colección el pez en la red

Tras la huella de la verdadEl caso Gloria Lara de Echeverri

Jaime Gómez

BOGOTÁ 2007

ISBN COLECCIÓN 958-9091-67-9ISBN DE LA OBRA 958-8239-22-2

© Herederos de Jaime Gómez Velasquez

©De la nota introductoria: Diana Marcela Gómez Correal

© Del Prólogo Roberto Burgos Cantor

© Fundación para la Investigación y la CulturaCali Bucaramanga BogotáE-Mail: fundafica1@gmail.comPágina web: www.nuestramericalibros.com

Edición: Diana Marcela Gómez Correal

Ilustracíón de la Portada: Atletas cósmicos. Salvador Dalí

DiagramaciónCarlos Garzón, Cincco

Impresión:Luar Comunica Ltda.

Hecho en ColombiaAbril de 2007

Destino anunciado

Roberto Burgos Cantor

Poco a poco las producciones de las ciencias sociales, en Colombia, hanlogrado acuñar entre reflexiones, conceptos, hipótesis y recuperaciones dehechos, unas claves para la comprensión de los conflictos de una sociedadcuyo lastre de problemas irresueltos y el vértigo de un acontecer sindirección ni brújula han tornado escurridiza su complejidad y envuelto enespejismos su posibilidad de verdad.

Un poderoso esfuerzo de revelación y rectificación ha acompañado lavoluntad de historiadores, intérpretes, analistas y estudiosos de la política posituar el pasado en un espacio de comprobaciones donde deje de pervertir lapresente y cese su deformación.

La reflexión y la palabra que en los debates pretéritos tuvieron el designiode flagelar y escarnecer. Ahora contruyen un mapa meditado y consupuestos que pueden ser discutidos y donde la realidad surge libre de lasfantasmagorías que la aprisionaron.

Así Tras la huella de la verdad, El caso Gloria Lara Echeverri de JaimeGómez Velásquez cumple un propósito doble. Por un lado constituye untestimonio del estado de subordinación y precario rigor de la justicianacional. Por el otro, y es la mayor virtud de este texto doloroso y valiente,logra con declaraciones oficiales, cifras y periódicos de la época, reconstruirun momento de agotamiento del modelo político conforme al cual sedesarrollaba la gobernabilidad del país y se avanzaba o se estancaba sudesarrollo económico y social. Esta circunstancia le permite al autor unademostración central en el libro: toda una conspiración de finalidad políticadesvía el recto proceder de la justicia y al envilecerla afecta la vida de unosciudadanos cuya inocencia es atropellada y su horizonte de futuro torcido sincausa.

A lo mejor sin proponérselo y a medida que el libro de Jaime Gómezdesenvuelve su traba con la precisa puntualidad de las fatalidades de latragedia, van apareciendo los elementos principales que condujeron al trastedel proyecto de búsqueda de paz negociada del gobierno de Batancur.

Tras la huella de la verdad, en medio de la documentada y novedosahipótesis del delito que se acerca al crimen de Estado, no en su ejecución,sino en la manera en que se aprovecha un secuestro y la consiguientemuerte de frustrar una política pública desde el interior mismo del aparatoestatal. Para hacerlo se implementa por una autoridad ilegítima, no ese

delito recreado por el cine italiano consistente en el fuero indestructible deintocable que cubre a ciertos sujetos de la sociedad llamados ciudadanossobre toda sospecha, si uno justamente su contrario: unos ciudadanos quecontra cualesquier evidencias son convertidos en ciudadanos bajo todasospecha. Y por tanto culpables desde siempre.

Ese implacable señalamiento apenas puede ser comprendido en elcontexto de análisis que el autor traza. Y en la tensión que surge entre unmundo de apariencia abstracto, ajeno a la cotidianidad de los hombres,mujeres y niños que van por la calle perseguidos por la necesidad ypersiguiendo la ilusión que se esfuma, y la humanidad concreta de losactores, allí, reside el secreto de lo conmovedor y terrible del texto deGómez Velásquez.

El escritor polaco Witold Gombrowicz postuló alguna vez el poderpurificador que tiene la realidad. A esa formidable empresa, vistuosa comopocas, de devolverle su estatuto de real a la realidad fue a la que contribuyócon Tras la huella de la verdad de Jaime Gómez. Es probable que ningúnmanifiesto religioso, político, filosófico y cívico, tenga más carga de pureza yfe en los ideales de la comunidad y convivencia que éste encerrado en eltítulo del libro: la verdad deja huellas, a pesar de los intereses torcidos y lamentira.

El lector sabrá que cuando Jaime Gómez Velásquez escribió este libro notuvo la mejor señal aciaga que le advirtiera que un día de desgracia élmismo sufriría en su muerte el oprobio de la impunidad y el sigilo de lainjusticia.

Roberto Burgos CantorBogotá D.C., 18 de Marzo de 2007

Preludio a mi padre

Diana Marcela Gómez Correal

Me levanté a las tres de la madrugada. No tenía sentido seguir dandovueltas en la cama tratando de conciliar el sueño. Anduve unos pocos pasoshasta llegar al computador. De manera compulsiva comencé a ver uno a unolos archivos electrónicos de mi padre. Me animaba el deseo por conocer aprofundidad dimensiones suyas que había dejado escapar, sin escudriñar,simplemente porque estaba vivo. Encontré en esa búsqueda su trabajo degrado y recordé todo lo que sobre él había escuchado. Abrí y vi ladedicatoria, me regocije. No tenía más que hacer, comencé a leer el texto.Me lo bebí tan rápido como el vaso de agua que fui a buscar para acompañarcada renglón y página de su escrito. Al final decidí que el mejor homenajeque le podíamos hacer a mi padre era publicar la tesis en forma de libro. Asíse lo propuse a mi hermano Sebastián, al tío Eduardo, a Lelys y a la abuela.

Mi padre, Jaime Gómez, escribió el texto que hoy ve la luz pública comoresultado de una investigación exhaustiva que relaciona la ocurrencia de unhecho con el momento histórico en el que sucedió. Una lecturacontextualizada y relacional del secuestro y posterior asesinato de GloriaLara de Echeverri, permite entender de manera más completa y explicativael suceso en cuestión. Al imbuirme en la tesis, cerca a menos de la mitad,decidí imprimir las páginas restantes para poder disfrutar de una lecturacuerpo a cuerpo. Allí, ya estaba enfrentada con una serie de preguntas yreflexiones que quiero poner a consideración sólo a manera de preludio.

En el capítulo “Los enemigos de la Paz”, fue inevitable que los hechosrelacionados, los actos judiciales, las expresiones del gobierno y la opiniónpública relativos al acontecimiento en cuestión, me remitieran una y otra veza la coyuntura actual del país y a la desaparición forzosa y posteriorasesinato de mi padre. El texto me suscitó reflexiones sobre la verdad, laescritura de la historia, el papel de las élites gobernantes, los gremios, laizquierda y las organizaciones sociales. Me remitió, así mismo, a preguntaspor la memoria, el olvido, la aplicación de justicia, la posibilidad de unasalida negociada al conflicto armado, la viabilidad de Colombia y lademocracia. Inquietudes que también preocupaban a mi padre.

Terminé el capítulo. Ratifique en ese momento mi posición política derechazo a la práctica del secuestro y de las desapariciones forzosas. Meconvencí una vez más de que en el país actos violentos que degradan al serhumano en tales dimensiones no contribuyen a la consolidación de un paísrealmente democrático y en paz. Sigue siendo mi anhelo que junto a laverdad se aplique justicia y ambas permitan, con la convicción política real

de todos los actores sociales que deben estar involucrados, el delineamientode un camino menos árido y más próspero para la construcción de unaColombia en paz que parta de llenar de contenido dicho anhelo.

Con gran expectativa leí las primeras líneas del capítulo “Una conspiracióncontra la Paz”. Lo primero que pensé fue que la publicación del texto nohubiese encontrado mejor momento que este. Nada más cercano a losprimeros años de la década de 1980 que la coyuntura actual. Vino a mi conla fuerza que contiene, la siguiente frase: “quien no conoce la historia estácondenado a repetirla”. Me pregunté en el clímax de esas páginas: ¿qué eslo que se escribe sobre lo acaecido? ¿Quiénes y cómo lo hacen y se difunde?¿Bajo que lente y con qué intereses? Algo similar me surgió sobre lamemoria: ¿qué se recuerda, qué se olvida y por qué? La construcción de unamemoria y una historia hegemónica, difundida por los sectores dominantesdel país ha dejado de lado versiones de esos hechos que son fundamentalespara la construcción histórica de la verdad, la identidad y los proyectospolíticos y sociales futuros.

Medité. Volver al pasado no tiene porque significar abrir heridas paramortificar a los distintos actores o condenarse a vivir en pretérito. Concluí, lare-escritura de la historia es fundamental para pensar el futuro desde elpasado mismo. Pese a que la historia como disciplina tiene un trayectosignificativo, debemos reconocer que la incidencia de la Academia en laconstrucción de la historia oficial, aquella que se difunde y apropia como LaHistoria del país es baja. Trágicamente han sido las versiones oficiales lasque han permitido a la gran mayoría de las y los colombianos hacer unalectura de nuestra realidad. Sabiendo de la importancia de la historia y suconocimiento en la construcción del presente y el futuro, así como de opiniónpública y alternativas políticas, no deja de ser preocupante que una ópticatan parcializada sobre la realidad sea la que tenga preponderancia.

Hemos aprendido desde nuestro oficio como historiadores, yo también losoy, que la escritura de la historia es una cuestión política quizás más quecualquier otra. En la escritura, difusión y apropiación de versiones históricasse juega una batalla por la hegemonía y en consecuencia por el poder quetambién cruza la memoria y la verdad. Lo que se recuerda en Colombia tieneque ver de manera directa con cuál información se difunde en los medios decomunicación, qué se enseña en la escuela, qué se discute en la casa, eltrabajo y en otros espacios. Indudablemente la escritura de la historia y laconstrucción de la o las memorias están ligadas con el régimen de verdadque se pone a circular y en ese sentido es importante tener claro que hansido verdades en extremo politizadas las que han circulado en el país.

Nuestra historia no se puede seguir recreando sólo desde una versión,desde un ángulo. Es cierto, Gloria Lara fue secuestrada y asesinada, perotambién lo es que existen versiones sobre lo acaecido. Mientras la versiónoficial habla de una veintena de culpables que hoy están en el exilio sin estar

condenados como procedería en consecuencia a la verdad de sus autores;otras versiones -las no oficiales, las que más cuesta difundir-, plantean otrosresponsables, formas de utilización política del hecho, análisis exhaustivosde la situación y la rotunda inocencia de quienes fueron culpados. En talversión oficial, hegemónica, se denuncian los secuestros pero no se difundenlas ciento de desapariciones forzosas que comenzaron a realizar desdefinales de los años setenta organismos de inteligencia del Estado. Si bien sedenuncia el secuestro de Gloria Lara no se hace lo propio con la desapariciónen el mismo proceso de Patricia Rivera, sus dos pequeñas hijas y el ancianoMarco Antonio Crespo.

A este punto termine de leer toda la tesis. Tenia una decena de frasessubrayadas y todas estaban conectadas con la verdad. En relación a otrasversiones de la historia conecté una reflexión. La mente quedo un momentoen blanco, luego pensé: “a Colombia conocer y tramitar la verdad le va acostar mucho más de lo que quiere y está dispuesta a pagar”. A nosotros, lasy los colombianos de carne y hueso también nos costara bastante, por locual es importante comenzar con un análisis sobre qué implicaciones tienedecirla y para qué lo hacemos. En ese instante considere que no se trata deun debate meramente moralista o cristiano de decir la verdad -mea culpa-por decirla, o un asunto de ajuste de cuentas o chantaje político. La verdadtiene muchas más dimensiones sí queremos que contribuya a construir unmejor futuro pues implica la aceptación de las mentiras dichas, asumir elcosto político de los actos realizados, el conocimiento de dimensiones aún noreconocidas por las y los ciudadanos de la realidad del país, y la construcciónde posturas políticas serias y claras.

Inundados de discursos mesiánicos, de polarizaciones extremas y undeseo poco crítico de construcción de la paz, no se ha asumidoresponsabilidad individual, colectiva y política para hacer un balance de losprocesos y de nuestra historia. Aquí su escritura y sus usos públicos sonrelevantes. El compromiso del historiador tiene que ver con la ligazón yresponsabilidad que le corresponde con un conjunto social que va más alláde los lectores habituales. Sobre mentiras podemos seguir orientando el paíshacia el caos destructor, y esto pasa de dimensiones históricas lejanas a larealidad concreta. No deja de ser extraño que en pleno proceso denegociación de los Acuerdos Humanitarios para liberar personassecuestradas por las FARC, ocurra un atentado en la Escuela Superior Militaren el contexto de denuncia de atentados que se han revelado como falsospositivos realizados por las fuerzas armadas del país, las mismas quedeberían garantizar la seguridad. Precisamente son esos mismos actores losque en 1982 construyeron una verdad, una versión de los hechos parainculpar a dirigentes de la izquierda legal del secuestro de Gloria Lara en unmomento en el cual los acercamientos para la negociación de la pazparecían el camino apropiado.

Aquí ya se me ha subido un poco la sangre a la cabeza. No deja de ser ya

vergonzante la actitud de las Fuerzas Armadas del país en momentos en quepuntos de encuentro para la negociación del conflicto armado aparecen. Nosobra recordar la posición de rechazo que mostraron muchas de las figurasrelevantes de las Fuerzas Armadas del país en el proceso de paz entre lasFARC-EP y el Gobierno de Andrés Pastrana. Bajo este lente es lastimoso vercómo se privilegia la vía armada y la derrota militar a la concertación. Sinembargo, más allá de esta posición evidente de guerreros patriarcales; cabeanotar que es claro que allí cuentan otros intereses que se defienden trasesas posiciones. El papel de un sector importante de los gremios económicosy las élites gobernantes en los procesos de negociación del conflicto armadodeja ver que los intereses que se anteponen al momento de hablar de pazson sobre todo de orden económico, privilegios políticos, sociales yculturales que no están dispuestos a ceder pese al futuro incierto del restode las y los colombianos.

Reposo, pero no puedo dejar de hilar las coincidencias entre ese momentohistórico y el actual en lo relativo al tratamiento del conflicto, la construcciónde la paz y la negociación del conflicto armado interno. Bajo un lentehistórico es necesario que el país conozca el papel de dichos sectores y queestos además asuman el costo total que ha tenido para el conjunto del paíssu posición reacia a la paz, la violación de derechos humanos, su actitud desabotaje y la infranqueable postura que privilegia la acción militar al diálogoy la concertación. Sino es clara para Colombia la parcialidad de las FuerzasArmadas y de otros actores pertenecientes a las élites, no será posibleconstruir alternativas reales a la negociación y a la construcción de la paz. Esnecesario poner en evidencia tales posiciones. En consecuencia estasreflexiones y circulación de nuevas verdades permitirán hacer análisisrelativos a otros aspectos fundamentales para el país como son la justicia yla democracia. En Colombia debe haber un balance de lo que ha implicadoasumir la justicia por cuenta propia y la existencia de privilegios paraalgunos actores en su aplicación.

El país merece que las Fuerzas Armadas reconozcan que en su políticacontrainsurgente han incurrido en varios delitos: desapariciones forzosas depersonas, asesinatos, vulneraciones de derechos humanos y que ademáshan contado con una jurisdicción especial, como la aplicación de la JusticiaPenal Militar, que ha permitido que los pocos casos que comienzan a serjuzgados por estos desmanes, terminen en la impunidad. Me preocupa sobremanera como nos estamos condenando a la pérdida de todo sentido éticodel valor de la vida y la integridad humana. En esa lógica perdimos a nuestropadre. En una sociedad democrática no podemos permitir que unos crímenesy prácticas de terror sean menos castigados o repudiados que otrosdependiendo de sus autores.

Sí en Colombia no se aplica en el momento actual la justicia, en unamedida justa, el futuro será bastante gris pues no tendremos como condenarlas prácticas violatorias de los derechos humanos. Para ello la justicia deberá

ser entendida no sólo como la sanción para quienes han delinquido, sinotambién como el proceso que permite resarcir a quienes han sidomancillados sin razón alguna y a quienes han vivido en carne propia el pesobruto de la guerra y el conflicto armado.

En este último sentido la publicación de este libro busca exigir laaplicación de la justicia y la reparación para aquellos que han sido culpadossin serlo y a quienes son víctimas sobrevivientes de este proceso. Quierecontribuir a asumir públicamente un debate sobre un hecho concreto de lahistoria reciente de Colombia y suscitar reflexiones sobre la encrucijadaactual del país. Busca generar procesos que pongan a circular versiones dela historia que incluyan en los regimenes de verdad otras versiones que hansido eliminadas o puestas en lo marginal por el poder hegemónico. En esaruta la publicación se sitúa en el campo de disputa política y cultural actual,no está al margen de los debates coyunturales ni de la batalla por el poder.Desea generar reflexiones para asumir responsabilidades, pues el país en suconjunto debe comenzar a pensar qué parte le corresponde en la actualcrisis.

La construcción hegemónica de la historia desde quienes han ostentado elpoder ha estado escrita desde demasiadas mentiras para que podamossoportar más en el momento actual. De allí que la reflexión sobre la verdadsea fundamental en este momento, máxime cuando no se trata de cualquierverdad ya que queremos verdades históricas, contextualizadas y claras quepermitan conocer los vínculos de todos los actores sociales con laprolongación de una guerra de décadas que al pasar del tiempo se degradaen dimensiones inaceptables. La construcción de una historia, de un tipo deverdades, de una memoria y la difusión de una política del olvido específicadebe ser develada, cuestionada, puesta en jaque. La historia debe serre-escrita con miradas más críticas y plurales.

Siempre habrá puntos de vista diversos cruzados por opciones yposiciones políticas concretas. Es sin duda el diálogo y la concertación losque permitirán construir puntos medios y alternativas que beneficien al paísen su conjunto. Creo que no se trata de sustituir la hegemonía de un grupo oactor dominante por la de otro. Una nueva tendrá que ser construida entre lamás amplia mayoría. ¿Cómo? Supongo - recordando una charla con mi padre- que ahí está el reto, esa es la encrucijada política y la conexión con laconstrucción de una democracia radicalizada para que Colombia sea viable.La democracia, construida en un sentido más amplio del que tenemos,incluirá el entendimiento y la tramitación de las diferencias políticas y detodo orden desde la co-existencia misma de los distintos actores.

He leído una y otra vez la tesis de mi padre. En esas idas y venidas le hehecho unas pocas correcciones de estilo y he añadido unas notas y anexosque sólo buscan actualizar información sobre el caso. Lo demás quedóintacto, como se mantuvo el deseo de hacer un homenaje desde mi mayor

admiración a un hombre que se la jugó y soñó mundos posibles, quiencombinó un alto compromiso político y social desde ambas arenas con lareflexión académica e intelectual. Homenaje y recreación de memoriaporque en el texto se plasma su visión, desde la cual buscó ligar el papel,compromiso y tarea como historiador, con su convicción y responsabilidadpolítica.

Sigo aprendiendo de él. Por eso no puedo dejar de decir que la miradacontextual y relacional empleada en su escrito es la que resultasupremamente necesaria en el propio caso investigativo sobre su muerte.Evidencias y pruebas aportadas al proceso nos permiten seguir sosteniendoque el asesinato de mi padre fue un homicidio político con premeditación,acechanza y alevosía. Esta publicación, debo decirlo, es al mismo tiempo unencadenamiento entre su convicción política y la mía, un punto de encuentroque no pretender eliminar las diferencias. Padre, de muchas formas hasescrito historia.

Tras la huella de la verdad

Introducción

En el tránsito hacia los años ochenta, el Régimen de Gobierno Compartidoen Colombia fue cuestionado por una aguda crisis política que puso enentredicho la estabilidad institucional del Frente Nacional, pactado en 1958por los Partidos Liberal y Conservador.

En el contexto de un capitalismo dependiente, la industrialización y laacelerada urbanización actuaron como agentes de una modernizacióneconómico-social cuyos efectos minaron la credibilidad de la sociedad en lacoalición bipartidista. La injusta distribución de la riqueza nacional y lapérdida por parte del Estado del control y la mediación de gran parte de lasexpresiones de poder existentes en la sociedad evidenciaron las dificultadesde los sectores dominantes en la reproducción del bloque hegemónico en elpoder. El narcotráfico, la insurgencia armada y la protesta popular actuaroncomo los principales catalizadores que cuestionaron el Estado de Derecho.

Entre los años de 1978 y 1982 las élites en el poder bajo el mandato deJulio César Turbay Ayala optó por un modelo represivo para conjurar la crisispolítica. Para tal efecto, el gobierno expidió en 1978 el Estatuto de Seguridaden virtud del cual se reforzó la autonomía del Ejército en el manejo del ordenpúblico, dando lugar a la acción represiva con su concomitante violación delos derechos humanos. Política que se tradujo tanto en el fortalecimiento delas Fuerzas Armadas como en la militarización de la sociedad civil.

Con el ascenso al poder de Belisario Betancur en agosto de 1982, las élitesproclives a una solución reformista de la crisis, optó por una política deDiálogo Nacional que contemplaba la búsqueda de una paz negociada con laguerrilla y una apertura democrática del sistema.

Las decisiones tomadas para implementar el nuevo modelo, tales como ellevantamiento del Estado de Sitio, la derogatoria del Estatuto de Seguridad,la suspensión de la Justicia Penal Militar para juzgar a los civiles, la amnistíaa la guerrilla y el inicio de las primeras investigaciones acerca de quiéneseran los verdaderos gestores del movimiento Muerte A Secuestradores, MAS,menoscabaron el poder militar y produjeron una gran insatisfacción en lacúpula de las Fuerzas Armadas. De una posición determinante en el gobiernode Turbay, los militares asistieron al debilitamiento de su poder bajo elnuevo gobierno y asumieron el papel de contradictores.

En tal coyuntura política fue secuestrada en Bogotá la señora Gloria Larade Echeverri el 23 de junio de 1982 y posteriormente asesinada el 28 denoviembre del mismo año. Delito que fue reivindicado por una OrganizaciónRevolucionaria Popular y que mereció el repudio unánime de la sociedad.1

1 Nota de la editora: En entrevista a la revista Semana Nr. 31 (del 7-13 de diciembre de

Un mes después de cometido el asesinato, el 28 de diciembre, elComandante de la Brigada de Institutos Militares de Bogotá, BIM, FranciscoHernando Díaz Sanmiguel, sindicó a una veintena de personas, como losautores intelectuales y materiales del plagio y asesinato de Gloria Lara deEcheverri.2

La celeridad de la investigación adelantada por la Justicia Penal Militar, elseñalamiento de los supuestos autores del delito por un denunciantesecreto, la anormal detención de los acusados, las indagatorias en laBrigada, la ausencia de abogados defensores, las torturas denunciadas, lacondena pública previa y la violación de la reserva del sumario, el secuestroy desaparición de cuatro personas, dieron lugar al cuestionamiento de laconducta de las autoridades militares y civiles que conocieron del caso, altiempo que motivaron un debate público que trascendió los estradosjudiciales.

Más allá del delito, habitual en el accionar de la delincuencia común ypolítica, el acontecimiento tuvo lugar justo en el momento de recambio en elmodelo de gobierno. Razón por la cual el Caso Gloria Lara de Echeverri esasumido en la presente investigación como objeto de estudio en cuantoinduce a establecer los posibles nexos de causalidad entre el hecho en sí y lacoyuntura política que lo contiene.

En efecto, el Caso Gloria Lara de Echeverri terminó por expresar, entrenoviembre de 1983 y mayo de 1984, parte de las contradicciones en torno alreconocimiento político otorgado a la guerrilla, la amnistía y lasinvestigaciones sobre el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, MAS.

Esta investigación atina a comprobar que las auto-inculpaciones de laspersonas sindicadas por la Brigada del plagio y crimen de Gloria Lara deEcheverri, fueron arrancadas bajo la tortura con el propósito de deslegitimarel proceso de paz. De tal suerte, se involucraron sectores de la sociedad civilajenos al conflicto armado.

1982), el representante a la Cámara por el sector galanista, Miguel Gamboa, aclaró que laOrganización Revolucionaria Popular había sido fundada en 1972 pero había dejado deexistir en 1978 cuando se transformó en una coalición electoral llamada MovimientoNacional Democrático Popular, MNDP, que hizo alianza con el Movimiento ObreroIndependiente y Revolucionario, MOIR, y apoyó la candidatura de Jaime PiedrahitaCardona. “El uso que los criminales han hecho de la sigla ORP, o bien responde a lacasualidad o bien a la intención de proporcionarse una coartada que les permita ganartiempo”, manifestó Gamboa en dicha entrevista.

2 Nota de la editora: Varias de las personas sindicadas se hallaban detenidas desdehacía varios días en las caballerizas de la brigada militar. Ese mismo día el Comandante leentregó a los noticieros de televisión un video donde los sindicados que se hallaban en supoder, se autoinculpaban del delito. Tan pronto como los detenidos fueron sacados de lasinstalaciones militares denunciaron que, bajo torturas y vejámenes, habían sido obligados aautoinculparse de un crimen del cual nada tenían que ver.

La información suministrada por la prensa, en particular la reseñada por elperiódico El Tiempo, fue la principal fuente de consulta para la realización dela presente investigación. De igual manera se emplearon otros documentosatinentes al Caso Gloria Lara de Echeverry. Por otra parte se revisóbibliografía pertinente al análisis del Frente Nacional para advertir las causasque determinaron tanto la crisis de legitimidad del Régimen de GobiernoCompartido, como los dos modelos –represivo y reformista- puestos en cursopor los presidentes Julio César Turbay y Belisario Betancur para recomponerla estabilidad perdida.

El escrito parte de una visión general que reseña de manera sintética losagentes y las transformaciones que signaron el proceso de modernización enel decurso del Frente Nacional, para luego describir las manifestaciones másdestacadas que incubaron el cuestionamiento del Estado de Derecho. Másadelante se aborda el período de transición entre los gobiernos de Turbay yBelisario para reseñar los hechos significativos que rodearon el secuestro,cautiverio y posterior homicidio de Gloria Lara de Echeverri, así como lapolémica pública que suscitó el caso.

En el aparte siguiente se dimensiona el pulso de poderes entre losmilitares, los gremios y la autoridad civil en torno a la amnistía, lasinvestigaciones sobre el MAS y la reforma política. Por último se retoma lahipótesis propuesta al recapitular analíticamente los elementos relevantesde la investigación para advertir los nexos entre el acontecimiento en sí, y lacoyuntura política que lo contiene y define como un hecho histórico.

Al asumir el Caso Gloria Lara de Echeverry como objeto de estudio, sepretende no sólo comprender las condiciones, agentes y motivaciones que leconfieren al hecho una connotación histórica, sino que también estápresente el compromiso por dilucidar el pasado reciente que permitadelimitar las líneas de fuerza y contradicciones sobre las cuales discurre laviolencia, para que los sujetos históricos incidan en los factores que impidenla construcción de una paz estable en Colombia.

El desgaste del Frente Nacional

En 1958 los partidos liberal y conservador reconstituyeron el bloquepolítico hegemónico en el poder mediante el pacto de coalición del FrenteNacional que puso fin en Colombia a la violencia bipartidista, retornó lasFuerzas Armadas a los cuarteles y restauró la democracia representativa. Enel contexto de un capitalismo dependiente se adoptó una orientacióneconómica tendiente a industrializar el país, sustituir las importaciones yfomentar las exportaciones.

El pacto de coalición y paz nacional definió la sucesión de cuatro períodosde gobierno compartido hasta 1974, distribución equitativa de ministerios yburocracia en las ramas del poder público; candidato presidencial elegidopor acuerdo y distribución igualitaria de las curules parlamentarias. Así, sesucedieron de manera alternada hasta 1974 los gobiernos de Alberto Lleras,Guillermo León Valencia, Carlos Lleras y Misael Pastrana. Coalición que fueampliada hasta 1986 mediante el artículo 120 de la Constitución Política quecontemplaba la participación ministerial del partido mayoritario derrotado enlas elecciones presidenciales. En tal sentido les sucedieron los gobiernos deAlfonso López, Julio César Turbay y Belisario Betancur.

Pero como lo señala Gabriel Silva Luján, el pacto suscrito era superficial,«En el fondo se escondían las semillas de importantes movimientos socialesy políticos que vendrían con los meses y los años a convertirse en poderososenemigos de la estabilidad del régimen de gobierno compartido”.3 En efecto,los procesos de modernización económica y social, que despegaron coninusitado aceleramiento a partir de la segunda mitad de siglo, significaroncambios sustanciales en la sociedad colombiana que terminaron porcuestionar la legitimidad del régimen de gobierno compartido al término delos años setenta. Los factores más importantes de esa transformación fueronla migración, la industrialización y la violencia. Nunca antes las estructurassociales en Colombia habían cambiado tanto en tan corto tiempo. Estamutación la determinó el transito hacia una sociedad urbana cuya poblacióncitadina pasó del 40% en 1951 al 69.5% en 1985.4

Los agentes del cambio

El pacto del Frente Nacional se configuró como un monopolio excluyentede otras opciones políticas, paradójicamente, cuando “(...) en el país se

3 Silva Lujan Gabriel, “El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar”, enNueva Historia de Colombia, Tomo ll, Editorial Planeta, Bogotá: 1989, p. 210.

