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CAPITULO I
LA INSTITUCIÓN
1.1 Institución
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Sub
Delegación las acacias.
1.2 Ubicación
Urbanización las Acacias Quinta Piedras Negras, número 126-171, Av. 98, Paseo
Cabréales, Valencia Estado Carabobo.
1.3 Reseña Historia
El día 23 de Enero de 1958 es derrocado el gobierno del General Marcos Pérez
Jiménez, con la caída de este igualmente desaparece la policía político civil
denominada Seguridad Nacional la cual era la encargada de la Investigación en el
derrocado gobierno, por lo que el país quedó acéfalo en lo que respecta a la a
investigación de los delitos de acción penal, surgiendo la necesidad primordial de
crear una Institución que se encargara de llevar estas Investigaciones, es así que el
día 20 de febrero de 1958.
Cuando el presidente provisional de la Junta de Gobierno Contralmirante
Wolfgang Larrazábal, dentro del esquema político del momento, promulga el
decreto Nº 48 con Fuerza de Ley, que estableció la base legal para la creación de
un “Cuerpo de Policía especializado para la investigación de los delitos de Acción
Penal”, definiendo para ellos las funciones de investigaciones de delitos,
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aseguramiento e pruebas, y entrega de culpables a la autoridad, atribuciones que se
encontraban descritas en el Código de Enjuiciamiento Criminal, ley procesal
vigente para esa fecha.
Este Organismo dependería del Ministerio de Justicia asignándosele el
nombre de “Cuerpo Técnico de Policía Judicial”, mejor conocido como PTJ, como
es identificada por algunos en los actuales momentos, la dirección de este nuevo
cuerpo de investigación criminal es ejercida por el Abogado Rodolfo Plaza
Márquez; constituyéndose su estructuración y organización para ese momento
difícil, debido a la situación de adaptación y inestabilidad que se estaba viviendo
en el país.
Su sede se ubicó en un pequeño local del centro de Caracas ubicado en el Pasaje
Capitolio, con tan solo treinta (30) hombres y cinco (05) mujeres , se crean las
primeras delegaciones: Chacao, La Guaira y Los Teques, para la formación
académica del personal a ingresar para trabajar en el campo investigativo y dando
cumplimiento a lo establecido en el decreto.
Se pone en funcionamiento la primera escuela en fecha 6 de agosto de 1958,
ubicada entre las esquinas de Principal y Santa Capilla en la antigua Casa
Guipuzcoana. Ya a partir de los años 70 hasta los 80, el Cuerpo Técnico de Policía
Judicial va en avanzada, constituyéndose como una de las mejores policías de
investigación criminal a nivel mundial en lo técnico-científico, contando con una
serie de recursos, con el transcurrir de los años esta se fue ampliando hasta irse
inaugurando nuevas sedes en el interior del país.
Por motivos de reorganización su nombre cambió en el año 1999, de CTPJ
Cuerpo Técnico de Policía Judicial, a DNIP, Dirección Nacional de
Investigaciones Penales, y luego en el año 2000 nuevamente paso a ser CTPJ
Cuerpo Técnico de Policía Judicial.
El 16 de diciembre de 1999, con la promulgación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Quedando establecido en el Título VII de la
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Seguridad de la Nación Capítulo IV de los Órganos de Seguridad Ciudadana artículo
332, ordinal 2 entre otros que:
“El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a
los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las
autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos
constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:
2-Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. ” Haciendo
efectivo lo establecido en la carta magna, el Ejecutivo Nacional pronunció el
decreto Nº 1.511 con fuerza de ley “de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas”, de fecha 20 de noviembre de 2001.
Consolidándose la ley como marco de fortalecimiento en materia de
investigación criminal. Entra en vigencia el 24 de noviembre de 2001.
Asumiéndose a partir de esa fecha como
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística.
(C.I.C.P.C), nombre que se mantiene en la actualidad.
1.4 Misión
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es una
institución que garantiza la eficiencia en la Investigación del delito, mediante su
determinación científica, asegurando el ejercicio de la acción penal que conduzca a
una sana administración de justicia.
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1.5 Visión
Ser la Institución indispensable, por su reconocida capacidad científica y
máxima excelencia de sus recursos, con la finalidad de alcanzar el más alto nivel
de credibilidad nacional e internacional en la investigación del fenómeno delictivo
organizado y criminalidad violenta.
1.6 Valores Institucionales
• Respeto
• Honestidad
• Ética
• Moral
• Disciplina
• Vocación de servicio
1.7 Estructura Organizativa
La estructura organizativa se encuentra definida por las líneas de mando y por
distintos departamentos que existen dentro de la institución. Dicha estructura
facilita la toma de decisiones y por consiguiente optimiza los procesos que ayudan
al logro de objetivos. El cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas cuenta con un organigrama horizontal que muestra las secciones
jerárquicas de cada una de sus divisiones el cual se detalla a continuación.
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CAPITULO II
EL PROBLEMA
2.1 El Planteamiento
Genéricamente, la estafa, es una serie de hechos que tienen como
denominador común el que se produce un perjuicio patrimonial mediante una
conducta engañosa. A través de esta característica común, el engaño, la doctrina del
derecho ha ido elaborando un concepto de estafa capaz de acoger las diversas formas
de aparición de ésta.
Entre las modalidades de la estafa, se incluye la emisión de cheques sin
provisión de fondos, la cual es una conducta delictiva; está regulada en el artículo 494
del Código de Comercio; no obstante, en algunas ocasiones es sancionada como
"Estafa Agravada", prevista en el artículo 464, capítulo III del Código Penal.
En estos casos, el autor utiliza como engaño el aparentar o fingir tener
disponibles en su cuenta bancaria fondos suficientes que podría movilizar y disponer
a través de un cheque, cuando en realidad, dicha cuenta carece de tales fondos, lo
cual queda configurado cuando el sujeto pasivo presenta el instrumento cambiario
para el cobro y es informado, por la entidad financiera, que la cuenta no dispone de
fondos para el pago del referido título valor.
El momento consumativo del delito de estafa a través del uso de un cheque
desprovisto de fondos, es el instante cuando el sujeto pasivo presenta el instrumento
cambiario para el cobro en la entidad financiera y el mismo no se materializa por no
estar disponibles los recursos para el pago, pues si bien es cierto que el sujeto activo
giró el instrumento cambiario a sabiendas que se encontraba desprovisto de fondos
para el pago, no es hasta el momento en que la víctima intenta el canje del cheque en
la entidad financiera, cuando se materializa el daño o perjuicio patrimonial, pues para
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la configuración de este delito se requiere de dos conductas, la primera, que se libre
un cheque sin previa provisión de fondos y, en segundo término, que el cheque sea
presentado para su cobro.
