ciudadanía liberal una camisa de fuerza ideológica

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Análisis de situación Elect ral No. 1, 13 de junio de 2011

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guatemala, elecciones, ideologia, liberal

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Análisis de situación Elect ral No. 1, 13 de junio de 2011

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Ciudadanía liberal:Una camisa de fuerza ideo lóg ica

La intención del ensayo que publicamos en esta oportunidad es desmitificar la noción de ciudadanía como la fuerza motriz de las transformaciones sociales en Guatemala.

Por Gustavo Illescas

Ciudadanía liberal: Una camisa de fuerza ideológica

I. Introducción

Veinticinco años han pasado desde que culminaron las dictaduras militares y, a la fecha, siete Presidentes civiles han gobernado sin que hayan cambios significativos en la agenda económica impuesta desde el poder dominante.

Las políticas neoliberales continúan su trazo; la privatización de bienes y ser-vicios del Estado favoreció el monopo-lio, en detrimento de la clase obrera y sus salarios de miseria; la deuda ex-terna sigue aumentando la dependen-cia económica a la vez que la burgue-sía de servidumbre, clama a gritos el financiamiento de inversionistas ex-

tranjeros; el territorio de los Pueblos es despojado de los bienes naturales para convertirlos en millonarios me-gaproyectos; aumenta la muerte por desnutrición al igual que aumenta la concentración de la tierra en pocas manos; se decretan Estados de sitio y suceden réplicas de la tierra arrasada con una creciente criminalización de las organizaciones comunitarias y so-ciales y sus luchas. Todo en tiempos de paz y democracia.

El escenario cotidiano es tan decré-pito que el sistema de partidos polí-ticos y el Estado de Derecho carecen de legitimidad, obligando al sistema de dominación a refrescar la noción

Antropólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala

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de ciudadanía -especialmente en las juventudes- desde distintos instru-mentos de dominación ideológica con el objetivo de seguir zurciendo una ca-misa de fuerza que oprima la acción de sujetos, comunidades y organizacio-nes populares, desde el aguijón de la democracia liberal burguesa.

La intención del ensayo que publica-mos en esta oportunidad es desmiti-ficar la noción de ciudadanía como la fuerza motriz de las transformaciones sociales en Guatemala.

Para ello, hacemos un repaso muy su-cinto de cómo a través de la historia se ha ido reconfigurando la noción de ciudadanía para caer al debate actual que se da al respecto en América La-tina, cómo se concibe y concreta en Guatemala, a fin de plantear algunas interrogantes de cara al proceso elec-toral que vivimos actualmente.

Con este ensayo abrimos desde El Ob-servador, a través de nuestro boletín Enfoque, el análisis del proceso elec-toral 2011 desde la perspectiva de va-lorar cómo las elecciones generales convocadas desde el 2 de mayo pasa-do, constituyen un ámbito en donde se expresan intereses de los princi-pales y hegemónicos grupos de poder económico y político así como de las familias que los personifican; sus ex-presiones en los partidos políticos que

participan a través de financiamientos y tráfico de influencias; y cómo se re-produce el modelo de acumulación ca-pitalista.

II. El origen de la noción de ciudadanía

La noción de ciudadanía se ha venido modificando a través de la historia en su significado.

Es claro que surgió ligada al concepto de ciudadano/a, y éste necesariamen-te al de ciudad, aunque fundamental-mente en los albores del surgimiento del capitalismo. La ciudad empezó a concebirse o asociarse con los burgos, que eran los centros comerciales o ar-tesanales por excelencia, justamente en el tránsito del feudalismo al capi-talismo.

En la antigüedad, la ciudad era la prin-cipal unidad política, en tanto que hoy la institucionalidad estatal es esa uni-dad y los ciudadanos y ciudadanas los sujetos/as de derechos.

El concepto de ciudadano/a en la his-toria surgió a partir de denominar a las personas que vivían en la ciudad, y la ciudad, aún en la actualidad, es si-nónimo de considerar la parte o partes urbanas de un país donde habitan per-sonas que, por lo regular, se dedican a trabajar en la industria o en los servi-

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cios y no en la agricultura, en contra-posición al campesino que, trabajaría en la agricultura y en las zonas rurales particularmente.

Esta dicotomía entre lo urbano y lo ru-ral es una construcción social que está ligada a la noción, la primera, de lo moderno, y la segunda, a lo atrasado.

En la actualidad, el ciudadano/a es definido como el individuo que es sujeto/a de derechos políticos, lo que quiere decir que interviene en la vida política de su comunidad al ejercer es-tos derechos.

En estos términos, ser ciudadano/a implica ejercer la ciudadanía, cum-pliendo también con una serie de de-beres y obligaciones.

III. El debate actual de la ciuda-danía en América Latina

En abril de 2004 fue publicado el in-forme “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, el cual fue elaborado por el Programa sobre el Desarrollo de la Democracia en Amé-rica Latina (PRODDAL), el cual se en-marcó en una estrategia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dirigida, en aquel momento, a fortalecer la gobernabilidad democrá-tica y el desarrollo.

Una premisa declarada que ha susten-tado esta estrategia, es que el Informe de Desarrollo Humano del año 2002, indicó que…

…la democracia no sólo es un va-lor en sí mismo sino un medio ne-cesario para el desarrollo (…) la gobernabilidad democrática es un elemento central del desarro-llo humano, porque a través de la política, y no sólo de la economía, es posible generar condiciones más equitativas y aumentar las opciones de las personas.

El texto se enuncia con los objetivos de, por un lado, valorar el estado de la democracia en América Latina tras dos décadas de vigencia de los regíme-nes civiles; por otro, lanzar el debate acerca de la necesidad de transitar o avanzar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanía.

La democracia se define como sinóni-mo de libertad y justicia, a la vez que es un fin y un instrumento que contie-ne básicamente, una serie de procedi-mientos para el acceso y ejercicio del poder, pero sería, para los hombres y mujeres, también el resultado de estos procedimientos. Desde esta perspec-tiva, la democracia excede a un mé-todo para elegir a quienes gobiernan, ya que sería también una manera de construir, garantizar y expandir la li-

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bertad, la justicia y el progreso, orga-nizando las tensiones y los conflictos que generan las luchas de poder.

El documento afirma que en América Latina se ha alcanzado la democracia electoral y sus libertades básicas. Des-pués de 25 años, todos los países de América Latina, incluyendo Guatema-la lógicamente, cumplían con los crite-rios básicos del régimen democrático en su dimensión política y electoral.

