CASO SALANUEVA (CARMEN SALANUEVA)

Breve descripción del caso: los hechos son que Carmen Salanueva (ex directora general del BOE) Julio Fernández (ex jefe del departamento de producción del BOE) y otras nueve personas, en su mayoría empresarios, se relacionan con la compra de papel prensa a tres empresas (Toixima, Papelera Udalar y Papel-6) desde marzo de 1989 a mayo de 1991. Esta compra de papel se llevaba a cabo para la elaboración del BOE por precios mucho más elevados que los del mercado. Además de las comisiones percibidas por algunos directivos de las empresas adjudicatarias, la investigación descubrió que Salanueva recibió más de 60 millones como pago de las adjudicaciones aprobadas por ella. Fecha inicio: 29 de noviembre de 1993. Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: - Denunciantes:- Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE. Lugar de desarrollo: España. Partidos implicados:- Empresarios implicados: Antonio Soroa, ex consejero delegado de Papelera Udalar; Otto Mikel Nouttamo, ex director gerente de Enso Ibérica; Guillermo Rafael Cervera, que creó la sociedad Toixima; Lorenzo Cavanillas, ex administrador único de Papel 6 S.A.; Luis Sánchez Acebedo, que fue copropietario junto a Santiago Sánchez de la papelera Tecnitel; Gloria Nistal y José Olmo. Banqueros implicados:- Políticos implicados:- Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: Santiago Sánchez, ex ingeniero de mantenimiento en el BOE; Carmen Salanueva, ex directora general del BOE y el ex jefe de departamento de producción del BOE. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): papel del BOE. Delitos: cohecho, prevaricación, estafa y fraude cometido por funcionario público. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): Tribunal Supremo

2003 confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2001. Juez instrutor: Ana Ferrer. Imputados (número definitivo): 10. Condenados/Años (nombres y años): la Fiscalía de Madrid solicitó 14 años de cárcel y una multa de 150 millones de pesetas para la ex directora general del BOE Carmen Salanueva, pero falleció en enero del 2000 antes de que se celebrara el juicio final. Julio Fernández González, jefe del área de producción del Boletín Oficial del Estado (BOE) durante la etapa de Carmen Salanueva, salió el 23 de diciembre de 2003 en libertad provisional tras depositar una fianza de 10 millones. Absueltos (nombres): Santiago Sánchez, ex ingeniero de mantenimiento en el BOE; Antonio Soroa, ex consejero delegado de Papelera Udalar; Otto Mikel Nouttamo, ex director gerente de Enso Ibérica; y Guillermo Rafael Cervera, que creó la sociedad Toixima. También quedaron absueltos Lorenzo Cavanillas, ex administrador único de Papel 6 S.A.; Luis Sánchez Acebedo, que fue copropietario junto a Santiago Sánchez de la papelera Tecnitel; Gloria Nistal y José Olmo. Indultados (nombres):- Dinero estafado / robado: perjuicio de más de 775 millones para el BOE y Hacienda. Además, Carmen Salanueva recibió al menos, 60.332.902 pesetas, como pago de las adjudicaciones aprobadas a favor de las empresas que habrían cobrado los elevados precios a los que se efectuaron las adjudicaciones para el suministro de papel.

MINERÍA O FERNANDEZ VILLA

Breve descripción del caso: José Ángel Fernández Villa, sindicalista y parlamentario socialista, conocido por haber sido secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias desde 1979 hasta 2013, se presentó en 2012 en una oficina bancaria para depositar 1, 4 millones de euros con la Declaración Tributaria Especial (DTE) en la mano. Se benefició así de la amnistía fiscal y liquidó la cuota correspondiente. Aunque Hacienda no puede investigar la existencia de un posible delito fiscal, precisamente por haberse acogido a la DTE y ponerse al corriente de sus obligaciones tributarias, sí puede inspeccionar el origen de este dinero para detectar posibles usos improcedentes. Lo que significa que Hacienda está empleando la información de la amnistía para perseguir otros delitos. Fecha inicio: la fase de instrucción comenzó en 2013, pero se hizo público en octubre de 2014. Gobierno nación: desde 1979 se han alternado el poder nacional PP y PSOE.

Desencadenante de la denuncia: José Ángel Fernández Villa, ingresó en metálico en un banco el dinero con el que se acogió a la amnistía fiscal en 2012: 1,4 millones. La entidad alertó al Banco de España que procedió a avisar al Sepblac (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de Banco de España) y permitió la actuación de la Fiscalía. Denunciantes: el Sepblac avisa a la Fiscalía Anticorrupción. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: desde 1979 se han alternado en Asturias, PP, PSOE y Foro Asturias. Lugar de desarrollo: Asturias. Partidos implicados: - Empresarios implicados:- Banqueros implicados:- Políticos implicados: José Ángel Fernández Villa, sindicalista y parlamentario socialista, conocido por haber sido secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias desde 1979 hasta 2013. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:- Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Sindicato Minería. Delitos: la legalización del dinero aflorado impide acusarle por delito fiscal, pero si el origen del dinero fuera ilícito la Fiscalía Anticorrupción podría presentar una querella por cohecho o apropiación indebida. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): de acreditarse la comisión de algún delito los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción presentarán una acusación en el juzgado correspondiente en Asturias, donde reside el histórico sindicalista. El 17 de octubre de 2014, los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) aprobaron abrir una comisión de investigación sobre lo ocurrido. También quieren que comparezca en el Parlamento. Juez instrutor: fiscal Carmen Garcia Cerdá. Imputados (número definitivo): 1. Condenados/Años (nombres y años):-

Absueltos (nombres):- Indultados (nombres):- Dinero estafado / robado: se investiga si ocultó 1,4 millones de euros a la Hacienda Pública.

CASO ABOGADOS

Breve descripción del caso: un juez de Melilla solicitó al Tribunal Supremo el suplicatorio del presidente melillense, Juan José Imbroda, porque ve indicios de fraude, malversación de fondos públicos y prevaricación en la contratación de un abogado por la ciudad autónoma. A la vez, el juez instructor, en una pieza separada, ha imputado en un auto del 18 de agosto de 2014, por prevaricación o complicidad en la prevaricación a otras seis personas. A todas ellas las ha llamado a declarar el 12 de septiembre de 2014. Entre los imputados por el juez en el auto del 18 de agosto figuran la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, el interventor municipal, Francisco Javier Platero Lázaro, y cuatro letrados que se habrían beneficiado de estas contrataciones sin cumplir las previsiones legales.

Fecha inicio: agosto de 2014.

Gobierno nación: PP. Desencadenante de la denuncia: un juez de Melilla ha solicitado al Tribunal Supremo el suplicatorio del presidente melillense, Juan José Imbroda, porque ve indicios de fraude, malversación de fondos públicos y prevaricación en la contratación de un abogado por la ciudad autónoma. Denunciantes: un juez de Melilla. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico, Melilla. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PP. Lugar de desarrollo: Melilla. Partidos implicados: PP. Empresarios implicados:- Banqueros implicados:- Políticos implicados: Juan José Imbroda presidente de la ciudad de Melila y de la rama local del Partido Popular (PP) y la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: el interventor

municipal, Francisco Javier Platero Lázaro. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): fondos públicos y contratación de abogados. Delitos: posible fraude, malversación de fondos públicos y prevaricación. Situación judicial (Fase de instrución/año, juízo/año): fase de instrucción. Juez instrutor: no aparece el nombre, pero es del Tribunal Supremo. Imputados (número definitivo): 7. Condenados/Años (nombres y años):- Absueltos (nombres):- Indultados (nombres):- Dinero estafado / robado: no hay datos.

CASO PORCUNA Breve descripción del caso: la ex alcaldesa socialista de la localidad jienense de Porcuna, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros. Fecha inicio: 2010. Gobierno nación: PSOE, Zapatero. Desencadenante de la denuncia:- Denunciantes:- Ámbito (nacional, autonómico, local): local. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE. Lugar de desarrollo: Porcuna. Partidos implicados: PSOE. Empresarios implicados: -

Banqueros implicados: - Políticos implicados: la ex alcaldesa socialista de la localidad jienense de Porcuna, Ana María Moreno de la Cova y tres concejales también de dicha localidad. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:- Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico. Delitos: tres delitos contra la ordenación del territorio. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): el juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Jaén después de que las partes llegasen a un acuerdo por conformidad el 10 de enero de 2011, por el que la que fuera alcaldesa admite haber aprobado tres licencias ilegales entre los años 2004 y 2006. Juez instrutor: - Imputados (número definitivo): 4. Condenados/Años (nombres y años): Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros Absueltos (nombres): - Indultados (nombres): - Dinero estafado / robado: -

CASO PORTO Breve descripción del caso: los diputados socialistas Ruth Porta y Modesto Nolla solicitan al fiscal que investigue si el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, pudo haber cometido prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, al usar presuntamente su cargo para tramitar planes urbanísticos en los que tenía interés económico directo. Dichos delitos se pudieron haber producido en las localidades de Villanueva de la Cañada y Tres Cantos. Fecha inicio: 7 noviembre de 2006. Gobierno nación: PSOE, Zapatero. Desencadenante de la denuncia: -

Denunciantes: el Partido Socialista de Madrid, concretamente los diputados socialistas Ruth Porta y Modesto Nolla. Ámbito (nacional, autonómico, local): local. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Luis Partida (PP). Lugar de desarrollo: Villanueva de la Cañada y Tres Cantos. Partidos implicados: PP. Empresarios implicados: - Banqueros implicados: - Políticos implicados: - Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico. Delitos: pudo haber cometido prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): en vías de ser investigado. Juez instrutor: Fiscalía Anticorrupción. Imputados (número definitivo): - Condenados/Años (nombres y años): - Absueltos (nombres): - Indultados (nombres): - Dinero estafado / robado: el Partido Socialista de Madrid sostiene en su escrito que la aprobación del plan parcial de Los Pocillos, en Villanueva de la Cañada, con "informes técnicos en contra", produjo un "beneficio económico" de 4,2 millones de euros a la mujer de Porto, al redactor del plan, José María Fernández del Río, y a Ricardo Ortega, concuñado del alcalde del municipio, Luis Partida (PP). También señala que la aprobación del plan benefició a la empresa Alminar de Villas, presidida por Javier Gil de Biedma, tío de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Los socialistas piden que se investiguen las operaciones de compraventa de terrenos realizadas durante la aprobación del

PGOU de Tres Cantos. Según el PSM, familiares de Aguirre obtuvieron, con estas operaciones, plusvalías de ocho millones de euros en menos de tres años.

CASO SALAMANCA

Breve descripción del caso: el constructor salmantino Mario Curto se excedió en 2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en la capital charra en 1996. Desde el ayuntamiento, gobernado por el popular Julián Lanzarote, sólo se inició un expediente de sanción nueve años después, con los plazos legales ampliamente rebasados. Además. el expediente sancionador estuvo seis meses parado y llegó al empresario un día después del plazo. Un juzgado acaba de sentenciar que el consistorio ya no puede cobrar la multa de 1.160.000 euros, casi 200 millones de las antiguas pesetas. Se da la circunstancia de que este empresario es amigo del alcalde de Salamanca y que, incluso, le ha cedido un apartamento de lujo en Marbella para las vacaciones del regidor y su familia. Fecha inicio: se inició un expediente de sanción 9 años después, es decir, en 2005. Gobierno nación: PSOE, Zapatero. Desencadenante de la denuncia: - Denunciantes: - Ámbito (nacional, autonómico, local): local. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PP. Lugar de desarrollo: ayuntamiento de Salamanca. Partidos implicados: PP. Empresarios implicados: Mario Curto, constructor salmantino. Banqueros implicados: - Políticos implicados: Julián Lanzarote, alcalde de Salamanca. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: - Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): constructores con trato de favor. Delitos: tráfico de favores.

Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): plazos legales rebasados. Un juzgado sentenció en septiembre de 2007 que el consistorio ya no puede cobrar la multa. Juez instrutor: - Imputados (número definitivo): - Condenados/Años (nombres y años): - Absueltos (nombres): - Indultados (nombres): - Dinero estafado / robado: deuda del constructor con el ayuntamiento de 1.160.000 euros.

CASO AVE: Breve descripción del caso: dentro de la investigación del caso Filesa (sobre financiación irregular del PSOE en los años 80), el juez descubrió pagos a finales de los años 80 de más de seis millones de euros por parte de Siemens, una de las empresas adjudicatarias de las obras del AVE Madrid- Sevilla, a sociedades de personas vinculadas al PSOE. Fecha inicio: 1994. Gobierno nación: PSOE, Felipe González. Desencadenante de la denuncia: - Denunciantes: - Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE. Lugar de desarrollo: España. Partidos implicados: PSOE. Empresarios implicados: los dirigentes de la empresa Siemens, Francisco Francés y Mario Huete. Banqueros implicados: - Políticos implicados: ex ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe Julián

García Valverde. También Aida Álvarez, ex secretaria de finanzas del PSOE. Otras persoas implicadas, de otras categorías profesionales: el marido de Aida Álvarez, Miguel Molledo. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): AVE. Delitos: cohecho y falsedad en documento mercantil. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): caso cerrado con la sentencia del Tribunal Supremo en noviembre de 2008. Juez instrutor: Tribunal Supremo. Imputados (número definitivo): 13. Condenados/Años (nombres y años): Aida Álvarez, ex secretaria de finanzas del PSOE y su marido Miguel Molledo fueron absueltos en 2006 por la Audiencia de Madrid al entender que ese delito ya se había saldado con su condena en el caso Filesa. La Sala Penal del Tribunal Supremo acabó condenándolos en 2008 a seis meses y un día de prisión menor y al pago de una multa de 1.200 euros cada uno por un delito de falsedad en documento mercantil. Absoltos (nomes): por contra, el Supremo absolvió a los dirigentes de la empresa Siemens, Francisco Francés y Mario Huete, del delito continuado de falsedad en documento mercantil por el que fueron condenados a un año de cárcel y a una multa de 18.000 euros. También confirma la absolución del ex ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe Julián García Valverde. Indultados (nombres):-

Dinero estafado / robado:-

CASO ADIGSA o CASO 3%:

Breve descripción del caso: caso que trata el abono de comisiones de hasta el 20% en la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación en algunas viviendas de la empresa de la Generalitat Adigsa entre 2002 y 2004, en la época de CiU. Otra parte de la querella, que firma el fiscal Emilio Sánchez Ulled, se refiere a la sobrevaloración que se hizo de algunas viviendas que fueron compradas por Adigsa para ofertarlas a los jóvenes en régimen de alquiler. Fecha inicio: diciembre de 2005. Gobierno nación: PSOE, Zapatero. Desencadenante de la denuncia: la querella es la culminación de la investigación que abrió el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, después de que

el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, insinuara en un debate parlamentario celebrado el pasado mes de febrero que en la época de CiU se abonaban comisiones del 3% en la adjudicación de obras. Denunciantes: en diciembre de 2005, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Gonzalo de Dios, admitió a trámite la querella presentada por el fiscal contra ocho personas, cuatro de ellas directivos de la empresa de la Generalitat Adigsa en la época de CiU. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico, Cataluña. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: CiU. Lugar de desarrollo: Cataluña. Partidos implicados: CiU. Empresarios implicados: Jordi Huguet y Xavier Sala, director del área técnica y jefe del departamento de adquisiciones de Adigsa, respectivamente; además del intermediario Josep Maria Penín, ex empleado de Adigsa y pariente lejano de Puig; Jordi Honrubia, cuñado de Penín y quien creó una sociedad con el único fin de facturar a Adigsa, así como Antonio Salguero y Angel Egido, que realizaron diversas obras para Adigsa. Banqueros implicados: - Políticos implicados: Ferran Falcó, presidente de Adigsa entre 2002 y 2004, y jefe de gabinete del Departamento de Política Territorial y Medio Ambiente de la Generalitat cuando el consejero fue Felip Puig, actual portavoz de CiU en el Parlament. Otro de los querellados es Josep Antoni Fondevila, consejero delegado de Adigsa en aquella época y militante de CDC como Falcó. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: - Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico. Delitos: malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/ano):- Juez instrutor: - Imputados (número definitivo): 8. Condenados/Años (nombres y años): el 15 de julio de 2014 el fiscal pedía diez años de cárcel para quien fue consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, como autor de un delito continuado de malversación y otro de falsedad documental. Los otros dos excargos implicados son considerados "cooperadores necesarios" y por ello su petición de pena es ligeramente inferior:

nueve años y medio para Xavier Sala, que fue responsable económico del organismo, y para Jordi Huguet, director técnico. El fiscal solicita también que los excargos sean inhabilitados por prevaricación una larga temporada (diez años en el caso de Fontdevila; nueve, en los otros dos) para ejercer responsabilidades públicas. También les exige el pago de diversas multas. Penín ejercía como intermediario entre los constructores y Adigsa e instaba a esos empresarios a ejecutar obras de rehabilitación en los pisos de Adigsa, pese a que los expedientes ni siquiera se habían tramitado. El fiscal Emilio Sánchez Ulled le acusa de los mismos delitos (malversación y falsedad) pero pide para él una pena muy inferior: cinco años de cárcel. Salguero, por su parte, fue uno de los empresarios "tocados" por Penín. En 2003, éste le pidió que cargase las facturas con un 20% superior a lo que le correspondía. Salguero pagó, presuntamente, 108.000 euros a Penín y su cuñado, Jordi Honrubia, también acusado. A cambio, Penin percibió casi 30.000 euros de Adigsa por tasaciones de viviendas que jamás realizó. El fiscal pide un año y medio de cárcel para Salguero.

Absueltos (nombres): en septiembre de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) archivó la causa contra el diputado de CiU en el Parlament y concejal de Badalona (Barcelona), Ferran Falcó.

Indultados (nombres): -

Dinero estafado / robado: Salguero fue uno de los empresarios "tocados" por Penín. En 2003, éste le pidió que cargase las facturas con un 20% superior a lo que le correspondía. Salguero pagó, presuntamente, 108.000 euros a Penín y su cuñado, Jordi Honrubia, también acusado. A cambio, Penin percibió casi 30.000 euros de Adigsa por tasaciones de viviendas que jamás realizó.

CASO BANCA CATALANA

Breve descripción del caso: caso que se basa en una querella contra exdirectivos de la entidad Banca Catalana por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil, y maquinación para alterar el precio de las cosas. Entre los querellados se encontraba Jordi Pujol. Finalmente en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario al no encontrar indicios suficientes de delito.