4 Rueda Plata, José Olinto, “Historia de la Población de Colombia: 1880-2000”, en NuevaHistoria de 1989, p. 365.

empezaba a recibir una serie de influencias modernizadoras, provenientesde la vida internacional y, en el plano interno, se comenzaba a configurarotras opciones de desarrollo cultural diferentes de las propuestas desde lacultura oficial”.5

La revolución cubana y china, los ecos de la disputa chino-soviética; lateología de la liberación, el movimiento mundial por la paz, así como la luchapor los derechos civiles en Estados Unidos, redimensionaron en el continenteamericano la movilización social. En el combate a las diversas formas queadoptaron la inconformidad social y la violencia, las Fuerzas Armadascolombianas redefinieron su concepción en torno a la Seguridad Nacional enel contexto del conflicto este-oeste.

Los medios de comunicación cumplían con el papel de interconectar lasociedad planetaria y no habría en lo sucesivo hecho importante que noinfluyera en las sociedades de masas. Colombia había ingresado a estecircuito para acelerar su proceso definitivo de integración al mundocapitalista occidental. “Se esfumó la hegemonía de la cultura letrada yelitista, laica o religiosa (…). Al tiempo que amplios segmentos de lapoblación empezaban el aprendizaje de los modos de vida urbana (...)”.6

La caída de las tasas de natalidad y mortalidad, la alfabetización, laconsolidación de un mercado interno con redes financieras y administrativas,de transporte y telecomunicaciones; el suministro más amplio de bienes deconsumo colectivo y el aumento del número de viviendas, mejoraronciertamente las condiciones de vida de los colombianos”.7

En las grandes ciudades, ruralizadas por el flujo masivo de inmigrantes enun contexto creciente de monopolización de los medios de comunicación,emergió una nueva cultura de masas que colonizó el resto del país. Lasclases medias profesionales urbanas, producto del sistema escolar y de lainiciativa personal, debieron compartir la movilidad social con los medianos ypequeños industriales de la ciudad y del campo. De manera paralela alcrecimiento del proletariado y de los trabajadores de los servicios, creció laburocracia estatal y el sector de la economía informal, con una vinculaciónsin precedentes de la mujer al mundo del trabajo.

5 López De La Roche Fabio, Izquierdas y Cultura Política. Cinep, Bogotá: 1994, p. 36.

6 Palacios Marco, Entre la Legitimidad y la Violencia. Editorial Norma, Bogotá: 1995, p.321.

7 Hernando Gómez Buendía y Guillermo Perry señalan que la tasa de analfabetismodisminuyó del 27 % al 20 % entre 1964 y 1973. La escolaridad primaria ascendió de 57 % en1964 a 82 % en 1980, la secundaria del 14 % al 39 % y la universitaria del 2 % al 8 %.Miguel Urrutia reseña que entre 1951 y 1973 las viviendas que tenían acceso al acueducto yla energía pasaron del 28.8 % y el 25. 8 % al 62. 7 % y al 57. 6 % respectivamente. Datossuministrados por Múnera Ruiz, Leopoldo, Rupturas y Continuidades. IEPRI, CEREC, Bogotá:1998, p, 229.

En los años 70 y 80, tanto los hijos de las clases medias como de losinmigrantes de segunda generación afirmaron una personalidad urbana cuyoprogreso se fincaba en el esfuerzo individual; desinhibida y menosimpregnada de ideología que expresó su inconformidad en la abstenciónelectoral, en los movimientos de opinión y de la contracultura o en lamilitancia política de izquierda. La inseguridad, el ascenso social rápido, loscambios en los patrones de gusto y moda así como la afición a las nuevasculturas musicales y al gran espectáculo modificaron definitivamente lospatrones de conducta social.

Las transformaciones

El modelo económico de sustitución de importaciones adoptado, noobstante permitir el acceso de los sectores medios al consumo masivo,facilitó la concentración del ingreso en detrimento del bienestar de lasmayorías nacionales.8 Caracterizado por las bajas tasas de inversión yahorro, la fuga de capitales y los índices mínimos de fiscalidad, el modelohizo más ostensibles las desigualdades económicas y sociales tanto entre lourbano y lo rural como entre las regiones periféricas y los centros que sedesarrollaban por el ímpetu de las inversiones.

Con el Frente Nacional la representación política se desarrolló bajo unademocracia restringida que lejos de incorporar la participación del conjuntode la sociedad la excluyó o reprimió su disidencia. El sistema electoral afincósu reproducción cooptando amplios sectores populares mediante redes depatronazgo y de clientela que privatizaron el Estado en favor de las faccionespartidarias en el poder, propiciando la corrupción, la apatía política y eldescontento popular.

Las dos fuerzas de oposición más significativas fueron desarticuladasrápidamente por el monopolio bipartidista. El dirigente del MovimientoRevolucionario Liberal, MRL, Alfonso López, creó una disidencia liberal en1960 que al cabo de siete años de oposición regresó a las toldas oficiales. Eldiscutido triunfo electoral del candidato oficial Misael Pastrana sobre laAlianza Nacional Popular en abril de 1970, aumentó la desconfianzaciudadana respecto de la pureza del sistema electoral.

En la medida en que el monopolio bipartidista negaba la representatividadde los intereses sociales en conflicto, los antagonismos fueron quedando aldescubierto. En 1964 surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias deColombia -FARC-, de la confluencia del movimiento agrario de orientacióncomunista y núcleos sobrevivientes de la violencia del Frente Nacional, comorespuesta organizada del campesinado al combate del Ejército a las

8 Población en Colombia se encontraba en condiciones de pobreza. Estadísticas citadaspor Múnera Ruiz Leopoldo, pp. 224-235.

llamadas “repúblicas independientes”. Acontecimiento que marcaría en losucesivo la colonización armada de vastas regiones selváticas del sur delpaís.

A mediados de la década del sesenta también irrumpieron organizacionescomo el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Ejército de LiberaciónNacional, ELN, inspiradas en el éxito maoísta y de la Sierra Maestra. Hacia1974 hizo su aparición el Movimiento 19 de Abril, M-19, como unaorganización político-militar de carácter urbano, surgida de la AlianzaNacional Popular, ANAPO, y de ex militantes de las Fuerzas ArmadasRevolucionarias de Colombia, FARC. En esos años la insurgencia estabaconstituida básicamente por movimientos armados rurales de autodefensacon poca incidencia política nacional.

A partir de 1970, pero con mayor fuerza en su segunda mitad, lasprotestas de los trabajadores y del movimiento estudiantil, lasrecuperaciones de tierra y los paros cívicos se constituyeron enmanifestaciones recurrentes de las clases subalternas que pugnaron portraducir en políticas legales sus aspiraciones e intereses de clase expresandosu inconformidad en el limite de la legalidad, cuando no al margen de ella.Movilizaciones que orientadas o acompañadas por decenas deorganizaciones de izquierda incidieron en la dirección de la AsociaciónNacional de Usuarios Campesinos, ANUC,9 la recomposición del movimientosindical y popular cuya acción tuvo su punto más álgido en el paro cívico de1977.

En el tránsito hacia los años ochenta la delincuencia, la insurgencia y larepresión oficial incrementaron la violencia que a su vez era extendida porlas incipientes mafias del narcotráfico. Período para el cual la crisis delegitimidad del régimen se hizo evidente.

En el decurso del Frente Nacional, las Fuerzas Armadas culminaron suprofesionalización y modernización. Su experiencia en el combate contra laviolencia supérstite de los años cincuenta, y de la confrontación a los nuevosmovimientos insurgentes nacidos en la década de los años 60 contribuyó alfortalecimiento de la autonomía del Ejército en el control del orden público.Su inmersión en la guerra anti-subversiva no sólo le dio sentido a la acciónmilitar y reforzó su identidad corporativa sino que “(…) les permitió llenar elvació ideológico que significaba quedar huérfanos de la adscripción a uno u

9 La ANUC se constituyó en el Primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos deColombia efectuado en Bogotá entre el 7 y 9 de julio de 1971. Surgió como una organizacióngremial promovida por el gobierno de Carlos LLeras Restrepo a fin de hacer más expedito elproyecto liberal de reforma agraria, que contaba con una fuerte resistencia de latifundistasy ganaderos. A partir de febrero de 1971 la ANUC inició una ola de recuperaciones de tierraque la alejó de la tutela del gobierno y la acercó a sectores políticos de izquierda. En julio de1972 se protocolizó la división de la ANUC entre la pro gobiernista Línea Armenia y la LíneaSincelejo, esta última ampliamente mayoritaria y de orientación izquierdista. Ver, MúneraRuiz, Leopoldo, Rupturas y Continuidades, op. cit., pp. 239-266.

otro partido (...)”.10 Condiciones que, aunadas al desgaste del Régimen,facilitaron la definición de la versión colombiana de la Doctrina de SeguridadNacional.11

En el tránsito hacia los años 80 el desencanto social era manifiesto. Sehizo evidente que el pacto alcanzado en 1958 por el liderazgo bipartidista,las élites empresariales y la jerarquía católica, no había logrado lalegitimidad buscada.

Las fuerzas sociales surgidas en el curso de la segunda mitad del siglohabían modificado las relaciones de poder preexistentes para tornarlasheterogéneas y conflictivas. “Entre 1978 y 1982, las actividades militaresrepresentaron un esfuerzo para poner en marcha la mecánica concepción dela sociedad hecha por la Doctrina de Seguridad Nacional”,12 justo cuandoamplios sectores dominantes temían por la estabilidad del Estado deDerecho demo-liberal.

10 Leal Buitrago, Francisco, El Oficio de la Guerra. La Seguridad Nacional en Colombia, TMEditores, Bogotá: 1994, p. 46.

11 Al término de la Segunda Guerra, los Estados Unidos promulgaron en 1947 el Acta deSeguridad Nacional como el instrumento para movilizar y racionalizar la economía nacionalen el contexto de la Guerra Fría, para dar lugar a la concepción del Estado de Seguridad. Enel mismo año los países americanos suscribieron el Tratado Interamericano de AsistenciaReciproca con el fin de conformar un bloque bélico orientado a preservar el statu quovigente bajo la dirección estratégica de los Estados Unidos. Política que conjugada con laexperiencia contrainsurgente de los franceses en Argelia e indochina, llevó a los militaresbrasileros a formular la Doctrina de Seguridad Nacional. Doctrina implementadaprincipalmente por las dictaduras militares de Brasil y Argentina en los años 60 y 70. EnColombia, la doctrina en mención tuvo su expresión mas acabada en las disposicionesconsignadas en el Estatuto de Seguridad expedido bajo el gobierno de Julio César Turbay en1978. Ver : Leal Buitrago, Francisco, El Oficio De La Guerra, op. cit., pp. 11-60.

12 Idem, p. 54.

La crisis de los años ochenta

Al término del Frente Nacional, se sucedieron las administracionesliberales de Alfonso López (1974-1978) y Julio César Turbay (1978-1982) queprorrogaron los principios fundamentales sobre los que se había creado elrégimen de coalición. Gobiernos bajo cuya gestión floreció la crisis degobernabilidad incubada en el transcurso de las décadas anteriores. Elcatalizador de ésta sería el narcotráfico y como coadyuvantes la movilizaciónpopular y la insurgencia armada.

En la polémica que tuvo lugar en la sociedad colombiana sobre lalegitimidad del régimen, los analistas vislumbraban como factores centrales:el decrecimiento económico y las demandas populares insatisfechas, lacorrupción política, la inseguridad; pero sobre todo, el recrudecimiento de lasmúltiples violencias que expresaban análogos conflictos sociales y políticosque el estado colombiano era incapaz de resolver.

La recesión económica

En las postrimerías del gobierno de Julio César Turbay, el país habíaentrado en la peor recesión desde los años treinta. A la liberación deimportaciones adoptada desde el gobierno de Alfonso López, se sumarían elfin de la bonanza cafetera y la recesión internacional que, asociadas,marcaron el inicio de un período de estancamiento y deterioro cambiario queazotó la economía colombiana a partir de 1979.

Para 1982 el déficit comercial externo se había multiplicado por siete endos años, y las exportaciones habían caído en más de una cuarta parte entre1980 y 198313. Turbay se endeudó en el exterior para financiar parte de laapertura importadora y, si bien, las reservas fueron equilibradas, el serviciode la deuda absorbió buena parte de los ingresos por las exportaciones. Así,apertura y menos ingresos redujeron la demanda interna que afectó laproducción local y dio origen a la recesión.

La tasa de crecimiento económico descendió del 8,9% en 1978 al 2,0% en1981.14 Las actividades productivas, ya debilitadas, asistieron entonces auna parálisis del 30% de la capacidad instalada de la industria, para darlugar a saldos en rojo, quiebras y concordatos a partir de 1982. El déficitpúblico pasó del 2,4% del PIB en 1980 al 6,8% en 1982,15 en tanto que la

13 Kalmanovitz Salomón, Economía y nación. Siglo XXI editores, Bogotá: 1988, p. 522.

14 Leal Buitrago, Francisco, Estado y Política en Colombia, Siglo XXI editores, Bogotá,1989, p. 289.

inflación se acercaba a guarismos del 30%.16 Alarmados, el Fondo MonetarioInternacional, FMI, y la banca internacional presionaron la reducción deldéficit para obtener del Estado excedentes que garantizaran el pago de ladeuda externa.

Durante la década de los setenta se estimuló un amplio mercado decapitales que terminó por concentrar la liquidez en pocos intermediariosfinancieros que coludieron entre sí para apropiarse, no siempre enoperaciones trasparentes, de empresas, bancos y grupos económicos.Llegada la crisis de demanda a partir de 1980, la iliquidez de las sociedadesproductivas arrastró tras de sí parte de aquellos intermediarios queespeculaban con capital al debe.

La crisis se precipitó, a pocas semanas de la posesión de BelisarioBetancur, por los dudosos préstamos de algunos bancos a institucionesasociadas a ellos mismos en consorcios que hicieron peligrar la confianza enel sistema financiero colombiano. En septiembre de 1982 los presidentes delGrupo Colombia y Banco del Estado fueron detenidos, y el GrupoGrancolombiano fue investigado por realizar operaciones fraudulentas conperjuicio para los ahorradores.

El Frente Intergremial, constituido en febrero del 1981 por los capitalistasnacionales, puso de presente su descontento con las políticas deliberalización del comercio, de restricción del crédito y por los empréstitosque endeudaban en exceso al país. Quejas que también se orientaron haciala llegada de enormes divisas provenientes de la economía subterránea quecombinadas con las provenientes de la bonanza cafetera llevaron a la caídadel dólar en el mercado negro, e incentivaron el contrabando, la inversión enla propiedad raíz y, en general, propiciaron operaciones especulativas.

Las medidas de ajuste implementadas para remediar estos males,afectaron principalmente a los estratos más pobres de la sociedad. Lapoblación activa resintió el aumento del desempleo que creció del 20,3% en1977 al 27,3% en 1980,17 año a partir del cual hubo un brusco decrecimientoen los ingresos globales de los hogares colombianos. La política monetaristase orientó a reducir los compromisos sociales del Estado y a limitar lasconquistas laborales de los trabajadores bajo el amparo de un Estatuto deSeguridad que constreñía la inconformidad social.

15 Hartlyn Jonathan, La Política del Régimen de coalición. Tercer Mundo Editores, Bogotá:1993, p. 255.

16 Kalmanovitz Salomón, op. cit., p. 509.

17 Ibid, p. 510.

La crisis de valores

En la prensa de la época, particularmente en las administracionesLópez-Turbay, se podían apreciar los signos de descomposición queafectaban, en mayor o en menor medida, a todos los estratos del tejidosocial.

En marzo de 1975 el Procurador General reconocía que la «corrupciónadministrativa»18 estaba generalizada y el presidente Alfonso Lópezafirmaría, al clausurar las sesiones parlamentarias en diciembre de 1977,que “la descomposición social es todavía más grave de lo que se supone”.19

En 1978 el presidente de la Cámara Alberto Santofimio Botero fue detenidopor malversaciones en el manejo de los recursos del Estado y el ex-jefe de lapolicía de la administración de Misael Pastrana fue condenado a ocho añosde cárcel por idéntico delito.

El escándalo por los sobornos de la empresa fabricante de avionesLockheed, comprometió en la investigación a oficiales de la Fuerza Aérea yal mismo titular del cargo. La propia familia presidencial fue cuestionadadesde las páginas del diario conservador La República, que denunció laspresiones de ésta para que el trazado de la vía alterna al Llano favoreciera lahacienda La Libertad de propiedad de los López Caballero. Con la crisisfinanciera de los ochenta, el primo del Presidente, Jaime Michelsen Uribe, fuesindicado de manejos ilícitos de los fondos de los cuenta-habientes del Bancode Colombia, así como investigado por sus nexos con la mafia de la droga.

En no pocas oportunidades los gremios económicos denunciaron la tomadel control de empresas por cuenta de las mafias y con claridad leexpresaron al presidente Julio César Turbay en febrero de 1981 que, al dejarprosperar “la economía clandestina, los negocios ilícitos y la impunidad”20

éstas arruinaban el sector productivo.

El ex-presidente Carlos Lleras Restrepo refiriéndose a las elecciones de1978 escribió: “A las pasadas elecciones de ‘mitaca’ las califiqué de sucias ylo que sucedió entonces fue un juego de niños en comparación con lo deahora (...). La máquina gubernamental ejerció presión por todos los mediosimaginables”.21 Con la elección de Turbay Ayala se consolidaron lasmaquinarias políticas y el clientelismo se constituyó en el principal vínculoentre las instituciones del Estado y la clase política. A partir de ese momento

18 Citado por Daniel Pécaut, en Crónica de dos décadas de política colombiana1968-1988. Siglo XXI editores, Bogotá: 1989, p. 294.

19 Ibid, p. 292.

20 Ibid, p. 336.

21 Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 293.

se acentuaría el uso de las prebendas como instrumento que el sistemapolítico articularía para negociar con el ejecutivo, intermediar con lapoblación y debilitar a los partidos; contribuyendo de tal suerte a la crisis.

El incremento vertiginoso del secuestro era la manifestación másacentuada de la inseguridad que se apoderó del país. De enero de 1980 aoctubre de 1982 el número de personas retenidas ascendió a 257, de lascuales 96 se le atribuían a la delincuencia común y 158 a los grupossubversivos.22 Las modalidades iban desde bandas de extorsionistas ysecuestradores profesionales, pasando por la retención para exigir de lasautoridades alguna reivindicación social o política, hasta el rescate pordinero para financiar las actividades de la insurgencia. Otra modalidad,impuesta por los negociantes de esmeraldas y drogas, era el cobro porcuenta propia de la falta a la palabra empeñada.

El narcotráfico

Los dineros del narcotráfico empezaron a incidir en la estructuraeconómica a mediados de los años setenta. Ya en 1977, el presidenteAlfonso López diría que el narcotráfico amenazaba la sociedad, “desde elpunto de vista del comercio exterior, de la justicia y de la moralidad”.23

Capitales que buscaron afanosamente tanto limpiar sus fortunas como lograraceptación social.

Para 1977, en cifras conservadoras de Fedesarrollo, los ingresos porconcepto del narcotráfico ascendían a 600 millones de dólares, elequivalente a la tercera parte de las exportaciones oficiales de café; añopara el cual Colombia proveía la mitad de la marihuana que se consumía enlos Estados Unidos.24 La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta dedicaron,según cálculos de Fedesarrollo, 40.000 hectáreas para su cultivo y más de100.000 personas estaban ligadas a su comercialización.25 Economíaclandestina que incrementó las reservas internacionales en 1978 a 1.526millones de dólares.26

La bonanza que conocieron los precios de la coca entre 1979 y 1982 lesignificaron al narcotráfico, para el último de estos años, ingresos por 1.100

22 Riveros Ligia, “Secuestros VS Amnistía”. En Revista Cromos, Bogotá, noviembre 9 de1982, pp. 26-29

23 Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 292.

24 Datos citados por, Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 291.

25 Datos citados por, Pécaut Daniel, op_ cit., p- 277.

26 Idem, p. 279.

millones de dólares, el equivalente al 6,4 % del PIB.27 Al inicio de los añosochenta, los carteles que se configurarían como de Cali y Medellín, irrigabancon dineros calientes el sistema monetario, la industria, el comercio, lapolítica y las obras sociales; dejando tras de sí una estela de corrupción yviolencia.

En la búsqueda de legitimación política, el narcotraficante Pablo Escobarfundó en Medellín el grupo liberal Civismo en Marcha mediante el cualaccedió a la Cámara de Representantes en 1982 como suplente del dirigenteliberal Jairo Ortega. En idéntico sentido el también narcotraficante CarlosLehder organizó en el departamento del Quindío su propio movimientopolítico de corte nacional-populista. El cultivo de la hoja de coca, suprocesamiento y comercialización ampliaron su radio de acción a extensaszonas en los departamentos del Caquetá, Vichada y Amazonas con centrosde operación en distintas capitales y zonas claves de la fronterainternacional.

Para 1980, el gobierno norteamericano había percibido el problema deltráfico de sustancias psicotrópicas como cualitativamente distinto y, enconsecuencia, exigió del gobierno colombiano la aplicación del tratado deextradición suscrito en 1979. Años en los cuales eran de conocimientopúblico las acusaciones de las autoridades norteamericanas y del ejércitocolombiano sobre la existencia del triángulo Cuba, guerrilla, narcos, ligado altráfico de armas y narcóticos.28

A su turno, los barones de la droga procedieron a mejorar sus ejércitosprivados, a ganar aliados entre los grandes latifundistas, el ejército ysectores pudientes de la sociedad. “Entonces, los narcos recurrieron a todoslos medios a su alcance contra la extradición: sobornos, nacionalismo y, conorganizaciones como el MAS, trataron de ganarse al Ejército y a losterratenientes, asesinando sindicalistas y `comunistas’ y aterrorizando a laspoblaciones campesinas que les brindaban apoyo, por pasivo que fuera”.29

El orden público

En el amanecer del primero de enero de 1979 el M-19 sustrajo alrededorde 4000 armas del cantón militar al norte de Bogotá en una acción quepondría a prueba toda la capacidad represiva del aparato militar del Estado.

27 Datos citados por, Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 291.

28 La evidencia sugiere, según Jonathan Hartlyn, no una alianza estratégica sino puntosocasionales de colaboración entre el M-19 y narcotraficantes. En el caso de las FARC lasupuesta protección a plantaciones y sitios de procesamiento de la hoja de coca. Op. cit.,p. 275.

29 Palacios, Marco. Entre la Legitimidad y La violencia, op. cit., p. 281.

Al año siguiente, en otra acción terrorista de propaganda armada, setomaron la embajada de la República Dominicana con 14 embajadores comorehenes, obligando al gobierno a una negociación política que concluyó en elpago de una suma en dinero, en la entrega de salvoconductos al comandoguerrillero para poder salir del país y en la garantía de una mayor presenciade los organismos de derechos humanos en los juicios militares.

Luego del intento fallido de 160 guerrilleros del M-19 de penetrar por lascostas del pacífico, la cancillería colombiana rompió relaciones diplomáticascon Cuba aduciendo la injerencia del gobierno de Fidel Castro en eladiestramiento de combatientes colombianos para el M-19.

Para el inicio de los años ochenta, las FARC consolidaban su presencia concinco frentes guerrilleros en diversas zonas de colonización al sur del país, altiempo que incursionaban con dos frentes en el centro, uno en el norte y otroen los llanos orientales. El ELN luego de la derrota que le propinaran lasFuerzas Armadas en Anorí en 1973, logró mantener en medio de la luchainterna un débil aparato político-militar que reconstruyó a partir de los añosochenta en los dos departamentos de Santander, el noreste de Antioquia y elsur de Bolívar para luego extender su accionar a la Arauca petrolera. En laregión de Urabá, el pro-maoísta EPL afianzaba su base social entre lostrabajadores del banano.

Entre 1978 y 1981 la insurgencia armada logró un accionar y desarrollonotables en la búsqueda de capitalizar a su favor la crisis del régimen degobierno. Decenas de organizaciones de izquierda participarondesarticuladamente en una ofensiva contra el establecimiento, lo queculminó en un auge de sus actividades en 1981.

En marzo de 1980 el gobierno había declarado estar dispuesto a otorgaruna amnistía para los alzados en armas y, en consecuencia, expidió una leyen marzo del año siguiente, para reconocer al poco tiempo su total fracaso.Las guerrillas que aspiraban al poder, lejos de sentirse derrotadas, noadmitían su entrega incondicional.

Durante los años 75 a 77 el país conoció un movimiento huelguístico sinprecedentes que culminó en el paro cívico nacional de septiembre de 1977.Por primera vez las cuatro centrales obreras y el sindicalismo independientelograron coordinar y convocar, con éxito, amplios sectores de la población enun paro que contó con el beneplácito de la Alianza Nacional Popular, ANAPO,la Democracia Cristiana y el ospino-pastranismo, todos en oposición al«mandato claro» de López. En adelante el movimiento sindical reconfiguraríasus fuerzas y los patronos abogarían por eliminar su beligerancia.

Durante la década de los setenta los municipios y regiones al margen delpresupuesto nacional también hicieron sentir su inconformidad promoviendoparos cívicos para exigir de las autoridades solución a sus necesidades. Ladeficiencia en la prestación de los servicios básicos o la carencia de ellos, el

incremento en las tarifas de los medios masivos de consumo fueron, entreotros, los motivos centrales que concitaron la protesta popular.

El modelo contra la inseguridad

Al inicio de los años 60 el estado norteamericano redefinió su política deseguridad nacional con el objeto de «disuadir” y “contener” la subversióncomunista alentada por la creciente influencia de la revolución cubana. “Enlos círculos oficiales de los Estados Unidos se concebía la inestabilidadpolítica como el factor central que afectaba la seguridad del hemisferio. Elcomunismo era percibido corno la causa principal de la inestabilidad”.30 EnAmérica Latina el proyecto revolucionario de la subversión expresaba paralos medios castrenses la estrategia del comunismo internacional y elenemigo interno a combatir.

Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional tuvo una ejecución plena bajolas dictaduras militares en Brasil, Argentina y Chile en las décadas de losaños 60 y 70, su influencia ideológica en otros países sirvió a los militarescomo referente para elaborar su propia comprensión global del Estado y lasociedad en el contexto de la guerra fría.

El impacto político de esta doctrina ubicó el componente militar en elcentro de la sociedad como factor interventor por excelencia. Se justificabala necesidad de copar con el poder castrense, total o parcialmente, el podercivil cuando el régimen se encontrara en peligro de colapsar. Formulaciónque se tradujo en la militarización de la sociedad ya que no sólo se tratabade “(...) identificar y destruir al enemigo actual, y disuadir a los enemigospotenciales, sino convencer al ciudadano común de que su seguridadpersonal es función inevitable y obligada de su apoyo incondicional alrégimen”.31

Substanciado el concepto de “enemigo interno”, utilizado para designar atodo aquel opositor al statu quo vigente, se justificó entonces el terrorismode Estado a fin de eliminar los factores que atentaban contra su seguridad.Confrontación irregular que significó en Colombia, para finales de los años70, el hostigamiento, la detención arbitraria y la tortura; las desaparicionesforzosas y los homicidios colectivos.

Ya el Estado colombiano desde 1960 había creado el Consejo Superior deDefensa Nacional que estructuró los planes de seguridad interior y exteriorde la nación.32 Año para el cual el general Alberto Ruiz Novoa diría con

30 Leal Buitrago, Francisco, El Oficio de la Guerra, op. cit., p. 25.

31 Ibid, p. 40.

32 Para estos años ya se conocían documentos institucionales de las Fuerzas Armadas afines a la

claridad que las Fuerzas Armadas “(...) son la .institución encargada degarantizar la normalidad contra los enemigos externos e internos y la únicaque está en condiciones de hacerlo en momentos de crisis”.33

Para mediados de los años setenta la Escuela Superior de Guerraorientaba la formación de la alta oficialidad a partir tanto de su propiaexperiencia contrainsurgente como de la interpretación de la doctrinaelaborada en el Cono Sur y de la concepción de seguridad nacionalnorteamericana.

La ideología de la seguridad nacional fue concebida en Colombia como:“(...) la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan acubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales: aquellascondiciones creadas y explotadas por personas o grupos que dentro o fueradel país o de manera combinada pretenden que sus propios interesesprevalezcan sobre los del conjunto de la Nación o se confundan con ellos”.34

Axioma del cual se concluyó tanto su legalidad como el presupuesto de unaguerra permanente contra el enemigo interno.35 Criterio que fue ampliado alconsiderar la inconformidad social como una manifestación subversiva.

El uso recurrente del Estado de Sitio había contribuido a cristalizar unaversión propia de la doctrina. “El papel extra-profesional de mayor impactofue el ejercicio de la justicia penal militar. Con el trasfondo de una ‘situaciónde guerra’, a partir de 1965 se legitimó el juzgamiento de civiles por partede tribunales militares”. La militarización de la policía, la creación de ladefensa civil y de autodefensas bajo la asistencia militar; la vinculación de lainstitución a la alfabetización, la salud y las obras públicas, así como la

Doctrina de Seguridad Nacional. En 1964 una publicación del Ejército señala que el comunismo “(...)trata sistemáticamente de socavar los cimientos de las organizaciones supranacionales deOccidente y las estructuras sociales, políticas y económicas (...). La guerra se desarrolla ya dentrode nuestras fronteras”. Al término de denunciar las intenciones expansionistas de la “InternacionalRoja” afirma que “ La gravitación de las Fuerzas Armadas sobre el poder político debe estar enrelación con la magnitud de la amenaza y la efectividad del gobierno para detenerla”.Citado por Leal, Buitrago en El Oficio de la Guerra, op. cit., p.49.

33 Ibid, p. 54.

34 Editorial. Revista Fuerzas Armadas No 83. Mayo-agosto. 1976. Citado por Blair Trujillo,Elsa. Fuerzas Armadas, op. cit., p. 113.

