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ASOCIACIÓN SOLIDARIA PARA IMPULSAR EL

DESARROLLO HUMANO

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Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)

Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC

Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero,

Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

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Colectivo de Organizaciones Sociales responsablesde la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC:

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE)

Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU)Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM)

Foro del AguaAsociación Aspidh Arcoiris

Mesa de Género de MejicanosMesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL)

Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA)

Con el apoyo solidario de:


DESARROLLO HUMANO


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Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)


Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Licenciado David Ernesto Morales CruzProcurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)

Colectivo de Organizaciones Sociales responsablesde la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC

Con el apoyo solidario de CORDAID.Octubre de 2014

San Salvador, El Salvador, América Central.

Mensaje del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz

Mensaje del Colectivo de Organizaciones Sociales responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC

Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con los artículos 16 y 17 del PIDESC

Anexo I

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador

Mensaje de la Señora Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) (Para Lista de Recomendaciones)

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Índice General

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Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero, Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del PIDESC

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Mensaje del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz

En mayo de 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, durante su 52º período de sesiones (28 de abril al 23 de mayo de 2014), examinó los Informes periódi-cos tercero, cuarto y quinto combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Con el objetivo de enriquecer y favorecer un diálogo transparente, exhaustivo y profundo entre el Estado de El Salvador y el Comité, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y distintas organizaciones sociales, presentaron in-formes alternativos acerca de la situación de los derechos económicos, sociales (DESC) en el país.

Ambos esfuerzos ofrecen un análisis crítico de los principales logros, deudas y desafíos que tiene el Estado salvadoreño en esta materia. Ya que si bien es cierto es posible señalar diversas iniciativas gubernamentales orientadas al cumplimiento de los DESC, la situación en que vive la mayor parte de la población salvadoreña indica que hace falta un compromiso más fuerte por atender las obligaciones estatales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.

El objetivo que se persigue con esta publicación es que los aportes preparados por las organizaciones sociales y la PDDH sean conocidos por los distintos sectores de la sociedad, y contribuyan al debate nacional sobre la situación y el rumbo del país en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. Asi-mismo, se reproducen acá las Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador –emitidas el 23 de mayo de 2014–, con el fi n de apoyar en la difusión de las mismas, e invitar al Estado a conti-nuar con este esfuerzo, promoviendo su conocimiento en todos los niveles de la sociedad; en particular entre los pueblos indígenas, las funcionarias y funcionarios públicos, las autoridades judiciales, los legis-ladores y legisladoras, la comunidad jurídica y las organizaciones de la sociedad civil, tal y como lo ha recomendado el propio Comité.

Para la PDDH, este proceso es primordial para reforzar en la población el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, de tal manera que los reivindique como verdaderos derechos exigibles y justiciables. A la vez, es importante para que las instituciones estatales cuenten con una base sobre la cual desarrollar planes nacionales en áreas tan importantes como la salud, educación, empleo y seguridad social, entre otras.

Finalmente, debo señalar que, más allá del interés de presentar el panorama de los DESC en El Sal-vador, el propósito esencial de este esfuerzo es impulsar al Estado hacia la adopción de decisiones orien-tadas a que toda la población cuente con un sólido régimen de garantías que le permita ejercer plena-mente sus derechos. En este sentido, los informes elaborados deben ser vistos como herramientas para la acción. Diversos sectores de la sociedad han demandado por décadas mejoras en los DESC y, pese a los logros obtenidos, la deuda con ellos aún es muy grande. Por tanto, es impostergable que avancemos en la construcción de un Estado cuyo fundamento sea el libre ejercicio de los derechos humanos. El cumplimiento progresivo de las recomendaciones del Comité DESC constituye una excelente oportuni-dad para iniciar ese esfuerzo.

Esperamos que estos aportes ayuden a ese proceso y que podamos, desde hoy, caminar hacia un país pleno en oportunidades para todos sus habitantes.

San Salvador, 10 de octubre de 2014



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Mensaje del Colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil responsables de la elaboración del Informe Sombra presentado al

Comité DESC

A mediados del año 2013 un grupo de organizaciones sociales salvadoreñas asistimos a una reunión convocada por la Ofi cina Regional para América Central, de la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el propósito era recordar de la existencia del espacio para presentar informes sombra ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU -en adelante el Comité-. Las organizaciones asistentes manifestaron estar en el proceso de elaboración de un informe sombra, el cual sería presentado en el tiempo establecido, y que, en efecto, se tenía cono-cimiento que el Comité examinaría en mayo 2014 los informes de El Salvador.

El informe sombra fue enviado al Comité el 15 de marzo de 2014. En su elaboración participaron las siguientes organizaciones sociales: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM); Foro del Agua; Asociación Aspidh Arcoiris (Organización que defi ende derechos de la población Trans y HsH); Mesa de Género de Mejicanos; Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL); Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA).

El 14 de mayo de 2014, en Ginebra, Suiza, en el marco del 52° Período de Sesiones, el Comité exa-minó el Informe periódico tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado salvadoreño, de confor-midad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC-.

La delegación del Estado salvadoreño fue presidida por Victoria Marina Velásquez de Avilés, quien en ese momento fungía como Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante la ONU. Además, la delegación la integraron Carmen Elena Castillo, Ministra Consejera; Karla Lemus de Vás-quez, Directora de Asuntos Sociales de la Dirección General de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ana Guadalupe Medina, Magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral; y Margarita Patricia Velásquez Centeno, Fiscal General Adjunta, de la Fiscalía General de la República.

La reunión de los miembros del Comité con la delegación ofi cial salvadoreña, y la participación de organizaciones sociales de El Salvador, representadas en ese examen por FESPAD; y organizaciones no gubernamentales internacionales, como FIAN, el Centro para los Derechos Reproductivos, y la Comi-sión Internacional de Juristas; se desarrolló desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Las preguntas de los miembros del Comité se desarrollaron en tres bloques: el primer bloque fueron relativas a los artículos 1 al 5 del PIDESC; el segundo, correspondió a los artículos del 6 al 9; el tercero, a los artículos 10 al 15.

La representación del Estado salvadoreño tuvo oportunidad para responder primeramente a las pre-guntas de los primeros dos bloques; por la tarde lo hizo con las del tercero.



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Por su parte, la presidenta de la delegación de El Salvador, inició su intervención disculpando a los ministros salvadoreños que asistirían a la reunión, pero que por motivos de transición de gobierno se vieron imposibilitados.

El relator del Comité DESC para El Salvador, dio la bienvenida a la delegación salvadoreña y agra-deció su presencia. Hizo un llamamiento al Estado salvadoreño para que presente oportunamente los informes al Comité, tal como lo mandata el Pacto. Ello en alusión a que esta vez El Salvador presentó un informe conjunto de tres períodos, es decir, que no presentó oportunamente dos informes, los cuales deben ser presentados cada cinco años.

También hizo un llamamiento a la delegación salvadoreña para que en esa reunión se estableciera un diálogo franco, que sea útil para el Gobierno salvadoreño, pero sobre todo, para la población salva-doreña en el goce de los DESC.

Asimismo, el Relator agradeció al Estado la información proporcionada sobre los niveles de pobreza; pero solicitó ampliación de información, en especial en lo relativo al efecto redistributivo de la política fi scal. Dijo que le gusta la idea de las políticas fi scales progresivas.

Manifestó que reconocía que El Salvador es el primer Estado que presenta su informe luego de la ra-tifi cación del Protocolo Facultativo del PIDESC. Invitó a las organizaciones de la sociedad civil a hacer uso de ese protocolo para la presentación de casos ante el Comité. También, hizo fuertes señalamientos al Estado examinado, refi riéndose a la lista escrita de respuestas presentadas por éste, ya que según dijo fueron entregadas sólo diez días antes y en un solo idioma, y que esa acción no contribuye en nada al establecimiento de un diálogo franco tal y como lo propuso la presidenta de la delegación. Por el con-trario, la presentación con mayor antelación sí permite el diálogo franco. Además, que en la misma lista, algunas respuestas son muy heterogéneas, algunas preguntas no se responden, otras sí, pero de manera insatisfactoria para el Comité.

También, uno a uno, mujeres y hombres miembros del Comité se mostraron muy interesados en el informe del Estado salvadoreño, ante lo cual, la delegación salvadoreña estuvo muy demandada en cuanto a dar respuestas a inquietudes como las siguientes:

En el tema de los pueblos indígenas, se trajo a la memoria las recomendaciones que el Comité hi-ciera al Estado salvadoreño en 2006. En ese momento se planteaba sobre que no se sabía cuánta era la población indígena en El Salvador. El Comité observó en ese momento que no había un censo sobre la población. Y que, además, el Estado informó posteriormente que lo haría en 2012, pero que tampoco se ha hecho hasta la fecha. Por lo que se expresó que el Estado debe cuantifi car primero la población indígena para dimensionar mejor la situación en la que se encuentra. También hubo referencias a lo que en su momento el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –CERD- consideró como un “etnocidio estadístico” al hecho de haber incluido una desatinada pregunta en el Censo de Población realizado en El Salvador en 2007.

Se solicitó ampliación de la información sobre el uso que el sistema judicial hace del PIDESC al mo-mento de fundamentar sus resoluciones.


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El Comité mostró mucho interés en el tema de derechos reproductivos y la criminalización del aborto, al grado que en repetidas oportunidades le preguntó al Estado sobre la situación de la crimi-nalización total del aborto en el país y el impacto en los derechos a la salud de las mujeres. Indicó que el país, después de 8 años de haber recibido una recomendación para que despenalizara el aborto en al menos 3 circunstancias, aún mantiene la criminalización del mismo.

También se recordó al Estado salvadoreño que el Comité externó su preocupación en las recomen-daciones de 2006 sobre los efectos del CAFTA-DR. Que si bien el Comité no tiene una postura ideoló-gica sobre los tratados comerciales, sí tiene una postura en cuanto a que la ratifi cación de los tratados tengan respeto de los Derechos Humanos. En este caso El Salvador no ha informado sobre eso.

Asimismo, solicitaron ampliación sobre los impactos en los DESC provocados por las políticas ma-croeconómicas del Estado.

Se preguntó si el Estado abrió la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elabo-ración del informe presentado por el Estado, el cual es objeto de examen.

El Comité solicitó información sobre el tema de la violencia social y delincuencial donde se invo-lucran maras y pandillas y que en consecuencia impacta en el goce de los DESC. Una violencia que la ejercen unas 60 mil personas. Solicitó ampliación de información sobre la facilitación del gobierno en la tregua entre pandillas. También preguntó ¿Qué ha hecho el Estado salvadoreño para la reducción de los homicidios? Y si hay una reforma al sistema penitenciario salvadoreño para mejorar las condiciones de los privados de libertad.

El Comité externó que a su juicio el Estado proporcionó información que en apariencia es contra-dictoria, y es la referida a que por un lado se afi rma que los magistrados se dicen independientes, pero que quien los elige es la Asamblea Legislativa, y ello pareciera ser que hace perder tal independencia.

El Comité se refi rió a que El Salvador estableció reservas a la Convención de Personas con Discapa-cidad; razón por la cual cuestionó si luego de la práctica el Estado no estaría en la disposición de renun-ciar a esas reservas.

El Comité solicitó dar cifras de desempleo de personas con discapacidad. Que tiene conocimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades, pero que también tiene conocimiento de su incumpli-miento y que las multas que aplica son muy bajas pues según el Código de Trabajo son imponibles has-ta 500 colones (57.14 dólares).

En cuanto al salario mínimo, el Comité solicitó información para saber si la palabra “revisión” de los salarios mínimos cada tres años, contenida en la Constitución, implica la posibilidad real de un aumen-to o no. En ese sentido preguntó el Comité ¿Qué sentido le da el Estado a la palabra “revisión” en este caso? Y, además preguntó ¿Cuál es la razón de tener varios salarios mínimos?, y si los montos de éstos permiten vivir digna y decentemente a quienes los reciben. Asimismo, interrogó sobre cómo el Estado garantiza la inclusión de campesinos en las pensiones.

El Comité preguntó en relación a la regulación que establece el Código de Trabajo en el artículo 480 relativo a procedimientos para confl ictos colectivos. Si efectivamente el derecho a huelga está legalizado


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sólo en cierta etapa del proceso y que por lo tanto los jueces de lo laboral siempre han declarado ile-gales las huelgas. Puntualmente pidió respuesta a ¿cuántas huelgas se han declarado como legales en el país?

Por momentos, la delegación del Estado pareció no estar preparada para dar algunas respuestas ya que afl oraron imprecisiones como cuando, entre otras, afi rmaron que la ratifi cación del Protocolo Fa-cultativo del PIDESC abrió la posibilidad de que los ciudadanos hagan sus denuncias ante la Procura-duría para la Defensa de los Derechos Humanos. O cuando respondieron a la pregunta de si el Estado ha tomado medidas para implementar los Derechos al Agua y Alimentación, en este último caso la de-legación se limitó a decir que existen planes y políticas para llevarlos a cabo, cuando en verdad ya existe una reforma constitucional al respecto la cual está pendiente su ratifi cación por parte de la Asamblea Legislativa, y que además, ya hay proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa, para ambos casos. También aseguraron que dos altos funcionarios están condenados y en prisión por delitos de co-rrupción: Carlos Perla y un Viceministro de Vivienda. En realidad, sólo el primero ha sido condenado. Los demás sólo tienen procesos abiertos pero no han sido condenados todavía. Igual condición de im-precisión mostró la delegación para brindar información sobre el tema de la criminalización del aborto.

Luego de la última ronda de respuestas por parte de la delegación del Estado, el Comité tomó la pa-labra para hacer las últimas repreguntas, ante lo cual la delegación optó por entregar las respuestas por escrito en un lapso no mayor de 48 horas.

Con fecha 23 de mayo de 2014, el Comité hizo públicas sus observaciones y recomendaciones al in-forme presentado por el Estado. En ellas se recogen algunos planteamientos hechos en el informe som-bra elaborado por las organizaciones sociales y también por el informe elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Debido a que en El Salvador son muy poco promocionadas, y por lo tanto desconocidas, estas ob-servaciones y recomendaciones hechas al Estado salvadoreño, se ha tomado a bien realizar la publica-ción del informe sombra de las organizaciones sociales, juntamente con el informe presentado por la PDDH, y las observaciones y recomendaciones del Comité; todo con el propósito de contribuir al segui-miento que se debe dar al cumplimiento de las mismas por parte del Estado salvadoreño.

San Salvador, 10 de octubre de 2014


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Mensaje de la Señora Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos

En la Tercera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 1993, 171 Estados adop-taron por consenso la Declaración y el Programa de Acción de Viena, bajo los principios de que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Hoy, estos principios han sido incorporados y asimilados en las observaciones fi nales formuladas por diver-sos Órganos de Tratados de las Naciones Unidas.

Si bien esta ocasión está orientada a destacar las observaciones del Comité sobre Derechos Econó-micos, Sociales y Culturales, en el c aso de El Salvador, invito a analizar de forma conjunta e integral las observaciones fi nales y recomendaciones formuladas en el presente año por el Comité para la Elimina-ción de la Discriminación Racial (agosto 2014), el Comité de Derechos Económicos Sociales y Cultura-les (mayo 2014), el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (abril 2014) y el Comité sobre los derechos de las Personas con Discapacidad del pasado año. Al hacerlo de esta forma podemos advertir claramente la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Paso a compartir algunos ejemplos: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Co-mité DESC) ha hecho una clara recomendación sobre la necesidad de garantizar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, y en esa misma línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha exhortado al Estado a mejorar el disfrute de estos mismos derechos por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El Comité DESC ha recomendado al Estado salvadoreño la integración al mercado laboral de las personas con discapacidad, en el mismo sentido que lo hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así mismo, los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la participación en la vida política, a la protección social han sido materia de pronunciamiento en los cuatro documentos que contienen las observaciones fi nales de los Comités ya mencionados.

Los desafíos que actualmente enfrenta el Estado salvadoreño en materia de respeto y de protección de los derechos humanos deben ser vistos de manera integral, pues sólo así se podrá contar con todos los elementos necesarios para formular leyes, políticas públicas y planes dirigidos a superar efectiva y efi cientemente las situaciones que obstaculizan el pleno disfrute de todos los derechos humanos.

El llamado que han formulado los Órganos de Tratado de Derechos Humanos de la ONU al Estado salvadoreño ha hecho énfasis en la importancia de difundir las referidas observaciones fi nales en las instituciones públicas, los poderes del Estado, las organizaciones no gubernamentales, la academia y la ciudadanía en general.

Ello tiene como fi nalidad principal de promover el conocimiento de la situación de los derechos humanos en el país, propiciar la participación activa de la sociedad civil y la puesta en marcha de me-canismos de evaluación y monitoreo sobre los avances u obstáculos en la implementación de sus reco-mendaciones y es expresión del involucramiento, en esta ocasión, de la sociedad civil representada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y del compromiso de la Procuradu-


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ría para la Defensa los Derechos Humanos (PDDH) por dar difusión a las recomendaciones del Comité DESC.

Es necesario destacar que la participación de la sociedad civil y el diálogo fl uido y permanente de ésta con las instituciones del Estado son un pilar fundamental de un Estado Democrático de Derecho cuyo fruto contribuirá al fortalecimiento de la nación Salvadoreña, lo que inclusive tendrá una positiva proyección sobre la promoción de los derechos humanos en la región Centroamericana.

La creación de un mecanismo interinstitucional en el participe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, las orga-nizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los Órganos de Tratado y Procedimientos Especiales sería el espacio propicio para un diálogo de país diri-gido al respecto, protección y garantía de los derechos humanos en el país. Confío en que a la brevedad El Salvador cuente con ese mecanismo.

Finalmente, como Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Hu-manos, en América Central reitero nuestro compromiso de apoyo a las instituciones del Estado para fortalecer sus capacidades y hacer efectivos y plenamente vigentes los derechos humanos. Asimismo ex-preso nuestra disposición para continuar apoyando los esfuerzos de la sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos.

El Salvador, 10 de octubre de 2014

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Informe sombra presentado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en el marco de los Informes periódicos tercero, cuarto y quinto presentados por el Estado de El Salvador, de conformidad con

los artículos 16 y 17 del PIDESC

15 de marzo de 2014

Presentado por las siguientes organizaciones: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL); Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA); Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM); Foro del Agua; Asociación Aspidh Arcoiris (Organización que defi ende derechos de la población Trans y HsH); Mesa de Género de Mejicanos.


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Índice

PáginasSiglas utilizadas

I. Introducción ..................................................................... 19 – 20

II. Aplicación de los artículos del Pacto

Artículo 1 .......................................................................... 20 – 22

Artículo 3 .......................................................................... 23 – 24

Artículos 6 y 7 ................................................................. 24 – 26

Artículo 8 .......................................................................... 27 – 29

Artículo 9 .......................................................................... 29 – 30

Artículo 10 ........................................................................ 30 – 32

Artículo 11 ........................................................................ 32 – 36

Artículo 12 ........................................................................ 37 – 39

Artículo 13 y 14 ............................................................... 39 – 40

Artículo 15 ........................................................................ 40 – 41

III. Conclusiones ................................................................... 41 – 45

IV. Recomendaciones ........................................................... 45 – 50

Fuentes de información



17

S i g l a sASPRODE Asesoría a Programas y Proyectos de DesarrolloCIADI Centro Internacional de Acuerdo de Diferencias por InversionesCIFCO Centro Internacional de Ferias y ConvencionesCNSM Consejo Nacional del Salario MínimoCONNA Consejo Nacional de la Niñez y la AdolescenciaCSJ Corte Suprema de JusticiaDIGESTYC Dirección General de Estadísticas y CensosEHPM Encuesta de Hogares de Propósitos MúltiplesFESPAD Fundación de Estudios para la Aplicación del DerechoFGR Fiscalía General de la RepúblicaFUNDAFAM Fundación de Apoyo FamiliarFUNDE Fundación Nacional para el DesarrolloIMU Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la MujerISSS Instituto Salvadoreño del Seguro SocialISTA Instituto Salvadoreño de Transformación AgrariaLas Mélidas Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya MontesLEPINA Ley de Protección Integral de la Niñez y AdolescenciaLGTB Personas lesbianas, gays, transgénero y bisexualesMINED Ministerio de EducaciónMINTRAB Ministerio de Trabajo y Previsión SocialMOVITIERRA Movimiento Nacional en Defensa de la TierraMPJL Mesa Permanente por la Justicia LaboralNNA Niños, Niñas y AdolescentesOIT Organización Internacional del TrabajoPEA Población Económicamente ActivaPIB Producto Interno BrutoPNC Policía Nacional CivilPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPREPAZ Dirección para la Prevención de la ViolenciaREINSAL Red de Educación Inicial y Parvularia de El SalvadorSDDT Sub Secretaría de Desarrollo Territorial y DescentralizaciónTSE Tribunal Supremo ElectoralUNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia



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I . Introducción

1.- El periodo que comprende este informe, el Estado salvadoreño se ha visto enmarcado en un con-texto que representa una transición hacia un cambio de paradigmas y un hacer distinto en políticas pú-blicas. En tanto ello, ineludible es referirse al tema del défi cit fi scal que preludia el período examinado. Aún en esas condiciones, en este período ha habido una inversión social mayor, lo que para algunos sectores conservadores del país es visto como un elevado gasto público, y para quienes ya no hay posibi-lidades de aumentar los ingresos públicos.

2.- Sin embargo, para poder seguir invirtiendo más en las áreas sociales y para mejorar los niveles de vida de la población, las organizaciones sociales creemos que el Estado debe buscar los mecanismos para elevar sus ingresos ya que éste apenas capta el 15% del PIB, las personas que trabajan (cientos de miles) captan el 25% bajo la forma de salario y 6,000 empresarios grandes y medianos se quedan con el 60%. Esa distribución muestra que la riqueza se concentra en una minoría de empresarios. La carga tributaria de El Salvador es una de las más bajas de América Latina, donde el promedio supera el 20%. Los gobiernos de Brasil y Argentina captan el 34% del PIB. Los de Francia, Italia y Bélgica, captan entre el 42 y el 45 por ciento del PIB. Esos y otros gobiernos tienen altos ingresos y pueden cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, salud, educación y otros DESC a la población. En cambio en El Salvador sucede lo contrario.

3.- Actualmente, en materia socio económica, El Salvador se perfi la hacia diversos proyectos de in-versión pública-privada, lo cual, desde la óptica del Estado, busca encaminar al país por el sendero del desarrollo; sin embargo, la ejecución de estos proyectos trae aparejada una colisión directa con los dere-chos humanos de la población más vulnerable, y de manera indirecta, con los derechos humanos de la población en general.

4.- Una de las tres situaciones que el PNUD identifi ca de manera recurrente en la sociedad salva-doreña y que no ha sido resuelta en el país es “la tolerancia con la pérdida, desperdicio y fuga de su principal riqueza: la gente”1, Se considera que ante la falta de oportunidades económicas, cerca de uno de cada tres salvadoreños emigra, esto trae consecuencias negativas tales como: la desintegración fami-liar, la desprotección de las familias, especialmente de las mujeres, quienes se ven obligadas a ser jefas de familias monoparentales; se desprotege a niños, niñas y adolescentes, que no reciben una atención adecuada; asimismo puede favorecer un aumento de violencia e incorporación a grupos delincuenciales.

5.- Según la medición tradicional de ingresos, el 34.5 % de hogares salvadoreños vive en pobreza2. Eso pone de manifi esto la gran desigualdad en la distribución de la riqueza en El Salvador y que la po-larización entre ricos y pobres tiende a mantenerse y acrecentarse. Esa desigualdad se ve profundizada cuando de comparar las zonas rurales y urbanas se trata, especialmente en cuanto a servicios médicos, educación, salarios y la calidad de la canasta básica.

6.- La pobreza total afecta a 2,521,776 personas (de un total de 6,249,262), de las cuales 1,764,001 están en pobreza relativa y 757,775 en pobreza absoluta3, impactando principalmente al área rural. Sin embargo, es de analizar que frente a este grupo considerable de personas, concretamente 40.6 % de los hogares en situación de pobreza que no tienen acceso a la canasta básica ampliada.


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7.- En los 262 municipios del país hay pobreza extrema. Y en 12 de los 14 departamentos la pobreza total supera el 40%.4 Estos datos parecen sugerir que El Salvador no será capaz de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio para 2015 que es erradicar la pobreza extrema y el hambre.

8.- El presente informe recoge una valoración y evaluación desde el punto de referencia que dis-tintas organizaciones sociales tenemos del cumplimiento de los compromisos en derechos económicos, sociales y culturales que el Estado salvadoreño ha asumido al ser signatario de distintos Tratados Inter-nacionales de Derechos Humanos.

II. Aplicación de los artículos del Pacto

Artículo 1

9.- El Estado salvadoreño no ha elaborado un estudio sobre el impacto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana -CAFTA-DR- el cual determine de manera particular la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales; y so-bre las medidas que se han tomado para compensar sus consecuencias negativas. Lejos de ello, en 2013 entró en vigor un nuevo tratado comercial denominado Acuerdo de Asociación con la Unión Europea –AdA-, el cual profundiza más el impacto de los tratados comerciales en los derechos humanos, espe-cialmente en los derechos económicos, sociales y culturales.

10.- Pese a que en 2007 fue admitida una demanda de inconstitucionalidad en contra del CAFTA-DR, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha dado su resolución defi nitiva al respecto.

11.- Como si fuera poco, el Estado salvadoreño también fi rmó un acuerdo político con los Estados Unidos, denominado Asocio para el Crecimiento, el cual, entre otras cosas ha condicionado a El Salva-dor para que, entre otros asuntos, reforme el marco legal interno en lo referente a permitir la asociati-vidad pública privada, la reforma de la función pública, las leyes de comercio electrónico, el acceso a la información pública, la extinción del dominio, entre otras. De no cumplirse tales condicionantes, no se aprueban fondos no reembolsables como los son los Fomilenio I y II.

12.- La institucionalidad jurisdiccional salvadoreña ha avanzado muy poco en cuanto a la justiciabi-lidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es de reconocer que la actual conformación de la Sala de lo Constitucional ha emitido algunas resoluciones en donde prepondera este tipo de derechos ante derechos de particulares; sin embargo, otros tribunales de menor rango no los tutelan por distintas razones entre las cuales destacan los vacíos legales y la exigibilidad misma por parte de la población. Esto último deriva en parte por la poca promoción y enseñanza de los Derechos Humanos que se hace desde el Estado, a pesar de ser un mandato constitucional.

13.- Pese al reconocimiento jurídico que de los pueblos indígenas se tiene, sus derechos económicos, sociales y culturales no están garantizados en la práctica. Desde 1930 el Estado salvadoreño no ha reali-zado un censo de las poblaciones indígenas, esa falta de estadísticas impide evaluar el ejercicio efectivo de sus derechos.


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14.- El Estado salvadoreño no ha seguido los pasos específi cos para formalizar el reconocimiento le-gal y político en el país de los pueblos indígenas tanto en el ámbito nacional como local. En ese sentido, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresó que la mayor parte de las inicia-tivas de Gobierno que tienen que ver con los pueblos indígenas están todavía en una fase incipiente. En 2011 el Relator llamó al Gobierno a adoptar las reformas a la Constitución actualmente bajo conside-ración, que asegurarían el reconocimiento legal de los pueblos indígenas. Ello, junto con la ratifi cación del Convenio 169 de la OIT5. Sin embargo en el período examinado tales recomendaciones no tuvieron cumplimiento.

15.- A nivel normativo los pueblos indígenas continúan siendo invisibilizados a tal punto que no son reconocidos constitucionalmente sus derechos, a la fecha de redacción de este informe, a pesar de la exigencia de los pueblos originarios,6 no se ha ratifi cado la reforma constitucional aprobada el 25 de abril de 2012, de los art 62 y 63, con la que se reconocerían los derechos de estos pueblos.

16.- En relación a la normativa internacional que regulan sus derechos se encuentra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. El primero de los cuerpos normativos fue fi rmado por el gobierno de El Salvador en el año 2007 del cual falta su ratifi cación; y el segundo no ha sido suscrito aún.

17.- La ausencia de cuerpos normativos que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas da paso al desinterés del Estado en asumir el deber que tienen de garantizar los derechos de las comuni-dades ancestrales. El relator de las Naciones Unidas James Anaya observó la necesidad de que el Estado impulse acciones más concretas de las existentes, orientadas al rescate de las manifestaciones culturales como la lengua y las tradiciones ancestrales y su incorporación en los sistemas de protección social, en particular los referidos a salud, educación, los programas de asistencia económica para el crecimiento productivo, así como los programas de tenencia de tierra, que deben ser acordes a patrones culturales y necesidades de los pueblos indígenas.7

18.- Los pueblos originarios históricamente han sido despojados de sus tierras de forma violenta o “legal” esto se agrava cuando en la actualidad no hay políticas públicas orientadas a reconocer, garanti-zar y proteger los territorios indígenas. Para el 2011, se estimó que sólo el 5% de las personas indígenas en El Salvador tenían seguridad jurídica sobre la tierra, con lo que se identifi ca la carencia de acceso a la misma. Los esfuerzos que desarrolló el gobierno actual en El Salvador para la titulación de la tie-rra entre el 2009 y junio 2012 han benefi ciado a 28,000 personas, de las cuales, solamente 307 familias identifi cadas como indígenas fueron benefi ciadas8. Sin embargo esto no elimina la deuda histórica de este reconocimiento.

19.- Sumando a ello, de acuerdo al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya indica que los territorios donde se encuentran los pueblos originarios se ven amenazados por proyectos hidráulicos como los desarrollados en el río Sensunapán afectando a los municipios de Juayua, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonzacate, San Antonio del Monte, Sonsonate y Acajutla, que se en-cuentran a la ribera del río, afectando con ello a las comunidades indígenas en el acceso al agua pa-ra consumo, uso agropecuario y doméstico. Asimismo, identifi ca la amenaza de la explotación minera en los territorios de asentamientos indígenas debido a que sólo hay una norma transitoria que prohíbe otorgar licencias para dichos fi nes.9


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20.- A pesar de las agresiones históricas acaecidas hacia los pueblos indígenas, en la actualidad exis-ten alrededor de 24 organizaciones10 indígenas que luchan por la defensa de sus derechos, las cuales identifi can como prioridad lo siguiente: “Que el Estado Salvadoreño se comprometa a aportar la cuota en el organismo internacional denominado Fondo de Población Indígena; generar un proceso de inci-dencia en la sociedad para visibilizar lo indígena desde diferentes ángulos; desarrollar acciones legales que posibiliten reformar la Constitución; generar un proceso en el movimiento social acerca de la ne-cesidad de incorporar en sus acciones la premisa de lo indígena como parte de las propuestas que se impulsen a nivel local, municipal, departamental y nacional; resistencia y rechazo a la implementación de los Tratados de Libre Comercio; generar acciones enrumbadas al derecho de los pueblos a la segu-ridad y soberanía alimentaria; lucha y demanda de reformas legales y constitucionales por el derecho a la tierra”11. De igual forma, en agosto el 2012 y mediante la Declaración de Cuscatlán, las organizacio-nes indígenas sentaron posición en defensa de la madre tierra que se ve amenazada por las industrias extractivas12. No obstante, una amenaza emergente que tienen los pueblos indígenas es el interés del gobierno de mercantilizar su cultura promoviendo el turismo.

21.- En cuanto a la participación política de los pueblos indígenas en los comicios electorales presi-denciales del 2014 se reconoció el avance que representó para la población indígena el voto residencial. Organizaciones indígenas de Nahuizalco manifi estan que el voto residencial les facilitó el acceso al su-fragio y les garantizó mayor respeto para la población indigna, al manifestar que “muchas veces hemos sentido la intolerancia, la discriminación y la agresividad por parte de las personas en el pueblo que nos ven de menos. Ahora que votamos en el cantón y somos todos del mismo lugar nos tenemos respeto y hay menos confl ictos, a pesar de las diferencias políticas.

22.- No obstante, la organizaciones indígenas del referido municipio identifi can un nivel de absten-cionismo en la población debido a que muchas persona les correspondía votar en un cantón distinto al que habitan, según el registro electoral, teniendo que trasladarse grandes distancia para ejercer su derecho al voto. Por lo anterior consideran que es parte de la discriminación racial, al manifestar que “sospechamos que las difi cultades y el desorden no tienen fundamentos técnicos, sino que refl ejan la intención de reducir el voto indígena y nuestra partición política, de ser así estaríamos entonces ante un caso de discriminación racial”.

23.- Una amenaza emergente que tienen los pueblos indígenas es el interés del gobierno de mer-cantilizar su cultura. Muestra de lo anterior es que sin tomar en cuenta la participación indígena en la formulación de los procesos de desarrollo, los representantes de los Ministerios de Turismo de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, miembros de la Organización Mundo Maya -OMM-, fi r-maron el 16 de agosto de 2012, en San Salvador, una declaración en la que se comprometen a impulsar como destino turístico la ruta maya, con el propósito de recibir 30 millones de turistas en el 2012.13

24.- La ausencia de cuerpos normativos que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas da paso al desinterés del Estado en asumir el deber que tienen de garantizar los derechos de las comuni-dades indígenas. El relator de las Naciones Unidas James Anaya observó la necesidad de que el Estado impulse acciones más concretas de las existentes, orientadas al rescate de las manifestaciones culturales como la lengua y las tradiciones ancestrales y su incorporación en los sistemas de protección social, en particular los referidos a salud, educación, los programas de asistencia económica para el crecimiento productivo, así como los programas de tenencia de tierra, que deben ser acordes a patrones culturales y necesidades de los pueblos indígenas.14


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Artículo 3

25.- Son notorios los esfuerzos del Estado en cuanto a asegurar la plena aplicación del principio de no discriminación, el derecho a la igualdad y la promoción de los derechos de las mujeres. Es loable la creación de instituciones como la Secretaría de Inclusión Social y el proyecto Ciudad Mujer. Asimismo se reconoce la aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres15, además del marco normativo internacional que protege el ejercicio de los derechos de las mujeres ratifi cado por El Salvador. También destaca la apertura para que organizaciones sociales que trabajan el tema de la mujer participen en el diseño, ejecución y evaluación de la Política Nacional de la Mujer.

26.- La discriminación de la que son víctimas las mujeres en El Salvador, aún se ve perpetuada por los prejuicios y condiciones sociales tradicionales de la cultura patriarcal, a pesar del considerable nú-mero de instrumentos jurídicos y programas adoptados por el Estado salvadoreño. Por ejemplo, las mu-jeres que trabajan en ofi cios domésticos, conocidas legalmente como trabajadoras del servicio domés-tico conforme lo establece el artículo 77 del Código de Trabajo. Pese a las regulaciones del Código de Trabajo, no se garantiza el respeto de sus derechos como trabajadoras, siguen sin ninguna protección laboral, donde no se garantiza contrato por escrito, carecen de protección sobre la garantía de tener un salario mínimo, no están sujetas a un horario de 8 horas diarias, sino las que el patrono estime conve-nientes o necesarias para la prestación de los servicios, obligándolas a prestar sus servicios en días de asueto, sin percibir el pago que les corresponde por ley; se señalan condiciones de discriminación y de “esclavitud” pues según lo establece el artículo 83 ordinal 3º se consideran causas de terminación de contrato sin responsabilidad para el patrono el “cometer el trabajador actos de insubordinación contra el patrono, su cónyuge, ascendientes, descendientes u otras personas que habiten permanentemente en el hogar”, situación que claramente violenta los derechos humanos y laborales de las trabajadoras do-mésticas reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

27.- Las mujeres siguen devengando menos del salario mínimo, y sin ser incluidas en el sistema de seguridad social. Tampoco el Estado ha establecido un mecanismo efi ciente que permita dar cumpli-miento al principio constitucional que establece que a igual trabajo igual remuneración, especialmente cuando de mujeres se trata.

28.- Si bien, las inspecciones laborales han aumentado en El Salvador sobre todo porque se ha au-mentado la contratación de más inspectores de trabajo, aún persiste la precaria situación laboral de cier-tas personas, especialmente de las mujeres que trabajan en las maquiladoras textiles, en muchas de las cuales no se respetan las reglas de contratación y las condiciones de trabajo establecidas en el Código del Trabajo.

29.- Sobre la participación política de las mujeres, El Salvador está a un nivel ligeramente inferior al promedio de América Latina y el Caribe que es de 20.7%. De acuerdo con el Censo de Población 2007, en El Salvador las mujeres constituían el 52.7% de la población. Sin embargo su participación en los poderes públicos era desigual. Su participación en el Órgano Legislativo continúa siendo una de las más bajas en la región, aunque aumentó del 9% en el período 2000-2003 al 9% a 19% en el período 2009-2012. Una mayor presencia de mujeres (33.3%) se encuentra en la actual bancada de El Salvador en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).


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30.- Si bien es cierto que durante los últimos cuatro años se ha avanzado en acciones conjuntas en-tre el Gobierno con la sociedad civil que se encaminan a erradicar progresivamente las prácticas y ac-titudes discriminatorias en los distintos ámbitos en contra de las mujeres, las personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales (LGTB), así como también en perjuicio de las personas viviendo con VIH-SIDA. No obstante, aún persisten prácticas y conductas institucionalizadas de intolerancia y discrimina-ción en razón de la orientación sexual. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aún discute la aprobación de una prohibición constitucional para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

31.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las asociaciones de la comunidad LGBTI fi rmaron un acuerdo el 7 de marzo de 2014, con el fi n de no entorpecer el derecho del sufragio a los miembros de la misma en las elecciones presidenciales del día 9 del mismo mes. El día de las elecciones, por ejemplo a Rubí López Moz, transgénero cuyo Documento Único de Identidad fi gura a nombre de Rubén López Moz, se le permitió votar sin ningún impedimento en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

32.- La Asamblea Legislativa aún no ha ratifi cado el protocolo facultativo de la CEDAW, debido a la presión que han ejercido los grupos conservadores nacionales y extranjeros.

33.- Las personas privadas de libertad, a febrero de 2014 se contabilizaban en 26,702. De los cuales 21,083 (78.96%) se encontraban condenados y 5,619 se encontraban procesados. Del total de privados de libertad 24,197 eran hombres y 2,505 eran mujeres.16 Los 19 centros de internamiento que confor-man el sistema penitenciario salvadoreño tienen una capacidad para albergar 8,490 internos, por lo que se estima una sobrepoblación de 18,212 personas.

34.- La situación de hacinamiento en el caso del penal que alberga mujeres es crítico, ya que su capacidad es para albergar a 220 internas, pero a julio del 2013 registraba una población de 2084 perso-nas.

35.- El presupuesto para el 2012 era de USD$1.96 diarios para alimentación por privado de libertad, es decir, USD$ 0.65 por cada comida.

36.- El sistema penitenciario registra 2,662 (9.92%) mujeres privadas de libertad, al 15 abril de 2013. Están albergadas en Cárcel de Mujeres de Ilopango, y en los Centros Penales de Quezaltepeque, Sensun-tepeque, Apanteos y San Miguel.

Artículos 6 y 7

37.- En el país sólo 1 de cada 5 trabajos es decente17, por lo que la mayoría de estos no garanti-zan tres condiciones básicas para convertirse en herramientas que construyan progreso: ofrecer una remuneración justa, dar protección social para el trabajador y su familia y garantizar condiciones de seguridad.18

38.- Según datos ofi ciales, para el 2013, de cada 100 personas en condiciones de trabajar, 59 estaban plenamente ocupadas, 31 son subempleadas y sólo 6 no contaban con acceso a un empleo (en términos brutos, 165,439 estaban desempleadas y 836,499.478 subempleadas). La tasa de desempleo fue del 6.07% de la Población Económicamente Activa (PEA) que para ese año era de 2,724.754 personas. Con base a


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tales datos, el desempleo se habría reducido en un 0.53% en el mismo año. En 2009 la cifra de desem-pleo era de 7.3% de la PEA, es decir que durante el período examinado el desempleo se redujo en 1.23% de la PEA.19

39.- Los indicadores señalan un avance en la reducción del desempleo; sin embargo, ello no ha si-do sufi ciente para disminuirlo sustancialmente. A pesar de que los indicadores refl ejen un avance para mejorar el acceso al trabajo, el reto sigue siendo signifi cativo pues si se toma en cuenta el desempleo (6.07%) y el subempleo (31%) existente, se tiene un 36% de la PEA que no tiene garantías de un empleo a mediano o largo plazo, ya sea porque no tiene acceso a uno o porque éste no es permanente.

40.- Aunque la tendencia de la tasa de desempleo ha sido a la baja en el período examinado, la magnitud de trabajo en el sector informal sigue siendo alarmante. Sobre todo porque ha habido una disminución de la tasa de desempleo, pero contrariamente ha aumentado la tasa de subempleo. Con el agravante que el sector informal no es cubierto por la seguridad social ni previsional. A pesar de que, en términos generales, los indicadores refl ejen un avance para mejorar el acceso al trabajo, el reto sigue siendo signifi cativo pues si se toma en cuenta el desempleo (6.07%) y el subempleo (30.7%) existente, tenemos poco más de un 36% de la PEA que no tiene garantías de un empleo a mediano o largo plazo, ya sea porque no tiene acceso a uno o porque éste no es permanente.

