concentración de tierras y contrarreforma agraria egg

FEDEPAZ Fundación de Estudios para el desarrollo Regional y la paz

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CONCENTRACIÓN DE TIERRAS Y REFORMAAGRARIA

Emilio García GutiérrezVillavicencio, julio de 2006


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Concentración de tierras y contrarreforma agraria

Emilio García Gutiérrez

1. Introducción

La tierra y la violencia van juntas. Son hermanas íntimas. Recorren de arribaabajo toda nuestra historia. El levantamiento armado, que es en realidad unaforma de hacer política heredada de las guerras civiles, está vinculado desde losaños 30 al problema de la tierra.

La bancarrota del modelo de substitución de importaciones, la concentraciónacelerada de la propiedad y la saturación urbana impulsaron agresivamente eltraslado de miles de campesinos hacia el confín económico donde la selva aúnconserva intacta la tierra. Durante los años 70 y 80 la colonización fue unmovimiento social que incorporó a la economía más de 10 millones de hectáreas:el Piedemonte de la Cordillera Oriental entre el río Arauca en la frontera conVenezuela y el río Putumayo en la frontera con Ecuador y Perú; el Valle delMagdalena Medio, desde Puerto Boyacá hasta San Alberto; la Sierra Nevada deSanta Martha, los Páramos del Cocuy y de las Hermosas; el Andén Pacífico, elBajo Cauca y el Patía. Todas las tierras buenas -y aún malas- se rindieron una trasotra al impulso colonizador.

Pero en vez de una sociedad próspera, defendida por un Estado fuerte ydemocrático, lo que se da en las zonas de colonización es un proceso acelerado ybrutal de acumulación primitiva de capital.

En las zonas de colonización, como el Ariari - Güejar, el llamado capitalismosalvaje es aún más bárbaro. El colono rompe la montaña, a fuerza; siembra maízy luego pasto. No lo hace porque tenga ganado sino porque la tierra baldía sevuelve posesión al tumbar la selva y sembrarle pasto para poder venderla.Muchas veces esta misma operación la hace por cuenta de un patrón que esperaque su colono deje bien limpia la tierra, es decir sin selva, sin rastrojo yempadrizada.

En cualquiera de los dos casos el ganadero o el negociante en ganado mete susreses y saca al trabajador, que termina como es natural, fundándose más adentroy repitiendo el proceso. Para ser más justos, los colonos suelen luchar hastadonde pueden, sosteniendo la caña con la ilusión de hacer finca. Algunosresisten un poco más que otros y siembran además del maíz, plátano, arroz,meten marranos y hasta un par de vacas; pelean con el Estado para que ésteponga escuela, puesto de salud y ayude a abrir una trocha. Así valorizan lasmejoras, no sólo con su trabajo propio sino con el capital social representado enlas obras de infraestructura. El comerciante tiene sin embargo los ojos abiertos y


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la mano ávida: compra al colono barato sus cosechas y le vende caro la remesa:lo arruina. Y cuando lo tiene postrado -y en la vereda ya hay escuela, puesto desalud y trocha- le compra la tierra. El colono entonces toma el mismo camino desus compañeros expulsados antes y se mete a tumbar selva donde va el corte.

Esta ha sido la historia que los campesinos han vivido y sufrido en las zonas decolonización. El comerciante arruina al colono y termina comprando las mejorasque convierte en haciendas ganaderas en sus manos o en las de losterratenientes. El Estado - con su presencia y con sus ausencias -apoya y legitimael proceso mediante la construcción de obras que valorizan la tierra, la represión ala protesta de los colonos y la abierta parcialización institucional a favor de losgrandes propietarios, ganaderos y comerciantes. No de otra manera se lograacelerar la acumulación de capital en las zonas periféricas. El resultado es laexpropiación del colono y la reproducción en las regiones de colonización de lascondiciones que expulsaron a los campesinos de sus tierras originales.

El Estado de postración e indefensión de los colonos, es, sin duda, una de las másfuertes razones que contribuyen a explicar el desarrollo y fortalecimiento delmovimiento armado. Habrá otras razones: la inexistencia para el ejercicio legalde la oposición, la arbitrariedad, la miseria urbana, la crisis de la clase media, laexplotación de la clase obrera. Sin duda. Pero el nervio vital del problema resideen las modalidades de acumulación de capital en las zonas de colonización queequivale a un proceso de expropiación permanente de la propiedad hecha a fuerzade los colonos.

Esta condición de bancarrota permanente y forzada es también la que ha obligadoa los colonos a aceptar como un regalo caído del cielo los cultivos ilícitos. Loscolonos los consideran la manifestación concreta de las promesas que la sociedadles ha hecho y con las cuales los ha provocado. Por primera vez para los colonosel trabajo es rentable, rinde lo que debe rendir No importa que su producto seailícito.

En este sentido, las mismas fuerzas que han empujado al colono a la luchaarmada son las que lo han obligado a buscar una solución económica paraalcanzar lo que la sociedad le impone y a la vez le niega. Los dos fenómenosestán ligados en la raíz social común: en el carácter ilegal que toma la salidapolítica por la vía de la insurrección armada y la salida económica por la vía de loscultivos ilícitos. Hay otros elementos sociales y sobre todo políticos que seasocian a esa raíz, pero esta siempre estará presente en toda explicación delfenómeno. Raíz común, que por lo demás, le viene como anillo al dedo a losenemigos de las soluciones agrarias para condenar, estigmatizar y perseguir almovimiento campesino.

La lucha armada se desarrolló y se consolidó antes de la existencia de los cultivosilícitos y se ha extendido a zonas donde estos no existen -se sabe pero no se dice- ;y a su vez, los cultivos ilícitos han prendido en zonas donde la lucha armada no ha


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llegado. Hay una dependencia relativa en el desarrollo de los dos fenómenos, perola cuna donde nacen es la misma.