De ahí que se trataría ahora de avan-zar en la democracia de ciudadanía. El primer tipo de democracia, la electo-ral, produjo las libertades y el derecho a decidir por sí mismos, en tanto que la segunda, hoy plena de carencias, es la que avanzaría para que el conjunto de los derechos se tornen efectivos. Es la que permitiría pasar de electores a ciudadanos, la que utiliza las liberta-des políticas como palanca para cons-truir la ciudadanía civil y social.

La democracia, se dice, es más que un régimen de gobierno y un método para elegir y ser elegido. Su sujeto, más que el votante, es el ciudadano. Se recono-ce que ha existido una deficiencia con-ceptual al juzgar la democracia como democracia del elector.

Entonces ¿Qué es la democracia de ciudadanía? Para el informe, la ciuda-danía…

…implica un status para cada persona como miembro de ple-no derecho de una comunidad, y abarca diversas esferas que se expresan en derechos y obliga-ciones. La expansión de la ciuda-danía es una condición del éxito de una sociedad y de la satisfac-ción de sus aspiraciones (…) La medida del desarrollo de una de-mocracia está dada, por lo tanto, por su capacidad de dar vigencia a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y constituir a éstos y éstas en sujetos y sujetas de las decisiones que les afectan.

¿Cuáles son esos derechos? El docu-mento hace énfasis en que habiendo alcanzado los derechos políticos a tra-vés de la democracia electoral, la ciu-dadanía debe centrarse en consolidar los derechos civiles y políticos, ya que el derecho a elegir gobernantes que lo-gró la primera, no se tradujo, en mu-chos casos, en mayor libertad, mayor justicia y progreso.

El documento no hace referencia a la democracia económica sino que parte de dar por sentado de que existe un sistema, el Estado de Derecho, que permite demandas sociales que se ex-presan en un contexto de libertad po-lítica y en uno de libertad económica definida por el mercado.

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En ese contexto, el ejercicio de la ciu-dadanía tendría, entre otros objetivos, resolver las tensiones entre la expan-sión democrática, y entre la libertad y la búsqueda de la igualdad, entre cre-cimiento y pobreza, y entre las deman-das públicas expresadas libremente y las reformas económicas.

Como se observa, se acepta que hay pobreza que, si bien, se atribuye en la época contemporánea, a que las re-formas económicas impulsadas con la implementación de los procesos de ajuste estructural en los años de las dé-cadas de 1980 y 1990, no provocaron la reducción de la desigualdad sino la profundizaron, no se cuestiona que el ajuste estructural ha tenido un origen abiertamente neoliberal capitalista y que la pobreza y la desigualdad entre ricos y pobres es el resultado preci-samente de que el sistema capitalista desde su origen, es explotador, injus-to, inequitativo y solo busca la obten-ción de la máxima ganancia.

Lo que se deduce de la jerga del do-cumento de PRODDAL es que me-diante el ejercicio de la ciudadanía se puede avanzar de un Estado de Derecho hacia un Estado Democrá-tico de Derecho, perfeccionando y consolidando los sistemas de repre-sentación política, para avanzar en la defensa de los derechos sociales y ci-viles mediante la profundización de

la participación ciudadana.

Es posible lograr los derechos econó-micos y disminuir la desigualdad eco-nómica y social mediante esta fórmula, sin modificar la estructura socioeco-nómica de los países y el sistema de producción capitalista.

En otras palabras, democracia y eco-nomía se ven separadas, y el papel de la ciudadanía sería, según esta pers-pectiva, lograr bienestar para las ma-yorías y disminuir las desigualdades económicas desde la participación, haciendo que se cumplan los derechos civiles y sociales.

Lo que se niega es que el modelo de democracia instaurado desde hace 25 años es de corte liberal, abiertamente compatible con la economía de merca-do neoliberal como sistema hegemóni-co. A la democracia y a la ciudadanía entonces, lo que les correspondería sería administrar las desigualdades.

Lo que el documento confirma enton-ces, es lo que Joaquín Herrera Flores afirma en su cita de Karl Polanyi y lo que éste afirmaba en su obra “El sus-tento del hombre”, en el sentido de que…

…lo que constituye la forma occi-dental de ver y actuar en el mun-do, sobre todo a partir del último

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tercio del siglo XIX, es el proceso de separación entre la economía y el resto de las instituciones socia-les. En otras palabras, la instau-ración del mercado como ideolo-gía, racionalidad y fundamento de nuestra vida en sociedad (…) El mundo de la vida ha sufrido un proceso de mercantilización único en la historia de la humani-dad. De la economía de mercado hemos ido pasando gradual, pero inexorablemente, a la sociedad de mercado (…) De ser un proce-so de colectivo de construcción de condiciones de vida, la economía se reduce al estudio y puesta en práctica de la lucha competitiva de individuos atomizados y egoís-tas empeñados en la consecución del mayor trozo de un pastel del que no todos pueden comer1.

IV. La definición constitucio-nal ciudadana en Guatemala

En Guatemala, lo que se entiende por ciudadanía puede rastrearse a partir de lo que dice la Constitución Política de la República, en el Titulo III. El Esta-do, Capítulo II. Nacionalidad y ciuda-danía, Artículo 147. Ciudadanía. Aquí, ésta queda como un ejercicio reducido

a la edad y al género masculino:

Son ciudadanos los guatemalte-cos mayores de dieciocho años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que esta-blecen esta Constitución y la ley.

En segunda instancia, está referida a una preeminencia y un ejercicio de los derechos políticos y civiles nada más, tal como lo dice el Artículo 36, Debe-res y derechos políticos…

…los derechos y deberes de los ciudadanos son:

a. Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;

b. Elegir y ser electo;

c. Velar por la libertad y efectivi-dad del sufragio y la pureza del proceso electoral;

d. Optar a cargos públicos;

e. Participar en actividades polí-ticas; y,

f. Defender el principio de alter-nabilidad y no reelección en el

1. Herrera Flores, Joaquín. “Introducción”, en “El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón li-beral”. Varios autores. Editorial Desclée de Brouwer. Colección Palimpesto. Derechos humanos y desarrollo. España, Bilbao, 2000. Paginas I y II.

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ejercicio de la Presidencia de la República.

La Carta Magna también dice en el mismo Título III, el Estado, Capítulo II, Nacionalidad y Ciudadanía, Artícu-lo 148.- Suspensión, pérdida y recupe-ración de la ciudadanía, que ésta que-da suspendida, se pierde y se recobra de acuerdo con lo que dictan las leyes.

V. Repaso de las formas de la ciudadanía en Guatemala

La ciudadanía de la Reforma Liberal de 1871

La noción de ciudadanía que persiste en Guatemala ha experimentado cam-bios formales a través de la historia y, para efectos de su interpretación y contenido, es necesario remitirnos a su origen liberal.

