Cédula, Estado y sufragio en Colombia, 1934-1935

Sebastián Guerra Sánchez

Director Prof. Renán Silva Olarte

Monografía de grado presentada ante el Departamento de Historia de la Universidad de los

Andes en conformidad con los requisitos estipulados para optar al título de Magíster en Historia.

Departamento de Historia Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de los Andes

Bogotá, noviembre de 2013

   

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El jurado evaluador, compuesto por el profesor de la Universidad de los Andes Renán Silva, en calidad de Director, y el profesor de la Universidad de Oxford Malcolm Deas, en calidad de

Lector, decidió otorgar a esta monografía la máxima calificación, según los estatutos vigentes de posgrado de la Universidad de los Andes.

   

  3  

CONTENIDO

Agradecimientos / 4

Introducción / 7

Capítulo I La cédula, una labor de Estado / 23

Capítulo II

La cédula y la pureza del sufragio / 62

Conclusiones / 96

Anexo La cédula en caricatura / 99

Referencias / 102

   

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Agradecimientos La presente investigación fue presentada como monografía de grado ante el Departamento

de Historia de la Universidad de los Andes, en conformidad con los requisitos estipulados

para obtener el título de Magíster en Historia. Por su objeto de estudio, su temporalidad y

su extensión, además de su moderada pretensión –como el ejercicio de un historiador en

formación– es una investigación que se ajusta al lugar intermedio que ocupa hoy la

maestría en la trayectoria académica de un investigador. Gracias al importante avance de

los programas de posgrado en el país, así como a la creciente internacionalización de

nuestras universidades, la maestría ha dejado de ser un lugar de llegada para convertirse en

un lugar de salida: un lugar para tomar impulso y terminar de convencerse –o

desilusionarse– del camino tomado.

En cuanto a instituciones se refiere, no hubiera podido realizar este trabajo sin el respaldo

de la Universidad de los Andes. A lo largo de la maestría disfruté de la beca Germán

Colmenares, otorgada por el Departamento de Historia, gracias a la cual pude dedicarme

con exclusividad a las labores académicas. En un país en el que los respaldos estatales a la

investigación han venido concentrándose en otras áreas del saber, juzgadas como más

importantes para el desarrollo nacional, hace muy bien la Universidad de los Andes, y en

particular su Facultad de Ciencias Sociales, en mantener un programa de becas. Este

programa, además, amplía el horizonte democrático de la Universidad, vinculando

estudiantes de muy diversos orígenes. De manera particular, agradezco a los profesores

Jaime Borja y Camilo Quintero, quienes desde la Dirección de Posgrados me ofrecieron un

apoyo constante.

Como director de esta investigación tuve la fortuna de contar con el acompañamiento del

profesor Renán Silva, quien desde el principio me animó a proseguir con el estudio de la

cédula electoral, un instrumento que se inscribe en el amplio proceso de cambio social

sufrido por la sociedad colombiana en primera mitad del siglo XX, un campo y un período

en el que el profesor Silva es un reconocido experto. Pero no solo eso: el profesor Silva ha

significado para los estudiantes que hemos pasado por sus cursos y seminarios el

aprendizaje –y el compromiso intelectual– con un tipo de análisis histórico riguroso,

   

  5  

metódico e imaginativo, atento siempre a las operaciones lógicas y a los procesos

epitemológicos que controlan nuestra labor (una preocupación hoy un poco olvidada en la

formación universitaria). Como si fuera poco, el profesor Silva, de manera generosa –con

ese tipo de generosidad que hoy escasea en los círculos universitarios– me facilitó un

conjunto de fuentes primarias que tenía en su haber, las cuales fueron fundamentales para el

desarrollo de esta investigación. Me sentiría complacido si en estas páginas se alcanza a

percibir su influencia.

Estoy muy agradecido igualmente con el profesor de la Universidad de Oxford Malcolm

Deas, lector de este trabajo. No es este el lugar para recordar –como si hiciera falta– la

importancia capital que el trabajo del profesor Deas ha tenido para la historiografía

colombiana, pero sí para indicar que sus preguntas sugerentes y sus críticas punzantes, no

sólo permitieron que este trabajo estuviera menos cargado de errores, sino que me

recordaron –como tanto se repite, sin sacar las conclusiones que se imponen– que el

análisis histórico descansa siempre en una buena descripción (ese tipo particular de

descripción que practicamos los historiadores, la descripción-analítica).

Sin el respaldo de las personas que componen nuestro círculo íntimo, este tipo de empresas

serían difíciles de emprender. Mis padres han sido un apoyo fundamental, y les estoy muy

agradecido. También Alejandra Parra, a quien dedico este trabajo.

Bogotá, junio de 2014.

   

  6  

Durante muchos años la Mamá Grande había garantizado la paz social y la concordia política de su imperio, en virtud de los tres baúles de cédulas electorales falsas que formaban parte de su patrimonio secreto.

Gabriel García Márquez Los funerales de la Mamá Grande, 1962.

   

  7  

Introducción I “Recuerde doctor que entre nosotros no se computan votos sino trampas”, escribió en una

misiva dirigida al expresidente Carlos E. Restrepo el por entonces candidato presidencial

por el Partido Liberal Enrique Olaya Herrera1. Transcurría el año 1929 y las pasiones

políticas estaban a flor de piel en un país que vivía con un fervor casi religioso las justas

electorales. La percepción generalizada en aquellos años –y no solo entre presidentes o

aspirantes al cargo–, era que la legitimidad del sistema político estaba siendo amenazada

gravemente por el fraude electoral. Un año después, en 1930, y gracias a la división de los

conservadores entre el general Alfredo Vásquez Cobo y el poeta Guillermo Valencia, Olaya

Herrera sería elegido presidente (¿en elecciones fraudulentas?), e inauguraría una serie

sucesiva de gobiernos liberales –ahora un poco mejor conocidos por la historiografía

nacional– que, entre otras cosas, hicieron de la “pureza del sufragio”, según la expresión

que se volvió corriente entre políticos y periodistas, su principal preocupación en materia

de política electoral. Toda una novedad. A lo largo del siglo XIX el problema del fraude

había preocupado a los actores políticos, pero su control o erradicación nunca antes había

sido elevado al rango de política estatal, tal como hicieron los gobiernos liberales en las

décadas de 1930 y 19402.

Para el Partido Liberal era fundamental hacer ver que su permanencia en el Estado derivaba

directamente de los ciudadanos, quienes se expresaban de manera verídica y transparente

en las urnas. Si el gobierno era liberal, decían, lo era no por una imposición tramada entre

las élites, sino porque el pueblo elector, por lo menos en su “mayoría” –según se derivaba

                                                                                                                         1 Citado en Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, Bogotá, Norma, 1995, p. 145. 2 Un buen ejemplo de fraude electoral durante el siglo XIX y de la manera en que era percibido por las autoridades y la población lo ofrecen los ciudadanos Clodomiro Contreras y Rodolfo Berti en: El sufragio en Santander. Comprobación de los fraudes cometidos por agentes del gobierno en el Departamento de Cúcuta en las elecciones del presente año, Santander, Imprenta del Diario de Cundinamarca, 1884. A modo de análisis histórico ya son de obligada consulta los trabajos de Eduardo Posada Carbó, quien ha desarrollado toda una agenda de investigación en torno a la historia electoral colombiana a lo largo del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX. Cf. en particular: “Malabarismos electorales: una historia comparativa de la corrupción del sufragio en América Latina, 1830-1930”, en Eduardo Posada (ed.) El desafío de las ideas, ensayos de historia intelectual y política en Colombia, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2003; y “Fraude al sufragio: la reforma electoral en Colombia 1830-1930”, en Carlos Malamud (ed.) Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina: las reformas electorales (1880-1930, México, FCE-Colegio de México, 2000.

   

  8  

del mecanismo escrutador en uso–, era liberal. Una circunstancia que había necesidad de

aclarar, en la medida en que el Partido Conservador, tras cuarenta y cuatro años en el

gobierno, tenía buenas razones para pensar, como efectivamente lo puso de manifiesto en la

campaña presidencial de 1933, que el electorado activo era fundamentalmente conservador.

Si el sistema electoral era realmente transparente, más temprano que tarde retornarían al

poder. Los liberales, sin embargo, permanecieron en el gobierno hasta el año 1946 y los

conservadores, argumentando en repetidas ocasiones fraude y corrupción, optaron por la

abstención electoral, una estrategia que buscaba restar legitimidad a unas justas electorales

que luchaban por ser cada vez más participativas (incluyendo a más electores mediante la

ampliación de la ciudadanía), y legítimas (implementando formas de control y supervisión

electoral, como la tinta indeleble o la cédula electoral)3.

Expedida a partir de 1934 y exigida como documento de identificación obligatorio “para

todos los actos políticos y civiles” a partir de 1935, la cédula electoral alteró

profundamente el sistema político y las formas tradicionales de participación. Ganar

elecciones y acceder con ello al poder del Estado pasaba ahora por la mediación de un

instrumento que, en principio, no era fácil de obtener. Cedular a un campesino de la

comisaría especial del Vaupés, por ejemplo, no era una labor sencilla. Se necesitaba

desplegar todo un sistema técnico que hiciera llegar a esa Comisaría, como a todas las

regiones del país, las tarjetas decadactilares, los esqueletos de cédula, los rodillos de tinta,

así como un ingente grupo de funcionarios (dactiloscopistas, ceduladores, fotógrafos) que

realizaran el registro. Eso sin contar que muchos Alcaldes e integrantes de los Jurados de

Votación impedían o demoraban la cedulación de los ciudadanos de filiación política

contraria.

El comisario especial del Vaupés Francisco Linares, precisamente, se expresaba de esta

manera en un telegrama “urgente” enviado en 1934 al ministro de gobierno Gabriel Turbay:

“[…] Hasta hoy en este vasto territorio nada se ha hecho ni adelantado a este respecto: aquí                                                                                                                          3 A pesar de ser toda una tendencia, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, el tema de la abstención electoral ha sido mínimamente estudiado. Indicaciones sugerentes se encuentran en el artículo de Paul Oquist y Dora Rothisberger “Algunos aspectos de la abstención electoral”, incluido en: Paul Oquist, Comportamiento electoral del municipio colombiano 1930-1970, Bogotá, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes, 1974, pp. 80-99.

   

  9  

en la oficina de la Comisaría reposan intactos los elementos (aparatos, prontuarios, cédulas)

para la expedición del documento; en todo el extensísimo territorio del Vaupés no hay ni un

alcalde, tampoco funciona en el territorio ni siquiera un jurado electoral; los pocos –por ahí

unos doscientos individuos– capacitados para recibir su correspondiente cédula, se hallan

dispersos aquí y allá, en todas estas selvas y en una extensión de miles de kilómetros

cuadrados […] Fuera de todas estas dificultades, se presenta otro problema de orden legal,

y es el de que el territorio del Vaupés no está catalogado ni adscrito por ley a ningún círculo

electoral. Aquí nunca ha habido elecciones. Ahora, la Comisaría se encuentra en período de

tal penuria, que no podrá disponer ni de un centavo para esta ardua, laboriosa y costosa

medida de la cédula electoral; con los trescientos pesos que el Ministerio de Gobierno

destinó para ello, apenas si tendrá con qué trasladarse el técnico, con su equipo, hasta este

lugar; y yo pregunto: ¿con qué va a emprender ese técnico los trabajos, una vez llegado al

Vaupés, sin recursos? ¿Con qué se traslada a los demás lugares de esta Comisaría,

separados unos de otros por meses de camino y unidos por vías fluviales? ¿Será posible

obligar a esos pocos elementos capaces de recibir cédula y obligados a ello, a trasladarse

desde apartadísimos lugares hasta aquí a recibir su cédula? […]”4.

A pesar de estas dificultades –que en este trabajo serán de gran interés, en tanto muestran

cómo una sociedad se apropia de un instrumento y cómo un Estado hace presencia en un

territorio–, que denodados ministros de gobierno como Gabriel Turbay, Alberto Lleras

Camargo o Jorge Soto del Corral se esforzaban en solucionar, la cédula electoral fue vista y

presentada por el liberalismo como el mecanismo fundamental para combatir el fraude, y

como un instrumento que haría arraigar las formas democráticas en el país. Así lo

expresaba el presidente Alfonso López Pumarejo en una “circular a los gobernadores” en

1934: “Quiero aprovechar esta oportunidad para reafirmar el criterio del Gobierno sobre la

cédula electoral, considerada por la presente Administración como el más eficaz elemento

de que puede disponerse para lograr el perfeccionamiento gradual de nuestros sistemas de

sufragio y como la conquista liberal más preciosa en el camino de realizar en Colombia una

democracia sincera”5.

                                                                                                                         4 AGN, Col., fondo ministerio de Gobierno, sección 1ª, tomo 73, folio 202. 5 Alfonso López Pumarejo, Obras selectas, Bogotá, Cámara de Representantes, 1979, p. 145.

   

  10  

Los conservadores, sin embargo, no tenían una visión tan feliz de este documento. Lejos

estaban de pensar que la cédula era el instrumento de la “democracia”, la “pureza del

sufragio” o las “formas civilizadas” de la lucha política. Desde el momento mismo de su

expedición, no dejaron de argumentar en su contra. Silvio Villegas, senador por el

Departamento de Caldas y uno de los denominados Leopardos, decía: “[…] Si la cédula va

a evitar ese fraude, va a usarla solamente el ciudadano de cierta cultura cívica, el hombre de

las ciudades, y no las grandes masas campesinas que van a las urnas únicamente porque los

manda el párroco. Los bienes que con ella se predican son una ilusión […]”6. Y Hacia

1947, Laureano Gómez –quien destinó gran parte de su esfuerzo político a combatir este

instrumento–, sostenía que la cédula estaba directamente vinculada con la violencia política

que azotaba al país: “[…] La violencia política es engendrada por el fraude. Donde se

presenta, siempre se descubre esa filiación, bastarda, pero ineludible. El mal profundo

arranca de la expedición misma de la cédula de identificación personal y de la manera

como se llevan los registros electorales en los municipios […]”7.

Finalmente, los conservadores, instalados de nuevo en el gobierno en 1946 (gracias a la

división liberal entre Jorge Eliecer Gaitán y Gabriel Turbay) emprendieron una férrea

batalla de desprestigio contra la “cédula liberal”, lo cual condujo, en 1948, a la expedición

de un nuevo documento, la cédula “blanca laminada”, un documento que a su vez estuvo

vinculado al nacimiento de una nueva institución: la Registraduría Nacional del Estado

Civil. Con este nuevo documento y esta nueva institución se cerraba el ciclo de la vieja

“cédula electoral” y del esfuerzo del Estado por implantarla; un documento y un esfuerzo

que bien vale la pena rescatar.

II

Como lo pone de presente el panorama anterior, la cédula electoral aparece como un

prisma que permite observar –de otra manera– un conjunto de temas y problemas centrales

de la sociedad colombiana durante la primera mitad del siglo XX, particularmente durante

                                                                                                                         6 El Tiempo, “Liberales y vasquistas aprobaron ayer la cédula de identidad personal”, 10-X-1929, p. 5. 7 El Siglo, “El Fraude y la Violencia”, 2-IX-1947, p. 5. Alocución radial de Laureano Gómez transmitida originalmente por “La Voz de Colombia”.  

   

  11  

el período de la República Liberal8 y los primeros años de la Restauración Conservadora

(1946-1948)9.

En primer lugar, la cédula nos permite reflexionar sobre los modos prácticos en que se

configura el Estado, una entidad muy poco “abstracta”, si se quiere, que depende para su

constitución de actividades tales como el conteo de la población, el trazado de una

carretera, la construcción de un acueducto y, no menos importante (o quizás, ¡muy

importante!) la identificación de los ciudadanos. Esta perspectiva práctica y técnica de la

administración estatal la ha puesto de presente el politólogo norteamericano James Scott,

quien, en su libro ampliamente citado Seeing like a State, ha mostrado cómo el Estado ganó

paulatinamente sus poderes a través de una serie de invenciones e innovaciones técnicas:

“La creación de apellidos permanentes, la estandarización de pesos y medidas, el

establecimiento de levantamientos catastrales, la invención de la propiedad absoluta de un

predio, la normalización del discurso legal, el diseño de las ciudades, y la organización del

transporte”. Para Scott, todos estos dispositivos producen “legibilidad” y “simplificación”

del espacio social, permitiendo la acción estatal10.

Bajo esta perspectiva, la cédula electoral se inscribe en una tendencia general de la

primera mitad del siglo XX colombiano, un período en el que el Estado se interesó por

conocer de manera científica el cuerpo social de la nación, desplegando para ello diversas

                                                                                                                         8 Por mucho tiempo atado a la interpretación general que lo vinculaba a temas como la oposición conservadora o la reforma agraria, hoy conocemos mucho más de este período gracias a una serie de trabajos rigurosos e innovadores como los del historiador Renán Silva. En sus trabajos sobre la República Liberal el profesor Silva ha llamado la atención sobre la particular “política cultural” emprendida por los gobiernos liberales a través de la radio, las publicaciones impresas o las campañas de lectura. Cf. Renán Silva, República liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La Carreta, 2012 [2005]. 9  Juzgados por algunos historiadores liberales y de izquierda como una especie de “época oscura”, donde los avances “progresistas” y “modernizadores” del período liberal entraron en decadencia, los años que transcurren de 1946, con la llegada al poder Mariano Ospina Pérez, al año 1957, con el inicio del Frente Nacional, han permanecido muy poco explorados por la historiografía nacional (o, de manera repetitiva, han sido explicados bajo el prisma general de la “La Violencia”, con muy pocos avances en la investigación empírica ). Un texto que abre las puertas de este período es el recientemente editado por Rubén Sierra Mejía, La Restauración Conservadora, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 2012.    10 James Scoot, Seeing like a State. How certain schemes to improve the human condition have failed, New Haven, Yale University Press, 1998, p.2. Para el caso latinoamericano, en particular mexicano, un buen ejemplo de aplicación del enfoque de Scott es el libro editado por Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent, Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico, California, Duke University Press, 1994, dedicado a estudiar de manera puntual la relación entre las culturas populares y la formación del Estado mexicano en el período revolucionario y post-revolucionario.

   

  12  

instituciones, saberes y prácticas de racionalidad numérica, entre las que se pueden contar

la Contraloría General de la República, encargada de adelantar los censos de población, o la

Oficina Nacional de Identificación Electoral, una dependencia de la Policía Nacional (y

posteriormente del Ministerio de Gobierno) encargada de la identificación ciudadana. Esto

sin desconocer que esfuerzos similares, bajo otras modalidades e instituciones, se habían

adelantado en el país en períodos anteriores, como la descripción del territorio y de la

sociedad que produjo la Comisión Corográfica liderada por Agustín Codazzi a mediados

del siglo XIX11.

Revisando entonces la manera como el Estado implementó y puso en funcionamiento la

cédula electoral en los años 1934 y 1935 –y todos los inconvenientes y problemas que se le

presentaron, como los que relata el comisionado del Vichada en el telegrama citado–

podemos ver, no sólo cómo se implementó el documento de identificación, sino la manera

como el Estado operaba en ese entonces, es decir, los modos en que procedía, los recursos

con los que contaba, la manera como copaba el territorio, los saberes que utilizaba, las

prácticas que implementaba, y el tipo de funcionarios que lo constituían. Más allá, o más

acá de una reflexión normativa o institucional del Estado, nos interesa una reflexión que

atienda a su modus operandi. De ahí que nos topemos, en algunos párrafos, con el papel y

el lugar de la estadística en este período, ciencia promovida, en gran parte, por intelectuales

liberales que hicieron parte del Ministerio de Gobierno y la Contraloría General12.

                                                                                                                         11  Habría que resaltar, igualmente, en relación a la Contraloría General de la República –liderada en la década de 1930, entre otros, por Carlos Lleras Restrepo y Plinio Mendoza Neira–, la publicación de una serie de “geografías económicas”, un conjunto de textos que buscaba describir las diversas regiones del país en sus múltiples dimensiones sociales, económicas y geográficas, haciendo uso de modernas técnicas de análisis económico, sociológico y estadístico. Una de las primeras “geografías” fue escrita por el intelectual marxista, profesor de la Universidad Nacional (otra institución promovida por la República Liberal) Antonio García, y destinada al Departamento de Caldas. En la introducción de esta obra García señala: “No debe olvidarse que esto ocurría en 1935, esto es, en el momento cenital y más conmocionado de la República Liberal de Alfonso López Pumarejo, cuando se hizo necesario efectuar los primeros diagnósticos científico-sociales sobre la sociedad colombiana y crear, literalmente, un nuevo instrumental de análisis y un moderno y vertebrado aparato institucional de investigación, medición y registro de los fenómenos económicos y sociales”. Cf. Antonio García, Geografía económica de Caldas, Bogotá, Contraloría General de la República, Imprenta Nacional, 1937, p. 6. 12 A este respecto, Renán Silva ha señalado la “pasión por la estadística” que se vivía en la República Liberal. Cf. Renán Silva, “La república liberal o la pasión por la estadística”, Revista sociedad y economía, núm. 5, octubre, 2003, pp. 127-130.

   

  13  

Habría que señalar, igualmente, que la cédula electoral pone de presente el intento del

Estado por configurarse como una entidad suprapartidista, ajena a los intereses facciosos y

de grupo y garante del interés general, lógica que corre paralela a su “tecnificación”.

Expedida por un Jurado Electoral en cada uno de los distritos electorales (una corporación

compuesta por miembros de los dos partidos más representativos, los cuales, se presuponía,

ejercerían entre ellos un “control recíproco”) la cédula fue entendida como un documento

de partido, y no como un instrumento estatal –y esto a pesar de lo que proclamaba el

Partido Liberal en el poder. Los telegramas, cartas e informes que hacían llegar alcaldes,

intendentes y comisarios al Ministerio de Gobierno no dejaban de reportar: “Jurado

conservador se niega a expedir cédula a ciudadano liberal”, y, de la misma manera: “Jurado

liberal se niega a expedir cédula a ciudadano conservador”. Hacer de este instrumento un

elemento “transparente” (ni rojo, ni azul), una especie de plataforma “no discutible” sobre

la cual la contiende política se desarrolla –conquistando con ello la “neutralidad” del

Estado en materia electoral– constituyó un esfuerzo emprendido por la sociedad

colombiana a lo largo de estos años; un esfuerzo que, en gran medida, se concretó en 1948,

con la creación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una institución de la que

prácticamente no sabemos nada en materia histórica o sociológica13.

En segundo lugar, la cédula electoral se inscribe en todo un programa de reforma política y

electoral que una nueva generación de intelectuales y políticos empezó a discutir desde

principios del siglo XX, y que de alguna manera encontró su espacio de materialización a lo

largo de los gobiernos liberales. Tras un siglo que combinó de manera alternativa guerras y

elecciones, esta nueva generación quiso hacer del siglo XX un siglo exclusivamente de

elecciones, es decir, conducido por cauces eminentemente democráticos y pacíficos, para lo

cual la definición de un sistema electoral que garantizara la participación ciudadana era

fundamental. De ahí que asistamos, a partir de la década del veinte, a una profusión de                                                                                                                          13  El único autor que ha avanzado al respecto es el abogado e historiador del derecho Fernando Mayorga, profesor de la Universidad del Rosario. Mayorga ha investigado entorno al derecho público, y de manera particular, ha escrito sobre la historia de la Organización Electoral en Colombia, y sobre la historia de la Registraduría Nacional. Cf. Fernando Mayorga, Historia de la organización electoral en Colombia (1888-2012). Vicisitudes de la consolidación democrática en un país complejo, Bogotá, Universidad del Rosario, 2013; y Orígenes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los Registradores Nacionales del Estado Civil, Bogotá, Registraduría Nacional del Estado Civil, 1995. Este último es un texto valioso por la información referida a leyes y decretos que compila, pero que avanza muy poco en el análisis y la interpretación histórica, lo que sigue dejando a la Registraduría en el nivel de “caja negra”.

   

  14  

proyectos de ley que bajo la denominación de “reforma electoral” se presentaron a las

cámaras legislativas, pero también a una creciente discusión académica (como consta en las

monografías de grado que jóvenes abogados defendían en las facultades de derecho, como

en la Universidad Nacional de Colombia) y periodística (como consta en columnas de

opinión, caricaturas y noticias en general) referida a temas relacionados con el mecanismo

del sufragio. Un escenario que muestra cómo las relaciones entre el Estado y la sociedad se

estaban reformulando, dando paso a una nueva concepción de la ciudadanía y de la

representación política.

De manera particular –como ya han establecido diversos trabajos–, la discusión electoral

giró alrededor de tres grandes líneas. En primer lugar, la discusión respecto a quién podía

votar, es decir, respecto al conjunto de requisitos (régimen censitario) que se exigía para

obtener la ciudadanía, entre ellos: ser mayor de edad, saber leer y escribir y demostrar

determinado capital o renta. Una discusión que tiene un punto de quiebre fundamental con

la adopción –de nuevo, pues ya se había adoptado, transitoriamente, en el siglo XIX– del

voto universal para los hombres en 1936, durante el primer gobierno de Alfonso López

Pumarejo. En segundo lugar, se discutía respecto al funcionamiento del sistema

representativo, que si bien era una discusión con un contenido altamente técnico, también

era de gran importancia política, pues establecía qué se entendía por mayoría y qué por

minoría política, y los modos como esas dos condiciones se adquirían. En este punto fue

fundamental la discusión, constantemente renovada, respecto al sistema de cuociente

electoral (adoptado en 1932). En tercer lugar, y no menos importante, la discusión política

tomó como objeto privilegiado el modo como se levantaba y se organizaba el censo

electoral, un mecanismo que implicó el desarrollo de nuevas experticias técnicas y de una

nueva dependencia en el Ministerio de Gobierno. Finalmente, se discutió de manera intensa

sobre los mecanismos de control del voto, particularmente la tinta indeleble, establecida en

1931, y la cédula electoral, que, como ya se dijo, se empezó a expedir a partir de 1934 y se

volvió obligatoria a partir de 1935.14

                                                                                                                         14  En relación al conjunto de proyectos que sobre “reforma electoral” se presentaron en la década de 1920 y 1930 se puede consultar el libro que escribe Hernán Montoya –feje de la Oficina Nacional de Identificación Electoral en 1938– para defender la política que en materia electoral había emprendido Alfonso López Pumarejo. Cf. Hernán Montoya, La cédula y el sufragio, Bogotá, Imprenta Nacional, 1938, pp. 14-71.

   

  15  

Este último instrumento, sin embargo, nos permite precisar de mejor manera cómo se

establecían los requisitos para obtener la ciudadanía o cómo se levantaba el censo electoral.

En la manera en que se expedía la cédula, por ejemplo, podemos ver todos los

inconvenientes que se presentaban al momento de verificar si una persona efectivamente

sabía leer y escribir, o si efectivamente era “vecino” de un municipio, verificación que no

era en absoluto sencilla ni obvia, y que estaba condicionada por múltiples circunstancias,

más allá de lo que la ley especificaba. En el “archivo” de la cédula, como veremos, referido

a todo el material que a este documento estaba vinculado (informes de los ceduladores

departamentales, reportes de los fotógrafos oficiales, cartas de los Jurados Electorales, entre

otros) es posible precisar –o plantear de otra manera– inquietudes que bajo los

tradicionales enfoques de “historia electoral” o “historia política” quedan simplemente

enunciados, y en muchos casos naturalizados. Una primera precisión, por ejemplo, la

entregaba en 1934 el secretario del Ministerio de Gobierno, Jorge Soto del Corral,

respondiendo a una carta remitida por un Jurado Electoral del Departamento del Tolima:

“La condición saber leer y escribir se refiere únicamente al saber elemental que está al

alcance de todos o del mayor número, no a grados superiores de inteligencia o de cultura.

Quien dibuja su nombre no tiene siquiera el “saber elemental””15.

No hay que dejar de señalar, igualmente, que la cédula se convirtió rápidamente en la

cabeza de todo el programa de reforma, casi como la bandera de todo lo que en materia

electoral el Partido Liberal representaba. El éxito de este instrumento sintetizaba el éxito

de los demás mecanismos, y esto en gran medida porque permitía demostrar que el

gobierno era legítimo, elegido gracias a las mayorías liberales con las que el país contaba.

De ahí que el esfuerzo de los partidos políticos se haya concentrado en lograr que sus

copartidarios adquirieran este instrumento: Oficinas de Cedulación se crearon en cada una

de las colectividades, así como grupos locales de promoción y difusión de la cédula.

Igualmente, los periódicos liberales y conservadores emprendieron una gran campaña

publicitaria animando a sus lectores a cedularse, recordando en todo momento que el futuro

político dependía ahora de este documento.

                                                                                                                         15  AGN, Col., fondo Ministerio de Gobierno, sección 1ª, tomo 68, folio 290.  

   

  16  

Quisiéramos, entonces, en esta monografía, ocuparnos de algunos aspectos relacionados

con el devenir de la cédula electoral, en el tiempo preciso que va desde el momento de su

instauración, en 1934, hasta las primeras elecciones –para elegir personeros municipales–

que se celebraron bajo su control, en mayo de 1935. Un tiempo corto, diríamos en términos

historiográficos. De manera fundamental, nos interesará revisar lo que este instrumento nos

informa respecto al funcionamiento material del Estado y lo que nos indica respecto a la

práctica del sufragio. Estas dos vertientes se inscriben en lo que hemos denominado,

respectivamente, una tendencia general del período (relacionada con el interés del Estado

por apropiarse de manera científica del cuerpo social de la nación), y un programa de

reforma (relacionado con una nueva concepción de la ciudadanía y de la representación

política). Dos “temas” que pueden ser evaluados –de otra manera y avanzando en la

reflexión empírica–, al tomar como objeto de investigación la cédula electoral.

A pesar de su importante presencia en la historia política y social colombiana de la primera

mitad del siglo XX –como se puede constatar con una simple revisión de prensa, donde la

cédula no deja de aparecer en noticias, editoriales, notas del día, columnas de opinión y

caricaturas– la cédula electoral ha despertado muy poco el interés de los historiadores.

