CAPITULO 7. POLÍTICAS MICROECONÓMICAS.José María Elena Izquierdo

1. INTRODUCCIÓN

Las políticas microeconómicas son aquéllas intervenciones del sector público en un mercado particular (o conjunto de mercados) que tratan de mejorar el desempeño del mismo medido en términos de eficiencia económica, garantía de acceso o equidad distributiva. Sin embargo, la distinción entre políticas microeconómicas y políticas macroeconómicas cada vez tiene menos sentido entre los economistas. Las llamadas políticas macroeconómicas (véase el capítulo 9) se diseñan y estudian frecuentemente con un enfoque microeconómico, su ámbito puede incluso circunscribirse a un mercado muy específico (por ejemplo, la política monetaria) y no hay duda de que acaban alterando, en una u otra manera, el comportamiento de los agentes individuales. Por su parte, las políticas microeconómicas, aunque nazcan con vocación de afectar al equilibrio de un mercado concreto tienen todas ellas potenciales efectos extensibles al resto de mercados de la economía.1

Hecha esta puntualización, el objetivo del presente capítulo será presentar algunas de las principales políticas microeconómicas utilizadas recientemente en nuestro país. Para ello trataremos de exponer, en primer lugar, la justificación teórica a la intervención microeconómica de la administración pública en mercados particulares. Posteriormente mostraremos los rasgos básicos de algunas de las políticas microeconómicas más relevantes así como de los potenciales efectos que se deriven de ellas. Inicialmente estudiaremos la situación del sector de la distribución comercial y del comercio minorista de bienes. Veremos cómo los intentos por introducir mayor competencia en este segmento, tanto a nivel nacional como autonómico, no parecen haber evitado la concentración del poder de mercado en las principales cadenas de distribución y que la pretendida protección al comercio tradicional parece haber tenido efectos contraproducentes. En relación a los mercados de servicios, analizaremos la situación de las principales industrias de red: transporte por ferrocarril, transporte aéreo, telefonía fija y móvil y servicios de correo postal. Estos sectores, además de tener un importante componente tradicional de regulación económica basado en consideraciones de economías de escala, presentan elementos de intervención en forma de regulación social y acceso universal a bienes públicos. Por último, haremos algunas referencias a la política de innovación, investigación y desarrollo. Utilizando distintos instrumentos de intervención microeconómica, el Estado trata de incentivar la mayor innovación tecnológica de las empresas españolas para corregir un nivel excesivamente bajo de estas actividades derivado de su naturaleza de bien público.

El enfoque principal de la mayoría de estas políticas es, al menos en la intención regulatoria que les dio origen, el enfoque de la eficiencia. Pero no conviene olvidar que en numerosas ocasiones, la motivación de las políticas microeconómicas puede ser el deseo de corregir situaciones de desigualdad en la distribución de la renta o de garantizar el acceso de ciertos servicios considerados básicos a la mayoría de la población. No obstante, la confluencia de distintos objetivos perseguidos en el diseño de una política microeconómica no implica su complementariedad. Desafortunadamente hay evidencia empírica de que muchas intervenciones resultan ineficaces debido a la confrontación de objetivos que se buscan y que se obstaculizan mutuamente. El capítulo concluye con una revisión de los contenidos, referencias bibliográficas y material complementario.

Los objetivos docentes de este capítulo son los siguientes: - Conocer el fundamento teórico para la intervención del Estado en la economía a nivel

microeconómico basado en la teoría de los fallos del mercado así como en las consideraciones sobre los fallos de no mercado.

- Conocer el estado del sector de la distribución comercial en la estructura económica del país así como los efectos que las distintas regulaciones del comercio minorista pueden haber tenido en relación a sus niveles de competitividad y eficiencia.

1 Esta es, sin duda, la base de una rama de la microeconomía conocida como teoría del equilibrio general.

- Conocer la regulación básica de las industrias de transporte por ferrocarril y del transporte aéreo en nuestro país además de las limitaciones que esta normativa parecen presentar a la luz de los datos.

- Conocer la evolución reciente de los servicios de telefonía fija y móvil en España así como los efectos que las políticas de liberalización y competencia parecen haber tenido sobre los mismos.

- Conocer el estado actual de la liberalización de los servicios postales en nuestro país.- Conocer las medidas de intervención propuestas desde la administración para tratar de

incentivar (o completar) la iniciativa innovadora e investigadora de las empresas españolas en los próximos años.

Tras el estudio de este capítulo se espera que el alumno adquiera las siguientes competencias: - Saber fundamentar una intervención pública de tipo microeconómico en un mercado

determinado utilizando para ello las aportaciones de la teoría económica y de la evidencia empírica.

- Saber los rasgos básicos de las políticas aplicadas en nuestro país sobre el sector de la distribución comercial, las industrias de red (transporte y telecomunicaciones) y la innovación tecnológica.

- Poder realizar un análisis adecuado de cualquier política microeconómica que se aplique en algún mercado relevante acudiendo a las bases de datos disponibles así como a los argumentos económicos más modernos.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS POLÍTICAS MICROECONÓMICAS.

Según el llamado primer teorema fundamental de la economía del bienestar, los mercados que funcionan en un entorno de competencia pueden alcanzar la eficiencia. Al margen de los supuestos restrictivos que han de utilizarse para demostrar dicho teorema, la conclusión principal y sus intuiciones siguen siendo un punto de referencia en las economías de mercado y en la justificación de las actuales políticas microeconómicas. La idea básica que viene a remarcar esta formulación teórica es que si permitimos que los individuos y las empresas actúen en la economía siguiendo sus propios intereses, definiendo previamente con claridad las reglas del juego y los derechos de propiedad, bajo un entorno de libre competencia en el que no se impide la entrada o la salida de los agentes al mercado y no existan restricciones en los niveles de información para ninguno de los agentes, la sociedad organizará sus actividades económicas de tal forma que no sería posible encontrar una asignación de recursos mejor sin provocar perjuicios a alguien2. En efecto, la libre competencia entre empresas por captar a los clientes les llevaría a fijar precios cercanos al coste de fabricación sin poder sostener durante mucho tiempo beneficios muy elevados. A su vez, los costes se mantendrían en los niveles mínimos según la tecnología existente y los consumidores pagarían precios uniformes que reflejaran la utilidad que confieren al consumo de esos bienes y servicios.A estas ventajas en eficiencia estática (la eficiencia asignativa y la productiva) se añadirían además los beneficios de tipo dinámico al incentivar a los agentes a innovar en procesos y productos constantemente para tratar de atraer más consumidores3. Así, en función de este planteamiento, la intervención del sector público en los mercados específicos (la política microeconómica) debería circunscribirse a garantizar su libre funcionamiento en competencia y a corregir las posibles situaciones de injusticia distributiva que hubieran surgido debido a las condiciones preexistentes. Sin embargo, los economistas insisten en recordarnos, desde hace ya varias décadas, que los requisitos que permiten alcanzar la eficiencia paretiana mediante la competencia no abundan en el mundo

2 Esta forma de definir la eficiencia se denomina eficiencia paretiana debido a que fue Vilfredo Pareto, economista del siglo XIX, el primero en utilizarla. Hay que tener en cuenta que este concepto de eficiencia no implica que el equilibrio resultante sea equitativo en ningún sentido. Lo único que se garantiza por medio del Óptimo de Pareto es que no se desperdicien recursos en el equilibrio alcanzado por la sociedad (Mas-Colell et al., 1995).3 Para un análisis gráfico sobre la fundamentación microeconómica de las políticas de intervención pública en los mercado puede consultarse el capítulo 15 de Cuadrado et al. (2005)

real. La llamada doctrina de los fallos del mercado nos muestra supuestos en los que el sector público puede corregir algunas carencias o imperfecciones de los mercados y evitar o minimizar así situaciones de ineficiencia. Francis Bator (1958) definió el problema de los fallos del mercado como “la incapacidad de un sistema de precios e instituciones de mercado para sostener actividades deseables y detener actividades indeseables”. El concepto de lo “deseable” o “indeseable” habría que valorarlo de forma relativa con respecto a una situación de máximo bienestar social.

Según la tipología habitual de los fallos de mercado, podría ser necesaria una intervención pública ante la existencia de poder de mercado (monopolios u oligopolios de distinta naturaleza con capacidad para establecer precios muy por encima del coste); o cuando se produzcan efectos externos en el consumo o la producción no tenidos en cuenta por el sistema de precios; igualmente se podría producir la intervención pública en presencia de bienes públicos cuyo consumo no puede individualizarse y que los mercados no tendrían incentivos en proporcionar; finalmente, cuando las asimetrías e imperfecciones en la información que comparten los agentes en los mercados provoquen desequilibrios ineficientes en las transacciones que llevan a cabo, el Estado vería otra justificación teórica para intervenir tratando de mejorar las cosas.

Adicionalmente, y a pesar de este argumento que no suele usarse de manera explícita por los economistas, también se interviene en los mercados basándose en criterios de equidad y de redistribución de renta. En este sentido, la política de salario mínimo, los precios agrarios garantizados, los subsidios para el sostenimiento de rentas o los beneficios fiscales para las viviendas en alquiler son tan solo algunos ejemplos de políticas microeconómicas basadas en criterios redistributivos que se han utilizado en mayor o menor medida también en nuestro país4.

