Así se decide. Al encontrar la Sala procedente una denuncia de
las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, se abstiene de conocer las restantes delaciones contenidas en el
escrito de formalización, en acatamiento del precepto normativo consagrado
en el artículo 320 eiusdem. Así se decide.
Decisión
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de
Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON
LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora,
156
abogados Luis Alejandro Méndez Guaita y Julio Cesar Castellano Pacheco,
contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2002, emanada del Juzgado
Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia
Transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de
la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.
En consecuencia, casa la sentencia recurrida y se ordena al Juez Superior
que resulte competente dictar nueva decisión, sin incurrir nuevamente en el
quebrantamiento señalado. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente
al Juzgado Superior antes referido, todo de conformidad con lo establecido
en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los
veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil cuatro. Años: 193º de la
Independencia y 145º de la Federación.
Ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros.
El Tribunal Tercero de Reenvío en lo Penal, en decisión del 30 de junio de
1995, de acuerdo con el ordinal 1° del artículo 206 del derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal, declaró TERMINADA LA AVERIGUACIÓN
SUMARIA que se inició sobre la base de la denuncia interpuesta por el
ciudadano Ramón Rivas Espinoza en contra del ciudadano abogado Jesús
Corujo Pérez, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de
157
identidad V- 7.285.517, residenciado en el Edificio Adejema, Avenida Ilustres
Próceres, Altagracia de Orituco, en el Estado Guárico.
Contra la mencionada decisión anunció recurso de casación la Fiscal
Segundo del Ministerio Público, abogada Blanca Luz Bello. Remitido el
expediente a la extinta Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo
de Justicia, el Magistrado previamente designado Ponente informó a la Sala
que había sido admitido el recurso por el Tribunal “a quo”. Habida la
designación del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, le
correspondió la presente ponencia.
El recurso de casación fue formalizado en la prórroga del lapso por la
Fiscal Segunda ante las Salas de Casación de la extinta Corte Suprema de
Justicia, abogada Luisa Virginia González Zambrano.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso se pasa a
dictar sentencia de acuerdo con el régimen procesal transitorio, según lo
previsto en el ordinal 2º del artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal,
que establece las reglas que regirán los recursos de casación formalizados
antes de su vigencia.
Fundamento del Recurso de Forma
La recurrente, con apoyo en el ordinal 2° del artículo 330 del hoy derogado
Código de Enjuiciamiento Criminal, denunció la infracción del segundo aparte
del artículo 42 “eiusdem” y adujo que la sentencia recurrida omitió el análisis
158
y comparación entre sí de los elementos probatorios que cursan en el
expediente. Tales pruebas a criterio de la impugnante son las siguientes:
1.1. Denuncia formulada por Ramón Rivas Espinoza, aunada a la copia de la
demanda civil que intentó Jesús Corujo Pérez, que según la recurrente
“...demuestra la posesión que Jesús Corujo Pérez tenía sobre la letra de
cambio...”.
1.2. Declaración de Miguel Abigail Bustamente, que a juicio de la
recurrente “...demuestra que el propietario de la letra de cambio objeto del
presente juicio era Ramón Rivas Espinoza y que al momento de él hacerle la
entrega a Rivas Espinoza no estaba endosada como se lee al dorso...
páguese a la orden del Doctor Jesús Corujo Pérez, cédula de identidad N°
7.285.517, Altagracia de Orituco, 01 de marzo de 1992...”.
1.3. Declaración del propio investigado Jesús Corujo Pérez, que según la
impugnante demuestra “...la posesión indebida de la letra de cambio por
Corujo Pérez...”.
Según la Fiscal recurrente: “...paso por alto el Sentenciador de Reenvío que
esas probanzas examinadas en toda su dimensión y en función de conjunto,
a través de las relaciones concordantes que mantienen entre si (SIC),
determinan que efectivamente, Ramón Rivas Espinoza, denunció que Jesús
Corujo Pérez se apropió indebidamente de una letra de cambio que el
primero de los nombrados le entregó al segundo cuando le hizo una consulta
en virtud de su profesión...”.
La Sala, para decidir, observa:
159
El examen del fallo recurrido evidencia que el Juzgado Tercero de Reenvío
en lo Penal declaró terminada la presente averiguación sumaria porque
consideró que los hechos denunciados no revisten carácter penal, en razón
de que: “... en autos no cursa elemento probatorio alguno que demuestre el
momento en que Ramón Rivas Espinoza le entrega la letra de cambio a
Jesús Corujo Pérez y con qué fin lo hace, ya que para que se materialice el
delito de abuso de firma en blanco, es preciso que el sujeto activo haya
defraudado la confianza del sujeto pasivo, en este caso, Ramón Rivas
Espinoza...”.
El segundo aparte del artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal,
exigía la expresión de las razones de hecho y de Derecho de la sentencia,
según el resultado que suministraba el proceso y las disposiciones legales
aplicables. Respecto a la elaboración de los fallos, el artículo 365 del Código
Orgánico Procesal Penal establece que éstos deben contener: “...2. La
enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio;
3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal
estime acreditados; 4. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y
de derecho...”.
Los jueces deben analizar las pruebas existentes en autos, compararlas
entre sí y mediante el balance que resulte de esa comparación establecer el
resultado del proceso. Si los hechos que se declaran probados constituyen
delito, deberán declararlo expresamente y lo mismo en caso contrario. En la
presente causa la sentenciadora no analizó ni comparó en función de
160
conjunto -como lo asentó la recurrente- las pruebas antes mencionadas, lo
cual era de sumo interés en orden a la justa apreciación de la verdad
procesal.
Por ese motivo resultó infringido el artículo 42 del hoy derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal, al no expresarse cabalmente en el fallo y de
acuerdo con el resultado que suministre el proceso, las razones de hecho en
que se fundó la declaratoria de ponerle fin a esta investigación. Por
consiguiente, se declara con lugar este recurso de casación de forma.
Decisión
En virtud de las consideraciones expresadas, este Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de
casación de forma interpuesto por la Fiscal Segundo del Ministerio Público
antes las Salas de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia.
En consecuencia anula el fallo impugnado y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, ordena que el
expediente sea remitido a la Corte de Apelaciones de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que dicte nueva sentencia
y prescinda de los vicios que han motivado la nulidad en el presente fallo,
con sujeción a lo decidido “ut supra”.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los quince (15) días
161
del mes de marzo del año dos mil. Años 189º de la Independencia y 141º de
la Federación.
Requisitos formales de la letra de cambio. Su omisión hace nula la letra
e ineficaz su valor probatorio. Acción derivada de la relación causal.
Ha alegado el demandado que la letra con la cual se pretende probar la
obligación no existe porque no ha sido librada. Ha contestado el actor que la
letra a pesar de sus defectos formales no ha sido presentada como letra sino
como mero instrumento privado, y que en consecuencia, las causas que
hacen nula la letra, como letra no tienen por qué hacerla nula como
instrumento privado para la prueba de las obligaciones. El juzgador
considera que Qued nullum est nullum producit effectum, esto es, lo que nulo
lo produce efecto. La letra de cambio es un algo que no ha nacido como
instrumento legal y, en consecuencia, no puede producir efecto jurídico
alguno, ni siquiera como prueba.
