Comentarios acerca de la Implementación del PNDIC INTRODUCCIÓN La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010, ha sido considerada como un instrumento esencial para reivindicar los usos tradicionales de la hoja de coca, su proceso de industrialización y una nueva forma de lucha contra la droga. Este plan se ha inspirado por una parte, en las experiencias acumuladas en mas de 20 años de lucha contra la droga y los cultivos considerados ilegales o clandestinos y por otra parte en el Plan Nacional de Desarrollo conocido como “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, diseñado por el Gobierno. El plan pretende responder a los objetivos establecidos y a sus principios fundacionales por sus características de integralidad, participación social y soberanía. Es decir supone cubrir la totalidad de la realidad que afecta a los campesinos productores de coca, supone y solicita la participación de los mismos en el logro de los objetivos definidos y plantea la soberanía en la definición de las políticas de Desarrollo Integral y Sostenible para las regiones productoras. Es una respuesta plenamente nacional que se quiere insertar en la realidad local y en sus poblaciones. Como lo plantea el plan, este “nace en las necesidades de los campesinos productores de hoja de coca, que están ofreciendo voluntariamente un aporte sustancial a la lucha contra las drogas reduciendo sus plantaciones, de manera voluntaria y consensuada…”. Esto mostraría al mundo, la capacidad y eficiencia de un gobierno soberano capaz de transformar el Estado y la sociedad. Uno de los rasgos peculiares del nuevo plan lo constituye el hecho que los actores sociales que antes se encontraban en la otra ribera del Estado, que negociaban sacrificadamente algunas reivindicaciones, ahora se encuentran en ambos lados del proceso: en el Gobierno, como autoridades y en los movimientos sociales, como actores plenos, lo que garantiza no solo que el plan sea integral, sino además participativo y sostenible. Este plan se resume en la consigna: “cocaína cero y revalorización de la hoja de coca”. El Desarrollo Alternativo La experiencia acumulada era básicamente la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 2004-2008, cuyas bases conceptuales se resumen en :

El supuesto que los cultivos de hoja de coca están ligados indisolublemente a la fabricación de cocaína, siendo el uso tradicional, una excepción encapsulada y confinada a 12.000 hectáreas de cultivo.

Prevalece la premisa de que el desarrollo mediante programas de servicios, infraestructura y producción, es una alternativa ofrecida a los productores de hoja de coca, para que abandonen ese cultivo.

Estas premisas llevan a promover como medida de eficacia y eficiencia del desarrollo alternativo, la erradicación de los cultivos de coca.

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En ese marco se habla del complejo “coca-cocaína”, como la problemática a ser resuelta mediante una política estatal vinculada al principio de la responsabilidad compartida internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico.

Como conclusión, la cooperación técnica y financiera bilateral o de organismos internacionales, como parte de su responsabilidad compartida, se orienta en esa dirección asumiendo así su parte en la lucha contra el narcotráfico. Se trataba entonces de “prevenir la expansión de cultivos ilícitos y contribuir a su erradicación”, ya que la estrategia diseñada consistía en la “articulación del desarrollo alternativo con la erradicación de cultivos de coca”. Esta visión de la situación llevaba a vincular ideas y conceptos desembocando necesariamente en acciones equivocas. Por ejemplo:

Ligar la coca a la cocaína y el desarrollo alternativo a la erradicación de hoja de coca, era olvidar parte de la realidad, para acomodarla a necesidades políticas coyunturales del Estado.

No se puede olvidar que Bolivia ha reducido en un 51% los cultivos de coca, como lo sostiene el Plan 2004-2008, sin embargo, la demanda de cocaína no ha disminuido ni tampoco el narcotráfico y el lavado de dinero en proporciones similares. Por lo tanto no existe una relación directa, como parecían insinuarlo las bases del desarrollo alternativo.

