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Boletín-electrónico MAYO-JUNIO 2006 No.33
Este ejemplar del boletín del IBP se enfoca en los resultados de un proyecto de
investigación para medir el impacto del trabajo presupuestario. El año pasado,
investigadores asociados con el IBP y el Instituto para Estudios de Desarrollo en el Reino
Unido han trabajado con seis grupos de la sociedad civil para medir el impacto el trabajo de
presupuestos sobre la gobernabilidad y la pobreza. Los estudios cubren el trabajo de Ibase
(Brasil), "Institute for Public Finance" (Croacia), DISHA (India), Fundar (México), Idasa
(Sudáfrica) y "Uganda Debt Network" (Uganda). Los resultados ofrecen evidencia concreta
de que el trabajo presupuestario puede tener impactos significativos sobre el proceso
presupuestario y las políticas del presupuesto. Este boletín ofrece también novedades sobre las actividades de grupos presupuestarios en
África, Asia y América Latina. En las últimas semanas, los gobiernos en varios países del
este africano presentaron sus propuestas presupuestarias a sus respectivos parlamentos.
Este boletín le da seguimiento a los esfuerzos de la sociedad civil para analizar y participar
en dichos procesos en Kenia, Malawi, Tanzania y Uganda. Asimismo, presentamos el trabajo
de Grupo FARO en el Ecuador y el trabajo sobre presupuestos de la niñez en Jamaica, así
como una revisión de los presupuestos de Bangladesh y Rajastán. En la búsqueda de nuevas oportunidades para el trabajo de presupuestos, el artículo de
ActionAid señala la importancia de enfrentar las disposiciones macroeconómicas como
medio de ampliar la base de recursos para presupuestos de combate a la pobreza. En la
publicación Fundar narra el exitoso esfuerzo de la sociedad civil por exponer el desvío de
recursos destinados al tratamiento de VIH/SIDA en México. Como siempre reiteramos que sus sugerencias y comentarios son bienvenidos.
En este número:
Cuál es el impacto del trabajo presupuestario de la sociedad civil. Un nuevo conjunto
de estudios de caso ofrece evidencia al respecto en Brasil, Croacia, India, México,
Sudáfrica y Uganda.
Novedades en África: la sociedad civil responde a la reciente presentación del
presupuesto en Kenia, Malawi, Tanzania y Uganda
Novedades en América Latina y el Caribe: conoce al Grupo FARO en Ecuador y
aprende sobre la iniciativa de presupuestos para la niñez en Jamaica
Novedades en el sur de Asia: la sociedad civil responde a los presupuestos de
Bangladesh y Rajastán
Más allá del presupuesto – la necesidad de darle seguimiento fiscal a las políticas
monetarias, ActionAid
Reporte del taller: análisis presupuestario y derechos económicos, sociales y
culturales en Tailandia
Nueva publicación: "El Caso Provida" – Cuentas pendientes en la transparencia y la
justicia, narra el fraude realizado con fondos asignados para tratamientos de
VIH/SIDA
Nuevos materiales en la biblioteca del IBP
Cuál es el impacto del trabajo presupuestario de la sociedad civil. Un nuevo conjunto de estudios de caso ofrece evidencia al respecto en
Brasil, Croacia, India, México, Sudáfrica y Uganda
Introducción En el último año, el IBP y el Instituto para Estudios de Desarrollo (IDS) de la Universidad de
Sussex han trabajado juntos para producir estudios de caso sobre el trabajo presupuestario
de seis grupos de la sociedad civil dedicados al análisis de presupuestos. El objetivo del
ejercicio es aprender sobre el impacto del trabajo presupuestario en la buena
gobernabilidad y la reducción de la pobreza. Mientras el trabajo presupuestario ha crecido
dramáticamente en África, Asia y América Latina en los últimos diez años, no se han
sistematizado las experiencias del impacto social. El conjunto de estudios de caso al que nos
referimos en este boletín es el primer intento por cerrar esta brecha de conocimiento. La investigación se basa en estudios de caso de las organizaciones presupuestarias
independientes en Brasil, Croacia, India, México, Sudáfrica y Uganda que se han involucrado
en el análisis de presupuestos y activismo presupuestario por un período de entre 5 y 10
años. La gama de organizaciones es, intencionalmente, amplia e incluye a ONGs de
desarrollo, redes y movimientos sociales y organizaciones de investigación. A pesar de
contar con diferentes perspectivas, todos los grupos comparten un compromiso hacia la
justicia social y los derechos de los pobres y buscan cómo hacer más eficiente el uso de
fondos públicos. El trabajo de cada grupo se funda en estos principios. Para la mayoría de
las organizaciones que se estudiaron el trabajo presupuestario forma sólo una parte del
conjunto de actividades y, en algunos casos, han creado unidades especializadas para este
objetivo. Ubicado en el estado hindú de Gujarat, DISHA es un movimiento social con base en
sindicatos de trabajadores que desarrollaron capacidad de análisis de presupuestos como un
medio de apoyo a sus demandas por el derecho a la tierra y al trabajo. En el extremo
opuesto esta el Instituto de Finanzas Públicas en Croacia que es una organización de
investigación financiada públicamente y analiza una variedad de políticas públicas. Idasa en
Sudáfrica es una ONG que estableció en Servicio de Información Presupuestaria en 1995 a
fin de coordinar su trabajo de análisis presupuestario con enfoques específicos en la mujer,
los niños y el VIH/SIDA. Igualmente, Fundar en México e Ibase en Brasil son ONGs
involucradas en la lucha por la democratización en sus respectivos países. La red de Uganda
"Uganda Debt Network" es una ONG que surgió de una coalición que trabajaba el tema de la
deuda y la reducción de la pobreza. Las seis organizaciones trabajan diferentes aspectos del presupuesto público. Las
actividades principales del proceso presupuestario incluyen trabajo para promover la
disponibilidad de información presupuestaria, transparencia presupuestaria y promoción de
la participación social. Todos los grupos llevan a cabo actividades de capacitación para
promover la concientización y comprensión de los presupuestos públicos entre legisladores,
ONGs y grupos ciudadanos. Varias organizaciones trabajan para promover asignaciones
presupuestarias y resultados a través de activismo diseñando para influir las prioridades del