Fecha inicio: 1984. Gobierno nación: PSOE, Felipe González. Desencadenante de la denuncia: en 1982 Banca Catalana entró en crisis cuando un falso anuncio de suspensión de pagos provocó la salida del 38% de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas. Los primeros intentos de solución fracasaron, y como uno de los directivos de los años setenta fue el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol i Soley, el caso cobró connotaciones políticas. El Banco de España nombró tres

administradores en noviembre de 1982 que detectaron un fuerte desequilibrio patrimonial y que promovieron la reducción del capital y una fuerte ampliación para revitalizar la entidad en noviembre de 1982. La ampliación fue cubierta por el Fondo de garantía de depósitos. En 1983 el grupo fue traspasado a un consorcio formado por toda la gran banca española, de manera que en 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Barcelona y el Banco Industrial de Cataluña. Denunciantes: en mayo de 1984 Carlos Jiménez Villarejo dirige una querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra los exdirectivos de la entidad, entre los que se encontraba Jordi Pujol. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: CiU. Lugar de desarrollo: Cataluña. Partidos implicados: CiU. Empresarios implicados: - Banqueros implicados: Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda y Ramón Monforte i Navalón. Políticos implicados: Jordi Pujol i Soley. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: - Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): bancario. Delitos: presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil, y maquinación para alterar el precio de las cosas. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo “una gestión imprudente e incluso desastrosa”. Juez instrutor: Ignacio de Lecea.

Imputados (número definitivo): la querella de la Fiscalía se dirigió contra 25 personas, antiguos consejeros o directivos de Banca Catalana. Condenados/Años (nombres y años): - Absueltos (nombres): en junio de 1986, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento de los 18 exconsejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Sin embargo, en noviembre de 1986, reunido el pleno de la Audiencia de Barcelona para decidir sobre esta petición, 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, mientras que 8 jueces se pronunciaron a favor del procesamiento. La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa. Indultados (nombres): - Dinero estafado / robado: supuestamente en 1974 se repartieron entre los accionistas 127 millones en concepto de intereses. Al año siguiente se distribuyeron 176 millones y en 1975 (el último año en que Pujol fue consejero de Banca Catalana) se adjudicaron 212 millones. Los fiscales acusaban también a Jordi Pujol de asignar, en los dos últimos años en que actuó como administrador de Banca Catalana, más de 76 millones de pesetas en concepto de sobresueldos, a espaldas de la junta de accionistas y con fondos de la caja b.

CASO ALGORFA O CASO FINCAS

Breve descripción del caso: el Ayuntamiento de Algorfa inició la recalifación como suelo urbano urbanizable de los terrenos del promotor Antonio Pedreira en julio de 1998, incluyéndolos en un primitivo expediente de homologación de las normas subsidiarias de su planeamiento urbano aprobado por el pleno en octubre del año anterior. Inicialmente, el expediente de homologación -pendiente de ser ratificado por la Consejería de Obras Públicas- afectaba a la finca de los Altos de Algorfa. Sin embargo, estos terrenos fueron finalmente excluidos, alegando un conflicto de lindes con el municipio de Almoradí. El propietario de la finca de los Altos de Algorfa denunció los hechos a la Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente, el particular y el PSPV de Orihuela presentaron ante la Fiscalía una ampliación de la denuncia al alcalde de Almoradí por supuesta connivencia con el alcalde de la población vecina a la hora de fijar los lindes de la finca de los Altos de Algorfa. El fiscal del caso ha admitido a trámite la ampliación de la querella y ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Almoradí solicitando el expediente de delimitación de lindes.

Fecha inicio: 1998. Gobierno nación: PP, Aznar. Desencadenante de la denuncia: exclusión de los terrenos de Altos de Algorfa de un expediente de homologación de las normas subsidiarias de un planteamiento urbano. Denunciantes: el propietario de la finca de los Altos de Algorfa denunció los hechos a la Fiscalía Anticorrupción, que se declaró incompetente y trasladó la denuncia a la Fiscalía de Alicante, que pidió al juzgado que iniciara la investigación. Posteriormente, el particular y el PSPV de Orihuela presentaron ante la Fiscalía una ampliación de la denuncia al alcalde de Almoradí por supuesta connivencia con el alcalde de la población vecina a la hora de fijar los lindes de la finca de los Altos de Algorfa. Ámbito (nacional, autonómico, local): local. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PP. Lugar de desarrollo: municipio de Algorfa. Partidos implicados: PP. Empresarios implicados: Antonio Pedrera, promotor propietario de los terrenos recalificados, y el abogado de éste. Banqueros implicados: - Políticos implicados: el alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo del PP y el ex alcalde de Almoradí, José Ángel Hurtado también del PP. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: - Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico. Delitos: connivencia y tráfico de influencias. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): fase de instrucción final tras los últimos testimonios recabados por los investigadores en febrero de 2014. Juez instrutor: Juzgado número 4 de Orihuela. Imputados (número definitivo): 4. Condenados/Años (nombres y años): - Absueltos (nombres): -

Indultados (nomes): - Dinero estafado / robado: el ex alcalde de Almoradí, José Ángel Hurtado está imputado además por un delito de tráfico de influencias por la compraventa de unas parcelas de suelo rústico en Almoradí a un grupo inmobiliario con intereses en Torrevieja que le reportó un beneficio de 5,3 millones.

CASO ALOZAINA

Breve descripción del caso: la Fiscalía de Málaga imputó a Antonio Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su cargo como alcalde de Alozaina (IU) por conceder sendas licencias de obras, una de construcción y otra de reforma de vivienda en 2002 y 2003, en suelo rústico. Pedía para él una condena de dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación. Durante el juicio en septiembre de 2010, la defensa de Antonio Blanco llegó a un acuerdo con la Fiscalía para el pago de una multa de 4.320 euros e inhabilitación por 20 años. El Ministerio Público también solicitaba la misma pena, dos años de prisión, para dos de sus concejales de confianza durante su mandato, Salvador Arroyo, edil de Hacienda, y Salvador Chaves, responsable de Obras. Ambos formaban parte de la junta de gobierno local de Alozaina. Fecha inicio: 2010. Gobierno nación: PSOE, Zapatero. Desencadenante de la denuncia: - Denunciantes: Físcalía de Málaga. Ámbito (nacional, autonómico, local): local. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: IU. Lugar de desarrollo: municipio de Alozaina. Partidos implicados: IU. Empresarios implicados: - Banqueiros implicados: - Políticos implicados: el alcalde del municipio de Alozaina, Antonio Blanco y dos concejales de confianza durante su mandato, Salvador Arroyo, edil de Hacienda, y Salvador Chaves, responsable de Obras. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: -

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico. Delitos: delitos urbanísticos de concesión de licencias. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): juicio en septiembre de 2010 donde se sella el acuerdo. Juez instrutor: Fiscalía de Málaga. Imputados (número definitivo): 3. Condenados/Años (nombres y años): - Absueltos (nombres): - Indultados (nombres): - Dinero estafado / robado: -

CASO TOTEM Breve descripción del caso: trama de corrupción urbanística que se desarrolla en Murcia. Se ven involucrados alcaldes de Murcia, promotores, intermediarios y testaferros y se les imputa delitos de fraude, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en custodia de documentos, falsedad en documento público y búsqueda de enriquecimiento con las comisiones millonarias que se solicitaron para impulsar proyectos urbanísticos Fecha: Finales de noviembre de 2007 Gobierno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Desencadenante de la denuncia: Una conversación grabada por el socialista Martínez Baños con un intermediario de una constructora gallega, en la que éste le confesaba que el entonces alcalde del PP, Juan Morales, había pedido una millonaria comisión por impulsar desde su cargo una gran urbanización. Denunciantes: La denuncia es presentada por el socialista Alfonso Martínez Baños (ex-concejal del PSOE). Ámbito (nacional, autonómico, local): La trama se desarrolla en Murcia, por tanto es de ámbito local. Partido gobernante: PP de Murcia Lugar de desenvolvimiento: Región de Murcia Partidos implicados: PP

Empresarios implicados: el empresario Pedro José Martínez, (representante legal de la empresa 'Ucom 2005 S.L.'), Pedro Sánchez (empresa Proinvitosa), José Bonmatí (gerente de Ucom).

Personas involucradas: José Martínez Andreo ( ex -alcalde de Totana) y su mujer María del Carmen Jordán, Juan Antonio Álvarez (testaferro del ex alcalde), Laura Bastida (secretaria municipal), Alfonso Canales(oficial de la Policía Local), José Antonio Valverde Reina (concejal de Industria).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): se trata de un asunto de contabilidad.

Delitos: se cuentan entre los delitos de esta trama de corrupción los siguientes: fraude, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en custodia de documentos y falsedad en documento público

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): no fue necesario celebrar un juicio, se alcanzó un acuerdo el día 21 de febrero del 2012, mediante las avanzadas negociaciones de los abogados defensores y el fiscal especialista en el caso.

Juez instrutor: Julián Pérez Templado

Imputados: José Martínez Andreo (ex -alcalde de Totana) y su mujer María del Carmen Jordán,Juan Antonio Álvarez (testaferro del ex alcalde), Laura Bastida (secretaria municipal), Alfonso Canales(oficial de la Policía Local), José Antonio Valverde Reina (concejal de Industria), El empresario Pedro José Martínez, (representante legal de la empresa 'Ucom 2005 S.L.'), Pedro Sánchez (empresa Proinvitosa), José Bonmatí (gerente de Ucom)

Condenados/Años: el principal responsable de la trama de corrupción, el ex -alcalde popular Juan Morales Cánova, fue condenado una pena de dos años de cárcel, que no cumplirá por no tener antecedentes penales, además de otros dos años y medio de prisión, que podrá reemplazar por sanciones económicas, y una multa de ocho millones de euros, que le supondrá la pérdida de todo el patrimonio que tiene. Además, otras diez personas han recibido condenas inferiores a un año de cárcel, que pueden ser sustituidas en todos los casos por multas.

Absueltos: dos personas han quedado totalmente libres de cargos.

Indultados: en ninguno de los casos se cumplirán las penas de cárcel, debido a la inexistencia de antecedentes penales y serán sustituidas por multas.

Dinero estafado / robado: Se cuentan en 15.5 los millones de euros que el ex-alcalde Juan Morales llegó a pedir para impulsar proyectos urbanísticos.

CASO BRUGAL

Breve descripción del caso: trama de corrupción que gira en torno a las irregularidades y sobornos llevados a cabo en la adjudicación del concurso comarcal de residuos en Orihuela (Alicante).

Fecha: La investigación arrancó en el mes de marzo de 2006.

Gobierno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Desencadenante de la denuncia: el asunto fue destapado en marzo de 2006 por el industrial Fenoll al difundir éste la grabación de una conversación que mantuvo con el portavoz del Centro Liberal oriolano, Jesús Ferrández. La conversación reflejaba presuntas irregularidades en el concurso de basuras local y los intentos de soborno a José Manuel Medica, alcalde del Partido Popular, y a regidores del Partido Popular y del Centro Liberal de Orihuela por parte de la empresa Urbaser. Denunciantes: el industrial Fenoll denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, el supuesto cohecho por la contrata de la basura de Orihuela. Ámbito (nacional, autonómico, local): se trata de un caso de ámbito local que afecta principalmente a Alicante, aunque también se ve salpicada Valencia. Partido gobernante: El partido gobernante en este momento en Orihuela es el PP, y su entonces alcalde José Manuel Medina. Lugar de desarrollo: Distintas localidades de Alicante. Partidos implicados: Partido Popular, Centro Liberal de Orihuela, Partido Popular de Albatera. Empresarios implicados:Ángel Fenoll (empresario) y su hijo Antonio Ángel; el empresario Enrique Ortiz( promotor y máximo accionista del Hércules); Francisco Javier Bru (concejal en Albatera y entonces gerente de Colsur) , Vicente Sala (ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo), Daniel Gil ( director de inversiones inmobiliarias de la CAM), José Cortina y Juan Zurita, (directores generales adjuntos de Bancaja)

Personas involucradas: Jose Manuel Medina ( alcalde del PP), Ramón Fenoll ( hermano del empresario Fenoll), Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante, del PP), Luis Díaz Alperi (su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico), Jesús Ferrández (ex concejal oriolano), un detective, José Joaquín Ripoll (presidente provincial del PP en Alicante), Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez (concejales oriolanos del PP), María Manuel Carratalá (mujer del dueño de Hércules), José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa), Javier Gutiérrez ( ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo)

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera). : Se trata de un asunto de contabilidad.

Delitos: Según una nota oficial del Ministerio del Interior, se cuentan entre los delitos de esta trama de corrupción los siguientes: cohecho, tráfico de influencias, prevariación, fraude y encubrimiento.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): El 19 de agosto de 2014, Rosa María Villegas la séptima togada en asumir las diligencias sobre el caso Brugal da por concluida la instrucción, a la espera de las dos últimas diligencias solicitadas hace meses. De esta forma, se cierra la fase de investigación, después de que la Audiencia Provincial haya desestimado los últimos recursos de algunos de los imputados en los que alegaban indefensión por una cuestión de plazos.

Juez instrutor: El primer juez instructor del caso es Manrique Tejada, a este le sucederán otros seis, antes de dar por concluida la investigación del caso. Destacan Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela y Rosa María Villegas, la séptima togada en asumir las diligencias en el caso. Imputados: Este caso cuenta con 111 personas en el punto de mira del fiscal, 44 de ellas lo están ya en calidad de imputados. El resto, hasta 67, están pendientes de que las investigaciones concluyan, bien para formalizar la imputación o para dejarles libres de toda sospecha. A algunos el fiscal les relaciona con varias tramas.

Condenados/Años: El empresario Ángel Fenoll ha sido condenado a 35 años de prisión y la consecuente pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para cualquiera de las empresas que dirige, además de la privación del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un tiempo de cuatro años y seis meses. Además otras 14 personas imputadas en la misma causa suman un total de 117 años de prisión por su papel de cooperadores necesarios en el desarrollo de la trama.

Absueltos: Enríque Ortiz y tres de sus empleados han sido absueltos por el delito de tenencia ilícita de armas. Indultados: Dinero estafado / robado: El partido gobernante aceptó 8.5 millones de euros anuales para adjudicar a favor de Urbaser el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras.

CASO EMARSA:

Breve descripción del caso: la trama de corrupción gira en torno a la empresa Emarsa, creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos para depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L’Albufera. Además esta empresa gestionaba la planta de Pinedo. La investigación judicial surge tras la decisión tomada por el PP, de disolver la empresa. Y en ella se destapa un colosal saqueo de dinero por parte de los gestores de Emarsa, los cuales pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes.

Fecha: Finales de 2011 Gobierno nación: Gobierno de Mariano Rajoy Desencadenante de la denuncia: En julio de 2010, el PP, que controlaba Emarsa desde los años noventa, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros.

Denunciantes: El PP Ámbito (nacional, autonómico, local): ámbito local (Valencia) Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Valencia Partidos implicados: Partido Popular de la Comunidad Valenciana Empresarios y personas implicadas: Estebán Cuesta (exgerente de Emarsa), Enrique Crespo (expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises), José Juan Morenilla (exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales “Epsar”), Ignacio Bernácer (exjefe de Explotaciones de Emarsa), Adolfo Polo ( Jefe Medioambiental de la depuradora de Pinedo), José Luis Sena y el fugado Jorge Ignacio Roca Samper (empresarios que han sido colaboradores necesarios)

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera). Se trata de un asunto de corrupción en la contabilidad.

Delitos: entre los delitos que se han llevado a cabo en esta trama de corrupición se cuentan los siguientes: delito continuado delito continuado de malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; delito de blanqueo de capitales; delitos societarios y delito de estafa.

Situación judicial (Fase de instrución/año, juízo/año): El miércoles 4 de junio de 2014, el magistrado Vicente Ríos, titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, ponía fin a la pieza principal del caso Emarsa, dictanto auto de procesamiento.

Juez instructor: El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, el magistrado Vicente Ríos

Imputados:José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Crespo; Esteban Cuesta; Enrique Arnal; Adolfo Polo; José Luis Sena; Vicente Ros Bartual; Enrique Sena; Jorge Ignacio Roca; Sebastián García Martínez (Chanín); María Paz García Martínez; Antonio José Arnal Llorens; Juan Manuel García; Eva María Marsal Gil; Juan Carlos Gimeno; Vicente Tomás Benlloch; Ana María Ríos Solaz; Leonor Moreno Esteve; Luis Antonio Botella; Rafael Quiles Asensi; Daniel Calzada; José

Ramón Cuesta; Santos Peral; e Ignacio Martínez Maiques. Condenados/Años: Enrique Crespo (Presidente de Emarsa, Vicepresidente de la Diputatación de Valencia y alcalde de Manises ) ha sido condenado a 14 años de cárcel. La misma pena, de 14 años, ha sido reclamadas por el juez para los dos altos cargos de la Generalitat implicados presuntamente en los hechos: José Juan Morenilla, (exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar)), e Ignacio Bernácer, (exjefe de Explotaciones de la misma sociedad). Para Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y excargo del PP de Valencia), el juez ha solicitado 12 años de prisión.

Absueltos: Indultados:

Dinero estafado / robado: Existía una red de empresas que durante los años 2004 a 2010 actúa para detraer una cifra que podría superar los 30 millones de euros de fondo públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).

PITIUSA Breve descripción del caso: la operación Pitiusa es una trama ilegal de tráfico y venta de datos personales. Se trata de una verdadera red que atenta contra la intimidad de las personas, presenta una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio español. Las empresas utilizan esa información para la planificación de campañas publicitarias o lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo. Los datos con los que se comerciaba abarcan desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria y con ellos sus compradores podían alcanzar una situación ventajosa frente a otras empresas de la competencia. Fecha: marzo del 2011 Gobierno nación: Gobierno de Mariano Rajoy Desencadenante de la denuncia: el origen de estas investigaciones se sitúa en Barcelona por las actividades de un policía local, ex detective privado, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público. Posteriormente se descubrió que formaba parte de una estructura organizada más amplia. Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito Nacional

Partido gobernante:--

Lugar de desarrollo: Barcelona, Madrid, Andalucía, Cantabria, Aragón País Vasco, Galicia y Valencia.

Partidos implicados:--

Empresarios implicados: Jaime Aguilera (presidente de la multinacional Unilever España), Eduard Garriga (exgerente de Mutua Universal)

Personas involucradas: fueron 88 las personas que se vieron involucradas en esta red ilegal de tráfico de datos, entre ellas había 40 detectives privados, 15 empleados públicos y 33 empresarios, asalariados y particulares.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Se trata de un atentado contra la intimidad de las personas.

Delitos: Entre los delitos cometidos por esta red se incluyen los siguientes: delito de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): La operación todavía sigue en activo.

Juez instructor: El juez encargado de llevar a cabo la instrucción del asunto es el Titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona. Imputados: La policía ha imputado a más de 150 personas, y no se descartan más detenciones. Entre los detenidos hay numerosos funcionarios y altos directivos de empresas privadas, especialmente de telefonía.