41.- El porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja se mantiene en 21%, y no hay signos que in-diquen que esto cambiará. La recién aprobada Ley de Juventud ofrece incentivos y programas enfocados en este sector, pero para quienes no encuentran oportunidades de desarrollo todo se queda en el plano de lo escrito. Muchos siguen considerando el arriesgado camino de la migración como una salida para “sacar adelante a la familia.20

42.- Entre los años 2009 y 2013 se han registrado tres aumentos al salario mínimo21. El último fue avalado por el presidente Mauricio Funes en julio de 2013 luego de una intensa disputa con los repre-sentantes de la empresa privada en el Consejo Nacional del Salario Mínimo -CNSM-. El aumento apro-bado fue del 12% para el sector privado pero que será aplicado en tres momentos: 4% en julio de 2013, 4% en enero de 2014, 4% en enero de 2015.

43.- Con el aumento del 4% correspondiente al año 2013, los salarios mínimos vigentes para ese año en El Salvador son: (1) sector comercio e industria: $233.06; (2) sector maquila textil: $ 195.00; (3) sector industrial $ 228.07; (4) sector agrícola: $109.20. Para enero del año 2015, el aumento del 12% se concretará en su totalidad y los salarios mínimos quedarán así: 1) sector comercio e industria: $250.99; 2) Sector maquila textil: $ 210.00; 3) sector industria: $ 245.61; 4) sector agrícola: $117.60.

44.- Aún con estos aumentos y comparado con la canasta de mercado22, los salarios siguen siendo insufi cientes, especialmente en el sector privado, lo que no permite a los trabajadores y a sus familias vivir adecuadamente.

45.- Al margen de las discusiones de la sufi ciencia o no del monto de los salarios vigentes, el gobier-no ha realizado esfuerzos signifi cativos por garantizar que se respeten los salarios mínimos legalmente establecidos. Entre junio de 2012 y marzo de 2013 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social registró y conoció de 1,477 casos de violación al salario mínimo. En concordancia con ello, impuso multas que en total suman $22,813.74.


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46.- En cuanto a la permanencia en el empleo, la legalidad del despido de hecho en la legislación salvadoreña es una amenaza constante para el sector privado. Por su parte, en el sector público también se han registrado múltiples vulneraciones a este derecho, principalmente en las Alcaldías Municipales.

47.- En el sector privado, la incertidumbre laboral es constante pues el artículo 38 ordinal 11° de la Constitución de la República y el artículo 58 y siguientes del Código de Trabajo, legalizan la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras pierdan su puesto de trabajo sin motivo alguno. Ello se traduce en la inexistencia del derecho de permanencia en el empleo para el sector privado. Asimismo, esa posi-bilidad deriva en múltiples violaciones a derechos laborales, algunas que no son denunciadas, precisa-mente, ante la posibilidad del despido de hecho.

48.- La gran mayoría de los casos de despidos de hecho en el sector privado no son registrados estadísticamente pues son parte de la dinámica “natural” de la oferta y demanda laboral. Sólo aquellos casos en que se reclama la respectiva indemnización son registrados en las estadísticas de las institucio-nes gubernamentales. Para el caso, al fi nal del año 2012 estaban en trámite 7,877 juicios individuales de trabajo por diversas violaciones a derechos laborales, entre ellas, el reclamo de indemnización ante despidos de hecho.

49.- En el sector público, las vulneraciones a la permanencia en el trabajo han persistido, sobre todo, con la utilización de la fi gura de contratación mediante la modalidad de “servicios personales”, sin em-bargo, en el año 2012, el grueso de violaciones en el sector público se dio en diversas municipalidades del país luego del cambio de gobiernos municipales, valiéndose de las fi guras de “supresión de plaza o cargo” y de “puestos de confi anza”, ambas contempladas en la Ley de la Carrera Administrativa Munici-pal (LCAM).

50.- Un aspecto que contribuyó en forma relevante con la estabilidad laboral de los empleados pú-blicos en el período, fue gracias al cambio de precedente de la Sala de lo Constitucional que estableció la existencia de la estabilidad laboral aún en casos en que el servidor público estuviera bajo contrato, con lo que rompió con la jurisprudencia anterior que no lo aceptaba. Esto posibilito que varios servi-dores públicos bajo contrato que fueron despedidos fueran amparados, incluyendo al sindicalista de la Asamblea Legislativa, Luis Alberto Ortega, que fue despedido y la Sala ordenó su restitución.

51.- A fi nales del año 2012, el número de despedidos en las comunas sumaba más de 600 (casos pú-blicos), en alcaldías como: Soyapango, Ilopango, Ayutuxtepeque, San Martin, Mejicanos, Izalco, San Luis Talpa, Chinameca y La Unión.

52.- Las estadísticas judiciales refl ejaron que en el año 2012 ingresaron 62 casos de solicitud de au-torización de despido de empleados públicos y se presentaron 477 procesos de nulidad de despido23 El número de solicitudes de autorización para efectuar despidos contrasta con los más de 600 casos de despidos que se conocieron públicamente y con la cantidad de procesos de nulidad de despidos de em-pleados municipales incoados en el mismo año.

53.- En julio de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó la denominada “Ley de Incentivo para la Crea-ción del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado”. La legislación detalla que los be-nefi ciarios de esta normativa serán jóvenes entre los 18 y 29 años, que no tengan experiencia laboral, ni registro de cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.


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Artículo 8

54.- Desde la entrada en vigencia de los Convenios 87 y 98 de la OIT, ha habido un aumento de contratación colectiva de trabajo en el sector público; sin embargo, persiste el obstáculo que limita su materialización ya que generalmente el Ministerio de Hacienda no lo incluye en el presupuesto fi nancie-ro para su materialización. Es decir que ha aumentado la contratación colectiva pero existen obstáculos presupuestarios para cumplirlos.

55.- Desde el 2010 Las organizaciones de mujeres han trabajado para que el Estado salvadoreño ra-tifi que el convenio 189 que garantiza los derechos de las trabajadoras domésticas, hasta la fecha no se ha logrado.

56.- En cuanto a la conformación de organizaciones sindicales se refi ere, los datos son bastante po-sitivos. Hasta diciembre de 2013 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB- reporta 89 sindicatos inscritos en el sector público de los cuales 74 están activos. En el sector privado -incluyendo autónomas- existen 344 sindicatos inscritos y sólo 182 activos. Asimismo, 192 organizaciones sindicales del sector independiente inscritas de las cuales únicamente 167 están activas. A esos datos se agregan 32 nuevas juntas directivas en proceso de acreditación, 11 en el sector público, 11 en el privado y autóno-mas y 10 en el sector independiente.

57.- En contraste, en el año 2009 existían un total de 243 sindicatos, todos del sector privado24, es decir, que entre 2009 y 2013 se conformaron 382 nuevas organizaciones (89 del sector público). Ese da-to es mucho más signifi cativo si se compara con el número de nuevos sindicatos creados en el periodo 2005 al 2009, el cual refl eja un aumento de tan sólo 68 sindicatos (en 2005 habían 175 sindicatos y 243 en 2009)25.

58.- En total, a fi nales de 2013 existían 625 sindicatos inscritos de los cuales 423 están activos, 170 en acefalía (27.2 %) y 32 nuevas juntas directivas en proceso de acreditación26. Dichos sindicatos se encuentran distribuidos en 35 federaciones y 6 confederaciones del sector privado; 5 federaciones y 1 confederación del sector público.27 No obstante, y pese al aumento de organizaciones, el Estado no tu-tela los derechos de sindicación tal como debiera tanto en el sector público como en el privado, ya que aun cuando tiene conocimiento de destituciones por motivos organizativos sindicales, así como desti-tución de directivos sindicales protegidos con fuero, su intervención no ha garantizado el respeto de tales derechos.

59.- Aún cuando la libertad sindical y el derecho de huelga están reconocidos en la Constitución, en Tratados y en el Código del Trabajo, en la práctica, el ejercicio de estos derechos encuentra una serie de obstáculos. También, existen limitaciones al derecho de huelga, ya que toda suspensión laboral que de-sarrollan los trabajadores trae como consecuencia que la mayoría de las huelgas sean declaradas ilegales judicialmente.

60.- En el sector privado también se registran violaciones a la libertad sindical. En este sector existe la tendencia a una menor denuncia pública de los casos que se presentan por la mayor vulnerabilidad de la estabilidad laboral existente; no obstante, diversos casos se registraron. Según el “Balance anual de denuncias por violaciones a derechos laborales 2013” publicado por diversas organizaciones defen-soras de derechos laborales, se registraron casos de discriminación sindical en empresas como: Electric


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Desings, Fabrica Florensi, Fabrica Samsew, Impresion Apparel, S.A de C.V, López Hermanos, Represen-taciones LYS, entre otros.28

61.- En febrero de 2013 se aprobaron una serie de reformas a la Ley de Zonas Francas, la cuales29 están orientadas a benefi ciar a la empresa privada mediante el otorgamiento de mejores condiciones a las inversiones extranjeras. Esos nuevos benefi cios responden a compromisos adquiridos por el Órgano Ejecutivo con la empresa privada en el año 201130; “El paquete de 46 cambios incluye exonerar a las em-presas del pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, del impuesto de la renta e impuestos municipales por 10 años si la zona franca está ubicada en el Área Metropolitana de San Salvador, y 15 años si está fuera de ese sector. La exención se basará en la inversión que realicen las empresas y en la cantidad de fuentes de trabajo que se generen, debido a que la Organización Mundial del Comercio -OMC- prohíbe que la dispensa de pagar tributos sea en base a las exportaciones.

62.- Con la aprobación de estas reformas, se estaría otorgando una salida a problemática que re-presenta el hecho de que en 2016 se vence el compromiso que el Gobierno adquirió con la OMC para desmantelar zonas francas. Además, el Gobierno afi rma que la Ley de Zonas Francas servirá para atraer inversión extranjera, aunque la administración actual fi nalice en 12 meses.”31

63.- En el 2012 fue presentada a la Asamblea Legislativa la denominada “Ley de Asocio Público Pri-vado” -LAPP-. La propuesta despertó la reacción negativa de diversos sectores de la sociedad salvadore-ña que la catalogaron como una medida dictada desde el extranjero y como herramienta para impulsar nuevas privatizaciones en el país. Dicha ley establece la posibilidad de que el Estado traslade a la em-presa privada la prestación de servicios, la explotación de recursos naturales y la realización de obras mediante la fi gura de la concesión.

64.- La normativa -denominada como Ley Especial de Asocios Público Privados- fue aprobada uná-nimemente (84 votos) por la Asamblea Legislativa el 23 de mayo de 2013 a pesar del desacuerdo expre-sado por organizaciones sindicales como el FESS,32 la CSTS33 y la MPJL.34 La ley no fue consultada con los trabajadores ni con la población en general a pesar del impacto económico de la misma. Posterior a la aprobación, diversos sindicatos mantuvieron los cuestionamientos a la normativa.35

65.- La aprobación de la mencionada ley abre la posibilidad de que el Estado sea desplazado por las grandes empresas para que éstas se benefi cien de las concesiones que se otorguen, esto pone en tela de juicio el papel del Estado como responsable del bienestar de la persona humana y la efectiva tutela de los derechos de los trabajadores ante grandes poderes económicos.

66.- Mediante resolución de la Sala de lo Constitucional36 se ordenó a la Asamblea Legislativa emitir una ley que regulara el derecho de los trabajadores a gozar de una compensación económica al renun-ciar a su trabajo de manera voluntaria. Esto con el objetivo de dar cumplimiento al derecho establecido en el artículo 38 ordinal 12º de la Constitución, mismo que se encuentra condicionado a la emisión de una ley según lo establecido en el artículo 252 de la misma normativa.

67.- El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea aprobó la denominada “Ley Reguladora de Prestación Económica por Renuncia Voluntaria” y varias reformas a la Ley de Servicio Civil y Ley de la Carrera Administrativa Municipal.37 En la normativa emitida para el sector privado predominaron los intereses de la empresa privada. El primer lugar, se acordó que la misma entrara en vigencia hasta el año 2015


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con el objetivo de que las empresas no tengan obligación de pagar el benefi cio a los trabajadores. Ade-más, el montó al que tendrá derecho el trabajador será sólo el de 15 días de salario sin que éste pueda exceder de dos salarios mínimos, contrario a la propuesta de los trabajadores quienes propusieron que fuese de 30 días de salario por cada año de trabajo sin límites de años y con un techo de 6 salarios mí-nimos. Además, como condición para tener derecho a la compensación se estableció que se debe acredi-tar por lo menos 2 años de trabajo.

68.- En el sector privado, los sindicatos han mostrado poca actividad reivindicativa a pesar de que ese sector es el menos favorecido en cuanto a salarios y estabilidad laboral. Precisamente, esta última incide negativamente en la creación y desempeño de los sindicatos en este sector. Por otra parte, los sindicatos que emprenden alguna reivindicación, muchas veces se enfrentan con la inefi cacia de las ins-tituciones para canalizar sus peticiones por vías legales.

Artículo 9

69.- En comparación a la situación del año 2009, el año 2013 reporta avances en la cobertura del sistema de pensiones. Tanto el número de afi liados como el de cotizantes se ha incrementado en ese período. Las afi liaciones crecieron alrededor del 21% y las cotizaciones en más del 13%. Para febrero de 2013 se contabilizaban 2.386.599 afi liados y 627,749 cotizantes38 al sistema privado de pensiones, mien-tras que en junio de 2009 la afi liación era de 1,970,806 afi liados y 551,520 personas cotizantes, es decir, hubo un aumento de más de 400 mil afi liaciones y de 76 mil cotizantes.39

70.- No obstante, en cuanto a la sostenibilidad fi nanciera del sistema40 en su conjunto y a la calidad de los montos de las pensiones no existe certeza alguna. El costo para honrar las pensiones está impac-tando fuertemente a las fi nanzas públicas. El Estado ha afi rmado que no cuenta con un estudio comple-to con propuestas concretas sobre la situación actual y futura del sistema de pensiones. Eso lleva a una incertidumbre a las personas jubiladas y por jubilarse. Para resolver el problema de la insostenibilidad de las pensiones, en el corto plazo se prevé una reforma al sistema que busca ampliar en cinco años la edad para jubilación tanto para mujeres como hombres. El Estado debería evaluar profundamente si el Sistema Privado de Pensiones que inició en 1998 ha favorecido a trabajadores y pensionados, o si por el contrario conviene volver mixto el sistema previsional. Asimismo debería revisar si el sistema privado favorece más a las Administradoras que a los trabajadores.

71.- Pese a algunos intentos realizados, continúa la exclusión de los benefi cios de seguridad social a sectores vulnerables como el doméstico e independiente. El sistema de seguridad social que fue adopta-do en 1998 en El Salvador y que otorgó la administración del fondo de pensiones a organismos priva-dos, eliminó el principio de solidaridad del sistema redistributivo público. Dicho sistema no establece los mecanismos necesarios para garantizar el acceso de los trabajadores agrícolas y empleados domésti-cos, y no benefi cia de manera equitativa a hombres y mujeres.

72.- En el año 2012 se contabilizaban sólo 1800 personas dedicadas a realizar trabajo en el hogar que estaban afi liadas al ISSS (93% de ellas mujeres)41 La iniciativa de dar cobertura social a trabajadores del hogar fue lanzada en el año 2010 y para septiembre del 2013 el ISSS reportaba 2,614 personas afi -liadas, promediando poco más de 650 inscripciones anuales. Abrir la posibilidad de brindar seguridad social a las personas que se dedican a desarrollar los trabajos del hogar resulta signifi cativo a la luz de la universalidad de los derechos humanos; sin embargo, la cifra de afi liación es muy baja si se parte de las


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proyecciones que en su momento se hicieron en relación de la afi liación esperada (más de 10 mil) y del número de personas que se dedican a esa labor (alrededor de 100 mil)42 El marco legal para extender el benefi cio es aún muy débil, ya que se dejó a discreción de los patronos hacerlo o no; por ello es impres-cindible fortalecerlo si se quiere producir efectos tangibles en ese ámbito de la población trabajadora.

73.- La indebida retención de los aportes de los trabajadores persiste a pesar de los esfuerzos de las instituciones para contrarrestarlo. En el período comprendido entre junio de 2009 a septiembre de 2013 el ISSS multó a 8,122 patronos por una cantidad que asciende a $1,019,861.14 en virtud de no trasladar los aportes a la seguridad social. Entre enero y septiembre de 2013 se reportaban casi dos millones y medio de dólares ($ 2,499,901.50) en concepto de aportes que no fueron traslados por 408 patronos, situación a la que las autoridades del ISSS le dan seguimiento a través del Departamento Jurídico.43

74.- Entre junio de 2012 y lo que va de 2013 no se han presentado variaciones signifi cativas en la situación de la previsión social en El Salvador. La insostenibilidad fi nanciera que se puso de relieve en el marco de la reformas a la Ley de Pensiones en marzo de 2012 sigue latente. La reforma implicó una ampliación del monto de las cotizaciones de los trabajadores de las cuales el Estado podía echar mano y una reducción del monto que las AFP cobran en concepto de comisión. El hecho de utilizar los fondos de pensiones para gastos del Estado revela la profunda crisis económica salvadoreña y el inminente ries-go que para la sostenibilidad fi nanciera de las pensiones ello implica. Y es que si el Estado no impulsa cambios económicos acertados será imposible que restituya el dinero que ha tomado de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 10

75.- En cuanto al cumplimiento de dos grandes compromisos de país en relación a la implementa-ción de la LEPINA, se destacan los avances signifi cativos en el marco del cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes con el diseño y aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia -LEPINA- en abril del 2009, y la puesta en práctica en su totalidad en enero de 2011, dicha ley propone un enfoque sistémico de la protección integral, evitando una visión fragmen-tada de la niñez. Adicionalmente se puede mencionar como avance importante la formulación y apro-bación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la cual fue diseñada a través de un proceso participativo, democrático e inclusivo a nivel nacional donde más del 50% de la población consultada fueron NNA. También se cuenta con la Política Nacional de Educación y Desa-rrollo Integral de la Primera Infancia y el reconocimiento al derecho a la educación es sustancial. En la LEPINA se encuentran defi nidas las funciones y niveles para la organización del Sistema de Protección Integral a nivel nacional y local, que están más desarrollados en los reglamentos y procedimientos.

76.- En cuanto a los principales indicadores de niñez (desarrollo y pobreza), se atienden a nivel de parvularia al 54% de niñas y niños de 5 a 7 años. Se atienden a nivel de educación inicial 2.4% de niñas y niños de cero a 4 años; sin embargo, el país debería invertir en educación el 6% de PIB para mejorar sustancialmente la educación.

77.- Como retos y desafíos se identifi ca que los vacíos dentro de la LEPINA han tenido como con-secuencia la falta de una clara defi nición de las jurisdicciones y responsabilidades de las instancias responsables de echar a andar los sistemas locales de protección. Así, las municipalidades cuestionan su responsabilidad directa en éstos y las organizaciones no gubernamentales trabajando a nivel local


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aún no visualizan la importancia de su registro al Sistema Nacional de Registro de Entidades de Aten-ción, obligación por mandamiento de la ley como un requisito para integrar los Comités Locales de Protección lo que ha retardado su instalación. Asimismo, debe ampliarse la sensibilización y compro-miso de autoridades, funcionarios y servidores públicos para darle prioridad a la atención integral de la niñez con base en la LEPINA, que debe expresarse en presupuestos visibles y programas territoriales.

78.- El Salvador aún no ha superado el reto de la transición para llegar al cambio de paradigmas que asegure una articulación del Sistema de Protección Integral que garantice el Interés Superior de la Niñez como el centro para las decisiones que afectan a la NNA. Para la Articulación del Sistema es vital que todas las instancias y actores, a distintos niveles: institucionales locales, departamentales y nacionales se apropien de los Principios enunciados en la LEPINA -entre ellos el de corresponsabilidad- y de la nueva estructura y funcionamiento a fi n de reorientarlos y/o modifi carlos en cuanto a su jurisdicción y otros aspectos para la aplicación de la misma.

79.- En cuanto a la violencia contra la niñez, El Salvador no cuenta con un sistema de reunión de datos integrado lo cual complejiza una mirada integral de la problemática de la violencia contra la ni-ñez; sin embargo se puede asegurar que la niñez y adolescencia en el país viven bajo una constante ex-posición a diferentes formas de violencia, esto se ve refl ejado en las estadísticas del Informe del Estado de Niñez y Adolescencia del CONNA que reporta que en el 2011 hubo 102 homicidios de NNA, logran-do reducirse para el año 2012 en un 50% y sólo como resultado de una tregua de las pandillas, pero re-cientemente ha incrementado debido a que este proceso no fue lo sufi cientemente sólido. La comunidad y los centros escolares siguen amenazados por las pandillas.

80.- La implementación del Sistema de Protección Social Universal ya ha comenzado a rendir fru-tos, se han ampliado programas de atención como: las transferencias monetarias condicionadas de edu-cación y salud, que se entregan a familias pobres a cambio de que envíen a los niños y las niñas a la escuela y reciban un cuidado adecuado; la Pensión Básica Universal, una ayuda de 50 dólares mensua-les que reciben las personas de 70 años y más, el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, que brinda asistencia por seis meses a mujeres y a jóvenes, Ciudad Mujer que da atención integral a mujeres; los programas de dotación de útiles escolares, uniformes y zapatos, que favorecen a estudiantes de escuelas públicas; y el programa de dotación de semillas, que subvenciona a campesinos y campesinas pobres.

81.- A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador, su aplicación y difusión aún son retos para las autoridades y organizaciones.44 Según el Índice de Equi-dad de Género (IEG) que todos los años elabora Social Watch y que mide la brecha entre hombres y mujeres en la educación, participación económica y el empoderamiento político, El Salvador está entre los tres países de América Latina y el Caribe en peor situación, en una escala en que 100 representa la igualdad total, el país se sitúa en la posición 62, Guatemala en la 49 y Haití en la 48.

82.- Las personas adultas mayores constituyen uno de los grupos poblacionales en mayores condi-ciones de vulnerabilidad. Según los datos del último Censo Nacional (2007), cerca de la mitad de las personas adultas mayores son pobres. La precariedad del mercado del empleo y del trabajo, y en parti-cular la desprotección social del sector agropecuario, determinan que la mayoría de la población carezca de prestaciones laborales y por tanto, una vez alcanzan la edad de jubilación, también de pensión básica que les permita una vejez digna e independiente.


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83.- Para el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en El Salvador las personas adultas mayores se encuentran en una situación de vulneración y exclusión por factores inherentes a su condición, porque no reciben atención sufi ciente del Estado o porque éste o algunos de sus integrantes violan sus derechos humanos y porque la sociedad ignora o desconoce la dura realidad que viven.45 Los adultos mayores constituyen un 11% de la población y en 15 años se proyecta constituyan un 20%, de ahí que se plantea la necesidad de que el Estado le garantice una vejez digna y segura.

84.- Actualmente el gobierno brinda una pensión básica que le ha sido otorgada a ancianos en 70 de los municipios más pobres, pero debido a las grandes necesidades de estos resulta insufi ciente, es necesario hacer una revalorización de las pensiones que les permita un retiro digno, el derecho a una pensión básica universal para aquellas personas mayores que no cuenten con otro ingreso. Este progra-ma presidencial inició en 2009 con 7 mil benefi ciarios de los 32 municipios más pobres del país, luego fue extendido a 16,800 adultos mayores de los 53 municipios, y ahora su cobertura llega a un total de 75 municipios, los benefi ciados, que son personas mayores de 70 años, reciben una pensión de 50 dólares mensuales, así como una atención integral que incluye, entre otros, consulta odontológica, vacunación y apoyo nutricional.

Artículo 11

85.- El Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, da cuenta que el défi cit habitacional es de 360,301 viviendas. Donde 315,918 unidades conforman el défi cit cualitativo y 44,383, el défi cit cuantitativo.46

86.- En el período que se examina, el Estado no ha logrado construir el número de viviendas de interés social proyectado en cinco años, lo que a su vez le ha impedido disminuir el défi cit habitacional cuantitativo y cualitativo. Al evaluar este programa, a un año que fi nalice el quinquenio de la actual ad-ministración presidencial, resulta que el proyecto tiene una defi ciente ejecución, ya que si en cinco años se proyectaba construir 25,000 unidades de vivienda, se supone que en un año corresponde la cons-trucción de 5,000; meta que si de disminuir el défi cit habitacional se trata, es muy baja, y sumado a ello dista mucho de las viviendas que el gobierno ha podido construir.

87.- El 61% de los hogares tienen viviendas con al menos una carencia en servicios o materialidad47 en muchos casos, las viviendas son tan precarias que no brindan la mínima seguridad y confort a sus habitantes. La población rural tiene menor proporción de oportunidades de mejorar su vivienda que la de la zona urbana (44% versus 61%)48

88.- Se reconoce que el Estado salvadoreño ha otorgado títulos de propiedad a familias que no con-taban con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra; no obstante ello, existen aún miles de familias49 que mantienen una situación precaria y que no cuentan con una vivienda adecuada y en especial de aquellas que se instalan a lo largo de la línea férrea, zonas volcánicas, zonas verdes y terrenos privados.

89.- En 2009, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 23 que contiene la Ley Especial para la Ga-rantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles50, que establece un procedimiento expedito pa-ra que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad. Decreto que violenta el derecho de audiencia, defensa, presunción de inocencia y la protección jurisdiccional del derecho a la propiedad y posesión. Este decreto, se emitió en un momento de la vida del país, en la que buena parte


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de la población en situación de pobreza, se encuentra amenazada de desalojo, o bien por particulares, o bien por entidades del Estado; algunas de las causas de esta situación son las siguientes: mega proyectos de inversión tales como el turismo, la reactivación del ferrocarril, las presas hidroeléctricas, la minería, la planta de gas licuado de La Unión, la Carretera Longitudinal del Norte. Pero también hay causas an-teriores, que tienen en inseguridad jurídica, en cuanto a la posesión y propiedad de la tierra, a un buen sector poblacional: tierras del ISTA, tierras propiedad de las cooperativas, lotifi caciones ilegales, resolu-ciones judiciales, personas desalojadas de sus tierras de origen, grupo familiares de personas indígenas entre otros.

90.- La incertidumbre de las personas que carecen de títulos de propiedad se ve acrecentada por el desarrollo del programa denominado Casa Segura (iniciado en 2013 y que continúa en 2014), el cual es impulsado por miembros de la Policía Nacional Civil, en aras de mejorar la situación de inseguridad ciudadana. Las comunidades son visitadas casa por casa y sus habitantes deben probar que son pro-pietarios del inmueble que ocupan mediante la presentación de facturas de pago de servicios (agua y energía eléctrica), y además, el título de propiedad del inmueble. Miles de familias carecen de títulos de propiedad, lo que potencialmente les vuelve candidatas para desalojos.

91.- El Salvador, es considerado el país con menor extensión territorial y con la densidad poblacio-nal más alta a nivel de América continental. No obstante, en los últimas dos décadas los gobiernos han pasado por alto un factor de carácter multidimensional como es la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el plano individual y colectivo y la posibilidad de acceso a la misma; invisibilizando que es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas, que hace entrar en juego aspec-tos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos, y garantiza la existencia digna de todo ser humano. No obstante, es una problemática que a todas luces ha socavado y continúa socavan-do a los sectores más vulnerables y más vulnerados de la sociedad.

92.- En el país se calcula que cerca de 250 mil campesinos no poseen tierra, es por ello que el Ins-tituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), tiene previsto otorgar cerca de 90 mil escrituras de propiedad, en el período del quinquenio del gobierno actual.51 Al fi lo de cumplirse el cuarto año de gobierno, se estima que se han entregado 37 mil escrituras en los cuatro años de gestión. Sin embargo, el problema de las personas sin tierra para construir sus viviendas y cultivar sus productos es cada vez más grave.

93.- Día con día se incrementa la cantidad de familias amenazadas de desalojo por la ejecución de megaproyectos de inversión, tales como: presas hidroeléctricas, carreteras, proyectos turísticos, minas entre otros. Amenazadas por acciones de entidades del Estado, de particulares, resoluciones judiciales perjudiciales a los intereses de las comunidades, y la entrada en vigencia de leyes que atentan contra la seguridad jurídica de la propiedad y posesión de inmuebles de sectores en situación de pobreza como es la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23.

94.- Puede mencionarse como ejemplo lo que dicha normativa está generando los primeros impac-tos a nivel nacional. En medio de golpes, gas lacrimógeno, atropellos y un uso excesivo de la fuerza, la jueza Ingrid Berríos del Juzgado de Paz de Intipucá procedió al desalojo de un aproximado de 90 familias, campesinos y campesinas sin tierra que desde inicios del proceso de reforma agraria se había asentado con fi nes de vivienda en el inmueble conocido como “Hacienda San Ramón”, en el municipio


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de Intipucá, Departamento de La Unión. Desde el 18 de junio de 2012, un año después de ejecutado el desalojo por la aplicación del Decreto 23, los campesinos y campesinas de la Comunidad Los Ranchos en Intipucá, continúan sobreviviendo a la orilla de la carretera a la espera que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) entregue los tan ansiados títulos de propiedad que a la fecha se en-cuentran en la etapa de medición de los terrenos.

95.- El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental no reconocido expresamente en la Constitución de la República salvadoreña, pero si consagrado explícitamente en múltiples instrumentos de derechos humanos, que son leyes nacionales al haber sido suscritos y ratifi ca-dos por El Salvador.

96.- La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada por el Ministerio de Economía en el 2011, muestra que la pobreza afecta al 47.5% de la población (47.6% de las mujeres y 47.3% de los hombres), la cual no puede consumir la Canasta Básica Ampliada (CBA), que se compone de 11 ali-mentos esenciales, de la vivienda, los vestuarios y los servicios básicos. El 32.03% de esa población está en pobreza relativa, porque aunque no cubre con sus ingresos toda la CBA, consume los alimentos, y el 15.47% está en pobreza absoluta o extrema52, porque con sus ingresos no consume ni siquiera los alimentos de la CBA. En cantidad de población, la pobreza total afecta a 2,952,494 personas (de un total de 6,213,730), de las cuales 1,990,940 están en pobreza relativa y 961,554 en pobreza absoluta: 498,646 mujeres y 462,908 hombres. La pobreza es mayor en el área rural.

97.- El Salvador tiene hoy, casi el mismo número de niños, mujeres y hombres desnutridos que el que tenía hace veinte años. Los progresos realizados hacia el logro de la meta de reducir a la mitad el número de personas desnutridas han sido, por tanto, desalentadores. La prevalencia del hambre en el país es muy similar a los datos mundiales: 1 de cada 8 personas en El Salvador no tienen sufi cientes ali-mentos para comer, ni en calidad, ni en cantidad.53

98.- En El Salvador, la falta de una alimentación adecuada es la principal causa de los altos índices de desnutrición, que afectan sobre todo a los niños y niñas de 6 a 24 meses, el 38% de los cuales sufre anemia; la situación se agrava por las condiciones de pobreza, la escasa producción de alimentos, los ba-jos niveles de ingreso y de empleo, las medidas neoliberales adoptadas por los gobiernos en las últimas décadas, la limitada inversión social del gobierno, entre otras.54

99.- En los cálculos del gobierno, una familia del área urbana debe consumir 11 alimentos para no ser pobre absoluta: pan francés, tortillas, arroz, carnes (res, cerdo, aves), grasas (aceite margarina, aceite vegetal), huevos, leche fl uida, frutas (naranja, plátano y guineo), frijoles, azúcar y verduras (papa, ce-bolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo). En el área rural la familia solo debe consumir 9 (se ex-cluyen el pan francés y las verduras). Aunque se trata de los alimentos mínimos que se necesitan para sobrevivir, no para tener una dieta alimenticia adecuada, casi el 9% de los hogares urbanos y el 18.4% de los hogares rurales no puede consumirlos. Por eso, entre otras razones, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estima que el 12% de la población salvadoreña está subnutrida55, o sea, tiene una ingesta de alimentos insufi ciente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria de manera continua.

100.- La falta de una alimentación adecuada es la principal causa de los altos índices de desnutri-ción, que afectan sobre todo a niños y niñas de 6 a 24 meses, el 38% de los cuales sufre anemia.56 Las


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principales causas de la pobreza y de la mala alimentación son la escasa producción de alimentos y la imposibilidad que tiene una amplia franja de la población de satisfacer sus necesidades de consumo, debido a sus bajos niveles de ingreso y de empleo y a la limitada inversión social del gobierno. Pero el trasfondo de esa injusta situación es la concentración de la riqueza en una minoría de la población.

101.- La caída de la producción de alimentos y la cada vez mayor dependencia de alimentos impor-tados se debe principalmente a la política económica aplicada entre los años 1989 y 2009, que afectó a la pequeña producción campesina y estimuló las importaciones. La reducción de aranceles, la libe-ralización y encarecimiento de los insumos, la supresión de los precios de garantía a los productores y productoras, la disminución de la asistencia técnica y la reducción del crédito al agro, condujeron a un desplome de la producción de arroz, hortalizas, carne, huevos y lácteos y a un estancamiento de la producción de maíz. En 1990, El Salvador producía el 93% de los granos básicos que consumía y en la actualidad produce el 28% del arroz, el 54% del maíz y el 62% del frijol. Los porcentajes restantes se im-portan. En el caso de las hortalizas las importaciones cubren el 70% del consumo.57

102.- Muchas comunidades tienen carencias alimenticias, debido a que no poseen tierras para culti-var, ni recursos para hacerlo, no tienen acceso a créditos, viven en condiciones de extrema marginalidad y están amenazadas de desalojo por la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

103.- En el 2012, el Banco Mundial58 consideraba que en El Salvador 1 de cada 5 niños y niñas tenía retraso en el crecimiento y el 38% de los que tenían edades de 6 a 24 meses sufrían de anemia. La mor-talidad infantil de menos de cinco años era de 16 por mil59 y el estudio del Banco Mundial indica que la tercera parte de las muertes de niños y niñas se debía a la desnutrición; el 27% de niños y niñas en edad preescolar y el 21% de mujeres embarazadas sufrían de anemia. El estudio concluye que “el consumo de una dieta variada y nutritiva es un reto en El Salvador, como la refl ejan las tasas de retraso de creci-miento y anemia.

104.- En el país la diferenciación entre CBA urbana y rural no está defi nida a partir de un estudio que permita su justifi cación. El argumento generalmente utilizado para hacer la referida distinción es a partir de la afi rmación que en la zona rural se producen los alimentos y muchas personas participan en ese proceso por lo que no deben comprarlos, lo que reduce el número de alimentos que la componen y el costo de la misma. Sin embargo, existen muchas personas que habitan en las zonas rurales y que no cultivan ningún tipo de alimento teniendo que comprarlos y consumirlos al mismo costo que las perso-nas que viven en la zona urbana.

105.- La cafi cultura salvadoreña cuenta con una superfi cie cafetalera boscosa de 229,921manzanas que equivalen a 160,944 hectáreas, conformada con una población total de aproximadamente 626.5 mi-llones de cafetos60. Per se, el cultivo o producción del café no está vinculada directamente con el dere-cho a una alimentación adecuada; No obstante, cuando la producción de éste es afectada por cualquier causa, se reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores del campo que participan en el proceso de producción, lo que genera falta de acceso a los alimentos de dichas personas.

106.- La roya es una plaga que ha afectado fuertemente los cultivos de café, esta se caracteriza por-que al reverso de las hojas se producen manchas cubiertas con un polvillo color anaranjado lo que pro-voca la caída prematura del grano; lo anterior genera una disminución en la cantidad y calidad de la cosecha. Al fi nal del 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG- reportó el peor brote de


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roya del café de los últimos 50 años, generando una reducción de al menos 400,000 mil quintales, 61 lo que se ha traducido en la reducción de contratación de personas que participan en las cortas de café y estas a su vez no pueden satisfacer sus necesidades primarias atentando contra la seguridad alimentaria y nutricional de las mismas.

107.- El Programa Mundial de Alimentos identifi ca alrededor de 113,000 hogares dependientes del jornal agrícola de los cuales un 44% (50,000 hogares) son considerados como vulnerables a la insegu-ridad alimentaria, en un perímetro de 5 Km alrededor de las áreas de cultivo de café. De igual forma, señala que el número de familias que depende directamente de la cosecha de café y que son vulnerables a la reducción de la producción debido a la roya son 12,87162 lo que tiene un estimado de 64, 355 per-sonas entre mujeres, niños, niñas y hombres de todas las edades. Los métodos químicos usados en la agricultura para controlar las plagas que afectan a las cosechas impactan directamente en la salud de la población, mayoritariamente masculina, que se dedica a esa labor. En el país se registran entre 500 y 700 casos anuales de insufi ciencia renal crónica por los cuales el Estado gasta anualmente $17 millones para tratar el padecimiento, las autoridades de del Ministerio de Salud han manifestado que una de las principales causas de esta enfermedad es la ocupación de agroquímicos63.

108.- En ese marco, el 5 de septiembre del año 2013 la Asamblea Legislativa aprobó con cuarenta y cinco votos a favor, de los ochenta y cuatro diputados que la componen, la reforma a la Ley de Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, con las que se prohibiría y sancionaría la venta, distribución, importación y uso de 53 agroquímicos en el país.64

109.- El proyecto de reforma no fue aprobado por el Presidente Mauricio Funes y lo regreso con observaciones a la Asamblea Legislativa alegando que no está comprobado científi camente que los 11 agrotóxicos que se pretende prohibir y circulan en el mercado afecten la salud de las personas65, dejando de lado los indicadores que se han dado en el país con la utilización de estos químicos. A la fecha de redacción del informe no se ha defi nido nada en relación a tema.

110.- Es de reconocer que el Estado salvadoreño, consciente de la problemática por la que atraviesa una franja importante de la población, a través del actual gobierno, que inició en junio de 2009, ha puesto énfasis en el aumento de la inversión social y vinculó las compras del Ministerio de Educación con pequeñas empresas que producen uniformes y calzados y con ganaderos que le venden leche. Tam-bién ha entregado 33,000 títulos de propiedad a pequeños y pequeñas agricultores y créditos a intereses de 4% a varios miles de agricultores. Incluso creó el Banco de Desarrollo, que canalizará créditos hacia las micro y pequeñas empresas. Y en materia fi scal liberó del pago de renta a 82,000 personas asalaria-das que ganan entre 317 y 503 dólares al mes. Sin embargo, a pesar de lo positivo de esas acciones, se dan en el marco de un estancamiento de la inversión privada y del Producto Interno Bruto (PIB) que afecta sus limitados alcances. Por eso, a pesar del énfasis social de la política del gobierno, la pobreza total aumentó de 44%6 en el 2009 a 47.5% en el 2011 y la pobreza extrema se mantuvo en 15%.66

111.- El Programa de Agricultura Familiar (PAF) dotó de herramientas e insumos a 24 mil 471 pro-ductores para dinamizar las cadenas productivas y de esa forma apoyar el autoempleo. Para el 2012, se estima que unos 1.300 grupos familiares producirán granos básicos que serán comprados por el gobier-no para brindar la alimentación en los centros escolares.


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Artículo 12

112.- Si bien se reconoce que las cifras relacionadas con la respuesta que El Salvador está dando al VIH son alentadoras, persisten algunos inconvenientes como el provocado por la reducción global del Presupuesto General de la Nación que ha afectado el presupuesto asignado al sector salud y que sigue siendo insufi ciente para cubrir adecuadamente a la población, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad. Tal es el caso de la reducción del 45% (USD $810,000) que para el 2013 sufrió el presu-puesto que se tenía asignado para la compra de medicamentos antirretrovirales para personas viviendo con VIH. Hasta diciembre de 2013 había un registro de 30,500 personas viviendo con VIH en el país, de los cuales 7,970 reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público de salud. A pesar de los es-fuerzos en la prevención, todavía se reportan anualmente alrededor de 1,600 casos nuevos.67

113.- Es de reconocer que en los últimos tres años se lleva un descenso sostenido de casos detecta-dos de VIH. El registro es de cuatro nuevos casos diarios detectados, lo que indica una disminución de 200 y 300 casos nuevos por año. No obstante, la reducción del presupuesto para la prevención, atención y estrategias de sensibilización sobre VIH no debería menguar. Mucho menos no se debería creer que el VIH ya no es un problema y que ya no es un peligro.

114.- El aborto sigue siendo ilegal cualesquiera sean las circunstancias que lo motiven,68 incluyendo cuando está en peligro la vida de la madre, aborto terapéutico, incesto y violación; lo que propende a que se siga practicando el aborto clandestino y éste siga siendo una de las causas principales de muerte de las mujeres. No ha habido avances de reformas a la legislación sobre el aborto.

115.- Hay episodios de prácticas discriminatorias en los hospitales públicos de maternidad en contra de mujeres que dan a luz y que son portadoras del VIH. La Procuraduría para la Defensa de los Dere-chos Humanos y organizaciones sociales registran casos de pacientes69 que son coaccionadas a autorizar su esterilización como una forma de evitar que madres viviendo con VIH sigan teniendo hijos e hijas.

116.- El tema de la salud pública de la población salvadoreña, debe de pasar por revisar desde una perspectiva de concebir la salud como un valor social, cuyo goce da sentido y dignidad a la vida huma-na y garantiza el pleno desarrollo de las personas y de la sociedad.

117.- En El Salvador, existe una enfermedad que está ocurriendo fundamentalmente a nivel de las comunidades agrícolas y que afecta eminentemente en predominio al hombre agricultor como es la En-fermedad Renal Crónica No Tradicional, (ERCNT), que está relacionada a la presencia de sustancias toxicas en suelo, agua, plantas, y animales, de las comunidades agrícolas donde existen determinantes sociales fundamentales como la pobreza y baja actividad económica. La pobreza es uno de los rasgos que caracteriza las comunidades agrícolas de nuestro país, a esto se añade el hecho demostrado de que existe un alto nivel de contaminación ambiental.

