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Capítulo IV:
Diversificación de los ámbitos privilegiados de acumulación y consolidación de la fracción vinculada al accionar estatal durante el primer gobierno de la transición democrática (1983-1989)1
Desde su asunción en diciembre de 1983, el primer gobierno de la transición
democrática debió enfrentar graves problemas: en el plano político, el desafío de
reestablecer el funcionamiento de las instituciones democráticas interrumpido durante el
último gobierno militar; en el plano social, procesar las demandas de distintos sectores
de la sociedad en procura de recuperar los ingresos perdidos durante la dictadura;2 en el
plano económico, resolver los grandes desequilibrios macro (fiscal y externo),
desmantelar el régimen de alta inflación3 vigente desde 1975, y retomar un sendero de
crecimiento significativamente deteriorado luego de la aplicación de una serie de
medidas tomadas durante el gobierno dictatorial que socavaron las bases de sustentación
de la estrategia sustitutiva de importaciones. Un reto no menos importante era el de
mejorar la capacidad de gestión del aparato estatal, en un contexto signado por la crisis
fiscal, la desmonetización de la economía doméstica, y la escasez de financiamiento
internacional.4
Luego de poner en marcha con escaso éxito un plan de reactivación económica
de corte “nacional-desarrollista” (el llamado Plan Grinspun, implementado a comienzos
de 1984)5, el gobierno del presidente Alfonsín modificó su estrategia lanzando un
programa de ajuste heterodoxo sustentado en un acuerdo con una de las principales
entidades empresarias de ese entonces (el agrupamiento informal denominado
1 Una versión muy preliminar de este capítulo se puede consultar en Castellani (2006a). 2 Con relación a los rasgos más distintivos que adquirió el conflicto distributivo durante este período, consultar Aruguete (2006). 3 Sobre las características propias de este tipo de régimen, véase Frenkel (1989). 4 En palabras de Damill y Frenkel (1993) “La crisis fiscal y de gestión pública y la desintermediación financiera interna afectaron tanto las tendencias de largo plazo de la economía como su dinámica de corto plazo. Se constituyeron, por un lado, en trabas importantes y permanentes para la recuperación del crecimiento por sus efectos negativos sobre el financiamiento de la inversión. Por otra parte, los márgenes de maniobra de las políticas de estabilización se redujeron sustancialmente debido a la desproporción entre las necesidades de financiamiento del sector público y la estrechez del mercado financiero doméstico”, página 36. 5 Los trabajos de Heredia (2006) y Pesce (2006) analizan las características más sobresalientes de este plan económico.
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“Capitanes de la Industria”) que contaba, además, con el apoyo de los organismos
internacionales de crédito.6
Como se ha señalado en varios trabajos sobre el período, esta política de ajuste
no pudo revertir los fuertes desequilibrios estructurales que alimentaban la inflación y,
hacia 1988, la aceleración de los índices de precios internos y del dólar paralelo
(resultado de una fuerte puja intersectorial), la moratoria unilateral con buena parte de
los acreedores externos, y el estancamiento del producto, llevaron a una nueva crisis que
se manifestó con toda su crudeza en el proceso hiperinflacionario registrado durante
1989.7
Sin embargo, estas consideraciones sobre los negativos resultados obtenidos
durante la gestión soslayan el hecho de que un reducido sector social se vio muy
favorecido con la aplicación de las diversas políticas aplicadas en el período. De hecho,
la fracción empresaria que se expandió notablemente durante la última dictadura gracias
a la difusión de diversos APA vinculados al funcionamiento del complejo económico
estatal-privado logró incrementar su poder material y político a lo largo de los años
ochenta gracias a la intervención económica estatal.
En efecto, la magnitud de la crisis y el estancamiento de las principales variables
macroeconómicas llevaron a que varios analistas consideraran a este decenio como una
“década perdida”. Esta línea interpretativa, además, atribuyó la responsabilidad de la
crisis al excesivo intervencionismo estatal, concluyendo que con la hiperinflación se
había puesto en evidencia el total agotamiento de un modelo de Estado determinado, el
populista, que debía ser reformado con urgencia.8
Pero esta particular interpretación de la historia argentina reciente omite dos
elementos de análisis muy importantes: por un lado, las profundas transformaciones
generadas en la estructura socio-económica y en el rol del Estado durante la última
dictadura militar; y por otro, el carácter heterogéneo y desigual de la crisis económica
que caracterizó al primer gobierno de la transición democrática. Sólo así es posible
entender que ciertas empresas lograran consolidar las posiciones ganadas durante la
dictadura manteniendo la percepción de una serie de transferencias de recursos públicos
6 Sobre las características y resultados del Plan Austral, consultar especialmente Damill y Frenkel (1993). 7 Sobre el particular, consultar Ortiz y Schorr (2006a) 8 Algunos trabajos que se encuadran dentro de esta corriente interpretativa son los de Dornbrusch y Edwards (1990); Llach (1996) y FIEL (1999).
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de diversa índole (subsidios directos e indirectos, precios preferenciales en la compra y
venta de bienes y servicios, desgravaciones y diferimientos impositivos, entre otros) en
un contexto de aguda crisis de las finanzas públicas.
En ese sentido, el objetivo de este capítulo es el de presentar las principales
líneas de continuidad que se registran durante el primer gobierno de la transición
democrática en cuanto al mantenimiento de los rasgos más perversos de la orientación
económica estatal de la dictadura, que llevaron a la consolidación de un selecto conjunto
de grandes firmas estrechamente vinculadas al accionar del Estado. En definitiva, la
idea que guía la reflexión es que, más allá del cambio en el contexto internacional, el
régimen político y de las modificaciones en el curso de las políticas económicas
seguidas por el gobierno radical, durante esos años se mantuvieron los principales APA
generados en la etapa anterior y esto posibilitó la consolidación de una poderosa
fracción empresaria.
IV.1. La intervención estatal entre 1984 y 1989: orientación, calidad y resultados
La intervención económica estatal a lo largo de los años ochenta mantuvo
algunos de los rasgos más perversos engendrados durante la dictadura y en este sentido
contribuyó a afianzar el nuevo patrón de acumulación generado en el gobierno anterior.
Si bien en un principio se intentó transformar el papel del Estado en la economía, al
poco tiempo la política económica fue adquiriendo un nuevo rumbo, que más allá de
diversos vaivenes, concluyó en la aplicación de políticas de estabilización de corte
ortodoxo que terminaron de soldar los principales mecanismos de funcionamiento de la
“valorización financiera”.
Al mismo tiempo, la crisis estatal heredada del período anterior se incrementó
por la conjunción de diversos factores, en especial: el deterioro de las capacidades
financieras y administrativas del Estado, y la proliferación de acuerdos corporativos con
entidades formales e informales del empresariado que socavaron los niveles de
autonomía relativa del aparato estatal.
Los resultados generales de los diversos planes aplicados entre 1984 y 1989
fueron marcadamente negativos: no se lograron elevar los niveles de inversión para
equipararlos a los registrados a comienzos de los años setenta, ni sostener el crecimiento
del producto, ni desmantelar el régimen de alta inflación, ni mejorar la distribución de
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ingreso. Pero más importante aún es que esta intervención permitió que se sostuvieran
los principales APA que se habían difundido considerablemente en la dictadura, y en
ese sentido, contribuyó con el progresivo proceso de debilitamiento estatal (en
particular, del Estado empresario, que fue desmantelado a comienzos de los años
noventa), con el fortalecimiento de una fracción del capital concentrado local, y en
definitiva, con el incremento de las restricciones al desarrollo económico.
IV.1.1 Los vaivenes en la orientación de las políticas económica y sus resultados: de la reedición de las fórmulas redistributivas a la aceptación de la ortodoxia neoliberal
En un comienzo, la gestión económica encarada durante el primer año del
gobierno radical buscó una recomposición de los deteriorados ingresos de los sectores
populares a través de los tradicionales mecanismos ensayados en el pasado por los
equipos económicos de ideología nacional-desarrollista. En este sentido, los anuncios
oficiales se centraron en el incremento de los salarios y la promesa de aumentar
notablemente la inversión pública para lograr la reactivación de la demanda interna que
permitiría recuperar la senda del crecimiento en un contexto de estabilización
macroeconómica. Sin embargo, esta estrategia prontamente encontró sus límites y, al no
lograr los objetivos propuestos, el ministro debió renunciar.9
En efecto, el plan diseñado por el equipo liderado por un economista de partido
de larga trayectoria, como Bernardo Grinspun, propuso abrir varias líneas de acción
estatal simultáneas para lograr diversos objetivos: la recuperación del nivel de compra
del salario, la expansión del PBI y, especialmente, la del producto industrial. Todo esto,
a su vez, exigía encarar una dura negociación con los acreedores internacionales por el
tema de la deuda externa engendrada durante la dictadura, mantener en niveles
“aceptables” el déficit del sector público, y controlar el nivel de inflación mediante una
serie de acuerdos de precios con las principales corporaciones empresarias y sindicales
(Ortiz y Schorr, 2006b: 295).
En este sentido, es posible afirmar que la orientación de la intervención estatal
durante ese corto período se propuso reparar los efectos devastadores que había tenido
la gestión anterior sobre el salario, la distribución, el producto y la ocupación, a través
9 Acerca de las razones que llevaron al fracaso de esta estrategia, consultar Heredia (2006) y Pesce (2006).
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de la aplicación de una política de redistribución progresiva de los ingresos y de
“recuperación” de la economía nacional que se vislumbraba como prioritaria para lograr
la estabilización futura de los precios. En esta estrategia, la negociación con los
acreedores externos cobraba relevancia para resolver la “cuestión externa”, pero
siempre sobre la base de una actitud proclive a la defensa de los intereses nacionales (e
incluso regionales) antes que la aceptación a rajatabla de las demandas de la banca
extranjera.
Sin embargo, este intento por “torcer” el rumbo de la orientación de la
intervención estatal durante la gestión de Grinspun presentó una serie de limitaciones
internas y externas que quebraron su viabilidad en un plazo muy breve. Entre las
primeras, se destacan a) las propias resistencias dentro del gobierno con respecto a la
puesta en marcha de este tipo de planes de corte “progresista” ante un avance de los
cuadros “profesionales”10 en el propio Ministerio de Economía (académicos portadores
de una nueva “heterodoxia” que incorporaba la cuestión de la estabilización monetaria
como una de sus principales metas de gestión); b) las presiones de las fracciones
empresarias fortalecidas durante la dictadura que, además, conservaban un poder de
veto fundamental en tanto eran las principales formadoras de precios en el mercado
interno; y c) la propia dinámica estructural que había adquirido el patrón de
acumulación con la difusión de los mecanismos de “valorización financiera del capital”,
que hacían muy difícil la reedición exitosa de políticas redistributivas propias de la
estrategia sustitutiva. Entre las segundas, sobresalen las múltiples dificultades para
negociar el pago de la deuda externa directamente con los acreedores en forma conjunta
entre todos los países de la región, y la imposición de la estrategia de los organismos
multilaterales de crédito, es decir, el de la negociación bilateral entre deudores y FMI.11
Por el contrario, el Plan Austral que el nuevo equipo económico liderado por
Juan Sourrouille puso en marcha a mediados de 1985, buscó la recomposición del
10 Sobre la interesante distinción entre profesionales y tecnócratas durante ese período consultar Heredia (2006), páginas 174 y 175. 11 En efecto, siguiendo las recientes interpretaciones sobre el “fracaso” de la primera gestión económica del gobierno radical, es posible afirmar que “ […] las dificultades políticas que enmarcaron la gestión Grinspun y las propias inconsistencias de ese programa –asociadas a cierto ‘error de diagnóstico’ en las novedades que había introducido la dictadura militar en lo que se vincula a la fisonomía y el desenvolvimiento del capitalismo argentino y, estrechamente asociado a ello, a las características y las formas de relacionamiento entre las diferentes clases y fracciones de clase- conllevaron un incremento de la inflación, lo que sumado a la falta de apoyo interno y externo provocó la renuncia del ministro de Economía”, Ortiz y Schorr, 2006b, página 293, destacado en el original.