De manera que en muy buena medida la concentración de la tierra, la expulsiónde campesinos y colonos, la violencia contra la protesta y la ausencia de unapolítica agraria a favor de los pobres del campo han abierto el camino que por allícorran parejos la sublevación armada y con la generalización de las siembras demarihuana, coca y amapola. Si la Reforma Agraria de Carlos Lleras -aún medrosay limitada- no se hubiera enterrado en Chicoral, el Estado tendría mejores armassociales para enfrentar la insurrección y los cultivos ilícitos. La tragedia y laparadoja es que la misma oligarquía que se opuso a la Reforma Agraria perdiósus tierras a manos de los narcotraficantes, o está imposibilitada para visitar yadministrar sus haciendas por causa del boleteo y el secuestro.

Y el cuento sigue. Porque la tragedia de los viejos y de los nuevos terratenientes -para sostener el valor de sus tierras-, ha sido la formación de gruposparamilitares, que hoy enfrentan a la guerrilla y le abren camino a una verdadera ymonstruosa guerra civil.

Apoyándonos en estos planteamientos, estudiamos en este documento ladistribución de la propiedad rural teniendo en cuenta la subregionalizacióndepartamental. Aquí se tiene como base de información las cifras proporcionadaspor el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y las Umata.

Este documento busca propiciar un amplio espacio de análisis y discusión entorno a temas complementarios: primero, la extinción de la propiedad rural confines de reforma agraria; segunda, la eficacia en la implementación o ejecución delas políticas de desarrollo social rural; y tercero, las políticas de seguridadalimentaria.

Cada uno de esos temas corresponde, por sí mismo, a una compleja y conflictivarealidad y, vistos en conjunto, conforman lo que podría denominarse el núcleo dela cuestión agraria en Colombia.

Lejos de mí, ni más faltaba, la pretensión de sentar cátedra sobre un temario deesta magnitud. Serán ustedes, los expertos, quienes deberán ayudarnos adesbrozar el camino. Mi papel en esta oportunidad es el de plantearles unasafirmaciones que considero esenciales y exponerles algunos interrogantes, con elánimo de interpretar las dudas y expectativas de la ciudadanía del Meta sobreestos asuntos.


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2. Las cifras de Colombia rural

Las cifras sobre la Colombia rural que muestran los estudiosos del tema indicanque, a pesar de que desde hace decenas de años los gobiernos han enunciadopolíticas de reforma agraria orientadas a repartir mejor las tierras y propiciar eldesarrollo rural, la propiedad está más concentrada que antes, los dueñosmayoritarios las usan contrariando su vocación y los campesinos han empeoradosus condiciones de vida.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han consignado en sus planes dedesarrollo políticas de reforma agraria, pero, coincidiendo con muchos estudiososdel tema, hay que decir que no se ha contado con la organización institucionaladecuada ni se ha tenido la voluntad política indispensable para hacerlasefectivas. Los índices de concentración de la tierra y las estadísticas sobre tierrasadjudicadas son elocuentes: durante 42 años, la entidad encargada de la reformaagraria, apenas afectó cuatro millones de hectáreas, de las cuales el 75% fueadjudicación de tierras baldías; lo más fácil de la tarea. El coeficiente de Gini, quemide la concentración, era del 0,74, en 1974, y bajó a 0,70, en 1984, pero en1996 subió a 0,81, y parecería que sigue subiendo.

La conclusión es que estamos en una situación en la que, no obstante las políticasde Estado, o por causa de su debilidad, hoy hay pocos propietarios con muchastierras, algunas de ellas mal habidas y mal usadas. Mal usadas porque los suelosmás fértiles y mejor localizados en lugar de ser utilizados para labores agrícolas,se han convertido en grandes e improductivas haciendas dedicadas a la ganaderíao en simples praderas inexplotadas. Este uso inapropiado ha limitado la creaciónde empleos rurales, con sus impactos negativos sobre la pobreza y la calidad devida de sus pobladores. Además, la presencia de los capitales ilícitos ha disparadoel precio de las tierras en diversas regiones del territorio nacional con lo cual se haestimulado un mercado especulativo, con efectos nocivos sobre el conjunto de laproducción agrícola del país.

La propiedad de la tierra se concentró en los últimos años pero, además, según loindican varios estudios sobre el tema, esta contrarreforma agraria se hizoacudiendo a la fuerza de las armas o a dineros derivados de actividades ilícitas. Seconstata que es en las áreas con mayor potencial económico donde se registran


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los mayores coeficientes de concentración de la propiedad y los mayoresdesplazamientos forzados. El control paramilitar tiene su mayor incidencia en losdepartamentos y zonas donde se ubican los desarrollos agroindustriales delbanano, y más recientemente de la palma africana, y en donde hay perspectivasde establecer proyectos de conducción de hidrocarburos, siderúrgica, integraciónvial y turismo. Los departamentos en donde existían los mayores niveles deconcentración de la propiedad, tendieron a ser los principales expulsores dedesplazados por la violencia. Los estimativos indican que un 72% de losdesplazados abandonó sus predios, mientras que sólo un 13% los vendió.

La concentración de tierras, a más de agudizar la crisis agrícola y social delcampo, desde el punto de vista político ha significado la ampliación del carácterseñorial y dominante de la gran propiedad rural. Los señores de tierra son hoy losmismos señores de la guerra y este fenómeno socava nuestro régimendemocrático y cambia el mapa político del país. Por ahora el de la zona rural,pero, de no contenerse mediante una acelerada extinción del dominio, orientará alpaís hacia una estructura autoritaria en los niveles locales y regionales que sereflejará en el nivel nacional. Es por eso que la discusión sobre la reforma agrariase vincula con la de la extinción del dominio; figura ésta que tenemos en nuestraConstitución desde hace muchos años, y que desde hace ya mucho tiempo losgobiernos están tratando de aplicar sin muchos resultados.

Pero también la política de extinción del dominio de los bienes mal habidos haenfrentado problemas de gestión y administración y de falta de voluntad política.Hay serios problemas de administración y la tarea perece ser demasiado grande ydifícil como para ser asumida solamente por una entidad, la Dirección Nacional deEstupefacientes.