Por otra parte, en Bolivia se ha generado conciencia sobre la necesidad de controlar dichos cultivos, privilegiando el dialogo a través del “control social”, racionalizando de forma voluntaria y concertada los cultivos. También se han erradicado importantes extensiones de cultivos, mas de 5.000 hectáreas, como lo menciona el plan 2004-2008, es decir el aporte boliviano en la reducción de cultivos de coca ha sido substancial en relación al esfuerzo de la comunidad internacional en el marco de la responsabilidad compartida. En base a estas consideraciones, a los múltiples conflictos generados por las erradicaciones masivas y al enraizamiento de los usos tradicionales de la hoja de coca, se concluye en la necesidad de una política de revalorización de la hoja de coca, destacando su importancia cultural, alimenticia, medicinal y ritual, al mismo tiempo que se condena la actividad delictiva del narcotráfico. Para eso debe abandonarse el concepto de desarrollo alternativo, para sustituirlo por el desarrollo integral. El Desarrollo Integral Para reemplazar las políticas tradicionales e implementar una nueva, llamada “Desarrollo Integral”, se establecen algunos principios fundacionales:

En primer lugar no habrá condicionamiento ni metas preestablecidas sobre la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Es decir el “Desarrollo Integral” incluye y promueve la hoja de coca.

El desarrollo integral debe tomar con prioridad cultivos complementarios, sostenibles y paralelos a la hoja de coca. Esto implica la definición de una extensión legal de cultivo de coca, denominada “cato”, cuya extensión varía según se trate de cultivos en las zonas tradicionales de Los Yungas o del Trópico de Cochabamba.

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Se estima que la coca, mediante su industrialización y comercialización socialmente controladas, puede ser factor estimulante para el “desarrollo integral” no sólo de las zonas productoras de la misma, sino del país en su conjunto.

Sobre la base de lo anterior se puede estimar los volúmenes de coca utilizados con fines lícitos: estos son los usos rituales tradicionales y la cantidad necesaria para usos industriales.

Estos son básicamente los pilares sobre los cuales se fundamenta la idea de desarrollo integral. En consecuencia se debe articular una política que pueda legitimar la hoja de coca y lleve a su despenalización. Esta política promoverá los usos medicinales y tradicionales como el acullico, haciendo que su utilización no sea penalizado por ley. En relación a la cooperación internacional, se considera que esta debe alinearse en esa dirección, puesto que los campesinos cocaleros requieren de fuentes de ingreso alternativas sostenibles. Finalmente el cuadro teórico que sustenta esta nueva política llamada “desarrollo integral”, sostiene que esta debe tener objetivos y metas vinculadas al mejoramiento de las condiciones de vida y al aprovechamiento soberano y sostenible de sus recursos naturales. Se supone que esto iría en beneficio del pueblo boliviano, superando la pobreza, el desempleo, la marginación y la discriminación social, étnica y cultural. Esto no quiere decir que haya unanimidad acerca de la necesidad de reducir o de racionalizar los cultivos. Sabemos que existen tendencias y oposiciones importantes en cuanto a esta necesidad, lo que se refleja diariamente en los pequeños conflictos ligados a las extensiones de cultivos y a las demandas para la comercialización del producto en diferentes áreas del país. Estos conflictos justificados en prácticas culturales ancestrales, parecen en realidad orientarse mayoritariamente a una comercialización indiscriminada. Bases Institucionales y Legislación Internacional Planes y Legislación Nacional Las bases institucionales del desarrollo integral se encuentran formuladas en diferentes programas y normas jurídicas, principalmente en la normativa sobre la hoja de coca y el “Desarrollo Alternativo”, la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca 2006-2010, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Sectorial 2006-2010 y la Ley 1008. Conferencias Internacionales Un instrumento jurídico importante de carácter internacional es la Convención Única de 1961 sobre control del uso indebido de estupefacientes. Esta Convención cuida como bien jurídico “la salud física de la humanidad”, considerando a la vez que los estupefacientes son “indispensables para mitigar el dolor” y que “deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin”. Por otra parte estima que su uso indebido puede provocar “la toxicomanía /que/constituye un mal grave para el individuo y entraña peligro social y económico para la humanidad”.