Quizás se deba al hecho de que los historiadores somos también ciudadanos y portamos la

cédula en el bolsillo, circunstancia que hace del documento un instrumento obvio y casi

evidente, del que parecería hay muy poco que decir. Sin embargo, como ya lo decía Pierre

Bourdieu, la primera tarea del investigador social –y del historiador– consiste en ser capaz

de sacar a flote todos aquellos objetos y prácticas que la vida cotidiana sumerge en el

terreno de lo “natural”, dándonos cuenta de que tienen historia16.

III

En relación con las fuentes algunas palabras. Recurrí de manera exhaustiva a los

documentos que sobre la cédula electoral reposan en el fondo Ministerio de Gobierno del

Archivo General de la Nación. Por las dificultades y las demoras para “localizar” los

documentos, puede constatar que se trata de folios muy poco examinados. A pesar de ser

                                                                                                                         16 Cf. Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant, Invitación a la sociología reflexiva, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005 [1992], pp. 301-358.

   

  17  

uno de los fondos más grandes y más explorados de la sección República, aún guarda

muchas sorpresas, sobre todo cuando el investigador decide investigar guiado por preguntas

novedosas. Se trata básicamente de las cartas y los telegramas que las autoridades locales,

los dirigentes de los partidos políticos y los ciudadanos en general remitían al Ministerio de

Gobierno en la década de 1930, reportando, según la expresión recurrente: “cómo avanza la

expedición de la cédula electoral”.

Otra fuente de importancia la constituyeron las Memorias que los sucesivos ministros de

gobierno rendían ante el Congreso de la República en las décadas de 1930 y 1940. Se trata

de documentos repletos de “anexos” de cada una de las “dependencias” del Ministerio y

que muestran, según la óptica del gobierno, el modo como la cédula electoral se fue

implantado en todo el país, los funcionarios involucrados, los recursos destinados, entre

otros asuntos. El potencial de estas Memorias me fue descubierto por los trabajos del

historiador Renán Silva, quién las utilizó (en su caso las que remitía el Ministerio de

Cultura) de manera sumamente fértil para analizar la política cultural implementada por los

gobiernos liberales17.

La prensa, por otro lado, fue un buen indicador de la manera como la cédula era percibida

por los partidos políticos. Sumamente ideologizada, la prensa de este período –como bien

lo saben los historiadores que a la primera mitad del siglo XX se dedican– debe ser tomada

con cierto grado de reserva, evitando atribuirle a las noticias que en ella aparecen

características de las que carecen, como las de ser simplemente “información”. El Tiempo y

El País (de Bogotá), los periódicos que más se citan en este trabajo, constituyeron

verdaderas plataformas de difusión y propaganda de las ideas y las políticas del Partido

Liberal y del Partido Conservador, y la lectura que allí aparece sobre la cédula electoral así

lo constata.

Por último, quisiéramos llamar la atención sobre el potencial historiográfico que puede ser

desplegado al ocuparse de los “documentos” oficiales (cédula de ciudadanía, registro civil

                                                                                                                         17 Cf. Renán Silva, República Liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La Carreta, 2012 [2005], pp. 123-154.

   

  18  

de nacimiento, acta de defunción, pasaporte, libreta militar, entre otros que el lector

recuerde y con los que seguro ha tenido que ver) como objetos de análisis, y no

simplemente como fuentes de información. Es decir, los historiadores nos hemos ocupado

de manera exhaustiva de estos “documentos”, extrayendo de ellos valiosa información

biográfica o poblacional. Es el caso, por ejemplo, de los investigadores Adolfo Meisel y

Margarita Vega, quienes utilizan la cédula de ciudadanía para extraer información respecto

a los cambios en la estatura promedio de los colombianos a lo largo del siglo XX18. O el

caso del politólogo Paul Oquist, quien en su trabajo sobre el comportamiento electoral del

municipio colombiano utiliza este mismo documento para extraer información respecto al

potencial de sufragantes con el que contaba el país en diversas elecciones19. Se trata, en

estos casos, de un tratamiento “extractivo” de los documentos –que si bien es sumamente

importante y revela la capacidad creativa de los historiadores para buscar información en

fuentes inéditas–, no dice nada (en el entendido de que ese no era su propósito) respecto a

la historia de estos mismos documentos y a su lugar en la sociedad y en la cultura.

Lo que este trabajo sugiere es la necesidad de ejecutar una operación historiográfica de

otro orden sobre estos documentos, atendiendo a su modo de producción, a su uso, a su

circulación, y en general al papel que desempeñan en una sociedad. Lejos de ser simples

contenedores de información, los documentos oficiales son artefactos culturales a través de

los cuales el Estado se ejecuta y pone en práctica su autoridad. Como lo ha mostrado el

sociólogo norteamericano John Torpey en su extraordinario estudio sobre el pasaporte, los

documentos son una especie de “moneda oficial” a través de los cuales los ciudadanos

“negocian” con el Estado.20 Al ocuparnos entonces de la cédula electoral en los años de

1934 y 1935, y de toda la red estatal y social que a su alrededor se tejió, podremos, quizás,

empezar a responder la incógnita respecto al baúl de la Mamá Grande.

                                                                                                                         18 Adolfo Meisel y Margarita Vega, “La estatura de los colombianos: un ensayo de antropometría histórica, 1910-2002”, Documentos de trabajo sobre economía regional, No.45, Cartagena, Banco de la República, 2004. 19 Paul Oquist, Comportamiento electoral del municipio colombiano 1930-1970, Bogotá, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes, 1974, pp. 82 y ss. 20 Jhon Torpey, The invention of passport. Surveillance, citizenship and State, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

   

  19  

IV

Indiquemos finalmente algunos “antecedentes” de nuestro trabajo. Aunque la cédula

electoral no ha recibido un tratamiento orgánico por parte de la historiografía nacional,

alusiones a este instrumento se encuentran aquí y allá, en algún libro o artículo, y

generalmente en las notas a pie de página. Álvaro Tirado Mejía, por ejemplo, dedicó

algunas páginas de su ya clásico libro sobre el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo

a resaltar la importancia que la cédula electoral tuvo en la política de “pureza del sufragio”

emprendida por este gobierno: “Con cierto optimismo –dice Tirado Mejía– López

consideraba la cédula electoral como el más eficaz elemento de que podía disponerse para

lograr el perfeccionamiento gradual del sistema del sufragio y como la conquista liberal

más preciosa para realizar en Colombia una democracia sincera”21.

Paul Oquist, en su también clásico y muy citado Violencia, Conflicto y Política en

Colombia, señalaba que ante el fraude, la coerción y la violencia que el país afrontaba en

los primeros años de la década de 1930, “la panacea oficial consistió en poner en ejecución

una ley que obligaba a todos los ciudadanos a tener una cédula de ciudadanía que se les

pediría a los presuntos votantes. El ministro de gobierno opinaba que era el único

mecanismo que podría evitar el fraude y asegurar el sufragio puro”. En nota a pie de

página, vinculada al texto anterior, Oquist señalaba igualmente: “Las polémicas sobre las

cédulas de ciudadanía y la violencia para mantener a los opositores alejados de las urnas,

fueron importantes políticamente, en las décadas de 1930 y 1940”22.

James D. Henderson, en el muy citado La modernización en Colombia, hacía igualmente

alusión a la cédula elector e indicaba que este instrumento estuvo en el centro de la disputa

entre Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez, los dos líderes más importantes de las

toldas liberales y conservadoras en la primera mitad del siglo XX: “Laureano Gómez

intentó repetidas veces explicar cómo lo había engañado López Pumarejo durante la época

posterior a mayo de 1935. Primero dijo que el “engaño” había consistido en la incapacidad

                                                                                                                         21 Álvaro Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, Bogotá, Planeta, 1995 [1981], pp. 52-56. 22 Paul Oquist, Violencia, Conflicto y Política en Colombia, Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos, 1978, p. 196.

   

  20  

de López de controlar el fraude en la expedición de las nuevas cédulas de identificación,

requeridas para votar en las elecciones siguientes, y en haber incumplido la promesa de

hacer una reforma electoral”23. Marco Palacios, en el mismo sentido, ha señalado que el

fraude liberal cometido en la elección presidencial de 1934 (“en 1930 el candidato liberal

había obtenido 370.000 votos, y cuatro años más tarde, ¡938.000!”), fue el motor que

impulsó a López Pumarejo –“un tanto abochornado por estos resultados”– a “sacar adelante

la cédula electoral que desde comienzos del siglo los liberales trataban de implantar”24.

Otro trabajos han hecho mención a la cédula electoral en relación con el período de La

Violencia, en los años posteriores a la retoma del poder por parte de Partido Conservador

en 1946. John D. Martz, por ejemplo, en un libro un tanto olvidado: Colombia. Un estudio

de Política Contemporánea, indicaba cómo, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, la

cédula electoral se convirtió en un objeto de marcación ideológica y de persecución a los

liberales. En plena campaña electoral, en 1949, “la violencia se extremó aún más en los

campos, y los funcionarios trabajaban descaradamente a favor de la victoria conservadora.

Bandas de partidarios del gobierno, que con frecuencia comprendían criminales y

condenados, erraban en busca de campesinos. Les arrebataban las cédulas electorales y en

cambio daban a esos campesinos pases o “salvoconductos” con una fotografía de Gómez”.

El texto de estos documentos, recuerda Martz –citando un texto de Germán Arciniegas–,

decía: “El suscrito Presidente del Directorio Conservador, CERTIFICA que el

Sr………portador de la cédula No………....expedida en…………ha jurado que no

pertenece al partido liberal. En consecuencia, su vida, sus bienes y su familia deberán ser

respetados”25.

También Gonzalo Sánchez ha mostrado cómo la impugnación de la cédula electoral hizo

parte de una “estrategia y una programación del terror” en el período de la Restauración

Conservadora, como lo ponía de presente la frase mil veces repetida por Laureano Gómez y

difundida por el periódico El Siglo: “Hay un millón ochocientas mil cédulas falsas en                                                                                                                          23 James D. Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2006 [2001], p. 330. 24 Marco Palacios, Parábola del Liberalismo, Bogotá, Norma, 1995, p. 265. 25   John D. Martz, Colombia. Un estudio de Política Contemporánea, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1969, p. 125.    

   

  21  

manos de los liberales”. La frase, dice Sánchez, equivalía a despojar de la ciudadanía al

partido mayoritario del país26. Javier Guerre Barón, igualmente, en Los años del Olvido.

Boyacá y los orígenes de la violencia, señalaba a propósito de la frase de Laureano Gómez:

“El jefe conservador, en otro de sus malabares verbales inicia una debate sobre el fraude

electoral en el que denuncia la existencia de numerosas cédulas falsas. Desde este momento

se iniciaría la leyenda, a partir de la cual monta la campaña publicitaria durante el gobierno

de López: en Colombia hay “un millón de cédulas falsas”. Unas veces serán 900.000, otras

un millón, pero sobre esta base poco a poco se mina la legitimidad de la República Liberal,

llevando a la práctica un experimento de propaganda de masas al estilo de asesores como

Goebbels diseñada para el ascenso de Hitler”27.

Finalmente, son dos los trabajos académicos que se han dedicado de manera puntual al

análisis de la cédula electoral: el artículo de la historiadora Olga Yaneth Acuña, titulado

“Cédula de ciudadanía y documento electoral en Colombia”, publicado en el año 2005; y el

artículo del abogado e historiador del derecho Fernando Mayorga García, titulado “La

primera cédula de ciudadanía en Colombia (1929-1952) o el fracaso de una institución”,

publicado en el año 2010. Pioneros en el abordaje de la cédula electoral como un asunto

particular, estos artículos presentan el devenir de este instrumento desde el momento en que

es aprobado como documento obligatorio para el ejercicio del sufragio, en el año 1929, y

hasta el año 1952, cuando el gobierno conservador de entonces decide implementar un

“nuevo documento”28.

                                                                                                                         26 Gonzalo Sánchez, Guerra y política en la sociedad colombiana, Bogotá, Punto de Lectura, 2008 [1991], p.29-48. El periódico El Siglo señalaba al respecto en 1947: “Según las informaciones categóricas de personas entendidas –entre las cuales los funcionarios más expertos y técnicos de la misma Oficina Central de Identificación– la situación actual es que el veinte por ciento de las cédulas existentes no pueden clasificarse por impresión tan descaradamente borrosa que es imposible hacerlo. Además, de otro treinta por ciento, por lo menos, no se han mandado a la oficina central los “desprendibles” correspondientes, es decir, están votando, sin que se haya podido examinarlas ni controlarlas. Esto da la cifra abrumadora del cincuenta por ciento de la cedulación falsa. El país se halla enfrente de este hecho de proporciones descomunales: como se afirma que se han expedido tres millones seiscientas mil cédulas, hay por lo menos UN MILLON OCHOCIENTAS MIL CÉDULAS FALSAS”. En: El Siglo, “La causa íntima”, 28-IX-1947, p.3 27 Javier Guerrero Barón, Los años del Olvido. Boyacá y los orígenes de la Violencia, Bogotá, Tercer Mundo-IEPRI, 1991, p. 224.    28 Olga Yaneth Acuña, “Cédula de ciudadanía y documento electoral en Colombia”, Historia y Espacio, vol. 20, año 2003, p. 27-56; Fernando Mayorga, “La primera cédula de ciudadanía en Colombia (1929-1952) o el fracaso de una institución”, Revista Chilena de Historia del Derecho, v. 2, fasc. 2, año 2010, p. 955-986.

   

  22  

Ambos artículos hacen alusión –recurriendo básicamente a la legislación electoral como

fuente documental–, a los debates legislativos relacionados con la cédula, a los requisitos

estipulados para obtenerla y a los organismos e instituciones encargados de su control.

Acuña avanza un poco más y se refiere al fraude y a la parcialidad política que cobijó la

expedición de la cédula, e indica el modo como este instrumento fue valorado por ambas

colectividades políticas. Se trata, en últimas, de trabajos que ofrecen valiosa información

referida a la regulación legal e institucional de la cédula de ciudadanía, pero que avanzan

muy poco en el marco social y político que rodeó su expedición, así como en el modo real y

práctico –más allá de lo estipulado en las leyes– en el que este instrumento fue adquirido

por los ciudadanos.

En relación con estos “antecedentes”, lo que nos proponemos en este trabajo es avanzar de

una manera mucho más precisa –a lo largo de dos capítulos– en la revisión de lo que la

cédula electoral nos indica respecto al papel del Estado (cap.1) y al sistema democrático

(cap.2) en los años puntuales de 1934 y 1935, una experiencia que permanecía inédita para

la historiografía nacional.

***

   

  23  

Capítulo I La cédula, una labor de Estado La cédula electoral había sido discutida y aprobada como requisito para el ejercicio del

sufragio en el año 1929, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, pero por motivos

de índole fiscal –pues los primeros años del gobierno liberal de Olaya Herrera, de 1930 a

1933, estuvieron marcados por los efectos de la crisis económica internacional, lo cual

condujo a la austeridad en el gasto– su implementación se aplazó hasta el año 1934, cuando

el ministro de gobierno, Gabriel Turbay, decreta su reglamentación. Implementar un

instrumento como la cédula electoral, haciéndolo llegar a todas las regiones del país, y a

cada uno de los ciudadanos habilitados para votar, no era en absoluto una labor sencilla, ni

mucho menos económica: exigía de parte del Estado desplegar toda una maquinaria

científica y técnica, compuesta por diversas instituciones y funcionarios, así como una

enorme capacidad institucional y política para hacer arraigar en los partidos políticos –y en

los ciudadanos– la necesidad y la utilidad de este instrumento. Y aunque las dificultades

económicas nunca fueron solucionadas del todo, el presidente Olaya Herrera y su ministro

Turbay recibieron el apoyo de ambos partidos políticos para poner la cédula en

funcionamiento. El objetivo consistía en cedular al mayor número posible de ciudadanos,

de todas las corrientes políticas, antes de las elecciones que se celebrarían en junio de 1935,

y en las que se elegirían diputados a las asambleas departamentales y representantes a la

cámara.  En esta oportunidad, como lo estipulaba el decreto reglamentario recientemente

aprobado, la cédula sería una obligación.

El objetivo de este capítulo consiste en reconstruir esta experiencia: mostrar cómo, en el

lapso de algunos meses, de junio de 1934 a junio de 1935, el Estado logró finalmente, y

esto a pesar de múltiples dificultades –muy propias de un país fragmentado geográfica y

políticamente– implantar la cédula electoral. Nos ocuparemos, entonces, de la red

institucional que se puso en marcha, encargada de la confección, distribución y expedición

del documento –constituida por instituciones de muy diversa índole, como la Policía

Nacional o la Imprenta Nacional–, así como del grupo amplio y heterogéneo de

funcionarios que hacía parte de estas instituciones: técnicos dactiloscopistas, fotógrafos

oficiales, inspectores de cedulación, entre otros.

   

  24  

Sin embargo, antes de abordar el desarrollo de los acontecimientos arriba enunciados,

debemos detenernos en primer lugar en la plataforma institucional, intelectual y política

que dio impulso a la cédula electoral y de la cual este instrumento constituye una de sus

principales manifestaciones. Nos referimos al Ministerio de Gobierno en los años 1934 y

1935, una cartera realmente innovadora donde es posible percibir el despunte de una forma

moderna de administración gubernamental –anclada en el robustecimiento técnico del

Estado y encaminada a conocer y actuar de una manera efectiva sobre el cuerpo social–, y

que fue valorada en su momento, por sus propios protagonistas, como la “primera

experiencia francamente liberal del régimen que por empeño del pueblo se inició el 7 de

agosto de 1930”29. El Ministerio de Gobierno de estos años, como veremos, daría inicio

anticipado a lo que después se desarrollaría de manera plena durante el primer gobierno de

Alfonso López Pumarejo, caracterizado por una fuerte intervención del Estado en la gestión

de los asuntos sociales, políticos y culturales, y que entre cosas dio un impulso definitivo a

la cédula electoral.

Al final, queremos contribuir a una lectura menos normativa e ideologizada del Estado, y

más atenta a sus modos efectivos y prácticos de funcionamiento. Un enfoque que conduce a

una conclusión fundamental: el Estado, en realidad, no ha estado tan ausente como la

interpretación general ha establecido e, incluso, más avanzaríamos en la reflexión

historiográfica si nos ocupamos, precisamente, del modo tan particular en que se ha

manifestado. Como los ingenieros –que realizan “pruebas de resistencia” para determinar la

calidad de sus materiales–, los historiadores debemos someter ese tipo de interpretaciones

generales a la prueba de la comprobación empírica, verificando en qué punto “se quiebran”.

El Ministerio de Gobierno

Al asumir a mediados de 1933 el Ministerio de Gobierno, durante la presidencia de Enrique

Olaya Herrera, Gabriel Turbay puso en marcha un inusitado y renovador programa de

reformas que, según indicaba el periódico El Tiempo: “desconcertó a todos los

                                                                                                                         29 El Tiempo, “La obra liberal del ministerio de gobierno”, 27-V-1934, p. 4

   

  25  

parlamentarios, incluyendo a los liberales”30. Acompañado de un grupo joven de

colaboradores, donde sobresalía Jorge Soto del Corral –quien fungía como secretario–,

Turbay emprendió reformas del aparato judicial, el sistema electoral y el código civil. A

pesar de haber sufrido la oposición inicial de algunos parlamentarios, logró finalmente que

el legislativo le otorgara “facultades especiales”, gracias a lo cual tuvo vía libre para

empezar a trabajar. Según se puede leer en la Memoria que presentó al Congreso en el año

1934, el objetivo fundamental que lo animaba era el siguiente: “Armonizar el ministerio

con las nuevas concepciones del derecho, según las cuales el Gobierno es un organismo

viviente que se modifica y transforma como la sociedad, de cuyos intereses tiene que ser,

no ya un guardián, sino también un eficaz propulsor”31.

Turbay, quien ya había sido representante a la cámara y embajador en Bélgica –un dato

interesante por lo que allí pudo aprender en materia de sistemas electorales, una materia en

la que los belgas eran, y siguen siendo, reconocidos expertos– empezó por reestructurar

administrativamente el ministerio32. A los viejos “departamentos” administrativos

(Negocios Generales, Contabilidad, Publicaciones y Archivo), se sumaron otros cuatro

(Intendencias y Comisarías, Justicia, Instituciones de Utilidad Común y Prisiones). Con

esta nueva organización, Turbay pretendía racionalizar mejor el trabajo, redistribuyendo las

obligaciones entre los diversos departamentos, ahora mucho más circunscritos a

problemáticas particulares, como la administración de justicia o las prisiones.

Cada uno de estos “departamentos”, visto de manera particular, revela un foco de interés

del nuevo ministerio, así como el nuevo carácter que el ministro quería imprimirle a su

gestión. Detengámonos, por ejemplo, en el departamento de “Intendencias y Comisarias”,

                                                                                                                         30 El Tiempo, “El ministerio de Gobierno”, 3-V-1934, p. 3 31 Memoria del ministro de gobierno al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1934, Tomo I, Bogotá, Imprenta Nacional, p. VIII  32 Precisamente el ministro Turbay solicita a finales de marzo de 1934, “para la biblioteca del Departamento de Negocios Generales”, la compra de dos obras sobre el sistema electoral belga: “L’organisation du suffrage et l’expérience belge”, de Josehp Barthélemy, y “La répresentation proportionnelle”, un libro publicado por la Association Réformiste Belge pour l’Adoption de la Représentation Proportionelle. Esto además nos indica que el ministerio contaba con Biblioteca (es decir, allí se leía y se investigaba) y que sus funcionarios estaban “conectados” con las discusiones y los avances que en materia electoral se daban en el mundo. Cf: AGN, Col., fondo ministerio de Gobierno, sección 1ª, tomo 68, folio 160. En relación al papel de los belgas en la definición de los sistemas electorales modernos, Cf., Andrew Mclaren, A short history of electoral system in Western Europe, New York, Routledge Library Editions, 2010[1980], capítulo 6.

   

  26  

de gran importancia en las décadas de 1930 y 1940. Al respecto, el ministro informaba en

su Memoria: “La creación de esta institución responde a la necesidad, cada vez más

clamorosamente sentida, de vincular fuertemente los territorios de las Intendencias y las

Comisarías a la vida nacional. Por motivos diferentes, que empiezan a removerse, han

permanecido al margen del progreso relativamente alcanzado en el resto del país.

Prácticamente la mayor parte de estos territorios carecen de medios de transporte y de

comunicación con el interior. Sus caminos son eventuales y dispendiosos, con no escasos

riesgos para la vida y bienes del viajero. Numerosas poblaciones del Chocó, del Amazonas,

Caquetá y Putumayo, del Meta, del Vaupés, del Vichada y de la Goajira, importantes no

tanto por su desarrollo económico cuanto por su aproximación a la fronteras con los estados

vecinos, carecen hasta del servicio telegráfico por las enormes distancias que las separan de

los centros comerciales, y por las dificultades materiales para la movilización e instalación

de los elementos necesarios”33.

Si bien esta labor de “vinculación” no fue en ningún sentido concluida –pues estos

territorios mantuvieron un grado alto de marginalidad a lo largo del siglo XX, lo que los

convirtió en caldo de cultivo para el surgimiento de economías ilegales y grupos al margen

de la ley– la creación, en el año 1933, de una dependencia gubernamental destinada

exclusivamente a atender sus demandas, revela la nueva agenda que empezó a implantarse

en el Ministerio de Gobierno. Al dirigir su mirada a estas zonas periféricas, habitadas en su

gran mayoría por comunidades negras, campesinas e indígenas, y sumidas en la pobreza y

el analfabetismo, el Estado empezaba a recorrer un camino difícil, pero necesario, de

apropiación del territorio nacional, sumamente disgregado social y geográficamente, sobre

todo después de la experiencia federalista y las guerras que azotaron al país a lo largo del

siglo XIX34.

                                                                                                                         33  Ídem, p. XVII 34 Como está ampliamente documentado, el Estado delegó gran parte de su labor en estos territorios en las comunidades religiosas, que hacían presencia a través de misiones. La postura que aquí sostenemos, sin embargo, quiere mostrar cómo el Estado sí hizo presencia en estos territorios –si bien de una manera precaria y con muchas dificultades– a través de instituciones como las Notarías o los Jurados de Votación, o a través de mecanismos como la cédula electoral, que, vistos generalmente como “evidentes”, no se han resaltado como manifestaciones significativas de la presencia estatal. En relación con el nuevo tratamiento que los gobiernos liberales otorgaron a estos territorios se puede consultar el siguiente informe: Colombia. Ministerio de Gobierno, La administración de los gobiernos nacionales 1938: informe del director de Departamento de Intendencias y Comisarías, Bogotá, Imprenta Nacional, 1939.

   

  27  

Reestructurado el ministerio, Turbay emprendió la reglamentación del registro civil, un

hecho de gran importancia en términos de la regulación estatal de las relaciones sociales. Al

respecto, Daniel Alfredo Díaz, quien dirigía la “Sección de Jurisprudencia” del periódico El

Tiempo, explicaba: “Administraciones anteriores, la del doctor Abadía Méndez y la de don

Jorge Holguín, dictaron disposiciones tendientes a llevar a la práctica los preceptos del

Código Civil y los acuerdos concordatarios para utilizar las partidas parroquiales en la

estadística y la demografía. El decreto ejecutivo que comentamos ha encontrado mejor

camino, estableciendo la obligación de concurrir ante funcionarios civiles, notarios y

funcionarios de consejos donde no residan los primeros, para registrar los nacimientos,

defunciones, matrimonios, etc. Estos funcionarios que están bajo el control o vigilancia

directa de la potestad civil deberán remitir mes por mes y luego año por año, reducidos a

números, por lo menos los datos de movimiento de la población y vida social, al Ministerio

de Gobierno y a la Contraloría”35.

La “reglamentación” a la que se hace alusión consistió entonces en la obligatoriedad de

concurrir ante funcionarios civiles para registrar todos los actos de la vida civil, una norma

que ya estaba establecida en el Código Civil, pero que por efecto de la costumbre y el

concordato vigente con la Iglesia Católica, no se verificaba en la práctica. Desde el siglo

XIX, instaurada la República –y esto, incluso, después de la reglamentación a la que

hacemos alusión–, los documentos eclesiásticos (partidas de bautismo, actas de

matrimonio, actas de defunción, entre otros) cumplieron la función de documentos

oficiales, válidos para certificar la condición civil ante el Estado. Ahora, gracias a esta

reglamentación, el Estado recuperaba para sí una función de vital importancia para su

constitución, como bien lo expresaba nuestro comentarista: “El registro civil comprende

todas las manifestaciones de la vida social y recae aún sobre las cosas, porque éstas hacen

relación a las personas y pueden modificar su condición. Nacimiento, filiación,

reconocimiento, emancipación, habilitación de edad, tutela, curaduría, matrimonio,

herencia, viudez, profesión, negocio. Ninguna de estas circunstancias o actividades puede                                                                                                                          35 El Tiempo, “El registro civil”, 14-V-1934, p. 8. El propio Turbay informa sobre la reglamentación del registro civil, en: Memoria…1934, op.cit., pp. X-XI. Igualmente, en: Colombia. Ministerio de Gobierno, El ministro de gobierno y la reforma del código civil, Bogotá, Imprenta Nacional, 1939, se hace un recuento de las reformas que sufrió el Código en la década de 1930, y se señala la importancia de la reforma emprendida por el Ministerio de Gobierno dirigido por Turbay.  

   

  28  

ser y en el hecho no lo es, indiferente al Estado. En primer término, porque es él quien,

ejercitando la soberanía, le da valor o la certifica; y en segundo lugar porque la intervención

oficial en ese sentido es la manera efectiva de saber el número y la calidad de los habitantes

en el Estado”. Un poco más adelante, agregaba: “Los hechos sociales han de ser analizados;

la manera de conocerlos es el registro. Esta facultad o deber, corresponde al Estado, que ha

de velar por el bien común y ha de procurar el mayor beneficio al pueblo. La estadística y

la demografía, el registro, lo orientarán en esos propósitos. Pero es necesario que todos

contribuyamos lealmente a la tarea, cumpliendo disposiciones tan sencillas como las que

ordenan verificar el registro ante notarios o secretarios de los consejos”36.  

Gracias al registro civil el Estado busca apropiarse del cuerpo social de la nación,

levantando una “encuesta permanente” de la condición civil de sus habitantes (desde el

nacimiento hasta la muerte), hechos que el Estado necesita conocer –“reducidos a

números”– para poder operar de manera efectiva. Lo cual va de la mano con la apropiación,

por parte del Estado, de un conjunto de saberes técnicos, como la demografía o la

estadística, que por estas fechas eran objeto de una profunda reflexión y aplicación en

instituciones como la Contraloría General de la República. El desplazamiento del cura

párroco por el notario, así sea de manera parcial, es un buen indicador de lo que en materia

gubernamental estaba ocurriendo en la década de 1930: censos de población, censos

electorales, encuestas de vida, encuestas de cultura popular, entre otros dispositivos que

hablan de la apropiación de una racionalidad numérica en el Estado, y de la urgencia por

hacer de la sociedad una entidad moldeable y aprehensible en términos administrativos y

políticos. 37

Hacia 1938, sin embargo, Carlos Lleras Restrepo, quien por entonces dirigía la Contraloría

General de la República, indicaba que –a pesar de lo establecido por el decreto 540 de

                                                                                                                         36 El Tiempo, “El registro civil”, Ídem. 37 Al respecto es importante hacer mención de la ley 82 de 1935, promovida por Plinio Mendoza Neira –por entonces Contralor General de la República–, y a través de la cual se reorganizó totalmente el sistema estadístico nacional, centralizando la dirección técnica en la Contraloría y estableciendo la obligación para los departamentos, intendencias y comisarías de sostener oficinas locales de estadística. Igualmente, esta ley dotaba al Contralor General de la facultad “para exigir a los particulares y a las entidades públicas la rendición de los datos que estime necesarios para el buen funcionamiento del ramo”. Cf. Luis Vidales, Historia de la estadística en Colombia. Bogotá, Banco de la República, 1978, p. 12-35.  