La letra de cambio que cumpla con todas las formalidades que la Ley
establece para que ella sea letra de cambio, aunque prescrita como letra
puede servir como prueba de una obligación fundamental, pero un escrito
que pretende ser letra de cambio, pero que no lo es porque en él faltan los
requisitos indispensables para que sea letra de cambio, y especialmente, el
requisito fundamental el del libramiento, que es el acto por el cual la letra de
cambio nace y se pone en circulación, ya que la letra no aceptada, tiene vida
y circula y produce efectos cambiarios, mientras que la letra no librada es un
162
simple proyecto de letra, es más aún, un absurdo jurídico, un instrumento
jurídico no nato.
Por lo que la aceptación de él hecha, es nula, porque la aceptación significa
una relación jurídica que pueda dar lugar a obligaciones cambiarias ni de
ninguna otra clase. Las relaciones entre librado y beneficiario no existen sino
en virtud de la relación fundamental que es la existente entre el librador y
librado y no existiendo aquél, no puede existir ninguna obligación entre los
demás componentes de la letra: beneficiario, endosatario, avalistas, por lo
cual, no es simplemente que la falta de requisito del libramiento hace
inexistente a la letra, sino que la hace inexistente inclusive como prueba de
obligaciones, pues ellas no han podido surgir, sino con motivo de una
verdadera letra y no de un proyecto.
El que celebra un contrato cambiario obligándose hacia su acreedor, contrata
a favor de éste una obligación nueva que refuerza a la antigua y se une a
ella, pero para que surja esta nueva obligaciones indispensable que se
cumpla en su formación, en la emisión del título cambiario, título solemne, las
formalidades prescritas por la Ley, en este caso, las del artículo 391 (411),
del Código de Comercio venezolano, y el no cumplimiento de ellas tiene
como consecuencia la nulidad del acto, no solamente de la letra de cambio
como instrumento, sino también como prueba de las obligaciones que ella
constata.
La letra de cambio tiene por objeto hacer nacer una obligación cambiaria, y
ésta no nace en virtud de haber faltado a un requisito legal, tampoco
163
entonces tiene dicha letra ninguna fuerza y valor y no puede servir de prueba
de la obligación que debía hacer nacer, por cuanto siendo radicalmente nula,
no la ha hecho nacer.
Ahora bien, las Letras de Cambio no son emitidas para constatar
obligaciones anteriores sino para dar origen a un contrato cambiario que se
une y refuerza la obligación principal, pero si la letra como tal letra no nace,
no puede servir de medio de prueba de la obligación anterior, puesto que no
ha sido emitida no redactada para constatar esa obligación, la cual sigue en
pie, pero es necesario, es indispensable acreditarla por los demás medios de
prueba. Si el actor lo que lo que deduce en este juicio es la acción derivada
de la relación causal, debe probarla y el título cambiario no hace presumir la
existencia de esa acción, por lo cual no puede valer como único medio de
prueba de la relación jurídica originaria que ligaba a las partes.
En razón de lo antes expuesto, el juzgador considera no probada la
obligación de H.G.G. de pagar a B. el monto expresado en el documento
marcado “C” acompañado al libelo de demanda, que es de 52.456 Bs.- JTR,
vol IV; t II págs. 229, 230 y 231, IIC2/16-5-55. (12).
Improcedencia del cobro por no llenarse las exigencias de este artículo.
No consta en autos que el actor en el presente juicio haya presentado para
su pago al librado los instrumentos cambiarios aún no vencidos para la fecha
en que fue presentada la demanda, como tampoco aparece de las
cambiarias que se haya dispensado al portador de levantar el protesto, o que
éste haya sido levantado por el tenedor. Por tanto, considera el Tribunal que
164
los instrumentos cambiarios no eran exigibles para la fecha de la introducción
de la demanda a tenor de o dispuesto en el artículo 452 del Código e
Comercio
Letras de cambio emitidas como instrumentos de pago de una
obligación.
En lo atinente al argumento del deudor de que las Letras de Cambio
acompañadas (o diez hojas de papel firmadas por él, Z.) no valen como
letras de cambio por faltarle los requisitos exigidos por el artículo 390 (410),
del Código de Comercio, de acuerdo con el artículo 391 (411), ejusdem, se
observa: que la obligación de pago no dimana de dichas Letras de Cambio;
sino del propio documento constitutivo de la obligación y dichas letras sólo
constituyen una manera de efectuar el pago sin que modifiquen en manera
alguna la obligación principal pactada. – JTR, vol. III; págs. 221 y 222,
DIC/16-3-53. (13).
Nulidad de la letra por omisión del lugar donde debía efectuarse el
pago.
En derecho Mercantil, la letra de cambio es un acto solemne, por cuya razón
la omisión de alguno de los requisitos de forma enumerados en el artículo
410 del Código de Comercio, cae bajo la sanción de nulidad del artículo 411
del mismo Código, en concordancia con lo pautado por el artículo 1.355 del
Código Civil, que dice: “El instrumento redactado por las partes y contentivo
de sus convenciones es sólo un medio probatorio; su validez o su nulidad no
tienen ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico, que esté
165
destinado a probar, salvo los casos en que el instrumento se requiere como
solemnidad del acto”.
Ante los términos precisos de la Ley en torno a la letra de cambio y sus
requisitos esenciales, sin los cuales no vale como tal letra de cambio, resalta
indubitable que los títulos carentes de alguna de esas formalidades, es
inexistente, “no puede gozar de las prerrogativas pecularias de la letra de
cambio” como bien lo afirma el brillante comentarista pattio, Dr. Carlos
Morales, en su monografía titulada “Estudio de la letra de cambio en el
Código de Comercio Venezolano”. (pág. 10).
Como ya se dijo el Código de Comercio señala la condiciones esenciales de
validez que debe llenar toda letra de cambio para hacerse valer como tal,
entre las cuales figura como esencial, la indicación del lugar donde el pago
debe efectuarse, (artículo 410 Código de Comercio) y en el artículo 411 del
mismo Código sanciona la nulidad de la letra de cambio cuando faltare
alguno de aquellos requisitos expresando, además, que si no se ha señalado
el lugar del pago, se reputa que éste debe ser el que se indique al lado del
nombre del librado.
Ahora bien, examinados detenidamente los efectos de comercio
acompañados por el actor en su libelo, se encuentra que debe efectuarse el
pago que con ellos se pretende lograr en este juicio y no sólo falta tal
indicación de manera expresa, sino que tampoco figura señalamiento alguno
al lado del nombre del librado en ninguna de las letras, en fuerza de lo cual
166
debe concluirse que los instrumentos cambiarios aludidos se hallan afectos
de nulidad y así se declara. – JTR, vol. V, págs 638 y 639, 1IM1/22-3-56.
Requisitos esenciales de validez de la letra de cambio
La presente denuncia se contrae a determinar cual es el efecto que tiene
sobre una presunta letra de cambio, la omisión del lugar donde fue emitida la
misma. Esta indicación es requerida por el artículo 410, ordinal 7º del Código
de Comercio, en los siguientes términos:
“Artículo 410.- La letra de cambio contiene…….7º la fecha y lugar donde fue
emitida”.
Y seguidamente en el artículo 411 se establece:
“Artículo 411.- El título en el cual falte uno de los requisitos enunciados en el
artículo anterior precedente, no vale como tal letra de cambio, salvo en los
casos determinados en los párrafos siguientes”;
“La letra de cambio que no lleve la denominación “letra de cambio”, será
válida siempre que contenga la indicación expresa de que es a la orden”;
“La letra de cambio cuyo vencimiento no está indicado, se considera
pagadera a la vista”;
“A falta de indicación especial, se reputa como lugar del pago y del domicilio
del librado, el que se designa al lado del nombre de éste”;
“La letra de cambio que no indica el sitio de su expedición, se considera
como suscrita en el lugar designado al lado del nombre del librador”.