En estos casos el tipo no se consuma con el hecho de emitir un cheque sin
provisión de fondos, sino con el perjuicio derivado de no ser pagado al momento de
ser presentado para su cobro. Conforme al Derecho Penal para que haya estafa, es
necesaria la prueba de la obtención de un provecho injusto con perjuicio ajeno, a su
vez, consecuencia del error que se padece.
Ahora bien, la problemática objeto de esta investigación es la conducta
recurrente a través del tiempo, de emisión de cheques sin la debida provisión de
fondos, o existiendo suficientes fondos, de manera unilateral, el titular de la cuenta
corriente practica el bloqueo del pago del mismo por razones personales, ocasionando
serios perjuicios económicos a los tenedores legítimos del mismo, debiendo éstos
acudir a las instancias judiciales a los fines de resolver su situación.
2.2 Formulación del Problema
El delito de la Estafa presenta varias modalidades, entre ellas se incluye la
emisión de cheques sin provisión de fondos como elemento o artificio para engañar;
por consiguiente varia el monto de la pena a imponer si se determina el delito de
estafa, por lo que al estudiar las circunstancias en las cuales se convierte una emisión
de cheque sin fondo en una estafa surgen las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son los requisitos de la estafa?
¿Cuándo se emite un cheque sin provisión de fondos que consecuencias se derivan?
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2.3 Objetivo General
Analizar el cheque sin provisión de fondos como agravante especifica de la
estafa en el código penal venezolano.
2.4 Objetivos Específicos
• Identificar los elementos constitutivos de la estafa.
• Determinar los requisitos del cheque sin provisión de fondos como
circunstancia agravante del delito de estafa.
• Establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la emisión de un cheque
sin fondo.
2.5 Justificación y Alcance
En virtud de que en el país la regulación del protesto del cheque, así como las
consecuencias derivadas del mismo tiene escasa legislación, así como documentación
doctrinal y jurisprudencial, la importancia del presente estudio radica en los aportes
que se pueden dar en cuanto a información de carácter legal, que puede recurrir
cualquier ciudadano que haya sido víctima de este tipo de estafa, que en los actuales
momentos se ha convertido en una conducta recurrente, la cual puede lesionar
seriamente el patrimonio de la persona afectada.
En tal sentido, cuando se emite un cheque sin fondo se está hablando del delito de
estafa, es decir, esta conducta se encuentra determinada como objeto de estudio;
una de las características importantes de la figura del cheque en nuestra legislación,
es el protesto; debido a que al hacer entrega de un cheque sin provisión de fondos, a
una persona, le ocasiona serios inconvenientes, toda vez que, por una parte no
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satisface el cobro del mismo, sino que además le crea situaciones de tipo jurídicas,
como es levantar el protesto de ese título valor.
Por estas razones se requiere de una legislación práctica y dinámica, acorde con
la realidad del país, debiéndose sustituir la figura del protesto del cheque por la
constancia que expide el banco o la Cámara de Compensación donde hace referencia
del motivo de la devolución del instrumento cambiario, o la falta de pago del mismo,
a través de la figura del cheque certificado, llamado también cheque visado,
conformado, registrado y con fondos garantizados, con los nombres que le asignen las
respectivas legislaciones que lo acogen o no, y los diferentes autores.
Con el desarrollo de este trabajo se pretende poner a la disposición del público
en general el conocimiento de las acciones penales que se pueden aplicar a una
persona que tiene por nombre librador, por emitir un cheque sin provisión de fondos;
el alcance de la investigación está orientado y determinado al desarrollo de los
objetivos específicos del mismo y busca llegar al colectivo en general así como servir
de orientación a futuras investigaciones que aborden el tema desde la misma u otra
perspectiva enmarcada dentro del derecho penal.
2.6 Limitaciones del Estudio
La principal limitación de la investigación fue la falta de documentación
doctrinal y jurisprudencial a nivel nacional sobre el tema, debiéndose recurrir a
bibliografía que hace referencia a legislación de otros países hispanos; otra limitación
es el factor tiempo debido al horario de las pasantías, que no permite hacer
investigación de campo con personas que hayan sufrido el delito.
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CAPITULO III
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
3.1 Antecedentes
Se entiende por antecedentes, todos aquellos trabajos anteriores al tema
expuesto, que de una u otra forma aportan de manera significativa elementos a la
investigación. Balestrini. (2002) definió a los antecedentes de una investigación
como: “La síntesis conceptual de la investigación a los trabajos realizados sobre los
problemas formulados, conclusiones existentes acerca de las mismas y teorías que
ayudan a estructurar el marco metodológico”.
Arteaga, A. (2007), establece los subtipos agravados y agravantes especificas
en el delito de estafa. El trabajo aporta elementos claves en el aparte donde hace
referencia especial a la emisión de cheques sin provisión de fondos.
Vásquez A. (2009), tomó como principal objetivo, definir el término cheque
así como la serie de obligaciones que protegen su función económica y que inciden
en la determinación de responsabilidades si la disponibilidad fuera utilizada en forma
diferente. Como conclusión establece la importancia en el manejo de los cheques y
sus fondos y establecer la responsabilidad que tiene el emisor y los derechos que
posee el beneficiario.
Este trabajo se relaciona con la investigación por los fundamentos básicos
sobre lo que es el cheque responsabilidades y obligaciones que lleva implícitas y su
función económica.
Andrade, D. (2010), deja sentado, como objetivo principal, analizar el tiempo
legal que tiene un cheque cuando es presentado fuera de tiempo, y se pierde el
derecho a la acción de protesto por desconocimiento.
La principal conclusión que se extrae de la investigación es que la mayoría de
las personas desconocen el tiempo que tiene para realizar la acción de protesto y cuál
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es el procedimiento legal a seguir. La metodología utilizada en el desarrollo de esta
investigación corresponde a un trabajo jurídico dogmático, la técnica de recolección
de datos utilizada corresponde a la revisión documental.
Este trabajo sirve de aporte a la presente investigación en cuanto a bases
teóricas así como en las acciones y procedimientos que se pueden aplicar para realizar
el protesto.
3.2 Bases Teóricas
Según Bavaresco (2006) las bases teóricas tiene que ver con las teorías que
brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio,
es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que indica, que el
investigador no puede hacer abstracción por el desconocimiento, salvo que sus
estudios se soporten en investigaciones puras o bien exploratorias.