35 En Colombia, la concepción elaborada por La Doctrina de Seguridad Nacional sobre elenemigo interno, tenía antecedentes doctrinarios en la visión contrainsurgente formuladapor el conservatismo de los años veinte. Su percepción sobre el conflicto social eraentendida como la “concreción interior de una amenaza revolucionaria exterior”. La misiónmilitar suiza traída en 1924 para ayudar a la formación de oficiales colombianos percibióque “(...) el ejército cumple más el papel de reprimir !as manifestaciones sociales y laoposición política en el interior, que el de proteger al país de una eventual agresiónexterna”. Citado por Blair Trujillo, Elsa. Las Fuerzas Armadas, Cinep. Bogotá, 1993, pp.40-45. Posteriormente en los años de la violencia bipartidista el Ejército se viocomprometido en !a pacificación del país.

designación de oficiales en cargos civiles en las zonas de violenciafavorecieron la autoridad castrense, como la autonomía en las operacionesmilitares.36 Condiciones que favorecieron los excesos y la extralimitación delos militares en el mantenimiento del orden público.

En una clara alusión a los problemas de conmoción social, el presidenteAlfonso López manifestó en los primeros meses de 1977 que: “Hoy tenemosla lucha de clases más que la lucha de los partidos. Por eso, se dividen (lospartidos) entre quienes quieren acabar el sistema y quienes quierenpreservarlo. Entonces, el tema de cómo hacer la paz entre liberales yconservadores, no tiene ya actualidad, sino cómo ventilar el debate entre losamigos del statu quo y quienes aspiran a un orden distinto”.37

Los militares tenían su propia percepción del “debate”, y la harían públicatres meses después del paro cívico del 14 de septiembre de 1977, cuando 33oficiales de alto rango encabezados por el general Luis Carlos CamachoLeyva demandaron al gobierno de López que adoptara medidas de“emergencia” que les otorgara mayor autonomía en el manejo del ordenpúblico. Las Fuerzas Armadas hacían tal exigencia en nombre de la“institución militar, una de las pocas que queda en nuestra opinión en laRepública con la capacidad de conservar su integridad constitucional”.38 Así,con el advenimiento de Julio César Turbay en 1978 a la presidencia de laRepública, era nombrado Ministro de la Defensa el general Luis CarlosCamacho Leyva.

Bajo esta administración se impulsaría con mayor coherencia yvehemencia la versión criolla de la Doctrina de Seguridad Nacional, sobretodo a partir de la expedición del Estatuto de Seguridad en 1978. Gobiernoen el cual, diría el investigador Daniel Pécaut, la “voz propia” de los militarescobraría mayor relevancia.

La insurgencia se identificó como “(...) la máscara usada en el prosceniode la política interna de la nación, por una organización tan poderosa comoel partido comunista, en su condición de organización políticainternacional”.39 Y, en cuanto al enemigo interno, el general FernandoLandazábal afirmaría que “(...) puede ser cualquiera (...) un campesino quehabite en zona guerrillera, un trabajador en huelga, un activista político (...)cualquiera (...) en determinado momento (…) es un error combatir conexclusividad el elemento armado (...) sin antes haber puesto a buen cuidado,con suma energía, la organización constituida en la dirección intelectual de

36 Ver Leal Buitrago, Francisco. El oficio de la Guerra, op. cit., pp 43-60.

37 Hartlyn Jonathan, op, cit., p. 251.

38 Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 343.

39 Reyes Landazábal, Fernando, El Precio de la Paz. Planeta, Bogotá: 1985, p. 193.

los organismos revolucionarios”.40

Pero la concepción vernácula de la Doctrina de Seguridad Nacional no erauna política aislada de los militares afines a ella, contaba con el respaldo deimportantes sectores civiles de la sociedad colombiana.

El poder civil, representado en su momento por el presidente Julio CésarTurbay, diría en la XIII Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos realizadaen Bogotá en 1979 que “Pueden darse, naturalmente, casos extremos en losque, ante un ostensible vacío político que necesariamente conduce hacia laanarquía generalizada, las Fuerzas Armadas se vean precisadas a ejercer elpoder para restablecer el imperio de la autoridad”.41

En un documento que hicieron público, los gremios de empresariosmanifestaron su voluntad de respaldo al gobierno acogiéndose a su“orientación para superar los momentos de crisis” y reconocer “la obrareparadora de las Fuerzas Armadas, (...) que en su encargo de defender lanación y salvaguardar la vida y honra de sus gentes deben tener el apoyosolidario y permanente de todos los estamentos sociales”.42

En el tránsito hacia los ochenta la sociedad colombiana seguía bajo elestado de sitio permanente; la protesta social fue criminalizada y segeneralizó la guerra sucia. En la medida que las Fuerzas Armadas seinvolucraban en el control del orden público su preponderancia comointerlocutores de los problemas del país les confería un mayor grado deautonomía militar e incidencia en la vida política del país.

Las Fuerzas Armadas: un actor con voz propia

Entre las prioridades del mandatario liberal Julio César Turbay estaba la derestaurar el orden público combatiendo tanto la delincuencia común comolas acciones de la subversión, y para tal fin se anunció un estatuto jurídicopara la inseguridad. En desarrollo del artículo 121 de la Constitución elejecutivo expediría el 6 de septiembre de 1978 el Estatuto de Seguridad.

En consecuencia se aumentaron las penas por delitos como el secuestro,la extorsión y el ataque armado; se ampliaron el tipo de crímenes que seríandel conocimiento de las cortes marciales como las facultades para efectuar

40 Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya. La Violencia Parainstitucional Paramilitary Parapolicial en Colombia. Rodríguez Quito Editores, Bogotá: 1994, p. 20.

41 Idem, op. cit., p. 55.

42 El documento fue firmado por los presidentes de la AND!, Fabio Echeverri, de ANIF,Ernesto Samper, de FASECOLDA, Miguel Fadul Vergara, de CONFECAMARAS, Gastón Abello,de FENALCO, Juan Martín Caicedo Ferrer, la SAC, Carlos José Gonzáles, de ASOBANCARIA,Oscar Restrepo y de ACOPI, José Miguel López. Citado por, Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 135.

arrestos, y se prohibió la información de prensa sobre los hechos de ordenpúblico. Con el estatuto se hizo ambigua la noción de subversión en cuantopenalizaba desde los «dibujos o textos ultrajantes» hasta las tomasguerrilleras.

Luego del asesinato del ex ministro Rafael Pardo Buelvas en septiembrede 1978, por integrantes del grupo Auto Defensa Obrera, ADO, se autorizó laretención durante diez días de toda persona sospechosa de querer alterar elorden público. Si para unos el estatuto negaba el régimen de derechodemo-liberal, para otros significaba «(...) un verdadero triunfo de lademocracia y del régimen republicano».43 El general Camacho Leyva diríaque era “insuficiente” frente al recrudecimiento de la subversión.44

El diario conservador La República, en su editorial del 19 de octubre de1979, fijó su posición al respecto: “El Estatuto de Seguridad puede molestara unos cuantos políticos empeñados en acortar la amplia distancia que lossepara del poder. Pero para las gentes de bien de todos los estamentos lasnormas fijadas ganan la amplia adhesión. La sola aceptación de la norma hacreado un nuevo clima de confianza (...). Los delitos que se cobijan bajo unaseudo revolución han vuelto a ser delitos comunes’’.45

Los gobernantes López y Turbay intentaron conjurar la crisis mediantesendas reformas constitucionales que a la postre resultaron fallidas encuanto fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. Ensu defecto los problemas de orden público fueron tratados con la estrategiacomún explicitada en el Estatuto de Seguridad. Si bien es cierto que con esteinstrumento se logró conducir a la cárcel a la mayoría de dirigentes del M-19y a militantes de otras organizaciones - para ser procesados en consejosverbales de guerra- e intimidar al conjunto de la sociedad democrática, eldesprestigio del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del bipartidismo en suconjunto polarizó la opinión publica nacional.

Al amparo del Estatuto de Seguridad miles de personas fueron detenidas einterrogadas. Según informaciones del Ministerio de Defensa entre los mesesde agosto de 1978 y julio de 1979 fueron detenidas más de 60 mil personassospechosas de actividades subversivas46. Excesos que fueron cuestionadospor dirigentes de los partidos tradicionales: “La actual situación del país hatomado las características de una dictadura constitucional porque el

43 Revista del Ejército, No 63, octubre-diciembre 1978, p. 301.

44 Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 343.

45 Citado por Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 134.

46 Melo, Jorge Orlando, “Los Paramilitares y su Impacto sobre la Política”. En: Al FiloDel Caos, Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, Editores, Tercer Mundo Editores,Bogotá: 1991, p. 485.

gobierno tiene en su poder todas las facultades para legislar (...)”,47 dijo elsenador Federico Estrada Vélez en un debate parlamentario.

En respuesta a las declaraciones hechas por el Ministro de Defensa, contralos asistentes a un foro sobre los derechos humanos, Luis Carlos Galándeclaró: “El país tiende a vivir bajo autoridades cuya legitimidad se derivacada vez menos de la soberanía popular y cada vez más de la fuerzaarmada. Por eso la justicia militar, por eso también el estatuto de seguridad(...). A las Fuerzas Armadas se les ha asignado la responsabilidad depreservar un orden social que la Nación ya considera anacrónico”.48

Para el último tercio de los años setenta las denuncias por violación de losderechos humanos ocupaban la opinión nacional y trascendían las fronterasnacionales. La percepción en la comunidad internacional era expresada porLe Monde Diplomatique: “En Colombia reinan los civiles y gobiernan losmilitares”.49 En el centro de tales denuncias estaban las Fuerzas Armadas.

El diario El Espectador en su edición del 11 de noviembre del 1981, e igualla revista Alternativa, informaron sobre posibles torturas practicadas a losdetenidos en la Brigada de Institutos Militares.50 En tal sentido una comisióninvestigadora del Parlamento colombiano expresó en su informe laconvicción de que tales “parecidos excesos sí existían”.51

Con la toma de la Embajada Dominicana en febrero de 1980, par uncomando del M-19, la crisis del Régimen copó la atención de la opiniónpública. El grado de interlocución alcanzado por esta organización con lasociedad, sobre los problemas del país, le granjeó el 85% de la simpatíapopular.52 Su propuesta de amnistía general y dialogo nacional se convertiríaen un eje obligado del debate electoral en ciernes. Un 70% de las personasinterrogadas sobre la propuesta del M-19 la percibían como el procedimientomás adecuado para lograr la paz”.53

El gobierno respondió a través del Congreso Nacional con la Ley 37 de1981 que otorgaba una amnistía destinada a guerrillas ya derrotadas política

47 Citado por Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 136.

48 Ibid, pp. 136-137

49 Bermúdez Rossi, Gonzalo, El Poder Militar En Colombia. Ediciones Expresión, Bogotá:1982, p. 242.

50 Nota de la editora: Hoy XIII Brigada del Ejército.

51 Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 323.

52 Ibidem, p. 293.

53 Ramírez B., Socorro y Restrepo M., Luis Alberto, Actores En Conflicto Por La Paz, Elproceso de Paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Siglo XXI Editores yCINEP, Bogotá: 1988, p. 51.

y militarmente, lo que de suyo, obtuvo una respuesta negativa por parte delmovimiento armado. El 6 de noviembre de 1981, Turbay persistió instalandouna Comisión encargada de elaborar una propuesta política para integrar alos alzados en armas a la vida legal.

El ex presidente Carlos LLeras Restrepo, el comandante de las FuerzasMilitares y el Director de la Policía Nacional, entre otros, conformaron dichaComisión. Pero las desavenencias de Turbay y de su ministro de defensa conla Comisión, llevaron a la renuncia de sus miembros civiles y nogubernamentales el 13 de mayo de 1982. Por último, mediante decreto delPresidente, se insistiría en febrero de 1982 en una suspensión de lasactividades militares por 30 días para que los guerrilleros que se entregaranpudieran gozar de la amnistía. Segundo intento que también fracasó.

En la medida en que el Ejército se comprometió en el conflicto civil, lasFuerzas Armadas se vieron involucradas en una doble lógica que, a la vezque les otorgaba mayor autonomía en el control del orden público -susexcesos-, hacia ilegitimo el ordenamiento constitucional que pretendíandefender. El modelo adoptado por Turbay para conjurar la crisis delegitimidad, si bien la desactivó parcialmente, terminó por convertir lainstitución castrense en un factor más de la violencia pero con el poder decondicionar las políticas del Estado.

En opinión del investigador Daniel Pécaut: “En marzo de 1981 se trata esde saber si Colombia puede todavía escapar al engranaje que han conocidootros países latinoamericanos”,54 afirmación que reconoce de una parte eldeterioro de la situación política en el país y, de otra, el poder alcanzado porlas Fuerzas Armadas.

El debate electoral de 1982 giró, entonces, en torno a las propuestas delos candidatos para superar la crisis.

54 Pécaut Daniel, op, cit., p. 348.

De Turbay a Belisario: El Caso Gloria Lara

En las elecciones presidenciales de mayo de 1982 resultó elegido elcandidato conservador Belisario Betancur tras derrotar con su movimientopluripartidista, tanto a los dos candidatos del liberalismo como a GerardoMolina, de la coalición de izquierda.

La perdida paulatina del monopolio de la fuerza por parte del Estado, laconvivencia con el narcotráfico, la inseguridad; la degradación de lascostumbres políticas y la malversación de los dineros públicos; así como laviolación de los derechos humanos, la criminalización de la protesta social yel malestar económico, durante el gobierno de Turbay Ayala, llevaron al46.8% de los electores a depositar su confianza en la propuesta reformistade Belisario Betancur, con la esperanza de superar la crisis55.

Entre la represión y la reforma

La paz fue uno de los temas que agitaron el debate electoral. Con laconsigna de la “La paz es liberal”, el candidato Alfonso López secomprometió a derogar la cláusula constitucional sobre los gobiernos decoalición y en su defecto a instaurar el sistema de gobierno-oposición.Propuso combatir a la guerrilla por la vía militar pero también con accionesde transformación social que incluían la incorporación de la guerrilla alproceso político. Además solicitó “(...) el ingreso del Partido Liberal a laInternacional Socialista, indicando su deseo de alejarse de laextremadamente pro-estadounidense política exterior del gobierno deTurbay, evidente en los asuntos centroamericanos y en otras áreas”.56

Para Luís Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, la propuesta deLópez era la continuación del mandato de Turbay y, en tal sentido, ladenunció como la representación de “(...) una casta política oportunista,clientelista, corrupta y calculadora (...)”.57 El diálogo con los alzados enarmas era prerrequisito para el éxito de una amnistía, pero también eraurgente combatir las desigualdades económicas y sociales existentes,levantar el Estado de Sitio y derogar el Estatuto de Seguridad. Encontraposición al gobierno de Turbay, Galán rechazaba la Doctrina de

55 Hartlyn Jonathan, op, cit., p. 270. Hartlyn cita para el candidato oficial del PartidoLiberal, Alfonso López, el favor del 41.0% de los electores, y para Luis Carlos GalánSarmiento por el Nuevo Liberalismo una votación del 10.9%. La coalición de izquierdaliderada por Gerardo Molina obtuvo a su vez el 1.2%.

56 Idem, p. 269.

57 Idem, p. 268.

Seguridad Nacional.

Gerardo Molina, candidato por el Frente Democrático, señaló que lamiseria extrema era la causa de la insurgencia popular y en consecuencia lasacciones en favor de la paz pasaban necesariamente por la lucha contra lapobreza y la promulgación de una amnistía general. Para Molina no eraposible la solución militar al conflicto armado sin una normalidaddemocrática estable ajena a la política de confrontación incitada desdeWashington por el mandatario Ronald Reagan.58

Belisario Betancur admitía la existencia de causas objetivas y subjetivasen el sustrato del conflicto, en oposición a la visión tradicional de losconservadores que se limitaba a criminalizar la insurgencia y a buscar suscausas en el conflicto internacional. En consecuencia, se comprometió aremover los obstáculos que impedían ampliar el sistema democrático, elbienestar social y por consiguiente el logro de la paz.

Propósito que fue expresado con claridad por el presidente en su discursode posesión el 7 de agosto: “Levanto una blanca bandera de paz paraofrecérsela a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados enarmas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en elamplio marco de la decisión que tomen las cámaras (legislativas). Le declarola paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: a esta tarea me consagro(...)”.59

En medio de una gran expectativa nacional el nuevo mandatario cursó deinmediato cinco iniciativas encaminadas a lograr una apertura democrática,convocatoria a una cumbre política para debatir las reformas al régimen,creación de una comisión de paz pluralista, promulgación de una Ley deamnistía y curso a las negociaciones con los alzados en armas. Iniciativasconcebidas en el marco de una política exterior comprometida con los paísesno-alineados.60

En entrevista que el Ministro de Gobierno Rodrigo Escobar Navia leconcedió al escritor Arturo Alape, la administración Betancur reconocía que:

58 Ver, Actores en Conflicto por la Paz, op. cit., pp. 52-53.

59 El Tiempo, 8. 8. 82, p. 3B.

60 Al tiempo que el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan retomaba elanticomunismo como guía para la política exterior, Belisario Betancur abandonaba estavisión, sostenida por el gobierno de Turbay Ayala. El colapso de los planes de pacificaciónadoptados por anteriores gobiernos, la ineficacia de las dos amnistías concedidas bajo laadministración anterior, y el temor porque el conflicto centroamericano se extendiera aColombia, llevaron a Betancur a finales de 1982 a desalinearse de Estados Unidos yproponer el acercamiento a los países no-alineados. Postura que fue acompañada por unagestión muy activa del presidente en el Grupo de Contadora (México, Venezuela, Panamá yColombia), en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado enCentroamérica.

“Colombia estaba y sigue estando, en mora de emprender y llevar a cabo unplan de desarrollo político e institucional que haga posible que el sistemapolítico se amplíe y se ponga al día”. Y reconoce que las institucionesmarchaban a la zaga de las transformaciones operadas en el país nacional:“Eso, por cierto, explica buena parte de los problemas de la violencia,porque se crearon unos vacíos, unos desequilibrios en el viejo Estado deDerecho”.61

En la carta enviada a las personas convocadas a ser parte en la CumbrePolítica Multipartidaria el Ministro reiteraría su invitación a “la definición y elestablecimiento de las bases de la vida política nueva y renovadora quetendrá que seguir al extenuamiento de las posibilidades y de la vigenciahistórica de las restricciones del juego democrático, los acuerdos rígidosentre los dos partidos tradicionales, la responsabilidad compartida y eldesestímulo a la movilización política que caracterizaron a la etapafrente-nacionalista”.62 Más tardaría Belisario en poner en marcha su proyectode diálogo y apertura democrática que en aflorar las contradicciones entre“los enemigos de la paz” y el modelo reformista en curso.

En tal coyuntura, El Caso Gloria Lara, se constituyó en un catalizador queconcentró en su momento las contradicciones en torno a la paz entre elprimer mandatario, la sociedad civil y los militares.

El secuestro de Gloria Lara

La señora Gloria Lara de Echeverri fue secuestrada el 23 de junio de 1982cuando se dirigía a su residencia en el barrio Teusaquillo después de un díade trabajo en el Ministerio de Gobierno donde se desempeñaba comodirectora de Acción Comunal. Desde todos los ámbitos de la vida nacional sehicieron sentir las exigencias por su liberación, como las manifestaciones desolidaridad con su familia, en tanto los organismos de seguridad iniciaban laspesquisas de rigor.

EL 25 de junio, 33 mil juntas de acción comunal de todo el paísprotestaron por el secuestro y más de cien misas se oficiaron para rogar porsu regreso. El día 27 un grupo de supuestos guerrilleros hizo saber adistintos medios que Gloria Lara estaba en su poder y en buen estado desalud. El mismo día le comunicaron por teléfono a uno de los redactores delvespertino El Bogotano, la disposición de liberar a Gloria Lara si los mediosde comunicación se comprometían a denunciar los monopolios de las tierras

61 Alape, Arturo, La Paz, La Violencia: testigos de excepción. Planeta, Bogotá: 1985, p.489.

62 El Tiempo, 8. 9. 82, p. 7A. Carta del Ministro de Gobierno Dr. Rodrigo Escobar Naviadirigida a los eventuales miembros de la Cumbre Política fechada el 7 de septiembre de1982.

en Colombia. Al día siguiente éste vespertino informó que los raptoresexigían 200 millones de pesos por su rescate.

El domingo 11 de julio los plagiarios hicieron llegar al mismo vespertinouna fotografía de la víctima donde aparece custodiada por un encapuchadoarmado de una carabina. Adjunto, había un boletín escrito a máquina dondese reclamaban voceros del “pueblo sufrido y subyugado por una burguesíaexplotadora” y señalaban a Gloria Lara como representante de la “burguesíalatifundista tradicional” pero no hacían expresa ninguna exigencia63.

El 13 de julio, el presidente Julio César Turbay Ayala manifestó supreocupación por la secuestrada, y su esposa Nidia Quintero de Turbay hizoun llamado a los secuestradores “para que entendieran que una víctimainocente no va a remediar los problemas de Colombia”64. Sin la presencia deGloria Lara se presentó su libro “Colombia Indígena” el 24 de julio, y el 2 deagosto fue condecorada por el presidente Turbay Ayala.

A finales de julio en la ciudad de Caracas, la Fundación para el Desarrollode la Comunidad gestó un movimiento de opinión internacional para lograrsu liberación. Su presidenta Alba Illaramendi puso de presente la laboradelantada por Gloria Lara en el rescate del movimiento comunal, “quebeneficia a millones de habitantes de barrios pobres de América Latina, Asiay África”.65 Y, para contribuir con la investigación, diversos grupos cívicos yparticulares ofrecieron una recompensa a quien suministrara informaciónsobre el paradero de la secuestrada. Cuatro millones de pesos ofrecerían lasautoridades el 8 de septiembre en idéntico sentido.

Alfredo Vásquez Carrizosa y Hernando Hurtado, presidente y secretario delComité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, condenaron elhecho e hicieron el más “angustioso llamado para que sea respetada la vidade la señora Gloria Lara (...)”. En el comunicado expedido a la opiniónpública por dicho Comité exigieron la liberación de la retenida y reiteraronque no existía ninguna justificación legal, moral o política para el cautiveriode personas “(...) cualquiera sea el motivo que se invoque”.66

Las investigaciones preliminares apuntaron a reconocerle a la subversiónla autoría del delito. El 11 de julio la policía informó que lo consideraba máspropio de la delincuencia común. En una nota de prensa del 30 de octubre eldiario El Tiempo reconoció que un vocero castrense recordó que inicialmentela investigación se enrumbó hacia el Núcleo Político Militar 15 de febrero deinspiración nacionalista, creado en memoria del sacerdote Camilo Torres

63 El Tiempo,13. 7. 82, p. 14A.

64 El Tiempo, 30.11. 82, p. 14A.

65 El Tiempo, 27. 7. 82, p. 14A.

66 El Tiempo, 29. 10 82, p. 2A.

Restrepo. Razón por la cual inicialmente se investigó al Ejercito de LiberaciónNacional, y también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia porque se había detectado su presencia en la ciudad de Bogotá.

Los antecedentes de secuestros y ejecuciones similares llevadas a cabopor la insurgencia, motivaron la investigación sobre estos grupos. El 7 dejulio el M-19 había negado ser el responsable del hecho, y antes por elcontrario reconocía el compromiso democrático y popular de Gloria Lara.

El 28 de septiembre los secuestradores enviaron la última fotografía deGloria Lara acompañada de un boletín en el que anunciaban su inminenteejecución “(...) ante la negativa e intransigencia de la familia de no cumplirnuestras exigencias, además, del constante asedio de los cuerpos represivosdel Estado (...)”. La sociedad y la prensa burguesa “ (…) se conmoverán antela noticia de la ejecución” pero asimismo dicen: “permanecen criminalmenteindiferentes ante las desapariciones y asesinatos (...)”. Sobre el debate quepara el momento cruzaba la opinión publica, alrededor de la amnistía, lossecuestradores sindicaban de “traidores” a los que depongan las armas y se“entreguen” a la oligarquía.67

“Más que abominable” titularía el editorial de El Tiempo refiriéndose a lacondena a muerte proferida por los secuestradores. En su edición del sábado30 de octubre el editorialista advirtió que a propósito de la tramitación de laamnistía resultan “(…) insuficientes y estériles (...)” los esfuerzos por definirel alcance de ciertos delitos que como el de Gloria Lara, supera “(...) todoslos límites de la abominación”. Naturalmente, prosigue el editorialista, “(...)que el solo texto del comunicado que los criminales han dirigido a los mediosde comunicación indica su identidad con los alzados en armas que hanllegado a todos los límites de la criminalidad”.68

La ejecución fue aplazada. Y, según la información de prensa, lasnegociaciones con la familia de la secuestrada prosiguieron hasta el puntoque se creyó en su liberación.

El crimen de Gloria Lara

El martes 30 de noviembre de 1982 el matutino El Tiempo informó al paísdel asesinato de Gloria Lara a manos de sus plagiarios tras largos cincomeses de cautiverio. El lunes 29, en las horas de la madrugada, el cuerpo sinvida de Gloria Lara había sido hallado frente a la iglesia del barrio Bonanza alnoroccidente de la capital. Su cuerpo lo cubría una bandera negra con lassiglas O.R.P. inscritas en rojo.

67 Idem.

68 El Tiempo, 30.11.82, p. 4A.

La noticia, señaló el periodista, conmocionó a todos los estamentos de lasociedad que demostraron el pesar colectivo y la protesta nacional por elcrimen. El presidente de la república Belisario Betancur, las altas autoridadesdel Estado, el cuerpo diplomático; los ex-presidentes Misael Pastrana,Alfonso López, Carlos Lleras Restrepo y los funcionarios de la administraciónsaliente de Julio César Turbay se hicieron presentes en la capilla de velaciónpara expresar sus condolencias, al igual que lo hicieron las organizacionesde la Acción Comunal y representantes de los más diversos sectores de lasociedad.

“Podría tratarse de una pandilla que tiene alguna relación con lasguerrillas”, aseguraron investigadores del Estado. Según estos últimos,reconocieron “(...) haberse alejado en los últimos días de las pesquisas parano interferir las negociaciones y evitar posibles represalias (...)”. Una vezconocida la reivindicación del crimen por la O.R.P., un vocero de los agentesdel F-2 a cargo de la investigación declaró que para ellos era un enigma laideología de los plagiarios y agregó que podría tratarse de “delincuentescomunes que buscan despistar a los investigadores”.69

Como “Un crimen atroz”, titularía su columna editorial el diario El Tiempoel 30 de noviembre. “Quitar la vida a una persona, sea cual fuere lamotivación, rompe todas las reglas humanas y divinas, imperantes entre losseres racionales”; y, bien, crimen político o simplemente delictivo, “rebasatodos los límites de la tolerancia y repugna en todos los estratos de lasociedad”. Dice en su tercer párrafo que todo parecía indicar que losasesinos actuaron “(...) no por razones políticas sino por simple afán delucro”. “Sería antipatriótico -señalaría el editorialista- explotar esta villaníapara sugerir móviles que puedan obstaculizar la labor de pacificación delgobierno“.70

Múltiples fueron los pronunciamientos de diversos estamentos de lasociedad sobre el crimen de Gloria Lara. El columnista Abdón EspinosaValderrama luego de señalar que aún sin esclarecer el crimen, que parecíaobedecer a “(...) móviles políticos (...)”, afirmaba que era menester despertartodas las potencias del alma colombiana, “(...) para repudiar y extirpar ensus raíces el crimen del secuestro, mostrando como ejemplo aleccionador,para abrir los ojos de los extraviados o de los cándidos, lo que ha ocurrido aGloria Lara de Echeverri”.71

En las declaraciones del director del Nuevo Liberalismo, en referencia alterna de la amnistía y la paz, expresó que los asesinos de Gloria Lara nopodían buscar un cambio por esos caminos salvajes: “se equivocan si

69 Ibidem.

70 Ibidem.

71 Ibid, p. 5A.

esperan que el Estado se vuelva feroz y bárbaro en la réplica”. Aduciendo alcuatrienio de Turbay, Luís Carlos Galán Sarmiento resaltó que: “Ya hubo elriesgo de que esto sucediera y la nación reaccionó a tiempo para condenarlos abusos e impedir que se respondiera en forma ciega”72. Lo único quelograban, concluyó, era la mayor reflexión sobre la necesidad de defenderlos principios de la civilización y los derechos humanos por encima de laconfrontación política.

En el curso de las deliberaciones de la asamblea de la ANDI -capítuloCundinamarca- los industriales exigieron “Mano dura” con la delincuenciacamuflada. Tras apoyar los esfuerzos del gobierno de Betancur por elpropósito de la paz, exhortaron a las autoridades del Estado para que “(...) lasangre de la víctima inocente (...), propicie la lucha sin cuartel, sin fatiga yquizás con obsesión, en pro del rescate de la dignidad, de la integridad y elsosiego ciudadanos”.73 De otra parte solicitaron al gobierno una amnistíatributaria para los patrimonios ocultos, eliminar la retroactividad de lascesantías de los trabajadores; controlar los pliegos de peticiones y reducir elimpuesto a las ventas.

La Unión de Trabajadores de Cundinamarca, UTRACUN, declaró que laesperanza y el optimismo despertados por la Ley de Amnistía se venseriamente afectados por tan ignominioso suceso. La Confederación deTrabajadores de Colombia, CTC, exigió al presidente de la república queliberara ”a la sociedad de la presencia de seres tan despreciables ydesalmados”74, que ponían en peligro las acciones de paz adelantadas por elpresidente Belisario Betancur.

El 1 de diciembre se dieron cita en el Hotel Tequendama los ministros deldespacho, los altos mandos militares y distinguidas personalidades de losmás diversos estamentos de la sociedad para escuchar del primermandatario Belisario Betancur las tesis del nuevo gobierno en materia depaz.