presupuesto (asignaciones entre y dentro de las categorías principales de gasto), la calidad
de la implementación (los objetivos del gasto y la porción del gasto ejecutado) y el uso del
gasto (cómo se traducen las asignaciones del presupuesto en resultados concretos y la
evidencia y efectividad del gasto). La investigación empleó una combinación de métodos y datos para establecer evidencia del
impacto. Para investigar el impacto de las prioridades presupuestarias la investigación
utilizó información presupuestaria oficial sintetizada por grupos presupuestarios con una
visión de establecer tendencias en el gasto del gobierno en bienestar social, educación y
salud, como áreas de gasto que más afectan a los pobres. Datos sobre el uso del
presupuesto ofrecen evidencia de la implementación, mientras la verificación física de las
inversiones llevadas a cabo por los grupos presupuestarios fue la principal fuente de
información para determinar los resultados del gasto. El reto más importante fue establecer
las causas de los cambios observados en las asignaciones presupuestarias, la calidad de la
implementación y los resultados de las actividades de los grupos presupuestarios
independientemente de otros factores tales como intervenciones de otros actores y
tendencias económicas. Para la evidencia del impacto de los grupos en el proceso presupuestario, la investigación
hizo uso de datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas con políticos, funcionarios
públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Las entrevistas cualitativas
y discusiones de grupo fueron el principal método utilizado para determinar el impacto de la
capacidad y esfuerzos para ampliar la participación, especialmente cuando la información
obtenida de diferentes actores sirvió para corroborar los resultados. Evidencia adicional fue
obtenida de leyes y procedimientos que rigen la transparencia presupuestaria,
especialmente, en donde los cambios son fáciles de ubicar con cierta exactitud respecto a
las actividades de los grupos. Documentación secundaria y reportes de los medios fueron
utilizados para completar los datos de la entrevista. Visitas de campo de 10 a 15 días de duración fueron llevadas a cabo por parejas de
investigadores formadas por un miembro del equipo IBP/IDS junto con un experto
presupuestario de la sociedad civil de otra organización. Los estudios de caso documentaron
las actividades de los grupos de presupuesto con un enfoque en el análisis y difusión de la
información, la capacitación y los esfuerzos de activismo diseñados para influir en las
políticas presupuestarias y la transparencia del proceso presupuestario y el seguimiento del
gasto. La intención de la investigación es establecer qué impactos se han conseguido en
estas áreas de actividad y desarrollar explicaciones sobre los impactos observados para
generar lecciones más amplias de grupos que operan en contextos institucionales y políticos
distintos. Los resultados de los estudios de caso arrojan conclusiones sobre el impacto del trabajo
presupuestario aplicado. Los impactos siguen dos categorías: cambios en las políticas
presupuestarias y cambios en el proceso del presupuesto. La investigación encuentra que
los impactos más significativos conseguidos por grupos presupuestarios independientes
consisten en mejorar la transparencia presupuestaria y la participación de la sociedad civil,
por una parte, y en garantizar recursos presupuestarios para programas existentes y
mejorías en su utilización, por la otra.
Todas las organizaciones de los estudios de caso han jugado un papel significativo en el
mejoramiento de la cantidad y calidad del acceso a información pública oportuna sobre el
presupuesto. Estos esfuerzos son, con frecuencia, el único medio de información confiable
sobre el impacto del presupuesto en la gente pobre y, por ende, contribuyen a promover la
vigilancia efectiva del proceso presupuestario. El trabajo de difusión y medios de los grupos
de los estudios de caso junto con capacitación y entrenamiento, han aumentado la
educación presupuestaria, considerablemente, y la participación de partes de la sociedad
civil, los medios y los legisladores en el proceso presupuestario. Un mensaje importante de
este trabajo es que la sociedad civil puede participar de manera efectiva en el proceso
presupuestario y promover la participación en la legislatura y otros actores en el
fortalecimiento de la vigilancia del presupuesto. Los resultados también presentan evidencia de que el análisis llevado a cabo por grupos
presupuestarios independientes puede traer cambios positivos en las políticas del
presupuesto. Los impactos documentados toman la forma de mayores asignaciones de
recursos públicos para la salud reproductiva en México, apoyo económico a los niños en
Sudáfrica y desarrollo de gasto tribal en Gujarat, India. Estos ejemplos importantes
demuestran que el activismo presupuestario tiene el potencial de influir en las decisiones
para introducir nuevos programas y promover recursos adicionales para programas que ya
han sido sancionados en la legislatura. Los resultados serán estudiados más a fondo en tres documentos que serán publicados
posteriormente en los siguientes meses: Una síntesis será escrita para aquellos que
trabajan con presupuestos; se escribirá otra versión para académicos; y una breve
presentación para agencias financiadoras. Por lo pronto los estudios de caso completos
están disponibles en la página del IBP (www.internationalbudget.org). El trabajo presupuestario y la construcción de la democracia: El caso de Ibase en
Brasil Ibase es una ONG brasileña que trabaja para promover los derechos humanos y la rendición
de cuentas del gobierno. La misión de la organización es contribuir a una sociedad
democrática en donde crezcan la libertad, la participación y la diversidad. Ibase ve en su
trabajo de presupuestos un instrumento para construir la democracia y equipar a la
sociedad civil con análisis e información presupuestaria que fortalezca el activismo con
justicia social. Los esfuerzos de Ibase no buscan influir directamente sobre el gobierno; sino
usar todas sus capacidades e información para que la sociedad civil participe en activismo
presupuestario. El análisis presupuestario sólo forma una parte del trabajo de las actividades de Ibase.