   

  29  

1934, reglamentario del registro civil– “en la mayor parte del país los nacimientos,

matrimonios y defunciones no se inscriben en las notarías”. Citando un trabajo del profesor

Emilio C. Guthard –uno de los tantos profesores extranjeros, de altísimas cualidades

intelectuales, que por entonces se instalaron en el país (como Louis Baudin, Julliot de la

Morandiére, José María Ots Capdequí, Gherard Manzur, entre otros) y que introdujeron en

las universidades saberes modernos como la estadística demográfica, para el caso de

Guthard– Lleras Restrepo mostraba cómo, para el caso de Bogotá, en 1935, se registraron

9.306 bautismos en las parroquias, contra sólo 4.008 nacimientos inscritos en las notarías.

Un dato que evidenciaba, para Lleras Restrepo, la dificultad de tomar el registro civil (de

nacimientos, defunciones y matrimonios) para la confección de la estadística demográfica,

labor que por entonces emprendía la Contraloría38, y que para nosotros es un buen

indicador respecto a las dificultades con las que se encontró el Estado en su intento por

administrar un registro social de la población.

Finalmente, la tercera gran reforma emprendida por Gabriel Turbay a la que quisiéramos

hacer mención –una reforma continuada por Absalón Fernández y después por Darío

Echandía, sus sucesores– consistió en la reglamentación del sistema del cuociente electoral,

el censo electoral permanente, y la cédula electoral, tres aristas de una gran reforma

electoral. Dada la crisis de legitimidad que afrontaba el sistema político, fuertemente

cuestionado por el fraude electoral y la falta de garantías para el ejercicio de la oposición,

dos problemas bien conocidos por los partidos políticos a lo largo del siglo XIX, el Partido

Liberal se empeñó en poner en marcha un verdadero “estatuto electoral moderno” –en

palabras del ministro Fernández de Soto–, sistema que de alguna manera se vería

completado con la implementación, en el año 1936, del voto universal para los hombres39.

                                                                                                                         38Carlos Lleras Restrepo, La estadística nacional. Su organización, sus problemas, Bogotá, Contraloría General de la República, Imprenta Nacional, 1938, pp. 65-66. El caso de Lleras Restrepo es realmente excepcional, pues con tan solo 28 años asume como Contralor General y animado por un fuerte compromiso de estudio y de trabajo –como lo evidencian sus lecturas de entonces, entre las que se contaban los “Principes de Statistique Théorique et Appliquée” de Armand Julin y el “Cours de Statistique” de Albert Aftalion– emprende una reforma sin igual en esta institución, convirtiéndola en un verdadero centro de investigación aplicada. Un recuento de su paso por la Contraloría se encuentra en el segundo tomo de sus memorias: Carlos Lleras Restrepo, Crónica de mi propia vida, Tomo II, Bogotá, Stamato Editores, 1983. 39 Se trataba de manera estricta de la “reglamentación” de unas leyes que habían sido aprobadas en el año 1929, pero que por motivos diversos, sobre los que volveremos en páginas siguientes, no fueron puestas en ejecución.

   

  30  

Una buena síntesis de lo que esta reforma representaba para el liberalismo, y de lo que con

ella se quería lograr, la ofrecía el editorial del periódico El Tiempo del 5 de mayo de 1934,

día en que se reglamentó el uso de la cédula electoral para ejercer el sufragio: “Esa serie de

minuciosas disposiciones que habrán de impedir el fraude plebiscitario son el certificado de

defunción a una época de relajamiento moral, que comenzó en los primeros días de vida

independiente y se prolongó por más de un siglo, privando a todos los actos del estado

colombiano del respaldo verás de una opinión pública organizada y libre. Desde que el

primer caporal atropelló o coaccionó con las armas a los civiles que quisieron emitir un

concepto independiente sobre los destinos públicos, hasta que el fraude se hizo mecánico,

negocio, especulación de bandas organizadas, y el mejor sostenedor de la parcialidad

gubernamental, no ha habido un solo partido político que no haya hecho uso de la

corrupción comicial para buscar un predominio transitorio o prolongado. El pueblo ha sido

engañado o se ha engañado a sí mismo, en el mejor de los casos, con la farsa que ha sido

estimulada desde arriba y convertida en tradición y costumbre entre las masas populares.

Pero un partido, el liberal, se trazó desde la oposición el programa de dar al pueblo algún

día un estatuto electoral que le permitiera a todos los ciudadanos el ejercicio respetado y

libre de su derecho más elemental y de su deber más importante, y ha cumplido su promesa

en cuanto tuvo los instrumentos de poder para realizarla. Ese es el hecho simple, que no

puede adulterar la pasión ni la dialéctica”40.

Labor de “depuración electoral”–en expresión que se hizo corriente en la década de 1930,

con algunas variantes: “higiene electoral” o “pureza del sufragio”, campo semántico sobre

el que tendremos que volver– que, sin embargo, no fue fácil de lograr, como bien lo

expresaba el ministro Echandía al rendir su Memoria ante el Congreso en el año 1935: “Por

desgracia, el concepto corriente de lo que deben ser las actividades políticas, dificulta

grandemente la ejecución de este programa de depuración electoral. En este país suele

creerse que, en la vía de servir al partido político de las preferencias del ciudadano,

cualesquiera medios son lícitos, y se olvida que la falta menos perdonable a un partido es

que para asegurar el poder o para retenerlo, use medios que contradicen el contenido

                                                                                                                         40 El Tiempo, “El decreto 944 en la historia nacional”, 5-V-1934, p. 4

   

  31  

espiritual de su programa, la finalidad ideológica que persigue y que lo diferencia y le da

fisonomía propia. 41

Aunque ya volveremos más adelante sobre esta reforma –pues una de sus aristas, la cédula

electoral, constituye el centro de nuestro análisis– tendríamos que decir, en términos de los

nuevos propósitos del Ministerio de Gobierno, que se trató de un esfuerzo –prolongado a lo

largo del siglo XX–, de dotar al sistema político de un conjunto de mecanismos modernos

de participación y organización electoral, haciendo del Estado una entidad suprapartidista,

ajena a los intereses de grupo y garante de la voluntad general. De ahí la preocupación por

refinar los sistemas de registro electoral (censo electoral permanente), por permitir la

expresión de los partidos de oposición (cuociente electoral) y por individualizar de manera

precisa a los electores (cédula electoral). Aunque en la práctica estas reformas fueron

utilizadas fraudulentamente por ambos partidos, no dejan de señalar –por lo menos al nivel

de los “propósitos”– el intento por hacer del sufragio el principal medio de legitimación del

poder político.

De manera global, entonces, este conjunto de reformas emprendido por el Ministerio de

Gobierno en los años 1934 y 1935 nos permite percibir el nuevo rol que las fuerzas

políticas en el gobierno atribuyeron al Estado, percibido ahora como un organismo

“propulsor de los intereses de la sociedad”, según informaba el ministro Turbay en su

Memoria. Así, el nuevo “departamento” de Intendencias y Comisarías era expresión del

intento estatal por vincular a los territorios de frontera al desarrollo económico y político

nacional, lo que implicaba, entre otras cosas, cobijar a sus habitantes con la red documental

propia de un Estado moderno, como la cédula electoral, lo cual no fue una labor sencilla y

por el contrario estuvo llena de tensiones y dudas: Los indígena ¿son ciudadanos? ¿Un

campesino con renta, pero que no sabe escribir su nombre, puede votar? Por otro lado, la

decisión de reglamentar el registro civil, estableciendo la obligatoriedad de presentarse

ante el notario y no ante el cura párroco, muestra el interés estatal por apropiarse del cuerpo

social, convirtiéndolo en una entidad sobre la cual puede actuar el cálculo político.

                                                                                                                         41 Memoria que el ministro de gobierno presenta al Congreso en sus sesiones de 1935, Bogotá, Imprenta Nacional, 1935. p. XXI.      

   

  32  

Finalmente, la reforma electoral, y particularmente el censo electoral permanente y la

cédula electoral, son muestra del esfuerzo estatal por regular de otra manera el campo

político, haciendo del elector un individuo identificado y certificado.

Este era el país “imaginado” desde el Ministerio de Gobierno, el país que aparecía en las

leyes, en los decretos, es decir, el país que un grupo renovado de intelectuales y

funcionarios se “propuso” construir. La revisión puntual del caso de la cédula electoral

–una pequeña arista de este gran proyecto– nos mostrará hasta qué punto el proyecto pudo

llevarse a cabo, hasta qué punto el país formal del ministro Turbay se correspondía con el

país real del campesino que tenía que desplazarse miles de kilómetros para obtener la

cédula electoral. Sobre todo, habrá que fijarse en el mundo local, de las aldeas y los

municipios, donde muchas veces la ley aparecía como una entelequia construida por y para

señores de gabardina y sombrero.

Poner en marcha el documento

Decretada la obligatoriedad de la cédula electoral para el ejercicio del sufragio en mayo de

1934, el Estado debió ocuparse del problema muy real y muy práctico de hacer llegar el

documento a cada uno de los ciudadanos. Lo primero era, por supuesto, confeccionar el

documento, siguiendo los requisitos fijados por el legislador: “La cédula de ciudadanía será

de tamaño de diez y siete centímetros por lado, de papel fino, y estará provista de todas las

seguridades que imposibiliten la falsificación”42, una labor que se asignó a la Imprenta

Nacional de Colombia. Una vez producido el documento, el segundo paso consistía en

hacerlo llegar a todos los departamentos, comisarías e intendencias del país. El tercer paso

consistía –presuponiendo que los pasos anteriores se hubieran realizado a cabalidad–, en la

expedición del documento a cada ciudadano, una labor que se asignó a los alcaldes y a los

jurados de votación en cada municipio. El alcalde se encargaba de la “preparación material

de la cédula”, lo cual consistía en “fijar el retrato, tomar la impresión digital y llenar todos

los renglones de la cédula de ciudadanía (datos biográficos y morfológicos), así como de

                                                                                                                         42  Decreto 944 de 1934, artículo 1, en: República de Colombia. Ministerio de Gobierno, Compilación de leyes, decretos ejecutivos y resoluciones del Ministerio de Gobierno sobre la cédula de ciudadanía, Bogotá, Imprenta Nacional, 1936.      

   

  33  

diligenciar el prontuario y la tarjeta individual dactiloscópica”. Los Jurados, compuestos

por un presidente, un vicepresidente y un secretario, se encargaban de verificar que el

ciudadano cumpliera los requisitos exigidos por la ley para ser elector y de establecer en

qué elecciones podía participar, además de realizar la inscripción del ciudadano en el censo

electoral permanente.

De la cédula se debían expedir 4 ejemplares, en dos series, A y B, según estipulaba el

decreto: “Un ejemplar de la serie A se le entregará al interesado, y el del talonario

correspondiente de la misma serie quedará en el archivo del Jurado Electoral. Un ejemplar

de la serie B se enviará mensualmente al Departamento Nacional de Identificación de la

Policía Nacional, y el último ejemplar de la misma serie B, que quedará en el talonario, se

enviará al Gobernador del respectivo Departamento, Intendente o Comisario. El

Departamento Nacional de Identificación ejercerá el control general y clasificará las

cédulas científicamente, observando todas las precauciones que garanticen la autenticidad

de ellas y eviten el fraude”.43 Vemos entonces que además de las entidades ya enunciadas,

el Departamento Nacional de Identificación era de vital importancia, dependencia que

funcionó en un principio en la Policía Nacional y posteriormente en el Ministerio de

Gobierno, y que estaba encargada de todo lo relacionado con el archivo y la clasificación

científica de las cédulas electorales, según el método dactiloscópico en uso en ese

momento44.

Todo el proceso estaba coordinado directamente desde la sección Negocios Generales

(Ramo Electoral) del Ministerio de Gobierno y, como era usual en el país en este período,                                                                                                                          43  Ídem., Artículo 3.  44  El uso de la técnica dactiloscópica en el país se remonta al año 1928, cuando el gobierno nacional decide contratar a un técnico argentino –país pionero en el uso de esta técnica en América Latina– para reestructurar el Departamento Nacional de Identificación de la Policía Nacional. De nombre Enrique Medina Artola, el técnico emprende un proceso de sustitución del sistema antropométrico –que ya venía utilizando la Policía Nacional–, por el sistema dactiloscópico diseñado por Juan Vucetich en La Plata, Argentina. Según informa el propio Medina Artola en el informe que rinde ante el Ministro de Gobierno en 1929, sus labores incluyeron, además de las ya mencionadas, un conjunto de cátedras sobre “detectivismo” y “policía científica”, dictadas a los técnicos colombianos. En el año 1934, cuando se decide implementar la cédula electoral, la cual solicitaba del ciudadano “la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha”, es el sistema Vucetich el que se utilizará. Cf. República de Colombia. Ministerio de Gobierno, Memoria del ministro de gobierno al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1929, Tomo II, Anexo I, Bogotá, Imprenta Nacional, 1929, pp. 85-124. En relación con el desarrollo de la dactiloscopia en Argentina de la mano de Juan Vucetich se puede consultar: Kristin Rugeiro, “Fingerprinting and the Argentine Plan for Universal Identification in the Late Nineteenth and Early Twentieh Centuries” en: Jane Caplan and John Torpey (ed.) Documenting individual identity, Princeton, Princeton University Press, 2001, pp. 184-196.

   

  34  

el sistema telegráfico era el que servía para poner en contacto a todas las instituciones,

despachos y oficinas. Sorprende ver, al consultar la documentación, que era el propio

ministro de gobierno –primero Gabriel Turbay, después Absalón Fernández de Soto y

finalmente Darío Echandía– quien respondía directamente los telegramas o las cartas que

los partidos políticos, los alcaldes o los ciudadanos enviaban al Ministerio trasmitiendo

alguna inquietud o queja relacionada con la expedición de la cédula. Y era tal el número de

telegramas y cartas, que uno queda con la impresión, al leer esta documentación, de que en

el Ministerio de Gobierno, en los años 1934 y 1935, no se hacía otra cosa que coordinar

todos los detalles de la expedición de la cédula. Al respecto, esto informaba el ministro

Echandía, cumplido un año de iniciado el proceso de cedulación, en junio de 1935: “No

obstante lo explícito de los decretos reglamentarios de las leyes sobre la cédula y las

instrucciones impresas que se enviaron a todos los Municipios del país, por tratarse

seguramente de un documento que se iba a implantar por primera vez en el país, como

indispensable para que los ciudadanos pudieran sufragar, las consultas que se hicieron al

Ministerio alrededor de la preparación y expedición de la cédula de ciudadanía, pasaron

cerca de cinco mil. La Sección las estudió a la mayor brevedad, y su solución fue

comunicada por el Ministerio oportunamente”45.

El decreto reglamentario había fijado como fecha inicial para empezar a expedir el

documento el 1 de julio y como fecha límite para la entrada en vigencia del documento el

mes de febrero de 1935, cuando se celebrarían las elecciones para elegir representantes y

diputados, un tiempo muy limitado, a decir de algunos comentaristas, en el que sería muy

difícil cedular a los ciudadanos: “Con respecto a la aplicación de la ley referida, dije y lo

sostengo, que es absurdo que tal ley pueda tener mediano cumplimiento dentro del poco

tiempo que falta para los debates del año venidero. La ley es excelente y todo varón recto

tiene que hallar en esa forma electoral no sólo un principio de higiene política, sino el más

robusto sustentáculo para la base de toda república democrática, como es el sistema

representativo; pero considero que en pocos meses es absolutamente imposible proveer de

cédula a todos los ciudadanos o siquiera a la mayoría”46. En el mismo sentido se expresaba

                                                                                                                         45 Memoria que el ministro de gobierno presenta al Congreso en sus sesiones de 1935, Bogotá, Imprenta Nacional, 1935, pp. 27. 46 El Tiempo, “El Dr. Venegas explica su conferencia sobre la cédula eleccionaria”, 11-VI-1934, p. 5.

   

  35  

el columnista del diario El País, de Bogotá, Eudoro Galarza Ossa: “Tenemos para dar la

cédula un tiempo hábil de seis meses, pues están preparándose los libros respectivos, no

han llegado los materiales correspondientes, aún los departamentos no han provisto de

máquinas fotográficas a las alcaldías, en todo lo cual transcurre fácilmente dos meses y las

primeras elecciones que van a verificarse con cédula son en febrero del año entrante”47.

Según algunos comentaristas, liberales y conservadores, el gobierno se había apresurado en

la reglamentación de la cédula, y no solo por lo limitado del tiempo, sino por una serie

amplia de inconvenientes: la precariedad económica para iniciar una empresa de estas

magnitudes –un argumento que ya se había escuchado en 1929, cuando la cédula fue

aprobada, pero finalmente aplazada–, la carencia de personal técnicamente capacitado para

esta labor o, incluso, la “incultura” de gran parte de la sociedad rural colombiana, incapaz

de relacionarse con el nuevo instrumento, argumentos contra los cuales reaccionó el

ministro Fernández de Soto, mostrando el enérgico respaldo que la cédula tenía en el

gobierno y la decisión impostergable de implantarla en todo el país: “Creo que quienes

argumentan contra la cédula carecen de razones para sostener su tesis. Ni el poco tiempo de

que se dispone para llevar a cabo los trabajos que la reforma exige, ni el escaso dinero con

que se cuenta para atender los gastos de formación del nuevo censo y expedición de las

cédulas, ni la carencia de educación popular apropiada, ni la falta de personal técnicamente

capacitado para la implementación del nuevo sistema, me parecen razones suficientes

contra esta nueva medida que, como antes lo dije, habrá de traerle al país excelentes

ventajas en el juego ordenado de su vida política, y cuya implantación es un indiscutible

motivo de orgullo para el actual régimen”48.

A raíz de esta serie de críticas, que tuvieron amplia difusión en la prensa, el recién electo

presidente Alfonso López Pumarejo, quién se posesionaría en agosto de 1934, fue

entrevistado por el diario tunjano Unión Liberal. López expresó allí su respaldo a la cédula

–y al momento en el que se había reglamentado– y lo hizo a través de una comparación que

muestra de manera clara el carácter de “política nacional” –casi que de “defensa nacional”–

                                                                                                                         47 El País, “Consideraciones sobre la cédula”, 15-VI-1934, p. 3.  48  El Tiempo, “Con la cédula electoral se afianza el orden público”, 17-VI-1934, p. 14.

   

  36  

que los gobiernos liberales le querían dar a la implementación del nuevo instrumento: “El

gobierno ha podido atender gastos mucho más cuantiosos que los que exige esta

inaplazable reforma. Cien mil, doscientos mil pesos que cueste el implantamiento de la

cédula muy poco significan entre las sumas que se gastaron y se hubieran gastado para la

defensa nacional. Y para estos gastos se encontraron los recursos suficientes. No se

concebiría que ahora fuera imposible arbitrar fondos para satisfacer una necesidad tan

imperiosa y tan urgente”49. López se refería por supuesto a la guerra con el Perú, finalizada

en 1933, para la cual –a pesar de la precariedad económica por la que atravesaba el país– se

destinaron importantes recursos. La cédula, al igual que la guerra, merecía un decidido

compromiso político y económico: se trataba de una reforma “imperiosa” y “urgente”.

Producir y distribuir la cédula

Sin perder tiempo, entonces, el Gobierno encargó a la Imprenta Nacional, a principios de

mayo, la emisión de un primer contingente de cédulas. El Ministerio de Gobierno había

enviado con anterioridad a esta entidad un modelo –gracias al cual pudo construirse un

molde–, y en un primer tiraje se emitieron 750,000 unidades (de la serie A, como de la serie

B). Esta cifra, como era de esperarse, rápidamente se quedó corta, y para abarcar un

número significativo de ciudadanos cedulados, antes del mes de mayo de 1935, el Gobierno

se vio en la necesidad de ordenar la emisión de nuevos contingentes, según informaba

Oscar Pino Espinal, director de la Sección Primera del Ministerio de Gobierno, quien

además hacía alusión a la dificultad que existía para encontrar un papel adecuado para

adelantar estas labores: “Como los cálculos respecto de la cedulación no se cumplieron, ya

que no se pensó que pasaran las cédulas expedidas de más de 750,000, hubo necesidad de

ordenar un nuevo tiraje de esqueletos hasta completar 1.000.000, aprovechando para este

efecto un papel marca agua de propiedad del gobierno, que se encontraba abandonado

desde hacía más de cuarenta años en los locales el piso bajo de la Litografía Nacional;

luego se ordenó otro nuevo tiro por 220,000 con los restos del mismo papel, y, observando

en el mes de diciembre del año pasado, que había necesidad de más cédulas, se hizo un

pedido a la sección de provisiones de cuatrocientas resmas de papel de fondo de seguridad,

                                                                                                                         49 Unión Liberal, “Entrevista al presidente electo Alfonso López Pumarejo”, 15-VI-1934, p.2  

   

  37  

papel que solo fue suministrado a principios del mes de abril de este año. Por esta razón

hubo necesidad de apelar en el mes de febrero a un papel de regular clase, obtenido con

bastante dificultad en esta capital, y con este se imprimieron 450,000 ejemplares. Así se

completó la cantidad de 1.670,000. Posteriormente, llegado el nuevo papel, se ordenó una

impresión de 330,000 esqueletos, es decir, hasta llegar a la cantidad de 2.000,000. Al día 20

de mayo de 1935 se habían imprimido 1.759.999 esqueletos de cédula”50

Ahora bien, el procedimiento estipulado para hacer llegar estas cédulas (“esqueletos de

cédula”, en el lenguaje preciso que se usaba entonces, es decir, cédulas que no habían sido

diligenciadas) a todas las regiones del país, era el siguiente: una vez impresas, se dirigían al

Ministerio de Gobierno, el cual, a su vez, las remitía –vía correo terrestre y aéreo– a cada

uno de los gobernadores del país (catorce en total). Estas autoridades, por su parte, debían

enviar las cédulas a cada uno de los municipios de su circunscripción, así como enviar las

que correspondían a la intendencia o a la comisaría que, por ley, tenían asignada: las

cédulas de la Comisaría Especial de Arauca, por ejemplo, eran enviadas a través del

Departamento de Boyacá. En los municipios, las cédulas eran administradas por las

alcaldías, a donde debían dirigirse los ciudadanos que deseaban ser cedulados, antes de

pasar por el Jurado Electoral. El número aproximado de cédulas enviadas a cada municipio

correspondía al número de electores con el que cada municipio contaba, según se derivaba

del censo electoral vigente –un dato que terminó siendo muy problemático, y en la mayoría

de los casos hubo necesidad de enviar más cédulas– empezando porque un grupo amplio de

conservadores (en la capital y en las provincias) se abstuvo de participar en las elecciones

presidenciales celebradas en el año 193351.

                                                                                                                         50  Memoria que el ministro de gobierno presenta al Congreso en sus sesiones de 1935, Bogotá, Imprenta Nacional, 1935. p. 18. A la Imprenta Nacional se le encargó igualmente la labor de imprimir un “folleto de instrucciones sobre la cédula electoral”, el cual fue repartido por el Ministerio entre los alcaldes y los jurados de votación. El folleto, que en parte repetía lo indicado en el decreto 944 –y después en el 1255, que hizo alguna adiciones y aclaraciones al anterior–, incluía información diversa, como el modo en que debía tomarse la impresión digital del ciudadano, la manera en que debía fijarse la fotografía, o el tipo de “cubierta protectora” que era necesario utilizar para no manchar o romper el documento. El folleto tuvo amplia difusión en la prensa: Cf. El País, “Los requisitos para la cédula electoral”, 15-VI-1934, p. 2.  51  El proceso de distribución de la cédula fue regulado por la resolución número 69 del 8 de mayo de 1934, la cual especificaba en uno de sus parágrafos: “Autorícese a los Gobernadores de los Departamentos para que hagan la repartición, por municipios, del número de cédulas que se le asigna a cada entidad departamental, teniendo en cuenta la cantidad aproximada de electores que tenga cada municipio”.   En: República de

   

  38  

Pero las cédulas, ¿efectivamente llegaban? A la mayoría de gobernaciones y municipios sí,

como lo indicaba, complacido, el gobernador del Departamento de Boyacá, en junio de

1934: “Acuso a usted recibo –dirigiéndose al ministro de gobierno– de 90.000 cédulas

remitidas a este departamento”52. O como señalaba el secretario de gobierno del

Departamento del Huila, quien rendía ante el Ministerio un reporte del número de

ciudadanos cedulados en ese departamento –incluyendo su filiación política–, hasta el mes

de octubre del mismo año: “Cédulas preparadas por alcaldes hasta sábado veinte: dos mil

ochocientas cuarenta y ocho (2.848). Liberales: mil novecientas cuarenta y cinco (1.945);

conservadores: ochocientas noventa y siete (897); comunistas: seis (6)”53.

El periódico El Tiempo, por su parte, en su sección “Información telegráfica de nuestros

corresponsales en el interior”, presentaba periódicamente un informe sobre los municipios

que habían dado inicio a las labores de cedulación, previo envío del material por parte del

Ministerio de Gobierno. El corresponsal en Pereira, por ejemplo, informaba el 9 de Julio de

1934: “Con bastante intensidad se han venido desarrollando los trabajos relativos a la

cédula. Se están expidiendo cerca de sesenta cédulas diarias”. El corresponsal en Cali

reportaba el 1 de agosto del mismo año: “Esta tarde fueron expedidas las primeras cédulas

electorales. La primera fue entregada al secretario de gobierno, señor Navia Belalcazar. La

oficina está bien atendida y tiene suficiente número de empleados”. El mismo día, el

corresponsal en Medellín titulaba su cable “La expedición de la cédula se ha activado en

Medellín”, y agregaba: “El jurado electoral de Medellín vino a empezar sus trabajos el 4 de

julio sesionando tres horas al día”. El corresponsal en Cúcuta, el 21 de julio, informaba

sobre la recepción y expedición de las cédulas en el Departamento de Norte de Santander:

“Las cuarenta mil cédulas electorales enviadas por el ministerio, han sido distribuidas en

los distintos municipios, de acuerdo con los censos respectivos, y se han pedido treinta mil

más” 54.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Colombia. Ministerio de Gobierno, Compilación de leyes, decretos ejecutivos y resoluciones del Ministerio de Gobierno sobre la cédula de ciudadanía, Bogotá, Imprenta Nacional, 1936.      52  AGN, Col., fondo ministerio de Gobierno, sección 1ª, tomo 64, folio 286.  53  AGN, Col., op.cit., tomo 74, folio 224. 54 El Tiempo, “El jurado electoral expide cerca de 60 cédulas diarias”, 10-VI-1934, p. 6; “Comenzó la expedición de la cédula electoral en Cali”, 1-VIII-1934, p. 6; “La expedición de la cédula se ha activado en

   

  39  

A otros departamentos y municipios, sin embargo, no les iba tan bien. Por ejemplo, a pesar

de lo dicho por el gobernador de Boyacá –arriba citado–, el alcalde del municipio de

Tapatoca, inscrito en esta circunscripción, informaba el 21 de julio de 1934: “Para poder

iniciar estas labores, se carece hasta hoy de los talonarios correspondientes, motivo que me

lleva a rogar del señor ministro, para que por su digno conducto se ordene la remisión a éste

municipio de los talonarios necesarios para dar principio a la expedición de la cédula […]

Si el gobierno no vuelve la vista a estas aisladas regiones y nos dota de los talonarios, no

será posible hacer efectiva la implantación de dicho decreto y por consiguiente estos

pueblos quedarán aislados en los próximos debates electorales. Desearía pues, que por su

dignísimo criterio se tomaran todas las medidas necesarias, sin las cuales quedarían, como

digo, estas regiones en completo aislamiento.”55Abelardo Madariaga, por su parte,

intendente en Arauca, se limitaba a decir en un telegrama “urgente” enviado al ministro de

gobierno a mediados de octubre: “no han llegado cédulas” (¡Octubre!, cuatro meses

después de iniciado el proceso de cedulación)56. Otro caso era el de Mocoa

(capital de la Intendencia del Putumayo), un municipio al que presuponemos no llegó

oportunamente el “folleto de la cédula electoral”, según se deriva del telegrama enviado al

ministro de gobierno por el presidente del Jurado Electoral, Paulino Chicunque:

“Respetuosamente consulto: ¿quién suministra cédulas de ciudadanía?”57.  

La distribución del material para la expedición de la cédula correspondió entonces a

patrones muy heterogéneos: la capacidad organizativa de las autoridades, el compromiso

con la implementación de la medida (más marcado en los ciudadanos de filiación liberal),

las distancias geográficas, la información difundida. A las gobernaciones y a los municipios

centrales las cédulas llegaron con mayor facilidad, no así a las regiones de frontera,

intendencias y comisarias, regiones que además dependían de otros departamentos para la

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Medellín”, 10-VI-1934, p. 6; “Cuarenta mil cédulas han sido distribuidas en Norte de Santander”, 21-VII-1934, p. 6 55 AGN, Col., fondo ministerio de Gobierno, sección 1ª, tomo 64, folio 361. Las cédulas, como indicaba este funcionario, eran enviadas en libretas de cien unidades, en las dos series A y B, según estipulaba el artículo 9 del decreto 944. En: República de Colombia. Ministerio de Gobierno, Compilación de leyes…, Bogotá, Imprenta Nacional, 1936,  p.  27.     56 AGN, Col. op.cit, tomo 73, folio 9.  57  AGN, Col., op.cit., tomo 73, folio 132.