La sentencia recurrida estableció que el instrumento que sirvió de base a la
demanda, no indica, en efecto, el sitio de expedición, pero estableció
167
igualmente que tal requisito no tiene sino significado histórico, pues sólo se
justificaba cuando la Letra solamente podría emitirse para ser pagada en una
plaza distinta de la del domicilio del librador. Pero ahora, cuando no existe
prohibición a ese respecto, mal podría calificarse dicho requisito de esencial.
Máxime cuando, como el caso de autos, la letra no ha circulado, y, en
consecuencia, resulta aún más absurdo que se le pretenda invalidar por falta
de indicación del lugar donde fue emitida.
En consecuencia, estableció que el instrumento producido tiene el valor de
una letra de cambio y declaró con lugar la pretensión del demandante en
cuanto al reclamo por el valor de la letra de cambio.
No se pronunció la recurrida sobre la previsión del artículo 411 arriba
transcrito, acerca del valor del lugar designado al lado del nombre del
librador que suple la falta de indicación del sitio de expedición. El recurrente
sostiene que el instrumento producido no indicada ningún lugar al lado del
nombre del librador, por lo cual el instrumento no indica directamente el lugar
de expedición, ni indirectamente, en la forma prevista en el artículo 411.
Es doctrina de esta Sala, consistente y uniformemente establecida a o largo
de varias décadas, que la letra de cambio es un título de crédito abstracto,
literal, autónomo, formal, que se basta así mismo, pues no admite prueba
adicional ninguna para completarlo, esto es, para demostrar que contienen
todos los requisitos pautados en el artículo 410 del Código de Comercio.
Por ello, la letra de cambio no vale como tal, si le falta uno solo de dichos
requisitos, todos imprescindibles, sin perjuicio de que de algunos de los
168
mismos, los indicados en el artículo 411 ejusdem, más propiamente
sustituibles que no facultativos, puedan y; en su caso, deban ser
reemplazados por otros, predeterminados e igualmente formales, con validez
y eficacia idénticos.
Así, conforme al citado artículo 411 del Código de Comercio,
indisolublemente ligado al 410 del mismo código, ninguna letra de cambio
tendrá la cualidad de tal a menos que: a) sino lleva la denominación “letra de
cambio”, exprese que es “a la orden”; b) sino indica el vencimiento deberá
ser pagadera a la vista; c) sino contiene el lugar de pago debe figurar uno al
lado del nombre del librado, el cual se reputara, además, como el domicilio
de éste; y d) sino menciona el lugar de expedición o libramiento, se
considerará emitida en el lugar designado al lado del nombre del librador.
A dicho también esta Sala (en un caso de falta de firma del librador), que el
hecho de no haber sido tachada ni combatida la presenta letra de cambio; ni
el de haber sido aceptada, redactada y firmada por el librado demandado, ni
aun con la confesión ficta y las posiciones juradas estampadas al
demandado, son idóneos para subsanar la falta de aquella firma, la cual
puede alegarse en cualquier grado o estado de la causa.
La doctrina nacional en concordancia de los caracteres de nuestra letra de
cambio señalados por esta Sala, es unánime, y esta representada entre
otros, por Jus-mercantilista como Néstor Luis Pérez, Loreto Arismendi H.,
Goldschmidt, Muci-Abraham, Morles Hernández, Corci, Pulido Méndez, etc.
169
Entre otras, igualmente representativas y concluyentes cabe la cita de los
incisivos párrafos de Muci-Abraham, al respecto:
“El cumplimiento de estos requisitos (los previstos en el citado articulo 410
del Código de Comercio) y su presencia en la letra es inexcusable. La letra
de cambio es un verdadero instrumento de precisión del derecho que solo
existe, circula y se realiza cuando esta completa; es como un sensible
mecanismo de relojería que no funciona desde el instante en que alguna de
sus piezas falta…”
Ahora bien, hoy el dinero no solo esta constituido por moneda metálica, - en
su momento objeto del cambio trayecticio -, sino también en moneda
fiduciaria (papel-moneda) y, sobre todo, por crédito dinerario, que supera
cuantitativamente y operativamente la suma de ambas monedas, en las
incontables transacciones diarias sobre bienes y servicios que se realizan en
y entre países.
Paralelamente, la letra de cambio, - a la cual nuestro Código de Comercio de
1904 (art. 362) la liberó de instrumentar el cambio monetario trayecticio -, se
transforma en muy importante titulo de crédito a la orden en multitud de pises
inseparable de la acreencia dineraria que contiene, transferible simple y
ágilmente por diversos conceptos.
Justamente, a causa de su creciente difusión y máxima operatividad así
como la diversidad de leyes de los países que la instituyen, el lugar de su
emisión – contrariamente a lo firmado por la sentencia – ha alcanzado
particular importancia, independientemente de la distancia loci (irrelevante
170
entre nosotros desde el Código de Comercio de 1873) así, como la
necesidad de convenios internacionales para unificar hasta donde sea
posible el régimen de las Letras de Cambio de los diversos países y facilitar y
expandir así, su circulación allende fronteras nacionales.
Por ejemplo, según la Convención Iteramericana sobre el Derecho
Internacional Privado del 20-02-28 (Código Bustamante) aprobada
legislativamente, ratificada ejecutivamente y depositada por Venezuela, el 9-
7-31, 23-12-31 y 12-03-32, respectivamente, toda letra de cambio remitida en
nuestro país esta sujeta, en cuanto a su forma a la ley Venezolana. De igual
modo, a falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre
librador y tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se emite (art.
263 y 264).
Asimismo, según la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en
materias de Letras de Cambio, realizada en Panamá el 30-01-75, aprobada
como ley venezolana el 16-01-85 y depositada el 15-05-85, la forma del giro,
se regirá por la ley del país donde se efectúe (art. 2).
También es pertinente observar que, todos los cuatro (4) proyectos
venezolanos sobre títulos valores elaborados entre 1963 y 1984, mantienen
intactos los artículos 410 y 411 del Código de Comercio vigente.
Todo ello, a juicio de esta Sala desvirtúa concluyentemente la argumentación
utilizada en la sentencia recurrida, para violar., como efectivamente violo, en
el caso su – litem, el ordinal 7º del articulo 410 del Código de Comercio, en
cuanto ordena sin excepción ni excusa, que la letra de cambio contenga el
171
lugar de donde fue emitida. Consecuencialmente, el fallo recurrido violo
también el articulo 7º del Código Civil, objeto del recurso que aquí se decide
y que la letra dice: “Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes; y no
vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica en
contrario, por antiguas y universales que sean”. Así se declara.
El recurrente también ha denunciado la infracción del articulo 411 del Código
de Comercio, por no haberse aplicado su normativa que establece: “que tal
titulo no vale como letra de cambio, salvo que se designe un lugar al lado del
nombre del librador, situación esta que no es el caso que no ocupa”, defensa
sobre la cual no se pronuncio la recurrida.
Ya esta Sala había establecido supra, la indisoluble relación existente ente
los artículos 410 y 411 del Código de Comercio; y observa que la parte
principal de este último es norma jurídica expresa que, en el caso sub-indice
valora clara y categóricamente el documento letra de cambio producido en
esta litis. (…).