Cinco personas de tiempo completo de un total de 50 miembros trabajan en cuestiones
relacionadas con el presupuesto. En 2005 dos de las ocho áreas de trabajo de la
organización se dedicaban al análisis presupuestario examinando la participación de la
sociedad civil durante la presente administración del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva y
monitoreando políticas públicas a través de la educación e información presupuestarias.
De acuerdo con su misión, el trabajo presupuestario de Ibase se enfoca en resaltar la
importancia de ciertos temas en la agenda pública, promoviendo la capacidad de
participación de otros actores de la sociedad civil en debates de finanzas públicas y
promover el acceso público a la información. Tal como concluyen los autores del estudio de
caso: “La forma en la que Ibase trabaja con el presupuesto consiste en poner en las manos
de la gente la información presupuestaria básica esperando que sea seguida de poder de
influencia.” Muchos afirman que el trabajo educativo y participativo de Ibase sobre
presupuestos ha aumentado la concientización, catalizando esfuerzos de activismo de la
sociedad civil y vinculado a diversos grupos bajo una misma red – comenzando en el estado
de Río de Janeiro y luego por todo el país La investigación y boletines de Ibase han ayudado a expandir directamente el nivel de
transparencia presupuestaria en Brasil. Pero su principal impacto es el de construir la
capacidad de otros actores de vigilancia para que participen. Mediante un programa que
educa a periodistas, Ibase ha promovido, claramente, la forma en la que los medios cubren
los temas de presupuesto y finanzas. La organización también ha aumentado la
concientización y participación de los ciudadanos y los legisladores a nivel local y nacional
mediante la difusión de sus boletines y otros materiales en un lenguaje simple. Los
esfuerzos de capacitación incluyen asesoría sobre el monitoreo del presupuesto en general y
preparar a “líderes sociales” para el trabajo de activismo. Ambos programas fueron
desarrollados inicialmente en el estado de Río de Janeiro, pero su alcance ha crecido a
través de una innovadora iniciativa de aprendizaje y educación a distancia vía cibernética. Al profundizarse el trabajo presupuestario de Ibase, se enfrentan varios retos como integrar
el análisis presupuestario en el proyecto y trabajo de incidencia del resto de la organización,
lo qua agudiza los esfuerzos ciudadanos de capacitación hacia campañas de liderazgo en
temas presupuestarios; orienta los objetivos de la organización a niveles ejecutivos del
gobierno y desarrolla su trabajo de investigación para incluir impuestos, ingresos y el gasto
efectivo de fondos públicos. Croacia y el Instituto de Finanzas Públicas: trabajo presupuestario en una
democracia en transición El Instituto de Finanzas Públicas (IPF), una organización no gubernamental con base en
Zagreb, Croacia, lleva a cabo investigación de finanzas públicas y análisis para mejorar las
políticas nacionales y la efectividad y eficacia del presupuesto público. Fundado en la
Universidad de Zagreb en 1970, el IPF es uno de los 24 institutos de investigación estatales
establecidos por el estado. IPF se describe a sí mismo como una organización pública no-
lucrativa. La organización del IPF se compone de un pequeño grupo de aproximadamente
16 miembros permanentes—nueve investigadores y siete administradores—que apoyan y
manejan una amplia red de académicos asociados. IPF trabaja con alrededor de 50
colaboradores, la mayoría académicos, que hacen aportaciones a su trabajo analítico. El objetivo principal de IPF es la producción y difusión de investigación de alta calidad sobre
temas de finanzas públicas, que forman parte de una larga estrategia para mejorar la
educación pública sobre finanzas y la calidad de las decisiones financieras en Croacia. El
trabajo de investigación se difunde mediante un boletín para el público en general, una
edición académica y una amplia página de Internet. Es a través de sus esfuerzos en
educación que el IPF fomenta la conciencia de ciudadanos y parlamentarios mediante mesas
redondas, presentaciones, una amplia red de consejeros informales y el apoyo de
periodistas – estos esfuerzos son apoyados por la circulación de materiales escritos en un
lenguaje accesible y por cómo el IPF ha buscado la cobertura de prensa. Además de la
importante relación con los medios, IPF también juega un papel como consejero de los
miembros del parlamento y miembros del ejecutivo. Respecto a temas como el impuesto
parejo o “flat tax” en Croacia, promueve su punto de vista haciendo uso de la prensa,
seminarios, libros y consultoría informal a políticos. La credibilidad intelectual de IPF en Croacia como una organización de investigación
independiente ha sido un elemento clave en su habilidad de llegar e informar a los políticos.