El Cheque
Según Rodríguez. (2007), la palabra cheque que denomina “al título de crédito
cuyo examen constituye el objeto de este trabajo”. La ley general de títulos y
operaciones de crédito vigente, no define al cheque, sino que se limita, como lo hacen
también la ley uniforme sobre el cheque aprobada en Ginebra y las legislaciones
nacionales que la han aceptado o imitado, a establecer sus presupuestos, requisitos y
caracteres jurídicos. En tal sentido, Pérez. (2006), lo ha definido como:
Un título cambiario, a la orden o al portador, literal, formal, autónomo y
abstracto que contiene la orden incondicional de para a la vista la suma
indicada, dirigida a un banquero, en poder del cual el librador tiene
fondos disponibles suficientes, que vincula solidariamente a todos los
signatarios y que está provisto de fuerza ejecutiva.
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Los caracteres jurídicos del cheque, que se desprenden del concepto, emitido
por Pérez (ob cit) son los siguientes:
El cheque es un título de crédito, esto es, el documento necesario para ejecutar
el derecho literal consignado en el mismo. A su vez, de la calidad de título de crédito
que el cheque posee derivan estas consecuencias: (a) el cheque es un documento
(constitutivo-dispositivo y formal); (b) el cheque participa de los caracteres de
incorporación, legitimación, literalidad y autonomía, propios de los títulos de crédito;
(c) el cheque es cosa mercantil; (d) el cheque está provisto de fuerza ejecutiva; e) en
el cheque los signatarios son obligados solidarios.
Por lo tanto, el cheque, como título de crédito, es un documento de naturaleza
especial. Es un documento constitutivo y dispositivo, no simplemente probatorio.
Constitutivo, porque sin el documento no existe el derecho. Pero como es necesario
además para la transmisión y para el ejercicio del derecho, se le califica también
como documento dispositivo. El cheque es además un documento de naturaleza
esencialmente formal, en cuanto a que la ley exige para su validez, que contenga
determinados requisitos y menciones, en ausencia de los cuales no producirá efectos
de título de crédito.
De este modo, el cheque participa de los caracteres de incorporación,
legitimación, literalidad y autonomía, propios de los títulos de crédito. Como el tema
corresponde a la teoría general de los títulos de crédito, porque se encuentra tan
íntimamente ligado a él que sin la existencia del título no existe el derecho, ni por
tanto la posibilidad de su transmisión o de su ejercicio. El documento es lo principal y
el derecho lo accesorio: el derecho ni existe ni puede ejercitarse, sino es en función
del documento.
El cheque es un título de crédito abstracto porque se atribuye eficacia
obligatoria a la pura y simple declaración cartular, prescindiendo de la causa jurídica
que determinó su emisión o su transmisión e independientemente de la relación de
provisión, que debe mediar entre el librador y el librado.
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Es un documento de vencimiento a la vista. Esto es, en el acto de su
presentación al librado y cualquier inserción en contrario se tendrá por no puesta. La
idea de plazo es, pues, inconciliable con la esencia del cheque, concebido éste como
medio o instrumento de pago.
Para lograr una mayor difusión del empleo del cheque en los pagos, por las
importantes ventajas que del mismo se derivan en los ámbitos particular y general, las
leyes de casi todos los países han dotado al cheque de un régimen legal privilegiado,
eximiéndolo del pago de impuestos o gravándolo con cuota menor a la que afecta a
otros títulos u otorgándole beneficios fiscales de otra índole, y concediendo una
enérgica protección al derecho del tenedor, y consecuentemente a la circulación de
este documento a través inclusive de sanciones de carácter penal.
Naturaleza Jurídica
Según Landaeta. (2005), “desde el momento en que aparecieron las primeras
regulaciones sobre el cheque, preocupó a la doctrina y a la jurisprudencia la
determinación de la naturaleza de este instrumento jurídico”, y aun hoy se hacen
esfuerzos para solucionar tan debatido problema. Para Landaeta. (2005: ob cit:53),
existe algunas teorías que permiten aclarar la naturaleza del cheque, a continuación se
definen cada una de ellas.
Teoría Del Mandato La teoría del mandato pretende explicar mediante esta institución del derecho
común la naturaleza jurídica del cheque. El cheque contiene un mandato de pago. El
librador da el mandato al librado de pagar una suma determinada de dinero al
beneficiario del cheque.
Existe en el cheque un contrato de mandato por virtud del cual el librado se
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obliga a pagar en su nombre y por cuenta del librador la suma de dinero determinada
en el cheque a su tenedor legítimo. Esto es, el librado realiza un acto jurídico por
cuenta del librador, en virtud del mandato contenido en el cheque.
Teoría del Doble Mandato
Para Landaeta. (2005) la teoría del doble mandato, “proclama la existencia de
un mandato de cobro diferido por el librador al tomador al lado del mandato de pago
ya examinado”. Según esta tesis, el tomador al hacer efectivo el cheque, ejecuta el
mandato de cobro que le encarga el librador. Se aduce en su contra que “tomador al
cobrar el cheque obra en interés propio no en interés del librador lo cual no está de
acuerdo con los caracteres de la relación de mandato”
El tomador del cheque al revés de lo que sucede con el mandatario, no tiene la
obligación de cumplir el encargo consistente en el cobro del cheque. El tomador
cobrara o no según le plazca, pues es el librador quien tiene la responsabilidad de
hacer efectivo el cheque, es decir, el tomador no tiene ninguna acción contra el
librado, ni por si ni a nombre del librador, que sería su mandante.
La Teoría de la Cesión
Esta teoría según Landaeta. (2005), predomina en la doctrina francesa. En una
primera etapa afirma que:
La emisión de un cheque implica cesión de la provisión, esto es, la
transferencia de la propiedad de los fondos disponibles en poder del
librado, con la consiguiente constitución de un derecho real a favor de
tomador sobre dicha provisión al emitir el cheque cede materialmente al
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tomador los fondos disponibles y la transmisión del cheque produce los
mismos efectos que la transmisión real de dichos fondos.
Si por la emisión del cheque se produjera realmente la cesión al tomador del
crédito que el librador tiene en contra del librado, aquel tendría acción para exigir de
este último el importe del cheque: el librado sería deudor del tomador, estaría
obligado frente a él.
Con la teoría de la cesión de crédito queda sin explicación el hecho de que el
librador, aun después de la emisión del cheque, pueda disponer de la provisión, antes
y después de los plazos de presentación establecidos independientemente de las
responsabilidades en que el librador pueda incurrir por ese hecho.
Si se tratase de una cesión de crédito, el tomador tendría un derecho propio que
no podría ser alterado por la situación jurídica posterior al cedente.