En la Cena de la Paz, como se le denominó, el presidente condenóigualmente el crimen de Gloria Lara y llamó la atención sobre los enemigosde la paz: “unos desde el anarquismo, otros desde el secuestro que financiay asesina, otros desde el deseo de venganza cuando se ve caer a seresqueridos”. Convocó a comprender que en la garantía de los derechoshumanos, estaba el derecho a la vida. Más adelante, Belisario Betancur,advirtió que así se califique de ingenua su gestión por la paz; así a ciertanostalgia le guste que fracase (...), no voy a ceder ante el crimen, elterrorismo ni la incomprensión”. Y, frente a la ley de amnistía, ratificó que no

72 El Tiempo, 1.12.82, p. 10B.

73 El Tiempo, 3. 12. 82, p. última A.

74 El Tiempo, 1. 12. 82, p. 15D.

era negociable.75

Dos semanas antes del asesinato, la periodista Ligia Riveros, de la revistaCromos, se preguntaba por los posibles autores del secuestro de Gloria Lara:“¿Secuestro político? ¿Secuestro subversivo? ¿Delincuencia común?¿Venganza de antiguos peones de la hacienda de don Oliverio Lara, quequedaron libres después de haber sido condenados por su secuestro yasesinato? ¿Están involucrados guardaespaldas de la familia? ¿Lo hizo laderecha para desprestigiar a la izquierda y perjudicar así la amnistía?¿Fueron los latifundistas del Cauca, por las acusaciones contra ellos endefensa de los indígenas?”76

El 7 de diciembre circuló la revista Semana que titularía su portada como“Historia de una infamia” para referirse al crimen en mención. Al cabo de unrecuento de los hechos entorno al secuestro y posterior homicidio, elperiodista remataba su informe especial afirmando que: “En el fondo de laprofunda descomposición social hay una oscura franja donde convergen elhampa, delincuentes comunes, apéndices de la mafia, elementosdesprendidos de organizaciones guerrilleras, y sujetos de ultra derechainteresados en desestabilizar la situación”.77

De tal manera se presentaron las contradicciones, que el semanario enmención no dudó en afirmar que Belisario Betancur daba un viraje en laposición conciliatoria que precediera al discurso pronunciado en el Banquetede la Paz. “Tampoco permitiremos que se intente extender la zozobra concualquier pretexto supuestamente político o abiertamente criminal. Sé que lofundamental es combatir los agentes objetivos de la inseguridad, procurandodar a los colombianos las garantías mínimas (...). Pero la clave paradesarrollar esta tarea consiste en tener un Estado y específicamente que sehaga respetar, que haga valer su calidad de protector de los ciudadanos quecumplen sus deberes y exigen sus derechos”. Refiriéndose a este aparte deldiscurso presidencial, Semana diría que su tono “evocaba mas el utilizado enla administración Turbay”.78

En otro artículo, sobre el análisis de la coyuntura política, la revistaanunciaba el principio del fin de la luna de miel del presidente Betancur, alcabo de los tres primeros meses de gobierno. En efecto, la objeción jurídicaque el presidente Belisario Betancur opuso a la decisión de losparlamentarios de incrementar sus dietas, condujo a una primera rupturaentre el ejecutivo y el legislativo; al punto, que la mayoría de los

75 El Tiempo, 2.12. 82, p. 6A.

76 Riveros, Ligia. “Secuestros VS. Amnistía”. En: Revista Cromos, Bogotá, noviembre 9 de1982, p. 26-29.

77 Véase, Revista Semana, Bogotá, No. 311 17-13. Diciembre de 1982, p. 30.

78 Ibidem.

representantes a la cámara se abstuvo de asistir al Banquete de la Paz,alegando que era “un gasto inoficioso, en un momento inoportuno”.79

Para la primera semana de diciembre las posibilidades de la paz no eranclaras, las dudas sobre la eficacia de la amnistía rondaban los círculospolíticos y las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo rayabansúbitamente en la hostilidad. De otra parte, la negociación con las centralesobreras sobre el aumento del salario mínimo, no presagiaba un acuerdoconsensual.

El único punto marcado a su favor por el presidente -al asumir unliderazgo nacionalista con ocasión de la visita de Ronald Reagan- no dejabade despertar inquietudes entre quienes asumían las relaciones con losEstados Unidos como tradicionalmente inalterables.80

Para finales del año 1982 la popularidad del nuevo gobierno era puesta aprueba por los diversos factores de la coyuntura política en conflicto. Todo elproceso “comenzó a cristalizarse con la aparición del cadáver de GloriaLara”81 el 29 de noviembre de 1982.

La opinión se polariza

En respuesta a las informaciones de prensa que vinculaban a dirigentes dela ANUC con el crimen de Gloria Lara, el lunes 6 de diciembre la Asociaciónde Usuarios Campesinos -Línea Sincelejo- rechazó tajantemente suvinculación a tal delito.

Mediante un comunicado a la prensa negó que la ORP “fuera el brazoarmado” de ese movimiento. Miguel Gamboa, suplente a la Cámara por elNuevo Liberalismo de Sucre y sindicado como uno de los autoresintelectuales del hecho, confirmó que la ORP, fue creada como parte de lacomisión política de la ANUC pero siempre ajena a “toda acción de tipoterrorista y criminal”, los culpables dijo: “pretenden utilizar ese nombre paradesviar el rumbo de la investigación”. Robinson Rivera reconoce que entrelos años 1971-1974 operó ese movimiento que efectuó “movilizaciones deprotesta, paros cívicos, pero jamás se encontrarán crímenes o acciones

79 Revista Semana, Bogotá, No. 311 7-13, Diciembre de 1982, p. 22.

80 En la visita que el mandatario Ronald Reagan efectuó a Colombia el 3 de diciembre de1982, el presidente Belisario Betancur le expresó su discrepancia con la política de USA enCentroamérica, a la vez que solicitó una salida negociada al conflicto en la región.Refiriéndose a la visita, el Miami Herald señaló que «tenia por objeto neutralizar eventualesactitudes poco complacientes por parte del nuevo gobierno». Citado por Enrique SantosCalderón. El Tiempo, 18. 12, 82, p. 2 A.

81 Ibidem, p. 22.

aventureras y terroristas”.82

El 21 de diciembre, representantes de la organización campesinadenunciaron la “desaparición” de varios de sus militantes lo mismo que elallanamiento de los apartamentos de Miguel Gamboa y la diputadaEmperatriz Santander, a la vez que voceros del galanismo “descartan deplano que los dos dirigentes políticos estén comprometidos en el caso”. ElMinisterio Público por su parte dio curso a la investigación por las denunciasformuladas contra los procedimientos adelantados por la Brigada deInstitutos Militares de Bogotá.83

El jueves 23 de diciembre el Ejército acusó al profesor de la UniversidadNacional Hernando Franco D. como autor intelectual del delito y sindicó asiete personas más, tres de las cuales reconoce tener retenidas: Juan TadeoEspitia, Froylán Rivera y su hijo Fredy. El vocero castrense explicó “(...) quegracias a la información de un particular, se identificó y localizó a EspitiaSupelano, quien resultó ser el individuo que ejecutó (...)” a Gloria Lara. Elmismo día, El Tiempo informó que mediante una llamada telefónica el MAShizo saber su decisión de “ajusticiar a los asesinos de la exfuncionaria, esténdonde estén”.84

“Nuestro hijo es inocente” dijeron los padres de Juan Tadeo Espitia en unanota dirigida a la prensa en la cual afirman que el día del crimen “Llegó a las8 de la noche y se acostó porque tenía que madrugar al trabajo” en el FondoNacional del Ahorro. Por su parte Robinson Rivera denunció falta degarantías para su hermano y padre detenidos, por cuanto los militares “nohan permitido que sus parientes sean asistidos por un abogado”.85

Una vez remitidos de la BIM-Bogotá a la Cárcel Nacional Modelo, TadeoEspitia habló con El Tiempo para hacer un llamado a la familia de Gloria Lara:“(...) por favor no permitan que se cometan las injusticias que se estáncometiendo, y que ayuden a que la investigación continúe, peroencauzándola por otro lado, con la seguridad de que encontrarán a losverdaderos culpables”.86

Fredy Rivera, sindicado de transportar a Gloria Lara en el momento delsecuestro, declaró a la prensa que para tal fecha estaba detenido. Suabogado, Jairo Velásquez afirmó que éste “(...) tiene hematomas en lacabeza y pequeñas erupciones en los brazos producidas tanto por los

82 El Tiempo, 6. 12. 82, p. Última C.

83 El Tiempo, 22. 12. 82, p. 1A y 2B.

84 El Tiempo, 23. 12. 82, p. 1A y 12 A.

85 El Tiempo, 23. 12. 82, p. 12A.

86 El Tiempo, 26. 12. 82, p. 7B.

pinchazos como por los electrodos de los choques eléctricos”. “Me comentóque lo habían obligado a declarar que él había formado parte de la O.R.P.”.87

El 28 de diciembre, la prensa reseñó la captura de la diputada del NuevoLiberalismo Emperatriz Santander e hizo pública la carta enviada al diario ElTiempo por el catedrático Hernando Franco. En la misiva, el profesor de laUniversidad Nacional sostiene su inocencia, su compromiso revolucionario ysu vinculación a la ANUC en 1976, pero aclara: “Por convicción estoy contrael terrorismo y la aventura”. También manifestó que “la investigación sobreel caso Gloria Lara toma la misma senda que siguió la investigación sobre elasesinato del general Rincón Quiñones en que inocentes fueron condenadoscon idéntico despliegue periodístico, sobre pruebas arrancadas bajo tortura”y, concluye: “Juro por mi patria y mi pueblo que soy inocente ¡El tiempo lodirá!”88 De quince personas que fueron sindicadas del plagio y posteriorasesinato de Gloria Lara, el juez 47 de instrucción criminal reconoció lacaptura de nueve de ellas por parte de la brigada.

El Nuevo Liberalismo, ante la gravedad de las imputaciones hechas a losparlamentarios Miguel Gamboa y Emperatriz Santander, elegidos en suslistas, expidió un comunicado en el cual puntualizó que a finales del año1981 el grupo Democracia Popular hizo público su respaldo a la candidaturade Luís Carlos Galán Sarmiento. Durante su vinculación a la campañaelectoral, anota el comunicado, realizaron intervenciones “sobre la situaciónde los campesinos (...), los problemas de tierras, el crédito y la organizacióncampesina (...), y en lo que consta a los directivos y a los miembros de lascorporaciones públicas del Nuevo Liberalismo, su conducta política ha sidocorrecta”.89

El ex-presidente Alfonso López en mensaje al Ministro de Justicia lemanifestó que en su calidad de director único del liberalismo deseabasecundar enfáticamente la petición del doctor Luís Carlos Galán Sarmiento,“en el sentido que se rodee de todas las garantías procesales a susseguidores (...)”. Y, agrega que “como tarde o temprano debemos llegar aalguna fórmula de unión liberal (...), es necesario establecer claramente si elmovimiento Democracia Popular (...), puede mañana entrar a formar partedel liberalismo tradicional”.90

Luís Carlos Galán respondió en una entrevista radial: “Algunos creen quees un mensaje escrito con perversidad, yo creo que es una carta ingenua...pues la Democracia Popular nunca pensó entrar al liberalismo y tampoco sele invitó (...)”. También dijo creer “que el nuevo gobierno no permitirá ningún

87 El Tiempo, 27. 12. 82, p. 15A.

88 El Tiempo, 28. 12. 82, p. 1A y 2A.

89 El Tiempo, 29. 12. 82, p. 8A.

90 El Tiempo, 30. 12. 82, p. 7A.

tipo de arbitrariedad y que esos procedimientos del pasado se acabaron”. Altérmino de reconocer que la Democracia Popular se había ganado laconfianza del Nuevo Liberalismo por “sus consignas y coherencia”, enfatizóque “Ningún grupo político, ni las propias instituciones o entidades como elGobierno, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación...,están exentos de la infiltración de conspiradores (...)”.91

Organizaciones de izquierda como el Partido Comunista, el Partido delTrabajo de Colombia, el Partido Socialista Revolucionario y La Jornada deUnidad Camilo Torres hicieron pública una declaración con la ConfederaciónSindical de Trabajadores de Colombia, el Sindicalismo Independiente ydiversas federaciones y sindicatos en la que sostuvieron que “el proceso hasido irregular desde su iniciación”. Afirmaron que Tadeo Espitia “fuesecuestrado”, que “a los detenidos se les negó el derecho a la defensa y eljuez impidió durante 11 días que los abogados asumieran la defensa de lossindicados”. Igualmente denunciaron que “se amenazó a los familiares y alos detenidos, se les maltrató y bajo amenaza de muerte, fueron obligados adeclararse autores del secuestro y del crimen, en declaración escrita yfilmada en video”.92

Con similar propósito se pronunciaron importantes personalidades de lavida política del país. En un mensaje enviado a Belisario Betancur y alProcurador Carlos Jiménez Gómez reclamaron la intervención oficial para que“los servicios de inteligencia no invadan las órbitas (...) de la justicia penalordinaria”93 y, añadieron: “en la investigación se vienen denunciandotorturas y allanamientos amparados por la mansedumbre del juez”. Elmensaje suscrito entre otros por Gerardo Molina, Apolinar Díaz, JorgeRegueros, Eduardo Umaña Mendoza, Álvaro Vásquez, Orlando Fals Borda,Socorro Ramírez y Juan Montes afirmaba que “Este proceso determinará elrumbo de la aplicación de la justicia penal durante el presente cuatrienio”.94

Las confesiones

El martes 28 de diciembre el comandante de la Brigada de InstitutosMilitares, Hernando Díaz Sanmiguel, convocó los medios a una rueda deprensa en la ciudad de Bogotá, con el objeto de dar a conocer el resultado delas investigaciones sobre el secuestro y posterior homicidio de Gloria Lara de

91 El Tiempo, 5. 1. 83, p. 2A.

92 El Tiempo, 30. 12. 82, p. 7A.

93 En agosto de 1979 se había instalado una comisión para la revisión del Código Penalcon el objeto, entre otros, de suprimir el juzgamiento de civiles por tribunales militares. En elmes de diciembre del mismo año la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el decreto2482 que dejó sin piso jurídico los consejos verbales de guerra.

94 El Tiempo, 31. 12. 82, p. 17A.

Echeverri.

El general expresó a los periodistas que “esto lo hago para que cada unode ustedes se forme un concepto sobre la seriedad de la investigación”95.Esa misma noche los colombianos verían en los telenoticieros el videosuministrado por la brigada en el cual Juan Tadeo Espítia Supelano confesabala autoría del crimen y se daban a conocer los nombres de las personasimplicadas.

La prensa le dedicaría en sus páginas un amplio despliegue al cubrimientode la información suministrada por la inteligencia militar sobre lainvestigación de “El caso Gloria Lara”. EL Tiempo transcribió apartes de lasconfesiones de cuatro de los supuestos militantes de la ORP comprometidosen el crimen como también la virtual estructura política de dichaorganización. En paralelo, los implicados acusaban a los interrogadores de laB.I.M., de haberlos obligado a confesar bajo tortura un delito que nocometieron.

La primera de las declaraciones entregadas por la brigada militar querecogió El Tiempo, fue la del dirigente campesino de la ANUC, Froylán RiveraMesa. En ella confesaba que entre el ocho y nueve de abril de 1982 se habíaprogramado el secuestro en una reunión efectuada en la sede del NuevoLiberalismo en la ciudad de Sincelejo. Que luego en el mes de mayo se habíadecidido en Bogotá por el secuestro de Gloria Lara después de desechar losnombres de Michelsen Uribe y Ardila Lule propuestos por Hernando FrancoD’Laytz. Que a esta reunión, dijo Froylán, habían asistido además José MiguelGamboa, Emperatriz Santander Cansino y Wilberto Rivera. Que en unatercera reunión en la oficina de la diputada Emperatriz Santander se habíanultimado los detalles. También, delataba a Juan Tadeo Espitia y Fredy Riveracomo autores del secuestro y, al primero de estos, como el responsable dela ejecución de Gloria Lara.

En la segunda confesión de las entregadas por la brigada militar, FredyRivera, vinculado a la empresa Bavaria en calidad de aprendiz-trabajador,reconocía haber participado en el secuestro y constataba que Tadeo Espitiahabía ejecutado a Gloria Lara en cumplimiento de la orden recibida por ladirección nacional de la ORP, orden que había cumplido “sin discutir”.

La última de las confesiones transcrita por el citado periódico fue la deJuan Tadeo Espitia. En ella reconocía ser la persona que le habíasuministrado las fotografías al vespertino El Bogotano, como quien habíadisparado en dos ocasiones a la víctima y, declaró, que había sido HernánLora quien había colocado la bandera sobre el cuerpo de la señora. Porúltimo manifestó que había vuelto a encontrarse, el 5 de diciembre, conFredy en el Congreso Latinoamericano de Sindicalistas.

95 El Tiempo, 29. 12. 82, p. 1A.

El comandante de la brigada informó en la rueda de prensa que habíanueve sindicados presos faltando por capturar varios de ellos, e igualmentehizo ver a los periodistas que los sindicados que aparecían dando “susconfesiones no presentaban torturas” y que “lo estaban haciendo sincoacción”. Abordado por los periodistas acerca de la legalidad de lainvestigación por ellos emprendida, él respondió: “No tenemosjurisdicción, ni competencia por el levantamiento del estado de sitio,pero atendimos una orden del juez 47 de instrucción criminal (...)”.96

Las torturas

El 28 de diciembre los detenidos fueron trasladados de la Brigada adeclarar nuevamente pero ante el despacho del juez Civil 47 de instruccióncriminal, Luis Eduardo Mariño. Ante el Juez, Juan Tadeo y Fredy Rivera, seretractaron de las afirmaciones suministradas a los interrogadores militaresy denunciaron que fueron obligados a confesar bajo tortura un delito que nohabían cometido. Jorge Carrasco Saavedra, abogado defensor, demostróante el juez que “(...) Fredy tenía una cicatriz en la espalda y señales dehaber sido quemado en los brazos con cigarrillos (...)”. De Tadeo Espitia que:“(...) presentaba lesiones en el ojo derecho, inflamación del pómulo izquierdoy huellas en espinillas y tobillos, signo de haber sido colgado con un lazo(...)”. Tadeo Espitia, por su parte, declaró que fue apresado por dos personasque se reclamaron ser miembros del grupo Muerte A Secuestradores, MAS,pero que luego reconoció en el batallón del ejército.

En esta primera diligencia ante el juez 47 los apoderados, como susdefendidos, aclararon que la ORP, había dejado de existir seis o siete añosatrás por diferencias políticas internas entre sus militantes.97

Remitido a la justicia ordinaria, Juan Tadeo Espitia declararía lo siguiente:“Durante dos días fui sometido a todo tipo de vejámenes y torturas. Megolpearon hasta sangrar, me hacían la tortura de la asfixia (...). Primero meponían un trapo enrollado en la cara y después empezaban a dejar caer

96 El Tiempo, 29. 12. 82, p. 1 y 6A.

97 La pista sobre los supuestos plagiarios, surgió de la sigla inscrita en la bandera con lacual cubrieron el cuerpo de Gloria Lara. La Organización Revolucionaria Popular -O.R.P.-aparecía en los archivos de inteligencia militar como un movimiento de carácter políticosurgido en 1972, derivado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -LíneaSincelejo-. Dicha organización había dejado de existir en 1979 por diferencias políticas entresus miembros. Miguel Gamboa, Froylán Rivera y Emperatriz Gamboa constituyeron juntocon otras personas la Democracia Popular, que participó en una alianza electoral con elNuevo Liberalismo en las elecciones de 1982. Hernando Franco, Tadeo Espitia y GracielaInés Acosta conformaron el grupo Causa Comunista, que posteriormente se fusionó conex-militantes del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario -MO1R-, para fundarel Partido del Trabajo de Colombia. Organización que también concurrió a las eleccionesde 1982.

gotas de agua. A medida que el trapo se iba humedeciendo se haciaimposible respirar, era un a sensación horrorosa. Me tiraban al pisoamarrado de pies y manos, y tras darme una golpiza tremenda empezaron aarrancarme el pelo a manotadas (...). Uno de los trances más difíciles fuesoportar las torturas psicológicas. Cuando de entrada a uno le dicen somosdel MAS y lo vamos a matar (...)”.

“En otra oportunidad me rozaron las balas cerca, muy cerca a mi rostro,también jugaron conmigo a la ruleta rusa”, y continúa: “El domingo 19 dediciembre me llevaron a mi casa. Estaba tan mal que no podía caminar solo(...) pude ver a otro hombre que cogía a mi madre del brazo y dijo que se laiban a llevar. Ya de nuevo en la BIM, escuche a una mujer gritar y quejarse. Ycomo la última escena que había visto era a un hombre agarrar a mi mamádel brazo, quedé convencido que ellos la habían traído allí. Losencapuchados me amenazaron, me dijeron que la iban a violar, a golpear,que la iban a matar por que yo era un hijueputa que no confesaba, que noera capaz de decir que había matado a Gloria Lara (…) casi desfallecido (...)los torturadores me hicieron firmar un papel de mi puño y letra, en el quedecía, Yo Juan Tadeo Espitia, con cédula de ciudadanía numero tal, confieso,reconozco, que asesine a Gloria Lara de Echeverri. Allí empezó todo, luegoconfesé la participación de Emperatriz Santander, Miguel Gamboa, losRivera, a quienes hacía por lo menos dos años no veía”.98

Una vez pudieron hablar entre ellos, en la BIM, Juan Tadeo Espitia, FredyRivera y Rodrigo Penilla “armamos todo el cuento con los datos que nosdieron los torturadores (...). Y después vino el mierdero, las capturas einculpaciones a los demás, los videos, la presentación ante la prensa”.99

A las denuncias por tortura, el juez Mariño refutó: “no hubo torturas en losinterrogatorios”, “La retractación es una coartada preparada con losabogados”. Interrogado por un periodista sobre la preocupación de la prensay periodistas respetables “que han expresado su temor (...)” por unainvestigación “prematura y precipitada”. “Hay quienes hablan de montaje”agregó el periodista. Mariño respondió: “(...) lo precipitado... favorece lainvestigación, porque usted sabe que el tiempo que se pierde en lasprimeras diligencias es la verdad que se esconde”.100

Confesiones o torturas

Conocidas por la opinión nacional tanto las sindicaciones hechas por laBrigada como las denuncias de los implicados, el debate sobre la legalidad

98 Gómez R, Germán y Duque O, Claudia Julieta, op. cit., pp. 38 – 40.

99 Ibidem.

100 El Tiempo, 30. 12. 82, p. 1A y 6ª.

del proceso trascendió las fronteras de los estrados judiciales paraconvertirse en una polémica pública sobre la transparencia de losprocedimientos de la justicia penal militar y civil.

El viernes 29 de diciembre 34 jueces de instrucción criminal de Medellínacusaron a las autoridades militares “de obstaculizar la labor de la justiciaordinaria y de movilizar la opinión pública -a través de la prensa- contrapersonas que no han sido declaradas culpables”. En carta dirigida alProcurador reprobaron el comportamiento de la BlM-Bogotá al violar lareserva del sumario, incriminar a personas que apenas estaban siendoprocesadas y se preguntaron: ¿en qué calidad vienen actuando los militaresen el caso (…), cuando ya fue desmontado el estado de sitio? ¿Quépretenden las fuerzas militares (...) con su constante animadversión haciajusticia ordinaria?”.

Este gobierno que ha predicado la paz, dijeron, “parece que esta siendomenguado con la actitud asumida por los militares (...)”. Respecto de lasdenuncias por torturas le preguntaron al Procurador: ¿Por qué razón suhonorable despacho no se ha pronunciado al respecto?”.101

Al comentar las declaraciones del juez 47 el columnista Rafael Santoscuestionó el sentido del proceso si quien lo instruye “ya ha dado suveredicto, al revelar que (...) los detenidos son los verdaderos asesinos dedoña Gloria Lara”. Las contradicciones conocidas entre la B.I.M., y el juezcomo entre los mismos sindicados “pueden llevar a que el caso se declareirregular y a que si entre los detenidos están los verdaderos culpables, estossalgan libres. Todo porque se le quería demostrar a un públicoconmocionado con el escalofriante asesinato (...), que la justicia sifuncionaba y rápido”, dice el periodista en uno de sus apartes y culmina: “Nose explica la gente que en seis meses que estuvo secuestrada (...) no dierancon su paradero y en solo 15 días se hubiera desbaratado completamente laorganización que la tuvo cautiva por tanto tiempo”.102

El lunes tres de enero el Procurador envió una carta al Ministro de laDefensa en la cual le expresaba “que estoy plenamente convencido de quesi bien no hay evidencia de tortura, si existen pruebas de que los detenidosfueron maltratados en el proceso de su captura (...)” y, en consecuencia,acepta que las confesiones “deben presumirse libres y espontáneas”.103 A suturno el General Fernando Landazábal le expresaría su satisfacción por elfallo emitido, y con respecto a los maltratos agregó “que no siempre se debeinculpar a los agentes del orden pues en algunos ocasiones laresponsabilidad de aquellos recae en la actitud hostil asumida por los

101 El Tiempo, 31. 12. 82, p. 12ª.

102 El Tiempo, 2. 1. 83, p. 5ª.

103 El Tiempo, 6. 1. 83, p. 1A y 2ª.

sindicados”.104 El editorialista de El Tiempo también celebró el dictamen dela Procuraduría y abogó porque todos los crímenes “se investiguen yresuelvan con la misma eficacia de este (...)”.105

En entrevista acordada con un periodista de El Tiempo, Hernando Francohizo varias aclaraciones sobre el caso: afirmó que la O.R.P. se transformó,luego de las elecciones de 1978, en la Democracia Popular que luego sedisgregó por discrepancias ideológicas entre sus miembros después de 1980.El 8 de abril, fecha en la cual según dicen se planeó el secuestro “estuvetoda la mañana con varios amigos (...) en el aeropuerto El Doradodespidiendo a uno de ellos que se iba para París”.

“Por qué no se entrega”, le preguntó el periodista: “Ante el juez 47 (...) nome presento. Es un juez parcializado. Ya me condenó públicamente (...).Además no hay garantías: el 23 de diciembre, el ministro ofreció garantías. Ya los dos días torturaron a Emperatriz Santander. La Procuraduría ofreciógarantías. Pero no hay acceso de sus funcionarios a la Brigada (...)”,contestó. Y, prosiguió “La Procuraduría nombra delegados, pero siguen lastorturas (...). En este proceso se esta jugando el futuro de la justicia. (..) elpoder militar contra el poder civil, y nosotros como chivos expiatorios”.106

Al revisar los exámenes practicados en el Instituto de Medicina Legal aJuan Tadeo Espitia, Froylán Rivera, Fredy Rivera y Rodrigo Penilla, elcolumnista Daniel Samper encontró varias incongruencias con relación alinforme del Procurador. “Todos ellos fueron capturados hacia el 17 dediciembre” y “el reconocimiento médico-legal se les practicó el 29”; en loscuatro casos los médicos conceptuaron que las lesiones halladas (raspadurasy verdugones) “fueron causadas aproximadamente entre cinco y nueve días”antes del examen. Es decir, continua el periodista, “que recibieron los golpesentre el 20 y el 24 de diciembre, fechas que corresponden a los díasinmediatamente anteriores a su confesión, estando ya capturados, y no almomento en que fueron aprehendidos, que ocurrió tres días antes de lafecha más lejana”.

Al igual que otras personas y organizaciones que se pronunciaron sobre elcaso, Daniel Samper manifestó que “no se entiende por qué levantado elEstado de Sitio y sepultado el nefasto Estatuto de Seguridad aún continúaninterviniendo las Fuerzas Armadas en delitos que corresponde investigar yfallar a los jueces civiles”. Tampoco esta claro “por qué durante los primerosdías de su detención se les negó a los reos el derecho a llamar a susabogados, ni el secreto que se mantuvo respecto a su captura”.107

104 El Tiempo, 7. 1. 83, p. 11A.

105 El Tiempo, 7. 2. 83, p. 4A.

106 El Tiempo, 8. t 83, p. 1 y 2A.

107 El Tiempo, 9. 1. 83, p. 2A.

El martes 11 de enero los diarios informaban de nuevas retractaciones en“El Caso Gloria Lara”. En una diligencia de careo ante el juez, Rodrigo PenillaCandela y Betty Suárez manifestaron “que no habían tomado parte algunaen el hecho investigado y si se hicieron acusaciones mutuas ante losinterrogadores de la BIM y luego las ratificaron en la indagatoria “querindieron ante el juez Mariño en las dependencias de la Brigada”, “fuerondebidas a los maltratos físicos y a las amenazas que recibieron”.108

El abogado Hipólito Hincapié, ex-secretario de gobierno de Bogotá, resumeasí las deficiencias procedimentales en el juicio:

Prevaricato por omisión (Art. 150 Código Penal) por no disponer el juez 47que los detenidos fueran llevados a centros comunes de detención yno haberles reconocido desde el primer momento apoderadoslegítimos para su defensa.

Abuso de función pública (Art. 162 Código Penal) por tolerar la presenciade personal no autorizado legalmente en las diligencias preliminaresde investigación.

Revelación de secreto (Art. 154 Código Penal) por transmitir por televisióny a través de la prensa piezas correspondientes al sumario.

Violación de los artículos. 304 y 314 del Código Penal. al permitir quepersonas extrañas a las que la ley autoriza conocieran las diligenciasde instrucción y nombrar un secretario militar ad hoc para ellas.109

El martes 11 de diciembre el diario El Tiempo publicó apartes de la cartaenviada al Procurador por el señor José Modesto Rivera Velandia en la que lesolicita intervenir “para establecer el paradero de su hija de 27 años y susdos nietas, de 9 y 4 años”. “Estoy completamente seguro de que nada tieneque ver (ella) en el caso de doña Gloria, a no ser que se haya vinculado suapellido por ser homónimo de un detenido”. La información de prensacomenta que la señora Patricia Rivera fue detenida junto con sus hijas enuna tienda cercana a su residencia e igual suerte corrió el señor MarcoAntonio Crespo quien quiso auxiliarla en el momento de la retención.110

Ante los rumores de la supuesta fuga de Miguel Gamboa al Canadá, el

108 El Tiempo, 11. 1. 83, p. 2A.

109 El Tiempo, 28. 3. 83, p. 5A.

110 El Tiempo, 11. 1. 83, p. 28. En la actualidad Colombia afronta una demanda ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la desaparición forzosa deestas personas.