El trabajo de IPF ha tenido un impacto evidente en el pensamiento de la élite intelectual que
maneja cuestiones de finanzas públicas en Croacia y ven al IPF como una fuente clave de
información, tanto formal como informal. Debido a la formulación del presupuesto y sistema
gubernamental en Croacia, el IPF puede influir más directamente en el pensamiento de
largo plazo sobre cuestiones financieras en lugar de influir de manera significativa en el
presente presupuesto y agenda política pública. Por ello el IPF se enfoca en una serie de
temas—como reforma fiscal, descentralización, disponibilidad y transparencia de
información—que establecen el marco de largo plazo de las políticas públicas financieras a
nivel nacional. Los futuros retos estratégicos de IPF incluyen:
Desarrollar niveles de liderazgo y sostenibilidad de su personal en el largo plazo.
Encontrar métodos para avanzar su activismo en ciertos temas
Crear oportunidades de incidencia ciudadana sobre cuestiones presupuestarias que
aumenten la capacidad analítica de la sociedad civil. Análisis presupuestario y activismo social: el caso de DISHA en Gujarat, India Ubicado en el estado hindú de Gujarat, DISHA es un movimiento social con base en
sindicatos tribales y de trabajadores que desarrolló su trabajo presupuestario para apoyar
las demandas de derechos de propiedad de tierra y trabajo de la gente. DISHA se terminó
convirtiendo en una ONG líder involucrada en el análisis del presupuesto y el trabajo de
incidencia, sobre todo, en la franja tribal del este de la India. La organización emplea a 140
personas, la mayoría trabaja directamente con varios sindicatos y organizaciones populares.
El medir la efectividad del trabajo de DISHA sobre el presupuesto requiere tomar en cuenta
el difícil contexto político y burocrático en el que opera. DISHA ofrece el único medio de información presupuestaria en el estado y es reconocido por
asegurar la precisión y oportunidad en la preparación de análisis presupuestario para ser
utilizado por legisladores y medios—en un ambiente en donde la falta de leyes permite que
el acceso a la información y la renuencia del gobierno a publicar datos del presupuesto
limitan la transparencia. El hecho de que DISHA facilite información del presupuesto a los
medios es ampliamente reconocido como una gran contribución en este contexto. DISHA
busca guiar el debate legislativo al resaltar las necesidades más apremiantes de los sectores
pobres—respecto a desarrollo agrícola, sectores sociales y asuntos tribales—así como
asegurar asignaciones presupuestarias para atender estos asuntos. Además de mejorar la
transparencia y la rendición de cuentas, DISHA monitorea la eficiencia de la implementación
presupuestaria en áreas prioritarias como son asuntos tribales, salud, educación,
seguimiento local del gasto gubernamental y servir como puente entre autoridades locales y
estatales. Además del significativo impacto por fomentar la conciencia sobre el presupuesto y la
transparencia, DISHA ha contribuido, enormemente, al seguimiento de compromisos
presupuestarios de programas de inversiones locales en sectores marginados y a resaltar
cuando el gobierno no cumple con sus gastos. Sus esfuerzos han aumentado el nivel de
implementación de una partida del presupuesto estatal destinada al avance socioeconómico
de las tribus—de un 20 por ciento de gasto no ejecutado en el presupuesto de 1993 a la
sobre-ejecución de 20 por ciento en 1996, manteniendo un nivel de implementación de ahí
en adelante. Al ir avanzando, DISHA enfrenta el reto central: cómo promover el trabajo presupuestario
entre un amplio grupo de participantes y cómo usar esta coalición para promover que el
poder ofrezca mejor acceso a la información presupuestaria. Para hacer esto de manera
efectiva, DISHA se está esforzando por emplear lo último en tecnología en su análisis y
esfuerzos de difusión, así como construir relaciones directamente con funcionarios del
gobierno responsables del presupuesto. La historia de Fundar en México Fundar—Centro de Análisis e Investigación—una ONG con base en la ciudad de México, se
dedica al monitoreo de fondos públicos con un enfoque en el proceso de democratización. La
organización fue fundada en 1999, un año antes de la elección de un gobierno de oposición
por primera vez en 71 años. Fundar ha desarrollado un papel único en la creciente sociedad
civil como una organización de investigación profesional con el mandato de participar en
debates de justicia social desde la perspectiva del trabajo presupuestario aplicado que
trabaja temas de transparencia, derechos humanos y gobernabilidad y capacidad ciudadana
en coordinación con alianzas y otras OSCs. Fundar ha pulido su trabajo de presupuestos
para centrarse en dos áreas — presupuestos y políticas publicas, por un lado, y derechos
humanos y gobernabilidad, por el otro, con programas que examinan cuestiones
legislativas, de transparencia y poder a nivel local. El personal de Fundar es de 31 personas
relativamente jóvenes, ya que con frecuencia desarrollan la capacidad de investigación
presupuestaria al desempeñarse en su trabajo; no obstante la organización también
contrata a expertos en caso de ser necesario. El aporte de Fundar al proceso del presupuesto en México incluye la simplificación y difusión
de información presupuestaria, promoción de la transparencia presupuestaria y construcción
de la capacidad y conciencia de temas presupuestarios entre OSCs. Las iniciativas de
capacitación de la organización en México y a lo largo de América Latina, mediante talleres
y entrenamiento para medios, ONGs, periodistas y legisladores, han contribuido a una
mejor comprensión de temas presupuestarios a fin de promover campañas de incidencia.