Sin embargo, junto a los fallos de mercado, los economistas también han analizado los fallos de no mercado o fallos en la intervención microeconómica del sector público5. En primer lugar, habría que preguntarse si la intervención del Estado para corregir un fallo de mercado es necesaria y oportuna. Esto requiere un análisis objetivo y realista sobre las presuntas ineficiencias que se estarían produciendo antes de la intervención. Bien podría ser que, bajo una perspectiva más amplia, la ineficiencia llegara a corregirse por sí misma con prontitud sin necesidad de una intervención pública que conlleva inevitables costes. Además, aún asumiendo que es necesaria la política microeconómica, deberíamos comprobar si esta es adecuada, si los beneficios de la misma superan los costes. Algunas intervenciones públicas parecen mostrar elevados costes burocráticos y administrativos que difícilmente se justifican con los beneficios que reportan. Por ejemplo, las políticas de sostenimiento de precios agrarios (ya en desuso en la Unión Europea) parecían generar en ocasiones más ineficiencias y distorsiones de las que arreglaban. Los incentivos desfavorables a la búsqueda activa de empleo derivados de un subsidio al paro excesivamente generoso y abierto, es otra ilustración que suele ofrecerse de efectos negativos de una política microeconómica. Finalmente, una intervención pública, aun siendo necesaria y adecuada, podría no ser eficiente. Esto quiere decir que eventualmente podríamos pensar en otra política distinta que consiguiera el mismo resultado con menores costes. Así, un mercado de permisos de contaminación podría, bajo ciertas condiciones, ser una política preferible y más eficiente que una estricta política de regulación de estándares ambientales6.

Las administraciones públicas se rigen, la mayor parte de las veces, por mecanismos distintos a los usados en el sistema de mercado (principalmente los precios). En ocasiones carecen de la suficiente información, flexibilidad o coordinación necesarias para corregir las ineficiencias de los mercados. Existen fuerzas políticas internas en el proceso de adopción de medidas económicas (grupos de interés, presiones de sectores sociales y

4 Véanse, a este respecto, los capítulos 5, 10, 12 y 15 sobre el mercado de trabajo, distribución de la renta, sector agrario y mercado de la vivienda respectivamente.5 Véase Winston (2006). 6 Véase en este sentido el capítulo 3 sobre política medioambiental.

económicos, coordinación con otras administraciones y otras políticas) que dificultan la implantación de políticas adecuadas y realmente necesarias. Como veremos en algunos ejemplos posteriores, las intenciones perseguidas por las leyes aprobadas para intervenir en ciertos mercados, no parecen corresponderse con la normativa finalmente aprobada, y cuando esto no ocurre, puede que aún así se provoquen efectos secundarios perversos que impidan el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

Lo cierto es que esta dicotomía entre los fallos del mercado y los fallos del Estado cuando trata de corregir los primeros, sigue estando hoy en día en el centro del debate sobre la justificación o conveniencia de ciertas políticas microeoconómicas. Sin embargo, quizás esta visión enfrentada no sea la más adecuada a la hora de abordar el diseño de la intervención pública a nivel microeconómico. En realidad, tanto el Estado como el mercado pueden encontrar espacios comunes en los que apoyarse mutuamente en la consecución de mayores niveles de eficiencia económica y equidad.7

Las mayoría de las políticas microeconómicas que analizaremos en las próximas páginas, así como políticas similares que se pueden estudiar en otros capítulos de esta obra, se configuran, al menos en teoría, como políticas de liberalización de mercados, que tratan de fomentar la competencia, defender los intereses de los usuarios y consumidores y garantizar las condiciones necesarias para lograr la máxima eficiencia siguiendo la recomendación de aquel fundamental teorema de la economía del bienestar. No obstante, como veremos, el éxito de estas regulaciones o su auténtico carácter promotor de la competencia está claramente en entredicho en muchas de ellas. Conviene tener en cuenta que a la fundamentación teórica clásica de las políticas microeconómicas, habría que añadir la evidencia empírica de sus resultados para tener una visión más completa y crítica sobre su conveniencia, sus limitaciones y sus posibles reformas futuras.

3. POLÍTICAS MICROECONÓMICAS EN ESPAÑA

Como hemos señalado en el apartado anterior, el sector público interviene en la economía utilizando una serie de instrumentos a su disposición para tratar, teóricamente, de mejorar el funcionamiento de los mercados y potenciar la eficiencia en los mismos. En esta sección vamos a estudiar algunas de las intervenciones de contenido microeconómico llevadas a cabo en España así como algunos de los efectos que han producido o pueden potencialmente producir.

3.1. LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y EL COMERCIO MINORISTA

El sector de la distribución comercial de bienes supone en nuestra economía un importante porcentaje sobre el valor añadido total. El Gráfico 1 muestra el peso del comercio al por menor como porcentaje del comercio total y del valor añadido bruto del total de la economía española en los últimos años. Puede observarse que en el año 2006, el comercio minorista suponía aproximadamente el 40 por 100 del sector comercial y su valor añadido aportaba el 4,35 por 100 del total de la economía. A pesar de la recuperación que se observa en 2006 como porcentaje del comercio total, su importancia dentro del conjunto de la economía se mantiene estancada en valores cercanos al 4,3%.

GRÁFICO 1

7 Véase Bel (2004).

PORCENTAJE DEL COMERCIO MINORISTA SOBRE TOTAL COMERCIO Y TOTAL ECONOMÍA

2.00%

7.00%

12.00%

17.00%

22.00%

27.00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

% s

ob

re t

ota

l eco

no

mía

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

% s

ob

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om

erc

io t

ota

l

% comercio minorista sobre total economia % comercio minorista sobre comercio total

Fuente: INE. Encuesta anual de comercio

En cuanto al número de empresas que desarrollan la actividad comercial en nuestro país, en enero de 2007 existían 845.229 (64,13% de ellas relativas al comercio minorista). Esto supone más de una cuarta parte del total de empresas en España. Si bien es cierto que en España el porcentaje de pequeñas y medianas empresas y su importancia en la actividad económica nacional es superior a la media europea, conviene señalar aquí que más de la mitad de las empresas de comercio minorista no cuentan con ningún asalariado y el 85 por 100 tienen como máximo dos. En definitiva, el grueso de las empresas dedicadas a la distribución comercial al por menor son pequeñas microempresas y su tendencia de crecimiento está en retroceso. Adicionalmente, el crecimiento de empresas de comercio al por menor está estancado en los últimos años mientras que el conjunto de empresas de la economía muestra una clara tendencia alcista con un crecimiento superior al 5 por 100 en el año 2006.

¿Cuál es la intervención del Estado en los mercados de distribución comercial? ¿Qué efectos microeconómicos puede haber generado esa intervención? La normativa básica sobre establecimientos y horarios del comercio minorista viene dada por la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, y la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales. No obstante, las Comunidades Autónomas han venido generando paulatinamente su propia normativa para desarrollar, dentro de los límites generales establecidos por las leyes anteriores, las condiciones de apertura de comercios y de horarios comerciales. Esta extensa regulación autonómica parece atender, en su mayor parte, a las necesidades de las empresas ya instaladas en aras, supuestamente, de defender al pequeño comercio frente a las grandes superficies que cuentan con un elevado poder de mercado8.

A pesar de estas intenciones declaradas por el regulador, según varios analistas9, la normativa vigente parece generar, de facto, barreras legales al establecimiento de empresas y locales comerciales así como una pérdida de eficiencia y competitividad que va en detrimento de los consumidores. La regulación del sector de distribución comercial, más o menos restrictiva según la Comunidad Autónoma de que se trate, no ha incentivado el

8 Véase Berenguer (2007). El reciente estudio de Llanos Matea y Mora (2007) profundiza en el análisis de la regulación del comercio minorista en nuestro país 9 Véase en este sentido el Informe sobre las condiciones de competencia en el sector de la distribución comercial (Tribunal de Defensa de la Competencia I 100/02 ) y también el de la Comisión Nacional de la Competencia sobre Recomendaciones a las AAPP para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia (CNC I 26/7/08). El trabajo de Jorge Moreno (2006) parece corroborar una disminución en el nivel de eficiencia técnica del pequeño comercio tradicional tras la nueva normativa de ordenación y las leyes autonómicas posteriores.

crecimiento del pequeño comercio tradicional10 ni ha impedido la expansión de los grandes grupos empresariales de distribución comercial a través de otros formatos como supermercados, hipermercados, establecimientos de “descuento duro”, etc. que reducen aún más la cuota de mercado del pequeño comercio tradicional en su propio entorno local de operaciones. Efectivamente, el Gráfico 2 muestra la tendencia creciente de la concentración de poder de mercado en las cuatro primeras empresas de distribución comercial en productos de gran consumo medida a través del CR-4. 11

GRÁFICO 2

Índice de Concentracion en distribución de productos de gran consumo

49.9

52.2

53.553.8

55

48.6

44

46

48

50

52

54

56

2001 2002 2003 2004 2005 2006

año

CR

4

Fuente: Boletín ICE Nº 2941 2008

Parecería, por tanto, que la política microeconómica a favor de la eficiencia y la competencia en la distribución de bienes ha consistido realmente, en muchos casos, en una política proteccionista de las empresas ya establecidas que ven cómo la normativa impide la entrada de nuevos competidores, garantizando así su poder de mercado y la consolidación de sus márgenes de distribución, sin favorecer al pequeño comercio del interior de las ciudades al que presuntamente se trataba de ayudar. ¿Podemos extraer esta conclusión de las regulaciones aplicadas en el sector?