Teoría de la Delegación:
Esta teoría sostiene que el cheque contiene una delegación. Surge como una
crítica a las teorías del mandato y la cesión. La delegación es el acto por virtud del
cual una persona pide a otra que acepte como deudor a una tercera que consiente en
obligarse frente a ella.
Teoría de la Autorización
Se concibe como una doble autorización con base en la voluntad declarada por
el autorizante, el autorizado puede hacer un pago al tomador y este puede recibirlo,
produciéndose los efectos jurídicos de ese acto en la esfera jurídica del autorizante.
Para Goldschmidt (1979), dentro de los aspectos relevantes de un cheque esta
el librador y el tenedor: El Librador o Girador: Es la persona que emite el cheque y
ordena su pago al banco y el Librado o Girado: Es el banco o entidad de crédito a la
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que se le ordena pagar el cheque con los fondos que el librador tiene. Y el Tenedor,
Tomador o Beneficiario: Es la persona que posee el cheque (tomador es el primer
tenedor).
Como queda dicho el cheque es una orden de pago, no una promesa de pago
como el caso del pagaré; entonces se deduce que debe ejecutarse por el banco a la
presentación del documento con las modalidades particulares establecidas para cada
tipo de cheque.
Protesto de un Cheque
En lo que se refiere a la oportunidad para levantar el protesto, Vadell, (1992),
sostiene que el primer aparte del artículo 452 del Código de Comercio Venezolano
(1955), establece que:
El protesto por falta de pago debe ser sacado bien el día en que la letra se
ha de pagar, bien en uno de los dos días laborables siguientes”. De tal
manera que el día de la presentación al pago, que marca el vencimiento
del cheque, y los dos días laborables inmediatos que le sigan, son los días
útiles para protestarlo. Cuando el cheque se presenta a la Cámara de
Compensación, el día que es presentado a dicha cámara es el día del
vencimiento y de allí en adelante corren los dos días laborables siguientes
ya indicados. Evidentemente en la práctica la mayoría de las acciones
derivadas del cheque se pierden por el levantamiento extemporáneo del
protesto del cheque dentro de ese lapso.
El señalado término es muy breve, y el mismo costo del protesto invita al
tenedor del cheque a procurar el pago mediante nueva presentación al Banco. Por otra
parte señala el mismo código que “no levantar el protesto, o levantarlo en forma
extemporánea, después de transcurrido el lapso arriba indicado, trae como
consecuencia la caducidad de la acción cambiaria derivada del cheque”; ello de
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conformidad con lo establecido en el artículo 461 que señala “Después de los
términos fijados. Para sacar el protesto por falta de aceptación o por falta de pago... el
portador queda desposeído de sus derechos contra los endosantes, contra el librador y
contra los obligados a excepción del aceptante.... Y como quiera que la figura de la
aceptación es extraña en materia de cheque, se pierde definitivamente la acción
derivada de dicho instrumento, llamada comúnmente acción cambiaria. Esta sanción
es muy grave, es esta la razón por la cual el proyecto de Reforma del Código de
Comercio Venezolano (1955), en lo referente a Títulos Valores, se establece que el
protesto sólo será necesario cuando así lo estipule en forma expresa bien el librador o
algún endosante.
La Estafa
La expresión “estafa” proviene, al parecer, de la voz italiana staffa que
significa “estribo” y a partir de ella se genera el verbo staffare (perder los estribos);
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa (en derecho): Delito
consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con
ánimo de lucro.
Arteaga (2007), indica que el legislador venezolano, conforme al modelo
italiano (código Zanardelli 1889), define la estafa como el hecho de quien con
artificios u otros medios capaces de engañar o sorprender la buena fe del otro,
induciéndole en error, procura a sí mismo o a un tercero un provecho injusto con
daño o perjuicio ajeno.
Según el código penal venezolano, para que pueda hablarse de estafa se
requiere, y ello caracteriza fundamentalmente a este tipo de delito, que el sujeto
activo haya empleado artificios u otros medios capaces de engañar o sorprender la
buena fe del otro.
En la doctrina penal, algunos autores establecen diferencias entre los artificios
o ardides y los engaños, en un intento por precisar gramaticalmente el sentido y
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alcance de los términos utilizados en la ley, en tanto que otros prefieren definir
conjuntamente ambos términos, atendiendo mas a bien a su significación técnico-
jurídica.
En suma, la estafa es la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio
o ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias personas, les induce a
realizar un acto de disposición, consecuencia del cual en un perjuicio en su
patrimonio o en el de un tercero.
Por otra Bramont (2000), cita a Muñoz (2005) quien define la estafa como,
“un bien lesionado, al mismo tiempo, la buena fe o las relaciones fiduciarias que
surgen en el tráfico jurídico”. Normalmente se espera que se cumplan las
obligaciones contraídas.
Ahora bien aunque la finalidad político-criminal perseguida con la tipificación
del delito de estafa sea ésta, el delito como tal se castiga en tanto lesiona un derecho
patrimonial individual. Este contenido patrimonial de la estafa no debe ser olvidado,
para no castigar indebidamente hechos que frustran expectativas de comportamiento
en el tráfico jurídico económico, pero que no producen perjuicios económicos para
nadie en concreto.
Estafa Procesal
Así mismo, Muñoz (2005), señala que el modus operandi de la estafa procesal
es “la utilización de la jurisdicción judicial como medio para intentar o consumar un
desapoderamiento ilegitimo”. Ello demuestra, asimismo, que el error en la estafa,
puede recaer en persona distinta del damnificado. En efecto, en la estafa procesal, lo
que se busca es un provecho fraudulento a través del juicio equivocado que pueda
llegar a formarse el juez con motivo de pruebas fraudulentas que constituyan, en sí
mismas, ardid o engaño.
La víctima no solamente no resulta engañada, sino que, por el contrario y así
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ocurrirá de ordinario procurará demostrar la falacia del sujeto activo. La disposición
patrimonial perjudicial que pueda verse obligada a efectuar, no será, como en los
demás casos de estafa, el producto de su propio error, sino que estará basada en el del
juez, quien, por su parte, resultará sorprendido en su recto juicio por un artificio o
maquinación.
De acuerdo a lo establecido en términos generales por los diferentes tipos de
legislaciones, el delito de estafa es descripto como un acto de daño o perjuicio sobre
la propiedad de otra persona. Por lo general, los delitos de estafa son considerados de
menor gravedad que otros (tales como el homicidio o el abuso sexual), pero la
variedad de tipos de estafa hace que sea posible realizar tal nivel de daño a otros que
las penas sean extremadamente altas para el criminal.
