Documento de discusión

DINÁMICAS TERRITORIALES RURALES EN BOLIVIA

Tarija: dinámicas territoriales y formación de territorioen contextos de expansión de industrias extractivas

(Informe de la Fase 2A. Versión post-taller Lima)1

Universidad de Manchester, Fundación Tierra, CER-DET2

Leonith Hinojosa, Juan Pablo Chumacero, Guido Cortéz,Anthony Bebbington, Denise Humphreys Bebbington3

Manchester y La Paz, Noviembre 2009.

1 Una versión previa de este informe fue presentada en el taller de Coordinadores del Programa DTR en Lima (9-11 Noviembre 2009). Este informe incluye modificaciones en base a su discusión. Los autores agradecen las contribuciones recibidas de los asistentes al taller.

2 Este documento es resultado de la colaboración entre el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural (Rimisp), el Proyecto Territorio, Conflictos y Desarrollo en los Andes (TCD-Andes) de la Universidad de Manchester, la Fundación Tierra y el Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CER-DET), en el marco del programa Dinámicas Territoriales Rurales, financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Este trabajo también se beneficia de información producida previamente en el programa TCD-Andes (con soporte financiero del ESRC) y del trabajo institucional de CER-DET. El proyecto DTR en Bolivia es coordinado por Anthony Bebbington; la redacción de este informe fue coordinado por Leonith Hinojosa. Dirección para correspondencia: Leonith.hinojosa@manchester.ac.uk

3 Anthony Bebbington, Leonith Hinojosa y Denise Humphreys Bebbington son investigadores principales de la Universidad de Manchester, Juan Pablo Chumacero es de la Fundación Tierra y Guido Cortéz es de CER-DET.

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Contenido

1. Introducción

Preguntas de investigación y postuladosMetodología para la fase 2AIncidencia

2. Marco conceptual para entender dinámicas territoriales rurales en contextos de expansión de industrias extractivas de hidrocarburos

Construcción de territorios y proyectos territoriales

3. El contexto nacional y regional

El contexto de economía política ligada al gas a nivel regionalPrincipales actores y alianzas en Tarija – y sus aparentes proyectos territorialesPercepciones sobre cambios medioambientales en Tarija

4. La economía política de los hidrocarburos en Tarija y sus repercusiones territoriales en los municipios de Entre Rios, Caraparí y Villa Montes

Los efectos del gas sobre la formación y cambio de organizaciones y alianzas en TarijaLos varios proyectos territoriales desde una perspectiva regionalAproximación a las dinámicas territoriales rurales en Entre Rios, Carapari y Villa Montes

5. Conclusiones de la Fase 2A

Definición del marco conceptualSelección final de territorios

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1. Introducción

Las dinámicas territoriales rurales no pueden ser entendidas de manera aislada. Por un lado, las dinámicas de un territorio interactúan con aquellas de otros territorios; por otro lado, los procesos supra-territoriales – regionales, nacionales e internacionales – inciden en las dinámicas de territorios específicos. Si bien estas observaciones son aplicables a cualquier territorio, parecen aún más importantes para entender los territorios bolivianos cuyas dinámicas han sido sujetas a un conjunto de cambios políticos nacionales durante los últimos quince años. Son hitos fundamentales de su historia reciente las reformas institucionales promovidas por la coalición en el gobierno MNR-MBL (1993-97) bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, la que incluyó la reforma de la constitución, la ley de capitalización, la reforma educativa, la ley para la descentralización y la ley agraria. En particular, la reformulación del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el régimen de distribución de tierras (conocida como la ley INRA),4 así como el proceso de descentralización administrativa y fiscal iniciado con la Ley de Participación Popular en 1994, posibilitaron que las municipalidades tengan mayor presencia en el área rural.5

Acompañaron a este proceso de reforma institucional una sucesión de políticas macro-económicas, tanto neoliberales como nacionalistas/populistas, cuyos efectos repercutieron en la relación entre el país y sus territorios. De esta relación – en muchos momentos tensa y de disputa política – se fueron dando nuevas formas de reforzamiento del patrón primario exportador que históricamente ha caracterizado a Bolivia, pero con una nueva ola de políticas orientadas a promover la inversión en gran infraestructura ligada a la expansión de las industrias extractivas (hidrocarburos y minería). Aunque en determinados momentos estas políticas no habrían estado orgánicamente vinculadas,6 con la expansión, los acuerdos – explícitos e implícitos – entre gobierno y empresas mostrarían cada vez mayor conexión entre crecimiento de los sectores minerales y la inversión en infraestructura. Ambos tendrían consecuencias en la reconfiguración de territorio.

La lógica económica que estaría a la base de este modelo primario exportador es la tradicional, i.e. promover un desarrollo basado en las ventajas comparativas, tanto a nivel nacional como de ciertos territorios al interior del país. La justificación social que se presenta en este modelo de desarrollo es la de generación de recursos fiscales que se derivan de las industrias extractivas, necesarios para enfrentar la recurrente situación de pobreza que afecta de forma significativa al conjunto del país, pero que está especialmente localizada en el área rural. El argumento geopolítico para una política nacional de desarrollo basado en las industrias minerales ha sido el de buscar garantizar la auto-suficiencia energética y el control de los recursos generados en la cadena de explotación de los minerales – en particular de los hidrocarburos.

4 Ley N° 1715 de Octubre 18, 19965 Antes de la Ley de Participación Popular las municipalidades del país solo tenían jurisdicción sobre áreas urbanas (Farfan, 2004) Habitat International 28 (2004) 221–230.6 Por ejemplo, entrevistas en el BID (inclusive con la Directora para la Región Andina) y con el Secretariado de La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) insisten, repetidamente, que no existió ninguna relación entre las inversiones previstas por IIRSA y el sector extractivo (entrevistas AB, abril 2008, Washington DC).

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En Bolivia, este modelo de desarrollo basado en ventajas comparativas fue reformulado e incluido dentro de los programas de ajuste estructural promovidos por el Banco Mundial desde la década de 1980 (Onorato et al 1998, World Bank 1996) con una orientación explícita de abrir la economía a las inversiones internacionales de gran escala. Además de los beneficios esperados del ingreso de capitales a una economía que estaba en el colapso después de la caída de precios de los minerales, el impulso a la explotación de hidrocarburos es presentado como una alternativa a la minería. Además de su aporte en ingresos (World Bank 2005) se promueve la inversión en el sector de hidrocarburos porque este podría darse en condiciones de mayor sostenibilidad ambiental que en el caso de la minería metálica (Homer 1993, World Bank 2001).

Mucha de esta visión positiva de la riqueza mineral ha sido ampliamente contestada sobre la base de la hipótesis de la ‘maldición de recursos’ (c.f. Auty 1993, 2001; Karl 1997) con argumentos económicos y políticos y recientemente ampliada en una perspectiva de tipo más socio-ambiental y ‘territorializada’ (Bebbington et al 2008). De forma general, los puntos que se levantan tienen que ver con las consecuencias económicas y políticas de las inequidades que se generan con la expansión de industrias extractivas y la distribución de los beneficios y costos provenientes de ellas. Los casos registrados de conflicto entre comunidades y empresas y comunidades y Estado se dan en buena cuenta por el negativo impacto de estos costos sobre la sostenibilidad de estrategias de vida de las poblaciones rurales afectadas y/o por el poco impacto positivo que se registra al reproducirse una ‘maldición de recursos a nivel local’.Entre los diversos factores que explicarían este fenómeno se sugiere que las pocas capacidades locales no permiten dar buen uso a los recursos fiscales provenientes de las industrias extractivas; también que la formación de coaliciones de intereses buscan controlar el acceso a, y el uso de, las rentas generadas por la actividad extractiva.7

La investigación Dinámicas Territoriales en Bolivia busca entender las relaciones que existen entre la expansión de industrias extractivas y las dinámicas económicas, socio-políticas e institucionales que se dan dentro de los territorios del sureste del país. Al mismo tiempo, busca entender cómo estas relaciones terminan construyendo territorios. Dentro de tales factores explicativos del desarrollo territorial diferenciado se investiga el papel que juegan los agentes socioeconómicos, a través de sus interacciones en coaliciones, así como las instituciones que son promovidas por dichas coaliciones y que afectan tanto la distribución como la utilización y utilidad de los recursos financieros provenientes del sector hidrocarburos.

Además de la producción de conocimiento, esta investigación busca que los resultados de investigación informen el debate público sobre la necesidad de generar políticas de

7 Similar argumento fue presentado para el caso peruano por J. Arellano (presentación sobre casos de conflictos locales en Peru) en el 3er seminario del Programa TCD Andes (Oct. 2008, Londres).

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desarrollo rural que no solo estén orientadas al crecimiento económico, sino también a la inclusión social y una gobernanza medioambiental responsable.

Este informe esta dividido en cinco partes. Esta sección introductoria presenta la investigación, sus objetivos, preguntas, supuestos y metodología seguida para la identificación de territorios. La segunda sección presenta los lineamientos básicos del marco conceptual que orienta nuestro trabajo. La tercera sección pone el tema de investigación en su contexto nacional y regional y presenta un mapeo de actores a nivel regional. La cuarta sección presenta un primer avance de análisis de las repercusiones de economía política de la expansión de la industria de hidrocarburos en tres territorios explorados durante la fase 2A de la investigación, las secciones municipales de Entre Rios, Caraparí y Villa Montes. La quinta sección concluye con la selección definitiva de territorios seleccionados a ser estudiados a profundidad en la fase 2B y los puntos más salientes de reflexión del trabajo realizado en la fase 2A.

Preguntas de investigación y postulados

El problema descrito nos sugiere investigar las siguientes preguntas y postulados:

Pregunta central:

En un contexto donde ha habido inversión en gran infraestructura y hay presencia significativa de industrias extractivas ¿qué factores influyen para que los territorios ricos en recursos hidrocarburíferos muestren dinámicas territoriales diferentes y cómo estos factores se diferencian entre territorios?

Postulados centrales

Siendo que el crecimiento inclusivo es un discurso común a todo el territorio del Chaco Tarijeño, pero que, no obstante la disponibilidad de recursos fiscales en gran parte del Chaco, hay un dinamismo que se observa solo en algunos municipios (por ejemplo en Villamontes y Entre Rios) y no en otros (como Caraparí), postulamos que un factor fundamental que explica las diferencias en niveles de crecimiento y bienestar son las coaliciones que logran influir y dar soporte a los gobiernos locales, las mismas que también ejercen influencia en las acciones de las empresas. Entre territorios dinámicos y no dinámicos, tales coaliciones se diferencian de forma cualitativa en base al proceso de formación institucional previo al establecimiento de la industria extractiva.

También postulamos que esta capacidad de influencia depende del poder que estas coaliciones tienen en relación con otras y que este poder se basa en el acceso y control de activos (capital natural [tierra y otros recursos naturales], capital humano [conocimiento], capital financiero, capital social [relaciones sociales] y capital político).

Preguntas y postulados específicos

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Pregunta específica 1: Qué características tienen las coaliciones que dan soporte a las administraciones de gobiernos locales en Villamontes y Entre Ríos?

Postulado1a: Las coaliciones en Villamontes y Entre Rios identifican a sus respectivos gobiernos municipales como un espacio desde donde se puede dar un proceso de formación de identidad territorial, la chaquena en Villamontes y la entreriana en Entre Rios. El desarrollo de relaciones coalición-gobierno local es un proceso que busca ser incluyente de los diversos grupos del distrito, inclusión que se nutre de un cierto empoderamiento de los pueblos indígenas a partir de la consolidación de sus territorios y una creciente participación en espacios locales de toma de decisiones. La relativa ausencia de ciertos grupos – los marginados o invisibles – resultaría de una combinación de poco empoderamiento y del efecto excluyente que las coaliciones dominantes ejercen al desarrollar un proyecto territorial que está más basado en visiones particulares y de ciertos sectores socio-económicos que en un proyecto integral que incluye a todos.

Postulado 1b: Las coaliciones no son solo territoriales y dominadas por los gobiernos locales (municipales o de sub-prefecturas y corregimientos mayores), sino incluyen actores externos al territorio – e.g. la Prefectura, el gobierno central, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y las empresas de la cadena productiva de los hidrocarburos. Postulamos que estas relaciones “externas” son diferentes en los dos municipios y que esta diferencia influye en la visión del territorio, del proyecto de desarrollo que se busca impulsar y del uso de los recursos fiscales que estas coaliciones tengan.

Pregunta específica 2: ¿Cómo es que la formación de coaliciones ha influido en que los productores de cada sección municipal hayan cambiado la asignación y uso de sus activos (naturales, físicos, humanos y sociales) durante la expansión de industrias extractivas en el Chaco tarijeño?

Postulado 2a: Previo al auge de hidrocarburos, Entre Rios habría experimentado cierta diversificación y dinamismo de su economía local. Esto repercute en que las coaliciones dominantes incidan en que el uso de recursos fiscales territoriales y municipales fomente la transformación productiva de las unidades productivas y del territorio.

Postulado 2b. La consolidación de un centro urbano dentro de un territorio es un factor esencial para su eficiente gestión, la mejora de la calidad de vida y el despegue de procesos de inclusión social. El crecimiento urbano permite la generación de empleo e inversión privada (especialmente en los sectores de servicios, transporte y construcción) y facilita la inversión de recursos procedentes del gas, inicialmente asignados a, o localizados en, el área rural, generando de esta forma procesos de articulación espacial que refuerzan la formación del territorio. Este sería el caso de Villamontes, donde el crecimiento del centro urbano también habría sido previo al boom gasífero y ello habría sentado las bases para la generación de un mercado interno dentro del territorio. Los recursos fiscales introducidos por el gas habrían potenciado ese rol y generado mecanismos de mayor conexión urbano-rural así como de mayor relacionamiento entre centros urbanos dentro del Chaco y del departamento.

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Postulado 2b: Los gobiernos locales (municipios y sub-prefectura/corregimiento mayor) de Entre Rios y Villamontes difieren en la forma cómo buscan acceder a los recursos provenientes de la renta de hidrocarburos para dinamizar las economías locales, en cómo utilizan tales recursos y en sus capacidades de gestión de recursos públicos. Los municipios de Entre Rios y Villamontes han desarrollado un nivel similar de profesionalismo, mejor administración y creciente institucionalización. Las diferencias de gestión entre la sub-prefectura de O’Connor (que incluye Entre Rios) y el corregimiento mayor de Villamontes son mayores. Es la suma de las capacidades de gestión de ambas entidades locales – y su respectiva articulación en torno a un cierto proyecto territorial –la que haría la diferencia en el impacto final sobre las DTRs dentro de cada territorio.

Pregunta específica 3: ¿Qué relaciones de causa-efecto existen entre estrategias de desarrollo basadas en la extracción de hidrocarburos, la conformación de territorios y la reducción – o incremento – de pobreza y bienestar?

Postulado 3a. La expansión de las industrias extractivas produce cambios institucionales que tienden a retroalimentar su expansión.

Postulado 3b: Frente a la disputa de recursos para responder a intereses nacionales y locales, bajo un discurso de reducción de pobreza e incremento de bienestar, el Estado habría y estaría jugando múltiples roles. Por un lado algunas secciones del Estado (como el gobierno central localizado en La Paz y el gobierno local de Villamontes) estarían más interesados en facilitar la expansión de industrias extractivas y la generación de recursos fiscales, desarrollando para ello relaciones clientelistas entre el Estado y la población con la cual está políticamente más vinculada. Por otro lado, el gobierno local en Entre Rios y la participación de grupos antes excluidos (como el pueblo Guaraní de la Itika Guazu) habrían facilitado el crecimiento y la inclusión a partir de una buena gestión. En Villamontes, los resultados en reducción de pobreza e incremento de bienestar se explicarían más bien por efecto de la inversión pública en infraestructura.

Pregunta específica 4: ¿En qué grado y de qué forma el capital natural y los servicios ecosistémicos condicionan las dinámicas territoriales rurales? ¿En qué grado los conflictos en el acceso y uso del capital natural determinan las dinámicas territoriales de desarrollo?

Postulado 4a: El cambio en el nivel de bienestar en cada territorio – tangibilizado en términos de desigualdad y conflicto – tiene como factor fundamental el acceso a los recursos financieros provenientes de la explotación de los recursos naturales (i.e. los hidrocarburos) que están localizados en el territorio, pero sobre los cuales los actores territoriales no tienen control. El acceso a los recursos financieros depende de la capacidad de negociación de los actores territoriales para influenciar en la distribución de tales recursos financieros y de la discrecionalidad con que se decide la política de inversión pública. El cambio en las dinámicas económicas en base a inversiones en actividades basadas en capital natural y servicios ecosistémicos se potencia con los recursos de la industria de hidrocarburos, si y solo si se confirma el postulado 2a.

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Postulado 4b: El conflicto respecto de usos alternativos de secciones del territorio rural (entre actividad gasífera u otra actividad productiva basada en capital natural) se exacerba o resuelve en espacios públicos que trascienden lo rural. Por lo tanto, las DTRs están condicionadas por la forma cómo – dentro de los proyectos territoriales – se define el control y uso de los recursos naturales requeridos para la expansión de la industria hidrocarburífera.

Metodología para la fase 2A

Selección de áreas de estudio

En la Fase 2A de la investigación se buscó una aproximación a los espacios territoriales que podrían ser los más apropiados para estudiar dinámicas territoriales rurales en contextos de expansión de industrias extractivas. A fin de precisar mejor los efectos de estas industrias sobre la conformación de territorios, se escogieron tres sub-territorios con dinámicas algo distintas.

Los criterios de selección de sub-territorios fueron: Primero, espacios de análisis que expliquen por qué espacios colindantes tienen DTRs muy distintas.

Segundo, espacios que permitan estudiar por qué el desempeño de gobiernos locales (municipios y sub prefectura/corregimientos) no demuestra mucha relación, o podría hasta demostrar relación inversa, con la renta del gas que recibe.

Tercero, espacios que permitan estudiar el impacto que tienen las inversiones públicas en infraestructura en las dinámicas territoriales.

Cuarto, espacios que permitan analizar cómo la expansión de la economía hidrocarburífera influye en las dinámicas de territorios anteriormente agropecuarios.