A finales del siglo XVIII, con la ges-tación de la democracia liberal y la industrialización del capitalismo, se reconfiguraron las relaciones de do-minación del bloque histórico en Eu-ropa -de monarquías a oligarquías-, cambiando a su vez las relaciones de explotación y reproducción de la exis-tencia de las clases desposeídas.

Este proceso fue acompañado por ajus-tes en la dirección moral e intelectual desde el imperialismo, difundiendo

sus planteamientos ideológicos desde múltiples instrumentos de domina-ción.

El consenso de las elites económicas y políticas se presentó como la síntesis de una ciudadanía que asumía desde la figura de los Estados-Nación, el nuevo orden mundial y el uso capitalista del territorio.

Como sucede en la actualidad, es-tas reformulaciones ideológicas encuentran sustento en los inte-lectuales y políticos, quienes han operado el Estado en sus distin-tas formas históricas para permi-tir la realización del statu quo, a partir de la internalización y nor-malización social de un discurso y práctica ciudadana acorde a los intereses de la clase dominante.

A finales del siglo XIX en Guatemala, estos planteamientos ideológicos tu-vieron sentido desde la formalidad de las reformas impulsadas por la clase terrateniente agroexportadora a partir de la Reforma Liberal de 1871.

A través de los Medios de Informa-ción, las leyes y la educación, monta-ron una noción de ciudadanía impor-tada, sobre la base de las relaciones sociales de producción existentes desde la colonia.

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Es decir, una ciudadanía mercantilis-ta, patriarcal y racista liderada por una clase política de hombres blanqueados que hablaban de progreso, igualdad y libertad en castellano.

Este blanqueamiento focalizó la con-tradicción trabajo-capital entre in-dios-ladinos, buscando desdibujar del imaginario político la presencia de una clase dominante constituida por una oligarquía reaccionaria, considerada hacia sus adentros como criolla y/o de “blanco” linaje, más no ladina.

El progreso liberal instaurado fue si-nónimo de la implantación del mode-lo capitalista mercantil del café y, por consiguiente, del Estado cafetalero.

La reconfiguración ideológica que ne-cesitó implementar el poder dominan-te a través del Estado-Nación, debía contar con instrumentos capaces de internalizar en las relaciones sociales, la caducidad de la colonia y su poder clerical, a fin de que el proyecto políti-co y económico de la clase terratenien-te agroexportadora se consolidara.

Por ejemplo, la reforma educativa fue uno de los factores…

…fundamentales en la implan-

tación de la hegemonía liberal en la sociedad…2.

Se adoptaron una serie de medidas ideológico-productivas encaminadas a:

-La difusión del pensamiento li-beral proveniente principalmente de Inglaterra y Francia (progreso económico, libertad individual, propiedad privada, fraternidad, etc.)

-El impulso de la ciudadanía ladi-no/urbanocéntrico y los símbolos patrios para consolidar un ideario de Nación.

-Formación de técnicos y burócra-tas para “operar” el Estado finque-ro.

Las sucesivas dictaduras liberales has-ta 1944, crearon leyes como el Regla-

2. Tischler Visquerra, Sergio. “Guatemala 1944: Crisis y Revolución, ocaso y quiebre de una forma estatal”. 2da. Edición, F&G editores. 2001, página 84.

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mento de Jornaleros (1877), y la Ley contra la Vagancia (1934), para lega-lizar la esclavitud con justificaciones eurocéntricas, garantizando el despo-jo de la tierra y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, especialmente indígena y mestiza empobrecida.

A finales del siglo XIX, la prensa ya cumplía su papel de llevar el discurso dominante a sus lectores, que para ese entonces solo circulaba en las zonas urbanas, y en los interiores de la clase política e intelectual.

En 1880 se fundó el Diario de Centro-américa, calificándose como un…

…periódico mercantil, agrícola li-terario, científico y noticioso3.

En la prensa se enalteció el proceso li-beral a la vez que el racismo se hizo presente desde el paternalismo y sen-timiento de superioridad por parte de la clase encargada de sacar del atraso y la ignorancia a los “indios”.

Desde este punto de vista, los “indios” no eran “ciudadanos” por cuanto que eran considerados inferiores y atrasa-

dos y, por lo tanto, no tenían los de-rechos de los ladinos y la clase cafe-talera, sirviendo sólo como fuerza de trabajo.

Esta situación contradictoria plasma-da en la prensa…

…en lugar de contribuir a la for-mación de un sentimiento de co-munidad nacional, propició la autodenigración y la esquizofre-nia cultural de los indígenas4.

La institucionalización de la ciudada-nía liberal fortaleció la construcción social del ladino como el hombre mo-ralmente capaz de dirigir el Estado-Nación.

Mientras que…

…el indígena estuvo ausente de los mitos fundadores de la nación y fue considerado más bien un ente degradado incapaz de apor-tar algo a la fabricación del ima-ginario cívico producido por la sociedad dominante5.

Nos encontramos pues, ante una no-

3. deGUATE.com “La Historia del Diario más Antiguo de Guatemala.” 2 de agosto de 2005. En la web: http://www.deguate.com/artman/publish/hist_contempo/La_Historia_del_Diario_m_s_Antiguo_de_Guatemala_548.shtml4. Ibíd.5. Gonzales Ponciano, Jorge Ramón. “Esas sangres no están limpias”. Modernidad y pensamiento civilizatorio en Guatemala (1954-1997). Pág. 3.

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ción doble moralista de ciudadanía, propia de los conservadores del Estado agroexportador cafetalero constituido en Guatemala en ese entonces, y su li-beralismo político que, en su intento por construir una nación homogénea, negaron la existencia socio-política de los Pueblos originarios por ser consi-derados como “inferiores e inciviliza-dos” por parte del bloque en el poder.

La ciudadanía de la post guerra

Luego de la segunda guerra mundial, Estados Unidos hegemonizó el bloque capitalista, posicionándose en una lu-cha frontal contra la entonces Unión Soviética, el bloque socialista, y los movimientos progresistas y revolucio-narios en Latinoamérica.

Con esta reconfiguración del impe-rialismo emergieron los mecanismos supranacionales de dominación capi-talista como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), fundamentales a lo interno del recién constituido Sistema de Nacio-nes Unidas (ONU). Después surgiría la Alianza para el Progreso (ALPRO).

Más pronto que tarde, los Estados Latinoamericanos empezaron a ser intervenidos política, militar y econó-micamente. El turno de Guatemala se oficializó en 1954.

Como parte de su fachada ideológica, el bloque capitalista representado en el Sistema de Naciones Unidas conde-nó las guerras y se posicionó en defen-sa de la descolonización de los países.

Este orden moral y violento reconfigu-ró la noción de ciudadanía bajo la pro-moción “universal” de los Derechos Humanos, el Racismo incluyente, la igualdad de género y el consumismo modernizante.