Agravantes Especificas del Delito de Estafa
La pena correspondiente al delito de estafa se ve aumentada de un sexto a una
tercera parte, cuando el agente ha utilizado como medio de engaño un documento
público falsificado o alterado, o cuando ha emitido un cheque sin provisión de
fondos, en orden a inducir en error a otra persona y obtener, de esa manera, un
provecho injusto con perjuicio ajeno.
La agravación de la penalidad, en estas circunstancias, se justifica plenamente
en razón de que al utilizarse estos engaños para defraudar al otro, no solo se lesiona la
propiedad ajena, sino que también se atenta contra la fe pública, bien jurídico que
merece la más efectiva protección de la ley penal. En efecto, quien estafa emitiendo
un cheque sin provisión de fondos o con fondos insuficientes, desnaturaliza un
instrumento de pago, que solo circula por la confianza del público y que está
destinado al uso normal en el tráfico mercantil.
Debe, así mismo, delimitarse claramente cuándo opera el cheque sin fondos
como medio constitutivo de una estafa y cuándo tipifica pura y simplemente el hecho
previsto por el artículo 494 del Código de Comercio, “emisión de cheques sin
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provisión de fondos”, como delito autónomo y figura subsidiaria del delito de estafa.
Con frecuencia, los estafadores recuren al cheque como medio, especialmente
apto para defraudar a otro. En este caso, el autor del hecho utiliza simplemente un
engaño consistente en aparentar bienes, esto es, en fingir que tiene fondos disponibles
que pueda movilizar a través de un cheque, cuando en realidad, carece de tales
disponibilidades.
Evidentemente, para que se configure el delito de estafa, han de darse todos
los requisitos que tipifican este hecho punible. En otras palabras, se exige la
existencia de un engaño, en esta hipótesis concretada en la emisión del cheque sin
provisión de fondos, la inducción en error producida por el medio engañoso y la
obtención de un provecho injusto con perjuicio ajeno, a su vez consecuencia del error
que se padece.
Si no se dan todos estos elementos o falla la sucesión cronológica de los
mismos, como, por ejemplo, cuando se cancela con un cheque sin fondos una deuda
anterior al libramiento del cheque, no puede decirse que se ha cometido un hecho
estafatorio; y en tales casos, dicha conducta solo podrá ser sancionada,
eventualmente, de acuerdo al Código de Comercio, en su primer aparte del art. 494,
en el cual se establece: “El que emita un cheque sin provisión de fondos y no
proveyere al librado de los fondos necesarios antes de la presentación del cheque…,
será penado por denuncia de parte interesada con prisión de uno a doce meses…”.
En caso de darse los elementos descritos, entonces se configura el delito de
estafa cometido mediante la emisión de un cheque sin provisión de fondos previsto en
el artículo 464 del Código Penal: “El que, con artificios o medios capaces de engañar
o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un
provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. La
pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido:
1º. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que
tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social.
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2º. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo
convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. El que
cometiere el delito previsto en este artículo utilizando como medio de engaño
un documento público, falsificado o alterado o emitiendo un cheque sin
provisión de fondos incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto
a una tercera parte.
3.3 Bases legales
Código Penal
Artículo 462. El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la
buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho
injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. La
pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido:
1. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en
que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social.
2. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el
erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad.
El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando como medio de
engaño un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin
provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto
a una tercera parte.
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3.2 Definición de Términos Básicos
Agravante específica: Son aquellas circunstancias accidentales al delito y
concurrentes con la acción delictiva que producen el efecto de modificar la
responsabilidad criminal del sujeto determinando un aumento en la pena por
representar un mayor grado de culpabilidad en el agente.
Cheque: Título de valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual una
persona, llamada librador, ordena incondicionalmente a una institución bancaria, el
pago a la vista de una suma de dinero determinada a favor de una tercera persona
llamada beneficiario.
Estafa: Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante
engaño y con ánimo de lucro.
Protesto: Es aquella diligencia notarial o judicial que tiene por finalidad dejar
constancia fehaciente de la falta de pago o aceptación de un titulo de valor, para lo
cual deberá realizarse en la forma prevista y dentro de los plazos establecidos por la
ley.
Tomador o Beneficiario: Es la persona que posee el cheque.
26
CAPITULO IV FASE METODOLOGICA
4.1 Tipo de Investigación
La modalidad de investigación documental de tipo jurídico descriptiva, es a la
que fácilmente se puede adaptar la investigación, ya que su estrategia está basada en
análisis de datos, obtenidos de diferentes fuentes de información, tales como:
informes, libros, monografías y otros materiales informativos y material proveniente
de Internet.
Al respecto Sabino (2001), indica que “El proceso de la investigación
considerada documental se define como aquella que depende fundamentalmente de la
información que es consultada en documentos”, de lo expuesto, se puede señalar que
la metodología permitirá desarrollar los aspectos referentes analizar el cheque como
elemento constitutivo de la estafa agravada en el sistema penal venezolano, partiendo
de los parámetros de la investigación de tipo dogmática.
En este sentido, Witker. (1999), señala que la metodología dogmática: “Es
aquella que concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente
formalista desconectando todo elemento fáctico o real que se relacione con la
institución, norma jurídica o estructura legal en cuestión”.
. El autor también agrega, que la investigación dogmática, es aquella que:
“reúne en un solo cuerpo epistemológico los hallazgos obtenidos a través de la
investigación formal, intencional, organizada y sistemática de la doctrina, la
jurisprudencia y la ley, sobre una temática jurídica determinada”.
Por su parte, hay que mencionar que la modalidad del presente estudio
corresponde a la Jurídico Exploratoria, ya que se resaltaron sus principales facetas,
pero sin penetrar en las raíces explicatorias del asunto.
27
• Identificar los elementos constitutivos de la estafa.
• Determinar los requisitos del cheque sin provisión de fondos como
circunstancia agravante del delito de estafa.
• Establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la emisión de un cheque
sin fondo.
4.2 Fases Metodológicas
Según Sabino (2006). La fase metodológica de la investigación documental,
es el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento
de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos
divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del
estudio del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones,
reflexiones, conclusiones, recomendaciones entre otros.
El tipo de trabajo documental utilizado en este estudio es el de revisiones
criticas del estado de conocimiento: integración y evaluación de la información
teórica y empírica existente sobre un problema, focalizando ya sea en el progreso de
la investigación actual y posibles vías para su solución, en el análisis de la
consistencia interna y externa de las teorías y conceptualizaciones para señalar sus
fallas o demostrar la superioridad de unas sobre otras, o en ambos aspectos.
28
4.2.1 Fase I: Determinar los requisitos del cheque sin provisión de fondos como
circunstancia agravante del delito de estafa.