Condenados/Años

Absueltos

Indultados Dinero estafado / robado: En este caso la estafa no incluía dinero, en lugar de eso los datos con los que se comerciaba abarcan desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria y con ellos sus compradores podrían alcanzar una situación prevalente frente a otras empresas de la competencia. Esta situación prevalente venía dada por la posibilidad de utilizar esa información a la hora de planificar campañas publicitarias o lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo.

AMY MARTIN

Breve descripción del caso: Se trata de la trama de corrupción que gira entorno a la Fundación de Ideas (conocido como think tank creado en la época de José Luis

Rodríguez Zapatero). El conflicto que recibe el nombre de caso Amy Martin estalla al conocerse que el director general de la Fundación de Ideas, Carlos Mulas, y su pareja, Irene Zoe Alameda, estaban utilizando ese pseudónimo para facturar a la institución decenas de colaboraciones literarias, a la que en realidad era una escritora ficticia.

Fecha: Febrero 2013

Gobierno nación: Gobierno Mariano Rajoy

Desencadenante de la denuncia: La comprobacio n por parte de la fiscalí a de que Juan Manuel Limo n, trabajador en la gestio n de las no minas en la Fundacio n Ideas, cobra unas tarifas muy por encima de la media del mercado, y tambie n otras facturas elevadas por conceptos como la bu squeda de financiacio n bancaria. Adema s, de la constatacio n de que las facturas de Limo n provení an de empresas distintas de gestorí a y consultorí a. Denunciantes: Trabajadores de la Fundación Ideas

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: la trama se desarrolla a nivel nacional.

Partidos implicados: PSOE.

Empresarios implicados: Carlos Mulas (director general de Ideas), Francisco Rojas (exresponsable de Organización y Comunicación de la Fundación Ideas del PSOE).

Personas involucradas: Carlos Mulas, y su pareja, Irene Zoe Alameda, Juan Manuel Limón y Xoán Cornide.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Asunto de contabilidad

Delitos: En torno a esta organización se produce un delito de estafa que desemboca en un escándalo político por el pago de artículos a una escritora ficticia, denominada Amy Martin y que resultó haber sido la pareja del entonces director de la entidad, Carlos Mulas.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año). No se llevó a cabo ningún juicio. Juez instructor

Imputados Condenados/Años Absueltos Indultados

Dinero estafado / robado: la Fundación Ideas del PSOE pagó 50.000 euros por diversos artículos a una presunta escritora llamada Amy Martin cuya marca comercial y logotipo están registrados por el propio director de la institución, Carlos Mulas. La autora fantasma ha llegado a cobrar 3.000 euros por artículos en los que se presenta como experta en los asuntos más variopintos y que sólo se publican en la web de Ideas. En total la ex mujer del director de la Fundación de Ideas se embolsó una cifra que asciende a 34.973,72€ haciéndose pasar por Amy Martín. Tras descubrirse la trama y buscando solucionar el problema Zoe realizó un donativo a la Fundación de Ideas por el valor del total que ella se ingresó.

ARCOS Breve descripción del caso: El procedimiento, conocido como Operación Arcos, se ha centrado en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en el municipio de Alcaucín (Málaga), partiendo de una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, judicializada a partir de septiembre de 2008. Esta operación, contra la corrupción urbanística ha apuntado que se habría autorizado durante años la construcción de "cientos" de viviendas ilegales en suelo no urbanizable, concediéndose por parte del entonces alcalde, José Manuel Martín Alba, licencias para construir o segregar parcelas sin informes, incorporando, posteriormente, certificados "falsos". Fecha: Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2010. Gobierno nación: PSOE.

Desencadenante de la denuncia: La investigación se desencadena por los indicios que apuntaban a la existencia de construcción de viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín.

Denunciantes: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Ámbito (nacional, autonómico, local): La trama se lleva a cabo en Málaga, es por tanto, de ámbito local. Partido gobernante: PSOE, el alcalde en aquel momento era José Manuel Martín Alba Lugar de desarrollo: Los hechos se desarrollan fundamentalmente en las siguientes dependencias: Ayuntamiento de Alcaucín, y Diputación de Málaga o

Catastro Inmobiliario Partidos implicados: PSOE.

Empresarios implicados: Hay un total de 27 empresarios implicados, todos ellos dedicados a la promoción urbanística, además de siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos a los que la fiscalía imputa un total de 275 delitos.

Personas involucradas: José Manuel Martín Alba, (antiguo alcalde de Alcaucín) además de dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de Málaga.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Se trata de un asunto de tipo urbanístico.

Delitos: se cuentan entre los delitos de esta trama de corrupción los siguientes: 90 delitos de falsedad ideológica, 19 delitos de falsedad en documento oficial, 10 delitos de falsedad, 62 delitos de prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín, 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. Además, 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, 12 con fin delictivo y 8 para acto injusto; 1 delito de fraude; 2 de malversación; 10 de estafa; 1 de estafa procesal; 2 de blanqueo de capitales; 6 de tráfico de influencias; 1 de uso de información privilegiada; 1 delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): En el año 2013 el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga acordó la tramitación de la causa como procedimiento abreviado contra 51 personas, entre ellas el ex regidor, y el archivo para otras 18 personas.

Juez instructor: La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón. Imputados: José Manuel Martín Alba (ex alcalde del municipio y actual edil del Partido Independiente Sierra Tejeda de Alcaucín (PITA)), y sus dos hijas Sonia y Mónica Martín; José Francisco Mora (ex jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación); Francisco Lorca (ex arquitecto técnico del Ayuntamiento), María Isabel Llamas (ex asesora jurídica durante tres años del ex alcalde y ex concejal de Urbanismo en Torremolinos), además de diversos instructores y promotores. Condenados/Años: Martín Alba fue condenado en marzo del 2009 a ir a prisión, abandonó la cárcel tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza. Por otra parte, José Francisco Mora, quedó en libertad tras abonar la fianza.

Absueltos: Fueron absueltos 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística, de entre ellos, siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

Indultados: -- Dinero estafado / robado: Se calcula que la cifra asciende a más de 150.000 euros.

ARONA Breve descripción del caso: el caso Arona se trata del mayor caso de corrupción en el Sur de Tenerife, y uno de los más relevantes de la isla. Se produjo entre el 2003 y el 2007 y abarca el primer mandato de González Reverón como regidor aronero por Coalición Canaria. El asunto se centra en la adjudicación, al margen de la legalidad, que se llevó a cabo durante ese tiempo de unos 80 permisos para obras y/o servicios y más de 200 licencias de construcción sin el visto bueno de los servicios jurídicos municipales Fecha: La trama se desarrolla entre el 2003 y 2007. Gobierno nación: El gobierno de la nación es el PP

Desencadenante de la denuncia: El caso Arona se inició cuándo el exlíder del PSOE, Paco Santamaría, y el entonces edil socialista José Antonio Reverón (hoy en Ciudadanos por Arona) informaron a Felipe Campos de una serie de irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra y 79 contratos "a dedo" a empresas. En 2009 se retoma la investigación de este caso por una nueva denuncia presentada a Fiscalía por el letrado Felipe Campos contra la Junta de Gobierno de 2007-2011 (mayoría absoluta de CC) por seguir concediendo licencias urbanísticas a pesar de las advertencias jurídicas de ilegalidad y a pesar de que en ese momento había ya 8 imputados por esa misma práctica. Denunciantes: La trama de supuesta corrupción fue denunciado por Francisco Santamaría, entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, pero su impulso, y quien lo puso en conocimiento del abogado Felipe Campos, fue José Antonio Reverón, también en el PSOE y ahora concejal de Ciudadanos por Arona. Ámbito (nacional, autonómico, local): se trata de un asunto de ámbito local que se desarrolla en Tenerife. Partido gobernante: La causa salpica de lleno a Coalición Canaria y de refilón, al PP.

Lugar de desenvolvimiento: Los hechos se desarrollan en Santa Cruz de Tenerife.

Partidos implicados: CC, CAN, PP.

Empresarios implicados: Eliseo de la Rosa (arquitecto jefe de la Oficina Técnica), Arsenio Zamora (empresario), Roberto de Luis (aparejador municipal), así como Zenón Rodríguez Neris (arquitecto). Como acusadores particulares figuran José Ramón Ansorena, (promotor inmobiliario y denunciante de la supuesta trama de cobro de comisiones por dar licencias), y el ciudadano Robert Kragl, ambos defendidos por Felipe Campos.

Personas involucradas: Sebastián Martín Martín (alias "Tata", ex edil de CC y ex responsable de Hacienda en Arona, que falleció hace algunos meses). José Alberto González Reverón, (ex alcalde de CC) ; Manuel Barrios (edil del CAN en la oposición y entonces responsable de Urbanismo), Daniel Martín Martín (exconcejal del CAN), Juan José Alayón Beltrán, (exedil de CC), José Luis González (exedil del CAN), Alfonso Barroso Armas (exconcejal de CC), Félix Sierra Melo (ex edil del PP), Antonio Sosa Carballo (actual primer teniente de alcalde y secretario general de CC en Arona), Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto), Jorge Menéndez Díaz (arquitecto), José Manuel Rodríguez Rodríguez (cabo de la Guardia Civil y exjefe del Servicio de Información en el Sur de Tenerife), Hortensia García( ex subinspectora de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de Santiago del Teide), Antonio Miguel García Marichal (ex consejero de CC en el Cabildo de Tenerife. En la parte política, está involucrada toda la Junta de Gobierno de la etapa 2003-2007 (CC, CAN y PP) y, además, toda la Junta de Gobierno de 2007-2011 (CC).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Se trata de un asunto urbanístico y de contratación “a dedo”.

Delitos: Entre los delitos de esta trama de corrupción destacan los siguientes: delitos urbanísticos, cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): La primera parte de esta trama de corrupción ha sido juzgada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arona, mientras que el Juzgado de Instrucción número 4 de Arona es el que se encuentra estudiando el caso tras su reapertura. El juicio está previsto para el año 2015 en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Juicio 2015.

Juez Instructor: El juez instructor del caso es Nelson Díaz Frías.

Imputados: Entre los imputados se encuentran políticos, funcionarios y empresarios y el número asciende a 17 personas.

Condenados/Años: La Fiscalía pide para Félix Sierra (concejal del PP y consejero

delegado de Sur del Cabildo de Tenerife) seis años de prisión, 11 de inhabilitación especial y 522.500 euros de multa por el cohecho y por el delito prohibido a funcionarios. De entre los restantes empresarios destaca el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa para el que piden seis años de prisión por cohecho y prevaricación urbanística, además de 20 de inhabilitación para ejercicio profesional público y multa de 500.000 euros. La mayor petición de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien la fiscal pide ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y 3.400.000 euros de multa por prevaricación urbanística y cohecho. Continúan la lista los empresarios y arquitectos (todos ellos acusados de cohecho) Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio Luis González, para los que se piden cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación profesional y multas, respectivamente, de 1.000.000 euros, 12.000.000 euros y 10.000.000 euros. Para Hortensia García, entonces subinspectora de la Policía Local y actualmente destinada a otro municipio, se piden ocho años de inhabilitación profesional por prevaricación.

Dinero estafado o robado: --

ASTAPA

Breve descripción del caso: el caso Astapa investiga la presunta trama corrupta que se desarrollaba en el Ayuntamiento de Estepona. La investigación gira en torno al dinero de los convenios el cual era usado presuntamente para pagar otras necesidades municipales y para ellos conseguían financiación supuestamente mediante donaciones de empresarios.

Fecha: 17 de junio de 2008. Gobierno nación: PSOE, Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Desencadenante de la denuncia: Al entender que podrían estar cometiéndose presuntos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento, los concejales socialista David Valadez y Cristina Rodríguez decidieron presentar la denuncia.

Denunciantes: Los denunciantes son: David Valadez, (portavoz y secretario local del PSOE actualmente, edil socialista en el 2008) y Cristina Rodríguez, (actual concejala), los cuales presentaron la denuncia ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción. Ámbito (nacional, autonómico, local): Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Partido gobernante: PP.

Lugar de desarrollo: Estepona. Partidos implicados: PSOE y Partido posgilista PES.

Empresarios implicados: Manuel Barroso (empresario), implicado por blanqueo de capitales; Manuel Arturo Cebrián (arquitecto municipal),Antonio Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal Satli (empresarios), Ignacio de la Hoz (arquitecto municipal), la sociedad Hamsa Arquitectura y Gestión SLU, la empresa Despacho de Arquitectura Mediterránea SL, administrada por Álvaro de Luna Abella y Walter Iturmendi, y las entidades Zigurat Gestiones, Seven Shores, Quid Tum Gestión y Doxa Arquitectura, administradas por Rafael López Cañas.

Personas involucradas: Patricia Rojo( hija del presidente socialista del Senado, Javier Rojo), Antonio Barrientos, (ex alcalde socialista), José Ignacio Crespo y Manuel Reina-de la formación postgilista PES- y María Luis Rodríguez-Pino y Francisco Zamorano (ediles del PSOE y del partido posgilista PES), así como numerosos cargos y técnicos municipales relacionados generalmente con el urbanismo. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Se trata de un asunto de corrupción político urbanística

Delitos: En este caso de corrupción se dan los siguientes delitos: cohechos, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales, entre otros. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): El juicio de este caso lleva esperando 5 años y se llevará a cabo en el 2014. El juzgado mixto de instrucción número uno de Estepona se encarga del asunto. Juez instructor: Jesús Torres Núñez.

Imputados: en la actualidad el caso Astapa acumula 109 imputados entre los que se encuentran ex ediles, concejales, arquitectos, empresarios , funcionarios, familiares de cargos públicos y técnicos municipales, entre otros.

Condenados/años: Fueron enviados a prisión el entonces alcalde del municipio, Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de gabinete, José Flores; los concejales del PES José Ignacio y Manuel Reina los cuales dejaron la cárcel el 10 de diciembre de 2008 tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión. También entro a prisión el técnico municipal Javier Wittmeur, que abandonó el centro penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras abonar la fianza impuesta de 60.000 euros. Dinero estafado / robado: Hasta ahora se han podido examinar siete acuerdos, de los que se ha concluido un presunto déficit de 20 millones de euros para las arcas municipales, y quedan pendientes cerca de 30 convenios.

ATLÉTICO

Breve descripción del caso: El caso del Atlético gira en torno al saqueo sistemático llevado a cabo por la familia Gil, la cual desvío dinero del Atlético de Madrid a sus empresas familiares. Fecha: Los hechos sucedieron en 1999. Gobierno nación: PP, Gobierno de José María Aznar. Desencadenante de la denuncia: Se parte de una investigación en Marbella de la que se desprendieron irregularidades gravísimas en la transformación del Atlético en Sociedad Anónima Deportiva y donde al final quedó reflejado que Jesús Gil y Enrique Cerezo no aportaron nada de dinero en todo el proceso. Denunciantes Ámbito (nacional, autonómico, local): El asunto se desarrolla a nivel autonómico. Partido gobernante Lugar de desarrollo: Madrid. Partidos implicados: Grupo Independiente Liberal. Empresarios implicados: Distintas promotoras se ven salpicadas por el asunto, entre ellas: Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A.; Promotora Inmobiliaria Guadiana S.A.; Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A.; Myramco S.A.; Promociones Futbolísticas S.A.; Club Atlético de Madrid S.A.D.; Rancho Valdeolivas S.A.; Centro de Formación Nayade S.A.; María de los Angeles Marín Cobo y María Jesús de Frutos Arribas.

Personas involucradas: Jesús Gil (presidente y máximo accionista del Club Atlético de Madrid y alcalde de Marbella), Enrique Cerezo (actual presidente del Atlético de Madrid) y Miguel Ángel Gil Marín.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Se trata de un caso de corrupción contable. Delitos: En esta trama corrupta destacan los siguientes delitos: delito de estafa y delito de apropiación indebida.

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): El caso fue juzgado por la Audiencia Nacional y por la Sala Penal del Tribunal Supremo, además de por el juzgado Central de Instrucción nº6 fue el encargado del caso, se llevó a cabo un procedimiento Abreviado nº 213/00. Juez instructor: Juan del Olmo (Audiencia Nacional) y Joaquín Giménez García (Tribunal Supremo),Carlos Castresana (fiscal Anticorrupción).

Imputados: Jesús Gil, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo. Condenados/Años: Se impone un año y medio de cárcel a Jesús Gil (ya fallecido) y asu hijo, además los herederos de Jesús Gil están condenados a reponer 16,2 millones de euros. Absueltos: Indultados: Dinero estafado / robado: La familia Gil sacó 11.000 millones de ptas. que destinaron a paraísos fiscales por venta de jugadores.

BONSAI

Breve descripción del caso: La operación Bonsai es un escándalo vinculado a la corrupción política del cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la adjudicación de las obras de construcción de dos edificios públicos que sirvieron para albergar el parque de bomberos y la sede de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno balear.

Fecha: Abril 2010

Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno Desencadenante de la denuncia: El desencadenante de la operación Bonsai son las sospechas en las irregularidades relacionadas con la construcción de dos edificios públicos. Denunciantes: La adjudicación de las obras de construcción de la Consejería de Salud y Consumo junto con la de la construcción del parque de bomberos de Palma fue denunciada por la propia Consejería ante la Fiscalía.

Ámbito (nacional, autonómico, local): se trata de un asunto de ámbito local que se desarrolla en Baleares

Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: Baleares

Partidos implicados: PP y Unió Mallorquina

Empresarios implicados: En la operación Bonsai se ven involucradas las siguientes empresas: la empresa pública Caib Patrimoni, y las empresas privadas, Atlas Capital Close Brother, constructora Iturri, constructor Llabrés Feliu , además de alguna sociedad constructora privada.

Entre los empresarios se encuentran Miguel Llabrés Feliu ( constructor y presidente del grupo familiar construcciones Llabrés Feliu), Jaime Fluxá (ex candidato europeo de Unió Mallorquina) Personas involucradas: Jorge Sainz de Baranda, (ex director de Tributos), Joan Pol (ex conceller),

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Se produce un caso de corrupción contable.

Delitos: En torno a esta trama de corrupción se dan los siguientes delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Admnistración y cohecho.

Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año):La Fiscalía Anticorrupción es la encargada de promover el caso. El caso se juzga en el juzgado de Instrucción 1 de Palma. Juez instructor: Margarita Robayna, es la titular del juzgado de instrucción 1 de Palma, Margarita Bosch juez de refuerzo de Instrucción y Miguel Ángel Subirán (fiscal anticorrupción) Imputados: Han sido imputadas seis personas aproximadamente.