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producto mediante la aplicación de una heterodoxa combinación de medidas de índole
fiscal y monetaria, que dio lugar a lo que el propio ministro dio en llamar “ajuste
positivo”.12
El plan ideado por el cuerpo de “profesionales” que integraban la cartera
económica tuvo tres componentes centrales:
a) el congelamiento de los precios básicos (tipo de cambio, tarifas, salarios, precios
industriales) para generar confianza entre los inversores y frenar la inercia
inflacionaria;
b) el compromiso gubernamental de no emitir moneda para financiar el déficit
fiscal, el cambio de signo monetario y la fijación de una tabla de conversión de
la vieja a la nueva moneda para disminuir las transferencias entre deudores y
acreedores, la disminución de las tasas de interés para ciertos depósitos, y el
aumento de los impuestos al comercio exterior, a los efectos de sanear las
cuentas públicas;
c) encarar una negociación con los organismos internacionales de crédito para
obtener el financiamiento externo necesario para cubrir el déficit fiscal
programado sin necesidad de recurrir al mercado local, a los efectos de evitar
una presión excesiva sobre la tasa de interés doméstica.13
La puesta en marcha de un plan de estas características requería de la
concertación (mucho más secreta que pública) con diversos actores involucrados en la
concreción de las políticas programadas. En ese sentido, el plan económico constituyó
“una modalidad específica de construcción de apoyos selectivos” en donde la
negociación con el FMI para lograr el otorgamiento de un préstamo que resolviera en el
corto plazo los problemas en el sector externo era imperiosa y, en donde la generación
12 Tal como se desprende en el siguiente párrafo de un documento ministerial: “En la búsqueda de una solución al estancamiento crónico de la economía argentina y de la restricción impuesta por la deuda externa se llega al ajuste positivo, como la única alternativa que compatibiliza los pagos de esa deuda con el crecimiento económico. La clave del ajuste positivo es la expansión simultánea de las exportaciones y de la inversión. La expansión de las exportaciones, al permitir el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importaciones, crea las condiciones que posibilitan el crecimiento económico. La invesrsión hace efectivo ese crecimiento. La estrategia del ajuste positivo requiere del crecimiento del ahorro, no sólo en términos absolutos, sino también como proporción de ingreso” en Secretaría de Planificación de la Nación (1985), citado en Ortiz y Schorr (2006b: 298). 13 Algunos de los trabajos más destacados sobre las características de la política económica de este período se encuentran en Damill y Frenkel (1993); Damill et al. (1989) y Fanelli y Frenkel (1989).
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de acuerdos con los grandes empresarios era una pieza fundamental para lograr el
acuerdo de precios que pusiera fin a la espiral inflacionaria (Heredia, 2006: 184).14
Por otra parte, la búsqueda del crecimiento por vía de la recuperación de los
niveles de inversión y del incremento de las exportaciones, requería de un fuerte cambio
en el comportamiento de los grandes agentes económicos, y en particular, de la relación
entre éstos y el Estado, ya que suponía, por un lado, el “retorno” de los activos líquidos
fugados durante los últimos años de la dictadura y su reinversión productiva fronteras
adentro, y por otra, el desarrollo de las competencias suficientes como para acrecentar la
inserción exportadora de la producción local, situación que, como se verá más adelante,
sólo se logró en forma parcial y gracias a un fuerte apoyo estatal.
A su vez, la cuestión de la estabilización monetaria también involucraba
directamente el comportamiento de los grandes empresarios, ya que el alto grado de
concentración y oligopolización de los mercados alcanzado durante los años de la
dictadura habían profundizado los resortes estructurales sobre los que se asentaba el
proceso inflacionario.15
Por último, la evolución del déficit fiscal también se encontraba profundamente
relacionada con el comportamiento de los grandes agentes económicos. En efecto, más
allá de la prédica ortodoxa que remarcaba con insistencia el alto nivel de gasto público
debido a las presiones salariales de los gremios, al elevado “costo de la política” y a la
“ineficiencia estatal” en la operación de las empresas públicas, lo cierto es que el déficit
se alimentaba, en gran parte, gracias a la persistencia de una importante cantidad de
transferencias de recursos hacia el capital concentrado local, tales como la promoción
industrial, los programas de capitalización de deudas, el subsidio a ciertas exportaciones
14 Al respecto, es interesante destacar que en esta etapa fundacional del Austral, el gobierno privilegió el contacto directo con los dirigentes empresarios para negociar los acuerdos antes que utilizar los canales más tradicionales de concertación con las diversas corporaciones del empresariado. Al respecto, véase Acuña, M. (1995) y Heredia (2006). 15 Por esa razón, varios analistas coinciden en afirmar que “En una situación estructural en la que existe una generalizada integración horizontal entre la producción y la comercialización […] una política que se circunscriba a las grandes firmas industriales controlando el nivel de los precios en la puerta de fábrica presenta serias falencias. La primera de ellas se deriva de suponer que todas las firmas industriales son independientes, y de no reparar en que tanto la firma productora como la comercializadora pertenecen al mismo propietario, el cual recupera mediante el precio que fija en la segunda, los márgenes perdidos por el control de precios en la primera. Lo mismo ocurre con el análisis de costos que realiza el Estado para autorizar los aumentos de precios. En este caso, una determinada firma industrial puede requerir un aumento del precio controlado aduciendo un incremento en el precio de un insumo local o importado fijado por otra empresa del mismo [grupo económico]” (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986, citado en Ortiz y Schorr, 2006b: 302).
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y el pago de sobreprecios a las firmas contratistas o proveedoras de las empresas
publicas.
De hecho, la reducción del déficit durante los primeros tiempos de la gestión
económica del gobierno radical se logró gracias a un fuerte ajuste en las erogaciones
destinadas al pago de salarios y jubilaciones sin afectar las transferencias a los grandes
capitalistas locales. Tal como sostienen Damill y Frenkel en su análisis sobre esta
cuestión
“[…] fueron menos afectados (o siguieron aumentando) los subsidios impositivos, tarifarios y presupuestarios a las empresas privadas y los gastos relativos a ciertas grandes obras públicas ya contratadas. También sectores de proveedores del Estado, protegidos por una legislación difícil de remover y por su capacidad de cubrirse con altos márgenes, sufrieron en mucho menor grado la crisis del Estado y las medidas de austeridad” (1993: 33).
Esta particular decisión del equipo económico con respecto a la forma de encarar
la reducción del gasto público puede explicarse por las alianzas que había armado con
los Capitanes de la Industria, una corporación informal surgida a comienzos de la
década del ochenta, que nucleaba a un selecto grupo de empresarios cuyas firmas se
encontraban estrechamente vinculadas a las actividades empresarias del Estado.16
Pero lo más interesante es que el propio diseño del plan evidenciaba, por primera
vez para un enfoque afín a la “heterodoxia”, una inversión en las prioridades de la
política económica, en tanto la inflación y el déficit fiscal se identificaron como los
grandes problemas a resolver en lo inmediato, relegando a un segundo plano las
cuestiones relacionadas con la estructura distributiva profundamente transformada a
favor de los sectores sociales más altos durante la gestión dictatorial (Ortiz y Schorr,
2006b: 293).
Ahora bien, más allá de los éxitos iniciales alcanzados por el plan (estabilización
de los precios y crecimiento del producto), a menos de dos años de su puesta en marcha,
una combinación de factores de diversa índole llevaron a que los efectos estabilizadores
del comienzo se fueran diluyendo y, con ellos, las expectativas optimistas sobre la
posibilidad de resolver los problemas básicos del funcionamiento de la economía en el
16 Para un exhaustivo análisis de la composición y comportamiento de este grupo durante los años ochenta, consultar Ostiguy (1990).
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corto plazo.17 De ahí en adelante, se sucedieron diversos intentos de estabilización con
resultados cada vez más efímeros que no lograron recomponer ni el crecimiento, ni los
ingresos del fisco, ni pudieron detener la estampida inflacionaria que comenzaba a
manifestarse con particular intensidad hacia fines de 1987, y que terminaron sellando la
suerte del equipo económico.
En ese contexto, la intervención estatal se fue orientando hacia las premisas más
ortodoxas sobre estabilización monetaria y reestructuración estatal. A pesar de que el
discurso neoliberal comenzó a tomar fuerza en el ideario colectivo, especialmente en lo
que concierne a la “irremediable” ineficiencia del sector público y la consiguiente
necesidad de reformarlo18, todos los intentos realizados por el gobierno para efectuar
privatizaciones parciales o procesos de desregulación económica, fueron duramente
resistidos desde varios frentes.19 Tal como señala acertadamente Heredia “aunque los
miembros del equipo económico intentaron inscribir estas propuestas en una nueva
concepción que resolviera la ‘falsa antinomia entre más o menos Estado’, todos
reconocían que las reformas estaban motorizadas por la crisis en las finanzas públicas
y los condicionamientos externos” (2006: 189).
Finalmente, la aceleración de los índices de precios y la corrida cambiaria de
febrero de 1989 que dieron inicio al estallido hiperinflacionario, echaron por tierra
cualquier intento de estabilización posterior, y al gobierno sólo le quedó por delante
asumir la tarea poco atractiva de administrar la crisis hasta finalizar (anticipadamente) el
mandato electoral.
17 Entre los factores externos, se destacan los cambios desfavorables en el contexto internacional: caída de los precios de los bienes primarios exportables en 1986 e incremento de las restricciones para acceder a fuentes internacionales de financiamiento. A esto se le sumó una serie de contratiempos y conflictos internos diversos, tales como la pérdida de las cosechas por factores climáticos, el débil crecimiento de la inversión, la persistencia de la salida de capitales, la erosión de los pactos corporativos que sustentaban el acuerdo de precios, la oposición al equipo económico (dentro y fuera del gobierno) y el alto grado de confrontación de las corporaciones sindicales y empresarias tradicionales. 18 Según el análisis de Damill y Frenkel (1993), la evidente ausencia de una concepción propia sobre las reformas estructurales en los partidos y organizaciones populares, facilitó el avance de la ideología neoliberal, que mediante un discurso simplista y ortodoxo, redujo las causas de los problemas económicos al tamaño y funcionamiento del sector público. 19 Por un lado, el principal partido de la oposición, el peronismo, se ocupó de frenar cualquiera de las iniciativas que, en esa dirección, presentó el poder ejecutivo en el Congreso Nacional; por otro, las principales corporaciones empresarias, especialmente las del sector industrial, se ocuparon de manifestar con diversas acciones, su descontento con algunas de las principales reformas propuestas por el gobierno, sobre todo, con aquellas referidas a la apertura comercial; también se opusieron a la apertura y a las privatizaciones las grandes corporaciones sindicales; y finalmente, algunos sectores del propio gobierno boicotearon las diversas iniciativas impulsadas desde los ministerios involucrados directamente con las reformas. Sobre las características de este proceso, consultar Acuña, M. (1995)
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Ahora bien, más allá del derrotero seguido por la orientación de la intervención
estatal, al analizar los principales resultados macroeconómicos y sociales del período se
observa que ninguno de los intentos puestos en marcha durante esos años pudo revertir
las principales consecuencias que trajo aparejado el desmantelamiento de la estrategia
sustitutiva durante la dictadura.