En efecto, tanto la Ley 7/1996 (por ejemplo, con la exigencia de obtener una segunda licencia autonómica además de la municipal) como las normas restrictivas sobre ordenación del comercio de las distintas autonomías (por ejemplo, a través de la utilización de criterios múltiples y arbitrarios para definir una gran superficie, el tratamiento discriminatorio a comercios de “descuento duro”, la restricción de horarios comerciales o las exigencias administrativas adicionales)12, parecen haber desincentivado la competencia entre grandes superficies al consolidar el poder de mercado de las que ya estaban instaladas y, al mismo tiempo, no ha conseguido que en el pequeño comercio tradicional se produzcan los cambios necesarios en su organización y en la oferta de sus servicios que le garanticen ganancias de eficiencia y competitividad. El Gráfico 3.1 representa la relación entre el número de barreras legales al establecimiento de grandes superficies de distribución

10 Como hemos visto el número de empresas de distribución comercial en España ha descendido de manera continua en los últimos años así como el número de locales dedicados al pequeño comercio minorista11 El CR4 o IC4 (Índice de Concentración-4) es la suma de la cuota de mercado de las cuatro mayores empresas..12 En el momento actual, el gobierno está elaborando un borrador de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que pretende reducir las barreras legales a la instalación de nuevos centros comerciales (por ejemplo eliminando la necesidad de una doble licencia o el rechazo de la licencia por razones económicas). En octubre de 2008, se ha aprobado un paquete de medidas para abrir a la competencia el mercado de servicios en nuestro país. Se trata de adaptar antes de 2010 la llamada Directiva Europea de los servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior).

comercial13 y la tasa de variación de la densidad comercial entre 1999 y 2007 (la densidad comercial es el número de locales de comercio minorista por cada 1000 habitantes). La línea de tendencia indica que, en término medio, las Comunidades Autónomas con más barreras al establecimiento de grandes superficies son también las que han experimentado un mayor descenso en su densidad comercial. En cambio, los Gráficos 3.2 y 3.3 parecen relacionar la mayor protección regulatoria con un mayor número de grandes centros comerciales (medido como Superficie Bruta Alquilable por cada 1000 habitantes) y con un mayor margen de ventas por empleado. Finalmente, reforzando las ideas apuntadas, el Gráfico 3.4 muestra que las Comunidades Autónomas con más barreras al establecimiento de grandes superficies presentan un mayor grado de concentración empresarial en la distribución comercial de productos de gran consumo.

En conclusión, los datos parecen avalar la idea de que en aquellos casos en los que las Comunidades han pretendido, supuestamente, favorecer al pequeño comercio tradicional, no sólo han experimentado un mayor declive del mismo, si no que, además, presentan un aumento del poder de mercado de las grandes superficies ya instaladas y, en todo caso, una desviación de las grandes empresas de distribución comercial desde las grandes superficies hacia otras formas alternativas de hacer llegar sus productos a los consumidores (hipermercados, supermercados, centros comerciales,…).

GRÁFICO 3

3.1. - BARRERAS Y DENSIDAD COMERCIAL. 1999-2007

Rioj

PV

Nav

MurMad

Gal

Ext

Val

Cat

CLM

CyL

Cant

Can

Bal

Ast

Arag

And

-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

0 1 2 3 4 5 6

Barreras legales

Varia

ción

Den

sida

d Co

mer

cial

199

9-20

07

3.2. BARRERAS Y CENTROS COMERCIALES. 2008

RiojPV

NavMur

Mad

Gal

Ext

Val

CatCLM CyLCant

Can

Bal

Ast

AragAnd

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 1 2 3 4 5 6

Barreras legales

SBA

x 10

00ha

b

3.3. BARRERAS Y VOLUMEN DE NEGOCIO 2006

Rioj PVNav

Mur

Mad

GalExtVal Cat

CLM CyL

Cant

Can BalAst

AragAnd

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0 1 2 3 4 5 6Barreras legales

Vol.

Neg

ocio

x tr

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ador

3.4. BARRERAS Y CR-3 2006

Rioj PVNav

MurMad

Gal

ExtVal

CatCLM

CyL

Cant

Can

Bal

Ast

AragAnd

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6

Barreras legales

CR3

GRA

NDE

S SU

PERF

ICES

200

6

Fuente: DIRCE, AECC, BICE Nº 2941/2008 y elaboración propia

3.2. LOS SERVICIOS DE RED: TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

13 Puede consultarse el Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre las condiciones de competencia en el sector de la distribución comercial (I 100/02) para ver los detalles de la normativa autonómica y los distintos requisitos legales que imponen al establecimiento de grandes centros de distribución comercial.

Las industrias de red son aquéllas que utilizan un sistema interconectado de infraestructuras para transportar bienes materiales, energía y datos, vinculando la producción de bienes y servicios ofertados con los consumidores que los demandan14. Ejemplos de este tipo de mercados son la generación y distribución de electricidad o el gas, el transporte de mercancías y pasajeros, las telecomunicaciones o el servicio postal. La mayoría de estas actividades han estado tradicionalmente aisladas de la competencia y se han ofertado durante mucho tiempo en régimen de monopolio legal. La justificación económica se basaba principalmente en sus elevados costes fijos de funcionamiento que generaban economías de escala. Los costes medios decrecientes con el volumen de producción aconsejaban, desde el punto de vista de la eficiencia, que una sola empresa suministrara el servicio. A menudo, aunque no siempre, el Estado se encargaba directamente de gestionar el monopolio para atender así simultáneamente a consideraciones de equidad y de interés estratégico. Sin embargo, muchas de estas industrias han sufrido en los últimos años un creciente y gradual proceso de liberalización que ha permitido la introducción de mecanismos de competencia o cuasi-competencia. Generalmente, este proceso se ha complementado con una regulación pública de su funcionamiento debido a las mencionadas consideraciones estratégicas de índole tanto político como económico que se les atribuye, así como a argumentos de equidad y de servicio público. En esta sección vamos a tratar de las industrias de red relacionadas con el transporte, las telecomunicaciones y el servicio postal15.

3.2.1. Los servicios de transporte por ferrocarril .

En el sector del transporte de mercancías y personas por ferrocarril puede decirse que, si bien la construcción y gestión de infraestructuras viarias y su señalización siguen manteniendo las consideraciones económicas que recomiendan su explotación en régimen de monopolio natural para aprovechar al máximo las economías de escala, las operaciones de trenes y los servicios de mantenimiento pueden ser susceptibles de ofertarse por varias empresas en competencia. En este sentido, la Unión Europea ya inició hace casi dos décadas el germen de la liberalización del ferrocarril a través de la Directiva sobre el desarrollo de los ferrocarriles 91/440/CE. Posteriormente se han venido aprobando una serie de directivas que modifican y amplían la liberalización del sector ferroviario en la Unión Europea.

El primer paquete ferroviario fue aprobado mediante tres directivas en febrero de 2001 y supuso el primer paso hacia la liberalización del transporte de mercancías a nivel europeo. Se pretendía con ello armonizar las diferentes normativas nacionales en relación a la concesión de licencias a las empresas ferroviarias para acceder a la infraestructura así como a la emisión de certificados de seguridad. Se exigió que los países miembros separasen las funciones esenciales de mantenimiento y gestión de infraestructuras (asignación de acceso, peajes, concesión de licencias, etc.) de las operaciones de transporte. Igualmente, se invitaba a los Estados miembros a crear instituciones regulatorias nacionales para supervisar todo el sistema ferroviario y su correcta liberalización progresiva. Este conjunto de medidas entró en vigor en el año 2003. El segundo paquete de medidas se aprobó en abril de 2004 y trató de adelantar y avanzar el proceso de liberalización del ferrocarril especialmente en el transporte de mercancías. Se estableció el 1 de enero de 2006 como fecha límite para abrir el transporte internacional de mercancías a la competencia y el 1 de enero de 2007 para el transporte de ámbito nacional. Igualmente se creo la Agencia Ferroviaria Europea y se establecieron las bases para garantizar la apertura de los servicios de transporte internacional de pasajeros en la Unión Europea así como una serie de medidas de seguridad en el transporte. Este grupo de normas entró en vigor (tras los procesos de transposición de las directivas en las normativas internas de los Estados) en enero de 200716. Finalmente, en septiembre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó el tercer paquete ferroviario para revitalizar el transporte ferroviario internacional y reforzar 14 Véase Llanos Matea (2002). 15 En el capítulo referente al sector energético se analizarán los aspectos esenciales de la liberalización en las industrias de red de electricidad y gas.16 España, junto con otra serie de países, ha sido expedientada por la Comisión Europea por la incompleta traslación de estos dos paquetes de medidas a la legislación nacional.

los derechos de los pasajeros. También se dictaron normas comunes sobre las certificaciones de los conductores de ferrocarriles. En este paquete se ha fijado el año 2010 como fecha tope para la liberalización de transporte de pasajeros a nivel comunitario.