   

  40  

distribución de los “esqueletos”, lo cual hacía aún más difícil el procedimiento. Las cédulas

llegaron a Arauca, por ejemplo, solamente hasta principios de diciembre de 1934, según el

reporte que el Ministerio de Gobierno le rindió a la Dirección Nacional Liberal, el día 11 de

ese mes: “Me permito informarle que las cédulas ya llegaron a Arauca, y que

próximamente principiará la cedulación en los municipios de la Comisaría”58. Las cédulas

que iban para la Intendencia del Chocó, por otra parte, terminaron en mano de los electores

antioqueños: “Por un error, el gobernador de Antioquia repartió las noventa mil cédulas

entre los municipios de aquel departamento, sin tener en cuenta la intendencia del Chocó,

que debe votar unida a Antioquia para las elecciones de representantes”59.  

 

Expedir la cédula

Impresos y distribuidos los “esqueletos de cédula”, la labor más importante de todo el

proceso consistía en la expedición del documento, una labor que implicaba el concurso de

diversos funcionarios y la participación de dos entidades: las alcaldías y los jurados

electorales en cada municipio. Como indicábamos anteriormente, el alcalde estaba

encargado de todo lo relacionado con la “preparación material” del documento y los

jurados electorales de su “activación política”. La distribución de tareas entre estas dos

entidades estaba regulada de la siguiente manera: “Las cédulas se solicitarán del Jurado

Electoral por conducto de la Alcaldía del respectivo Municipio. Los alcaldes atenderán

permanentemente las solicitudes de los ciudadanos y se encargarán de la preparación

material de las cédulas y del prontuario. Los Alcaldes pasarán las cédulas debidamente

arregladas a los miembros de los Jurados Electorales, para que el Presidente, el

Vicepresidente y el Secretario de éstos las firmen y las entreguen, atendiendo al turno

establecido en este Decreto”60.

                                                                                                                         58 AGN, Col., fondo ministerio de Gobierno, sección 1ª, tomo 73, folio 16. 59 El Tiempo, “La gobernación entregó ya elementos para la cédula”, 28-VI-1934, p.3 60 República de Colombia. Ministerio de Gobierno, Compilación de leyes…, Bogotá, Imprenta Nacional, 1936, pp. 26 y 32. Los asuntos más “políticos” del proceso de expedición de la cédula, referidos por ejemplo a la parcialidad de los jurados de votación, al papel de los partidos políticos, o a las condiciones censitarias que la ley establecía para ser elector, serán abordados en el segundo capítulo de este trabajo.

   

  41  

Los datos que el alcalde debía solicitar al ciudadano y posteriormente plasmar en la cédula,

según los decretos citados, eran tres: nombre, domicilio y “filiación”. Este último consistía

en un registro de algunos rasgos morfológicos del ciudadano, como edad, color y estatura,

pero también clase y color de cabellos, o tipo de frente o de nariz, entre otros. Igualmente,

el alcalde se encargaba de tomar la huella dactilar del ciudadano y de fijar su fotografía

–que el ciudadano debía aportar, tomada por un fotógrafo oficial– en el lugar indicado. Pero

ahí no acababan sus labores. Según lo estipulaban los decretos, el alcalde también debía

encargarse de diligenciar el “prontuario” del ciudadano y su “tarjeta decadactilar”, dos

documentos “anexos” que eran solicitados por la Oficina Nacional de Identificación de la

Policía Nacional, la cual los requería para la clasificación de las cédulas en los archivos61

Los integrantes de los Jurados de Votación, por su parte, se encargaban de la parte más

“política” del proceso. A ellos correspondía verificar si el ciudadano efectivamente cumplía

los requisitos para ser elector, es decir –dependiendo de la elección en la que se fuera a

participar–, si cumplía el requisito de edad, de alfabetismo, de renta, o propiedad, según el

régimen censitario que en los años 1934 y 1935 estaba en uso. Un régimen, hay que

recordar, que sería abolido con la reforma electoral de 1936, la cual decretó el voto

universal para los hombres mayores de 21 años. Para elegir presidente, por ejemplo, se

exigía saber leer y escribir o tener propiedad raíz o renta anual no inferior a $1000.000

pesos. Para elegir diputados a la asamblea departamental o concejales municipales sólo se

exigía ser varón mayor de 21 años62. Una vez hecha la comprobación –que no era sencilla,

pues exigía verificar, entre otros documentos, actas de bautismo o certificados de

propiedad– los integrantes del jurado (presidente, vicepresidente y secretario) debían

plasmar sus firmas en el documento, las cuales iban acompañadas de la respectiva firma del

ciudadano.

El proceso era como mínimo dispendioso, y en las páginas de los diarios los periodistas y

columnistas hacían sus cuentas respecto al tiempo que un alcalde gastaría para expedir una

cédula. De ahí deducían el número de cédulas que podían ser expedidas en un día, una

                                                                                                                         61 República de Colombia. Ministerio de Gobierno, Compilación de leyes…1936, Artículo 1, p.25. 62 Referido a las reformas electorales y los requisitos censitarios que aún existían en los años 30, se puede consultar: Fernán González, “Legislación y comportamiento electoral”, Controversia, No. 64-65, 1978, p.6.

   

  42  

semana, un mes, un año, y así, hasta la fecha correspondiente a las primeras elecciones en

las que se exigiría la cédula, en mayo de 1935. El periodista Eudoro Galarza Ossa, por

ejemplo, estableció sus cuentas en el periódico El País, el 15 de junio: “La innumerabilidad

de requisitos que es necesario satisfacer para darle a cada ciudadano su cédula electoral,

exige mucho tiempo y muchos empleados. Incluyendo el tiempo que se gasta en la

fotografía y en la preparación de las cuatro copias; calculando lo que en cada uno de los

cuatro ejemplares de la cédula hay que hacer: pegar las fotografías, escribir la filiación del

ciudadano, las impresiones dactiloscópicas, etc.; los datos que se deben escribir en el

prontuario y demás condiciones, se calcula que en no menos de una hora se le expide por

un oficial experto su cédula a cada ciudadano. De suerte que un día expide un oficial ocho

cédulas y en un mes ciento noventa y cuatro solamente”. 63

El periódico El Tiempo, por su parte, publicó un artículo destinado a analizar el caso del

Departamento de Boyacá, uno de los que por entonces tenía mayor capacidad electoral. El

artículo resaltaba las condiciones de precariedad bajo las cuales funcionaban las alcaldías

en la mayoría de los municipios de este departamento, así como el poco personal con el que

contaban, circunstancias que imposibilitarían una expedición ágil del documento electoral.

Revisemos algunos apartes: “Boyacá tiene 126 municipios, de los cuales en 114 las

alcaldías están servidas únicamente por un alcalde y un secretario. El sueldo que devengan

los alcaldes en 10 poblaciones, es menor de diez pesos. En 44, de diez a veinte pesos, en 20

de veinte a treinta pesos, en 19, de treinta a cincuenta pesos. Son pagados por el

Departamento, debido a que los municipios carecen de recursos para atender este gasto. Los

secretarios devengan generalmente una asignación equivalente a la tercera parte del sueldo

asignado a los alcaldes, y existen municipios en que solamente ganan uno o dos pesos

mensuales. En tales condiciones resulta muy aproximado este cálculo: la expedición de los

cuatro ejemplares de cada cédula, del prontuario, y de la individual dactiloscópica, requiere

como mínimo treinta minutos. Destinando la alcaldía cuatro horas diarias exclusivamente

para esta labor, y suponiendo lo suficientemente hábil su personal, alcanzaría a preparar

ocho cédulas en el día. Para un municipio de 1.500 electores (en Boyacá hay 66 con más de

1.500 varones mayores de 21 años) serían necesarios 187 días para la expedición de las

                                                                                                                         63 El País, “Consideraciones sobre la cédula”, 15-VI-1934, p.3.  

   

  43  

cédulas, y en los municipios que pasen de 3.000 (Boyacá con cuenta con 16 en estas

circunstancias) el trabajo no podría realizarse en menos de 375 días”.64

Un mes después, sin embargo –cuando la cedulación ya había comenzado– el gobernador

de este departamento indicaba que “con el concurso de dos escribientes muy hábiles,

contestando rápidamente y firmando todos los ejemplares sin la menor dilación”, la

expedición del documento tardaba veinte minutos. Un cálculo que le permitía asegurar que

“aún en el caso de que todas las cédulas y formularios pudieran despacharse en igual

tiempo, se emplearían quince meses para expedir la cédula a novecientos ciudadanos

inscritos en el municipio de Popayán, trabajando activamente dos empleados ocho horas

diarias y veinticinco días al mes”65.

En Bogotá, donde la expedición había comenzado el 11 de julio, el corresponsal de El

Tiempo informaba: “Media hora se emplea en la expedición de cada cédula. Y son

necesarios dos viajes. De las oficinas en donde se llevan libros, situadas en los bajos del

Palacio Municipal, debe pasarse al Jurado Electoral, que funciona en los bajos del Edificio

Liévano. Se entrega en esa segunda oficina el documento y se vuelve por él al día

siguiente” 66. En otro artículo, este mismo corresponsal agregaba: “Las oficinas de la cédula

estarán funcionando en adelante desde las ocho de la mañana hasta las doce y desde las dos

hasta las cinco de la tarde. Para sacar la cédula es indispensable presentar cuatro retratos, de

tamaño pasaporte, con su correspondiente negativo; y para no demorar la impresión de las

huellas digitales se recomienda llevar las manos muy limpias”.67

En Caldas, donde al finalizar el mes de julio se habían expedido 1.000 cédulas, las labores

también demoraban 30 minutos, según informaba Enrique Gómez Latorre, encargado de

todo el proceso en ese departamento. En un informe que rindió ante el Ministerio de

                                                                                                                         64 El Tiempo, “El caso de la cédula aplicado a Boyacá”, 14-VI-1934, p. 4. La historiografía nacional ha avanzado muy poco en el análisis de los funcionarios locales –de diversas entidades, desde las alcaldías, pasando por los jurados electorales, hasta los recaudadores de impuestos– que resultan decisivos a la hora de entender la manera como el Estado “llegó” a los municipios, y para entender la manera como se organizó la política local. Aquí tampoco avanzamos mucho, pero sugerimos algunas pistas. 65 El Tiempo, “El clero desarrolla grande actividad sobre la cédula”, 13-VII-1934, p.6. 66 El Tiempo, “La cédula transitoria”, 22-VII-1934, p. 4. 67 El Tiempo, “Se abrirá un crédito de $50.000 para los gastos de la cédula electoral”, 12-VII-1934, p.13.    

   

  44  

Gobierno, Latorre igualmente hacía sus cuentas: “La expedición de la cédula electoral en

todo el país a todos los ciudadanos aptos para la función del sufragio, tardará por lo menos

dos años, pues se ha comprobado que la expedición de cada cédula demora media hora,

aproximadamente”68.

Coincidían entonces los periodistas y los gobernadores –en la pequeña muestra que hemos

presentado–, y con excepción del periodista Galarza, quien al parecer exageraba, en que la

expedición de una cédula tardaba entre veinte y treinta minutos. La diferencia en el tiempo

dependía de algunas variables: la distancia existente entre la Alcaldía y el Jurado de

Votación, el número de escribientes, asistentes o secretarios con los que contara cada

municipio, la habilidad para realizar el registro por parte de los alcaldes, o la disponibilidad

de fotógrafos oficiales –sobre lo que enfatizaremos más adelante69. Sin contar, por

supuesto, los casos en los que la identidad del ciudadano no era plenamente demostrada –a

falta de una partida de bautismo70, por ejemplo, lo que demoraba mucho el procedimiento–

o cuando los integrantes de los jurados electorales tenían dudas –y las tenían por montón,

como veremos en el segundo capítulo– respecto a quién debía expedírsele la cédula. Pero

en condiciones normales el promedio era entonces media hora, un tiempo sobre el que los                                                                                                                          68 El Tiempo, “Dos años demorará la expedición de cédula a todos los electores”, 12-VII-1934, p.9. 69 En relación con estos funcionarios –ayudantes, secretarios, escribientes–, según se deriva de las cartas que enviaban al Ministerio de Gobierno, habría que decir que su función no estaba muy regulada legal y económicamente. Incluso no sería exagerado afirmar que se trataba de funcionarios informales, incluso pagados al día. Germógenes Jiménez, por ejemplo, secretario del jurado electoral de Mocoa, remitía un telegrama en los siguientes términos: “Como desde el mes de julio pasado éste jurado electoral ha estado verificando trabajos preparativos, haciendo consultas, ya sea telegráfica, ya sea por escrito, solicitando o reclamando el envío de cédulas, recibiendo y contestando notas, estudiando los decretos y circulares del gobierno, etc., etc., todo referente a trabajos electorales, por tanto, suplico a su señoría se digne indicarme si en virtud de estos trabajos electorales el suscrito secretario del Jurado electoral de este distrito, que es también capital de la Comisaria especial del Putumayo, tiene derecho a sueldo. Y si tiene derecho, digne disponer qué entidad es la que debe señalarlo, ya sea el departamento de Nariño o esta comisaría especial del Putumayo. Hasta estos momentos el suscrito secretario no tiene sueldo alguno y no se sabe quién debe pagarlo”. En: AGN, Col., Col., op.cit., tomo 73, folio 35. 70 La constatación de la edad por medio de las partidas de bautismo estuvo siempre al arbitrio de los curas párrocos, quienes en algunas ocasiones –generalmente cuando se trataba de un ciudadano liberal– se negaban a facilitarlas. Así lo ponía de presente, por ejemplo, Eduardo Crispín, presidente del Jurado Electoral de Candelaria (Valle): “Favor informar si cura párroco tiene obligación de suministrar este Jurado partidas de bautismo individuos cuya edad es dudosa. Vecinos han ido a solicitársela, informan haselas negado gratuitamente”. En: AGN, Col., Col., op.cit., tomo 72, folio 171. Hacia mediados de septiembre de 1934, el Ministerio de Gobierno se dirigió a los arzobispos y obispos del país solicitándoles que “impartieran las órdenes del caso, para que los señores sacerdotes expidieran sin erogación alguna por parte del interesado, las partidas de bautismo que solicitaren los ciudadanos para comprobar su edad ante los jurados y alcaldías que expidan la cédula electoral”. En: El Tiempo, “Las directivas políticas aceptaron los proyectos de reforma electoral”, 13-IX-1934, p.13.

   

  45  

pronósticos de alcanzar un número considerable de ciudadanos cedulados antes de mayo

del 35 no eran muy promisorios, razón por la cual el Ministerio de Gobierno decidió

agilizar el proceso, reduciendo los pasos y los requisitos para la expedición de la cédula,

como quedó consignado en el decreto 1255 del 16 de junio de 193471.

La fotografía y los fotógrafos

En el marco de la expedición del documento, en los tempranos años 1934 y 1935 –donde

nos hemos querido concentrar– la fotografía constituyó uno de los elementos más

polémicos de todo el proceso, y esto por una sencilla razón: el decreto reglamentario 944

había establecido, en uno de sus artículos, que la fotografía podía ser asumida, en términos

económicos, por los ciudadanos. Tras lo cual, el decreto agrega: “se establecerá un turno

riguroso entre los miembros de los diversos partidos que intenten inscribirse, de manera que

llegue a la inscripción, alternativamente, uno de cada partido, pero tendrán preferencia

dentro de dicho orden los ciudadanos que suministren a su costo las fotografías

correspondientes”72. El gobierno había comenzado a trabajar desde los primeros días en

contratar un contingente de fotógrafos oficiales, a quienes se encargaría de fotografiar de

manera gratuita e imparcial a todos los ciudadanos, pero las dificultades para hacer llegar

este personal a todos los municipios, los costos que eso acarreaba y el poco tiempo con el

que se contaba, hicieron que finalmente el gobierno decidiera abrirle la puerta a la

financiación privada de la fotografía, lo que implicó, en primer lugar, que muchos

ciudadanos decidieran no cedularse –no dispuestos a incurrir en ese gasto–, y en segundo

lugar, a que los partidos políticos, o los caciques locales o incluso los curas párrocos

–interesados en contar en sus filas con un mayor número de ciudadanos cedulados–

tuvieran la oportunidad de torcer a su favor la cedulación, cargando ellos con el gasto de la

fotografía de sus afiliados, copartidarios o feligreses, o facilitando de manera parcializada

los medios técnicos para que su grupo obtuviera la cédula con mayor facilidad.                                                                                                                          71 Entre otras disposiciones, este decreto estableció que sólo se expedirían tres copias de cada una de las cédula (ya no cuatro ) y que el “prontuario” incluiría únicamente el nombre del elector, el número de la cédula correspondiente y la impresión digital del pulgar derecho, eliminando la necesidad de incluir los datos morfológicos que el decreto 944 había fijado. Cf. República de Colombia. Ministerio de Gobierno, Compilación de leyes…1936, decreto 1255 de 1934, p.31.  72  Decreto 944, artículo 6. Cf. República de Colombia. Ministerio de Gobierno, Compilación de leyes…1936, p.26.  

   

  46  

El gobierno, por supuesto, sabía de los riesgos que esta “puerta abierta” conllevaba, y así lo

expresó Oscar Pino Espinal –de quien ya dijimos que coordinaba la Sección Primera del

Ministerio de Gobierno, encargada de todo lo relacionado con el “Ramo electoral”–:

“Puede decirse, sin embargo, que el hecho económico que entraña la adquisición del retrato

para la cédula de ocasión a la resurrección del gamonalismo lugareño en la forma de

terratenientes o industriales adinerados que se esfuercen en conseguir posiciones políticas

por esos medios. El peligro existe en verdad pero puede salvarse fácilmente. Las

organizaciones obreras, ya poderosas, y las directivas políticas de todos los partidos deben

buscar las formas prácticas para evitar esa miseranda explotación”73.

Y lo dicho: los partidos políticos –a pesar del deseo de Pino Espinal– comenzaron a

gestionar la expedición de la fotografía para sus afiliados. Incluso, cuando el gobierno ya

había empezado a copar las alcaldías con fotógrafos oficiales, y ante la negativa de un

jurado electoral en Cali de aceptar la foto de un ciudadano tomada de manera particular, el

Comité de Cédula Electoral del Partido Conservador, liderado por Silvio Villegas, denunció

el “monopolio oficial de la fotografía” por parte del gobierno: “Es preciso que se cumpla la

resolución dada por la oficina a su cargo –dirigiéndose al ministro de gobierno–, donde se

autorizó, de acuerdo con la ley, a los ciudadanos para presentar los retratos que han de

servir para la cédula de ciudadanía, porque el monopolio oficial es muy peligroso y no está

permitido por el decreto reglamentario de la Ley sobre cédulas”  74.

Al parecer en Cali, así como en otros municipios y regiones del país, el Partido

Conservador estaba muy bien organizado para proveer el retrato a sus copartidarios, labor

para la cual contaba con la ayuda de algunos curas párrocos: “La labor de los conservadores

en los pueblos del departamento se intensifica, con la ayuda de los curas que están

desplegando grandes actividades contra el gobierno y contra la prensa liberal. Los púlpitos

se han convertido en tribunas de difusión sectaria, so pretexto de desarrollar una campaña a

favor de la cédula. Se han ido a los campos para fotografiar a todo el campesinato

conservador, y se me informa que numerosos curas del Cauca se han dirigido a un almacén

                                                                                                                         73 El Tiempo, “La cédula de identidad electoral”, 8-VI-1934, p.4 74  AGN, Col., Col., op.cit., tomo 72, folios 127-128.  

   

  47  

fotográfico de Cali pidiendo los elementos necesarios y demás ingredientes indispensables

para la labor iniciada”75.    

 

El cura párroco de Quipile, en Cundinamarca, también andaba cazando fotógrafos en

beneficio de los conservadores: “Ante la proximidad de la fecha en que entra a regir la

cédula de ciudadanía, los conservadores han redoblado sus trabajos de organización. En

muchas poblaciones han nombrado tesoreros del fondo conservador destinado a la

adquisición de la cédula, a los párrocos. El cura de Quipile tiene ya listos cinco fotógrafos y

otro tanto ocurre en numerosas poblaciones de Cundinamarca y Boyacá. El conservatismo

ha activado la recolección de fondos en todos los departamentos para los gastos electorales.

Centenares de comisionados de los directorios andan por las provincias y municipios

organizando comités especiales encargados de los trabajos de la cédula de ciudadanía”76.

La situación de los conservadores no era sin embargo tan favorable en otras regiones, como

en Armenia (Quindío), según informaba Carlos Barrera, presidente del jurado electoral que

en este municipio operaba: “Se han expedido cédulas ciudadanía individuos todas

filiaciones políticas que reclamándolas. Como conservadores no cuentan con medios

pecuniarios proporcionados por directorio este partido, es claro que sean pocos los que han

reclamado tal documento. En cambio liberalismo está costeando estos gastos a sus

afiliados, razón por la cual son muchos los que la poseen”77. Y también en Bogotá, por

intermedio de la Casa Liberal, los liberales patrocinaban la fotografía de su militancia: “La

Casa tiene listos desde ayer dos fotógrafos especiales que están destinados a fotografiar a

los ciudadanos del liberalismo que se acerquen con el propósito de inscribirse en el censo

permanente y en los registros especiales que se llevan para la adquisición de la cédula”78.

Aunque los partidos ganaban terreno en esta materia, el gobierno hacía esfuerzos

denodados por centralizar la fotografía –y en general todo el proceso de cedulación– en las                                                                                                                          75 El Tiempo, “El clero desarrolla grande actividad sobre la cédula”, 13-VII-1934, p.6. 76 El Tiempo, “$350,000 para organizar la cédula electoral en el país”, 21-VI-1934, p.3. 77 AGN, Col., Col., op.cit., tomo 66, folio 25. 78 El Tiempo, “El lunes se iniciará la expedición de la cédula”, 23-VII-1934, p.3. Para la época, Quindío, que hacía parte del Viejo Caldas, se distinguía de sus vecinos (Pereira y Risaralda, más conservadores) por una tendencia electoral marcadamente liberal. Cf. Patricia Pinzón de Lewin, Pueblos, regiones y partidos, Bogotá, Cerec-Uniandes, 1989, p. 48.      

   

  48  

gobernaciones y las alcaldías, enviando fotógrafos oficiales a los lugares más remotos, y

facilitando la destinación de recursos. Al hacer esto, el gobierno se esforzaba por

relacionarse con los alcaldes y gobernadores, no como afiliados a determinado partido, sino

como funcionarios públicos, es decir, en el sentido pleno de la expresión: como

funcionarios neutrales en la disputa política, y comprometidos con el interés general (una

conquista que empieza a perfilarse en este período, pero que abarcará varias décadas

más)79. En el Departamento del Cauca, entonces, “el gobernador firmó varios contratos con

los más hábiles fotógrafos para el suministro de doce mil retratos en las regiones en donde

no existen fotógrafos”80; en Caldas: “la gobernación ha adquirido equipos fotográficos

modernos y ha decretado el pago del personal suficiente para atender las oficinas de

expedición del nuevo instrumento electoral”81; en el Departamento del Valle: “se han

adquirido tres equipos modernos fotográficos con un costo de nueve mil doscientos noventa

y nueve pesos con once centavos”82. Lo cual en ningún sentido satisfizo toda la demanda, y

ya avanzado el proceso de cedulación, las noticias seguían reportando: “En el departamento

de Boyacá, la mayor dificultad que se presenta hoy en los trabajos para la cédula electoral,

es la provisión a los municipios de equipos fotográficos y fotógrafos competentes, pues no

ha sido posible hallar 126, para enviar uno a cada municipio”83.

Los fotógrafos, por su parte, en el marco de esta dinámica, encontraron un nuevo espacio

laboral. Desde mediados de abril de 1934, cuando se hizo público que el Gobierno

reglamentaría la cédula electoral, no dejaron de llegar al Ministerio de Gobierno cartas de

fotógrafos particulares y de asociaciones de fotografía ofreciendo sus servicios. Julio A.

Sánchez, por ejemplo, quien se presentaba como “fotógrafo de matrimonios, bailes y

paseos”, y además como “miembro de la Sociedad Nacional de Fotógrafos”, le dirigía al

ministro una carta que vale la pena leer en toda su extensión:

                                                                                                                         79  En palabras de Daniel Pecaut, refiriéndose al proceso de construcción del Estado en la década de 1930 en Colombia: “El Estado reclama su papel de árbitro y “unificador” pero se encuentra, sin embargo, invadido por una multiplicidad de demandas heterogéneas y de grupos de presión. En cada una de sus esferas el límite es impreciso y las interferencias son numerosas entre lo que parece estar en relación con lo “privado” y lo que pertenece a lo “público”. En: Daniel Pecaut, Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930-1953, Bogotá, Norma, 2001 [1987], p. 152.  80 El Tiempo, “Con gran actividad se hacen los trabajos de la cédula electoral”, 5-VII-1934, p. 6. 81 El Tiempo, “Los fondos para la cédula electoral son muy escasos”, 4-VII-1934, p.12.      82 El Tiempo, “Principia hoy la expedición de la cédula en esta ciudad”, 11-VII-1934, p. 1. 83 El Tiempo, “Dificultades para la cédula electoral existen en Boyacá”, 6-VII-1934, p.6.

   

  49  

Señor Ministro de Gobierno

Muy respetuosamente me dirijo a su Señoría para ponerme a sus órdenes como Fotógrafo Oficial que soy en la actualidad y que vengo trabajando desde la implementación de la Cédula de Identidad Postal. Quiero hoy ponerme al servicio de ese Ministerio en la ejecución de los retratos de la Cédula Electoral; y por tanto pido muy respetuosamente que se me dé un contrato el que estoy listo a principiar inmediatamente. Con respecto a la organización del trabajo me permito indicarles que se podría hacer lo mismo que se hizo en la Casa Liberal; o sea instalarme en el mismo edificio donde expidan la Cédula tanto para comodidad del cliente como para la oficina que expide; pues en cualquier momento dado pueden hacer cualquier reclamo relacionado con el retrato o con los individuos. En esa forma yo me comprometo a entregarlos de un día para otro. En cuanto a precio podría hacerlos siendo aquí en Bogotá entregando cuatro copias y el negativo en un tamaño de 4X5 de una cabeza de 2 ½ a 3 cm de grande en papel brillante y sin retoque a razón de CINCUENTA CENTAVOS cada uno. Fuera de Bogotá a SESENTA CENTAVOS. Es entendido que en este último caso el gobierno da los pasajes en los Ferrocarriles Nacionales; la misma garantía da el Ministerio de Correos para los Ambulantes. Para el efecto del pago y para comodidad mutua a medida que voy entregando se me va cubriendo el valor de los que se van entregando diariamente; pues es entendido que uno va necesitando diariamente para comprar material, pagar ayudante, etc. Para informes de la competencia y habilidad en mi Profesión puede informar Casa Liberal Nal., el Ferrocarril Central del Norte, La Fábrica de Cemento Diamante de Apulo, entidades a las cuales les he hecho trabajos por mayor en muy corto tiempo para lo cual se necesita habilidad y elementos suficientes para la rápida ejecución. Muy Atto y S.S Julio A. Sánchez84.

Analicemos en detalle algunos puntos de la carta. En primer lugar, nuestro fotógrafo hace

alusión a la “tarjeta de identidad postal”. Esta tarjeta la empezó a expedir el Ministerio de

Correos y Telégrafos en 1932 como un medio de identificación de los usuarios del correo

postal (para el uso de servicios como el cobro de giros postales o el envío de certificados),

pero su uso se hizo tan generalizado que en muchos casos y a lo largo de buena parte de la

primera mitad del siglo XX fue aceptada como documento de identificación de los

individuos. Las mujeres, por ejemplo, a las que no se les expidió cédula sino hasta el año

56 (la primera fue doña Carola de Rojas Pinilla), utilizaron la tarjeta de identidad postal

como documento de identificación. Y dado que esta tarjeta incluía dentro de sus

“identificadores” una fotografía del individuo, el Ministerio de Correos y Telégrafos,

                                                                                                                         84  AGN, Col., Col., op.cit., tomo 68, folio 330.  

   

  50  

dirigido en ese entonces por el liberal costeño Alberto Pumarejo, contaba dentro de su

nómina con un contingente amplio de fotógrafos –ahora fotógrafos oficiales–, donde se

incluía, como hemos visto, a don Julio A. Sánchez85.

Ante la urgencia de fotógrafos para la expedición de la cédula electoral, el Ministerio de

Gobierno recurrió entonces al de Correos y Telégrafos. En este último –recogiendo la

experiencia adquirida con la tarjeta de identidad postal–, se conformó un grupo (inicial) de

ciento treinta fotógrafos oficiales, los cuales viajaron a diversas regiones del país con la

tarea exclusiva de retratar a los ciudadanos para la nueva cédula electoral. Efraín Gómez,

quien manejaba el Servicio de Identidad del Ministerio de Correos, así lo expresaba en

carta enviada a los gobernadores del país: “Infórmeles este Ministerio ha preparado 130

fotógrafos que hállanse listos trabajar Departamentos cédula Electoral mediante contrato

con Gobernaciones garantizándoles 1.000 fotografías mínimo a 0.40. Departamentos o

municipios quieran contratar estos fotógrafos sírvanse dirigirse a este Despacho mayores

detalles”86.

Claro que los gobernadores, alcaldes y secretarios en los municipios también tenían sus

preferencias en relación con los fotógrafos –en algunos casos con la intención de

parcializar hacia un determinado partido político la fotografía– y así se lo hicieron saber al

ministro de gobierno. En Tenjo, población del Departamento de Cundinamarca, por

ejemplo, el alcalde quería que la designación del fotógrafo recayera sobre Luis Darío

Forero “quien es muy competente, conocedor del vecindario y su residencia permanente en

                                                                                                                         85  A finales de julio de 1934, cuando ya se cumplía un mes de iniciadas las labores de cedulación –y los pronósticos de alcanzar a cedular a la mayor parte de los electores antes de mayo de 1935 no eran muy promisorios– el representante liberal Guillermo Peñaranda presentó a consideración de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que autorizaba utilizar la tarjeta de identidad postal –de manera transitoria– como cédula electoral, para lo cual, decía, solo hacía falta agregarle algunas firmas y sellos de los jurados electorales. De 1932 a 1934 se habían expedido en el país ochocientas mil tarjetas de identidad postal. Cf. El Tiempo, “Cédula transitoria”, 22-VII-1934, p. 4. El proyecto de Peñaranda finalmente no fue aceptado. En enero de 1935 el Gobierno decreta que “la cédula de ciudadanía expedida de acuerdo con la ley 31 de 1929 servirá y será obligatoria como único documento de identidad postal y telegráfica para los ciudadanos en ejercicio. Las personas distintas de los ciudadanos en ejercicio necesitarán la tarjeta de identidad postal como documento de identificación para los efectos postales y telegráficos” (Decreto 150 de 1935, artículo 1).  86 AGN, Col., Col., op.cit., tomo 70, folio 352.