Condenados/Anos: Durante la operación han sido detenidos Sainz de Baranda, Jaume Vidal (ex director gerente de la empresa pública Caiba Patrimonio) y tres hombres más que responden a las iniciales M.L.F., F.R.C., y M.T.F., el último de los cuales fue puesto en libertad de madrugada. Absueltos: El sujeto que responde a las iniciales M.T.F. fue puesto en libertad el mismo día que se llevó a cabo la operación de madrugada. Indultados: Miquel Llabrés (empresario), queda en libertad con cargos tras ser interrogado, Sainz de Baranda y Pol quedaron libres con fianza tras implicar al ex conseller Ramis d'Ayreflor, además Sainz de Baranda y Joan Pol deberán pagar 50.000 y 30.000 euros de caución

Dinero estafado / robado: Se está investigando la posibilidad de que a través de la empresa Atlas se desviaron 600.000 euros de la construcción del parque de bomberos y de la nueva sede de la Conselleria de Salut.

BITEL Breve descripción del caso: El “caso Bitel” se trata de una de las presuntas tramas de corrupción cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas. Damiá Vidal, gerente de la compañía pública balear de informática Bitel entre 2003 y 2007, escogido personalmente por Jaume Matas, está acusado de malversar 700.000 euros de las arcas de la empresa. Además de usar la tarjeta de crédito para

fines personales, creó una sociedad a la que adjudicaba trabajos a dedo. Dos testaferros de esta sociedad están también imputados en el caso.

Fecha: Mayo 2008

Gobierno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desencadenante de la denuncia:

Denunciantes

Ámbito (nacional, autonómico, local): Se desarrolla en el ámbito local, concretamente en Baleares Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: Baleares

Partidos implicados: PP

Empresarios implicados: Damiá Vidal, (gerente de Bitel), Sebastián Romaguera (exsecretario de Bitel), Iván Guardia y Alexandre Guardia (ingenieros informáticos), Miquel Simonet (Exjefe financiero de la empresa). Personas involucradas: Ramón de la Iglesia,(exdirigente de las Nuevas Generaciones del PP) Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Se trata de un delito de corrupción contable.

Delitos: En torno a esta trama de corrupción se dan los siguientes delitos: malversación de caudales, cohecho, fraude a la administración y prevaricación.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) El día 10/04/2012, se celebraba el juicio del Caso Bitel en la Audiencia Provincial de Palma, el cual quedaba visto para sentencia.

Juez instructor: La encargada de este asunto es la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma de Mallorca, la jueza Carmen Abrines. Imputados: Damià Vidal (ex gerente de Bitel), Ramón de la Iglesia; Iván y Alexandre Guardia; Juan Antonio; Sebastià Romaguera y Miguel Simonet. Condenados/Años: Para Damià Vidal la Fiscalía ha impuesto una pena de 12 años de cárcel, y se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros. A Sebastián Romaguera (exsecretario de Bitel) le ha impuesto una multa de 5.400 euros durante nueve meses por negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. A Iván Guardia (ingeniero informático) se le ha impuesto una multa que asciende a

un total de 20.680 euros, y Ramón Guardia (ingeniero informático) ha sido condenado a varias penas de multa. A Ramón de la Iglesia (exdirigente de las Nuevas Generaciones del PP) se le ha solicitado una multa en valor de 7.380 euros.

Absueltos: El fiscal Pedro Horrach retiró sus acusaciones contra el exjefe financiero de la empresa, Miquel Simonet, para quien inicialmente reclamaba dos años de privación de libertad. Indultados:

Dinero estafado / robado: Se especula que a través de la empresa pública Bitel se han llegado a desviar cerca de 700.000 euros.

EGÜES

Breve descripción del caso: el caso Egües, conocido también como caso Galipienzo, es la trama de corrupción detectada en el ayuntamiento del Valle de Egüés en 2003 por la que una parcela (denominada S.2.2), reservada para uso escolar y propiedad de una constructora navarra (Construcciones Flores), fue vendida, recalificada y de nuevo transferida a otra compañía para construir en ella primero un apartahotel y, después un complejo de 123 viviendas. En el proceso de recalificación de los terrenos se detectó el pago de comisiones al entonces alcalde del valle, Ignacio Galipienzo, de UPN, y a su testaferro, José Luis Bartolomé.

Fecha: Año 2003

Gobierno nación: Gobierno de José María Aznar

Desencadenante de la denuncia: Existen evidencias de que Ignacio Galipienzo, entonces alcalde, había dado permiso para construir un apartotel en una parcela reservada a uso escolar, así como de su elevado patrimonio. La posterior investigación reveló las conexiones empresariales que unían al alcalde con Construcciones Flores, propietaria de la promotora del apartotel, y con algunos de sus consejeros de la misma. UPN le obligó a dimitir y dejar el partido. Denunciantes:

Ámbito (nacional, autonómico, local). La trama corrupta se desarrolla en el ámbito local, en concreto en el Valle de Egüés.

Partido gobernante: Unión del Pueblo Navarro

Lugar de desarrollo: Valle de Egües (Navarra)

Partidos implicados: UPN, partido del que eran cargos públicos o responsables los principales implicados en la trama.

Empresas implicadas: se encuentran implicadas las siguientes empresas: Grupo Empresarial Aricam (GEA), Salud Laboral, Construcciones Flores, Apartamentos Gorraiz, RMA Urbana. Personas involucradas: Ignacio Galipienzo (ex alcalde de Egüés), y Eva Iglesias ( la mujer del alcalde), Emilio Izquierdo (ex director general de Industria del Gobierno foral y alto directivo del Grupo Empresarial Aricam (GEA)), Luis Galo Barahona (ex senador del PP y empresario promotor), José Luis Ruiz Bartolomé (testaferro del ex alcalde), José Javier Iribarren (asesor de la constructora Concepción Flores) Óscar Pérez (responsable de cuentas del grupo Aricam y financiero de la promotora), Conchita Flores (constructora), Nuria Alás (arquitecta municipal), Jesús Marco (asesor municipal).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: En torno a esta trama corrupta se dan básicamente tres delitos: Cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) La investigación de este caso se cierra en el mes de octubre de 2005 por la juez que instruyó el sumario, después de casi dos años de investigación. Juez instrutor: La juez encargada de la instrucción del caso pertenece al Juzgado Aoiz, desconocemos su nombre. Imputados: Ignacio Galipienzo (ex alcalde de Egüés), y Eva Iglesias ( la mujer del alcalde), Emilio Izquierdo (ex director general de Industria del Gobierno foral y alto directivo del Grupo Empresarial Aricam (GEA)), Luis Galo Barahona (ex senador del PP y empresario promotor), José Luis Ruiz Bartolomé (testaferro del ex alcalde), José Javier Iribarren (asesor de la constructora Concepción Flores) Óscar Pérez (responsable de cuentas del grupo Aricam y financiero de la promotora), Conchita Flores (constructora), Nuria Alás (arquitecta municipal), Jesús Marco (asesor municipal). Condenados/Años: Debido a las irregularidades relacionadas con la operación urbanística de Gorraiz, la magistrada dictó el auto contra Ignacio Galipienzo y otros nueve imputados en la causa, que se enfrentaban a penas de entre uno a cuatro años de cárcel, e inhabilitación para el empleo o cargo público de seis a nueve años. Absueltos: Eva Iglesias (mujer del alcalde, al no existir indicios de su papel como cómplice en la operación), José Javier Iribarren ( asesor de la constructura Concepción Flores),Óscar Pérez Rodríguez (Director financiero del Grupo Empresarial Aricam (GEA) Indultados:--

Dinero estafado / robado: --

Se especula acerca de que Galipienzo haya recibido 90.031 euros del Grupo Empresarial Aricam (GEA), más los 138.000 euros que le llegaron de Construcciones Flores.

SINTEL Breve descripción del caso: El caso se remonta a 1996, año en el que Telefónica vendió su filial Sintel, fundada en 1975 y especializada en la instalación de líneas y redes de cables, al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa, por 4.900 millones de pesetas (unos 30 millones de euros). Según la acusación, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de "vaciado patrimonial", es decir, vendieron gradualmente los activos de la compañía, lo que la llevó a la quiebra en 2001 con un debe de 59,3 millones de euros. La situación dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro.

Fecha: La trama se desarrolló en 1196. Gobierno nación: Gobierno de José María Aznar

Desencadenante de la denuncia: Después de varios meses de no cobra, la empresa comunica a los trabajadores un ERE de 1200 bajas, de los 1800 trabajadores de la plantilla, a raíz de esto se da comienzo a una gran movilización y huelga que incluye la aacampada de los trabajadores en pleno centro de Madrid, en señal de protesta. Esta acampada fue bautizada como el Campamento de la Esperanza. Denunciantes: En el año 2000 los trabajadores de Sintel interpusieron la primera demanda jurídica. Ámbito (nacional, autonómico, local): Se desarrolla en el ámbito nacional

Partido gobernante: Lugar de desarrollo: se desarrolla a nivel nacional, ya que afecta a todos los trabajadores de la empresa distribuidos por todo el territorio nacional. Partidos implicados: Empresarios implicados: Jorge y Juan Carlos Mas Santos( hijos del empresario cubano exiliado en Estados Unidos Jorge Mas Canosa, ya fallecido), respectivamente ex presidente y ex consejero delegado de la sociedad creada para gestionar la compra de Sintel a Telefónica en 1996, MasTec Internacional. Además, José Miguel Sariego (ex vicepresidente de Sintel) Juan Antonio Casanova de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza (miembros del consejo de administración), Pedro José Novela Berlín (exdirector financiero y apoderado de Sintel), Juan Villalonga (ex presidente de Telefónica), José María Más Millet (ex secretario general de la compañía).

Personas involucradas: Se ven afectados por esta trama 1.788 acreedores y 1.828 trabajadores Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) El incremento de la conflictividad laboral desembocó en la suspensión de la actividad de la empresa en la primavera del 2000, tras el impago de las nóminas mensuales y la presentación de un ERE. Delitos: En torno a esta trama se dan los siguientes delitos:insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública, Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): En 2007, la Audiencia Nacional se encargó de procesar el caso Sintel. En septiembre del 2012 los trabajadores llegaron a un acuerdo extrajudicial con Mastec por el que le daban 35 millones de euros a cambio de retirar los cargos.

Juez instructor: El juez instructor del caso es Santiago Pedraz. Imputados: Juan Villalonga (ex presidente de Telefónica), José María Más Millet (ex secretario general de la compañía), además de ocho directivos de Telefónica Condenados/Años: No se conoce debido a que el resultado del juicio ha pasado muy desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación, lo cual pone de manifiesto las amistades peligrosas de José María Aznar, a quien se acusó en 1996 de dar un trato de favor a los Mas Canosa con la operación de compra-venta de la empresa.

Absueltos: Se archivó la causa contra dieciséis imputados en el caso.

Indultados

Dinero estafado /robado: La operación dejó un déficit patrimonial de casi 60 millones de euros.

CASO BANKIA

Breve descripción del caso: el caso Bankia está relacionado con la quiebra bancaria peor gestionada políticamente de la historia española. La nacionalización del grupo, la sustitución rápida de sus gestores y la aparición de un agujero que no deja de crecer (calculado hoy en más de 23.000 millones), junto con la elevada probabilidad de que esa aportación de capital se haga mediante deuda pública, ha llevado a la prima de riesgo por encima de los 510 puntos básicos, a las acciones de Bankia a perder el 26% en su regreso a la cotización y a una caída generalizada de los valores bancarios que preludian un agravamiento notable de la crisis económica y financiera.

Fecha: 11 de junio de 2012

Gobierno nación: Gobierno de Mariano Rajoy

Desencadenante de la denuncia:

Denunciante: El 11 de junio de 2012, el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra los consejeros de Bankia y BFA por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Asimismo, el 14 de junio el movimiento 15M, tras recaudar por internet los 15.000 euros necesarios, presentó otra querella por falsedad contable y estafa mercantil.

Ámbito (Nacional, autonómico, local): La trama corrupta se desarrolla en el ámbito nacional.

Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: La trama se desarrolla en Barcelona principalmente.

Partidos implicados: PP, aunque también el Gobierno del PSOE, UPyD, IU.

Empresarios implicados: El Banco de España y el presidente de Lazard.

Personas involucradas: Rajoy, Rato, Camps, Luis de Guindos (ministro de Economía), José Ignacio Goirigolzarri (presidente de Bankia), Francisco Verdú ( ex número dos de Bankia), José Luis Olivas (expresidente de Bancaja), Ángel Acebes (exministro de Aznar), Jorge Gómez y José Antonio Moral Santín (exconsejeros) , Miguel Ángel Fernández Ordóñez ( exgorbernador del Banco de España), Julio Segura ( presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores). Además de otros 32 políticos de PP, PSOE e IU, sindicalistas y empresarios, todos ellos, consejeros o exconsejeros de Bankia y de su matriz, BFA.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): El asunto gira en torno a una trama de corrupción contable que desemboca en un ERE.

Delitos: En torno a esta trama de corrupción se dan los siguientes delitos: estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas; delitos de falsedad contable y estafa mercantil; y hasta siete delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la venta de acciones y preferentes.

Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio/año): el caso sigue abierto en la actualidad.

Juez instructor: el juez instructor del caso es Fernando Andreu.

Imputados: la Audiencia Nacional ha imputado a los siguiente 33 personas relacionadas con el caso Bankia: Rodrigo Rato (expresidente de Bankia y su matriz BFA),José Luis Olivas Martínez (exvicepresidente de BFA y exvicepresidente único para Participadas de Bankia), Francisco Verdú Pons (consejero Delegado de Bankia, José Manuel Fernández Norniella (vicepresidente de Caja Madrid), Carmen Cavero Mestre: ( exconsejera (vocal) de Bankia), Arturo Fernández Álvarez (vocal en el consejo de Caja Madrid y exmiembro (vocal) del consejo de administración de

Bankia, Alberto Ibáñez González (exconsejero (vocal) de Bankia),Javier López Madrid ( exconsejero (vocal) de Bankia y vocal en el consejo de Caja Madrid), Juan Llopart Pérez (exconsejero (vocal) de Bankia y Consejero del Banco Financiero y de Ahorros) Araceli Mora Enguidanos (exconsejera (vocal) de Bankia y ex presidenta de la Comisión Delegada de Riesgos de la entidad), José Antonio Moral Santín (vicepresidente de Caja Madrid),José Manuel Serra Peris (exconsejero (vocal) de Bankia y de BFA), Atilano Soto Rábanos (presidente de Caja Segovia y exconsejero de Bankia), Antonio Tirado Jiménez ( exconsejero (vocal) de Bankia y expresidente de Bancaja), Francisco Pons Alcoy (exvicepresidente de BFA), Ángel Acebes Paniagua (exmiembro (vocal) del consejo de BFA),Francisco Baquero Noriega(miembro (vocal) del consejo de Caja Madrid desde 2007), Pedro Bedia Pérez(miembro (vocal) del consejo de Caja Madrid) ,Luis Blasco Bosqued (exmiembro (vocal) del consejo de BFA),Rafael Ferrando Giner (exvocal en el consejo de BFA) ,José Rafael García Fuster (exmiembro (vocal) del consejo de BFA),Agustín González González (exmiembro (vocal) del consejo de BFA), Mercedes de la Merced Monge( exmiembro (vocal) del consejo de BFA) ,Jesús Pedroche Nieto (exmiembro (vocal) del consejo de BFA), José María de la Riva Amez( exmiembro (vocal) del consejo de BFA (dimitió en junio) y vocal en el Consejo de Caja Madrid, Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca (Exmiembro (vocal) del consejo de BFA), Mercedes Rojo Izquierdo(exmiembro (vocal) del consejo de BFA), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (exmiembro (vocal) del consejo de BFA), Ángel Villanueva Pareja (exmiembro (vocal) del consejo de BFA) (dimitió en junio).

Condenados/Años: El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa ha sido condenado por la Audiencia Nacional y debe pagar una fianza de 16 millones de euros. Su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, esquivó el embargo de sus bienes al cubrir su fianza de 3 millones de euros con un aval del Banco Sabadell.

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: Se especula acerca de que hayan sido más de 23.000 millones de euros.

CASO DÍVAR

Breve descripción del caso: Carlos Dívar, como presidente del Consejo General del Poder Judicial, malversó los fondos de dinero público para costearse los viajes a Marbella (Málaga) y otros destinos y que, posteriormente, provocaron su dimisión.

Fecha: 7 de Mayo de 2012

Gobierno nación: Gobierno de Mariano Rajoy

Desencadenante de la denuncia: El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denuncia ante la Fiscalía General del Estado a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los

presupuestos de este último organismo los gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo.

Denunciante: José Manuel Gómez Benítez

Ámbito (Nacional, autonómico, local): Nacional

Partido gobernante: PP.

Lugar de desarrollo: Se desarrolla en el territorio Nacional

Partidos implicados:

Empresarios implicados:

Personas involucradas: José Manuel Gómez Benítez, Carlos Dívar, Juan José Martín Casallo.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad

Delitos: Malversación de fondos públicos con fines privados, en este caso serían viajes vacacionales.

Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio/año): cerrado / 2012. Juicio paralelo de naturaleza mediática / 2012

Juez instructor:

Imputados: José Manuel Gómez Benítez, Carlos Dívar, Juan José Martín Casallo

Condenados/anos

Absueltos

Indultados: Carlos Dívar, presentó su dimisión.

Dinero estafado/robado: Se especula que la cifra asciende a los 28.000 euros.

CASO UMBRA

Breve descripción del caso: El caso Umbra investiga supuestas irregularidades en los convenios de la zona norte de la capital regional, y en él se encuentran imputados el alcalde, Jesús Samper y excargos de Urbanismo.

Fecha: 5 de octubre de 2010

Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: Seis convenios urbanísticos que el Ayuntamiento suscribió con grupos empresariales entre 2001 y 2006 y que permitían edificar unas 26.000 casas en la zona norte.

Denunciantes: Grupo socialista del Ayuntamiento ante la Fiscalía, a la que siguió otra posterior del fiscal, ya dirigida al juzgado.

Ámbito: local

Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: Murcia

Partidos implicados: PP

Empresarios implicados: Jesús Samper Vidal, Juan Sabater

Personas involucradas: Higinio Perez Mateos (abogado), Alberto Guerra (gerente de Urbanismo), Fernando Berberena (concejal de Urbanismo), Jesus Samper Vidal (alcalde), Joaquin Peñalver(exjefe municipal de Planeamiento), Maria Isabel Fernandez (jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia), Sandra de la Puente, Francisco Arques, Alfonso Ramirez Huguet, Juan Torres Fontes, Renato del Noce, Ramon Salvador Agueda, Ángel Lajarín y otros.

Tipo de asunto: urbanístico

Delitos: presuntos delitos de inducción a la prevaricación, blanqueo de capitales y delito fiscal

Situación judicial: CGPJ ordenó una inspección en el Juzgado Nº8 a poco tiempo de la posible apertura de juicio oral (2013).