118.- En nuestro país, los agricultores trabajan sin ningún tipo de chequeo de protección, a veces sin camisa, sin mascarillas, ni capas, ni guantes, ni botas, hasta descalzos, los mismos agricultores ex-presan que el movimiento de la bomba va girando en su espalda con los agroquímicos adentro y les moja todo sus cuerpo de los plaguicidas, estas sustancias se van al suelo, se acumulan en el suelo conta-minándose los mantos freáticos, ríos, pozos de abastecimiento de las comunidades rurales lo que genera una exposición de contaminación no sólo con el agricultor que recibe de forma directa el agroquímico,


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sino también los animales que consumen el agua, las plantas, el suelo y el resto de la comunidad que se abastece del recursos hídrico de los ríos y del nacimientos de agua o pozos de abastecimiento. Además, existe una agravante: los trabajadores del campo no son benefi ciarios de seguridad social, y al enfermar-se deben acudir al sistema público de salud, que de por sí presta una atención defi ciente.

119.- Después de una década de haber sido presentada una propuesta a la Asamblea Legislativa, la Ley de Medicamentos se aprobó casi por unanimidad, 80 de los 84 diputados que conforman el parla-mento votaron a favor de la Ley. El objetivo de la ley aprobada fundamentalmente es bajar el precio de los medicamentos tanto de marca como genéricos, además de mejorar el control calidad de éstos y la creación de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), ente rector que debe verifi car el cumpli-miento de la ley.

120.- Además, busca garantizar la institucionalidad para favorecer la accesibilidad, el registro, cali-dad, disponibilidad, efi ciencia y seguridad de los medicamentos para la población, así como el uso ra-cional de los medicamentos. Los datos ofi ciales precisan que la población será benefi ciada con la rebaja de los costos de los productos farmacéuticos que oscilara entre 35% y un 69%, en 4,406 medicamentos distribuidos en 1,233 Conjuntos Homogéneos, es decir que tengan el mismo principio activo.

121.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que la creación de la Ley tuvo enorme relevancia, dado que ha sido ampliamente conocido que el sector de medicamentos salva-doreño se ha caracterizado por una defi ciente regulación y vigilancia, lo que ha permitido, por ejemplo, una serie de arbitrariedades por parte de las empresas farmacéuticas a la hora de establecer los precios de venta al público, y la inexistencia de mecanismos adecuados para ejercer control de calidad.

122.- Está claro que el gobierno salvadoreño busca atraer inversión extranjera directa a través de la generación de distintas condiciones para que empresas y corporaciones mercantiles transnacionales que se dedican a diversos rubros comerciales y fi nancieros lo hagan. En agosto de 2012 el gobierno presentó el proyecto de Ley de Suspensión Administrativa de los Permisos de Exploración Minera; la cual, de aprobarse, estaría estableciendo la posibilidad para la explotación minera en el país.

123.- La Asamblea Legislativa período 2012-2015 no ha ratifi cado la reforma constitucional que fue aprobada por mayoría legislativa en sesión plenaria del día 19 de abril 2012 por la legislatura 2009-2012, la cual busca garantizar el derecho humano a la alimentación y al agua. Tampoco se han aprobado la Ley por la Soberanía Alimentaria, y la Ley General de Agua; ambas han sido propuestas por organiza-ciones sociales y actualmente se encuentran en las comisiones legislativas respectivas.

124.- Igualmente, el Estado no ha aprobado un marco jurídico que regule la gestión sustentable del agua, a pesar de la situación crítica de estrés hídrico en que se encuentra el país.

125.- El Salvador mantiene una potencial amenaza por proyectos mineros ubicados en zonas fron-terizas con otros países vecinos, y hasta el momento no ha adoptado medidas para la defensa de la no contaminación de los cuerpos de agua nacionales.

126.- El Estado salvadoreño hasta la fecha, ha sido demandado en dos ocasiones ante el CIADI, por dos empresas mineras internacionales, las cuales demandan una indemnización por expropiación indi-recta que suman los 500 millones de dólares. Si bien no se han perdido los casos, la defensa de El Sal-


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vador en los arbitrajes interpuestos por las empresas mineras transnacionales, son cubiertos del erario nacional y se vuelven un gasto signifi cativo innecesario. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ha reiterado que las demandas millonarias contra el Estado salvadoreño constituyen el refl ejo evidente de las injusticias inherentes a los Tratados de Libre Comercio y de los intereses que se defi enden en tri-bunales como el CIADI.

127.- El actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado por la ur-gente aprobación de las propuestas de Ley de Prohibición de la Minería Metálica y de la Ley General de Agua.

128.- El Salvador ha sido considerado uno de los países con mayor contaminación y degradación ambiental a nivel latinoamericano, siendo la población en situación de pobreza y vulnerabilidad las que sufren los embates de estas condiciones que se profundizan con el cambio climático, los problemas rela-cionados con el recurso hídrico, los desplazamientos humanos para dar espacio a los megaproyectos es-pecífi camente represas y minerías y a la escasez de alimentos, en defi nitiva haciendo más difícil el goce de los derechos humanos más fundamentales como es la vida digna, la salud, la alimentación adecuada y el medio ambiente.70

129.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, lamentó que históricamente no se hayan atendido los problemas medioambientales que ahora irrespetan los derechos humanos de la po-blación salvadoreña, entre los que se encuentran sectores que demandan se les respete el derecho a ser informada sobre proyectos como los mineros o hidroeléctricos, pero a la vez, a participar en la toma de decisiones. También subrayó la importancia de garantizar a las y los salvadoreños el derecho de acceder a la justicia ambiental.71

Artículos 13 y 14

130.- En El Salvador, la tasa de asistencia escolar para el 2011, fue de 32.4% del total de población de 4 años y más, lo que representó un total de 1,884,913 alumnos que asistieron a un centro educativo formal en todo el territorio nacional. La tasa de asistencia escolar específi ca de los hombres a nivel na-cional es de 34.9% y de las mujeres de 30.1%. En el área urbana, la asistencia escolar específi ca de los hombres es de 35.4% y de las mujeres de 30.1%; en el área rural el 34.2% de los hombres asisten a un centro escolar; las mujeres lo hacen en 30.2%.

131.- Las estadísticas indican que en el 2011, el acceso institucional a centros de educación inicial entre los niños y niñas menores de 3 años era inferior al 2%; el acceso a la educación parvularia era del 54.2% y de sólo poco más de un tercio en bachillerato72. Por su parte, mientras la matrícula neta en educación básica equivale al 93.7 % de los niños y niñas, la de media alcanza solo el 35.4%. Estas tasas tan bajas en los ciclos superiores refl ejan las difi cultades de permanecer y avanzar en el sistema educati-vo, lo que vuelve muy difícil que la educación se convierta en la llave del futuro para todos.73

132.- En el Informe del Grupo de Trabajo del EPU a El Salvador en 201074 se sostuvo que en lo que concierne al derecho a la educación, específi camente en cuanto a mejorar las condiciones de acceso a la educación secundaria con especial énfasis en las zonas rurales, el Gobierno dispuso de los recursos sufi cientes para mejorar la calidad de la educación tanto primaria como secundaria a nivel nacional, incluyendo las zonas rurales. No obstante, y pese que han transcurrido casi cuatro años, la inversión en


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educación sigue siendo baja75, sobre todo en educación secundaria rural, no ha permitido mejorar la cobertura.

133.- No hay inclusión dentro de la currícula educativa de las temáticas de derechos sexuales y re-productivos para intentar disminuir no solamente los embarazos no deseados en adolescentes sino tam-bién para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

134.- Se reconoce que en el período examinado, el MINED creó en su interior la Coordinación de Educación en Derechos Humanos, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la enseñanza de los Derechos Humanos; no obstante, la enseñanza de los mismos sigue siendo muy limitada en todos los niveles educativos y a nivel nacional.

135.- Es destacable que las familias de los alumnos en educación pública primaria no deben pagar cuotas escolares, y que se les proporciona uniformes y zapatos escolares; también es bien vista la apro-bación de una ley que permite la dotación diaria de un vaso de leche a los estudiantes de ese nivel edu-cativo. También es destacable el impulso de la Escuela Inclusiva a Tiempo Pleno que busca la formación integral de los estudiantes; sin embargo, esta Escuela debería abarcar todo el país, lo que necesariamente pasa antes por aumentar la inversión en educación.

136.- Durante los primeros meses de 2013, un 98% de los estudiantes de los centros educativos ha-bían recibido los útiles escolares, uniformes y zapatos. El porcentaje equivale a 4,863 centros educativos a nivel nacional, de los 4,968 que son benefi ciados con el programa. De acuerdo al Gobierno, el progra-ma de Paquete Escolar favorece a más de 1.3 millones de estudiantes y más de 4 mil proveedores, como uno de los programas sociales más relevantes de la actual gestión bajo el Sistema de Protección Social Universal -SPSU-.

137.- Para el 2011, se calculaba que 652,928 personas de 10 años y más no sabían leer ni escribir, lo que representó una tasa de analfabetismo de aproximadamente el 12.8% a nivel nacional,76 de este, el 8.0% en relación con las mujeres, mientras 4.8% en relación con los hombres.

138.- De acuerdo a los titulares del MINED, en los últimos tres años se ha aumentado la inversión educativa, la cual pasó del 2.9 al 3.45 por ciento del PIB en los últimos tres años. En 2013, el gobierno invierte un promedio de 52 dólares por estudiante, mientras que en administraciones anteriores este rubro no llegaba a los 30 dólares. Este aumento ha permitido que, entre otras puntos destacables, el pro-grama de Alimentación Escolar brinde un refrigerio que contiene arroz, frijol, aceite, azúcar, leche en polvo y bebida fortifi cada dos veces por semana a un millón 339 mil estudiantes de parvularia a noveno grado en 4,960 escuelas y 233 centros del Instituto para la Niñez y la Adolescencia -ISNA-.

Artículo 15

139.- En el período que se informa, la institución rectora de las actividades culturales en el país ha desarrollado distintas acciones encaminadas a volver accesible la vida cultural y el acceso a ésta, lo que ha benefi ciado a la población, principalmente a la urbana; no obstante, falta desarrollar esas acciones a nivel comunitario y también en las zonas rurales que son las menos favorecidas.


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140.- La Ley Especial de Protección al Patrimonio Nacional no contiene los mecanismos que permi-tan verdaderamente proteger el patrimonio nacional. En este período ha habido, existen registros tras-cendentes donde no hubo intervención oportuna de la Secretaría de Cultura: destrucción del mural de catedral metropolitana; el archivo histórico de la Ofi cina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salva-dor; destrucción de sitios arqueológicos para construcción de proyectos habitacionales; destrucción de casas, edifi cios o templos religiosos declarados como bienes culturales; hurto y tráfi co de imaginería y piezas arqueológicas, entre otras.

141.- No obstante haberse realizado desde el Gobierno esfuerzos por descentralizar las actividades culturales, existen muy pocos espacios para la participación cultural de las personas, especialmente de las que habitan en las zonas rurales. También, son muy pocos los sitios de esparcimiento para la pobla-ción, en las zonas urbanas.

III. Conclusiones

Artículo 1

142.- Durante el período que se informa se han registrado importantes avances en las políticas pú-blicas dirigidas a cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Falta mu-cho por hacer pero hay mejorías.

143.- El Estado continúa negando el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, me-diante la casi nula protección jurídica ya sea por la adopción o ratifi cación de los tratados internaciona-les que garantizan sus derechos o por la inexistente normativa interna general. Lo anterior coloca a los pueblos originarios en una posición de vulnerabilidad frente a las amenazas de los proyectos hidráulicos y extractivos, al no hacer las respectivas consultas previas por no estar regulado dicho derecho.

144.- El Estado necesita aplicar lo estipulado en la Constitución de la República cuando establece que todas las personas ya sean éstas naturales o jurídicas, tienen derecho al acceso a la tierra; por lo que las comunidades Indígenas como tales no están limitadas a adquirir propiedades. No existen registros de tierras a favor de comunidades indígenas.

145.- En cuanto a la no discriminación contra la mujer, existen sufi cientes leyes aprobadas que lo regulan, al igual que sufi cientes instituciones para tales fi nes; no obstante, no se han creado los mecanis-mos para materializarlo efectivamente, lo que permite que se sigan dando hechos de violencia contra las mujeres sobre la base de su condición de mujeres.

146.- Se reconoce el avance que se ha dado durante el período en cuanto a la inclusión de la comu-nidad LGTBI; pese a ello siguen muy presentes las prácticas discriminatorias para este sector.

Artículo 3

147.- Se reconoce como positivo que se haya aprobado legislación orientada a erradicar las brechas de género, principalmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en 2010, y la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, en 2011; así como la puesta en marcha de iniciativas como el programa “Ciudad Mujer”, el cual provee a las mujeres


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servicios especializados para salud, mejora de oportunidades económicas, acceso a la justicia y educa-ción no formal.

148.- No obstante lo anterior aún existen sensibles obstáculos para que las mujeres puedan desen-volverse en un contexto libre de discriminación y desigualdad, particularmente en el área rural. Las mujeres salvadoreñas continúan teniendo mayores problemas que los hombres para acceder a empleos remunerados y bajo condiciones dignas.

149.- Se pueden destacar dos acciones importantes: La creación del Banco de Desarrollo de El Sal-vador, de propiedad estatal, aprobado por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2011 y que comen-zó a operar en el 2012. Dicho banco le otorgará créditos a largo plazo y a bajos intereses a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la banca de desarrollo tiene una cobertura muy limitada, pues el capital con que operará es muy pequeño. Y en el caso del programa PATI, además de ser de asis-tencia, no es permanente para las personas.

150.- Es loable la iniciativa del programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), creado a principios de mayo de 2010 y que benefi cia a más de 15 mil personas, sobre todo mujeres jefas de hogar y jóvenes de los 25 municipios más vulnerables del país, a quienes se les otorga un bono en efectivo de 100 dóla-res al mes, durante seis meses, y se les capacita en determinados ofi cios.

Artículo 6 y 7

151.- En los últimos cinco años se han registrado acciones positivas en torno a algunos derechos laborales, no obstante, estas no han sido sufi cientes para lograr pleno goce y respeto a los mismos. La consolidación de los derechos laborales y sindicales requieren un papel más activo de parte del Estado, tanto en generar las condiciones materiales necesarias para garantizar los derechos consagrados a favor de los trabajadores y trabajadoras, como para fomentar una cultura de respecto entre funcionarios pa-tronos y trabajadores.

152.- Instituciones como el Ministerio de Gobernación hicieron más expeditos los trámites para otorgarle personalidad jurídica a las asociaciones y fundaciones sin fi nes de lucro. Entre julio y agosto de 2009 se legalizaron 51 organizaciones, entre ONG, iglesias cristiana, fundaciones y asociaciones. Una de las instituciones legalizadas fue la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), que llevaba 25 años tramitando su legalidad. Ello contribuye con la generación de empleo.

153.- En el 2013 únicamente se registró aumento en el salario del sector privado y no en el sector público. Dicho aumento es positivo en cuanto a capacidad adquisitiva, no obstante, éste no se determi-nó sobre las base de las necesidades materiales de la clase trabajadora. Además, a pesar de las buenas in-tenciones del Ejecutivo en relación a que el aumento fuere más sustancioso e inmediato, los intereses de la empresa privada prevalecieron en la determinación del aumento. Un factor que permitió lo anterior es la falta de una clase trabajadora que reaccionara con fuerza para inclinar la balanza a sus intereses.

154.- A pesar del aumento, los salarios existentes no garantizan que los trabajadores puedan satis-facer sus necesidades materiales, morales y culturales de conformidad a lo establecido en el artículo 38 ordinal 2o de nuestra Constitución.


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155.- Es importante señalar que el aumento escalonado del salario mínimo que se aprobó en 2013 anuncia un estancamiento de los salarios hasta enero de 2015, situación que va en detrimento de las condiciones de vida de la clase trabajadora salvadoreña.

Artículo 8

156.- Hay avances tangibles en relación a la libertad de conformar organizaciones sindicales, sobre todo en el sector público. En cuanto a libre ejercicio de la labor sindical se han registrado problemáticas emblemáticas, tanto en el sector público como en el privado.

157.- El Estado ha mejorado las condiciones para la creación de nuevas organizaciones sindicales, en el período que se informa se han registrado 382 nuevas organizaciones sindicales mientras que en el anterior únicamente 68. En total, para 2013 existen 423 organizaciones sindicales activas, 40 federacio-nes y 7 confederaciones.

158.- No obstante lo anterior, los obstáculos al trabajo sindical -tanto por el Estado como por patro-nos privados- han sido reiterados en el 2013, ello ha incluido desde pocas facilidades para el goce de los permisos sindicales hasta el despido de directivos o la amenaza de tomar represalias contra ellos a pesar de la garantía de estabilidad laboral que la Constitución establece.

159.- Las organizaciones sindicales tienen sus propias valoraciones y preocupaciones sobre el anun-ciado aumento al salario mínimo. Entre ellas fi gura de manera constante la insufi ciencia del aumento planteado y la falta de control sobre el eventual aumento de precios por parte de la empresa privada.

160.- Se han constado varios casos de claras violaciones a la garantía de estabilidad laboral que el artículo 47 inciso sexto de la Constitución reconoce a los directivos de organizaciones sindicales.

161.- La negociación de contratos colectivos aún no es vista como un proceso inherente a las buenas relaciones laborales pues se siguen poniendo obstáculos a la misma. Tampoco se ha logrado que éstos sirvan para uniformizar las condiciones de trabajo de la manera prescrita en el artículo 39 de la Consti-tución.

162.- La propuesta de Código Procesal del Trabajo y el borrador de anteproyecto de Ley de la Fun-ción Pública son de especial relevancia para los trabajadores y trabajadoras de todo el país pues en ellos están inmersos los derechos e intereses de la mayoría de la clase trabajadora salvadoreña.

163.- El desenlace de esa normativa incidirá negativa o positivamente en millones de salvadoreños y salvadoreñas. De ahí que ambas normativas son trascendentales y deberían ser abordadas por el Estado desde una perspectiva de Derechos Humanos. Por su parte, para las organizaciones sindicales las nor-mativas tendrían que ser prioridades en sus agendas de trabajo.

164.- La aplicación de la Ley Especial de Asocio Público Privado, ésta impactará sobre los emplea-dos públicos pues con ella se trasladará responsabilidades estatales al sector privado. Asimismo, las con-diciones laborales de amplios sectores de la población estarán determinados por los capitales -aparente-mente extranjeros- que resulten benefi ciados de las concesiones.


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Artículo 9

165.- En cuanto a la seguridad social se refi ere, resulta positivo el aumento de más de 94 mil coti-zantes al seguro social durante el período que se informa; sin embargo, hay que señalar que el total de afi liados al Seguro Social (773.627 personas) no representa el total de las personas que se supone están empleadas en El Salvador (1, 722, 815.52 personas). Es decir que no se ha logrado la correlación entre contar con un empleo y el acceso a los servicios de salud que la ley señala.

166.- Entre los esfuerzo gubernamentales de ampliar la cobertura del ISSS está la iniciativa de exten-der el benefi cio al trabajo doméstico. El resultado de la iniciativa ha sido mínimo pues a septiembre de 2013 únicamente se contaban con 2,614 personas afi liadas al ISSS a pesar de que el número aproximado de personas que se dedican a esa labor ronda las 100 mil.

167.- Es relevante mencionar que el Estado debe aplicar mecanismos para que la práctica patronal de no trasladar los aportes de seguridad social al Estado no siga siendo un factor altamente negativo pa-ra la seguridad social. Sólo en el año 2013 se reportaron alrededor de dos millones y medio de dólares que no fueron traslados al Estado por 408 patronos y según las autoridades del ISSS, de 1951 a 2013, el monto retenido indebidamente ronda los 96 millones de dólares.

Artículo 11

168.- Los programas sociales que buscan una mayor producción de alimentos para garantizarle el derecho humano a la alimentación adecuada a la ciudadanía en general deben de estar combinados con políticas públicas que busquen aumentar sus impactos, ya que se ven minimizados por encontrarse en el marco un modelo económico que permite aumentar la riqueza de elites económicas y no reducir los precios de la CBA.

169.- Debido a que el acceso a vivienda digna requiere de seguridad jurídica de tenencia de la tierra, el gobierno debería garantizar el acceso a la propiedad y posesión de la tierra a familias amenazadas por desalojos.

Artículo 12

170.- La política pública de Salud, ha sido una de las mejor desarrolladas en el actual gobierno, pese a que se han enfrentado serios y diversos obstáculos, el mayor quizá ha sido el mismo modelo económico.

171.- En El Salvador, el servicio de agua y de saneamiento es irregular, de baja calidad o inexistente. Las fuentes superfi ciales y subterráneas están contaminadas, los acuíferos sobre explotados y las cuencas hidrográfi cas degradadas, lo que afecta a la vulnerabilidad del terreno aumentando la situación de ries-go en la que vive la población y se desarrollan las actividades productivas.77

172.- Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el país del menor porcentaje de agua dulce por persona al año a nivel de Centroamérica.78


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Artículos 13 y 14

173.- El Estado salvadoreño ha continuado incrementando la inversión en el Ramo de educación; sin embargo el incremento no es sufi ciente para ampliar los programas sociales a favor de la educación. El porcentaje con relación al PIB de la inversión en educación sigue estando bajo del promedio latinoa-mericano.

174.- Destacan los esfuerzos por erradicar el analfabetismo. La declaratoria de municipios libre de analfabetismo es loable; no obstante, la tasa de analfabetismo sigue siendo considerablemente alta.

175.- Pese a los esfuerzos estatales, el sistema educativo salvadoreño sigue mostrando muchas difi -cultades en cuanto a inversión, cobertura deserción escolar, repitencia, aumento de la escolaridad pro-medio, infraestructura escolar, calidad de la educación, condiciones de trabajo de los profesores y profe-soras, entre otras.

Artículo 15

176.- Pese a los esfuerzos realizados por las instituciones culturales estatales por abrir la participa-ción cultural, convergen factores que lo imposibilitan, tal es el caso del bajo presupuesto para la entidad rectora. Lo anterior lleva a que los espacios público culturales como parques, museos, bibliotecas, casa de la cultura, teatros, entre otros, no sean sufi cientes para la población.

IV. Recomendaciones

Artículo 1

177.- Con el propósito de garantizar los derechos de los pueblos indígenas el Estado salvadoreño por medio de la Asamblea Legislativa, debe ratifi car la reforma al artículo 63 de la Constitución, rati-fi car la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y suscribir y ratifi car el Convenio 169 de la OIT, con el fi n de reconocer los derechos humanos de los pueblos origi-narios. Mientras no se reconozca normativamente el derecho de consulta de los pueblos originarios se deben adoptar todos los mecanismos administrativos que permitan hacer las consultas previas cuando los proyectos afecten de forma positiva o negativa a dichos pueblos.

178.- El Estado salvadoreño debe crear mecanismos para que no se siga invisibilizando de manera general a la población originaria; y debería crear políticas públicas que permitan el pleno goce de sus derechos.

Artículo 3

179.- El Estado salvadoreño no debería limitarse sólo a la mera aprobación de leyes y creación de instituciones que buscan erradicar la discriminación que padecen las mujeres en El Salvador. Más allá de eso, debería trascender a materializar las acciones que permitan erradicar los prejuicios y condicio-nes sociales tradicionales que den resultados concretos como la disminución de violencia contra ellas.


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180.- El Estado salvadoreño debe fortalecer la legislación y hacer un cumplimiento efectivo para que las mujeres que trabajan en ofi cios domésticos obtengan protección laboral, en cuanto al salario, pasivo laboral y seguridad social.

181.- Debe dar cumplimiento efectivo al principio constitucional que establece que a igual trabajo igual remuneración, especialmente cuando de mujeres se trata.

Artículo 6 y 7

182.- El Estado debería tener un rol más activo en la generación de empleo productivo. Esto implica revisar la política económica de El Salvador y determinar acciones tendientes a la generación de fuentes de trabajo en el sector público y privado. Ello encuentra fundamento en los artículo 2, 37 y 101 de la Constitución de la República, según los cuales los habitantes tienen derecho al trabajo y el Estado el deber de poner todos sus recursos en función de generarlo y de establecer un orden económico que ga-rantice una existencia digna para el ser humano.

183.- La generación de empleos en el sector público pasa por evaluar -de acuerdo a las necesidades y posibilidades políticas y económicas- cuáles áreas de la económica deberían ser retomadas o desarro-lladas por el Estado con el objetivo de generan empleo e ingresos a la hacienda pública, tal es el caso de la explotación de algunos recursos naturales o la prestación de ciertos servicios.

184.- Para generar empleo en el sector privado debería identifi carse ámbitos de la economía que pueden ser desarrollados por la iniciativa privada y dar las facilidades fi nancieras y administrativas para ello, tal es el caso del comercio en pequeño y el turismo, principalmente en las zonas menos desarrolla-das del país.

185.- Por los pocos avances en la reducción del desempleo y subempleo, son miles las personas que se ven en difi cultades para acceder al mismo. Ello debe llevar a la refl exión de cuáles han de ser los cambios en materia económica que permitan emplear -dignamente- a la totalidad o la mayor parte de PEA a la brevedad posible. Esto deviene como un imperativo desde la misma concepción del Estado plasmada en el artículo 1 de la Constitución de la República.

186.- El Estado salvadoreño debe sincerar las estadísticas relativas al empleo, desempleo y subem-pleo. Aunque la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos años en El Salvador, la magnitud de trabajo en el sector informal sigue siendo alarmante. Sobre todo porque ciertamente ha habido una dis-minución de la tasa de desempleo, pero contrariamente ha aumentado la tasa de subempleo.

187.- El Estado y las organizaciones sindicales deben hacer los esfuerzos necesarios para determinar el monto de los salarios mínimos sobre la base de criterios objetivos según lo dispuesto en el artículo 38 ordinal 2o de la Constitución, esto es, un salario sufi ciente “para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural”.

188.- Junto a la generación de empleos debe existir un salario digno. Cualquier acción que genere empleo sin garantizar un salario digno no representa otra cosa que no sea una mala política de empleo que se debe corregir. El Estado no debe sobreponer la atracción de inversión extranjera directa por me-dio de tratados comerciales, a costa de bajos salarios para los y las trabajadoras.


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189.- Lo determinante para medir el éxito o fracaso de las acciones para generar empleo es el nivel de vida que ello permite a la población salvadoreña, situación que se mide, entre otras cosas, por la capacidad adquisitiva del salario mínimo y su incidencia en índices de desarrollo como la salud, la edu-cación y la vivienda.

Artículo 8

190.- El Estado Salvadoreño debe dar irrestricto cumplimiento a la garantía de estabilidad laboral que la Constitución establece en su artículo 47. Ello implica una institucionalidad capaz de evitar que dicha garantía se vea afectada. A esto podría contribuir también la creación de mecanismos idóneos pa-ra evitar y solventar confl ictos laborales que puedan desembocar en la vulneración la libertad sindical. Por lo tanto, debe reformar la normativa que obliga a jueces a declarar las huelgas como ilegales.

191.- Como parte de la institucionalidad que el Estado necesita para garantizar el respeto de la li-bertad sindical, se recomienda crear en la Fiscalía General de la República una unidad especializada para conocer de los delitos relativos a derechos laborales y de asociación.

192.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debería tener los mecanismos necesarios para pre-venir, sancionar y solventar cualquier vulneración a la libertad sindical de manera expedita.

194.- Se sugiere que instituciones como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales, en coordinación con el Órgano Ejecutivo impulsen una política de respeto a la libertad sindical mediante la sensibilización de funcionarios y patrones al respecto.

195.- El Estado debe abstenerse de obstaculizar el cumplimiento de los contratos colectivos una vez estos han sido suscritos por las partes. El Estado debería de tomar de base los contratos colectivos vi-gentes para mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras en idénticas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República.

Artículo 9

196.- Se debe garantizar que toda la población empleada sea inscrita goce de seguridad social de conformidad con la ley. Para ello habría que establecer una coordinación entre las autoridades del Insti-tuto Salvadoreño del Seguro Social, la Fiscalía General de la República, y el Ejecutivo.

197.- El Estado debe darle prioridad a sancionar administrativa y penalmente a los privados que irresponsablemente retengan los aportes a la seguridad social.

198.- En cuanto al benefi cio de seguridad social para empleados y empleadas del hogar se sugiere establecer un mecanismo efi caz que permita la seguridad social universal.

199.- El Estado Salvadoreño debe emitir nuevas leyes laborales como el “Código Procesal de Traba-jo” y la “Ley de la Función Pública” desde una perspectiva de derechos humanos, esto es estableciendo regulaciones que garanticen la más amplia tutela de los derechos de los trabajadores sobre la base de la


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dignidad humana y la participación de estos en las decisiones de la administración pública. Ello implica procesos de formación de ley ampliamente democráticos.

200.- En relación a la Ley Especial de Asocio Público Privado se recomienda al Estado Salvadoreño hacer una revisión a la luz de las necesidades de un desarrollo económico soberano. El contenido de la normativa está orientado al debilitamiento del Estado y al fomento de la iniciativa privada de los gran-des capitales, misma que hasta la fecha no ha dejado resultados positivos para las condiciones de vida de las amplias mayorías populares.

201.- La situación fi nanciera del Estado llama urgentemente la intervención de la empresa privada nacional e internacional como un co inversor; no obstante, antes de entregar los activos públicos a ma-nos privadas, el Estado salvadoreño debería ampliar la base tributaria de manera progresiva.

Artículo 10

202.- La familia salvadoreña sigue afrontando múltiples obstáculos para vivir en contextos libres de violencia y exclusión, por lo que el trabajo infantil, la migración, la desintegración familiar y la violencia intrafamiliar son problemas de gran magnitud en el país. Por lo que El Estado debe buscar y promover la prevención primaria de la violencia a través de la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.

203.- Se deben tomar las medidas efi caces para erradicar el trabajo infantil y garantizar que niños y niñas asistan a la escuela. Son alarmantes las cifras del trabajo Para 2013 se calculaba que 191,599 ni-ños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años edad, realizaban alguna actividad laboral en el país.

Artículo 11

204.- Si el Estado redujera en un 65% la evasión de impuestos, obtendría el 75% de los recursos ne-cesarios para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, las cuales serían de un promedio anual de 1,480 millones.

205.- Si el Estado salvadoreño controlara la evasión de impuestos podría generar buena parte de los recursos que necesita para hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada de la población. Para ello tendría que desarrollar con recursos públicos la banca estatal, garantizar crédito para la producción de alimentos básicos, crear canales de comercialización que les ofrezcan buenos precios a la pequeña producción campesina y garanticen una dotación continua de alimentos, ampliar la asistencia técnica y aumentar sustancialmente la inversión en salud, educación, vivienda, medio ambiente, agua y sanea-miento y caminos rurales.

206.- La política fi scal, aunque ha tenido algunos cambios por la vía impositiva y la orientación de la inversión pública, no ha eliminado las causas que socavan el derecho de cientos de miles de personas a una alimentación adecuada. La carga tributaria apenas llega al 15% del PIB y el sistema impositivo es regresivo, pues el 65% de los ingresos tributarios del gobierno proviene de impuestos indirectos y el 35% de impuestos directos. Además, la mitad de la renta la pagan las personas naturales y la otra mitad proviene de la ganancia de los empresarios, a pesar de que la ganancia representa el 60% del PIB. A su vez, los empresarios evaden el 35% de los impuestos, que en términos monetarios signifi ca una pérdida


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para el gobierno de 1,719 millones de dólares, cifra superior a la inversión requerida para superar la po-breza extrema y garantizarle una alimentación adecuada a toda la población. Los empresarios también se benefi cian de 26 leyes que les permiten no pagar impuestos por 1,200 millones de dólares al año.

207.- Si el Estado controlara la evasión de impuestos podría generar buena parte de los recursos que necesita para hacer efectivo el derecho a la alimentación de la población. Para ello tendría que desarro-llar con recursos públicos la banca estatal, garantizar crédito para la producción de alimentos básicos, crear canales de comercialización que les ofrezcan buenos precios a la pequeña producción campesina y garanticen una dotación continua de alimentos, ampliar la asistencia técnica y aumentar sustancialmen-te la inversión en salud, educación, vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento y caminos rurales.

208.- El Estado por medio de la Asamblea Legislativa debe de adoptar los mecanismos normativos constitucionales y legales para garantizar el derecho humano a la alimentación, tales como: la reforma al Art. 69 de la Constitución, la prohibición de los agrotóxicos, regular los precios de la CBA y eliminar los impuestos de la misma.

209.- Para sacar de la pobreza extrema a 961,554 personas se requiere una fuerte inversión pública que genere empleo, mejore los salarios y las pensiones y eleve la dotación de alimentos básicos. Hay que aumentar la oferta y generar una mayor demanda. No basta levantar la producción si la mayoría de la gente pobre no eleva sus ingresos, es decir, su capacidad de consumo. Un plan de cinco años debe in-cluir una inversión promedio anual de 1,480 millones de dólares.

210.- El Estado debe derogar la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (Decreto 23), para que no se continúe con los desalojos forzosos de personas que no poseen seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

Artículo 12

211.- El Estado salvadoreño debe aumentar la recaudación fi scal para así aumentar el presupuesto en salud, lo que permitirá brindar acceso efectivo a medicamentos y a servicios de salud.

212.- Si bien, la aprobación de la Ley de Medicamentos posibilitó un abaratamiento de los precios de medicinas; no se garantiza el acceso a medicamentos a las personas que no pueden pagar por ellos.

213.- El Estado salvadoreño debe mantener fuera de los Asocios Público Privados los servicios de salud pública y el agua, para así evitar que el acceso a la salud sea mucho más restringida especialmente para los sectores menos favorecidos. Debe ratifi car las reformas constitucionales para garantizar los de-rechos a alimentación y agua; además, debe aprobar la legislación secundaria para tutelar el derecho al agua, la soberanía alimentaria, y prohibir la minería metálica.

Artículo 13 y 14

214.- Si se relacionan los datos que para 2011 emitió la EHPM con los datos más recientes del In-forme sobre Desarrollo Humano 2013, que sostiene que los años promedio de escolaridad llega a 7.5, se infi ere que transcurridos dos años desde la última Encuesta de Hogares, se perciben mejoras sustan-


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ciales en el promedio de escolaridad, posiblemente este aumento obedezca a la ejecución del Programa Educativo Vamos a la Escuela.

215.- La entrega de paquetes escolares incluye la dotación de útiles escolares, uniformes y calzado; es, quizá, el programa insignia del Ministerio de Educación, ya sea por la cobertura mediática del mis-mo o por su impacto que provoca en la población, de manera particular en las familias de escasos re-cursos.

216.- No es sufi ciente haber aumentado el presupuesto en educación, si su distribución continúa favoreciendo aspectos accesorios de la educación, que aunque importantes, lo son menos respecto de la inversión en la formación y desempeño docente, ambientes educativos, mediación pedagógica, tecnolo-gía y mejor conocimiento.

217.- El Estado salvadoreño debe mantener fuera de los Asocios Público Privados los servicios de educación, para así evitar que el acceso a la educación sea mucho más restringida especialmente para los sectores menos favorecidos, especialmente a la educación universitaria.

Artículo 15

218.- Se recomienda al Estado salvadoreño realizar las gestiones necesarias para que la Asamblea Legislativa ratifi que la reforma aprobada a la Constitución la cual reconoce a los pueblos indígenas, la cual agrega al artículo 63 el inciso siguiente: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fi n de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritua-lidad”. Además se recomienda la inclusión taxativa de sus derechos en las distintas leyes nacionales.

219.- El Salvador debe ratifi car de manera inmediata el Convenio 169 de la Organización Interna-cional del Trabajo (OIT), relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.

220.- El Salvador debe desarrollar y actualizar la información estadística sobre la situación econó-mica y social de los pueblos indígenas, particularmente en cuanto a pobreza, desnutrición, escolaridad y rendimiento escolar, empleo, salarios, tenencia de la tierra y acceso a servicios básicos. También debe desarrollar un registro específi co que permita identifi car a la población indígena en el país.


51

Notas

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- El Salvador. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, p. 17

2 Dirección General de Estadística y Censos –DIGESTYC-, Ministe-rio de Economía

3 Ministerio de Economía. Encuesta de Hogares de Propósitos Múl-tiples 2012. Pág 3.

4 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos

adecuada. Fespad Ediciones. 2013.

5 La situación de los pueblos indígenas en El Salvador. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Ja-mes Anaya. Junio de 2013.

ma constitucional de pueblos originarios”. Colatino. http://www.diariocolatino.com/es/20130411/nacionales/114612/Demandan-

rios.htm

7 PNUD El Salvador, (21 de agosto de 2012). “Declaración del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas” http://www.pnud.org.sv/2007/content/view/1402/

8 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas de El Salvador

9 Ibídem.

10 Mata, Mario; Martínez, Julio. Análisis del movimiento social Organi-zaciones campesinas, indígenas y trabajadores/as del campo El Sal-vador, 2009, PAG. 37. Recuperado el 1 de mayo del 2013 de http://es.scribd.com/doc/71504259/Movimientos-sociales-de-campesinos-e-indigenas-en-El-Salvador

11 Ibídem.

12 Colatino, (28/08/2012) “Pueblos indígenas rechazan políticas ex-tractivas de transnacionales”. Recuperado el 30 de abril de 2013, de http://www.diariocolatino.com/es/20120828/nacionales/107024/

de-transnacionales.htm

13 Inventa Turismo. (17/08/2012). “Región busca nuevo impulso al multidestino Mundo Maya”. Recuperado el 21 de agosto de 2012

14 ONU. (17/08/2012.) “Declaración a los medios del Relator Espe-cial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a El Salvador”. Recuperado el 20 de abril del año 2013.

15 Pese a que El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres, es-tas dos leyes no están siendo aplicadas por algunas instituciones del Estado, especialmente por el órgano judicial, frente a todo ello es claro que hay una visión aun muy reservada para erradicar la violencia contra las mujeres desde su raíz más profunda que es la desigualdad.

16 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Dirección General de Centros Penales. Estadística Penitenciaria al 24 de febrero de 2014.

17 De acuerdo a la OIT, el Trabajo Decente se basa en el recono-cimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, esta-bilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en

oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las em-presas. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm


19 DIGESTYC (2012). Encuesta de hogares de propósitos múltiples. Recuperado de: http://www.digestyc.gob.sv/EHPM2012/digestyc/resultado.pdf

20 Ibid supra p. 14

21 Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2013). Salario Míni-mo en El Salvador 2009-2013. Recuperado de: http://issuu.com/prensamtps/docs/salario_minimo_comparativo_2009-2013-11/8?e=3394211/3240738

22 De acuerdo al Centro de Estudios para la Inversión y Comercio, CEICOM, el monto de la canasta de mercado para el 2012 era de

Justicia. Informe estadístico de procesos laborales del año 2012. Proporcionado en formato electrónico vía mail por el licenciado

24 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Informe so-bre la situación laboral y Sindical. El Salvador 2012. San Salvador, El Salvador.

25 Ibid supra

partamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, proporcionada mediante resolución 118-2013, de las trece horas y treinta minutos del once de noviembre de 2013.

27 Ibid supra

Balance anual de denuncias por violaciones de derechos laborales. Pág. 42.

29 Elsalvador.com (2013, 21 de febrero). Asamblea Legislativa reforma Ley de zonas francas. Recuperado de: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7705287

30 Elsalvador.com (2011, 10 de octubre). Reformas a ley de zo-Recuperado de:

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6279465

31 Elsalvador.com (2013, 21 de febrero). Asamblea Legislativa reforma Ley de zonas francas. Recuperado de: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7705287

32 Verdad Digital (2013, 12 de marzo de 2013). Organizaciones sindi-cales rechazan Asocio Público Privado. Recuperado de: http://www.verdaddigital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3092:organizaciones-sindicales-exigen-que-no-se-apruebe-el-asocio-publico-privado&catid=1:nacional&Itemid=27


52

33 Voces (2013, 9 de mayo). Sindicalistas contra Ley de Asocio Público Privado. Recuperado de: http://voces.org.sv/2013/05/09/sindicales-contra-ley-de-asocio-publico-privado/

34 FESPAD (2012, 27 de marzo). MPJL se opone a Ley de Asocio Público Privado. Recuperado de: http://www.fespad.org.sv/mpjl-se-opone-a-ley-de-asocio-publico-privado/

35 FESPAD (2013, 13 de junio). MPJL rechaza aprobación de ley espe-cial de Asocio Público Privados. Recuperado de: http://www.fespad.org.sv/mpjl-rechaza-aprobacion-de-ley-especial-de-asocios-publico-privados/

36 Proceso 52/2005 53/2005

37 Asamblea Legislativa (2013, 18 de diciembre). Asamblea aprueba Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. Recu-perado de: http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/asamblea-aprueba-ley-reguladora-de-la-prestacion-economica-por-renuncia-voluntaria.