En Guatemala, estos planteamientos ideológicos se empezaron a reproducir a diferentes niveles y mediante varios mecanismos de internalización.

Sin embargo, luego del susto que su-friera la clase dominante en Guate-mala debido al proyecto de reforma agraria y modernización del capital representado por Jacobo Árbenz, a partir de 1954 el carácter reaccionario

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de la oligarquía mantendría el orden social de manera violenta y terrorífi-ca, otorgándole menor relevancia a su dominación ideológica sobre las clases desposeídas y explotadas.

No obstante, a partir de la década de 1960, la organización revolucionaria cobró sentido popular en los planos políticos y electorales.

Fueron décadas de dictaduras milita-res en las que la noción de ciudadanía fue escasamente legitimada en las ur-nas, propiciando fraudes electorales, asesinatos de líderes políticos y golpes de Estado.

De ahí que el proceso de moderni-zación del país es dirigido por las elites en vínculo con el imperio; y donde las Fuerzas Armadas se van a convertir en un pilar cen-tral, precisamente para manejar una situación de violencia.

Este es un país donde no se cons-truye, entonces, una mediación democrática entre elites y clases populares6.

Durante la guerra se impuso la forma-ción cívico-militar como reflejo de las restricciones del poder oligárquico-

militar, fortaleciendo con valores con-trainsurgentes la noción de ciudada-nía liberal.

La obediencia a la dictadura se con-virtió en el referente de la ciudadanía y cualquier sinónimo de rebeldía se detectó como “facciosa”, “anticomu-nista”, “terrorista”, como enemigo in-terno, al igual que los/las 45,000 anti ciudadanos y ciudadanas desapareci-dos/as durante la guerra.

La ciudadanía de la paz en democracia

Aproximadamente dos décadas atrás que cesaron las dictaduras militares en Latinoamérica para darle paso a los regímenes liberales de corte civil.

El 14 de enero de 1986 fue el turno de Guatemala, cuando Vinicio Cerezo Arévalo fue considerado por algunos Medios de Información Masiva (MIM) como el primer civil en llegar a la Pre-sidencia -durante la guerra- sin haber cometido fraude electoral.

La figura de un civil en el gobierno fue inevitable para persuadir a las gran-des mayorías que la democracia había sido retomada, por lo que ya no sería necesario buscar transformaciones

5. “Entrevista con Sergio Tishler”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 2, No. 12. 10 de no-viembre de 2010.

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sociales por las vías populares y/o ar-madas, pues de ahora en adelante, el ¿nuevo? sistema de partidos políticos y la institucionalidad democrática li-beral serían los responsables de ¡tan ardua tarea!

El tener la “opción” de elegir a un par-tido político en elecciones democrá-ticas sirvió para sosegar el accionar popular mediante el voto ciudadano, y permitir el ingreso paulatino de las políticas neoliberales.

Por su parte, los MIM continuaron en su papel de ocultar la brutalidad con la que siguieron operando las fuerzas contrainsurgentes en su etapa demo-crática, sofocando ideológicamente la lucha de clases mientras vitoreaban por fin la “libertad de expresión”.

VI. La representación “civiliza-da y profesional” de la ciudadanía

Como parte del discurso institucional de la post guerra, la noción de ciu-dadanía es “corregida y aumentada”, apareciendo con mayor fuerza ideoló-gica la tolerancia cultural y la de-fensa de los derechos humanos con el objetivo de limar las ásperas causas históricas que dieron origen a la guerra contrainsurgente: el racismo enfermizo y la explotación masiva de las clases desposeídas.

A partir de acá se vuelve un deber ciudadano hablar “políticamente correcto”, y tanto mujeres como indígenas son –incluidos y/o in-corporados- al Estado de Dere-cho por ser ¿reconocida su pro-ductividad?

Este discurso vino a refrescar la noción de ciudadanía, ofreciendo valores e imponiendo normativas jurídicas que, aparentemente, ampliarían el marco de participación política en la toma de decisiones del “renovado” Estado de Derecho.

Bajo el supuesto ideológico de la de-mocratización se persiguió que la lucha popular fuera engullida por la partici-pación ciudadana y que las organizacio-nes revolucionarias y populares fueran sustituidas por la sociedad civil, propi-ciando así mecanismos de negociación para los Acuerdos de Paz.

Para tal efecto, las líneas basales de la cooperación internacional mediante estudios del PNUD y bajo la “certifica-ción” del BM, el FMI y la Organización Mundial del Comercio (OMC), han de-finido los marcos interpretativos de la ciudadanía que luego se han reprodu-cido desde las ONG, fomentando un modelo de participación ciudadana que internalice el Estado de Derecho de la democracia liberal.

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¿Podemos hablar de un mun-do democráticamente organi-zado cuando el mundo depende de tres organismos (BM, FMI, OMC) no democráticos que to-man las decisiones en lugar de la humanidad?7

El Sistema de Naciones Unidas pronto se convirtió en la mayor ONG del im-perialismo y con los años, la Coopera-ción Internacional se institucionalizó paralelamente a los Estados como el principal emisario de la promoción de los Derechos Humanos, la protección del medio ambiente, la lucha contra las enfermedades y la reducción de la pobreza8.

Así mismo, se institucionalizó la so-ciedad civil como la forma “civilizada” de manifestarse en tiempos de paz y democracia.

Esta ideología de postguerra es el mar-co discursivo y legal que actualmente busca regular y mediatizar la lucha po-pular.

Actualmente sobran los ejemplos para asegurar que la sociedad civil en Gua-temala esté conformada fundamental-

mente de ONG que se arrogan el esta-tus de movimiento social, acreditadas como los profesionales capaces de rea-lizar su principal función: la inciden-cia política.

La oenegización de varias organizacio-nes populares y diversas expresiones sociales, y su parcelamiento sectorial, se desata con la desmovilización e in-corporación a la legalidad de las es-tructuras revolucionarias, que luego de los Acuerdos de Paz se institucio-nalizan bajo la figura de la sociedad civil.

...cuando aparece el término so-ciedad civil desaparece la palabra Pueblo. Aparece sociedad civil y desaparece la idea de movimiento popular. Aparece sociedad civil y desaparece el término lucha po-pular9.

La sustitución de las organizaciones populares de lucha y resistencia en “defensoras de derechos humanos”, es una muestra nada más de la centrali-dad de esta política ideológica en las agendas de la Cooperación Internacio-nal y las ONG locales que lo reprodu-cen, concretamente convirtiendo a los

7. Galeano, Eduardo. “Eduardo Galeano ironiza sobre la “democracia” institucional”. En la red, Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=2Hv7slpu_uY 8. http://www.onu.org.gt 9. Gutierrez, Dagoberto. Coloquio ¿Fortaleciendo la sociedad civil? Notas para el debate 2 (El Salvador). Federa-cion Luterana Mundial, Programa Guatemala-El Salvador. 1ra. Edicion. 2002. Pagina 15.