Los esfuerzos de Fundar por mejorar la transparencia han convencido al gobierno mexicano
a publicar datos del presupuesto oficial en internet. El impacto más fuerte del monitoreo del
presupuesto de Fundar consiste en mejorar la calidad del debate público y el acceso a
información del presupuesto por parte de legisladores y OSCs. El análisis y trabajo de incidencia de Fundar también ha dado lugar al aumento en
asignaciones presupuestarias. A través de su análisis y esfuerzos de coalición, Fundar ha
influido en los programas de gobierno para combatir la mortalidad materna y presionar para
obtener fondos adicionales para la mortalidad materna y la prevención de VIH/SIDA. En
2003, el trabajo de Fundar suscitó el aumento diez veces mayor de asignaciones
presupuestarias para un programa nacional diseñado a reducir la mortalidad materna
mediante una provisión de emergencia para el cuidado de la salud. Esto representó un
aumento adicional de 50 millones de dólares para el programa que beneficiaría,
directamente a mujeres embarazadas, sobre todo aquellas originarias de comunidades
indígenas más pobres. El éxito de Fundar en ocupar un espacio respetable en el contexto político nacional y ofrecer
información útil y análisis creíble y comprobado a los políticos es un ejemplo para otras
organizaciones. Entre los retos clave que la organización enfrenta está si debe de aumentar
su trabajo a nivel local y estatal en México. Fundar también requiere de un esfuerzo de
adaptación a un entorno político cambiante; en vista de que los candidatos a la presente
elección presidencial prometen hacer cambios significativos a las prioridades nacionales y la
gobernabilidad.
La experiencia de Idasa con el trabajo presupuestario en Sudáfrica El Instituto para la Democracia en Sudáfrica (Idasa) es una ONG que apoya la consolidación
de la democracia en Sudáfrica mediante la construcción de la sociedad civil e instituciones
de gobernabilidad. El Servicio de Información del Presupuesto "The Budget Information
Service" (BIS) —uno de los programas dentro de Idasa creado para promover que los
presupuestos sean para los pobres—fue fundado en 1995 para brindar información pública
oportuna y accesible sobre el impacto del presupuesto en los pobres de Sudáfrica. La misión
de BIS 2005-2007 está comprometida con el activismo "para la democracia sustentable, el
alivio de la pobreza, la equidad y el cumplimiento de los derechos humanos mediante la
investigación y actividades de capacitación…" BIS esta dividido en las siguientes unidades:
la unidad de presupuestos de los niños (CBU), la unidad de presupuestos de mujeres, la
unidad de presupuestos del SIDA, la unidad de presupuestos por sector (que cubre
presupuestos de salud, bienestar social y educación) y la unidad presupuestaria de África. Al
realizarse este estudio de caso, BIS empleaba a aproximadamente 22 personas. Los esfuerzos de BIS por erradicar la pobreza y traer conciencia pública se han convertido
en proyectos bien establecidos y modelos de activismo en Sudáfrica y alrededor del mundo.
Mediante una "diplomacia suave" de construcción de conocimientos técnicos y producción de
investigación confiable, BIS ha conseguido avances para que el gobierno rinda cuentas por
el uso de los presupuestos públicos. Para ello, cada unidad de BIS ha formado alianzas
estratégicas con movimientos sociales a fin de extender su efectividad y muchas unidades
han empleado estas redes para construir la capacidad del trabajo presupuestario en otras
OSCs. BIS también ha construido fuertes relaciones con funcionarios gubernamentales que
dependen de la credibilidad de sus análisis independientes. BIS ha tenido un impacto significativo en el aumento de la cantidad y calidad de la
información presupuestaria disponible para todos en Sudáfrica, en particular para la
sociedad civil, la legislatura y los medios. También ha ayudado a jugar un papel
preponderante en aumentar la conciencia y capacidades del trabajo presupuestario en el
Sub-Sahara Africano. BIS también ha promovido cambios en las asignaciones y gasto de varios sectores y
localidades. La unidad de presupuesto del SIDA ha ayudado a incentivar el gasto provincial
y nacional para la compra de medicamentos anti-retrovirales y aumentar los fondos para
manejar los tratamientos de la epidemia de VIH/SIDA. La unidad de presupuestos de los
niños ha contribuido a la campaña para asegurar el acceso a beneficios de seguro social,
encabezados por la alianza en favor del seguro social de los niños "Alliance for Children's
Entitlement to Social Security.” El esfuerzo utilizó información presupuestaria ofrecida por
CBU y satisfactoriamente se dio un aumento en los recursos presupuestarios originalmente
comprometidos al fondo de apoyo infantil "Child Support Grant" y a la reducción de la edad
requerida de catorce años. El nivel del fondo se ha mantenido respecto a la inflación, debido
en parte al trabajo de activismo y monitoreo de BIS y sus aliados. Los retos que BIS enfrenta son similares a los de otros grupos presupuestarios establecidos.