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La ONU asume competencia para la “fiscalización internacional”. Sin embargo, hay en esta declaración de principios una doble valoración, por una parte se promueve y reconoce el uso terapéutico y por otra se condena su uso indebido, lo que legitima en parte su producción. En efecto asimilar la hoja de coca a la cocaína, y a lo que ello supone, implica un desconocimiento de sus cualidades terapéuticas, por lo tanto no tendría sentido diferenciar entre usos legítimos e indebidos. Esta diferencia de usos, sin considerar aun los usos tradicionales ligados a prácticas culturales milenarias, es reconocida en la idea de “desarrollo integral”. La Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, define como objetivo, “eliminar las causas profundas del uso indebido” mediante la “cooperación internacional” para combatir el tráfico ilícito. Sostiene la necesidad de evitar los cultivos ilícitos y de erradicar, pero considerando los “usos tradicionales lícitos”. En definitiva apunta combatir el tráfico ilícito, los usos indebidos y los cultivos ilícitos, lo que como contrapartida implica reconocer: tráficos lícitos o comercialización legal y usos y cultivos legítimos. Sobre estas bases se elabora el principio de la “corresponsabilidad internacional”, que se concreta en un plan multidisciplinario basado en cuatro pilares:

Prevención y reducción de la demanda; Control de la oferta, lo que incluye planes de desarrollo rural integrado, erradicación y

sustitución de cultivos; Eliminación del tráfico ilícito; Tratamiento y rehabilitación.

Zonas Implicadas en la Temática de la Coca Para la aplicación de este nuevo concepto de “desarrollo integral”, la Ley 1008 define áreas que de una u otra forma se implican en esta problemática. Básicamente se trata de las conocidas zonas productoras, zonas expulsoras, aunque no las define y zonas de riesgo, principalmente los Parques Nacionales. Enseguida el documento PNDIC hace detalladas descripciones acerca de los potenciales productivos y de las características agro-ecológicas, de cada una de las áreas incluidas en estas tres categorías. De aquí salta directamente a la formulación del Plan Estratégico. Plan Estratégico 2006-2010 Este plan se apoya en dos elementos: una declaración de principios que relaciona las políticas públicas del estado con el Desarrollo Integral, y en una visión de largo plazo. Como principios o ejes centrales, se establece “la participación y concertación social, el respeto de los valores culturales y la soberanía nacional, promoviendo el auto-desarrollo con coca, articulando y coordinando sus programas y proyectos con organizaciones comunitarias (sociales) e instituciones, para mejorar la calidad de vida de los pobladores del ámbito de intervención del Programa de Desarrollo Integral”. En cuanto a la visión de largo plazo, se apunta a la “reducción de la pobreza” en el marco de la revalorización de la hoja de coca. A partir de estos dos elementos se definen los objetivos globales y específicos.

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Como premisa básica, se asegura la existencia de una Política Sectorial, la que traduciría el Plan Estratégico 2006-2010, en realidades. Esta política se funde en el Plan cuyo objetivo global sería: “Generar procesos de desarrollo integral sostenibles y participativos, fomentando capacidades de autogestión comunitaria e institucional, que incluya inversión privada y publica, para eliminar los factores causantes de la pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental, aplicando de forma interna y externa la estrategia de desarrollo, considerando el potencial productivo de las zonas de intervención del Viceministerio”. Esta última frase talvez justifique la descripción detallada de los potenciales productivos de las diferentes áreas. Los objetivos específicos se pueden enumerar en los siguientes:

Establecer mecanismos para reducir la monoproducción y la dependencia exclusiva de la coca, diversificando la base productiva.

Desarrollar sistemas de producción articuladas a redes integradas, sociales, cultural y ambientalmente sostenibles y competitivas.

Mejorar las condiciones de vida de la población del ámbito de intervención con la implementación de programas y proyectos económicos, sociales y de infraestructura.

Desarrollar la capacidad de gestión comunitaria, en términos tecnológicos, gerenciales y asociativos-institucionales con enfoque de género.

Promover y consolidar la concertación y el control social en la implementación de políticas de desarrollo en los ámbitos de intervención.

En el marco de los acuerdos internacionales suscritos por Bolivia, coordinar, promocionar e implementar tareas de industrialización de la hoja de coca, generando conocimiento científico, políticas, normas y estrategias que impulsen el desarrollo integral, bajo un contexto de producción agro-ecológica que fortalezca a las organizaciones sociales pertinentes.