(…) Si bien por su origen histórico, (una carta (misiva) breve) y por una
consistente e inveterada costumbre mercantil (art. 9 del Código de Comercio)
observada nacionalmente, el análisis de esta Sala que ha podido
circunscribirse al lado facial o anverso del documento sub-examen, se ha
extendido hasta su reverso, no solo para disipar reticencias o cualesquiera
dudas, sino también para poner de manifiesto el abandono profesional en la
redacción de letra de cambio, cuya inmensa mayoría se adquiere semi-
impresa en librerías, cuales el presente caso en el cual, mientras aparece, si
172
utilidad ninguna, la cláusula de valor o valuta eliminada como dato esencial
de la letra por el Código de Comercio de 1904, se omitió el lugar de emisión
en sus dos únicos modos expresivos requeridos alternativa pero
ineludiblemente por los artículos 410 y 411 del Código de Comercio.
Así, pues, son erróneas y contra-legem, las consideraciones y la decisión de
la recurrida al declarar la letra de cambio válida el único documento
presentado por la actora como base de su pretensión, apoyándose en una
inexistente obsolescencia del dato del lugar de emisión o expedición de la
letra de cambio, así como el carácter facultativo del mismo. Por tanto, la
sentencia recurrida infringió norma jurídica expresa para valorar dicho
documento, esto es parte principal del artículo 411 del Código de Comercio,
en relación directa con el aparte de éste precepto. Así se Declara.
(Sentencia de Sala de Casación Civil del 21 de abril de 1993, con ponencia
del Magistrado Dr. Rafael J. Alfonso Guzmán, en el Juicio de Angelo Zanzi
Barini contra Haydee Khedari de Volkner;. en el expediente Nº 89-386).
173
Anexo C: Jurisprudencia del Cheque
Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 17 de diciembre de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, el expediente contentivo de la decisión del 28 de noviembre de
2002, que declaró improcedente in limine la acción de amparo constitucional
interpuesta por el ciudadano Antonio Yamin Calil, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° 5.311.381, de este domicilio,
asistido por el abogado Henry Yamin Calil, inscrito en el Inpreabogado bajo
el Nº 66.876, contra la sentencia dictada el 28 de octubre de 2002 por el
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Tal remisión obedece a la consulta obligatoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales.
El 7 de enero de 2003, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó
ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, quien con tal
carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir,
previas las siguientes consideraciones:
174
Antecedentes
El 21 de abril de 1995 los abogados Arnoldo Ponce Delgado, Henry Yamin
Calil e Indira Mele, inscritos en el Inpreabogado bajo los núms. 900, 66.876 y
68.876, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales
del ciudadano Antonio Yamin Calil, antes identificado, presentan escrito por
ante el Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas.
Correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Cuarto de
Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
mediante el cual demandan a los ciudadanos Alberto Trujillo Sanoja y Eglee
Josefina Delgado, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares
de la cédula de identidad N° 3.182.532 y 6.846.087, respectivamente, por
cobro de bolívares.
En su libelo de demanda, solicitan se condene a los demandados, para que
en su carácter de libradores de un cheque a favor de su mandante, contra la
cuenta corriente N° 42-1-20022-6 del Banco Confederado S.A., a pagar las
siguientes cantidades: 1) Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil
Doscientos Setenta Bolívares (Bs. 3.462.270,00), correspondiente al monto
de la obligación cuyo pago se demanda, contenida en el cheque; 2) Los
intereses legales que se causen hasta la definitiva cancelación de la
obligación; 3) Las costas que se originen con motivo del juicio; y, 4) Los
honorarios profesionales de abogados.
175
El 3 de octubre de 2000, el Juzgado Cuarto de Municipio de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia
donde declaró con lugar la demanda interpuesta, y condenó a la parte
demandada a pagarle a la parte actora la suma de Tres Millones
Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Sesenta Bolívares (Bs.
3.462.260,00), al pago de los intereses legales que se han causado hasta la
cancelación definitiva de la deuda y al pago de las costas por haber resultado
vencidos.
El 28 de octubre de 2002, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, actuando como tribunal de alzada, dictó sentencia, en donde
declaró con lugar la apelación interpuesta el 27 de octubre de 2000 por el
abogado Guillermo Trujillo Hernández, en su carácter de apoderado judicial
de la parte demandada ciudadanos Eglee Josefina Delgado Ortega Y Alberto
Trujillo Sanoja, en contra de la sentencia dictada el 3 de octubre de 2000, por
el Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, y en consecuencia, declaró la falta de cualidad de
los ciudadanos Eglee Josefina Delgado Ortega y Alberto Trujillo Sanoja, para
sostener el juicio, por carecer de legitimación pasiva.
Además, declaró sin lugar la pretensión deducida por el ciudadanos Antonio
Yamin Calil en contra de los ciudadanos Eglee Josefina Delgado Ortega y
Alberto Trujillo Sanoja, por cobro de bolívares; y, en consecuencia, revocó la
medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Tribunal de la
176
causa; por lo que condenó en costas a la parte actora y se revocó en todas
sus partes el fallo recurrido.
El 25 de noviembre de 2002, el ciudadano Antonio Yamin Calil, asistido por
el abogado Henry Yamin Calil, interpuso acción de amparo constitucional, en
contra de la decisión dictada el 28 de octubre de 2002 por el Juzgado Octavo
de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Por sentencia dictada el 28 de noviembre de 2002, el Juzgado Superior
Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, declaró improcedente in limine, la acción
autónoma de amparo constitucional.
Fundamentos de la Acción
Fundamenta su amparo la parte accionante, en los siguientes aspectos:
1.- En que el Juez Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
con la decisión dictada conociendo como tribunal de alzada, vulneró el
principio de seguridad jurídica, ya que en el presente caso la causa de la
pretensión es la emisión de un cheque sin provisión de fondos, por los
demandados.
Alega, que el Juez sentenció con un basamento incorrecto, y no garantizó la
justicia, omitiendo oportunidades de defensa, irrespetando la garantía del
debido proceso, ya que no dijo nada acerca de todo lo que demostraron y
177
alegaron en los escritos consignados: el libelo de demanda, las pruebas y los
informes.
2.- Alega la violación por parte del Juez Octavo de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, de los derechos y garantías constitucionales
contenidos en el artículo 21, ordinal 2°, y los artículos 25 y 26 de la
Constitución, por haberse pronunciado erróneamente in limine litis con
respecto a la falta de cualidad e interés del demandado.
Además, se dejó a un lado el principio de celeridad y de economía procesal,
ya que el sentenciador no señaló como fundamento de su sentencia que los
demandados no invocaron, el artículo 346, ordinal 4° del Código de
Procedimiento Civil, que contiene la cuestión previa relativa a la ilegitimidad
de la persona del demandado o su apoderado, sino que erróneamente, lo
invocaron en la contestación de la demanda, señalando el artículo 361 del
Código de Procedimiento Civil.
3.- Por otra parte expresa, que el Juez decretó en el fondo la falta de
cualidad e interés de los demandados, incurriendo en falta de idoneidad y de
parcialidad, y dejándolo en estado de indefensión, ya que los demandados
obligan a la empresa Materiales Eléctricos Electric Canble C.A., y según se
evidencia de los recaudos de los autos la ciudadana Eglée Delgado actuó en
su carácter de Presidente de la empresa y el ciudadano Alberto Trujillo en su
carácter de apoderado de la misma.
178
4.- Señala, que los administradores demandados en el juicio, incurrieron
directamente en responsabilidad civil y penal ante los terceros,
protegiéndose bajo la figura de una persona jurídica, y que los mismos
asumieron su responsabilidad en la emisión del cheque.