En España, parte de estas directivas ha sido integrada en la legislación nacional a través de la Ley del Sector Ferroviario de 17 de noviembre de 2003. Desarrollando esta ley en el año 2005 se dio fin al monopolio público de la compañía Renfe que anteriormente gestionaba tanto la infraestructura como las operaciones ferroviarias en nuestro país. Renfe se dividió en dos compañías: Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias), empresa estatal que conserva en régimen de monopolio el mantenimiento de la infraestructura y la gestión del acceso a la misma; y Renfe-operadora, entidad pública empresarial, que queda como empresa encargada de transporte de pasajeros (todavía no liberalizado) y de mercancías (ya abierto a la competencia). También en 2005 el gobierno aprobó el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte para el periodo 2005-2020 que ha impulsado especialmente el desarrollo del ferrocarril de altas prestaciones. En la actualidad se han otorgado ya seis licencias de operadores de transporte de mercancías a empresas privadas que compiten con Renfe-operadora, dos de ellas con capital extranjero. Sin embargo, hasta el momento, las actividades de transporte de mercancías se siguen desarrollando principalmente por Renfe-operadora17.

En cualquier caso, conviene tener presente que el transporte de viajeros por ferrocarril tiene menor entidad en España que en otros países de nuestro entorno y el de mercancías es aún menos significativo18. Este hecho, junto con el marcado sesgo desde las administraciones a la creación de infraestructuras de altas prestaciones (por ej. líneas de alta velocidad), en detrimento de las líneas tradicionales o de las mejoras en la gestión hacen que las ganancias de competitividad y eficiencia que podrían derivarse para el sector del transporte y para el resto de la economía19 no alcancen los niveles deseados.

3.2.2. El transporte aéreo. Al igual que ha ocurrido con el sector ferroviario, el transporte aéreo ha sido

liberalizado desde la década de los 80 en los países del a Unión Europea siguiendo una serie de paquetes de normativa liberalizadora dictados por la Comisión Europea en una estrategia de implantación gradual. En este caso, sin embargo, el ritmo de reforma y la implantación a nivel nacional de la regulación europea ha sido más rápida y más homogénea entre los países miembros. Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo respecto a las actividades que se desarrollan en los aeropuertos. Un ejemplo de ello es la asignación prioritaria de los slots (franjas horarias que permiten a una aeronave aterrizar o despegar de un aeropuerto) a las grandes compañías bandera, anteriores monopolios nacionales. Esto les permite a estas compañías tener un claro poder de mercado, especialmente en los grandes aeropuertos de interconexión que son el centro de operaciones para el tráfico de media y larga distancia. La aparición en los últimos años de las compañías low cost ha supuesto, no obstante, un estímulo a la competencia en el sector y al abaratamiento de precios.

El bajo desarrollo relativo (en comparación con otros países europeos) del transporte por ferrocarril ayuda a explicar la importancia cuantitativa que tiene el transporte aéreo de pasajeros en España. La Tabla 1 muestra el tráfico total de pasajeros en los países con más tráfico de la Unión Europea. Como puede observarse, España ocupa el primer puesto en el transporte nacional (los más de cuarenta millones de pasajeros transportados en el año 2006 suponen una cuarta parte de todo el transporte nacional en la Unión Europea) y ocupa el segundo puesto en el tráfico aéreo intracomunitario por detrás del Reino Unido y duplicando a Francia. Este dato resalta la importancia de que, quizás más aquí que en otros países en los que el transporte ferroviario sí es una opción alternativa, se

17 En el año 2006 Renfe transportó casi 25 millones de toneladas del total de 31,3 millones transportados. FEVE, transportó 4 millones y el resto (CCAA) 2,3 millones de toneladas.18 España transportó en 2006 un 2,5% del total de la UE-15. Alemania, con casi un 35%, Gran Bretaña y Francia (con un 12% y un 11% respectivamente) fueron los países de mayor volumen de tráfico de mercancías.19 Conviene no olvidar el efecto arrastre que tiene el sector del transporte de mercancías y de viajeros sobre otras ramas de la economía. Ver Llanos Matea y Ortega (2005), pág. 530.

materialice una competencia efectiva y se eviten situaciones de monopolio o de oligopolio que impidan las ganancias de eficiencia.

TABLA 1

Transporte totalTransporte Nacional

% sobre el total UE-27

Trasnporte intra EU-27

% sobre el total UE-27

Transporte extra EU-27

% sobre el total UE-27

Reino Unido 211 229 26 559 15.88% 122 015 38.01% 62 655 25.04%Alemania 154 146 22 823 13.65% 81 867 25.51% 49 456 19.77%España 150 599 40 383 24.14% 92 986 28.97% 17 231 6.89%Francia 113 183 26 998 16.14% 46 994 14.64% 39 190 15.66%Italia 95 914 26 370 15.77% 52 384 16.32% 17 160 6.86%Países Bajos 48 583 49 0.03% 28 825 8.98% 19 708 7.88%Grecia 32 762 6 130 3.67% 22 749 7.09% 3 883 1.55%Irlanda 27 558 804 0.48% 23 897 7.45% 2 857 1.14%Suecia 25 855 6 989 4.18% 15 052 4.69% 3 814 1.52%Dinamarca 22 966 1 791 1.07% 15 180 4.73% 5 995 2.40%Portugal 22 027 3 010 1.80% 15 473 4.82% 3 544 1.42%Austria 20 825 618 0.37% 13 807 4.30% 6 399 2.56%Bélgica 19 155 59 0.04% 14 173 4.42% 4 922 1.97%UE-27 738 410 167 253 320 968 250 189

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN LA UNIÓN EUROPEA - 2006

Datos en miles de personas Fuente: EUROSTAT

En este sentido, el hecho de que España, hasta la fecha, sea el único país en la Unión Europea en el que el mismo operador centralizado de titularidad pública (Aena) gestione los dos primeros aeropuertos del país parece impedir que se desarrollen estrategias competitivas en las rutas de alta densidad20.

Como muestra la Tabla 2, el grado de concentración de las grandes compañías de red sigue siendo relativamente elevado a nivel Europeo aunque la cuota de mercado de las compañías de bajo coste ha ido en aumento en los últimos años. España presenta un alto nivel de concentración de vuelos en la compañía aérea de bandera (Iberia) lo que implica un mayor control por parte de ésta en el tráfico de interconexión. Sin embargo, como podemos ver en la Tabla 3, respecto al tráfico de pasajeros, las principales compañías tradicionales mantenían una cuota del 41% en octubre de 2007 mientras que las compañías de bajo coste (en constante crecimiento en los últimos años) ya alcanzan en conjunto el 30% del mercado. En la actualidad, operan en nuestro país un total de 85 compañías aéreas en sus 47 aeropuertos (si bien, el 50% del transporte de pasajeros se concentró en los tres primeros). El efecto que esta mayor competencia introducida gracias a la liberalización haya podido tener sobre los precios es difícil de cuantificar, en tanto que las políticas de tarifas aéreas son muy desiguales entre compañías y en una misma aerolínea, en función de la ruta (en algunas hay competencia entre compañías mientras que en otras se opera en régimen de monopolio) y del canal y las circunstancias de adquisición de los billetes. En general, se puede decir que España se encuentra en una situación intermedia en el panorama europeo (ni tan liberalizada como el Reino Unido ni tan protegida como en Francia), donde las compañías de bajo coste como alternativa a las compañías tradicionales, la mejora en la asignación de los slots y la gestión de los grandes aeropuertos de manera concurrida con otros agentes públicos y privados (al modo en que se hace en la mayoría de los países), pueden ayudar a profundizar en las ganancias de eficiencia derivadas de la mayor competencia en el mercado.

TABLA 2

20 El gobierno socialista aprobó en agosto de 2008 la privatización parcial de Aena. Esto permitirá la cogestión de los dos principales aeropuertos del país, Barajas y El Prat.

CUOTA DE MERCADO(compañías aéreas de red versus compañías de bajo coste)

Cuota de mercado de la compañía de bandera

Cuota de mercado de las compañías de bajo coste

Alemania 59% 12%Francia 57% 7%España 55% 15% Italia 49% 13% ReinoUnido 40% 33%

Fuente: Bel, Calzada y Fageda (2006)

TABLA 3

Número de pasajeros Porcentaje

Iberia 34 254 154 22.1%Spanair 16 462 241 10.6%AirEuropa 12 822 959 8.3%Ryanair 9 260 600 6.0%Airberlin 8 853 486 5.7%Air Nostrum 7 960 026 5.1%Easyjet 7 831 009 5.0%Vueling 6 696 492 4.3%Clickair 4 747 676 3.1%Otras 46 324 184 29.8%Total 155 212 827

Transporte de pasajeros por compañías aéreas. Enero-Octubre 2007

Fuente: Ministerio de Fomento.

3.2.3. Las telecomunicaciones. España ha pasado de una situación, apenas hace dos décadas, de monopolio público

en los servicios de telefonía a una situación actual de liberalización en telefonía móvil y, en menor medida, de telefonía fija. La Ley 12/1997 de liberalización de las telecomunicaciones fue el punto de partida de un proceso de apertura a la competencia en estos mercados, que se profundizó posteriormente con la Ley 32/2003 general de telecomunicaciones. En general, el sector de las telecomunicaciones es, de entre las industrias de red, el que más rápidamente está avanzando hacia la liberalización y la competencia. Cabe diferenciar los rasgos propios, aunque interrelacionados, del mercado de telefonía fija y el de telefonía móvil.