La relación entre BIS e Idasa es uno de los retos más importantes, sobre todo, respecto a la
redefinición de los grupos presupuestarios a lo largo del tiempo para conservar su vigencia
ante la cambiante misión de la organización y el contexto local. Un segundo reto es la
relación entre proyectos individuales dentro de una organización presupuestaria. BIS se
enfrenta a la necesidad de especializarse en trabajo presupuestario por sector y,
simultáneamente, encontrar formas de manejar y mantener su coherencia y misión en
general.
Monitoreo presupuestario como herramienta de incidencia: "Uganda Debt
Network” La red de Uganda "Uganda Debt Network" es una ONG que mezcla investigación y activismo
para llevar a cabo campañas orientadas a mejorar la gobernabilidad y la reducción de la
pobreza en Uganda. La misión de la organización refleja este compromiso: "Luchar
activamente por la reducción y sostenibilidad de los niveles de la deuda, la rendición de
cuentas y el uso efectivo de recursos nacionales en beneficio de la gente de Uganda." UDN
surgió en 1996 como una coalición de incidencia y de organizaciones de cabildeo para
coordinar la campaña de Uganda para el alivio de la deuda de países extremadamente
pobres. El uso de redes comunitarias y de la creciente membrecía que estableció durante la
campaña de la deuda, UDN ha construido una fuerte reputación por vincular las actividades
de monitoreo de presupuestos locales con los procesos presupuestarios a nivel nacional. La
membrecía de UDN se compone ya de 100 organizaciones y la organización emplea a 16
investigadores. El trabajo presupuestario de UDN se enfoca en el monitoreo de la implementación del
presupuesto a nivel local (35 sub-condados y 7 distritos) y crear conciencia sobre temas
presupuestarios a lo largo del país. La organización produce varias publicaciones que se
distribuyen ampliamente a políticos y ciudadanos, así como un anexo periodístico que se
recibe en 40,000 viviendas. UDN lucha por ofrecer visibilidad nacional a los resultados del
trabajo de los comités comunitarios de monitoreo creados en 2002—grupos de ciudadanos
capacitados para darle seguimiento a problemas en la implementación de proyectos de
desarrollo a nivel local. La comunidad reporta casos problemáticos a las autoridades locales
para asegurar acciones adecuadas y asignación de recursos de acuerdo con las provisiones
presupuestarias. Al usar esta metodología, UDN ha tenido éxito al traer los resultados del
monitoreo comunitario a las autoridades nacionales para ser rectificados. El impacto de UDN surge del papel que juega al darle al gobierno el punto de vista de la
sociedad civil en varias políticas públicas. La amplia red de relaciones de la organización ha
permitido utilizar diferentes canales de cabildeo y ejercer presión en ciertos asuntos, sobre
todo, en lo que se refiere a la corrupción y al gasto en salud y educación. Observadores han
aplaudido la calidad y la oportunidad del análisis e investigación de UDN pues son el
resultado de la acumulación y publicación de información sólida y confiable. A través de los resultados, UDN ha ayudado a mejorar la calidad del gasto del gobierno y el
gasto en impartición de servicios. Las campañas de UDN han eliminado la escasez de
medicinas en algunos hospitales rurales; han dado lugar al mejoramiento en la calidad de
los materiales de construcción de las escuelas; y han reducido el abstencionismo de los
maestros. En muchos casos el monitoreo de UDN también ha identificado y reducido
la corrupción.
La experiencia de UDN tiene muchas lecciones para los grupos presupuestarios. En
particular, la habilidad de la organización para crear un nicho para sí misma mediante el uso
de chequeos locales para ganar acceso e influir en las políticas nacionales es una lección
muy valiosa para otras organizaciones que trabajan en países vulnerables a la corrupción en
busca de mejorar los servicios y la descentralización simultáneamente. Los retos más
importantes que enfrenta UDN hoy en día son internos y externos. Internamente, UDN
capacita a su personal constantemente; mientras externamente la organización se ve
amenazada por un proyecto de ley que aún no se aprueba por el parlamento, el cual
restringe los derechos de ONGs en Uganda.
Novedades en África: la sociedad civil responde a la reciente
presentación del presupuesto en Kenia, Malawi, Tanzania y Uganda El presupuesto de Kenia 2006/07, Instituto de Asuntos Económicos El 15 de junio 2006 el Ministro de Finanzas dio a conocer el presupuesto 2006-2007,
"Marcos para el futuro, construyendo bloques.” Casi 46 por ciento del presupuesto, o Kshs.