5.- Denuncia la violación del artículo 255 de la Constitución, en el tercer
aparte, en concordancia con los artículos 12, 507 y 509 del Código de
Procedimiento Civil, por haber el Juez omitido la valoración y apreciación de
las pruebas y escritos que presentaron en juicio, ya que aduce, que el
sentenciador de alzada sólo valoró los escritos y alegatos sin fundamentos
de los demandados, dirigiendo su decisión a favor de ellos, al decidir la falta
de cualidad, sin tomar en cuenta la responsabilidad de los administradores.
6.- Expresa asimismo, que la sentencia recurrida violó el principio de
transparencia garantizado por el texto constitucional. Por último solicita que
se admita el recurso de amparo, se declare sin lugar la apelación interpuesta
por los demandados el 27 de octubre de 2000, que declare que los
demandados sí tienen cualidad e interés para sostener la pretensión
deducida en el libelo de la demanda, que no se le condene en costas.
7.- Adicionalmente solicita, que se deje sin efecto y se anule la sentencia
impugnada y se reponga la causa al estado en que el Juzgado Octavo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas deba sentenciar nuevamente y
que en ese sentido, declare con lugar la demanda y ordene la corrección
179
monetaria, con la correspondiente condenatoria en costas para los
demandados.
Del Fallo Consultado
El Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró
improcedente in limine la acción de amparo interpuesta por el ciudadano
Antonio Yamin Calil, por considerar:
1.- Que el punto relacionado con la defensa de falta de cualidad esgrimida
por la parte demandada, fue analizado tanto en la sentencia dictada por el
Juzgado Cuarto de Municipio, como por la alzada, con lo que se agotó la
doble instancia de conocimiento del punto controvertido.
2.- Que la falta de cualidad alegada por el demandado, es opuesta en forma
correcta como defensa perentoria o de fondo, y que el tribunal que conoció
en apelación acertadamente analizó el alegato como punto previo antes que
cualquier otro pronunciamiento, y concluye, que la pretensión deducida por el
accionante consistente en el cobro del cheque, debió ser dirigida en contra
de la persona jurídica “Materiales Eléctricos Electric Camble, C.A.”, titular de
la cuenta corriente contra la cual se gira, no siendo posible demandar a las
personas naturales que la representan, de conformidad con lo previsto en el
artículo 243 del Código de Comercio.
3.- No aprecia el a quo que de los hechos que motivan el amparo, haya una
infracción directa de la Constitución, en lo que respecta al derecho a la
defensa y al debido proceso, ya que se cumplió la doble instancia, y se pudo
180
acceder a la justicia en todo tiempo, y que el amparo no es una vía para
revisar como tercera instancia la sentencia definitivamente firme dictada en
un procedimiento determinado.
4.- Que el accionante no señaló evidencia alguna que demuestre una
flagrante violación al debido proceso, ocasionado por una autoridad judicial
“actuando fuera de su competencia”, sino que esgrimió una serie de
cuestionamientos, con relación a la interpretación de normas legales por
parte del sentenciador y su aplicación al caso concreto.
Consideraciones para Decidir
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para
conocer de la presente causa y en tal sentido, reiterando los criterios
asentados en sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y
Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y, 8 de
diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), al determinar la
distribución de competencia en la acción de amparo, a la luz de los principios
y preceptos consagrados en la Constitución, esta Sala es competente para
conocer de la presente consulta, y así se declara.
Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo
del asunto sometido a su conocimiento, y a tal efecto estima que:
Observa esta Sala que de los alegatos expuestos por el accionante, en su
solicitud de amparo constitucional, en relación a los hechos de los que
pretende deducir la violación de la Constitución, se pretende que los mismos
van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que
181
supuestamente incurrió el juez que dictó la sentencia accionada, por su
pronunciamiento erróneo con respecto a la falta de cualidad e interés
invocada por la parte demandada, cuando según sus alegatos ha debido
invocarse como la cuestión previa contenida en el ordinal 4° del artículo 346
del Código de Procedimiento Civil.
Violando el principio de igualdad y equidad, no aplicando de manera exacta
la justicia, y omitiendo la valoración y apreciación de las pruebas, y
desconociendo la responsabilidad solidaria de los administradores de una
empresa, por los hechos ilícitos y punibles cometidos en su administración.
Por lo cual denuncia el quebrantamiento por parte del juez de su deber de
decidir conforme a lo alegado, violando el principio de igualdad procesal, con
la consecuente violación del derecho constitucional a la defensa.
En este sentido, considera oportuno esta Sala pronunciarse acerca de cómo
ha sido concebida la acción de amparo constitucional contra actos
jurisdiccionales en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de
impugnación de decisiones judiciales con particulares características que lo
diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías
existentes para atacar dichos actos jurisdiccionales.
Así para dicha acción se han establecido especiales presupuestos de
procedencia, cuyo cumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión,
incluso in limine litis, pues resulta inoficioso, y contrario a los principios de
celeridad y economía procesal, la sustanciación de un procedimiento cuyo
único resultado final es la declaratoria sin lugar.
182
Al efecto, en primer lugar es necesario determinar lo que debe entenderse
por falta de cualidad y cuál es la oportunidad procesal para oponerla de
acuerdo a lo pautado en nuestra vigente ley adjetiva procesal.
En el derogado Código de Procedimiento Civil de 1916, existía la posibilidad
de oponer la falta de cualidad de las partes como excepción de
inadmisibilidad. En el código vigente, la falta de cualidad no puede ser
opuesta como cuestión previa, sino como una defensa de fondo, conforme lo
dispone expresamente el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte, el ordinal 4° del artículo 346 eiusdem, contiene la cuestión
previa de ilegitimidad de la persona citada como representante del
demandado, por no tener el carácter que se atribuye, y se refiere es al
problema de la representación procesal de la parte demandada,
específicamente, a la falta de representación de la persona citada como
representante del demandado, que es la llamada legitimatio ad processum, y
no de la falta de cualidad o de la legitimatio ad causam. Es decir, en el caso
de la legitimatio ad processum, se refiere a un presupuesto procesal para
comparecer en juicio; esto es, un requisito indispensable para la constitución
válida de toda relación procesal y para garantizar al demandado su
adecuada representación en juicio.
En tanto, que la cualidad o legitimatio ad causam debe entenderse como la
idoneidad de la persona para actuar en juicio; como titular de la acción, en su
aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el
órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito; la cual, de
183
acuerdo a lo antes expresado, no puede ser opuesta conforme al Código de
Procedimiento Civil vigente, como cuestión previa.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Sala al analizar
las actas contenidas en el presente expediente aprecia, que la parte
demandada en el juicio principal, en la contestación a la demanda, opuso la
falta de cualidad pasiva para sostener dicha acción, en virtud de no ser los
titulares de la cuenta corriente bancaria a la cual corresponde el cheque
emitido, por pertenecer dicha cuenta una persona jurídica a la cual ellos
representan como administradores, alegato que efectivamente corresponde
al supuesto de la falta de cualidad de la parte demandada, y de esta manera
fue resuelto por el tribunal, que conoció del juicio en segunda instancia, como
punto previo, en la sentencia recurrida.
En el presente caso, se puede apreciar que la parte actora, en el juicio
principal, y aquí accionante, acompañó con su demanda, el protesto
levantado al cheque, que sirvió de documento fundamental a su demanda,
por ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Chacao del Estado
Miranda, del cual se desprende que la cuenta corriente en cuestión
pertenece a la empresa “Materiales Eléctricos Electric Canble, C.A.”, con
firmas autorizadas de los ciudadanos Eglée Josefina Delgado Ortega y
Alberto Trujillo Sanoja.