Nota de la editora: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEAcondenó al Estado colombiano por la desaparición de las personas antes mencionadas. Veranexo 1.

parlamentario se presentó al diario El Tiempo para declarar su inocencia y lade las personas vinculadas al proceso. En referencia a la carta enviada por elProcurador al Ministro de Defensa en torno a las torturas Gamboa “sostuvoque este funcionario no ha dicho todavía la última palabra”. Advirtió que lasprimeras capturas (...) habían ocurrido el 17 de diciembre, y que laprocuraduría (...) solo se había hecho presente el 27. “De tal modo cuando laProcuraduría entró a actuar el 27, ya se habían producido los interrogatoriosy las indagatorias del juez Mariño en la Brigada”.

Aclaró que la reunión en la cual supuestamente se había planeado elsecuestro, ciertamente se había efectuado el ocho y nueve de abril en laciudad de Sincelejo, pero “para evaluar los resultados eleccionarios del 14 demarzo”. Reunión a la que no había podido asistir Luis Carlos Galán por susmúltiples compromisos, y en la que tampoco había participado HernandoFranco ni otras de las personas sindicadas, “debido a que con Francoteníamos un fuerte distanciamiento, una ruptura política e incluso no nostratábamos personalmente”. Gamboa sostuvo que Franco no compartía lapropuesta del Nuevo Liberalismo y que “figuró en Bogotá en unas listaselectorales totalmente opuestas a las de Galán”.111

El 20 de enero fue recusado el juez Luís Eduardo Mariño por parcialidad enel proceso. Relevado para conocer del caso, el proceso fue instruido por eljuez Enrique Alford Córdoba.

El Caso Kenneth Bishop

El ocho de marzo de 1983 una banda parapetada tras la sigla ORPreivindicó el secuestro de Kenneth Bishop, vicepresidente en Colombia de laTexas Petroleum Company. En un comunicado enviado al periódico ElBogotano los captores exigieron tres millones de dólares por el rescate, altiempo que hicieron llegar la cédula de extranjería y dos fotografías delretenido como prueba de su supervivencia. El funcionario de la Texas, tras elpago del rescate, fue liberado el 14 de abril del mismo año.

Era claro que los autores de los dos delitos -el plagio de Gloria Lara yKenneth Bishop- deseaban que estos hechos fueran públicos destacando launidad de su autoría. Al igual que en las primeras semanas del año 1983, lapolémica pública volvió a ocupar la atención de la opinión en torno al CasoGloria Lara.

A propósito de las investigaciones sobre El Caso Bishop, el periodistaEnrique Santos escribió en su columna del 25 de agosto que:

“Pese al explicable silencio de las autoridades militares, y a la extremadiscreción de las de policía, las conexiones con el caso de Gloria Lara son

111 El Tiempo, 15. 1. 83, p. 6ª.

demasiado evidentes. Empezando por el sitio del cautiverio de Bishop, dondese encontraron recortes de prensa alusivos a ambos secuestros. La prensaya estableció que las paredes de la pieza donde estuvo retenido Bishop, queantes eran rosadas, fueron pintadas de nuevo en azul. Además, tambiéncoinciden el ángulo de las fotos, el espacio del cautiverio y la distancia entreel muro y los secuestradores (...). Existen otras coincidencias, aún mássignificativas, que no han aparecido en las informaciones de prensa. Enambos casos se exigió el pago del rescate en un lugar, sobre la autopista aMedellín, situado a pocas cuadras de la casa allanada. Esta casa, donde yase sabe que estuvo Bishop, se encuentra a su vez a menos de cinco cuadrasen línea recta del sitio donde apareció muerta Gloria Lara. Por otro lado, lametralleta que encontraron en el allanamiento es idéntica a la que apareceen las fotos de Gloria Lara secuestrada. Y si esto fuera poco, cabe recordarque cuando los secuestradores de Bishop enviaron a la prensa fotos de suvíctima, adjuntaron también las de Gloria Lara en cautiverio con elpresumible fin de despejar cualquier duda en cuanto a que se trataba de lamisma banda. En esa ocasión –tampoco se debe olvidar- los organismos deseguridad expresaron similar convencimiento”. Y prosigue el periodista,“Todo lo anterior tiende a confirmar, más allá de cualquier duda razonable,que la banda de delincuentes comunes dirigida por el abogado y ex-juezIván Darío Murcia, y parapetada tras la sigla de la ORP, realizó ambossecuestros. De ser así, las nueve personas condenadas y las ochodeclaradas como reos ausentes en el caso de Gloria Lara son inocentes. Deser así, la Brigada de institutos Militares habría incurrido en una farsa judicial(...). De ser así, se confirmaría igualmente que las tan publicitadasconfesiones de las personas hoy detenidas por el caso Gloria Lara si fueronobtenidas por medio de la tortura. Se comprobaría, también, lo que en eseentonces denunciaron varias agrupaciones sindicales de izquierda. Valedecir, que una investigación que el país entero reclamaba, fue utilizada paragolpear a reconocidos dirigentes y activistas de organizaciones gremiales ypolíticas que actúan dentro de los cauces legales (...). Nueve personasfueron declaradas culpables en un proceso que dejó enormes dudas ylagunas”. La captura, continua Enrique Santos, “de los autores del secuestrode Bishop, obliga a revisar todo lo actuado en el caso de Gloria Lara. Porque,más importante que la imagen de la Brigada de Institutos Militares, es lasuerte de las personas hoy detenidas o prófugas por un delito que –todoindica- no cometieron”.112

Al mes siguiente, en septiembre, la señora Martha Mercedes Ropero Meloy su madre María Cecilia Melo de Ropero sindicaron bajo declaraciónjuramentada a Iván Murcia Rojas y Guillermo Rojas Ferro como los autoresdel plagio de Kenneth Bishop.

El juez que conoció el Caso Bishop en su pronunciamiento conceptuó:“Aunque no le compete a este juzgador entrar a tratar lo concerniente al

112 El Tiempo, 25. 8. 83, p. 4A.

secuestro y muerte de la señora Gloria Lara de Echeverri, no puede estedespacho dejar pasar desapercibido el hacer relación a los nexos causalesque existieron entre estos hechos, homicidio y secuestro y el aquíinvestigado, pues las circunstancias de tiempo, lugar, modo funcionamientode los secuestros, comunicados, insignias usadas, como las fotografíasenviadas (...), que fueron tomadas por una misma cámara –Polaroid-, así loindican”.

Más adelante la sentencia dice: “(…) no le cabe duda al juzgador de quese trata de una banda bien organizada de delincuentes comunes cuyascabezas protuberantes fueron Murcia Rojas y Rojas Ferro, y no se diga queson conclusiones producto de la imaginación de este juzgador, pues obranpruebas tan contundentes como el estudio documentológico a que fueronsometidos los escritos extorsivos enviados tanto a la familia de Gloria Lara ya los de Bishop donde hecho el cotejo se dictaminó que habían sidorealizados con una misma máquina de escribir”. El juez señaló como prueba“importantísima” la declaración del mismo Bishop, quien le contó a lapersona encargada de pagar su rescate que “(...) la organización era lamisma que le había dado muerte a la doctora Lara de Echeverri”.113

Reconociendo los nuevos medios de prueba arrojados por el Caso Bishop,el Juez 16 Superior de Bogotá Enrique Alford Córdoba afirmó que: “(...)desencadenan intensas sombras y serias dudas en torno a la realparticipación de quienes hasta tal instante se encontraban en cautiverio (...)carentes del don de la ubicuidad, necesariamente otros tenían que estaractuando bajo esta sigla”. Respecto a los textos y las fotografías enviadas ala prensa en ambos secuestros, el estudio comparativo adelantado por ellaboratorio de la Dipec conceptuó que “Al parecer, fueron realizados en lamisma máquina de escribir hecho que se deducía de las fallas en la letra -y-,contenían similar lenguaje, y las fotografías eran originales”. El despachoadvirtió la semejanza en los contenidos de los comunicados, lo mismo queen el plazo y características del pago atinentes a los dos secuestros.114

Las indagaciones preliminares sobre el Caso Bishop resultaronconvincentes para el Juez 16 Alford Córdoba, quien decretó el 3 de octubrede 1983 la libertad condicional y el levantamiento de las órdenes de capturalibradas contra las personas sindicados por El Caso Gloria Lara.

El 29 de junio de 1985, al calificar el sumario, el juez Alford Córdobasobreseyó definitivamente a los 18 inculpados de la antigua ORP, y, en sudefecto, llamó a juicio a Iván Darío Murcia, Guillermo Rojas Ferro y HéctorAlfonso Matiz por el secuestro y homicidio de Gloria Lara. Pero un año mástarde, el magistrado Raúl Trujillo de la Sala Penal del Tribunal Superior de

113 Gómez R, Germán y Duque 0, Claudia Julieta, Mártires del Rumor. Fondo Editorial parala Paz, Bogotá: 1994, pp. 235-236.

114 Ibid. pp. 230-232.

Bogotá revocó en su totalidad el fallo de primera instancia.115 Enconsecuencia volvió a llamar a juicio a los Rivera, Juan Tadeo Espitia,Emperatriz Santander, Miguel Gamboa, Hernando Franco, Betty Suárez,Víctor Manuel Rojas, Gloría Medellín, Rodrigo Penilla, Miguel Ángel Vargas,Graciela Inés Acosta, Diana Giraldo y Enán Lora, al tiempo que sobreseyótemporalmente a Rojas Ferro, Murcia y Matiz.116

No obstante las nuevas pruebas aportadas por la investigación en el CasoBishop, el magistrado Raúl Trujillo dijo: “Si bien existe similitud entre elsecuestro de Bishop y de Gloria Lara, en cuanto al modus operandi, jamásindica que las personas vinculadas al proceso –Juan Tadeo, Fredy Rivera,etc.- hayan sido libradas de toda prueba de responsabilidad, tan sólo podríapensarse que se trata de una sola empresa criminal”117.118.

En agosto de 1992 el Tribunal Nacional de Orden Público consideró válidaslas auto-incriminaciones obtenidas en la Brigada militar y condenó a losmiembros de la extinta ORP, a penas entre 30 y 12 años de prisión. Elargumento central en la sentencia de condena negó la existencia detorturas: “Nadie miente parar hacerse un daño tan grave”,119 afirmó elTribunal.120

En febrero de 1992 fueron condenados Murcia y Rojas a 30 y 27 años deprisión respectivamente por el secuestro de Kenneth Bishop y por elhomicidio de sus dos escoltas. Sentencia que fue confirmada por el Tribunal

115 Nota de la editora: En la decisión de la sala mayoritaria hubo un salvamento de votodel Magistrado Carlos Valencia García, quien fuera asesinado en agosto de 1989. Ver anexo2.

116 La providencia del Tribunal Superior de Bogotá al revocar la decisión del juzgado 16,de llamar a juicio por el secuestro y homicidio de Gloria Lara –a Murcia Rojas, Rojas Ferro yHéctor Alfonso Matiz-, canceló cualquier opción de llamarlos a responder por El Caso Gloria Lara.

117 Gómez R, Germán y Duque O, Claudia Julieta, op. cit., p. 234.

118 Nota de la editora: Pasados algunos años, por modificaciones legislativas, laJurisdicción de Orden Público denominada “justicia sin rostro” asumió la competencia paraconocer el proceso. Esta jurisdicción de excepción fue creada para proteger la labor de losjueces y para conocer entre otros los delitos de narcotráfico, secuestro y homicidio. Enfebrero de 1992 un juez “sin rostro”, después de haber realizado un estudio minucioso delas pruebas y de descartar como tal las auto-incriminaciones, por considerar que habían sidoobtenidas bajo tortura y sin las más mínimas garantías legales, profirió sentenciaabsolutoria. El juez declaró en dicha sentencia, que la banda que había secuestrado aKenneth Bishop era la misma que había cometido el crimen de la Señora Lara de Echeverri,pero que por razones de procedimiento, no podía proceder en ese mismo fallo a su condena.Ver anexo 3.

119 Providencia del Tribunal Nacional de Orden Público, agosto de 1992, Folio 72,cuaderno 20 del expediente.

120 Nota de la editora: Esta providencia fue demandada en casación ante la CorteSuprema de Justicia por los abogados de los condenados.

Nacional. Marta Mercedes Ropero Melo fue absuelta por colaborar con lajusticia y Yolanda Barona de Murcia condenada a 27 años de prisión comocoautora de los delitos.121

Seis años después, en marzo de 1998, el magistrado de la Corte Supremade Justicia Jorge Aníbal Gómez Vallejo declaró que conoció del caso cuandoya habían prescrito los términos del proceso, total, nunca hubo sentencia yel crimen de Gloria Lara quedo en la impunidad.

Con antelación, durante la etapa de calificación del mérito del sumarioentre 1984 y 1985, Juan Tadeo Espitia, Víctor Manuel Rojas, Wilberto Rivera,Fredy Rivera, Froilán Rivera y Robinson Rivera; José Hernando Franco,Graciela Inés Acosta, Miguel Ángel Vargas, Emperatriz Santander, BettySuárez, Diana Giraldo, Gloria Medellín, Rodrigo Penilla y José Miguel Gamboaabandonaron el país en la condición de asilados políticos.

121 Iván Darío Murcia Rojas escaparía de la cárcel Nacional Modelo el 9 de julio de 1984,hecho por el cual fueron condenados los guardianes que permitieron la fuga. En la actualidadGuillermo Rojas Ferro se encuentra preso en Copenhague por narcotráfico. Ver, Mártires delRumor, op.cit. pp. 233-235.

Los enemigos de la paz

«Seria antipatriótico explotar esta villanía para sugerir móviles que puedanobstaculizar la labor de pacificación del gobierno»

El Tiempo, 30. 11. 82, p. 4A.

Al término de 1982 e inicios de 1983, los primeros obstáculos surgidos a lapolítica reformista de Belisario Betancur daban al traste con las enormesexpectativas despertadas por nuevo mandatario. La incertidumbre sobre eléxito de la amnistía, el incierto futuro de la paz y la reforma política, lasdenuncias contra los militares por tortura en el Caso Gloria Lara y lasinvestigaciones sobre los vínculos de militares con el MAS presagiaron elcurso que tomaría la propuesta de paz y apertura del gobierno al tiempo quela nación se notificaba de los bloques de poder en conflicto.

La amnistía

La necesidad de una amnistía como prerrequisito para adelantar losdiálogos con los alzados en armas llevó al legislativo a votar una ley deamnistía sin condiciones el 19 de noviembre, al término de una ampliadiscusión que sintetizaba los tres proyectos presentados para tal efecto. Sóloquedaban excluidos los responsables de actos cometidos fuera de combate ycalificados como atroces. La aprobación comprometía esfuerzos financierosdel Estado para rehabilitar las zonas de conflicto y facilitar la reinserción dela guerrilla.

El gran entusiasmo reinante en el país ante las perspectivas de una pazposible contó positivamente a la hora de la aprobación de la ley por elparlamento, al punto que sus velados opositores la respaldaron no sinreticencias sutiles.

El partido Liberal había expresado en el curso del debate en el Senado que“(...) el apoyo a la amnistía no compromete al partido con el gobierno, ni lohace copartícipe de sus responsabilidades”. El dirigente conservador HéctorPolanía sería más explícito: “voté negativamente el proyecto de amnistía porque no concibo que mientras los secuestrados siguen cautivos, nosotrosestemos aprobando la amnistía para sus secuestradores”.122 En algunosmedios periodísticos se podían apreciar algunas reticencias, por ejemplo,“(...) se afirma en voz baja que si Gloria Lara es asesinada, los liberalesvotarían negativamente la amnistía”.123

122 Revista Cromos, Bogotá, 9. Il. 82, p. 27.

123 Ibidem.

En carta al director de El Tiempo, el ex-presidente Turbay propusoreplantear las relaciones del Partido Liberal con Betancur y refiriéndose a laamnistía comentó “Evidentemente mi gobierno concibió la amnistía previa laentrega de armas, pues no le entusiasmaba la paz armada que se traduce enla organización de partidos con brazo armado (...). Tampoco consideróconveniente el gobierno anterior ampliar la gracia de la amnistía a la gamade delitos que contempla la ley propiciada por la actual administraciónejecutiva”. Ojalá, culminó, “las concesiones hechas conduzcan a una pazestable”.124

Las afirmaciones del Ministro de la Defensa, Fernando Landazábal, díasantes de la aprobación de la ley de amnistía, ya presagiaban las futurasdificultades de la política de paz y apertura: “cuando se ha estado a puntode obtener la victoria militar definitiva sobre los alzados en armas, la acciónde la autoridad política interviene para levantar nuevamente el estado desitio. En esta forma la voluntad de lucha de los grupos armados de lasubversión recibe el oxígeno de la liberación para la acción y antes deafianzarse en sus filas el quebrantamiento definitivo de esa voluntad delucha en el campo armado, transforman las derrotas sufridas por la acciónmilitar en victorias políticas de gran resonancia, como en el caso del M-19 yde las FARC en los últimos tiempos”; esperamos dijo, “(...) que esta sea laúltima amnistía (...)”.125

A los colombianos nos inquieta la opinión del ejército a pesar de surespeto por los fueros presidenciales, escribió el columnista Ayatollah “seguramente guarda una reserva absoluta sobre el futuro de la amnistía, (...)sin decirlo en blanco y negro, un escepticismo sobre la disposición de paz delas guerrillas” y recuerda que “(...) la estrategia militar para combatir lasubversión no ha sido desmontada y en cualquier momento puede ponerse afuncionar ante las evasivas de los guerrilleros”.126

Días después de aprobada la ley de amnistía el senador liberal DagobertoCharry Rivas tras renovar su apoyo a la ley, declaró que en el proceso ydiscusión de ésta “se ha magnificado, sin ninguna justificación, la actuaciónde Belisario Betancur”. Y, si fracasa este esfuerzo del congreso y delgobierno, “querría decir que tenían razón quienes han manifestado que lapaz sólo se alcanza con el tableteo de las ametralladoras y con el gritoestentóreo de nuestros campesinos abatidos por otros labriegos enfundadosen uniforme de fatiga”.127

124 El Tiempo, 10. 12. 82, p. 6A.

125 El Tiempo, 31. 10. 82, p. 1A y última D.

126 El Tiempo, 31. 10, 82, p. 6A. 12.

127 El Tiempo, 9. 12. 82, p. 4B.

Hay militares con el grupo Muerte a Secuestradores, MAS

Entre los compromisos adquiridos por la campaña de Belisario Betancurestuvo el de investigar a fondo las acciones del grupo Muerte aSecuestradores como el de otros similares, sindicados de la retención,desaparición y asesinato de dirigentes de oposición y miembros de losgrupos armados o de personas supuestamente afectas a estos. El impulso deesta actividad criminal, ampliada contra sectores marginales de la sociedad,se le atribuía a mafiosos, militares activos o en retiro con el auspicio depolíticos y latifundistas afectados por la inseguridad.128

El Procurador General Carlos Jiménez Gómez había anunciado en el mesde octubre del 82 que personalmente asumiría la investigación contra elMAS. En carta enviada al Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas lemanifiesta que: “En una sociedad sana, la impunidad legal no garantizacontra la sanción social” le recuerda que es de su competencia velar por la“(...) defensa de los derechos humanos” y, frente a los episodios “(...) queinfortunada e inevitablemente se presentan (...)” llama su atención sobre eldesvío constitucional que representa la entronización de la “(...) justiciaprivada”.

En la respuesta, el Mayor General Rafael Samudio, le expresa su acuerdoen la necesidad de purificar las instituciones pero agrega que “(...) noparecería suficiente centrar la atención con exclusividad en las posiblesfallas de la institución castrense (...)” reconoce el esfuerzo en curso a favorde la paz pero agrega la necesidad de precisar cómo “(...) el adversariopolítico-armado utiliza también la violencia y la fuerza (...)”,129 para suprimiro modificar la democracia.

Para el Ministro de la Defensa las acusaciones a las Fuerzas Armadas porla supuesta vinculación de algunos de sus efectivos a los grupos de justiciaprivada tenían “(...) el claro y nítido propósito de auspiciar su desprestigio(...), quebrantar su disciplina y su organización jerarquizada (...)”, encuentraen “organizaciones siniestras como el MAS” lo que “(...) pudiéramos llamarsubversión contra la subversión (...)”, el ánimo de “revancha” contra sus

128 La existencia de este tipo de actividades, diría la comisión de estudios sobre laviolencia, «(...) puede verse respaldada en disposiciones de la Ley 48 de 1968, sobredefensa nacional, que permite a los mandos castrenses organizar y dotar de armamento agrupos de civiles denominados de autodefensa, a fin de que puedan repeler por mismos laacción de delincuentes organizados así como de grupos alzados en armas (…)” Lagravitación de una cultura política intolerante y la ineficacia de la justicia, eran otras de lasexplicaciones dadas al fenómeno del paramilitarismo. Ver: Sánchez G, Gonzalo, coordinador.Colombia: Violencia y Democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Comisiónde estudios sobre la violencia. Universidad Nacional de Colombia, Centro Editorial,Bogotá:1987, p. 92.

129 El Tiempo,28. 10. 82, p. 2A.

victimarios.130

Ante nuevas denuncias de vinculación de efectivos del ejército al MAS eleditorialista de El Tiempo diría que “Agrupaciones como el MAS han surgidoen regiones donde se presentan choques de carácter político y en especialesos abominables secuestros que tanto conmueven a la opinión (...).Sabemos de voces que simpatizan con el MAS. Las condenamosrotundamente. De agrupaciones como éstas se sabe dónde comienzan, peronunca cómo terminan”. Las Fuerzas Armadas, continua “han desmentidocualquier vinculación con el MAS. Los grupos de izquierda, con fines muycomprensibles, intentan probar desesperadamente que se trata de unaorganización paramilitar”.131

Las declaraciones de tres campesinos que reconocieron pertenecer alMAS, y que sindicaron a varios militares y autoridades civiles de auspiciar elparamilitarismo en la región de San Vicente en el departamento deSantander, motivaron la reflexión del periodista Enrique Santos sobre lagravedad de los hechos denunciados.

Al término de conceder cierta veracidad a las declaraciones de loscampesinos, señala que; “La otra cara del anhelado desmantelamiento delMAS es la necesaria lucha frontal contra el secuestro (...) y cuya proliferaciónes la que precisamente dio pretexto para el surgimiento del MAS”. Y, ante laola de secuestros “hay gente que no entiende la urgencia de combatir unmovimiento que se ha propuesto acabar a la brava con este delito”. Tras lasigla del MAS, dice el periodista “se procede a la eliminación (...) deelementos subversivos”. Y que en la práctica resultan ser dirigentespopulares, sindicales o campesinos que nada tiene que ver con elsecuestro”.132

En el mes de enero, en una velada respuesta a las acusaciones portortura, el Comandante de las Fuerzas Militares presentó al Procurador unadenuncia sobre los crímenes de la subversión, al tiempo que el MinistroLandazábal Reyes escribía que “los militares de Colombia no lucimos lasinsignias de nuestra jerarquía para la rendición sino para la victoria”.133

El día 29 de enero de 1983, en la nota editorial de la revista de las FuerzasArmadas, el Ministro de la Defensa Fernando Landazábal notificó al país de ladecisión del Ejército de poner fin a la tregua en su ofensiva contra lasubversión al tiempo que censuraba la falta de solidaridad con la instituciónmilitar en la defensa del Estado de Derecho. En uno de sus apartes comenta

130 El Tiempo,31.10.82, p. última D.

131 El Tiempo, 14. 1. 83, p. 4A.

132 El Tiempo, 20. 1. 83, p. 4A.

133 El Espectador, 25. 1. 83, p. 10A.

el posible advenimiento de una confrontación civil en la que “la partehonesta de la sociedad (...), tendría que ponerse en pie al lado de susinstituciones, y éstas (...), podrían disponer su ánimo para una contienda deproporciones incalculables que llevaría a nuestro país a una nueva fase de laviolencia (...)”.134 Días más tarde, en reunión con el gremio de ganaderos, losinvitó a la autodefensa y a contribuir económicamente para combatir laguerrilla.

En otros círculos de la opinión, el editorial fue recibido con alarma porcuanto “(…) evocaba el militarismo identificado con la pasadaadministración, y el tono amenazante y el lenguaje utilizado fueroninterpretados como luz verde a la represión”.135 Analistas de la vida nacionalcomentaron que por divergencias menores con el poder civil fueron llamadosa calificar servicios altos oficiales en administraciones pasadas. Eldocumento del general Landazábal fue considerado como una actituddeliberante contraria a los principios básicos de la constitución.

En otro de los apartes del editorial comentado se afirma que “Existenotros factores (…) en la regulación de la violencia el caso del desconocidoabogado que, forzando la aparición de su nombre en las páginas amarillas,busca revestirse del ropaje de jurista con la sindicación, a los defensores dela ley, de torturar a los enemigos de la sociedad”136. La alusión al procuradorera clara y tenía dos connotaciones: la primera referida a las denuncias portortura en el Caso Gloria Lara y la segunda por la inminente publicación delas investigaciones adelantadas por la procuraduría sobre la vinculación deefectivos del Ejército al MAS.

El Procurador Carlos Jiménez pensaba hacer pública la investigación el 29de enero. En el editorial de la revista de las Fuerzas Armadas, conocido elmismo día, Landazábal escribe “Que nadie intente... mancillar (a las FuerzasArmadas); que nadie asuma la vocería de su deshonra”.137 El diario El Sigloinformó que en reunión previa a la publicación del editorial del Ministro deDefensa, el Procurador informó al general Landazábal, en presencia de losMinistros de Gobierno y Justicia, las conclusiones preliminares de lainvestigación sobre el MAS. Las Fuerzas Armadas fueron enfáticas enrechazar, comenta el diario, la publicación de tal informe.

De su parte, el presidente Betancur, en carta enviada al presidente de laComisión de Paz Otto Morales Benítez, “(...) mostró una singular destrezapolítica, al defender categóricamente a las Fuerzas Armadas, que habíansido objeto de polémica por el editorial del general Landazábal y, al mismo

134 Revista Semana, Bogotá, No. 39/1J de febrero de 1982, p.23.

135 Idem, p. 24.

136 Idem, p.24.

137 Idem, p.25.

tiempo, reafirmar su voluntad de seguir adelante con la política de apertura,diametralmente opuesta a la planteada por el controvertido editorial”138. Elenfrentamiento entre el poder civil y militar seria evidente cuando seconoció el informe definitivo del Procurador sobre los nexos entreparamilitares y el Ejército.

Para finales de febrero del año 1983 el Procurador Carlos Jiménez Gómezle informó al país que varios militares en servicio activo estaban vinculadosal MAS. Los investigadores “hallaron méritos suficientes para vincularprocesalmente y por delito de concierto para delinquir y otros conexos aciento sesenta y tres personas, cincuenta y nueve de las cuales eranmiembros activos del Ejército y la Policía Nacional: altos oficiales,suboficiales y soldados”.139 Las reacciones no se hicieron esperar.

Frente a estas acusaciones el Ministro Landazábal reitera de inmediato sucriterio sobre la campaña de desprestigio contra la institución, al tiempo quelas Fuerzas Armadas tomaron la decisión de donar un día de salario para elpago de la defensa de sus compañeros implicados. Defensa que fue asumidapor los generales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y los almirantes dela Armada en servicio activo.

Landazábal le diría al Procurador: “Con todo respeto tengo quemanifestarle que tratándose de Instituciones militares y de policía, me verésiempre en la forzosa posición de rechazar el juzgamiento político de susactuaciones”140. El espíritu de cuerpo era exhibido para encubrir los excesose impunidad de los inculpados. El presidente de la República se apresuró porsu parte a declararle a la opinión pública que los involucrados “nocomprometían a la institución militar”,141 al tiempo que amplios sectoreseconómicos y políticos cerraban filas alrededor de la institución castrense.

En su informe al congreso el Procurador Carlos Jiménez Gómez anotó “Seestaba extendiendo la viciosa costumbre de que los militares se apoyaran engentes privadas para llevar a cabo sus labores de contrainsurgencia,supliendo así una capacidad de acción que les negaba no sólo sus propiaslimitaciones de todo orden, sino la complejidad de una lucha ardua, (...)contra una delincuencia endémica en la que el carácter político y el comúnse habían hecho inextricables”.142 A partir de 1983 se incrementaría la ayuda

138 Revista Semana, Bogotá, No. 40/8-14 de febrero de 1983, p.26.

139 Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya. La Violencia ParainstitucionalParamilitar y Parapolicial en Colombia. Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 1994, p. 91.

140 Carta del General Fernando Landazábal Reyes al Procurador, 21 de febrero de 1983.Documentos del Procurador, Torno IV. Ed. Retina, Bogotá: p. 133.

141 El Tiempo, 20. 2. 83, pp. 1A y 8ª.

142 Citado por Gallego Medina, Carlos, op. cit., p. 92. 107.

económica para las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares iniciaríanuna etapa de fortalecimiento y reconocimiento social.

Los gremios

Todos los gremios de la producción, el comercio y las finanzas expresaronsu respaldo al proyecto pacificador de Belisario Betancur mediante undiscurso que reconocía la necesidad de construir una sociedad más justa condesarrollo económico y garantías democráticas, aunque no proponíanmodificaciones sustanciales a la distribución de la renta, de la tributación porparte de los grandes capitales o del incremento del gasto social sinaumentar el déficit fiscal.