En cuanto a la voluntad política, los expertos en el tema han mostrado cómo lamayoría de las acciones de extinción de dominio han sido sobre narcotraficantesque ya están muertos, mientras que poco se ha hecho sobre los que hoy dominanlas tierras y las vidas de las gentes del campo por la fuerza de las armas.

Frente al tema de recuperación de la tierra por los desplazados sería pertinentetener en cuenta que los concejos municipales liberen a los antiguos propietariosde cargas fiscales y de servicios públicos que hoy gravitan sobre los predios y sedefina un procedimiento administrativo expedito para restituir de forma rápida lastierras a sus anteriores propietarios o poseedores. No sería la primera vez que eneste país se adoptan políticas para restituirle los desplazados de la violencia sustierras. En su momento lo hicieron las administraciones de Rojas Pinilla y deLleras Camargo.

Quisiera recordar lo dicho por el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez y es quemientras el Estado no recupere su autoridad, en todo el territorio y en relación contodos los factores armados, no habrá ninguna posibilidad de éxito en estamateria. Según él, en el pasado hubo dificultades con los pocos predios ruralessobre los que en su momento se logró iniciar procesos de extinción, porque


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inmediatamente aparecieron los grupos ilegales a intimidar a los campesinos aquienes se les asignaban provisionalmente esos bienes. Por lo cual, como lo dijoel doctor Gómez Méndez, nada sacamos con dar las cifras sobre las hectáreas detierra que probablemente vamos a poder expropiar para la paz y el bienestar delos habitantes del campo si se mantiene esa misma estructura de amenaza y deintimidación de los expropiados.

Es necesario extinguirles el dominio de las tierras a los señores de la guerra ydedicar a la reforma agraria las tierras que se recuperen. Pero para esto sonnecesarios ajustes en la administración de las políticas de reforma agraria yextinción de dominio y hacer más eficiente la acción de las entidades encargadasde la tarea.

3. Distribución de la propiedad rural en el Meta

Con base en la información de Catastro departamental para 1998, tenemos queen el Meta predomina la estructura latifundista en la que el 4.6% de los predios(2026) son mayores de 500 hectáreas y abarcan el 71.27% de la superficie total(3´900.054 hectáreas), lo que arroja un promedio de 1925 hectáreas por predio(Tabla 1). De otra parte, encontramos que el 95.4% de los predios solo poseen el28.73% de la superficie total.


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Tabla 1. Distribución de la propiedad rural en el departamento del Meta

Rango(ha)

No. predios % Superficie(ha)

%

Menos de 5 15.577 35.6 22.781 0.42

De 5 a 20 10.773 24.6 116.742 2.13

De 20 a 100 11.043 25.2 499.800 9.14

De 100 a 500 4.387 10.0 930.670 17.04

De 500 a 1000 1.156 2.6 887.224 16.2

Mayores de 1000 870 2.0 3.128.830 55.07

Totales 43.806 100.0 5.470.049 100.0

Fuente: Cálculos del autor con base en datos del IGAC.

Con la información suministrada por Catastro departamental podemos sacar lassiguientes conclusiones:

La pequeña propiedad propiamente dicha donde generalmente se tienenformas atrasadas de producción muestra que los predios menores de 5hectáreas que representan el 35.4% del total, están restringidos a menosdel 0.42% de la superficie con un promedio de 1.4 hectáreas por predio.En el Meta los predios menores de 1 ha en el área rural llegan al 0.02% dela superficie (1.467 has) y corresponden a 7.923 predios lo que equivale al18.08 % del total de las propiedades (1852 m2 por predio).

La propiedad comprendida entre 5 y 20 hectáreas poseen 116.742hectáreas que equivalen al 2.13% del total y corresponde a 10.773 prediosque representan el 24.6% del total con un promedio de 10.8 hectáreas porpredio (Tabla 2).

Otra cifra de importancia para el análisis parece apostarle el número depredios menores de 50 hectáreas denominadas anteriormente deeconomía campesina donde escasamente el 6.76% del área rural(370.359 hectáreas) pertenecen a 33.515 predios que equivalen al 76.5%del total (Tabla 3).

Es igualmente digno de tener en cuenta que en el departamento del Metalos predios menores de 100 hectáreas en poder del 84.0% de lospropietarios (46.940) solamente alcanzan a tener acceso al 11.68% delárea (639.32l hectáreas).


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Las propiedades entre 100 y 500 hectáreas quizás el área más óptimapara la agricultura de tipo empresarial, tiene el 17.0% de la superficiedistribuida en 4.387 predios que equivalen al 10% del total.

Las propiedades mayores de 500 hectáreas como anotamosanteriormente corresponden a 2.026 predios que poseen el 71.3% de lasuperficie total que corresponden a 2.815 propietarios que es unequivalente de 5.0% de 55.834 propietarios.

Con la comparación de la distribución de la propiedad rural en el año de 1960 y1998 podemos sacar algunas conclusiones (Tabla 4):

La pequeña propiedad con extensiones menores de 5 hectáreas aumentade número al pasar de 6264 a 15577, equivalente a un 40.2% peromantienen su participación porcentual dentro del total de la superficie deldepartamento del 0.34% al 0.42%; con un promedio de 1.4 hectáreas porpredio en 1998.

Las propiedades de 5 a 20 hectáreas con relación a su participaciónporcentual tiene un ligero descenso, pues en cuanto a predios es de 1.4%(26% al 24.6%). Aumentó si su participación porcentual de superficie (de1.29% al 2.13%) y en términos absolutos hay un aumento de la superficie(de 40.114 has a 116.742 has).


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Tabla 2. Distribución de la propiedad rural por número de predios en eldepartamento del Meta, 1960-1970/71-1985-1988-1994 y 1998

RangoHas

Numero de predios1960 1970/71 1985 1988 1994 1998

No. % No. % No. % No. % No. % No. %Menos de

1

2134 13.