Igualmente consta que el juez que conoció el caso en segunda
instancia realizó la valoración de dicho medio de prueba, el cual no fue
impugnado por las partes. Ahora bien, la valoración que haga el juzgador, se
184
encuentra dentro de los límites de su arbitrio, por lo cual es necesario
recordar, que en sentencia emitida el 20 de febrero de 2001 (Alimentos Delta
C.A.), la cual ratificó el criterio expuesto en sentencia del 27 de julio de
2000, (caso: Seguros Corporativos C.A., Agropecuaria Alfin S.A. y el
ciudadano Fernando Cárdenas), se estableció:
“(...) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de
los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido
lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar,
por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de
la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una
infracción directa de la Constitución.
No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la
sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o
intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la
cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido
o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos
fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la
administración pública o los órganos de la administración de justicia, o
establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones
constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución...”
(Resaltado de este fallo).
En este orden de ideas se insiste que la acción de amparo
constitucional está concebida para la protección de derechos y garantías
185
constitucionales, de allí que lo realmente determinante para resolver acerca
de la pretendida violación, es que exista una violación de rango
constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido
y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la
legalidad.
En síntesis, del examen de las actas del expediente se observa que, el
accionante, al hacer uso de la acción de amparo constitucional, sólo
pretendió impugnar el fondo de la decisión accionada que declaró la falta de
cualidad de los demandados para sostener el juicio, por carecer de
legitimación pasiva, y en consecuencia declaró sin lugar la pretensión
deducida por cobro de bolívares, atacando de esta manera la valoración que
el juez de alzada realizó sobre los alegatos y pruebas aportados al proceso.
La actividad que realiza el juzgador al decidir, si bien debe ajustarse a
la Constitución y a las leyes, al resolver una controversia, le confiere un
amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual
puede interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de
su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro
de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que
tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales.
Del caso de autos, no se evidencia violación a derecho constitucional
alguno, pues el juez de alzada consideró, luego del análisis de las actas del
expediente, que era procedente el alegato de falta de cualidad esgrimido por
los demandados, y fue a través de un proceso de valoración, que extrajo sus
186
conclusiones, y revocó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto de Municipio de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. De allí, que
resulta forzoso para esta Sala declarar improcedente la presente acción de
amparo constitucional ejercida, tal como fue declarado por el a quo, y así se
declara.
Decisión
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por
autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo consultado y declara
IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional
interpuesta por el ciudadano Antonio Yamin Calil, contra la decisión dictada
el 28 de octubre de 2002, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas. Publíquese y regístrese. Devuélvase el
expediente al a quo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 14 días del mes de julio
de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
Eficacia del Título en cuanto a la Prueba
La presente demanda se ha intentado a fin de hacer efectivo el cobro de un
cheque emitido por la demandada por el valor de Bs. 10.000. La parte
demandada en el acto de contestación de la demanda, se limitó a
contradecirla en los hechos y en el derecho, pero en los informes ha
187
sostenido que la acción debe ser declarada sin lugar por cuanto de
conformidad con el artículo 1354 del Código Civil la demandante asumió la
carga de la prueba, es decir, que había asumido la obligación procesal de
demostrar la existencia del contrato de préstamo entre ella y la demandada,
prueba que no fue hecha en el proceso.
La parte demandada sostiene que la renuncia las pruebas que se hizo en el
juicio, no involucraba ninguna merma o peligro de sus derechos litigiosos, lo
cual no sucede para la actora, para la cual tal renuncia implicaba no poder
hacer una prueba que estaba obligada a promover y evacuar, cual era: la
existencia del contrato del préstamo alegado por ella, y de donde se dice se
originó la emisión del cheque que pretende cobrar.
Al respecto, la Corte observa: que el cheque es un título de crédito, que
permite a una persona (librador) retirar, en su provecho o en el de un tercero,
todo o parte de los fondos disponibles que tiene en poder de otra persona o
entidad (librado). El Código de Comercio trata ésta clase de títulos en el
artículo 489, disponiendo el artículo 491 ejusdem, que les son aplicables al
cheque todas las disposiciones de la letra de cambio: endoso, aval, firma de
personas incapaces, firmas falsas falsificadas, vencimiento, pago, protesto,
acciones contra el librador y los endosantes y lo referente a las Letras de
Cambio extraviadas.
Como título de crédito que es el cheque, sabido es que en él se concreta una
obligación. Él representa, o mejor dicho, sirve de fundamento a una
obligación de carácter patrimonial. Pero el problema que se presenta al
188
respecto es el de si la emisión de ellos importa una novación de la relación
jurídica existente entre las parte, habiéndose decidido de un modo constante
la doctrina por la negativa por cuanto la novación no se presume, sino que es
necesario que la voluntad de efectuarla aparezca claramente del acto.
Pero si bien es cierto que la relación jurídica fundamental (aquella que dio
origen a la emisión del título) no se nova por la emisión de los documentos
de créditos, también lo es que las acciones derivadas de ellos desde el
contrato primitivo no puede ejercerla simultáneamente el acreedor, porque
permitirlo sería empeorar la situación del deudor. La emisión de un título de
crédito, si bien no implica la sustitución por otra de la obligación anterior, no
queda sin influencia sobre la suerte de ésta; ya que mientras el deudor
efectúe las prestaciones que con arreglo al título en cuestión deba llevarse a
cabo, quedan en suspenso los derechos que el acreedor tenga a su favor por
razón del contrato fundamental.
El acreedor no puede por su voluntad, darle nuevamente eficacia, pues el
que las acciones de aquel contrato revivan, es decir, vuelvan a adquirir
fuerza procesal depende exclusivamente del obligado, siendo solo en caso
de incumplimiento por parte de éste las pretensiones que le incumben por
razón del título de crédito, que podrá invocar el acreedor los derechos que en
su favor resulten de la relación primitiva.
El acreedor, por lo general, sólo recurrirá a ejercer la acción proveniente de
la relación fundamental cuando la acción que se deriva del documento está
189
prescripta, o porque el título sea imperfecto y en éste caso tendrá que
acreditarla.
En el caso de autos, no podría exigírsele a la demandante la prueba de ésta
relación fundamental por haberse operado la novación de aquella, puesto
que la misma demandante así lo reconoce cuando afirma en su libelo “que la
demandante, el 25-07-1957, en pago de una deuda le emitió el Nº 642517
contra el Banco N.D.”. Esto constituye prueba de esa novación, debiéndose
tener en cuenta a favor de ella, de que la falta de prueba de la relación
fundamental constituye una demostración de que la entrega del cheque
produjo la novación de la deuda. Ello tiene que deducirse y aceptarse, de la
circunstancia de que en éste caso el acreedor no tiene en su poder más que
el título cambiario.
Por lo tanto, si dicha novación se produjo, la única acción que la demandante
podía ejercer era la que le otorgaba tal documento pues, la que se deriva de
la relación fundamental desapareció. El crédito que tenía la actora contra la
demandada sólo podía adquirirlo ejecutando los derechos que del cheque
resultan. En l referente a que el demandante tenía que hacer la prueba de la
existencia del préstamo, la Corte observa: que en el caso de autos el actor
nada tenía que probar y si el demandado consideraba que la deuda por la
cual se otorgó el cheque no existía, era nula, ha debido alegarlo en el acto de
contestar la demanda, pues si bien es cierto que en el caso de autor se
operó la novación de la obligación que ligaba a las partes, es decir, de la
190
convención primitiva, ello no impide, que se pueda alegar la nulidad de la
convención anterior.