En carta enviada al presidente Betancur por Fabio Echeverri Correa, anombre de “(...) personas vinculadas a las actividades industriales,financieras, comerciales, agrícolas, ganaderas, mineras, cafeteras y simplesciudadanos (...)”, le manifiesta que transcurridos varios meses desde ellevantamiento del estado de sitio y de la aprobación de la amnistía “alasgentes de bien se han cargado con la terrible frustración de quienesconfiaron plenamente en tales expectativas democráticas (...), paraencontrarse ahora ante inexplicable e injusto recrudecimiento de la violenciapolítica y de avasalladora carga del crimen organizado”. Me han pedido, diceel presidente de la Asociación Nacional De Industriales, ANDI, que “invoquelas medidas que fueren necesarias para sofocar la violencia y la inseguridadque hoy oprime a los colombianos (...), las fuerzas del orden aparecen sininstrumentos jurídicos apropiados para hacer frente al nuevo reto quesimultáneamente han planteado insurgentes y delincuentes”.143

Con antelación, en Julio de 1982, la Federación de Ganaderos había fijadosu posición a raíz del levantamiento del Estado de Sitio: no es “más quedarle vía libre al delito por la ineficiencia de la justicia. Y su presidente,Eugenio Concha, había declarado, refiriéndose al MAS, que es “ante todo unaclara demostración de las fallas de la justicia”.144

El 22 de febrero de 1983 la opinión pública era notificada de la solidaridadentre los militares y el poder económico a propósito del informe delProcurador sobre el MAS. La ANDI respaldó las declaraciones de los militaresen retiro y de otros sectores económicos rechazando las sindicaciones de laProcuraduría a miembros de las Fuerzas Armadas de pertenecer al MAS,como a la decisión del Ministerio Público de establecer la identidad de losintegrantes del grupo paramilitar.

143 Citado par Salomón Kalmanovitz en “Gremios Industriales y Crisis”, en Al Filo delCaos, op. cit., p. 205.

144 El Tiempo, 9. 7. 82, p. 9A.

La última semana de febrero el Ministro de Defensa fue invitado aintervenir oficialmente en el XVIII Congreso Nacional de Ganaderos en laciudad de Medellín. En su discurso declaró que no permitirían “(...) porningún motivo, que el país vaya a cambiar su destino histórico y que vaya arelevar de su bandera el escudo nacional por la hoz y al martillo (...)”.145 Y, laasociación de productores de lácteos, ANALAC, ofrecería su apoyoeconómico a fin de contribuir a la eficiente dotación de las Fuerzas Armadas.

El 27 de abril de 1983 Fabio Echeverri hacía un llamado de solidaridad alos empresarios y trabajadores del sector privado para que “sin reticencias nimatices, con la más decidida vocación de servicio al país, emprendamos unaverdadera cruzada de solidaridad en torno del tema que he enunciado (...)”-el de la seguridad-, considerado como el principal problema, “(…) obstáculoque subyace e incide en todos los demás (...)”.146

Para los gremios de la ANDI, Acoplásticos, Camacol, Acopi, Analdex,Fasecolda y Fenalco los peligros estaban más en la subversión que en elnarcotráfico. A pesar de reconocerle al gobierno la voluntad para el cambio“(...) solicitaban un viraje en la política para dar un tratamiento excepcionalde urgencia en vista del inminente deterioro social y económico”. En lamedida que el proceso de paz se debilitaba, los gremios eran más explícitosen sus declaraciones. El presidente de Acopi expresó su voluntad de paz “(...), pero no a cualquier precio, a la paz de los vencidos se llega por laentrega jirón a jirón de la soberanía y de las leyes. Nunca la debilidad o elapaciguamiento logró detener al enemigo, sino lo contrario,envalentonarlo”.147

En opinión del economista Salomón Kalmanovitz “Al mismo tiempo que losgremios apoyaban públicamente las iniciativas de paz de la administraciónBetancur, los pasos concretos que se adelantaban para crearle unaatmósfera adecuada a su desarrollo eran cuestionados por la ANDI”.148

Pasados tres años de gobierno y, a raíz de la toma y contratoma del Palaciode Justicia efectuadas por el M-19 y el Ejército respectivamente, elpresidente de la ANDI, Fabio Echeverri Correa le expresó su solidaridad algobierno en los siguientes términos: “En la ardua y cruenta lucha por ladefensa de la democracia y de sus instituciones, bien valió el sacrificio queofrecieron las Fuerzas Armadas bajo su suprema dirección. Me uno al júbilode la nación que contempla el retorno del orden y el imperio de la ley”.149

145 El Tiempo, 24.2.83, p. Última A.

146 Kalmanovitz, Salomón. “Gremios Industriales y Crisis”, en Al Filo del Caos, op, pp.207-208.

147 Idem, pp. 214-216.

148 Idem, p.205.

149 Idem, p. 221. El asalto al Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19 el 6

“Felizmente se pudieron salvar las instituciones y darle un ejemplo almundo de cómo se debe actuar en la lucha antiterrorista”, declaró elcomandante del Ejército Rafael Samudio al término de la contratoma delPalacio de Justicia por parte de sus tropas. Gremios y militares coincidían enesta ocasión, de manera pública y abierta, sobre la concepción terrorista deEstado a la hora de encarar el también terrorismo de izquierda.

La reforma política

Las reformas presentadas a la cumbre política multipartidista, convocadael ocho de septiembre de 1982 para lograr el consenso entre lascolectividades políticas, proponía la institucionalización de los partidos,mecanismos para su financiación, y un estatuto de derechos y deberes de laoposición. Modernizar el sistema electoral, fiscalizar los mecanismos deacceso y distribución de los recursos del poder; democratizar el derecho a lainformación como el acceso a los medios y el control financiero de lascampañas electorales.

El Ministro de Gobierno presentó igualmente reformas que ampliaban losespacios de participación ciudadana, con la elección popular de alcaldes, ladescentralización municipal y regional, y, otros encaminados a lamodernización del Estado.

El 19 de septiembre el gobierno reorganizó la Comisión de Paz ampliandosu número a 40 miembros para incorporar nuevos sectores sociales ypolíticos. En la fecha de su instalación Belisario Betancur diría que el planpara adelantar la paz debería dar “expresión y respuesta a las nuevasrealidades, fuerzas y demandas que han irrumpido en la nación en lasultimas décadas”,150 y advirtió sobre los posibles obstáculos y criticas quepodrían prosperar “no sólo en quienes temen sin razón que sus banderaspasen a otras manos”.151

Seis días después de instalada la Comisión, su presidente Carlos LlerasRestrepo, renunció. El gran diálogo era para el ex-presidente un métodoabsurdo.

Muy pronto se hizo evidente la resistencia a la reforma. Las Fuerzas

de noviembre de 1985 pondría fin a los intentos de paz auspiciados por la administraciónBetancur. Más de cien personas muertas, entre ellas once magistrados, y oncedesaparecidos, fue el saldo de aquella doble acción terrorista que despojó de todalegitimidad a los actores de la guerra.

150 Betancur, Belisario, El camino de la paz. “El ansia y la prisa por la paz”,Secretaria de Información y Prensa de la Presidencia de la República, Vol, 1, Bogotá:maya de 1984, p. 133.

151 Ibid, p. 142.

Armadas se negaron a participar en dicha comisión. El Ministro de Defensaescribiría posteriormente que en los diálogos de paz los alzados en armaspretendían “(...) el reconocimiento institucional del brazo armado de lanación para colocarse de igual a igual con el Ejército, convencer al poderpolítico y a las Fuerzas Armadas que debían ceder a las para entonces síjustas pretensiones de la subversión, reconocidas con la aceptación deldiálogo y la presencia en él de los mandos militares (...)”.152 Postura que,como subrayó el mismo Ministro Landazábal, no se oponía al diálogo y laamnistía pero que invitaba a tener en consideración el momento vivido porNicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.153

Al concluir las reuniones de la cumbre Multipartidaria a principios de 1983,sólo hubo compromisos en torno a la financiación de los partidos, la carreraadministrativa y otros de menor importancia que harían tránsito en lassesiones ordinarias del Congreso, al término de las cuales, ninguno de losdos proyectos logró su aprobación. Sólo la minoritaria representaciónparlamentaria de la izquierda mostró un interés real en las reformas, aunquequisieron ir más lejos que las propuestas por el Presidente.

En el transcurso del debate quedó claro que el bipartidismo no queríaemprender su propia reforma. “Los directorios, a través del Congreso, lehacían sentir su peso y su poder al gobierno. Y este, sintiéndose quizá sinsuficiente respaldo o carente de autentica voluntad política, no mostrótampoco en el apoyo a las reformas el mismo empeño que había demostradoen el impulso a la Ley de amnistía”.154

El gobierno había adquirido otro compromiso: el de la lucha contra lacorrupción. En tal sentido la prensa concedió el 18 de diciembre un grandespliegue a las denuncias del Procurador contra cien altos ex-funcionariosdel Estado por corrupción y manejo irregular de fondas públicos. Al respecto

152 Landazábal Reyes, Fernando, El.precio de la Paz, op. cit., p. 236.

153 Centroamérica y el Caribe siempre tuvieron para los Estados Unidos unaimportancia estratégica de carácter militar, económico y político. La presencia deCuba en la región, el triunfo de la revolución sandinista en 1979 y en Grenada, elavance de la insurgencia en El Salvador y Guatemala, era leída por laadministración conservadora de Ronald Reagan como una amenaza para el sistemademocrático capitalista del Subcontinente. Su tradicional hegemonía en la regiónera puesta en entredicho con el posible advenimiento de más gobiernosanti-norteamericanos. En el esquema adoptado para contener la expansiónsubversiva se contemplaba reafirmar el cerco contra Cuba y afianzar las relacionescon los países tradicionalmente leales en el continente. La Iniciativa para la Cuencadel Caribe fue expuesta por Reagan a principios de 1982. En síntesis, la propuestaera un instrumento económico para la revalorización estratégica de la región, en laperspectiva de la seguridad norteamericana. Su componente militar estaba inscritoen el marco de la contención del comunismo. Política que, a diferencia de otrosgobiernos Latinoamericanos, fue avalada por el presidente Julio César Turbay.

154 Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, op. cit., p. 75.

el senador por el Nuevo Liberalismo Rodrigo Lara Bonilla declaró que el paísha vuelto a tener un Procurador “después del oscuro pasaje” de su antecesor“abyecto e incondicional” funcionario de Turbay. “Pienso que eso demuestrauna vez más que al país no le podrán proponer en el futuro inmediato nisoluciones conservadoras ni liberales del sentido tradicional (...)”.155

En febrero la Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucional laemergencia económica, instrumento clave de Betancur para acompañar elproceso de paz y apertura, superar la crisis del sector financiero y reactivarla economía. Los empresarios de su parte insistían en la declaratoria de unaemergencia laboral.

En cuanto a las expectativas generadas por la Comisión de Paz, su futurono era menos incierto. El 25 de mayo de 1983, Otto Morales Benítezrenunció a la presidencia de la Comisión de Paz. Al gobierno, diría, le falta“combatir contra los enemigos de la paz y de la rehabilitación, que estánagazapados por fuera y por dentro del gobierno. Estas fuerzas reaccionariasen otras épocas lucharon como hoy, con sutilezas, contra la paz, y lograrontorpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de zozobracolectiva”.156

Dos años después el general en retiro Fernando Landazábal diría que: “LaComisión de Paz, en cierto sentido, dio la sensación de poner al Estado alservicio de la subversión, sin exigirle a esta su sumisión al servicio delEstado. Su actuación dejó la impresión de ser un negociador en desigualdadde condiciones; de ser la representación de un sistema vencido, resuelto aceder en todos los campos”. Y, agregó: “la Comisión de Paz se revistió con lamáscara de los negociadores; asumió la conducción de una mediación comosi se tratara de jueces ajenos a la nacionalidad cuyos principios básicosdebieron proteger y preservar”157. Se evidenciaba de tal suerte el pulso depoderes que signó el período de la política de paz y apertura de Belisario.

Las causas objetivas que Belisario Betancur le reconocía a la subversiónno era posible modificarlas en tanto la clase dominante no lo dispusiera.Aplazadas hasta nueva orden las reformas, como condiciones para el éxitode la paz, los contactos que se adelantaban con los alzados en armasresintieron esta falta de voluntad de la clase política.

En el tránsito hacia el año 1983 la coyuntura política se había tornadocaótica. El ELN y el EPL rechazaban la amnistía, El M-19 a la vez que lacompartía exigía el diálogo nacional y, las FARC, favorables al proceso de

155 El Tiempo, 19. 12. 82, p. 8A.

156 Carta de Otto Morales Benítez al Presidente de la República de mayo 25 de 1983.Citada por Enrique Santos Calderón, en: La Guerra por la Paz. Fondo Editorial CEREC,Bogotá: 1985, p. 289.

157 Landazábal Reyes, Fernando. El Precio de la Paz, op, cit., pp. 64-68.

paz, acentuaban los combates contra el Ejército. Simultáneamente decenasde presos políticos abandonaban las cárceles, al tiempo que la opiniónpública se polarizaba alrededor del debate que concitó el Caso Gloria Lara.

El secuestro y crimen de Gloria Lara se desenvolvió entonces en elcontexto de una coyuntura política dominada por una evidente y agudaconfrontación entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el gobierno yla sociedad civil. Comprensión sin la cual es imposible entender el caso, ni ladimensión de las fuerzas comprometidas en esta controversia, en tanto sedesconocen las motivaciones, las personas, las fuerzas y las discusiones queestuvieron sobre el tapete en la aguda controversia pública que el paísconoció entre noviembre de 1982 y mayo de 1983.

Hechos que por su trascendencia coparon la atención de periodistas,columnistas, partidos políticos; organizaciones sociales y analistas de la vidanacional.

Una conspiración contra la paz

Las decisiones tomadas en la transición de los gobiernosTurbay-Betancur menoscabaron la autonomía militar. La negociación sobrela toma de la Embajada de la República Dominicana con el M-19, ellevantamiento del Estado de Sitio con la consecuente derogatoria delEstatuto de Seguridad, la suspensión de la Justicia Penal Militar para juzgara los civiles y la amnistía, produjeron una gran insatisfacción en la cúpulamilitar.

De una posición preponderante en el gobierno de Turbay, los militarespasaron a ser contradictores del nuevo gobierno sobre todo en lo atinente almanejo del orden público y la paz. Contradicciones que fueron sutiles enunos casos y evidentes en otros; respecto a la amnistía, las investigacionessobre el MAS, y en El Caso Gloria Lara. Eventos en los que terminó porimponer su voluntad el Ejército Nacional con el beneplácito de importantesestamentos del poder político y económico.

La voz propia alcanzada por los generales fue reconocida por gremios ypolíticos que amenazaron “con golpes de opinión”. Tan aguda fue lacontradicción que el entonces Procurador Carlos Jiménez Gómez acuñó latesis de que en el país existían “dos constituciones paralelas, la una formaly pública la que conocemos y considerábamos ingenuamente la única; laotra, consuetudinaria, invisible, para uso privativo de las Fuerzas Armadas”,agregando “para qué golpe de Estado, si hay una Constitución de reservaque permite oportunos ajustes”.158

El Diálogo Nacional convocado por Belisario Betancur había desatadomúltiples conflictos. “De los equívocos, se pasaría a los enfrentamientos, alas rupturas y finalmente a las tragedias: el Palacio de Justicia, Tacueyó y laola irreversible de asesinatos políticos”. Para finales de 1984 -superado elbreve período del Diálogo Nacional- el proceso de paz languidecía. “Elfracaso de la paz (...) daba rienda suelta a una nueva guerra, carente ahorade toda dignidad: la guerra sucia y el terrorismo. La guerra sucia comoterrorismo del establecimiento y el terrorismo guerrillero como guerra suciade los alzados en armas (...) Guerra similar en sus prácticas y diferentesolamente en sus legitimaciones ideológicas”.159

Así, los oficiales más representativos de la cúpula militar pasaron adefender abiertamente sus posiciones ideológicas. El general Landazábaladvirtió que: “la estrategia global de la subversión ha estado regentada por

158 Carlos Jiménez Gómez, Documentos del Procurador. Tomo 111, Ed. Ratina, Bogotá:1987, p. 233.

159 Ramírez V, Socorro y Restrepo M, Luis Alberto, op. cit., p. 228.

la estrategia global del comunismo”.160 En tal sentido concibió el proceso depaz en Colombia como parte de la política subversiva continentalencaminada a disuadir una invasión norteamericana a Nicaragua. “Por ellonos opusimos a ellos (a los pactos de paz) desde todas las tribunas ycorriendo todos los riesgos... Es cierto que lo que pasara en Nicaraguarepercutiría en Colombia (...). Si la revolución en Nicaragua hubiera sidoforzada a retroceder, el movimiento guerrillero en Colombia hubiera sidotestigo de su propia destrucción”.161 Razones claras que explicaron laoposición al proceso de paz bajo la administración Betancur.

Proclamaron la necesidad de involucrar a toda la sociedad civil en laguerra, “Aquí no caben los neutrales y antes por el contrario, los indiferentese indecisos forman parte de las filas del adversario, al que se le presta ungran apoyo por el solo hecho de dejarlo prosperar”162. El General Samudiorechazó el punto de vista de la Iglesia de colocarse de árbitro “En esteconflicto estamos envueltos todos los colombianos, no hay árbitros”.163

Su oposición a la solución política interna del conflicto armado laexpresaron así: “No es el ejército quien no ha podido vencer. Es la clasepolítica quien no ha podido gobernar (...) cada vez que se acercaba suaniquilamiento, la política jugaba su papel y la administración de la violenciael suyo, y al impulso de los dos, se alzaba como un manto de protección laamnistía y el perdón para detenerlo”.164

En el mismo sentido se pronunció otro General: “Es factible derrotar a laguerrilla pero es necesario que haya de parte de la Nación la firme decisiónde enfrentar al subversivo como un adversario”.165

Sobre la Justicia Penal Militar el general Landazábal afirmó que hay unagran equivocación, “ (...) pues, en nuestro concepto, la vigencia de lademocracia colombiana, durante el mismo período (los últimos treintaaños), le debe más a la Justicia Militar que a la justicia ordinaria y no debeolvidarse que fueron las fallas protuberantes de esta última y la ineficienciamanifiesta de su acción, las que llevaron a los gobiernos a acudir a laprimera coma una tabla de salvación, para la vigencia del sistema y de suorden jurídico”.166

160 Fernando Landazábal Reyes, El Tiempo, 8. 5. 88, p. 1C y 4C.

161 Reyes Landazábal, Fernando. El Precio de la Paz, op. cit., pp. 210-216. 156 El Tiempo,8. 5. 88, p. 1C y 4C.

162 El Tiempo, 8. 5. 88, p. 1C y 4C.

163 General Samudio, Comandante del Ejército. El Tiempo, 6. 3. 88, p. 1B y 4C.

164 Landazábal Reyes, Fernando. El Precio de la Paz, op. cit., p. 232.

165 General Rafael Peña Ríos, El Tiempo, 12. 6. 88, p. 1B y 4B.

En cuanto a la justicia ordinaria, estaría descalificada “por estarmanipulada por los enemigos del ejército”167. La Teología de la Liberaciónfue asociada con “(...) el claro propósito de mover y auspiciar la motivaciónreligiosa a favor de la movilización revolucionaria”168. Los derechoshumanos fueron concebidos: “(...) como una especie de plataforma moralpara proteger a los violentos”.169

Sobre el Estatuto de Seguridad exigieron que “(...) debe ser una normapermanente y no una norma de Estado de Sitio”170. La guerra sucia contralas organizaciones populares se justificó así: “...la guerrilla tiene todos losapoyos que necesita, el político, el social y el económico. El apoyo políticoque le faltaba lo obtuvo a raíz de los acuerdos de paz... cada organizaciónguerrillera tiene, pues, su movimiento político... La violencia de los gruposparamilitares proviene de esa relación transparente entre grupo político ygrupo guerrillero”.171

Esta orientación doctrinaria de la institución castrense se evidenció conmayor claridad en los hechos que llevaron al rompimiento de la treguapactada con el M-19 y, con evidencia plena, en la toma que el Ejército hizodel Palacio de Justicia en 1985172. Allí quedó de manifiesto toda la debilidaddel poder civil que claudicó con su política reformista frente al modelo deseguridad nacional truncado transitoriamente por la propuesta de paz yapertura de Belisario. Doctrina de Seguridad contraria tanto a las solucionespolíticas del conflicto armado como al respeto por los Derechos Humanos yel Derecho Internacional Humanitario.

La tortura, señala Jonathan Hartlyn “(...) se volvió más prevalente; bienpudo haberse convertido en una parte del proceso institucional de losmilitares puesto que simultáneamente aumentaron las muertes y lasdesapariciones misteriosas”.173

166 Landazábal Reyes, Fernando. El Precio de la Paz, op. cit., p. 87.

167 General Luís Alberto Andrade, El Tiempo, 6. 9. 87, p. 1B.

168 Landazábal Reyes, Fernando. El Precio de la Paz, op. cit., p. 283.

169 Ibid, p. 33.

170 General Samudio, El Tiempo, 6. 3. 88, p. 1B y 4B.

171 General Rafael Peña Ríos, El Tiempo, 12. 6. 88, p. 1B y 4B.

172 Estando en curso el proceso de dialogo con el M-19, el Ejército atacó el 14 dediciembre de 1984 el campamento de esta organización acantonado en el cerro deYarumales aduciendo la ilegalidad de la existencia de ‘repúblicas independientes”. Pese aque un nuevo pacto puso fin al incidente tras 26 días de combates, éste seria el preludio delrompimiento de las conversaciones de paz con el M-19. El asalto al Palacio de Justicia porparte del M-19 en noviembre de 1985 pondría fin al proceso de paz iniciado por laadministración Betancur. Ver, Actores en Conflicto por la Paz, op. cit., pp. 228-251.

Para el “Caso Gloria Lara” tienen especial relevancia los criterios de lacúpula militar en torno a la prevalencia de la justicia Penal Militar, a su criticaa la debilidad del poder y de la justicia civil, y a la defensa del espíritu decuerpo. En particular al desconocimiento de los derechos de la población civilno involucrada en el conflicto armado como a la violación de las normas delDerecho Internacional Humanitario. Tal desconocimiento tocó los linderos delfanatismo militar y explica en buena parte las contradicciones abiertas oembozadas que se dieron entre el poder militar y el civil bajo laadministración de Betancur.

Los desaparecidos, torturados y condenados en el “Caso Gloria Lara”, lasvíctimas del MAS, la población civil bombardeada y obligada a migrardurante el combate de Yarumales y los civiles que perdieron la vida en elPalacio de Justicia fueron víctimas de ese pulso entre los dos poderes. En esaconfrontación los militares impusieron su concepción de terrorismo deestado en tanto que el gobierno civil se opuso con timidez. Episodios que, apesar de ser substancialmente distintos, tienen dos elementos en común: losgenerales impusieron su voluntad en todos los casos e involucraron aciudadanos ajenos al conflicto armado.

Para el Caso Gloria Lara, la actitud permisiva del poder civil fue claracuando el Procurador General de la Nación conoció de los hechosdenunciados. La Procuraduría fue notificada desde el 17 de diciembre de ladesaparición de Juan Tadeo Espitia Supelano, día en que comenzaron lastorturas en la Brigada. El Doctor Jiménez Gómez se limitó solamente adialogar con el Procurador Delegado de las Fuerzas Armadas, pero tampocoordenó la actuación de Medicina Legal luego de que los sindicadosaparecieran con signos de tortura.

Tarea que le correspondió a los abogados defensores 15 días después dela captura de Juan Tadeo, momento en que sólo fue posible recibir el poderde los incriminados. Desde el 23 de diciembre, tanto el Ministro de Justiciacomo el Procurador fueron alertados por distintos dirigentes políticos de losinterrogatorios en la BlM-Bogotá, sin embargo los detenidos siguieron siendotorturados hasta el 27 de diciembre, día en que se retractaron de lasconfesiones ante el juez 47.

Durante esos diez días el gobierno de Belisario y la Procuraduría no vieronni oyeron nada. Sólo después de la retractación pública de los inculpados, elProcurador es obligado a pronunciarse sobre el informe de Medicina Legal.Lo hace el día tres de enero, para manifestar que hubo “maltratos en elproceso de su captura” y que por tanto “ las declaraciones deben presumirselibres y espontáneas”.174

173 Hartlyn, Jhonathan. Op. cit., p. 273.

174 Carta del Procurador Carlos Jiménez Gómez al General Landazábal, 3 de enerode 1983. En: Documentos del Procurador. Tomo 1, p. 150.

“Libres y espontáneas” significaba exonerar al comandante de laBIM-Bogotá Hernando Díaz Sanmiguel de las denuncias por tortura. Pero auna amplia opinión del país le quedó la impresión de que éste, era un fallopolítico. Así lo señaló Hernando Franco, quien fuera uno de los sindicados,“(...) el Procurador en privado señala que no podía decir que había torturas.Razones de Estado obligan a usar guante blanco con los militares quienes enreunión realizada en el despacho del señor Ministro de Gobierno y enpresencia del Procurador manifestaron que si se acusaba a los militares detorturas, renunciaría en pleno el Estado Mayor. No podíamos dejar al país enmanos de los militares, dice a sotto voce”.175

La verdad es que a los detenidos no se les pudo “maltratar por laresistencia que opusieron”, ya que la mayoría se presentaronvoluntariamente ante las autoridades y otros fueron capturados en sus sitiosde habitación o de trabajo. Afirmación distinta profirió el Procurador un mesmás tarde de conformidad con el peritaje psiquiátrico practicado en elInstituto de Medicina Legal. En una segunda carta dirigida al GeneralLandazábal, fechada el 16 de febrero, el procurador le manifiesta que “Eldictamen expone claramente conceptos de orden psicológico que hacenverosímil la hipótesis de torturas físicas y morales” y señala que “tres de losocho examinados presentan signos y síntomas clínicos de neurosistraumática”.176

En la misma carta le solicita al Ministro de Defensa que reitere a todoslos niveles la “prohibición constitucional y legal imperante de infligircualquier clase de dolor físico o moral (...) a personas que llegasen a estaren su poder” y le recuerda “sobre la falta de competencia de losorganismos militares para intervenir e n investigaciones de esta naturalezay sobre la inconveniencia de dicha intervención, ya expresé a ustedoportunamente, en nuestras conversaciones personales, el concepto de laProcuraduría General”.177

Esta carta contradice a la primera, admite la posibilidad de la tortura yseñala la ilegalidad de la intervención de los organismos militares en elproceso, sólo que fue conocida hasta dos años después por su carácterprivado. Este comportamiento contradictorio -el aval público y la condenaprivada al comportamiento del Ejército- es una postura típicamente política yno jurídica. También lo fueron el silencio de Belisario Betancur y la condenapública proferida por los altos mandos militares contra los sindicados delCaso Gloria Lara.

175 Carta de Hernando Franco a directivos, profesores y estudiantes de la UniversidadNacional, volante mimeografiado, enero 16 de 1983.

176 Carta del Procurador Carlos Jiménez Gómez al General Landazábal, 16 de febrero de1983. En: Documentos del Procurador, Tomo 1, p. 160.

177 Ibidem.

Si el proceso hubiera estado sometido estrictamente al derecho penal, laspersonas sindicadas habrían debido ser exoneradas de cualquier sospechaen razón de las inconsistencias propias del proceso. La intromisión de laBrigada en el caso fue ilegal como lo fue también la detención de losinculpados en el crimen y las indagatorias adelantadas en la Brigada deInstitutos Militares de Bogotá. La ausencia de abogados defensores y en sudefecto la presencia de abogados militares de oficio sin titulo, las torturascomprobadas, la condena publica, la violación de la reserva del sumario, laincongruencia de las auto-inculpaciones, las retractaciones; pero, sobre todo,por la inculpación indirecta y las pruebas que aportaron los autores delsecuestro de Kenneth Bishop explicitaron en su conjunto otros interesesajenos a los de impartir justicia en el Caso Gloria Lara.

Los temas propiamente procesales fueron tratados en forma superficial ysimple, como el tema de la tortura. Su discusión se limitó a confirmar onegar la existencia de torturas tomando como base las huellas físicasencontradas por medicina legal al cabo de quince días de cautiverio y,denegando los medios de prueba presentados por la defensa quedemostraron la existencia de torturas en la audiencia realizada en eldespacho del juez Mariño. Las cuales fueron minimizadas a la categoría demaltratos por el Procurador.

La literatura especializada sobre el tema de la tortura sostiene que esta sepráctica hoy con técnicas sofisticadas y sistematizadas, de una gran eficacia,que rebasan las torturas físicas conocidas. “De la diplomacia con que mehablaron en la tarde pasaron a la agresividad (...)”, relata la DiputadaEmperatriz Santander “(...) luego me tiraron al suelo (...). El torturador quese montó encima me puso un trapo mojado en la boca y comenzó a echarmeagua con una botella, a asfixiarme (...). Recuerdo que uno de ellos quisoquemarme con una colilla pero otro le advirtió que no me tocara (...)”.178

Hoy se practican métodos aplicados a romper lo que se denomina el-umbral de resistencia mental- de una persona, privándola del sueño, lacomida, el agua, el descanso, el abrigo y sometiéndola a una presiónpsicológica intensa mediante interrogatorios interminables e intimidatorios.El aislamiento, la desnudez, la indefensión, y la humillación violentan eseumbral de resistencia.