En telefonía fija, en diciembre de 1998, se completó la liberalización básica permitiendo a otra compañía (Retevisión) competir en esta rama del servicio. No obstante, a pesar de la apertura del mercado, Telefónica, antiguo monopolio público, aún mantiene una elevada cuota de mercado tanto en facturación como en tráfico de llamadas. Únicamente el Grupo ONO compite con su propia red en condiciones de igualdad, mientras que el resto lo hace, principalmente, a través del acceso indirecto utilizando, previo pago de un canon, la red de Telefónica.

El Gráfico 4 muestra las cuotas de mercado por empresas en los últimos años. Como puede observarse, Telefónica, tras una fase inicial de descenso en su cuota, los últimos años ha experimentado un aumento en la misma, en detrimento de los dos principales grupos competidores (Ono y Orange). En términos de tráfico, Telefónica reduce ligeramente su poder de mercado (65,6% del total de minutos en el primer trimestre de 2008) mientras que tanto Ono (con acceso directo) como Orange ganan importancia (12,5% y 6,5% respectivamente). Respecto a la distribución de líneas de banda ancha, Telefónica mantiene una cuota mayoritaria del 63,5%, Ono, con un 13% de cuota en ingresos, es la segunda operadora de estos servicios y Orange se mantiene con un discreto 6,2%. La penetración de la banda ancha ha permitido que la telefonía fija no haya experimentado mayores reducciones en su nivel de penetración, aunque España sigue

manteniendo niveles bajos en este segmento en comparación con otros países de nuestro entorno (España, a enero de 2008, presentaba una penetración del 18,3% por debajo de la media de la UE-27 de un 20%)

GRÁFICO 4

CUOTA DE MERCADO (INGRESOS POR TELEFONIA FIJA)

75.50%

6.60%4.40% 3.00%

14.90%

77.20% 74.80%72.20% 71.50% 72.60%

8.10%8.50%

9.90%10.40%9.80%

4.40% 4.40%5.40%5.10%

10.30%14.50%12.90%

10.30%13.20%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Cu

ota

de

me

rca

do

Telefonica

Ono

Orange

Resto

Fuente: Informe Anual. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 2007

La competencia introducida en la telefonía fija ha incentivado, especialmente en los

primeros momentos, una reducción en los precios de estos servicios. La Tabla 4 muestra la evolución del índice trimestral de precios para telefonía fija desde el año 2004 elaborado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Se puede observar cómo la disminución de precios es más acentuada en los servicios de telefonía residencial que en los servicios a empresas. No obstante, analizar la evolución de los precios de estos servicios es una tarea no exenta de problemas, debido a la creciente práctica de empaquetamiento (bundling) de varios servicios (telefonía fija, conexión a Internet, televisión de pago). Sólo Telefónica mantiene un 70% de su negocio concentrado en un solo servicio, la telefonía fija, aunque este porcentaje está en claro retroceso. El resto de operadores ofrecen servicios empaquetados (voz+Internet, voz+TV o triple paquete) en porcentajes superiores al 60%. Conviene, en este sentido, no olvidar que España sigue teniendo los costes de conexión ADSL más elevados de la UE tanto en hogares como en empresas.

TABLA 4

RESIDENCIAL NEGOCIOS TOTAL

IT 04 100 100 100 IIT 04 106.7 100.1 102.8 IIIT 04 111.5 105.5 108 IT 05 100.7 97.6 98.6 IIT 05 100.4 97.3 98 IIIT 05 106 94.6 98.9 IT 06 93.3 99.4 95.1 IIT 2006 89.9 96.6 92.1 IIIT 2006 95.1 103.5 97.4 IVT 2006 80.4 92.8 84.8 IT 2007 81.6 93.5 86.1 IIT 2007 78.7 91.4 83.4 IIIT 2007 84.3 98.9 89.8 IVT 2007 77.6 99.7 85.8 IT 2008 80.8 93.1 82.6

INDICE DE PRECIOS DE LA TELEFONÍA FIJA

Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

En el mercado de la telefonía móvil hay un nivel más alto de competencia. Este segmento ha experimentado un mayor impulso que el de la telefonía fija, lo que en parte

explica el estancamiento de ésta. España tiene niveles de penetración relativamente altos en el mercado de las telecomunicaciones móviles (109 líneas por cada 100 habitantes) y cerca de 49 millones de líneas. Los avances tecnológicos constantes (los servicios de tercera generación, las líneas asociadas a máquinas o el despegue de la banda ancha móvil, son algunos ejemplos) permiten su continuo crecimiento y la aparición de nuevos competidores, bien sean como nuevos operadores de red (cuatro en la actualidad), bien como operadores móviles virtuales. Lo que es más importante aún, este crecimiento se ve acompañado, simultáneamente, con reducción en los precios de estos servicios debido a la mayor competencia existente y a la pugna por captar una mayor base de clientes. El Gráfico 6 muestra la evolución del ingreso medio, tanto en servicios de prepago como de pospago. Conviene no olvidar, sin embargo, que España sigue estando entre los países de la Unión Europea con mayores precios en los servicios de telefonía móvil. El Gráfico 7 muestra el coste de una cesta tipo de consumo de telefonía móvil21 en los países de la Unión Europea en el año 2005. España está por encima de la media con un coste cercano a los 50€ (ajustados a la paridad del poder adquisitivo o PPA) y es el tercer país más caro de UE-15 (sólo por debajo de los Países Bajos e Italia).

GRAFICO 6

GRÁFICO 7

COSTE TELEFONÍA MÓVIL 2005 - UE-25

España (Vodafone)

España (Movistar)

EU-25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

LV HU MT MT CZ SK CZ PL SK NL LV IT ES DE BE UK SI IT IE DE ES EE PT UE IE EL EL BE LT FR LT UK HU PL AT AT SI EE FR LU PT SE NL DK FI SE FI LU CY DK

PAÍSES

€ (

PP

A)

Fuente: Consumers in Europe. Facts and figures on services of general interest. Eurostat Statistical Book. 2007

La mayor competencia introducida en el sector explica que dos de los operadores de red tradicionales (Movistar y Orange) hayan visto reducida su cuota de mercado. A pesar de la aparición de nuevos operadores móviles virtuales (siete nuevos en el año 2007)

21 La cesta tipo se compone de un paquete de 75 llamadas de voz (36% a teléfonos fijos y 64% a móviles) y 35 mensajes de texto. La estadística muestra los paquetes más baratos de las dos operadoras dominantes en cada país.

motivada por la obligación de acceso impuesta por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en el año 2006, se puede decir que el mercado de la telefonía móvil en nuestro país sigue presentando una estructura de oligopolio. Esto es aún más evidente si medimos la cuota de mercado en términos de tráfico o de ingresos en lugar de líneas como se puede ver en el Gráfico 8.

GRÁFICO 8

Un indicio de estos comportamientos oligopolistas anti-competitivos se produjo en marzo de 2007. Los tres principales operadores modificaron entonces de forma simultánea su sistema de tarificación y elevaron el coste de establecimiento de llamadas tras aprobarse la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y los usuarios, que obligaba a facturar por segundos realmente consumidos y no por fracción de minutos. La Comisión Nacional de la Competencia ha iniciado un expediente sancionador contra las tres operadoras por prácticas colusorias contrarias a la competencia.

Independientemente de las posibles prácticas colusorias en el sector de la telefonía móvil o del poder de mercado de la empresa dominante en telefonía fija, lo cierto es que, si bien España ha experimentado un avance nominal en el proceso de liberalización de los servicios de telecomunicaciones, presenta también carencias destacables en cuanto a los beneficios finales a los consumidores en términos de precios (comparado con el resto de Europa) y servicio post-venta. El número de reclamaciones a las compañías de telecomunicaciones continúa creciendo año tras año. Sólo en el primer trimestre del 2008 se recibieron más de seis mil reclamaciones en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, lo que supone un incremento del 27% respecto al primer trimestre del año anterior.

3.2.4. El servicio postal. Si el caso de la liberalización en las telecomunicaciones puede utilizarse como

ejemplo de regulación relativamente reciente pero rápida en la introducción de competidores al antiguo monopolista público, la liberalización de los servicios postales podría servir como ejemplo de lo contrario. Las políticas de apertura a la competencia, dirigidas desde la Comisión Europea a través de dos directivas (la primera de ellas fue la Directiva 97/67/CE posteriormente enmendada por la Directiva 2002/39/CE), se iniciaron relativamente temprano pero no parecen haber servido para generar un incremento notable de competencia efectiva en este mercado a excepción, parcialmente, de los servicios de paquetería y de correo urgente. Para dar un mayor impulso a la liberalización de los servicios postales de los Estados Miembros, el Parlamento Europeo aprobó el 20 de febrero de 2008 la Directiva 2008/06/CE por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios.

Las normas comunitarias prevén la apertura completa del mercado postal de la UE a la competencia el 1 de enero de 2011. En España, la Ley 24/1998 de 13 de julio, del servicio postal universal y de la liberalización de los servicios postales reguló los servicios postales para garantizar el servicio universal a todos los ciudadanos a un precio asequible tratando, al mismo tiempo, de asegurar un ámbito de libre competencia en el sector conforme a las directrices europeas. En octubre de 2007 (Ley 23/2007) se crea la Comisión Nacional del Sector Postal como órgano regulador del servicio postal independiente. Sus principales funciones son: vigilar la prestación del servicio postal universal de calidad, proteger los derechos de los ciudadanos en materia de servicios postales, preservar la transparencia del mercado y garantizar el acceso abierto a la red pública. Desde el año 2001 Correos, antiguo monopolio público de los servicios postales, se constituye en Sociedad Anónima Estatal no dependiente del Ministerio de Fomento.