En esta fase, se identificaron los elementos constitutivos de la estafa. Según el
Código Penal venezolano, para que pueda hablarse de estafa se requiere que el sujeto
activo haya empleado artificios capaces de engañar la buena fe del otro. En la
doctrina penal, algunos autores establecen diferencias entre los artificios o ardides y
los engaños; sin embargo, otros autores proporcionan una definición en conjunto,
cabe citar, entre otros, al argentino Soler S.
Según éste, “Ardid es el astuto despliegue de medios engañosos… para
constituir ardid se requiere el despliegue intencional de alguna actividad, cuyo efecto
sea el de hacer aparecer, a los ojos de cierto sujeto, una situación falsa como
verdadera y determinante”.
Según se desprende de la definición de estafa que trae nuestro Código Penal,
los artificios o engaños tratados arriba, deben tener como efecto la inducción en error
de la víctima, error que, a su vez, determina el acto de disposición patrimonial;
inducir en error, equivale a influir en la falsa noción que una persona tiene sobre algo
y ello se logra, no solo haciendo surgir el error, sino también fortaleciendo o
reforzando el que ya existía, o impidiendo que la victima salga de él.
Para completar la definición del delito de estafa, conforme a nuestro
ordenamiento jurídico-penal, se requiere, además de la utilización de artificios o
medios capaces de engañar o sorprender la buena fe del otro, que el estafador
“procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno”. Según algunos
autores, el provecho ha de ser de naturaleza patrimonial; ha de consistir en una
utilidad económica, por otra parte, debe ser injusto, esto es, sine iure, ilegitimo.
Para que se configure el delito de estafa, no basta la obtención de un provecho
injusto; la ley exige además un correlativo perjuicio o daño ajeno. Ahora bien, esto se
trata obviamente de un perjuicio o daño de carácter patrimonial, y entendiendo por
patrimonio el conjunto de los valores económicos de una persona, se hablará de
29
perjuicio patrimonial cundo haya habido una disminución de ese conjunto de valores,
bien sea por una reducción del activo o por un aumento del pasivo.
4.2.2 Fase II: Determinar los requisitos del cheque sin provisión de
fondos como circunstancia agravante del delito de estafa.
Aquí se determinaron los requisitos del cheque sin provisión de fondos como
circunstancia agravante del delito de estafa. Dado que las agravantes específicas son
aquellas circunstancias accidentales al delito y concurrentes con la acción delictiva
que producen el efecto de modificar la responsabilidad criminal del sujeto,
determinando un aumento en la pena por representar un mayor grado de
culpabilidad en el agente, la pena correspondiente al delito de estafa se ve aumentada
de un sexto a una tercera parte, cuando el agente ha utilizado como medio de engaño
un documento público falsificado o alterado, o cuando ha emitido un cheque sin
provisión de fondos.
La agravación de la penalidad, en estas circunstancias, se justifica plenamente
en razón de que al utilizarse estos engaños para defraudar al otro, se lesiona la
propiedad ajena.
4.2.3 Fase III Establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la
emisión de un cheque sin fondo.
Aquí se establecieron las consecuencias jurídicas derivadas de la emisión un cheque sin
fondo; si los tres elementos descritos en la fase I demuestran, queda plenamente
configurado el delito de estafa cometido mediante la emisión de un cheque sin
provisión de fondos previsto en el artículo 464 del Código Penal: “El que, con
artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole
en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será
30
penado con prisión de uno a cinco años. La pena será de dos a seis años si el delito se
ha cometido:
1º. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que
tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social.
2º. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo
convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. El que
cometiere el delito previsto en este artículo utilizando como medio de engaño
un documento público, falsificado o alterado o emitiendo un cheque sin
provisión de fondos incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto
a una tercera parte.
4.3 Métodos de la Investigación
En cuanto al método de investigación se utilizo el de análisis de contenido,
definido éste por Bisquerra (1998), como “la descripción objetiva y sistemática del
contenido manifiesto de la comunicación”. Es decir el autor requiere hacer
deducciones acerca de las intenciones, contexto en el cual se utilizó la técnica. Al
referirse a la técnica de investigación dogmática, Witker (1997), afirma que:
“La lectura crítica implica reflexión e interpretación y su resultado es
esencial para la internalización y para el análisis crítico, ya que son las
ideas más importantes de dicha lectura las que pasan a las fichas de
contenido, las cuales son el instrumento de base para el análisis”.
Esta técnica permite el logro de la valoración del material recopilado.
31
Al considerar los citados autores en el estudio para realizar el análisis del
contenido se utilizó el fichaje a través de la ficha de contenido que permitirá un fácil
manejo de datos e ideas, tanto ajenos como propios, transcribir en ellos la
información más importante encontrada en la lectura crítica, conservar organizada
dicha información, así mismo, redactar en ellas las reflexiones, los comentarios o el
análisis personal del investigador con respecto a una idea. Es una manera de
imprimirle posteriormente un orden y una coherencia interna al pensamiento propio;
por lo tanto la utilización de los procesos (análisis de contenido y fichaje), permitirá
abarcar una red amplia de información sobre los elementos constitutivos de la estafa
agravada en el sistema penal venezolano.
4.4 Técnicas e Instrumentos
La técnica utilizada fue la revisión documental, esto contribuyó al análisis de
trabajos y textos jurídicos así como también de periódicos, revistas, hemerotecas,
páginas web y correos electrónicos, entre otros. El manejo del fichero se realizó con
el fin de lograr una mejor organización del material a ser utilizado así como su
posterior síntesis para la elaboración de la investigación, descartando de esta forma
todo aquel material que no guarda relación alguna con el tema a tratar.
Según Ander, E. (1995), la revisión documental “... es un instrumento o técnica
de investigación social cuya finalidad es obtener datos e información a partir de
documentos escritos susceptibles a ser utilizados dentro de los propósitos de una
investigación en concreto”. A través de esta técnica, el investigador decide qué
documentación es pertinente con la investigación que le ocupa y, por consiguiente,
llega a conocer cada etapa que compone la información actual.
32
4.5 Tiempo de la investigacion
Cronograma de Actividades
Actividades Enero
2012
Febrero
2012
Marzo
2012
Abril
2012
Total
en Meses
Planificación de la Investigación 1
Recolección de la Información
2
Análisis e Interpretación de la
Información Recabada
Redacción y Entrega Preliminar del
Proyecto
Entrega del Informe Final 1
Defensa 1
Total 9
33
CAPITULO V
RESULTADOS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
5.1 Resultados
En este capítulo se registran los resultados de la investigación; con respecto a
los objetivos planteados en la misma. En relación a los elementos constitutivos de la
estafa, han quedado plenamente definidos dichos elementos, el ardid (astuto
despliegue de medios engañosos, para constituirlo, se requiere el despliegue
intencional de alguna actividad, cuyo efecto sea el de hacer aparecer, a los ojos de
cierto sujeto, una situación falsa como verdadera y determinante).