4

1492 9.6 3318 12.5 3911 13.3 4923 12.9 7923 18.0

De 1 a 5 4130 26.

0

2459 15.8 4466 16.8 4996 17.0 6832 17,9 7654 17.4

De 5 a 10 2150 13.

6

1565 10 3412 12.8 3824 13.0 4809 12.6 5165 11.7

De 10 a

20

1984 12.

5

1931 12.4 3671 13.8 4088 13.9 5292 13.9 5608 12.8

De 20 a

50

2046 12.

9

2920 18.8 6146 19.3 5388 18.4 6857 17.9 7165 16.4

De 50 a

100

1325 8.3 1906 12.2 2348 8.8 2525 8.6 3704 9.7 3878 8.9

De 100 a

200

787 5 1257 8.1 1612 6 1722 5.9 2380 6.2 2500 5.7

De 200 a

500

612 3.9 073 6.3 1237 4.6 1324 4.6 1619 4.2 1887 4.3

De 500 a

1000

249 1.6 379 2.4 561 2.1 628 2.1 896 2.3 1156 2.6

Mayores

de 1000

454 2.9 689 4.4 879 3.3 931 3.2 914 2.4 870 2.0

Totales 15871 100 15568 100 26645 100 29337 100 38226 100 43806 100

Fuente: Cálculos con base Instituto Agustín Codazzi.


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Tabla 3. Distribución de la propiedad rural por grupos de superficie en eldepartamento del Meta, 1960-1970/71-1985-1988-1994 y 1998

Fuente: Cálculos del autor con base Instituto Agustín Codazzi.

La propiedad de tamaño medio, pero ya de algún alcance empresarial de20 a 100 hectáreas muestra aumentos de número de predios (3371)21.2% a (11043) predios que significa el 25.2% de 148.380 hectáreas a499.800 hectáreas y del 4.77% de la superficie total al 9.14%.

La propiedad de tamaño grande de 100 a 500 hectáreas aunqueobviamente la extensión óptima varia según las condiciones naturales y eltipo de suelo y cultivo, crece en número de predios (de 1399 a 4387), enparticipación porcentual dentro del total (de 8.8% a 10.0%), en superficie(de 200.375 has a 930.670 ha) y en términos porcentuales de superficietotal (de 9.00% a 17.04%). Así la gran propiedad se consolida y amplia.

Rango(ha)

Grupos de superficie1960 1970/71 1985 1988 1994 1998

No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Menosde 1

565 0.02 838 0.02 696 0.01 866 0.02 1135 0.02 1467 0.03

De 1 a 5 10215 0.32 6552 0.17 12426 0.25 14236 0.28 19327 0.36 21313 0.39

De 5 a10

14248 0.46 10952 0.3 24184 0.48 27286 0.5 34573 0.63 36946 0.68

De 10 a20

25866 1 26912 0.7 85289 1.03 58287 1.1 75290 1.38 19796 1.46

De 20 a50

62624 2 93512 2.5 168760 3.33 175105 3.5 221312 4.07 230837 4.2

De 50 a100

85756 2.7 128829 3.51 159728 3.2 173886 3.4 255900 4.70 268962 4.9

De 100a 200

103875 3.3 171340 4.7 223727 4.4 238859 4.6 327455 6.02 343306 6.3

De 200a 500

176500 5.7 293015 8 381135 7.5 418316 8.1 543211 9.98 587343 10.7

De 500a 1000

165571 5.3 257598 7 400541 7.9 447478 8.7 658709 12.11 687224 16.2

Mayoresde 1000

2462895 79.2 2681858 73.1 3632797 71.9 3590349 69.8 3304326 60.73 5012830 55.1

Totales 3108115 100 3671101 100 5056253 100 5144668 100 5441228 100 5470049 100


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Dentro de las propiedades de extensión mayor de 500 hectáreas el númerode predios se incrementó de 703 a 2026 predios y de 2.628.566 hectáreasa 4.016.054 hectáreas, lo cual nos indica un incremento de 1.387.488hectáreas.

Tabla 4. Distribución de la propiedad rural por grupos de superficie y número depredios en 1960 y 1998 en el Meta.

Rango(ha)

1960 1998Predio % Superficie % Predio % Superficie %

Menos de 5 6264 39.4 10780 0.34 15577 35.6 22781 0.42

De 5-20 4134 26.0 40114 1.29 10773 24.6 116742 2.13

De 20-100 3371 21.2 148138 4.77 11043 25.2 499800 9.14

De 100-500 1399 8.8 200375 9.00 4387 10.0 930670 17.04

De 500 - 1000 249 1.5 165571 5.32 1156 2.6 887224 16.20

Mayores de

1000

454 2.8 2462995 79.24 870 2.0 3128830 55.07

Totales 15871 100 3108115 100 43806 100 3470049 100

Fuente: Cálculos del autor con base de datos del IGAC.

Con el anterior análisis podemos concluir que en el departamento del Metatenemos 5.470.049 hectáreas que comprende 43.806 predios donde predominauna estructura latifundista en la que el 4.6% de los predios (2026) son mayores de500 hectáreas y abarcan el 71.27% de la superficie total (4.016.054 hectáreas),lo que arroja un promedio de 1982 hectáreas por predio (Tabla 3). De otra parte,encontramos que el 95.4% de los predios restantes solo posee el 28.73% de lasuperficie total.

Esta abismal diferencia en la tenencia de la tierra perpetua en buena parte delcampo metense un sistema atrasado de producción basado en el sojuzgamiento yla explotación de los campesinos por parte de una minoría terrateniente o“neoganadera”. Este sistema es causa del estancamiento de las fuerzasproductoras y conserva las técnicas y procedimientos más rudimentarios deexplotación de la tierra1.

Ahora, veamos cual es la distribución de los predios y la superficie para cadasubregión tomando como base la existencia de cinco unidades fisiográficas: el

1 García Gutiérrez, E. Apuntes para el estudio de la propiedad rural en el Meta. CEDER,Villavicencio – Meta, 1996 pp. 50-53.