España está entre los países de la Unión Europea con menor nivel de utilización efectiva de los servicios postales, lo que puede ayudar a entender el escaso grado de competencia que se ha alcanzado en el sector a pesar de la creciente liberalización del servicio. A esto se une la excesiva atomicidad de las empresas que compiten con Correos en los servicios postales tradicionales22. Unipost, con un 8% del volumen de envíos en el mercado postal tradicional, es la única empresa privada con cierta entidad que parece bien situada para competir con Correos (un 90% de cuota) cuando se produzca la apertura total del mercado. En este sentido, se han tomado medidas para regular el acceso a la red postal pública por parte de empresas privadas mediante el pago de una tarifa. Hasta el momento, sin embargo, sólo una empresa de reducido tamaño y de ámbito local ha firmado contrato con Correos en este sentido.

En el ámbito de los servicios de mensajería y paquetería, los que presentan un mayor margen de rentabilidad para las empresas, se ha producido un claro incremento de la competencia al antiguo monopolista público. Sin embargo, es preciso matizar esta afirmación, puesto que el grado de concentración en este segmento es relativamente elevado. Más del 60% de la facturación total en el mercado se reúne en las tres primeras empresas, si bien es cierto que Correos (a través de su empresa de servicios de paquetería Chronoexpress) sólo mantiene una cuota del 5%.

En definitiva, aunque la liberalización total (con la salvaguardia del servicio universal) del mercado postal en Europa esté programada para el año 2011 y ya se haya puesto gradualmente en marcha en nuestro país, se puede decir que sigue existiendo una situación de virtual monopolio en el servicio postal tradicional y de oligopolio en los servicios de mensajería y courier. Los hipotéticos beneficios de la liberalización bajo estructuras de mercado tan concentradas, con barreras de entrada aún existentes y subsidios cruzados en la empresa pública dominante, en un contexto de crecimiento débil de la demanda23, no está claro que vayan a materializarse de forma indiscutible en términos de mayor eficiencia económica.

3.3. LAS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Como ya mencionamos en la primera sección de este capítulo, las actividades de innovación que realizan las empresas pueden presentar una serie de fallos de mercado que justifiquen la intervención pública, siempre y cuando los propios fallos del sector público no sean superiores a los efectos adversos del mercado que se pretenden corregir24. Aunque en un capítulo anterior de esta obra25 ya se han analizado los aspectos básicos del proceso

22 Estos servicios excluyen la reserva interurbana de servicio postal universal encargada a Correos. Los envíos postales de estas empresas privadas se centran básicamente en la correspondencia empresarial y la publicidad directa.23 No olvidemos que actualmente el correo físico, a diferencia de las telecomunicaciones y el correo electrónico, no es un correo que genere respuesta a través del propio correo físico. Este hecho fundamental limita notablemente el crecimiento de su demanda. Véase Pateiro Rodríguez (2003).24 En el el capítulo 16 de Cuadrado et al. (2005) se analiza en mayor extensión la justificación y los tipos de intervención pública en innovación tecnológica.25 Véase el capítulo 6 sobre Capital y Tecnología

innovador en nuestro país y de su comparación con los países de nuestro entorno, en este apartado vamos a esbozar las principales políticas microeconómicas que han tratado de crear incentivos en las empresas hacia la innovación. No obstante, de forma resumida, se puede afirmar que esta es una asignatura pendiente en nuestro país dados los pobres niveles de innovación e investigación que alcanzamos en el contexto internacional en relación con nuestra capacidad potencial.26

En general, se puede decir que hay tres tipos de políticas de innovación:

a) Por una parte, el Estado puede llevar a cabo directamente actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para tratar de compensar los niveles privados socialmente reducidos debido a la característica de bien público y de externalidad positiva que presenta la innovación. Esta actividad innovadora pública se realiza principalmente por las universidades y centros de investigación, así como en empresas creadas por el Estado o que mantienen relación directa con los centros públicos de investigación (las llamadas spin-off, o empresas creadas en el seno de otra empresa previa y que ayudan a transferir el conocimiento al resto del tejido empresarial del país).27

El VI plan nacional de I+D+i 2008-2011 aprobado por el gobierno, cuenta entre sus líneas instrumentales de actuación con una serie de medidas destinadas a incrementar los recursos del Estado en I+D+i tanto en investigación fundamental, investigación aplicada, proyectos de desarrollo experimental y proyectos de innovación. En el año 2006, se aprobó igualmente dentro del Plan Nacional de Reformas, el programa INGENIO2010. Entre los objetivos explícitos de estas medidas está alcanzar el 2% del PIB en I+D para el año 2010. Los ejes principales del programa son tres: el programa CENIT para grandes proyectos de investigación público-privada (se han destinado 150 millones de Euros en el año 2007 para este programa); el programa CONSOLIDER, que financia proyectos de larga duración (5-6 años) y de gran tamaño (1-2 millones de Euros) que pretende aumentar la masa crítica y la excelencia investigadora formando grandes grupos de investigación; y el plan AVANZA que busca alcanzar la media europea en los indicadores de la Sociedad de la Información.

b) Una segunda forma de política es apoyando las actividades de innovación que realizan las empresas, las universidades y los centros de investigación . Esta ayuda puede materializarse mediante subsidios directos, créditos preferenciales o ayudas y garantías en los canales privados de financiación, difusión de las innovaciones, etc. En nuestro país se han adoptado numerosos programas en esta línea. En el Recuadro 1 se muestra una relación de los principales programas de incentivos a la innovación empresarial que están actualmente en vigor. Conviene, en este caso, tener presente que estas medidas tratan de incentivar la innovación privada por parte de las empresas para corregir el insuficiente nivel de investigación que de manera autónoma deciden realizar. Esto implica un cierto grado de discrecionalidad a la hora de decidir qué tipo de empresas van a recibir estos incentivos y la posibilidad de que se tomen como sectores estratégicos susceptibles de apoyo, aquéllos que despierten un mayor interés político. Lo cierto es que en España, la mayoría de las ayudas han sido dirigidas hacia pequeñas y medianas empresas (las más numerosas en nuestro país). Una parte significativa de este apoyo selectivo hacia la actividad innovadora, consiste en favorecer el desarrollo de servicios especializados externos que puedan utilizar las empresas que, por razón del tamaño o de gestión, no tienen suficiente capacidad de innovación interna. Del mismo modo, otro de los objetivos de la mayor parte de estas políticas, es facilitar la creación de clusters o agrupamientos empresariales, las cadenas de valor y las redes de empresas que puedan así internalizar los beneficios de las actividades de I+D+i realizados de manera cooperativa. En relación a estas políticas, los instrumentos públicos de apoyo a la innovación tecnológica deben mantener un complicado equilibrio entre fomentar la colaboración

26 España está por muy debajo de la media europea en porcentaje del PIB destinado a I+D, nuestras empresas no ocupan puestos significativos en inversión tecnológica y producimos diez veces menos patentes que Francia o Reino Unido.27 No deja de ser significativo en este sentido que el recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación haya integrado en sus funciones la política universitaria, la investigación científica y tecnológica y la innovación.

empresarial para generar más innovación y vigilar que esa cooperación no resulte en comportamientos colusorios contrarios a la competencia.

c) Finalmente, el propio marco normativo y regulatorio en el que operan las empresas puede facilitar la actividad innovadora. Este tipo de medidas tienen un carácter más neutral (no van dirigidas hacia ningún sector o empresa particular) y pretenden definir las bases legales y reglamentarias que incentiven a las empresas a realizar mayores esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación. La política de patentes, la eliminación de trabas burocráticas a las actividades de innovación, las desgravaciones fiscales por el gasto en I+D o la difusión de información son algunos de los ejemplos de este tipo de medidas. En España existe desgravación fiscal en el impuesto de sociedades por actividades de investigación tecnológica e innovación. Adicionalmente, se ha creado un sistema de bonificaciones a la Seguridad Social de hasta un 40% por el personal investigador contratado. Se han creado igualmente una serie de puntos de información sobre líneas de apoyo a las empresas en sus actividades innovadoras. Se han reducido los trámites burocráticos a la hora de solicitar subvenciones destinadas a fomentar la investigación, el desarrollo o la innovación tecnológica. Se ha dado un impulso a la compra pública de tecnología y a la administración electrónica a través de un servicio de ventanilla única que centralizará todas las ayudas públicas a la I+D+i empresarial (disponible desde 2009). Finalmente, se ha creado un sistema integral de seguimiento y evaluación (SISE) a modo de observatorio permanente del sistema español de ciencia y tecnología. Estos son solamente algunos de los ejemplos de este tipo de regulaciones generales que tratan de impulsar el ánimo investigador de las empresas españolas.