   

  51  

este municipio contribuiría al fácil desarrollo y eficacia de los trabajos, con la pronta

expedición de la cédula a los ciudadanos que la soliciten”87.

Pero volvamos a la carta del fotógrafo Sánchez e indiquemos que en relación a la

“organización del trabajo” el Ministerio otorgaba viáticos a los fotógrafos en los

Ferrocarriles Nacionales, así como una franquicia telegráfica para reportar sus labores a

Bogotá. Una vez instalado en el municipio que le había sido asignado, el fotógrafo

anunciaba su presencia al alcalde y a los directorios políticos y fijaba los días y las horas en

que atendería las labores de fotografía, dependiendo esto del número de ciudadanos en el

lugar. Marces Reina, un colega de Julio Sánchez, explicaba al respecto lo siguiente: “Este

es un punto interesante, pues es costumbre en los pueblos no ir sino en días de mercado a la

población y con esto se perderían muchos días de trabajo, porque no se podría retratar sino

cada ocho días, y como la mayor parte de los campesinos están en las veredas, es necesario

fijarles los días que se les puede retratar y que los directorios en vista de esto, los alisten,

para así atender a los demás municipios”88.  

 

Finalmente, una vez tomadas las fotografías, el fotógrafo las introducía en un sobre, lo

sellaba, lo hacía firmar por el ciudadano y lo entregaba directamente al jurado electoral. Lo

cual obedecía a una razón fundamental: “El objeto del sobre es que el individuo

fotografiado no presente las fotografías personalmente, pues podría presentarlas como

hechas por un fotógrafo particular y alegar la preferencia”89.  

Individualizar al elector

La individualización plena del ciudadano era el objetivo fundamental que se perseguía con

la implantación de la cédula electoral en la década de 1930, evitando con ello varias

modalidades de fraude. A este objetivo contribuía cada uno de los “identificadores” del

documento, como la fotografía o los datos biográficos y morfológicos, pero de manera

fundamental, la impresión dactilar, un mecanismo de gran novedad en aquellos años y

                                                                                                                         87 AGN, Col., Col., op.cit., tomo 68, folio 377. 88 AGN, Col., Col., op.cit., tomo 68, folio 338. 89 Ibídem.    

   

  52  

gracias al cual se podía distinguir –de manera “científica”– entre un elector y otro. Al fijar

la identidad del elector, el Estado podía establecer una correlación precisa entre el número

de electores habilitados para votar en determinada elección y el número de votos

depositados en las urnas, lo cual imposibilitaba –por lo menos en la teoría– los famosos

“chocorazos” –modalidad que consistía en que un elector depositaba más de una papeleta

en las urnas–, o el voto de los no-electores, como los menores de edad o los analfabetos,

según las restricciones censitarias. La cédula electoral, buscaba, por lo tanto, hacer efectiva

la vieja idea de “un ciudadano, un voto”, constitutiva de las democracias modernas

posteriores a la Revolución Francesa90.

La situación anterior a la cédula electoral –consistente en la dificultad del Estado para fijar

la identidad del ciudadano–, la ponía de presente en sus memorias el profesor suizo Ernst

Röthlisberger, quien había venido a Colombia a finales del siglo XIX, al percatarse del

funcionamiento de una mesa electoral: “Si se acerca uno a la mesa que se llama, por

ejemplo, Suárez, y se sabe que ese Suárez es un anciano conservador, entonces estalla un

espantoso griterío: “no, no, no, no es él”, exclaman unos, “sí, sí, sí, sí es él”, chillan los

otros. Se reparten golpes, salen a relucir revólveres, hay empujones y apreturas, se pita y se

vocifera hasta dejarle a uno aturdido”.91 Sin embargo, no debemos pensar que la cédula

abolió de manera definitiva el fraude electoral. Nada más alejado de la realidad. Lo que

ocurrió es que, una vez introducida la cédula, las acusaciones de fraude empezaron a

relacionarse menos con el conteo de los votos (que igualmente siguió operando bajo

diversas modalidades de fraude, como la adulteración de los censos electorales o el robo

de urnas) y más con la emisión o no emisión de las cédulas, lo que se relacionaba,

directamente, con las garantías que ofrecía el Departamento Nacional de Identificación

                                                                                                                         90  Bien puede entenderse la cédula electoral como la manifestación técnica y material de la producción del individuo elector moderno en la historia nacional, un proceso que empieza a construirse a lo largo del siglo XIX y que arraiga de manera plena con las reformas electorales de la primera mitad del siglo XX, que tienen su punto culminante en la implantación definitiva del voto universal para los hombres en 1936 y su extensión a las mujeres en 1954. Como lo ha mostrado Pierre Rosanvallon, la idea moderna del sufragio va de la mano con la producción del “pueblo” como una sumatoria de “individuos”, los cuales pueden emitir, cada uno, un voto. Cf. Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudadano, Instituto Mora, México, 1999. 91 Ernst Röthlisberger, El Dorado. Estampas de viaje de la Colombia Sudamericana, Biblioteca Quinto Centenario, Presidencia de la República, Bogotá, p. 119. En relación con el fraude electoral a lo largo del siglo XIX Cf. Eduardo Posada Carbó, “Malabarismos electorales: una historia comparativa de la corrupción del sufragio en América Latina, 1830-1930”, en: El desafío de las ideas, ensayos de historia intelectual y política en Colombia, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2003, pp. 169-200.  

   

  53  

–encargado del control técnico y científico del documento– para detectar la cedulación

fraudulenta: doble o triple cedulación, cedulación a menores o cedulación a personas

muertas.

El Departamento Nacional de Identificación había sido creado en el año 1928 como una

dependencia de la Policía Nacional y estaba encargado de todas las labores de

“identificación científica” y “detectivismo” que se adelantaban en esta institución. De

manera puntual se encargaba de “identificar” –con su huella y su foto– a los criminales

sindicados, a los sospechosos de algún delito, a los extranjeros que arribaban al país, así

como a los individuos recluidos en algún centro penitenciario, manicomio, leprosorio o

casa de beneficencia. Las labores de detectivismo consistían en la recolección de huellas,

rastros o vestigios dejados por los delincuentes o las víctimas en los lugares donde se

hubiera perpetrado un delito, y presentarlas como pruebas ante las autoridades judiciales. El

método de identificación utilizado era la dactiloscopia, según el método establecido por

Juan Vucetich en Argentina. Como ya dijimos en algún punto, el gobierno colombiano

había contratado en 1928 un técnico argentino para reformar la sección científica de la

Policía Nacional, el cual empezó por reemplazar la ya vieja antropometría por la muy

moderna dactiloscopia92.

Una vez implantada la cédula electoral en el año 1934, la Policía Nacional –encargada de

su control científico– creó una sub-dependencia en el Departamento Nacional de

Identificación –denominada Sección Electoral–, la cual se encargaba de recibir, clasificar y

archivar las copias de las cédulas electorales que los alcaldes y los jurados de votación

enviaban periódicamente. El sistema Vucetich, que había funcionado desde el año 1928,

fue complementado con el sistema diseñado por el médico español Federico Olóriz

Aguilera, según las recomendaciones de un técnico español que había sido contratado por la

Policía en el año 1933 para revisar las actividades que adelantaba el Departamento. El

                                                                                                                         92 Cf. Cámara de Representantes, La identificación científica en Colombia, Bogotá, Imprenta Nacional, 1934 y República de Colombia. Ministerio de Gobierno, Memoria del ministro de gobierno al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1929, Tomo II, Anexo I, Bogotá, Imprenta Nacional, 1929, pp. 85-124.

   

  54  

sistema final –que tuvo vigencia hasta el año 1952– fue conocido entonces como el sistema

Vucetich-Olóriz93.

Como ya hemos indicado, el decreto 944 reglamentario del documento asignaba a los

alcaldes en cada uno de los municipios el diligenciamiento material del documento, lo cual

incluía la toma de la huella dactilar del ciudadano94. Una labor para la que, sin embargo,

estos funcionarios no estaban preparados, y tampoco sus ayudantes, como bien lo ponían de

presente los registradores Rafael Colmenares del Castillo y Antonio Bastidas Villota, al

relatar la siguiente anécdota: “En 1934 la Oficina [Nacional de Identificación] comprobó

dactiloscópicamente un caso por demás curioso: las impresiones del pulgar derecho

estampadas en las cédulas de 22 ciudadanos diferentes correspondían, técnicamente

analizadas, a una misma persona. La oficina pidió explicación de lo sucedido y ésta no se

hizo esperar: el secretario de la alcaldía, según su propia confesión, había olvidado tomarles

a los interesados la impresión en sus cédulas, y como los ejemplares desprendibles de éstas

debía enviarlos urgentemente a Bogotá, había estampado la impresión de su pulgar derecho

en todos ellos, juzgando que lo que la Oficina de Identificación exigía eran manchas de los

dedos”95.

La situación no era, sin embargo, excepcional, pues el mismo suceso fue registrado de

manera repetida en varias alcaldías, lo cual revela la poca comprensión y apropiación que

existía de la técnica dactiloscópica en el país, una técnica que debió entenderse como una

especie de artilugio extraño por parte de muchos alcaldes y funcionarios, algunos de ellos

apenas escolarizados: “Departamento Nacional de Identificación ha constatado poco

                                                                                                                         93 La novedad de la dactiloscopia, y su importancia para el Estado y el sistema electoral, tal como fue percibida en las décadas de 1930 y 1940, la ofrecían dos registradores en los siguientes términos: “Hoy no podríamos aspirar a un funcionamiento perfecto de los organismos e instituciones del Estado sin un régimen de identificación que individualice y fije de manera indubitable la personalidad física de los asociados; que acabe con la suplantación de personas en todos los actos de la vida jurídica y social, y sobre todo que aleje de los comicios populares a los “lázaros políticos” […] Todo el edificio jurídico público y privado de los derechos y obligaciones personales se basa en la certeza o en la presunción de la persona, sujetos de derechos y deberes. Nada importa que el Estado imponga deberes o penas, si las personas pueden cambiar de identidad como cambian de camisa […]”. En: Rafael Colmenares del Castillo y Antonio Bastidas Villota, Identificación personal, dactiloscopia: Instrucciones técnicas para registradores, visitadores y preparadores de la cédula de ciudadanía, Bogotá, Imprenta Nacional, 1949, 32. 94 Decreto 944 de 1934, Artículo 5. 95Rafael Colmenares del Castillo y Antonio Bastidas Villota, op.cit, p. 5  

   

  55  

cuidado tiénese expedición cédula electoral municipio Salento. Ruégole investigar qué

motivo tuvo alcalde permitir Antonio Arias Calderón poseedor cédula de ciudadanía

número trescientos veintiséis mil cuarenta y tres (326.043) estampase impresión pulgar

derecho en veintitrés cédulas pertenecientes distintos electores”96.

La toma del registro dactilar no era en absoluto una labor sencilla. Muchas eran las

situaciones que hacían de este procedimiento una actividad llena de ambigüedades y

complejidades, que los alcaldes a duras penas podían solucionar. Es el caso del campesino

que se presentó ante la alcaldía de Medellín con apenas dos dedos en sus manos –producto

de una machetazo–, y ninguno de ellos correspondía al dedo pulgar (¿se podía recurrir al

dedo índice?), o el caso del obrero que se presentó ante la misma alcaldía y fue

“prácticamente imposible” hacerle el registro porque de sus manos no salían dedos, sino

callosidades97.

Para asistir a los alcaldes, la Oficina Nacional de Identificación inició un curso de

dactiloscopia, de 50 alumnos, los cuales viajarían por todo el país enseñando el modo

correcto de tomar las impresiones de los dedos. Las gobernaciones y los municipios que no

tuvieran ya oficinas de dactiloscopia y técnicos dactiloscopistas formados –como era el

caso de Antioquia y Caldas, dos de los departamentos que con mayor agilidad

emprendieron las labores de cedulación– podían contar con los servicios de los técnicos

formados en Bogotá, en la Policía Nacional. Así lo informaba el ministro de gobierno,

Absalón Fernández de Soto, en un telegrama remitido al gobernador de Cundinamarca:

“Me permito manifestar a usted que los Departamentos de Antioquia, Caldas y el Cauca

tienen instaladas ya sus oficinas de dactiloscopia y listos los técnicos que deben instruir a

los alcaldes en la expedición de la cédula electoral; y que otros departamentos como el del

Huila, Norte de Santander, Tolima, Santander y Boyacá están en vía de contratar los

servicios de varios de los técnicos en dactiloscopia que en la actualidad prepara la Oficina

Nacional de Identificación de la Policía Nacional. En tal virtud le ruego se sirva

informarme si el Departamento a su cargo tiene oficina dactiloscópica con personal

                                                                                                                         96  AGN, Col., Col., op.cit., tomo 66, folio 56.  97  AGN, Col., Col., op.cit., tomo 73, folios 396-397.  

   

  56  

suficiente y científico, o si necesita contratar y qué número de alumnos de los que estudian

en la Oficina Nacional de Identificación, los cuales estarán preparados para fines del

presente mes y listos a seguir a los Departamentos que quieran aprovechar sus servicios”98.

El Departamento de Identificación, al parecer, también fabricaba una especie de equipos

dactiloscópicos –presuponemos constituidos de los elementos indispensables para la toma

de la impresión dactiloscópica, como la tinta, el rodillo o la plancha– los cuales viajaban

junto a los técnicos dactiloscopistas a los departamentos, según podemos derivar del

siguiente telegrama enviado por su director, Rafael Gómez Picón, a la sección 1ª del

Ministerio de Gobierno: “Con el técnico instructor del Departamento de Identificación,

señor Alberto Paz Córdoba, tengo el honor de remitir a SS., seis equipos dactiloscópicos

completos, construidos en talleres de carpintería de esta dependencia, a efectos de que sean

repartidos entre los gobernadores, comisarios e intendentes, cuyas residencias estén más

distantes de la capital de la república, para que ellos puedan proveerse de la cantidad de

equipos necesarios, de acuerdo con el número de municipios de su respectiva

jurisdicción”99.

No obstante los esfuerzos realizados por el Gobierno para implementar el Departamento de

Identificación, para formar los técnicos y enviar los equipos a cada región –posibilitando

con ello la expedición de la cédula electoral–, las labores de dactiloscopia y el

funcionamiento mismo del Departamento no dejaron de generar dudas y críticas entre los

comentaristas, generalmente amplificadas por el diario conservador El País. Gregorio A.

Garavito, por ejemplo, quien se había desempeñado como funcionario de la Sección de

identificación de la Policía Nacional, dirigió una carta abierta al gobierno, en la cual le

plateaba serias preguntas sobre la materia: “1. Según el decreto de cédula electoral, el

alcalde de cada municipio es el que hace la expedición material de dicho documento,

deseamos saber: ¿Para los 800 municipios de la república el gobierno dispone siquiera de

800 individuos que tengan alguna noción de lo que es la dactiloscopia y su técnica? 2. ¿El

gobierno puede garantizar que los archivos dactiloscópicos y la clasificación de fichas

                                                                                                                         98  AGN, Col., Col., op.cit., tomo 68,  folio  352.    99  AGN, Col., Col., op.cit., tomo 73, folio 273.

   

  57  

seguida en el Departamento Nacional de Identificación se llevan rigurosamente por el

sistema científico de Vucetich adoptado y de que los técnicos de que dispone dicho

Departamento dan absoluta garantía? 3. ¿Se ha demostrado la necesidad de apelar a

técnicos extranjeros? ¿Qué resultados se han obtenido con la traída de estos técnicos,

especialmente el último contratado?”100

En las páginas del El Tiempo, algunos días después, tuvo oportunidad de réplica el director

del Departamento de Identificación, Alirio Gómez Picón, quien señalaba: “En la actualidad

existen alrededor de 150 sujetos capacitados, en nuestro concepto, para instruir el personal

que ha de expedir la cédula electoral. Esta función no requiere sino la posesión de algunas

generalidades o nociones sobre dactiloscopia, ya que su mecanismo no requiere

capacidades excepcionales ni una preparación estrictamente técnica, pues se reduce a tomar

la individual dactiloscópica y a hacer las filiaciones correspondientes dentro del sistema

señalado aún por los más mediocres autores. Para hacer llegar dichos documentos a su

destino tampoco se requiere una preparación especial, sino el dominio completo de un

simple sentido común”. Tras lo cual agregaba: “El sistema empleado por el Departamento

Nacional de Identificación, desde el año 1929, es el de Vucetich, implantado por la misión

argentina. La garantía que puedan prestar los técnicos de que dispone dicho Departamento

ha sido puesta de presente en múltiples ocasiones y los estudios analítico-comparativos

efectuados y la organización y mecanismo de dicha oficina así lo demuestran, estando a la

vista de los técnicos que a bien lo tengan.101”

La polémica no acabó allí, y el técnico Garavito, entrevistado por un periodista, respondió

de la siguiente manera: “Dicha dependencia [Departamento Nacional de Identificación] no

necesito visitarla para conocerla a fondo, y con franqueza le digo, mi querido amigo, que

hoy ningún técnico que tuviese un ligero aprecio por su crédito profesional, se haría cargo

de ella, tal como está; tendría que revisar los archivos, los casilleros, algo más, las fichas

una a una, para convencerse que están en su sitio, no, según el sentido común, sino según la

Técnica Dactiloscópica para la clasificación y archivo”102.

                                                                                                                         100 El País, “Cédula electoral. Algunos interrogantes”, 23-VII-1934, p. 24. 101 El Tiempo, “Hay personal experto para la expedición de la cédula”, 25-VII-1934, p.9.      102  El País, “El Dr. Garavito y la cédula electoral”, 27-VII-1934, p. 10.

   

  58  

Lo cierto es que tras la polémica, y otras que se sucintaron a lo largo del año 1934, el

Gobierno Nacional decidió reformar el Departamento de Identificación, sacándolo de la

Policía Nacional y convirtiéndolo en una dependencia de la Sección 1ª del Ministerio de

Gobierno: “Habida consideración de las finalidades estrictamente civiles de esta

dependencia, en nada comunes con los objetivos de los gabinetes policiales, tal decreto la

separó de la Policía [decreto número 1179] y la organizó, en desarrollo de las facultades

extraordinarias conferidas por la ley 7ª de 1934, como dependencia directa del Ministerio

de Gobierno que es el órgano del Estado que de conformidad con la misma ley debe

“garantizar la efectividad del derecho del sufragio y la libre expresión de la voluntad

nacional””103.

El nuevo Departamento, ahora denominado Oficina Nacional de Identificación, contaba en

julio de 1935 con sesenta y un empleados, los cuales, de manera general, se encargaban de

archivar y clasificar las copias de las cédulas electorales, las individuales dactiloscópicas y

los negativos de las fotografías –enviados por alcaldes y jurados electorales–, en tres

archivos diferentes: dactiloscópico, alfabético y numérico. El primero, formado por las

individuales dactiloscópicas, acusaba la doble cedulación “sin importar que las cédulas

obtenidas por un mismo individuo hayan sido expedidas con nombres iguales o distintos”.

El segundo, conformado por los desprendibles de la serie B de la cédula, estaba organizado

por nombres y apellidos y en él “toda cédula tenía su lugar preciso, y si resultaba otra igual

ocupaba el mismo sitio de la archivada, acusándose la doble cedulación”. El tercero se

conformaba con los negativos de las fotografías “colocados en sobres pequeños que llevan

anotados el número de la cédula, el nombre del cedulado y los del Departamento y del

Municipio donde fue expedida”. Según indicaba Hernán Montoya, director de la nueva

Oficina, entre los tres archivos existía una perfecta correspondencia, “lo que hacía fácil y

rápida la búsqueda de todos los documentos correspondientes a cualquier ciudadano

cedulado” 104.

La estadística de la cedulación

                                                                                                                         103 Memoria del ministro de Gobierno al Congreso Nacional en 1936, Bogotá, Imprenta Nacional, 1936, p. 34. 104 Ibídem, p. 35.      

   

  59  

Un mes antes de las elecciones donde se utilizaría por primera vez la cédula, el Ministerio

de Gobierno rindió un informe donde mostraba cómo había avanzado el proceso de

cedulación a lo largo de los meses, cómo había sido la expedición según los departamentos

y, finalmente, cuántas cédulas se habían expedido. La revisión de estas cifras nos permitirá

una aproximación más precisa al proceso que acabamos de describir:

Del total anotado corresponde a cada Departamento el siguiente número de cédulas:

Tabla 2 Expedición por Departamentos106

Antioquia 188,088 Atlántico 38,557 Bolívar 92,177 Boyacá 89,753 Caldas 145,868 Cauca 58,886

Cundinamarca 198,371 Huila 37,539

Magdalena 48,082 Nariño 55,000

Santander 100,611 Santander del Norte 52,431

Tolima 98,499 Valle 11,591

                                                                                                                         105  Memoria que el Ministro….1935, Bogotá, Imprenta Nacional, 1935, p. 20. 106 Ibídem.    

Tabla 1 Proceso de expedición de la cédula

(1 de julio de 1934 – 27 de abril de 1935)105 Hasta el 1º de agosto 25.000 Hasta el 1º de octubre 100.000

Hasta el 1º de noviembre 150.000 Hasta el 1º de diciembre 300.000

Hasta el 1º de enero de 1935 450.000 Hasta el 1º de febrero 682.000 Hasta el 1º de marzo 910.000 Hasta el 1º de abril 1.100.000 Hasta el 27 de abril 1.333.453

   

  60  

Intendencias y Comisarías (aprox.)

18,000

Estos datos nos informan, de manera preliminar, que la cédula electoral sí pudo ser

expedida –a pesar de los inconvenientes financieros y técnicos que sufrió el proceso–, y que

la expedición mayoritaria se concentró en los departamentos del centro andino del país. La

expedición en Cundinamarca, es posible presumir, obedeció a las facilidades técnicas y

logísticas que la cercanía con la capital otorgaba. El caso Caldas, por el contrario, es un

poco sorprendente, tratándose de un departamento tradicionalmente conservador, donde

tenían gran capacidad electoral figuras claves de la oposición a la cédula, como Silvio

Villegas o Gilberto Alzate Avendaño. Antioquia, como indicaba el ministro de gobierno,

era el único departamento “cuyo archivo dactiloscópico ha sido posible terminar”, lo que

pudo favorecer su amplia representación en las cifras totales. Consideraciones respecto a la

vinculación entre la cedulación y la filiación política de los departamentos serán hechas en

el siguiente capítulo.

Tendríamos que decir igualmente que la estadística de la cedulación, por mandato de la ley

82 de 1935, fue asignada a la Contraloría General de la República. Dado que la cédula fue

insaturada como un requisito indispensable para ejercer el sufragio, el conocimiento del

cuerpo electoral, según indicaba Carlos Lleras Restrepo, se podía obtener por medio de

esta estadística. Los jurados electorales, en este sentido, debían rendir mensualmente a las

oficinas de estadística en cada departamento, una información que comprendía: a) total de

electores hábiles existentes al principio del mes; b) aumentos ocasionados por expedición

de nuevas cédulas y por revalidación; y c) bajas producidas por la cancelación de las

cédulas. Las causas de cancelación eran, entre otras: muerte del elector, suspensión o

pérdida de los derechos políticos, cedulación múltiple y falta de la edad legal.

En caso de cambio de domicilio, el ciudadano, para poder votar en el nuevo, debía

revalidar la cédula, lo que implicaba borrar su nombre de los registros electorales donde

estaba inscrito originalmente. El cuerpo electoral, en otras palabras, estaba organizado

   

  61  

sobre una base territorial, el municipio, y los ciudadanos que lo componían estaban

repartidos entre los censos electorales de los distritos electorales, los departamentos107.

****                                                                                                                          107  Carlos Lleras Restrepo, La estadística nacional. Su organización, sus problemas, Contraloría General de la República, Imprenta Nacional, 1938, p. 154.    

   

  62  

Capítulo II La cédula y la pureza del sufragio

“La democracia, con su desnudo ceremonial de pedazos de papel doblado como telegramas, de lápices confiados a manos callosas o inseguras, seguía su camino”. Italo Calvino, La jornada de un escrutador, 1963.

Instaurada la cédula en 1934, los partidos políticos debieron transformarse en verdaderas

estructuras electorales organizadas, donde cada uno de los electores debía estar

plenamente identificado. De poca utilidad resultaba ahora el elector retórico, aquel que se

limitaba a declarar su preferencia por determinado partido, pero que no estaba debidamente

cedulado e inscrito en el censo electoral. De manera paralela a la colectivización de la

política –esa tendencia que se despliega a lo largo de la primera mitad del siglo XX y que

señala la extensión del derecho al sufragio a un mayor número de individuos, haciéndolos

partícipes del sistema democrático–, se despliega, entonces, una segunda tendencia, de

igual importancia, pero de signo contrario: la individualización de la política, una tendencia

que hace del campo político un campo compuesto por individuos concretos, plenamente

identificados y constreñidos a depositar un único voto en las urnas108.

De manera complementaria a la política de la multitud –una imagen que se ha hecho

paradigmática respecto al ejercicio de la política en estos años, como la que acompañaba a

Jorge Eliécer Gaitán– los partidos políticos vieron la necesidad de conocer a sus electores

–disgregándolos–, estableciendo incluso el lugar donde vivían o la actividad profesional

                                                                                                                         108 Quizás por la primacía que en las décadas de 1970 y 1980 tuvieron en nuestra historiografía los enfoques que intentaban rescatar a los grupos sociales y al “pueblo” como hacedores de la historia, la primera tendencia que señalamos ha sido mucho más estudiada que la segunda. Solo hace algunos años los historiadores –y uno de los pioneros fue David Bushnell– han empezado a preguntarse de manera más precisa y positiva por lo que antes se designaba peyorativamente como “las libertades formales de la democracia”: las elecciones libres, el ejercicio del sufragio, los pesos y contrapesos en la organización institucional del Estado, o la individualización efectiva del elector. Como lo señalaba François Xavier Guerra en el prólogo a la edición española del libro pionero de Patrice Gueniffey La revolución francesa y las elecciones: “No era extraño –durante el auge avasallador de la historia social y económica que triunfó después de la segunda Guerra Mundial– que lo propiamente político fuera dejado de lado, como algo superficial y secundario. Hubo que esperar hasta el último tercio del siglo XX para que la comparación entre los regímenes políticos diese una ventaja decisiva a la democracia representativa. Las experiencias políticas vividas –en América Latina, las dictaduras militares– volvieron a dar a las “libertades formales” un nuevo prestigio”. Patrice Gueniffey, La revolución francesa y las elecciones. Democracia y representación a fines del siglo XVIII, México, FCE-Instituto Federal Electoral, 2001 [1993], pp.7-10.

   

  63  

que desempeñaban: ¿Son los nuestros electores urbanos o campesinos? ¿Son analfabetos o

ilustrados? ¿Desempeñan profesiones liberales o realizan actividades artesanales? A partir

de estas preguntas los partidos desarrollaron diversos dispositivos de enrolamiento y

afiliación como los “censos partidistas” o la “carnetización”109.

En este capítulo nos dedicaremos entonces al análisis del impacto que sobre los partidos

políticos y, en general, sobre el sistema democrático, tuvo la instauración de la cédula

electoral en los años 1934 y 1935. Nos interesará de manera particular revisar el modo

como el Partido Liberal introdujo la idea de la “pureza del sufragio”, así como las maneras

en que los partidos políticos se organizaron para cedular a sus copartidarios. Igualmente,

teniendo en perspectiva las primeras elecciones que se realizarían bajo el sistema de la

cédula electoral, el 5 de mayo de 1935, nos ocuparemos del problema de la parcialidad

política de los jurados, de la definición de las mayorías y de la política de abstención, tres

temas que rodearon la instauración de la cédula electoral.

La pureza del sufragio

El 5 de mayo de 1934 el presidente Olaya Herrera y el ministro Gabriel Turbay firmaron el

decreto reglamentario que otorgaba existencia real a la cédula electoral. Se trataba de un

decreto de gran trascendencia para el Partido Liberal, pues a lo largo de la década de 1920,

mientras ejercía la oposición, la cédula se había convertido en una de sus principales

banderas políticas110. Ahora, cuatro años después de haber accedido al poder, ese anhelo de

oposición se convertía en una política de gobierno. La reglamentación, sin embargo, fue

producto de la colaboración con el Partido Conservador, el cual, a través de sus

representantes y senadores, integró la comisión oficial que estudió y finalmente dio vía

libre al nuevo instrumento. Los conservadores, en ese momento, argumentaban que ambos

partidos se beneficiarían con la cédula, un instrumento que haría arraigar, ¡por fin!, la                                                                                                                          109 En relación con la “multitud” urbana como fuerza política puede consultarse el ya clásico libro de Herbert Braun, Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia, Bogotá, Aguilar, 2008 [1985], capítulo VII. 110 Un recuento de los diversos “proyectos de reforma electoral” que fueron presentados por el Partido Liberal en la década de 1920 –y donde la cédula electoral aparece como un elemento central– se puede consultar en Fernando Mayorga García, “La primera cédula de ciudadanía en Colombia (1929-1952) o el fracaso de una institución”, Revista Chilena de Historia del Derecho, V. 22, fasc. 2, pp. 955-986.