Juez instructor: David Castillejos

Imputados: Higinio Perez Mateos, Juan Sabater, Alberto Guerra, Fernando Berberena, Jesus Samper Vidal, Joaquin Peñalver, Maria Isabel Fernandez, Sandra de la Puente, Francisco Arques, Alfonso Ramirez Huguet, Juan Torres Fontes, Renato del Noce, Ramon Salvador Agueda y Ángel Lajarín.

Condenados/Años: investigación abierta

Absueltos: investigación abierta

Indultados: investigación abierta

Dinero estafado / robado: investigación abierta (60 millones de euros aporx.)

URBANOR

Breve descripción del caso: Urbanor es la sociedad que construyó las torres Kio de la Plaza de Castilla de Madrid, conocidas también como la Puerta de Europa de Madrid. La empresa se convirtió en protagonista del llamado "Caso Urbanor", considerado como uno de los mayores escándalos económicos de los años 1980 en España

Fecha: enero de 1988

Gobierno nación: Felipe González

Desencadenante de la denuncia: La sociedad Urbanor vendió los terrenos de Plaza Castilla, de Madrid, al grupo kuwaití KIO, operación de la que salieron beneficiados 'los Albertos', así como Enrique Sarasola, a través de sus sociedades.

Denunciantes: el arquitecto Pedro Sentieri y el constructor Julio San Martín.

Ámbito: autonómico

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: Madrid

Partidos implicados: -

Empresarios implicados: Alberto Cortina y Alberto Alcocer

Personas involucradas: Alberto Cortina y Alberto Alcocer

Tipo de asunto: urbanístico

Delitos: estafa y falsificación de documento privado de venta

Situación judicial: Tribunal Supremo 10/06/2008

Juez instructor: -

Imputados: ninguno

Condenados/Años: ninguno

Absueltos: todos

Indultados: ninguno

Dinero estafado /robado: 4.100 millones de pesetas

CASO ZAMORA

Breve descripción del caso: Los acontecimientos del caso Zamora también se inician con las elecciones municipales de 1987. En ellas obtienen la mayoría en la Diputación provincial el PSOE y el CDS, que tenían un pacto de gobierno mutuo. El Partido no obstante obtiene la Presidencia de la Diputación- dicen- que "comprando" a un tránsfuga del PSOE, José Luis Antorrena, elegido en una lista alternativa a la presentada por la Ejecutiva de Zamora, y para consolidar su situación en la Diputación Provincial se lanza a una política de adjudicaciones de obras a empresarios amigos por procedimientos como mínimo irregulares, y de contrataciones masivas de familiares y afiliados del PP. Presuntamente parte de la financiación obtenida por las adjudicaciones pudo servir para financiar la compra del voto del tránsfuga. Es de destacar que el "regenerador" de SE no hizo ninguna

crítica, sino que amparó y protegió la compraventa de la Diputación de Zamora.

Fecha: 1997

Gobierno nación: PP

Desencadenante de la denuncia: el Presidente de la Diputación Provincial de Zamora, un tal Antolín Martín, enfrentado a la mayoría del Partido de Zamora y apoyado en ASAJA, destituye a dos vicepresidentes del ala oficial del Partido, y escinde al Grupo Popular en la Diputación. Para legitimar su actitud denuncia a los antiguos responsables, y busca apoyo en algunos de los constructores perjudicados, uno de los cuales en particular denuncia que ha pagado comisiones directamente al propio Aznar (Eduardo Corrales).

Denunciantes: Grupo Socialista de la Diputación.

Ámbito: nacional

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: Zamora

Partidos implicados: PP Castilla y León

Empresarios implicados: Eduardo Corrales

Personas involucradas: Jose María Aznar,

Tipo de asunto: pago de comisiones

Delitos: adjudicaciones a dedo, sin publicidad, casi siempre a favor de los mismos constructores, con oficios "en blanco" para ser rellenados con posterioridad a la realización de las obras, reformados dudosos, etc.

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano)

Juez instructor: Jose Antonio Martín Pallín

Imputados: Antolín Martín, Felipe García y siete constructores

Condenados/Años: -

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 12´5 millones de pesetas.

CASO SEAT

Breve descripción del caso: caso de corrupción referente al pago de 150 millones de pesetas (900.000 euros) al PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE.

Fecha: 1988

Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: pago de 150 millones de pesetas (900.000 euros) al PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE.

Denunciantes: PP y Fiscalía

Ámbito: autonómico

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: Madrid

Partidos implicados: PSOE

Empresarios implicados: directivos SEAT

Personas involucradas: Guido Brunner, Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de Palacio, Elena Abreu.

Tipo de asunto: urbanístico

Delitos: financiacion ilegal, recalificacion irregular de terrenos

Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano)

Juez instructor: Juan José López Ortega

Imputados: Aida Álvarez, Juan Carlos Mangana

Condenados/Años: -

Absueltos: todos

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 150 millones de pesetas

CASO TABACALERA

Breve descripción del caso: caso de corrupción en España en el que están involucrados el actual Presidente Ejecutivo de Telefónica S.A. César Alierta, su mujer y su sobrino.

Fecha: Los inicios del caso Tabacalera datan de 1997. A día de hoy los procesos judiciales siguen y no hay ningún condenado, aunque la Fiscalía Anticorrupción considera a Alierta culpable.

Gobierno nación: PP

Desencadenante de la denuncia: Se sospechó que Alierta había hecho uso de información confidencial, ya que habían comprado las acciones poco antes de que Tabacalera (que tras la privatización y fusión con Seita en 1999 pasó a llamarse Altadis) comprara la compañía de tabacos norteamericana Havatampa, lo que elevó el valor de las acciones.

Denunciantes: Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa.

Ámbito: nacional

Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: Madrid

Partidos implicados: PP, PSOE

Empresarios implicados: César Alierta

Personas involucradas: esposa y sobrino

Tipo de asunto: inversión

Delitos: uso de información confidencial

Situación judicial: aplazamiento de la sentencia, 30 de junio de 2010.

Juez instructor: Modesta Medina

Imputados: César Alierta, esposa y sobrino

Condenados/Años: caso abierto

Absueltos: caso abierto

Indultados: caso abierto

Dinero estafado / robado: 1.86 millones de euros.

CASO TERÁN

Breve descripción del caso: escándalo de corrupción política ocurrido en el municipio español de Sanlúcar de Barrameda denunciado el 7 de julio de 1998 y consistente, entre otros, en delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, cometidos por parte de algunos miembros del Ayuntamiento del municipio y de sus familiares entre 1991 y 1993, durante el mandato del alcalde Manuel Vital Gordillo, del PSOE. Su nombre se debe a que los hechos fueron denunciados por Rafael Terán Hidalgo, funcionario del Ayuntamiento de dicho municipio.

Fecha: 7 de julio de 1988

Gobierno nación: Felipe González

Desencadenante de la denuncia: una serie de irregularidades que había detectado en la gestión económica del Consistorio. Entre otras, que el entonces interventor, Juan Manuel Castillo, firmaba pagos del Ayuntamiento a familiares suyos por compra de material y por prestaciones inexistentes y luego se embolsaba él el dinero (más de 47.000 euros). Terán también descubrió y denunció que el concejal de Fomento, Agustín Cuevas, había cobrado algo más de 9.000 euros que iban destinados a una escuela taller y que fueron justificados con un convenio ficticio.

Denunciantes: Rafael Terán Hidalgo

Ámbito: local

Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: Sanlúcar de Barrameda

Partidos implicados: PSOE

Empresarios implicados: -

Personas involucradas: Agustín Cuevas Batista, Manuel Vital Gordillo, Juan Manuel Castillo Fagúndez, familiares de Castillo, Ángel Mora Bayón (políticos)

Tipo de asunto: contabilidad.

Delitos: falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos

Situación judicial: Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz (7de julio de 2008).

Juez instructor:

Imputados: Agustín Cuevas, Manuel Castillo, Eusebio Moreira, 2 familiares de Castillo.

Condenados/Anos: los 5 imputados – 1 año 10 meses (finalmente quedaron en penas mínimas)

Absueltos: los demás

Indultados: Castillo

Dinero estafado / robado: -

CASO TROYA

Breve descripción del caso: trama de corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), destapada en enero de 2007.

Fecha: 2007

Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: cobro de comisiones a cambio de licencias urbanísticas ilegales en Alhaurín el Grande

Denunciantes: PSOE

Ámbito: local

Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: Málaga

Partidos implicados: PP

Empresarios implicados: 18 constructores (no especifica nombre)

Personas involucradas: Juan Martín Serón, Gregorio Guerra

Tipo de asunto: urbanístico

Delitos: cohecho impropio

Situación judicial: Tribunal Supremo confirmada la sentencia emitida en enero de 2012 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga

Juez instructor: -

Imputados: 20 procesados, entre ellos 18 constructores

Condenados/Años: -

Absueltos: todos

Indultados: -

Dinero estafado / robado: Según el fallo, ambos acusados con el ánimo de enriquecerse pidieron de forma reiterada 122.000 euros a un constructor de la localidad como contrapartida a una licencia de obras entre los años 2006 y 2007.

OPERACIÓN POKÉMON

Breve descripción del caso: investigación jurídica desarrollada en Galicia desde 2012 en relación con diferentes episodios de presunta corrupción, y donde fueron rodeados políticos gallegos como el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez , o el alcalde de Boqueixón , Adolfo Gacio .

Fecha: 2012

Gobierno nación: PP

Desencadenante de la denuncia: conexión con otro caso de corrupción

Denunciantes: Agencia Tributaria

Ámbito: autonómico

Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: Galicia

Partidos implicados: PPdeG, PSdeG

Empresarios implicados: Véndex

Personas involucradas: Francisco Rodríguez, Adolfo Gacio (políticos)

Tipo de asunto: contabilidad

Delitos: contratos por parte de distintas administraciones públicas en Galicia en troca de pagamentos o sobornos a cargos directivos.

Situación judicial: fase de instrucción no cerrada

Juez instructor: Pilar de Lara Cifuentes

Imputados: Adolfo Gacio, Francisco Rodríguez, Francisco Fernández Liñares, Gervasio Ronaldo Rodríguez

Condenados/Años: -

Absueltos: Adolfo Gacio, Francisco Rodríguez

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 824 millones de euros

CASO PONIENTE

Breve descripción del caso: el mayor caso de corrupción de la historia de Almería, una trama para saquear las arcas públicas de El Ejido.

Fecha: 2009

Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: entramado de subcontratas de Elsur que conseguía desmesurados e ilícitos beneficios del Ayuntamiento por sus contratos.

Denunciantes:

Ámbito: local

Partido gobernante: PAL

Lugar de desarrollo: El Ejido

Partidos implicados: PAL

Empresarios implicados: ELSUR

Personas involucradas: Juan Escino, José Alemán

Tipo de asunto: malversación

Delitos: blanqueo de dinero y malversación de arcas públicas

Situación judicial: caso cerrado 2011

Juez instructor: Monserrat Peña

Imputados: Juan Esciso, José Alemán

Condenados/Años: -

Absueltos: todos

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 150 millones de euros.

CASO PALLEROLS

Breve descripción del caso: caso de corrupción ligado a la financiación ilegal del partido político Unión Democrática de Cataluña (UDC), sentenciado en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el caso fueron condenados el empresario andorrano Fidel Pallerols y los excargos de UDC Lluís y Vicenç Gavaldà por el desvío de subvenciones de la Consejería de Trabajo de la Generalidad de Cataluña para la financiación del partido.

Fecha: 1994

Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: financiación ilegal del partido político Unión Democrática de Cataluña

Denunciantes: -

Ámbito: autonómico

Partido gobernante: UDC

Lugar de desarrollo: Cataluña

Partidos implicados: UDC

Empresarios implicados: Fidel Pallerols

Personas involucradas: Josep Antoni Durán i Lleida

Tipo de asunto: subvenciones

Delitos: desvío de subvenciones de la Consejería de Trabajo de la Generalidad de Cataluña para la financiación del partido.

Situación judicial: sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2013

Juez instructor: Teresa Cervelló

Imputados: Fidel Pallerols, Lluís y Vicenç Gavaldà

Condenados/Años: los 3 imputados con penas menos de los 2 años

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: cerca de 9 millones de euros

CASO BÁRCENAS

Breve descripción del caso: caso judicial donde se investiga a Luis Bárcenas y su papel en la financiación del Partido Popular, uno de los principales partidos políticos de España en el periodo posterior a la Transición española. Presuntamente, las concesiones de las obras se han dado a dedo a empresas que han entregado ‘donaciones’ al PP. De ahí se habrían pagado sobresueldos a los dirigentes del partido, entre ellos a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal durante 2009 y 2010, según Bárcenas.

Fecha: enero de 2013

Gobierno nación: PP

Desencadenante de la denuncia: mala financiación del PP con posibles cuentas en B

Denunciantes: -

Ámbito: Nacional

Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: España

Partidos implicados: PP

Empresarios implicados: ver imputados.

Personas involucradas: ver imputados.

Tipo de asunto: contabilidad

Delitos: sobresueldos a través de supuestas donaciones

Situación judicial: caso abierto

Juez instructor: Baltasar Garzón, Antonio Pedreira

Imputados: Ángel Sanchis Perales (ex diputado y ex tesorero del PP)

Rosalía Iglesias Villar (mujer de Bárcenas)

Álvaro Lapuerta Quintero (extesorero y exdiputado por la Rioja del PP)

Luis Bárcenas Gutiérrez (extesorero y exsenador del PP)

Juan Miguel Villar Mir (OHL)

Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso)

José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando),

Manuel Contreras Caro (Azvy),

Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica),

Juan Manuel Fernández (Aldesa),

José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas)

Antonio Vilella (Construcciones Rubau).

Iván Yáñez Velasco

Gonzalo Urquijo (Arquitecto)19

José Ángel Cañas (Gerente del PP de Castilla la Mancha)20

Cristóbal Páez. (ex-gerente del PP nacional)

Joaquin Molpeceres (grupo Licuas)

Antonio Pinal (presidente consejero delegado de Bruesa)

Ignacio Ugarteche (consejero de Urazca Construcciones)

Raimon Aigé (presidente de Sorige-Acsa)

Vicente Cotino (administrador único de Asedes Capital)

Rafael Palencia (Degremont Iberia)

Cecilio Sánchez (ex director comercial de FCC)

Camilo José Alcalá (presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia)

José Antonio Romero (administrador de la mercantil Grupo Romero Polo)

José Luis Suárez (presidente de Construcciones Parraño)

Pablo Crespo

Francisco Yáñez

Ángel Sanchis Herrero

Lamberto García Pinedo (ex concejal y ex tesorero en Castilla la Mancha del PP)

José Manuel Molina (ex alcalde de Toledo)

Ángel Acebes Paniagua (ex Ministro de justicia, ex Ministro de Interior, ex Diputado i ex Secretario general del Partido Popular

Condenados/Años: caso abierto

Absueltos: caso abierto

Indultados: caso abierto

Dinero estafado / robado: 14.885.976

CASO NUEVA RUMASA

Breve descripción del caso: quiebra y venta de este grupo empresarial debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.

Fecha: 2011

Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: comisiones vinculadas a operaciones ficticias de compraventa de acciones en empresas fundamentalmente familiares. Son las denominadas operaciones palanca, un mecanismo que, según un antiguo abogado, utilizaron durante dos décadas para conseguir liquidez y sufragar gastos del grupo.

Denunciantes:

Ámbito: nacional

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: Madrid

Partidos implicados: -

Empresarios implicados: José María Ruiz-Mateos

Personas involucradas: familia Ruiz-Mateos, Juan Francisco López Garrido y su esposa, Elena Gamo Ruiz, minoritarios de la constructora.

Tipo de asunto: ERE

Delitos: comportamientos fraudulentos presuntamente delictivos por el incumplimiento sistemático de obligaciones tributarias del Impuesto sobre el Valor Añadido entre los ejercicios 2004 y 2008

Situación judicial: Audiencia Provincial de Madrid en 2014

Juez instructor: Pablo Ruz

Imputados: José María Ruiz-Mateos e hijos.

Condenados/Años: caso abierto

Absueltos: caso abierto

Indultados: caso abierto

Dinero estafado / robado: 60 millones de euros

PÚNICA

Breve descripción del caso: Presunta trama de corrupción municipal y regional, en la que se habrían adjudicado contratos públicos por valor de 250 millones de euros en dos años y en la que están implicadas predominantemente empresarios, cargos públicos y políticos. Fecha de inicio: 24 de diciembre de2013 empieza la investigación Gobierno/ nación/Comunidad: España Desencadenante de la denuncia: El desencadenante de la denuncia y posterior investigación se produjo con la recepción de una comisión rogatoria internacional [CRI], procedente de las Autoridades Suizas, por sospechas graves de blanqueo en el país. Se pone de manifiesto la existencia de varias cuentas en un banco suizo a nombre de Francisco José Granados Lerena y su cónyuge María Nieves Alarcón Castellanos, de David Marjaliza Villaseñor y su cónyuge Adela Cubas Navarro y de la sociedad SHERATON TRADING S.A.¸ con el análisis de las mismas se detectan movimientos sospechosos y no se acredita el origen de los activos, de esta forma, se solicitó ayuda a los órganos de investigaciones españoles y fue aquí cuando se produce la denuncia. Denunciantes: Ministerio fiscal Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico y local Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Castilla la Mancha (PP), Valencia (PP) y Madrid (PP), a nivel autonómico. A nivel local, algunos de los municipios en los que se han llevado investigaciones son: Ayuntamiento de Valdemoro (PP), Madrid; Ayuntamiento de Parla(PSOE), Madrid; Ayuntamiento de Móstoles, Madrid; Ayuntamiento de Torrejón de Velasco(PP), Madrid, Ayuntamiento de Casarrubuelos (PP), Madrid; Ayuntamiento de Collado Villalba (PP), Madrid; Ayuntamiento de Serranillos del Valle(UDMA),Madrid; Ayuntamiento de León (PP), León y Ayuntamiento de Almendralejo(PP), Badajoz.