Quinto, espacios con procesos organizativos en estados diferentes de consolidación, lo cual permita explorar si estas influencias varían según la historia reciente de movilización social de identidades territoriales y de organizaciones indígenas visto en cada espacio. La comparación busca analizar el porqué de tales diferencias.

Tanto el chaco tarijeño como la zona de transición demuestran fuertes contrastes. A raíz de la renta gasífera, algunos de sus municipios tienen entre los más altos niveles de ingresos públicos per cápita en América Latina (ver Sección 4). Sin embargo, algunas de sus municipalidades también exhiben elevados niveles de pobreza.

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Estos contrastes hacen que la zona de transición entre el valle (representado por Entre Rios/O’Connor) y Chaco tarijeño (incluyendo a Villa Montes y Caraparí) sean espacios propicios para estudiar el desarrollo territorial diferenciado. El contraste de estos nos permitiría delimitar mejor los territorios finales a estudiar e identificar mejor los factores causales que explicarían las tendencias de mejor desempeño económico y social. (Ver Mapa 1).

Al mismo tiempo, el territorio ofrece contrastes internos que permiten un análisis comparativo. Mientras el proceso de organización guaraní ha avanzado de una manera importante en Entre Rios, en Caraparí y Villamontes este está en una etapa muy incipiente. Entre Rios da signos de un uso estratégico de los fondos provenientes de la extracción de hidrocarburos; en el pueblo de Carapari el paisaje se caracteriza por grandes inversiones en edificios públicos – indicadores físicos de la maldición de los recursos a nivel local. En términos de dinámicas, Entre Rios parece demostrar mayor dinamismo que Caraparí. La dinámica económica en Villa Montes parece estar más bien dominada por su creciente espacio urbano y mayor nivel de articulación, con el departamento de Santa Cruz hacia el Nor Oriente y con la ciudad de Yacuiba en el Sur, sobre todo por efecto de la carretera asfaltada. Villa Montes también tendría una estructura productiva más diversificada, con una pesca comercial que abastece los principales centros urbanos de Bolivia, la horticultura y ganadería vacuna que se destina al mercado de la ciudad de Tarija y con algún prospecto industrial en base a la re-apertura de la planta de aceites de soja con capital privado.

Los tres sub-territorios fueron recorridos de forma exploratoria y se hicieron entrevistas “de arranque” o “exploratorias” a 28 selectos informantes del estado, organizaciones de base y del sector privado. Las percepciones de los investigadores durante el trabajo de campo se contrastaron con la de expertos de organizaciones establecidas en Tarija y que trabajan en las zonas exploradas. Además de este trabajo de los investigadores principales, este reporte también se benefició del aporte de Denise Bebbington en base a su investigación en Tarija, iniciada hace más de dos años y del trabajo institucional de CER-DET.

Incidencia

El objetivo de generar un espacio de debate sobre las DTRs en Tarija se abordó a partir de la conformación de un grupo de interés en Tarija alrededor de la investigación. Se espera que los miembros de este grupo no solo ofrezcan comentarios sobre el estudio sino que también, en algunos casos, participen en espacios de debate y reflexión, estableciendo de esta forma un puente entre la investigación y las decisiones de política.

La aproximación al cambio de situación del capital natural que se habría dado desde los años 1990 se hizo a partir de entrevistas y revisión documental.

La fase 2A de la investigación también se propone difundir los temas sustantivos del proyecto de investigación entre actores y coaliciones sociales de otros espacios geográficos relacionados con los territorios en estudio pero localizados fuera del

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departamento (por ejemplo en La Paz y Santa Cruz). Actividades para este fin están por desarrollarse.

2. Marco conceptual para entender dinámicas territoriales rurales en contextos de expansión de industrias extractivas de hidrocarburos

Conceptualmente, esta propuesta de investigación tiene un enfoque multidisciplinario de economía política y geografía económica bajo el cual, para entender las dinámicas territoriales, se pone énfasis en entender las relaciones de poder entre los diversos actores que deciden sobre la propiedad, uso y control de los recursos de un territorio y de los beneficios que de ellos se derivan. Para entender tales relaciones de poder se requiere entender al menos tres elementos: 1) el origen de ese poder, es decir, de dónde viene o en que se basa el poder que cada actor detenta; 2) las estructuras institucionales que habilitan el acceso de los actores a espacios de poder; y 3) las características propias a cada actor – y al territorio en su conjunto – que permiten la formación de alianzas o coaliciones para un determinado proyecto territorial (o determinados proyectos territoriales).

Lo que es particular a espacios rurales donde se da la industria extractiva mineral hidrocarburífera es que esta actividad se instala en dichos espacios y se añade a una estructura económica que está basada en la utilización de capital natural (i.e. recursos naturales), dando lugar a actividades dentro del área rural como la agricultura, la ganadería, la pesca, la pequeña minería o la agroindustria; pero que crecientemente incorporar el empleo del capital humano de la población rural fuera del ámbito rural (por ejemplo en trabajo asalariado en centros urbanos). Por su dimensión y características ad-hoc, la instalación de la industria hidrocarburífera en el espacio rural transforma esta dinámica territorial.

Po tanto, el proceso de cambio en la dinámicas territoriales en territorios donde se instala la industria hidrocarburífera, es decir, los cambios en las estructuras económicas, sociales, políticas, institucionales y culturales de los territorios rurales, así como los concomitantes cambios en el crecimiento económico, la distribución, la inclusión social y la capacidad del medio natural de ofrecer servicios ambientales,8 puede entenderse a través del estudio de las lógicas (i.e. visiones de vida o proyectos de desarrollo y de los proyectos de territorio de cada uno de los actores involucrados en las dinámicas territoriales.

Sugerimos que la lógica de los individuos locales (pobladores rurales) se pueda entender a partir de un enfoque de estrategias de vida (livelihoods), las cuales están fundamentadas en el acceso a activos o capitales. Gruesamente, los activos pueden ser clasificados como capital natural (tierra, recursos del subsuelo, agua y otros recursos naturales con posibilidad de ser explotados y de brindar servicios ecosistémicos), capital físico

8 Dinámicas territoriales definidas de esta forma en el documento técnico del programa DTR (Rimisp 2008a)

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(infraestructura, maquinaria, equipo, activos financieros), capital financiero, capital humano (salud, educación), capital social/ institucional/cultural (las relaciones de confianza y apoyo mutuo, organizaciones, redes, normas de conducta y funcionamiento, en conjunción a elementos culturales únicos) y capital político (la capacidad de influir en la toma de decisiones). El acceso y control de estos activos se determina en el espacio público.

La industria extractiva de hidrocarburos, puede ser estudiada a partir del enfoque de cadenas productivas. Como otras cadenas, la hidrocarburífera involucra a un conjunto de actores y funciones a la largo de la cadena, distintos procesos y momentos de agregación de valor, y negociaciones entre estos distintos actores sobre la distribución social (y espacial) del valor producido en la cadena (Bridge, 2008; Coe et al., 2004; Gereffi et al., 1994). Aunque tenga características especificas en cuanto a las tecnologías usadas, la estructura del capital y los actores involucrados, y su carácter inherentemente global (Gereffi et al., 1994), su influencia en las DTRs no es marcadamente distinta de otras cadenas basadas en la explotación de recursos naturales, las cuales también tienen características peculiares.9

Aun cuando se tiende a senalar que la industria de hidrocarburos constituye una cadena de valor, en su aplicación al caso de Tarija, no planteamos que este sea el caso y optamos, al menos en esta etapa de la investigación, por plantearla como una “cadena productiva ampliada”.Esto es, en términos generales, las actividades productivas que se articulan son diversas e incluyen, por ejemplo, la extracción y producción de gas y petróleo, su refinamiento o procesado, transporte, el sector financiero, y los sectores de servicios que le son funcionales. En esta articulación se pueden generar oportunidades de negocios, incremento de ingresos, empleo, desarrollo y transferencia de tecnología (Corrales Leal 2007)10, pero no necesariamente esperamos que las otras condiciones que definen una cadena de valor se den en el territorio estudiado y, por tanto, generen el efecto esperado de una cadena de valor.11 No obstante esta atingencia, las articulaciones dentro de la cadena productiva generan dinámicas territoriales nuevas, así como influyen en la definición o redefinición de territorios.

Aparte de esta articulación productiva, se plantean también otras formas de articulación de la industria extractiva con el desarrollo territorial. Una es a partir de los recursos fiscales que la industria genera y que pueden ser usados para impulsar estrategias de

9 Una ventaja de ver a la industria hidrocarburífera como una cadena es que disminuye el sentido de que los estudios de las industrias extractivas son sui generis, y poco relacionados con los “verdaderos” estudios del desarrollo y de las dinámicas territoriales rurales. Otra es que la hace comparable con la industria salmonera en el sur de Chile, la vitivinícola en el centro de Chile, la papera en la sierra peruana o la lechera en Nicaragua.10 Para un resumen de la cadena de valor de los hidrocarburos ver http://www.ttutc.com/news/article/energy/value_chain.pdf11 Sobre la distinción entre cadena productiva y cadena de valor ver Gereffi, G. (2001). Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización. Revista Problemas del Desarrollo, vol 32, nún 125, abril-junio de 2001. IIEc-UNAM, México, …D.F.

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desarrollo territorial (bajo el concepto de que la riqueza mineral es una “potencialidad” (“resource endowment” en su denominación anglófona (ICMM 2006)).12 Otra forma de articulación se puede dar a partir de las acciones directas de las empresas (privadas o públicas) en las comunidades locales o las regiones donde tienen influencia mediante proyectos de responsabilidad social corporativa u otras acciones de orden filantrópico.En la práctica estos tipos de relaciones no hacen referencia explícita a territorios, sino más bien a grupos de población o a ámbitos de delimitación administrativa (por ejemplo comunidades, regiones o inclusive país).

De esta forma, entender la formación de alianzas y coaliciones, y su efecto en las dinámicas territoriales rurales, requiere comprender la naturaleza y las consecuencias de tres tipos de articulación.

Primero, las articulaciones entre la cadena productiva y lo que se puede denominar proyectos territoriales (Wilson, 2004). Al darse esta articulación en un espacio físico determinado, también dan al territorio un significado.

Segundo, las articulaciones entre los espacios locales, nacionales e internacionales en que se desarrolla la cadena productiva y los territorios cuya formación es previa al establecimiento de la industria hidrocarburífera. Tercero, las articulaciones entre la cadena productiva hidrocarburífera y la institucionalidad que gobierna el control y uso de recursos, tanto de los directamente involucrados en el desarrollo de la cadena como de los recursos fiscales que de él se derivan.

Este conjunto de articulaciones y las concomitantes inter-relaciones entre actores se ilustra de forma simplificada en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Formación de DTR en espacios con riqueza hidrocarburífera

12 El enfoque de “recurso mineral como potencialidad” fue fundamentalmente desarrollado en torno a recursos minerales metálicos, pero sus argumentos de base se extienden a otros recursos minerales como los hidrocarburos.

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CN: capital natural; CF: capital físico; CS: capital social/institucional/cultural; CP: capital político.

Gruesamente, los activos pueden ser clasificados como capital natural (tierra, recursos del subsuelo, agua y otros recursos naturales con posibilidad de ser explotados o generar servicios ecosistémicos), capital físico (infraestructura, maquinaria, equipo, activos financieros), capital social/institucional/cultural (las relaciones de confianza y apoyo mutuo, organizaciones, redes) y capital político (la capacidad de incidir en la toma de decisiones). El acceso y control de estos capitales se determina en el espacio público. Los capitales humanos y culturales (salud, educación) les son inherentes a los actores por su trayectoria personal y de grupo, pero pueden ser modificados por el acceso de estos actores a los otros capitales (i.e. naturales, físicos, sociales y políticos).

Las articulaciones entre actores (sean estos individuos con ejercicio de liderazgo u organizaciones) da lugar a alianzas y coaliciones. La diferencia entre estas dos categorías está determinada por su temporalidad, dimensión y alcance político.13

13 La diferencia entre coalición y alianza en general puede ser sutil. Nos referiremos a ‘coalición’ como a un acuerdo en el cual dos o más grupos definen actuaciones conjuntas al interior de una corporación que actúa en el espacio público y cuya actuación sobrepasa una circunstancia temporal (por ejemplo una coalición de gobierno). ‘Alianza’ es un acuerdo entre dos o más grupos con fines más precisos (por ejemplo, la inscripción de candidatos a cargos de elección popular).

Individuos y productores

Organizaciones

Alianzas Coaliciones

DinámicasTerritoriales

Rurales

Identidades territoriales

CN CF CS

Empresas

Estado

Proyectos territoriales

CP

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En la literatura sobre riqueza mineral y desarrollo, se ha enfatizado que para que funcionen las tres articulaciones que el sector extractivo identifica como los vehículos a través contribuye al desarrollo local y para que estas produzcan formas de crecimiento y desarrollo que reduzcan la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad ambiental, tienen que existir, o surgir, un conjunto de arreglos institucionales y sociales que faciliten tales tipos de cambio. Tiene que existir instituciones que garanticen que la población local mantenga o mejore su acceso a formas de capital natural, físico, financiero y humano, y que garanticen o mejoren la calidad del capital social dentro del espacio en lo cual se da la extracción. Sin embargo, son justamente la dimensión institucional y la participación de las poblaciones rurales en la toma de decisiones sobre el uso de recursos las que reciben poca atención en las políticas que promueven la expansión de la cadena extractiva.

Construcción de territorios y proyectos territoriales

En base a este esquema, la construcción social de un territorio (Schejtman y Berdegué 2004)14 se puede entender como un proceso que va junto a las formas como se dan las dinámicas territoriales, que es influenciado por determinadas intervenciones externas (para nuestro caso, por ejemplo, por el Gobierno de La Paz y las corporaciones que conforman la industria de hidrocarburos), pero que también responde a aspectos que tienen que ver con gobernanza y ciudadanía, con identidades socioculturales en torno a ejes institucionales, étnicos o de género, con interacciones transfronterizas y con efectos que producen las tendencias tecnológicas en las culturas locales. (Rimisp 2008a, ver también Rimisp 2007).

La ventaja de plantear este proceso de construcción de territorio en términos de “proyectos territoriales” es que ello nos permite explicitar la noción de que este proceso de construcción social de la identidad e institucionalidad involucra actores e ideas que entran en competencia y conflicto, justamente porque tienen distintos conceptos del tipo de territorio que se quiere construir, del rol que se pretenda para este territorio en la economía y la política nacional e internacional, y de la manera en que este territorio debe ser gobernado.

Algunos autores invocan una noción de “proyecto territorial” ó “régimen territorial” (e.g. Wilson, 2004) para enfocar el análisis en como el estado busca estructurar y controlar el espacio. Mientras en nuestro caso la visión y el proyecto del estado central es un elemento vital del análisis, es también cierto que hay un conjunto de actores claves, y todos con importantes bases de poder, quienes buscan imponer la visión y significado del territorio que quieren construir. De esta forma, el conjunto de actores incluyen al estado central, el gobierno prefectural, los gobiernos municipales, las organizaciones civiles (como las asociaciones de productores y las que conforman el Comité Cívico de Tarija), los pueblos indígenas y las empresas petroleras.

14 Un territorio es definido como ‘un espacio rural con una identidad construida socialmente, la cual incluye un marco institucional y un conjunto de agentes sociales’.

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La proposición conceptual que queremos hacer aquí, y que luego orientará nuestro análisis en la investigación, es que no se puede entender ni la forma ni los efectos de las articulaciones materiales que se dan entre la cadena hidrocarburífera y los procesos y “outcomes” del desarrollo en Tarija y su Chaco, sin reconocer que la competencia entre estos proyectos territoriales es un factor de mucha importancia en determinar los procesos de desarrollo que al final se dan en estos espacios físicos.

En resumen, este estudio se ubica conceptualmente en: los marcos generados para hablar del desarrollo territorial – marcos que enfatizan

las interacciones ente lo productivo y lo institucional un concepto de ‘proyectos territoriales’, que plantea entender cómo distintos

actores buscan construir e imponer su visión de territorio un concepto de escala, que insiste en la importancia de entender la articulación

entre lo internacional, lo nacional y lo local en la construcción de territorio conceptos de cadena productiva y de (des)articulaciones productivas, que

plantean entender las dinámicas que se dan dentro de la estructura productiva para poder comprender las articulaciones que se dan entre esta estructura productiva y los espacios físicos en los cuales opera.

conceptos de estrategias de vida y acceso a capitales, que permiten entender las diversas formas de actividad económica que las poblaciones rurales desarrollan en base a su acceso a activos y relaciones sociales.

3. El contexto nacional y regional

En la década de los 1990s, Bolivia ya estaba encaminada en un régimen dominado por políticas neoliberales que buscaban generar estabilización económica a partir de una reducción del déficit fiscal, control de la inflación y equilibrio en la balanza de pagos. Las reformas de tipo estructural incluyeron políticas dirigidas a liberalizar y desregular la economía, flexibilizar el mercado de trabajo, privatizar empresas estatales y reducir el tamaño del Estado.15 Estas políticas y reformas estructurales buscaban responder al colapso de la economía en la primera mitad de los años 1980, cuando la caída de precios internacionales de los principales productos de exportación (estaño, plomo y plata) y la falta de manejo económico condujeron a hiperinflación, cierre de empresas públicas y privadas, pérdida de ingresos estatales, desempleo masivo del sector laboral formal y una migración significativa de población rural del occidente hacia el oriente del país. Las medidas de ajuste estructural, si bien lograron frenar la crisis de los ochenta, al achicar el Estado y la inversión pública, traían con ellas una importante reducción de demanda agregada que debía ser contrarrestada con exportaciones a cargo de la inversión privada. Tanto las actividades mineras como las hidrocarburíferas pasaron a ser dirigidas por capitales externos y surgieron importantes iniciativas privadas en otras áreas de la economía: la explotación maderera, manufacturas y fundamentalmente el cultivo y exportación de azúcar, soya y otras oleaginosas. El nuevo modelo de desarrollo propuesto tenía al Estado ya no como principal actor, sino como vigilante de los equilibrios

15 Enrique de la Garza y Toledo: Globalización, modelo económico y reestructuración productiva, en CEDLA - RAWOO: Globalización en Bolivia y América Latina, EDOBOL, La Paz, 2002.