253 billones es destinado a sectores claves como educación (18 por ciento), finanzas (9 por
ciento), caminos y obras públicas (8 por ciento), salud (6 por ciento) y defensa (5 por
ciento). Casi 19 por ciento será destinado a la deuda nacional. El resto del presupuesto es
designado al pago de pensiones, cuentas pendientes, salarios y propinas. Mientras el crecimiento del PIB el año pasado en Kenia fue de 5.8 por ciento, es importante
comprender las políticas que dieron lugar a este crecimiento en vista de que los ingresos
individuales sólo crecieron 2.6 por ciento. Es difícil saber si los niveles de pobreza han
aumentado o caído ya que las últimas cifras disponibles se basan en una línea de pobreza
establecida en 1997 y la tasa de pobreza que se percibe es de 53 por ciento (Dimensiones
geográficas de bienestar, Oficina Central de Estadística, 2000). La sociedad civil ha
expresado preocupaciones de que el crecimiento sólo se esté dando en áreas que no están
directamente vinculadas a los pobres. El Instituto de Asuntos Económicos (IEA), un foro cívico que cada año organiza audiencias
previas al presupuesto, ofrece a los ciudadanos de Kenia un medio para entregar propuestas
para el presupuesto. (Ver: http://www.ieakenya.or.ke). Este año, IEA recibió varias
presentaciones y sugerencias realizadas por representantes de diversos sectores y del
público en Nairobi, así como a través de socios en cinco distritos. Con base en las
demandas que se mencionaron en las audiencias y en la consulta con varios participantes,
IEA publicó el Presupuesto Ciudadano Alternativo "Alternative Citizen's Budget" para
2006/07 que ofrece propuestas alternativas para muchos de los problemas que enfrenta
Kenia. (Ver: http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Alternative-Budget-2006-
2007.pdf). El Ministro de Kenia espera que la inflación baje a 5 por ciento al final del presente año
fiscal. Hacer que la inflación baje de 13 a 5 por ciento es algo ambicioso dado lo
impredecible de las condiciones del tiempo, así como las presiones inflacionarias de las
recientes tarifas al combustible. Esto puede empeorar con préstamos domésticos y con el
aumento de 10 por ciento de circulante que anticipa el Ministro. De acuerdo con
el "Alternative Citizen's Budget" para 2006/07, cualquier aumento en los impuestos de
productos petroleros será transferido a negocios y, finalmente, a los consumidores. Dada la alta dependencia de Kenia en ingresos derivados de los impuestos, IEA propone al
gobierno llevar a cabo auditorías aleatorias a compañías e individuos para apegarse a los
requisitos fiscales; desarrollar políticas fiscales más coherentes que generen más ingresos y
promover evaluaciones cuidadosas de las políticas que promueven crecimiento y reconocen
la relación entre medidas fiscales pronunciadas y temas como género, bienestar y
desarrollo. IEA también propone desarrollar innovadores mecanismos para aumentar los
ingresos mediante cuotas a usuarios. En lo que se refiere a la reducción de gastos administrativos, la evidencia demuestra que
existe mal uso de fondos que ha resultado en conflicto de intereses y duplicación de
esfuerzos. Al respecto, el gobierno debe establecer una política clara sobre el nivel
administrativo que será utilizado para la descentralización, reforzar políticas de
descentralización de fondos para asegurar la participación ciudadana a todos los niveles y
asegurar que el uso de fondos se vincule al marco de políticas macroeconómicas y
prioridades locales y nacionales. Kenia es globalmente clasificado como un país escaso en agua. Casi la mitad de la población
de Kenia no cuenta con acceso a agua potable; y un cuarto de la población no cuenta con
acceso adecuado a salubridad y menos de 5 por ciento de los centros urbanos cuentan con
drenaje. No obstante el manejo de recursos de agua y servicios de drenaje y salubridad
reciben menos de 1 por ciento del presupuesto nacional. La autoridad administrativa que
maneja los recursos de agua ha recibido Kshs. 10 millones y los servicios de agua
recibirán Kshs. 6 millones. La red de Kenia para el agua y a la salubridad estima que se
necesitan cerca de Kshs. 24 billones para el desarrollo de la infraestructura de agua y Kshs.
20 billones para servicios y salubridad a fin de alcanzar las metas del milenio. El gasto del gobierno central crece debido al aumento en ministerios y distritos conforme al
referéndum constitucional. Además, funcionarios oficiales gozan de altos salarios y
generosos beneficios que podrían reducirse y ser reasignados hacia áreas prioritarias.
Además, el país ha vivido un sinnúmero de escándalos en relación a la procuración y
contratos de seguridad que involucra a funcionarios públicos. IEA observa que el Tesoro
necesita ejercer controles más estrictos sobre la procuración y financiamiento de contratos.