El producto no logró mantener una senda de crecimiento y la inversión sólo se
recuperó durante los primeros tiempos del Plan Austral, pero nunca volvió a alcanzar el
nivel conseguido a comienzos de la década del setenta. Aunque en 1986 y 1987 se
produjo un crecimiento de la demanda global, éste se sustentó en una efímera expansión
del consumo interno y de la inversión, en un contexto de leve crecimiento relativo del
PBI vis a vis las importaciones. Por el contrario, en 1988, todos los indicadores
mostraron un comportamiento negativo, excepto las exportaciones, que al expandirse en
un 18.4%, demostraron su carácter contracíclico (cuadro IV.1). Asimismo, los índices
de precios anuales (mayoristas y minoristas) se mantuvieron muy elevados, excepto en
el primer año de vigencia del Plan Austral, dando cuenta de que las diversas políticas
implementadas por el gobierno no lograron desarticular el régimen de alta inflación
vigente desde 1975 (cuadro IV.2).
Cuadro IV.1:
Oferta y Demanda Globales (en $ de 1996 y variaciones porcentuales). Años 1984 a 1989
Años PBI % Imp. % Consumo % Inversión* % Exp. % 1984 231.430 15.261 167.880 51.479 27.332 1985 216.124 (6.6) 13.271 (13.0) 155.513 (7.4) 42.298 (18.0) 31.584 15.6 1986 231.939 7.3 15.246 14.9 170.248 9.5 48.726 15.2 28.212 (10.7)
1987 237.926 2.6 17.255 13.2 171972 1.0 55.957 14.8 27.253 (3.4) 1988 234.146 (1.6) 15.275 (11.5) 162.325 (5.6) 54.841 (2.0) 32.255 18.4
1989 218.935 (6.5) 12.518 (18.0) 155.713 (4.1) 41.462 (24.0) 34.277 6.27 1984-1989 (5.4) (18.0) (7.2) (19.0) 25.4 1984-1988 1.2 0.1 (3.3) 6.5 18.0 1984-1986 0.2 (0.1) 1.4 (5.3) 3.2 1986-1988 1.0 0.2 (4.7) 12.5 14.3
*Nota: Se trata de la Inversión Bruta Interna Fija
Fuente: Elaboración propia en base a Gerchunoff y Llach (1998), página 465.
Cuadro IV.2:
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Evolución de los precios internos mayoristas y minoristas y del tipo de cambio Años 1983 a 1989.
Años Inflación Mayorista Inflación Minorista
1983 360.9 343.8 1984 573.6 626.7 1985 662.9 972.2 1986 63.9 90.01 1987 122.9 131.3 1988 412.5 343.0 1989 3432.6 3079.5
Nota: En el caso de la inflación (mayorista y minorista) se presentan las variaciones porcentuales del índice promedio anual.
Fuente: Elaboración propia en base a Gerchunoff y Llach (1998) página 471.
La persistencia del proceso inflacionario en un contexto de estancamiento
relativo del PBI produjo importantes consecuencias sobre la estructura social y
ocupacional del país. Luego de una primera recomposición del salario real (fuertemente
reducido durante la dictadura), los ingresos de los trabajadores se vieron resentidos con
la suba de los precios, hasta ubicarse por debajo del nivel de 1980, en los últimos tres
años de gestión del gobierno radical. Por su parte, las tasas de desocupación y
subocupación mantuvieron una tendencia creciente (con algunas mejoras leves en
1984), mientras que los niveles de pobreza e indigencia se dispararon a partir de 1987
(cuadro IV.3).
Cuadro IV.3:
Evolución de la desocupación y subocupación de la mano de obra (% PEA), del salario real (1980=100), y de la pobreza y la indigencia (% población total). Años 1983 y 1989
Años Desocupación
(% PEA) Subocupación
(% PEA) Salario real (1980=100)
Pobreza (%)
Indigencia (%)
1983 5.5 5.9 106.5 19.1 5.4 1984 4.7 5.4 129.5 14.9 5.0 1985 6.3 7.5 104.1 17.7 3.6 1986 5.6 7.2 106.3 12.7 3.5 1987 6.0 8.2 99.9 20.6 6.2 1988 6.5 8.9 95.0 32.3 10.7 1989 8.4 9.3 86.2 47.3 16.5
Fuente: Elaboración propia en base a Damill y Frenkel (1993), páginas 85 y 91, y Ortiz y Schorr (2006b), página 325.
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Asimismo, los indicadores monetarios y cambiarios denotan el creciente grado
de dolarización alcanzado por la economía doméstica; proceso originado, en gran parte,
por el comportamiento de los grandes ahorristas (cada vez más proclives a desprenderse
de sus tenencias en moneda local), y por la creciente demanda de divisas originada en
los requerimientos del sector público ante la necesidad de pagar los compromisos con
los acreedores externos. Ambos factores, sumado al accionar especulativo de los bancos
y los exportadores, generaron una constante presión alcista sobre el tipo de cambio
(cuadros IV.4 y IV.5).
Cuadro IV.4: Evolución de activos monetarios en poder del público (% del PBI) y del tipo de cambio real de exportaciones (1980=100). Años 1983 y 1989
Años M1 Privado* M2* Tipo de cambio real de exportaciones
(1980=100) 1983 3.8 11.2 155.3 1984 3.6 10.3 148.4 1985 3.5 10.9 167.6 1986 5.6 17.1 186.0 1987 5.1 18.5 213.0 1988 3.3 15.4 192.4 1989 2.8 13.2 212.6
*Nota: En el caso de la M1 privada, se trata de la sumatoria entre los billetes y monedas en poder del público y los depósitos a la vista. En el caso de la M2, se considera la suma de la M1 y los depósitos a plazo.
Fuente: Elaboración propia en base a Damill y Frenkel (1993), páginas 85 y 87.
Cuadro IV.5: Evolución de la deuda externa total y pública y de la fuga de activos al exterior (en millones de U$S corrientes y % del PBI). Años 1983 y 1989
Años Deuda externa total (saldo acumulado al
final de cada período)
Deuda externa pública (% sobre deuda total)
Fuga de capitales (saldo acumulado al
final de cada período) 1983 45.069 70.4 37.061 1984 46.903 77.1 38.332 1985 49.326 80.8 39.641 1986 51.422 85.6 40.448 1987 58.300 88.9 45.310 1988 58.500 91.5 44.008 1989 63.300 92.3 52.802
Fuente: Elaboración propia en base a Damill y Frenkel (1993), página 85 y Ortiz y Schorr (2006b), página 313.
13
Esta necesidad creciente de obtener dólares por parte del sector público, se
produjo en un contexto en el cual el déficit fiscal se mantuvo siempre por encima del
4.5% del PBI (cuadro IV.6). Para financiar ese nivel de déficit, el Estado se vio
obligado a tomar deuda en el mercado financiero doméstico, presionando así sobre la
tasa de interés activa y encareciendo el costo del financiamiento para el sector privado
que no podía acceder a los créditos en el exterior (cuadro IV.7).
Cuadro IV.6: Evolución de los ingresos, egresos y déficit del sector público (% del PBI). Años 1983 y 1988
Años Ingresos Erogaciones
Déficit fiscal Corrientes de Capital Corrientes No Corrientes
1983 34.1 0.2 40.1 9.7 15.1 1984 33.0 0.2 37.6 7.8 11.9 1985 40.5 0.2 40.5 7.1 6.0 1986 38.2 0.2 36.6 7.5 4.7 1987 36.0 0.2 36.1 8.4 7.9 1988 34.4 0.5 36.4 8.4 8.1
Fuente: Elaboración propia en base a Damill y Frenkel (1993), página 87.
Cuadro IV.7: Evolución de las tasas de interés reales mensuales, activas y pasivas, vigentes en el mercado local (en %). Años 1983 y 1989
Años Tasa de interés reales* Activa Pasiva
1983 3.0 (2.7) 1984 (0.2) (4.9) 1985 2.9 (1.4) 1986 0.6 (1.4) 1987 1.2 (1.6) 1988 0.1 (0.9) 1989 (5.6) (14.4)
*Nota: Para la tasa de interés activa se considera la tasa vigente en operaciones interempresarias a 7 días con garantía BONEX. Para la tasa de interés pasiva, se considera la tasa fijada por el BCRA para los depósitos a 30 días (hasta octubre de 1987) y las tasas promedio ponderado pagadas por los bancos por colocaciones a 30 días (desde el 15 de octubre de 1987 en adelante). En ambos casos, las tasas se deflactaron por el Índice de Precios al Consumidor.
Fuente: Elaboración propia en base a Damill y Frenkel (1993), página 87.
14
Ahora bien, el análisis de la evolución que siguieron las principales cuentas del
sector público durante esos años, muestra que, contrariamente a lo señalado por los
economistas ortodoxos, el déficit fiscal, medido como porcentaje de PBI, disminuyó
considerablemente entre 1983 y 1988 (pasando de 15.1 % a 8.1%). Llamativamente,
esta reducción se produjo por una caída de las erogaciones corrientes (sueldos del
personal), en consonancia con los dictámenes de la ortodoxia, mientras que se
incrementaron levemente las erogaciones no corrientes (subsidios directos o indirectos
al capital). Todo esto se dio en un cuadro de deterioro de los ingresos corrientes del
fisco (principalmente, de los recursos tributarios) que pasaron de representar el 40.5%
del PBI en 1985, al 34.4%, en 1988.
Este particular comportamiento del sector público indica un debilitamiento
progresivo de sus capacidades financieras, pero más aún, de su capacidad para ejercer
una de sus principales funciones: el cobro de los impuestos. Esta imposibilidad de
mantener en términos proporcionales los ingresos tributarios, sumada a la virtual
desaparición de la moneda doméstica como medio de reserva de valor, da cuenta de la
profundidad alcanzada por la crisis estatal durante la primera transición democrática.
IV.1.2. La profundidad de la crisis estatal: el deterioro de las capacidades financieras y la pérdida de autonomía relativa
Es posible afirmar que el proceso hiperinflacionario que comenzó a gestarse a
fines de 1988, y que se desató violentamente a partir de febrero de 1989, marcó el punto
de quiebre de un Estado atravesado por múltiples demandas (especialmente de los
sectores capitalistas), cada vez más asfixiado por la crisis fiscal y la necesidad de tomar
créditos en un contexto financiero, tanto a nivel interno como externo, completamente
desfavorable.