Se declara que estos objetivos deben apoyarse en principios de funcionamiento activos como: integralidad, sostenibilidad, participación social, eficacia, eficiencia y efectividad. Sobre estas bases se quiere modificar el curso de los acontecimientos, en realidad se afirma que “la experiencia, no sólo boliviana, permite afirmar que los proyectos de sustitución ni los programas alternativos, no han modificado los patrones productivos de las regiones cocaleras y en la mayoría de los casos, una vez concluida la fase institucional del manejo de programas y transferidos a los beneficiarios, aquellos ingresan en procesos de languidecimiento gradual, hasta su agotamiento”. Se constata enseguida que: “Se racionaliza la coca pero no se les esta proveyendo otros fuentes de ingreso económico. Esto ha convertido a las zonas productoras de coca, también en expulsoras de población puesto que la coca en la mayoría de los caos es la alternativa de sobrevivencia, con riesgo de expandirse si es que no se les da apoyo inmediato con cultivos lícitos y asistencia técnica agropecuaria”. Conclusión: “Por eso es que el enfoque integral del plan estratégico concibe el desarrollo como un proceso económico, social, político y ambiental, simultáneo, articulado armoniosamente y no en etapas sucesivas”. Esta conclusión nos parece en gran parte acertada. Sin embargo la estrategia contempla en lo económico “proyectos productivos integrados a redes productivas agrícolas, agropecuarios,

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forestales, etc.”, lo que no se puede elaborar a partir de un diagnostico inexistente y de una concepción de proyectos aislados que responden a demandas de municipios que no corresponden necesariamente, ni con los objetivos del PNDIC ni con los requerimientos de cadenas productivas o de la idea de “clusters”. En lo social, la participación social es monopolizada por las organizaciones sindicales. En lo político los actores principales son los municipios que a través de sus PDMs y POAs se deben articular al desarrollo integral, pero estos funcionan de acuerdo a sus propias demandas. En el PNDIC se agrega la importancia de incluir aspectos medioambientales. Aunque la conclusión parece acertada, nada lleva a que estos cuatro ejes se puedan concretar separadamente y menos aun como un todo orgánico coherente con los objetivos del PNDIC. Algunos Comentarios Podemos ver que en realidad no existe una idea clara acerca de cómo traducir y compatibilizar los formulaciones de la Conferencia de la ONU, o los acuerdos de Viena, con las necesidades de combatir el tráfico de droga y de combatir la pobreza, supuesta esta ultima, ser una de las causas principales de la producción de hoja de coca. Esta falta de claridad, se traduce metodológicamente en saltos epistemológicos, que llevan a considerar acciones que no se enraízan en la realidad concreta de las zonas implicadas en la temática coca. En primer lugar, de la definición jurídica de diferentes zonas implicadas en la producción ce coca, se salta a la descripción de los potenciales productivos de cada zona, creando una relación zona-producto que no se traduce en aplicaciones concretas en el terreno y, lo más grave, que no tiene en consideración las tradiciones o prácticas productivas, en función de los mercados y/o de las necesidades de las población que allí existe. Es una yuxtaposición de los planos jurídicos y agroecológicos. Podemos también comprobar que las poblaciones y los productores, están ausentes de la formulación de políticas. No hay un diagnostico que indique quienes ni cuantos son, donde viven, que producen además de coca, cuales pueden ser los mercados potenciales a examinar, que zonas externas ejercen o pueden ejercer o generar dinámicas productivas, que producir y como generar cadenas de valor, como integrar territorios, etc. Cuales son las salidas hacia mercados potenciales, como asegurar mercados y generar demandas de largo plazo, asociadas a sus niveles de producción. Estas y muchas otras, que efectivamente pueden apuntar a la lucha contra la pobreza y a la generación de ingresos, están ausentes. Esta forma de encarar el problema ha llevado cada vez hacia mayores alejamientos de los objetivos del PNDIC, basta ver como aplica el FONADAL sus programas anuales. La atomización de las acciones, las cuales se pretende distribuir sobre un número más reducido de municipios, con la finalidad de entregar más recursos a zonas bien determinadas del área implicada en la problemática de la coca. La yuxtaposición de acciones en pilas, suponiendo que la acumulación cuantitativa de acciones sin coordinación ninguna y sin estrategias definidas, se traduzca en un todo integrado y coherente similar a un plan, esto no conduce a los objetivos del PNDIC, sino al “activismo”. La falta de perspectivas espaciales hace que las acciones se encierren cada vez más en sí mismas, en acciones alrededor de los municipios, respondiendo probablemente a necesidades de la población,