Para el “caso”, el método del ahogamiento llevó a los detenidos asucumbir ante la voluntad de los torturadores, sin que de ello quedaranhuellas físicas. “Si un ser humano es torturado física o psicológicamentepuede por temor o miedo de perder su libertad, su vida o su salud aceptarconfesiones en indagatoria”.179

178 Gómez R., Germán y Duque O., Claudia Julieta. Mártires del Rumor, op. cit., pp.188-189.

179 Conclusiones del examen psiquiátrico de Medicina Legal practicado a los sindicados

Concepto científico totalmente contrario al “axioma universal, deinexorable aplicación en el campo del derecho de que, nadie, por reglageneral, miente para perjudicarse, menos, mucho menos, en materia tangrave”.180 Axioma en el que se basó la providencia del Tribunal Nacional paracondenar a los procesados.

Amnistía Internacional en su informe de abril de 1980 había establecidoque en Colombia existían 33 centros especiales donde se administrabanunas 50 formas de tortura y documenta meses más tarde 600 casosindividuales.181 Antecedentes que fueron ignorados tanto como lostestimonios de los sindicados, las declaraciones de sus familiares y losargumentos de la defensa. Se omitieron igualmente las declaraciones quedesde fuera del proceso hicieron autoridades civiles y militares, fuerzas ypersonalidades de la vida política del país que en su momento polarizaron laopinión pública alrededor del caso.

Entre ellos cabe destacar las declaraciones hechas por la cúpula militar deentonces, dirigida por el General Fernando Landazábal Reyes, Ministro deDefensa; el General Hernando Díaz Sanmiguel, Comandante de la Brigada deInstitutos Militares; el Juez 47 de Instrucción Criminal Luís Eduardo Mariño,quienes apelando al espíritu de cuerpo y a la eficacia de la justicia PenalMilitar violaron la reserva del sumario y el principio de presunción deinocencia, se comprometieron públicamente con la culpabilidad de losdetenidos y con la negación de las torturas en la etapa sumarial.

Se publicó una cantidad considerable de documentos que expresarondiversos puntos de vista sobre el proceso como la carta abierta al Procuradorhecha por treinta y cuatro (34) jueces de Instrucción Criminal de Medellín.Columnistas como Guillermo Cano, Alfredo Vásquez Carrizosa, DanielSamper y Enrique Santos Calderón; la Revista Semana, el ComitéPermanente por la Defensa de los Derechos Humanos, personalidades comoGerardo Molina, Apolinar Díaz Callejas, Orlando Fals Borda, Gustavo Gallón,Álvaro Tirado Mejía y otros, denunciaron los vicios jurídicos y exigierontransparencia en el proceso.

En el mismo sentido se manifestaron la Asamblea de Cundinamarca, yagremiaciones como la CSTC, FECODE, FENALTRASE, FESTRAC,FEDEPETROL, USO, SINTRACREDITARIO, UNIMAR182. Agrupaciones políticas

del caso Gloria Lara. Bogotá, diciembre 29 de 1982.

180 Providencia del Tribunal Nacional de 1992. Folio 72, cuaderno 20 del expediente.

181 Información suministrada por Marco Palacios en, Entre la Legitimidad y la violencia, op.cit., p. 272.

182 Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), Federación Colombianade Educadores (FECODE), Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado(FENALTRASE), Federación de Trabajadores de Cundinamarca (FESTRAC), Federación de

como el Partido Comunista, Partido del Trabajo, Partido SocialistaRevolucionario, Partido Socialista de los Trabajadores, Movimiento Pan yLibertad; Bloque Camilo Torres, Democracia Popular y el Nuevo Liberalismo.Estas son sólo algunas de las organizaciones que se pronunciaron sobre elcaso.

Todos los pronunciamientos tuvieron un denominador común: la exigenciapor el respeto al debido proceso, el derecho a la defensa, a las garantíasindividuales, la oposición rotunda tanto a las torturas y a los procedimientosirregulares como a las indagatorias en la Brigada. Se condenó la intimidacióna los detenidos y a sus familiares, la ilegalidad de las declaraciones deldenunciante en cuanto su identidad se mantuvo en secreto, la violación de lareserva sumarial, la manipulación de los medios de comunicación, lacondena pública previa y se exigió la desvinculación de los militares delproceso. Es decir, una parte muy significativa de la Sociedad se pronunciósobre el Caso Gloria Lara, al que los jueces de Medellín calificarían como una“novela de terror”.

La cascada de declaraciones y la controversia que generó el caso no seexplican solamente por la importancia de la señora Gloria Lara, ni por lacrueldad del crimen, ni por las irregularidades y las torturas cometidas en elproceso, ni por la desaparición de la familia Rivera; ni por la tragedia y lanostalgia de los exiliados como tampoco por el agudo debate en los estradosjudiciales. Lo que demostró la controversia en su momento, fue la existenciade un conflicto de poderes de tal magnitud que se llegó a hablar de “razonesde Estado”, como la real motivación para la condena irregular de losinculpados.

Lo que explica que el hecho haya motivado la polarización de la opiniónpública en posiciones tan encontradas y comprometidas, fue que el caso,más allá de ser un problema del Derecho Penal, se convirtió en un problemade profundo contenido político. Y, por lo tanto, su solución tiene que ver nosólo con la necesidad de hacer justicia en el caso del crimen, sino con lavaloración del comportamiento de las autoridades e institucionescomprometidas en el proceso, especialmente, con la jefatura castrense deentonces.

Baste citar al juez 47, Luís Eduardo Mariño, quien once meses después dehaber sido recusado por parcialidad en el caso, reconoció que: “En estemomento pienso que pudo harbersen (sic) construido un montaje por partede los señores militares para conquistar la gloria y de él fueron víctimas nosólo los pobres sindicados, a quienes se desprestigió, sino que también meconsidero víctima de un engaño”.183

Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL), Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato deTrabajadores de la Caja de Crédito Agrario (SINTRACREDITARIO), Unión de MarinosMercantes (UNIMAR).

De otra parte, la práctica del terrorismo y el secuestro ejercida por lasorganizaciones guerrilleras generaron las condiciones favorables para queun hecho contingente como el secuestro y crimen de Gloria Lara, sirviera-en una coyuntura política de aguda confrontación entre el poder civil ymilitar- de instrumento a los propósitos de una cúpula castrense queadvertía en el diálogo con los alzados en armas un peligro para laseguridad nacional, desde su propia óptica,

Los militares interesados en demostrar la eficacia de la justicia PenalMilitar, en recobrar el prestigio perdido y, en retornar a la autonomía plenaen el control del orden público, hallaron en el Caso Gloria Lara lascondiciones para intimidar y desprestigiar a las fuerzas de izquierda ydemocráticas. El objetivo último pretendía deslegitimar el proceso de paz yapertura auspiciado por el proyecto reformista de Belisario Betancur.

El mensaje era claro: con una izquierda criminal, carente de ideales yprincipios éticos no era viable acordar un tratado de paz. Se imponía enconsecuencia un viraje hacia el anterior modelo inconcluso de terrorismo deestado. Y, ante los temores bien fundados de la vinculación de efectivos delEjército al MAS, era necesario preservar infranqueable el espíritu de cuerpoasí como la autonomía alcanzada y puesta en peligro. Por ello urdieron elmontaje que terminó por configurar una doble impunidad: la del crimen deGloria Lara y la perpetrada contra las personas obligadas a confesar bajo latortura un delito que no cometieron.

El caso Gloria Lara ilustró en su momento la ineficacia de la justicia, lasenormes dificultades para el desarrollo de fuerzas políticas ajenas al conflictoarmado y la ausencia de una sociedad democrática y tolerante. Dimensionóla degradación de la violencia, con su concomitante violación de losderechos humanos, al igual que evidenció esa trilogía de empresarios,políticos y militares enemigos de las reformas sustanciales que posibilitan laconstrucción de una paz estable en Colombia.

183 Declaraciones de Luis Eduardo Marño. Folio 391, cuaderno 10 del expediente.

Bibliografía

Alape, Arturo. La Paz, La Violencia: Testigos de excepción. Planeta, Bogotá:1985.

Bermúdez Rossi, Gonzalo, El Poder Militar en Colombia. EdicionesExpresión, Bogotá: 1982.

Blair Trujillo, Elsa, Las Fuerzas Armadas. Bogotá: CINEP, 1993.

Gallón Giraldo, Gustavo, La República de las Armas. Serie Controversia No.109-110, CINEP, Bogotá: 1983.

Gallón Giraldo, Gustavo, Compilador- Entre Movimientos y Caudillos. 50años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia.CINEP-CEREC, Bogotá: 1989.

García Durán, Mauricio, Procesos de Paz. Colección Sociedad y Conflicto,CINEP, Bogotá: 1992.

Hartlyn Jonathan, La Política del Régimen de Coalición. La experiencia delFrente Nacional en Colombia. Tercer Mundo Editores, Bogotá: 1993.

Kalmanovítz, Salomón, Economía y Nación. CINEP, Universidad Nacional,Siglo XXI editores, Bogotá. 1988.

Landazábal Reyes, Fernando, Estrategia de la Subversión y su Desarrollo enAmérica Latina. Editorial Pax, Bogotá: 1969.

Landazábal Reyes, El Precio de la Paz. Planeta, Bogotá: 1985.

Landazábal Reyes, El Equilibrio del Poder. Plaza y Janes, editores, Bogotá:Leal Buitrago, Francisco, El oficio de la Guerra. TM Editores, Bogotá: 1994.

Landazábal Reyes, Estado y Política En Colombia. Siglo XXI Editores,Bogotá: 1989.

Leal Buitrago, Francisco y Zamosc, León -Editores-, Al Filo del Caos. Crisispolítica en la Colombia de los años 80. Tercer Mundo Editores, Bogotá:1991.

León Atehortúa, Adolfo y Vélez, Humberto, Estado y Fuerzas Armadas enColombia (1886-1953). T.M. Editores, Bogotá: 1994.

López De La Roche, Fabio, Izquierdas y Cultura Política. ClNEP, Bogotá:1994.

Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya. La Violencia ParainstitucionalParamilitar y Parapolicial en Colombia. Rodríguez Quito Editores, Bogotá:1994.

Múnera Ruiz, Leopoldo. Rupturas y Continuidades, Poder y movimientopopular en Colombia 1968-1988. Bogotá : IEPRI, Universidad Nacional,

CEREC, 1998.

Pécaut, Daniel, Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988.Siglo XXI editores, Bogotá: 1989.

Palacios, Marco, Entre la Legitimidad y la Violencia Colombiana 1875-1994,Norma, Bogotá: 1995.

Ramírez, Socorro y Restrepo, Luís Alberto, Actores en Conflicto por la Paz.CINEP-Siglo XXI editores, Bogotá: 1989.

Sánchez G, Gonzalo, coordinador. Colombia: Violencia y Democracia,informe presentado al Ministerio de Gobierno. Comisión de Estudios sobrela Violencia. Universidad Nacional de Colombia. Centro Editorial, Bogotá:1987.

Santos Calderón, Enrique, La Guerra por la Paz. Fondo Editorial CEREC,Bogotá: 1985.

Silva Luján Gabriel. “El origen del Frente Nacional y el gobierno de la JuntaMilitar’’, en Nueva Historia de Colombia, Tomo 11, Editorial Planeta, Bogotá:1989.

Tirado Mejía Álvaro, “Del Frente Nacional al momento actual: diagnósticode una crisis”, en Nueva Historia de Colombia, Tomo 11, Editorial Planeta,Bogotá: 1989.

Documentos

Betancur Cuartas, Belisario. El Camino de la Paz. “El Ansia y la Prisa por laPaz”, Secretaria de Información y Prensa de la Presidencia de la República,Vol I, Bogotá, mayo de 1984.

Carta de Hernando Franco a directivas, profesores y estudiantes de laUniversidad Nacional, volante mimeógrafo. Bogotá, enero 16 de 1983.

Carta Abierta al: Presidente de la República Belisario Betancur, Ministro deJusticia Bernardo Gaitán Maecha, Ministro de Gobierno Rodrigo EscobarNavia, y Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez. Suscrita enBogotá el 7 de 1983 por Juan Tadeo Espitia S, Fredy Rivera A, RobinsonRivera A, Wilberto Rivera M, Froilán Rivera M y Rodrigo Penilla Candela.

Carta enviada por los detenidos del Caso Gloria Lara al Foro por elDerecho a la Vida, la Paz y la Apertura Democrática. Bogotá, marzo 4 de1983.

Conclusiones del examen psiquiátrico de Medicina Legal practicado a JuanTadeo Espítia Supelano, Froilán Rivera Mesa, Rodrigo Penilla Candela y JoséFredy Rivera Arboleda. Bogotá, diciembre 29 de 1982.

Declaración del Comité Permanente por la Defensa de los DerechosHumanos. Bogotá, 28 de enero de 1983.

Declaración Pública sobre el Caso Gloria Lara, suscrita el 3 de febrero de1983 por organizaciones sociales y partidos políticos.

Entrevista realizada a Hernando Franco por la Revista Semana. Bogotá,enero 10 de 1983.

Jiménez Gómez, Carlos. Los Documentos del Procurador 1982-1986. TomoI, II, III, IV, Editorial Retina, Bogotá, 1987.

Providencia del Tribunal Nacional de 1992. Folio72, cuaderno 20 delexpediente.

Prensa

El Espectador, Bogotá, junio-marzo, 1982-1983. El Tiempo, Bogotá,1982-1983.

Revista de las Fuerzas Armadas, Bogotá, 1982, 1983.

Revista de la Contraloría, Bogotá, 1982, 1983.

Revista Cromos, Bogotá, junio-mayo, 1982-1983.

Revista Semana, Bogotá, junio-mayo, 1982-1983.

Anexos

Anexo 1

Organización de los Estados Americanos, ComisiónInteramericana de Derechos Humanos

Caso 9477: Patricia Rivera

Con fecha 22 de noviembre de 1984, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos recibió la siguiente denuncia sobre la detención ilegal deun grupo de personas en plena calle de la ciudad de Bogotá, efectuada porun grupo de agentes del Estado:

El día 10 de diciembre de 1982 aproximadamente a las 3:00 p.m. en laciudad de Bogotá ante la presencia de varios testigos y en plena calle fuerondetenidas, no obstante sus expresiones de protesta, su resistencia tenaz ysus desesperados llantos, la señora PATRICIA RIVERA, sus menores hijasELIANA y KATHERINE BERNAL RIVERA de 9 y 4 años de edad,respectivamente, y también por intervenir en su auxilio el anciano MARCOANTONIO CRESPO. La señora Rivera y sus hijas se encontraban eninmediaciones de su residencia cuando fueron interceptadas por personalque se identificó como perteneciente a un organismo de seguridad delEstado. El señor Crespo, de 74 años de edad, quiso evitar la arbitrariaaprehensión, pero se convirtió en otra víctima. Testigos presénciales delbarrio de la retención mencionada fueron Carlos Alfonso Olave Uribe, AnaTulia Angel Angel, María Beatriz Roa, Crispín Ríos Alvarez e Irma Mahecha deMontoya, quienes identificaron a los captores como los detectives AlfonsoSuárez Jaime, Campo Elías Tirado Amado y Jorge Luis Barrero o Borrero,miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Con base en sus declaraciones y en los retratos hablados realizados poralgunos de ellos se logró corroborar las identidades de los oficiales quehabían participado en la captura. También se pudo demostrar conposterioridad que el taxi amarillo de placas SD-1485, que fue visto por lostestigos, que fueron obligados a abordar los retenidos estaba, para la épocade las desapariciones, en poder de esa Brigada de Institutos Militares, hoyXIII Brigada del Ejército, con sede en Bogotá. De la misma manera, seclarificó que el motivo de la retención de Patricia fue que organismos deseguridad del Estado, de manera errónea, la consideraban vinculada con unsecuestro cometido meses antes, cuya víctima fue una distinguida damabogotana.

Esta denuncia fue transmitida al Gobierno de Colombia con fecha 5 dediciembre de 1984, dándose así inicio a la tramitación reglamentaria del

presente caso.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno de Colombia,por los hechos señalados las autoridades de ese país iniciaron lacorrespondiente investigación en el Juzgado 81 de Instrucción Criminal deBogotá, el cual vinculó como sindicados a Alberto Alfonso Suárez Jaime,Campo Elías Tirado Amado, Armando Rodríguez Ossa y Jorge Luis Barrero oBorrero miembros activos del DAS para la fecha de ocurrencia de los hechos.Los primeros rindieron las indagatorias ante ese Despacho Judicial. JorgeLuis Barrero o Borrero, fue declarado reo ausente, pues no fue capturado apesar de haberse proferido la orden correspondiente por el citado juzgado.La indicada persona estaba vinculada a un proceso penal por hechossimilares como responsable de la desaparición de Miguel Angel Díaz yFaustino López Guerra, por lo cual fue condenado a 5 años de prisión por elJuzgado Primero del Circuito de Tunja (Colombia), pena que al parecercumplió en la penitenciaría de El Barne de esa localidad. La investigaciónpor la desaparición de Patricia Rivera, sus menores hijas y el señor Crespo,cursa en la actualidad en el Juzgado 103 de Instrucción Criminal, el que no seha pronunciado con ninguna decisión de fondo, a pesar de habertranscurrido casi diez años del hecho .

Los hechos denunciados fueron presenciados por muchísimas personas,algunas de los cuales inclusive, por vivir o trabajar en el barrio, vierondirectamente a los secuestradores y hasta trataron de ayudar a PatriciaRivera y al señor Crespo. Entre ellos cooperaron como testigos lassiguientes:

CARLOS ALFONSO OLAVE URIBE, conocía a Patricia personalmente porquehabía trabajado con ella en Seguros Tequendama. Como propietario de unnegocio de cigarrería en cuya puerta de la calle tuvo lugar el secuestro,presenció directamente cómo individuos, cuyos rostros no estaban cubiertoslo que permitió identificarlos, que se acreditaron ante Patricia Rivera y anteel testigo señor Olave como miembros del F-2 mostrando sus credencialesde la Policía y una orden de detención escrita con su nombre, retuvieron aPatricia Rivera el 10 de diciembre de 1982, la sacaron de la cigarrería y laobligaron a ella y a sus pequeñas hijas a abordar un vehículo amarillo ynegro, impidiéndole comunicarse telefónicamente con sus familiares.

ANA TULIA ANGEL ANGEL, la compañera de vida y de trabajo del señorOlave Uribe presenció también la detención de Patricia en compañía de sushijas y del señor Marco Antonio Crespo por estar en la cigarrería a la mismahora del secuestro, e identificó a los autores como del F-2.

MARIA BEATRIZ ROA DAZA, la cajera de la Panadería La Milanesa, ubicadatambién frente al lugar del secuestro, fue testigo de cómo el anciano MarcoAntonino Crespo, conocido y asiduo cliente, penetró a la panadería en buscade auxilio y le dijo que no siguiera almorzando porque el F-2 lo venía

persiguiendo. Vio cara a cara al individuo joven, que sacó un radiotransmisor y una tarjeta para identificarse como del F.2. y cómo se llevóconsigo al señor Crespo al lugar donde se encontraban otros dos hombrescon Patricia y sus pequeñas hijas y de que todos los detenidos fueronobligados a subir a un taxi de color amarillo y negro.

CRISPIN RIOS ALVAREZ, el panadero de la Panadería La Milanesa, quien seencontraba trabajando lo mismo que María Beatriz Roa y le tocó presenciartanto la detención de que fueron objeto las víctimas, como el hecho de queno le fue permitido al señor Crespo comunicarse telefónicamente con sufamilia y observar directamente las caras de los secuestradores.

IRMA MAHECHA DE MONTOYA, vecina que mientras limpiaba los vidrios desu casa ubicada a pocos metros de los hechos, presenció sin perder detalletodos los pormenores de la detención y observó también el vehículo taxiamarillo y negro en el que fueron obligados a embarcarse Patricia Rivera, sushijas y el señor Crespo.

Con base en las declaraciones recibidas y en los retratos hablados deCarlos Olave, Crispín Ríos y Beatriz Roa, el Juzgado 81 de InstrucciónCriminal vinculó como sindicados a ALBERTO ALFONSO SUAREZ JAIME,CAMPO ELIAS TIRADO AMADO y JORGE LUIS BARRERO o BORRERO. Los dosprimeros fueron oídos en indagatoria y el último fue declarado reo ausente.Corroborando estos testimonios, corren también las declaraciones de losoficiales Suárez Jaime y Tirado Amado, miembros activos del DAS para lafecha de los hechos.

El caso 9477 tuvo una extensa tramitación dentro de la cual lospeticionarios y el Gobierno de Colombia tuvieron la oportunidad de expresarsus correspondientes alegatos. La Comisión tomó en cuenta que en eldesarrollo del presente caso había quedado acreditada la participación demiembros de los cuerpos de inteligencia de Colombia en los hechos decaptura y posterior desaparición de Patricia Rivera, Gilma Eliana y KatherineBernal Rivera y Marco Antonio Crespo, pese a lo cual los responsables nohabía sido sancionados; que el Gobierno de Colombia no negaba los hechospero continuaba alegando, pese a que habían pasado mas de 10 años de lainvestigación, que los recursos de la jurisdicción interna no se había agotado,lo que no podía tomarse seriamente en consideración debido al retardoinjustificado que se había operado; y que la Asamblea General de laOrganización de los Estados Americanos declaró por Resolución 666(XIII-O/83) y Resolución 742 (XIV-O/84) que «La desaparición forzada depersonas es una afrenta para la conciencia del Hemisferio y constituye uncrimen de lesa humanidad».

Reunida en su 82º período de sesiones, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos consideró el presente caso de detención arbitraria,convertido en un caso típico de desaparición forzada de personas, y en uso

de las facultades de que está investida, concluyó:

Que el Gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligación derespetar y garantizar los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a laintegridad personal), 7 (derecho a la libertad personal) y 25 (sobreprotección judicial), en conexión con el artículo 1.1, consagrados en laConvención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia esEstado parte, respecto del secuestro y posterior desaparición de PatriciaRivera, Gilma Eliana y Katherine Bernal Rivera y Marco Antonio Crespo.

Recomendar al Estado de Colombia pagar indemnización compensatoria alos familiares de las víctimas; que continúe y profundice la investigaciónsobre los hechos denunciados y sancione a los responsables; y que garanticela seguridad y se otorgue la protección necesaria a los testigos presencialesde los hechos.

Fuente:http://cidh.oas.org/countryrep/Colombia93sp/cap.5.htm

Anexo 2

Salvamento de voto

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA –SALA PENAL

Salvamento de voto

Habiéndolo advertido al momento de discutir en Sala el proyecto que seconvirtió en providencia mayoritaria, una nueva revisión del expedientepreviamente a la elaboración del presente salvamento de voto me permitereafirmar que nos encontramos ante un proceso de tramitación irregular,donde aparecen comprometidos los principios que regulan constitucional ylegalmente la jurisdicción. Va en la decisión mayoritaria una ínsitaconvalidación de procedimientos viciados, cuyo señalamiento fueoportunamente consignado por los afectados, y recogido como apuntaciónválida en la providencia de primera instancia, cuya fundamentaciónencuentro acertada.

En esencia, la desatención de la Constitución y la ley está contenida enaquello que constituye a su vez vinculación de los sindicados a quienes seenjuicia, y medio de defensa de los mismos: sus indagatorias (confesiones).No se remite a duda que JUAN TADEO ESPITIA SUPELANO y los otrossindicados que afirmaron haber sido objeto de torturas en la sede de laBrigada de Institutos Militares BIM, y haberse hallado bajo amenaza deiguales tratos cuando en la misma sede fueron escuchados en indagatoriapor el Sr. Juez 47 de Instrucción Criminal, estuvieron asistidos por unapoderado perteneciente el Ejército Nacional, quien no ostentaba lascalidades que el Juzgado hizo constar en las actas respectivas, de acuerdo ala documentación proveniente del Tribunal Superior de Bogotá y delMinisterio de Justicia. No obraba en calidad de particular llamado a prestarun servicio permitido a ciudadanos honorables cuando no se cuenta en allugar con abogado que apodere al sindicado, y mal podía ocurrir ello en laciudad donde se concentra la mayor cantidad de profesionales en tal área;obraba como persona habilitada para ejercer la profesión de abogado,citándose en las actas una licencia provisional cuya inexistencia estáprobada. Mas, encontrándose en lo anterior apoyo al reclamo de lossindicados al mencionar la carencia de oportunidad para designar surespectivo apoderado, el vicio alcanzó la desatención de las máselementales normas en materia de defensa. Pues si bien “una mismapersona podrá servir de defensor de varios “procesados en un mismoproceso”, de acuerdo a la previsión del a. 119 c.p.p., el legislador se cuidó deprohibirlo expresamente, para un solo evento, a saber la existencia deintereses opuestos entre aquellos sindicados o procesados a quienes

representa el apoderado o defensor. Ahora que, apareciendo en el texto dela norma citada tal excepción al apoderamiento común, igual habría deatenderse si el c.p.p. no contuviese la misma, ya que proceder en formacontraria significaría violación del derecho de defensa. Así que, cuando de lalectura de las actas se desprende la oposición de intereses en quienesestaban siendo sometidos a indagatoria al punto de que el Sr. Juez 47 deInstrucción Criminal recibe juramento de acuerdo a lo establecido en el a.385 c.p.p., de acuerdo al cual «si el procesado declarare contra otro, se levolverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento”.

Independientemente de la razón que llevase al Sr. Juez 47 de Instrucción apasar por alto la elemental regla acerca de aquella prohibición para elapoderamiento común de quienes se involucran mutuamente como autoresde hechos por los cuales son sometidos a la jurisdicción penal, para elsuscrito está claro que las indagatorias afectadas por falla de tal entidad soninexistentes frente al derecho. En apoyo de lo dicho, debe recordarse que ela. 214 ç.p.p. ordena considerar como no «verificado” aquel acto para cuyavalidez deben mediar “ciertas formalidades”, cuando las mismas no fuerenobservadas. Si tal ha de ser el efecto del vicio, ¿cómo formular llamamientoa juicio partiendo de las confesiones que contienen las indagatorias dichas?

Si ya el punto relativo al apoderamiento irregular deja sin piso lasindagatorias donde se formularon confesiones, no. puede olvidarse que elInstituto de Medicina Legal corroboró huellas de violencia en aquellossindicados sometidos a examen, tras afirmar haber sido sometidos alquebrantamiento de su voluntad mediante torturas. La providenciamayoritaria concluye que tales señales de violencia no se hallaron cuando elmédico perteneciente a le BIM los examinó, para deducir que los daños encuerpo y salud de los sindicados se dieron con posterioridad a lasindagatorias recibidas en la sede de la Brigada. No obstante, si en tal sedese llevaron a cabo los maltratos, como lo afirman los sindicados, ningunagarantía de imparcialidad ofrece el examen hecho por médicos cuyasactividades se desarrollan en el mismo lugar. La crítica de la prueba nopermite entonces deducción simple, especialmente si se cuenta ya condemostración acerca de haberse desatendido el derecho de defensa en lesindagatorias recibidas en la B1M.

La presencia misma de los sindicados en la sede de una Brigada Militardebió alertar a la Sala acerca del fundamento del dicho expresado en lasampliaciones de indagatoria, informando atropellos. EI proceso correspondíaa la jurisdicción ordinaria, resultando anormal la participación de autoridadesmilitares en diligencias relacionadas con el mismo. Los sindicados sometidosa torturas, según lo afirman, fueron oídos en versiones recibidas oficialmentepor quienes no pertenecían a los cuerpos auxiliares de le jurisdicciónordinaria, y consta al proceso, al cual aparecen anexas cintas audiovisuales,que las mismas fueron exhibidas a todo cal país por canales de televisión,sin orden alguna, y mal podía darse, porque las normas de procedimiento

disponen precisamente lo contrario, a saber la reserva del sumario. Al díasiguiente de ser exhibidas al país las cintas por parte de una autoridadmilitar, el Sr. Juez 47 de Instrucción Criminal sostuvo un prolongado reportajea través de una cadena de radio con alcance nacional. En la entrevistaexpresó que quienes confesaban mediante las cintas presentadas-ilegalmente- al público, eran los autores de los hechos punibles de que trataeste proceso. Advirtiendo nuevamente que no se hace consideración acercadel mérito encerrado en la conducta del Sr. Juez de Instrucción, por tratarsede un problema jurídico no sujeto a examen dentro de esta actuación,resulta necesario atender episodio como el citado, cuando se justiprecia lasafirmaciones de los sindicados acerca del origen de sus confesiones en lasede de le Brigada de Institutos Militares.

Se desemboca por estas vías en las consideraciones del Juzgado deprimera instancia, acerca da la vinculación de los antiguos miembros de laAsociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, dentro del proceso.Encuentra asidero lógico el razonamiento fiel Juzgado 16 Superior alrelacionar la pesquisa de las autoridades militares, con la identificación delas personas integrantes de aquella organización, una vez que es hallado elcuerpo sin vida de la víctima, Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI, cubierto conuna bandera con las iniciales O.R.P. El propósito de mostrar ante el país unresultado anticipado del proceso por parte de las autoridades militares, esevidente en la publicación nacional de las cintas audiovisuales. Lasafirmaciones sobre la violencia ejercida sobre ellos, los sindicados, aparecenenmarcadas en un contexto procesalmente establecido, a saber la voluntadde preconstituir pruebas de responsabilidad, no sólo dentro del proceso alcual se anexaban las heterodoxas versiones recibidas, sino ante el país ymediante un despliegue publicitario sin antecedentes, y constitutivo deagravio a los derechos de los sujetos pasivos de la acción penal, y de lajurisdicción como ejercicio autónomo de facultades con origen constitucionalpara administrar justicia de acuerdo a los procedimientos y ritospreviamente establecidos.