Pero esta crisis estatal no puede pensarse como el producto de una situación
puntual, porque reconoce sus raíces en las profundas transformaciones realizadas
durante la última dictadura militar sobre el funcionamiento del modelo económico y
sobre las relaciones de fuerza entre los diferentes sectores sociales. Entre los más
significativos, es necesario resaltar el alto grado de concentración que adquirió la
estructura productiva y el crecimiento notable de una fracción empresaria estrechamente
vinculada al accionar económico estatal, que siguió demandando y recibiendo grandes
recursos desde el Estado a través de diversos mecanismos directos e indirectos de
15
transferencia. Precisamente, el Estado cumplió un rol fundamental en el profundo
cambio que registró el proceso de acumulación de capital desde mediados de los años
setenta, en tanto modificó radicalmente la dirección y magnitud de las asignaciones
públicas, perjudicando a los asalariados y a las pequeñas empresas, en beneficio de las
más grandes y de los acreedores externos.20
Debido a estas transformaciones, cuando asume el nuevo gobierno
constitucional se superponen dos crisis de gran magnitud (la externa y la fiscal)
estrechamente relacionadas entre sí, que continuaron agravándose por el propio accionar
del Estado. Lejos de desmantelar los mecanismos que habían alimentado la nueva
estrategia de acumulación, el sector público asumió las deudas contraídas durante la
dictadura, mantuvo las cuantiosas transferencias hacia el capital concentrado local
vigentes en el período anterior, e incluso, puso en marcha nuevos mecanismos, tales
como el programa de capitalización de deudas y los subsidios a las exportaciones
industriales no tradicionales.21
Estas cesiones, sumadas a las derivadas de los sobreprecios en las compras de
las empresas y reparticiones públicas y a las restantes erogaciones corrientes y no
corrientes del Estado, profundizaron hasta límites inauditos el déficit del fisco ya que,
además, los ingresos impositivos y previsionales se deterioraron pronunciadamente
durante el mismo período como consecuencia del estancamiento económico general y
de los elevados niveles de elusión y evasión tributaria. Para financiar este déficit en un
contexto externo de iliquidez, el Estado tuvo que recurrir al mercado financiero interno
tomando fondos a través de dos modalidades básicas: los encajes remunerados y la
colocación de títulos públicos. Como se señaló anteriormente, esta conducta generó una
presión alcista sobre la tasa de interés, ocasionando severas consecuencias sobre la
actividad económica, entre las que se destacan, el desaliento a la inversión, el
incremento del nivel de desmonetización doméstica, y el encarecimiento del crédito.
20 Existe una profusa bibliografía dedicada a describir y analizar este cambio estructural. Ver al respecto, los trabajos de Basualdo (2000b; 2001 y 2006), Nochteff (1994) y Schvarzer (1999). 21 Con relación a la crisis externa, basta con señalar que la deuda pública se incrementó en 22.9 mil millones de dólares entre 1984 y 1989 mientras se fugaron, en el mismo lapso, otros 14.5 mil millones (más de las dos terceras partes, sólo en el último año). Todo esto en un contexto de altas tasas de interés y escasez de divisas que facilitó el desarrollo de la especulación financiera en el mercado local. En cuanto a la situación fiscal, si bien es difícil realizar un cálculo exacto debido a la falta de información, las estimaciones disponibles indican que sólo en concepto de exenciones y diferimientos impositivos, subsidios directos e indirectos, el Estado transfirió al capital concentrado local cerca de 15 mil millones de dólares (Basualdo, 2006, capítulo 4).
16
Pero además, este profundo debilitamiento de las capacidades financieras operó
como una barrera a la hora de implementar cualquier intento de recomposición de las
capacidades administrativas, tan desgastadas durante las últimas décadas. Diversos
planes de reforma administrativa se pusieron en marcha al inicio de la gestión radical,
planes que tomaron como modelo el funcionamiento del Estado francés y que
rápidamente debieron abandonarse por dificultades de financiamiento. A modo de
ejemplo, cabe señalar que
“ […] El gobierno instituyó el Cuerpo de Administradores Gubernamentales (con la intención de) crear un grupo de burócratas de alta calificación que complementara una reforma administrativa más vasta, destinada a ordenar y mejorar la calidad de las intervenciones estatales. Estos propósitos fueron pronto abandonados por un criterio fiscalista en la evaluación del aparato estatal que vivió, desde entonces, sujeto a la reducción de personal y a la degradación de las remuneraciones” (Heredia, 2006: 177).
Llamativamente, los mismos criterios fiscalistas que impidieron encarar los
planes de reforma administrativa no se tuvieron en cuenta a la hora de realizar diversas
transferencias de recursos públicos al capital concentrado. En efecto, el Estado persistió
en su rol de garante de los diversos mecanismos de valorización financiera y sostuvo los
múltiples APA gestados durante la dictadura, dando cuenta de su carácter cada vez más
heterónomo. En este sentido, la constante búsqueda de apoyos entre los sectores sociales
más beneficiados del nuevo patrón de acumulación, erosionaron toda posibilidad de
definir autónomamente el rumbo de la intervención estatal. Por eso, es posible afirmar
que
“En el plano de la administración pública, de la banca oficial y de las empresas estatales, los compromisos con el pasado, por voluntad e impericia, impidieron desterrar a los anteriores personeros de los negocios privados, a los que muy pronto se sumaron otros con trayectoria más democrática. Los grandes problemas económicos dejados por el ‘proceso’ y, en especial, la desarticulación de la estructura industrial y las obligaciones de la deuda externa se agravaron por la ausencia de capacidades estatales para desarrollar políticas en fomento de la producción y en unos pocos años el radicalismo desgastó su gran legitimidad inicial” (Sidicaro, 2001: 47).
Los cada vez más estrechos lazos tendidos entre algunos hombres del gobierno
con los grandes empresarios nacionales, incidieron considerablemente en la orientación
de la intervención estatal. De hecho, antes del lanzamiento del Plan Austral, las
reuniones con los denominados “Capitanes de la Industria” fueron frecuentes para
17
garantizar el apoyo empresario a la política de congelamiento de precios propuesta por
el equipo ministerial. A cambio, el gobierno ofreció mantener las transferencias hacia el
capital concentrado local (a pesar de los efectos nocivos que las mismas ejercían sobre
el déficit fiscal) y lanzar un programa de subsidios a las exportaciones no tradicionales,
con la esperanza de que estos “aportes” a los grandes capitalistas se tradujeran en
nuevas inversiones y en un incremento de las ventas externas que permitieran dinamizar
el alicaído producto interno. Pero fue precisamente esta búsqueda de alianzas con los
sectores sociales consolidados durante la dictadura la que
“ […] desembocó en una relación en la que los equipos económicos del gobierno pactaban la estabilidad de precios con los grandes empresarios ofreciéndoles a cambio de su buena conducta, o como recompensa, la posibilidad de (y la información para) obtener ganancias en la especulación financiera. Ese particular modus operandi fue un factor que incidió en la disolución del valor de la moneda, símbolo por excelencia del poder estatal” (Sidicaro, 2001: 48).
Por otra parte, cabe destacar que los empresarios contaron durante los años
ochenta con tres formas diferentes de presión sobre el Estado, que les permitió orientar
la intervención estatal en un sentido favorable a sus intereses: a) las tradicionales
prácticas corporativas canalizadas a través de las entidades patronales de larga data
(especialmente, Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina y Cámara
Argentina de Comercio); b) la organización de grupos más informales de presión
directa, como por ejemplo, el de los “Capitanes” y el ejercicio del lobby individual, a
cargo de los principales líderes empresarios; y finalmente, d) las denominadas prácticas
estructurales de presión, mediante el comportamiento estrictamente económico de sus
firmas, a través del manejo de las decisiones de inversión, la fijación de los niveles de
precios de los bienes de la canasta familiar, el nivel de activos líquidos dolarizados, etc.
Ya desde el comienzo de su gestión el gobierno buscó el acercamiento con las
principales corporaciones del empresariado. Estas habían emergido luego de la
dictadura como interlocutoras ineludibles en el esquema diseñado por el gobierno
constitucional, en el cual la representación corporativa se superponía con la
representación parlamentaria. La difusión de estas prácticas “acuerdistas” encuadradas
en el nuevo esquema de representación política debilitó aún más la calidad de la
intervención estatal, en tanto el sector público (con escasas capacidades administrativas
y financieras), debía interactuar con corporaciones representativas de los intereses de las
fracciones empresarias más poderosas, tornándose cada vez más permeable a sus
18
demandas. Sin embargo, “esta situación fue paulatinamente modificada por el
desmantelamiento y disolución de las capacidades estatales que favorecieron la
extensión del lobby individual” (Beltrán, 2006: 203).
En efecto, las articulaciones informales cobraron mucha más relevancia a
medida que los canales tradicionales se tornaron más “ineficientes” para resolver los
problemas puntuales que aquejaban al empresariado. Si bien, ambos tipos de prácticas
se desplegaron en forma paralela, tuvieron funciones diversas: a través de las
corporaciones, los empresarios canalizaban las demandas más generales sobre la
política económica; mediante el lobby individual o los acuerdos con las agrupaciones
informales, se negociaban las cuestiones más específicas que incidían directamente
sobre el proceso de acumulación de las empresas. El mantenimiento de los APA
vinculados al funcionamiento del complejo económico estatal-privado, por ejemplo,
entran dentro de este último tipo de presión. 22
Pero la forma de presión más efectiva y “transparente” fue el ejercicio de las
denominadas “prácticas estructurales”. Más allá de cualquier declaración que
manifestara voluntad de realizar acuerdos con las autoridades de gobierno, los
capitalistas mostraron rápidamente a través de sus decisiones microeconómicas que, en
el nuevo esquema de poder ellos conservaban la cuota más importante. Mediante el
manejo de las principales variables de mercado (en especial, precios e inversión)
demostraron en los hechos que el Estado democrático había perdido la capacidad de
orientar el proceso de acumulación en una nueva dirección que permitiera recuperar el
tejido industrial y mejorar la distribución del ingreso.
La profundización de la crisis estatal fue condición necesaria, y a su vez,
consecuencia, del proceso de diversificación de los diversos APA heredados de la
gestión dictatorial. Los mismos favorecieron la consolidación de una fracción
empresaria, la misma que durante los años de la primera transición democrática buscó
penetrar a través de sus diferentes prácticas, en el entramado de las decisiones públicas. 22 En este sentido, Bsaualdo (2001) afirma que “el de los agrupamientos de entidades empresariales que se generaron para enfrentar la política económica fue, no obstante su importancia, sólo uno de los niveles en que se relacionaron el sector empresario y el gobierno. Hubo otro, de gran trascendencia económica y política, que consistió en la estrecha vinculación que mantuvieron los principales referentes (y propietarios) de los grandes grupos económicas locales y algunos conglomerados extranjeros, con un conjunto de funcionamiento del gobierno y del partido. […] En conjunto ambas instancias (la conformación de los agrupamientos informales y el establecimiento de negociaciones directas) indican que la estrategia del capital concentrado interno consistió en plantear exigencias mediante los acuerdos entre las organizaciones empresariales y negociar directamente con el partido de gobierno sus intereses específicos”, página 44.