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sujetos políticos en ciudadanos respe-tuosos del Estado de Derecho, no que-dando otra instancia mas de resolución de los conflictos que las instituciones de la democracia liberal constituidas, las apolilladas mesas de negociación, o las elecciones generales que se suce-dan cada cuatro años.

La sociedad civil y/o las ONG se con-virtieron en las representaciones “ci-vilizadas y profesionales” de la partici-pación ciudadana, las cuales se vienen configurando en Guatemala como las únicas formas de ejercer el poder des-de los Pueblos: votar, organizarse en Consejos de Desarrollo, en un partido y ¿si bien les va? competir en eleccio-nes.

Se restringe el ejercicio político de la participación política a una serie de reglas y normas consensuadas desde el bloque dominante.

Este orden social busca darle continui-dad al modelo de acumulación capita-lista para que no haya “desestabiliza-ción” o “ingobernabilidad”. Se atacan los efectos y no el origen histórico/es-tructural de los conflictos, pues como diría Eduardo Galeano, al referirse a las elites mundiales y su política re-presiva:

Pueden ser sádicas más no maso-quistas.

Ciudadanía por decreto

Actualmente, la noción de ciudadanía pretende ser refrescada sin dejar atrás sus planteamientos históricos libera-les anticomunistas, ya que van 13 años de paz y la guerra del capital continúa su voraz avance.

Desde los Acuerdos de Paz se crearon instrumentos jurídicos que buscasen desideologizar las contradicciones trabajo-capital-naturaleza.

Uno de ellos fue el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una So-ciedad Democrática, el cual contie-ne el objetivo formal de fortalecer la participación ciudadana y renovar el Estado-Nación.

Como parte de su proceso de implan-tación, en el año 2002, durante el go-bierno de Alfonso Portillo, se decretó la Ley General de Descentraliza-ción y se reformaron el Código Mu-nicipal y la Ley de Consejos de De-sarrollo Urbano y Rural.

Estas disposiciones legales buscarían descentralizar el poder del Organismo Ejecutivo y otorgar autonomía relati-va a las municipalidades en materia de planificación, financiamiento, eje-cución y participación ciudadana.

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El sistema de Consejos de Desarrollo Nacional, Regional, Departamental, Municipal y Comunitario, se convirtió legalmente en…

…el medio principal de participa-ción de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública…

En la práctica, lo anterior implicó que las organizaciones comunitarias y po-pulares tuvieran que adscribirse a las

reglas del ¿renovado? Estado de Dere-cho.

Sin embargo, lo que se discute y decide por los Pueblos sigue tomándose como sugerencia desde los Consejos de De-sarrollo y, por su parte, lo que decide el Organismo Ejecutivo baja como un mandato que vuelve estéril la palabra Popular.

Para muestra un botón.

Las Consultas Comunitarias son un mecanismo ancestral de ejercer el poder popular sobre problemáticas que puedan afectar sus relaciones de producción y reproducción de la vida en su territorio.

El Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacio-nal del Trabajo (OIT) vino a reconocer esta práctica bajo la figura del derecho internacional en 1989.

Del año 2005 a la fecha se han realizado 56 consultas comunitarias de “buena fe”, en las cuales han participado más de medio millón de personas que se han opuesto a la desposesión de los bienes naturales de su territorio.A pesar que esta práctica es autoejecutable, las comunidades se han amparado en los Comités de Desarrollo, en el Código Municipal y en el Convenio 169 para la realización de las mismas.

No obstante, a principios de 2011 el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Na-cional de la Esperanza (UNE), presentó el proyecto “Reglamento para el proce-so de consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, con el cual se pretende dejar sin efecto el carácter deliberativo de los Pueblos, pues le

I. Las Consultas Comunitarias vrs.

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quita el carácter preventivo y vinculante a la consul-ta, propiciando que las empresas extractivas sean las beneficiadas.

El origen de este proyecto por parte de Colom se debe a los intereses de capital que se mueven actualmente alrededor de los megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos y de agrocombustibles.

La invasión de los megaproyectos a Guatemala está ocasionando que se agudice la conflictividad, pues la oposición a la desposesión de bienes naturales pro-viene de una preocupación fundamental por defen-der la vida y la naturaleza por parte de los Pueblos originarios.

No obstante, el Presidente de la República expone que primero hay que aprobar este proyecto de Reglamento para luego determinar si los megaproyectos cau-saran daños ecológicos y sanitarios.

Este planteamiento viola el principio de prevención en materia de derecho in-ternacional ambiental contenido en el Articulo 97 de la Constitución Política de la República10.

Siguiendo con los procedimientos del Estado de Derecho, el 23 de marzo del presente año, representantes de las organizaciones indígenas y campesinas aglutinados en el Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO), presentaron un amparo contra la disposición de Colom de reglamentar las consultas comuni-tarias.

El abogado del Presidente de la República se refirió al respecto de la siguiente

10. Para una valoración jurídica y política sobre el proyecto de Reglamento de Consulta propuesto por el gobier-no, ver Loarca, Carlos. “Estado de Derecho de Colom vrs. Consultas Comunitarias de Buena Fe”. Boletín electró-nico de Análisis de Situación Enfoque No. 15, año 3, 30 de marzo de 2011, 25 páginas.

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forma:

Los amparistas acuden a la justicia constitucional, en nombre propio, como miembros pertenecientes a los Pueblos Indígenas (según sus argu-mentos); sin embargo, al analizar la documentación que acompañan, se determinó que si bien es cierto dicen actuar como miembros de un grupo étnico, ello no les confiere una representación aparente, por lo tanto, carecen de personería y en su caso de personalidad por no ser una acción que afecte intereses individuales o contra su patrimonio11.

Los argumentos jurídicos del gobierno niegan la representación comunitaria y la determinación de los Pueblos por no considerarlos ciudadanos, pues…

…únicamente tendrá la potestad de promover amparo como titular de de-rechos fundamentales y en representación de la sociedad (ciudadanía) el Procurador de los Derechos Humanos (…) por lo que, carecen de persone-ría y en su caso de personalidad y legitimación activa12.

Es decir, para defender los derechos humanos ¿es necesario ser el Procurador de los Derechos Humanos?