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Piedemonte, el Ariari, Ariari no consolidado, Río Meta y San Martín- Mapiripán(Tabla 5).

Tabla 5. Distribución de los predios rurales y superficie por regiones en eldepartamento del Meta. 1998

Subregión No. predios % Superficie (ha) %

Piedemonte 19370 42.0 568.985 10.4

Ariari consolidado 7741 16.8 260.781 4.8

Ariari no consolidado 10445 22.8 828.257 15.1

Río Meta 5305 11.5 2532390 46.3

San Martín - Mapiripán 3198 6.9 4282323 23.4

Total 46059 100 5472736 100

Fuente: Cálculos del autor con base en el IGAC.

3.1 Subregión del Piedemonte

Esta subregión esta conformada por los municipios de Villavicencio, Acacias,Castilla la Nueva, Cumaral, El Calvario, San Juanito, Guamal, Restrepo, San Carlos


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de Guaroa comprende 19.370 predios rurales con una superficie de 568.985hectáreas.

Concentra el 42% del total de los predios del departamento que ocupan el 10.4%de la superficie con un promedio de 29.3 has por predio; la gran mayoría de estospredios se encuentran concentrados en los municipios de Villavicencio y Acacias.

Con excepción de municipios como San Juanito y El Calvario, ubicados en lacordillera y dedicados fundamentalmente al pancoger, los demás municipios dela subregión presentan mayor concentración poblacional, de infraestructura físicay de servicios, así como más dinámicos polos de desarrollo. Predominan lospredios en el rango de 20 a 500 hectáreas que es el tamaño para la agriculturacomercial ubicada en el Piedemonte. Los principales productos agrícolas de estasubregión son el arroz, la palma aceitera, el maíz y la soya.

Al lado de esta agricultura empresarial, se encuentra en el Piedemonte del Metalos municipios que tienen una menor producción en el concierto departamental:San Juanito y El Calvario. Su estructura es eminentemente minifundista, ya que el81% de los predios son menores de 20 hectáreas. Los predios mayores de 100has en el Calvario alcanzan el 1.9% del total de los predios y en San Juanitosolamente el 1.2% del total y se encuentran dedicados a una explotaciónganadera atrasada y en zonas con graves problemas de erosión y de destruccióndel suelo. Allí la producción de los pequeños productores está dedicada alautoconsumo y a la comercialización de algunos pequeños excedentes de laproducción campesina.

3.2 Subregión del Ariari


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La subregión del Ariari comprende los municipios de Cubarral, El Castillo, ElDorado, Fuente de Oro y Granada concentra 7.741 predios (16.8% del totaldepartamental), con una superficie de 260.781 hectáreas (4.8% de superficie delMeta). Municipios como Cubarral y El Castillo tiene las características típicas delos asentamientos cordilleranos con igual o mayor número de problemas deinfraestructura y servicios, escasa presencia del Estado y una economíacampesina dedicada esencialmente al maíz tradicional, cacao, yuca, café, plátanoy papaya. La producción tecnificada de El Castillo se encuentra en el área deinfluencia de Medellín del Ariari donde se concentran los mejores suelos y lasmejores condiciones de accesibilidad a los principales centros de mercadeo.

Los municipios de Granada y Fuente de Oro por sus características naturales,producción, relieve y dinámicas socioeconómicas se acercan más al eje central delpiedemonte.

Los demás municipios como Mesetas, La Macarena, la Uribe y Lejanías presentancaracterísticas propias de las zonas de colonización predominando prediospequeños y medianos y la falta de vías.

3.3. Subregión del Ariari no consolidada

La subregión del Ariari no consolidada es más homogénea en municipios comoSan Juan de Arama, Vistahermosa y Puerto Lleras, evidenciando un incipientedesarrollo de cultivos comerciales. En suelos muy especiales se tienen cultivostecnificados de maíz, arroz, y palma africana con excepción de Puerto Rico yPuerto Lleras donde se fortalece el proceso de concentración de la tierra y, por


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consiguiente la conformación de ganaderías extensivas en detrimento de laactividad agrícola. Se presenta en estos dos municipios una producción orientada

a la subsistencia y una altísima movilidad de los predios a medida que se“civilizan” por parte de los colonos, con una fuerte tendencia hacia laconformación de ganaderías extensivas en las mejores tierras a medida que sefortalece la presencia estatal con infraestructura. El total de predios para estasubregión es de 10.445 que comprende el 22.8% y con una superficie de 828.257hectáreas equivalente al 15.1% del total departamental.

Este tipo de colonización que podríamos llamar irracional es la clara demostraciónde la falta de una Reforma Agraria. La colonización continúa siendo unaalternativa reciente que lejos de aliviar las tensiones sociales en el campo agravalos conflictos y multiplica los costos presentes y futuros del crecimientoagropecuario por el deterioro masivo e irreversible de espacios ecológicamentecríticos. La destrucción progresiva de los recursos naturales allí y la ocupaciónacelerada del espacio rural por nuevos latifundios, conforman un verdaderoproceso de concentración de la tierra.

Aun cuando la Sierra de la Macarena y su zona de influencia es considerada demanejo especial, mantiene una dinámica similar a la de cualquier zona decolonización solo que con consecuencias más graves, ya no solo de carácter socio-económico directo sino por la imposibilidad de recuperar un patrimonio de lahumanidad que encierra una enorme riqueza genética aún desconocida en todasu dimensión.

3.4 Subregión del Río Meta

Los municipios de Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto Gaitán y Puerto López sonlos que conforman esta subregión con un total de 5.305 predios (11.5%) y unasuperficie de 2´532.390 hectáreas, presentando una elevada concentración de latierra del 46.3%, fortalecida por la presencia de suelos de sabana que abarcancerca del 60% de la superficie total, orientadas a explotaciones ganaderas


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extensivas. En Puerto López los predios mayores de 200 hectáreas son el 24.9%del total pero poseen el 89% de la superficie municipal; en el municipio de Puerto

Gaitán este tamaño de la propiedad constituye el 84.5% del total y alcanza el99.5% de la tierra. En Puerto Gaitán prácticamente no existen predios pequeñosya que el 88.9% de ellos son mayores de 100 hectáreas (Tabla 6).