En conclusión, se puede decir que desde la Administración Central y desde las distintas Administraciones Autonómicas se está realizando un considerable esfuerzo por promocionar e incentivar el desarrollo tecnológico en nuestro país. Los resultados preliminares de las políticas puestas en práctica parecen indicar un claro crecimiento en una serie de indicadores (aumento significativo del número de patentes solicitadas, crecimiento de las TIC por encima de la media europea así como del comercio electrónico, etc.) Sin embargo, los niveles de partida son tan bajos que no es de extrañar este crecimiento. Queda por comprobar si en los próximos años podremos cumplir algunos de los objetivos explícitos establecidos por las Administraciones. Sin duda, las políticas destinadas a mejorar la situación tecnológica e innovadora de España han de tener un alto rendimiento para justificar su existencia. El problema que subyace a estas medidas, es su largo plazo de retorno y su especial debilidad en situaciones de ciclo recesivo en las que ni las administraciones públicas, obligadas a contener sus gastos, ni las propias empresas encuentran el entorno apropiado para aumentar sus niveles de inversión en investigación, desarrollo e innovación.

RECUADRO 1POLÍTICAS DE APOYO A LA I+D+i EMPRESARIAL PARA PYMES

La Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas (DGPYME) recoge los distintos programas de apoyo a la I+D+i actualmente vigentes en nuestro país. Los programas pueden diferenciarse según el objetivo perseguido. Programas que favorecen el desarrollo de centros tecnológicos que puedan usar las

empresas: Proyectos de investigación aplicada - subprograma de Centros Tecnológicos.

Ayudas a los centros tecnológicos para desarrollar proyectos de Investigación Aplicada (proyectos consistentes en la investigación planificada o los estudios críticos encaminados adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes).

Proyectos de desarrollo experimental - subprograma de Centros Tecnológicos. Ayudas a los centros tecnológicos para desarrollar proyectos de desarrollo

experimental (proyectos destinados a la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados).

Programa nacional de internacionalización de la I+D - subprograma de apoyo a la participación de empresas y centros tecnológicos en programas internacionales de I+D. Dentro de este subprograma una de las modalidades de actuación que se contempla es la iniciativa INNOEUROPA, destinada a apoyar la participación de los Centros Tecnológicos en el VII Programa Marco de I+D de la UE.

Programa de infraestructuras cientifico-tecnológicas - Subprograma de Creación y Consolidación de Centros Tecnológicos (CREA). Su objetivo de reducir el desequilibrio entre la localización de los Centros Tecnológicos existentes y el tejido empresarial, al mismo tiempo que se garantice que los nuevos Centros Tecnológicos recojan o estimulen la aparición de demanda adicional y no reduzcan la demanda de los existentes

Programa Consorcia. Pretende fomentar la cooperación entre centros tecnológicos de distintas CC.AA.

Dentro de los programas de estímulo a la actividad de I+D+i por las Pymes, destaca principalmente uno.

Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas "InnoEmpresa" (2007-2013). Forma parte de las líneas previstas en el Plan de Fomento Empresarial del año 2006. Tiene el objetivo de mejorar la capacidad de innovación de las empresas. Es un programa ambicioso con un presupuesto estimado de 500 millones de euros para el periodo 2007-2013. Las estimaciones realizadas sitúan en 11.000 el número de proyectos y en 60.000 el número de empresas que podrán verse beneficiadas, pudiendo alcanzar los 1.500 millones de euros la inversión privada inducida por las ayudas del programa

En la línea de apoyo a la creación de clusters o agrupaciones empresariales y afianzar la colaboración empresarial en materia de I+D+i destaca el: Programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI).

Supone un conjunto de medidas de identificación, registro y seguimiento y financiación de los grupos de empresas que colaboren en la actividad innovadora.

Finalmente, como medidas de apoyo financiero y a la formación de nuevas empresas innovadoras se han aprobado los siguientes programas: La Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) es una empresa pública

adscrita a la DGPYME que ofrece préstamos participativos como fórmula de cofinanciación a largo plazo sin interferir en la gestión de las empresas. La particularidad es que ofrece tipos de interés variables en función de la evolución de la actividad de la empresa. Además otorga los Premios ENISA a la innovación

La Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) facilita el acceso a las pymes a la financiación mediante la cobertura parcial de los riesgos asumidos por las Sociedades de Garantía Recíproca que son las que avalan los préstamos otorgados por entidades de crédito para financiar proyectos empresariales.

Programa de apoyo a las jóvenes empresas innovadoras (JEI). Enmarcado deltro del Programa de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, trata de estimular, mediante subvenciones, la entrada de nuevas empresas en sectores emergentes de avance tecnológico así como favorecer la contratación de personal investigador, de personal de apoyo a la investigación y de servicios externos por parte de las JEIs.

Constitución por Internet de Sociedades Limitadas (CIRCE). Con este programa se facilita a todas las sociedades limitadas la tramitación telemática de su constitución como nueva empresa. A través de un Punto de Asesoramiento e Inicio de de Tramitación (oficinas PAIT) se prestan servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales

4. RESUMEN DE CONTENIDOSLas políticas microeconómicas tratan de corregir las deficiencias o carencias de mercados particulares en los que se produzcan situaciones de poder de mercado, externalidades, bienes públicos o información asimétrica entre los agentes y que generen pérdidas irrecuperables de eficiencia. En la práctica, además, la intervención del Estado a nivel microeconómico también viene justificada en numerosos casos por razón de la equidad distributiva o la universalidad de acceso a ciertos bienes y servicios.

En este capítulo hemos presentado los rasgos básicos de algunas de las políticas microeconómicas más importantes en el contexto actual de la economía española. La dificultad de obtener datos desagregados que permitan un análisis empírico riguroso, la multiplicidad de instancias públicas de distinto nivel que intervienen en algunos de estos mercados (locales, autonómicas, nacionales, europeas,…) y la confluencia de distintos objetivos (no siempre complementarios) en el diseño e implementación de estas políticas complican sobremanera el estudio de este tema y la obtención de conclusiones generales aplicables a todos los mercados.

En el sector de la distribución comercial y el comercio minorista, nuestro país presenta una regulación atomizada y variante según la Comunidad Autónoma de que se trate. En términos generales, sin embargo, se puede decir que la existencia de diversas barreras a la entrada, generalmente de tipo administrativo y burocrático, que pretenden, teóricamente, beneficiar al pequeño comercio tradicional o limitar el poder de las grandes superficies, parecen haber provocado, más bien, los efectos justamente contrarios, reforzando el poder de mercado de las empresas ya establecidas, perdiendo la oportunidad de generar ganancias de eficiencia en el sector.

Las industrias de red, caracterizadas tradicionalmente por aproximarse a un modelo de monopolio natural que aconsejaba la provisión o la regulación públicas intensivas, están experimentando en las últimas décadas, un proceso de liberalización y apertura a la competencia. Este proceso, no obstante, es relativamente desigual según los mercados de que se traten. Así por ejemplo, el sector del transporte aéreo y el de la telefonía móvil son los que han mostrado un mayor incremento de la competencia. Por el contrario, el transporte por ferrocarril, la telefonía fija o los servicios postales, avanzan a un ritmo mucho más pausado en este sentido, aunque la normativa ya esté aprobada. En cualquiera de estos mercados, sin embargo, sigue habiendo margen para la introducción de medidas de fomento de la competencia y, al mismo tiempo, de garantía de acceso universal a los ciudadanos que permitan mayores reducciones de precios y ganancias de eficiencia.

Finalmente se han esbozado algunas de las políticas de innovación tecnológica que se utilizan en nuestro país. Bien sea a través de la propia investigación desde las administraciones públicas (financiando los centros de investigación), bien por medio de políticas específicas de fomento a la iniciativa empresarial o bien a partir de marcos normativos generales que fomenten este tipo de actividades, el Estado trata de mejorar el nivel, secularmente bajo, de la iniciativa innovadora en nuestro país. Los resultados parecen dejar margen al optimismo pero la sensibilidad de este tipo de políticas al ciclo económico y la discrecionalidad en su aplicación, no siempre dirigida por argumentos económicos si no más bien políticos y estratégicos son algunas de las sombras que conviene aclarar en el futuro en este tipo de intervenciones.

En general puede decirse que, dado el estrecho margen de maniobra en políticas macroeconómicas clásicas que le ha quedado a las autoridades nacionales tras el proceso de integración en Europa, las políticas microeconómicas de intervención y regulación en mercados particulares parece ser una alternativa tan conveniente como necesaria para mejorar las condiciones de competitividad y productividad de la

economía española y garantizar el crecimiento a largo plazo estable y sostenido en los próximos años.

5. TEMAS DE DISCUSIÓN Y PROPUESTA DE TRABAJOS

5.1. TEMAS DE DISCUSIÓNo Efectos microeconómicos de las medidas macroeconómicas y efectos

macroeconómicos de las políticas microeconómicaso Los supuestos del primer teorema fundamental de la economía del bienestar:

valoración crítica sobre su realismo y relación con los fallos de mercadoo Los fallos del sector público en la intervención microeconómica y su relación

con los fallos de mercado.o Justificación de la normativa sobre el sector comercial y efectos perversos de

esa normativa. o Fundamentos para la intervención pública en el transporte por ferrocarril.o Impedimentos a la mayor competencia en el transporte aéreo.o Prácticas anti-competitivas en el sector de la telefonía.o Potenciales problemas de introducir la competencia en los servicios postales.o Los fallos de mercado en la actividad de I+D+i de las empresas.o Las políticas de innovación tecnológica: posibles efectos contrarios a la

eficiencia.5.2. TRABAJOS

o Realizar un análisis gráfico de la eficiencia de los mercados y de los fallos de mercado.

o Buscar ejemplos de políticas microeconómicas, hacer una relación de los fundamentos que las justifican y encontrar posibles efectos perversos y objetivos contrapuestos

o Escoger una Comunidad Autonóma y analizar su política sobre distribución comercial y relacionarla con los datos del sector.

o Realizar un análisis sobre la situación coyuntural del comercio al por menor. o La estructura del sector del ferrocarril en España.o El sector del ferrocarril en Europa: comparativao Estudio sobre las compañías aéreas de bajo coste en España.o El transporte de mercancías y viajeros en Españao Estudiar y clasificar por sectores las diez últimas resoluciones de la Comisión

Nacional de la Competenciao Estudiar en detalle alguno de los programas de ayuda a la innovación

tecnológica mencionados en el texto.

6. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERNET

6.1. BIBLIOGRAFÍA CITADA

Bator, F. 1958. “ The anatomy of market failure ”. Quarterly Journal of Economics, 72 (3), 351–379Bel, G. 2004. “Estado ¿versus? Mercado”. Estudios de Economía Aplicada. 22 (2) Berenguer, L. 2007. “La competencia: un compromiso con el mercado”. Conferencia dada en el Club Siglo XXI el 12 de noviembre de 2007. Cuadrado, J.R., y otros autores. 2005. “Política Económica: Elaboración, Objetivos e Instrumentos” 3º Edición. Editorial McGraw-Hill. MadridDe Jorge Moreno, J. 2006. “ Regional regulation analysis of performance in Spanish retailing”. International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 34..Llanos Matea, M. 2002. “Consideraciones en torno a la regulación de las industrias de red”. Economía Industrial, nº 344.

Llanos Matea, M. y Ortega, E. 2005. “Políticas Microeconómicas”. Capítulo 18 de “El análisis de la Economía Española”. Servicio de Estudios del Banco de España.Llanos Matea, M. y Mora, J. S. 2007. “Una aproximación a la regulación del comercio al por menor a partir de indicadores sintéticos” Boletín Económico del Banco de España. Octubre de 2007.Mas-Colell, A., Whinston, M., Green, J., Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.Pateiro Rodríguez, C. 2003. “El proceso y el modelo liberalizador del sector postal en la Unión Europea. Referencia al caso de España.” Información Comercial Española. Revista de Economía. Nº 808 (Ejemplar dedicado a Infraestructuras, transportes e industrias de red).Winston, C. 2006. “Government Failure vs. Market Failure”. AEI – Brookings Joint Center for Regulatory Studies. Washington. D.C.

6.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

En general, los procesos de introducción de competencia en los mercados son analizados rigurosamente por la Comisión Nacional de la Competencia (y anteriormente por el Tribunal de Defensa de la Competencia) en sus informes periódicos. En particular puede consultarse el reciente informe: “Recomendaciones a las Administraciones Públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia”. Informe I26/7/08

En relación a las políticas sobre el comercio minorista:- Pueden consultarse los Boletines Económicos de ICE anuales sobre el sector

de la distribución comercial.- Véase el nº 828 (Enero- Febrero de 2006) de Información Comercial

Española. Revista de Economía sobre Tendencias de la distribución comercial en el ámbito internacional. Especialmente el trabajo de Ignacio Cruz Roche y Javier Oubiña Barbolla: “Estructura de competencia y dispersión de precios en el comercio minorista”.

- Véase en el número 841 (Marzo-Abril de 2008) de Información Comercial Española. Revista de Economía el trabajo de Justo de Jorge Moreno y Cristina Suárez Gálvez. “Evaluación de la eficiencia y la productividad de las empresas de distribución minorista en el período 1996-2002”.

- Véase el Informe sobre las condiciones de de competencia en el sector de la distribución comercial (I 100/02). 2002. Elaborado por el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia.

- Puede consultarse el Plan de actuación de comercio interior aprobado en el año 2005 por la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

En relación a los mercados que se desarrollan como industrias de red (transporte, telecomunicaciones y servicio postal):

- Puede consultarse el trabajo de Maria Belén Rey Legidos: “Estructura de mercado y eficiencia empresarial en el transporte aéreo” en Información Comercial Española. Revista de Economía (Ejemplar dedicado a Infraestructuras, transportes e industrias de red), nº 808.

- El trabajo de Bel, Calzada y Fageda: “Liberalización y Competencia en España: ¿Dónde estamos?” hace una revisión de los procesos de liberalización en energía, telecomunicaciones, servicio postal y transporte aéreo. Puede consultarse en Información Comercial Española. Revista de Economía Nº 829 (Marzo-Abril de 2006) sobre Productividad y competitividad de la economía española.

- Información Comercial Española. . Revista de Economía. Nº 808 (Julio de 2003) Ejemplar dedicado a Infraestructuras, transportes e industrias de red

- Para tener una visión global del proceso de liberalización en la Unión Europea puede consultarse el artículo de Mehmet Ugur: “Liberalisation of Network Industries in the European Union: Evidence on Market Integration and Performance”. European Union Studies Association (EUSA) Conferencia Bienal celebrada en mayo de 2007.

- Sobre el mercado de telecomunicaciones véase: Información Comercial Española. . Revista de Economía Nº 832. (Sept-Oct de 2006) sobre Telecomunicaciones y Audiovisual: regulación, competencia y tecnología.

- La Comisión Europea publicó en 2007 el “Informe de Evaluación sobre el desempeño de las industrias de red que proveen servicios de interés económico general” (European Economy. Nº 1. 2007. Directorate-General for Economic and Financial Affaire. European Commission )

- En relación a la liberalización del ferrocarril se puede consultar el “Informe sobre la liberalización del Ferrocarril” Marzo de 2006. Comisión de Transportes. Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos.

- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones publica anualmente un completo informe sobre el sector de las telecomunicaciones.

- El Ministerio de Fomento publica periódicamente documentación sobre el sector postal español. Véase en particular el informe final: “El Impacto sobre el Servicio Universal de la Plena Realización del Mercado Interior Postal en 2009” realizado por Price Waterhouse Coopers así como la Memoria del Sector Postal Español de 2005.

Sobre la política de innovación tecnológica se pueden consultar las siguientes referencias:- Información Comercial Española. Revista de Economía Nº 841. (Marzo-

Abril 2008): El papel de los emprendedores en la economía. En particular véanse los trabajos de María Callejón Fornieles y Laia Castany Teixidor: “Iniciativa emprendedora, innovación y competitividad” y de Miguel Ángel Galindo Martín y María Teresa Méndez Picazo: “Emprendedores y objetivos de política económica”

- En Información Comercial Española.. Revista de Economía Nº 838 (Septiembre- Octubre de 2007) puede consultarse el trabajo de Esteban García-Canal, Alex Rialp-Criado y Josep Rialp-Criado: “ Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y crecimiento de la empresa”.

- El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica trimestralmente la Revista de Economía Industrial. El Numero 363 (2007) “Emprendedores e innovación en España. La actividad emprendedora, eje de la política industrial”, así como el reciente Número 368 (2008): “La innovación en la economía y en la empresa. La innovación y el ámbito económico”, contienen numerosos artículos de interés sobre la política de innovación tecnológica en nuestro país.

6.3. ENLACES DE INTERNET

Enlace a la Revista de Economía Industrial del Ministerio de Industria, turismo y comercio: http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/Publicaciones/RevistaIndustrial.htmEnlace a Información Comercial Española. Revista de Economía: http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/RevistasICE/ICESP001.htmLos informes de la Comisión Nacional de la Competencia pueden consultarse en: http://www.cncompetencia.es/index.asp?m=12&p=La Asociación Española de Centros Comerciales publica estadísticas, informes y noticias sobre el sector de la distribución comercial en España: http://www.aedecc.com/index.asp?cadena=20081015211129

Los documentos y estadísticas relativos al sector de ferrocarril en la página del Ministerio de Fomento pueden obtenerse en el siguiente enlace: http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/FERROCARRILES/

El enlace a los documentos sobre el sector aéreo es: http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/AVIACION_CIVIL/La regulación postal así como los informes, memorias y estadísticas del sector pueden descargarse en: http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/SERVICIOS_POSTALES/El Ministerio de Fomento también presenta información estadística a través de su Boletín Estadístico y su Boletín on-line. Puede consultarse en: http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/INFORMACION_ESTADISTICA/Las estadísticas sobre Comercio pueden consultarse en distintas páginas del Instituto Nacional de Estadística:- Índices de comercio al por menor: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?

type=pcaxis&path=%2Ft09/p103&file=inebase&L=0- Directorio Central de Empresas (DIRCE):

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37/p201&file=inebase&L=0- Encuesta Anual de Comercio: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?

type=pcaxis&path=%2Ft09/e01&file=inebase&L=0El Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica datos e informes sobre las compañías aéreas de bajo coste (CBC): http://www.iet.tourspain.es/paginas/FrmCBC.aspx?idioma=es-ES&option=otrEn http://www.derecho.com se puede acceder al texto legal de la normativa estatal y europea (directivas) referida en el capítulo.La OCDE publica informes y estudios sobre el estado de la política de competencia y regulación en numerosos países pertenecientes a la organización: http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37463_1_1_1_1_37463,00.htmlLa página de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es http://www.cmt.es . En ella se pueden descargar las memorias anuales del sector (http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=publi_anuales)En la página del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia e Innovación puede accederse a los programas de innovación tecnológica en vigor: http://www.csic.es/index.do