Ante la actitud racista del gobierno y los grupos corporativos de capital que nin-gunearon los ejercicios de poder popular derivados de las 56 consultas hasta el momento realizadas, el 28 y 29 de mayo de 2011 se realizaron bloqueos a nivel nacional y una caminata en la ciudad de Guatemala, en las que se planteó:

- Rechazo al Reglamento de las Consultas Comunitarias;- Aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral (LDRI);- Cese a la represión y desalojos;- Condonación de la deuda agraria;- Respeto a la decisión de los Pueblos Indígenas.

11. 3. Conclusiones, 3.1.12. 2.3. Inciso a)

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Para echarle más leña al fuego a esta ofensiva ideológica de Ciudadanía por Decreto, a principios del año 2011 se reglamentó la Ley de Servicio Cívi-co Militar, decretada en el año 2003 cuando el Presidente del Congreso de la República era el general retirado Efraín Ríos Montt.

Esta ley forma parte del paquete de los Acuerdos de Paz y tiene como objetivo institucionalizar una ciudadanía asis-tencialista y militarista en la juven-tud.

En caso de no atender “el deber ciuda-dano” de enlistarse voluntariamente, será negada parte de la ciudadanía de las juventudes, pues no podrán op-tar y desempeñar cargos ni funciones públicas. Una clara violación al Código Laboral vigente, y al derecho de elegir y ser electos de la democracia repre-sentativa.

Como se logra evidenciar con este con-junto de leyes, el Estado de derecho no es más que un instrumento que ope-ran los grupos de poder económico y político en Guatemala.

Otros sectores con esa capacidad de veto son el crimen organizado, el nar-cotráfico y la inteligencia militar.

No obstante, algunos sectores de la llamada sociedad civil intentan hacer-

la perfectible mediante la incidencia política y el resto de la población lo hace con su voto ¿consciente? duran-te las elecciones generales cada cuatro años.

Esta legitimación es una imposición que se reproduce en la cotidianidad, en el espacio público y aparentemente privado de las relaciones sociales, im-portando poco que se viva en una zona residencial de “lujo” o se sobreviva en los barrancos de la ciudad de Guate-mala, o en las cabeceras municipales y zonas rurales de Quiché, Camotán o Petén.

VII. Los Medios de Información Masiva y los “altos costos de la democracia”

A cualquier lugar donde llegue la te-levisión, la radio, la prensa, el inter-net o las vallas publicitarias, se vienen manifestando las “opciones” que como ciudadanía guatemalteca “tenemos” para aspirar a un estilo de vida que no se elige.

El mercado de Los Medios de Infor-mación Masiva (MIM) está concen-trado en un grupo de empresarios que desde hace años vienen acaparando el control del discurso dominante.

A su vez, este oligopolio posee víncu-los económicos y políticos con la clase

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dominante, los cuales se logran evi-denciar con mayor claridad durante las situaciones que articulan una co-yuntura, tal es el caso de las elecciones generales de cada cuatro años, y las de 2011 no son la excepción.

Estos vínculos son de carácter ideo-lógico pero fundamentalmente eco-nómico durante el proceso electoral. Destaquemos aquí varios elementos que permiten este negocio:

Por un lado, el poder de veto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) vigente, expresado en la súper adelantada campaña electoral iniciada por éstos, violando las normas vigen-tes electorales en cuanto a campaña electoral.

En segundo lugar, ha sido evidente por tanto, la debilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad en este materia, para impedir dicha violación y sancio-nar respectivamente.

En tercer lugar hay que mencionar que el proceso electoral 2011 estará definido por la campaña publicitaria y mediática, muy por encima de la or-ganización política y los planes de las empresas electorales, conocidas me-

diáticamente como partidos políticos.Por último, las jugosas ganancias y compromisos políticos que le repre-senta a los propietarios de los MIM, el negocio del mercado electoral con la clase dominante.

Según la LEPP, el gasto permitido por partido político para las elecciones es de Q. 48 millones. No obstante, según un estudio realizado por las organiza-ciones que integran el Mirador Elec-toral13, para la primera vuelta de las elecciones generales 2007, el Partido Patriota (PP) invirtió Q. 143 millones; la Unidad Nacional de la Esperan-za (UNE), Q. 130 millones; y la Gran Alianza Nacional (GANA) reportó gas-tos en Q 101 millones.

En total, entre todos los partidos po-líticos, el gasto osciló en Q. 689 mi-llones. Actualmente, debido a la cam-paña súper adelantada, se espera que los gastos totales asciendan a unos Q. 1,000 millones; una de las campañas electorales más caras del continente.

Muchos analistas coinciden en que la televisión es el medio más efectivo en la política actual. En el caso de los lla-mados “canales de televisión abierta”, el empresario mexicano Ángel Gonzá-les es hasta ahora el mandamás, pues

13. http://miradorelectoralguatemala.org/wordpress/?page_id=79

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posee la propiedad de los canales 3, 7, 11 y 13.

Los políticos acuden a Gonzáles en busca de apoyo para sus cam-pañas y actuaciones, y a cambio le otorgan a Gonzáles privilegios, que van desde rebajas en tasas tributarias, extensiones automá-ticas de uso de frecuencias has-ta privilegios que lo protegen de competidores14.

Aunque debe mencionarse que recien-temente, el grupo Prensa Libre y su ex-presión en la televisión guatemalteca, Guatevisión, abrió su programación por UHF en la frecuencia de Canal 25, y el grupo familiar Alcázar, propieta-rios de la Radio Corporación Nacional (RCN), ya anunció la apertura de un canal de televisión.

Los precios de las pautas publicitarias en la televisión nacional de 30 segun-dos van desde los Q. 40,000 en ade-lante, y en canales como Guatevisión, alcanzan los Q. 10,00015. Aproxima-damente 6 minutos están siendo dedi-

cados a las pautas electorales, trans-mitiendo alrededor de 5 bloques de anuncios, de los cuales, 3 ó 4 tienen contenido proselitista. En el caso de los infoanuncios16 no se cuenta con datos certeros sobre su costo, pues no figuran directamente como gastos de campaña.

La pauta política se paga en efectivo por aquello de los cheques sin fondos, o con favores políticos que se van a la cuenta de los propietarios de los MIM para cuando necesiten utilizarlos.

En cuanto a la prensa escrita, el gru-po Prensa Libre concentra el 84% de la circulación auditada17 a través de Nuestro Diario y Prensa Libre.

Ambos medios son de circulación na-cional y superan las 200,000 impre-siones diarias cada uno. La diferencia entre ambos es que Nuestro Diario subsiste de la venta directa de ejem-plares y Prensa Libre de la publicidad principalmente.