15

macroeconómicos, mientras que el rol protagónico lo tenía el capital privado, tanto nacional como extranjero. A pesar de ello, era evidente que el enfoque de exportación de materias primas seguía siendo dominante.

Este modelo primario exportador basado en inversión privada de gran escala se mantuvo hasta el 2006, año en que Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) es elegido presidente y propone una visión de desarrollo nacional que pasa por un Estado más involucrado en la economía, que interviene en el mercado y en los procesos productivos. No obstante el significativo cambio en el discurso, en el fondo, no se propone un cambio radical de la matriz productiva basada en la exportación de materias primas. Así, el proceso de “nacionalización” de los hidrocarburos, antes que una nacionalización en sí, fue, en la práctica, una renegociación fundamental de los contratos con las empresas petroleras internacionales presentes en el país. Esta permitió un significativo incremento de los ingresos fiscales y un mayor involucramiento estatal en espacios importantes del proceso de producción, transformación y comercialización de gas y petróleo. Esta medida fue acompañada de acciones gubernamental para controlar el mercado de ciertos productos estratégicos para el país en términos de seguridad alimentaria y abastecimiento interno, tales como la harina, el aceite, el maíz, el trigo y otros similares.

Como resultado del conjunto de políticas aplicadas – neoliberales y no neoliberales - en los últimos 20 años, el crecimiento de la economía boliviana ha sido notorio. El PIB nacional se ha duplicado en términos reales, con un crecimiento registrado al 2008 de 113% más respecto al PIB de 1988 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Bolivia. Producto Interno Bruto (en miles de Bs de 1990)

1988 1992 1997 2005(p) 2008(p)

14.219.987 16.524.115 20.676.718 26.030.240 30.277.826 Fuente: Estadísticas del sector real de la economía. INE. www.ine.gov.bo

No obstante el crecimiento agregado, la composición sectorial del PIB se ha mantenido más o menos igual: las manufacturas siguen siendo el principal sector productivo con un porcentaje que fluctúa entre 18 y 19% del PIB. Las actividades agropecuarias continúan en segundo orden, aunque su contribución cayó de cerca de 17% en 1989 a menos de 15% en el 2008. Nótese que, aproximadamente en el mismo período en que cae la contribución del sector agropecuario, la de los sectores minerales se incrementa significativamente – aunque en buena cuenta por un incremento significativo de los precios internacionales de los metales e hidrocarburos en el período 2004-2008.

Gráfico 2.

16

Fuente: Estadísticas del sector real de la economía. INE. www.ine.gov.bo

La caracterización de dinámicas provinciales realizada en la Fase 1 del proyecto de investigación permitió mostrar que durante el período 1992-2001 se han generado diversas dinámicas de desarrollo rural en todo el territorio nacional, traducidas en cambios en indicadores económicos y de desarrollo, así como de una cierta re-configuración del territorio nacional en su conjunto y del espacio rural en particular. En una mirada espacializada, los procesos positivos más notorios de varias de las regiones llanas del ‘Oriente’ (particularmente en los departamentos de Tarija y Santa Cruz) y de algunos valles de Cochabamba y La Paz se contrastan a aquellos de zonas menos dinámicas dentro de estos propios departamentos y, con mayor claridad, en las áreas altiplánicas más rezagadas de los departamentos de Oruro y Potosí.

En los espacios donde el cambio ha sido significativo se ha observado que el crecimiento económico de espacios con predominancia rural habría estado ligado principalmente a tres tipos de procesos: uno ligado a la agricultura comercial de mediana y gran escala (por ejemplo en la zona nor oeste de Santa Cruz), otro relacionado con la expansión urbana y de desarrollo de mercados regionales (como en zonas alrededor de las ciudades de La Paz y El Alto) y otro que de alguna forma estaría conectado con la inversión en infraestructura y el desarrollo de industrias extractivas. Este último es el caso de los valles y el chaco de Tarija. No obstante, en la región (alrededor de la ciudad de Tarija) es muy probable que el comportamiento territorial también se deba mucho al efecto de la ciudad y al surgimiento de un sector vitivinícola durante las ultimas dos décadas, el cual es cada vez más dinámico.16

El contexto de economía política ligada al gas a nivel nacional

16 Las zonas alto-andinas de Tarija demuestran mucho menor crecimiento económico.

17

Como se notó en el acápite anterior, el área que en los últimos años ha tenido un repunte importante ha sido el relacionado con la extracción de recursos naturales no renovables: minerales e hidrocarburos. Si en 1989 el sector significaba sólo un 10% del PIB, para el 2008 ya superaban el 14%, con un notable crecimiento evidenciado para los últimos 5 años, que es explicado principalmente por la subida de precios de estos productos a nivel mundial.

La mayor contribución del sector hidrocarburos a la economía nacional radica en su aporte a las exportaciones.. En menos de 10 años, los hidrocarburos pasaron de representar un 6% de las exportaciones a un 50% de las mismas. Las exportaciones por hidrocarburos pasaron de 63 millones de dólares en 1999 a casi 3500 millones (FOB) en el 2008.

Gráfico 3. Gráfico 4.

Fuente: Estadísticas sobre comercio exterior. INE. www.ine.gov.bo

Tomando en cuenta este cambio en la composición de las exportaciones, la propuesta de desarrollo del actual gobierno del MAS (explicitada en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos y la Propuesta Electoral del MAS para el 2009-2014), considera al sector energético sólo como un generador de excedentes, los necesarios para llevar adelante su plan nacional de desarrollo. De esta forma, se mantiene el patrón primario exportador basado en la producción y exportación de materias primas, cuyo ingreso darían soporte al mantenimiento de los otros sectores de la economía. A juicio de algunos comentadores, esto dejaría deja en segundo plano consideraciones

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fundamentales como la industrialización de los hidrocarburos y el cambio de la matriz energética nacional.17

Al ser los hidrocarburos un recurso natural no renovable focalizado en sólo unas cuantas regiones del país, las dinámicas departamentales cobran una repentina importancia al respecto. En este sentido, el potencial concentrado en el departamento de Tarija resulta particularmente importante, pues la región produce un 30% del petróleo nacional, un 56% del gas natural y contiene además alrededor del 85% de las reservas de este recurso en el país.18

Este proceso de cambio en el aporte productivo sectorial es relativamente nuevo. Si bien Tarija ha sido un departamento tradicionalmente gasífero y petrolero, la atención prioritaria en términos de desarrollo siempre ha estado dirigido al sector agropecuario, con intervenciones que buscaronpotenciar las aptitudes del valle central tarijeño para la producción de maíz, frutales, papa, diversas hortalizas y, particularmente, vino y singani. En la zona del Chaco se reconocen las potencialidades ganaderas y piscícolas. En Bermejo las inversiones estuvieron orientadas a procesar la caña de azúcar.19 Como resultado de esta estrategia de diversificación productiva, la composición del PIB departamental mostraba un peso similar de la agricultura, la extracción de recursos naturales no renovables, las manufacturas y la prestación de diversos servicios (todos los sectores en un rango de 10% y 20%).

Es recién a partir de finales de los años 90 cuando se da un repentino desarrollo de la industria hidrocarburífera que afecta la estructura de la economía tarijeña. Hacia finales del 2008, el porcentaje de participación del sector en la economía departamental aumentó hasta cerca de la mitad del PIB (ver gráfico 5).

Gráfico 5.

Fuente: Estadísticas del sector real de la economía. INE. www.ine.gov.bo

17 CEDLA, El Observador, julio 2009,pag 11).18 CEDLA, La gestión de la renta de los hidrocarburos en las prefecturas: caso Tarija. OFFAVIM, La Paz, 2008.19 Junta Del Acuerdo De Cartagena. Programa De Cooperacion Andina A Bolivia, Potencial económico social del departamento de Tarija,Bolivia 1988.

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Respecto a la distribución de recursos fiscales generados por los hidrocarburos, hacia el 2008 la prefectura de Tarija recibiól 36% de los ingresos totales que por concepto de renta de hidrocarburos reciben las prefecturas del país, lo que incluye los ingresos por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), las regalías departamentales y el Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos (IDH).20 Las entradas por este concepto han aumentado en más de 340 veces en los últimos años, de 55 millones de bolivianos en 1997 a 1870 millones en 2007.

Cómo ha repercutido esta situación en la población en términos de pobreza? No se sabe con exactitud por falta de información estadística. Para el 2001, el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas había disminuido de 69% a 51% durante el periodo intercensal 1992 – 2001 y las personas en condiciones de pobreza e indigencia en el 2001 representaban el 35.9% y 14.6% de la población, respectivamente (frente a 34.2% y 21.% registrados a nivel nacional).21

El contexto de economía política ligada al gas a nivel regional22

Dado que las relaciones de escala son importantes para entender las dinámicas territoriales, es importante notar que en Tarija existen distintas escalas de administración política y económica. Tanto la Prefectura como los gobiernos provinciales y municipales tienen roles en la administración del espacio y, a raíz del crecimiento del ingreso fiscal en base a hidrocarburos, también han ido controlando significativos recursos financieros y el flujo de fondos financieros fiscales ha ido también induciendo disputas por su control, tanto a nivel nacional como regional.

Así, a inicios del 2002, las reservas de gas probadas en el chaco boliviano era de 52,3 trillones de pies cúbicos, 80% del cual estaba en el chaco tarijeño (ver Mapa 1). El departamento de Tarija, más que otros departamentos de Bolivia, se vio beneficiado con los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas. El acceso a estos recursos indujo que grupos políticos del departamento buscaran un mayor control de las formas de explotación del gas, lo cual, a su vez, generó reacción en el resto del país (ver Recuadro 1). Dentro de la contienda nacional por el acceso a recursos, el rol de Tarija, especialmente entre el 2002 y 2005, fue el de promover a la región como fuente de exportaciones a los mercados de México, Estados Unidos y potencialmente Chile.

Mapa 1. Tarija. Reservas de gas y petróleo a 1996.

20 Espada Juan Luis, La renta de hidrocarburos en las finanzas prefecturales. Tendencias de los ingresos y gastos 1997 – 2007. CEDLA, La Paz, Bolivia, 200921 INE, Anuario Estadístico 2008, LA Paz, 200922 Esta sección se beneficia del trabajo de investigación de CER-DET.

20

Gran Chaco

Arce

Sur Cinti

Luis Calvo

Mendez

Avilez

Burnet O'Connor

CercadoSur Chichas

Nor Cinti

Nor Chichas

Modesto Omiste

Hernando Siles

Reservas de gas y petroleo, 1996

Departmentos

Provincias

Datos: USGS 1999: Maps Showing Geology, Oil and Gas Fields, and Geologic Provinces of South America. Open File Report 97-470DCartography: SED, University of Manchester

Recuadro 1. El gas dentro de una estrategia de desarrollo regional en Tarija

A inicios del 2002, las reservas probadas de gas en el chaco boliviano eran de 52.3 trillones de pies cúbicos. Del 18% de las ganancias captadas por el estado, por concepto de regalías, 11 % se entregaba al departamento productor, 1% se destinaba a los departamentos de Pando y Beni, y el resto era para el gobierno central. Esa distribución indujo a la clase política tarijeña a impulsar con cierta celeridad la firma de un contrato entre el consorcio extranjero Sempra y un consorcio compuesto por empresas petroleras como la British Gas y Pan American Energy para la exportación de gas natural licuado (proyecto LNG) a través de chile hasta la costa mexicana desde donde el gas sería enviado a California. El contrato estaba planteado para un período de 40 años, aseguraba el 11% de las ganancias para Tarija y establecía no lugar a renegociación de condiciones fiscales.

El proyecto de contrato recibió el apoyo del entonces presidente Sánchez de Lozada, pero también generó una creciente oposición en las regiones andinas del país. En esa coyuntura se generaron posiciones totalmente polarizadas entre grupos del ‘oriente’ y del ‘occidente’ boliviano, los primeros que defendían un argumento “pro progreso y desarrollo de los pueblos del sur y del oriente de Bolivia” en base a los contratos gasíferos – planteamiento hecho explícito en el documento “Concertación y Desarrollo” – y los segundos que aducían la

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necesidad de recursos para el desarrollo también del resto del país (en particular de las zonas andinas).

Si bien no puestos desde el principio, en el conflicto político las tensiones dieron lugar a argumentos de reforma institucional del Estado y del territorio nacional, con posiciones pro autonomías regionales y construyendo visiones territoriales macro-regionales (como el de la ‘Media Luna’ (que articula a los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando), pero que además se plantea como la estrategia que “terminaría con el liderazgo de La Paz”.

Entre los resultados de la contienda política que se sucedió hasta el 2004 están la nueva Ley de Hidrocarburos (2004) y el decreto de nacionalización del gas (2006) significaron. El impacto de ambos fue, por un lado, el incremento de ingresos fiscales para el departamento de Tarija y, por otro lado, el debilitamiento del movimiento político regional y macro-regional.Fuente: En base a periódico El Deber, 4 de noviembre 2003, Santa Cruz.

El significativo cambio en el flujo de recursos fiscales provenientes del gas23 ha estructurado también las relaciones institucionales al interior del departamento. Estas se pueden definir como relaciones entre los diversos niveles de gobierno (departamental o prefectural, sub-prefectural y municipal) tanto de cooperación como de disputa, dependiendo del tema y del control ejercido por diferentes actores y partidos ubicados en cada espacio de gobierno. En la práctica, la Prefectura – cuya área de influencia es el departamento – tiene mayores recursos y poder para intervenir en los espacios de gobierno local. La influencia en el sentido inverso, es decir de gobiernos locales en las decisiones de la Prefectura es menor. Por ejemplo, decisiones sobre inversiones en infraestructura de gran envergadura se toman en la Prefectura; sin embargo, en ciertos momentos la Prefectura ha conformado espacios de decisión conjunta, así como delegado poder económico en gobiernos provinciales (las sub prefecturas) y locales (municipales). Ese ha sido, por ejemplo, el caso de los tres municipios de la provincia del Gran Chaco donde la Prefectura acordó distribuir a cada municipio 15% del monto total de transferencias que el departamento recibe del gobierno central en base al impuesto a los hidrocarburos.24 La coexistencia de estas distintas escalas de administración política (además del nivel central) implica que cualquier estudio territorial tiene que reconocer el rol de estas relaciones de escala en la conformación de dinámicas territoriales.

La dinámica económica de la región de Tarija también ha cambiado durante la última década a consecuencia de una nueva ola de exploración hidrocarburifera y las inversiones paralelas en infraestructura, tanto para facilitar el transporte del gas a mercados 23 Por ejemplo, entre 2004 y 2008, los recursos controlados por la Prefectura se incrementaron de Bs523 millones a Bs1982 millones, mientras que los de los municipios subieron de cero a Bs 444 millones.?

24 En Octubre 2009 el presidente Morales dió un decreto donde el gobierno central hará la distribución del 15% a cada municipio en forma directa, sin pasar por la Prefectura.

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extrarregionales como para dar uso al ingente flujo de recursos fiscales a gobiernos locales (regionales y municipales). De esa forma, aunque el departamento de Tarija tiene una larga historia de extracción de hidrocarburos, la presencia de la gran industria privada en la zona es un fenómeno más reciente. Las inversiones más importantes son las de Repsol (y sus socios British Gas y Pan American Energy) en el Campo Margarita en Entre Rios (en la zona de Itika Guasu) y de Petrobras en el Campo San Alberto en Caraparí y el Campo Sábalo en Villa Montes.25

Con la presencia de ganaderos, menonitas, tres grupos indígenas distintos (los Guaraníes, los Tapiete y los Weenhayek), el movimiento sin tierra y distintos grupos de élites locales, la región se ha convertido en un espacio de conflicto alrededor del tema tierra y recursos naturales. Los reclamos por tierras comunitarias de origen (TCO) enfrenta a indígenas con ganaderos hacendados – migrantes de larga data que también se reclaman chaqueños – y con migrantes recientes provenientes de otros departamentos de Bolivia (algunos de origen quechua y aymara). En el tiempo, cada uno de estos grupos se ha integrado en organizaciones de base que los articula y representa frente al Estado, el sector empresarial y otros actores de la sociedad.

Aunque los conflictos territoriales por el tema tierra están más o menos extendidos en diversos espacios de Bolivia, un aspecto particular de Tarija y del Chaco tarijeño es la riqueza mineral (hidrocarburos) que la región posee. Aunque Tarija tiene una historia de extracción de hidrocarburos desde los años 1920, el crecimiento del sector desde los años 1990 ha implicado la presencia de nuevos actores del sector privado empresarial y corporativo, quienes han influido en las dinámicas económicas, sociales e institucionales de los territorios donde se ubican y de la región en su conjunto.

La estrategia de política económica basada en la expansión de la industria de explotación del gas ha puesto también en evidencia la superposición de instituciones que rigen el acceso a la tierra y los recursos del subsuelo. La adjudicación y control de la tierra no solo pasa por lo que determina el INRA – organismo creado expresamente con el fin de normar el acceso y control de tierras – sino también por lo que dicta la Ley de Hidrocarburos y, en la práctica, por la forma cómo esta es implementada por Yacimientos Petrolíferos y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

Principales actores y alianzas en Tarija – y sus aparentes proyectos territoriales26

Entre los principales actores del departamento se tienen a los siguientes:

Las élites familiares de la ciudad de Tarija o la ’burguesía capitalina’ . Están conformadas en su mayor parte por familias tradicionales de origen hispano, quienes a

25 El segundo es un campo con mucha carga simbólica: Evo Morales declaró la nacionalización de la industria en San Alberto.26 En base a Fuente: Revista Jubileo. La Paz 2009.

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través de alianzas familiares se han constituido en estratos medio-alto y alto localizados en la ciudad de Tarija y con articulaciones que llegan hasta el norte de la Argentina. Sus inversiones están en la agroindustria, la construcción, medios de comunicación y servicios (médicos, legales, educativos). También pertenecen a estos grupos funcionarios de la Corte de Justicia, intelectuales y algunos militares.