Tabla 6. Distribución de la propiedad rural y participación porcentual por rangosde superficie en el municipio de Puerto López y Puerto Gaitán.

RangoHectáreas

Puerto Gaitán Puerto LópezPredio % Superficie % Predio % Superficie %

Menores de 1 42 4.1 4 0.0002 832 27.2 216 0.03

De 1 a 5 16 1.64 43 0.002 231 7.6 566 0.08

De 5 a 20 16 1.60 167 0.01 344 11.2 3792 0.6

De 20 a 50 17 1.7 562 0.03 360 11.8 12236 1.8

De 50 a 100 21 2.1 1375 0.08 264 8.6 18571 2.8

De 100 a 200 45 4.4 6069 0.4 265 8.7 38223 5.7

De 200 a 500 132 13.0 45779 2.6 337 11.0 108356 16.1

De 500 a 1000 376 37.0 306461 17.7 288 9.4 225962 33.8

Mayores de

1000

351 34.5 1372077 79.2 137 4.5 261357 39.1

Total 1016 100.0 1732540 100.0 3058 100.0 669282 100.0

Fuente: Cálculo del autor con base en el IGAC.

Esto se explica por cuanto el nivel de conocimiento actual así como las enormesdistancias entre otros muchos factores, impiden explotar de una forma másadecuada los suelos de sabana y obligan a la conformación de ganaderíasextensivas con la siembra de unos pocos cultivos de subsistencia que requierengrandes extensiones de tierra para ser rotados permanentemente.

3.5. Subregión de San Martin – Mapiripan


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Con excepción de una pequeña área de Piedemonte en San Martín, el resto de sussuelos de este eje son sabanas naturales y bosques transicionales.

En San Martín existen 595 predios menores de 20 hectáreas que corresponden al35.5 % de predios, con una superficie de 3.460 hectáreas que equivalen al 0.6% del total (Tabla 7). En San Martín los predios mayores de 100 hectáreas son574 y representan el 34.3% del total municipal con un área de 556.145hectáreas equivalente al 95.1% lo cual arroja un promedio de 969 hectáreas porpredio en este municipio.

Tabla 7. Distribución de la propiedad rural y participación porcentual por rangosde superficie en San Martín y Mapiripán.

RangoHectáreas

Mapiripán San MartínPredio % Superficie % Predio % Superficie %

Menores de 1 3 0.4 1 0.0002 220 13.1 35 0.006

De 1 a 5 14 2.0 23 0.004 113 6.7 322 0.06

De 5 a 20 21 3.0 248 0.04 262 15.7 3103 0.5

De 20 a 50 54 7.8 1717 0.3 311 18.6 10155 1.7

De 50 a 100 95 13.7 6300 1.1 208 12.5 14969 2.6

De 100 a 200 90 13.0 12144 2.0 179 10.7 24300 4.1

De 200 a 500 158 23.0 51395 8.6 171 10.2 55088 9.4

De 500 a 1000 101 14.6 71157 11.9 124 7.4 97527 16.7

Mayores de

1000

155 22.4 454288 76.1 100 6.0 379230 64.9

Total 691 100 597276 100 1668 100 584732 100

Fuente: Cálculos del autor con base en el IGAC.

En Mapiripán existen 691 predios, de los cuales el 73% de los predios sonmayores de 100 hectáreas y totalizan 504 unidades con una superficie de588.984 hectáreas que representan el 98.6% del área total para un promedio de1.169 hectáreas por predio.

Persiste en el sector rural del departamento del Meta dos polos: el latifundio yminifundio que en su tremenda desigualdad, hacen que los campesinos yempresarios agrícolas se mantengan aplastados por el atraso y la miseria,frenando la utilización económica, racional de la tierra y perpetuando el dominiode los terratenientes, con sus latifundios improductivos para la sociedad peroaltamente rentables para el terrateniente por la ganancia que obtiene sin la


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inseguridad en la inversión que es uno de los problemas que soporta elempresario del campo2.

4. Reflexiones e interrogantes

Primera reflexión. Mediante la compra o apropiación indebida de tierras pornarcotraficantes y grupos armados ilegales, en los últimos 20 años se ha realizadola más aberrante concentración de la tierra en el país. Una auténticacontrarreforma agraria.

Diversos estimativos sobre la compra de tierras por parte de los narcotraficantes,varían así: un mínimo de un millón de hectáreas, equivalente a casi el 3% delterritorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables (ContraloríaDelegada para Defensa, Justicia y Seguridad). Otros, de cerca de tres millones dehectáreas, como en el trabajo de Roberto Steiner y Alejandra Corchuelo de 1999.

Analistas, como Ricardo Rocha, en su estudio del año 2000, indican que losnarcotraficantes poseían cerca de 4,4 millones de hectáreas que podrían tener unvalor de 2.500 millones de dólares.

Estos estimativos, deberían incorporar las tierras apropiadas indebidamente porgrupos armados ilegales, áreas que al parecer no se han contemplado en loscálculos antes mencionados, a más de aquellas apropiadas por gruposorganizados de la delincuencia común. Y ello lo considero muy útil para disponerde un sistema consistente de información, del que hoy carecemos, y que sirva debase a las decisiones de la política pública.

El punto esencial, en esta primera afirmación, es que la apropiación de tierras porparte de los narcotraficantes equivale a una gigantesca contrarreforma agraria.Ello se aprecia de dos maneras. Por una parte, según cálculos del Incora, losnarcotraficantes se han apropiado de casi un 50% de las mejores tierras del país,mientras que cerca de un 70% de los propietarios, en particular los pequeñoscampesinos, sólo posee el 5% del área, tal como se consigna en un estudio sobredrogas ilícitas en Colombia auspiciado por el PNUD y la Dirección Nacional deEstupefacientes.