Los demás periódicos como La Hora, Siglo

14. Berganza, Gustavo. Ese poder paralelo llamado “televisión guatemalteca”. Diálogo, nueva época, No. 73. FLACSO, Guatemala, febrero 2009, página 2. 15. Sánchez, Haroldo. Charla sobre la influencia de los medios de comunicación en la política nacional. Proyecto Matria, marzo 2011.15. Sánchez, Haroldo. Charla sobre la influencia de los medios de comunicación en la política nacional. Proyecto Matria, marzo 2011.16. Un espacio de proselitismo solapado, en donde presentan información como que si fuera un reporte de cobertura noticiosa, pero en realidad es un espacio de publicidad política de actividades de ciertos partidos po-líticos, en la cual no participa ningún reportero. El comercial político a diferencia del infoanuncio, presenta un mensaje directo, con logo y presentación del partido.17. Berganza, Gustavo. “Los jóvenes, los medios y las elecciones”. Dialogo, nueva época, No. 64. FLACSO, Gua-temala, mayo de 2008.

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Veintiuno y elPeriódico, circulan única-mente en la ciudad capital. Los dos prime-ros subsisten de la publicidad, y el último lo hace a través de las suscripciones, en un 75% aproximadamente, y de su socio ma-yoritario Media Development Loan Fund (MDLF), principal accionista individual, y que forma parte de la Fundación Soros. Algunos argumentan que la importancia de

este grupo de periódicos es que llegan a “los tomadores de decisiones”, debido a que en la ciudad de Guatemala se concentra el poder estatal y se definen las políticas nacionales.

Por su parte, las radios que transmiten los noticieros más escuchados están acaparados por Ángel Gonzáles (Radio Sonora), Los Archila (Emisoras Unidas) y Radio Grupo Aliu’s (Radio Punto).

Fuente: elaboración propia.

TABLA IGuatemala: accionistas de los

Medios de Información Masiva

Accionistas Grupo Medio Nombre comercial

Familias Girón, Sandoval, Zarco, García y Marroquín.

Grupo Prensa Libre Prensa

-Prensa Libre

-Nuestro Diario

-El Quetzalteco

Televisión Guatevisión

Ángel Gonzáles/ Grupo Albavisión Televisión Canales 3,7, 11y 13

Luis Rabbé Grupo El Tajín Radio Radio Sonora

Marroquín-Godoy Corporación de Noticias

Prensa Al día

Prensa La Hora

Prensa Siglo XXI

José Ruben Zamora-Eduardo Liu Tánchez - MDLF

prensa El Periódico

Familia Archila Grupo Emisoras Unidas Radio Emisoras Unidas

Familia Alcázar Radio Corporación Nacional Radio No tiene noticiero

Familia Liu Grupo Aliu´s Radio Radio Punto

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Otro elemento a destacar es la par-ticipación política y los vínculos de miembros de los Medios de Infor-mación Masiva con las empresas electorales, por ejemplo:

Existe una alianza entre Emisoras Unidas y Canal Antigua representada por Eric Archila, actual Presidente de ese canal, quien se mantiene cercano a Alejandro Sinibaldi, candidato a la al-caldía metropolitana por el PP.

Canal Antigua fue fundado en 2009 por Alfred Kaltschmitt, propietario de Radio Infinita y columnista de Prensa Libre. Su pensamiento se adscribe al liberalismo político, al igual que Pedro Trujillo, conductor del programa “A solas” y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

Otro de los nombres que suena es el del columnista y Director de El Perió-dico, Juan Luis Font, que conduce el programa “8:45” en Canal Antigua. También condujo durante 7 años el programa “A Primera Hora” en Emi-soras Unidas.

De elPeriódico es más que evidente el

respaldo mediá-tico que le brinda al candidato del Partido Patriota (PP), a tal grado que hace 2 meses José Ruben Zamo-ra, Presidente de elPeriódico lo reci-bió en sus oficinas.

Por su parte, Juan David Alcázar So-

lís, del grupo RCN, es actualmente di-putado por el PP y compite como Vo-cal I por ese partido.

Los MIM están atravesados por la ló-gica del mercado, construyendo con-sumidores de “opinión pública” que no cuestionan la información transmi-tida.

Esto le complace escucharlos a los par-tidos políticos en Guatemala pues son fundamentalmente electoreros. Se de-dican poco o nada a la formación polí-tica de sus adherentes y debido a que no tienen proyecto político-ideológico, no construyen militancia.

El hecho que los partidos utilicen un discurso ideológico y que sus intereses de poder sean concretos, eso no los define como un partido con proyecto político-ideológico, más bien funcio-nan desde el pragmatismo, la oferta y

De izquierda a derecha: Julio Ligorría, Otto Pérez

Molina y Eric Archila www.canalantigua.com

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la demanda del mercado.

Por eso afirmamos que el sistema de partidos políticos en Guatema-la es un mercado electoral cons-tituido por una ciudadanía mer-cantil que “elige entre las ofertas y bajo el modelo de la competiti-vidad”.

Por eso no extraña que los partidos políticos compren votos a cambio de regalos que varían de precio, pues de-pendiendo del sapo así es la pedrada.

Durante la campaña electoral 2007…

Los cuatro partidos políticos que más gastaron obtuvieron suma-dos un total de 120 espacios en el Congreso de la República, mientras que los cuatro que me-nos gastaron obtuvieron cuatro puestos18.

El desinterés de los partidos políticos por apostar realmente a las transfor-maciones estructurales ha converti-do en un círculo de esperanzas rotas y olvidos cada proceso electoral, que dicho sea de paso, se mantiene de al-guna medida por la responsabilidad moral de ejercer el “derecho ciuda-

dano”, pues para la clase trabajado-ra no organizada, el voto es su única oportunidad de hacer valer su voz.

Tristemente, esa ética de la responsa-bilidad condena a las fuerzas sociales a una vida de explotación y desposesión. Desde el manejo de la opinión públi-ca, los Medios de Información Masi-va establecen los perfiles de la oferta electoral, que luego se pintan como las opciones de elección ciudadana cada 4 años.

Todos tienen muy claro que (…) su negocio es la publicidad, pero su beneficio es el manejo de la opinión pública19.

19. Entrevista de El Observador con Evelyn Blanck, Directora de Centro Civitas. Abril de 2011.

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18. Mirador Electoral 2011. “Estimación de gastos de precampaña política en medios de comunicación del 1 de octubre 2010 al 30 de abril de 2011”. Guatemala 16 de mayo de 2011, página 3.

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Para muchas guatemaltecas y guate-maltecos, las opciones que se ofrecen en el mercado electoral son las únicas posibilidades de cambio.

Aceptar –de antemano- que “tu voto hace la diferencia”, es afirmar que se posee la libertad individual para esco-ger el futuro; que sólo es cuestión de actitud y responsabilidad moral para alcanzar ese sueño esperado.