Sus miembros pertenecen a diferentes partidos políticos conservadores de derecha y centro, varios de ellos son parte de dos logias masónicas y otros tipos de asociaciones o clubes de élite y son quienes tradicionalmente han ocupado el gobierno departamental en sus diferentes instancias. Algunas familias de origen mestizo que han logrado acumular cierta fortuna a través de emprendimientos empresariales o a través de la política también se han integrado en este círculo de relaciones.

Lo que podría denominarse como un proyecto territorial de esta élite urbana fuertemente relacionada con la Prefectura Departamental es el intento de integrar el chaco tarijeño con el resto del departamento, manteniendo la preeminencia de la ciudad capital como sede de toma de decisiones a nivel departamental. Este proyecto territorial departamental plantea que con los recursos del gas se tendría ahora la posibilidad de revertir décadas de marginación por parte del gobierno central y de contar con los recursos suficientes para dos objetivos principales: 1) integrar las regiones tarijeñas a través de un corredor biocéanico que potenciaría el intercambio comercial con economías vecinas, lo cual daría a Tarija la posibilidad de articularse a algún nicho de exportación; 2) invertir en el área del desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población tarijeña y posteriormente. Recientemente, se ha incorporado un tercer objetivo, que empieza a concertar una visión de “sembrar el gas”, es decir, realizar inversiones estratégicas en cadenas productivas diversificadas con potencial para producción a escala y orientadas al mercado nacional y nichos del mercado a nivel internacional.

Los partidos políticos conformados por alianzas de clases. Desde la recuperación de la democracia en el año 1982 tres partidos políticos fueron representativos en el departamento de Tarija, dos de ellos con un posicionamiento de centro derecha (MIR y MNR) y otro de derecha (ADN) constituyeron partidos a nivel departamental que en la práctica contenían diferentes estratos sociales, pero encabezados por dirigentes de clase media generalmente capitalinos y con líderes sub-regionales.27 Hasta el año 2006 las jerarquías en el poder político (y la distribución de los beneficios del poder, por ejemplo el empleo en el sector público) iban desde la sede de gobierno departamental, pasando por los líderes partidarios de centros urbanos más poblados y terminando en algunos dirigentes campesinos de las localidades rurales. Hacia el 2009, los partidos políticos mencionados han perdido credibilidad y dos de ellos desaparecieron dando lugar a una diversidad de agrupaciones ciudadanas

Como idea de proyecto territorial, se podría decir que los partidos políticos han buscado fortalecer una identidad regionalista departamental. Como parte de ello se ha planteado la

27 Los líderes de los partidos a nivel departamentales a su vez respondían a cúpulas partidarias ubicadas en la sede de gobierno o en ciudades del eje central (Cochabamba y Santa Cruz).

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integración vial del departamento que facilite la circulación de la producción agropecuaria. Al provenir varios de sus líderes de las élites familiares los proyectos de las élites y de los partidos tendieron a converger en varios aspectos.

Los comités cívicos regionales y el comité cívico departamental. Estas organizaciones son específicas a siete ciudades tarijeñas, cada una de las cuales se conforma en base a una multiplicidad de delegaciones de organizaciones urbanas privadas y algunas públicas (cooperativas de usuarios de servicios, la universidad pública, organizaciones privadas de origen empresarial, federaciones de juntas vecinales, etc.).

El Comité Cívico Departamental está conformado por instituciones urbanas, elegidas mediante votación, de la ciudad capital y una representación minoritaria de las provincias. Su objetivo es defender los intereses regionales departamentales y fiscalizar algunas obras de importancia regional. Si bien se plantea como una representación amplia, la penetración de los partidos políticos en las cooperativas de servicios descentralizadas y otras organizaciones de la sociedad civil han ocasionado que estas respondan a algunas causas partidarias y también que el Comité incluya estas causas. Desde el año 2003, el comité Cívico Departamental orientó la lucha regional hacia la defensa de las regalías y la exportación de gas natural licuado hacia México y Estados Unidos y desde el año 2006 ha mantenido una posición opositora al gobierno de Evo Morales. Su acción cívica ha incluido la toma de instituciones públicas y una serie de movilizaciones y enfrentamientos con el movimiento campesino.

Su proyecto territorial se enfoca en el logro de una autonomía administrativa y con algunas competencias legislativas para el departamento de Tarija, reduciendo la influencia y el poder del gobierno central en la planificación e inversión pública del departamento. Este proyecto se ha consolidado con el incremento del volumen de las regalías e impuestos hidrocarburiferos que componen hasta el 91 % de los ingresos departamentales

Federación de comunidades campesinas de Tarija. Representa a las comunidades campesinas de Tarija. Su mayor influencia es en el valle de Tarija y localidades vecinas y tiene una presencia restringida en los municipios de Yacuiba y Villa Montes donde hay mayor presencia de población que se identifica como ganadera.

Su proyecto territorial desde el año 2002 es representar a la población rural de todo el Departamento, y lograr la conformación de autonomías y municipios campesinos capaces de administrar recursos económicos sin depender en delante de los municipios urbanos. En el año 2007, luego de varias movilizaciones sociales y bloqueos de carreteras consiguieron que la Prefectura de Tarija entregue anualmente un Bono Solidario conocido como PROSOL de casi 285 dólares a cada familia campesina para la adquisición de animales o implementos agrícolas. Este bono ha sido considerado un logro político de la Federación de Campesinos y es el único de su tipo en todo el país.

Autoridades regionales del Chaco. En principio es un grupo regionalista con alianzas coyunturales entre autoridades municipales de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí, sus

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representantes congresales y los comités regionales de estos tres municipios. Su objetivo planteado a partir del año 2002, junto con otros municipios del chaco de Santa Cruz y Chuquisaca fue el lograr la constitución de un nuevo Departamento del Chaco, separándose de Tarija y de los otros dos Departamentos. Esta iniciativa fracasó por la oposición de los tres gobiernos departamentales (Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca) e la Asamblea Constituyente ya que de darse verían mermados significativamente sus ingresos por regalías e impuestos hidrocarburíferos si esto se concretaba, y por los intereses regionalistas de las tres zonas del chaco boliviano (tarijeño, cruceño y chuquisaqueño) que no lograron un consenso.

Las luchas regionales de la provincia Gran Chaco se enfocaron en la última década en lograr la transferencia directa del 45 % de las regalías que recibe el Departamento de Tarija en beneficio de esta provincia, en base al argumento que los hidrocarburos son principalmente extraídos de esta zona y porque su extensión territorial alcanza casi a 45% de todo el departamento. Esta aspiración se ha obtenido este 16 de octubre con la emisión de un Decreto supremo que establece la transferencia directa del 45 % directamente desde las arcas del gobierno nacional a la provincia del Chaco, dejando a la Prefectura del Departamento sin facultades para normar y regular el uso y administración de estos recursos que hasta esa fecha dependían de una planificación y aprobación de un Consejo departamental presidido por el Prefecto del Departamento.

En diciembre de 2009, la población del chaco tarijeño decidirá si se mantiene con la anterior forma de administración dependiente de la Prefectura de Tarija o si opta por una forma de autonomía regional que es una figura contemplada en la Nueva Constitución Política del Estado.

Otros actores son la federación de campesinos y la central obrera departamental, quienes han tenido menor voz y representación política a nivel del departamento. Sin embargo, como se verá más adelante, a nivel sub-regional estás cobran mayor importancia.

Las empresas de hidrocarburos28

Las empresas que operan en la exploración y/o explotación de hidrocarburos en el Departamento de Tarija son: - Petrobras Bolivia SA (empresa estatal de Brasil, produce alrededor de 60% de los

hidrocarburos en Bolivia, con proyectos de expansión en el Campo San Antonio)- British Gas-Bolivia Corporation (empresa inglesa, opera Campos en la TCO

Weenhayek y es socio en el Campo Margarita y socio con Total en el Campo Itau)- Repsol YPF E&P Bolivia SA (operador del Campo Margarita, es socia con YPFB en la

Empresa Andina después de haber cedido acciones)- Empresa Petrolera Chaco SA (antes era Amoco/British Petroleum, ahora es

nacionalizada)

28 Sección producida en base a información y notas de Denise Humphreys Bebbington, trabajadas en su investigación doctoral dentro del programa TCD-Andes..

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- Empresa Petrolera Andina SA (empresa nacionalizada que es socia con Petrobras en los campos más importantes de Tarija)

- Total E&P Bolivie (empresa francesa que opera el Campo Itau)- Pluspetrol (empresa argentina que opera campos en Yacuiba y en Entre Rios)- Vintage (pequeña empresa argentina con varios campos pequeños)

Además de estas empresas privadas, la corporación Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene bajo su control las siguientes áreas reservadas para futura explotación:

- YPFB Petroandina SAM (una empresa de sociedad mixta entre PDVSA y YPFB), quien tiene propuesto explorar 5 campos en el Departamento de Tarija, los cuales están en buena parte en el Parque Nacional y ARM Aguarague

- Convenio YPFB - Eastern Petrogras (pequeña empresa china) para retrabajar los viejos pozos del Campo Sanandita

- Convenio de cooperación entre YPFB y la empresa rusa GAZPROM para explorar el Campo Sunchal.

Muchas de estas empresas están agremiadas en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Dentro de los temas que aglutinan a los miembros y son motivo de pronunciamientos mediáticos, cabildeo, y otras acciones de sensibilización de la opinión pública y del gobierno están: la necesidad de generar estabilidad legal que permita un ambiente atractivo para inversiones extranjeras, la oportunidad que los recursos hidrocarburíferos significarían para el desarrollo nacional y su posición geopolítica en la región, la necesidad de que las decisiones que afectan al sector sean muy rápidas para hacer de Bolivia un país competitivo dentro de la industria hidrocarburíferas regional, un auto-reconocimiento de que la industria de hidrocarburos en Bolivia está sub desarrollada en comparación a otros países de la región. Todos estos temas articulan un discurso orientado a facilitar y acelerar la expansión de la industria en la región.

Junto a esto, los representantes de empresas entrevistados señalaron que el gobierno central no tiene las capacidades institucionales necesarias para impulsar un desarrollo estratégico y planificado de un sector altamente complejo y sofisticado como el hidrocarburífero. La falta de señales claras de una política de gobierno pro expansión de este sector habría conducido a que algunas de las empresas desistieran en sus planes de expansión o de que otras ingresaran al mercado boliviano. También se enfatizó el tema de la incertidumbre de los mercados (especialmente Brasil y Argentina) y el hecho de que la expansión del sector tendría que estar acompañado de inversiones en infraestructura.

Los argumentos precedentes han sido motivo de conversación entre representantes empresariales y el gobierno central, con miras a diseñar una nueva ley de hidrocarburos que brinde el marco legal necesario para expandir el sector. Dentro de estas conversaciones y negociaciones, las reformas institucionales que se están proponiendo incluyen el relajamiento de normas que protegen territorios de pueblos indígenas.

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Con estos elementos, la configuración territorial que la industria de hidrocarburos habría generado puede ser vista desde dos ángulos. Por un lado por el flujo de recursos fiscales hacia los espacios donde el recurso está localizado (ver la sección siguiente) y que tiene el efecto de apoyar la definición de territorios en función del recurso (los campos) y, por otro lado, por las articulaciones espaciales que genera como producto de la demanda del sector por servicios, mano de obra e insumos. Sobre esto último, la industria de hidrocarburos en Tarija habría generado mayor encadenamiento productivo con los sectores productivos de Santa Cruz que con Tarija. Los factores que se anaden a este último fenómeno son la existencia de una infraestructura vial que conecta mejor las zonas de los campos gasíferos con el departamento de Santa Cruz y una estructura productiva cruceña más pronta a reaccionar a la demanda generada.

Debido al carácter altamente técnico de las operaciones, luego de la fase de exploración e instalación, la fase de producción en sí misma no genera mayor demanda de mano de obra. Esto ha hecho que el impacto en términos de empleo para el departamento de Tarija tampoco sea importante.

Percepciones sobre cambios medioambientales en Tarija

La degradación ambiental ligada con la industria hidrocarburífera en el departamento se remonta a varias décadas atrás y es un tema que cuenta con muy poca información.

Hacia 1990 se conocía muy poco sobre los pasivos ambientales dejados por la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB en las décadas anteriores. Estos pasivos consistían en pozos de petróleo averiados y con derrames, los cuales estaban ubicados en la quebrada de Sanandita (municipio de Yacuiba) y en la quebrada de Los Monos (Municipio de Villa Montes). Seis de estos pozos abandonados a finales de la década de 1970 continúan todavía hoy emanando pequeñas cantidades de petróleo que se vierten en pequeñas quebradas cercanas a la ciudad de Yacuiba, sin que el Estado boliviano haya podido hasta la fecha resolver este problema. El difícil acceso a las zonas problemáticas permitió que la población nacional en su conjunto, no guardase en la memoria más que gratos recuerdos del corto boom petrolero iniciado a principios de 1970 y que concluyó a finales de la misma década, debido a que con la tecnología de la empresa estatal no se podía perforar más de 2.000 metros bajo tierra. Un segundo impacto ambiental provocado en la década de 1970 son las brechas petroleras de 4 metros de ancho que cuadriculan el chaco tarijeño, especialmente en la zona de Villa Montes y Yacuiba y que pueden observarse todavía en las imágenes satelitales.

Luego de que las inversiones petroleras recomenzaran a partir del año 1998, nuevas denuncias de daño ambiental fueron interpuestas. Por ejemplo, la comunidad de Ipa, asentada a 25 kilómetros al norte de Villa Montes, denunció la contaminación de su quebrada que baja desde la serranía del Aguaragüe. Los dirigentes comunales relacionaban la contaminación de estas aguas con un pozo que se venía perforando en la serranía del Aguaragüe cerca del origen de la quebrada. Buscaron apoyo en la alcaldía municipal donde les dijeron que no tenían expertos en el tema, y que mejor buscasen el

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apoyo de la empresa que contaban con expertos, quienes podrían manejar mejor este problema. Las distintas reuniones con funcionarios de la empresa que negaban cualquier clase de problemas de contaminación en las aguas de la quebrada concluyeron con un arreglo entre la empresa y un hijo de un dirigente y su esposa en una reunión en Santa Cruz de la que no se conocieron luego resultados claros.

No se han registrado otras denuncias públicas y, en general, las empresas transnacionales afirman que cumplen standares internacionales en el cuidado del medio ambiente y en su remediación. No obstante – al menos en el tiempo de estudio transcurrido – tampoco se encontraron investigaciones especializadas en la medición de la calidad del agua en los ríos y quebradas ubicadas a plantas y campos gasíferos.

4. La economía política de los hidrocarburos en Tarija y sus repercusiones territoriales en los municipios de Entre Rios, Caraparí y Villa Montes

La construcción de territorios en Tarija como efecto de la explotación del gas puede ser entendido como un proceso de tensa negociación entre diversos grupos (elites urbanas, campesinos e indígenas, gobierno central y empresas), cada uno con una visión propia del mejor uso que los territorios contienen y también con una racionalidad propia respecto de la distribución y uso de los beneficios de tal explotación.

Como ha sido manifestado en las entrevistas realizadas y también fuera señalado en contribuciones anteriores (e.g. Lizárraga y Vacaflores 2007), en el discurso, la lógica de las élites urbanas, especialmente de Tarija pero también de Yacuiba y Villa Montes, es de usar los recursos del gas para insertar la economía del departamento a los circuitos internacionales – de ahí, por ejemplo, el énfasis en redes viales como la bi-océanica – y para potenciar a los agentes económicos que mejor posicionados estén para los mercados más grandes. La lógica de líderes locales y de grupos campesinos y ganaderos apunta más bien a usar los recursos del gas para una articulación más inter e intra regional, direccionada a los principales mercados urbanos donde sus productos son comercializados. La lógica de líderes indígenas parece más bien estar direccionada hacia el acceso a los recursos del gas para solucionar primero sus requerimientos básicos de servicios (como educación y salud) y luego de articulación física dentro de su territorio y de este con el resto de la región. Para cada uno de estos agentes, el acceso y control a los recursos del gas posibilita también una articulación simbólica a los espacios de poder donde se decide sobre el uso de los recursos – generalmente en términos de proyectos y muy eventualmente en términos de política. Si bien estos discursos aparecen en grupos de actores, es importante también notar que al interior de cada grupo las opiniones son diversas y en algunos casos inclusive opuestas. Esto tiene implicancias en la conformación de alianzas y, sobre todo, de coaliciones.

El surgimiento de actores organizados observado en las dos últimas décadas de alguna forma traduciría también la búsqueda de defender estas diversas visiones de qué es el desarrollo – o más bien para qué tipo de desarrollo deben de servir los recursos del gas – y, por tanto, para hacer prevalecer las particulares lógicas económicas que cada grupo de

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agentes tiene. En la medida en que estas lógicas están además – y en algunos casos, sobre todo – basadas en identidades étnicas (por ejemplo los Guaranies o los Weenhayek ), de grupo (por ejemplo los campesinos o los ganaderos), sub regionales (por ejemplo El Chaco o Entre Rios) o inclusive regionales (por ejemplo Tarija, o en un espacio mayor la zona de la “medio luna”), el surgimiento de las organizaciones y de las alianzas entre ellas se da de forma segmentada y, generalmente, mediante relaciones bilaterales.

El surgimiento de organizaciones indígenas en Tarija data de los años 80, pero cobró mayor fuerza durante los 90. Del mayor dinamismo observado en Santa Cruz, en el tiempo grupos étnicos sucesos parecidos se han visto en otros departamentos, sea a partir de la creación de nuevas organizaciones con bases étnicas o mediante la constitución de filiales de organizaciones ya existentes. Dentro de la primera ola de organizaciones, la Asamblea de Pueblos Guarani fue una de las primeras en darse, aunque luego tardó en consolidar su presencia entre los Guaraníes de Tarija. Cuando el proceso de organización guarani finalmente se dió en Tarija, este fue más fuerte en ciertas zonas (ej. la APG Itika Guasu en la provincia O’Connor); se dio con menor intensidad en otras (ej. APG Yacuiba) y fue apenas incipiente en otras (ej. APG Carapari). Por su parte, el proceso organizativo del pueblo Weehnayek fue más tardío y se dio en áreas geográficas más restringidas (sobre todo en Villa Montes y en la margen izquierda del río Pilcomayo donde la población Weehnayek se concentra). Finalmente, en el pueblo Tapiete el proceso organizativo casi no se dio y, al final, los Tapiete se unieron a los Weenhayek en la organización ORCAWETA.