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pero también a intereses de visibilidad por parte de dirigentes locales. Una perspectiva espacial podría llevar a incluir zonas hoy no consideradas, pero que agreguen potencial y dinámica económica. Esta concepción de responder a necesidades “locales”, aisladas puede conducir al rechazo de probables integraciones territoriales y a la búsqueda de complementariedades que podrían, solamente por efectos cuantitativos, llevar a la formulación de acciones integradoras de mayor envergadura. Todo esto puede ser consecuencia de no haber efectuado un detallado estado de situación o un diagnostico, en función de las necesidades del plan y de los problemas a resolver. La ausencia de los principales interesados, los pobladores y la gente en general, es más que notoria y como no existe una dinámica real con efectos sistémicos, se imponen las viejas reglas, es decir cada cual busca responder por su cuenta a sus propios problemas personales y/o locales, pero nada hace que se generen sinergias capaces de integrar territorios, de retener las población a sus “habitats” naturales, nadie piensa en generar acciones de largo plazo y aun menos a la sostenibilidad de cada una de ellas. No hay ejes estratégicos que orienten las acciones que se implementen hoy, con las que se hicieron ayer o con las que serán ejecutadas mañana. En definitiva es necesario abrir las puertas y ventanas del programa para que entre aire fresco, el aire que llevará a entender que la realidad no se reduce a once municipios, seis en Los Yungas y cinco en El Chapare y que estos deben buscar mayores posibilidades integrándose a sus propios medio-ambientes, integrando actividades, generando sinergias y aprovechando las oportunidades que vienen del interior y del exterior. Las Actividades de Implementación del PNDIC Los objetivos se acompañan cada uno con una estrategia, la que se descompone en actividades. Sin embargo las estrategias y sus actividades son de orden general, de nuevo desconectadas de los objetivos específicos del PNDIC y de la realidad del área implicada, en realidad pueden responder a cualquier programa o a cualquiera estrategia, no corresponden a una verdadera estrategia sino a la acumulación de acciones cuyos efectos pueden o no ser coherentes con los objetivos. El PNDIC y las tareas de la ATI Los Términos de Referencia de la ATI definen resultados a alcanzar que son los siguientes: Resultado 1: El VCDI como cabeza de sector opera efectivamente la modalidad de apoyo presupuestario sectorial, en coordinación con la mesa de coordinación sectorial. Resultado 2: El VCDI ha establecido un sistema de monitoreo sectorial con indicadores y planes de acción que permite verificar el progreso de la política sectorial e identificar debilidades institucionales, programáticas y procedimentales de los diferentes actores de un PAPS. Resultado 3: Las misiones de expertos a corto plazo han contribuido a fortalecer las instituciones, política y procesos sectoriales y han transferido conocimientos referentes a la ejecución y seguimiento de un PAPS. Resultado 4: Las misiones de verificación de cumplimiento de indicadores sectoriales realizados bajo la responsabilidad del GoB son apoyadas, en tiempo y materia, para cumplir con el cronograma de pagos establecido en el Convenio de Financiación.