38 Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensio-nes - ASAFONDOS (2013). Estadísticas. Recuperado de: http://www.asafondos.org.sv/estadisticas.asp


40 De acuerdo a la Fundación Nacional para el Desarrollo –Funde-: http://www.repo.funde.org/571/1/S-FIS-2013.pdf Un factor determi-nante de la deuda pública es la responsabilidad del gobierno cen-tral de asumir la obligación de pagar a las pensiones del Sistema Público de Pensiones a partir del agotamiento de las reservas téc-nicas del ISSS e INPEP, mismas que al entrar en vigor la reforma previsional en mayo de 1998, solo duraron hasta cubrir una parte de las prestaciones de 2001, por lo que desde ese año, se agregó

anual y para lo cual se ha tenido que emitir deuda por un total de US$4,500 millones. El saldo de la deuda previsional del gobierno con el FOP a diciembre de 2011 llegó a más de US$3,100 millones,


42 FESPAD. (2013). Informe sobre la Situación de los Derechos Laborales y Sindicales. El Salvador 2012. El Salvador: Ediciones FESPAD. Pág. 16

43 Información de la División de aseguramiento, recaudación y bene-

formación del ISSS, mediante resolución 0509/2013, de fecha 11 de noviembre de 2013.

44 Informe de Social Watch (2012) http://www.socialwatch.org/es/in-forme2012

45 Periódico Digital Voces (29-01-2013) http://voces.org.sv/2013/01/29/pddh-rinde-informe-sobre-situacion-actual-de-adultos-mayor/

46 h t t p : / /www.nac i one sun i d a s . o r g . s v / fodm-apu s / i ndex .php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=79

47 Dirección General de Estadística y Censo –DIGESTYC-. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012.


49 BID. Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe en 2012 El Salvador presentaba un dé-

vivir o que habitan en viviendas de mala calidad).

50 Decreto Legislativo N|° 23 del 25 de junio de 2009, publicado en

51 http://www.diariocolatino.com/es/20110511/nacionales/92344/El-ISTA-pretende-entregar-90-mil-títulos-de-propiedad-durante-la-gestión-Funes.htm

52 En los cálculos del gobierno, una familia del área urbana debe con-sumir 11 alimentos para no ser pobre absoluta: pan francés, torti-llas, arroz, carnes (res, cerdo, aves), grasas (aceite margarina, aceite

les, azúcar y verduras (papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo). En el área rural la familia solo debe consumir 9 (se exclu-yen el pan francés y las verduras)

53 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos de

da. Fespad Ediciones. 2013. P. 11


da. Fespad Ediciones. 2013. P. 11

55 http://www.fao.org/hunger/hunger-home/es/


da. Fespad Ediciones. 2013.

57 Ibid supra

58 Nutrición de un Vistazo, El Salvador” http://siteresources.world-bank.org/NUTRITION/Resources/281846-1271963823772/ElSalva-dorSPA91311web.pdf

59 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/ lsalvador_statistics.html

una barrera contra el cambio climático” San Salvador, El Salvador, 2009, Pag. 8

61 Programa Mundial de Alimentos, “Evaluación rápida sobre el efec-to de la roya del café en poblaciones vulnerables dependientes del sector en El Salvador” Mayo 2013.

62 Ibídem

renal la causan agroquímicos”. El Mundo. http://elmundo.com.sv/

64 Itzchel Ochoa, (05 septiembre 2013) “Asamblea Legislativa aprue-ba reformas que prohíben pesticidas que dañan la salud”. Asamblea Legislativa. http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/asamblea-legislativa-aprueba-reformas-que-prohiben-pesticidas-que-danan-la-salud


53

65 Miguel Vaquerano. (01 Octubre 2013) “Presidente observa reforma a prohibición de agrotóxicos”. Verdad Digital. http://www.verdaddi-gital.com/index.php/nacionales/6579-funes-observa-reforma-a-pro-hibicion-de-agrotoxicos

66 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Impactos

adecuada. Fespad Ediciones. 2013. Pág. 18

67 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Informe del diálogo nacional de El Salvador sobre el VIH y el Derecho. 2013. Pág. 7

68 El Código Penal, en su artículo 133 estipula que “El que provoca-re un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años.

69 Como el caso que registra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, bajo referencia SS-0545-12. Caso de la joven G.E. Morales Hernández. Denuncia registrada en la Procuraduría en noviembre de 2012.

70 Informe PDDH “La situación del medio ambiente y sus impactos en los derechos humanos en El Salvador” http://issuu.com/shan-dow/docs/pddh#download

71 Informe PDDH “La situación del medio ambiente y sus impactos en los derechos humanos en El Salvador” http://issuu.com/shan-dow/docs/pddh#download

72 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2013. Con base en datos del Ministerio de Educación, Censo Escolar, y Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples –EHPM- 2011


74 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Univer-sal, 8 de junio 2010

75 De acuerdo al Banco Mundial, el gasto público en educación como porcentaje del PIB ha sido: en 2009 (4.0); en 2010 (3.5); en 2011 (3.4). Recuperado en: http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS

76 Para calcular el analfabetismo en El Salvador, el Ministerio de Edu-cación, toma como base el censo 2007, el cual estableció como población total 5,744,113, de habitantes. Y una población mayor de 15 años 3,797,146; la población analfabeta mayor de 15 años se-gún estas cifras es de 682,399 personas, lo que arroja un índice de

77 PNUD. (15/04/13). “Una misión francesa experta en gestión terri-torial del agua visitó el país para intercambiar experiencias y bus-car posibles programas de apoyo en coordinación con el Gobier-no de El Salvador”. Recuperado el 15 de abril de 2013, en http://www.pnud.org.sv/2007/content/view/1611/

78 Prensa Latina, (22/04/13). “Urgen en El Salvador aprobación de ley para proteger el agua”. Recuperado el 24 de abril de 2013. http://www.prensa latina. cu/index.php?option=com_

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador

(2006 - 2013)

(Para Lista de Recomendaciones)

A presentarse al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

San Salvador, El Salvador, Centroamérica, abril de 2014

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Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013)

Introducción

El presente informe ha sido elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Huma-nos (PDDH) para ser presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Orga-nización de las Naciones Unidas (Comité DESC), con el objetivo de externar la opinión de la institución en cuanto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador.

A lo largo del mismo se señalan los principales avances registrados en el país, entre 2006 y 2013, pa-ra fortalecer el cumplimiento de los derechos contemplados en el Pacto, a la vez que se detallan los de-safíos más importantes que tiene el Estado salvadoreño para garantizar el pleno ejercicio de los mismos, sin discriminación y de forma progresiva.

Sumado a esto, con respecto a cada uno de los derechos evaluados, la Procuraduría puntualiza una serie de recomendaciones al Estado orientadas a fortalecer su cumplimiento en el país, haciendo énfasis en la atención de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.

Artículo 1. Derecho a la libre determinación

Derecho a la libre determinación y pueblos indígenas

El Salvador ha realizado algunos esfuerzos para fortalecer la participación de distintos sectores de la sociedad en el quehacer gubernamental. Existen espacios de participación en distintos ministerios del Órgano Ejecutivo en los que se ha facilitado y promovido el involucramiento de la población en el dise-ño de las políticas públicas. Dentro de este contexto, particularmente importante ha sido observar que se están generando ciertas oportunidades para que los pueblos indígenas sean partícipes de la toma de decisiones tanto a nivel del Gobierno central, como a nivel municipal.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Ana-ya, en el informe sobre su visita al país en agosto de 2012, ha destacado la creación de la Mesa Multi-sectorial de Pueblos Indígenas dentro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, la cual inició sus actividades en octubre de 2011. A partir de esta iniciativa, se ha facilitado la coordina-ción entre el Estado y los pueblos indígenas, y se han generado espacios de trabajo conjunto dentro del Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Educación (MINED), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para diseñar e implementar programas que den respuesta a algunas de sus demandas1.

Estos avances se han enmarcado en un contexto general de mayor aceptación del Estado salvado-reño en cuanto al reconocimiento de la existencia de diversidad cultural en su territorio. Uno de los primeros refl ejos de evolución positiva en este sentido, fue el voto a favor de parte de El Salvador en relación a la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en septiembre de 20072. Posteriormente, tanto en el informe al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Dis-

1 Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/G1315014.pdf?OpenElement

2 United Nations (2007). General Assembly adopts declaration on rights of indigenous peoples. Documento recuperado de http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm


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criminación Racial (CERD) en 2009, y en el informe ofi cial enviado al Comité DESC en 2010 (en ade-lante, informe ofi cial), El Salvador ha cambiado la posición sostenida anteriormente, en la que negaba la existencia de grupos raciales diversos en su territorio. Asimismo, es importante señalar como un avance las declaraciones del Presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, durante el Primer Congreso Nacional Indígena, en octubre de 2010, en las que reivindicó a El Salvador como una “socie-dad multiétnica y pluricultural” y pidió perdón a las comunidades indígenas por la persecución y las prácticas de exclusión y exterminio de las que han sido víctimas3.

De forma paralela a estos esfuerzos, en la zona occidental del país, dos municipios han impulsado iniciativas novedosas en este mismo sentido. En octubre de 2010, el Concejo Municipal de Nahuizalco, del Departamento de Sonsonate, decretó la “Ordenanza Municipal sobre Derechos de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Nahuizalco”4, la cual tiene el objetivo de “promover el desarrollo integral en lo económico, social, cultural, y participación efectiva en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas del municipio de Nahuizalco lo que incluye la protección y preservación de su propia cultura, de su tierra y territorio, y especialmente de los recursos naturales renovables, y no renovables que constituyen el entorno ecológico de dichas comunidades” (art. 1). En esta ordenanza se reconoce expresamente la existencia de los pueblos indígenas en el municipio y se estipula que gozan de todos los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (art. 4), a la vez que se consigna una serie de derechos para los mismos. Una ordenanza similar fue aprobada el 11 de abril de 2012 por el Consejo Municipal de Izalco, Departamento de Sonsonate5.

Al respecto, el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ha señalado de forma muy positiva el potencial de dichas ordenanzas, dado que establecen un marco legal e institucional para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones a nivel local6. De lograrse una imple-mentación efectiva de las mismas, indudablemente representarían pasos importantes en torno al ejerci-cio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en dichos municipios, especialmente si se rescatan y respetan las formas tradicionales de organización y representación indígena7.

De manera similar, para esta Procuraduría ha sido de enorme importancia el progreso logrado por el país, en abril de 2012, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la reforma para reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución, la cual agrega al art. 63 el inciso siguiente: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fi n de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”8.

Pese a estos importantes logros, es necesario señalar que la reforma constitucional aún no ha si-do ratifi cada y que debido a la poca atención que han recibido los pueblos indígenas en el país, sus derechos no han sido contemplados de forma especial en legislación nacional. Incluso leyes recientes, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) (2009) y la Ley de Igual-

3 Presidencia de la República (2010). Inauguración del Primer Congreso Nacional Indígena. Documento recuperado de http://www.presidencia.gob.


7 Ibíd.8 Asamblea Legislativa (2012). Acuerdo de reformas constitucionales No. 5. 25 de abril de 2012.


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dad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (2011), si bien es cierto con-tienen disposiciones aisladas que están orientadas a fomentar el respeto de la identidad cultural y de las diferencias étnicas y culturales, no abordan de forma específi ca e integral los derechos de los pue-blos indígenas. Por ejemplo, la LEPINA únicamente hace referencia a que en la educación que brin-de el Estado se debe fomentar el respeto a la identidad cultural propia (art. 81.2) y el conocimiento y respeto del idioma castellano, la identidad cultural y de otras manifestaciones culturales (art. 86, lite-ral g). Por su parte, la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mu-jeres solamente estipula que las acciones educativas que desarrolle el Estado para garantizar la igual-dad y no discriminación entre mujeres y hombres deben contemplar -entre otros criterios- la “promo-ción del respeto a las diferencias étnicas, culturales y entre hombres y mujeres” y la “eliminación de actitudes discriminatorias basadas en factores étnicos, sexuales, raciales, religiosos o discapacidades” (art. 17).

En 2012, la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas presentó un infor-me en el que se consignan algunas de las principales demandas de los pueblos indígenas en materia de legislación9. Entre las más importantes se pueden mencionar la aprobación de reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Educación Superior, para incluir en los planes de estudio contenidos relacio-nados a la identidad cultural nacional y promover los estudios sobre pueblos indígenas. También se ha señalado la necesidad de armonizar la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador con los derechos de los pueblos indígenas, a fi n de que los elementos considerados como parte de la cultura indígena sean protegidos por una ley diferente fundamentada en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Igualmente, se ha identifi cado la necesidad de incorporar la perspectiva indígena en la legis-lación medioambiental y de fortalecer la protección de los recursos, medios de vida y conocimientos de los pueblos indígenas frente a las leyes de propiedad intelectual y patentes.

Sumado a estos vacíos en el marco jurídico nacional, ha sido lamentable para esta Procuraduría que a la fecha no haya sido ratifi cado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes10. Dar este paso sería importante para iniciar un camino diferente en materia legislativa, y serviría para poder promover una revisión integral del marco jurídico. Cabe recordar también que, en 2010, el CERD llamó la atención al país sobre la existencia de defi ciencias fundamentales en la legislación interna ya que la misma se limita a la declara-ción del principio general de no discriminación, carece de una defi nición de discriminación racial y no contiene disposiciones legales explícitas que prohíban la segregación racial, la existencia de organizacio-nes racistas y la incitación al odio racial.

Cabe mencionar que estas defi ciencias son especialmente importantes dado que en el país se ha invisibilizado y marginado a los pueblos indígenas de forma constante, y esta exclusión sistemática ha generado que se menosprecie el valor de ciertas expresiones de diversidad cultural, a tal punto de cons-

9 PDDH (2012). Informe situacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador. San Salvador: Autor.10 Esto resulta preocupante dado que ya se cuenta con un estudio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) en el que se deter-

minó que la adopción de dicho Convenio sería viable, dado que no contravenía ninguna ley existente. Ver Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/G1315014.pdf?Open Element.

CI/0093/2013, del 6 de noviembre de 2013).


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tituir actos de discriminación. Por ejemplo, en junio de 2013, un grupo de representantes de los pueblos indígenas manifestaron públicamente su rechazo a las expresiones contenidas en un editorial11 de uno de los periódicos de mayor circulación en El Salvador, El Diario de Hoy, por considerar que constituían actos de discriminación contra la población indígena del país. En dicho editorial se hace referencia a la situación de muchos idiomas en el mundo que se encuentran en peligro de desaparición, pero se afi rma que, dado que apenas son utilizados por grupos muy reducidos de personas, este hecho no debe ser vis-to como una tragedia y que la conservación de los mismos no tiene ningún valor12. El texto hace alusión directa al náhuat -una de las lenguas identifi cadas en situación de peligro13- cuestionando su valor y menospreciando esfuerzos dirigidos hacia su rescate.

Pese al debate público que surgió alrededor del texto14, se ha observado una total pasividad de parte del Estado al respecto, lo cual resulta preocupante por las implicaciones que tiene la permisibilidad ante la difusión de este tipo de mensajes de intolerancia e irrespeto a la diversidad cultural y a los pueblos indígenas. Al referirse al tema, el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinador del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Roberto Valent, de forma muy acertada, señaló su preocupación por este hecho y el signifi cado que tiene para la sociedad salvadoreña:

El mencionado editorial y las reacciones que ha provocado por parte de académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a través de las redes sociales, es una muestra de los confl ictos que pueden surgir si de manera simplista y provocadora se celebra la eventual desaparición de una lengua. Este tipo de opiniones resultan ser muy destructivas para la cohesión social en culturas que, como la salvadoreña, se reconoce heredera de un rico legado ancestral que incluye la lengua náhuat15.

Todo esto refl eja los enormes retos que tiene el país para garantizar que los pueblos indígenas pue-dan ejercer su derecho a la libre determinación. La invisibilización de la diversidad cultural del país continúa siendo profunda. Incluso, tal y como lo ha reconocido el Estado salvadoreño (párrafo 13 del informe ofi cial), las cifras sobre la población indígena continúan siendo imprecisas. Es por ello que el CERD ha señalado al país su preocupación por la existencia de información contradictoria al respecto, y ha recomendado mejorar la metodología censal16.

11 Editorial (2013, 13 de junio) ¿Siete mil idiomas en el mundo? ¿Cuántos merecen conservarse? El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50838&idArt=7963811

12 A continuación se reproduce un fragmento del texto en mención: “En el mundo se hablan siete mil idiomas, ‘la mayoría de los cuales estará

de vida, también morirá. No es una gran tragedia, pues hay lenguas y dialectos que apenas los habla un centenar de personas, que nada tienen de valor por conservar

y que, inclusive, carecen de escritura. Lo que poseen de tradiciones está ya traducido y recopilado, pero en un par de siglos nadie se acorda-rá de ellos.

Eso va a ocurrir con el nahuatl pese a los intentos de un exministro comunista de obligar a jóvenes a aprender sus rudimentos, aunque no se saca provecho de poder decir “iré a comprar tortillas” en nahuatl cuando puede también decirse en español. Y leer la historia del Cipitío en nahuatl no se diferencia en nada de leerla traducido al español. Al fenecer el nahuatl, Dios mediante también se extingan los caites y los tapescos”.

13 Moseley, C. (2010). Atlas de las lenguas del mundo en peligro (3ª Ed.). París: Ediciones UNESCO. Versión en línea: http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas

14 Valent, R. (2013, 29 de junio) ¿Debe morir la lengua náhuat? El Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/201306/opi-nion/12538/

15 Ibíd.16 CERD (2010).

del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Salvador (CERD/C/SLV/CO/14-15). p. 2.


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En este contexto, la falta de información específi ca persiste como uno de los mayores obstáculos pa-ra poder visibilizar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y el cumplimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales. Como bien ha señalado el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, esta situación difi culta tanto la evaluación de cambios en las condiciones de vida de los pueblos indígenas a través de los años, o en comparación a otros sectores de la población, como la formulación de políticas públicas para responder a sus necesidades específi cas17.

En cualquier caso, la información disponible indica que los pueblos indígenas afrontan importantes obstáculos al ejercicio de sus derechos, lo cual los sitúa en graves condiciones de exclusión. Por ejemplo, las cifras del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, junto con otras estimaciones, indican que las personas indígenas en El Salvador tienen mucha mayor probabilidad de vivir en hogares en pobreza, con servicios sanitarios defi cientes, sin acceso a energía eléctrica del sistema público y servicios de agua inadecuados18.

A partir de lo anterior, se debe señalar que pese a los avances mencionados, para esta Procuraduría existen retos enormes para el ejercicio del derecho a la libre determinación, entendido como el derecho de los pueblos “a participar con igualdad en la constitución y desarrollo del orden institucional gober-nante bajo el que viven y […] que ese orden de gobierno sea uno en el que puedan vivir y desarrollarse libremente de manera continuada”19. En este marco, aún es necesario que la apertura mostrada en los últimos años hacia la diversidad cultural se traduzca en acciones efectivas que tengan un impacto sen-sible en los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, la institucionalidad responsable de dar res-puesta a las demandas de este grupo es aún muy débil, y afronta serias limitaciones presupuestarias y de recursos en general20. Debido a ello, son pocas las iniciativas destinadas específi camente a la población indígena, y las que existen son de carácter aislado, no cuentan con una base legal y tienen un alcance muy bajo.

Derecho a la libre determinación y acuerdos de inversión comercial

Por otra parte, el derecho a la libre determinación también se ha visto obstaculizado en el contexto de las obligaciones adquiridas por el Estado salvadoreño en materia de comercio internacional. En el informe alternativo presentado al Comité DESC en 2006, esta Procuraduría ya anticipaba que con la aprobación y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroaméri-ca y República Dominicana (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) se vislumbraba una “pérdida de la autonomía del Estado salvadoreño en su capacidad de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales –incluso dentro de su propio territorio– frente a las condiciones y a los nuevos escenarios de su competencia y jurisdiccionalidad que éste le reconoce y en la medida en que, en su calidad de trata-


18 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI) (2012). Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos in-dígenas. República de El Salvador. Documento recuperado de www.ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/elsalvador.pdf; Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salva-dor. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/G1315014.pdf?OpenElement.

19 Anaya, J. (2010). El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de la declaración. En C. Charters & R. Staven-hagen (Eds.), El Desafío de la Declaración. Historia y futuro de la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas (pp. 194-209). p. 200.

20 Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/G1315014.pdf?OpenElement.


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do internacional, se constituye en ley de la República prevaleciendo respecto a la legislación secundaria local (arts. 144 y 145, Cn.)”21.

Desde los años previos a la aprobación de dicho Tratado, la PDDH ha sido de la opinión que el mismo debilita de forma signifi cativa la soberanía nacional en cuanto a la defi nición de políticas pú-blicas, debido a que “conmina a que prevalezcan las obligaciones comerciales, de inversión, propiedad intelectual y otras, en detrimento de los compromisos y deberes nacionales e internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales”22. En este sentido, cabe señalar que de forma reciente se han empezado a observar algunas de los posibles efectos negativos del mismo en los DESC, y de forma general, también se puede afi rmar que, en otros casos fuera del CAFTA-DR, el establecimiento del ar-bitraje internacional como vía para la solución de confl ictos entre empresas multinacionales y Estado, ha representado amenazas importantes para la protección del patrimonio y los derechos humanos de la población salvadoreña.

En primer lugar, se pueden mencionar dos casos en que empresas mineras (Pac Rim Cayman LCC, subsidiaria de Pacifi c Rim Mining Corporation, en junio 200923; y Commerce Group Corp junto a Sebas-tian Gold Mines, Inc. en agosto de 200924), amparadas en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR han demandado al Estado salvadoreño por US$ 77 y $100 millones de dólares respectivamente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Las empresas han argumentado que al no entregarles un permiso de explotación para sus proyectos mineros, el Estado ha afectado a sus inversiones y ha interferido en sus ganancias potenciales25. Aunque dichas demandas no han prosperado al invocar las cláusulas del CAFTA-DR, debido a fallos de las empresas en el cumplimiento de los requi-sitos procesales, en el caso de la demanda impuesta por Pac Rim Cayman LCC, el litigio continúa, ampa-rándose en disposiciones de la Ley de Inversiones y la empresa ha aumentado el monto de la demanda a $ 314 millones de dólares26. La audiencia fi nal en este caso está prevista para septiembre de 2014 por lo que aún existe incertidumbre del impacto que tendrá en el país dicho proceso.

De manera similar, en meses recientes el Estado salvadoreño ha estado siendo presionado para que dé marcha atrás en su iniciativa de dar prioridad a productores y productoras nacionales como provee-dores de semillas para el programa estatal de entrega de insumos agrícolas para favorecer a la agricultu-ra familiar27. Este esfuerzo es parte de una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

21 PDDH (2006). Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, presen-tado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la aplicación del Pacto Interna-cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (1995-2005). 8 de noviembre de 2006. p. 19.

22 Ibíd.23 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (s/f). Case details. Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador (ICSID

Case No. ARB/09/12) Documento recuperado de https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=viewCase&reqFrom=Home&caseId=C661&tab=Tab3

24 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (s/f). Case details. Commerce Group Corp. and San Sebastian Gold Mines, Inc. v. Republic of El Salvador (ICSID Case No. ARB/09/17). Documento recuperado de https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet

25 Moreno, R. (2012). Promesas y realidades. CAFTA-DR a seis años de vigencia en El Salvador. Documento recuperado de http://alainet.org/acti-ve/58008

26 PAC RIM CAYMAN LLC, Claimant, v. REPUBLIC OF EL SALVADOR, Respondent. ICSID Case No. ARB/09/12. Claimant Pac Rim Cayman LLC’s 29 de marzo de 2013. Documento recuperado de http://www.italaw.com/cases/783

27 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (2014). Posición institucional No. 39. La compra de semilla mejo-rada debe ser transparente y competida. Documento recuperado de http://www.fusades.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=95&

. La Prensa

de abril). Control antilavado a PEP es clave para Fomilenio: MCC. Diario El Mundo. Documento recuperado de http://elmundo.com.sv/control-antilavado-a-pep-es-clave-para-fomilenio-mcc Quintanilla, L. (2014, 16 de abril). Venta de semilla, condición FOMILENIO. .


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para la reactivación del sector agropecuario nacional, el cual se encuentra sumamente necesitado de apoyo, debido a que con la implementación del modelo neoliberal en el país se desmanteló gran par-te de la estructura gubernamental que existía para el fomento agropecuario, situando al sector en una situación de extremo abandono. Pese a ello, en este caso se argumenta que la medida implica una viola-ción a las obligaciones asumidas por el Estado de acuerdo al capítulo 9 del CAFTA-DR - referente a los procesos de contratación pública - ya que se le está brindando un trato menos favorable a proveedores extranjeros28.

En este sentido, cabe señalar nuevamente la pertinencia de las observaciones realizadas por esta Procuraduría en su informe al Comité DESC en 2006, ya que en esa ocasión se señaló con preocupa-ción el hecho de que El Salvador fue el país que menos límites estipuló en cuanto a los bienes y servi-cios públicos sujetos al CAFTA-DR, y en cuanto a protección específi ca para microempresas, mujeres o minorías29. De hecho, casi todos los países miembros del CAFTA-DR, exceptuando El Salvador, es-tablecieron que las disposiciones del capítulo sobre compras públicas no aplica en ciertos casos como los programas destinados a micro y pequeñas empresas, programas de apoyo al sector agropecuario o programas de alimentación escolar30.

Igualmente, el Estado salvadoreño ha sido afectado por una diputa surgida entre la Comisión Ejecu-tiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel Green Power, debido a que, median-te un acuerdo de accionistas fi rmado en junio de 2002, se le había otorgado a la última la posibilidad de convertirse en el socio mayoritario de Geotérmica Salvadoreña, S.A. de C.V. (GESAL, ahora LaGeo)

31, empresa nacional generadora de energía eléctrica con base en recursos geotérmicos. No obstante, a inicios de 2008, cuando Enel intentó obtener la mayoría de las acciones de LaGeo a partir de la capi-talización de sus inversiones en la misma, la CEL se negó a cumplir con lo establecido en el contrato32, argumentando que acceder a ello sería sumamente lesivo para los intereses del Estado salvadoreño y contrario a la Constitución de la República33.

Ante tal decisión, ese mismo año, Enel Green Power presentó una demanda por 120 millones de dólares ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus

28 Quintanilla, L. (2013, 11 de enero). Privados piden balance en compra semilla. , Documento recuperado de http://www.

de semillas. Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (2014). Posición institucional No. 39. La compra de semilla mejorada debe ser transparente y competida=948&catid=38&lang=es

29 PDDH (2006). Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, presenta-do al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la aplicación del Pacto Internacio-nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (1995-2005). 8 de noviembre de 2006. pp. 19-20.

30 Osterlof, D., Villasuso, A. & Sacasa, M. (2011). Las regulaciones sobre compras públicas en los Tratados de Libre Comercio de Centroamérica y las Mipymes. Documento recuperado de http://www10.iadb.org/intal/ intalcdi/PE/2013/12717.pdf

31 Asamblea Legislativa (2013, 15 de agosto). Primer informe parcial de la Comisión especial para investigar todo lo relacionado al contrato suscrito entre la hoy CEL, y la empresa italiana Enel Green Power, en la administración del entonces presidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, en el mandato presidencial de Francisco Flores Pérez.

32 En el Green Power (2013, 31 de diciembre). . Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/company/worldwide/el_salvador/; Karadelis, K. (2013, 13 de agosto). Enel brings El Salvador claim to ICSID. Global arbitration review. Documen-

a Cel cumplir el contrato de LaGeo. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=1980511

33 Molina, C. (2008, 20 de mayo). Cel no teme amenaza de arbitraje de Enel. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.el-salvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2405178; Choto, D. (2011, 15 de febrero). Posponen millonario fa-llo arbitraje entre Cel y Enel. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5580234


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siglas en inglés) debido al incumplimiento del contrato34. En mayo de 2011, el tribunal falló a favor de Enel35, y ordenó que se le permitiera a la empresa italiana realizar la inversión que le permitiría apro-piarse de la mayoría de las acciones de LaGeo36. Pese a que, en agosto de 2011, la CEL presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de París, el mismo fue rechazado en enero de 201337.

Actualmente, el confl icto entre la CEL y Enel continúa, ya que el Estado salvadoreño se ha nega-do a cumplir con el laudo arbitral internacional, argumentando que el acuerdo de accionistas fi rmado por los funcionarios de la época contradice la Constitución de la República38, y de aceptar el fallo, se entregaría patrimonio de toda la población salvadoreña a un ente privado, violando la propia Consti-tución39. En consecuencia, en agosto de 2013, la empresa italiana demandó al Estado frente al CIADI40 amparándose en la Ley de Inversiones41. Paralelamente, a nivel nacional, la disputa ha motivado incluso investigaciones especiales dentro de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República (FGR), y en noviembre de 2013 se ha iniciado un proceso judicial en el que la FGR ha acusado a un grupo de exfuncionarios y a las sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V. por perjuicio económico hacia el Estado. Asimismo, en diciembre de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda que busca la nulidad del contrato entre la CEL y la empresa italiana, y ordenó suspender provisionalmente el traspaso de acciones mien-tras se tramita el proceso42.

A partir de todo lo anterior, es importante resaltar cómo los acuerdos de inversión comercial en efecto se encuentran limitando las capacidades del Estado salvadoreño en cuanto a la toma de deci-siones a favor de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los recursos estratégicos nacionales. En estos casos, se puede observar como las autoridades gubernamentales están siendo con-dicionadas y presionadas por entes privados, ante la adopción de medidas como la revocación de per-

34 Enel Green Power (2013, 31 de diciembre). . Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/company/worldwide/el_salvador/; Karadelis, K. (2013, 13 de agosto). Enel brings El Salvador claim to ICSID. Global arbitration review. Docu-

demanda al gobierno por caso LaGeo. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2977328

35 Enel Green Power (2013, 31 de diciembre). . Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-GB/company/worldwide/el_salvador/

36 En el Green Power (2011, 6 de julio). Press release. International Arbitration Court unveils ruling favourable to Enel Green Power on the LaGeo Case. Documento recuperado de http://www.enelgreenpower.com/en-gb/media_investor/press_releases/release.aspx?iddoc=1645485

37 En el Green Power (2013, 9 de enero). Press release. Paris Court of Appeals upholds International Court of Arbitration ruling in favour of Enel Green Power in LaGeo case. Documento recuperado de http://www.enel.com/eWCM/salastampa/comunicati_eng/1657045-1_PDF-1.pdf

38 Asamblea Legislativa (2013, 15 de agosto). Primer informe parcial de la Comisión especial para investigar todo lo relacionado al contrato suscrito entre la hoy CEL, y la empresa italiana Enel Green Power, en la administración del entonces presidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, en el mandato presidencial de Francisco Flores Pérez.

39 La Constitución salvadoreña establece en su artículo 103, inciso tercero, que “el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar conce-siones para su explotación”, pero además señala en los artículos 120 y 131, ordinal 30º, que este tipo de concesiones deben ser sometidas a aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. De hecho, en junio de 2012, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Inc. 28-2008 del 27-VI-2012 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 12 de la Ley General de Electricidad y de los artículos 12 y 51 del Reglamento de dicha ley, dado que adjudicaban a un órgano de la Administración Pública la potestad de otorgar conce-siones que por mandato constitucional debían ser autorizadas por la Asamblea Legislativa, y adicionalmente estipulaban que las mismas eran de carácter permanente.

40 Case Details. Enel Green Power S.p.A. v. Republic of El Salvador (ICSID Case No. ARB/13/18). Documento recuperado de https://icsid.world-bank.org/ICSID/FrontServlet

41 Karadelis, K. (2013, 13 de agosto). Enel brings El Salvador claim to ICSID. Global arbitration review. Documento recuperado de http://

42 Transparencia activa (2013, 10 de diciembre). Presidente Funes celebra admisión de la demanda contra contrato CEL-ENEL por Sala de lo Con-tencioso Administrativo. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/presidente-funes-celebra-admision-de-la-demanda-contra-contrato-cel-enel-por-sala-de-lo-contencioso-administrativo/; Ávalos, J. (2013, 7 de diciembre). CSJ admite demanda de contrato CEL-Enel.

J. (2013, 7 de diciembre). Abogado de Enel: No hay mérito para anular contrato. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/ nota_completa.asp?idCat=47673&idArt= 8388236


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misos de explotación minera o el impulso de programas especiales de apoyo a productores y producto-ras nacionales.

A futuro, es claro que decisiones de este tipo - aunque buscan proteger los derechos humanos, pro-mover el desarrollo social y garantizar la sustentabilidad ambiental- podrían llevar al Estado a enfrentar numerosos litigios internacionales, bajo el supuesto de que afectan las ganancias o las expectativas de ganancias de alguna empresa. Más allá de eso, también se ha comenzado a advertir cómo este tipo de arbitrajes han supuesto al Estado la erogación de importantes recursos fi nancieros obtenidos de los y las contribuyentes. Esta situación es en extremo preocupante ya que en este tipo de litigios los Estados se encuentran en gran desventaja, dado que las instancias que dirimen los confl ictos han sido diseña-das precisamente para privilegiar y proteger las inversiones. Por tanto, resulta inaceptable que se tenga que privilegiar la asignación de fondos públicos a este tipo de procesos, cuando el presupuesto público afronta enormes difi cultades y ni siquiera alcanza para cumplir con las obligaciones del Estado en mate-ria de derechos humanos.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño ratifi que la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, apro-bada en abril de 2012, que reconoce a los pueblos indígenas en su territorio y que establece la obligación de adoptar políticas para su libre desarrollo.

Que el Estado salvadoreño ratifi que el Convenio 169 de la OIT, relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.

Que el Estado salvadoreño desarrolle un amplio proceso participativo con los pueblos indígenas pa-ra analizar y elaborar propuestas de modifi cación al marco jurídico nacional, orientadas a garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente en la legislación relativa a educación, salud, re-cursos genéticos para la alimentación y la agricultura, diversidad biológica, propiedad, acceso a la tierra, protección de la niñez y la adolescencia, erradicación de la discriminación, patrimonio cultural, medio am-biente, consulta previa y formación de asociaciones.

Que el Estado salvadoreño fortalezca los espacios de diálogo y órganos de consulta que se han generado con los pueblos indígenas, dotando de mayor estabilidad y recursos a la institucionalidad encargada de su organización y administración.

Que el Estado salvadoreño brinde mayor atención a las demandas y necesidades de los pueblos indí-genas en el diseño, reforma y evaluación de las políticas públicas. De manera especial, el Estado debería propiciar el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones representativas propiamente indígenas, a fi n de que puedan tener una mayor incidencia en la toma de decisiones.

Que el Estado salvadoreño atienda las recomendaciones del CERD en cuanto al mejoramiento de la legislación nacional para garantizar la no discriminación, principalmente en lo referente a la adopción de una defi nición de discriminación racial y de disposiciones legales explícitas que prohíban la segregación racial, la existencia de organizaciones racistas y la incitación al odio racial.


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Que el Estado salvadoreño realice mayores esfuerzos por obtener información estadística sobre la si-tuación económica y social de los pueblos indígenas, particularmente en cuanto a pobreza, desnutrición, escolaridad y rendimiento escolar, empleo, salarios, tenencia de la tierra y acceso a servicios básicos.

Que el Estado salvadoreño realice un diagnóstico sobre las limitaciones que han generado los acuerdos de inversión comercial en las posibilidades de adoptar decisiones para garantizar el cumplimiento de los derechos contemplados en el Pacto. Asimismo, que se diseñe un plan orientado a corregir o compensar los efectos negativos de los mismos.

Artículo 3. Igualdad entre hombres y mujeres

Desde su nacimiento como república, la historia de El Salvador ha estado marcada por esquemas machistas y patriarcales43. En este sentido, el logro de la equidad de género es uno de los mayores retos para el país. Aunque no cabe duda que en las últimas décadas El Salvador ha logrado algunos avances en materia de equidad de género, es necesario recalcar que todavía existe una enorme disparidad entre hombres y mujeres y en ciertas áreas específi cas el progreso ha sido menos acentuado.

A pesar de lo anterior, para esta Procuraduría ha sido muy positivo que en los últimos años se ha-yan adoptado decisiones importantes que pueden incidir en la construcción de un país con mejores oportunidades para las mujeres. Se debe reconocer como un avance fundamental la aprobación de le-gislación orientada a erradicar las brechas de género, principalmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en diciembre de 2010, y la Ley de Igualdad, Equidad, y Erra-dicación de la Discriminación contra las Mujeres, en marzo de 2011. En el primero de los casos, se esta-blecen obligaciones específi cas de distintas instituciones estatales para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, lo cual resulta primordial para un país como El Salvador, en el que las agresiones contra las mujeres son recurrentes, y la impunidad ante las mismas es sumamente alta44.

Por su parte, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres contempla medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en materia de educación, par-ticipación política y económica, empleo, salud integral, salud sexual y reproductiva, seguridad social, entre otras. Asimismo, incluye disposiciones para fomentar el reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado; la inclusión social de mujeres en situación de vulnerabilidad; la igualdad de oportunidades para el acceso, manejo, uso y control de los recursos naturales; el acceso equitativo a nuevas tecnologías; y sobre los derechos de las mujeres en el desarrollo rural.

Sumado a esto, se debe reconocer que ha sido satisfactorio que la Ley de Partidos Políticos, aproba-da en febrero de 2013, incluya una disposición que establece la obligación de los partidos políticos de incluir al menos a un treinta por ciento de mujeres en sus planillas para la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y representantes en Concejos Municipales (art. 37). Esta medida sería un primer paso hacia garantizar mayores oportunidades para la participación política de las mujeres, lo cual es destacable debido a que ha sido una de las áreas en las que la brecha de género es notable.

43 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 52

44 Manjoo, R. (2011). Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo. Misión a El Salvador. A/HRC/17/26/Add.2. 14 de febrero de 2011. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/112/40/PDF/G1111240.pdf?OpenElement


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También se puede mencionar como positivo el trabajo realizado en torno a la formulación de la Po-lítica Nacional de las Mujeres y del Plan Nacional de Equidad e Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas, la instalación del Sistema Nacional de Datos Estadísticos e Información sobre Violencia hacia las Muje-res, así como también la puesta en marcha de iniciativas novedosas como el programa “Ciudad Mujer”, el cual otorga a las mujeres servicios especializados para salud, mejora de oportunidades económicas, acceso a la justicia y educación no formal45.

Pese a todo lo anterior, es necesario señalar que el ejercicio de la igualdad real entre mujeres y hom-bres aún es una realidad muy lejana para El Salvador. Resulta evidente que existen importantes obstá-culos para que las mujeres puedan desenvolverse en un entorno libre de discriminación y desigualdad, particularmente en el área rural. En la actualidad, las mujeres salvadoreñas continúan teniendo mayores problemas que los hombres para acceder a empleos remunerados y bajo condiciones dignas, y en el ca-so de obtenerlo afrontan una doble o triple carga laboral que es invisibilizada por la falta de reconoci-miento y valoración del trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado. Además de esto, la población femenina presenta menores salarios, mayores tasas de analfabetismo, menor acceso y control de activos y recursos productivos (vivienda, tierra, crédito, etc.), menor participación política y menores tasas de asistencia escolar; en comparación a la población masculina46.

Por ejemplo, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres persiste, aún para las mujeres con ma-yores niveles educativos47. De acuerdo a datos de 2011, las mujeres ganan, en promedio, aproximada-mente un 16.3% menos que los hombres, y en los puestos directivos la diferencia incluso se amplía, ya que los hombres ganan un 26.65% más que las mujeres48. Más allá de eso, es lamentable que al observar los datos de los últimos años, la brecha salarial permanece estable, sin que se pueda identifi car una ten-dencia hacia su reducción49.

Por otra parte, la falta de autonomía económica de muchas mujeres salvadoreñas también es cau-sa de preocupación para esta Procuraduría. Se ha encontrado que en 2012 el porcentaje de mujeres sin ingresos propios (33.9%) superaba en más de dos veces el de los hombres en la misma condición (14.3%)50. La situación de las mujeres en el área rural es particularmente grave, ya que aproximadamen-te el 42.7% no reporta ingresos propios, mientras que únicamente el 16.4% de los hombres se encuentra en esa condición51.

Sumado a esto, se ha encontrado que las mujeres aún enfrentan mayores obstáculos en cuanto a sindicalización, alfabetización, propiedad de vivienda, propiedad de la tierra con vocación agrícola y participación política. Por ejemplo, se ha registrado que las mujeres únicamente representan el 23.2%

45 Gobierno de El Salvador (GOES) (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 93.46 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) (2011). Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salva-

dor: Autor; Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador: Autor; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor.

47 ISDEMU (2011). Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salvador: Autor. p. 32; Lara, E (2013). Estado de los indicado-res de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Mujer y mercado laboral 2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 23.

48 Lara, E (2013). Estado de los indicadores de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Mujer y mercado laboral 2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 23.

49 Ibíd.50 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://

estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 13 de febrero de 2014.51 Ibíd.

de las personas afiliadas a un sindicato52. A la vez, la tasa de analfabetismo es más alta para las mujeres (14.7%) que para los hombres (9.9%)53. Por otra parte, se ha observado que entre las personas mayores de 18 años, el porcentaje de hombres que afirma tener vivienda en propiedad (33.9%) es considerable-mente más alto que el de las mujeres (19.2%)54; y que aproximadamente más del 80% de las personas dueñas de la tierra con vocación agrícola son hombres55. Asimismo, las mujeres ocupan solamente el 10% de los puestos de alcaldes y alcaldesas municipales56, el 12.1% de los puestos ministeriales del Ór-gano Ejecutivo57, el 27.4% de los escaños parlamentarios58, y el 40% de los puestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (máximo tribunal de justicia del país)59. Al respecto, se debe reconocer que a partir de 2006 la participación de las mujeres ha ido creciendo tanto en la Asamblea Legislativa como en la CSJ, pero todavía es muy dispar60.