Estas organizaciones se fueron articulando de forma jerárquica. En un primer nivel están las Comunidades de cada etnia; un segundo nivel de organizaciones agrupa a las “subcentrales”; un tercer nivel está constituido por grupos como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), cuya mayor representación está en la provincia de O’Connor) o la organización de Capitanes Weenhayek (ORCAWETA) localizada en el Gran Chaco.29 Finalmente, un cuarto nivel de organización se da a nivel nacional, mediante la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB), que representa a todos los pueblos indígenas de la amazonía, chaco y oriente (con un aproximado de 300.000 personas).

29 Hasta el 2004 la ORCAWETA incluía además al pueblo de los Tapiete.

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Los efectos del gas sobre la formación y cambio de organizaciones y alianzas en Tarija

En las dos últimas décadas también se ha observado una articulación más organizada y política de identidades regionales. De nuevo, la conformación de movimientos regionalistas se inició en Santa Cruz y luego se fue consolidando también en otros departamentos. Si bien la identidad “Media Luna” puede ser considerada más como una construcción social que una realidad, su expresión política fue evidente en las elecciones y referéndums del 2008. Por otro lado, coaliciones de ciertos actores alrededor de identidades Tarijeñas y sub-regionales (ej. “Chaco” o “Entre Rios”) también se han hecho visibles en este período.

La denominada “Guerra del Gas”, que ‘explota’ en el 2003, traduce varias disputas en torno a la propiedad del recurso natural. El conflicto pasa a ser luego (aproximadamente a paritr del 2005) un tema de distribución de los recursos fiscales que genera la explotación de recursos hidrocarburíferos, recursos en su mayor parte localizados en el Departamento de Tarija pero que se reclaman desde todas las otras regiones del país.30,31 Desde ahí, el gas se convirtió en el centro de la lucha política que ha articulado a su alrededor diferentes fuerzas y coaliciones sociales que sobrepasó al departamento y dio lugar a frentes macro regionales (como el de la “Medio Luna”) al mismo tiempo que otros de tipo más subregional (como “el Chaco”). En ambos casos la formación de grupos y alianzas se articulaban alrededor de las reformas institucionales en la propiedad del recurso (la nacionalización de los recursos y una mayor imposición tributaria a las empresas) así como por la lucha por el control de dichos recursos al interior del país y la consecuente búsqueda de autonomía regional para el control de los recursos. Los crecientes conflictos sucedidos desde el 2003 y con mayor intensidad durante el segundo semestre del 2005 indujeron las renuncias sucesivas de los Presidentes Gonzálo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, la instalación de un gobierno de transición y el involucramiento de movimientos sociales, élites y representaciones políticas en el proceso electoral presidencial y parlamentario (Seoane 2005, Vacaflores, Lizárraga y Tapia 2005).32

Tanto los acontecimientos que se dan durante el período de la ‘guerra del gas’ a nivel nacional, como los que emergen al interior del departamento de Tarija van incorporando 30 En esta reivindicación de recursos ‘nacionales’ el FEJUVE (Frente de Juntas Vecinales de El Alto) jugó importante rol. El Alto es el municipio más grande en el departamento de La Paz (y de Bolivia), cuya población es mayoritariamente aymara y quechua.31 En el 2000 se dan movilizaciones regionales en Tarija como departamento productor, que presiona para la explotación del gas y su venta a mercados internacionales. Ello genera un debate y movilización en el Occidente boliviano en torno a la propiedad de los hidrocarburos, protagonizados por movimientos sociales de las ciudades de El Alto, Cochabamba y Oruro y quienes logran derrocar a Sánchez de Lozada (2003). Entre octubre de 2003, fecha en la que se da la sucesión constitucional, y el 10 de juniode 2005, con la declinación del gobierno de Carlos Mesa, se da un segundo momentode la Guerra del Gas (PIEB-JA INA, 2005)32 Reportes del Observatorio de Conflictos CLACSO-OSAL http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=3099

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en la escena política a nuevos actores, quienes oponen sus visiones de autonomía, desarrollo y cambio en las relaciones de poder (Vacaflores y Lizarraga 2005). En paralelo al surgimiento de liderazgos ‘regionales’ (como el Comité Cívico de Tarija) y sus respectivos representantes, salen a la luz organizaciones (como las de los pueblos indígenas) quienes, no obstante su creación previa a la expansión de la industria de hidrocarburos, no tenían mayor visibilidad. Estas se hacen visibles, no solo por la fuerza de su acción para reclamar ser incluidos en el sistema (por ejemplo al reclamar participación en la distribución de la renta) o para ser parte del proceso de toma de decisiones (por ejemplo al cuestionar donde y como se hace la explotación del gas). En esto último son sobre todo las organizaciones de pueblos indígenas las que cobran mayor visibilidad debido a que varios de los recursos hidrocarburíferos – feliz o lamentablemente – se encuentran en sus territorios (por ejemplo en la TCO de Itika Guasu en O’Connor, o en la de los Gwenayeec en el Gran Chaco).

Pero además, el ‘efecto gas’ hace que otros sectores que tampoco tenían mayor presencia en los movimientos regionales (como los campesinos) también encuentren cierto espacio para, a través de sus organizaciones, negociar su apoyo político a las organizaciones y dirigentes regionales y locales (sean estas las de Tarija, del Chaco, o de cada sección municipal) a cambio de atención y reconocimiento de sus demandas. Sin embargo, estas alianzas no necesariamente se sostienen en el tiempo. Esto se puede ilustrar con las siguientes declaraciones:

“El alcalde fue elegido como representante de los campesinos con una agrupación ciudadana (PUC), pero ahora se ha pasado al MAS y además, no está coordinando con la organización campesina para las elecciones de diciembre”.33

El gas también ha ayudado a hacer más visible la presencia de otro sector que históricamente permaneció “invisible” en las esferas económicas y políticas de la región. Por un lado este sector se hizo visible por su situación de población y territorio afectados por las companias de la industria hidrocarburífera. Por otro lado, el sector indígena aparece como “protagonista” – aunque todavía en estado muy emergente – de un nuevo proyecto territorial, el que además de estar basado en factores territoriales propios (por ejemplo identidad étnica o una relación sociedad-naturaleza particular al grupo) encuentra soporte en los recursos que se generan o se podrían generar por el gas. El siguiente extracto de la entrevista a un líder indígena es propicio para ilustrar esta reflexión:

“La demanda de la TCO [Itika Guasu] es que es un territorio, la petrolera afecta a todos. Por consiguiente todo lo que se haga [con los recursos del gas] es para todos. La Itika Guasu está exigiendo resarcimiento [por los daños producidos por la empresa petrolera], ahora que va a quedarse 40 años por el contrato lo que [los guaranies] quieren es que respeten sus derechos. En las otras zonas y pueblos, las

33 Entrevista al Secretario Ejecutivo de la Central Campesina de Caraparí (Setiembre 2009).

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petroleras han jugado mal, les han dado plata, las autoridades se han dividido. La Repsol también ofreció plata a la organización; dijeron ‘les damos tanto, pero la plata la manejamos nosotros y primero renuncian a sus derechos, pasa algo y no reclaman nada’. Entonces los de Itika Guasu no han aceptado.34

Los varios proyectos territoriales desde una perspectiva regional

En Tarija coinciden distintos discursos que posicionan distintas visiones de la región y aluden de forma diferente al sujeto colectivo regional: el tarijeño, el chapaco, el chaqueño, el indígena, el campesino chapaco y el citadino” (Lizárraga y Vacaflores, 2007: 25).

Estos actores regionales y étnicos están localizados y responden a espacios geográficos determinados. Pero también están en búsqueda de constituirse en proyectos territoriales (sensu proyecto DTR), o en ser parte de un proyecto territorial mayor. En este sentido, tanto las demandas indígenas por Territorios Comunitarios de Origen (TCO), como las demandas poblacionales por sub/regiones autónomas (las autonomías indígenas, el Gran Chaco o Tarija) son parte de la producción de territorio tanto dentro de Tarija como a nivel del departamento de Tarija en su conjunto. En esta construcción de territorio el acceso ingresos fiscales de los hidrocarburos o la apropiación del recurso para acceder a las regalías y las acciones de beneficio comunal de las empresas aparece como una estrategia que brinda los recursos financieros necesarios para llevar adelante el proyecto territorial específico de cada grupo.

En estas diversas visiones territoriales de construcción de país y región, un elemento que se ha venido señalando en la literatura y la opinión institucional pública es la racialización del discurso y la práctica de los movimientos sociales que alentan los procesos autonómicos en Tarija y Santa Cruz (véase, por ejemplo, el informe de la Defensoría del Pueblo 2009). Según las diversas contribuciones del informe, la estrategia para fomentar sentimientos regionalistas se da vía mecanismos de creación de enemigos internos y externos, de mecanismos de seducción simbólicos dirigidos hacia los sectores populares y de mecanismos de humillación, castigo y violencia física a quienes se identifican como “el enemigo”.

En Tarija, este elemento racial de la construcción de identidades territoriales se da además en base a nociones de contaminación cultural que ya existían desde mucho antes en la sociedad tarijeña, pero que se exacerban en la coyuntura de la expansión de la industria hidrocarburífera y del replanteamiento de las reglas del juego para su explotación y distribución de rentas. Al cuestionamiento del poder del gobierno “colla” centralizado en La Paz, se suma un nuevo miedo a la amenaza de una “invasión cultural

34 Entrevista a un consejal Guarani de la Itika Guazu en la municipalidad de Entre Rios (Setiembre 2009).

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colla” que atentaría contra los intereses regionales y contra la pureza identitaria de Tarija. (Torrico y Nunez 2009).

La visión de líderes locales ubicados en gobiernos locales (la prefectura y municipios) reclaman la autonomía territorial, sea del departamento (Tarija) como de espacios sub regionales (por ejemplo El Chaco) en base a argumentos históricos de origen de tales territorios y a argumentos reivindicativos sobre el acceso y control a recursos territoriales.

Por ejemplo, la siguiente nota es ilustrativa del sentimiento de algunas élites, quienes evocan la historia del departamento para fundamentar el porque de la pretendida autonomía para Tarija y además relacionan esta evocación histórica a la explotación del gas:

“Conviene recordar que al año de 1810, Tarija igual que Paraguay y Uruguay éramos provincias de Argentina y que los “intereses” de no más de 17 comerciantes afincados en la tierra misma, fuertemente ligados al mercado de Potosí, nos ensartaron en Bolivia, mientras que las otras provincias, terminaron siendo Estados soberanos. No es tarde para repensar en estos hechos, por que –tampoco- fuimos parte formal y reconocida de Bolivia hasta el año de 1889.35 Lo que significa que –Argentina- recién resigna sus derechos sobre Tarija después de 63 años, al menos.

El pueblo nuestro [Tarija] es esencialmente autónomo y libre de origen, y su anexión se debe a un acto de fidelidad por autodeterminación precisamente; para ser no solamente castigados con una guerra donde perdimos más de 270.000 kilómetros cuadrados; y hay quienes –en el occidente- que creen que “han ganado la guerra con el Paraguay”, miran a Tarija como su “billetera” del gas…”36

El planteamiento de desarrollo económico de los campesinos considera el acceso a aquellas secciones del territorio que le aseguren control de recursos básicos para su producción como tierra, agua y bosque (por el carácter extensivo de la producción pecuaria) (Calzavarini 2006, citado en Lizarraga y Vacaflores). El planteamiento de los indígenas suma a lo reclamado por los campesinos, un dominio total del territorio – lo que incluye el control de recursos del subsuelo y/o de los espacios en los cuales los recursos hidrocarburíferos se encuentran. En la mayoría de casos, esto incluye la expropiación de tierras de terceros (los campesinos y ganaderos) o su expulsión de los

35 De acuerdo a la historia oficial, el departamento de Tarija fue creado en 1839 por el presidente Andres de Santa Cruz.36 Bolivia - ¿Autodeterminación para Tarija? Publicado el 24-11-2007 en Columnistas, Internacional, Oscar E. Lazcano H. (http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2007/11/24/bolivia-%C2%BFautodeterminacion-para-tarija/)

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territorios indígenas si no se llega a un acuerdo.37 Esta visión de los pueblos indígenas de alguna forma se recoge en la declaración conjunta que hicieran a nivel de la CIDOB:

“El desafío actual de las comunidades y organizaciones indígenas consiste enconsolidar territorios viables que faciliten un desarrollo como ellas mismas se loplantean: 1) La consolidación jurídica de la propiedad del territorio y del acceso a los recursos naturales en su interior; 2) La consolidación de la gestión indígena delterritorio, tanto para administrar internamente el propio espacio, como para negociar y relacionar con sectores no indígenas presentes en el territorio; 3) La consolidación económica y social, mediante el desarrollo de las comunidades de la manera que ellas mismas proponen”.38

Tanto la visión de territorio como las respectivas reivindicaciones de autonomía y acceso a los beneficios de la explotación del gas estarían en buena parte sustentada en la situación de postergación histórica de la que los pueblos indígenas de las zonas bajas fueron objeto. Aun después de varios años de explotación del gas en sus territorios y de un flujo significativo de ingresos a los gobiernos locales y regionales, la situación de muchos de estos pueblos estaría caracterizada por (De Vries 1998, Guerrero 2005): i) disminución demográfica debido a hambre, desnutrición, alta mortalidad infantil y baja resistencia a enfermedades; ii) Carencia de recursos naturales de subsistencia, sobre todo de cantidad y calidad de tierras; iii) grupos étnicos que están bajo tutorías foráneas, no demandadas por los nativos, que aunque intervengan a título humanitario, efectúan traslados forzados de hábitat y desarrollan una labor de inmovilización y aislamiento artificial de estos pueblos; iv) grupos étnicos que son objeto de persecución religiosa; v) ser víctimas de desalojos con violencia armada por parte de sicarios contratados por latifundistas, cuando los indígenas se asientan en “tierras de terceros”; vi) ser víctimas de la presión de colonizadores andinos de tierras, madereros, empresas agrícolas, ganaderas, petroleras y mineras; narcotraficantes y comerciantes; vii) la existencia de familias cautivas en servidumbre perenne y con relaciones laborales de semi-esclavitud por deudas heredadas relaciones; viii) limitado o nulo acceso a servicios sociales; ix) pérdida de cohesión sociocultural e identidad, producto de la exclusión dentro del sistema mayor y de la desposesión de sus propios territorios.

Luego del 2006, el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y la incorporación de algunos de ellos en espacios de decisión de política pública han facilitado que se establezcan alianzas entre organizaciones indígenas (como la CIDOB, la CONAMAQ) y organizaciones campesinas (como la Federación de Campesinos) para una participación activa en las elecciones municipales y nacionales. Estrategias de este tipo se perciben como mecanismos útiles para impulsar proyectos que sean funcionales a reducir el impacto de la situación descrita arriba.

37 Por ejemplo, los indígenas Guaranís de la TCO Itika Guasu han planteado comprar las tierras de los terceros que se encuentran dentro de la TCO. Los recursos financieros para ello saldrían de las regalías del gas. (Declaración de … Capitán).38 Citado en De Vries (1998).

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Aproximación a las dinámicas territoriales rurales en Entre Rios, Carapari y Villa Montes

Geográficamente, el territorio en el cual se concentra este estudio es un área de transición entre los valles y el chaco tarijeños. La mayor región de esta zona de transición se expande en las provincias O’connor, Aniceto Arce y Cercado (cubriendo un espacio de 13,072.26 Km2 y 225,366 habitantes)39 además de las zonas más altas de los municipios de Caraparí, Yacuiba y Villa Montes. Es una región donde predomina el bosque tucumano, el Chaco serrano y el gran Chaco.40 Las actividades principales están relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca (para grupos indígenas), la explotación maderera y la extracción y transporte de hidrocarburos. Es un área que muestra indicadores moderados en cuanto a incremento de consumo y disminución de pobreza y donde la provincia O’Connor (municipio de Entre Rios) muestra tasas mayores de reducción de pobreza y mejora de la desigualdad.

En los territorios donde se propone concentrar el estudio se encuentran similitudes y diferencias. En términos geográficos es una zona de pie de monte, donde la sierra termina y el chaco empieza. En términos sociales y étnicos es una zona de antigua colonización con poblaciones blanco-mestizas consolidadas, pero también con poblaciones guaraníes importantes. Hasta hace poco, la población guaraní era empadronada dentro de las haciendas, pero recientemente viene experimentado un proceso de organización que enfatiza el reclamo por recuperar sus territorios ancestrales. Finalmente, es una región cuya economía ha sido agropecuaria, sin grandes centros urbanos pero con centros intermedios como Entre Rios y Caraparí, los cuales juegan un papel en la articulación económica y política del espacio.

A. Entre Rios - O’Connor41

Entre Rios es la única sección municipal de la provincia O’Connor, localizada en la parte central del departamento. Limita al norte con el departamento de Chuquisaca, al Sur y al Oeste con la provincia Gran Chaco y al Este con las provincias de Cercado, Méndez, Avilez y Arce. Su extensión es de 5033.85 Km2 (equivalente a 14 % del departamento) y una altitud promedio de 1273.63 m.sn.m. (del centro poblado), con oscilaciones entre los 500 m.s.n.m. en las riberas del río Pilcomayo y los 2500 m.s.n.m. en las cumbres más altas. El clima es de tipo mesotérmico templado, cálido y húmedo en verano; templado y seco en invierno. Es un municipio de transición entre el valle central tarijeño y el chaco. Tiene al menos 4 pisos ecológicos: valle alto, subtrópico, valle central húmedo y el chaco seco. El 80% del territorio está cubierto de bosques de diferente tipo y potencialidad, ubicados en paisajes de serranías y colinas, mientras el 20% restante tiene cobertura de matorrales, pastizales y cultivos agrícolas (17%).42

39 Incluyendo a la población urbana de la ciudad de Tarija.40 Véase el trabajo de David Preston y su equipo sobre este tema.41 Esta sección se basa en Arcienega et al 2008, Cortez 2009, entrevistas del equipo en las Fases 1 y 2A de la investigación.42 Gobierno Municipal de Entre Ríos. Diagnóstico Municipal Consolidado.