Lugar de desarrollo: Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana. Partidos implicados: PP, PSOE y UDMA (Unión Demócrata Madrileña). Empresarios implicados: 9 Banqueros implicados: 0 Políticos implicados: 12 Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: 1 Jefe de gabinete de prensa, 7 funcionarios, 1 consultor tecnológico, 1 secretaria, 1 policía y 1 arquitecto. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Falsificación de contratos y contabilidad. Delitos: Blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, utilización de información confidencial y revelación de secretos, entre otros. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): En fase de instrucción, año 2014 Juez instructor: Eloy Velasco Imputados: 51 por el momento Algunos de los nombres son: Agustín Juárez López de Coca Alejandro de Pedro Llorca Alejandro Utrilla Palomi Alfredo ovejero Ana María Ramírez Antonio Borrego Fortea Antonio Ruiz Antonio Sánchez Avelino Pérez Pallares Constantino Álvarez David Marjaliza David Rodríguez Sanz Didier Maurice Eduardo de la Peña Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela Francisco Granados Gonzalo Cubas Javier Hernández Jesús Norberto Galindo Sánchez José Antonio Alonso

José Antonio Hernández José Carlos Boza Lechuga José Fidel Saura José Luís Huertas José Luís Navarro José Manuel Rodríguez Talamino José María Fraille José Martínez Nicolás Manuel Jesús López Sánchez Marco Duran Benitez Marcos Martínez Mariola Martínez Pedro García Condenados/Años (nombres y años): -- Detenidos: Son 9, todos ellos en prisión preventiva: Alejandro de Pedro Llorca, Antonio Borrego Fortea, Antonio Cándido Ruiz García, David Marjaliza Francisco Granados, Gonzalo Cubas Navarro, Jose Carlos Boza Lechuga, José María Fraile Campos y Marcos Martínez. Absueltos (nombres) -- Indultados (nombres) -- Dinero estafado / robado: Adjudicaciones públicas por valor de 250 millones

ITV

Breve descripción del caso: Se trata de un desglose del "caso Campeón". En él se imputan a políticos y empresarios por amañar la concesión de estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos, presuntamente.

Fecha de inicio: 2011 se inician las investigaciones

Gobierno/ nación: PP

Desencadenante de la denuncia: --

Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción y colectivo "Manos Limpias"

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: CIU

Lugar de desarrollo: Cataluña

Partidos implicados: CIU

Empresarios implicados: 5

Banqueros implicados: 0

Políticos implicados: 1

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: 1 arquitecto y abogado, 2 jueces y 1 funcionario

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): ITV

Delitos: cohecho, soborno y tráfico de influencias

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): en espera de juicio

Juez instructor: Enric Anglada

Imputados (número definitivo): 6

Estes son:

Josep Tous

Oriol Pujol Ferrusola

Ricard Puignoi Vigo

Sergi Alsina

Sergio Pastor

Ana Vidal Maragall

Condenados/Años (nombres e anos):--

Absueltos (nombres): Isidre Masalles

Indultados (nombres):--

Dinero estafado / robado: En el soborno Oriol Pujol exigió presuntamente 30.000 euros a Puignou por votar en el Parlamento a favor de los intereses del empresario, para el soborno se sirvió del empresario Sergi Alsina como intermediario. Así pues, en 2008 Puignou habría pagado presuntamente por 80.000 a Alsina por la mediación llevada a cabo. El supuesto abono a Oriol Pujol "por los servicios prestados" se hizo a través de una mercantil de su mujer y habrían sido, según la jueza Silvia Pérez Mejía, cerca de 700.000 euros en comisiones entre los años 2005 y 2012 por utilizar su influencia política para beneficiar proyectos de su empresario amigo, Sergi Alsina.

KIO

Breve descripción del caso: conocido también como el caso Torras o de la Rosa, denominado así por su principal protagonista Javier de la Rosa, supuso uno de los procesos judiciales más sonados de la historia de España en la década de los 90. Se divide en cuatro procesos o piezas judiciales diferentes: WardBase, Icsa-Impacsa, Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-ACIE.

Wardbase fue la primera de las piezas en la que se desgajó el caso. En la pieza Icsa-Impacsa se encontraron tres ventas sucesivas de las papeleras Icsa e Impacsa, en 1988. Las operaciones no fueron declaradas en España y en consecuencia, los beneficios no retornaron al Grupo Torras. La pieza Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria está compuesta por la operación Pincinco, Oakthorn y la posible manipulación de las cotizaciones de Prima Inmobiliaria a principios de la década de los 90.

Quail-ACIE: en estase investigó el desvío de una gran cantidad de dinero de euros procedentes del Grupo Torras a través de la entidad Quail, propiedad de Javier de la Rosa.

Fecha de inicio: 8 de enero de 1993, año en el que comienza la investigación y, un año después, en 1994, comienza el juicio.

Gobierno/ nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: Desde el Grupo Torras se consideró que los ex gestores no sólo actuaron de forma fraudulenta y provocaron la descapitalización y posterior suspensión de pagos del grupo, sino que incurrieron en los delitos de falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos fiscales. Ante estas sospechas, procedieron a denunciar.

Denunciantes: grupo Torras

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE

Lugar de desarrollo: España

Partidos implicados: 0

Empresarios implicados: 8

Banqueros implicados:0

Políticos implicados:0

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: 0

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad

Delitos: Caso Wardbase (2002): Javier de la Rosa fue condenado apropiación indebida y falsedad documental. Ya ha cumplido con esta condena.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): En noviembre de 1999 se concluyó la instrucción de las piezas que conforman el caso, sin embargo, cada una de las piezas continuaron desarrollándose por separado.

Juez instructor: Fueron varios los que instruyeron las piezas del caso. El primero fue Miguel Moreiras, a continuación, en 1996, Teresa Palacios substituyó al juez instructor, al ser sancionado por reverlar secretos de sumario. La juez Palacios contó con la colaboración del fiscal de anticorrupción Salvador Viada.

Imputados (número definitivo):

- Caso Wardbase (2002): 7

Cuatro de los 7 no cumplieron condena porque sus delitos prescribieron.

- Caso "Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria": Javier de la Rosa fue acusado de apropiación indebida y de falsedad documental por la operaciones de Pincinco y Oakthorn, pero la sala no encontró delito en las actuaciones de Prima Inmobiliaria.

Condenados/Años (nombres y años):

- Caso Wardbase (2002): 3/7

Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal y Jorge Núñez siguieron en el banquillo. Javier de la Rosa fue condenado a cinco años y medio de prisión.

- Icsa-Impacsa: El 15 de marzo de 2004 la Audiencia Nacional condenó a De la Rosa a tres años de prisión por esta pieza, aunque la sentencia está pendiente del Tribunal Supremo.

- Caso "Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria: De la Rosa fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años y dos meses de prisión.

Absueltos (nombres): --

Indultados (nombres):--

Dinero estafado / robado:

450 millones de dólares que desaparecieron de las cuentas del Gurpo Torras, el portaaviones español del grupo kuwaití KIO.

De la Rosa se llevó 126 millones de dólares; Fahad al Sabah, el presidente de KIO, 120 millones de dólares; Fouad Khaled Jaffar, director general del consorcio kuwaití; 25 millones de dólares; y Khaled al Sabah, 15 millones de dólares.

En el caso "wardbase " se registró el pago de 1.900 millones de pesetas (11 millones de euros), en 1992, mediante factura falsa, al financiero Manuel Prado y Colón de Carvajal, a través de la sociedad "pantalla".En el caso "Icsa-Impacsa" tuvieron lugar pérdidas de entre 7.000 y 15.000 millones de pesetas. La operación se llevó a cabo supuestamente a través de sociedades instrumentales en Holanda y

Gibraltar, y los 8.000 millones de plusvalías podrían haber ido a cuentas suizas abiertas por De la Rosa. En la pieza "Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria" se produjo la presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo.

LASARTE

Breve descripción del caso: También denominado "Trama Solar" investigación llevada a cabo sobre posible utilización de información privilegiada por parte del exjefe del Servicio Territorial de Industria en Zamora, José Bahamonde, para crear empresas de huertos solares y la venta de acciones de diversas sociedades. El estallido del caso demostró que había toda una trama para conseguir licencias y subvenciones para huertos solares en varias provincias de Castilla Y León, también en Valladolid y Zamora, y que implicaba a numerosos funcionarios del Gobierno regional, todos ellos afines al PP.

Fecha de inicio: agosto de 2008

Gobierno/ nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: La investigación se ha iniciado a raíz de que el pasado 1 de agosto trascendiera que el secretario territorial de la Junta en León había obtenido 11 autorizaciones para construir otras tantas plantas fotovoltáicas en las provincias de León y Palencia. Además, el fiscal inició una investigación por irregularidades en la concesión del parque eólico Nerea I, en Calabor.

Denunciantes: fiscalía

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: León (PP), Zamora(PP) y Valladolid(PP)

Lugar de desarrollo: León, Zamora y Valladolid

Partidos implicados: PP

Empresarios implicados:--

Banqueros implicados:--

Políticos implicados:--

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: 11 funcionarios

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): placas solares y subvenciones

Delitos: Delitos de cohecho, por el que puede ser condenado hasta a seis años de prisión y 12 de inhabilitación para empleo o cargo público; y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. También por tráfico de influencias, que es el delito que se le imputa al resto de los imputados.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): cerrado

Juez instructor: Se desconoce el nombre.

Imputados (número definitivo): 5

Los imputados son: el exjefe de industria de la Junta de Castilla y León, José Bahamonde Salazar (jubilado en octubre); su hijo, Javier Bahamonde González; la socia de éste y amiga de aquél, Blanca Blanco Blanco; el expresidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso; y el jefe de zona de Iberdrola en Zamora y León, Agustín de la Fuente.

Condenados/Años (nombres y años): Javier Lasarte, condenado inicialmente a 3 años sin empleo y sin sueldo, que se rebajó a un año.

Absueltos (nombres):--

Indultados (nombres):--

Dinero estafado / robado: --

MARGÜELLO

Breve descripción del caso: contratos ilegales entre la sanidad pública vasca y empresas privadas ligadas a tres médicos que los firmaron. El nombre viene dado por el doctor José Carlos Margüello, entonces jefe de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces, perteneciente a Osakidetza - Servicio Vasco de Salud.El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao ha sobreseído la denuncia interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia contra el exdirector de Sanidad de ese territorio. El Ministerio Fiscal le acusó de prevaricación por la autorización otorgada en el año 2006 a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada al exjefe de Calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello.

Fecha de inicio: 2009

Gobierno/ nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: sospechas por irregularidades

Denunciantes: Fiscalía y el propio Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) en su resolución de 5 de julio de 2010.

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PNV

Lugar de desarrollo: País Vasco

Partidos implicados: PNV

Empresarios implicados: las empresas Medical Dom S.L, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, La UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Rehabilidom y Clínica Indautxu.

Banqueros implicados:0

Políticos implicados:4

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: 5 funcionarios y 3 médicos

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): contratos ilegales entre la sanidad pública vasca y empresas privadas

Delitos: presunto delito de prevaricación

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): En fase de instrucción

Juez instructor:-

Imputados (número definitivo):12

Condenados/Años (nombres e años): El 15 de junio de 2010 la dirección del Hospital de Cruces decide suspender de funciones durante 6 años a Margüello por falta disciplinaria muy grave al considerar que violó incompatibilidades, beneficiándose así económicamente e incumpliendo su horario laboral. Por ello, queda inhabilitado para trabajar para la administración pública o cualquier entidad dependiente de ella durante ese tiempo, perdiendo por tanto su trabajo en el hospital.

Absueltos (nombres): José Ramón Elorriaga (director territorial de Sanidad de Vizcaya)

Indultados (nombres): --

Dinero estafado / robado: La sociedad de Margüello logró unos ingresos por explotación por valor de 706.511 euros, facturación que sólo un ejercicio después se disparó hasta los 1,32 millones de euros. Entre 1996 y 2006 logró adjudicaciones por importe de 33,5 millones, presuntamente. Margüello habría recibido comisiones de hasta un 30% sobre intervenciones realizadas por su empresa a pacientes en lista de espera de Osakidetza.

IBERCORP

Breve descripción del caso: Un grupo financiero de nueva creación( Ibercorp) llevó a cabo numerosas actuaciones ilegales en la que estuvieron involucradas personajes públicos y políticos de la sociedad española y donde se produjo una suspensión de pagos. En 1992, el Banco de Inversiones Ibercorp, bajo la presidencia de Manuel de la Concha, es intervenido por el Banco de España. Dos años después, en abril de 1994, salta a la luz pública que Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, tenía una cuenta secreta con dinero negro en Ibercorp por valor de 780.000 euros (130 millones de pesetas).

El Banco Ibercorp omitió sus ventas propias con un entramado de sociedades "fantasma" y ocultó información del grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se abrieron doce expedientes contra las sociedades y sus gestores y los tribunales tramitaron varios sumarios penales. Ibercorp fue un entramado societario que supuestamente permitió, entre 1985 y 1993, actividades especulativas de Bolsa que generaban, mediante el uso de información privilegiada, importantes plusvalías a los asociados de De la Concha.

Fecha de inicio: 1994

Gobierno/ nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: publicaciones de varios periodistas de EL Mundo, que tras un trabajo de investigación lograron sacar a la luz las irregularidades sobre Ibercorp. Se descubría la existencia de una cuenta opaca de 130 millones de pesetas (781.315 euros) a nombre de Mariano Rubio y la concesión de una línea de crédito del Banco de España de 5.400 millones de pesetas (32,4 millones de euros) al Banco Ibercorp, cuyo presidente era Manuel de la Concha.

Denunciantes: fiscalía

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE

Lugar de desarrollo: España

Partidos implicados: 0

Empresarios implicados:0

Banqueros implicados: 3(Manuel de la Concha, Mariano Rubio y Jaime Soto)

Políticos implicados:0

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: 1 funcionario, y 9 personas relacionadas con el ámbito familiar de Mariano Rubio

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): contabilidad

Delitos: cohecho, estafa, apropiación indebida, falsedad de documento, tráfico de influencias, falsedad de documento mercantil, revelación de secretos.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): caso cerrado el 15 de febrero de 1999 y reabierto y cerrado de nuevo en 2002.

Juez instructor: María Paz Redondo

Imputados (número definitivo): 8 (Manuel de la Concha, Jaime Soto, Benito Tamayo, Rafael Vázquez Padura, Ignacio Velasco, Joaquín Amo y José Manuel Quesada, Mariano Rubio)

Condenados/Años (nombres y años): 4

De la Concha, Soto y Tamayo aceptaron penas de un año. Vázquez Padura obtuvo una multa de 10.000 pesetas

Posteriormente, en julio de 2002 la Audiencia de Madrid condenó a De la Concha a seis años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento público por funcionario público.

Absueltos (nombres): 4(Mariano Rubio, Ignacio Velasco, Joaquín Amo, José Manuel Quesada)

Indultados (nombres):--

Dinero estafado / robado: Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, tenía una cuenta secreta con dinero negro en Ibercorp por valor de 780.000 euros (130 millones de pesetas). Rubio se vio envuelto en el caso por un crédito de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) que concedió el instituto emisor a Ibercorp, pese a un informe desfavorable de la Inspección del Banco de España. De la Concha y Soto realizaron innovadoras operaciones financieras, y el primero le compró a José María López de Letona, vicepresidente de Banesto, la ficha del Banco Trelles por 500 millones de pesetas.

GRAN TIBIDABO Breve descripción del caso: Gran Tibidabo fue el resultado de la fusión de las sociedades Tibidabo y Consorcio Nacional del Leasing, firma sobre la cual Javier de la Rosa lanzó una oferta pública de acciones (opa) en 1991. En 1994, la fiscalía de Barcelona presentó una querella por la presunta descapitalización fraudulenta de Gran Tibidabo, en la que habrían sido perjudicados unos nueve mil inversores de la compañía. En esos momentos ya se habían emprendido acciones legales contra Javier de la Rosa en Madrid por Kio, pero estaban paralizadas. En las calificaciones provisionales de la fiscalía, donde también se acusa a otros directivos de la sociedad y socios del financiero, se describen diversas operaciones consideradas ilícitas, como la comisión generada por la venta de la sede del Consorcio Nacional de Leasing a la Generalitat. O también la valoración de la participación de Tibidabo en empresas como Parque de Atracciones Tibidabo, Telefuturo y proyecto de Parque Bush. O la financiación de proyectos inmobiliarios en Dos Hermanas, provincia de Sevilla.

Fecha de inicio: 1994

Gobierno/ nación: España

Desencadenante de la denuncia:--

Denunciantes: fiscalía de Barcelona

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE

Lugar de desarrollo: PSOE

Partidos implicados:--

Empresarios implicados: 9

Banqueros implicados

Políticos implicados

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): contabilidad

Delitos: fiscal y malversación de fondos

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/ano): cerrado(2007)

Juez instructor: Joaquín Aguirre

Imputados (número definitivo): 9 (Joan Cruells, Manuel Prado, Colón de Carvajal, Javier de la Rosa, Florencio Cerdà, Ramón Fiter Arturo Piñana y Carolina Malagelada, Mercedes Misol)

Condenados/Años (nombres y anos):

De la Rosa: tres años de cárcel por apropiación indebida, y a otros cinco, a penas de tres meses a un año de cárcel por apropiación indebida de 68 millones de euros de la compañía (entre ellos los empresarios Manuel Prado y Colón de Carvajal)

Juan Cruells, Florencio Cerdà y Ramón Fiter: un año de cárcel.

Arturo Piñana, Manuel Prado y Colón de Carvajal : 6 y 3 meses de arresto, respectivamente.

Absueltos (nombres): Mercedes Misol y Carolina Malagelada.

Indultados (nombres):--

Dinero estafado / robado: Javier de la Rosa se apropió de 13.000 millones de la compañía. Quedarse con 68 millones de euros entre 1991 y 1994 que acabaron con los ahorros de 10.000 accionistas de Grand Tibidabo.

HORMAECHEA

Breve descripción del caso: Caso que atañe a el ex-presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, primer dirigente de una comunidad autónoma condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Durante el ejercicio de su cargo procedió a la malversación de caudales públicos y prevaricación.

Fecha de inicio: 1990

Gobierno/ nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia:--

Denunciantes: fiscalía

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: UCD

Lugar de desarrollo: Cantabria

Partidos implicados: UCD

Empresarios implicados

Banqueros implicados

Políticos implicados: 6

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: 4 funcionarios

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): caudales públicos, contabilidad

Delitos: 4 delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): cerrado (1994) y reabierto y vuelto a cerrar en 2002.

Juez instructor: César Tolosa

Imputados (número definitivo): 10 (Roberto Bedoya, David Puebla, Rogello Pérez Bustamente, Ricardo Conde Yagüe, Gonzalo Viñeiro García Lago, Alberto Rodríguez, Vicente de la Hera, José Parra, y Dionisio García Cortázar y Hormaechea.

Condenados/Años (nombres y años):Hormaechea, con pena de seis años y un día de prisión y siete de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y a otros siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. (Finalmente, Hormaechea fue a la cárcel). En 2002 el Tribunal Superior de Cantabria volvió a condenar a Hormaechea a tres años de prisión por un delito de prevaricación cometido durante su mandato.

Absueltos (nombres):--

Indultados (nombres): En 1995 el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, le concedió el indulto total, aunque sí mantuvo su inhabilitación de 14 años para participar en política, tal y como solicitó el mismo tribunal que lo juzgó.