   

  64  

“pureza del sufragio”. Así lo expresaba el representante a la cámara por el Partido

Conservador Valerio Botero Isaza en las páginas de El País: “La cédula de ciudadanía,

combinada con el sistema del cuociente electoral, rectamente interpretados, y aplicados con

toda lealtad, entrañan una revolución política. ¿En beneficio del conservatismo? No. ¿En

provecho del liberalismo? Tampoco. ¿Para dar vuelo a los partidos izquierdistas? Mucho

menos. El ganancioso será el sufragio puro, la democracia, la república genuina. Los

millones de papeletas que antes se introducían impunemente en las urnas, serán sustituidos

por unos cuantos millares de ciudadanos de carne y hueso, conscientes de sus derechos,

penetrados de sus deberes. De hoy más las luchas de partido serán luchas ideológicas. Ese

es el alcance de la cédula, esa es la revolución que el conservatismo acepta”111.

Por su parte, Silvio Villegas, uno de los dirigentes conservadores más importantes,

integrante del grupo Los Leopardos y quien había sido designado por su partido como

Inspector de Cedulación, expresaba su complacencia con la cédula en la sesión de la

Cámara de Representantes del primero de agosto de 1934, tres meses después de iniciadas

las labores de cedulación y algunos días antes de posesionarse como presidente Alfonso

López Pumarejo: “En Colombia, honorables representantes, hemos ensayado todo y hemos

copiado de todas las legislaciones del mundo. Lo único que no hemos ensayado nunca es

hacer unas elecciones puras. Casi estoy por decir que en nuestro país es más legal hacer una

elección por medio de las armas y de la fuerza, que por medio de los votos. Esta importante

reforma se debe al esfuerzo conjunto de los dos partidos. El espíritu del Doctor López es

evitar las zancadillas políticas y hacer en Colombia elecciones puras. Por eso nosotros los

conservadores esperamos con alborozo la próxima administración, que habrá de dar

garantías plenas a nuestro partido”112.

                                                                                                                         111 El País, “La cédula electoral”, 14-VI-1934, p. 3 112 El Tiempo, “El debate de ayer en la Cámara. La cédula de identidad debe controlarse científicamente”, 2-VIII-1934, pp. 1 y 13. Las declaraciones de Villegas en 1934 contrastaban sin embargo con las que entregó, en el mismo recinto de la cámara de representantes, algunos años atrás, en 1929, cuando se debatía la cédula electoral: “Si la cédula va a evitar el fraude, va a usarla solamente el ciudadano de cierta cultura cívica, el hombre de las ciudades, y no las grandes masas campesinas que van a las urnas únicamente porque los manda el párroco. Los bienes que con ella se predican son una ilusión”. En: El Tiempo, “Liberales y vasquistas aprobaron ayer la cédula de identidad personal”, 10-X-1929, p. 4. En relación con Los Leopardos –un grupo que combatió duramente la instauración de la cédula electoral– puede consultarse: Ricardo Arias Trujillo, Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920. Bogotá, Universidad de los Andes, 2007.

   

  65  

Los liberales, promotores del documento, tuvieron sin embargo una posición ambigua

respecto a la colaboración conservadora. Celebraban el respaldo que este partido había

otorgado a la cédula –lo que había permitido su reglamentación– pero no dejaban de insistir

en que se trataba de una “victoria liberal”. El editorial de El Tiempo del 5 de mayo de 1934,

día en el que se reglamentó la cédula, expresaba precisamente esta ambigüedad: “El fraude

electoral ha sido combatido con idéntica arrogancia por los más eminentes políticos de la

izquierda y de la derecha, y es preciso anotar el fenómeno halagador para la nueva

conciencia colombiana de que desparece por un esfuerzo combinado de los dos partidos, y

entre la satisfacción más unánime. Pero no es una simple coincidencia –sino un proceso

deliberado e inteligente que ha sido conducido por el liberalismo– el que sólo fuera posible

modificar la más irritante corrupción de la democracia cuando el partido conservador

perdió el poder público y se desarmó la vieja máquina de violencia electoral que lo sostenía

contra la voluntad de las mayorías nacionales. Ya caído, el conservatismo ha sido un eficaz

cooperador de los liberales para reformar el estatuto electoral, y hoy lo recibirá con júbilo.

A nosotros no nos importa que así haya ocurrido. Nos basta consagrar el hecho categórico

de que el acto más revolucionario que se ha cumplido en el nuevo régimen no ha tenido

resistencia ni reacción, y que el país entero lo acoge, sin reservas”113.

No obstante la colaboración conservadora, el Partido Liberal hizo de la cédula electoral una

política de gobierno, la cual era entendida como una expresión del más puro liberalismo y

del carácter que sus gobiernos querían imprimirle a la gestión estatal en materia electoral.

Alfonso López Pumarejo, precisamente, algunos meses después de asumir la presidencia en

agosto de 1934 –y tras unas elecciones que fueron valoradas por los conservadores como

sumamente fraudulentas, coaccionadas y tergiversadas por la burocracia liberal– declaraba

a una multitud que lo escuchaba en Cartagena: “Quiero, señores liberales, que sepáis que de

la misma manera como ambicionaba que Bolívar dejara de ser un reducto del fraude

conservador, necesito que Bolívar deje de ser una fortaleza del fraude liberal. Vamos a

hacer un enérgico uso de las facultades que me otorgó el congreso para establecer la pureza

del sufragio en Colombia. Necesito la verdad del sufragio, y quiero repetir ahora que el

gobierno liberal quiere apoyarse en la opinión liberal libremente expresada. En los

                                                                                                                         113 El Tiempo, “El decreto 944 en la historia nacional”, 5-V-1934, p. 4

   

  66  

próximos comicios, en este departamento, como en el resto de la República, el gobierno

solicitará el apoyo de todos los buenos ciudadanos para que haya unas elecciones puras, y

para que los ciudadanos que salgan elegidos de las mismas, sean los verdaderos

representantes del pueblo que los eligió. Sobraría decir que así no solamente entiendo la

República Liberal, sino que creo es el mejor medio de gobernar totalmente, con un espíritu

realmente democrático, como bandera para regir los destinos nacionales”114.

Es claro ya –pues lo hemos señalado de manera reiterativa– que el objetivo primordial que

el liberalismo perseguía con la cédula electoral era erradicar de manera definitiva el fraude

electoral, acabando con las famosas canastadas o los chocorazos, practicadas por ambos

partidos desde el siglo XIX. Con esto, según lo expresaba López Pumarejo en las palabras

antes citadas, la ciudadanía lograría expresarse de manera pulcra y transparente en las urnas

electorales, convirtiendo a los concejales municipales, diputados a las asambleas

departamentales, representantes a la cámara y al presidente de la república –los cargos que

eran elegidos con la participación de los electores primarios– en verdaderos

“representantes” de sus intereses. Lo que estaba en juego era nada más y nada menos que el

sistema democrático-representativo115.

La manera en que los dirigentes liberales y los líderes de opinión afiliados al Partido

Liberal percibían y valoraban este nuevo instrumento, la confianza que en él depositaban,

pero también los retos y las oportunidades que en él descubrían, quedaron plasmadas en

una pequeña encuesta que el diario Acción Liberal –un órgano de difusión y propaganda de

la Casa Liberal de Bogotá– realizó en el mes de mayo de 1934. La encuesta se componía de

una única pregunta: ¿cómo percibe usted la reglamentación de la cédula electoral?, y fueron

                                                                                                                         114 El Tiempo, “El Gobierno liberal quiere establecer el sufragio puro”, 25-XI-1934, pp. 1 y 15. 115 En relación con el fraude electoral en las décadas de 1930 y 1940 puede consultarse Olga Yaneth Acuña, Construcción de ciudadanía en Boyacá durante la República Liberal, 1930-1946, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 2010, pp. 48-51. Esta autora enfatiza en la manera en que la cédula, que tenía la pretensión de combatir el fraude, se convirtió en un nuevo instrumento para cometerlo: “Con regularidad los jurados permitían sufragar sin la exhibición de la cédula electoral, lo cual favorecía el que se votara varias veces con la misma cédula; en algunos casos, se presentaban cédulas de personas ya fallecidas, y en otros, sufragaban sin figurar en el censo. En otras palabras, una persona podía votar en el mismo comicio más de dos veces con su documento y, en ocasiones, hasta los muertos votaban”. P. 49.  

   

  67  

encuestados veinte periodistas, intelectuales y políticos. Aquí presentamos una pequeña

muestra, que vamos a ir desgranando para efectos del análisis116:

Enrique Santos Montejo, el famoso “Calibán”, estableció: “La cédula electoral, implantada

por el gobierno liberal, es la fe de bautismo de la verdadera república. La cédula educará al

electorado y acabará con el fraude y la corrupción que devoran a nuestra democracia.

Ninguna ejecutoria más alta podrá exhibir el liberalismo que ésta de haber purificado el

sufragio y devuelto a las masas la confianza en las urnas”.

Luis Eduardo Nieto Caballero –quien como representante liberal al Congreso de la

República en el período 1941-1943 se convertiría en un abanderado de la defensa de la

cédula frente a las críticas conservadoras–, declaró: “La cédula electoral es la

comprobación de que el liberalismo quiere convertir sus anhelos de la oposición en

realidades venturosas de gobierno. Es la mitad del camino. El resto, la parte más fragosa,

consiste en la educación del elector, para que no forme parte de las recuas que con la

cédula en la albarda pueden ir, como antes sin ella, a descargar en las urnas las boletas

entregadas por el cura o el cacique”117.

Detengámonos en este punto y señalemos que un primer elemento de importancia reside en

la vinculación fundamental que estos dos comentaristas establecían entre la cédula electoral

y la educación del elector. Un “educación” que, sin embargo, era vista de dos maneras

diferentes: para Santos Montejo, por un lado, la cédula constituía un elemento “formador”

del ciudadano, un instrumento que haría arraigar en él un conjunto de valores democráticos

y republicanos, como la importancia de la participación política o la autonomía y la libertad

                                                                                                                         116 Acción Liberal, “Encuesta sobre el nuevo decreto”, 28-V-1934, p.8. 117 En contraste con lo que percibía como una “ilusión excesiva” respecto a la cédula electoral por parte de algunos líderes liberales, Oscar Pino Espinal –quien se desempeñó en el año 1934 como director de la Sección Primera del Ministerio de Gobierno, encargada de todo lo relacionado con el tema electoral–, expresaba: “No soy de los ilusos que creen que el problema de la purificación del sufragio se verifique únicamente con la implementación de la cédula de ciudadanía. Esa reforma es, nada más, que un elemento de trabajo que el gobierno pone en manos de los hombres de buena voluntad para realizar un viejo e inconseguido deseo. Los vicios del sufragio encuentran su explicación en la organización económico-social de la hora presente que permite el robo y la mistificación de votos por parte de aquellos que están interesados en conservar lo existente. Habría que cambiar las bases de la educación, la posición económica de las masas para asegurar a éstas una completa independencia en el sufragio”. En: El Tiempo, “La cédula de identidad electoral”, 8-VI-1934, p. 4  

   

  68  

a la hora de depositar un voto. Por otro lado, si seguimos a Nieto Caballero, la “educación

electoral” era vista, ya no como un efecto producido por la introducción, porte o uso de la

cédula, sino como un elemento que había que inculcar en la ciudadanía –y sobre todo en

los sectores rurales y campesinos– para que la cédula fuera correctamente utilizada. Un

ciudadano que no estuviera debidamente “educado” en los valores democráticos –como la

cédula lo requería– seguiría dependiente del cura o el cacique a la hora de ejercer su

derecho al sufragio118.

Organización y disciplina

Otro de los encuestados fue Alberto Lleras Camargo, quien sería algunos años después

Ministro de Gobierno y estaría encargado de todo lo relacionado con la expedición del

documento. Estas fueron sus palabras al encuestador: “La realización del sufragio puro es

una aspiración liberal que está en un proceso de perfeccionamiento, del cual la cédula de

ciudadanía es una etapa casi diríamos inicial. El criterio con que se vayan implantando en la

ley e imponiendo en la práctica estas reformas no podrá resentirse de timidez, porque el

liberalismo es un partido de masas, menos disciplinadas pero mucho más conscientes y

responsables que las conservadoras, que sabrán entender todo el valor que tiene para ellas

dar a los actos de la República Liberal un respaldo estadístico exacto que no pueda ser

susceptible de interpretaciones contradictorias”119.

Julio Roberto Salazar, en la misma línea de la respuesta de Lleras, señalaba: “La cédula

electoral inhabilita el fraude, pero también inhabilita a los partidos políticos que no sepan

organizarse de una manera eficaz y laboriosa. El liberalismo corre un grave peligro dentro

del régimen electoral que se avecina, peligro que sólo puede evadir con una tenaz y honrada

intervención de sus directores. La cédula electoral implica un avance en el camino de las                                                                                                                          118 El tema de la “formación del elector” en el período liberal ameritaría un tratamiento mucho más completo, sobre todo por las conexiones que presenta con todo el programa educativo y de reforma cultural que los liberales emprendieron, destinado en gran medida a la “educación” de los sectores “populares”. Nos limitamos a señalar que las indicaciones más importantes en esta materia se encuentran en Renán Silva, República liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La Carreta, 2012 [2005]. En relación con el caciquismo se puede consultar el ensayo de Malcolm Deas “Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia”, en: Del poder y la gramática. Y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas, Bogotá, Taurus, 2006. 119 Acción Liberal, op.cit.

   

  69  

instituciones democráticas, porque exige de los partidos la movilización cierta de sus

efectivos electorales. A mí me interesa la filiación que la cédula va a establecer, porque

ella, para hacer efectiva la fuerza de las mayorías democráticas, obligará a los partidos a

adoptar una nueva organización disciplinaria que comience por la base social, es decir, por

las fuerzas obreras y campesinas. El liberalismo deberá por consiguiente organizarse para la

cédula electoral, convirtiéndose en un partido de difusión de ideas y de nuevas tácticas,

acordes con su esencia de partido de masas. Ahora sí van a ver los jefes y los militantes la

necesidad de las ligas campesinas, de los sindicatos obreros, de las casas del partido, de las

conferencias de cultura política y, sobre todo, de los programas mínimos y máximos y de

los planes de acción inmediata, únicas formas de organización y disciplina de los partidos

modernos que aspiren a desempeñar una misión social en la historia”120.

Como podemos derivar de estas dos últimas respuestas, la cédula electoral hizo de la

capacidad organizativa de los partidos políticos uno de los elementos centrales del sistema

político. Dado que la expedición de la cédula implicaba todo un esfuerzo por parte de los

electores –los cuales debían obtener el retrato oficial, reunir los papales que soportaran su

“ciudadanía” y finalmente acercarse a la alcaldía y al jurado electoral de su municipio, un

procedimiento que como vemos era como mínimo demorado y engorroso– la disciplina y la

capacidad logística de cada uno de los partidos se volvió un asunto decisivo en la disputa

por el poder. En ese sentido, los liberales, decía Alberto Lleras, constituían un cuerpo

político mucho más “consciente” y “responsable” que los conservadores, pero mucho

menos disciplinado, lo que implicaba, siguiendo las palabras de Julio Roberto Salazar,

desplegar todo un repertorio de nuevas tácticas de organización como los sindicatos, las                                                                                                                          120 Acción Liberal, op.cit. En relación con el “grave peligro que corre el liberalismo en el régimen electoral que se avecina” al que hace referencia Salazar, habría que señalar que se trataba de una opinión generalizada en algunos círculos liberales, los cuales sostenían que, dado que el Partido Liberal no estaba suficientemente “organizado” y “disciplinado”, la instauración de la cédula electoral podría ser aprovechada ventajosamente por los conservadores. El editorialista de El Tiempo se ocupó del asunto en varias ocasiones, en un intento por animar a los electores liberales a que consiguieran la cédula: “No queremos siquiera considerar la posibilidad de que el liberalismo, por indolencia o falta de organización, después de haber conseguido para el país una conquista democrática de esa magnitud, no supiera utilizarla y ella misma le resultara adversa”. En otra ocasión, éstas fueron las palabras: “Todo descuido puede sernos fatal. Los conservadores nos duermen. Con pensamiento plausible, de verdadero conductor, el general Berrío –un importante líder conservador– dio la orden de mando: ¡A conseguirla! Siente y sabe que la cédula en poder de un individuo vale más que un rifle. Y sabe y siente que los partidos en el gobierno se amodorran, se consideran eternos, olvidan muchas veces el deber elemental de prepararse para los comicios”. El Tiempo, “La cédula electoral y el liberalismo”, 10-VI-1934, p. 4 y “La cédula electoral”, 28-VI-1934, p. 4.

   

  70  

ligas campesinas o las casas del partido. Como sabemos, estas tres estrategias o tácticas

fueron promovidas con mucha intensidad durante el primer gobierno de Alfonso López

Pumarejo121.

La cédula electoral, por lo tanto, modifica de una manera sustancial las reglas del juego

político. De una política orientada exclusivamente por el movimiento de masas –que va a

continuar y se va a intensificar, como en el caso del movimiento popular que acompañó a

Jorge Eliecer Gaitán– los partidos debieron ocuparse ahora del elector singular, el cual

debía estar correctamente cedulado e inscrito en el censo electoral. De una manera muy

precisa este nuevo escenario político era descrito por el editorialista de El Tiempo: “El

liberalismo ha estado acostumbrado a un movimiento de multitudes y grandes núcleos

campesinos y urbanos que no exige sino animación, entusiasmo y fervor, pero no a una

disciplina como la que ahora se le impone para presentarse a las elecciones próximas con

todo su arsenal debidamente identificado, dotado de la cédula de ciudadanía. El detalle va a

primar ahora sobre el movimiento de masas. El individuo sobre el mitin. Desde luego

tenemos sobre los adversarios la ventaja de que nuestras masas son mucho más cultas y

preparadas, y con una capacidad de asimilación y adaptación que no tienen las que están

incorporadas todavía a las filas reaccionarias. Pero son también mucho más desordenadas y

se someten con más dificultad a la disciplina, factor esencial para lograr que en las

votaciones de diputados, el liberalismo tenga inscrito en el censo permanente y provisto de

cédula a la mayor parte de su contingente electoral”122.

Para afrontar ese nuevo escenario y el reto de cedular a su militancia en poco menos de un

año, los partidos políticos emprendieron diversas campañas de propaganda y difusión de

                                                                                                                         121 Aunque no hace énfasis en las ligas campesinas como formas de organización del electorado, el trabajo de Gonzalo Sánchez “Las ligas campesinas en Colombia”, en: Ensayos de historia social y política del siglo XX, Bogotá, El Áncora Editores, 1984, pp. 113-214, muestra cómo, bajo la égida liberal, los grupos campesinos comenzaron un proceso de formalización y legalización –que el autor juzga como un medio para “evitar la revolución”– bajo la denominación de “ligas” o “sindicatos” campesinos. En relación con el naciente movimiento sindical en el período de la República Liberal puede consultarse el ensayo del sociólogo Fernando Cubides, “El Liberalismo y el movimiento sindical durante la República Liberal”, en: Rubén Sierra (Ed.), La República Liberal: sociedad y cultura, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2009, capítulo 3. Entre otras cosas, Cubides muestra cómo el sindicalismo en estos años constituyó toda una “cantera de cuadros políticos para el Partido Liberal”. 122 El Tiempo, “La campaña inconclusa”, 9-V-1934, p. 4.  

   

  71  

sus ideas, así como de organización de sus bases electorales. Entre estas campañas se

contaban las “semanas de la cédula”, en el caso de los liberales, las cuales se desarrollaban

en los municipios y buscaban “que el mayor número de ciudadanos, especialmente de los

campos, obtuviera la cédula electoral”123. Otra estrategia consistía en la formación de

cuadros políticos locales o “propagandistas”, quienes debían “llevar a conocimiento del

electorado la verdadera significación de la doctrina del partido”. Estos propagandistas, que

eran formados en las Casas Liberales o las Casas Conservadoras, tenían la misión de visitar

los municipios más alejados promoviendo las ideas de cada partido y animando a los

ciudadanos a cedularse. La cedulación era una actividad que no podía dejarse a merced del

electorado: “el simple acto de “sacar la cédula” representa para la casi totalidad de nuestra

población campesina una serie de esfuerzos minúsculos que no realizará un elector cuya

cultura política sea nula. Sólo un conocimiento cabal de la significación que en su propia

vida y en la vida nacional tiene el voto que se le demanda, o bien un estado de entusiasmo –

que tampoco se producirá en ausencia del propagandista– puede mover al campesino de

nuestras veredas a vencer esas pequeñas dificultades que hoy le estorban el cumplimiento

apresurado de su más alto deber político”124.

Estas actividades se complementaban igualmente con una intensa actividad de propaganda

por parte de la prensa nacional y regional –de manera muy marcada en los periódico El

Tiempo y el Espectador, por parte de los liberales, y La Patria y El País, por parte de los

conservadores– que incentivaba a sus lectores a adquirir de la manera más oportuna la

cédula electoral. El Espectador, por ejemplo, publicó en el mes de mayo de 1934 los

decretos reglamentarios sobre la cédula electoral, así como el folleto sobre el correcto

diligenciamiento de los “esqueletos de cédula” que había preparado el Ministerio de

Gobierno. El País, el dieciséis de junio del mismo año publicó una fotografía de la cédula

electoral, acompañada del siguiente titular: “Llamamos la atención de nuestros lectores

hacia el modelo de cédula de identidad que publicamos en nuestra página undécima, con su

retrato respectivo, y excitamos a nuestros copartidarios a obtener su inscripción y a

conseguir su cédula correspondiente”125. El Tiempo, por su parte, publicaba repetidamente

                                                                                                                         123  El Tiempo, “Está preparándose la semana de la cédula en todo el país”, 10-IX-1934, p. 1 124 El Tiempo, “Por la organización liberal”, 1-IX-1934, p. 4 125 El País, “La fotografía tiene gran trascendencia”, 16-VI-1934, p. 1.

   

  72  

en sus páginas, y en medio de las noticias, un recuadro pequeño que contenía en su interior

el siguiente mensaje: “Liberales, sin la cédula electoral no podrán llamarse ustedes

ciudadanos”126.

¿Quién tiene las mayorías?

Otra de las disputas en la que se trenzaron los partidos políticos, una vez introducida la

cédula electoral, consistió en la definición –de vital importancia para la legitimidad del

sistema electoral– respecto a qué partido tenía las mayorías electorales, es decir, respecto a

si Colombia era en su mayoría un país liberal o un país conservador. La cifra de ciudadanos

cedulados aparecía entonces como un indicador, no sólo de la capacidad organizativa y la

disciplina de los electores, sino de su cantidad. Para el Partido Liberal este era un asunto

crucial, pues si los conservadores demostraban a través de la cedulación que constituían la

mayoría electoral del país, su permanencia en el gobierno era en consecuencia ilegítima,

producto del fraude: “Los liberales creemos que el pueblo colombiano es liberal, en una

inmensa mayoría, y por eso aspiramos a la pureza del sufragio, que va a darnos mayor

fuerza y más auténtico derecho a predominar en el país. Por esta razón tienen que ser los

liberales de toda la república los primeros en buscar la eficacia de las nuevas disposiciones

electorales y los primeros en cumplir la ley, que va a favorecerlos y a consolidarlos en el

gobierno”127.

Alfonso López Pumarejo era muy consciente de lo que la cedulación en materia de

legitimidad del liberalismo significaba, y ante la pregunta de un periodista de un diario

tunjano indicó que la primera tarea que el Partido Liberal tenía, residía en demostrar que

                                                                                                                         126 El Tiempo, 6-XI-1934, p. 6    127 El Tiempo, “La campaña inconclusa”, 9-V-1934, p. 4. Como si se tratara de convencer al liberalismo que efectivamente era mayoría en el país, los editoriales de El Tiempo y el Espectador no dejaban de señalar: “La implantación de la cédula electoral que el Partido Liberal reclama como uno de sus actos oficiales de solidaridad democrática de más vasto alcance y de más pulcro significado, debe servir para demostrar, una vez más, la recia y firme mayoría electoral con que cuentan las izquierdas nacionales”. En: El Tiempo, “La organización liberal”, 14-VI-1934, p.5. Un editorial de El Espectador señalaba por su parte: “La mayoría en el país es nuestra y no hay peligro de que contando bien lleguen los conservadores a sobrepasarnos en número. Antes contaban con la coacción del ejército, con los registros adulterados y con las votaciones múltiples, para darle aspecto de realidad a la mentira de una mayoría que se les fue de las manos cuando el movimiento arrollador del año 30 aprovechó sus divisiones para el triunfo”, en: El Espectador, “La cédula electoral”, 28-VI-1934, p.4

   

  73  

“efectivamente es mayoría y por consiguiente sí tiene derecho a conservar el poder”. López

Pumarejo igualmente sostenía, en esta entrevista, que “en cuanto a mí, como presidente,

estoy dispuesto a respetar la opinión pública libre y democráticamente dada a conocer. Si

en un departamento, por ejemplo, el conservatismo obtiene mayoría en un debate electoral,

a ese departamento daré gobernador conservador. Pero naturalmente no habré de hacer esto

sino una vez esté garantizada la verdad del sufragio y eliminadas las arbitrariedades con

que todavía se burla legalmente la opinión y se desvirtúa la realidad en algunas secciones

del país”128.

A pesar del espíritu republicano que manifestaba López Pumarejo, los conservadores

también se esforzaban en demostrar que su partido constituía la mayoría en el país.

Haciendo cuentas respecto al número de electores “urbanos” y “rurales” con los que

contaba el país, sus dirigentes deducían que su militancia arrasaría en las elecciones de

1935: “El departamento del Valle aparece con mayor número de cédulas de identidad postal

que Antioquia y Boyacá. A mayor número de población urbana, habrá mayor número de

cédula electoral. Y la población urbana es la de mayoría conservadora. En fin, sea lo que

sea, ahora sí vamos a tener elecciones puras. Vamos a acabar con los “chocorazos”. Esto sí

es admirable. Así se verá quiénes somos los que tenemos fuerza electoral en el país”129.

Parcialidad política

La cédula electoral había nacido bajo el aura de la “pureza del sufragio”, un instrumento

que al decir de sus promotores en el gobierno liberal se constituiría en la garantía para que

todos los ciudadanos –de todas las filiaciones políticas–, se expresaran libremente en los

comicios electorales. Esa pretensión, que presuponemos era verídica en los altos líderes del

liberalismo, empezando por los presidentes Olaya Herrera y Alfonso López, no se

verificaba, sin embargo, de manera plena en la práctica, al momento de expedirse el

documento. Una profunda parcialidad política aparecía de manera reiterada en los

funcionarios públicos –los alcaldes y los miembros de los jurados de votación–, un

                                                                                                                         128 El País, “Alfonso López sostendrá la cédula contra el querer de los manzanillos liberales. Las declaraciones que ha formulado”, 17-VI-1934, pp. 1 y 2.      129 El Tiempo, “La juventud conservadora va a fundar pronto el fascismo”, 9-V-1934, p. 9

   

  74  

conjunto de funcionarios que, a pesar de las indicaciones del gobierno central –que era

visto seguramente como muy distante y sin injerencia plena en el mundo local– hizo de la

cedulación una actividad de partido. La ley y la autoridad que emanaba desde Bogotá

parecían diluirse al llegar a los municipios, donde el poder del Estado era rivalizado por los

poderes locales, y donde la neutralidad y la imparcialidad eran valores aún por conquistar.

A partir de la reglamentación de la cédula y hasta las elecciones de 1935, el Partido

Conservador no dejó de enviar comunicados, quejas, cartas y telegramas al Ministerio de

Gobierno, en relación con las dificultades que sus militantes encontraban en diversas

regiones del país para obtener la cédula electoral. Silvio Villegas había sido nombrado jefe

de la Comisión de Cédula Electoral del Partido Conservador, y gracias a su labor muchas

de estas quejas –que en varias regiones eran obstaculizadas por elementos liberales–

pudieron ser conocidas por las autoridades del conservatismo y del gobierno. Habría que

recordar en este punto que en los primeros años del gobierno liberal, entre 1930 y 1934, el

Partido Liberal se propuso desalojar de la administración pública a los conservadores,

“liberalizando” la gestión estatal. Esa labor, en cierto sentido, se logró –como lo puso de

presente el hecho de que al iniciarse el gobierno de López Pumarejo ya ningún conservador

hiciera parte del cuerpo ministerial, como había ocurrido en el gobierno de Olaya Herrera–,

y el dominio liberal en las alcaldías y gobernaciones fue un factor decisivo para el control

de la cedulación a partir del año 1934130.

El Directorio Nacional Conservador de Albán (Cundinamarca) se dirigía, en este sentido, a

la Comisión de Cédula Electoral del conservatismo el 13 de septiembre de 1934: “Tenemos

el honor de dirigirnos a usted en representación del Directorio Nacional Conservador para

poner en su conocimiento que en la Población de Albán, por parte de las autoridades de

dicho municipio, se viene poniendo toda clase de obstáculos al electorado conservador para

conseguir la cédula de ciudadanía. Con cualquier pretexto el Sr. Alcalde se niega a atender                                                                                                                          130  Con relación a la transición entre la Hegemonía Conservadora y la República Liberal en los años 1933 y 1934, y la ocupación por parte de los liberales de la administración pública, Cf. Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos, 1978, pp. 195-202. Oquist cita el editorial de El Tiempo del día 11 de febrero de 1934, día en el que se celebraron las elecciones presidenciales en las que salió ganador Alfonso López Pumarejo: “Las elecciones de hoy tienen la virtud de ser la primera manifestación genuinamente liberal que le indica al país la decisión de las izquierdas de echar sobre sus hombros la responsabilidad íntegra de la administración pública”.        