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En el 2008 la población estimada para la provincia de O’Connor fue de 22000 habitantes, con una tasa de crecimiento intercensal comparativamente muy baja respecto del promedio departamental (0.92% frente a 3.1% para el período 1992-2001). 87% de esta población está en el área rural y el restante 13% en el único centro poblado de la provincia, la localidad de Entre Ríos. En el censo del 2001, 14.8% de la población declaró ser de origen guaraní, pero solo el 8.6% declaró ser bilingüe (español-guaraní) y 2.2% declaró el guaraní como principal idioma hablado. 5.3% de la población se identificó como aymara o quechua, pero solo 1.9% reconoció su bilingüismo (español-quechua). La mayoría de la población no se auto-identificó étnicamente. 43

Aunque la tasa de pobreza registrada en el 2001 es alta (37.3% de pobreza moderada y 50% de indigencia)44, la reducción observada durante el período 1992-2001 es significativa y cercana a lo registrado en la ciudad de Tarija, con mayor incidencia en la reducción de indigencia y marginalidad. La mayor parte de la población afectada por la pobreza está en el área rural y en los pueblos indígenas.

Durante el mismo período la mejora en indicadores sociales es también notoria. La tasa de alfabetismo creció en cerca de 10%, el porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos de agua y saneamiento casi se duplicó. No obstante, la tasa de mortalidad infantil continua siendo alta, así como el acceso a servicios de salud es baja, ambos sin mayor cambio durante el período intercensal.45

La economía política de la formación de territorio(s) en Entre Ríos/O’Connor

Históricamente hacia el siglo XVIII, la colonización de la provincia con colonos mestizos y españoles significó la conformación de un sector ganadero que logró expandirse en base a la expulsión violenta de población guaraní que ocupaba tierras en el sur de la provincia y la desplazó a la región noroeste, donde actualmente se ubica la demanda territorial de la TCO Itika Guasu. Esta ocupación del territorio provincial fue seguida por un proceso de adjudicación (más precisamente, regalo) de gran parte de la provincia de O’Connor al general irlandés Burdett O’Connor en 1828 y la subsecuente venta de tales tierras por sus descendientes en las décadas siguientes, facilitando de esta forma una segunda ola de inmigración.46

Una tercera ola de inmigración sucedió durante la Reforma Agraria de 1953, cuando se dio una dotación inicial de 5 Has. por familia a campesinos procedentes del valle central tarijeño, en base a la cual algunos de ellos, por sus relaciones con el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lograron concentrar mayor cantidad de tierras y se constituyeron en pequeños latifundistas,47 con restricciones debido a la accidentada topografía de la zona.

43 INE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.44 Calculado en base a las NBI, PNUD-INE 2005.45 INE 2004.46 Regalo del gobierno de Bolivia en reconocimiento a sus servicios prestados en la lucha por la independencia. En reconocimiento a la propiedad otorgada, la provincia toma su nombre. (citar…).

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Una cuarta ola de inmigración, orientada principalmente a los centros urbanos de Tarija y Yacuiba y en alguna medida Entre Rios, se da a partir de mediados de la década de los 1980s cuando la debacle del sector minero en los departamentos del Altiplano (Potosí, Oruro, La Paz) expulsa población minero-campesina hacia los departamentos del valle y oriente del país.

En base a esta ocupación del territorio, los sectores productivos y sociales que se forman en Entre Rios/O’Connor son los siguientes:

1. Sector ganadero-campesino, en el cual solo un porcentaje pequeño logró acumular tierras de gran extensión (aproximadamente entre 2000 y 5000 Has.) y son quienes pueden ser denominados más propiamente “ganaderos”. La gran mayoría de población agrupada en este sector se auto-denomina “campesina”, tiene origen mestizo- hispanohablante y proviene del valle central de Tarija y algunas otras zonas del país. Desde hace unas dos décadas este sector está agrupado en la Central Agraria de la provincia O’Connor, la cual agrupa a 65 comunidades, organizadas en 11 sub centrales, incluida la Asociación de Ganaderos O’Connor. En la Asociación de Ganaderos, se estima actualmente unos 1200 socios inscritos48 y en todo el sector agrario unas 18000 personas – aproximadamente tres cuartos de la población provincial49. Parte de este sector está localizado en tierras pertenecientes al pueblo Guaraní.

2. El pueblo Guaraní del Itika Guasu, al cual pertenecen aproximadamente entre 3600 y 4000 personas (al 2009) agrupadas en 700 familias y 36 comunidades. A partir de 1989, estas comunidades están organizadas en la Asamblea Guaraní del Itika Guasu, organización indígena que en 1996 inició el reconocimiento de la TCO Itika Guasu, demandando 216,000 Has. y facilitó la erradicación del sistema de hacienda y trabajo forzado dentro de la TCO.

3. El sector urbano, de formación reciente y concentrado en Entre Ríos y algunos centros poblados menores. Aunque muy pequeño y mayoritariamente compuesto por población dedicada al comercio, servicios y la administración pública – menos del 13% de la población provincial era rural en el censo del 2001 – es un grupo que crecientemente participa e influye en la política local y el destino de recursos públicos. En este sector se incluye a la población “migrante temporal” y la que conmuta desde la ciudad de Tarija para trabajar en la provincia, grupo que se ha incrementado en los últimos años con la mayor transferencia de ingresos fiscales a la provincia.

Dinámica económica

Entre Rios/O’Connor ha tenido históricamente una dinámica económica marcada por las actividades agropecuarias. En 1992, 71.6% de la población tenía como principal actividad

47 Muchos de ellos sobre todo de origen mestizo e inclusive extranjero (sirio-libanés), quienes mantienen sus propiedades en la provincia, pero residen en Tarija y Yacuiba.48 Declaraciones de la Vice Presidenta de la Asociación (Entre Rios, Setiembre 2009).49 Declaraciones del Presidente de la Central Agraria (Entre Rios, Setiembre 2009).

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la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En el 2001 este porcentaje cayó a 47.0% y el incremento de los sectores minerales (incluido el de hidrocarburos) se incrementó en más de 10 puntos.50 Aunque no se tienen estimados recientes, se opina que con la expansión del gas en la provincia y el resto de la región del Chaco (hacia el 2006), el porcentaje de la población dedicada a actividades derivadas de dicho sector (por ejemplo, construcción, servicios no calificados y comercio) habría crecido.51

Sin embargo, a diferencia de otros municipios rurales que conforman el Chaco y la zona de transición entre chaco y valles, Entre Rios ha mostrado un dinamismo que destaca en la región. Su agricultura, dominada por la producción de maíz, maní, fruticultura y un poco de horticultura, y la ganadería tienen como principal mercado la ciudad de Tarija. Los otros mercados regionales que estacionalmente se han abastecido son los de Camiri, Yacuiba, Santa Cruz (con papa) y La Paz (maní). La mayor parte de la producción agrícola comercial proviene de los campesinos, en menor medida de los pueblos Guaraní de la zona 1 y muy poco de los de la zona 2.52

Recuadro 2: Patrones de producción en las comunidades guaraníes Las principales actividades económicas de unas 400 familias guaraníes ubicadas en las zonas con mayor precipitación pluvial es el cultivo del maíz. Unas 9 comunidades asentadas cerca del río Pilcomayo, y en zonas más secas se dedican temporalmente (Abril a agosto) a la pesca comercial y en las siguientes temporadas del año a la cría de cabras.

En la última década, en unas 14 comunidades se ha iniciado la cría de ganado vacuno con la implementación de cerramientos, implantación de pasturas y construcción de represas y bebederos. Una veintena de familias se han capacitado asimismo en la cría semi intensiva de cerdos y de pollos parrilleros; mientras unas 70 familias practican actualmente la diversificación de cultivos y hortalizas con criterios agroecológicos.

Analizando la introducción de nuevas tecnologías productivas y la capacitación de los productores agropecuarios guaraníes, a través del desarrollo de múltiples proyectos de desarrollo a cargo de ONGs y en menor medida de instituciones estatales, se puede decir que un segmento de la población guaraní ha incrementado su nivel de productividad y consolidado relativamente sus fuentes de ingresos, en comparación con familias ganaderas y campesinas de la misma región del Itika Guasu en la provincia que no cuentan con asistencia técnica regular ni con políticas públicas en el área de desarrollo.

50 INE 2005. Atlas.51 Cortez 2009 y declaraciones de diversos actores dadas en entrevistas (Setiembre 2009).52 Declaraciones de dirigentes agrarios e indígenas y de miembros del equipo de CER-DET (Setiembre 2009).

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De las 95.000 hectáreas de TCO actualmente reconocidas (sobre una demanda 216.000 Has.), la mayoría están ubicadas en serranías poco aptas para actividades agropecuarias. La APG Itika Guasu mantiene la esperanza que con el gobierno de Evo Morales se pueda expropiar de los ganaderos las tierras que les permita desarrollar la actividad ganadera.

Fuente: En base a Cortéz 2009.

Respecto a la producción ganadera, las observaciones de los entrevistados son un tanto contradictorias. Por un lado, los representantes de los sectores agrarios y los del gobierno local señalaron que, no obstante el poco apoyo al sector, la producción habría mejorado en calidad e incrementado en cantidad. Por otro lado, el equipo de campo de CER-DET y algunos dirigentes indígenas señalaron que la producción y productividad ganadera ha disminuido, en parte por la falta de apoyo y problemas de acceso a mercados, pero sobre todo porque las reivindicaciones de tierras del pueblo Guaraní y su liberación de fuerza laboral bajo control de los ganaderos, habrían disminuido considerablemente la competitividad del sector – antes basada en un acceso casi irrestricto a tierra y pasturas y a mano de obra casi gratuita.

Otro aspecto mencionado en las entrevistas realizadas es que, en los últimos años, la población rural se ha incrementado y, con ello, la fuerza laboral para actividades productivas – aunque no necesariamente la agricultura. La migración que principalmente se dirigía hacia el Sur del departamento (Yacuiba) y el área rural de la Argentina habría disminuido e inclusive se estaría dando migración de retorno.

En toda esta dinámica, los mayores efectos positivos de la explotación de hidrocarburos sobre la producción, el empleo y el ingreso estarían ligados al incremento de inversión pública en infraestructura de carreteras y servicios (educación, salud y vivienda). La inversión en infraestructura para la producción o el apoyo directo a productores se dijo fue casi nula, antes y después del flujo de recursos fiscales y financieros del gas.

El mayor efecto negativo de la explotación del gas sobre el sistema productivo fue señalado solo por algunos miembros del equipo profesional de CER-DET. Este sería de deterioro de los recursos forestales, cercamiento de ciertas zonas y contaminación de aguas.53 Un efecto indirecto sobre la producción estaría relacionado con los conflictos y disputas sobre límites territoriales entre la provincia O’Connor y la del Gran Chaco (por la localización del Campo Margarita) y los recursos públicos y privados invertidos en el conflicto. Otro efecto indirecto sobre la producción habría sido el desvío de recursos hacia otros sectores (fundamentalmente la construcción) cuyo uso podría haber sido más eficiente y de mayores retornos en los sectores productivos. Sin embargo, tal destino de

53 Las guías de entrevistas no incluyeron preguntas directas de identificación de efectos positivos o negativos de la explotación del gas. Se buscaba más bien que esto surgiera de forma espontánea al referirse a los mayores avances o problemas observados en la provincia.

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los recursos provenientes del gas fue justificado por los entrevistados del gobierno local por las restricciones institucionales que hasta poco tenían para orientar su inversión.54

Articulación y alianzas

Antes y después del gas, los ganaderos y campesinos han tenido representación política en el consejo Municipal de Entre Ríos.

El grupo de profesionales y de “clase media” urbana se ha afiliado a las agrupaciones políticas que tienen presencia en la provincia o el departamento y han copado el acceso al mercado laboral abierto dentro de la administración pública (municipio, subprefectura, hospital público, servicio departamental de educación y otros proyectos del Estado) por el flujo de recursos fiscales del gas.55 A este grupo también se suma el grupo de pobladores urbanos, cuyo origen es principalmente el Altiplano, y que brinda su apoyo electoral al partido de gobierno (el MAS) en base a una cierta identidad o solidaridad étnica y política.

Los conflictos que se han dado por el acceso a los recursos fiscales generados por la explotación de los hidrocarburos en Tarija han trastocado la estructura organizacional que existía dentro del departamento y las relaciones de este con el resto del país. Estos conflictos se han venido dando a diversas escalas. Debido a la escasa delimitación territorial, la localización del recurso (los pozos) ha generado conflictos a nivel inter-departamental (por ejemplo entre Tarija y Chuquisaca) como interprovincial (entre O’Connor y Gran Chaco), inter-municipal y comunal. En el contexto abierto por la nueva Constitución Política del Estado, tal disputa sobre el pozo Margarita ha inducido al pueblo guaraní a buscar la creación de un municipio indígena en el área de influencia guaraní en Tarija (tomando parte de las secciones municipales de Entre Rios, Villa Montes, Caraparí y Yacuiba), con la TCO Itika Guasú y el pozo Margarita como pilares.56

Por otro lado, la disputa entre el departamento de Tarija – asociado con otros departamentos del oriente (ver sección 3) se ha venido dando en base al control de los recursos generados como a la distribución de los mismos.

La presencia política de los guaraníes del Itika Guasu se ha ido generando paulatinamente desde 1989, a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu (APG-IG), ahora

54 Si bien esto se dejo entrever en las entrevistas, en esta fase de la investigación todavía no se cuenta con evidencia empírica que de soporte a tal afirmación.55 La escasa disponibilidad de profesionales en la provincia induce a que los funcionarios públicos en agencias estatales departamentales y nacionales (Superintendencia Forestal, Servicio Departamental de Semillas SEDAG, Servicio Nacional de Sanidad Animal y Ganadería SENASAG, Programa de Asistencia Técnica) en su mayoría procedan de Tarija y conmuten hacia la provincia. De la misma forma más del 90 % de las empresas constructoras y firmas consultoras que ejecutan contratos públicos proyectos en la provincia tienen su sede en la ciudad de Tarija. (Cortez 2009).56 La demanda territorial del pueblo guaraní en O`Connor se presentó al gobierno nacional en el año 1996, antes de que se iniciase la exploración que llevó al descubrimiento del megacampo Margarita, por lo tanto la intención de organizar una administración separada del municipio de Entre Ríos sólo se consolidó con la inyección de recursos de regalías e impuestos que recibe la provincia.

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la organización indígena más sólida y representativa de los guaraníes en el departamento de Tarija. Aunque este proceso de integración al espacio público y a los espacios políticos es lenta y está sujeta a las reglas o condiciones que el aparato institucional ya establecido impone a las organizaciones nuevas – por ejemplo, bajo mecanismos de co-optación e ineficiencias en la implementación de acuerdos – la APG-IG ha logrado presencia y representación política en el Consejo Municipal de Entre Ríos con un Concejal elegido en diciembre de 2005, un Jefe Departamental de la Unidad de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios de la Prefectura del Departamento de Tarija UDAIPO, un presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes y Tapietes del Departamento de Tarija y un representante nacional en el Comité Nacional de Monitoreo Socio-ambiental de las actividades hidrocarburíferas. El avance de la APG Itika Guasu le ha significado, además, reconocimiento por parte de algunos campesinos que tienen tierras dentro de la TCO y que encuentran espacio para ser representados. Hasta el año 2007 la relación con la prefectura era indirecta, estaba mediada por las ONGs y autoridades locales de la provincia. Con la aceptación de la prefectura de la creación de la Unidad de Asuntos indígenas y Pueblos Originarios UDAIPO, y el nombramiento de un guarani del Itika Guasu como jefe departamental de esta unidad, la relación entre las demandas de las organizaciones indígenas es directa con el aparato prefectural. El avance de la organización ha hecho que partidos y agrupaciones políticas del departamento y del país busquen articularla a sus respectivos movimientos políticos.57 Surgimiento de una identidad territorial

Junto al avance económico que se ha registrado en los últimos 10 años, también se ha desarrollado una identidad entreriana, que se aparta del Chaco y más bien se relaciona a Tarija. Esta nueva identidad coexistiría con la identidad guaraní dado el origen de la población indígena. Tanto la TCO Itika Guasú como el gobierno municipal son los actores más visibles que representan al territorio.

B. Caraparí58

Caraparí es la segunda sección municipal de la provincia Gran Chaco, en el departamento de Tarija. Tiene una superficie de 2743 Km2, equivalente a un 15,5% de la superficie de la provincia y una altura promedio de 1048 msnm. La mayor parte del territorio está cubierta por dos tipos de ecoregiones: el bosque tucumano y el chaco serrano, en este sentido, la capacidad de uso mayor del suelo corresponde en su mayoría a bosques naturales maderables y en menor proporción, a espacios dedicados a la agricultura anual extensiva. El uso actual que se le da corresponde a actividades agro-silvopastoriles donde

57 Junto a otras organizaciones de pueblos indígenas del departamento, la APG Itika Guasu apoyaría un candidato indígena (del pueblo Weehnayek) a diputado por la circunscripción indígena en las elecciones de diciembre 2009, junto al partido de gobierno del MAS. Por su parte, el Prefecto Mario Cossio, cuya agrupación política es regional, estaría impulsando una candidatura alternativa desde los pueblos indígenas, mediante la inclusión en la lista electoral de un dirigente de la APG Itika Guasu (quien hasta setiembre del 2009 ejercía como Jefe Departamental de la UDAIPO).58 Esta sección está basada en las entrevistas del equipo en las Fases 1 y 2A de la investigación y en el PDM municipal..

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las prácticas agrícolas de cultivos anuales se combinan con la tenencia de ganado mayor y menor y la extracción selectiva de recursos forestales para distintos usos.