Dinero estafado / robado: 2.959.132 pesetas (17.785 euros) fueron desviados para emitir anuncios en prensa y radio en 1989, en los que se descalificaba a sus adversarios políticos. Hormaechea hizo un total de 650 pagos a Oyprocansa por valor de 246,5 millones de pesetas (1.481.495 euros). Durante el proceso el expresidente cántabro, abogado de profesión, cambió hasta tres veces de letrado y terminó defendiéndose a sí mismo.

FAYCÁN

Breve descripción del caso: presunta trama de corrupción urbanística en Telde que implica a cerca de treinta imputados entre políticos, funcionarios del Ayuntamiento y empresarios, no se celebrará antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. En el existe un entramado de numerosos cargos políticos de distinto signo y funcionarios implicados, que recibían comisiones de diversas empresas privadas para acceder a contratos públicos o para cobrar deudas pendientes. Se produce el cobro de sobornos y la posible desviación de fondos del Ayuntamiento para pagos propios del partido (malversación de fondos públicos).

Fecha de inicio: 2005

Gobierno/ nación: PP

Desencadenante de la denuncia: este caso se inició en verano de 2005 tras la denuncia de una empresaria que declaró que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento de Telde le exigió pagar una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

Denunciantes: empresaria

Ámbito (nacional, autonómico, local): local y autonómico

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PP

Lugar de desarrollo: Ayuntamiento de Telde, Gran Canaria

Partidos implicados: PP, AFV

Empresarios implicados

Banqueros implicados

Políticos implicados: se desconoce el número exacto dada la cantidad de imputados pero predominan tanto estos como los funcionarios.

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: número desconocido dada la cantidad de imputados pese que predomina la categoría de funcionarios

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) urbanístico

Delitos: cohecho y falsificación documental.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): pendiente de juicio (2014)

Juez instructor: Francisco Javier García García-Sotoca

Imputados (número definitivo): 31

Condenados/Años (nombres y años)--

Absueltos (nombres)--

Indultados (nombres)--

Dinero estafado / robado: --

CASO GAL

Breve descripción del caso: Financiación ilegal a grupos denominados de "terrorismo de estado" por parte de altos funcionarios del Ministerio del Interior. Procedieron a financiar a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) , es decir, agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado contra ETA. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. Realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.

El caso desembocó en varios juicios paralelos por los diversos secuestros llevados a cabo, el más destacado es el caso "Marey".

Tras las primeras investigaciones del diario Deia, fue en Diario 16, donde se continuó la investigación junto con otros periodistas como Melchor Miralles o Pepe Rei. En 1989, a raíz del despido de Pedro J. Ramírez como director de Diario 16 y de la posterior creación de El Mundo, las investigaciones sobre el caso continuaron en dicho periódico.

Fecha de inicio: 1989

Gobierno/ nación: España

Desencadenante de la denuncia: Gracias a la investigación periodística sobre los GAL iniciada en 1987 en el periódico nacionalista vasco Deia de la mano de los reporteros Ricardo Arques, Juan Carlos Urrutxurtu y Andoni Ortuzar ese mismo año.

Denunciantes: fiscalía

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE

Lugar de desarrollo: España

Partidos implicados: PSOE

Empresarios implicados

Banqueros implicados

Políticos implicados:1

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: 6 funcionarios, 4 policías,

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): financiación ilegal del terrorismo (terrorismo de estado)

Delitos: financiación ilegal, malversación de caudales públicos, secuestro.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): caso cerrado

Juez instructor: Eduardo Moner

Imputados (número definitivo):11

Condenados/Años (nombres y años): fueron diversos los condenados en los distintos juicios en los que se desgajó este caso.

Algunos de los condenados fueron : José Barrionuevo( 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta), Rafael Vera ( 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta), Ricardo García Damborenea ( 7 años de prisión y 7 de inhabilitación),Francisco Álvarez, (9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación), Miguel Planchuelo( 9 años y seis meses de prisión), José Amedo(9 años y seis meses de prisión), Julián Sancristóbal(10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta), Michel Domínguez, Policía ( 2 años, cuatro meses y un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo), Enrique Rodríguez Galindo, ( 75 años de prisión y a inhabilitación), Ángel Vaquero,(69 años de prisión y a inhabilitación) y Julen Elgorriaga (71 años de prisión y a inhabilitación)

Absueltos (nombres): todos los acusados de los delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, declarando de oficio un tercio de las costas del presente procedimiento.

Indultados (nombres)

Dinero estafado / robado: --

ANDRAXT

Breve descripción del caso: Caso de corrupción urbanística entramada por casi 80 piezas que se han tratado por separado. Se han abierto 76 subcausas en las cuales han declarado como imputadas decenas de personas y como testigos otra cantidad mayor. De las 76 piezas, 25, un tercio, han sido sobreseídas o archivadas. La causa del sobreseimiento ha sido fundamentalmente la estimación de que los hechos no eran delictivos, o ya habían prescrito.

Este gran número de archivos obedece en buena medida a que la mayoría de las piezas separadas son por licencias y expedientes concedidos por varios consistorios de Andratx, una localidad mallorquina con unos parámetros urbanísticos muy complejos, debido a su condición de centro turístico y residencial de lujo y a su situación en las estribaciones de la Serra Tramuntana, lo que conllevó una protección especial de muchas fincas, por su riqueza medioambiental o paisajística.

Fecha de inicio: 2006

Gobierno/ nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia --

Denunciantes: fiscalía

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico y local

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PP

Lugar de desarrollo: Andraxt, Mallorca.

Partidos implicados: PP

Empresarios implicados

Banqueros implicados

Políticos implicados

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico

Delitos: prevaricación, blanqueo de capitales, actos prohibidos a funcionarios públicos.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): en el caso quedan piezas en fase de instrucción y otras en fase de juicio. Son pocas las piezas cerradas. Según la Fiscalía Anticorrupción, de las casi 80 piezas en que se dividió inicialmente el primer gran caso de corrupción investigado en Baleares, están vivas unas 42, y el resto se han ido archivando.

Juez instructor: Juan Manuel Sobrino

Imputados (número definitivo): no es posible conocerlo número de piezas existentes en el caso.

Condenados/Años (nombres y años):

Algunos de los condenados en el caso fueron:

1º pieza: Eugenio Hidalgo (cuatro años de prisión), Jaume Massot (tres años y medio de prisión), José Ignacio Mir (un año de cárcel) y Jaume Gibert (cuatro meses de prisión).

2º pieza: Jaume Massot (cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público), Eugenio Hidalgo (siete de inhabilitación para cargo público), Juan Carlos Hidalgo (un año y seis meses de prisión).

Absueltos (nombres): 4 personas fueron absueltas por la eliminación de una de las piezas.

Indultados (nombres):--

Dinero estafado / robado: se desconoce dado el número de sub-piezas existentes

CASO PRETORIA

Breve descripción del caso: Trama de corrupción urbanística destapada en Santa Coloma de Gramanet por el juez Garzón en 2009. Esta trama implica por igual a miembros del PSC y de Ciu, así como a empresarios principalmente del sector inmobiliario. Fecha: 27 de octubre de 2009 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: El origen de la investigación se encuentra en el sumario del caso por blanqueamiento de dinero BBVA “Privanza”, que operaba en la isla de Jersey. Denunciantes: Sale a la luz a través del caso “Privanza”, un caso de blanqueamiento de dinero en el BBVA. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Santa Coloma de Gramanet. Partidos implicados: PSC y CiU. Empresarios implicados: Josep Singla, director de la inmobiliaria Proinasa; Lluís Casamitjana. Director de la inmobiliaria Espais; Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea; Manuel Valero Navarro, administrador de Niesma Corporaciò SL; Doris Malfeito, administradora de una empresa con intereses inmobiliarios en la Costa Brava; Emili Mas, gerente de Incasol; Juan Felipe Ruíz, gerente de Marina Badalona. Personas involucradas: Bartome Muñoz, ex-alcalde de Santa Coloma de Gramanet; Manuel Dobarco, ex-concejal de Urbanismo de Gramanet; Macià Alavedra, ex-consejero de Finanzas de la Generalitat de Cataluña; Lluís Prenafeta, ex-secretario general de la Presidencia; Luis Andrés García Sáez “Luigi” ex-diputado; Pascual Vela, Director de Servicios del Ayuntamiento de Gramanet; Genís Carbó, ex jefe de planificación de la Generalitat; Víctor Ros, ex-alcalde de Llavaneres; Antonio Jiménez, ex-concejal de urbanismo de Llavaneres; Maria Lluïsa Mas, esposa de Lluís Prenafeta; Josefina Calvet, madre de Bartomeu Muñoz; Lluís Falcó, Técnico de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico. Delitos: Soborno, corrupción urbanística, blanqueo de dinero, tráfico de

influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental. Situación judicial (Fase de instrución/año, juico/año) – Juez instrutor: Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial. Pablo Ruz sustituyó a Garzón en la instrucción de este caso. Imputados: 20 personas. Condenados/Años: 11 personas. Absueltos: 9 personas Indultados: 0 Dinero estafado / robado: 44,7 millones de euros a las arcas públicas.

PLASENZUELA Breve descripción del caso: Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista Plasenzuela, Cáceres, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. Fecha: Julio de 2008. Gobierno nación: PSOE. Desencadenante de la denuncia: Adrián González, del Partido Socialista, al reemplazar en el cargo a su sucesor detectó al observar la documentación del Ayuntamiento que había bastantes irregularidades, y una deuda en las arcas municipales de "5.100.000 euros", en un municipio que cuenta tan sólo con 500 habitantes. Denunciantes: Adrián González, actual alcalde de Plasenzuela. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local. Partido gobernante: PSOE. Lugar de desarrollo: Plasenzuela, Cáceres. Partidos implicados: PSOE, PP Empresarios implicados: --

Personas involucradas: Francisco Crespo, exconcejal socialista de Plasenzuela; Leopoldo Barrantes, exsecretario municipal de Plasenzuela; José Villegas, exalcalde de Plasenzuela y Domingo Galán, exalcalde de Torremocha. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico. Delitos: Prevaricación, malversación de fondos, estafa y corrupción urbanística. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) Juez instructor: Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo. Imputados: 4 personas. Condenados/Años Absueltos: Indultados: 0 Dinero estafado / robado: 4´4 millones a las arcas públicas.

CASO MERCASEVILLA Breve descripción del caso: El Gobierno de Andaluciía no paga a 35 prejubilados de Mercasevilla, que denunciaron el incumplimiento del abono de su nómina. Hartos de esta situación presentan también una demanda en el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla. Mercasevilla también utilizó préstamos al 0% de interés para abonar sueldos encubiertos de prejubilados. Así, la empresa burló a la Hacienda Pública y el INEM. Fecha: 2009 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: Impago de nóminas a empledos de Mercasevilla. Denunciantes: 35 prejubilados de Mercasevilla. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Sevilla

Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: EmpresasSeguros Vitalicio, Mercasevilla Personas involucradas: Ex director general de la lonja, Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la Fundación Socio Asistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad. Delitos: Fraude Hacienda Pública, al INEM y a los trabajadores de Mercasevilla. Cohecho. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juico/año): -- Juez instructor: Mercedes Ayala. Imputados: 4 personas. Condenados/Años: condena a Fernando Mellet y Daniel Ponce de 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por delito de cohecho Absueltos: Sigue en proceso. (Continúa caso ERE Andalucía) Indultados: Sigue en proceso. (Continúa caso ERE Andalucía) Dinero estafado / robado: No se puede determinar la cantidad de dinero robado en este caso ya que esto tan solo es el comienzo de lo que continuaría con el caso de los ERE’s de Andalucía.

CASO NASEIRO Breve descripción del caso: presunto caso de corrupción del Partido Popular que fue conocido poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del partido en 1989. Un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban su tesorero Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales, diputado por Valencia. Fecha: 1990 Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: Este caso se descubrió después de haberse realizado escuchas telefónicas a un miembro de Partido Popular, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico. Estas escuchas descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Popular y de cohecho de otros miembros del partido. Denunciantes: Se descubrió a partir de otro caso que no tenía nada que ver gracias a unas escuchas telefónicas. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico y nacional, ya que llegaría al Tribunal Supremo. Partido gobernante: En Valencia el PP. Lugar de desarrollo: Valencia Partidos implicados: PP Empresarios implicados: Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana. Personas involucradas: Rosendo Naseiro, extesorero del PP; Salvador Palop, concejal de Valencia; el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre y José Luis Sanchís, diputado popular por Valencia. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Contabilidad, fraude fiscal. Delitos: concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio de comisiones que se empleaban para financiar al partido. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): -- Juez instrutor: Luís Manglano. Imputados: 5 Condenados/Años: Quedó archivado el caso a causa de algunas irregularidades en la instrucción del sumario. Absueltos: Archivación del caso. Indultados: Archivación del caso. Dinero estafado / robado: --

CASO INTERLIGARE Breve descripción del caso: Se tratan de una serie de irregularidades en la adjudicación desde Interior de proyectos por importantes sumas de dinero que no llegaban a ejecutarse o lo hacían defectuosamente, cuando su titular era Alfredo Pérez Rubalcaba. Proyectos fallidos pero muy bien remunerados. Fecha: 2011 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: dos ex trabajadores de Interligare, acudieron a la Policía para denunciar lo que ellos consideran un “irregular” funcionamiento de la empresa para la que trabajaban que, según ellos, se dedicaba a prestar servicios de consultoría de inteligencia y seguridad para organismos como la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior, La Caixa de Estalvis y Pensions, BBVA o Repsol, entre otras. Denunciantes: D. B. y B. J., dos ex trabajadores de Interligare Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional. Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Madrid. Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados:Empresa Interligare, presidida por el empresario José Martín Juárez; Jacqueline Tibisay Moro Albacete, la persona que figura como creadora en 2004 de la empresa Interligare; Alexandre Hermida Mondelo, directivo de la misma compañía desde la creación de ésta hasta junio de 2010. Personas involucradas: El comisario Luis Luengo, director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior, el ex comisario de Información Gabriel Fuentes y el ex jefe Superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Fraude a la administración. Delitos: Estafa, falsedad documental, tráfico de influencias, deslealtad profesional y cohecho Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): Caso archivado. Juez instructor: Juan Antonio Toro. Imputados: 4 personas.

Condenados/Años: Caso archivado. Absueltos: Caso archivado. Indultados: Caso archivado. Dinero estafado / robado: Entre 6 y 10 millones de euros.

CASO ESTEVILL Breve descripción del caso: Pascual Estevill atemorizó a empresarios y banqueros aprovechando su condición de juez instructor para extorsionarles bajo amenazas de enviarles a prisión dictó resoluciones injustas, mientras que el abogado Piqué Vidal actuó conjuntamente con Estevill potenciando su actividad delictiva y con falta de ética hacia sus clientes. Fecha: 2005 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: -- Denunciantes: Empresarios extorsionados Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: En Barcelona, PSC. En Catalunya, Tripartit. Lugar de desarrollo: Barcelona Partidos implicados: -- Empresarios implicados: -- Personas involucradas: Pascual Estevill, juez y el abogado Juan Piqué Vidal a siete años de prisión Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Estafa Delitos: Cohecho, prevaricación y detención ilegal. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): -- Juez instructor: Guillem Vidal. Imputados: 2

Condenados/Años: 9 años y 4 meses de prisión a Estevill; al abogado Juan Piqué Vidal a siete años de prisión. Absueltos: -- Indultados: -- Dinero estafado / robado: --

CASO FLICK Breve descripción del caso: trama de corrupción orquestada por el empresario alemán Friedrich Karl Flick, que sobornó a políticos de todos los partidos políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió cuantiosos beneficios fiscales. El caso se extendió a España, ya que Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor 1.000.000 de marcos alemanes para financiar al PSOE. Fecha: 1984 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: El caso sale a luz en España cuando el diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa alemana que otro diputado del mismo partido, Hans Juergen Wischnewski, habría entregado un millón de marcos de la trama de corrupción a Felipe González. Denunciantes: Peter Struck, diputado alemán. Ámbito (nacional, autonómico, local): Internacional y nacional. Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Alemania y España. Partidos implicados: PSOE. Empresarios implicados: Friedrich Karl Flick, empresario alemán. Personas involucradas: Felipe González, expresidente de España. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Soborno; fraude fiscal. Delitos: Fraude fiscal; financiación ilegal.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): No llegó a haber juicio. Juez instructor: -- Imputados: -- Condenados/Años: -- Absueltos: Felípe González Indultados: -- Dinero estafado / robado: 1.000.000 de marcos para la financiación del PSOE.

AFINSA-FORUM FILATÉLICO Breve descripción del caso: Afinsa y Forum filatélico prometían unas rentabilidades fijas, no dependientes de la evolución del mercado, y superiores a las de las inversiones tradicionales, alegando la supuesta revalorización de los sellos en que decían invertir el dinero de sus clientes. La evidente contradicción de que la revalorización de un bien tangible sea directamente proporcional a su escasez mientras que los sellos se compraban por millones no arredró a miles de inversores que confiaron sus ahorros a estas empresas y otras similares que resultaron ser estafas piramidales. Fecha: 2006 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: Las pesquisas, emprendidas por la Agencia Tributaria a partir de las auditorías de estas empresas, concluyeron en otoño de 2003. Al apreciarse indicios de delito, los expedientes fueron remitidos al Ministerio Fiscal. Con posterioridad, el caso fue asignado a la Fiscalía Anticorrupción, que el 24 de abril de este mismo año presentó de oficio la querella ante la Audiencia Nacional. Denunciantes: Fiscalía anticorrupción. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: España. Partidos implicados: --

Empresarios implicados: Cuatro directivos de Fórum Filatélico, entre ellos su presidente, Francisco Briones. Los otros arrestados de esta sociedad se corresponden con las iniciales M. A. H. S.; A. F. R. y J. M. M. Cinco directivos de Afinsa, entre los que está su presidente, José Antonio Cano Cuevas, y el ex presidente, Albertino de Figueiredo. Los otros detenidos de Afinsa son Francisco Guijarro Lázaro, V. M. P. y C. D. F. L. Personas involucradas: -- Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Estafa; fraude fiscal. Delitos: Estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Todavía sin resolución final aunque no se espera que vuelvan a ser encarcelados los imputados. Juez instrutor: Juez Ruz. Imputados: 32 personas. Condenados/Años: Tan solo pasaron 30 días en la cárcel. Absueltos: Tan solo 9 llegaron a entrar en prisión y los que lo hicieron tan solo estuvieron 30 días entre rejas. Indultados: -- Dinero estafado / robado: 3.500 millones de euros, más otros 1.750 millones de presunto fraude fiscal y estafa.