El sesgo mostrado en la instrucción a partir de la vinculación de losantiguos integrantes de la ANUC origina reflexiones de uno de los abogadosquien, a f. 515-16 del cuaderno N° 5, pregunta por las diligencias tendientesa establecer finalmente la relación de HUMBERTO VILLEGAS con los hechos,dado que existen diligencias en las cuales se le menciona; lo propio anota enrelación al Dr. CARLOS ALBAN HOLGUIN, desde cuya oficina de la carrera 5a.No. 25C-50 de Bogotá se habría hecho una llamada telefónica a la casa de lavíctima, según información proveniente de un organismo de seguridad,ciertamente obrante al expediente, constando que el texto parcial de lallamada reza:» ¿Recibió la nota? ¿Cuál nota? La nota que le enviamos porcorreo... ¿Dónde la mandó? A su casa, cuando la reciba volveremos ahablar» (f. 234 c. N° 1); también reclama el abogado por la ausencia deinvestigación a partir de conversación sostenida telefónicamente por LUCIA

DE ECHEVERRI con AURELIO N., afirmando que JORGE MARIO EASTMANestaba involucrado en el secuestro; JAIME BERNAL VANEGAS, señalado enprueba testimonial como visitante en casa de la victima el mismo día delsecuestro, y otras personas mencionadas en diversas declaraciones, soncitados por el Sr. abogado reclamando por la discontinuidad investigativaacerca suyo. Se trata ciertamente de orientaciones probatorias desatendidasa partir del momento procesal antes citado, sin que ello reciba explicaciónlógica.

Cuando, a partir del proceso adelantado acerca del secuestro del Sr.KENNETH STANLEY BISHOP, el Juzgado 16 Superior traslada pruebas y arribaa la conclusión de que no sólo es el segundo crimen cuya autoría reclamanpersones que se amparan, en la sigla ORP., sino que se da una multiplicidadde concordancias adicionales entre aquel hecho punible y el secuestro de laDra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI, muerta luego haciendo aparecer sobre sucuerpo una bandera con aquellos caracteres que identificara el Sr. BISHOPen la bandera que tuvo presente durante su cautiverio, cuando también lefue mostrada fotografía de la Sra. LARA DE ECHEVERRI, acompaña aljuzgador de primera instancia una abundante cantidad de indicios, que laprovidencia mayoritaria controvierte. Sin embargo, la modalidad delsecuestro; las características de las armas; las notorias coincidencias en eltipo de máquina empleada como medio de comunicación en cada caso; lasemejanza del campero utilizado en ambos secuestros; la descripción físicaque los declarantes hacen de los secuestradores, son sólo algunas de lesbases que fundamentan el corolario al cual arriba el Juzgado 16 Superior,identificando ambos secuestros bajo igual autoría encabeza de IVAN DARIOMURCIA, GUILLERMO ROJAS FERRO y HÉCTOR ALFONSO MATIZ MORALES.Previamente se ha criticado por el Juzgado la prueba incriminatoria obrantecontra JUAN TADEO ESPITIA y otros antiguos miembros de ANUC, destacandola naturaleza disímil de sus residencias, y de sus lugares de trabajo; elrespaldo probatorio acerca de sus actividades en la fecha del delito; lacarencia absoluta de antecedentes en operaciones violentas por parte de laORP, y el respaldo que ello encuentra en declaraciones de quienes tuvieroncontacto con la ANUC tiempo atrás; el absurdo contenido en las fechas desupuestas reuniones, cuya sede sólo coincide con lugar tomado en arriendoen fecha posterior a la enunciada en las indagatorias tachadas luego.

En la crítica formulada por el Juzgado 16 Superior a la prueba conformadaapuntando a la incriminación de quienes son enjuiciados en la providenciamayoritaria, debe destacarse el peso que dentro del proceso adquirió elinforme rendido por el detective JOSE VICENTE GONZALEZ. Acertadamenteanota el Juzgado cómo resulta inadmisible una prueba secreta, pues elcontenido del informe está remitido a fuente que el detective se abstiene deidentificar, anunciando sin embargo que se trata de un antiguo miembro delgrupo que supuestamente había llevado a cabo los hechos punibles. Todo elandamiaje del procedimiento penal está orientado, en materia probatoria, a

garantizar su controversia. Aquel medio probatorio que no la admita,carecerá de fuerza. El mejor ejemplo de ello lo constituye precisamente laprueba secreta, y lo es por supuesto el testimonio del supuesto informantecon base en cuyas confidencias dice haber elaborado su informe el Sr.detective GONZÁLEZ. Son las suyas inferencias sin valor probatorio alguno,por no corresponder a un medio probatorio «legalmente producido»,expresión contenida en el a. 215 c.p.p., válida para cobijar toda prueba encuanto a la estimación que pueda hacerse de ella dentro del proceso.

El yerro en la estimación da la prueba no sólo pesa por le admisión demedios tales como las indagatorias jurídicamente inexistentes o el informesui-generis de cuyas falencias basta anotar su apoyo en testimonio secreto.Se extiende al valor otorgado al testimonio de la Sra. CARMEN YANETHTOBON PEÑUELA esposa de quien se presenta como investigador privado, yantiguo investigador adscrito al E-2 del Comando del Ejército, Sr. EFRAÍNALBERTO PLAZAS. De acuerdo a la declaración de su esposa, ésta habría sidosecuestrada cuando aquel adelantaba averiguación bajo contrato de lafamilia LARA, debiendo suspenderla a raíz de ello. Según el relato de la Sra.TOBON PEÑUELA, su aprehensión se dio en condiciones que el Juzgado 16Superior .tiene por carentes de credibilidad, con razón, pues nocorresponden a personas avezadas en hechos semejantes, resultando encambio de acuerdo a su dicho, que EMPERATRIZ SANTANDER sería uno desus captores, cuando aún la Sra. LARA era mantenida en secuestro,incluyendo la declarante un recorrido de a pie y otro en vehículo,acompañada de personas que la mantenían amenazada con arma ypermitían ver sus rostros, para arribar a una casa que, señalada en el cursode investigación como aquella en la cual se la mantuviera en rehenesdurante varias horas, en nada correspondía a aquella cuyos caracteresaparecieran en la declaración. La providencia mayoritaria desecha la críticaformulada en primera instancia al testimonio citado, aduciendo el transcursode un tiempo prolongado antes de realizarse inspección judicial sobre elinmueble. Pero aquella crítica abarca no sólo mención del inmueble comodiscordante con el descrito previamente en la declaración, sino que apunta aaspectos que tornan aquel episodio en fruto evidente de invención, siendo elmás protuberante aquel consistente en permitir los supuestos captores de ladeclarante que ésta los tuviese a vista suya, para dejarla en libertad luego,encargada de comunicar a su esposo, el detective privado EFRAÍN ALBERTOPLAZAS, que debía cesar en sus pesquisas. El carácter absurdo de lenarración no permitía otorgar valor probatorio al testimonio, sino en lamedida en que se tomase de allí como conclusión la derivada precisamentepor el Juzgado 16 Superior en la providencia que la Sala mayoritaria ahorarevoca: señalando cómo dicho medio probatorio robustecía la certeza sobreel carácter artificial de las acusaciones hechas e los antiguos miembros de laANUC.

En orden a articular un análisis dentro del cual compaginen la reforma de

la providencia dictada par el Juzgado 16 Superior, y las innegables relacionesexistentes entre ambos secuestros, a saber aquel cuyo juzgamiento seadelanta mediante el presenta proceso, y el adelantado haciendo víctima alextranjero KENNETH STANLEY BISHUP, la providencia de Sala mayoritariadispone que el periodista JAIME TORRES FERNÁNDEZ sea, vinculado dentrode la investigación reabierta en virtud de sobreseimientos temporales; puesel periodista habría ocultado una fotografía enviada al diario por los captoresde la Sra. LARA DE ECHEVERRI, y el esposo de ésta anuncia encontrarsemejanzas entre la voz de quien llamaba diciéndose ANTONIO, y la voz delperiodista, a quien se atribuye en la providencia mayoritaria ánimo de«vincular a los miembros de la ORP del ilícito que se investiga», al pretenderlanzar como hipótesis la relación del delito con los ocupantes de unautomóvil ubicado en cercanías del sitio donde fuera hallado el cuerpo de ladama sacrificada. Nótese el contraste:

-Cuando el Juzgado Superior ha hecho referencia a la existencia de unafotografía donde aparecía la Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI, fotografíapuesta de presente a KENNETH STANLEY BISHOP, siendo ello parte delrazonamiento por el cual se establecen los vínculos de ambos secuestros yde sus autores, la providencia mayoritaria expresa que se trata meramentede una hipótesis. «Con el mismo raciocinio podía llagarse a afirmar qua lafotografía» recibida por el periodista llegó a manos de los captores deKENNETH STANLEY BISHOP «para los fines perseguidos y conseguidos». Laequiparación de hipótesis se convierte, en la providencia mayoritaria, en elsobreseimiento temporal de los sindicados que enjuiciara el Juzgado deprimera instancia; en el enjuiciamiento de los allá sobreseídos, y en la ordende vincular al periodista. Con todo comedimiento me permita anotar que hayen la formulación un arriesgado mecanismo, donde un razonamiento desustentación lógica es encontrado como «simple hipótesis», a la cual secontrapone que «con el mismo raciocinio podía llegarse a afirmar (...)» loque, a su vez, se convierte en base firme de decisiones que tienen unatrascendencia tal como aquellas tomadas por la Sala mayoritaria.

La intervención de los medios de comunicación social ha sido unaconstante indeseable dentro del proceso que nos ocupa. Atrás quedóreseñado cómo la BIM difundió nacionalmente las cintas audiovisualescontentivas de actuaciones donde varios sindicados aparecían confesando suautoría, transmisión avalada al día siguiente por el Juzgado 47 de InstrucciónCriminal afirmando que podía tenerse la certeza de que aquellos eranresponsables, y que las palabras del general DIAZ SANMIGUEL en dichaemisión se ceñían a le realidad. También es claro que a través de la prensaescrita, los secuestradores tuvieron acceso a la opinión pública con ladifusión de las sucesivas etapas de su comportamiento criminal. Y cuandoaún no ha sido anexado al expediente el salvamento de voto presente, ya esinformado por la prensa nacional el contenido de la providencia mayoritaria,sólo 10 horas después de firmada la misma. Pero pasar de la desaprobación

y de las investigaciones que de allí deben desprenderse, a convertir ensindicado al periodista que recibiera llamadas y fotografías, haciendodepender de su actividad aspecto de trascendencia tal como es la relaciónentre el secuestro de la Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI y del extranjeroKENNETH STANLEY BISHOP, es evaluación probatoria que, no comparto. Elsentido aleatorio del razonamiento aparece tanto más notorio, cuanto que laexpresa mención de nombres a los cuales se atribuye relación directa con elsecuestro de la Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI, no merece a la Salamayoritaria conclusiones semejantes; ellos es, frente a los antecedentesprocesales de acuerdo a los cuales CARLOS ALBAN HOLGUIN y JORGE MARIOEASTMAN son respectivamente dueño de oficina desde la cual se hicierallamada cuya grabación obra, y supuesto partícipe en el hecho punible,según lo anotado en otro aparte. En el juzgamiento es menester guardarequilibrio, que mantenga la tarea judicial apartada del error basado enapresuramiento; y si el manejo prudente de mucha información obrante hapermitido mantener al margen de sindicación a diversas personas, según elcriterio del instructor al decidir materia de tal trascendencia, cabe esperarque el Juez de conocimiento sea igualmente ponderado en ello.

El disentimiento respetuoso, frente a las decisiones tomadas por la Salamayoritaria, se refiere al numeral 2° de la parte resolutiva, donde esrevocado el llamamiento a juicio que en primera instancia se hiciera a IVÁNDARÍO MURCIA y GUILLERMO ROJAS FERRO, si bien el sobreseimientotemporal de HÉCTOR ALFONSO MATIZ, también llamado a juicio en primerainstancia, coincide con el criterio del suscrito, si bien con bases diferentes, asaber la ausencia de pruebas distantes e indicios consistentes en algunarelación suya con MURCIA; el haber conducido un campero relacionado conlos hechos, mas fuera de su contexto; y sus antecedentes en materia penal,que así estuvieren ligados con delitos contra la libertad individual, no han dealcanzar entidad inculpatoria por sí mismos. El salvamento de voto abarcalos llamamientos a juicio contenidos en el numeral 5o. de la parte resolutivay el sobreseimiento definitivo de PEDRO MARIA SANTANDER, puesentendemos acertado el sobreseimiento temporal respecto de las mismaspersonas, incluida MARTHA FILISTORF DE FRANCO, a quien se mantiene sinembargo en iguales condiciones. El numeral 9° de la parte resolutiva, ordenadetención preventiva para varios de los enjuiciados en segunda instancia; elnumeral 10°, que dispone órdenes de captura también en concordancia conlos enjuiciamientos; y la orden de vincular como sindicado al- periodistaJAIME TORRES, FERNÁNDEZ, de acuerdo al numeral 7° de la providencia deSala mayoritaria, son igualmente materia de criterio diferente para elsuscrito.

Carlos V. Valencia García Martha Inés Carreño R.Magistrado Secretaria

Anexo 3

Sentencia del juez sin rostro

Nuestra Constitución Política, con el título de «los derechosfundamentales», entre otros, consagra el derecho fundamental del debidoproceso, entre cuyos elementos está el derecho a la defensa y el considerarnula, de pleno derecho, la prueba obtenida por violación del debido proceso.

Ahora el objetivo de la cita de las anteriores normas legales yconstitucionales, obedece al propósito del análisis de las pruebas respecto ala responsabilidad de los procesados, relacionadas en la parte pertinente deesta sentencia y de cuya crítica ha de provenir la sentencia correspondiente,teniendo en cuenta los intereses entre la defensa, la parte civil y elrepresentante del Ministerio Público.

Sobre la responsabilidad de los procesados concurren en su contra, elinforme y la posterior ratificación del detective José Vicente González; lasconfesiones de Juan Tadeo Espitia, Fredy Rivera, Rodrigo Penilla, loshermanos Rivera, Robinson Rivera, Emperatriz Santander y Betty Suárez,vertidas en las versiones rendidas ante los interrogatorios de la BIM y en lasindagatorias recibidas por el Juez 47 en ese recinto.

Si nos atenemos a una valoración simplista de las pruebas antes citadas,sin hacer una valoración legal de las mismas, tendría que llegar el Despachoa proferir sin más análisis una sentencia condenatoria en contra de losencausados. Pero como la función del juzgador es la de someterse a la ley,de valorar las pruebas en conjunto conforme a la sana crítica, procede esteDespacho de conformidad.

Como ya se dijo, durante el tiempo en que permaneció secuestrada ladoctora Gloria Lara de Echeverri, no se logró establecer quiénes eran losautores del ilícito; se grabaron varias llamadas que luego sirvieron parahacer peritazgos de comparación de voces, se allegaron al proceso losanónimos, que luego sirvieron para hacer cotejos caligráficos.

Pero una vez sacrificada brutalmente la dama secuestrada, dejando sobresu débil cuerpo un emblema negro con las letras ORP, traducidas esa mismanoche por el victimario que llamó al periódico El Bogotano, comoOrganización Revolucionaria del Pueblo, hecho que conmovió los cimientosde la nación dada la calidad de la víctima y la forma como actuaron susejecutores, bajo los más bajos instintos mostrando la crueldad, barbarie,brutalidad e inhumanidad del grupo de delincuentes que se reivindicaron tanatroz delito.

Guiada la investigación por los senderos de la sigla ORP dejada por los

homicidas, aparece el informe del detective José Vicente González, queseñala a los miembros de la ANUC LS como fundadores de este grupo, salidodel antiguo Movimiento Democrático Popular, que al dividirse, un grupo sedenominó Partido del Trabajo de Colombia y el otro, OrganizaciónRevolucionaria del Pueblo; dando nombres de los integrantes del mismo,direcciones, labores realizadas; ratificado por quien lo suscribió y cuyoanálisis se hará más adelante.

Con fundamento en el citado informe, se ordena por el Juez Instructor lacaptura de todas las personas allí relacionadas, orden dirigida y cumplida porpersonal adscrito a la Brigada de Institutos Militares. Las personascapturadas fueron llevadas a esa dependencia militar, en donde se pusierona ordenes del Juez, con versiones rendidas y ampliadas por los hoyprocesados, lugar al que se trasladó el citado funcionario para tomar lasindagatorias, y en donde los deponentes uno por uno y después en variasampliaciones se auto-incriminan, haciéndose cargos en forma recíproca;hasta cuando son trasladados a la cárcel Modelo y oídos en ampliación deindagatoria.

Luego en el recinto del Juzgado se retractan de lo dicho, alegando que lasconfesiones plasmadas en las versiones y en las indagatorias rendidas en lasinstalaciones de la Brigada, fueron producto de las torturas a que habíansido sometidos en las caballerizas de Usaquén.

A partir del momento de la retracción de los procesados que estuvieronrecluidos en la Brigada, se ha debatido en el proceso, si los mismos fueron ono objeto de torturas por parte de la institución militar. Para el ProcuradorDelegado para las Fuerzas Militares, la Parte Civil y quienes han actuadocomo agentes del Ministerio Público en el proceso, «no ha habido torturas» ylas manifestaciones de los procesados son una «coartada urgida paraexculparse».

Los procesados y sus defensores reclaman como inexistentes las citadasconfesiones, alegando que fueron producto de las torturas a que fueronsometidos. Al proceso se allegaron los protocolos que contienen el resultadode los exámenes físicos y psíquicos de los procesados, que alegaron serobjeto de torturas en la BIM, y las placas fotográficas que fueron tomadas acada uno de los procesados en el momento de ser sometidos a examen.

Como quiera que el llamamiento a juicio que se hizo a los encausados,tuvo fundamento en las confesiones allegadas al proceso, entra el Despachoa valorar si éstas deben considerarse como tales.

Siendo la confesión, la declaración del procesado en que admite suparticipación en el hecho que se investiga, tiene que estar rodeada de todaslas garantías que establece la ley. Pero pierde el valor como tal, cuando paraobtenerla se utilizan métodos tales como la violencia física y moral, laprivación de alimentos, el aislamiento total, o cualquier otro medio ilícito. Los

procesados han sostenido, que sus confesiones se lograron a través de latortura a que fueron sometidos.

Desafortunadamente en muchos países entre ellos el nuestro, todavía seutiliza el qua-estio184, patrocinado por elementos empotrados dentro delEstado, pese a la prohibición legal del uso de estos medios. No podemoscerrar los ojos y seguir sosteniendo que en el caso que nos ocupa, no sepracticaron torturas a los procesados que fueron capturados y llevados a laBrigada en Usaquén.

De las pruebas señaladas, se puede colegir que no sólo se dio malos tratosa los procesados que fueron recluidos en la Brigada; sino que fueronsometidos a torturas, con el fin de buscar que ellos confesaran la autoría delsecuestro y posterior homicidio de la doctora Gloria Lara de Echeverri. En talsentido, el juzgador de instancia, no tendrá en cuenta como pruebas lasconfesiones de que se ha hecho referencia, vertidas en las versiones y en lasindagatorias de los procesados citados.

Tienen razón los censores, cuando le restan credibilidad al informesuscrito por el detective González, en donde incrimina a varios de losprocesados, todo por la confidencia de un informante que se abstiene deidentificar.

Este escrito no se puede tener por verídico o cierto por las siguientesrazones: está basado en un medio probatorio no producido legalmente en elproceso; toda prueba debe tener posibilidad de ser controvertida y en elcaso que nos ocupa, no pudo ser controvertida la versión del informante, porla negativa del receptor de ese dicho, que no quiso identificarlo.

Por lo tanto, el investigador o sabueso, no puede guardarse como propionada que se requiera en el proceso; y es así que en su ratificación yampliación del mismo, no supo siquiera indicar la forma en que tuvocontacto inicial con él, las vaguedades de sus respuestas, el nerviosismodurante el interrogatorio y demás contradicciones.

Por otro lado, la misma afirmación del detective, sobre la consulta de losarchivos de la sección B2 a donde estaba adscrito, hace creíble o probable lahipótesis de la inexistencia del presunto informante y la invención del mismocon base en los archivos del Ejército acerca de la ORP, de donde sedesprende el por qué Juan Tadeo Espitia fue el primer vinculado a lainvestigación, dados unos antecedentes y el registro de su casa.

Además de lo anterior, le restan credibilidad al informe suscrito por eldetective González a las confesiones, las siguientes pruebas, las cuales nofueron tenidas en cuenta por la parte civil ni por el representante delMinisterio Público, en los alegatos de conclusión.

184 Nota de la editora: qua-estio significa torturas.

La utilización de la oficina 501 de la carrera 12 No. 23-04, de esta ciudad,durante los meses de mayo y junio para preparar el secuestro, según elinforme y las confesiones, fue desvirtuada con el testimonio de José AntonioMontenegro y con los documentos que se allegaron, en los que consta que lacitada oficina que había sido tomada en arriendo por la Asivipo el 21 de juliode 1982 fue subarrendada a Miguel Gamboa y Emperatriz Santander a partirdel 15 de agosto de 1982; probándose así, la imposibilidad de hacerse lareunión preparatoria de que se habló antes de esa fecha.

En las diferentes indagatorias, los procesados presuntamente confesaronque durante el secuestro y posterior homicidio de la señora Gloria Lara,fueron utilizados un Simca vinotinto y un Renault 4 blanco de propiedad deHernando Franco. Pero los testigos presenciales del secuestro son muyclaros en afirmar, que los secuestradores utilizaron un Renault 12 azul y uncampero beige. Con lo cual se puede colegir, que estas confesiones sefueron desvirtuando con los testimonios de testigos ajenos al proceso.

La prueba pericial de comparación de voces y el testimonio del periodistade El Bogotano, Jaime Torres conocido como «Antonio», dejan sin ningúnvalor la afirmación de Juan Tadeo Espitia en su indagatoria inicial, en elsentido de que él había llevado un sobre y lo había entregado en larecepción de ese diario y que quien había hecho la llamada en la noche delhomicidio de la secuestrada, había sido Fredy Rivera.

La misma prueba pericial de comparación de voces, descarta que algunode los vinculados al proceso mediante indagatoria, a excepción de MiguelGamboa, sea la persona que bajo el remoquete de Juan, Carlos y Raúl,intervino como representante de los secuestradores, llamando a losnegociadores de la familia Lara, o al periódico El Bogotano. Al descartarse atodos los indagados como autores del telegrama remitido a Alberto Mejía,debilitan más los cargos en contra de los mismos.

Las certificaciones del Fondo Nacional del Ahorro, sobre el horario quecumplía Juan Tadeo Espitia en esa entidad y las respectivas fotocopiasautenticadas del libro de control de personal, en donde consta la salida delmismo durante el mes de junio de 1982 después de las 9 p.m., impedía aéste su participación, el día 23 del mismo mes y año, en el secuestro de laseñora Lara.

En igual condición se encontraba el mismo procesado respecto del día 28de noviembre de ese año, cuando fue muerta y abandonada en el barrioBonanza de esta ciudad la dama secuestrada; al allegarse los testimonios defamiliares y amigos de Juan Tadeo Espitia, que dan cuanta de lapermanencia de él y su novia Diana Giraldo en la casa de sus padres, conmotivo de celebrar el grado de su hermana.

Las diligencias judiciales llevadas a cabo en las residencias de BettySuárez, Hernando Franco, y el apartamento de la madre de Emperatriz

Santander, muestran la imposibilidad de mantener en esos sitios a lasecuestrada, si se tiene en cuenta su ubicación, la distribución de los mismosy el número de personas que vivían en cada uno de estos sitios.

De Rodrigo Penilla, se allegó al proceso las certificaciones de trabajo de laempresa comercializadora de seguros, y de la escuela para adultos PedroPoveda, además de los testimonios de quienes fueron sus compañeros detrabajo quienes dan fe de la actividad por él desarrollada y de su horario detrabajo de 6:30—8:30 pm; y de la reunión de los miércoles, entre ellas la del23 de junio de 1982, en la cual participó Penilla.

Froilán Rivera, se recepcionó el testimonio de un amigo que da cuenta delas actividades que realizó Rivera durante los días 27, 28 y 29 de noviembrede 1982; en el municipio de Travesías-Sucre. En igual sentido, se tiene laversión del comandante del Departamento de Policía de Sucre, que dacuenta que el antes citado, se presentó a esas dependencias.

Robinson Rivera presentó certificaciones de trabajo como jefe de laAlcaldía de Sincelejo, de la Secretaría de Gobierno de Sucre, como visitador yde la Asamblea de Cundinamarca.

Igualmente respecto de Fredy Rivera, se allegaron las certificaciones delSENA, sobre sus estudios, y de su trabajo en Bavaria. En igual forma,aparece el testimonio de María Eugenia Osorio, quien sostiene quepermaneció en compañía de Fredy Rivera, durante el día y la noche del 28de noviembre de 1982.

Ahora bien, en el proceso aparece probado la desaparición de lo que fuerala línea política de la ANUC LS; la ORP y el nacimiento del grupo políticoDemocracia Popular y su posterior división, polarizándose las relacionesentre el grupo del cual hacían parte Miguel Gamboa, Emperatriz Santander,los Rivera y el grupo liderado por Hernando Franco, división que los llevó aenfrentamientos de carácter personal. De lo anterior se desprende laimposibilidad de unir fuerzas para llevar a cabo una empresa criminal de talenvergadura.

Así las cosas, las confesiones de los sindicados capturados no sólo hansido desvirtuadas por la comprobación de las torturas de que ya hemoshecho referencia, sino por las demás pruebas relacionadas y comentadas.

Al considerar inexistentes las confesiones de los procesados antes citados,se desprende que los cargos que los mismos hicieron en las mismasdiligencias contra terceros, también son inexistentes, por arrastrar losmismos vicios señalados.

Además, cuando todo indicaba que la investigación había llegado a su fin,ocurre el secuestro del señor Kenneth Bishop, reivindicado por la macabraorganización ORP, que en forma táctica se reivindica el secuestro de la

doctora Gloria Lara de Echeverri, al remitir sendas placas fotográficas en elsistema Polaroid, de los dos secuestrados; igualmente se exige el rescate endólares; las pruebas periciales a los anónimos, en donde se hacen lasexigencias a las familias de la señora de Echeverri y del ingeniero Bishop,aparecen escritos en una misma máquina de escribir; las voces de losnegociadores a nombre de los secuestradores, son una misma en los doscasos; la prueba caligráfica al telegrama remitido por los secuestradores dedoña Gloria concuerdan con las grafías tomadas a Guillermo Rojas, sindescartar la autoría de Iván Darío Murcia; sindicados del secuestro delciudadano norteamericano y de la muerte de dos de sus guardaespaldas; lacoincidencia del campero utilizado en los dos secuestros. Respecto de losdetalles antes citados, despejaron más la situación de los aquí enjuiciados.

No cabe duda, que estas pruebas ubican con más fuerza laresponsabilidad en el secuestro de la funcionaria del Ministerio de Gobierno,en el grupo de delincuentes dirigidos por el ex-Juez Murcia, quien pocodespués de su captura se fugó de la Cárcel Nacional Modelo, tal como loacostumbran hacer esta clase de delincuentes considerados de granpeligrosidad, pero que a través de oscuras maniobras logran su evasión.

En su oportunidad, el señor representante de la parte civil ha sostenido lahipótesis de unidad de empresa y división de trabajo, afirmando que los hoyenjuiciados hacen parte de una misma empresa criminal con los sindicadosdel secuestro del ejecutivo de la Texas.

Si bien es cierto que la suposición de la parte civil es respetable, estehecho no está probado en el proceso y las mismas características de los dosgrupos de procesados, difieren en su estructuración. Los primeros, eranintegrantes de agrupaciones políticas de izquierda, dedicados a defenderpolíticamente a los trabajadores del campo.

Los segundos, una organización de delincuencia común dedicada a larentable industria del secuestro, si se tienen en cuenta la cantidad deanotaciones que en su contra se allegaron al proceso, en donde se les señalacomo posibles autores del secuestro de otros altos ejecutivos de industriascolombianas y extranjeras, que tomaron la sigla ORP, que para esa época yahabía desaparecido, así como podrían haber tomado cualquiera otra paradesviar la investigación y lograr así burlar los organismos de seguridad delEstado, buscando la impunidad.

Si consideramos que el señor representante de la parte civil tiene razón,¿qué diríamos de la tan montada organización criminal que confesó elsecuestro y homicidio de doña Gloria Lara? Que prepara el secuestro con 2años de anticipación, cuando utilizan dos vehículos totalmente inadecuadospara una empresa como ésta, un Simca y Renault 4, del cual es propietariouno de los presuntos autores intelectuales del ilícito. Que llevan a suspropias casas a la secuestrada, en donde conviven con gran cantidad de

familiares y de particulares. Que mandan mensajes a entregar a losperiódicos y pruebas del secuestro, que no toman ninguna medida deprevención cuando se hacen las primeras capturas. Que de empresa criminalno tienen nada.

Que ni el más ingenuo de los mortales, realizaría un trabajo tan peligrosode la forma aquí señalada. Pero como este Despacho ya no puedepronunciarse sobre la responsabilidad de Murcia, Rojas y demás sujetos quefueron cobijados por la cesación de procedimiento, se abstendrá de hacerlo.

El juez de Conocimiento del Circuito de Orden Público Resuelve:

Considera el Despacho del análisis de las pruebas allegadas al proceso, sepuede colegir la no-responsabilidad penal de los procesados en el secuestroy asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverri, respetando, pero nocompartiendo los serios planteamientos del apoderado de la parte civil y delrepresentante del Ministerio Público. En tal sentido, se deberá absolver detodos los cargos a los encausados antes, ordenando que una vez en firmeesta sentencia, se cancelen las boletas de captura que pesan sobre ellos.

Basten las anteriores consideraciones, para que el Juzgado deconocimiento de Orden Público de la seccional de Santa fe de Bogotá,administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Juez de Conocimiento sin rostro