   

  75  

las solicitudes que se le hacen para la expedición de la cédula. El Sr. Presidente del

Concejo, don Polidoro Téllez, nos informa además que el alcalde se ha negado a darle

posesión a un empleado especial creado por el Concejo para ayudar a la expedición de la

cédula”131. En este mismo departamento, el presidente del Jurado Electoral del municipio

de Carmen de Carupa manifestaba en un telegrama enviado al Ministerio de Gobierno:

“Conservadores del municipio reclaman al Jurado. Alcaldía niégales turno expedición

cédula electoral. Se dedican a expedir únicamente a liberales. Favor corregir anomalía”132.

El Directorio Conservador de Usaquén, por su parte, manifestaba inconvenientes para la

cedulación de sus copartidarios: “Debido a las actuaciones del Alcalde que aquí tenemos,

carecemos los conservadores de garantías para los efectos electorales, por lo cual

solicitamos muy atentamente se pida a la Gobernación el retiro de tal empleado de este

Municipio”133.  Al parecer, en el departamento de Cundinamarca la parcialidad liberal era

muy marcada, una situación que, sin embargo, no se verificaba en Bogotá, siendo esta una

ciudad de marcada tradición liberal. En la capital, al parecer, el control de las autoridades sí

funcionaba.

En Caldas, departamento que resulta de mucho interés porque allí avanzó de una manera

muy rápida y eficiente la cedulación, la parcialidad liberal también hizo presencia, y esto a

pesar de que este departamento constituía una zona de fuerte control conservador. El

presidente del Jurado Electoral en Aranzazu manifestaba que “el vicepresidente del Jurado

electoral se ausenta frecuentemente del municipio, alrededor de ocho días, perjudicando así

extraordinariamente la cedulación de los conservadores. Los liberales ya expidieron su

documento”134. En Villamaría, el ciudadano conservador Samuel Henao Jaramillo remitía

al Ministro de Gobierno una carta en la que manifestaba que “en el Jurado Electoral de esta

localidad están expidiendo cédulas a menores de edad, este es un hecho comprobado con

las partidas de bautismo. Muchísimas son las cédulas que se han expedido en esta forma. Al

ir yo, como ciudadano conservador, a hacer el correspondiente reclamo, me contestan que

tengo que hacer la impugnación debida, y por cada individuo que reclame, tengo que

                                                                                                                         131  AGN, Col., fondo ministerio de Gobierno, sección 1ª, tomo 68, folio 433.  132  AGN, Col. op.cit., folio 420.  133  AGN, Col. op.cit., folio 461.  134  AGN, Col., op.cit., tomo 66, folio 16.  

   

  76  

depositar diez pesos. Respetuosamente solicito de Ud. una respuesta sobre esta

anomalía”135. En estos casos, el Ministerio de Gobierno, –según lo deja entrever la

documentación, mucho más nutrida de “quejas y reclamos” que de “soluciones y

respuestas”– se remitía a la autoridad competente, el alcalde del municipio o el gobernador

del departamento y –después de recordar la legislación correspondiente– llamaba la

atención sobre el caso en cuestión. Saber si, efectivamente, los miembros parcializados de

los jurados electorales eran retirados de su cargo, suspendidos o sancionados, se escapa a

nuestro alcance.

El caso de Armenia –que por entonces constituía un municipio del Gran Caldas– fue muy

significativo en relación con lo que venimos diciendo. A la manera de Lutero –quien clavó

sus 95 tesis en las puertas de la Iglesia del Palacio de Wittemberg–, el ciudadano Octavio

Hernández, presidente del Comité Conservador en este municipio, clavó en las puertas del

recinto donde funcionaba el Jurado Electoral una resolución en la que manifestaba a toda la

ciudadanía las dificultades que afrontaban los conservadores para conseguir el

documento136:

                                                                                                                         135  AGN, Col., op.cit., tomo 66, folio 65.  136  AGN, Col., op.cit., tomo 66, folios 51 a 53.  

EL COMITÉ CONSERVADOR EN ESTE MUNICIPIO,

Considerando

1. Que la cedulación del conservatismo en este municipio se hace imposible por la negativa permanente para firmar y entregar cédulas, del presidente del Jurado Electoral, señor Carlos Barrera Uribe;

2. Que los conservadores que se acercan al jurado electoral a reclamar su cédula son agredidos de palabra y amenazados por el dicho señor Barrera Uribe;

3. Que las autoridades civiles del municipio no prestan ningún apoyo a los conservadores agredidos y amenazados y por el contrario, en su presencia se les ofende sin que presten protección a su vida y honra, puesto que son instrumentos incondicionales del señor Barrera.

Resuelve

Que mientras el dicho Barrera Uribe continúe al frente del Jurado Electoral en el ejercicio de los poderes omnímodos que le brinda la inmunidad práctica de que disfruta por la debilidad oficial, es inútil la tarea de cedulación conservadora y de pureza del sufragio.

   

  77  

La obstrucción de la cedulación seguía diversas modalidades, como ya hemos podido ver,

que iban desde la “desaparición” de algún miembro del jurado de votación, pasando por la

demora y complicación ficticia del procedimiento, hasta la confrontación verbal y física

entre los ciudadanos y las autoridades. Eso sin contar la coacción o la utilización

parcializada de los fotógrafos oficiales, como ocurrió en el municipio de Cota, de nuevo en

Cundinamarca, donde el Directorio Municipal Conservador manifestaba: “Sabedores el

Alcalde y el Secretario de este municipio que los campesinos conservadores trabajan unos

en sus campos y otros a jornal en lugares distantes del centro, hicieron gestiones en esa

ciudad encaminadas a obtener, seguramente de la casa liberal, un fotógrafo oficial que

viniera a esta población, en un día no feriado, y retratara a todos los del centro, que son

liberales, y excluir en esa forma a todo el campesinato que, como ya dijimos, es

conservador”137. De igual forma ocurría en Carmen de Carupa, un municipio

cundinamarqués que, a juzgar por su sobre-representación en la documentación, estaba

sometido a todo un régimen de parcialidad liberal: “Desde hace dos meses el Directorio

trabaja sin descanso por conseguir de la alcaldía la inscripción de los conservadores, y esa

entidad nos ha venido engañando de diversas formas. El señor alcalde y los empleados

subalternos recorrieron con la mayor actividad las veredas del municipio repartiendo

boletas únicamente a individuos de filiación liberal, hasta que lograron conseguir 300,

según declaración del señor alcalde. El fotógrafo que llegó a la población fue trasladado por

el señor alcalde a la vereda de Sucre (liberal); y una vez obtenidas las fotografías de

liberales, se entiende –que estaban provistos de boletas– fue despachado inmediatamente el

fotógrafo, medida ésta que consideró el alcalde oportuna para no verse en el penoso caso de

expedir cédula a ningún conservador. Ya puede imaginarse señor doctor –remitiéndose a

Silvio Villegas– toda clase de trabas que se nos ponen, hasta llegar el caso de que en

Carupa, de mayoría conservadora, no tenga hasta hoy un solo conservador su cédula de

ciudadanía”138.

Tendríamos que hacer alusión, así sea de manera breve, a la parcialidad conservadora, que

también la había, pero en proporción mucho menor. Como ya indicamos, el peso del

                                                                                                                         137  AGN, Col., op.cit., tomo 68, folios 460.  138  AGN, Col., op.cit., tomo 68, folios 462.  

   

  78  

Estado, conquistado por los liberales, torció a favor de esta colectividad la cedulación, y

esto a pesar de la pureza que los dirigentes y los intelectuales liberales atribuían al nuevo

instrumento. Citemos el caso del municipio de Boavita, en el Departamento de Boyacá,

departamento paradigmático en este sentido, donde la cédula fue interpretada por un sector

de la dirigencia política y eclesiástica como un instrumento liberal, el cual había necesidad

de obstruir. En carta al Directorio Nacional Liberal, fechada el 25 de septiembre de 1934, el

presidente de la Dirección Regional Liberal de este municipio expresaba: “El señor Dr.

Aquileo Garavito, cura párroco, ha convertido la Cátedra Sagrada en lugar de insultos

contra el gobierno, como contra sus agentes y contra el Sr. Dr. Plinio Mendoza Neira; nos

declara masones, enemigos del Gobierno y de toda la sociedad; prohíbe la lectura de El

Tiempo y la Unión Liberal; arenga al pueblo para que no se deje seducir de los masones

que expiden las cédulas, de los fotógrafos e identificadores que son enviados por Mendoza

Neira. Es hora de trabajar sin descanso porque todo copartidario obtenga su cédula electoral

y en Boavita, sin garantías, no pueden los liberales por estar en minoría, sacar su cédula ni

trabajar en forma alguna por sus bellos ideales y amor a la causa, y en cambio vemos a los

párrocos recorrer las veredas alertando a los campesinos y amenazando a los que no los

secundan, pagando fotógrafos e identificadores y nosotros esperando; ya principiamos a

desmayar.”139

Concluyamos esta sección indicando que la paridad era el mecanismo a través del cual el

Estado pretendía controlar la parcialidad política en los organismos electorales, mecanismo

que había sido introducido en la organización electoral con la reforma electoral de 1932

(Ley 7). Esta ley establecía que el presidente y el vicepresidente de cada corporación

electoral (en ese entonces el Gran Consejo Electoral, de carácter nacional; el Consejo

Electoral, de carácter departamental; el Jurado Electoral, de carácter municipal; y el Jurado

de Votación, también de carácter municipal), debían “estar afiliados a partidos políticos

distintos”. Bajo esta lógica, el Estado buscaba conquistar su imparcialidad a modo de                                                                                                                          139  AGN, Col., op.cit., tomo 64, folio 389. Plinio Mendoza Neira fue un importante líder liberal en Boyacá (y después a nivel nacional), una de las figuras claves del avance del liberalismo a partir de 1930 en un departamento tradicionalmente conservador. Como lo ha mostrado Javier Guerrero en Los años del olvido. Boyacá y los orígenes de la violencia, Bogotá, Tercer Mundo, 1991, a partir del año 1933 el Departamento de Boyacá comienza un proceso agudo de “liberalización”, frente a lo cual el Partido Conservador (y sus aliados en las parroquias), iniciaron una dura contraofensiva retórica y armada. La cédula electoral, símbolo del liberalismo, fue uno de sus blancos, pp. 192 y ss.  

   

  79  

compensación, es decir, bajo la idea de que un funcionario liberal confrontado con un

funcionario conservador producía la neutralidad política140.

Los Jurados Electorales estaban conformados por tres integrantes: presidente,

vicepresidente y secretario, además de dos suplentes. Si el presidente era liberal, y el

vicepresidente conservador, ¿de qué filiación debería ser el secretario? ¿Y los suplentes? La

paridad tenía siempre sus ambigüedades. En Roldanillo, Valle, por ejemplo, el miembro

conservador del Jurado Electoral, Alfonso Ruiz Villafano, expresaba lo siguiente en una

carta al Ministerio de Gobierno: “El jurado electoral de este distrito integrado en este nuevo

período por tres liberales y dos conservadores, se instaló en completa armonía el primero de

los corrientes. Eligió como presidente a un ciudadano de filiación liberal y vicepresidente al

suscrito en representación de la minoría conservadora. La elección de secretario favoreció a

un elemento de filiación liberal y la de escribiente o mecanógrafo a uno de filiación

conservadora, en virtud de la solicitud hecha por la minoría del jurado. Pero sucede, señor

ministro –manifestaba un poco más adelante Villafano– que la directiva liberal de este

municipio, a la cual pertenecen dos de los mayoritarios del jurado, ha venido mostrando su

inconformidad por la elección hecha del escribiente del jurado en una persona de filiación

conservadora, y ha venido también presionando a dicha mayoría para que proceda a hacer

la destitución de ese empleado y sea nombrado en su reemplazo, un elemento liberal,

alegando para ello el número de votos. En este municipio de Roldanillo existe mayoría

conservadora en una proporción mayor de las tres cuartas partes y sobre un censo electoral

                                                                                                                         140 Cf. Fernando Mayorga García, Historia de la organización electoral en Colombia (1888-2012). Vicisitudes de la consolidación democrática en un país complejo, Bogotá, Universidad del Rosario, 2013, pp. 119 y ss. En relación con el mecanismo de la paridad y los problemas que suscitaba, Marco Palacios ha indicado: “Como viejo republicano, Olaya consagró la paridad en su gabinete y en las gobernaciones. Exigió a los gobernadores replicar el principio. El secretario de gobierno debía ser de partido distinto al del gobernador y los alcaldes, del partido mayoritario en el respectivo municipio. En un ambiente de confrontación liberal-conservadora afloró, sin embargo, un problema de base: los alcaldes eran designados por los gobernadores mientras que los concejos municipales era de elección popular. Éstos, a su turno, nombraban los funcionarios más importantes de la administración, después del alcalde: el juez, el personero, el tesorero, y posteriormente y en algunos municipios, el controlador. Poco podía hacer un alcalde si además de los funcionarios arriba mencionados, los policías también pertenecían al partido contrario”. En: Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, Bogotá, Norma, 2003 [1995], pp. 145-146.

   

  80  

aproximado de tres mil electores. Sin embargo el Jurado Electoral fue integrado con

mayoría liberal y exige su control total”141.

Indígenas y militares, dos casos difíciles

Por otra parte, y como ya hemos establecido, los jurados electorales tenían la tarea de

comprobar si el ciudadano que iba a ser cedulado cumplía los requisitos que la ley

estipulaba para ser elector: si sabía leer y escribir, si poseía determinada renta o capital, o si

tenía la edad reglamentaria, 21 años. Una labor que –más allá de lo que estipulaba la ley–

estaba repleta de dificultades prácticas: ¿Cómo comprobar si una persona efectivamente

sabía leer y escribir? ¿Qué documentos permitían sustentar la renta? ¿Qué hacer si el

ciudadano no había sido bautizado? Al secretario del Jurado Electoral del municipio de

Choachí, por ejemplo, se le presentó el siguiente dilema respecto al requisito de renta o

capital: “¿El ciudadano que tiene una finca que no alcanza mil pesos, pero que en cambio

tiene semovientes, trabaja en agricultura y muchas veces tiene jornal, puede acumulársele

para expedirle cédula electoral como capital o renta? ¿El ciudadano que por concepto de

jornal no alcanza a los trescientos pesos al año de que habla la ley, tiene también animales,

sementeras, etc., puede acumulársele con el fin de expedir su cédula como rentado?”142

Una de las dudas fundamentales, sin embargo, respecto a la definición del elector, se

concentró en la expedición de la cédula electoral a las comunidades indígenas, un caso en el

que quisiéramos concentrarnos con algún detalle. Sin contar con el hecho de que estas

comunidades se encontraban ubicadas generalmente en zonas apartadas del centro del país

–lo que dificultaba el traslado de los técnicos dactiloscopistas, o los fotógrafos oficiales–,

los indígenas representaron una especie de zona gris respecto a la cedulación, pues en

principio no había claridad –y sí muchos prejuicios, e intentos de manipulación– respecto a

si eran o no ciudadanos. El Comisario Especial del Vichada, por ejemplo, remitió diversas

                                                                                                                         141 AGN, Col., op.cit., tomo 72, folios 100 y 101. 142 AGN, Col., op.cit., tomo 68, folios 567. En relación con los requisitos censitarios para el ejercicio del sufragio puede consultarse: Hernán Montoya, La cédula y el sufragio, Imprenta Nacional, 1938, pp. 69 y ss. En respuesta a esta pregunta, el secretario del Jurado Electoral del Ministerio de Gobierno indicaba que “se entiende por renta de trescientos pesos para los efectos del artículo anterior, no sólo la que se deriva del rendimiento de propiedades raíces o de capital a rédito, SINO TAMBIÉN LA QUE PROCEDA DEL FRUTO DE OCUPACIÓN LICITA”, tras lo cual aprobaba hacer las “acumulaciones”. En: AGN, Col., op.cit., tomo 68, folios 568.

   

  81  

cartas al Ministerio de Gobierno en las que solicitaba –argumentando que en ese territorio

no había “electores civilizados”–, que esa Comisaría fuera excluida de la función electoral.

Revisemos una de las cartas en toda su extensión: Señor Ministro de Gobierno,

En esta Comisaría no se han verificado todavía las primeras elecciones, según lo expresé en el informe anual que rendí a ese Ministerio en el año pasado, en el cual expuse las razones por las cuales no le era dado a la Comisaría ejercer el derecho de sufragio. Si para elegir consejeros municipales pueden intervenir todos los ciudadanos nacionales, mayores de 21años y que estén en goce de los derechos políticos, es condición necesaria que haya población suficiente para el desarrollo de esta función democrática. Justamente aquí en la Comisaría se carece de esa población, y especialmente de ciudadanía nacional, porque en todo el territorio comisarial la población civilizada no sube a quinientos habitantes. Es pues, por esta razón que la comisaría especial del Vichada, en sus dos municipios que tiene, no conoce todavía en ninguno de ellos el primer cabildo. En cuanto a la elección para diputados, sabido es que las Comisarías no intervienen es esta clase de elecciones porque no tienen ninguna representación en las asambleas departamentales. Con relación a las elecciones para representantes al congreso y presidente de la República, en las que sí pueden intervenir las comisarías, muy bien podría tomar parte la Comisaría del Vichada si hubiera en cada uno de los corregimientos, o al menos en uno solo, siquiera no menos de cincuenta electores. Donde hay mayor número de nacionales civilizados es en este puerto, pero unos son menores de edad y otros, como la Policía Nacional, no votan. Así, pues, aquí mismo, en Puerto Carreño, no suben a cincuenta el número de electores. La mayoría de la población del Vichada es indígena, el resto extranjeros (venezolanos) y un muy reducido número, nacionales civilizados. Como el artículo 5 de la ley 31 de 1929, reformatorio del Código Electoral, impone, como condición para sufragar, la provisión de la cédula electoral, y aunque la erogación que ocasione la expedición de la cédula es de cargo de la Nación, no he creído justificativo este gasto para la Comisaría del Vichada, toda vez que no hay población apta para votar y que la contratación de un fotógrafo y de un técnico en dactiloscopia, es un gasto que por ahora no obedece aquí a ninguna necesidad urgente o saludable, como sí lo puede ser en el resto del país, porque, como queda dicho, el censo general de electores en todo el territorio no subiría a doscientos. De otro lado las distancias que hay que recorrer entre uno y otro corregimiento son viajes en que se emplean diez, quince y hasta veinte o más días, por vías insalubres y costosas. Por vía de ejemplo citaré el caso de San José de Ucumé, en el centro de la Comisaría, a donde se emplean veinticinco días en viaje sencillo y no hay allí veinte electores. Soy de S.S, muy atento y seguro servidor. Vicente de J. Gáena Comisario Especial del Vichada, Puerto Carreño143

Como ya hemos tenido ocasión de señalar en el primer capítulo, desde la presidencia de

Olaya Herrera el gobierno liberal se interesó de manera particular por “incorporar” los

                                                                                                                         143 AGN, Col., op.cit., tomo 73, folios 185-186.

   

  82  

“territorios nacionales” a la vida política y económica del país, una labor en la que la cédula

electoral cumplió un papel importante, aunque en un sentido mucho más simbólico que

real. La cédula representaba para el liberalismo la posibilidad de igualar a toda la

ciudadanía –por supuesto bajo las restricciones censitarias establecidas– y los indígenas no

escapaban a esa pretensión. De manera que si un territorio presentaba un número muy

reducido de “electores”, como era el caso del Vichada, esto no constituía una razón válida

para que el Estado no se dirigiera a ese territorio a cedular. Así lo indicó el Ministro de

Gobierno en el telegrama que le envió de respuesta al Comisario Especial del Vichada:

“Ministerio es de concepto de que aún cuando no sean sino treinta y cinco (35) electores los

que hay esa Comisaría, deben hacerse gastos electorales. Próximamente se remitirán las

cédulas”144.

La incorporación de los indígenas a la cedulación, sin embargo, no obedeció

exclusivamente a un criterio democrático o republicano, sino también a uno electoral y

político: sumar votos. La vinculación de los territorios de fronteras y sus gentes era también

utilitaria y partidista. Los indígenas de Mistrató, por ejemplo, en el Departamento de

Caldas, fueron objeto de una fuerte controversia entre los liberales y los conservadores,

algunos meses antes de que se celebraran las primeras elecciones bajo el sistema de la

cédula electoral. Al parecer los indígenas en este municipio favorecían los intereses del

Partido Liberal –desconocemos si por efecto de los “propagandistas–, y los conservadores,

que eran mayoría en el Jurado Electoral, estaban temerosos de que fueran cedulados. En

carta a Silvio Villegas, el Comité Conservador de este municipio presentaba la situación de

la siguiente manera: “Año por año vienen los liberales de este municipio luchando por la

inscripción de los indígenas del Chamí, que son completamente incivilizados. Tales indios

viven de la pesca, de la harina, y no visten sino ligeras mantas cuando salen del poblado,

son además ignorantes hasta el extremo y por tal motivo el gobierno les mantiene siempre

tutor y el personal municipal les hace los contratos. Por ello la mayoría del Jurado ya va

para cuatro votaciones que se ha negado con buenos resultados a la inscripción, pero ahora

quieren hacerlo por la fuerza. Le rogamos en nombre conservatismo de esta región, dado

que siempre son quinientos electores que perderían la mayoría si los indios votaran por que

                                                                                                                         144 AGN, Col., op.cit., tomo 73, folios 188-189.

   

  83  

estos son más de mil, y entra en peligro no solo para este municipio sino para el

departamento, se apresuren a que el Ministro prohíba la votación de tales indios porque no

están reducidos a la vida civilizada”145.

Por otra parte, también la cedulación de los cuerpos armados representó una zona de duda

para los jurados electorales. A las Fuerzas Militares se les había prohibido el voto en 1930

(Ley 72), entre otras cosas –como la coacción que ejercían los altos mandos–, porque eran

agentes de fraude electoral, como lo ponía de presente Carlos Lleras Restrepo en sus

Borradores para una historia de la República Liberal: “Nada más irritante y más irregular

en un país como era el nuestro que el voto de las Fuerzas Armadas. Los jefes y oficiales,

quienes recibían a su vez órdenes superiores, hacían salir a los soldados y a la policía en

rigurosa formación y al pie de la urna se entregaba a cada unidad la papeleta por la cual

debía sufragar. No había posibilidad de negarse a hacerlo ni de cambiar la papeleta. De

regreso a los cuarteles la tropa se vestía con traje de civil y, vigilada por los oficiales, salía

a votar de nuevo, escogiendo cada cual en los registros colocados al lado de cada mesa el

nombre de una persona cualquiera que no hubiera alcanzado a sufragar todavía. Si alguien

levantaba objeciones, listos estaban dos testigos para declarar bajo juramento que quien

pretendía votar llevaba realmente el nombre ajeno que había escogido”146.

La ley 72 había establecido: “La Fuerza Armada no es deliberante. En consecuencia, los

miembros del Ejército, de la Policía Nacional y de los cuerpos armados de carácter

permanente, departamentales o municipales no pueden ejercer la función del sufragio

mientras permanezcan en servicio activo”147. En el año 1934, sin embargo, el Ministerio de

Gobierno estableció que los militares no debían ser excluidos de la cedulación, entre otras

cosas porque la cédula era un documento que servía para demostrar la identidad en diversos

actos civiles, y no exclusivamente para ejercer el derecho al sufragio. Para los Jurados

Electorales esto significó un asunto nada fácil de resolver, como lo establecía el presidente

                                                                                                                         145 AGN, Col., op.cit., tomo 66, folio 92.  146 Carlos Lleras Restrepo, Borradores para una historia de la República Liberal, Bogotá, Antares, 1975, p. 205 147 Citado en: Patricia Pinzón de Lewin, El ejército y las elecciones, Bogotá, Cerec, 1994, p. 101. Este “ensayo histórico”, como lo denomina su autora, contiene además una excelente descripción del papel jugado por el ejército –a pesar de no poder votar– durante la República Liberal (pp. 102-138).

   

  84  

del Jurado Electoral de Roldanillo, Valle: “El objetivo de esta consulta es el de obtener que

ese Ministerio se sirva resolver, de una manera general y definitiva para todo el país, en qué

forma o con qué distinción especial se inscriben en el libro del censo electoral permanente

los nombres de los individuos que siendo miembros de algún cuerpo armado de carácter

permanente reciban su cédula electoral, ya que tales individuos de acuerdo con la ley 72 de

1930 no pueden ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo;

pero sí se hace necesario expedirles cédula, y consecuencialmente, inscribirlos en el libro

del censo, por haberlo determinado así ese ministerio en resolución #88, de fecha 20 del

mes de septiembre pasado; y como de acuerdo con las disposiciones electorales hoy en

vigencia, todo el que presente su cédula electoral y esté inscrito en el libro del censo

electoral permanente, tiene derecho a depositar su voto, resultaría, lógicamente, que los

individuos de los cuerpos armados, una vez obtenida su cédula e inscritos en el libro del

censo, son electores y pueden votar, si no se adopta una forma especial de inscripción para

ellos en el libro del censo y en las listas parciales que se pasan a los jurados de votación,

para que así se sepa que tales individuos no pueden votar”148.  

Aunque desconocemos cómo fue resuelto finalmente el asunto, el mismo presidente del

Jurado Electoral de Roldanillo recomendaba al Ministerio adoptar el siguiente sistema de

anotación: “ A) Que los Jurados Electorales, al formar las listas parciales que deben ser

enviadas a los jurados de votación, anotarán con tinta roja los números de las cédulas

pertenecientes a individuos en esa fecha formen parte de cuerpos armados de carácter

permanente (Ejército, Policía Nacional, Policía Departamental, Policía Municipal, y

Resguardos de Rentas), para que así los jurados de votación sepan que tales individuos

están inhabilitados para depositar sus votos. B) Que los Jurados Electorales deben llevar,

como auxiliar, un libro de registro o inscripción, en el que anotarán, por orden riguroso, los

nombres y apellidos completos y los números de las cédulas de los individuos que al recibir

su cédula electoral formen parte de esos cuerpos armados de carácter permanente, para que

este libro auxiliar de registro sirva a los Jurados Electorales como guía y pauta al formar las

listas parciales de los Jurados de Votación”149.

                                                                                                                         148 AGN, Col., op.cit., tomo 72, folios 389-390-391.  149  Ibídem.    

   

  85  

Electores y votos

La cédula se estrenaría el 5 de mayo de 1935, fecha en la que serían elegidos los diputados

a los concejos municipales. El arduo trabajo emprendido por los gobiernos de Olaya

Herrera y Alfonso López, y particularmente por sus ministros de gobierno, Gabriel Turbay,

Absalón Fernández de Soto y Darío Echandía, sería finalmente verificado y puesto a

prueba. De la capacidad del documento para controlar la doble cedulación o el voto de los

menores de edad, dependía el éxito o el fracaso de una medida con la que el gobierno había

comprometido su legitimidad. Como medio de conteo y control del electorado, el

documento permitiría verificar el número de electores con los que cada fuerza política

contaba, aclarando finalmente el asunto de las mayorías. Si la cédula efectivamente lograba

controlar el fraude, la realidad política del país emergería, ¡por primera vez!, en toda su

expresión.

El Partido Liberal necesitaba demostrar que su permanencia en el gobierno –sobre todo

después de las muy cuestionadas elecciones de 1934– obedecía al deseo y al interés del

pueblo colombiano (mayoritariamente liberal), razón por la cual las labores de cedulación

debían intensificarse: “Es necesario recodar a los copartidarios la necesidad urgente e

inmediata de iniciar una campaña enérgica y activa para que, en las elecciones de 1935, no

exista un solo liberal que no esté provisto de ese documento de ciudadanía. Hay que

recordar el significado trascendental que para la República, y para las fuerzas de izquierda

tienen las próximas elecciones. En ellas se decidirá la suerte definitiva del movimiento de

reforma política y de justicia social que el partido inició en 1930, y que comienza a tener

ahora su realización integral. La campaña por la cédula electoral es, hoy por hoy, la

obligación esencial de las fuerzas liberales que debe dedicar a ella el máximo de sus

recursos y de su entusiasmo democrático”150.

Al finalizar el año 1934, el Gobierno decretó que la cédula electoral, además de servir

como medio para ejercer el derecho al sufragio, sería un documento indispensable y

obligatorio “en todos aquellos actos civiles y políticos en que la identificación personal sea

                                                                                                                         150  El Tiempo, “La estadística democrática”, 8-IX-1934, p. 5.  

   

  86  

necesaria”. Es decir, agregaba la norma, que la cédula sería requerida para: “tomar posesión

de cualquier empleo remunerado; para el otorgamiento, aceptación y cancelación de

instrumentos públicos y registro de instrumentos privados; para celebrar contratos con

cualquier entidad pública, nacional, departamental o municipal; para la presentación de la

demanda en toda clase de juicios, diligencias o actuaciones ante cualquier autoridad de la

república, o de cualquier memorial de petición que deba ser presentado personalmente,

según las leyes; para la ostentación de pasaportes de cualquier género; para obtener

matrículas en las universidades y colegios oficiales; para recibir cualquier suma, por

cualquier título, del tesoro público nacional, departamental o municipal; para comprobar la

identidad en el recibo de correspondencia postal y telegráfica y valores postales y

bancarios”151.