CASO CAN DOMENGE Breve descripción del caso: supuesto soborno de 4 millones de euros cobrado por la excúpula del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina por amañar la venta del solar de Can Domenge en 2006. Fecha: 2006 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: La empresa de Núñez se sentía perjudicada por el amaño del concurso ya que ofrecieran 60 milones de euros por el solar y sin embargo el Consell se lo adjudicó a Sacresa que ofrecía la mitad.

Denunciantes: Josep Lluís Núñez, empresario catalán fue el denunciante del caso al sentirse perjudicado por el amaño del concurso; Pedro Horrach y Juan Carrau, fiscales anticorrupción Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Islas Baleares. Partidos implicados: Uniò Mallorquina Empresarios implicados: Román Sanahúja, responsable de Sacresa Personas involucradas: María Antònia Munar, expresidenta del Consell; Miquel Nadal, exvicepresidente del Consell; Miquel Ángel Flaquer, Conseller de Economía; Santiago Fiol, abogado de Sacresa. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Estafa a las arcas públicas. Delitos: Cohecho Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): En proceso Juez instructor: Diego Gómez-Reino Imputados: 5 Condenados/Años: La Fiscalía pide: 6 años de cárcel para la expresidenta del Consell, Maria Antònia Munar; 4 para el exvicepresidente, Miquel Nadal; 1 para el conseller de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, y una pena menor para el responsable de Sacresa, Román Sanahuja. Absueltos: En proceso Indultados: En proceso Dinero estafado / robado: Soborno de 4 millones de euros.

CASO TREBALL Breve descripción del caso: La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona condenó a Servitje por desviar 46.157,73 euros entre 1994 y 1995 ,mediante la adjudicación de estudios falsos, y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, propietario de las empresas Gestumer y Socesca, adjudicatarias de los informes, que resultaron

ser meras copias de publicaciones de años anteriores sin autor ni pies de página, bibliografía, referencias doctrinales ni jurisprudencia actualizada. Fecha:1994-1995 Gobierno nación: PSOE Denunciantes: Fiscalía anticorrupción. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante: CiU Lugar de desarrollo: Cataluña Partidos implicados: Uniò Democrática de Catalunya y CiU. Empresarios implicados: Victor Manuel Lorezon Acuña, propietario de Gestumer y Socesca. Personas involucradas: Ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje; ex conseller, Ignasi Ferreres. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Contabilidad. Delitos: Malversación de fondos Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): -- Juez instructor: Josep María Pijoan Imputados: 3 Condenados/Años: cuatro años y medio a Josep María Servitje, y dos años a Victor Manuel Lorenzo Acuña. Absueltos: Ignasi Ferreres. Indultados: Los dos han sido indultados por el gobierno de Mariano Rajoy. Dinero estafado / robado: Desviación de aproximadamente 44 millones de euros.

CASO URRALBURU

Breve descripción del caso: Es conocido tambie n como la "trama navarra del Caso Rolda n". La Audiencia Provincial de Navarra juzgo a Rolda n por el cobro de comisiones millonarias a empresas constructoras en la adjudicacio n de obras pu blicas.

Fecha: Abril de 1994

Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: El caso Urralburu fue descubierto por el “Diario 16”. Denunciantes: - Ámbito (nacional, autonómico, local): Autono mico Partido gobernante: Unio n del Pueblo Navarro Lugar de desarrollo: Navarra Partidos implicados: Unio n del Pueblo Navarro Empresarios implicados: Jorge Esparza, ex director comercial de Huarte. Personas involucradas: Gabriel Urralburu, Antonio Arago n Elizalde (ex consejero de Obras Pu blicas), sus respectivas esposas, Luis Rolda n (ex director de la Guardia Civil) y Jorge Esparza. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidade Delitos: Cohecho y fraude fiscal Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): An o juicio: 1998 Juez instructor: Paul Perraudí n Imputados: 7 Condenados/Años: 11 an os de prisio n y 780 millones de pesetas de multa (600 por cohecho y 180 por fraude). Ma s tarde la condena de Urralburu y Arago n fue rebajada a 4 an os. Luis Rolda n, Jorge Esparza y sus esposas tuvieron una codena de 3 an os. Absueltos: Javier Otano (presidente socialista del gobierno de Navarra) fue absuelto por prescripcio n del delito. Indultados: - Dinero estafado / robado: Perraudin remitio en noviembre de 1999 a la Fiscalí a Anticorrupcio n espan ola 525.577.999 pesetas, de los que 372.330.083 corresponden a las cuentas de Arago n, 149.283.689 a Urralburu y 3.964.227 a Rolda n.

CASO SANLUCAR

Breve descripción del caso: consistio en un intento de soborno a un concejal del PP por parte de miembros del PSOE y de algunos empresarios del municipio en Sanlu car de Barrameda. Fecha: 1999 Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia: ------ Denunciantes: El concejal del PP sobornado, Manuel Ramí rez Rodrí guez (apodado Cunete) presento denuncia de los hechos y la mocio n prospero Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Sanlu car de Barrameda Partidos implicados: PP y PSOE Empresarios implicados: Manuel Rodrí guez Ga lvez, Fernando Moreno Ollero y Rafael A vila Camacho (empresarios de la construccio n sanluquen os). Personas involucradas: Agustí n Cuevas Batista, Alcalde de Sanlu car; Rafael Garcí a Raposo, Secretario de Organizacio n del PSOE de Sanlu car; Luis Mario Aparcero Ferna ndez de Retana, Alcalde de Chipiona (del PSOE); Jose Luis Cuevas Garcí a, concejal del PSOE en Sanlu car; Fernando Moreno Rodrí guez, cun ado de Garcí a Raposo; y los empresarios de la construccio n sanluquen os Manuel Rodrí guez Ga lvez, Fernando Moreno Ollero y Rafael A vila Camacho. El concejal sobornado tambie n fue imputado tras la denuncia de Garcí a Raposo, quien declaro que Manuel Ramí rez se habí a ofrecido para ser sobornado. Tipo de asunto (urbaní stico, contabilidade, ITV, ERES, etce tera): Soborno Delitos: Cohecho y tra fico de influencias Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): An o juicio: 1999 Juez instructor: Sergio Escalona Imputados: 5 Condenados/Años: Agustí n Cuevas Batista (1 an o y 6 meses), Rafael Garcí a Raposo (1 an o y 2 meses), Luis Mario Aparcero Ferna ndez de Retana (1 an o y 6 meses), Fernando Moreno Rodriguez (1 an o), Manuel Rodrí guez Ga lvez (1 an o), Fernando Moreno Ollero (1 an o)

Absueltos: Rafael A vila, Jose Luis Cuevas y Manuel Ramí rez Indultados: ------- Dinero estafado / robado: 50 millones de pesetas (300.000 euros), un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Chipiona y un billete de avio n para viajar a Lisboa el dí a que se votaba la mocio n de censura.

CASO SOLLER Breve descripción del caso: Trama corrupta que afecto al presidente de las Islas Baleares Gabriel Can ellas, el cual tuvo que dimitir. Consitio en la adjudicacio n irregular de las obras de construccio n del Tu nel de So ller a Antoni Cuart, un empresario socio del presidente Gabriel Can ellas y el pago de este de unos 50 millones de pesetas a la Fundacio Illes Balears, presidida por Gabriel Can ellas y al mismo PP, para sufragiar los gastos de las campan as electorales de1989 y 1991. Fecha: 7 de abril de 1995 Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia: La denuncia se desecandeno por la supuesta prevaricacio n continuada en la adjudicacio n de las obras del tu nel de So ller a la empresa de Antoni Cuart. Denunciantes: Eberhard Grosske (IU) Ámbito (nacional, autonómico, local): Autono mico Partido gobernante: PP Lugar de desenvolvimiento: Islas Baleares Partidos implicados: PP Empresarios implicados: Antonio Cuart, empresario socio de Can ellas

Personas involucradas: Gabriel Can ellas Font, Presidente de la Comunidad Auto noma de Las Islas Baleares y del PP. Balear; Jose A. Berastaí n Diez, Consejero de funcio n Pu blica del Gobierno Balear y Secretario General del PP de Baleares; Jero nimo Saiz Gomila, Consejero del Obras Pu blicas del Gobierno Balear; Antonio Cuart, empresario socio de Can ellas.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbaní stico

Delitos: Prevaricacio n y Cohecho Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio oral: 30 de junio de 1997

Juez instructor: ------- Imputados: 4 Condenados/Años: ------- Absueltos: Gabriel Can ellas, Antonio Cuart Indultados: -------- Dinero estafado / robado: 50 millones de pesetas

CASO MIÑANO O CASO DE MIGUEL

Breve descripción del caso: Caso de corrupcio n encabezado por Alfredo de Miguel, el cual habí a sido 'nu mero dos' del PNV alave s y diputado en el Gobierno foral jeltzale de Xabier Agirre.

Fecha: 17 de marzo de 2010

Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: Ainhoa Alberdi. Era la abogada urbanista que necesitaba el constructor Jon In aki Echaburu para constituir una asesorí a encaminada a contratar con la Administracio n: Urbanorma Consulting. Un miembro del Araba Buru Batzar, Alfredo de Miguel, los contrato en 2006 para realizar trabajos de asesoramiento para los industrialdeas de Ayala y Ordun a que e l dirigí a. Meses despue s, recibirí an un contrato mucho ma s jugoso en el parque tecnolo gico de Min ano, superior a los 471.000 euros. Una presunta extorsio n para que pagase comisiones ilegales hizo que Alberdi se presentara con 24 grabaciones ante la Fiscalí a para denunciar una presunta trama corrupta.

Denunciantes: Ainhoa Alberdi

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autono mico Partido gobernante: PNV Lugar de desarrollo: Paí s Vasco Partidos implicados: PNV Empresarios implicados: Jon In aki Echaburu

Personas involucradas: Alfredo de Miguel, ex diputado foral de Administracio n Local y Equilibrio territorial; Koldo Ochandiano, el ex responsable del Instituto Foral de Bienestar Social, Koldo Ochandiano; el ex 'burukide' Aitor Tellerí a y sus tres esposas, Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia y Araceli Bajo. El empresario de la construccio n Jon In aki Echaburu, el ex gerente de ese parque, Alfonso Arriola. Aitor Tellerí a (ex dirigente PNV); Julia n Sa nchez Alegrí a, responsable de la red de parque tecnolo gicos en la u ltima legislatura de Juan Jose Ibarretxe. Miren Bilbao, te cnico del Parque de Min ano; Gurutz Larran aga, viceconsejero de Cultura del anterior Gobierno vasco presidido por el ex lehendakari. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbaní stico Delitos: Cohecho, tra fico de influencias y blanqueo de capitales, prevaricacio n, malversacio n de fondos pu blicos, falsedad documental en documentos pu blicos, privados o mercantiles y alteracio n de precios en concursos y subastas pu blicas. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): ------ Juez instructor: Roberto Ramos Imputados: 11 Condenados/Años: Cuatro an os de ca rcel que pedí a para el exdirigente del PNV Aitor Tellerí a y dos agentes de la Ertzaintza Absueltos: -------- Indultados: ------- Dinero estafado / robado: 471.000

CASO LIMUSA

Breve descripción del caso: Corrupcio n en torno a la empresa municipal lorquina. Fecha: 3 de marzo de 2009 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: ------- Denunciantes: Jacinto Parra Ámbito (nacional, autonómico, local): Local

Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Lorca (Murcia) Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Francisco Gil Eguino, gerente de la empresa pu blica de limpieza Limusa; el ex presidente de dicha empresa municipal, Miguel Navarro. Personas involucradas: Francisco Gil Eguinoy su co nyuge Ofelia Gonza lez; los contratistas de Limusa, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Co rcoles. Miguel Navarro, Bartolome Soler, Jesu s Molina y Francisco Poyatos, Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: Malversacio n, prevaricacio n y falsedad de documento mercantil Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): El juicio se celebro el martes, 21 de junio de 2011 Juez instrutor: Enrique Quin onero Imputados: En un principio eran 14 los imputados y ma s tarde se redujeron a 8. Condenados/Años: Francisco Gil Eguino, gerente de la empresa pu blica de limpieza Limusa, tres an os y seis meses de prisio n y, adema s, sera condenado a otras dos penas de seis meses de ca rcel que se sustituira n por sendas multas, adema s de abonar una indemnizacio n de unos 240.000 euros. Los otros tres condenados son el exconcejal de Lorca y exdiputado Bartolome Soler, con una pena de un an o y medio de ca rcel y 30.000 euros de indemnizacio n; el exconcejal Jesu s Molina, que sera penado con un an o y medio de ca rcel y el exinterventor municipal, Francisco Javier Poyato, quien recibirí a una condena de un an o y medio de ca rcel y la obligacio n de pagar 15.000 euros. Absueltos: 6 Indultados: ------ Dinero estafado / robado: 831.621 euros

CASO FONDOS RESERVADOS

Breve descripción del caso: Consistio en el desví o de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotra fico para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior. Fecha: Entre 1987 y 1993

Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: ----- Denunciantes: ------ Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Espan a Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Ninguno Personas involucradas: El ex director general de la Guardia Civil, Luis Rolda n; el ex secretario de Rafael Vera, Juan de Justo; el ex subdirector general operativo de la policí a, Agustí n Linares y el abogado Jorge Argote. Los ex ministros del Interior Jose Barrionuevo y Jose Luis Corcuera; el ex director general de la Seguridad del Estado Julia n Sancristo bal; el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez; el ex director general de la Policí a Jose Marí a Rodrí guez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya In aki Lo pez. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: Malversacio n de caudales pu blicos Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): 19 de septiembre de 2001 Juez instructor: ----- Imputados: 11 Condenados/Años: Siete an os de prisio n para Vera, seis para Sancristo bal y cuatro para Rodrí guez Colorado. A lvarez y Lo pez fueron condenados, respectivamente, a 11 y 10 meses de ca rcel. Absueltos: Barrionuevo y Corcuera fueron absueltos. Indultados: ------ Dinero estafado / robado: 5 millones de euros

CASO BERZOSA

Breve descripción del caso: Irregularidades detectadas por la Ca mara de Cuentas en la gestio n del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa. Fecha: Febrero de 2012 Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia: La Ca mara de Cuentas de Madrid detecto irregularidades en la gestio n de la Fundacio n de la Universidad Complutense cuando Carlos Berzosa era rector y presidente de la entidad y, concretamente, sobre las actuaciones relacionadas con la construccio n de una promocio n de 384 viviendas en Somosaguas. Denunciantes: La Ca mara de Cuentas de Madrid Ámbito (nacional, autonómico, local): Autono mico Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: Ninguno Empresarios implicados: Ninguno. Persoas involucradas: Ex rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Carlos Berzosa y el rector, Jose Carrillo. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad y urbaní stico Delitos: Prevaricacio n, malversacio n de caudales pu blicos e, incluso, tra fico de influencias Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): El caso continu a abierto Juez instructor: ------ Imputados: ------ Condenados/Años: ----- Absueltos: -----

Indultados: ----- Dinero estafado / robado: 11,5 millones de euros y otros 3 millones no justificados

CASO BOLIN

Breve descripción del caso: Una trama corrupta que condeno al ex alcalde popular de Benalma dena, Enrique Bolí n, a ocho an os de inhabilitacio n, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricacio n urbaní stica, al conceder licencias de obra ilegales. Fecha: 2008 Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia: La denuncia fue interpuesta por Javier Carnero Denunciantes: El socialista Javier Carnero Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: Grupo Independiente de Benalma dena (GIB) Lugar de desarrollo: Benalma dena (Ma laga) Partidos implicados: Grupo Independiente de Benalma dena (GIB), PSOE Empresarios implicados: ----- Personas involucradas: Ex alcalde de Benalma dena, Enrique Bolí n Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbaní stico Delitos: Delito continuado contra la ordenacio n del territorio en relacio n a la construccio n de una vivienda en la zona del municipio conocida como «El Cerro» Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): 11 de noviembre de 2013 Juez instrutor: ------ Imputados: 2 Condenados/Años: Ex alcalde de Benalma dena, 8 an os de inhabilitacio n y multa de 16200 euros. Absueltos: Enrique Bolí n

Indultados: ----- Dinero estafado / robado: -----

CASO BROKERVAL

Breve descripción del caso: Caso de corrupcio n llevado a cabo por Brokerval, la agencia de valores que protagonizo el primer esca ndalo polí tico-econo mico en los 90 en Mallorca. Estaba dirigí da Francisco Berga, que decidio huir de la isla tras las pe rdidas que arrastro y que dejo enl a ruina a muchos inversores. Fecha: 30 de junio de 1994 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: La denuncia fue interpuesta por otros consejeros que fueron alarmados Denunciantes: Otros consejeros Ámbito (nacional, autonómico, local): Autono mico Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Palma de Mallorca Partidos implicados: Ninguno Empresarios implicados: Francisco Berga Pico (director de Brokerval) y Francisco Tous Aguilo (consejero delegado de la empresa) Personas involucradas: Francisco Berga Pico , Francisco Tous Aguilo , Guillermo Coll Covas, Miguel Seguí Crespí , Jaime Lerí n Mitjavila, Luis Miguel Alonso Morenos, Luis Pin a Saiz y Bernardo Coll Campins. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad y polí tico Delitos: Apropiacio n indebida Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): ----- Juez instructor: Pedro Barcelo Imputados: 8 Condenados/Años: Fueron condenados Guillermo Coll Covas, Miguel Seguí Crespí , Jaime Lerí n Mitjavila y Luis Miguel Alonso Morenos a la pena de seis meses de

prisio n Francisco Berga Pico (director de Brokerval) y Francisco Tous Aguilo (consejero delegado de la empresa) fueron condenados a una pena de seis an os y nueve meses y seis an os y seis meses de prisio n, respectivamente. Absueltos: Luis Pin a Saiz y Bernardo Coll Campins. Indultados: ------ Dinero estafado / robado: En total 4,4 millones de euros

CASO PÉREZ VILLAR/CASO DE LA MINERÍA

Breve descripción del caso: Trama corrupta que consistio en la concesio n de forma irregular, por parte de Pe rez Villar, ex senador del PP, de subvenciones a empresas mineras asesoradas por su esposa. Fecha: Marzo de 1991 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: ---- Denunciantes: ----- Ámbito (nacional, autonómico, local): Autono mico Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Castilla y Leo n Partidos implicados: PP Empresarios implicados: ----- Personas involucradas: Pe rez Villar, su esposa, Marí a Rosario Carballo, Javier Valenzuela (director general de la Consejerí a de Economí a cuando se concedieron las subvenciones), Jose Marí a Aznar. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: Prevaricacio n continuada y fraude Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): ------- Juez instructor: ----- Imputados: Pe rez Villar Condenados/Años: Pe rez Villar (8 an os de inhabilitacio n)

Absueltos: ----- Indultados: ----- Dinero estafado / robado: 150 millones de pesetas