El municipio contaba en 1992 con una población de 7816 personas y 9832 en el 2005. Se estima que, en el 2009, la población es de aproximadamente 12000 habitantes.59. La tasa de crecimiento intercensal (1992-2001) fue de 1,57, cifra comparativamente menor al dato departamental de 3,77. En el censo del 2001, sólo un 7,6% de la población se autoidentificó como guaraní, un 7,1% como quechua y un 81,1% declaró no tener identificación indígena alguna.

La pobreza en Caraparí es severa. Aunque para el 2001, el porcentaje de población que vive en indigencia se había reducido de 58,6% a 38,3% durante el periodo intercensal y la población en pobreza moderada se incremento de 24,3% a 48,4%, las personas que tenían satisfechas sus necesidades básicas sólo ascendían a un 2,2% de la población total.

Dinámicas económicas

La principal fuente de ingresos de las familias campesinas del municipio de Caraparí es la actividad agropecuaria. En 1992 el 66,4% de la población se dedicaba fundamentalmente a la producción agrícola y ganadera, porcentaje que para 2001 había disminuido a un 53,7%, como reflejo de una tendencia nacional en las áreas rurales del país, pero que de todas maneras refleja la importancia de estas actividades en el municipio. Los principales productos agrícolas son el maíz, que se destina al consumo familiar y al mercado de Tarija; la soya y la papa que se venden fundamentalmente en Santa Cruz y la producción de cítricos y hortalizas que se comercializa en el mercado cercano de Yacuiba. Además de esto, la importante producción de ganado porcino y vacuno de la zona es destinada a Tarija y representa la principal fuente generadora de excedentes del municipio.60

Asimismo, Caraparí es una zona con grandes reservas de hidrocarburos y sede de uno de los más grandes campos gasíferos del país (San Alberto). Este hecho ha generado una serie de nuevas dinámicas económicas en el municipio, relacionadas especialmente con la prestación de servicios articulados a la producción hidrocarburífera y a los procesos de inversión en infraestructura realizadas recientemente por instancias estatales que tienen ahora una gran cantidad de recursos como producto de las regalías e impuestos gasíferos. Se supone que este proceso ha significado empleo y oportunidades para un porcentaje de la población que antes se dedicaba a la agropecuaria.

En este sentido, la estrategia de desarrollo del municipio está basada en la producción agrícola – ganadera y el uso de sus recursos forestales,61 potenciada y apoyada por el uso de los recursos financieros provenientes de la renta del gas en términos de inversión en infraestructura y apoyo directo. Los actores

59 Datos FAM y entrevista al vicepresidente del Comité Cívico (Setiembre 2009).60 PDM Caraparí 2002 - 200661 PDM Caraparí 2002 – 2006. La estrategia también incluye al ecoturismo.

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La identificación de actores realizada en base al mapeo de la fase 2A nos permite resaltar la importancia de:

- Los campesinos, quienes son la mayor parte de la población de la sección municipal. Estos en su mayoría son descendientes de migrantes del valle tarijeño y de otras regiones como Potosí y Chuquisaca que en distintas épocas llevaron al municipio en busca de tierras disponibles, sin embargo ahora se reconocen como chaqueños, colonizadores de la región y dueños legítimos del territorio y sus recursos. En los últimos años, también han llegado migrantes de origen quechua y aymara.

La mayor parte del sector campesino está compuesto por pequeños productores, propietarios de tierras no mayores a 20 hectáreas. Un porcentaje muy pequeño tiene propiedades de hasta 400 hectáreas. Estos últimos se especializan en la crianza de ganado y en el cultivo de soya.

El grupo está articulado en la Central Campesina de Caraparí, la cual agrupa a 46 comunidades de las 47 del municipio (la otra restante es guaraní) que están organizadas en 6 subcentralías que corresponden a los 6 distritos en que está dividido el territorio municipal.

- El pueblo guaraní. A diferencia de lo encontrado en Entre Ríos, este grupo es pequeño (aproximadamente 300 familias distribuidas en comunidades campesinas) y, aunque en el pasado la región pertenecía a los guaraníes, ante la llegada de migrantes y colonos en siglos anteriores, se fueron trasladando. Los guaraníes están recién organizados en el municipio, gracias al apoyo de algunas ONG y otras instituciones, pero todavía no han llegado al nivel de empoderamiento que se puede encontrar en Itikaguasú.

- La alcaldía del municipio, cuya cabeza fue elegida con el apoyo campesino, pero que ahora se ha convertido al MAS, es desde la época en que se dio la ley de Participación Popular, el referente estatal principal para el desarrollo de cada municipio y sus principales atribuciones están relacionadas con la inversión en salud, educación y apoyo productivo entre otras.

- El corregimiento de Caraparí, que es una instancia desconcentrada de la Prefectura departamental, tiene un rol fundamental en el desarrollo de la zona, ya que es la instancia que recibe el 15% de las regalías departamentales del gas, al igual que los municipios de Villa Montes y Yacuiba, todos pertenecientes a la provincia Gran Chaco.

- Las empresas petroleras.

- Otras instituciones a considerar son por ejemplo el Comité Cívico de Caraparí y el Comité de Desarrollo de Caraparí, ambas conformadas con representantes de la

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sociedad urbana y rural y que tienen un rol importante a la hora de discutir los proyectos e iniciativas de desarrollo impulsadas desde la alcaldía y la prefectura.

- También es evidencia la presencia de algunas ONG dedicadas fundamentalmente al apoyo en temas productivos y organizacionales, como el caso de ASOCIO.

Articulaciones y alianzas

Las relaciones entre estos actores han sido especialmente conflictivas. Antes del boom gasífero en la región, el rol del corregimiento era simplemente simbólico, debido a la escasez de recursos y competencias para su trabajo. Antes de 1994 tampoco la alcaldía era un actor relevante. La ausencia del Estado era muy evidente, lo que en los hechos determinó que las relaciones entre campesinos ganaderos y el pueblo guaraní estén regidas por la imposición del más fuerte, la subordinación y la inequidad. Prueba de ello es la todavía la débil representación indígena y su situación de marginación en el municipio. Esto también hizo de Caraparí una de las regiones más pobres del departamento. Hasta la fecha, los campesinos desconocen la existencia de la organización guaraní y se resisten a la idea de que puedan constituir una TCO y que tengan derechos y recursos especiales (con proyectos específicos para ellos) por ser una minoría poblacional en la zona.

La aplicación de las leyes de Participación Popular y Descentralización administrativa de 1994 otorgó recursos y competencias al gobierno municipal, ampliando la presencia estatal en el territorio nacional y democratizando el uso de los recursos estatales y la toma de decisiones para determinados temas relacionados con el desarrollo local. Desde entonces, el gobierno municipal es un actor fundamental con el cual es preciso negociar y trabajar. En Caraparí, la alcaldía ha estado tradicionalmente en manos de pequeños grupos de poder relacionados con la ganadería y la agricultura a mediana escala.

Esta correlación de fuerzas cambia en el 2005, cuando por presiones de la provincia Gran Chaco, los tres municipios que la componen reciben –repartido por igual- el 45% de las regalías gasíferas departamentales. La enorme magnitud de estos recursos hace que el corregimiento tenga incluso más recursos que la propia alcaldía (en promedio, de tres a cuatro veces más).62

Como efecto del desbalance entre flujo de ingresos fiscales y la escasa capacidad institucional en el corregimiento y el Municipio se puede observar un incremento desproporcionado en inversiones en infraestructura pública respecto de la población del municipio y sus necesidades (por ejemplo el nuevo hospital y la nueva sede del Corregimiento). Esto refleja también una escasa capacidad de planificación y generación de consensos locales sobre el rumbo del desarrollo regional. Esta situación se ha visto agravada porque las competencias de inversión del corregimiento son más limitadas que las de la alcaldía y están destinadas principalmente a caminos, vías públicas y obras de infraestructura similares y hasta hace poco, no podían considerar proyectos de apoyo

62 Entrevista al Alcalde de Villa Montes (Setiembre 2009).

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directo al sector productivo. En los últimos años, se ha logrado que el 30% del 15% que recibe el corregimiento sea traspasado a la Alcaldía para su uso en inversión de salud, educación y apoyo a la producción (10% a cada área), lo cual ha inducido una serie de demandas de las comunidades relacionadas con estos ejes y se están planteando proyectos a futuro de apoyo a la producción ganadera, provisión de maquinaria, semillas, etc., además de proyectos de electrificación y generación de energía hidroeléctrica y riego.

Las relaciones entre estos dos actores fundamentales (la alcaldía y el corregimiento) no son nada fáciles. Al ser ambas representaciones estatales, en este caso, de distintas tiendas políticas, y con importantes recursos para invertir en un mismo territorio, al final, compiten entre sí para ejecutar proyectos, al cual más vistoso, grande y con mucho cemento. Al parecer, además, esta competencia producto de la falta de planificación y del exceso de recursos ha ocasionado que las alianzas entre actores que se observan en otros municipios, hayan sido reemplazadas por relaciones de tipo clientelar, basadas en círculos de poder y en capacidad de presión grupal para el logro de determinadas demandas.

La presencia de las empresas petroleras parece no haber contribuido en la conformación de alianzas para generar condiciones de desarrollo en el municipio; en todo caso, ha apoyado a la creación de una percepción de que el uso de los recursos se negocia mediante la extorsión y el clientelismo y donde el bien personal está por encima del bien colectivo.

Las declaraciones de los diversos entrevistados dan a entender – y algunas son explícitas al respecto – de que no existe una visión de consenso, planificación y ejecución coordinada de proyectos a financiar con los recursos del gas.

C. Villa Montes63

Villa Montes con sus 11,300 Km2 es el municipio con mayor extensión geográfica de la provincia Gran Chaco (64,84 %), equivalente al 30,3% del Departamento de Tarija. Está localizado en la parte este del departamento y limita al norte con el departamento de Chuquisaca, al este con la República del Paraguay, al sur con el municipio de Yacuiba y la República Argentina al oeste con la Provincia O’Connor y el municipio de Caraparí.

La región de Villa Montes presenta una topografía con tres zonas bien definidas: la zona de Pie de Monte, formada por estribaciones sub-andinas, con alturas entre los 450 a 800 m.s.n.m.; la zona de Transición, con una topografía de ondulada a plana y alturas de 350 a 500 m.s.n.m. y la llanura Chaqueña que es topográficamente plana con pequeñas ondulaciones y alturas que disminuyen de oeste a este desde 400 a 270 m.s.n.m.

La temperatura media anual es de 23,5° C. En Verano es de 27,2° C. y en Invierno de 18,4° C. con máximas que superan los 41° C. en los meses de Verano y mínimas que

63 Esta sección está desarrollada en base al trabajo de investigación de CER-DET y a trabajo de campo del equipo durante la fase 2A.

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bajan hasta 6° C. en Invierno con frentes fríos del Sur, los mismos que afectan a la productividad agrícola de la zona.64

El censo de población y vivienda de 2001 indicaba que el municipio de Villa Montes tenía 23.765 habitantes, con una tasa de crecimiento intercensal de 2,10 % para el período 1992-2001 y una densidad de 2.10 habitantes por kilómetro cuadrado El 67,8% de su población estaba en el área urbana y el restante 32,2 % en las áreas rurales. En el censo del 2001, 7.8% de la población declaró ser de origen guaraní, pero solo el 8.6% declaró ser bilingüe (español-guaraní) y 2.2% declaró el guaraní como principal idioma hablado. 5.3% de la población se identificó como aymara o quechua, pero solo 1.9% reconoció su bilingüismo (español-quechua). La mayoría de la población no se auto-identificó étnicamente.65

De acuerdo al ranking municipal de desarrollo humano, Villa Montes se ubica en el primer quintil de municipios con mayor desarrollo humano del país. Está situado en el puesto 32 a nivel nacional (con un indicador de 0.63439). Dentro de Tarija, Villa Montes ocupa el tercer lugar en cuanto a niveles de desarrollo humano, sólo después de la ciudad capital (0.694) y de Yacuiba (0.644). El relativamente elevado nivel de desarrollo humnao en Villa Montes en esta materia se explicaría por el mejoramiento de indicadores sociales básicos..66

Villa Montes era el municipio con la menor tasa de analfabetismo (9,5%) en Tarija en el año 2004, y el segundo municipio con la mayor cantidad de años promedio de estudio (7 años) del departamento. En este municipio la esperanza de vida al nacer (66,5 años) y la tasa de mortalidad infantil fueron la tercera más bajas de Tarija.67

Según el Censo de población del año 2001, el 42,3% de la población podía ser clasificada como población con pobreza moderada y el 12,7 % en estado de pobreza extrema. Resalta el hecho de que la población en estado de indigencia pasó del 26,0% en el año 1992 al 12,7% en el Censo de 2001, en tanto que la población considerada en situación de pobreza moderada pasó del 39,7% a 42,3%.68

Estos datos señalan que en el periodo 1992 a 2001 se observa en el municipio de Villa Montes un proceso de mayor reducción de la extrema pobreza que en los municipios de Caraparí y Entre Ríos, el cual estaría seguido de indicadores de mayor inclusión social y desarrollo económico por tener una economía más diversificada (ganadería, agricultora, pesca, y extracción de hidrocarburos). Como en otros municipios la mayor parte de la

64 Equipo Técnico Municipal ampliado de Villa Montes, pagina web del municipio65 INE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.66 PNUD Bolivia. Gray George (Coordinador) Informe Temático sobre Desarrollo Humano. La Economía más alla del gas. La Paz . 2005. Pag 152. 67 Idem.68 Fuente: Unidad de Analisis de Políticas económicas del Gobierno boliviano http://www.udape.gov.bo/portalsig/atlasUdape1234567/atlas03_2003/ebrp/ebrptja.htm

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población afectada por la pobreza se encuentra en el área rural y en los pueblos indígenas.

La economía política de la formación de territorio(s) en Villa Montes.

En lo que hoy conocemos como el municipio de Villa Montes, se encontraban hasta finales del siglo XIX unos 6 grupos indígenas (guaraníes, weenhayek, tapietes, tobas, chorotes y tsirakuas). Las dos principales misiones franciscanas que se instalaron entre 1860 y 1867 dieron lugar luego a la ciudad de Villa Montes. Estas misiones trabajaron en la evangelización de las poblaciones nativas guaraní, weenhayek y toba hasta 1907 cuando fueron expulsadas por la revolución Liberal. En adelante las dos misiones pasaron a ser parte de la administración estatal republicana.

La población guaraní residente en la Misión de San Francisco Solano fue trasladada 20 kilómetros al norte, los weenhayek se retiraron al sur durante unos años y luego retornaron a los lugares cerca de Villa Montes donde realizaban actividades pesqueras. La población toba luego de una confrontación violenta con representantes del gobierno y el ejército boliviano emigraron definitivamente hacia la frontera argentina. Las poblaciones chorotes y tsirakuas también se alejaron o desaparecieron de los registros en adelante. Las tierras desocupadas fueron luego repartidas a colonizadores y ganaderos criollos y mestizos provenientes de Tarija. Una segunda ola migratoria fue impulsada por la guerra con el Paraguay denominada como la Guerra del Chaco (1932-1935), concluido este conflicto bélico, y en las décadas siguientes con la reforma Agraria (1953), se fueron arraigando nuevos pobladores provenientes del valle central tarijeño y del chaco chuquisaqueño.

En la década de 1960 a 1980 nuevos flujos migratorios arribaron a Villa Montes, esta vez compuestos por por agricultores del valle central tarijeño que iniciaron la práctica de cultivo de hortalizas (tomate, papa, maíz y sandías) en esta región En base a esta ocupación del territorio, la población de Villa Montes está formada por los siguientes sectores productivos y sociales:

i) El sector ganadero

La identidad socio económica de los “ganaderos” es clara y dominante en Villa Montes. De acuerdo a la información proporcionada por el Vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Villa Montes este grupo productivo conformado por unos mil propietarios ocuparía unas 3 millones de hectáreas aproximadamente en este municipio que se dedican a la crianza de entre 120.000 a 130.000 cabezas de ganado vacuno que se destina al mercado local y la ciudad de Tarija, llegando a abastecer el 50 % de la demanda en esa ciudad.69

69 Datos recogidos en entrevista al representante de la Asociación de ganaderos (Setiembre 2009).

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Es el sector social económicamente más fuerte en el municipio y el que tiene más influencias en las políticas públicas de la alcaldía municipal y del Corregimiento Mayor, que es la representación del gobierno Departamental en la Provincia. Sus miembros más representativos no necesariamente residen permanentemente en el área rural y frecuentemente sus hijos forman parte de la estructura burocrática de las instituciones públicas. Un grupo minoritario posee de cuatro a seis mil hectáreas, en tanto un segmento intermedio posee entre 500 a 3000 Has. Un tercer segmento, y posiblemente el mayoritario son pequeños productores con propiedades que no superan las 400 Has.