La obtención de la cédula, por lo tanto, se hacía mucho más urgente, pues de no tener este

documento la persona quedaría prácticamente inhabilitada para relacionarse con el Estado,

como efectivamente ocurrió una vez empezó a regir la norma el primero de febrero de

1935: “La vigencia del decreto ejecutivo que establece el requisito de la presentación de la

cédula electoral para toda clase de actos públicos y civiles, puesta en vigor desde el día

primero de los corrientes, ha producido entre la ciudadanía, especialmente entre los

circuitos de hombres de negocios, empleados públicos, habilitados de las oficinas, etc., un

afanoso movimiento en busca de la cédula y no pocas dificultades en el normal desarrollo

de sus actividades. El no tener el documento ha traído como consecuencia la semi-

paralización de infinidad de negocios y ha obligado a todas las personas que no acudieron

en tiempo a proveerse de la cédula, a dedicarse ahora a solicitarla urgentemente”. 152 El

                                                                                                                         151  Artículo 5 de la ley 7ª de 1934. En relación con el “monopolio de los medios de identificación” que ejerce el Estado a través de los “documentos” como la cédula de ciudadanía o el pasaporte, se puede consultar: Jhon Torpey, The Invention of Passport. Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 4-20.    152 El Tiempo, “Por la falta de cédula sufre perjuicios el comercio local”, 5 –II-1935, p. 1. La urgencia por conseguir el documento por parte de “industriales” y “hombres de negocios” fue vista por la prensa liberal como una manifestación clara del poco compromiso cívico que exhibían estos ciudadanos: “Puede verse que las clases obreras y los peones de las urnas, para quienes la cédula no reviste mayor importancia desde el punto de vista de la vida civil y de los negocios, fueron los primeros en presentarse a pedirla y se les expidió en número cerca de veinticinco mil. En cambio, ahora la están solicitando con urgencia, todos los que la necesitan, no tanto para cumplir sus deberes de ciudadanos, como para sus negocios y sus actos civiles”. Por otro lado, el “dejar para última hora” la obtención del documento de identificación se convertiría en una tradición nacional que se verificaría con cada nuevo modelo de cédula que se expidió a lo largo del siglo XX.

   

  87  

Tiempo, por ejemplo, reportó que en Bogotá: “Una persona quiso hacer su testamento

porque se hallaba próxima a la muerte, y a pesar de las diligencias hechas por los miembros

de su familia, no fue posible allanar la dificultad, y murió sin hacer su testamento”153.

Ante el trastorno que generó la medida, el gobierno contempló la posibilidad de

suspenderla –aplazando la obligatoriedad civil de la cédula hasta abril, un mes antes de las

elecciones–, una decisión que finalmente no fue tomada, pues “la vigencia de la cédula

desde el mes de febrero aumentaría considerablemente el número de las expedidas en el

país, dándose el caso de que en el mes de mayo, en que se verifican las elecciones de

diputados y de representantes, la casi totalidad de los ciudadanos se habría provisto de la

cédula” 154. El gobierno estaba realmente decidido a ampliar el cuerpo electoral, y el tiempo

no era precisamente su aliado.

Con anterioridad a las elecciones, la cifra de ciudadanos cedulados se convirtió en un

asunto de premonición. Cada partido quería saber con cuántos electores contaba, para de

esa manera anticipar la victoria o la derrota futura: “La estadística celular es una especie de

barómetro electoral que carece de precedentes en la vida de la república. Se trata de ver,

desde ahora, cómo marchan las elecciones”155. En abril, según los datos presentados por el

Gobierno, los cedulados ascendían aproximadamente a un millón trescientos mil

ciudadanos (1.300.000), lo que equivalía al 70% de población apta para votar. Cada partido

podría contar en las lecciones de mayo con un 80% por ciento de sus electores provistos de

la correspondiente cédula” 156.

Sin embargo, determinar la cifra de ciudadanos mayores de 21 años –un primer dato que

había que tener en cuenta para establecer la capacidad electoral del país–, no era un asunto

sencillo. El país no contaba en ese momento con datos poblaciones actualizados, pues

errores en su ejecución habían hecho del censo de población adelantado en 1928, un

                                                                                                                         153  El Tiempo, “Cincuenta mil cédulas serán expedidas en esta capital”, 10-II-1935, p. 10    154El Tiempo, “Los jurados electorales han intensificado sus trabajos”, 17-I-1935, p. 15 155El Tiempo, “Un cambio de Camisa”, 8-I-1935, p. 4 156El Tiempo, “400 mil cédulas se expidieron el año pasado en el país”, 8-I-1935, p. 3; “El gobierno sancionará los atentados contra la libertad del sufragio”, 4-V-1935, p. 1. Las cifras de cedulados discriminadas por departamento las presentamos en la última sección del primer capítulo.  

   

  88  

repositorio de datos que no podía ser utilizado para las estadísticas oficiales. El Congreso

de la República no lo había aprobado. Los datos con los que se contaba eran entonces los

producidos por el censo de 1918, muy desactualizados para arrojar claridad sobre la

situación población en 1934. El grado de incertidumbre respecto a las cifras –situación que

empezó a ser reparada por iniciativa de la Contraloría General de la República, a lo que ya

hemos hecho referencia– se vivía con dramatismo: “La república que el liberalismo por

voluntad mayoritaria de sus nacionales, tiene hoy entre sus manos y bajo su guía, sigue

siendo para nosotros mismos, colombianos, una incógnita por resolver. Respecto del

elemento humano, que es la base creadora de la riqueza nacional, y que por tal razón

debiera ser considerado con predilección e interés patriótico, vivimos en la más absoluta

ignorancia. No sabemos cuántos habitantes tiene el país ni cuál pueda ser la proporción de

sexos y edades. No nos sirve conocer el número anual de nacimientos y defunciones,

mientras no los podamos relacionar con el número total de habitantes para saber si la

natalidad o mortalidad es alta o baja, o si aumenta o disminuye. No podemos comparar la

mortalidad de un departamento con la de otro mientras carezcamos de datos referentes a la

distribución de los habitantes por sexos y edades. No es posible formar una estadística

correcta de consumo mientras ignoremos el número de consumidores. Resulta deficiente

cualquier plan para organizar la enseñanza general del pueblo, porque no tenemos ni

siquiera una idea vaga del número de educandos. Es imposible trazar un programa de

tributación debido a que no sabemos a qué actividades se dedican los colombianos”157.

La carencia de datos fue ocasión para que el médico Juan Evangelista Martínez158 realizara

un ejercicio de aproximación estadística en las páginas de El Tiempo, en el que presentaba,

“de manera absoluta”, el número de ciudadanos aptos para votar en las elecciones de mayo.

Partiendo de los datos del censo de 1918, “más el cinco por ciento autorizado por la ley 80

de 1922, considerando dicho aumento desde el primero de enero de 1922 hasta el 31 de

diciembre de 1934, o sea trece años, equivalentes al sesenta y cinco por ciento, en conjunto,

                                                                                                                         157  El Tiempo, “El censo civil”, 26-II-1935, p. 4.  158  Los profesionales médicos tenían en este período una fuerte preocupación por las cifras poblacionales, referidas sobre todo a los asuntos higiénicos y sanitarios. Incluso, el censo que se realizaría en 1938, se le encargó al Departamento de Higiene, dependencia del Gobierno Nacional.    

   

  89  

incluyendo los no especificados, o sea 65.656 electores”, el médico Martínez llegaba a la

siguiente cifra, discriminada por departamentos159:

Electores en 1935

No de electores

D

epar

tam

ento

s

Antioquia 297.008 Atlántico 83.532 Bolívar 184.036 Boyacá 268.263 Caldas 157.974 Cauca 87.619

Cundinamarca 317.608 Huila 61.949

Magdalena 97.770 Nariño 134.471

Santander 178.823 Santander del Norte 96.515

Tolima 123.980 Valle del Cauca 121.254

Inte

nde

ncia

s Chocó 31.929 Meta 6.039

San Andrés y Providencia 2.409

C

omis

aría

s

Arauca 3.210 Caquetá 2.755

La Goajira 10.944 Putumayo 3.065

Vaupés 575 Vichada 264

  Total 2.232.986

Según estos datos, la cifra de ciudadanos cedulados, un millón trescientos mil (1’300.000),

equivalía aproximadamente al 59% del total de la población hábil para votar. Un dato

menor en un 11% al presentado por el Gobierno. Sin embargo, hay que tomar con reserva

estos datos, pues ya hemos visto la dificultad que existía en el país para tratar

estadísticamente a la población. El hecho es que la cedulación avanzaba y los partidos

políticos hacían sus apuestas y cavilaciones numéricas.

                                                                                                                         159  El Tiempo, “Estadística electoral de Colombia”, 23-I-1935, p. 13  

   

  90  

La hora cero y la abstención

El mes de mayo se aproximaba, y los ánimos políticos se agitaban. El panorama, según lo

presentaba el editorialista de El Espectador, era el siguiente: “1935 va a ser un año

electoral. Van a renovarse todas las corporaciones de representación popular: concejos,

asambleas, cámara y senado bajo un plan distinto –mediante la cédula electoral–, dentro de

circunstancias distintas –bajo el gobierno de la República Liberal–, pero obedeciendo a las

mismas viejas pasiones de pugnacidad y de rencor, soliviantadas por campañas políticas

que se han realizado aún con olvido de los intereses vitales de la patria” 160.

El Partido Liberal, por un lado, se había fijado la meta de obtener las mayorías en las

corporaciones legislativas, un hecho que garantizaría la realización de las políticas que el

presidente López se había trazado. La República Liberal que iniciaba en el año 1934 iba a

ser el primer gobierno “eminentemente liberal” (a diferencia del gobierno de Olaya

Herrera, de “concentración nacional”) y el respaldo en los Concejos Municipales, en la

Cámara de Representantes y en el Senado de la República sería fundamental. El

“liberalismo debe triunfar”, era la consigna que recorría los pasillos gubernamentales y las

páginas de los periódicos afines: “El liberalismo tiene la obligación imperiosa de ir a las

elecciones con resuelto espíritu de victoria y de triunfar en ellas, de manera resonante. Está

en el deber de traer a las dos cámaras fuertes y compactas mayorías que hagan de la

República Liberal una realidad viva y fuerte, que le permitan hacer efectiva su política en

lo internacional y en lo interno, que establezcan la responsabilidad entera y den a las

mayorías las facultades y derechos que le corresponden, sin desconocer a las minorías los

derechos que tengan”161.

El Partido Conservador, por otro lado, destinó los meses de marzo y abril a recapitular los

inconvenientes que su militancia afrontaba para obtener el documento. José Elías Hierro,

delegado del Departamento de Nariño en la Convención Nacional de los Directorios

Conservadores, expresaba que “la cedulación no existe en Nariño desde hace un mes. En la

                                                                                                                         160  El Espectador, “Defensa de la administración pública”, 2-I-1935, p. 4  161  El Tiempo, “Se cierra el congreso y se abre la campaña electoral”, 7-II-1935, p. 4  

   

  91  

mayoría de los municipios conservadores no se entrega este documento sino secretamente

para algunos liberales. En los demás faltan materiales que mantienen ocultos en la

gobernación y que ahora, cuando ya no hay tiempo de cedular, se avisa su encuentro como

una cosa misteriosa”162. Finalizando el mes de abril, algunos días antes de que se

suspendieran las actividades de cedulación –para que los Jurados Electorales pudieran

levantar las listas de sufragantes inscritos en el censo electoral–, un delegado conservador

del Departamento del Huila, expresaba: “En Tibuná falta por cedular más de 1.300

conservadores, de los cuales más de 500 tienen sus retratos disponibles pero en la alcaldía

sólo se expiden dos cédulas diarias, de manera que se necesitarán allí cuatro años para

finalizar la cedulación”163. En Antioquia, según relataba Fernando Gómez Martínez,

fundador y director del periódico El Colombiano, la parcialidad liberal había sido fraguada

con tácito consentimiento de las autoridades: “En Segovia –donde hay 988 hombres

mayores de edad, se expidieron 1.532. En Cambio, en Jericó, donde hay 4.561 ciudadanos,

se cedularon más o menos la mitad de ellos. El primer municipio es liberal, y el segundo

conservador. A tal grado llegó la parcialidad del régimen, que cerca de ocho mil

conservadores se fingieron liberales para poder obtener en esa forma el instrumento de la

ciudadanía” 164.  

Argumentando total falta de garantías en la cedulación, la Convención Conservadora,

reunida en Bogotá a principios de abril, decretó la abstención integral en las elecciones de

mayo. Ningún conservador debía presentar su nombre para ser elegido a cargo alguno y

ningún conservador debía depositar su voto en las urnas. La situación era percibida con tal

dramatismo que desde el periódico El País se declaró: “Como voceros de la colectividad

política más numerosa y mejor organizada del país, declaramos que está roto el régimen

representativo, desconocido y violentado el sistema de gobierno en que las mayorías eligen

sus mandatarios y trazan los rumbos de la administración pública. Los comicios populares

han sido substituidos por la voluntad detentadora de funcionarios convertidos en pandilla

para asaltar los puestos de la representación: y esta inmoral e intolerable situación, nos

impone el deber de declarar que las corporaciones surgidas de la farsa electoral no

                                                                                                                         162 El País, “La cedulación en Nariño es una indigna comedia”, 7-IV-1935, p. 1  163El País, “Siguen los obstáculos a la cedulación en Huila”, 17-IV-1935, p. 7 164El País, “Cedulación en Antioquia”, 3-V-1935, p. 5

   

  92  

proceden de la Constitución y las leyes de Colombia ni tienen su origen en la conciencia

pública”165.

La costumbre de pegar afiches en las fachadas y en las puertas de los edificios públicos,

divulgando las decisiones que los partidos políticos tomaban, se hizo de nuevo presente en

esta ocasión. Según una crónica de Antolín Díaz publicada en El Tiempo –uno de los

grandes cronistas que por entonces figuraban en la prensa nacional, junto a José Joaquín

Ximénez– la ciudad de Bogotá fue empapelada, a partir del primero de mayo, con el

siguiente cartel:166

La abstención conservadora fue vista, sin embargo, con cierta reserva por parte de los

liberales. En primer lugar, fue juzgada como una forma ingeniosa de salirle al paso a la

poca cedulación obtenida en los meses previos: “No encontrándose ellos satisfechos con

los resultados que han obtenido en la cedulación, tratan de presionar al gobierno o de

impresionar a la opinión pública con estos sistemas para obtener ventajas dentro de las

esferas administrativas”167. En segundo lugar, la abstención fue vista como una especie de

táctica de distracción utilizada por los conservadores para “relajar” a los liberales: “No

faltan indicios bien claros de que la declaración de los convencionistas se hiciera con el fin

ingenuo de inspirar confianza al electorado liberal, para, en los últimos días, iniciar un

vigoroso movimiento de ofensiva sobre las urnas. Táctica sencilla y de fácil interpretación,

                                                                                                                         165El País, “La farsa de hoy”, 5-V-1935, p. 3. Fernando Londoño y Londoño, uno de los asistentes a la Convención Conservadora en representación del Departamento de Caldas, manifestaba a un periodista, palabras más, palabras menos, que la cedulación era el mecanismo fraudulento a través del cual el Partido Liberal había construido unas mayorías ficticias, burlando la realidad del electorado nacional (que, según él, era conservador): “Si llega a comprobarse la minoría numérica del conservatismo en el país, el partido no solo debe ir a las urnas, sino entrar a colaborar en el gobierno. Pero si esa minoría numérica no existe, y lo que ocurre es que las autoridades liberales, impiden por todos los medios, la cedulación de nuestros copartidarios, entonces es preferible la abstención integral. Y esto es lo que está ocurriendo en los actuales momentos”. En: El Tiempo, “Los dos puntos de vista para que se decrete la abstención integral”, 7-IV-1935, pp. 1 y 3. 166El Tiempo, “El gobierno sancionará los atentados contra la libertad del sufragio”, 4-V-1935, p. 1  167El Tiempo, “Otra táctica basada en la amenaza de la abstención inicia el conservatismo”, 4-IV-1935, p. 1

Conservadores:  Ningún  conservador  debe  sufragar  en  las  elecciones  del  domingo  próximo,  en  obedecimiento  a  la  abstención  decretada  por  los  jefes  del  partido  y  por  el  directorio  nacional.  El  que  vote  por  candidatos  de  cualquiera  de  las  listas  

inscritas  sufrirá  graves  perjuicios.  

   

  93  

que no logrará desconcertar la opinión liberal bien informada ya sobre las maniobras

conservadoras. No sería extraño que la amenaza de la abstención no obedeciera a un

propósito real, sino que se presentara como una jugada política, como un procedimiento de

táctica eleccionaria”168.

Primer balance

Las elecciones se celebraron con relativa calma –con excepción de un conato de violencia

en Armenia, y en algunas otras localidades pequeñas– y el balance, por supuesto, fue

contradictorio. En términos generales, el Partido Liberal hizo un balance elogioso de la

cédula, un instrumento que había cumplido su misión: demostrar las mayorías liberales,

acabar con la coacción electoral, conquistar la “pureza del sufragio”. El editorial de El

Tiempo señalaba el 6 de mayo: “La cédula electoral ha empezado, de manera magnífica, a

producir los buenos resultados que de ella se esperaban. En los grandes centros ha

aumentado el voto popular, estimulándolo con la seguridad de ser respetado, quitándole la

compañía odiosa del voto falso. En cambio en muchísimos lugares ha disminuido el

número de votos, sin que haya disminuido el de sufragantes. Se acabó la canastada. Se

acabaron los registros fraguados en la sombra de un poder electoral encarnizado en el

delito político. La cédula es la más preciosa conquista de la República”169.

Calibán, uno de los defensores más acérrimos de la cédula electoral en los años de su

implantación, dijo en su “Danza de las horas”: “Bien puede decirse que ayer por vez

primera, el pueblo colombiano ejerció a cabalidad la función democrática del voto. El

elector, provisto de la cédula, seguro de que no tropezaría cuando se llegase al jurado con

                                                                                                                         168El Tiempo, “El enigma de la abstención”, 16-IV-1935, p. 5. En relación con la abstención como táctica política utilizada indistintamente por los partidos políticos para restar legitimidad al gobierno de turno a lo largo del siglo XX, puede consultarse: Paul Oquist y Dora Röthlisberger, “Algunos aspectos de la abstención electoral”, en: Oquist (Ed.) Comportamiento Electoral del Municipio Colombiano, 1930-1970. Elecciones Presidenciales, Bogotá, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes, 1974, pp. 80-99. En relación con el caso particular de la abstención en el año 1935, Cf. Álvaro Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, Bogotá, Planeta, pp. 255-267. 169  El Tiempo, “Al margen de la victoria”, 6-V-1935, p. 4. El número de votos obtenido por los liberales fue 408.478, una cifra menor a la obtenida en las mismas elecciones para diputados en 1933, cuando este partido obtuvo 613.474 votos. Datos tomados de: Hernán Montoya, op.cit., “cuadros estadísticos”. Montoya consideraba que, contrario a lo que uno y otros anunciaban, no era posible saber cuál de los partidos era preponderante, debido al alto nivel de abstención, tanto liberal como conservadora.  

   

  94  

el consabido: “Ya votaron por usted”, ni asistiría impaciente al juramento falso convertido

en institución; el elector así dignificado se apresuró a ejercer la plenitud de su derecho. Y

lo hizo con placer, con alegría, con limpieza. No se vieron ayer las tropas de ignaros

campesinos y jornaleros conducidos, repitiendo los votos de jurado en jurado, por los

capataces. La gran mayoría del electorado la formaban los trabajadores, y la clase media.

Estas admirables capas sociales, fieles con el instinto seguro de la salvación, al liberalismo.

Con las elecciones de ayer ha obtenido la democracia colombiana una conquista de

incalculables resultados benéficos: la cédula electoral. Bien puede asegurarse que en poco

tiempo la pureza del sufragio será aquí un hecho cumplido” 170. Esta declaración deja la

percepción de que la cédula excluyó a los campesinos y a los indígenas, dando la razón a la

crítica conservadora que desde los años veinte sostenía que este instrumento constituiría

una “casta aristocrática de electores”.

En relación con los conservadores, el balance lo sintetizó el periódico El País en su titular

del 6 de mayo: “Página de bochorno escribió el liberalismo del país ayer”. Según Laureano

Gómez, era imposible haber efectuado unas elecciones limpias dada la incapacidad de la

Oficina Nacional de Identificación para garantizar la autenticidad de las cédulas expedidas.

Una comisión de delegados conservadores había obtenido autorización del gobierno para

visitar esta Oficina y allí había comprobado esta situación. La Comisión rindió un acta a

las directivas conservadores, donde señalaba, entre otras cosas:171

Primero. La Oficina ha tenido que limitarse a recibir lo que llegue, a clasificar, a observar y catalogar por el sistema alfabético-fonético las cédulas de algunos municipios de sólo cuatro departamentos. La identificación dactiloscópica –que es lo esencial– no se ha iniciado todavía y pasará mucho tiempo sin que se inicie. Segundo. Observamos, de paso, que la clasificación alfabética, no se hace municipio por municipio, sino que se ha proyectado sobre todo el volumen de ciudadanos, de manera que en la clase (A) figuran las cédulas de los individuos de todo el país, cuyo apellido principie por esa letra, cuando parecía lo natural, para la fácil consulta de los distintos casos que ante la oficina se presenten, que esa clasificación alfabética se realizara por municipios, y éstos por departamentos. Quien quiera consultar la cédula de un ciudadano cuyo apellido sea

                                                                                                                         170 El Tiempo, “La danza de las horas”, 6-V-1935, p. 4. 171 El País, “Señor Presidente:”, 8-V-1935, p. 3

   

  95  

Gómez, por ejemplo, tendrá que revisar todas las cédulas de los individuos que lleven ese apellido en la extensión total de la república”. Tercero. Queda establecido que de gran número de municipios no ha llegado la primera cédula a la oficina central de identificación. De Antioquia, por ejemplo, no existe un solo dato de 23 municipios. Se ignora, por consiguiente, cómo se ha realizado la cedulación en ellos, y es forzoso presumir que con arreglo al fraude, calculado allá, como en todos los departamentos, sistemáticamente. Es el colmo de la audacia aseverar que las elecciones del presente mes son las más puras a que haya concurrido la ciudadanía, ha tiempo que está por conocerse el material comprobatorio de la manera como se ha realizado la cedulación”. Cuarto. Por la simple observación superficial –que no técnica– de las cédulas para su clasificación, han aparecido los comprobantes de muchos menores de edad cedulados y de cedulaciones múltiples. Al cabo de tres años, cuando la Oficina haya podido realizar científicamente la cedulación, por lógica presunción puede afirmarse, que serán innumerables los individuos que aparecerán provistos de dos y más cédulas y que obraron en estas elecciones, halladas tan puras por el presidente de la república y por los periodistas liberales. Menores de edad y ciudadanos con doble cédula intervinieron en las elecciones del domingo y van a influir en las de representantes. Queda esto demostrado con prueba irrecusable.

El informe de la comisión que visitó la Oficina Nacional de Identificación se cerraba de la

siguiente manera: “Pero la culpa no la tiene la cédula, sino los malhechores de la cédula. Y

el Partido Conservador que la decretó para Colombia, que la ha defendido no sólo por

suya, sino porque es buena; el Partido Conservador que la ve profanada porque se ha

convertido en una especie de propaganda comercial para el régimen, está resuelto a seguir

luchando por ella y al pie de ella, hasta el día en que, limpia de escoria, resplandezca como

fuego de esperanza ante los ojos anhelantes de nuestra democracia martirizada”172.

Terminaba así la aventura de la cédula electoral en su primera etapa. Un largo camino le

quedaría por recorrer a lo largo del siglo XX.

***

                                                                                                                         172 Ibídem.

   

  96  

Conclusiones

Nos ha interesado estudiar la génesis de cédula electoral –hoy conocida como cédula de

ciudadanía o cédula de identidad– en los años 1934 y 1935, en tanto este documento, en

este corto periodo, constituye una especie de prisma a través del cual observar algunas

tendencias que atravesaron la sociedad colombiana en la primera mitad del siglo XX,

tendencias en las que de alguna u otra manera seguimos inscritos. Por una parte, como

indicábamos en el primer capítulo, la cédula constituye una pequeña arista de lo que

denominamos la instauración de una forma moderna de administración estatal, una

tendencia que empieza a perfilarse en el año 1934, en el renovador Ministerio de Gobierno

dirigido por Gabriel Turbay –durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera–, y que se

desplegará a lo largo de las décadas de 1930 y 1940. Con la expresión “forma moderna de

administración estatal” quisimos burlar de alguna manera la utilización de la fórmula

repetida de “intervencionismo estatal” (a la que ya parece haberse asignado un contenido

demasiado estricto, como la regulación estatal de la economía), y llamar la atención sobre

un conjunto de mecanismos y dispositivos más sutiles –y, por lo mismo, más

naturalizados– a través de los cuales el Estado, en este período, se ocupó del cuerpo social y

del cuerpo político de la nación, como el registro civil.

Con la reglamentación de este instrumento –que obligaba a las personas a reportar ante los

notarios públicos, y ya no ante los curas párrocos, los actos de su vida civil, desde el

nacimiento hasta la muerte– el Estado empezaba a administrar un conjunto de datos de vital

importancia para su consolidación, y esto a pesar de que muchas personas siguieran

prefiriendo la partida de bautismo al registro civil de nacimiento. Pero además de llamar la

atención sobre este particular tipo de instrumentos, la “forma moderna” a la que hacemos

alusión también indica que el Estado empezó a incorporar un conjunto de saberes modernos

de racionalidad numérica –como la estadística demográfica–, los cuales permitieron hacer

de la sociedad una entidad medible. Al respecto fue de vital importancia la Contralaría

General de la República, una entidad que por estos años comenzó a regular

estadísticamente el país, por ejemplo a través del levantamiento de los censos de población,

o a través de las denominadas geografías económicas, un conjunto de estudios que

   

  97  

buscaban describir en términos sociales, geográficos y económicos las diversas regiones del

país.

La cédula electoral, en este marco, permitiría al Estado –y a los partidos políticos– un

conocimiento mayor, ya no solo del cuerpo social, sino del cuerpo político, constituido por

el conjunto de los electores, ahora identificados. Pero la puesta en marcha de este

instrumento, como vimos, no resultó una tarea sencilla. Hubo necesidad de poner en

funcionamiento una amplísima red de instituciones y funcionarios, a lo largo de todo el

país, y en muy poco tiempo. Esta red involucró a la Imprenta Nacional, encargada de

producir el documento (y otros materiales anexos, como la “cartilla sobre diligenciamiento

de la cédula”, repartida entre alcaldes y jurados de votación); la Policía Nacional,

institución donde funcionó originalmente el Departamento Nacional de Identificación

Electoral, encargado de todo lo relacionado con el control científicos y técnico de la

cedulación; las Gobernaciones, Intendencias y Comisarías, encargadas de gestionar ante el

Ministerio de Gobierno las cédulas correspondientes para sus regiones y de distribuirlas por

todos los circuitos electorales municipales; las Alcaldías y los Jurados de Votación,

encargados de la expedición del documento, las primeras dedicadas al diligenciamiento

“biográfico”, los segundos al diligenciamiento “político”.

Dentro de los funcionarios, vale la pena resaltar a los fotógrafos oficiales, los cuales

viajaban por todo el país retratando a los ciudadanos y quienes estuvieron en el centro de la

polémica política, muchas veces porque se podrían convertir en potenciales perpetradores

de fraude, impidiendo el retrato de uno u otro ciudadano. Toda la red estaba coordinada –

telegráficamente– desde el Ministerio de Gobierno, cartera ocupada en el periodo que

tratamos por distinguidísimas figuras del liberalismo: Gabriel Turbay, Absalón Fernández

de Soto y Darío Echandía. Estos ministros, y sus secretarios, respondían, de manera

personal, las cartas y los telegramas que los partidos políticos, los miembros de los jurados

de votación o los ciudadanos enviaban al Ministerio día tras día.

Por otro lado, la cédula electoral nos permite percibir una segunda tendencia: la

organización partidista, la cual revela el esfuerzo que debieron emprender los partidos

   

  98  

políticos para dotar a sus electores del documento de identificación, así como para

convertirse en estructuras electorales disciplinadas. No es casualidad, por lo tanto, que una

vez finalizadas las elecciones para diputados en 1935, el Partido Conservador haya

decidido censar a sus electores: “Para que los esfuerzos no se dispersen, es necesario

coordinarlos por medio de una sabia organización cuyo mejor instrumento ha de ser el

censo del partido. Así como al general no le basta saber que sus fuerzas son más numerosas

que las del enemigo, sino que necesita conocer con firmeza su número, localización y

diferentes armas con las que cuenta, de igual manera los jefes del partido deben conocer el

número de sus electores, su ubicación y las fuerzas intelectuales, morales y económicas que

lo integran, con el fin de coordinarlas en beneficio recíproco de los afiliados y para el

mayor aprovechamiento de su influjo en los destinos de la nación”173.

                                                                                                                         173 El País, “El Directorio ordena el censo conservador”, 6-V-1935, p. 5

   

  99  

Anexo La cédula y la reforma electoral, en caricatura

A lo largo de los años 1934 y 1935, cuando se produce la implantación de la cédula

electoral, los caricaturistas Alberto Arango y Adolfo Samper, que por entonces colaboraban

con el periódico El Tiempo, se ocuparon decididamente del asunto. Presentamos una

pequeña muestra de estas caricaturas, un registro visual que nos permite ver –de otra

manera– el proceso de cedulación que emprendió el Estado y las polémicas que atravesó.

El Tiempo, 30 de noviembre de 1934, p. 1.

Se escenifica el procedimiento del registro fotográfico, y el inconveniente para “identificar” a un grupo de hombres de apariencia campesina, los cuales son presentados de manera homogénea, como una

especie de clones.

   

  100  

El Tiempo, 14 de junio de 1934, p. 1. Se pone de presente el intento del liberalismo por combatir el fraude electoral –aquí representado por la modalidad de las

“canastadas”, es decir, la inflación mágica de los votos, más allá del censo electoral– por intermedio de la cédula electoral.

El Tiempo, 16 de junio de 1934, p. 1. Establece una burla al Partido Conservador por pretender apropiarse de la “pureza del sufragio”, una

política que el Partido Liberal reivindicaba para sí.  

   

  101  

El Tiempo, 5 de abril de 1935, p. 1 Se pone en escena el debate que afrontó el Partido Conservador entre participar de las elecciones para

diputados, en 1935, o abstenerse, como finalmente ocurrió.

El Tiempo, 5 de mayo de 1935, p. 1 Se muestra con dramatismo el papel que cumplieron los curas párrocos en el debate electoral  

   

  102  

REFERENCIAS

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