Las cifras disponibles también indican que el otro interés de los narcotraficantesha sido la adquisición de tierras localizadas en las zonas de frontera agrícola, conel fin de desarrollar cultivos ilícitos e instalar laboratorios para su procesamiento.Así que se ha presentado un doble motivo: primero, la búsqueda de concentración,acumulación y generación de renta, mediante la inversión ilícita en tierras,especialmente fincas ganaderas; y segundo, la provisión de tierras aptas yestratégicas para el cultivo y el procesamiento de la coca ( Puerto Gaitan ,VistaHermosa, Mapiripan , Puerto Concordia, Puerto Rico, entre otros).

2 García Gutiérrez E., 1996. Apuntes para el estudio de la propiedad rural en el Meta. CEDER,Villavicencio, 1996. pp. 50-53


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Las formas de apropiación han sido diversas, pero pueden englobarse en dostipos: la compra, con el pago de precios remunerativos, en un auténtico lavado dedineros ilícitos; y la apropiación, por la fuerza de las armas, casi siempre conpagos a menor precio, en zonas de conflicto.

Como reflejo de lo anterior, el actual índice de concentración de la tierra,expresado a través del llamado índice de GINI, es de 0,85, uno de los más altos enAmérica Latina. Para abundar en estas materias, un estudio que realizó CarlosOssa para el Banco de la República, hace pocos años, mostró que entre 1985 y1996 más de la tercera parte del aumento del área catrastada estaba en prediosde más de mil hectáreas; es decir, como lo indicó Ossa, “pocos propietarios conmuchas tierras”.

Estos índices, y en general los estudios de concentración, no reflejan plenamentela realidad, puesto que se basan en la distribución nominal de predios. Porconsiguiente, el cálculo real se hace difícil dado que los registros oficiales deposesión de predios no determinan claramente los propietarios reales, escondidosdetrás de testaferros. Sobra decir, además, que el narcotráfico utiliza diferentes eingeniosos métodos para no figurar como dueños legítimos de las tierras. Estascircunstancias, entre otras, han dificultado los procesos de incautación dehectáreas y bienes por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

En todo caso, como resultado de los fenómenos antes anotados, nuestraeconomía legal padece del enorme lavado de activos, además del contrabando, larevaluación de la tasa de cambio, la pérdida de empleos en el sector agrario y susefectos perjudiciales sobre la sociedad rural, la producción y las exportacionesagrícolas. Y estos problemas, tan de fondo, no van a ser resueltos, como se creeen ciertos círculos, con la firma de un Tratado de Libre Comercio con los EstadosUnidos. Lo que se requiere en forma prioritaria es poner en marcha una agendainterna de desarrollo que propenda por la recuperación sostenible del agro, laredistribución de la propiedad rural y la generación de altos ingresos y empleoproductivo para el campesinado.

Segunda reflexión. La concentración de tierras con recursos ilícitos o mediantemedios violentos ha contribuido a la crisis agrícola y social del campo, a más deagudizar, desde el punto de vista político, el carácter señorial y dominante de lagran propiedad rural.

La concentración de tierras, además de ser una de las más grandes operacionesde lavado de dineros del narcotráfico, y posiblemente del secuestro y la extorsión,le ha traído al sector rural, en particular, y, en forma general, a la economía y lasociedad colombianas, graves impactos que debo señalar sucintamente:

1. El mal uso de las tierras apropiadas, toda vez que, en un número importante decasos, se trata de las más fértiles y las mejor localizadas que, en lugar de serutilizadas para labores agrícolas, se convierten en grandes e improductivashaciendas. Así, las propiedades de los narcos no contribuyen a la seguridad


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alimentaria en la medida en que constituyen fuentes ilegales de ahorro yacumulación para legitimar su inserción social y política pero no en unidades deproducción eficientes.

2. Se ha limitado la creación de empleos rurales, con sus impactos negativossobre la pobreza y la calidad de vida de sus pobladores. El profesor AlejandroGaviria advirtió hace pocas semanas que la pobreza rural aumentó del 66% al69% entre 2003 y 2004, en tanto que la indigencia subió aún másdramáticamente, del 24,9% al 28,3% en ese breve periodo. Según concluyóGaviria, el problema es consistente con un agravamiento del desempleo en elcampo y un aumento de la informalidad.

3. El precio de las tierras se ha disparado en diversas regiones del país, con lo cualse ha estimulado un mercado especulativo, con efectos nocivos sobre laproducción.

4. La concentración de tierras en manos de narcotraficantes, paramilitares ydemás grupos ilegales dejó a su decisión las pautas de inversión rural. Este hechose agravó con el uso dado a las tierras, por ejemplo mediante la ganaderíaextensiva, en detrimento de la agricultura y la preservación del ambiente. Sinduda, esa transferencia forzada de tierras trae consigo la violencia y deteriora laproducción agropecuaria.

5. El efecto político, poco mencionado a pesar de su gran importancia, es derivadodel dominio de los predios rurales por los narcotraficantes, con su pretensión devincularse, en apariencia, a las actividades legales. En esas circunstancias, buscanconvertirse en terratenientes de corte tradicional y heredar, si me permite esaexpresión, el poder señorial inherente a la propiedad de la tierra. La trascendenciade este concepto fue señalada por el maestro Antonio García, desde mediados delsiglo pasado, a quien, sea preciso señalarlo, le debemos un homenaje pararecoger sus enseñanzas.

Antonio García nos enseñó que la acumulación de tierras, además de susimpactos económicos y sociales, es fuente de acumulación de poder, a nivelregional y local, hasta conformar un dominio señorial de corte antidemocrático, apesar de la modernización rural y los cambios agroindustriales sucedidos en lasúltimas décadas en diversas zonas del país.

En esa perspectiva, los narcotraficantes y los otros grupos ilegales, además de serlos “señores de la guerra”, pasan a ser los dueños del poder real, a las buenas y alas malas, y sobre todo a las malas, con la ayuda de sistemas de amenazas yseguridad privada aplicados con métodos violentos.