El deudor puede siempre invocar la inexistencia de la obligación que se le
reclama probando que, en efecto, la apariencia que resulta del documento
está en desacuerdo con la realidad de los hechos. La doctrina al respecto
sostiene, que la eficacia procesal del título de crédito cuando el litigio tiene
lugar entre el deudor y el acreedor primitivo se concreta a una inversión de la
carga de la prueba, esto es, que ciertos extremos que en el supuesto
ordinario deberían ser justificados por el acreedor se presumen acreditados
mediante la presentación del título mientras el obligado no prueba lo
contrario.
Especialmente, en los casos de ausencia de causa en una obligación; de
donde se resuelve que aunque dicha obligación no enuncie cuál sea aquella
causa, se presumen que existe y que es lícita, mientras el deudor no pruebe
lo contrario.
El título de crédito, por consiguiente, en tanto la contienda procesal se
desenvuelve entre el obligado y el acreedor primitivo no tiene sino una valor
puramente presuntivo. Desde este punto de vista, los documentos en
cuestión tienen fe contra el deudor, mientras éste no acredite lo contrario; de
que la obligación existe y que es del tenor y con las modalidades que del
título resultan; de que el acreedor aparente es, en efecto, la persona
autorizada para exigir la presentación y de que el deudor es precisamente el
que aparece como tal en el documento.
191
Por consiguiente, habiendo la parte actora intentado la acción que le
otorgaba el cheque, como documento privado que era, ha debido la parte
demandada desconocerlo en el acto de contestación de la demanda de
conformidad con el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, y al no
hacerlo tal documento quedó reconocido y así se declara.
Este documento tiene entre las partes y sus causahabientes el mismo valor
que la escritura pública, y por lo tanto entre ellos hace plena prueba de la
obligación que contiene. – Sent. Nº 102, de 30-6-59; DFSC1, LCS 1959, ti. II
(86).
Ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros.
Los abogados Gonzalo Briceño y Sami Hamdam Suleiman, respectivamente
Fiscales Quinto y Auxiliar del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial
del Estado Táchira, presentaron acusación contra el ciudadano Marcos José
Randazo Quiroz, venezolano y portador de la cédula de identidad V-
9.433.210, por la comisión del delito de EMISIÓN DE CHEQUE SIN
PROVISIÓN DE FONDOS, previsto en el artículo 494 del Código de
Comercio.
El Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal de la
Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a cargo del juez abogado OMAR
ERNESTO SILVA MARTÍNEZ, en decisión del 18 de junio de 2001, se
declaró incompetente en razón del territorio. Al respecto expresó:
“Se evidencia claramente de las actas que conforman la presente causa y del
mismo efecto cambiario (cheque) que el presunto delito fue cometido en la
192
población de Santa Bárbara del Zulia, pues el cheque fue emitido en dicha
ciudad, por lo que debe tenerse como lugar de comisión del hecho la ciudad
de Santa Bárbara del Zulia...”.
El expediente fue remitido al Juzgado Primero de Control del Circuito
Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo de la
juez abogada Marvelys Soto González. Este Tribunal, en decisión del 10 de
septiembre de 2001, se declaró incompetente por los motivos siguientes:
“...Del análisis de la declaración del imputado de fecha 29-11-2000, como de
la declaración de la ciudadana Cirenia Elena Candales Urdaneta, de fecha
26-04-2001, y del mismo efecto cambiario (cheque), no se desprende con
precisión el lugar del delito cometido porque si bien tiene escrito Santa
Bárbara, no espesifica (SIC) si es del Zulia o de Barinas...”.
El Tribunal requerido envió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia.
La Sala de Casación Penal se constituyó el 27 de diciembre del año 2000 y
al Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros se le designó ponente el 2
de octubre de 2001.
Cumplidos los trámites procedimentales del caso, se pasa a decidir de
acuerdo con el numeral 7 del artículo 266 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y del artículo 81 del Código Orgánico Procesal
Penal.
Los representantes del Ministerio Público señalaron en el escrito de
acusación lo siguiente:
193
“...el ciudadano Marcos José Randazo Quiroz, realizó una compra de carne
res en canal, a la comercializadora Santa Bárbara C.A. ubicada en Santa
Bárbara del Zulia, por la cantidad de Tres Millones Quinientos Sesenta Mil
Setecientos Sesenta Bolívares (Bs. 3.560.760), entregando para la
cancelación de dicha compra un cheque identificado con el Nro. 150-350713-
1, de la cuenta corriente personal Nro. 150-350713-1, del Banco de
Venezuela (...) se dejó constancia que tanto para la fecha de emisión,
presentación para el cobro y protesto del referido cheque, dicha cuenta no
poseía fondos disponibles...”.
El 29 de noviembre de 2001, el ciudadano Marcos José Randazo Quiroz
rindió declaración ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Estado Táchira (folio 43 del expediente) y
manifestó:
“...me dirigí al matadero y le compré dieciséis reses con sus dieciséis trastes
correspondientes según la factura (...) su secretaria me exigió la firma de la
factura...”.
De las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia que la empresa
“Comercializadora Santa Bárbara, Compañía Anónima” está domiciliada en
Santa Bárbara del Zulia, Jurisdicción del Municipio Colón del Estado Zulia,
según se evidencia del artículo segundo del documento que fue autenticado
ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia.
El artículo 53 del Código Orgánico Procesal Penal contempla:
194
“La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde
el delito o falta se haya consumado”.
De lo expuesto se concluye en que los tribunales de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia son los competentes para conocer del presente
juicio, pues fue en esta jurisdicción donde el ciudadano Marcos José
Randazo Quiroz emitió el cheque que después fue protestado ante una
entidad bancaria del Estado Táchira y resultó sin provisión de fondos. Esto
en razón de la regla de la competencia territorial prevista en el artículo 53 del
Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
Decisión
En virtud de los razonamientos antes expuestos, el Tribunal Supremo de
Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, declara competente al Tribunal Primero
de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del
Estado Zulia.
En consecuencia remítase el expediente al Tribunal declarado competente y
una copia certificada de esta decisión al Juzgado Segundo de Control del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los TRECE (13) días del
mes de NOVIEMBRE de dos mil uno. Años 190º de la Independencia y 142º
de la Federación.
195
El Protesto Valor de Plena Prueba
En el juicio por cobro de bolívares seguido por el ciudadano Edgar Jesús
Leoni Gimon contra el Banco Consolidado, C.A., el juzgado Superior Noveno
Accidental en lo Civil Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito
Federal y Estado Miranda, dictó sentencia en fecha 25 de Noviembre de
1986 por la cual declaró CON LUGAR la demanda.
Contra ese fallo anunció recurso de casación el apoderado de parte
demandada y, por efecto de este, una vez que fue oído por Tribunal en
donde, dentro de la oportunidad legal correspondiente, el recurrente
consignó su escrito de formalización. Hubo impugnación. Cumplidos todos
los trámites legales y hecha relación de la causa conforme al Código
derogado por aplicación de la disposición transitoria contenida en el artículo
941 del Código de Procedimiento Civil vigente para esta Sala a dictar su
fallo.
En el capítulo primero del escrito de formalización, intitulado RECURSO DE
FORMA”, se denuncia:
Con fundamento en el ordinal 10 del artículo 421 del Código Procedimiento
Civil, la infracción por la recurrida de los artículos 162 y 12 del Código de
Procedimiento Civil. La del artículo 162, por no contener el fallo) recurrido
decisión expresa, adsitiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas a
las excepciones o defensas opuestas; y el artículo 12 por no haberse atenido
el sentenciador de la recurrida a lo alegado y probado en autos, y por haber
196
declarado con lugar la demanda, sin existir plena prueba de la acción
deducida.