La inducción al error es otro elemento constitutivo de la estafa (influir en la
falsa noción que una persona tiene sobre algo y ello se logra, no solo haciendo surgir
el error, sino también fortaleciendo o reforzando el que ya existía, o impidiendo que
la victima salga de él). Para definir la estafa solo falta, según el ordenamiento
jurídico, el provecho injusto aunado a un perjuicio ajeno, lo que se traduce en una
disminución del patrimonio del agraviado, ya sea por disminución del activo o
aumento del pasivo; todo esto, consecuencia del delito de estafa.
La agravación de la penalidad, en estas circunstancias, queda plenamente
justificada. Quien estafa emitiendo un cheque sin provisión de fondos o con fondos
insuficientes, desnaturaliza un instrumento de pago, que solo circula por la confianza
del público y que está destinado al uso normal en el tráfico mercantil.
Por último se destacan las consecuencias jurídicas derivadas de dicha emisión,
que están tipificadas en el artículo 464 del Código Penal con el agravante en la pena
correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte.
34
5.2 Conclusiones
Luego de la investigación y el análisis correspondiente a los objetivos
planteados en el trabajo, se puede llegar a las siguientes conclusiones
1. En cuanto a la fundamentación teórica relacionada con el cheque como
elemento constitutivo de la estafa agravada en el sistema penal venezolano, se
puede señalar que es escasa y existe poca información, así como sobre las
estafas por esta índole. La legislación que regula el cheque y la figura del
protesto, en sí no ha avanzado paralelamente a dichos instrumentos y es
anticuada o desfasada, lo que trae como consecuencia la dificultad de aplicar
la ley en tales situaciones.
2. En lo referente a las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de un
cheque sin provisión de fondos, en nuestro país, esto es una conducta
delictiva, (regulada en el artículo 494 del Código de Comercio) no obstante, al
analizar todos los elementos de la investigación puede sancionarse como
Estafa Agravada, prevista en el artículo 464 del Código Penal, incluyendo el
aumento en la pena de un sexto a una tercera parte. Así, al juzgar este tipo
penal, el Tribunal en Función de Control del Circuito Judicial Penal
respectivo puede decretar la Medida de Privación Preventiva de Libertad del
procesado en dicha situación.
3. En lo que respecta a los derechos o acciones que pudieran intentar los
tenedores del cheque sin fondo, se puede concluir que son poco conocidas
dichas acciones y los plazos para actuar son cortos, lo que dificulta las
acciones legales que se puedan tomar a tiempo.
35
5.3 Recomendaciones
A partir de las conclusiones originadas en la investigación, se hace necesario
señalar las siguientes recomendaciones, que pueden aportar ideas y soluciones a la
corrección de un delito que con el transcurrir del tiempo se ha incrementado.
1. Se hace necesaria una revisión de la legislación pertinente en este caso, con el
fin de actualizarla y unificar criterios, dicha tarea debe ser asumida por los
legisladores del país, para lograr así, respuestas jurídicas eficientes y
expeditas en este tipo de delitos.
2. Debe revisarse, en la doctrina actual, con más claridad, la diferencia entre el
delito tipificado en el artículo 494 del Código de Comercio y el expuesto en el
artículo 464 del Código Penal, esto a fin de evitar dilaciones ante delitos como
éste y lograr una mejor administración de la justicia.
3. Los bancos deberían proveer mejor información al respecto en casos
similares, ya que dichas entidades financieras son quienes resguardan la
información de los cheques sin provisión de fondos, pudiendo ellos aportar
todos los datos esenciales para la identificación del documento y de las
personas que hubieren dado lugar al acto.
36
5.4 Referencias Bibliográficas
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de regreso que establezca el Derecho Mercantil en contra del librador,
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Editorial Porrua CA, C.A.
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Tamayo M. (2003). Diccionario de Investigaciones Científicas. México: Editorial
Limusa, S.A.
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Hermanos Vadell Editores.
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presentado a la Universidad Bicentenaria de Aragua para optar al título de Abogado.
Wiltker, J. (1997). La Investigación Jurídica. México: Universidad Autónoma de
México. Instituto de Investigaciones. McGraw-Hill.
39
ANEXOS
40
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL Corte de Apelación Penal – Cumaná
Cumaná, 02 de febrero de 2005
194º y 145º
ASUNTO: RP01-P-2004-000183
JUEZ PONENTE: CECILIA YASELLI FIGUEREDO
Visto la declaratoria de incompetencia de los Juzgados Quinto de Control, y Cuarto
de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, para conocer de la Querella
incoada por el abogado RÓMULO GALVIZ VILLAMIZAR, en su carácter de
apoderado judicial de la firma mercantil Comercial Marinex Internacional C.A, en
contra del ciudadano Antonio Libertella Di Benedetto, por la presunta comisión del
delito de EMISIÓN DE CHEQUE SIN PROVISIÓN DE FONDOS, tipificado y
sancionado en el artículo 494 del Código de Comercio, remitido como fue la presente
causa a esta Corte de Apelaciones, y previa distribución automática de la misma,
correspondiendo su ponencia a la Jueza Superior Cecilia Yaselli Figueredo, esta
Corte pasa a pronunciarse de la manera siguiente:
41
DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA
Reza El artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, que en cualquier estado del
proceso el tribunal que esté conociendo de un asunto podrá declinarlo, mediante auto
motivado, en otro tribunal que considere competente.
Así mismo establece el artículo 79 ejusdem, que si el tribunal al cual se le hace la
declinatoria se considera a su vez incompetente, así lo declarará y manifestará
inmediatamente al abstenido expresando el fundamento de su decisión, ambas
declinatorias serán resueltas por la instancia superior, correspondiendo en este caso
esta Corte de Apelaciones tal pronunciamiento.
Consecuencia De lo antes expuesto, sin lugar a dudas que ha declararse la admisión
de lo planteado y así se declara.