19
IV.2. Intervención estatal y transformaciones en la cúpula empresaria durante la transición democrática: la persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación
Durante la primera gestión democrática, el comportamiento estatal generó las
condiciones propicias para que las grandes empresas continuaran con su estrategia de
valorización financiera, esta vez en el mercado interno. En efecto, el grueso de las
transferencias públicas destinadas a los grandes agentes económicos durante esos años
vía promoción industrial, precios diferenciales en la compra/venta de productos y
servicios, capitalización de deudas y subsidios a las exportaciones no tradicionales, en
vez de destinarse a la ampliación del capital, se convirtieron, mayoritariamente, en
activos líquidos que las firmas volcaron en el circuito financiero local alentadas por las
altas tasas de interés que regían para las colocaciones a corto plazo y tentadas por la
rentabilidad y seguridad que le ofrecían los diversos bonos que el Estado emitía para
financiar su déficit. Esto se puede corroborar claramente, al analizar la evolución de la
inversión privada, las colocaciones financieras internas y la salida de capitales hacia las
más seguras plazas financieras internacionales. En otras palabras, el mismo Estado que
transfería recursos públicos al capital concentrado local a expensas del resto de los
sectores sociales, era el que recurría al mercado financiero para fondearse (a un costo
cada vez más elevado) con el excedente que esas mismas grandes empresas
privilegiadas por el accionar estatal colocaban en el circuito financiero local.
Nuevamente, la experiencia de los años ochenta demuestra que a través de la
gestión económica se pudo garantizar la vigencia de un régimen de acumulación que
beneficiaba a una reducida, y cada vez más poderosa, fracción empresaria: la de las
grandes firmas nacionales y extranjeras estrechamente vinculadas al accionar
económico del Estado.
En efecto, durante el primer año de la gestión del gobierno radical, la cúpula
empresaria presentaba los rasgos esenciales que había adquirido durante la última
dictadura: predominio de empresas industriales pertenecientes a grupos económicos de
capital nacional que operaban en ramas fuertemente promocionadas por el accionar estatal.
Si se analiza la evolución de la cúpula empresaria tomando en cuenta el sector de
actividad en el que operan las firmas (cuadro IV.8), se observa claramente que entre 1984
y 1988 la cúpula mantuvo un perfil predominantemente industrial, tanto por la cantidad de
20
empresas que operan en cada sector, como por la tasa de participación de cada uno de ellos
en la generación de las ventas totales. Por otra parte, también aumentó el número y el
porcentaje de ventas y utilidades de la fracción integrada por empresas comerciales como
resultado de la incorporación de importantes cadenas de supermercados: cuatro nacionales
(Disco, El Hogar Obrero, Compañía Americana de Supermercados y Casa Tía) y una
extranjera asociada al capital local (Carrefour).
Cuadro IV. 8:
Composición y evolución de la cúpula empresaria por sector de actividad. Años 1984 y1988
Sector de Actividad 1984 1988
Industria Cantidad de empresas 80 77 % Ventas 64.6 71.6 % Utilidades 99.9 75.5 Rentabilidad s/ Ventas 5.00 4.3
Servicios Cantidad de empresas 2 2 % Ventas 0.7 0.9 % Utilidades (0.1) 0.1 Rentabilidad s/ Ventas (0.1) 0.5
Comercio Cantidad de empresas 5 9
% Ventas 6.4 9.1 % Utilidades (1.4) 3.6 Rentabilidad s/ Ventas (0.70) 1.6
Petróleo Cantidad de empresas 9 8 % Ventas 25.7 13.9 % Utilidades (0.7) 17.9 Rentabilidad s/ Ventas (0.10) 5.2
Construcción Cantidad de empresas 4 4 % Ventas 2.6 4.5 % Utilidades 2.3 2.9 Rentabilidad s/ Ventas 2.8 2.6
Rentabilidad cúpula 3.2 4.1 Total Cúpula 100 100 Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989.
Por otra parte, las constructoras lograron aumentar significativamente su
participación en la generación de las ventas totales, mientras que las petroleras
21
aumentaron su participación en la generación de las utilidades globales y elevaron sus
márgenes de rentabilidad promedio. Estas mejoras en la performance de las empresas
señaladas se pueden explicar, en gran medida, por el accionar estatal, en tanto las
primeras se vieron beneficiadas por un aumento relativo en la inversión pública en
infraestructura (las erogaciones de capital realizadas por el Estado pasaron de
representar el 7,1% del PBI en 1985 al 8,4% en 1988) y muchas de las segundas
mantuvieron, al igual que en la dictadura, el acceso privilegiado a las áreas de
explotación petrolera licitadas por YPF a lo largo del quinquenio en cuestión, dando
cuenta de la marcada continuidad existente en la política petrolera durante ambas
gestiones.
Como consecuencia del alto grado de heterogeneidad que presenta el sector
industrial, el análisis de la fracción de empresas manufactureras exige un mayor nivel de
desagregación que el de los restantes sectores. En el cuadro IV.9 se presenta la
composición de esta porción de la cúpula considerando las cinco ramas principales de la
industria que representan más del 60% del conjunto de firmas industriales que integran
la muestra en los años seleccionados.
Cuadro IV. 9:
Composición y evolución de la fracción industrial de la cúpula empresaria tomando en cuenta las principales ramas de la industria. Años 1984 y 1988
Rama de la Industria 1984 1988
Bebidas y Alimentos Cantidad 22 25 % Ventas 19.7 20.6 % Utilidades 5.3 8.6 Rentabilidad s/ Ventas 0.9 1.7 Química y Petroquímica
Cantidad 16 18 % Ventas 7.8 11.1 % Utilidades 19.5 28.9 Rentabilidad s/ Ventas 8.0 10.0
Automotriz Cantidad 7 6 % Ventas 9.6 10.0 % Utilidades 2.6 1.0 Rentabilidad s/ Ventas 0.8 0.4
Siderurgia Cantidad 6 6 % Ventas 8.9 8.8
22
% Utilidades 32.2 8.3 Rentabilidad s/ Ventas 11.6 3.8 Papel y celulosa Cantidad 4 3 % Ventas 1.8 2.0 % Utilidades 27.9 8.3 Rentabilidad s/ Ventas 49.0 16.4
Rentabilidad Fracción Industrial 5.00 4.3
Rentabilidad cúpula 3.2 4.1
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989.
Al respecto, se observan comportamientos muy dispares entre las diferentes
fracciones empresarias según la rama de la industria a la que pertenezcan. En términos
generales, se puede decir que sólo dos de ellas presentaron un buen desempeño en todo
el período: “Alimentos y Bebidas” y “Química y Petroquímica”. En efecto, las firmas
productoras de bienes alimenticios mejoraron notablemente su performance entre 1984
y 1988, especialmente en lo que concierne a las rentabilidades sobre ventas (que
prácticamente se duplicaron a lo largo del período) y a la participación en la generación
de las utilidades totales de la cúpula. Tres factores se conjugaron en la explicación de
este resultado: el incremento de las exportaciones, los beneficios derivados de la
promoción industrial (en especial, en el caso de Arcor y Molinos) y la participación en
los programas de capitalización de deudas.
Por su parte, las industrias químicas y petroquímicas, incrementaron su
rentabilidad aproximadamente en un 25% y lograron consolidar su posición en el
conjunto de las cien más grandes del país, al aumentar significativamente su tasa de
participación en la generación de las ventas y utilidades totales de la cúpula. En este
caso, además de los factores señalados para las alimenticias, se agrega otro
estrechamente relacionado con el accionar estatal: la existencia de precios diferenciales
en la compra y/o venta de insumos y servicios a las empresas estatales. Las restantes
fracciones industriales mantuvieron sus niveles de participación en la generación de las
ventas totales entre los dos años considerados gracias a la inserción exportadora (en
gran parte subsidiada por el Estado) aunque por esa misma razón, perdieron puntos en
sus tasas de rentabilidad y disminuyeron sus niveles de participación en la generación
de las ganancias totales, ya que en el mercado externo las firmas pertenecientes a estas
23
ramas actúan como tomadoras de precio más que como formadoras, perdiendo así la
posición privilegiada que detentan en el mercado local.23
En definitiva, se observa que más allá de las particularidades propias de cada
rama de la industria (evolución de los precios internos y/o externos de los insumos y los
productos, oscilaciones en la demanda interna y/o externa, estrategias microeconómicas
de las firmas, etc.) en la explicación de este heterogéneo comportamiento se deben
considerar otras razones vinculadas con la gestión económica estatal, que confluyen en
la identificación de cuatro tipos de mecanismos básicos de transferencia de recursos
públicos que funcionaron durante el período, a saber:
a) la implementación de programas de capitalización de la deuda externa
(especialmente significativo en el caso de las empresas productoras de alimentos y
bebidas);
b) la inserción subsidiada en el mercado externo (que permitió aumentar los
volúmenes de ventas de las grandes firmas productoras de commodities y de
bienes de consumo);
c) la fijación de precios preferenciales para las empresas vinculadas al complejo
económico estatal-privado (relevante en el caso de las empresas químicas y
petroquímicas); y
d) los subsidios derivados de las diversas políticas de promoción industrial
(significativo en las cuatro ramas consideradas, sobre todo en aquellas vinculadas
a la producción de insumos intermedios de uso difundido).
Cuando se analiza la evolución de la cúpula tomando en cuenta la forma de
organización de la propiedad y el origen del capital, se pueden realizar interesantes
observaciones que complementan los resultados obtenidos en el análisis sectorial (cuadro
IV.10). En primer lugar, cabe destacar que en 1984, las empresas extranjeras, a pesar de
generar la mayor parte de las ventas de la cúpula, habían visto muy deteriorados sus
volúmenes de ganancia, e incluso varias de ellas presentaron pérdidas significativas
(Amoco, Ciba Geigy, Standar Electric, Ford y Shell, entre otras). Por el contrario, las
firmas nacionales (especialmente las que formaban parte de grupos económicos) 23 Igualmente, cabe aclarar que los niveles de rentabilidad sobre ventas promedio obtenidos por las empresas pertenecientes a la industria celulósica y papelera son de las más elevadas del espectro industrial.
24
presentaron resultados altamente favorables, generando el grueso de utilidades globales
(entre las cuales se destacan por sus altas tasas de rentabilidad sobre ventas, Pérez
Companc, Celulosa, Ipako y Alto Paraná).24
Cuadro IV. 10: Composición y evolución de la cúpula empresaria según la forma de organización de la propiedad del capital. Años 1984 y 1988 Tipo de Empresa 1984 1988 GL Cantidad 41 43 % Ventas 34.3 40.4 % Utilidades 103.4 63.6 Rentabilidad s/ Ventas 9.7 6.4 CE Cantidad 20 18 % Ventas 39.5 26.7 % Utilidades (17.2) 9.9 Rentabilidad s/ Ventas (1.4) 1.5 ET Cantidad 27 19 % Ventas 20.5 13.8 % Utilidades 5.3 12.4 Rentabilidad s/ Ventas 0.8 3.6 ELI Cantidad 10 15 % Ventas 5.0 13.5 % Utilidades 0.3 5.8 Rentabilidad s/ Ventas 0.2 1.8
ASOCIACION Cantidad 2 5 % Ventas 0.7 5.6 % Utilidades 8.2 8.3 Rentabilidad s/ Ventas 35.7 17.1
Rentabilidad cúpula 3.2 4.1 Total Cúpula 100 100
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989.
Las firmas de capital nacional presentaron una evolución más favorable en la
mayoría de los indicadores relevados, incrementando su participación en la generación 24 Obsérvese que todas estas empresas se encontraban vinculadas por diversos mecanismos, al funcionamiento del complejo económico estatal-privado: Pérez Companc por su articulación privilegiada con YPF y las restantes por participar en proyectos fuertemente promocionados por el Estado.