Expone el formalizante, que la recurrida violó al artículo 12 del Código de
Procedimiento Civil.
“…por cuanto en el libelo de demanda la parte actora demanda al BANCA
CONSOLIDADO,C.A. para que se me haga entrega de la cantidad de dinero
que disponía en su cuenta corriente para el momento de levantar el protesto
y al pago de.. – “En ninguna parte del libelo se expresa ni se alega cual será
cantidad de dinero que existía en el momento de levantar el protesto.
Tampoco se alega ni afirma la fecha del protesto, ni tampoco se alega que el
protesto indica el monto que había en esa fecha. La sentencia recurrida en
su parte dispositiva condena a mi representado al pago de… discriminado
así: la suma de CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 150.942,64)
existente para la oportunidad en la cual se levantó el protesto por parte de la
Notaría Pública de Caracas, con fecha 14 de mayo de 1984;… “Esta
condena está precedida del siguiente párrafo: “por tanto, con la evidencia en
los autos a través del cheque objeto de la demanda, la constancia de su
devolución y del resultado del protesto llevado a cabo por la Notaría Pública
Novena de Caracas, con fecha 14 de Mayo de 1984, de que, habida cuenta
también de la confesión ficta en que incurrió el demandado, en el presente
caso han quedado plenamente probados en el juicio los hechos y alegatos
197
expuestos en el libelo de demanda, esta debe prosperar, como en efecto
prospero, y así se declara”.
Ahora bien, al no haber sido alegado cual es la Cantidad que existía en la
cuenta corriente de la parte actora para el momento de levantar el protesto,
ni tampoco que el protesto indica el monto que había en dicha cuenta para
ese momento, la confesión ficta no pudo abarcar esos hechos, ni podía la
presentación del protesto, que es un elemento extraño al libelo de demanda,
suplir esos alegatos, por lo cual, tanto la cantidad que había para ese
momento como la fecha del protesto al que nos venimos refiriendo, fueron
hechos no alegados en la demanda que por lo tanto no podrían ser dados
por probados. (…)
(…) violó igualmente el artículo 162 del mismo Código, por cuanto éste
dispone que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva, precisa
con arreglo a las acciones deducidas y a las excepciones o defensas
opuestas y la acción deducida era la que le pagarán “la cantidad de dinero
que disponía en su cuenta corriente para el momento de levantar el protesto,
conforme al fundamento fáctico de la acción intentada, en el cual no había
sido alegada ninguna cifra o cantidad de dinero existente para esa fecha”.
La Corte para decidir observa:
El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil en su aparte único impone a
los jueces la obligación de declarar con lugar la demanda, cuando exista
plena prueba de la acción deducida; y en su encabezamiento el mismo
artículo establece que los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, y
198
esta verdad procesal es la que resulta de lo alegado y probado en autos.
(Sent. G.F. NO 2, 1949).
El maestro Borjas en sus Comentarios al Código de Procedimiento Civil, en
lo referente al precepto aquí debatido expone: “No podrían (los jueces)
declarar con lugar la demanda sino cuando existía plena prueba de la acción
deducida. Este precepto es consecuencial del que sería la verdad constante
en autos como (Único norte de los tribunales. La plena prueba es “la que
manifiesta, sin dejar duda alguna, la verdad del hecho controvertido”.
La recurrida al hacer la relación de los hechos expresa: “…al libelo de
demanda el referido apoderado acompañó los recaudos siguientes: a)
Solicitud de protesto ante la Notaría Pública Novena de Caracas, con el acta
respectiva;…”
Y en el fallo, refiriéndose al libelo de demanda, expone: “…Y el apoderado
actor concluye así: “…recibiendo instrucciones precisas de mi representado
vengo a demandar como en efecto demando al Banco Consolidado, C.A. …
para que se me haga entrega de la cantidad de dinero que disponía en
cuenta corriente para el momento de levantar el protesto…
La recurrida examina luego todos y cada uno de los alegatos formulados a
favor del demandado, “a partir de la oportunidad en que el representante
judicial de aquél se apersonó en el juicio…” Y deja constancia deque en
ninguno de estos alegatos se refiere el representante judicial del demandado,
al punto aquí debatido.
199
Ya para concluir expresa la recurrida lo siguiente: “…Por tanto, con la
evidencia de los autos… - y del resultado del protesto llevado a cabo por la
Notaría Pública Novena de Caracas, con fecha 14 de Mayo de 1984…”
“En consecuencia, con fundamento en las consideraciones anteriores, este
JUZGADO SUPERIOR ACCIDENTAL administrando justicia en nombre de la
República de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar la
demanda promovida por el ciudadano Edgar Jesús Leoni Gimon contra el
Banco Consolidado, C.A., identificado en los autos y por ello el demandado
queda obligado a pagarle o entregarle al demandante la cantidad de Un
millón doscientos mil novecientos cuarenta y dos bolívares con sesenta y
cuatro céntimos (Bs. 1.200.942,64), discriminada así: la suma de Ciento
cincuenta mil novecientos cuarenta y dos bolívares con sesenta y cuatro
céntimos (Bs. 150.942,64), existente para la oportunidad en la cual se
levantó el protesto por parte de la Notaría Pública Novena de Caracas, con
fecha 14 de mayo de 1984…”.
De lo anteriormente expuesto surge la evidencia de la inexactitud de la
denuncia hecha por el formalizante. En efecto, el actor demanda la entrega
de la cantidad de dinero que disponía en su cuenta corriente para el
momento de levantar el protesto. Acompaña a su demanda, entre otros
recaudos, la solicitud de protesto ante la Notaría Pública Novena de Caracas,
con el acta respectiva. La recurrida se apoya entre otras pruebas en el
resultado del protesto para condenar al demandado al pago de la cantidad
existente para la oportunidad en la cual se levantó el mismo.
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Es evidente en consecuencia, que esa cantidad aparece en el acta
respectiva del protesto. Constituye esta acta una probanza constante en
autos apreciados por la recurrida y no desvirtuados no contradicha por el
demandado en la contestación al fondo de la demanda ni en el período
probatorio. Por tanto, mal puede sostener el demandado que la recurrida
declaró con lugar la demanda sin existir plena prueba de la acción deducida
y no se atuvo a lo alegado y probado en autos. Y en cuanto a no contener la
recurrida decisión expresa, positiva y precisa, se remite la Sala al párrafo
pertinente transcrito de la página 10 de la recurrida.
No incurrió pues, la recurrida en las infracciones de los artículos 12 y 162 del
Código de Procedimiento Civil A mayor abundamiento, si el formalizante no
estaba de acuerdo con la suma que según la sentencia recurrida se
encontraba en la cuenta corriente del actor para el momento de levantarse el
protesto, hubiera sido necesario que denunciara la infracción de las
correspondientes reglas valorativas del merito de la prueba para que esta
Sala entrara al fondo del asunto para verificar lo anterior. Se declara sin lugar
la denuncia.
(CSJ-Sala de casación Civil) Sentencia del 02-03-1988 con ponencia del
Magistrado Dr. Luis Dario Velándia).
Obligación del librador: requerimiento del presentante
A los efectos de este artículo, el librado, a requerimiento del presentante,
estará obligado a expresar al dorso del cheque o en hoja adjunta, la razón
por la cual no hace el pago.