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Estos resultados tienden a consolidar al VCDI como Estos resultados esperados no están en relación con los objetivos del PNDIC, su relación es indirecta a través del VCDI, es decir los resultados del PAPS pueden ser alcanzados sin que estos se traduzcan necesariamente en el cumplimiento de los objetivos del PNDIC. El PAPS se mide, en parte, por la obtención de los Indicadores de cumplimiento asociados a los tramos fijos y variables. El PNDIC se mide, también en parte, por los niveles de desembolso, es decir por el cumplimiento de los mismos indicadores. Los indicadores del PAPS no están, en parte, vinculados a los objetivos ni a las actividades del PNDIC. Pero los indicadores del PAPS y los del PNDIC corresponden a la forma en que las actividades del PNDIC se han venido implementando y van a continuar a serlo, es decir al cumplimiento de acciones puntuales que se distribuyen según la capacidad de influir de cada zona productora y de las solicitudes de las mancomunidades y municipios. En esto el FONADAL ha asumido e impuesto sus propias modalidades de acción. Nada asegura que los objetivos del PNDIC se cumplan, varias razones lo explican. En primer lugar el peso de la inercia en la ejecución, impuesta por el FONADAL y su falta de visión a mediano y largo plazo; en segundo lugar, por la implementación de un plan sin un adecuado diagnóstico que haya estructurado estrategias a implementar, en función de las necesidades reales de la población y de los objetivos del PNDIC, que mas allá de los mencionados apuntan a combatir la pobreza asegurando sostenibilidad en la generación de ingresos, de manera a restar atracción a los cultivos de coca, lo que constituye en ultima instancia el objetivo final del PAPS y del PNDIC. En tercer lugar, por la inoperancia y la falta de estructuración del VCDI, lo que puede beneficiar a instancias alternativas al VCDI. En esta vorágine de complejidades ha caído también la ATI al focalizar desde sus inicios la acción del PAPS, en la obtención de los indicadores de cumplimiento, sin reparar en que estos no aseguran para nada el cumplimiento de los objetivos del PNDIC. El peso del FONDAL, en esta situación ha sido determinante en cuanto la imposición de modalidades clientelistas y la elaboración de “programas” carentes de objetivos y de estrategias de mediano y largo plazo. Uno de los errores esenciales, ha sido no solamente la carencia de normas y procedimientos en su gestión, sino la carencia de las funciones seguimiento y evaluación de impacto de sus actividades y proyectos. Estas funciones habrían mejorado enormemente la implementación de las obras ejecutadas, sobre las que sabe poco o nada; habrían permitido recoger lecciones aprendidas para futuras replicas de los éxitos y evitar errores; habría permitido la elaboración de una buena “Línea de Base”, útil para la formulación de la estrategia del PNDIC; y sobretodo habría restado peso a los aspectos de gestión y administrativos que atan el FONADAL, al generar nuevas demandas de carácter técnico-operacionales. Perspectivas a Futuro Una salida a esta situación pasa por la integración real de la población, de la gente, a las acciones y estrategias a implementar. Es necesario saber quienes son, donde están, que desean hacer, de que recursos disponen, evaluar sus potencialidades, integrarlos al territorio donde viven y estos a las zonas que los rodean; determinar las dinámicas internas y externas a que están sujetos, generar a

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partir de allí nuevas sinergias, crear actividades generadoras de ingreso que sean sostenibles, asociar los mercados y las políticas publicas al logro de los objetivos, romper el aislamiento en que deciden y ejecutan acciones dispersas. Hay que abrir el PNDIC a las corrientes de aire que atraviesan sus zonas y olvidar que son once municipios. Dentro de esta perspectiva se puede desarrollar una estrategia eficaz de contención de la producción de hoja de coca. Es ilusorio creer que un problema tan delicado, sensible y de tanta envergadura que abarca áreas comprendidas desde el norte de Colombia y el sur del Perú y Bolivia se pueda contener aislando once municipios. El problema de la producción de la hoja de coca pasa, entre otras razones, por: la solución al problema del lavado de dinero; la neutralización de los clanes del narcotráfico que operan en el norte de México; la solución al problema de las narcoguerrillas colombianas y de los movimientos residuales ligados a los grupos Sendero Luminoso y MRTA que operan en el Perú. Todo esto, y las cualidades particulares de la coca como producto agrícola, en términos de: insumos de mano de obra, cuidados, precios de venta y de seguridad de mercado, ejercen una enorme presión sobre la producción de hoja de coca en Bolivia. Nada de esto depende del PNDIC o del PAPS, sin embargo, se puede elaborar una estrategia inteligente de “containment” que permita resolver favorablemente esta situación, la que de todas maneras requiere estrategias de largo plazo. Una política de desarrollo integral debe pasar por las personas, primero la gente, y enseguida a partir de sus necesidades culturales y materiales, asegurar condiciones de vida que respondan a sus necesidades y derechos: salud, educación, vivienda, trabajo digno y otras, en su propio ambiente, un ambiente saludable y sostenible. Esto pasará necesariamente por un diagnostico detallado de la realidad y hecho en función de los objetivos definidos.