Al comparar los avances que han logrado otros países en estas áreas, se constata que en los últimos años, El Salvador no ha hecho suficientes esfuerzos por promover la participación económica y política de las mujeres, aunque sí ha logrado ir cerrando las brechas en cuanto a salud y educación. Con todo, al hacer un balance general se observa que distintos países han avanzado mucho más en la reducción de las brechas de género. Por ejemplo, en 2006, de acuerdo al Índice Global de la Brecha de Género (GGGI) del World Economic Forum (WEF)61, El Salvador (con un GGGI de 0.6837) se colocó en la posición 39 de una lista de 115 países ordenados de acuerdo a su brecha de género62 mientras que para 2013 (con un GGGI de 0.6610) retrocedió hasta la posición 96, de una lista de 136 países63. De hecho, en 2013, de acuerdo a este indicador, de 26 países latinoamericanos estudiados, únicamente Guatemala, Surinam y Belice poseen brechas de género mayores a la de El Salvador64.

Resulta muy revelador comprobar que en el mismo periodo, países como Nicaragua, Bolivia, Ecua-dor, Madagascar, Malawi, Eslovenia, Camerún, Uganda, Lesoto, Kenia, Mongolia y Luxemburgo, que en 2006 presentaban brechas similares o incluso más amplias que las de El Salvador, en 2013 muestran reducciones mayores en las brechas de género en las áreas contempladas. Aunque El Salvador refleja una equidad similar o incluso superior que algunos de estos países en cuanto a salud y educación, los retrocesos observados en los últimos años en cuanto a participación y oportunidades de las mujeres en la economía y en la política, han limitado su avance hacia mejores resultados65. Con todo, es muy

52 Lara, E (2013). Estado de los indicadores de género en el mercado laboral. En Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Mujer y mercado laboral 2012 (pp. 5 – 28). San Salvador: ORMUSA. p. 27.

53 DIGESTYC) (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 4.54 PNUD (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un

nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor. p 208.55 Ibíd. p. 211.56 CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Porta-

da.asp?idioma=e. Información revisada al 26 de diciembre de 2013.57 Ibíd.58 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:

Autor. p. 291.59 CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Porta-

da.asp?idioma=e. Información revisada al 29 de noviembre de 2013.60 Ibíd.61 El GGGI (Global Gender Gap Index) mide la brecha de desigualdad de género en cuatro áreas: participación y oportunidades en la actividad

económica, participación política, salud y educación. El índice toma valores entre 1 y 0, donde los valores cercanos al 1 representan una me-nor brecha de género en las áreas contempladas, y los valores cercanos al cero indican brechas mayores.

62 Los primeros lugares son ocupados por los países con mayor equidad de género en las áreas contempladas por el índice.63 WEF (2013). The Global Gender Gap Report 2013. Documento recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GenderGap_Re-

port_2013.pdf64 Ibíd.65 Cabe señalar que las comparaciones entre países deben ser tomadas con cautela pues varían de acuerdo a los distintos indicadores. Se ha

destacado lo referente al índice elaborado por el WEF principalmente por la posibilidad de dar seguimiento a su evolución durante varios

69


preocupante el hecho de que al hacer una comparación de los resultados de 110 países entre 2006 y 2013, el WEF reporta que El Salvador ha sido el país que más ha retrocedido en el GGGI66.

Ante esta situación, resulta preocupante para la PDDH que en las políticas públicas todavía no se incorpore de mejor forma el enfoque de género, principalmente en lo relativo a generar condiciones pa-ra que las mujeres puedan acceder al poder económico, social y político. A la vez, es importante señalar que todavía hace falta integrar a las políticas públicas componentes orientados a la construcción de una nueva masculinidad que abone a la erradicación de la desigualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

Por ejemplo, debe señalarse que existen programas gubernamentales que están basados o repro-ducen las disparidades de género. El propio Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (IS-DEMU) ha afi rmado que la puesta en marcha del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) –el cual constituye el fundamento de la política social actual-, hasta cierto punto, ha incrementado la carga global de trabajo de las mujeres que participan en el mismo:

… este sistema aún no se ha completado en su totalidad y sigue desarrollándose bajo un esquema de acciones focalizadas hacia la atención y superación de la pobreza, sin incluir en el modelo acciones dirigidas al fomento de la corresponsabilidad en las tareas del cuidado entre hombres, mujeres, Estado y sociedad, incrementando de esta manera, en cierta medida, la carga global de trabajo de las mujeres benefi ciarias de los programas que componen el SPSU67.

Esto indica que hace falta un mayor esfuerzo para abordar la desigualdad entre hombres y mujeres de manera integral. El programa Ciudad Mujer es un avance positivo al respecto, dado que instituciones del Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Ministerio Público han creado ofi cinas especializadas dentro de las sedes del mismo68. No obstante, un reto primordial es que de forma paralela, todas las instancias gubernamentales, en sus distintas sedes ordinarias a nivel nacional y local, organicen sus planes, progra-mas y servicios de tal forma que respondan al enfoque de género.

Finalmente, es importante mencionar que hace falta una mayor atención a la eliminación de los obs-táculos que difi cultan a las mujeres el acceso a la justicia. La PDDH ha señalado a las instancias corres-pondientes la persistencia de distintas barreras legales, procedimentales, institucionales y culturales que impiden que las mujeres accedan a la justicia en igualdad de condiciones. Esto se ha observado en dis-tintos procesos penales y de familia, especialmente cuando se refi eren a casos de abuso sexual y violen-cia intrafamiliar, entre otros69. Teniendo en cuenta esto, también se ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de ratifi car el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las for-

diferentes, de acuerdo a los subíndices que contemplan.66 WEF (2013). The Global Gender Gap Report 2013. Documento recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GenderGap_Re-

port_2013.pdf67 ISDEMU (2012). . San Salvador: Autor. p. 44.68 Actualmente, un total de 16 instituciones estatales, entre ellas, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Policía Nacional Civil, el Instituto

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, ofrecen servicios especializados para mujeres dentro de las sedes creadas para el programa Ciu-dad Mujer. Información adicional sobre esta iniciativa se puede encontrar en el sitio web: http://www.ciudadmujer.gob.sv/.

69 PDDH (2011). Informe especial sobre acceso a la justicia para las mujeres en el ámbito laboral, penal y familiar. San Salvador: Autor.


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mas de discriminación contra la mujer (CEDAW)70, con lo cual se reforzaría el régimen de garantías a favor de la equidad de género en el país. Lastimosamente, hasta la fecha el mismo no ha sido ratifi cado.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño brinde prioridad en los próximos años a la estricta aplicación de la legis-lación, políticas y planes recientes a favor de la equidad de género. Se recomienda que adopte medidas inmediatas para reducir progresivamente y eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, ga-rantizando el principio de igual salario por trabajo de igual valor. Asimismo, se debe poner énfasis en el aumento de la participación política de las mujeres y en acrecentar representación de las mujeres en pues-tos de toma de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado.

Que el Estado salvadoreño impulse acciones concretas para reducir la carga laboral extra que afrontan las mujeres, aumentar su autonomía económica, y dar un mayor reconocimiento y valor al trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas especiales orientadas a reducir las disparidades de género en el área rural, principalmente en cuanto a autonomía económica, propiedad de la tierra, propiedad de la vi-vienda, alfabetización y acceso a recursos productivos.

Que el Estado salvadoreño ejecute medidas concretas orientadas a facilitar y fomentar el cumplimiento equitativo entre hombres y mujeres, de los compromisos en el trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado familiar, principalmente en el área rural.

Que el Estado salvadoreño diseñe todas las políticas públicas tomando en cuenta el enfoque de género, a fi n de evitar prácticas que reproduzcan o estén basadas en las disparidades de género, integrando en las mis-mas componentes para la construcción de una nueva masculinidad que fomente la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Que el Estado salvadoreño ratifi que el Protocolo Facultativo de la CEDAW y que implemente un plan para eliminar los obstáculos políticos, legales, procedimentales, institucionales y culturales que difi cultan a las mujeres el acceso a la justicia en condiciones igualitarias, especialmente en los casos de abuso sexual y violen-cia intrafamiliar.

Que el Estado salvadoreño organice campañas públicas y procesos de formación dirigidos hacia hombres, que tengan como fi n combatir las actitudes y comportamientos discriminatorios y agresivos hacia las mujeres.

Art. 6, 7 y 8. Derechos laborales y libertades sindicales

En materia de derechos laborales, en los últimos años se han desarrollado algunos esfuerzos que si bien es cierto no son sufi cientes para resolver la problemática estructural de falta de trabajo decente en el país, han servido para paliar levemente las serias defi ciencias que posee el país en cuanto a gene-ración de empleo, insufi ciencia de salarios mínimos e inestabilidad laboral. En este sentido, se puede destacar que a la fecha el país ya ha podido recuperar los 40 mil empleos perdidos en 2009 a causa de la

70 Ibíd. p. 98.


71

crisis económica y fi nanciera internacional. Más allá de eso, es destacable que las cifras sobre inserción laboral formal continúen mejorando en la actualidad71.

Igualmente, se han aplicado leves incrementos a los salarios mínimos del sector privado en noviem-bre de 2007, junio de 2008, enero de 2009, mayo de 2011, julio de 2013 y enero de 2014. De forma par-ticular, en las últimas modifi caciones, se puede resaltar como positivo que el sector maquila ha recibido un porcentaje de aumento igual al del resto de sectores de la economía, cuando tradicionalmente había sido menos benefi ciado, tal y como se observa en el anexo 4 del informe ofi cial. Añadido a esto, en ene-ro de 2015 se aplicará un nuevo incremento a los salarios mínimos72.

Por otra parte, se pueden destacar también algunos esfuerzos realizados en los últimos años en la elaboración e impulso de políticas sectoriales para el fomento del empleo y la producción73. Igualmente, ha representado un logro importante la entrada en vigencia de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo en 2012, aunque para su estricta aplicación es necesario que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) asuma un rol muy activo en la promoción y vigilancia de su cumplimiento, y en la aplicación de las sanciones respectivas a las violaciones que se realicen.

De manera similar, se puede señalar como un avance la aprobación, en diciembre de 2013, de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, y de las reformas a la Ley del Servi-cio Civil y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, con el objetivo de regular la compensación laboral por renuncia en el sector privado, el sector público y las municipalidades. Aunque es importante resaltar que las mismas deben ser objeto de revisión y mejora, se espera que con la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones74, se fortalezcan en cierta medida las garantías para los trabajadores y las trabajadoras, ya que anteriormente, al fi nalizar una relación laboral a través de renuncia, no recibían una indemnización por el tiempo de servicio.

En cuanto a las libertades sindicales, el avance más importante ha sido la ratifi cación de la reforma al artículo 47 de la Constitución de la República, en mayo de 2009, a fi n de reconocer el derecho de for-mar sindicatos en el sector público y en las municipalidades75. Esta reforma ha posibilitado y facilitado la constitución de 84 sindicatos en el sector público y las municipalidades entre junio de 2009 y mayo de 201376.

Asimismo, ha sido sumamente importante para la protección del derecho a la estabilidad laboral, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de forma muy reciente haya modifi ca-do en su jurisprudencia la interpretación sobre el alcance del mismo, para fortalecer la protección de la estabilidad laboral de los empleados públicos vinculados con el Estado mediante un contrato77. Con este giro, se espera que los numerosos despidos que se llevan a cabo en el contexto de cambios de adminis-tración en el sector público sean controlados y se facilite el acceso a la justicia de parte de las personas afectadas.

71 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 167.72 PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador:

Autor. p. 7973 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. pp. 123-177.74 En el sector público se encuentran vigentes a partir de 2014, mientras que en el sector privado entrarán en vigencia en 2015.75 Decreto legislativo No. 33, 27 de mayo de 2009.76 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor.77 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de amparo 1-2011, del 19-XII-2012.


72

Pese a todo lo anterior, es necesario señalar que el cumplimiento progresivo de los derechos labo-rales y sindicales en El Salvador enfrenta numerosos obstáculos. Por varios años, esta Procuraduría ha venido llamando la atención del Estado salvadoreño sobre distintos aspectos que necesitan un aborda-je inmediato, sin embargo, lastimosamente, las áreas de preocupación continúan siendo prácticamente las mismas: alta incidencia de subutilización laboral (desempleo y subempleo), bajos niveles de trabajo decente, salarios mínimos que no concuerdan con el costo de la vida, despidos en el sector público y privado sin un procedimiento acorde a la legislación laboral, irrespeto a las libertades sindicales, des-alojos violentos de comerciantes informales y desprotección de los trabajadores y trabajadoras del sector agropecuario y del sector de servicios domésticos.

En este contexto, las violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales, tanto en el sector público y como en el sector privado, continúan siendo recurrentes, mientras que las instancias del Estado con competencia en la materia, no han sido capaces de implementar y fortalecer los mecanismos admi-nistrativos y jurisdiccionales de control, que permitan erradicar tales violaciones a derechos humanos.

En este mismo orden de ideas, se ha venido observando que, en cuanto a generación de empleo, los esfuerzos realizados son totalmente insufi cientes para avanzar de forma sustancial en la reducción del subempleo y el desempleo. Por ejemplo, aunque entre junio de 2009 y mayo de 2013 se han creado un total de 88,094 empleos78, de acuerdo al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno de El Salvador, sería necesario crear 48,000 empleos nuevos cada año, al menos para alcanzar a absorber a las generaciones que se van incorporando a la población económicamente activa79. Teniendo en cuen-ta esto, resultan sumamente preocupantes las cifras sobre generación de empleo, ya que entre 2009 y 2013 deberían haberse creado un mínimo de 192,000 puestos de trabajo. Más allá de eso, para lograr un avance signifi cativo en la disminución del subempleo, habría que agregar a esta cifra una considerable cantidad de puestos de trabajo.

Por lo anterior, no resulta sorprendente que las cifras sobre desempleo y subempleo sigan siendo preocupantes. Si bien es cierto, la tendencia general ha sido que la tasa de desempleo abierto se manten-ga baja (6.1% en 201280), esto no debe ocultar que El Salvador presenta enormes defi ciencias en su capa-cidad para ofrecer oportunidades de trabajo decente para su población. Los datos sobre la evolución del subempleo y la ocupación plena en el área urbana refl ejan que existe una gran cantidad de población que no ha logrado obtener un empleo formal. Para 2012, el PNUD ha estimado la tasa de subempleo a nivel nacional en un 44.7%, en el área urbana se ubica en 33.4% y en el área rural asciende al 65.9% (Ver Tabla I)81.

78 En junio de 2009 el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) registró 679,003 cotizantes activos, mientras que en mayo de 2013 la cifra ascendió a 767,097. Ver ISSS (2013). Informe de rendición de cuentas Junio 2012- Mayo 2013. Documento recuperado de http://www.trans-

diciembre de 2009 y octubre de 2013 se crearon 109,969 empleos. Ver Transparencia activa (2013, 14 de diciembre). Gobierno del Presiden-te Funes crea 110 mil nuevas plazas en su gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/gobierno-del-presidente-funes-crea-110-mil-nuevas-plazas-en-su-gestion/

79 GOES (2010). . San Salvador: Autor.80 DIGESTYC (2013). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 1381 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:

Autor. pp. 314-315.


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Tabla IEvolución del subempleo, desempleo y subutilización laboral 2006-2012

(En porcentajes)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Tasa de subempleoNacional 43.3 39.8 40.6 44.3 42.1 41.5 44.7Urbano 36.9 28.5 31.9 34.0 31.5 31.8 33.4Rural 54.2 61.7 58.9 64.6 62.6 68.2 65.9Tasa de desempleoNacional 6.6 6.3 5.9 7.3 7.0 6.6 6.0Urbano 5.7 5.8 5.5 7.1 6.7 6.6 6.2Rural 8.0 7.4 6.7 7.6 7.4 6.6 5.7Tasa de subutilización laboralNacional 49.9 46.1 46.5 51.6 49.1 48.1 50.7Urbano 42.6 34.3 37.4 41.1 38.2 38.4 39.6Rural 62.2 69.1 65.6 72.2 70.0 74.8 71.6

Fuente: PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 314-315.

Si tomamos en cuenta el desempleo y el subempleo de forma conjunta, se observa que más de la mitad de la población no está encontrando oportunidades de acceder a un trabajo formal, pero aún más preocupante es la situación en el área rural, donde el porcentaje alcanza a más del 70%. De forma específi ca, el PNUD ha calculado que la tasa de subutilización laboral a nivel nacional es del 50.7%, en el área urbana de 39.6% y en el área rural de 71.6%82.

Como puede observarse existe un gran segmento de la población que no puede acceder a un empleo formal. Sin embargo, todavía es más crítica la situación al analizar los niveles de trabajo decente. De acuerdo al PNUD, apenas el 23.8% de la población económicamente activa, es decir, aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores en el país, posee un trabajo decente. Añadido a esto, existe una gran desigual-dad de oportunidades, ya que el nivel de trabajo decente en el área urbana es tres veces mayor al del área rural83.

Con todo, también se debe señalar que acceder a un trabajo en El Salvador no garantiza poder ac-ceder a nivel de vida adecuado. El país ha avanzado muy poco en la reducción de la población ocupada que se encuentra en situación de pobreza o indigencia (Ver Tabla II). Por ejemplo, en 1995, el porcen-taje nacional de la población ocupada que se encontraba en situación de pobreza ascendía al 41.5%, mientras que para 2010, únicamente se había logrado reducir al 35.8%. En el área rural, la situación es especialmente grave, dado que en 2010, el porcentaje de la población ocupada en situación de pobreza alcanzó el 44.8%.

82 Ibíd.83 Ibíd. p. 32


74

Tabla IIPoblación ocupada en situación de indigencia y pobreza, según área geográfi ca

(Porcentaje sobre la población de 15 años y más)

1995 1997 1999 2000 2001 2004 2009 2010

NacionalIndigencia 13.5 15 14.2 13.7 14.6 11.9 11.5 10.8Pobreza 41.5 43.5 37.9 36.2 37.6 36.2 37.1 35.8

UrbanaIndigencia 8.8 9.3 7.9 7.5 8.9 8.4 8.1 7.9Pobreza 34.5 34.6 28.7 27.8 29.3 31 32.3 31.3

RuralIndigencia 20.5 23.7 25.1 24.5 24.3 18.4 18.4 16.6Pobreza 52.1 57.1 53.9 50.9 51.8 45.7 46.7 44.8

Fuente: CEPAL (s/f). CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. Información revisada al 11 de abril de 2013.

Por otro lado, también es causa de preocupación para esta Procuraduría que desde hace mucho tiempo la generalidad de los salarios en El Salvador no va en consonancia con la realidad socioeconó-mica y el costo de la vida. De forma específi ca, en el caso de los salarios mínimos en el sector privado84, como ya se mencionó anteriormente, no cabe duda que los aumentos aplicados en los últimos años son positivos, ya que han ayudado a paliar levemente las enormes carencias que atraviesa gran parte de la población; no obstante, es claro que los acuerdos logrados son a todas luces insufi cientes para represen-tar un verdadero ajuste del salario mínimo a lo establecido en la Constitución, en la cual se estipula que el mismo deberá determinarse de acuerdo al costo de la vida y “ser sufi ciente para satisfacer las necesi-dades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural” (art. 38, ord. 2º).

Por ejemplo, en el sector agropecuario el salario mínimo ($113.70) permanece incluso por debajo del costo de la Canasta Básica Alimentaria Rural ($123.26 en febrero de 2014), mientras que en el resto de sectores, la Canasta Básica Alimentaria Urbana ocupa un alto porcentaje del salario mínimo. Según datos de la DIGESTYC, para febrero de 2014, el costo de la Canasta Básica Alimentaria Urbana alcanzó los $175.47, lo que representa el 72% del salario mínimo del sector comercio y servicios ($242.40), el 74% del salario mínimo en la industria ($237.00), y el 85% del salario mínimo para el sector maquila textil y confección ($202.80).

Al respecto, es evidente que una gran cantidad de familias salvadoreñas no cuentan con ingresos su-fi cientes para acceder a todos los bienes y servicios primordiales para satisfacer sus necesidades básicas, más allá de la alimentación. Un estudio especializado estableció que una canasta básica ampliada que incluyera todos estos bienes y servicios costaría alrededor de $579.7185, lo que supera, por mucho, in-cluso el salario mínimo del sector comercio y servicios. Lo alarmante de la situación queda refl ejado en

84 A partir de enero 2014, el salario mínimo mensual vigente para el sector agropecuario es de $113.70, mientras que para el sector maquila textil y confección es de $202.80. En el sector industria el monto determinado es de $237.00 y para el sector comercio y servicios es de $242.40.

85 .

la_America_Central_2013-10-01-1.pdf


75

dicho estudio, cuando se establece que un trabajador o una trabajadora del sector maquila tendría que trabajar más de 200 horas extra al mes para llegar a cubrir este monto86.

En este contexto, también se debe tener en cuenta que, desde su instauración, los salarios mínimos han refl ejado una tendencia a la disminución de su poder adquisitivo. De manera específi ca, el PNUD reporta que el salario mínimo agrícola ha perdido un 77% de su poder adquisitivo entre 1965 y 2012. A la vez, los salarios mínimos en el comercio, la industria y los servicios han perdido un 65% entre 1978 y 201287. Esto refl eja que es urgente la realización de un ajuste en los salarios mínimos para que cumplan con lo establecido en la Constitución y el Código de Trabajo en relación a que el mismo debe alcanzar para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y las trabajadoras, y que su modifi cación atende-rá al costo de la vida (arts. 144-146 del Código de Trabajo).

Asimismo, tal y como esta Procuraduría lo ha señalado en distintas ocasiones, es necesario reducir las enormes diferencias que existen entre los salarios mínimos de las distintas ramas de la actividad eco-nómica. Un caso especialmente preocupante es el del salario mínimo del sector agropecuario, ya que de acuerdo a los montos vigentes, representa menos de la mitad del establecido para los sectores comercio y servicios e industria. A la vez, el salario mínimo para el sector de maquila textil y confección, si bien es cierto es signifi cativamente mayor al del sector agropecuario, también presenta una gran diferencia con respecto a estos dos sectores. Lastimosamente, los incrementos acordados en los últimos años ni siquiera han contemplado una reducción de estas disparidades, ya que su modifi cación se ha basado en un aumento porcentual con respecto al monto vigente para cada sector, pero utilizando un idéntico porcentaje para todos los sectores.

Por otra parte, también se debe señalar como motivo de preocupación la persistencia de constantes violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales tanto en el sector privado, como en el sector público y las municipalidades. En general, todos los años se presentan numerosas denuncias por viola-ciones como despidos sin causa justifi cada, acoso laboral, discriminación por afi liación sindical y por embarazo, falta de pago de horas extra, vacaciones, aguinaldos o indemnizaciones; y por retención de cuotas de seguridad social y fondos de pensiones sin el correspondiente reporte88.

En este sentido, ha sido preocupante observar que pese a los continuos señalamientos de esta Pro-curaduría, cada inicio de año, o en el contexto de cambios de administración en el sector público y mu-nicipal, la institución recibe numerosas denuncias por parte de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas de sus lugares de trabajo sin que se haya seguido el debido proceso. Aún más preocupante es la situación en el sector privado, ya que los atentados contra la estabilidad son incluso más frecuentes, mientras que las instancias competentes no han sido capaces de implementar y fortalecer los mecanis-mos para evitarlos.

Sumado a esto, también son constantes las restricciones a las libertades sindicales. En el sector pri-vado, las violaciones a la libertad sindical son fuertes incluso desde antes de la formación de los sindi-

86 Ibíd. p. 23.87 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:

Autor. p. 104.88 ORMUSA (2014). La boletina de ORMUSA. Observatorio Laboral y Económico. No. 01/2014. Documento recuperado de http://observatoriolabo-

ral.ormusa.org/boletinas/2014_01_Boletina_ECL.pdf. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) (2013). Informe sobre la situación de los derechos laborales y sindicales. El Salvador 2012. San Salvador: Autor.


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catos, lo que sitúa a los trabajadores y trabajadoras en una situación de especial vulnerabilidad por los problemas de estabilidad laboral antes señalados. Al respecto, FESPAD ha señalado que:

En el sector privado la violación de la libertad sindical es más abierta; pero no por ello los niveles de denuncias son elevados en razón de la vulnerabilidad de los trabajadores, producto de la legalidad del despido de hecho. En este sector la violación de la libertad sindical se manifi esta, principalmente, en la obstrucción de la formación de organizaciones sindicales mediante las amenazas de represalias o el despido de hecho de aquellos que tengan la intención de sindicalizarse89.

Por su parte, en el sector público también se han observado violaciones a las libertades sindicales. El irrespeto e incumplimiento de las disposiciones constitucionales que protegen el fuero y el trabajo sindi-cal, ha sido constatado en casos de despidos, amenazas o detenciones de dirigentes sindicales90. Institu-ciones de todo el sector público, tales como la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Mi-nisterio de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Alcaldía Municipal de San Salvador, la Alcaldía Municipal de Mejicanos, la Alcaldía Municipal de Soyapango y la Alcaldía Municipal de Ilopango, entre otras, han cometido violaciones en contra de los derechos y libertades de directivos y directivas sindicales91.

Por todo lo anterior, es importante acotar que si bien se han ratifi cado los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Constitución de la República los reconoc e como normas jurídicas internas, todavía el Estado salvadoreño dista mucho de reconocer y dar todo el apoyo al sector sindical, tanto en el sector público y municipal, como en el privado. Asimismo, todavía hace falta efectuar numerosas modifi caciones al marco legal nacional para adecuarlo a las obligaciones in-ternacionales en esta materia92 y existen numerosas barreras para el acceso a la justicia por parte de los trabajadores y trabajadoras93.

En este sentido, queda en evidencia que los sindicatos continúan enfrentando numerosos obstáculos en el desempeño de su labor, no sólo desde el sector patronal de las empresas, sino también de parte de las instituciones gubernamentales que deberían velar por el cumplimiento de la legislación laboral. En

89 (FESPAD) (2013). Informe sobre la situación de los derechos laborales y sindicales. El Salvador 2012. San Salvador: Autor. p. 18.90 Ibíd.91 PDDH (2011, 1 de mayo). Mensaje del Procurador en ocasión de conmemorarse el día internacional de la clase trabajadora. Documento recu-

perado de http://www.pddh.gob.sv/menuareas/menueco/218-mensaje-del-procurador-en-ocasion-de-conmemorarse-el-dia-internacional-de-la-clase-trabajadora; PDDH (2012, 15 de mayo). Pronunciamiento de la PDDH ante los despidos en las Alcaldías a partir del 1 de mayo de 2012. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/315-pronunciamiento-de-la-pddh-ante-los-despidos-en-las-alcal-dias-a-partir-del-1-de-mayo-de-2012; PDDH (2012, 31 de octubre). Mensaje del Procurador con motivo del Día del Sindicalismo en El Salvador. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/435-mensaje-del-procurador-con-motivo-del-dia-del-sindicalismo-en-el-salvador; PDDH (2013, 8 de abril). PDDH presenta resolución sobre violación a libertades sindicales en Órgano Judicial PDDH. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/487-pddh-presenta-resolucion-sobre-violacion-a-libertades-sindicales-en-organo-judicial; PDDH (2013, 29 de abril). Procurador da a conocer resolución inicial ante despidos en Alcaldía de Apopa. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/498-procurador-da-a-conocer-resolucion-inicial-ante-despidos-en-alcaldia-de-apopa; PDDH (2013, 1 de mayo). Mensaje del Procurador en el marco del Día Internacional del Trabajo 2013. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/41-noticias/conferencias/499-mensaje-del-procurador-en-le-marco-del-dia-internacional-del-trabajo-2013.

92 Por ejemplo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, ha hecho varios señalamientos de reformas necesarias a la legislación para adecuarla a los Convenios 87 y 98. Ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::

Salvador,2013 y http://www.ilo.org/ dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_Libertad sindical en El

Salvador. Necesidad de reformas a la legislación. Ponencia presentada en el Foro “Presente y Futuro del Sindicalismo en El Salvador”, organizado por la PDDH. San Salvador, El Salvador.

93 Comisión Internacional de Juristas (CIJ) (2013). Acceso a la justicia. Recursos contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador. Ginebra: Autor.


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la actualidad, persisten numerosas prácticas orientadas a limitar el ejercicio de las libertades sindicales y los derechos laborales en el sector privado, en el sector público y en las municipalidades.

Por otro lado, cabe agregar que los trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario, del sector de servicios domésticos, y del sector informal, se encuentran en un nivel de desprotección sumamente grave en cuanto a sus derechos laborales, sindicales y riesgos laborales. La mayor parte de personas que se desempeñan en estos sectores no pueden acceder a los sistemas de seguros de salud ni de pensiones contributivas, por lo que incluso se ven obligadas a trabajar hasta edades muy avanzadas94 y en condi-ciones extremadamente precarias.

Resulta muy preocupante que a pesar de lo importante que resulta la agricultura para el desarrollo del país, no se han desarrollado esfuerzos verdaderos por establecer un marco de protección especial para la fuerza laboral de este sector, y más bien se mantienen las peligrosas condiciones en las que se desempeñan. Los bajos salarios, la carencia de seguridad social, el incumplimiento de los derechos labo-rales95, y los elevados riesgos ocupacionales, colocan a los trabajadores y trabajadoras del sector agrope-cuario como una población a la que se le violan de forma sistemática los derechos laborales.

La generación de empleos de acuerdo a los criterios de trabajo decente es una de las principales deudas con el sector agropecuario, y hasta el momento no se observan iniciativas por reducir la exclu-sión bajo la que se desenvuelve. No obstante, la única forma de renovar el interés de las nuevas genera-ciones en las oportunidades laborales dentro de este sector, será establecer mejores condiciones de tra-bajo, en concordancia con los benefi cios que se obtienen en otras áreas de actividad como la industria, el comercio y los servicios.

Igualmente, en materia de servicios domésticos es lamentable que El Salvador no haya ratifi cado el Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Esto indica que hace falta un compromiso real en cuanto al reconocimiento del valor de este tipo de trabajo. Tampoco la legislación nacional ha sido modifi cada para fortalecer el cumplimiento de los dere-chos laborales en este sector.

Finalmente, es necesario indicar que resulta preocupante que en El Salvador, aun y cuando es am-pliamente conocido que ante la falta de oportunidades laborales una gran parte de la población se inser-ta en el sector informal, continúen presentándose vulneraciones a derechos humanos en los desalojos de puestos de venta comercial informal en espacios públicos que se llevan a cabo dentro del marco de procesos de reordenamiento que desarrollan las alcaldías municipales. Si bien es cierto a los gobiernos municipales les asisten potestades para llevar a cabo dichos procesos, los mismos deben realizarse bajo el estricto respeto de la dignidad humana, la integridad personal, el debido proceso legal, el derecho al trabajo, el ejercicio lícito de actividades comerciales y el goce de un nivel de vida digno. Lastimosamen-te, este no ha sido el caso, y los procesos de desalojo se han caracterizado por la falta de diálogo, uso excesivo de la fuerza, y por el poco esfuerzo por buscar alternativas creativas y novedosas que benefi -cien a toda la ciudadanía y permitan acceder a los vendedores informales a otras opciones para obtener ingresos. Más allá de eso, es importante señalar que ni siquiera los resultados pueden utilizarse como

94 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 183-185.

95 Sauma, P. (2012). Caso de El Salvador. En F. Soto & E. Klein, Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo I (pp. 227 – 263). Roma: FAO.


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justifi cación para estas medidas, ya que ha resultado evidente que los desalojos no constituyen una ver-dadera solución a los fenómenos del comercio informal.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos en materia de reducción del desempleo y el subempleo, mediante una evaluación de la efi cacia de las medidas adoptadas y el diseño de una estrategia a largo plazo para incrementar los niveles de trabajo decente, prestando atención especial a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como las personas que residen en el área rural y en los asentamientos urbanos precarios, las mujeres, las personas con discapacidad, la juventud, las personas en la adultez media, y las personas con bajos niveles de escolaridad.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas especiales para la inclusión laboral de las personas que lle-van mucho tiempo desempleadas y en las regiones con mayores niveles de desempleo y subempleo, ofrecien-do una mayor diversidad de programas de formación profesional y facilitando el acceso a los mismos.

Que el Estado salvadoreño efectúe una revisión de los salarios mínimos vigentes, en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República y el Código de Trabajo, a fi n de garantizar que los mismos sean sufi cientes para que todos los trabajadores, las trabajadoras y sus familias tengan un nivel de vida adecuado. Asimismo, se debe establecer un mecanismo para que los salarios mínimos se ajusten al costo de la vida periódicamente. Además de ello, es indispensable que se diseñe un plan para eliminar progresi-vamente las enormes diferencias que existen entre los salarios mínimos de acuerdo a la rama de actividad económica.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas para facilitar la formación de sindicatos, protegiendo a los trabajadores y trabajadoras de cualquier tipo de amenaza, coacción o intimidación. Asimismo, que el Es-tado respete la labor y el fuero sindical, absteniéndose de realizar despidos injustifi cados de líderes y lidere-sas sindicales, y brindando las condiciones apropiadas para que puedan desempeñar su trabajo sindical en condiciones de libertad, independencia y seguridad.

Que el Estado salvadoreño erradique y sancione las constantes violaciones a los derechos laborales y li-bertades sindicales, a través de la adecuación de su marco jurídico en consonancia con la legislación inter-nacional, la aplicación estricta de la legislación vigente, y el fortalecimiento de la institucionalidad, inde-pendencia y efi ciencia de los mecanismos de inspección laboral y de los tribunales en la materia. Además, se recomienda el establecimiento de mecanismos especiales para garantizar una adecuada vigilancia de las condiciones de trabajo en el sector agropecuario y en el sector de servicios domésticos, así como la revisión de la idoneidad de las sanciones estipuladas por violaciones a la legislación laboral, a fi n de que las mis-mas representen verdaderos desincentivos ante la comisión de infracciones.

Que el Estado salvadoreño ratifi que el Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Tra-bajadoras y los Trabajadores Domésticos.

Que el Estado salvadoreño aborde el fenómeno del trabajo informal, bajo un irrestricto respeto de los derechos humanos, y mediante soluciones integrales y concertadas que benefi cien a toda la población. Par-ticularmente debe abstenerse de hacer un uso excesivo de la fuerza durante los procesos de reordenamiento del espacio público, privilegiando los mecanismos de diálogo y mediación entre los sectores involucrados.


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Artículo 9. Derecho a la seguridad social

El cumplimiento del derecho a la seguridad social es uno de los que mayor preocupación genera a esta Procuraduría. Si bien es cierto el país ha avanzado en los últimos años añadiendo un esquema de seguridad social no contributivo, el mismo tiene un alcance sumamente limitado, mientras que el es-quema contributivo afronta gravísimas defi ciencias.

Ya en 2006, el Comité DESC expresó al Estado su preocupación debido a que la reforma del sistema de pensiones efectuada en 1998 eliminó el principio de solidaridad del sistema y, además, porque la co-bertura mínima prevista en este no garantizaba un nivel de vida digno96. En este sentido, se debe señalar que dichos problemas persisten y que, aunque la privatización del sistema se planteó como la alternativa para asegurar la sostenibilidad de la seguridad social en el país, mejorar la cobertura, y garantizar pen-siones adecuadas, ninguna de estas proyecciones ha sido cumplida.

Lastimosamente, en la actualidad, El Salvador se ubica entre los países latinoamericanos con menor cobertura en cuanto a la seguridad social, tanto entre la población económicamente activa (PEA) como entre la población adulta mayor97. Al respecto, un diagnóstico reciente establece que:

Uno de los principales retos para el sistema de pensiones es el de incrementar la cobertura. Para el período 1998-2011, la cobertura del sistema contributivo se ha estancado en alrededor del 23,6% de la PEA de acuerdo con las cifras institucionales, y el 30,7% según las encuestas de hogares. Estos datos muestran una baja cobertura de los cotizantes activos al sistema de pensiones. De la población adulta mayor, de acuerdo a los datos del Censo de 2007, solo el 20,5% de la PEI [Población económicamente inactiva] reciben pensiones. Es decir, no obstante haber alcanzado las edades de retiro, solo un bajo porcentaje de la población adulta mayor logra acceder a una pensión98.

Estas cifras refl ejan la gravedad de la situación en el país, ya que únicamente un sector muy reduci-do de la población accede al sistema de seguridad social. De cualquier forma, se debe señalar que este desempeño en cuanto a la cobertura había sido anticipado por diversos diagnósticos incluso antes de que se implementara la reforma99. El predominio del sector informal, el enorme aumento en la coti-zación de los trabajadores y trabajadoras, y las experiencias previas de otros países, indicaban que una ampliación signifi cativa en la cobertura era poco probable100. No obstante, pese a las advertencias tem-pranas, no se han tomado acciones para dar respuesta a tales difi cultades.

La situación es especialmente grave para los trabajadores y trabajadoras del sector informal, del sec-tor agropecuario y del sector de servicios domésticos. Aunque la Constitución de la República establece que “los trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a protección en materia de salarios, jorna-da de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por despido y, en general, a las prestaciones sociales”; y que la extensión y naturaleza de estos derechos se determinarán por ley “de

96 Comité DESC (2007). Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del pacto. Observaciones (E/C.12/SLV/CO/2). 27 de junio de 2007.

97 Rofman, R., Apella, I. y Vezza, E. (2013). Introducción. En Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 9-59). Buenos Aires: Banco Mundial.

98 Córdova, R. (2013). El Salvador. En R. Rofman, I, Apella y E. Vezza, M., Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 287-312). Buenos Aires: Banco Mundial. p. 309.

99 Mesa-Lago, C., Córdova, R. y López, C. (1994). El Salvador: Diagnóstico y propuesta de la reforma de la seguridad social. San Salvador: FUN-DAUNGO; Mesa-Lago, C. (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998-2010). San Salvador: FUNDAUNGO. p. 18.

100 Ibíd.


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acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo” (art. 45 Cn.), la Ley del Sistema de Ahorro pa-ra Pensiones (Ley SAP), aprobada en 1996, únicamente estipula que estos sectores serían incorporados mediante un reglamento especial que tendría en cuenta sus particularidades (art. 9). No obstante, pese a que la falta de regulación de estos aspectos dentro de la misma ley era ya una omisión importante, hasta la fecha –es decir más de 16 años después de su entrada en vigencia- ni siquiera se ha cumplido con la obligación de elaborar dichos reglamentos101. Esto refl eja claramente la desatención y negligencia estatal con respecto a la protección de estos sectores.

Sumado a esto, la cobertura de personas que trabajan en el sector informal es muy limitada, ya que si bien es cierto podrían afi liarse como independientes, además de pagar su cotización, asumirían adi-cionalmente el monto de la cotización otorgado normalmente por el empleador y la comisión adminis-trativa. Esto implica serios desincentivos para la afi liación y cotización en el sector, ya que representa más del doble de lo que pagan los asalariados formales en sus cotizaciones102.

Todo esto refl eja la enorme desatención que ha existido en torno a la problemática del derecho a la seguridad social en el país, y debido a ello, muchas personas adultas mayores continúan trabajando hasta edades muy avanzadas con el fi n de obtener ingresos para subsistir. De acuerdo a los datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, se calcula que entre los hogares con jefaturas de personas adultas mayores, el 38.1% es parte de la PEA y el 61.9% de la PEI103. Por tanto, es claro que una gran parte de la población adulta mayor está siendo afectada directamente por la falta de cobertura de la seguridad social, y se ven obligadas a buscar un empleo –muchas veces en condiciones precarias o in-adecuadas para su edad- con el fi n de obtener un ingreso mínimo.

Ante estas claras defi ciencias estructurales en el mercado laboral y el sistema de pensiones contri-butivo, debe reconocerse como un avance muy positivo el hecho de que desde 2009 se esté implemen-tando el esquema de pensiones no contributivas denominado “Pensión Básica Universal”. Este programa consiste en la entrega de un apoyo mensual de $50 que brinda el Gobierno a personas mayores de 70 años que vivan en uno de los 75 municipios que presentan mayores niveles de pobreza, que sean de escasos recursos económicos o vivan en situaciones de abandono y que se encuentren fuera de los siste-mas de seguridad social contributivos.

También se puede destacar que desde el inicio del programa se han realizado esfuerzos por mejo-rarlo104, aunque no se puede obviar que el mismo continúa teniendo una cobertura y un presupuesto sumamente bajos105, y que el monto de la pensión otorgada no es sufi ciente para la satisfacción de las necesidades básicas. De cualquier forma, es un paso inicial hacia la construcción de un sistema solida-rio de protección social, y el mismo debería fortalecerse de forma inmediata, debido a que la población que se benefi cia de este necesita una atención urgente. Para ello, es necesario que se le dé al mismo un mayor respaldo, y que llegue a ser verdaderamente universal y no focalizado, como se ha hecho hasta el momento. En este sentido, a juicio de esta Procuraduría, el programa debería convertirse en un derecho

101 Ibíd. p. 25102 Ibíd. p. 25.103 Córdova, R., Burgos, D., Tablas, V. y Rodríguez, F. (2010).

públicas en materia de seguridad social. San Salvador: FUNDAUNGO. p. 59.104 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. pp. 86-87.105 Rofman, R., Apella, I. y Vezza, E. (2013). Introducción. En Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina (pp. 9-59).