25
de ventas totales de la cúpula y logrando una elevada participación en las ganancias
totales durante 1988, manteniendo la tendencia detectada durante la segunda mitad de la
década del setenta. Este último dato resulta particularmente significativo ya que, al igual
que en 1984, y a pesar de tratarse de un contexto macroeconómico mucho más
desfavorable, los grupos locales continuaron siendo los principales generadores de
ganancias en el conjunto de la cúpula.
En efecto, las empresas pertenecientes a grupos locales (GL) explican en ambos
años el mayor porcentaje de las utilidades globales y presentan las tasas de rentabilidad
sobre ventas relativas más elevadas (sólo superada en 1988, por la de las Asociaciones).
Además, lograron incrementar su participación en la generación de las ventas totales,
consolidando su posición estructural en el interior del panel.
Las empresas locales independientes (ELI) también presentaron una evolución
favorable a lo largo del período, registrando un incremento relativo de todos los
indicadores relevados; aunque su incidencia en el desempeño del conjunto es mucho
menor que la de los restantes tipos de firmas. Esta fracción estaba integrada
prácticamente en su totalidad, por empresas pertenecientes a la industria alimenticia y
por grandes firmas comercializadoras del sector supermercadista. Precisamente, fueron
estas últimas las que permiten explicar el favorable derrotero de la fracción, como
consecuencia de los cambios introducidos en los hábitos de compra de los productos
básicos de la canasta familiar.
Por su parte, las firmas extranjeras (pertenecientes o no a conglomerados),
presentaron un comportamiento dispar: por un lado, mostraron un profundo deterioro en
la participación de la generación de las ventas totales (perdiendo peso relativo en el
conjunto de la cúpula); por otro, presentaron una recomposición de su participación en
la generación del total de las utilidades (aunque estos porcentajes se mantuvieron
siempre muy por debajo de los obtenidos por los GL).25 También hay que destacar que
en los dos años relevados, las rentabilidades promedio de ambos tipos de firmas
extranjeras (ET y CE) fueron inferiores en comparación a las obtenidas por las empresas
25 Tal como concluyen Ortiz y Schorr (2006b) al analizar el comportamiento de las doscientas empresas privadas y públicas de mayor nivel de facturación del país, entre 1984 y 1989 “[…] se produjo una caída considerable en el aporte a las ventas totales de las dos formas representativas del capital extranjero. Esto se debe, básicamente a la repatriación de importantes inversiones foráneas que se registró en esa etapa y a la contracción experimentada por un conjunto de actividades productivas en las que estas firmas tenían una presencia decisiva (tal es el caso del complejo metalmecánico en general, y de sector automotor, en particular)”, página 303, nota 14.
26
pertenecientes a los GL. Es más, excepto por el caso de la petroquímica Indupa26 que
operó con altas tasas de rentabilidad sobre ventas, el resto de las firmas extranjeras
obtuvo rentabilidades anuales inferiores al 5%. Todos estos datos confirman que,
continuando con la tendencia iniciada durante los años de la dictadura, las firmas
pertenecientes a los GL fueron las que presentaron un mejor desempeño y por ende, las
que adquirieron una mayor relevancia en el interior de los grandes agentes
económicos.27
Ahora bien, para establecer las causas que explican este comportamiento
diferenciado en función del origen del capital y la forma de organización de la
propiedad, es necesario complementar el análisis de la cúpula tomando en cuenta una
nueva variable: la percepción de transferencias estatales (cuadro IV.11)
Tal como se mencionó anteriormente, durante el quinquenio considerado se
transfirieron cuantiosos recursos hacia el capital concentrado local bajo la forma de
cuatro mecanismos básicos: la promoción industrial, los precios diferenciales en las
operaciones de compra/venta realizadas por las empresas y/o reparticiones públicas, los
diversos subsidios a las exportaciones industriales, y los programas de capitalización de
la deuda externa.
Cuadro IV. 4: Evolución del perfil de la cúpula empresaria según la percepción o no de transferencias estatales. Años 1984 y 1988 1984 1988 Perciben transferencias estatales % empresas 51 60 % ventas 32.0 70.7 % utilidades 115.0 88.5 Rentabilidad s/ventas 7.5 5.1 No perciben transferencias estatales % empresas 49 40 % ventas 68.0 29.3 % utilidades (15.0) 11.5 Rentabilidad s/ventas (1.0) 1.6
26 Cabe señalar que esta empresa se encontraba fuertemente vinculada a las actividades del complejo económico estatal privado a través de su articulación con Fabricaciones Militares, YPF y Petroquímica Bahía Blanca. 27 Estos resultados son corroborados al utilizar una muestra mayor, integrada por doscientas empresas públicas y privadas, en tanto la participación de los GL en la generación de las ventas totales de la cúpula pasó de 22.9% en 1984, a 27.5% en 1988. Al respecto, véase Ortiz y Schorr (2006b), página 304, cuadro 3.
27
Total empresas 100 100 Rentabilidad s/ventas 3.2 4,1
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989, Acevedo et.al. (1990), Bisang (1990), Azpiazu (1995) y Kosacoff y Azpiazu (1989).
Los datos confirman la favorable incidencia de estas transferencias en el
desempeño de las grandes firmas, ya que aquellas que percibieron los distintos tipos de
beneficios: a) lograron aumentar su presencia en el selecto grupo de las cien primeras
del país, b) duplicaron su participación en las ventas totales (indicador que da cuenta del
proceso de consolidación de la fracción en el interior del conjunto), c) presentaron los
niveles de rentabilidad relativa más elevados y, d) generaron el grueso de las utilidades
de la cúpula en los dos años considerados. Además, cabe destacar que la mayor parte de
las firmas beneficiadas formaban parte de los principales grupos económicos locales,
hecho que permitiría explicar la favorable evolución de este tipo de empresas entre los
dos años relevados.
En efecto, cuando se analiza la composición de la fracción privilegiada por las
transferencias estatales tomando en cuenta la forma de organización de la propiedad y el
origen del capital, se comprueba que el buen desempeño de las firmas pertenecientes a
los GL durante este período se relaciona con la percepción de transferencias estatales: la
mitad de las empresas beneficiadas formaban parte de GL, tanto en 1984 como en 1988
(cuadro IV.12).
Cuadro IV.12: Composición por tipo de empresa de las firmas que integran la cúpula según la percepción o no de transferencias estatales. Años 1984-1988 (cantidad de empresas y porcentajes)
1984 1988
Perciben transferencias estatales
Empresas % Empresas %
GL 28 55 31 52 CE 9 18 13 22 ELI 1 2 - - ET 12 23 11 18 ASOC 1 2 5 8 Total 51 100 60 100 No perciben transferencias estatales
GL 13 27 12 30 CE 11 22 5 12 ELI 9 18 15 38 ET 15 31 8 20
28
ASOC 1 2 - - Total 49 100 40 100
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989, Acevedo et.al. (1990), Azpiazu (1995), Bisang (1990) y Kosacoff y Azpiazu (1989).
Asimismo, tanto las rentabilidades como los porcentajes de participación en las
utilidades totales registrados por estas empresas sugieren la existencia de ámbitos
privilegiados de acumulación de capital, supuesto que se confirma al analizar la
evolución de las rentabilidades relativas de las empresas según la cantidad de
transferencias percibidas (cuadro IV. 13). En efecto, se observa que cuanto mayor es el
número de transferencias recibidas, mayores son las tasas de rentabilidad promedio
obtenidas por las empresas beneficiadas.
Cuadro IV.13:
Cantidad de empresas y evolución de las rentabilidades sobre ventas de las fracciones que integran la cúpula según la cantidad de transferencias percibidas. Años 1984 y 1988 1984 1988 Beneficiadas por más de una política Cantidad 27 26 Rentabilidad sobre ventas 8.2 5.2 Beneficiadas por una política Cantidad 24 34 Rentabilidad sobre ventas 5.8 4.3 No beneficiadas Cantidad 49 40 Rentabilidad sobre ventas (1.0) 1.6 Total empresas 100 100
Rentabilidad s/ventas 3.2 4.1
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989, Acevedo et.al. (1990), Azpiazu (1995), Bisang (1990) y Kosacoff y Azpiazu (1989).
Si además de considerar la cantidad de transferencias percibidas, se discrimina el
desempeño de las firmas en función del tipo de beneficio que reciben, se pueden
establecer dos situaciones claramente diversas que aportan relevantes elementos para
comprender la naturaleza de los APA (cuadro IV.14). Por un lado, se encuentran las
firmas beneficiadas sólo por el programa de capitalización de la deuda externa y/o la
promoción a las exportaciones industriales no tradicionales; por el otro, las empresas
que, más allá de que hayan recibido o no estos dos tipos de transferencias, han sido
beneficiadas por la política de promoción industrial y/o se articulan como
29
clientas/proveedoras/contratistas con el aparato estatal. En el primer caso se trata
mayoritariamente de empresas extranjeras, muchas de las cuales forman parte de
conglomerados, que operan casi en su totalidad en el sector industrial y que colocan
parte de su producción en el mercado externo (Coca Cola, Renault, Louis Dreyfus,
Massalin Particulares). En el segundo, predominan empresas nacionales, que pertenecen
a las ramas no tradicionales de la industria, al sector petrolero y a la construcción, que
forman parte de grupos económicos, y que realizan una porción considerable de sus
operaciones en el mercado interno (Pérez Companc, Astra, Bridas, Fate, Acindar, Sade).
Cuadro IV.14: Perfil de la fracción privilegiada según el tipo de transferencia percibida. Año 1988.
Cantidad de
empresas
% participación ventas cúpula
% participación utilidades
cúpula
Rentabilidad sobre ventas
Beneficiadas sólo por el programa de capitalización y/o la promoción a las exportaciones
26
36.3
17.7
2.0
Beneficiadas por la vinculación al complejo económico estatal-privado y/o la promoción industrial
34
34.4
70.8
8.4
Total empresas privilegiadas
60
70.7
88.5
5.1
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989, Acevedo et.al. (1990), Azpiazu (1995), Bisang (1990) y Kosacoff y Azpiazu (1989).
Evidentemente, los diferentes tipos de beneficios contribuyeron por igual al
proceso de consolidación de las empresas privilegiadas (tomando como indicadores
proxy el porcentaje de participación en la generación de las ventas totales de la cúpula),
pero las posibilidades de internalizar amplios niveles de ganancia extraordinaria se
vinculan directamente con las actividades económicas propias del complejo y con la
promoción industrial, ya que fueron estas empresas las que presentaron las tasas más
altas de rentabilidad (cuatro veces superiores a la de las restantes firmas que componen
la fracción privilegiada) y las que explican dos tercios de las utilidades generadas por la
30
cúpula. Estos indicadores confirman la plena vigencia de los APA conformados en
períodos anteriores a la gestión del primer gobierno de la transición democrática y
sugieren la conformación de uno nuevo vinculado a la inserción subsidiada en el
mercado externo.
IV.2.1. La consolidación de los ámbitos privilegiados de acumulación generados durante la dictadura: el desempeño de las empresas vinculadas al complejo económico estatal-privado
El sostenimiento de las transferencias de recursos públicos hacia el capital
concentrado local, en un entorno propicio para canalizar recursos hacia el mercado
financiero interno, resultó crucial para mantener los diversos APA existentes al inicio
del gobierno radical, e incluso hizo posible la conformación de otros nuevos, asociados
a la mayor presencia que adquirieron algunas de las grandes firmas locales en el
mercado mundial.