ARGUMENTOS PARA DECLARARSE INCOMPETENTES
En fecha 27 de septiembre de 2.004, la Juez Quinta en funciones de Control, de este
Circuito Judicial Penal, mediante auto razonado expuso entre otras cosas o siguiente:
OMISSIS:
“Una vez revisado el escrito de QUERELLA, este Tribunal Quinto de
Control….Acuerda: Conforme a lo señalado por la Doctrina la diferencia existente
entre el delito de Estafa cometido mediante la emisión de un cheque sin provisión de
fondos y el delito de emisión de cheque sin provisión de fondo es la siguiente:
Para que se configure EL DELITO DE ESTAFA COMETIDO MEDIANTE LA
EMISIÓN DE UN CHEQUE SIN PROVISIÓN DE FONDOS previsto en el artículo
464 del Código Penal se requiere una contraprestación actual o inmediata por el
cheque sin fondos.
42
En cambio para que se configure el DELITO DE EMISIÓN DE CHEQUE SIN
PROVISIÓN DE FONDOS, previsto en el encabezamiento del artículo 494 del
Código de Comercio se requiere que el cheque se de en pago de una deuda
preexistente”.
Concluye señalando, que en el caso que le ocupa, el cheque sin provisión de fondos
se emitió para cancelar una deuda preexistente, configurándose el delito de emisión
de cheque sin provisión de fondos, el cual ha sido señalado por la doctrina como
delito especial de Acción Privada, no correspondiendo por ello su conocimiento a esa
juzgadora, y cita para finalizar como fundamento a ello, los artículos 400 y 401 del
Código Orgánico Procesal Penal.
Consecuencia de lo anterior, y sometido a la distribución automática nuevamente,
correspondió su conocimiento al Juzgado Cuarto de Juicio, siendo que en fecha 10 de
diciembre de 2.004, mediante auto motivado expuso haciendo referencia a una
sentencia de esta misma Corte de Apelaciones, de fecha 06 de febrero de 2.004, la
cual con la ponencia del Juez Superior Luis José López Jiménez, establecía que para
el enjuiciamiento de este tipo de delitos, como lo era la emisión de cheques sin
provisión de fondos, debe ser incoada por la denuncia de la parte interesada, lo cual
se corresponde con la novísima querella estipulada en la sección tercera del capitulo
II , titulo I del Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, y la misma debe
ser presentada ante un Juez de Control, quien verificará el cumplimiento de las
formalidades establecidas en el artículo 294 ejusdem, y decidirá sobre su admisión o
no.
Es así como en fundamento de estas consideraciones, la Juzgadora A quo consideró
no ser competente para conocer de dicha querella, de conformidad a lo establecido en
los artículos 293 y 294, ambos del Código de Comercio, en concordancia con el
artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal.
43
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Leídos y analizados los escritos presentados por las Juezas de los Tribunales A quo a
través de los cuales exponen las razones que privan para conocer de la Querella
incoada por el abogado Rómulo Galaviz Villamizar, esta Corte de Apelaciones
considera oportuno hacer las consideraciones previas siguientes :
En la obra titulada “A INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA POR ACUSACIÓN
O QUERELLA DE PARTE AGRAVIADA” como trabajo de ascenso N ° 5 , de la
Dra. Helena Fierro Herrera, leemos que la clasificación que el Código Penal hace
sobre delitos a instancia de parte, conforme a su procesamiento, se encuentran los
siguientes:
“Por denuncia de Parte Interesada:
1.- Emisión de cheque sin provisión de fondos.
2.- Aceptación de cheque sin provisión de fondos.
3.- Frustración del pago del Cheque.”
Por otra parte el artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece, que
las acciones que nacen de los delitos que la ley establece como de instancia privada y
su enjuiciamiento, SÓLO PODRÁN SER EJERCIDAS POR LA VICTIMA, y su
procedimiento se hará conforme al procedimiento especial regulado en este Código.
(Resaltado de esta Corte).
No obstante lo antes afirmado, ciertamente tal como lo ha dejado expuesto la Jueza
Cuarta de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en auto de fecha 10 de diciembre de
2.004, en el cual hizo total referencia a decisión y criterio emitido por esta misma
Corte de Apelaciones en decisión de fecha 06 de febrero de 2.004, causa . RPO1-R-
2003-000117, con la ponencia del Dr. Luis José López Jiménez, y criterio que se
continúa manteniendo en esta alzada, en cuanto, a “ que si bien es un delito de acción
privada, la acción para el enjuiciamiento del delito de Emisión de Cheque sin
Provisión de Fondos debe ser incoada por la denuncia de la parte interesada,
44
extendiéndose tal forma de acción a la novísima querella estipulada en la Sección
Tercera del Capitulo II, Titulo I del Libro Segundo del Código Orgánico Procesal
Penal, y debe ser presentada por ante el Juez de Control, quien una vez constatado
que la misma cumple con las formalidades establecidas en el artículo 294 ejusdem
admitirá o no la misma”.
Se encuentra corroborado este criterio señalado con anterioridad por esta misma
Corte de Apelaciones, en el encabezamiento de presente análisis, por lo tanto sin
lugar a dudas que deberá el Tribunal de Control, conocer de la querella interpuesta ,
pues tal como se dejaba expuesto en la misma decisión de esta Instancia a la cual se
ha hecho ya referencia, cuando se habla de denuncia de parte interesada, ello no
implica que se esté refiriendo a la Acusación de la parte agraviada, sino que estimó
que al intervenir los órganos de investigación policial en la causa el trámite procesal
sería más expedito y menos oneroso para la víctima.
De todo antes expuesto, es acertado concluir que el conocimiento de la presente
querella corresponderá conocer y hacer el correspondiente pronunciamiento de su
admisibilidad o no, incluso, al Juzgado Quinto de Control de este Circuito Judicial, a
quien han de remitirse las presentes actuaciones. Y ASI SE DECIDE.
DECISIÓN
Por todo lo antes expuesto esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
Estado Sucre, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara : Que corresponde la COMPETENCIA
para conocer de la QUERELLA interpuesta por el abogado RÓMULO GALAVIZ
VILLAMIZAR en representación de la firma mercantil COMERCIAL MARINEX
INTERNACIONAL, C. A, contra el ciudadano ANTONINO LIBERTELLA DI
BENEDETTO , el TRIBUNAL QUINTO DE CONTROL de este Circuito Judicial
Penal del Estado Sucre, a quien se ordena remitir las presentes actuaciones.
Publíquese, regístrese y hágase la remisión ordenada. Se autoriza suficientemente al
Tribunal Quinto de Control, a realizar las notificaciones correspondientes.
45
La Jueza Presidenta (ponente),
Dra. Cecilia Yaselli Figueredo.
La Jueza Superior,
Dra .Carmen Belén Guarata
La Juez Superior,
Dra. Yeanette Conde L.
El Secretario.
Abg. Gilberto Figuera.
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión que antecede.
El Secretario
Dr. Gilberto Figuera.
46