Buenos Aires: Banco Mundial; Córdova, R. (2013). El Salvador. En R. Rofman, I, Apella y E. Vezza, M., Más allá de las pensiones contributivas. Cator-ce experiencias en América Latina (pp. 287-312). Buenos Aires: Banco Mundial.


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a una pensión universal, que cubra a toda la población adulta mayor, es decir, mayores de 60 años, que no se encuentre cubierta por otro esquema previsional.

Por otra parte, la sufi ciencia de las pensiones también es causa de enorme preocupación para esta Procuraduría, tanto en lo que se refi ere a los montos entregados actualmente y las pensiones que se entregarán a los futuros pensionados y pensionadas. En primer lugar, con respecto a las pensiones ac-tuales, aunque se han aplicado aumentos a las pensiones mínimas en 2007, 2009 y 2011, solo los últimos dos han sido signifi cativos. Para 2011, la pensión mínima por vejez e invalidez total aumentó de $143.64 a $207.6, mientras que la de invalidez parcial aumentó de $100.55 a $145.32 106.

No obstante, aún con estos progresos, desde 2011 no se ha registrado un nuevo incremento, pese a que la situación sigue siendo bastante precaria. Por ejemplo, para el ejercicio fi nanciero fi scal 2014, el monto de las pensiones mínimas por vejez o invalidez total se situó nuevamente en $207.60 mensua-les107, con lo cual se alcanzaría a cubrir la canasta básica alimentaria108 (umbral de pobreza extrema), pe-ro no la canasta básica ampliada (umbral de pobreza)109. Por su parte, la pensión mínima por invalidez parcial (US$145.32), no es sufi ciente ni siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria urbana.

Añadido a esto, lamentablemente la Ley SAP no establece un mecanismo efectivo que proteja a las personas pensionadas frente al aumento del costo de la vida, lo cual afecta de forma importante a la su-fi ciencia de las pensiones. Al respecto, se ha afi rmado:

En términos generales, la normativa del SAP [Sistema de ahorro de pensiones] no contempla indexa-ciones o ajustes por infl ación a las pensiones […] La recurrente alza en los precios de los últimos años (producto, entre otras causas, de los incrementos en los precios de los alimentos y del petróleo) tiene efectos importantes en la capacidad adquisitiva de las pensiones actuales y futuras, que no están sien-do cuantifi cados y que no serán compensados110.

Este vacío en la Ley SAP representa un problema importante, dado que deja una enorme discreción al Ministerio de Hacienda en cuanto a la aplicación de ajustes en las pensiones mínimas del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) (art. 145) y en la revalorización de los montos de las pensiones que entre-ga el Sistema Pensiones Público (SPP) (art. 210).

Añadido a esto, otro aspecto que indica problemas en la sufi ciencia de las pensiones es que la tasa de reemplazo, es decir, la relación entre el monto de la pensión recibida y los salarios recibidos previos a la jubilación, se ha estimado en 28% y el 32% para los hombres y entre el 30% y el 34% entre las muje-res, lo cual es inferior a la norma mínima establecida por la OIT, equivalente al 40% para pensiones por vejez111, de acuerdo al Convenio No. 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social112.

106 Decreto legislativo No. 514/2010. dos mil once

107 Decreto legislativo No. 522/2013. dos mil catorce

108 En febrero de 2014, la canasta básica alimentaria urbana costaba $175.47 y la rural $123.26.109 El costo de la canasta básica ampliada equivale al doble del costo de la canasta básica alimentaria. Por ejemplo, para febrero de 2014, la ca-

nasta básica ampliada en el área urbana costaba aproximadamente $351.00.110 Argueta, N. (2011). E . San Salvador: FUNDAUNGO.

p. 36.111 Ibíd. p. 37.112


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Por otra parte, con respecto a las pensiones futuras, la PDDH también ha identifi cado importantes amenazas en cuanto a su sufi ciencia. La preocupación principal se debe a que en septiembre de 2006, con el objetivo de aliviar la carga que suponía el pago de las pensiones del SPP con fondos del Presu-puesto General de la Nación, se aprobó la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, mediante la cual se autorizó que dicho Fideicomiso emitiera Certifi cados de Inversión Previsionales (CIP), títulos valores que han sido utilizados para fi nanciar el enorme costo de la transición al SAP. A la vez, la ley estableció que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estaban obligadas a invertir en los CIP. En consecuencia, con el Fideicomiso, el Estado aseguró que las AFP inviertan los fondos en títulos de deuda pública, fi nanciando así parte del défi cit fi scal, pero bajo unas condiciones muy desfavorables para la rentabilidad de los fondos de los y las cotizantes.

Pese a ello, a inicios de 2012, nuevamente debido a la situación fi scal, se aprobaron reformas a la Ley SAP con el fi n de elevar la proporción de los fondos que deben invertir las AFP en los CIP113, yendo cla-ramente en contra de los intereses de la población cotizante. Ante esta decisión, es necesario recalcar la obligación del Estado de buscar una solución integral –y no solamente coyuntural- al desafío de cubrir los compromisos fi nancieros con el SPP114. Si bien es cierto en esta ocasión también se introdujo una reforma que disminuyó la comisión que cobran las AFP, esto no justifi ca las pérdidas en cuanto a renta-bilidad que el Estado está generando en las cuentas de los y las cotizantes.

Como puede observarse, estas acciones han sido enmarcadas en uno de los problemas fundamenta-les que afronta el sistema de la seguridad social en el país: la sostenibilidad. Se han identifi cado serios problemas de fi nanciamiento tanto en el SPP como en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Ar-mada. Incluso las autoridades gubernamentales han reconocido la gravedad de la problemática, situan-do la sostenibilidad del sistema como uno de los principales desafíos del país en materia fi scal115. Y no es para menos, si se ha estimado que la deuda de pensiones crece en un millón de dólares por cada día y que en 2017 podría crecer hasta alrededor de unos dos millones de dólares diariamente116.

Dicho todo esto, es claro que con la reforma de los años noventa no se ha avanzado signifi cativa-mente en la generación de opciones reales de bienestar y calidad de vida para las personas en edad de jubilación, y tampoco se ha podido asegurar la sostenibilidad del sistema117. A la vez, el sistema actual ha acentuado algunas disparidades de género, ha reducido la solidaridad social y no ha podido garanti-zar la cobertura en el sector agropecuario, en el de servicios domésticos ni en el sector informal118.

113 Rivera, E. (2012, 30 de marzo). Reforman cuatro artículos de la ley de ahorro de pensiones. Diario El Mundo, p. 8; Quintanilla, L. (2012, 30 de marzo). Aprueban reformas a ley de pensiones. , pp. 12-14 Mendoza, R. (2012, 30 de marzo). Asamblea reforma la ley de pensiones. El Diario de Hoy, pp. 2–3.

114 Flores, R. (2012, 30 de marzo). Presidente asegura que reformas al sistema de pensiones eran necesarias. Diario CoLatino, p. 5; Henríquez, A. (2011, 7 de agosto). “Las AFP están regalando al Estado el dinero de los cotizantes”. Entrevista a Carmelo Mesa-Lago. El Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/ 201107/ noticias/5027/; Flores, R. (2012, 29 de marzo). “El sistema de pensiones socializó las pérdidas y privatizó las ganancias”. Entrevista a Lorena Peña. Diario CoLatino, p. 2.

115 Diario El Mundo (2013, 2 de julio). Hacienda: el próximo gobierno no podrá pagar pensiones. Diario El Mundo. Documento recuperado de

urgentes las reformas a pensiones. Diario El Mundoa-pensiones; Quintanilla, L. (2013, 20 de mayo). Deuda por pensiones ha acumulado 20,000 mill. . Documento recuperado de

116 Hernández, G. (2012, 15 de junio). Acevedo: La deuda de pensiones crece un millón de dólares diarios. El Diario de Hoy, p. 3.117 Aguilar, A. Aguilar, V. y Méndez, M. (2012). II. Panorama nacional. 7. El Salvador. En G. Escobar y J. López, Pensiones. IX Informe sobre Derechos

Humanos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (pp. 231- 244). Madrid: Trama; Mesa-Lago, C (2011). Diagnóstico del sistema de pensio-nes en El Salvador (1998 - 2010). San Salvador: FUNDAUNGO.

118 Mesa-Lago, C (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998 - 2010). San Salvador: FUNDAUNGO; Argueta, N. (2011). Entre . San Salvador: FUNDAUNGO.


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El sistema de pensiones actual resulta más bien un reproductor y amplifi cador de la exclusión social y de las desigualdades de género que existen en las condiciones de vida de la población. Por ello, no resulta sorprendente que El Salvador sea uno de los países de América Latina en los que las pensiones prácticamente no tienen incidencia en la reducción de la pobreza entre las personas adultas mayores. Un estudio especializado basado en cifras de 2006 determinó que en países como Argentina, Brasil, Bo-livia, Costa Rica y Uruguay, la simulación de la desaparición de las transferencias en concepto de pen-siones elevaba la pobreza entre las personas mayores de 65 años de forma dramática. Por ejemplo, en Argentina y Costa Rica la pobreza en ese grupo incrementaba del 3.7% al 46.5% y del 18.7% al 44.3%119, respectivamente. Por el contrario, en El Salvador, la pobreza entre ese mismo grupo solamente aumen-taba del 20.7% al 24.6%, cuando en promedio para toda la región, aumentaba del 20.1% al 35.8%120. En cambio, al hacer un ejercicio similar midiendo el impacto que tendría la desaparición de transferencias como las remesas, El Salvador aparece como uno de los países más afectados. En este caso, la pobreza aumentaría del 20.7% al 39.4%121.

Bajo este panorama, se vuelve impostergable la implementación de una nueva reforma al sistema de pensiones –acompañada de una reforma fi scal de carácter progresivo- que aborde todos estos pro-blemas, pero que a la vez garantice que no se afecten los derechos adquiridos. Dentro de la misma se debería tener en cuenta también la necesidad de articular el sistema contributivo y el no contributivo, y de atender las desigualdades de género, el duopolio de las AFP, y los defectos estructurales del mercado laboral salvadoreño. De igual manera, se deben resolver otros problemas que están afectando constan-temente a muchas personas cotizantes o pensionadas, tales como la aprobación o retención ilegal de las cuotas previsionales, la evasión y la mora previsional122, el extenso período que tienen que esperar las personas que se jubilan para empezar a recibir su pensión y reducciones drásticas en las pensiones debi-do a errores administrativos123.

Recomendaciones

Que el Estado salvadoreño elabore de forma inmediata un diagnóstico integral de la situación de la seguridad social en el país, desde un enfoque de derechos y bajo una amplia participación social. Este diag-nóstico debe efectuarse bajo una visión de largo plazo, pero que a la vez contenga medidas a corto plazo para atender las problemáticas más urgentes y que amenazan el derecho a la seguridad social de la pobla-ción, tales como la insufi ciencia de las pensiones, la falta de ajuste de las mismas al costo de la vida, la baja rentabilidad que están obteniendo los fondos, entre otras.

Que el Estado salvadoreño efectúe una nueva reforma al sistema de pensiones, bajo la perspectiva de la seguridad social como un derecho humano, garantizando el respeto de los derechos adquiridos, y de acuer-do a previsiones realistas del comportamiento fi scal, económico y laboral del país. Se debe construir un

119 Cotlear, D. & Tornarolli, L. (2010). Poverty, the Aging, and the Life Cycle in Latin America. En D. Cotlear (Ed.) Population aging. Is Latin America ready? (pp. 79- 134). Washington, DC: World Bank. p. 109.

120 Ibíd. p. 109.121 Ibíd. p. 112.122 Mesa-Lago, C (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998 - 2010). San Salvador: FUNDAUNGO.123 Esta Procuraduría ha recibido reiteradas denuncias de personas a quienes se les ha retrasado de forma excesiva el inicio de entrega de la

pensión después de su jubilación. Asimismo, se han recibido denuncias de personas que después de varios años de recibir su pensión, de

a problemas administrativos. En estos casos, usualmente las instituciones han cometido errores en el cálculo inicial del monto que le co-rrespondía al pensionado o pensionada, y con el objetivo de restituir a la institución los montos otorgados de forma equivocada, optan por


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nuevo sistema de pensiones que tenga cobertura universal y que esté basado en la solidaridad, con el fi n de que toda la población cuente con los recursos sufi cientes para mantener un nivel de vida digno, aunque afronte estados de necesidad (pobreza, invalidez, desempleo, vejez, etc.). En esta reforma resulta primordial que se asegure la sostenibilidad, la equidad entre mujeres y hombres, y que se diseñen mecanismos novedo-sos para que los trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario, del sector de servicios domésticos, independientes, y del sector informal, tengan acceso a la seguridad social.

Que el Estado salvadoreño aumente la cobertura de la Pensión Básica Universal, para que llegue a ser verdaderamente universal y no focalizada, como se ha hecho hasta el momento. En este sentido, el Estado debe disponer los mecanismos y recursos fi nancieros, institucionales y legales para que este programa se convierta en un derecho a una pensión universal, que cubra a toda la población adulta mayor (es decir, mayores de 60 años) que se encuentra fuera de los sistemas de seguridad social, y no solamente a las perso-nas mayores de 70 años.

Que el Estado salvadoreño ratifi que el Convenio número 102 de la OIT relativo a la norma mínima de la seguridad social.

Artículo 10. Protección a la familia

Las familias salvadoreñas continúan afrontando múltiples obstáculos para vivir en contextos libres de violencia y exclusión social, por lo que la inseguridad pública, la desintegración familiar, la migra-ción, la violencia intrafamiliar y el trabajo infantil son problemas de gran magnitud en el país. En pri-mer lugar, se debe mencionar que la situación de violencia e inseguridad continúa siendo alarmante a pesar de la reducción que se ha registrado en el número de homicidios a partir de marzo de 2012124. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, continúa siendo muy alta (Ver Tabla III) y otros delitos frecuentes como las extorsiones (Ver Tabla IV), las lesiones y las violaciones siguen afectando a un gran número de familias.

Esto se enmarca en una situación de extrema gravedad, ya que los grupos delincuenciales organiza-dos han adquirido un enorme poder y han ido ampliando el control territorial en el país. Sumado a es-to, la impunidad generalizada frente a la criminalidad y la violencia es alarmante, y resulta un problema sistémico, dado que involucra defi ciencias en la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la Repúbli-ca y el Órgano Judicial, que se han visto totalmente sobrepasados por la delincuencia.

124 Es necesario señalar que a partir del segundo semestre de 2013 se ha observado un importante repunte en el número de homicidios registrados.


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Tabla IIIHomicidios registrados 2006-2014

Número total de homicidios

registrados

Tasa de homicidios (por cada 100,000

habitantes)

Promedio diario de homicidios

2006 3,928 65 112007 3,497 57 102008 3,179 52 92009 4,382 71 122010 4,006 65 112011 4,371 70 122012 2,576 41 72013 2,490 - 72014* 788 - 9

*Las cifras de 2014 corresponden a los registrados entre el 1 de enero y 31 de marzo.Fuente: elaboración propia de acuerdo a datos de FUNDAUNGO, GOES, PNUD y reportes de medios de comunicación125.

Tabla IVExtorsiones registradas

Número total de extorsiones

registradas

Tasa de extorsiones (por cada 100,000

habitantes

Promedio diario de extorsiones

2006 2,525 42 72007 2,497 41 72008 2,729 45 72009 4,528 74 122010 3,992 64 112011 3,296 53 92012 2,937 47 8

Fuente: elaboración propia de acuerdo a datos de PNUD126.

En este contexto, es relevante mencionar que el entorno de inseguridad del país ha impactado de forma importante en la desintegración familiar ya que un gran número de familias han perdido a varios de sus integrantes en actos de violencia. No obstante, de forma general se puede afi rmar que no existen de parte de las autoridades gubernamentales acciones de apoyo y seguimiento idóneas para las familias

125 Para el número de homicidios entre 2006 y 2008, ver FUNDAUNGO (2012). Atlas de la violencia en El Salvador (2005-2011). San Salvador: Autor; para 2009-2012 ver GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor; para 2013, ver Santos, J. (2014, 2 de enero). 2013 cerró con 2,490 muertes violentas. , p.8; y para 2014 ver Santos, J. (2014, 5 de abril). Los homicidios se concentran en 146 municipios. , p. 12. Ver también PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina. Anexo estadístico-metodológico. Panamá: Autor.

126 PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina. Anexo estadístico-metodológico. Panamá: Autor.


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afectadas por este tipo de crímenes, ni siquiera para los niños, niñas y adolescentes han quedado en situación de orfandad127.

Añadido a esto, se debe señalar que incluso los centros escolares se han vuelto entornos inseguros para los niños, las niñas y adolescentes debido al acoso e infi ltración por parte de las pandillas128. Se han denunciado continuamente extorsiones y amenazas contra estudiantes y docentes129. En 2011, las autoridades gubernamentales estimaban que al menos 300 centros escolares habían sido infi ltrados por las pandillas130.

El PNUD ha señalado su preocupación por estos hechos dado que ponen en riesgo el papel de la escuela en la sociedad, ya que se ha debilitado el rol y la capacidad de incidencia del personal docente, y a la vez, se pone en cuestión la fi gura de la escuela como agente de cambio131. Pese a esto, el MINED en muchas ocasiones ha sido negligente en cuanto a la protección de profesores y profesoras que han recibido amenazas de las pandillas. La PDDH ha tenido que intervenir en distintos casos para incidir en el traslado de docentes que se encuentran en situación de peligro132.

Por otro lado, también se debe señalar que la violencia intrafamiliar continúa siendo un fenómeno muy frecuente. Pese a que ha sido positiva la aprobación de instrumentos normativos como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2009) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2010), los cuales han entrado en vigencia de forma bastante reciente, todavía no se registra un avance signifi cativo en la reducción de la violencia contra niños, niñas, adoles-centes y mujeres en el ámbito doméstico.

Por ejemplo, de acuerdo al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), entre 2011 y 2012, la Fiscalía General de la Republica “recibió 2,149 denuncias por delitos cometidos contra niñez y adolescencia vinculados al derecho de la integridad personal en el ámbito de las relaciones familiares”133. Las principales causas de las denuncias fueron “incumplimiento de los deberes de asistencia económica, el maltrato infantil, el abandono y desamparo de la persona, y violencia intrafamiliar”134. Asimismo, en cuanto a violencia contra las mujeres, la Policía Nacional Civil registró 2,493 denuncias por violencia intrafamiliar durante el 2012135, es decir casi 7 denuncias diarias; mientras que durante el primer semes-tre de 2013, esta misma institución recibió 1,490 denuncias por casos similares136, lo que equivale a más de ocho denuncias diarias.

127 Ramírez, S. (2014, 6 de abril). El país de los huérfanos. . pp. 6-11.128 PDDH y la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) (2012). Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia

en un contexto de violencia. San Salvador: Autor.129 Ibíd.130 Rivas, G. (2011, 25 de mayo). Pandilleros inscritos en 300 escuelas. , pp. 2 - 4.131 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:

Autor. pp. 221-223.132 Joma, S. (2011, 23 de diciembre). Dos veces ha cambiado de escuela por las amenazas. El Diario de Hoy. Documento recuperado de http://

www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6497688133 CONNA (2013). Estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 75.134 Ibíd.135 PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador:

Autor. p.130.136 Sosa, B. (2013, 18 de agosto). Registran 84 feminicidios a junio de 2013. . Documento recuperado de http://www.laprensagra-


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Con todo, debe reconocerse que, de forma reciente, mediante le puesta en marcha del programa Ciudad Mujer y la construcción del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescen-cia, se han dado pasos importantes para el abordaje de la violencia intrafamiliar.

Por otra parte, la exclusión social también ha incidido en la persistencia de otras problemáticas co-mo la emigración y el trabajo infantil. Un gran número de personas siguen optando por dejar el país principalmente en busca de oportunidades de empleo137, y de forma reciente, también se ha empezado a poner mayor atención en las familias que abandonan el país debido a la inseguridad y amenazas del crimen organizado138. Al mismo tiempo, se debe señalar que, en los últimos años, las rutas que utilizan los salvadoreños y salvadoreñas que emigran de forma ilegal hacia Estados Unidos, se han vuelto extre-madamente peligrosas, especialmente durante su tránsito por México, debido a que grupos de crimen organizado han encontrado en el secuestro de migrantes y la extorsión a sus familias, una fuente de ingresos muy lucrativa139.

Pese a la gravedad de la situación, el Estado no ha desarrollado acciones orientadas a garantizar la protección de los y las migrantes durante su tránsito hacia Estados Unidos y tampoco ha avanzado de forma signifi cativa en la generación de condiciones para alentar a la población a permanecer en el país. De manera similar, no se han observado esfuerzos signifi cativos por desarrollar programas integrales de asistencia para los niños, niñas y adolescentes cuyos padres han emigrado, tal y como lo recomendó el Comité DESC en 2006140.

Por otra parte, también resulta preocupante que el trabajo infantil continúa siendo un fenómeno extendido en el país y que prácticamente no ha cambiado desde 2005141. Se calcula que actualmente 191,599 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años edad, realizan alguna actividad laboral en el país. De esta cifra, solamente 28,022 cuentan con un permiso de trabajo, mientras que un total de 110,626 se encuentra desempeñando “trabajos peligrosos”142.

Lamentablemente, una gran cantidad de niños y niñas se ven expuestos a condiciones de trabajo precarias (sobre todo en la agricultura) y a largas jornadas, lo cual afecta su salud, desarrollo integral y asistencia escolar. Por ejemplo, el 85% de los niños y niñas entre 7 y 13 años que trabajan en el sector agropecuario está expuesto al menos a una condición peligrosa (por ej. exposición al polvo, humo, tem-peraturas extremas, cargas pesadas, herramientas peligrosas, químicos, etc.)143. Asimismo, se calcula que al menos 6,500 niños y niñas trabajan más de 40 horas a la semana144.

137 Se estima que 55 mil salvadoreños y salvadoreñas emigran cada año hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos. Ver Marroquín, C. (2013, 18 de abril). Migración: ¿remesas a qué costo? ContraPunto. Documento recuperado de http://www.contrapunto.com.sv/migracion/migracion-remesas-a-que-costo

138 Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (2012). Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generados por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica

139 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2011). Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Documento recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrante s_0.pdf

140 Comité DESC (2007). Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del pacto. Observaciones (E/C.12/SLV/CO/2). 27 de junio de 2007.

141 Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 18.142 Morán, G. (2013, 14 de junio). El trabajo infantil en la cotidianeidad. Revista Cruzcalle, Contrapunto. Documento recuperado de http://www.rcc.

contrapunto.com.sv/index.php/sociedad/el-trabajo-infantil-en-la-cotidianeidad143 Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. pp. 19-20.144 Ibíd.


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Sumado a esto, para la PDDH es pertinente señalar que el sector de servicios domésticos continúa siendo uno de los que somete a la niñez a mayores riesgos y en los cuales la desprotección es muy gra-ve. Se ha estimado que en 2012, al menos 4,909 niñas y niños estaban realizando trabajo doméstico en casa de terceros145, de este total el 83.8% eran niñas146. De esta manera, resulta evidente que los esfuer-zos no han sido sufi cientes para erradicar el trabajo infantil en este sector, lo cual somete a un gran número de niñas y adolescentes a condiciones de trabajo sumamente precarias, y en total desprotección frente a la explotación, el acoso y el abuso sexual, y la violencia en general.

Por otro lado, también se han observado limitantes para lograr una protección adecuada a la familia al analizar la situación de las licencias por maternidad y paternidad, y la disponibilidad de servicios de cuidado. En primer lugar, se debe señalar que existen serias limitantes a la protección a la maternidad. El Salvador no ha ratifi cado el Convenio 103 de la OIT relativo a esta materia, y si bien es cierto de acuerdo al Código de Trabajo y normativas recientes como la LEPINA (2009) y la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna (2013), las mujeres gozan de ciertos benefi cios laborales du-rante el embarazo y la lactancia, en la práctica su cumplimiento no está totalmente garantizado. Aunado a esto, tal y como se reconoce en el informe ofi cial (párrafos 207 al 210), la desprotección de la mater-nidad es prácticamente total en el sector informal, en el sector de servicios domésticos y en el sector agropecuario.

Con todo, se debe reconocer que recientemente ha habido un avance en cuanto al otorgamiento de licencia por paternidad. En marzo de 2013, se aprobó una reforma al artículo 29 del Código de Trabajo, en la que se establece que los trabajadores tendrán derecho a tres días de licencia en caso de nacimiento o adopción147. De cualquier forma, cabe señalar que aún con este benefi cio, existe una gran disparidad entre las facilidades que se brindan a las madres cuando se trata de maternidad por nacimiento y cuan-do se trata de adopción. En este último caso, más allá de los tres días de licencia establecidos en la reforma mencionada más arriba, la legislación actual no establece benefi cios para facilitar a los padres y las madres la generación y consolidación del vínculo familiar con el niño o la niña recién adoptada.

En segundo lugar, también es muy lamentable la falta de servicios que faciliten el cumplimiento de la corresponsabilidad entre el Estado y las familias en cuanto al trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado de personas dependientes148. Las mujeres son las más afectadas por estas carencias, debido a que la persistencia de actitudes patriarcales en la sociedad salvadoreña les genera una sobrecarga en cuanto a las tareas relacionadas al cuidado de la niñez, de personas adultas mayores y personas con dis-capacidad.

La falta de servicios estatales sufi cientes y accesibles para apoyar a las familias en el cumplimiento de estas responsabilidades es profunda en todo el país, pero es mucho más grave en el área rural. La situación de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad resulta particularmente

145 Este dato debería tomarse con cautela, ya que seguramente el número es mucho mayor. Ver Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. pp. 19-20.

146 . Documento

147 Decreto legislativo No. 332, del 14 de marzo de 2013.148 Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (2012). II Congreso Nacional de las Mujeres Rurales de El Salvador. “Luchando

por la soberanía y seguridad alimentaria”. San Salvador: Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); ISDEMU (2011). Política nacional de las mujeres. Actualizada: medidas al 2014. San Salvador: Autor


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preocupante, por la falta de mecanismos y programas destinados a garantizar su bienestar y su acceso a la asistencia social.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño adopte de forma urgente un plan nacional para mejorar la seguridad ciuda-dana, que contemple estrategias novedosas para la prevención e investigación del delito. De forma especial debe diseñarse una estrategia para garantizar la seguridad de los y las estudiantes, sus familias, docentes, y personal de los centros escolares del país.

Que el Estado salvadoreño aplique de forma estricta la legislación reciente en materia de protección de las mujeres frente a la violencia, poniendo énfasis tanto en la prevención como en la investigación, enjui-ciamiento y sanción de los delitos contra las mujeres. Igualmente, se debe garantizar que el sistema judicial aplique la nueva normativa de forma correcta, erradicando la cultura de impunidad que existe en torno a la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Se deben realizar procesos sistemáticos de capacitación en la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, jueces y juezas, para promover la estricta observancia de las nuevas leyes y garantizar la asistencia adecuada a las víctimas.

Que el Estado salvadoreño implemente políticas públicas integrales que generen oportunidades de em-pleo decente y crecimiento personal y profesional para hombres y mujeres, con el fi n de reducir la emigra-ción en condiciones de riesgo y la desintegración familiar. Asimismo, desarrollar programas para fomentar el mantenimiento de lazos familiares en las áreas con mayores tasas de emigración.

Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos en la erradicación del trabajo infantil, aplicando de forma estricta la legislación sobre derechos de los niños y las niñas, reforzando los mecanismos de vigilan-cia, sobre todo en el área rural, en el sector agropecuario y en el sector de servicios domésticos y otras for-mas graves de explotación infantil. En los casos de violación a las leyes debe garantizarse la investigación, enjuiciamiento y sanción a las personas responsables. Para ello, se debe destinar recursos sufi cientes para que las instituciones del Sistema Nacional de Protección de niños, niñas y adolescentes puedan ejercer las atribuciones que les ha conferido la LEPINA.

Que el Estado salvadoreño reforme de forma inmediata la legislación nacional, especialmente el Código de Trabajo, con el fi n de garantizar la protección y los benefi cios por maternidad para las trabajadoras del sector informal, del sector de servicios domésticos y del sector agropecuario. Asimismo, se debe reformar la legislación para equiparar los benefi cios que se brindan en casos de maternidad por nacimiento y los que se otorgan en casos de maternidad por adopción.

Que el Estado salvadoreño construya un sistema nacional de cuidados de personas dependientes, que facilite el acceso de mujeres y hombres a servicios orientados a lograr una distribución equitativa del tra-bajo reproductivo, doméstico y del cuidado. De forma urgente, se necesita ampliar la oferta de servicios de este tipo en el área rural, garantizando que existan al menos guarderías asequibles y de alta calidad para niños y niñas. Paralelamente, se deben desarrollar programas orientados a que los hombres se involucren mucho más en el cumplimiento de las responsabilidades familiares.


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Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado: mejora continua de las condiciones de existencia, alimentación, agua y vivienda

Al analizar el cumplimiento de este derecho, en primer lugar es necesario reconocer que en los últi-mos años el Estado salvadoreño ha realizado un mayor esfuerzo por atender algunas de las limitaciones que la población salvadoreña enfrenta en cuanto a ingresos, alimentación, salud y educación. En este sentido, se ha registrado un importante aumento en la inversión social. Sin duda alguna, es un logro va-lioso de los últimos años, la puesta en marcha del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), en el que se enmarcan distintos programas para aliviar la pobreza, garantizar la alimentación en las escuelas públicas, colaborar en el gasto familiar en educación, proteger a las personas adultas mayores que no reciben una pensión del sistema contributivo, proveer un centro de atención especializada para mujeres, y brindar apoyo económico y formativo a mujeres y jóvenes.

Igualmente, se debe destacar como un avance fundamental la aprobación, en abril de 2012, de la re-forma al artículo 69 de la Constitución de la República, para incorporar el derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua como derechos fundamentales149. Desafortunadamente, hasta el momento la reforma no ha sido ratifi cada por la actual legislatura. También han sido positivos los progresos que ha tenido la Asamblea Legislativa en la construcción de legislación secundaria para desarrollar estos de-rechos, particularmente en lo referente a la Ley General de Aguas y la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aunque ambas normativas todavía se encuentran en proceso de discusión.

De cualquier forma, es necesario reconocer también que en los últimos años la reactivación de la agricultura ha ido retomando importancia en la agenda gubernamental y que se han logrado incremen-tos notables en las cosechas de maíz y frijol. Sumado a esto, es importante que a través de los programas de alimentación escolar implementados se esté fomentando la producción del sector agropecuario na-cional, principalmente de pequeños productores y pequeñas productoras.

Pese a todo lo anterior, de forma general se puede afi rmar que en la política social gubernamental continúa prevaleciendo una lógica compensatoria, más que un abordaje estructural e integral. La imple-mentación del SPSU, el cual constituye la base de la política social actual, se ha concentrado en dar con-tinuidad a programas de transferencias monetarias iniciados en años anteriores, ampliando su cobertura e incluyendo a otros grupos no considerados anteriormente, pero manteniendo un esquema focalizado que deja desprotegidas a muchas familias que están igualmente necesitadas de apoyo.

La debilidad e insufi ciencia de estos esfuerzos por mejorar la protección social han quedado en evi-dencia tanto entre 2007 y 2008, como entre 2010 y 2011, cuando debido a la crisis económica y fi nanciera internacional, incrementos en los precios de los alimentos y el impacto de desastres asociados a fenóme-nos socionaturales, los niveles de pobreza tuvieron incrementos signifi cativos (Ver Tabla V). Entre 2006 y 2008, el porcentaje de hogares en pobreza aumentó del 30.7% al 40.0%. Posteriormente, después de regis-trar algunas reducciones en 2009 y 2010, la pobreza volvió a aumentar del 36.5% al 40.6% en 2011150.

149 Acuerdo de Reformas Constitucionales No. 3, 19 de abril de 2012.150 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 121.


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Tabla VEvolución de la pobreza 2006-2012

(porcentaje de hogares)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pobreza total 30.7% 34.6% 40.0% 37.8% 36.5% 40.6% 34.5%Pobreza relativa 21.2% 23.8% 27.6% 25.8% 25.3% 28.3% 25.6%Pobreza extrema 9.6% 10.8% 12.4% 12.0% 11.2% 12.2% 8.9%Fuente: elaboración propia de acuerdo a cifras de las encuestas de hogares de propósitos múltiples de la DIGESTYC 2006-2012.

De forma desagregada, cabe señalar que para 2011 la pobreza relativa aumentó en tres puntos por-centuales, pasando del 25.3% al 28.3%, mientras que la pobreza extrema tuvo un incremento de un pun-to porcentual, subiendo del 11.2% al 12.2%151. Por un lado, esto indica que los programas de protección social sí están ejerciendo cierto grado de protección para los grupos en peor situación de pobreza. No obstante, también evidencia que existe una franja poblacional que, dadas las restrictivas condiciones de focalización de los programas sociales, no recibe sus benefi cios, pese a afrontar carencias importantes. Esto los sitúa en una situación de alta vulnerabilidad ante constantes e inminentes amenazas como de-sastres, aumentos en el precio de los alimentos, desempleo o enfermedades crónicas, entre otras; por lo que, al verse afectados por uno o más de estos incidentes, fácilmente se ven arrojados a la pobreza.

Afortunadamente, en 2012 se registró un descenso en los niveles de pobreza, debido a la disminu-ción de los precios de los alimentos. De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Hogares de Propó-sitos Múltiples 2012, el porcentaje total de hogares en pobreza disminuyó del 40.6% al 34.5%. Tanto en el nivel de pobreza extrema como en el de pobreza relativa se observó un descenso de alrededor de tres puntos porcentuales, ubicándose en 8.9% y 25.6% respectivamente152.

Por otro lado, resulta sumamente preocupante para esta Procuraduría que las cifras ofi ciales continúan registrando una enorme disparidad entre los niveles de pobreza en el área rural (43.3%) y en el área urbana (29.9%)153 (Ver Tabla VI). Aunado a esto, se ha observado que los avances en la reducción de la pobreza en el área rural no difi eren en gran medida de los logros en el área urbana. Si bien es cierto, entre 2011 y 2012, la pobreza extrema en el área rural se redujo en 4.83 puntos porcentuales, mientras que en el área urbana sólo descendió 2.43 puntos; la pobreza relativa tuvo una reducción de 3.11 puntos porcentuales en el área urbana, mientras que en el área rural solamente se observa una reducción de 1.94 puntos porcentuales.

Tabla VIEvolución de la pobreza según área geográfi ca 2006-2012

(porcentaje de hogares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Pobreza urbana 27.7% 29.9% 35.7% 33.3% 33.0% 35.4% 29.9%Pobreza rural 35.8% 43.8% 49.0% 46.5% 43.2% 50.2% 43.3%Fuente: elaboración propia de acuerdo a cifras de las encuestas de hogares de propósitos múltiples de la DIGESTYC 2006-2012.

151 Ibíd.152 DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 22.153 Ibíd.


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Esto indica que, pese a los esfuerzos realizados, hace falta una mayor voluntad por atender de for-ma específi ca la pobreza rural, ya que para lograr eliminar la enorme discrepancia que existe entre las condiciones de vida en el área rural y urbana, los avances tendrían que ser mucho más acelerados en la primera. En este punto cabe mencionar también que es necesario eliminar la distinción que se hace entre una canasta básica alimentaria para el área rural y otra para el área urbana, pues teniendo en cuenta que el costo de la canasta básica es el parámetro que se utiliza para defi nir la pobreza y la indigencia, lo ideal sería que se utilizara el mismo parámetro. En cualquier caso, para resolver esta y otras difi cultades en cuanto a la medición de la pobreza, lo ideal sería que el país adopte de forma ofi cial un sistema de medi-ción de carácter multidimensional, ya que hasta la fecha se ha continuado utilizando un sistema de medi-ción por ingresos, el cual, a juicio de esta Procuraduría, representa un obstáculo tanto para dimensionar la problemática de forma más precisa, como para su abordaje.

Aunado a esto, se debe señalar que el combate a la desnutrición infantil es todavía un enorme reto para el país. Se estima que a nivel nacional la desnutrición crónica afecta aproximadamente a un 20% de la población menor de cinco años154. Según el Mapa del Hambre elaborado por el Programa Mundial de Alimentos en 2011, existen siete municipios en los que el porcentaje de desnutrición se encuentra arriba del 38% y otros 28 que presentan un porcentaje superior al 29%155. Lo más preocupante es que existen zonas como el municipio de Tacuba en el Departamento de Ahuachapán, que desde hace mucho tiempo han sido especialmente afectadas por la desnutrición y que pese a ello, continúan mostrando resultados alarmantes.

En realidad, pese a los esfuerzos gubernamentales, la población salvadoreña sigue enfrentando nu-merosos obstáculos en cuanto a disponibilidad y acceso a una alimentación adecuada. Aunque se han realizado acciones para dinamizar el sector agropecuario, la situación es preocupante, dado que la inver-sión en las instituciones dedicadas al fomento de la producción de alimentos es muy baja. Igualmente, el apoyo a pequeños productores y pequeñas productoras sigue siendo mínimo, por lo que sus oportuni-dades para acceder a recursos productivos como la tierra, el crédito, la asistencia técnica, infraestructura productiva y sistemas de riego, son muy limitadas156. No se ha implementado una estrategia de desarrollo integral que permita abordar todas estas carencias.

Conviene señalar que aunque en los últimos años el Estado salvadoreño ha brindado una mayor atención al apoyo al sector agropecuario con el objetivo de incrementar la producción nacional, debe te-nerse claro que el incremento en la producción agrícola o los aumentos de precios de los alimentos, no necesariamente reducen la pobreza rural157. En consecuencia, las iniciativas de reactivación económica en este sector deben complementarse con una política de desarrollo rural integral diseñada específi camente para reducir la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la carencia de servicios básicos, a la vez que pro-mueva la generación de mejores oportunidades educativas y laborales.

Cabe agregar también en este punto que para esta Procuraduría existen en la actualidad algunas ini-ciativas que representarían graves amenazas al derecho a la alimentación en el país158. Por ejemplo, se

154 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 89.155 PMA (2011). Mapa del Hambre El Salvador 2011 Brochure. Documento recuperado el 23 de abril de 2012 de http://www.satcaweb.org/san/

index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=99&Itemid=58156 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor.157 Klein, E. (2012). Mercado de trabajo y pobreza rural: los desafíos pendientes. En F. Soto & E. Klein, Políticas de mercado de trabajo y pobreza

rural en América Latina. Tomo II (pp. 346 – 353). Roma: FAO. p. 347.158 PDDH (2012). Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador. San Salvador: Autor.


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ha detectado como un riesgo el posible incentivo de la producción de agrocombustibles, dado que han existido iniciativas en este sentido, incluso de parte de las autoridades gubernamentales159. Al respecto es necesario afi rmar que una decisión de este tipo representaría un retroceso y un obstáculo adicional para que el país avance en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a este derecho.

Por otra parte, también se observa que el Estado salvadoreño continúa teniendo retos importantes en cuanto a brindar servicios de energía eléctrica y agua por cañería para toda la población. En primer lugar, para 2012, las cifras ofi ciales indican que a nivel nacional solamente el 83.4% de los hogares con-taban con servicio de alumbrado eléctrico propio. En el área urbana, el 90.7% gozaba de este servicio, mientras que en el área rural únicamente lo poseía el 69.5%160.

En segundo lugar, las cifras ofi ciales registran que el porcentaje de viviendas con tenencia de agua por cañería (propia) se ubica en 75.9%. En el área urbana este porcentaje asciende al 85.9%, mientras que en el área rural únicamente alcanza al 56.7%161. De hecho, la PDDH registra numerosas denuncias con respecto al derecho de acceso al agua, principalmente debido a la aplicación de cobros excesivos o indebidos, y también por desabastecimiento, irregularidad o restricciones ilegales para acceder al servicio y por contaminación.

Se debe puntualizar también que El Salvador no ha protegido de forma adecuada sus recursos hídri-cos y que actualmente existen serias amenazas para profundizar más la problemática. De forma particu-lar se debe mencionar el riesgo que implica la minería metálica para el país, ya que de acuerdo a estudios especializados, la aprobación de proyectos de explotación de este tipo comprometería gravemente la dis-ponibilidad y calidad del agua en todo el territorio salvadoreño162.

Ante esto, en 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Economía, presentaron a la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos Relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Mine-ría Metálica. No obstante, esta propuesta de ley, la cual fue elaborada y presentada de manera inconsulta, no constituye una verdadera solución al problema, dado que únicamente establece una suspensión tem-poral de procedimientos administrativos para la exploración y explotación de minería metálica. Para esta Procuraduría existe evidencia sufi ciente para poder afi rmar que los proyectos de este tipo no son viables en el país bajo ninguna circunstancia y, por tanto, es imprescindible establecer una prohibición total pa-ra los mismos163. Desafortunadamente, en la Asamblea Legislativa todavía no se ha iniciado la discusión sobre la prohibición de la minería, pese a las constantes demandas de distintas organizaciones sociales y esta Procuraduría al respecto.