Este es el fenómeno más grave que está produciendo la concentración de tierrasen el país por parte de los narcotraficantes, puesto que ataca el corazón delrégimen democrático. De no contenerse, mediante una acelerada extensión deldominio, el mapa político del país se orientará hacia una estructura autoritaria en


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los niveles locales y regionales que se reflejará más temprano que tarde en elnivel nacional.

Tercera. El Estado colombiano ha sido totalmente ineficaz para aprovechar laoportunidad de la extinción de dominio de los bienes rurales adquiridosilícitamente, tanto para mejorar la distribución de la tierra como para estimular laproducción.

La acción de extinción de dominio adoptada desde mediados de la décadaanterior, como parte de la política antinarcóticos, creó inmensas expectativas. Noobstante, la aplicación de las normas referentes al proceso de decisión judicial y ala administración de bienes incautados, mientras se decide su destino final, hasido compleja y precaria. Así, al Incoder sólo se le han entregado no más de15.000 hectáreas con fines de reforma agraria. Esta cifra es irrisoria frente a lamagnitud de la población campesina sin acceso a la tierra y en comparación conla enorme cantidad de tierras en manos de los narcotraficantes.

En el Plan de Desarrollo del actual gobierno se adoptó para los cuatro años, lameta de entregar 150 mil hectáreas, de las cuales 110 mil provendrían de laextinción del derecho de dominio. Pero en 2003 y 2004, sólo se adjudicaron unpoco más de cinco mil hectáreas, como lo he dicho, provenientes de dichaextinción, es decir, menos del 5% de la meta. Parece, así, que se está muy lejos dealcanzar las metas programadas. Por esta bajísima ejecución, es válido dudar dela eficacia de la reforma agraria propuesta con base en los bienes incautados.

Cuarta. La reforma agraria sigue siendo un tema clave para el desarrollo nacional.No es, como algunos pretenden, un asunto trasnochado. Como es apenas obvio,se confrontarán posiciones a favor y en contra de esta afirmación. Permítanmeaportarles unos elementos de juicio para su discusión.

1. El crecimiento del país no puede depender, como lo pretenden los aperturistasa ultranza, de los mercados externos. Es necesario ampliar el mercado interno, yel sector rural es componente esencial del mismo.

2. El abastecimiento de alimentos para el pueblo colombiano −esto es, suseguridad alimentaria− no puede condicionarse a la disponibilidad de recursosexternos. Por ello, se requiere fortalecer la producción interna, claro está encondiciones adecuadas de productividad.

3. Por un elemental principio de justicia, compendiado en la noción de EstadoSocial de Derecho, no es posible aceptar los niveles de pobreza rural hoyprevalecientes, ni dejar sin resolver la migración forzosa de miles de campesinos.

4. Muchos campesinos, ante la precariedad de sus títulos de propiedad, o por eltamaño de sus predios, no son sujetos de crédito, lo que ahoga sus posibilidadesde producción y sus ingresos.


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5. La sobreexplotación de los recursos y la destrucción de frágiles ecosistemastropicales, sobre todo en la zona andina y al interior de la frontera agrícola, escausante principal de grandes desastres que periódicamente se producen en elpaís, tanto en época de verano como de invierno. Espero que a ello no se sume ladevastación de nuestros parques naturales como efecto de acciones masivas defumigación.

6. El poder terrateniente, de viejo y de nuevo cuño, muy poco contribuye alprogreso y a la paz de nuestro país. Al examinar estos problemas, y las políticaspara superarlos, obviamente no me refiero a una simple repartición de tierras,sino a la necesidad de adoptar una reforma agraria de nueva generación. Elloquiere decir la formación de un campesinado con vocación de empresario rural yno de tenedor de tierra para su subsistencia.

Para ello, lo que el Gobierno debe auspiciar y promover es una revolución culturalen el campo, a la cual es preciso vincular a los grandes productores, a fin de lograresquemas viables de asociación y desarrollo productivo entre los campesinos, laagroindustria y el resto de sectores empresariales rurales.

Hechas estas afirmaciones, propongo unos interrogantes que espero analiceny respondan próximamente.

Primero: ¿Las normas, mecanismos y procedimientos para la extinción de bienesrurales mal habidos son efectivos y prácticos y permiten actuar con celeridad yjusticia? ¿O hay falta de decisión política?

Segundo: ¿Los organismos del Estado que tienen la misión de administrar estosbienes están en capacidad de garantizar su integridad y conservación hasta tantosean entregados a los nuevos propietarios?

Tercero: ¿Son claros y expeditos los requisitos para seleccionar los adjudicatariosde estos predios? ¿Cuál es el esquema eventual de entrega a cooperativas yempresas comunitarias, dadas las experiencias negativas que al respecto se hanobservado?

Cuarto: ¿Qué se debe hacer para que estas propiedades se conviertan en factoresproductivos agrícolas o de ganadería de alto rendimiento, que le permitan alcampesinado una fuente estable y segura de ingresos?

Quinto: ¿Cómo mantener la unidad de empresa de esas propiedades?

Sexto: ¿Cómo debe ser y cuánto implica en recursos presupuestales el apoyo a loscampesinos adjudicatarios y cómo financiar estos recursos?

Séptimo: ¿Qué papel deben jugar las cadenas productivas y cómo establecer unaasociación óptima con las empresas agroindustriales?


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Si bien, podría ofrecerles respuestas provisionales a esas preguntas, me pareceque son los expertos quienes pueden tratarlas con detalle, conocimiento yexperiencia.

En todo caso, de no resolverse satisfactoriamente cuestiones como las anteriores,la adjudicación de tierras a partir de la extinción del dominio de las propiedadesadquiridas o apropiadas por narcotraficantes, o por grupos armados ilegales,pasará a ser otro capítulo fallido de nuestra historia para alcanzar unaredistribución más justa de las tierras

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concentración de tierras y contrarreforma agraria egg

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