La rentabilidad relativa registrada por las diversas fracciones que componen la
cúpula corrobora estos supuestos en tanto permite dar cuenta de la vigencia de distintos
APA: los relacionados con las actividades productivas del Estado (vigentes desde los
años de la segunda ISI) y otros, de origen más reciente, relacionados con la posibilidad
de insertar excedentes de producción en el mercado mundial (inserción fomentada, en
gran parte, por el propio aparato estatal, mediante subsidios impositivos y mecanismos
de compensación entre los precios internos y externos de los productos exportables).28
En efecto, entre 1984 y 1988 se produjo un aumento en la cantidad total de
empresas que volcaban parte de su producción al mercado mundial. En su mayoría, este
fenómeno obedece al ingreso de nuevas firmas a la muestra más que a una modificación
en el perfil de las existentes. La inclusión en el panel de varias comercializadoras y
empresas industriales ligadas a la agroexportación que anteriormente no formaban parte
de la cúpula, es el factor que explica el aumento registrado por la fracción exportadora,
tanto en la cantidad de empresas como en la tasa de participación en la generación de las
ventas totales (cuadros IV.15).
28 Si bien durante la vigencia de la industrialización sustitutiva algunas firmas industriales habían logrado insertarse en el mercado externo exitosamente, durante la década del ochenta esta estrategia exportadora subsidiada por el Estado, adquirió particular importancia, ya que le permitió a las empresas morigerar los efectos de la recesión local colocando parte de su producción fuera de las fronteras nacionales.
31
Cuadro IV. 15:
Evolución del perfil de la cúpula empresaria según su vinculación al mercado externo. Años 1984 y 1988 Vinculación al Mercado Externo 1984 1988 Exportadoras Cantidad 26 37 % Ventas 36.3 46.5 % Utilidades 73.7 48.0 Rentabilidad s/ Ventas 6.5 4.2
No Exportadoras Cantidad 74 63 % Ventas 63.7 53.5 % Utilidades 26.3 52.0 Rentabilidad s/ Ventas 1.3 3.9
Rentabilidad cúpula 3.2 4.1 Total Cúpula 100 100
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989, Acevedo et.al. (1990), Azpiazu (1995), Bisang (1990) y Kosacoff y Azpiazu (1989).
Sin embargo, estos incrementos no se tradujeron en un aumento en el nivel de
ganancias generado por la fracción. En efecto, si bien aumenta en más de 10 puntos
porcentuales el nivel de participación de la fracción exportadora en la generación de las
ventas totales de la cúpula, la participación en la generación de las utilidades cae más de
20 puntos. En ese sentido, los datos muestran que en esos años, mejoraron mucho más
las utilidades totales de las empresas volcadas en forma exclusiva al mercado interno
que las de aquellas que también colocaban parte de su producción en el exterior.
Parece evidente entonces, que la vinculación al mercado externo resulta
relevante a la hora de entender procesos de consolidación empresaria, ya que actúa
como una política contracíclica que le permite a las firmas colocar sus excedentes de
producción en el mercado externo cuando el contexto local se torna recesivo. Esto es
particularmente significativo en el caso de las firmas que producen bienes de consumo,
que ven resentida su demanda interna ante un estancamiento en los ingresos de las
familias, y también lo es en el caso de los productores de bienes intermedios, que
pueden derivar parte de su producción al mercado mundial cuando caen los niveles de
actividad doméstica. Sin embargo, esta inserción no constituye una variable
significativa para explicar procesos de internalización de ganancias extraordinarias,
debido a que en el mercado externo las empresas no están en condiciones de fijar
32
discrecionalmente los precios tal como lo hacen en el mercado local, donde sí pueden
aprovechar los beneficios derivados de sus posiciones dominantes.
Para profundizar el análisis de la fracción exportadora, se presentan los
resultados obtenidos al clasificar las empresas por el tipo de exportación que realizan
(cuadro IV.16). De esta forma, se puede establecer si la política de fomento a las
exportaciones no tradicionales implementada por el gobierno radical tuvo alguna
incidencia sobre la performance de las firmas involucradas.
Cuadro IV.16: Evolución del perfil de la cúpula empresaria según el tipo de exportación que realizan. Años 1984 y 1988 Tipo de Exportación* 1984 1988
Tradicional Cantidad 11 17 % Ventas 13.9 14.7 % Utilidades 8.5 6.6 Rentabilidad s/ Ventas 2.0 1.8
No Tradicional Cantidad 15 20 % Ventas 22.4 31.8 % Utilidades 65.2 41.3 Rentabilidad s/ Ventas 9.3 5.3 Rentabilidad cúpula 3.2 4.1 Total Cúpula 100 100
Nota: En esta clasificación se consideran exportaciones tradicionales a las manufacturas de origen agropecuario, y no tradicionales a las de origen industrial.
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989, Acevedo et.al. (1990), Azpiazu (1995), Bisang (1990) y Kosacoff y Azpiazu (1989).
Si bien ambos grupos de empresas lograron incrementar su participación en el
conjunto de las ventas totales de la cúpula, las exportadoras no tradicionales lo hicieron
en una magnitud mayor (cercana a los 10 puntos porcentuales) permitiendo consolidar
su posición dentro del conjunto de las grandes firmas del país. También se puede
apreciar una diferencia en los promedios de rentabilidad sobre ventas de cada una de las
fracciones; si bien este indicador evolucionó negativamente a lo largo del período para
ambos tipos de firma, los valores absolutos de las exportadoras no tradicionales se
mantuvieron muy por encima de los promedios obtenidos por la fracción exportadora
tradicional en los dos años considerados.
33
El particular desempeño de la fracción de empresas exportadoras no
tradicionales obliga a realizar un análisis más detallado del conjunto de firmas
relacionadas al mercado externo. Si se comparan los datos de las empresas que
formaban parte de la fracción exportadora tanto en 1984 y 1988 (25 firmas en total) se
observa que muy pocas lograron una mejora en ambos indicadores relevados (se trata de
las firmas Aluar, Mastellone, Pasa y Shell) y sólo 9 incrementaron sus márgenes de
rentabilidad sobre ventas. Sin embargo, la mayoría de las empresas de la muestra
pudieron consolidar su posición en el interior de la cúpula, ya que incrementaron sus
porcentajes de participación en la generación de las ventas totales.29
Estos resultados permiten suponer que la inserción exportadora no tradicional
(incentivada por el gobierno a través de una política específica de subsidios) tuvo una
incidencia positiva en la consolidación de las empresas exportadoras en el conjunto de
los grandes agentes económicos del país durante el período en cuestión pero que, por el
contrario, no tuvo incidencia relevante en la internalización de ganancias
extraordinarias. En ese sentido, se puede afirmar con más fundamento que, a la hora de
explicar las causas que posibilitan procesos de acumulación acelerados en plazos cortos,
resulta mucho más decisiva la vigencia de APA en el mercado interno que la posibilidad
de acceder al mercado externo, aunque esta inserción se encuentre fomentada por el
Estado. Para corroborar estos supuestos, se presenta a continuación el análisis de la
cúpula empresaria tomando en cuenta la vinculación al complejo económico estatal-
privado (cuadro IV.17).
Cuadro IV.17:
Evolución del perfil de la cúpula empresaria según la vinculación al complejo económico estatal-privado. Años 1984-1988
Complejo estatal-privado 1984 1988
Vinculadas* Cantidad 31 26 % Ventas 25.2 27.3 % Utilidades 98.5 66.2 Rentabilidad s/ Ventas 12.6 9.9 No vinculadas Cantidad 69 74 % Ventas 74.8 72.7 % Utilidades 1.5 33.8
29 Cabe destacar que 11 de estas 15 empresas se dedicaban a la exportación de bienes no tradicionales.
34
Rentabilidad s/ Ventas 0.1 1.9 Rentabilidad cúpula 3.2 4.1 Total Cúpula 100 100 *Nota: Los criterios utilizados para clasificar a las empresas en esta fracción son los mismos que figuran en el Capítulo II, cuadro II.11.
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989, Acevedo et.al. (1990), Azpiazu (1995), Bisang (1990) y Kosacoff y Azpiazu (1989).
Si bien disminuyó el número total de empresas vinculadas al complejo entre
1984 y 1988, esta caída no se tradujo en una disminución en el porcentaje de
participación en la generación de las ventas totales. Resulta llamativo que menos firmas
vinculadas lograran explicar en 1988 una proporción mayor de las ventas totales que en
1984, corroborando así, el proceso de consolidación de la fracción vinculada al
complejo en el interior del conjunto de los grandes agentes económicos locales.
Además, en los dos años considerados, las empresas vinculadas explicaban la mayor
parte de las utilidades totales y obtenían las rentabilidades promedio más elevadas.
Ambos comportamientos estarían dando cuenta de la existencia de dos tipos de
mercados: uno en donde existen precios preferenciales tanto para los bienes finales
como para los insumos (en donde operan las firmas vinculadas al complejo), y otro en
donde, más allá de los grados de concentración que existan en cada una de las ramas y/o
sectores que lo integran, los precios están mucho más sujetos que en el caso anterior a
los vaivenes de la demanda interna (en donde operan las empresas que no están
vinculadas al complejo).
Ahora bien, si se complementan estos resultados con el análisis de la evolución
de las rentabilidades sobre ventas y de los porcentajes de participación en la generación
de las ventas totales de la cúpula obtenidos por cada una de las empresas que formaban
parte de la fracción vinculada tanto en 1984 como en 1988, se pueden extraer algunas
inferencias sobre las características propias del comportamiento que presentó la fracción
de firmas vinculadas al funcionamiento del complejo, al menos en lo que respecta a dos
cuestiones centrales: la capacidad de internalizar ganancias extraordinarias (mediante la
observación de las rentabilidades obtenidas) y la posibilidad de consolidar sus
posiciones en el interior de la cúpula (considerando la evolución en los porcentajes de
participación en la generación de ventas totales).
35
De esta forma se confirma la incidencia favorable que tuvo en el
comportamiento de las firmas vinculadas la evolución de algunas ramas básicas del
complejo como por ejemplo, la petroquímica y la construcción. En efecto, si se
considera el desempeño económico de las empresas vinculadas al complejo que
integraban la cúpula tanto en 1984 como en 1988 (23 en total) se concluye que:30
a) un tercio de las firmas lograron incrementos significativos en las dos tasas
relevadas, con lo cual se deduce que no sólo aumentaron su presencia en el panel
sino que además lograron internalizar márgenes de beneficios cada vez mayores a
lo largo del período, conformando así el grupo de mejor desempeño dentro de la
fracción (se trata de las empresas Aluar, Atanor, Pasa, Sade, Techint, IBM y
Pirelli);
b) prácticamente dos tercios de las empresas consideradas aumentaron su
participación en la generación de ventas, confirmando así la hipótesis sobre el
incremento del peso relativo de la fracción vinculada en el interior de la cúpula
durante el período en cuestión (entre todos, se destacan los casos de las firmas
Alto Paraná, Atanor, Equitel, Polisur, Propulsora Siderúrgica, Sideco y Techint,
que aumentaron su peso en la generación de las ventas totales en una proporción
mayor al 50%); y por último,
c) casi la mitad de las empresas lograron elevar sus tasas de rentabilidad sobre
ventas, en algunos casos en proporciones más que significativas (por ejemplo,
Atanor, IBM, Pérez Companc, Petroquímica Bahía Blanca, Propulsora
Siderúrgica y Techint), situación que sugiere la plena vigencia de los diversos
APA creados en torno al funcionamiento del complejo económico estatal-privado.