Sumado a esto, también se ha identifi cado como una amenaza al derecho al agua, la posible inclusión de los servicios de agua potable dentro de los proyectos que el Estado puede desarrollar mediante aso-cios público-privados. Distintos sectores y grupos infl uyentes han insistido en la necesidad de reformar la

159 Flores, R (2012, 19 de junio). Ley de biocombustibles a un paso de Asamblea. ContraPunto. Documento recuperado el 19 de junio de 2012 de http://www.contrapunto.com.sv/ambiente/ley-de-biocombustibles-a-un-paso-de-asamblea

160 DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor. p. 19161 Ibíd. p. 20.162 PDDH (2012). Informe sobre la minería metálica y los derechos humanos en la República de El Salvador. Documento recuperado de http://www.

ca-de-el-salvador?Itemid=135163 Ibíd.


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Ley de Asocios Público Privados (recién aprobada en 2013), con el objetivo de incluir a este sector en el ámbito de aplicación de la ley. No obstante, a juicio de la PDDH, este sería un paso sumamente negativo, dado que representa un enorme riesgo de profundizar la mercantilización y privatización de un bien co-mún como el agua.

Por otra parte, con respecto al derecho a una vivienda adecuada, para esta Procuraduría es preocu-pante que por muchos años el sector vivienda ha sido uno de los que menor atención ha recibido en el quehacer estatal. Lastimosamente, alrededor del tema ha existido poca claridad sobre la magnitud del défi cit habitacional (entre 360,301 y 477,908 viviendas de acuerdo a diferentes estimaciones)164, sobre las metas gubernamentales165 y sobre los resultados alcanzados a la fecha166, lo cual difi culta poder efectuar un análisis preciso sobre los logros obtenidos en esta área.

Más allá de eso, existen numerosas problemáticas que difi cultan el cumplimiento de este derecho en el país, tales como la insufi ciencia del presupuesto asignado a las instituciones estatales con responsabili-dades en materia de vivienda, la falta de una ley secundaria para la vivienda de interés social, las difi cul-tades de la población para acceder a créditos para vivienda, los bajos salarios y alto costo de las vivien-das167. Todo esto ha generado que el défi cit habitacional en el país se mantenga muy alto. Se ha calculado que para 2009, el défi cit de vivienda (incluyendo défi cit cualitativo y cuantitativo) alcanzaba al 58% de los hogares168. En el área urbana se situó en el 50%, mientras que en el área rural ascendía al 74%. Al desagregar los datos según quintiles de ingreso en el área urbana, se refl ejó que en el quintil con menores ingresos, el défi cit alcanzaba al 78% de los hogares.

La desatención estatal a las problemáticas de vivienda resulta especialmente preocupante porque en algunos casos ha llegado a propiciar vulneraciones a derechos humanos sumamente graves. Por ejemplo, se han registrado afectaciones durante desalojos generados en el marco de procesos judiciales por pose-sión de inmuebles sin documentación que ampare la propiedad de los mismos. Uno de los más relevantes ha sido el desalojo llevado a cabo en junio de 2012, en el Caserío Los Ranchos, Cantón La Leona, Muni-cipio de Intipucá, Departamento de La Unión, cuando se efectuó el desalojo forzoso de más de un cente-nar de personas en la Hacienda San Ramón El Coyolito, en el marco de un proceso penal condenatorio por invasión de propiedad que únicamente involucraba a 21 personas169. En la resolución sobre este caso la PDDH170 ha establecido que durante el desalojo se cometieron múltiples violaciones a derechos huma-nos ya que una gran cantidad de personas fueron despojadas de sus pertenencias, viviendas, y sufrieron la destrucción de sus cultivos, bajo un operativo en el que los cuerpos de seguridad hicieron uso excesivo

164 PDDH (2011). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. En Informe de labores Junio 2010 - Mayo 2011 (pp. 28-153). San Salvador: Autor. p. 133; ContraPunto (2013, 10 de junio). La demanda de vivienda crece en 15 mil cada año. ContraPunto. Documento recupe-rado de http://www.contrapunto.com.sv/coyuntura/la-demanda-de-vivienda-crece-en-15-mil-cada-ano.

165 El programa “Casa para todos” ha sido particularmente criticado por la poca claridad que ha existido en torno a sus metas y logros. Ver: PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San Sal-vador: Autor. p. 133; ContraPunto. Documento recuperado de

Social (FUSADES) (2013). Cuarto año de gobierno del presidente Funes. Apreciación general. San Salvador: Autor.166 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (2013). Cuarto año de gobierno del presidente Funes. Apreciación gene-

ral. San Salvador: Autor.167 PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San

Salvador: Autor. San Salvador: Autor; Bouillion, C. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

168 Bouillion, C. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamerica-no de Desarrollo (BID).

169 PDDH (2012). Comunicado de prensa. Violaciones a los derechos humanos en desalojo forzoso de Intipucá, La Unión, los días 18, 19 y 20 de junio 2012. 9 de julio de 2012.

170 PDDH (2012). Resolución del 9 de julio de 2012, Expediente LU-0244-2011.


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de la fuerza. Lastimosamente, hasta la fecha las familias desalojadas no han recibido una atención opor-tuna y adecuada del Estado y continúan viviendo en condiciones extremadamente precarias, en estructu-ras provisionales construidas por sí mismas al lado de la carretera171.

A la vez, también es causa de preocupación para esta Procuraduría que existan algunas prácticas dis-criminatorias para las personas con VIH/sida en materia de acceso a la vivienda172. Durante 2012, se ha brindado seguimiento a un caso en el cual una persona con VIH se ha visto imposibilitada para acceder a un crédito en el Fondo Social para la Vivienda (FSV), debido a la exigencia de esta institución de con-tar con una Póliza de Seguro Colectivo de Deuda otorgada por una aseguradora privada. La aseguradora privada ha establecido que la persona no cumple los requisitos de asegurabilidad para esa póliza debido a que padece de VIH y, en consecuencia, el FSV le ha denegado el crédito solicitado.

Pese a las gestiones realizadas por esta Procuraduría ante la aseguradora, el FSV y la Superintenden-cia del Sistema Financiero, no se ha podido resolver de forma adecuada la problemática. A inicios de 2013, el FSV ha informado sobre la realización de una modifi cación en sus normas de crédito para que en este tipo de casos el crédito se trámite a través de un codeudor solidario que sea asegurable y que cuente con sufi ciente capacidad de pago; no obstante, para esta Procuraduría, aun con esta alternativa persiste la violación del derecho a la vivienda en conexión con el derecho a la igualdad, ya que las con-diciones establecidas por el FSV y la aseguradora son claramente discriminatorias hacia las personas con VIH y les impiden acceder a una vivienda digna aún teniendo los recursos para hacerlo.

En síntesis, se puede afi rmar que de forma general la PDDH observa algunos avances en el cumpli-miento de las obligaciones mínimas del Estado en materia de derecho a un nivel de vida adecuado. No obstante, es necesario señalar que tanto el derecho a un nivel de vida adecuado, como el derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua se encuentran entre los derechos con un menor nivel de pro-tección en el país, dada su falta de reconocimiento y desarrollo, lo cual ha difi cultado su exigibilidad y justiciabilidad. El derecho a la vivienda, si bien es cierto cuenta con un mayor reconocimiento y una ins-titucionalidad encargada de impulsar iniciativas alrededor del mismo, ha sido desatendido en la práctica.

Por tanto, es necesario recalcar la necesidad de que el Gobierno construya un nuevo modelo de de-sarrollo económico y social fundamentado en el cumplimiento de todos los derechos humanos y que permita a toda la población salvadoreña contar con las posibilidades para construir un proyecto de vida digno. Hace falta dar prioridad a medidas dirigidas a combatir las causas de la exclusión y la pobreza, pues se ha brindado una mayor atención a atenuar las consecuencias que tiene el modelo económico ex-cluyente que predomina en el país.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño intensifi que su lucha contra la pobreza, en particular en el área rural y entre los grupos en situación de vulnerabilidad. Es necesario que continúe con la implementación de los progra-

171 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) (2013). A un año del desalojo en Intipucá: Las familias continúan viviendo a la orilla de la carretera. Documento recuperado de http://www.fespad.org.sv/actualidad-a-un-ano-del-desalojo-en-intipuca-las-familias-desalojadas-continuan-viviendo-a-la-orilla-de-la-carretera/; Fuentes, L. (2013, 20 de mayo). Familias a la intemperie casi un año tras desalojo. La Prensa

172 PDDH (2012). Análisis situacional por áreas temáticas de derechos humanos. En Informe de labores Junio 2011- Mayo 2012 (pp. 35-157). San Salvador: Autor; PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador: Autor. p. 151.


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mas focalizados del Sistema de Protección Social Universal, pero que a la vez se complementen con polí-ticas sociales universales orientadas a la creación de empleos decentes, el fortalecimiento de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, la ampliación de la cobertura de la seguridad social, facilitar la accesibilidad a establecimientos de salud y educación con alta calidad en sus servicios, y a la inversión en infraestructura social básica.

Que el Órgano Ejecutivo integre en todos los programas que formen parte de la política social y del Sis-tema de Protección Social Universal, el enfoque de derechos humanos, estableciendo mecanismos para dar cumplimiento a los principios de derechos humanos: participación, transparencia, dignidad humana, rendi-ción de cuentas, no discriminación, acceso a la justicia y empoderamiento. Es imperativo que la población cuente con espacios para participar en el diseño, la implementación, la evaluación y la fi scalización de di-chos programas. A la vez, se debe dirigir este tipo de intervenciones hacia el logro de una mayor conciencia de la población acerca de sus derechos, es decir, que en el marco de las intervenciones se reconozcan como sujetos de derecho y no como meros benefi ciarios o benefi ciarias. Además, se debe garantizar que las perso-nas excluidas de estos programas tengan acceso a recursos para solicitar su incorporación.

Que el Estado salvadoreño construya un régimen de protección especial para las familias y las perso-nas se encuentran en riesgo de caer en pobreza y las clases medias emergentes, que si bien es cierto no son cubiertas dentro de los programas actuales dedicados a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, pueden verse especialmente afectadas en cualquier momento por incrementos en el costo de la vida, desempleo por un largo período de tiempo, desastres socionaturales, u otros eventos de ese tipo.

Que el Estado salvadoreño adopte de forma ofi cial un sistema de medición de pobreza de carácter mul-tidimensional, y que establezca una sola canasta básica alimentaria tanto para el área rural como el área urbana.

Que el Estado salvadoreño redoble sus esfuerzos para reducir la desnutrición infantil, especialmente en el área rural y en los municipios identifi cados con altos niveles de desnutrición, impulsando acciones que se enmarquen en el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada y que se encuentren dirigidas especialmente para los niños y niñas menores de cinco años.

Que el Estado salvadoreño ratifi que la reforma al artículo 69 de la Constitución que reconoce el derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua; y que apruebe la Ley de Soberanía y Seguridad Ali-mentaria y Nutricional, y la Ley General de Aguas, estableciendo disposiciones que cubran las obligaciones estatales de respetar, proteger y realizar ambos derechos, y mecanismos para garantizar su exigibilidad y justiciabilidad.

Que el Estado salvadoreño refuerce sus acciones de apoyo a las personas que se dedican a la pequeña agricultura, a través de la implementación de una Política Integral de Desarrollo Rural. A partir de ella se deberá elaborar un plan que contemple acciones orientadas a mejorar la asistencia técnica, la infraestruc-tura productiva, el acceso al crédito, la asociatividad, la tenencia de la tierra y el conocimiento de prácticas agroecológicas. En este marco, también se deben enfatizar las acciones destinadas a generar empleos y pro-veer servicios de educación y salud bajo las mismas condiciones que en el área urbana.

Que el Estado salvadoreño prohíba el desarrollo de proyectos de minería metálica en el territorio nacio-nal y que se abstenga de someter un bien común como el agua a regímenes de carácter privatizador como


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los asocios público-privados. Asimismo, que se abstenga de fomentar la producción de agrocombustibles y que previo a la implementación de cualquier medida que tenga un impacto ya sea en el medio ambiente o en los derechos económicos, sociales y culturales, se desarrollen procesos de consulta amplios y evaluaciones de impacto en los derechos humanos.

Que el Estado salvadoreño intensifi que sus esfuerzos por garantizar un acceso universal al agua potable, en especial en el área rural, garantizando la inocuidad y calidad del servicio. Asimismo, que desarrolle ac-ciones efectivas para proteger los recursos hídricos frente a la contaminación y su desperdicio.

Que el Estado salvadoreño diseñe e implemente una estrategia integral de vivienda a nivel nacional para garantizar el acceso de todas las personas una vivienda adecuada. Dicha estrategia debe abordar tanto el défi cit cualitativo como el cuantitativo, y enfocarse en la población de bajos ingresos y en situación de vulne-rabilidad. Se recomienda incrementar la inversión pública en esta área y la aprobación de una ley especial dirigida a facilitar el acceso de la población en situación de pobreza a una vivienda adecuada.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas para armonizar la legislación y los procedimientos naciona-les de regulación de desalojos, con la Observación general Nº 7 del Comité DESC (1997) sobre los desalojos forzosos; y que establezca mecanismos de monitoreo sobre los procesos de desalojo y de reubicación y su im-pacto en el disfrute del derecho a la vivienda.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas para combatir la discriminación en el sector vivienda, espe-cialmente la que existe hacia las personas con VIH.

Artículo 12. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

En primer lugar, debe reconocerse que en los últimos años, el Ramo de salud ha venido adquiriendo una mayor importancia en el presupuesto nacional. Para 2007 el presupuesto para el Ministerio de Salud (MINSAL) fue de $ 371.4 millones, mientras que para 2013 asciende a $ 625.5 millones173. De acuerdo a las cifras ofi ciales, esto ha representado que el presupuesto modifi cado para este sector pase de ser el 1.8% del PIB en 2007, al 2.5% en 2013. También se ha observado que en el marco del proceso denominado “Re-forma de Salud” - iniciado en 2010 - se han realizado esfuerzos importantes en materia de reconstrucción de la red hospitalaria, contratación de personal de salud, y en cuanto a facilitación del acceso, aumento de la cobertura y el despliegue territorial de los servicios de salud174.

Añadido a esto, uno de los principales logros del Estado salvadoreño en materia de salud se ha regis-trado en cuanto a la regulación y control de la venta de medicamentos. La aprobación y entrada en vigen-cia de la Ley de Medicamentos en 2012, y las acciones implementadas para su aplicación han tenido enor-me relevancia para favorecer el cumplimiento del derecho a la salud en el país, ya que ha sido ampliamen-te conocido que el sector de medicamentos salvadoreño se ha caracterizado por una defi ciente regulación y vigilancia, lo que ha permitido, por ejemplo, arbitrariedades por parte de las empresas farmacéuticas a la hora de establecer los precios de venta al público, y la inexistencia de mecanismos adecuados para ejercer control de calidad.

173 MINSAL (2013). Informe de labores 2012 – 2013. San Salvador: Autor. p. 42.174 PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador:

Autor. p. 67.


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Esta Procuraduría ha expresado en diferentes ocasiones su satisfacción por el hecho de que el Gobier-no de la República, a través del trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), se encuentre desarrollando esfuerzos importantes para la aplicación de esta normativa175. Se ha constatado que con la entrada en vigencia de los nuevos precios para los medicamentos -establecidos de acuerdo al “Reglamento para la Determinación de los Precios de venta máxima al público de los medicamentos y su verifi cación”- se han presentado reducciones signifi cativas en los costos de muchos fármacos176, lo cual es un logro fun-damental de parte del Estado salvadoreño en la consolidación de un régimen de garantías que proteja de forma efectiva el derecho a la salud.

Dicho todo esto, también se debe señalar que se ha constatado nuevamente que los avances logrados, aunque son positivos, aún distan mucho de ser sufi cientes para dar respuesta a las necesidades de la pobla-ción en materia de derecho a la salud. Esta Procuraduría desde hace muchos años ha venido señalando las defi ciencias y difi cultades presentes en el sistema de salud, el cual se ha caracterizado por la insufi ciencia de presupuesto, medicamentos, recursos y personal; alta segmentación, inequidad y fragmentación; limita-ciones en el alcance geográfi co; y serios problemas de calidad y calidez en la atención.

En este punto es importante señalar que el origen de la problemática radica en la asignación misma de recursos al rubro de salud y en las bases sobre las que se ha construido el sistema de salud salvadoreño. La inversión en salud aún es muy baja, apenas rondando el 2.5% del PIB, cuando debería alcanzar entre el 5 - 8% del PIB. Tal y como lo ha afi rmado el representante de la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador, Doctor José Ruales, “el presupuesto sigue siendo insufi ciente para las necesidades de salud del país, ningún país ha logrado una cobertura adecuada de sus servicios con un gasto nacional en salud menor al 8% del PIB”177. Desde el inicio de su gestión, las autoridades actuales del MINSAL recomenda-ron elevar la inversión en salud hasta un 5% del PIB entre 2009 y 2014178. No obstante, hasta la fecha los resultados son muy lejanos a esta cifra. Por ejemplo, para 2012, si se hubiese adjudicado a esta cartera de Estado un presupuesto que representara el 5% del PIB, el mismo tendría que ascender a 1,189.3 millones, lo cual está muy lejos de los 625.5 millones asignados en el presupuesto para 2013.

Es por ello que, a juicio de esta Procuraduría, las limitaciones presupuestarias constituyen el obstáculo primordial para que el Estado salvadoreño pueda mejorar la atención en salud, disminuir la brecha de re-cursos humanos, reducir los problemas de desabastecimiento de medicamentos y mejorar la cobertura en todo el país. Mientras no se atienda de forma adecuada esta problemática, continuarán siendo cotidianas las expresiones de inconformidad de la población ante la insufi ciencia y el deterioro de los insumos y el equipo médico, la falta de medicamentos y de personal en salud, los prolongados intervalos de espera para las citas con especialistas, la negligencia y baja calidad en la atención por parte del personal, la saturación de los establecimientos y el deterioro de la infraestructura.

En realidad, la situación del sistema de salud es tal que esta Procuraduría constantemente recibe de-nuncias tanto de usuarios y usuarias, como de parte del personal que trabaja en las instituciones de salud. En el primer caso, las denuncias se refi eren principalmente a negligencia y baja calidad en la atención. De

175 Ibíd.176 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor. p. 105.177 OPS (2013). Cuatro años de gestión en Salud. Entrevista al Dr. José Ruales, Representante de OPS, por la periodista Lilian Martínez del Diario de Hoy.

29 de mayo de 2013. Documento recuperado de https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1256&Itemid=99999999

178 Rodríguez, M. (2009). Construyendo la esperanza. Estrategias y recomendaciones en salud 2009-2014. San Salvador: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.


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forma particular se pueden mencionar los problemas causados por desabastecimiento de medicamentos. Aunque las autoridades gubernamentales han realizado esfuerzos por mejorar la situación, existen perio-dos en los que el desabastecimiento aumenta179. También hay casos especiales como el de los pacientes con hemofi lia, quienes regularmente se ven afectados por la falta de medicamentos.

El CONNA, al analizar la situación del derecho a la salud en la niñez y la adolescencia, ha afi rmado que la disponibilidad presupuestaria ha sido la causa de los problemas de desabastecimiento registrados en los últimos años en la red pública de salud, situaciones en las que se ha puesto en riesgo la salud de niñas, niños y adolescentes180.

En este mismo contexto, también existe un número considerable de denuncias por casos de posible mala praxis o negligencia médica181. Lastimosamente, nuestro país ni siquiera cuenta con una regulación idónea para este tipo de casos. El Código Penal únicamente contiene los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, y establece que cuando sean causados en el ejercicio de la profesión médica o paramé-dica, se impondrá adicionalmente una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad, ya sea por un término de seis meses a dos años, en el caso de las lesiones (art. 146); o de dos a cuatro años, en el caso de homicidio (art. 132). Por tanto, a juicio de esta Procuraduría, dichas fi guras no son las más adecuadas para valorar todos los elementos de un caso de negligencia médica o mala praxis médica como los que han sido denunciados182. Con todo, lo más preocupante es que la omisión de regular de forma específi ca este tipo de actos, ha generado que las víctimas enfrenten numerosos obstáculos para poder denunciar y acceder a la justicia frente a dichas violaciones.

Sumado a esto, también son frecuentes las protestas y denuncias de parte de trabajadores y trabajado-ras del sector salud, debido a la falta de recursos, equipo e infraestructura adecuada para desempeñar sus labores. Asimismo, de forma periódica se registran confl ictos entre autoridades y personal de los centros de salud, debido a la falta de atención a reivindicaciones laborales. Lastimosamente, confl ictos de este tipo en reiteradas ocasiones han afectado los servicios que se brindan a los usuarios y usuarias del sistema.

Por otra parte, esta Procuraduría también ha venido señalado por varios años que el sistema de sa-lud salvadoreño presenta importantes problemas en cuanto a la equidad y no discriminación. La defi cien-cia fundamental se encuentra en la fragmentación y segmentación del mismo, lo cual ha generado que la población reciba asistencia en salud de calidad muy diferente. Actualmente existen seis instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud: el Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), el Comando de Sanidad Militar (COSAM), el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y el Instituto Salvadoreño de Rehabilita-

179 Herrera, M. (2013). Documento

180 CONNA (2013). Estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 47.181 PDDH (2011). Pronunciamiento Público del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante las denuncias de violación al derecho

a la salud por casos de negligencia médica en los distintos hospitales del sistema de salud en nuestro país. 3 de octubre de 2011. Documento

negligencia-medica-en-el-sistema-de-salud?Itemid=51; PDDH (2013). Funcionarios atienden invitación de Procurador para abordar casos de mala praxis médica. Documento recuperado de http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/488-funcionarios-atienden-invitacion-de-procurador-para-abordar-casos-de-mala-praxis-medica

182 PDDH (2011). Pronunciamiento Público del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante las denuncias de violación al derecho a la salud por casos de negligencia médica en los distintos hospitales del sistema de salud en nuestro país. 3 de octubre de 2011. Documento

negligencia-medica-en-el-sistema-de-salud?Itemid=51


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ción Integral (ISRI)183. Cada una de ellas atiende a un segmento de la población y cuenta con presupuesto diferente, lo que hace que la inversión por persona de cada una de ellas sea muy dispar.

Por ejemplo, en el caso del MINSAL –entidad que atiende a la mayor parte de la población y a la que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad- el gasto per cápita durante 2012 fue de 114 dólares, lo cual resulta muy lejano a lo que reportan el resto de instituciones. Para ese mismo año, el gasto per cápita en el ISSS fue de $237, en el COSAM de $251 y en el ISBM de $528184. Por tanto, resulta evidente que es necesario atender de forma urgente la inequidad que existe en el sistema, dado que toda la población de-bería acceder a servicios públicos de similar calidad.

Como puede observarse, existen importantes obstáculos para el pleno ejercicio del derecho a la salud en el país, y todavía hay muchas áreas que deben ser fortalecidas. Por ejemplo, se puede mencionar en-tre ellas la salud mental, las afectaciones a la salud causadas por contaminación y riesgos ocupacionales, y la salud sexual y reproductiva. En este último caso, es necesario señalar que pese a algunas iniciativas positivas como la aprobación la Política de Salud Sexual y Reproductiva en 2012, el Estado salvadoreño no ha avanzado de forma signifi cativa en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por un lado, la tasa de embarazos en adolescentes es preocupante, actualmente asciende a 89 por cada 1,000 mujeres en edades entre 15 y 19 años, siendo alta incluso en comparación al resto de países de América Latina185. Añadido a esto, se ha observado que los suicidios representan una de las principales causas de fallecimiento entre las madres adolescentes186.

Asimismo, se debe señalar que el Estado no ha atendido los reiterados señalamientos y recomenda-ciones de distintos comités de derechos humanos de Naciones Unidas (por ejemplo, el Comité DESC en 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2008, el Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en 2009 y el Comité de Derechos del Ni-ño en 2010) sobre las consecuencias negativas que tiene la penalización absoluta del aborto y sobre la ne-cesidad de revisar la legislación respectiva. Al día de hoy, el aborto sigue siendo considerado un delito en cualquiera de sus formas, incluso cuando el embarazo genera riesgo para la vida de la madre y en casos de violación o incesto187.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño incremente su inversión pública en salud al menos hasta un 5% del PIB, a fi n de garantizar que toda la población acceda a centros de atención que cuenten con insumos, equipo y personal sufi ciente, y que reciban una atención oportuna, de alta calidad y sin discriminación. De forma especial se debe aumentar la inversión en el área rural y en los municipios de alta densidad poblacional. Asimismo, que se mejoren los servicios de salud mental y la protección de la salud frente a la contaminación ambiental y riesgos ocupacionales.

183 En El Salvador también funcionan agentes privados que brindan servicios de salud, pero no forman parte del Sistema Nacional de Salud. Ver Capítulo I de la Ley de creación del Sistema Nacional de Salud).

184 MINSAL (2013). Informe de labores 2012 – 2013. San Salvador: Autor. p. 57.185 MINSAL (2013). Boletín de prensa. Ministra entrega regalos a las primeras madres en su día. 10 de mayo de 2013.186 MINSAL (2012). Boletín de prensa. MINSAL inauguró taller de investigación regional para prevenir suicidios en el embarazo. 16 de abril de 2012;

Morán, G. (2012, 16 de abril). Buscan prevenir suicidio en adolescentes embarazadas. ContraPunto. Documento recuperado de http://www.archivocp.contrapunto.com.sv//derechoshumanos/buscan-prevenir-suicidio-en-adolescentes-embarazadas; MINSAL (2013). Boletín de prensa. Mi-nistra entrega regalos a las primeras madres en su día. 10 de mayo de 2013.

187 Centro de Derechos Reproductivos (2013). Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salva-dor. Nueva York: Autor.


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Que el Estado salvadoreño unifi que el sistema de salud con el fi n de garantizar la equidad en los servicios que reciben las personas, independientemente de sus ingresos, su condición laboral y su profesión.

Que el Estado salvadoreño continúe e intensifi que sus esfuerzos para garantizar que la población tenga acceso oportuno a medicamentos, tanto en el sistema público, como en el privado.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas para garantizar una mejor atención en los centros de salud, mejorando sus mecanismos de control y evaluación del desempeño del personal, y fortaleciendo la vigilancia frente a los casos de negligencia médica. Asimismo, es necesario que se reforme la legislación para tipifi car de forma específi ca los delitos de negligencia y mala praxis. Se debe asegurar que las investigaciones de denun-cias sobre casos de negligencia y mala praxis se desarrollen de manera imparcial e independiente, dirimiendo responsabilidades e indemnizando a las víctimas de forma oportuna.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas para mejorar las condiciones laborales del personal de los cen-tros de salud y que mejore los mecanismos de diálogo y negociación con los trabajadores y las trabajadoras, con el fi n de evitar que los servicios se vean afectados a raíz de confl ictos laborales.

Que el Estado salvadoreño intensifi que su labor para reducir la alta tasa de embarazos en adolescentes y que a la vez preste servicios de apoyo integral a las adolescentes embarazadas. Igualmente, que redoble sus es-fuerzos en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas rurales y en los asentamientos urbanos precarios.

Que el Estado salvadoreño dé cumplimiento a las recomendaciones de los distintos comités de Naciones Unidas en torno a la necesidad de realizar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud re-productiva, reformar la legislación que criminaliza la interrupción del embarazo en todas las circunstancias y de abordar las consecuencias negativas que la misma tiene en los derechos humanos de las mujeres, especial-mente en las mujeres adolescentes y jóvenes.

Artículos 13 y 14: Derecho a la educación

En los últimos años, el Estado salvadoreño ha continuado incrementando la inversión en el Ramo de educación. En 2008, por ejemplo, el presupuesto votado para este rubro fue de $635.0 millones, mientras que en 2013 ascendió a $864 millones188. Se han realizado esfuerzos destacables en cuanto a garantizar la educación gratuita hasta el bachillerato, y mediante la ejecución de los programas de entrega de paquetes escolares, alimentación escolar, el programa “vaso de leche”189, el mejoramiento de la infraestructura esco-lar y la implementación del modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno190. Para esta Procuraduría, no

188 PDDH (2013). Análisis situacional de los Derechos Humanos. En Informe de Labores Junio 2012 – Mayo 2013 (pp. 40 – 174). San Salvador: Autor. p. 70.

189 A la fecha, el programa de paquetes escolares (que incluye la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares en centros educativos pú-

Leche favorece a 821,000 estudiantes en 2,289 escuelas públicas de 10 departamentos del país. Ver Transparencia Activa (2013, 3 de junio). Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presi-dente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/

190 Este modelo se caracteriza por fortalecer la organización entre los centros escolares de una misma zona para ofrecer nuevas propuestas pedagógicas extracurriculares a la población estudiantil y por fomentar la integración entre la familia, la comunidad y las escuelas en el proceso educativo. Se tiene previsto que, en el lapso de un año, el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno pase de implementarse en 145 escuelas en 52 municipios, a 1,365 centros escolares en 57 municipios. Ver Transparencia Activa (2013, 3 de junio). Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presidente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/; GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor.


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cabe duda que estas apuestas gubernamentales han constituido un importante apoyo para las familias sal-vadoreñas, dado que las restricciones económicas son una de las principales causas de la deserción escolar. A la vez, los programas que favorecen una mejor alimentación y nutrición entre los y las estudiantes son fundamentales para combatir la desnutrición y mejorar el rendimiento escolar.

También se han observado logros positivos en cuanto a alfabetización, principalmente en el área rural. Hasta junio de 2013, 15 municipios han sido declarados libres de analfabetismo191, y la tasa de analfabetis-mo ha disminuido del 14% en 2009, al 12.4% en 2012. En ese mismo periodo, en el área urbana, la dismi-nución ha sido de un punto porcentual (pasando de 9.2% a 8.2%), mientras que en el área rural se observa una reducción de tres puntos porcentuales (de 22.7% a 19.9%)192. No obstante, la diferencia en los niveles de analfabetismo entre el área rural y urbana continúa siendo muy marcada.

De cualquier forma, a pesar de todos estos logros en materia de derecho a la educación, es necesario señalar que el sistema educativo salvadoreño sigue presentando muchas difi cultades en cuanto a inversión, cobertura (principalmente en parvularia, tercer ciclo y educación media), disminución de la deserción es-colar, aumento de la escolaridad promedio, infraestructura escolar, calidad de la educación, condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, entre otras.

En primer lugar, se debe recalcar que pese a los aumentos presupuestarios destinados al rubro de Educación, la inversión sigue siendo baja. Por ejemplo, para 2012 el presupuesto votado apenas alcanzó el 3.17% del PIB193, cuando de forma general se recomienda que la inversión en educación sea al menos equivalente al 6% del PIB194. De acuerdo a este criterio, la asignación presupuestaria para 2012 debería haber sido de al menos $1,417 millones, cuando en realidad fue de $827.7 millones. Sumado a esto, la necesidad de invertir más en educación se hace mucho más evidente al observar que de acuerdo a algunos estudios especializados, países desarrollados como Suecia o Suiza llegan a invertir alrededor de 140 veces más que El Salvador por cada estudiante de primaria, y alrededor de 168 veces más por cada estudiante de secundaria195.

A consecuencia de la baja inversión, también existen numerosos retos en cuanto a la cobertura y la ca-lidad educativa. Por ejemplo, si bien es cierto es innegable que la tasa de matrícula en educación primaria es bastante alta, tanto en el área urbana como en el área rural (alrededor del 93% en 2012)196, la cobertura en el resto de niveles –desde la educación inicial hasta la educación superiores bastante defi citaria (Ver Tabla VII). Por ejemplo, la tasa neta de cobertura en educación inicial fue de apenas 0.6% en 2011. Para ese mismo año, la cobertura neta en educación parvularia fue de 54%, es decir que alrededor del 46% de la niñez entre 4 y 6 años no está asistiendo a un centro escolar197.

191 Transparencia Activa (2013, 3 de junio). Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discurso-del-presidente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/

192 DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor.193 GOES (2013). El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión. San Salvador: Autor.194 Tomasevski, K. (2004). Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial sobre el derecho a la educación. Los derechos económicos,

sociales y culturales: el derecho a la educación. Comisión de Derechos Humanos, 60 periodo de sesiones. E/CN.4/2004/45. Documento recupe-rado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ G04/103/31/PDF/G0410331.pdf?OpenElement

195 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2011). Informe de seguimiento a la EPT en el mun-. París: Autor.

196 GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Sal-vador: Autor. pp. 44-45.

197 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 132.


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Al respecto, también conviene puntualizar que aunque el país ha logrado un elevado acceso a la pri-maria, sigue teniendo problemas para retener a una gran cantidad de niños y niñas en la escuela. Lasti-mosamente, la deserción inicia desde la misma primaria. De acuerdo a las cifras ofi ciales, el porcentaje de estudiantes que comienzan el primer grado y logran llegar hasta el último grado de la primaria (6º grado) es de 84%198. No obstante, en el área rural el abandono escolar es mucho mayor, ya que solamente el 77% logra fi nalizar la primaria, mientras que en el área urbana logra hacerlo el 93%. Las principales causas de deserción son el desinterés en la escuela, las demandas de trabajo doméstico o participación en la pro-ducción económica, y la insufi ciencia de recursos económicos199, aunque de forma reciente las autoridades gubernamentales también han señalado la inseguridad y la delincuencia en los centros educativos como un factor primordial200.

Por otra parte, también persisten algunos problemas de repitencia escolar y de sobreedad. Por ejemplo, para 2011, la repitencia en el primer grado fue de 12.5% (en el área rural ascendía hasta el 14%), mientras que la sobreedad en sexto grado fue de 11.5%201

Tabla VIITasas netas de cobertura por nivel educativo 2006-2011

Niveles educativos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Inicial - - - 0.4 0.4 0.6 -Parvularia 50.3 48.9 50.3 50.3 54.7 54.2 -I y II ciclos 94.8 95.0 95.3 95.0 94.8 93.7 93.1III ciclo 51.1 51.8 53.9 56.3 59.8 62.2 -Total básica 92.3 92.5 92.8 92.9 94.0 93.7 -Media 33.3 32.9 32.2 32.6 33.3 35.4 -Secundaria* 54.6 54.4 55.1 56.4 59.1 61.6 63.8Superior** - - - - - - -Tasa bruta 23.0 23.9 24.5 24.8 25.3 - -

*Incluye desde el séptimo grado hasta Educación Media

**Para la Educación superior no se calcula la tasa neta de cobertura, solamente la tasa bruta.

Fuente: Adaptado de MINED, Fundación de Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2013). El fi nanciamiento de la educación en El Salvador. San Salvador: Autor. p. 13; y de GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Salvador: Autor. pp. 44-45.

Por todo lo anterior, la cobertura sigue siendo baja en el tercer ciclo de la educación básica (62.2%) y en la educación media (35.4%). Asimismo, solamente un pequeño grupo de la población logra acceder a la educación universitaria. De acuerdo al PNUD, la tasa neta de matrícula universitaria es de 14.8%,

198 GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Sal-vador: Autor. p. 39.

199 Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 39.200 Segura, B. (2012, 4 de junio). La delincuencia: principal factor para la disminución de la matrícula escolar. Diario CoLatino, p. 8.201 GOES y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). 3er informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. El Salvador. San Sal-

vador: Autor; MINED, FIECA y UNICEF (2013). . San Salvador: Autor.


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es decir, únicamente 1 de cada 10 jóvenes en la edad ofi cial accede la educación superior202. En este sentido, resulta evidente que gran parte de la población salvadoreña continúa enfrentando importantes obstáculos para acceder a la educación.

Sumado a esto, resulta extremadamente preocupante que de acuerdo a algunas estimaciones, en 2011, un total de 67,887 niños y niñas de edades entre los 11 y los 15 años no se encontraban escolari-zados203. De esa cifra, 26,245 se encontraban en situación de “pobreza educativa”, es decir, no alcanzaban los cuatro años de escolaridad (tiempo que de acuerdo a la UNESCO es el necesario para la adquisición de habilidades básicas de alfabetización204), y 14,767 en situación de “pobreza educativa extrema”, ya que ni siquiera contaban con dos años de escolaridad.

Cabe mencionar también que resulta alarmante la persitencia de grandes brechas educativas entre el área rural y el área urbana, ya que, por ejemplo, para 2012, la escolaridad promedio en el área urbana fue de 7.5 años, mientras que en el área rural fue de 4.6205. Esta situación refl eja las pocas posibilidades de la población –especialmente en el área rural- para obtener ingresos que les aseguren una existencia digna, ya que en 2006 se estimó que una persona salvadoreña necesitaba aproximadamente 10 años de estudio para tener una menor probabilidad de vivir en situación pobreza que la persona promedio, y 12 años de estudio para tener ingresos laborales mayores al promedio206. Igualmente, las brechas en escola-ridad de acuerdo a los ingresos son bastante amplias207. En 2012, el 10% de la población más pobre ha-bía completado apenas 3 años de escolaridad, mientras que el 10 por ciento más rico, había completado casi 10 años208.

Por otro lado, es importante mencionar que los problemas en la calidad educativa son muy graves tanto en el sector público como el sector privado. Desde su creación, tanto la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES209) y la Prueba de Evaluación de Logros de Apren-dizaje en Educación Básica (PAESITA210), han refl ejado serias defi ciencias en el sistema educativo211. Por ejemplo, la nota promedio en la PAES de 2012 fue de 5.0 (en una escala de 0 a 10), superior solamente en 0.2 a la obtenida en 2011, cuando fue de 4.8212. Al comparar los resultados en el sector privado y el sector público, se observa que existen diferencias notables en el desempeño. Por ejemplo, la nota pro-medio para el sector público fue de 4.8, mientras que para el privado fue de 5.6 (Ver Tabla VIII).


203 Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (2013). Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador. Roma: OIT. p. 40204 Ibíd.205 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:

Autor. pp. 301-302.206 CEPAL (2008). Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar. Santiago de Chile: Autor. p. 143.207 PNUD (2010). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un

nuevo modelo de desarrollo. San Salvador: Autor. p 132.208 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador:

Autor. p. 156.209 La PAES es una prueba obligatoria que se utiliza para evaluar cumplimiento de los objetivos del sistema educativo nacional y obtener infor-

mación sobre los niveles de logro de aprendizaje alcanzados por los y las estudiantes de bachillerato de todo el país en las diferentes áreas curriculares.

210 La PAESITA se aplica a una muestra de estudiantes de tercer grado, sexto grado y noveno grado, y evalúa el desempeño en Lenguaje y Mate-mática.

211 Los graves problemas de calidad en la educación salvadoreña han quedado también en evidencia cuando el país ha participado en la aplica-ción de pruebas internacionales estandarizadas. Por ejemplo, en 2007, participó en la prueba Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). El Salvador fue uno de los países con desempeño más pobre en la prueba. Ver FUSADES (2011). Informe de Coyuntura Social. Abril 2011. La Libertad: Autor. p. 29.

212 Ministerio de Educación (MINED) (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-con-tent/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf


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De cualquier forma, pese a que normalmente se suele enfatizar en las defi ciencias de calidad en el sec-tor público, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que los resultados en los centros escolares privados solo son mejores comparativamente, pero de ninguna forma pueden ser califi cados como satis-factorios, ya que incluso en este sector todas las áreas evaluadas refl ejan notas bajas (Ver Tabla IX). Esto indica que las causas de la baja calidad van más allá de las diferencias que existen entre ambos sectores y, además, que un abordaje integral del fenómeno requiere de modifi caciones en el sistema como conjunto.

En realidad, en la gran mayoría de casos, el acceso a una mejor calidad educativa depende principal-mente de la capacidad familiar de asumir las tarifas de los centros escolares de mayor costo a nivel nacio-nal. Por esta misma razón, el número de niñas y niños que puede acceder a los mismos es muy limitado213.

Tabla VIII Comparación de resultados en la PAES 2011 y 2012, por sector

Sector 2011 2012Público 4.7 4.8Privado 5.3 5.6

Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparencia activa.gob.sv/wp-con-tent/uploads/2012/11/Resultados -PAES-2012-resumido-1.pdf

Tabla IXResultados por sector, PAES - 2012

Público Privado DiferenciaNo. alumnos 60,911 19,199 -Matemática 4.3 4.8 0.5Estudios Sociales 5.8 6.4 0.6Lenguaje y Literatura 4.8 5.5 0.7Ciencias Naturales 5.1 5.7 0.6Global 4.8 5.6 0.8

Fuente: MINED (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-content/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta evidente que la formación que recibe la gran mayoría de la población salvadoreña está muy lejos de los niveles de calidad necesarios para situar a la educa-ción como una herramienta transformadora de la sociedad. Con todo, lo más preocupante es que, aun-que desde hace varios años se cuenta con los resultados de la PAES como parámetros para diseñar una estrategia integral que aborde el tema de la calidad educativa, hasta la fecha no se tiene conocimiento de una propuesta clara del Ministerio de Educación (MINED) sobre cómo se mejorará el nivel de aprendi-zaje en los centros escolares públicos y privados. Una muestra de la falta de atención a estos aspectos se



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refl eja en el hecho de que entre 2005 y 2012, la nota global promedio de la PAES solamente ha aumen-tado de 3.7 a 5.0, es decir un incremento de apenas 1.3 puntos214.

En este punto también cabe agregar que uno de los factores que preocupa de forma especial a esta Procuraduría es la situación de los profesores y profesoras en cuanto a remuneraciones, recursos y con-diciones de trabajo, formación profesional y evaluación de su desempeño. En primer lugar, en cuanto a remuneraciones y condiciones de trabajo, la PDDH ha recibido constantemente de parte del magisterio, demandas para incidir en la mejora de las mismas. Ante ello, es pertinente señalar que efectivamente es necesario elevar la valoración del trabajo de los docentes, dada la importante función que desempeñan. Tal y como lo ha afi rmado el PNUD de forma reciente, si bien es cierto los salarios que devengan los profesores y profesoras no son los “más bajos del mercado laboral […] tampoco constituyen incentivos para que los mejores estudiantes del sistema escolar con vocación docente estudien la carrera”215.