La pregunta es ¿las opciones están da-das y sólo hay que tomarlas?

Lo anterior implica que existen las su-ficientes opciones en el mundo para que cada individuo escoja libremente los medios para satisfacer sus necesi-dades.

Esta es una posición individualista que niega las relaciones sociales y las condiciones materiales para la subsis-tencia.

Implica que la muerte por desnutri-ción es una cuestión de actitud ne-gativa que tiene el individuo ante el mundo, por lo que está condenado a su destino.

Siguiendo esa lógica de pensamiento nos atreveríamos a decir que en Gua-temala existen millones de actitudes negativas y sólo unos pocos cuentan con actitudes positivas, llenas de obe-

sidad y cirugías plásticas.

VIII. De la ciudadanía mercantil al sujeto político comunitario

La ciudadanía crea individuos sin pro-yecto político, pensarse fuera de este esquema para nosotros significa apun-talar que no basta con resignificar la ciudadanía para democratizarla. En ese sentido, se busca romper con la subalternidad y construir poder popu-lar desde la construcción de los suje-tos políticos.

Hasta aquí hemos reflexionado que la noción de ciudadanía ha servido como una camisa de fuerza ideológica, que por principio oprime la organización popular por considerarla insana y atrasada.

Los instrumentos de dominación ideo-lógica siguen siendo básicamente los mismos desde el origen liberal de la ciudadanía, a diferencia del refina-miento del discurso propiciado desde la Cooperación Internacional y las ONG locales que los reproducen; y la sofisticada masificación de los Medios de Información.

Se difunden y legalizan discursos y prácticas que buscan estandarizar las relaciones sociales y hacerlas funcio-nales al sistema capitalista. Se impo-nen valores individuales, mercantiles

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y morales; un deber ser orientado a trabajar como explotado, para consu-mir y obedecer las normas de la com-petitividad.

La condición popular de explotados y desposeídos es mantenida en cons-tante desdibujamiento y sometimiento para garantizar la continuidad históri-ca del bloque en el poder.

En Guatemala, las elites han prioriza-do la violencia por encima del conven-cimiento ideológico. No obstante, en su intento de generar un clima pacifi-cado de inversiones de capital, optaron aparentemente por la paz en democra-cia sin perder el control y la continui-dad de su carácter reaccionario.

Actualmente, la noción de ciu-dadanía mantiene sus principios mercantiles, pues tanto en su for-ma electoral (democracia) como en su forma organizativa (Esta-do de Derecho), está contenida por el individualismo servil, el asistencialismo humanista y la aceptación de opciones impues-tas desde la lógica del mercado: Ciudadano competitivo, igualita-rista y defensor de los derechos humanos.

La noción de ciudadanía viene siendo el tipo ideal contenido en la ética de la convicción de Max Weber, para la cual, lo importan-

te es votar para ejercer el derecho otorgado, haciendo funcionar el poder que la democracia ha “ungido” sobre la sociedad. No hacerlo es condenarse al destierro del tipo ideal, a responsa-bilizarse individualmente de la exclu-sión.

En ese sentido, ninguna forma de ma-nifestación popular como la protesta es tolerada, en tanto que se traiciona la ética de la convicción ciudadana.

En ese sentido, la idea de ciudadanía se vuelve la totalidad de la acción hu-mana, para lo cual existen normativas y pasos a seguir para alcanzar el fin.Este marco intenta homogenizar las

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demandas y necesidades basándose en una moral supramaterial que solo la ciudadanía puede alcanzar.

No obstante, la deslegitimación au-menta y se manifiesta en la abstinen-cia y los votos nulos, que no son pocos en cada proceso electoral.

Sin embargo, cuando el cuestiona-miento se queda en el intento de trans-gredir los discursos y prácticas que reproducen el poder dominante, apa-recen los miedos, las culpas y el arre-pentimiento moral como dispositivos de control social asumidos como me-canismo de “defensa”, surgiendo como paliativo progresista “votar por el menos peor”.

Así mismo, cuando esta forma de do-minación ideológica se asume por con-vicción, se hace presente la fidelidad empresarial: el “Yo asumo la exce-lencia”, soy obediente, competitivo y hago más rico al partido político de mi elección.

La función moral del voto se pre-senta como una auto sanción para quien no vota, pues eso niega su “derecho” a exigir.

Ante ello, la idea de ciudadanía que-da condenada cada cuatro años a le-gitimar mediante el voto, el juego de-mocrático y su abanico de “opciones”,

caras, consignas, colores y canciones a la tortrix, cada vez más recicladas y desgastadas.

Por el contrario, cuando surge la resis-tencia colectiva, comunitaria y social contra esa forma irracional de ser su-misos por excelencia; cuando los dis-cursos y prácticas del sistema de do-minación no se repiten con devoción, se hace presente la represión y el te-rror.

Ante ello, vale la pena reflexionar si

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Foto: Delmy Arriaza.

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lo que se necesita en Guatemala es lu-char para democratizar la sociedad ci-vil y la participación ciudadana, o, por el contrario, observar con detenidos ojos los ejercicios de poder popular expresados en las consultas comunita-rias, que a pesar de ser ninguneadas por los partidos políticos y los grupos de poder económico, son el germen de formas alternativas de manifestación y organización comunitaria del poder.

No se trata de proponer una ciuda-danía comunitarista; más bien, de no agobiarse por pensarse fuera de la hegemonía y en plena confronta-ción contra el sistema de producción

dominante.

Así mismo, para romper el discurso dominante es necesario emplear con creatividad una lucha ideológica que le de coherencia a las alternativas que se construyen desde abajo y en colec-tividad emancipadora.

Solo así la participación político-elec-toral no será la finalidad ensimisma-da de los esfuerzos organizativos; in-cluso, se tendrá la capacidad de verla como una táctica subordinada a la organización popular, que crece de a poco en la medida que no se agote cada cuatro años.

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ENFOQUE es una publicación quincenal de análisis de situ-

ación que es producido por la Asociación El Observador. Forma

parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente

para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la

cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de

una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer

la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la

propuesta y la incidencia política de actores del movimiento

social, organizaciones de la sociedad civil, medios comunicación

alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en

diferentes niveles: local, regional y nacional.

Consejo EditorialFernando Solis, Luis Solano, Marco

Fonseca, Fredy Herrarte, Rocío García y Gustavo Illescas.

Coordinación de información, análisis y edición:

Fernando Solís. Fotografía:

Varios e InternetDiseño:

Crosby Girón. Diseño de portada:

Josué Otzoy

3ra. avenida 0-80, Colonia Bran, zona 3, ciudad Guatemala, Guatemala.

Teléfono: 55 54 37 57Telefax: 22 53 27 22

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