Parece evidente que a pesar del achicamiento que sufrió la fracción vinculada, la
mayoría de las empresas que permanecieron dentro de la cúpula durante ese período,
lograron aumentar su poder de mercado y más de un 40% lograron incrementar sus tasas
de rentabilidad, internalizando mayores márgenes de ganancia que los conseguidos a
comienzos del nuevo régimen político. Todo esto, en un contexto de estancamiento
global de los principales indicadores económicos y de una estrepitosa crisis del sector
público, que a pesar de la gravedad del cuadro general, siguió transfiriendo directa o
indirectamente elevados recursos hacia el capital concentrado local.
30 Para consultar los resultados obtenidos por cada una de las empresas, ver Cuadro 4 del Anexo II.
36
En resumidas cuentas, es posible afirmar que durante la transición democrática
no sólo se mantuvieron sino que se agudizaron los principales rasgos regresivos del
modelo de acumulación instaurado durante la última dictadura, y que esto llevó a que se
incrementara el poder (no sólo económico) de una reducida fracción empresaria.
IV.2.2. Continuidades en el perfil de los grandes agentes económicos: el caso de las empresas que se mantuvieron en la cúpula entre 1976 y 1988.
Durante la gestión radical se mantuvieron diversos mecanismos de transferencia
de recursos públicos hacia el capital concentrado local (y se instrumentaron algunos
nuevos) que dieron lugar a la consolidación de distintos tipos de APA. Pero ¿quiénes
fueron los “ganadores” de este proceso?, ¿qué características comunes presentan? Para
responder estos interrogantes es necesario identificar y analizar las características más
relevantes del conjunto de empresas privadas que lograron mantenerse entre las
primeras cincuenta del país entre 1976 y 1988.
En principio, hay que señalar que casi todas estas firmas fueron beneficiadas por
algún tipo de mecanismo de transferencia estatal a lo largo del período considerado
dando cuenta de la relevancia que adquirió el Estado en el proceso de consolidación de
las grandes empresas que operaban en el mercado local durante esos años, y del carácter
regresivo del modelo económico que se promovió desde el propio accionar estatal.
Pero ¿cuáles son los mecanismos de transferencia que prevalecen? En la mayoría
de los casos, se trata de firmas industriales que operaban en ramas fuertemente
promocionadas por el Estado (Acindar y Celulosa constituyen dos casos
paradigmáticos) hecho que señala la importancia de la política de promoción industrial
en la formación de capital de las grandes empresas privadas. También es significativo
que las dos constructoras más grandes del país (Sade y Techint), lograran permanecer en
los primeros lugares del ranking empresario por tanto tiempo, especialmente si se
considera que ambas actuaban en un mercado cuya demanda se encontraba
prácticamente monopolizada por las reparticiones estatales. Lo mismo se puede decir de
las petroleras nacionales (Bridas y Pérez Companc, por ejemplo) que crecieron y se
consolidaron a lo largo de esos años colocando el grueso de su producción en el
mercado interno, concretamente a través de la realización de contratos de explotación y
provisión de bienes y servicios con YPF (cuadro IV.18).
37
Esta incidencia favorable de la intervención estatal sobre el conjunto de grandes
empresas se corrobora al establecer que más de la mitad de las firmas que componen la
muestra considerada presenta algún tipo de articulación con el complejo económico
estatal-privado. Estos datos permiten establecer con más fundamento que, de todos los
tipos de mecanismos de transferencia existentes, el de los precios preferenciales que
cobra o paga el Estado y el de la participación en los proyectos fuertemente
promocionados por el apartado estatal, se encuentran entre los más relevantes.
Por otra parte, cabe destacar que prácticamente el 80% de las empresas
consideradas formaban parte de algún grupo local o conglomerado extranjero,
evidenciando las ventajas que, este tipo de organización de la propiedad del capital
genera a la hora de explicar procesos de consolidación empresaria en el marco de la
valorización financiera, ya que se trata de una estrategia que apunta a la diversificación
de las actividades económicas y al aprovechamiento de las distintas oportunidades
creadas en cada coyuntura histórica concreta.
38
Cuadro IV. 18:
Perfil de las empresas privadas que lograron mantenerse entre las primeras cincuenta del país entre 1976 y 1988.
Empresa Tipo de empresa
Sector de actividad
Rama de la industria Vinculación al complejo
Promoción industrial
Capitalización deuda
Inserción exportadora
Acindar GL IND Metales Comunes sí sí no sí Alpargatas GL IND Productos Textiles no sí sí sí Bridas GL PETRO - sí sí sí no Celulosa Argentina GL IND Papel y Productos de
Papel sí sí sí sí
Dálmine-Siderca CE IND Metales Comunes sí sí no sí Duperial CE IND Sustancias y productos
químicos sí no no sí
Esso CE PETRO Refinación Petróleo no no no sí Fate GL IND Productos de Caucho y
Plastico sí no no sí
IBM ET IND Maquinaria de Oficina, Contabilidad e
Informatica
sí no no sí
Ledesma GL IND Alimentos y Bebidas no no no sí
Massalin y Velasco/Massalin Particulares
CE IND Productos de Tabaco no no no sí
Mastellone Hermanos ELI IND Alimentos y Bebidas no no no sí
Mercedes Benz ET IND Vehículos Automotores, Remolque y
Semiremolques
no no no no
Molinos Río de la Plata GL IND Alimentos y Bebidas no sí sí sí
Nidera Argentina ET IND y COM Alimentos y Bebidas no no no sí Nobleza Piccardo CE IND Productos de Tabaco no no no no
Pérez Companc GL PETRO - sí no no no
39
Pirelli Cables CE IND Maquinaria y Aparatos Eléctricos NCP
sí no sí sí
Propulsora Siderúrgica CE IND Metales Comunes sí sí no sí
Renault CE IND Vehículos Automotores, Remolque y
Semiremolques
no no sí sí
Sade GL CONSTR. - sí no no no
Sancor ELI IND Alimentos y bebidas no no no sí
Shell CE PETRO Refinación de Petróleo no no sí sí
Techint CE CONSTR - sí no no no
Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1985 y 1989, Acevedo et.al. (1990), Azpiazu (1995), Basualdo (2006), Bisang (1990) y Kosacoff y Azpiazu (1989).
40
Ahora bien, si se toma en cuenta el origen del capital es notable la presencia de
empresas nacionales en la muestra. Si bien entre las cien primeras se encuentran varias
filiales de las empresas extranjeras más grandes del mundo, las firmas nacionales lograron
un nivel de estabilidad mayor, conservando sus posiciones en los primeros lugares del
ranking a lo largo de todo el período. Para entender este fenómeno, nuevamente se debe
apelar al acceso privilegiado que tuvieron estas empresas a los dos mecanismos de
transferencia más destacados: la promoción industrial y la provisión de bienes y servicios al
Estado.
Por último, este somero análisis del “elenco estable” de grandes firmas permite
confirmar que la inserción exportadora constituye una variable importante a la hora de
explicar la permanencia entre las primeras cincuenta, ya que más de la mitad de las
empresas consideradas colocan su producción tanto en el mercado interno como en el
externo. De esta forma, se puede establecer que los beneficios derivados de la inserción
exportadora, en especial si se trata de una inserción subsidiada, complementan a los
generados en el mercado interno. En efecto, aunque no constituyen el núcleo de
acumulación más relevante de los grandes agentes económicos locales, operan como una
salida contracíclica en contextos recesivos que le permite consolidar su posición estructural
en la economía doméstica.
En suma, tanto por la orientación que adquirió la intervención estatal como por el
perfil y desempeño de las empresas que integraban la cúpula, es posible afirmar que
durante el primer gobierno de la transición democrática se mantuvieron las principales
tendencias estructurales originadas en la última dictadura militar. Más allá de los cambios
registrados en el contexto internacional, en el régimen político y en las políticas
económicas desplegadas por el Estado, se siguieron generando las condiciones propicias
para la difusión de los APA conformados en la etapa previa, e incluso, se instrumentaron
nuevos mecanismos de transferencia que permitieron la creación de ámbitos nuevos.
Justamente, el contenido de las políticas económicas implementadas por los
distintos elencos ministeriales, garantizó las principales transferencias de recursos públicos
hacia el capital concentrado local. A pesar de la delicada situación de las finanzas del
Estado, la estrecha articulación entre ciertos funcionarios y grandes empresarios, sumada a
41
la estrategia de “apoyos selectivos” seguida por el gobierno para avalar públicamente su
gestión, permitió que el aparato estatal perdiera cada vez más autonomía relativa a la hora
de diseñar y/o implementar las políticas públicas, sosteniendo así, los rasgos más perversos
del proceso de difusión de APA que se había expandido notablemente durante la última
dictadura.
Precisamente, el mantenimiento de estos ámbitos fortaleció la posición de la
fracción empresaria vinculada a las actividades desplegadas por el complejo económico
estatal-privado y deterioró aún más la calidad operativa de varias de las empresas públicas
que lo integraban, favoreciendo la difusión de los argumentos más cercanos a la ortodoxia,
que sostenían la necesidad de privatizar el complejo.
Tras el colapso del gobierno, como resultado de la crisis hiperinflacionaria de 1989,
comenzó el proceso de desmantelamiento del Estado empresario en el marco de la
aplicación de una serie de reformas estructurales de inspiración neoliberal. No casualmente,
fueron unas pocas empresas privadas que formaban parte de la fracción vinculada, las que
se apropiaron de sus restos (cuadro IV.19).
Cuadro IV.19:
Transferencias de activos fijos al capital privado como consecuencia de las privatizaciones de empresas públicas vinculadas al complejo realizadas entre 1990 y 1995.
Empresa Año Sector Empresa/grupo comprador Operación
Polisur 1990 Petroquimica Ipako (perteneciente al grupo Garovaglio & Zorraquin)
Venta del 30%
Petropol 1990 Petroquimica Indupa Venta del
30%
Induclor 1990 Petroquimica Indupa Venta del
30% Monómeros
Vinílicos 1990 Petroquimica
Viniclor (Asociación entre Indupa y Duperial)
Venta del 30%
Petroquímica Río Tercero
1992 Petroquimica Egerton Finance Venta del
39%
SOMISA 1992 Siderurgia
Siderca y Propulsora Siderúrgica (grupo Techint), Usiminas (Brasil), Acindar Port Internacional, CVRD (Brasil), Cìa de Aceros Pacífico (Chile).
Venta del control
accionario
YPF (Refinerías del Norte)
1992 Petróleo Pérez Companc, Pluspetrol, Isaura y Astra. Venta del
70% YPF (Refinerías San Lorenzo)
1993 Petróleo Cía. General de Combustibles (Soldati), Pérez Companc y Petroquímica Argentina.
Venta del 100%
42
Petroquímica Bahía Blanca
1995 Petroquímica Dow Química Argentina, YPF e Itochu Argentina
Venta del 51%
Indupa 1995 Petroquímica Dow Química Argentina, YPF e Itochu Argentina
Venta del 38.2%
Fuente: Elaboración propia en base a Schorr (2001), Anexo I.
Este hecho marca un cambio cualitativo en el proceso de difusión de los APA en
tanto se transfirieron directamente al capital concentrado local, los activos fijos acumulados
durante décadas por toda la sociedad.