Debido a estas difi cultades, un buen número de profesores o profesoras optan por hacer un doble turno o buscar un trabajo adicional, lo que en muchos casos podría estar afectando su desempeño, y por ende, la calidad de la educación. En este mismo sentido, además de un incremento salarial, sería prioritario mejorar las condiciones de trabajo, ya que muchos centros escolares no cuentan con la in-fraestructura adecuada, ni con materiales educativos idóneos y sufi cientes para poder desarrollar los programas asignados. Igualmente, en reiteradas ocasiones, maestros y maestras tienen a su cargo un gran número de estudiantes, incluso de grados distintos, lo que difi culta una atención más cercana e individualizada de parte de los y las docentes.

También se requiere mejorar las oportunidades de formación de las y los docentes, y su estabilidad laboral. Se ha registrado que solamente un 85% del personal docente en el país cuenta con formación pedagógica de nivel superior, lo cual si bien es cierto se acerca a la media regional, se aleja mucho de los avances logrados por países como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Chile y Cuba216. Asimismo, se ha constatado que El Salvador es uno de los países que tiene un menor porcen-taje de docentes (solamente el 57%) que cuentan con un contrato de trabajo por tiempo indefi nido, es decir, los profesores y profesoras salvadoreñas se encuentran en una particular situación de inestabilidad laboral en comparación a lo que sucede otros países de América Latina217.

Finalmente, se debe señalar la necesidad de implementar un sistema de evaluación y monitoreo del desempeño del personal docente, ya que de ello depende en gran parte el aprendizaje de las y los estu-diantes.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño eleve la inversión en educación al menos al 6% del PIB, y que intensifi que sus esfuerzos para extender la cobertura en la educación inicial, secundaria, media y superior, principal-mente en el área rural y entre la población de menores ingresos. Es necesario que se combata de forma

214 Ministerio de Educación (MINED) (2013). Resultados PAES 2012. Documento recuperado de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/wp-con-tent/uploads/2012/11/Resultados-PAES-2012-resumido-1.pdf

215 Los salarios de los docentes en el sistema público oscilan entre los $429 y $775 al mes. Ver PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. p. 148.

216 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: Autor. pp. 146-147.

217 Ibíd.


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más efectiva la deserción escolar en todos los niveles educativos, abordando las causas de la misma como el trabajo infantil, el desinterés en la educación, la carencia de ingresos sufi cientes y la inseguridad.

Que el Estado salvadoreño continúe desarrollando y ampliando los programas de alimentación escolar en los centros escolares públicos, y que prosiga e intensifi que sus esfuerzos por erradicar el analfabetismo, especialmente en el área rural.

Que el Estado salvadoreño diseñe un plan nacional para mejorar la calidad educativa, especialmente en el área rural y en las regiones más pobres del país.

Que el Estado salvadoreño implemente una estrategia integral para mejorar la situación de los profe-sores y profesoras en el país, que contemple tanto la dignifi cación del magisterio, mediante remuneraciones y condiciones laborales adecuadas, como un programa de desarrollo profesional continuo y un sistema de evaluación del desempeño.

Que el Estado salvadoreño desarrolle esfuerzos orientados a mejorar la infraestructura educativa, es-pecialmente en el área rural, y a dotar a todos los centros educativos de los insumos, recursos y personal necesario para un adecuado funcionamiento.

Artículo 15: Derechos culturales

La Constitución de la República contiene múltiples referencias relativas a la protección y promo-ción de los derechos culturales. En primer lugar, estipula que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social” (art. 1.3). Asimismo, en el título II, “Los derechos y garantías fundamentales de la persona”, capí-tulo II “Derechos sociales”, en la Sección Tercera, referente a “Educación, ciencia y cultura” se establece que “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia es obligación y fi nalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer científi co” (art. 53).

Además de esto, la Constitución reconoce como obligaciones del Estado: velar por la conservación y enseñanza del idioma ofi cial del país; preservar, difundir y respetar las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional (ya que son consideradas parte del patrimonio cultural) (art. 62); y salvaguar-dar y establecer leyes especiales para la conservación de la riqueza artística, histórica y arqueológica sal-vadoreña (art. 63). Asimismo, en el artículo 6 se estipula el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

El Estado salvadoreño ha ratifi cado los principales instrumentos internacionales de derechos hu-manos que contemplan los derechos culturales y diversos instrumentos internacionales que de forma específi ca hacen referencia a derechos culturales. No obstante, no ha ratifi cado instrumentos como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza218, ni el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes.

218 UNESCO (s/f). http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=23047&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


108

Con respecto a la legislación secundaria a nivel nacional, es importante aclarar que en el país no existe una normativa general referente a derechos culturales, aunque sí existen diversos instrumentos legales que abordan aspectos específi cos relacionados a ellos, tales como la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural (1993), la Ley del Premio Nacional de Cultura (1988), la Ley del Archivo Ge-neral de la Nación (1993), la Ley del Libro (1994), la Ley de Imprenta (1950), la Ley de Promoción de las Artes Plásticas (1968), la Ley de Distinciones Honorífi cas, Gratifi caciones y Títulos (2009), la Ley de Propiedad Intelectual (1993), la Ley de Desarrollo Científi co y Tecnológico (2012), la Ley General de Juventud (2012), entre otras. Pese a esta diversidad, es importante señalar que buena parte de esta normativa se encuentra desactualizada, y alguna incluso obsoleta. Además, su aplicación en la práctica y la supervisión de su cumplimiento dista mucho de lo contemplado en la legislación. Aspectos como la protección del patrimonio cultural; el fomento y la protección de la propiedad intelectual; la promoción del arte, la ciencia y la cultura; y la garantía de que la población goce de los benefi cios del progreso científi co, presentan importantes defi ciencias.

Sumado a esto, es importante señalar que la infraestructura pública cultural, tanto en lo que se refi e-re a bibliotecas, museos, teatros y otros espacios similares, es insufi ciente para atender a toda la pobla-ción. Por ejemplo, actualmente el país cuenta únicamente con un aproximado de 17 bibliotecas públicas para 262 municipios, la mayoría concentradas en las cabeceras departamentales, por lo que se difi culta el acceso de las personas que viven en las zonas rurales a las mismas. Añadido a esto, se debe puntuali-zar que en los últimos doce años se han fundado muy pocas bibliotecas públicas, la mayoría se estable-cieron entre 1992 y 1999219 y, de forma general, se puede afi rmar que las mismas presentan carencias en cuanto a recursos y personal220. Difi cultades similares se presentan en cuanto a museos, teatros y espa-cios de formación artística formal221, aunque sí se cuenta con un buen número de casas de la cultura222.

Por otra parte, a nivel normativo, la protección del patrimonio cultural es uno de los ámbitos de derechos culturales para el cual el país cuenta con herramientas más amplias y recientes. No obstante, su aplicación en la realidad está muy lejos de ser satisfactoria. Existen muchos casos de presuntas vio-laciones al patrimonio cultural que no reciben un abordaje adecuado, por ejemplo referentes a destruc-ción y ocupación de sitios arqueológicos para construcción de viviendas223; demoliciones de casas o igle-sias históricas224; omisiones de registro de bienes culturales; hurtos225, entre otros. Esto refl eja que no se cuenta con los mecanismos y cuerpos de vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento de la ley.

219 Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República (s/f) Red de bibliotecas públicas. Documento recuperado de http://www.cultura.gob.sv/institucion/estructura-organizativa/direccion-nacional-de-bibliotecas-y-plan-de-lectura/red-de-bibliotecas-publicas.html

220 Arias, M. y Camacho, K. (2011). Las bibliotecas públicas: Una mirada a los sistemas de bibliotecas en Centroamérica. Documento recuperado de http://sulabatsu.com/wp-content/uploads/2011-bibliotecas-centroamerica.pdf; Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expre-sión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interacti-va/30327.pdf

221 Rosales, M. (2013). Música. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte.222 Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recu-

perado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf223 Valencia, D. (2012, 18 de diciembre). Exdirector de Patrimonio Cultural de gobierno Saca pide disculpas al país por no cumplir su deber. El

Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/201212/el_agora/10498/224 Escobar, I. (2011, 20 de mayo). Patrimonio Cultural pide respeto a inmuebles del Centro histórico. Diario CoLatino. Documento recuperado

htm; Labrador, G. (2012, 16 de enero). Por qué la Iglesia pudo destruir el mosaico de la Catedral. El Faro. Documento recuperado de http://www.elfaro.net/es/201201/noticias/7196/

225 Diario El Mundo. Documento recuperado de


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La protección de la propiedad intelectual también cuenta con un marco legal bastante amplio y ac-tualizado. Además, es positivo que la Ley de Propiedad Intelectual incluya algunas disposiciones que establecen límites a los benefi cios de la propiedad intelectual, cuando pueden afectar el cumplimiento de otros derechos como el derecho a la educación; y que la responsabilidad penal se impone cuando la violación a los derechos de autor se realiza con fi nes económicos y a escala comercial.

No obstante, es necesario resaltar que siguen existiendo muchos problemas para la protección efec-tiva de los derechos de propiedad intelectual. En realidad, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual son constantes y existe poco control sobre este tipo de delitos226. La piratería es un fenómeno muy extendido en el país y para muchas personas que trabajan en el sector informal se ha convertido en un medio de subsistencia. Además, hay poca conciencia entre la población en general sobre la impor-tancia de la propiedad intelectual y desconocimiento sobre los procedimientos para su registro, protec-ción y la justiciabilidad de este derecho227.

Cabe agregar también que diversos grupos en el país sufren de condiciones de exclusión social que les generan difi cultades para un ejercicio pleno de sus derechos culturales y el acceso a los benefi cios del progreso científi co. Principalmente se puede mencionar a las mujeres, las personas que residen en zonas rurales, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. En las mujeres, las personas de la zona rural, y las personas adultas mayores las principales difi cultades están asociadas al analfabetismo y a la falta de espacios para participar en la vida cultural. Los niveles de analfabetismo son muchos más altos en estos tres grupos228, y además la realidad del país les impone limitaciones económicas, de tiem-po o de accesibilidad física a espacios de desarrollo cultural y científi co. En cuanto a las personas con discapacidad, la principal difi cultad se encuentra en la falta de medidas que faciliten la comunicación y el acceso a centros de formación y difusión artística, cultural y científi ca.

Los pueblos indígenas también ven limitado el ejercicio de sus derechos culturales debido a la poca atención que se brinda a la protección de la diversidad cultural y al rescate, conservación y difusión de las distintas formas de expresión cultural que existen en el país229. Un aspecto que genera una preocu-pación especial para esta Procuraduría es la poca atención que se ha brindado al rescate y conservación de los idiomas indígenas. De hecho, la mayoría de los idiomas indígenas del país están extintos, y el náhuat únicamente es utilizado por unas 200 personas en todo el territorio nacional230. En todo caso, si bien es cierto existen algunas iniciativas de revitalización del náhuat, hace falta un mayor apoyo de parte del Estado, y por otra parte, es necesario que se desarrollen esfuerzos similares para rescatar otros idiomas indígenas.

Finalmente, se debe señalar como las principales limitantes para el ejercicio de los derechos cultu-rales, la debilidad institucional y la baja asignación presupuestaria para el fomento del arte y la cultura. Actualmente, la institución encargada de la política estatal en materia de cultura es una Secretaría de la Presidencia de República, con bajo presupuesto y con una estructura organizativa sumamente disgrega-

226 Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recu-perado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf

227 Ibíd.228 DIGESTYC (2013). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012. San Salvador: Autor.229 PDDH (2012). Informe situacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en El Salvador. San Salvador: Autor.230 Anaya, J. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en

El Salvador. A/HRC/24/41/Add.2. 25 de junio de 2013. Documento recuperado de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/14/PDF/G1315014.pdf?OpenElement


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da. Añadido a esto, la situación de las personas que trabajan en el sector de arte y cultura es preocupan-te debido a que no existen mecanismos sufi cientes para garantizar que desarrollen su profesión bajo los criterios de trabajo decente231. Se tiene previsto que en los próximos meses la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Legislativa inicie la discusión de una Ley de Cultura, la cual se espera que aborde algunas de estas debilidades, no obstante, hasta la fecha no se reportan avances signifi cativos en este sentido.

Recomendaciones

Que el Estado salvadoreño fortalezca la institucionalidad encargada de la promoción de la cultura, el arte y los derechos culturales, creando un Ministerio de Cultura, y dotándolo de sufi cientes recursos para que pueda impulsar la política cultural nacional, garantizar la protección del patrimonio cultural, el fo-mento de las artes y promueva la riqueza y la diversidad cultural.

Que el Estado salvadoreño promulgue una Ley Marco sobre Derechos Culturales y que a partir de la misma se realice un proceso de revisión, actualización y armonización de la legislación en materia de arte, cultura y áreas relacionadas, reduciendo la dispersión que existe actualmente, e incorporando el enfoque de derechos. Es necesario que en el marco normativo sobre cultura se establezcan disposiciones específi cas para garantizar el cumplimiento de los derechos culturales de grupos vulnerables como las mujeres, las per-sonas con discapacidad, las personas adultas mayores, y los pueblos indígenas, entre otros.

Que el Estado salvadoreño ratifi que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Suba-cuático y la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas efectivas para proteger los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos indígenas, atendiendo de forma especial y urgente la necesidad preser-var y rescatar los idiomas indígenas.

Que el Estado salvadoreño ponga a disposición de la población una mayor cantidad de espacios de formación profesional y difusión de las artes y la cultura, especialmente en el área rural. Igualmente, se debe garantizar que todos los procesos de construcción de nuevos espacios culturales o de adaptación de los existentes cumplan con las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y la población adulta mayor.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas para garantizar que las personas que trabajan en el sector de arte y cultura puedan desarrollar su profesión bajo los criterios del trabajo decente.

Que el Estado salvadoreño adopte medidas urgentes para garantizar un adecuado registro, conserva-ción y protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual, fortaleciendo a la vez los mecanismos para sancionar las violaciones que se comentan contra los mismos.

231 Pleitez, T. (2012). Literatura. Análisis de la situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. Documento recu-perado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/interactiva/30327.pdf


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Otras observaciones del Comité

Para esta Procuraduría, el Estado salvadoreño tiene una enorme deuda en cuanto a la evaluación de los impactos que ha tenido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Repú-blica Dominicana (CAFTA-DR) en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Los resultados reportados en el informe ofi cial (párrafos 496-499) no profundizan en las consecuencias del mismo, y se concentran principalmente en aspectos comerciales, aún y cuando se refl ejan ya algunos impactos negativos para el país. Más allá de eso, resulta preocupante que, tal y como ha sucedido en cuanto a la ratifi cación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA) en 2013, ha quedado evidenciado que en los procesos de toma de decisiones sobre la apertura comercial del país no se evalúa de forma adecuada los impactos de la misma en los derechos humanos232.

De manera similar, tampoco se realizó una evaluación de impacto en los derechos humanos, previo a la aprobación de la Ley de Asocios Público-Privados, vigente desde 2013, ni en las actuales discu-siones sobre propuestas de reforma, pese a que las mismas podrían tener efectos sumamente negativos para los derechos humanos. En este contexto, ha sido especialmente lamentable y preocupante para esta Procuraduría que, de acuerdo a las autoridades gubernamentales233, tanto la aprobación de dicha ley, como sus reformas, consisten en una especie de requisito para que el país pueda acceder a un segundo compacto de los fondos de la Cuenta del Reto del Milenio234, la cual es fi nanciada por el Congreso de los Estados Unidos de América. Es necesario que en este tipo de decisiones se tome en cuenta la opi-nión de la población, y que además se elaboren y difundan ampliamente evaluaciones integrales sobre los impactos a corto y largo plazo en los derechos humanos.

Por otra parte, también es importante señalar que si bien es cierto actualmente se ha constituido el Consejo Económico Social235, instancia que en alguna medida retoma el espíritu de los Acuerdos de Paz en cuanto a la creación del Foro de Concertación Económica y Social, el mismo ha presentado proble-mas tanto en su representatividad como en su funcionamiento236, y hasta la fecha, no ha fi gurado como una instancia verdaderamente preponderante en la toma de decisiones clave para el país.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño, previo a la toma de decisiones cruciales para el país como lo son la apro-bación de tratados internacionales en materia de comercio e inversiones o iniciativas similares, evalúe cui-dadosamente en todos los casos las repercusiones que ello puede pueda tener sobre los derechos reconocidos

232 Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA) (2013). Pronunciamiento. Redes europeas y latinoamericanas reiteran sus reco-mendaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros, en vistas de la inminente entrada en vigor provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con Honduras, Panamá y Nicaragua. 31 de julio de 2013. Documento recuperado de http://www.cifca.org/IMG/pdf/Pronunciamien-toOSC_AcuerdoAsociacion_ ESP.pdf

233 Presidencia de la República (2013, 5 de diciembre). implementación

de marzo). Presidente Funes confía en pronta aprobación de reformas a Ley de Asocios Público Privados http://www.transparenciaactiva.gob.sv/

234 Embajada de los Estados Unidos en El Salvador (2012). Embajadora promueve Asocios Público Privado. Documento recuperado de http://spanish.sansalvador.usembassy.gov/noticias/2012/10/32.html

235 Presidencia de la República (2012). Discurso pronunciado por el Presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, durante Inauguración de la sede del Consejo Económico Social (CES), 1 de febrero de 2012. Documento recuperado el 23 de mayo de 2012 de http://www.presidencia.

236 Iniciativa Social para la Democracia (ISD) (2011). Informe de monitoreo de transparencia al segundo año de gestión del gobierno del Presidente Mauricio Funes


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en el Pacto. Asimismo, que las evaluaciones de impacto e investigaciones que se realicen, sean difundidas y sometidas a una amplia consulta y discusión con la población.

Que el Estado salvadoreño elabore y difunda periódicamente evaluaciones de impacto de los tratados de libre comercio como el CAFTA-DR y el AdA, en los derechos humanos, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, que implemente medidas orientadas a compensar las conse-cuencias negativas de dichos acuerdos.

Que el Estado salvadoreño fortalezca los mecanismos de concertación de carácter tripartito, garanti-zando que tengan una incidencia importante en la toma de decisiones clave para el país.

Consideraciones fi nales

Para esta Procuraduría también es fundamental señalar que la justiciabilidad de los derechos econó-micos, sociales y culturales en El Salvador es todavía muy limitada237. Pese a algunos avances recientes mencionados anteriormente, el ordenamiento jurídico actual aún presenta muchos vacíos para este tipo de casos, como por ejemplo, la falta de reconocimiento de algunos de los derechos contemplados en el Pacto.

A la vez, es lamentable que incluso entre gran parte de la población no existe conciencia de los mis-mos como derechos, y mucho menos sobre su exigibilidad. Aunado a esto, a pesar de que los tratados internacionales como el PIDESC son leyes de la República y pueden ser invocados ante los tribunales de justicia, la aplicación de la normativa internacional no es una práctica generalizada entre los jueces y juezas. Más allá de eso, también constituye una enorme limitante el hecho que los procesos judiciales en el país generalmente tardan mucho tiempo y generan costos altos para la persona demandante.

De cualquier forma, se debe señalar que ha sido muy positivo que el Estado salvadoreño haya si-do uno de los primeros países en ratifi car el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este sentido, debería ser un paso inicial para que El Salvador avance en el fortalecimiento de la protección y garantía de todos derechos económicos, sociales y cultu-rales, asegurando su justiciabilidad.

Recomendaciones:

Que el Estado salvadoreño ratifi que las reformas constitucionales que reconocen el derecho a una ali-mentación adecuada, el derecho al agua y a los pueblos indígenas, y que además reforme la Constitución en el sentido de que todos los derechos consignados en instrumentos internacionales de derechos humanos formen parte del catálogo de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y que los tratados internacionales en materia de derechos humanos formen parte de la misma.

Que el Estado salvadoreño realice un proceso de adaptación de la legislación y la institucionalidad de tal forma que favorezca y garantice la exigibilidad y la justiciabilidad de todos los derechos económicos, sociales y culturales, y la aplicación del Pacto en los tribunales nacionales.

237 CIJ (2013). Acceso a la justicia. Recursos contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador. Ginebra: Autor.


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Que el Estado salvadoreño desarrolle procesos sistemáticos de formación a los profesionales del sistema judicial en materia de derechos económicos sociales y culturales, especialmente en lo referente a la invoca-ción del mismo ante los tribunales nacionales.

Que el Estado salvadoreño mejore el conocimiento del Pacto mediante programas de enseñanza y for-mación en derechos humanos, para los miembros de la judicatura, y que promueva estos conocimientos entre los profesionales de la abogacía.

informes periódicos combinados de El Salvador

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Anexo I

Observaciones fi nales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos

combinados de El Salvador


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Naciones Unidas E/C.12/SLV/CO/3-5

Consejo Económico y Social Distr. general23 de mayo de 2014Original: españolVersión no editada avanzada

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Observaciones fi nales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador*

1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el tercer, cuarto y quinto in-formes periódicos de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales (E/C.12/SLV/3-5) en sus sesiones 25º y 26º, celebradas el 14 de mayo de 2014 (E/C.12/2014/SR.25 y 26), y aprobó en su 40ª sesión, celebrada el 23 de mayo de 2014, las siguientes observaciones fi nales.

A. Introducción

2. El Comité recibe con satisfacción el tercer, cuarto y quinto informes periódicos de El Salvador y las respuestas escritas a su lista de cuestiones (E/C.12/SLV/Q/3-5/Add.1) si bien lamenta su tardío envío y la ausencia de respuestas a algunas preguntas. El Comité reconoce la actitud po-sitiva de la delegación del Estado parte hacia el Comité y agradece que la información adicional comprometida durante el diálogo haya sido remitida.

B. Aspectos positivos

3. El Comité acoge con gran satisfacción que el Estado parte haya ratifi cado el Protocolo Facultati-vo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y haya reconocido la competencia para conducir investigación prevista en su artículo 11.

4. También reconoce la ratifi cación por el Estado parte de otros instrumentos internacionales:

a. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, en 2014; y

b. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facul-tativo, en 2007.

* Aprobadas por el Comité en su 52° período de sesiones (28 de abril - 23 de mayo de 2014).


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5. El Comité celebra el proceso iniciado para incorporar el Derecho al Agua y el Derecho a la Ali-mentación, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas, en la Constitución. Asimismo, celebra la adopción de las siguientes leyes:

a. Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres (LEIV) (2012);

b. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer (LIE) (2011); y

c. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) (2009).

6. El Comité observa con aprecio que el Estado parte ha realizado importantes progresos desde el último diálogo interactivo con el Comité, en 2006, y observa también con reconocimiento su voluntad de hacer de los derechos humanos y de la inclusión social un elemento central de sus políticas. En particular, el Comité celebra:

a. La creación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA) (2013);

b. El establecimiento del Consejo Nacional contra la Trata de Personas (2012); y

c. La creación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas (PNIEMS), 2012-2017.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Derecho de libre determinación

7. El Comité celebra que la Asamblea Legislativa haya aprobado una reforma Constitucional para otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas en abril de 2012, aunque ésta aún no haya sido ratifi cada. Preocupa al Comité que se desconozca el número de personas indígenas existen-tes en el Estado parte y que los últimos Censos presenten cifras inexactas y basadas en preguntas inadecuadas. (arts. 1 y 2).

El Comité insta al Estado parte que siga reforzando sus iniciativas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por los pueblos indígenas. El Comité recomienda que el Parlamento culmine el proceso ratifi cando la reforma para el reconocimiento legal y político de los pueblos indígenas en la Constitución. Asimismo, insta al Estado a que rea-lice un censo actualizado sobre la población indígena.

Asignación de recursos públicos

8. El Comité nota con aprecio las reformas fi scales realizadas por el Estado parte, sin embargo le preocupa que la recaudación de impuestos en el Estado parte es aún baja, lo que repercute ne-gativamente en los ingresos nacionales y puede limitar los recursos destinados a los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2).


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El Comité alienta al Estado parte a seguir profundizando en el desarrollo de una política tributa-ria sufi ciente y socialmente justa que mejore la recaudación con miras a incrementar la disponi-bilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y cultu-rales. Asimismo, el Comité recomienda que la reforma fi scal y el plan de asignación de recursos se realicen de manera transparente y participativa.

Personas con discapacidad

9. El Comité lamenta que la multa por incumplimiento de la normativa que establece un cupo para la contratación de personas con discapacidad es baja y no garantiza su implementación. El Co-mité también expresa su preocupación ante las barreras culturales y prejuicios que obstaculizan el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral y lamenta la ausencia de forma-ción profesional dirigida a las personas con discapacidad.

El Comité recomienda al Estado parte a que formule una política pública que promueva la ca-pacitación, incluyendo la formación profesional y superior, y la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. También recomienda al Estado parte que asasegure el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad establecido por la ley y refuerce las medidas de monitoreo y certifi cación sobre el cumplimiento de ésta.

Igualdad entre hombres y mujeres en el derecho al trabajo

10. En que pese la adopción de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer en 2011, preocupa al Comité la persistencia de estereotipos que impiden que las mujeres disfruten, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, del derecho al traba-jo. Preocupa al Comité la menor representación de las mujeres en los cargos decisorios, tanto en el sector público como en el privado. (E/C.12/SLV/CO/2, para. 28) (arts. 3 y 6).

El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para combatir los estereotipos de género en la familia y en la sociedad. Asimismo, recomienda que el Estado parte promueva la igualdad de representación de hombres y mujeres en los cargos decisorios de los sectores público y privado, incluyendo con medidas especiales de carácter temporal. Asimismo, el Comité reco-mienda que se sensibilice a hombres y mujeres sobre el derecho a la igualdad de oportunidades en la carrera profesional.

Desempleo y mercado laboral informal

11. El Comité observa con preocupación las altas tasas de desempleo, así como el gran número de trabajadores ocupados en el sector informal de la economía, sin normativa laboral básica ni pro-tección social (arts. 2 y 6).

El Comité alienta al Estado parte a que intensifi que sus esfuerzos para aumentar oportunidades en el mercado laboral formal así como tomar las medidas necesarias para asegurar que los traba-jadores en la economía informal se benefi cien de los estándares básicos laborales y de protección social.


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Salario equitativo e igual por trabajo de igual valor

12. El Comité reitera que, pese a los esfuerzos desarrollados en la materia, la diferencia de remu-neración entre hombres y mujeres sigue siendo considerable, en contra del principio de salario igual por trabajo de igual valor que fi gura en el Pacto. (E/C.12/SLV/CO/2, para. 28) (arts. 3 y 7).

El Comité recomienda al Estado parte que garantice la igualdad en la remuneración entre hom-bres y mujeres por trabajo de igual valor, como se dispone en artículo 7 a) i) del Pacto. Asimis-mo, recomienda al Estado parte que promueva capacitaciones siga educando a hombres y muje-res sobre la igualdad de oportunidades de carrera para promover la continuación de sus estudios y la capacitación en sectores distintos de los tradicionalmente dominados por uno u otro sexo, y que tome medidas específi cas para promover a la mujer en el mercado de trabajo.

Remuneración justa y equitativa

13. El Comité reitera su preocupación sobre los salarios mínimos establecidos en el Estado parte, los cuales son insufi cientes para asegurar un nivel de vida digno (E/C.12/SLV/CO/2, para. 12 y 30). El Comité lamenta las disparidades existentes entre los salarios mínimos de las distintas ramas de la actividad económica, en particular en el sector agropecuario y de maquila textil, y lamenta que la revisión periódica de las tasas de salarios mínimos son, muchas veces, revisiones formales que no aseguran a todos los trabajadores y sus familias disfrutar de un nivel de vida digno. (arts. 6 y 7).

El Comité insta al Estado parte a garantice que el salario mínimo permite un nivel de vida dig-no. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que vele por que su revisión periódica cumpla lo establecido en el artículo 7 a) ii) del Pacto y en el artículo 32 2) de la Constitución.

Derecho de huelga

14. El Comité reitera su preocupación sobre las restricciones impuestas al ejercicio del derecho de huelga y sobre el hecho de que un gran número de huelgas son declaradas ilegales por los tri-bunales en el Estado parte. Asimismo, lamenta no haber recibido datos precisos y actualizados sobre el número de huelgas declaradas ilegales entre 2010 y 2014 y sus causas de ilegalización (art. 8).

El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para asegurar que to-dos los trabajadores puedan ejercer su derecho a la huelga, como establecido en el artículo 8 del Pacto. También pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, presente estadísticas detalladas y desglosadas sobre el número de huelgas que los tribunales del Estado parte han de-clarado ilegales y sus causas.

Seguridad social

15. En que pese la recomendación anterior del Comité (E/C.12/SLV/CO/2, para. 33) y lo establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno 2010-2014, el Comité nota con preocupación que el Estado parte aún no ha introducido un sistema universal de seguridad social. En particu-


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lar, el Comité lamenta que no se garantice la cobertura social a los trabajadores agrícolas y a los empleados domésticos. (art. 9)

El Comité recomienda al Estado parte que realice una evaluación de su sistema de seguridad social con miras a establecer los mecanismos necesarios para garantizar una amplia cobertura social que asegure las prestaciones adecuadas, a todos los trabajadores, incluyendo los trabajado-res agrícolas y los empleados domésticos, tomando en consideración la Observación general Nº 19 (2008) sobre el derecho a la seguridad social y la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social Nº 202 (2012)

Trabajo infantil y niños de la calle

16. El Comité reitera su preocupación por la persistencia del trabajo infantil en el Estado parte, en particular en el servicio doméstico (E/C.12/SLV/CO/2, para. 23 y 42). Asimismo, expresa su preocupación sobre los informes recibidos según los cuales una gran cantidad de niños y niñas estén expuestos a trabajos peligrosos. El Comité nota con preocupación que la situación de po-breza de las familias en zonas rurales y la limitación en el acceso a la educación secundaria au-mentan el riesgo de trabajo infantil. Así mismo el Comité muestra su preocupación sobre la falta de información sobre los niños de la calle (art. 10).

El Comité alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos mediante un plan urgente para com-batir el trabajo infantil y el fenómeno de los niños de la calle. Insta al Estado a llevar a cabo inspecciones de trabajo sistemáticas y políticas públicas que tiendan a disminuir la situación de vulnerabilidad de los niños en áreas rurales y urbanas y propiciar su pleno acceso a la educación secundaria. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico le proporcione información sobre el enjuiciamiento de los delitos relativos al trabajo infantil.

Violencia de género

17. El Comité observa con preocupación la problemática de la violencia de género y particularmen-te de la violencia doméstica, si bien toma nota de la estrategia para la prevención de violencia contra las mujeres implementada en el Estado parte. (art. 10).

El Comité insta al Estado parte a reducir los niveles de violencia de género, reforzando las medi-das para combatirla, entre otros medios, aplicando de manera efectiva las leyes existentes, persi-guiendo más severamente los delitos y realizando campañas de concienciación y educación de la opinión pública. .

Derecho a la vivienda

18. Pese a las medidas adoptadas por el Estado parte, el Comité nota con preocupación la insufi -ciencia del presupuesto asignado a la vivienda y el elevado défi cit de unidades de vivienda social existentes, particularmente en las zonas rurales. Asimismo, al Comité le preocupa los efectos ne-gativos que la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (2009) pueda tener al establecer un procedimiento expedito para desalojar a cualquier persona


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que no posea título de propiedad. Al Comité le inquieta también la insufi ciencia de servicios de agua y saneamiento, en particular en las regiones rurales (art. 11).

El Comité recomienda al Estado parte que destine sufi cientes recursos a la realización de progra-mas dirigidos a otorgar seguridad de la tenencia, incluyendo el acceso al crédito y subsidios pa-ra las familias de bajos ingresos y los miembros de los grupos más desfavorecidos, tomando en consideración la observación general n.º 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada (art. 11 del Pacto, párr. 1). Asimismo, recomienda que el Estado parte adopte una legislación sobre los desalojos forzosos que cumpla con los estándares y directrices internacionales, incluyendo las observación general n.º 7 sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos (art. 11 del Pacto, párr. 1) El Comité insta al Estado a proporcionar servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a todas las viviendas existentes. El Comité solicita al Estado parte que pro-porcione información sobre el número de personas sin hogar en el Estado parte, en su próximo informe periódico.

Pobreza

19. El Comité observa que, si bien el índice de pobreza nacional se redujo, el porcentaje de la pobla-ción que vive en la pobreza sigue siendo alto y la disparidad entre los niveles de pobreza en el área rural y urbana es todavía alarmante. El Comité reitera su preocupación sobre la gran des-igualdad en la distribución de riqueza en el Estado parte (E/C.12/SLV/CO/2, para. 17 y 35) (art. 11).

El Comité recomienda al Estado parte que en los programas de lucha contra la pobreza preste debida atención a las diferencias y brechas existentes en las zonas urbanas y rurales. El Comi-té recomienda al Estado que mantenga sus esfuerzos en el marco de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También le recomienda que intensifi que las medidas para luchar contra la pobreza y la extrema pobreza entre las comunidades indígenas y vigile los pro-gresos a ese respecto, entre otros medios compilando datos estadísticos desglosados.

Malnutrición y derecho a la alimentación

20. El Comité acoge con satisfacción la aprobación en 2012 de las reformas constitucionales para incluir el derecho a la alimentación y el acceso al agua, que deben aún ser ratifi cadas. El Comité observa con profunda preocupación que la desnutrición infantil persiste y alcanza una inacepta-ble tasa de 20 % (art. 11)

El Comité recomienda que el Parlamento culmine el proceso ratifi cando las reformas constitu-cionales para garantizar el derecho a la alimentación y el acceso al agua en la Constitución. Asi-mismo, insta al Estado parte que intensifi que su labor para prevenir y combatir la malnutrición infantil, especialmente la que afecta a los niños que viven en zonas rurales y remotas.

Derecho a la salud

21. El Comité reitera que el presupuesto destinado a la salud sigue siendo insufi ciente para cubrir adecuadamente a todos grupos de la población, en particular a los que se encuentran en situa-


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ción de vulnerabilidad (E/C.12/SLV/CO/2, para. 24). El Comité nota con interés el régimen Es-pecial de Salud y Maternidad para los trabajadores del servicio doméstico, establecido en 2010 (Decreto Ejecutivo N. 74), sin embargo lamenta que éste tenga un carácter voluntario y que no contemple otras personas empleadas en el sector informal. (art. 12).

El Comité recomienda que el Estado parte incremente el presupuesto asignado a la atención a la salud y tome las medidas necesarias para consolidar un sistema nacional de salud, accesible a todos, sin discriminación alguna, de acuerdo con el artículo 12 del Pacto y tomando en conside-ración la Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posi-ble de salud. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe presente información detallada y actualizada, incluyendo datos estadísticos desagregados e indicadores que permitan apreciar los avances logrados en esta área.

Aborto

22. El Comité reitera su preocupación sobre la persistencia de la total prohibición del aborto, que afecta particularmente a mujeres pobres y con un nivel menor de educación, sin consideración alguna a situaciones excepcionales, lo que ha generado graves casos de sufrimiento e injusticia (E/C.12/SLV/CO/2, para. 25 y 44). Al Comité le preocupa de sobremanera los casos de mujeres que han acudido al sistema de salud en situación de grave riesgo para su salud y han sido de-nunciadas por sospecha de haber cometido aborto. En ciertos casos les han sido impuestas san-ciones penales desproporcionadas sin que se cumpla el debido proceso . Asimismo, le preocupa el elevado número de abortos inseguros e ilegales, lo cual tiene graves consecuencias para la sa-lud y sigue siendo una de las principales causas de la mortalidad materna. (art. 12).

El Comité insta al Estado Parte a que revise su legislación respecto a la total prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad. El Comité insta al Estado que proporcione atención de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condi-ciones de riesgo en lugar de priorizar su persecución penal.

Salud sexual y reproductiva

23. Pese a los esfuerzos del Estado parte, preocupan al Comité la insufi ciencia y la inadecuación de los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para las jóvenes y las mujeres, lo que, a pesar de ciertas mejoras, sigue dando lugar a tasas de mortalidad materna elevadas y a altas tasas de embarazo en la adolescencia. (art. 12).

El Comité recomienda al Estado parte que redoble su labor para reducir la alta tasa de embara-zos de adolescentes y asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva especialmente en las zonas rurales. Asimismo, recomienda que Estado parte amplíe y refuerce la educación, integral y apropiada a cada edad, sobre salud sexual y reproductiva en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria para ambos sexos e implante pro-gramas de educación y concienciación de la opinión pública.


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Calidad de la educación y presupuesto

24. En que pese los aumentos presupuestarios destinados a la educación, el Comité nota con preocupación que éste sigue siendo insufi ciente. En particular, al Comité le preocupan las dife-rencias de nivel de calidad e infraestructuras entre las escuelas de las zonas urbanas y las rurales; la baja remuneración de los docentes; y la insufi ciente formación de éstos (arts. 13).

El Comité recomienda que el Estado parte asegure los recursos necesarios para garantizar la cali-dad e infraestructura adecuadas del sistema educativo en las zonas rurales y urbanas. Asimismo, recomienda que el Estado parte mejore las condiciones materiales y salariales del cuerpo docente y su capacitación.

Abandono escolar

25. En que pese los esfuerzos del Estado parte, al Comité le preocupa las elevadas tasas de abando-no escolar en la educación primaria, en particular entre las niñas de las zonas rurales. Asimis-mo, pese a los avances, el Comité nota con preocupación la alta tasa de analfabetismo, princi-palmente en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas, en particular entre las niñas y mujeres (arts. 13 y 14).

El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en el marco del plan de alfabe-tización y redoble sus esfuerzos en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas. Alienta al Estado parte a desarrollar programas específi cos para prevenir la deserción escolar y enfrentar las causas de la misma.

Educación bilingüe intercultural

26. El Comité observa con preocupación que las comunidades indígenas no siempre disfrutan del derecho a una educación impartida en lengua indígena. Asimismo, al Comité le preocupan las limitaciones en el acceso y permanencia en la educación secundaria y la educación superior par-ticularmente de los adolescentes y jóvenes indígenas (arts. 13 y 14).

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas efi caces para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la educación intercultural y en sus lenguas propias y que vele por que esa educación se adapte a las necesidades específi cas de esos pueblos. El Comité insta al Estado par-te a que adopte medidas urgentes para preservar las lenguas indígenas y fomentar su uso.

Derecho a la tierra y a los recursos naturales

27. Al Comité le preocupa que el Estado parte no cuente con un mecanismo legal para reconocer el derecho de los pueblos indígenas como tales a obtener títulos colectivos de propiedad sobre tierras. Asimismo, le preocupa que no se proceda de manera sistemática a la consulta efectiva y la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en los pro-cesos de toma de decisiones relativos a la explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios tradicionales. En particular, le preocupa al Comité que todavía no haya sido ratifi cado el Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (arts. 1, 2 y 15).


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El Comité recomienda al Estado parte que incorpore mecanismos para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales y sus recursos naturales. Asimismo, El Comité insta al Estado parte a que en el ámbito de las actividades de exploración y explotación minera e hidroeléctrica, realice consultas que incluyan la expresión libre del consentimiento de los pueblos afectados. Asimismo, recomienda al Estado parte a que agilice el proceso de adhe-sión al Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989 y alienta al Estado parte a que intensifi que sus esfuerzos en promover y aplicar los prin-cipios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Derecho a los benefi cios del progreso científi co

28. Al Comité le preocupa que los medios científi cos dedicados a descubrir las causas de la “enfer-medad renal crónica de causas desconocidas” (CKDu), que ha provocado más de 5.000 muer-tes en el Estado parte, particularmente entre los trabajadores agrícolas del sector de la caña de azúcar, hayan sido hasta el momento insufi cientes y no hayan dado aún resultados satisfactorios (art. 15, para. 1 b).

El Comité insta al Estado parte a que en cooperación con los países vecinos, los organismos in-ternacionales y la cooperación internacional intensifi que los recursos científi cos necesarios pa-ra la investigación independiente de esta enfermedad y sus causas y posteriormente aplique ese conocimiento para su prevención y cura, facilitando así el disfrute del progreso científi co a las personas afectadas.

D. Otras recomendaciones

29. El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones fi nales en todos los niveles de la sociedad, en particular entre los pueblos indígenas, los funcionarios pú-blicos, las autoridades judiciales, los legisladores, los abogados y las organizaciones de la socie-dad civil, e informe al Comité sobre las medidas que haya adoptado para aplicarlas en su próxi-mo informe periódico. También lo alienta a que recabe la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los debates que se celebren a nivel nacional antes de la presentación de su próximo informe periódico.

30. El Comité invita al Estado parte a que actualice su documento básico de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tra-tados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I).

31. El Comité pide al Estado parte que presente su sexto informe periódico de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), a más tardar el 30 de mayo de 2019.

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DESARROLLO HUMANO

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Informes de las organizaciones sociales y la PDDH al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los Informes Periódicos Tercero,

Cuarto y Quinto Combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

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Colectivo de Organizaciones Sociales responsablesde la elaboración del Informe Sombra presentado al Comité DESC:

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE)

Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU)Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM)

Foro del AguaAsociación Aspidh Arcoiris

Mesa de Género de MejicanosMesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL)

Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA)



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