Unos 130 propietarios ganaderos tienen sus propiedades al interior de la demanda territorial del pueblo Weenhayek, que se encuentra en proceso de saneamiento por parte de una institución del estado nacional desde el año 1997. ii) El Sector campesino

Ocupa la franja en el pie del monte de la Serranía del Aguaragüe donde cuentan con posibilidades de riego temporal. Este grupo está compuesto por inmigrantes del valle central tarijeño que arribaron a partir de la década de 1960, otros del chaco chuquisaqueño y por productores agrícolas uriondos de la zona. Se dedican al cultivo de hortalizas y cítricos. Sus esfuerzos en las últimas tres décadas han conseguido que la zona a pesar de tener un clima muy cálido comience a tener una producción de invierno de papas, tomates y sandías que se destinan al mercado local, a Santa Cruz y a la ciudad de Tarija.

iii) El sector indígena

Está compuesto por comunidades guaraníes, weenhayek y una comunidad tapiete. Se estima que la población Weenhayek en este municipio alcanza las 2.000 personas, la mayoría de los cuales trabajan temporalmente en la pesca del sábalo los guaraníes sumarían unas 1.200 personas y viven en comunidades mixtas donde también hay campesinos. Su principal actividad es la agricultura. Los tapietes llegarían a unas cien personas, realizan tareas de caza, horticultura rústica, pesca y recolección. Las comunidades indígenas que tienen reconocidas sus tierras comunitarias de origen han reclamado a las empresas petroleras el derecho a ser consultadas y a recibir compensaciones por uso de tierras como servidumbre y por posibles impactos ambientales y sociales provocados por la industrias extractivas. Los mayores niveles de pobreza, y necesidades básicas insatisfechas se encuentran en estas comunidades rurales.

iv) El sector urbano

Este se concentra en el único centro poblado del municipio de Villa Montes. Su población se ha incrementado en las últimas dos décadas y en general se dedican al comercio, servicios (transporte, construcción, etc..) y la administración pública. Existe una fuerte relación con las actividades económicas que se realizan en el área rural como la ganadería, pesca comercial y agricultura, por lo que generalmente los medianos productores residen en la ciudad de Villa Montes. Por su fuerte peso demográfico en el

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muncipio inciden en la elección de las autoridades políticas locales y en la mayoría de las políticas públicas municipales, en tanto que el corregidor Mayor al ser designado por el Prefecto del Departamento de Tarija responde más a lógicas partidarías y a grupos de interés como el sector de los ganaderos

Dinámica económica

Desde mediados de 1950 hasta el año 2000 la región de Villa Montes se ha considerado ganadera por excelencia, aunque la ganadería es de tipo tradicional, con bajo rendimiento y se hace de manera extensiva con pocos cultivos de pasto. La pesca comercial de volúmenes importantes de pescado del río Pilcomayo en un país que es mediterráneo se expandió desde fines de 1970, lo que ha generado un rubro productivo de 4 meses de duración durante los cuales entre 600 a unas 1.000 toneladas métricas de pescado se expenden en las principales ciudades de Bolivia.

La agricultura de hortalizas es también más reciente, y se puede ubicar a la década de 1980 cuando se consolida en la región la posibilidad de cultivo de hortalizas en un clima cálido y con escasez de agua para riego.

Desde el año 2002 la inversión de las empresas petroleras para instalar dos gasoductos importantes que exportan hidrocarburos hacia el Brasil han generado cierta cantidad de empleos temporarios en el periodo 2002-2003 lo que ha impulsado la atracción migratoria desde Yacuiba y el chaco chuquisaqueño y cruceño.

El municipio de Villa Montes recibe desde el año 2001 el 15% del total de regalías que percibe el Departamento de Tarija. En el año 2005 esta suma alcanzó los 10 millones de dólares. Estos ingresos que no han parado de crecer ha sido invertido principalmente en infraestructura vial, construcción deun mercado central que costó tres millones dólares, expansión de la electrificación rural y en las áreas de salud y educación. También se han ejecutado proyectos de apoyo a la actividad ganadera consistente en apoyos a la vacunación, construcción de atajados o represas, y la perforación de pozos profundos.70

El municipio en coordinación con el Corregimiento Mayor y dos ONG`s ha impulsado un proyecto de construcción de más de 200 viviendas y letrinas en los últimos cinco años para barrios urbanos y comunidades campesinas e indígenas.

Articulaciones y alianzas

Históricamente se ha dado una alianza política entre el sector ganadero, la militancia de los partidos políticos tradicionales de centro y derecha y las autoridades políticas que han gobernado sin mayores cambios el gobierno local municipal.

70 Fuente entrevista a representante del Corregimiento Mayor de Villa Montes (setiembre 2009)

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La designación del Corregidor y parte de la administración pública en el Corregimiento Mayor y otras instituciones públicas (migración, impuestos, cooperativas de luz y agua, etc.) por parte del partido político en el gobierno nacional hasta el año 2004 hacía necesario el establecimiento de adhesiones o incorporación de los líderes locales y sus seguidores en los grandes partidos políticos nacionales. Esta dependencia hacia la Sede de gobierno y hacia la capital del Departamento de Tarija generó un sentimiento de marginación y abandono por parte de las políticas públicas y el sentimiento de que otras regiones urbanas como La Paz, y Tarija crecían a expensas de la marginación del territorio chaqueño. En la práctica las relaciones comerciales, y las comunicaciones eran más fluidas con la ciudad de Santa Cruz que con la capital departamental debido a los caminos de tierra precarios y las seis serranías que debían atravesarse para arribar a la sede del gobierno departamental.

Políticamente, desde el año 2005, el apoyo partido de gobierno a nivel nacional ha crecido ligeramente en la región apoyándose en el sector campesino y popular urbano. La organización indígena Weenhayek participó en las elecciones municipales del año 2005 con una sigla propia alcanzando un quinto lugar, pero sin poder obtener uno de los cinco puestos de concejales municipales. Fue una primer experiencia política en base a una identidad étnica, y no logró entonces conformar una alianza con la organización guaraní por aspiraciones de liderazgo contrapuestos.

Para las elecciones del año 2009, las organizaciones indígenas del municipio de Villa Montes, junto con otras organizaciones a nivel departamental, decidieron apoyar la candidatura a Diputado de la Asamblea Nacional Plurinacional de un líder joven Weenhayek, nacido en esta ciudad.

Surgimiento de una identidad territorial

La identidad de los villamontinos, en alianza con los pobladores de Yacuiba se ha esforzado en diferenciarse de los pobladores “chapacos” del valle central enfatizando su identidad ganadera. La población inmigrante de los chacos de los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca se asimilan rápidamente al imaginario chaqueño.

Las organizaciones indígenas comparten esta identidad chaqueña, pero a su vez marcan diferencias con la población criollo mestiza. La búsqueda de una autonomía administrativa a nivel provincial ha sido nuevamente reivindicada a raíz del crecimiento de los ingresos fiscales provenientes de la actividad hidrocarburífera en sus territorios.

5. Conclusiones de la Fase 2A

La fase 2A de la investigación DTR en Bolivia tuvo como objetivo principal delimitar el espacio de investigación en base a: i) una ubicación del tema en estudio dentro de un contexto regional y nacional marcado por la expansión de la industria de hidrocarburos en el área; ii) la descripción de características económicas y sociales básicas de los

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espacios potenciales de estudio; y iii) la identificación y mapeo de los principales actores, sus interrelaciones y ‘proyectos territoriales’. Esta primera delimitación nos facilitaría también afinar nuestros supuestos de investigación.

Esta fase tuvo también los objetivos de avanzar en el diseño de un marco conceptual que oriente el estudio de dinámicas territoriales rurales en contextos de expansión de industrias extractivas, de avanzar en la comprensión de los principales procesos que conducen a la construcción de proyectos territoriales y que influyen en la definición de territorios, y de identificar los principales signos y percepciones de cambio en el (los) territorio(s) y su medio ambiente. Este último aspecto – la dimensión ambiental – fue motivo de una reflexión mayor en base a la conformación de un grupo de trabajo (junto a otros proyectos DTR en el programa DTR-Rimisp), del cual el estudio en Bolivia forma parte.

Luego del mapeo de indicadores de bienestar realizado durante la fase 1 y la consecuente pre-identificación de un territorio a ser estudiado en la fase 2, el período de la fase 2A se desarrolló entre abril y noviembre del 2009. Está incluyó la elaboración y negociación de la propuesta de investigación, conformación del grupo de investigación, talleres de discusión metodológica, trabajo de campo, elaboración del informe preliminar, taller de discusión metodológica a nivel del programa DTR y y revisión de este informe.

La incorporación de CER-DET al grupo de investigación replanteó nuestra lectura de los espacios dinámicos en la región de Tarija, hecha en base al mapeo de la fase 1, e introdujo la necesidad de ampliar nuestro trabajo de identificación de territorio(s) con la inclusión de un tercer área (el municipio de Villa Montes). Si bien esto demandó mayor tiempo y recursos durante el trabajo de campo, tuvo la ventaja de aportar mayores elementos para precisar el área final de estudio (punto al que volveremos más adelante) y, sobre todo, de ubicarnos mejor para entender las articulaciones, tensiones y competencia entre diversos actores, espacios geográficos y proyectos territoriales. En términos logísticos y de contenidos, CER-DET facilitó significativamente el trabajo en campo.

Definición del marco conceptual

De acuerdo a la orientación general del Programa DTR,71 inicialmente nuestra propuesta de investigación para la fase 2 estuvo centrada en un análisis de economía política de los actores y coaliciones sociales, la identificación de cambios institucionales que explican el acceso y control de activos por parte de los distintos actores del territorio y la aproximación a la dimensión medioambiental de las dinámicas territoriales.

En el transcurso de la fase 2A, fuimos identificando la necesidad de utilizar marcos más precisos de análisis para entender las ‘lógicas de funcionamiento’ de los actores y de los sectores económicos en los cuales predominantemente se ubican. Siendo que es objetivo de nuestra investigación entender los procesos incluidos en la definición de dinámicas

71 Orientación que fue discutida en la reunión de Antigua y alimentada por la experiencia de los proyectos scout, para nuestro beneficio.

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territoriales rurales y la formación de territorios en contextos de expansión de industrias extractivas, el marco conceptual que se presenta en la sección 2 de este informe precisa la necesidad de darle un tratamiento específico a la industria del gas. Para ello, optamos por el concepto de ‘cadenas productivas ampliadas’ (i.e. la cadena productiva del gas y sus relaciones con otras organizaciones no productivas), el cual, puesto de forma espacial y enfocado en términos de economía política, nos permitirá entender las diversas articulaciones productivas y financieras que se han venido generando con la expansión de la industria y su impacto en los territorios estudiados. Para el estudio de las otras actividades económicas (no gasíferas) que se dan en los territorios y de su inter-relación con la industria del gas, precisamos que el enfoque de estrategias de vida (livelihoods) resulta el más apropiado.

Después de la fase 2A, nos es más claro también que un elemento fundamental para entender la formación de territorios y los proyectos territoriales es la escala en la cual operan los diversos actores y en la que se dan las diversas articulaciones.

En resumen, nuestro marco conceptual incluye los siguientes aspectos: las interacciones ente lo productivo y lo institucional, un concepto de ‘proyectos territoriales’, un concepto de escala, conceptos de cadena de valor y de (des)articulaciones productivas y conceptos de estrategias de vida y acceso a capitales.

Como señalamos en la sección 2 de este reporte, la implicación de un marco conceptual de esta naturaleza es que, para que funcionen las nuevas articulaciones que se dan en presencia del sector extractivo y que estas produzcan impactos sobre el desarrollo local, tendrían que existir, o surgir, un conjunto de arreglos institucionales y sociales que facilitarían tales impactos. Solo de esta forma se podría identificar a la industria de hidrocarburos como ‘estratégica’ para la reducción de pobreza y desigualdad al tiempo de promover crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, tendrían que construirse instituciones que garanticen que la población local mantenga o mejore su acceso a formas de capital natural, físico, financiero y humano, y que garanticen o mejoren la calidad del capital social dentro de los territorios (sensu DTR) en los que se da la extracción.

De hecho, nos parece que en las discusiones sobre la industria extractiva y el desarrollo territorial falta mayor reflexión sobre cómo construir instituciones y acuerdos entre actores, cómo protegerlas y cultivarlas durante un eventual proceso de expansión de la industria extractiva, y cómo asegurar sinergias (antes que contradicciones) entre los efectos institucionales de las articulaciones productivas y de estas con relación a los proyectos territoriales y la formación de territorios (Bebbington et al., 2007).

Selección final de territorios

En la fase 2A se incluyeron tres espacios dentro del departamento, los cuales ofrecían condiciones propicias para estudiar las dinámicas territoriales rurales en contextos de expansión de industrias extractivas y, por tanto, responder a las preguntas de

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investigación formuladas y poner a prueba los supuestos enunciados. Estos fueron las secciones municipales de Entre Ríos (que a su vez conforma casi en su integridad la provincia O’Connor) y las de Villa Montes y Caraparí en la provincia del Gran Chaco (ver sección 4).72

La primera constatación es que cada uno de estos espacios es en sí muy rico para aprender sobre los temas planteados; también constituyen espacios interesantes donde se podría hacer trabajo de incidencia. Confirmando lo observado en el mapeo de la Fase 1, de las tres secciones municipales observadas, dos de ellas (Entre Ríos y Villa Montes) pueden ser caracterizadas como ‘dinámicas’, mientras que el de Caraparí aparece como ‘rezagado’.

De la comparación de estos tres municipios, optamos por seleccionar los de Villamontes y Entre Ríos, en base a los siguientes criterios:

i) sus mayores niveles de desarrollo relativo dentro de las secciones donde se viene dando la industria hidrocarburíferas, pero cada una con factores diferenciados que explicarían sus respectivas dinámicas territoriales y, sobre todo – para nuestros fines de probar nuestros supuestos – con efectos “ingresos del gas” muy diferenciados. Villa Montes recibe y depende mucho de los recursos del gas. Entre Rios tieneuna relativa menor dependencia de los recursos financieros provenientes del gas, si bien tiene en su territorio recursos gasíferos (aunque en disputa con la provincia del Gran Chaco);

ii) niveles de articulaciones espacio rural-espacio urbano también diferenciados, tanto en nivel como en direccionalidad hacia proyectos territoriales diferentes. Entre Rios tiene predominancia rural y sus articulaciones espaciales – y proyecto territorial – se dan sobre todo con la ciudad de Tarija. En Villa Montes la población está mayoritariamente concentrada en el centro urbano, pero es una población que está fuertemente articulada al espacio rural y su proyecto territorial se articula más bien a una ‘región chaquena’ antes que a una ‘tarijena’.

iii) en ambos municipios la presencia de organizaciones en un periodo de tiempo suficientemente largo permite apreciar cambios y continuidades en la construcción del territorio y la formación de proyectos territoriales;

iv) las dinámicas territoriales rurales articuladas a ejes de desarrollo urbano dentro del departamento de Tarija y fuera de él (hacia Santa Cruz) posibilita ver cuestiones de articulación espacial y de escala como producto de la inversión en infraestructura (especialmente vial).

v) en ambos municipios se ven signos de formación de alianzas, tanto entre actores de dentro del territorio como entre estos y otros de fuera del territorio;

vi) Cada municipio muestra una autonomía de gestión administrativa del estado local con características propias. La mayor cercanía entre “el territorio” y la delimitación administrativa de la sección municipal (de Entre Rios con la provincia O’Connor) y del tratamiento especial que tiene el corregimiento mayor de Villamontes.

72 La inclusión de Villa Montes en la fase 2A se decidió luego de un taller de trabajo en La Paz durante el mes de agosto.

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Estopermitiría ver el tema de la coordinación y eficiencia en la gestión territorial desde diferentes miradas institucionales;

vii) cada municipio está en un proceso diferente de formación de ‘identidad territorial’: la identidad “entreriana”, que particulariza a Entre Rios, y la “chaquena” que más bien junta a la población de Villamontes con otras de la región del Chaco.

viii) aunque extensos y diversos en su geografía y accesibilidad, ambos municipios ofrecen manejables condiciones logísticas para la realización del estudio.

Aunque muy atractiva al momento de formular la propuesta de investigación para la fase 2, el contraste previsto con el municipio de Carapari se terminó descartando en base al el bastante menor nivel de desarrollo relativo y de apertura de las organizaciones en la sección municipal, no obstante los ingentes recursos fiscales recibidos – y tal vez debido a; lo cual dificulta probar los postulados. La mayor articulación de Caraparí a la ciudad de Yacuiba significaría tener que estudiar en alguna medida dicha inter-relación, lo cual sobrepasa los recursos del proyecto. Un tercer aspecto es la poca accesibilidad y conocimiento previo de la zona.

Dada la selección hecha, aspectos finales a remarcar para el estudio son: Primero. Villa Montes resulta un espacio sumamente interesante a estudiar, por su dinamismo y aparente nuevo rol en la conformación de un territorio “chaqueno” que articula Villa Montes, Caraparí y Yacuiba. Sin embargo, es un espacio dominantemente urbano, sus articulaciones económicas y políticas están mejor definidas dentro del eje Santa Cruz-Yacuiba, que orientadas hacia Tarija. Villa Montes es también mucho más complejo en su organización social por la mayor diversidad y segmentación de actores y espacial. Por lo tanto, el territorio (en el sentido DTR) es menos claro de delimitar. El eje Villa Montes-Yacuiba resulta propicio para el estudio del papel que la inversión pública en infraestructura (financiada por ejemplo con recursos del gas) juega en las dinámicas territoriales y en la propia formación de territorios.

Segundo. La decisión adoptada de estudiar dos territorios dinámicos (Villa Montes y Entre Ríos) busca apreciar el rol jugado por los varios actores en cada uno de ellos, pero también la relaciones (de complementariedad o de competencia) que se habrían dado entre los actores de diferentes territorios. Esto aplica en particular a las relaciones entre grupos de pueblos indígenas (por ejemplo entre los grupos guaranies de Entre Rios y Villamontes, o entre el pueblo Guarani, en su conjunto, con otros pueblos indígenas).

Tercero. Observamos que en Entre Rios los procesos de  desarrollo social y económico no pueden explicarse solo en términos de las dinámicas locales (por ejemplo, del pequeño grupo de funcionarios locales de la subprefectura y la alcaldía, de la relativa fortaleza de la asociación de ganaderos o de una creciente presencia de la APG del Itika Guasu). Similarmente, en Villa Montes, aunque relativamente más autónomo, también tiene fuertes relaciones con el resto de centros de decisión del Chaco. Por lo tanto, entender los factores que explican el dinamismo en cada territorio requiere ver lo que sucede dentro de

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este “territorio” en conexión con lo que sucede en espacios de decisión departamental (por ejemplo desde la Prefectura), nacional (por ejemplo desde el gobierno central) e internacional (por ejemplo desde las empresas petroleras).

Cuarto. La decisión de comparar dos territorios dinámicos – con efectos gas diferenciados – nos lleva a acentuar aún más nuestra atención en las organizaciones, en tanto actores y sujetos básicos de estudio. Guardamos la expectativa de que este énfasis nos permita también abordar el componente de incidencia que nuestra propuesta tiene de forma más precisa y – esperamos – efectiva.

Finalmente, a la fecha de conclusión de este informe, todavía no tenemos los elementos suficientes para determinar si el estudio especializado de la dimensión ambiental de las DTRs se hará en ambos territorios o en uno solo de ellos.

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