El gobierno debe de reparar la ley para permitir un mayor escrutinio de dichos contratos por
el Parlamento y la Oficina de Auditoría Nacional, exigir estándares mínimos sobre contratos
de seguridad, aplicar el proyecto de administración fiscal 2006 y revisar la ley contractual
del gobierno para definir claramente los roles de varias oficinas públicas involucradas en la
formulación de contratos del gobierno. IEA también cree que los servidores públicos necesitan jugar un papel más predominante en
la agenda de desarrollo, un resultado que se alcanzaría mediante la reducción de las
diferencias salariales entre varios niveles de oficinas públicas y la recompensa al buen
desempeño mediante promociones y mejores beneficios. En una entrevista con el East
African Standard, Albert Mwenda, director ejecutivo de IEA, comentó sobre el impacto del
aumento salarial para los servidores públicos y maestros mientras las recaudaciones de la
Autoridad de Ingresos de Kenia "Kenya Revenue Authority" (KRA) se encuentran casi en la
miseria. Presupuesto de Malawi 2006/07, "Civil Society Coalition for Quality Basic
Education" (CSCQBE) y "Malawi Economic Justice Network" (MEJN) El presidente Mutharika abrió la sesión del presupuesto de Malawi con un discurso al
parlamento el pasado 6 de junio. El gobierno asignó aproximadamente 55 por ciento de su
presupuesto a infraestructura, 33 por ciento a desarrollo social, 9 por ciento a crecimiento
económico sustentable, 2 por ciento a buena gobernabilidad y 2 por ciento a seguridad
social. La prioridad que se le dio a infraestructura — especialmente la construcción del canal de
Shire-Zambezi— tuvo un costo para el desarrollo de los sectores social y privado lo cual
decepcionó a la sociedad civil, ONGs y al sector financiero. La red "Malawi Health Equity
Network" (MHEN) y "Malawi Economic Justice Network" (MEJN) (http://www.mejn.mw/) han
luchado por que los sectores de salud y educación reciban sus asignaciones completas para
que Malawi pueda cumplir con las metas del milenio en ambas áreas y con la declaración de
Abuja sobre salud, en donde se estipula que 15 por ciento de los presupuestos nacionales
sea destinado al sector salud. (Malawi invierte sólo 7 por ciento de su presupuesto en
salud.) MHEN argumenta que el bajo financiamiento de los programas de salud perjudica la
provisión de medicamentes y el nombramiento de médicos capacitados conforme a lo que
se requiere para la administración de tratamientos anti-retrovirales contra del VIH/SIDA. El 5 de junio la organización "Civil Society Coalition for Quality Basic Education" (CSCQBE)
presentó al gobierno una propuesta respecto al presupuesto para educación 2006/07.
CSCQBE recomendó hacer de la educación una prioridad y "aumentar el acceso y calidad de
la educación que ha ido en descenso en los últimos 11 años.” Conforme a CSCQBE 26 por
ciento del presupuesto del gobierno debería de ir al sector educativo; el grupo pidió al
gobierno asignar por lo menos 18 por ciento del nuevo presupuesto como primer paso hacia
el objetivo del 26 por ciento. (Actualmente, Malawi asigna 11 por ciento de su presupuesto
a educación.) Además, CSCQBE recomienda una serie de mejorías para los maestros, las
escuelas y los materiales didácticos, así como mejorías en el proceso presupuestario. El presupuesto de Tanzania 2006/07, HakiElimu El jueves 15 de junio el Ministro de Finanzas de Tanzania, el Honorable Zakia Meghji,
presentó su presupuesto para el siguiente año fiscal. El presupuesto aumentó las
asignaciones hacia crecimiento y gobernabilidad; el crecimiento económico y reducción de la
pobreza aumentó de 48 por ciento a 49 por ciento; gobernabilidad y rendición de cuentas
aumentó de 8 por ciento a 20 por ciento; y las reducciones a los servicios sociales tales
como mejoramiento del bienestar social se redujeron de 44 por ciento a 31 por ciento. El desempeño general de la economía durante los primeros nueve meses (julio 2005 a
marzo 2006) fue satisfactorio. La economía creció 6.8 por ciento en 2005 en comparación
con 6.7 por ciento en 2004; la recaudación de ingresos tenía una meta de Tshs 2,066
millones, misma que se conseguirá con un cómodo margen gracias a la implementación de
medidas orientadas a fortalecer el manejo de impuestos domésticos, la ampliación de la
base fiscal y reforma de la estructura de impuestos para hacer que la recaudación de
impuestos sea más sencilla y eficiente. A pesar de estos resultados alentadores, el país sufrió una larga sequía que causó la
escasez de alimentos y agua para la generación de electricidad. El constante aumento en los
precios del petróleo en el mercado mundial también tuvo un impacto negativo en el costo de
la producción e impartición de servicios en el país. Como resultado, las tasas inflacionarias
aumentaron de 4.3 por ciento en julio 2005 a 6.9 por ciento a finales de abril 2006.
Además, el gobierno se vio forzado a hacer reasignaciones internas en el presupuesto para
atender la distribución de alimentos y áreas afectadas. Asimismo exentó del pago de
impuestos sobre importación de alimentos en áreas severamente afectadas para asegurar la
disponibilidad de alimentos a precios razonables para los consumidores. Ambas medidas
redujeron la severidad de la escasez de alimentos y aliviaron la presión inflacionaria. El gobierno espera gastar una parte significativamente menor del presupuesto en el servicio
de la deuda, que ha disminuido de 13 por ciento del presupuesto en 2006 a 6 por ciento en
2007. Las asignaciones a regiones locales aumentaron de 14 por ciento en 2006 a 18 por
ciento en 2007 debido a que ya se tenía previsto un aumento salarial al personal del
gobierno local. La parte del presupuesto destinada a salarios aumentó de 17 a 25 por
ciento. Algunos grupos de la sociedad civil reaccionaron a los aumentos en los salarios de
funcionarios lo que explica el aumento en las asignaciones hacia sectores que emplean a un
gran número de trabajadores locales en educación y salud; y el flujo de recursos hacia
ministerios en lugar de gobiernos locales.
La participación de HakiElimu (www.hakielimu.org) en el presupuesto de este año ha sido
en colaboración con el Foro de Política “Policy Forum” (PF). PF es una red de más de 50
ONGs a lo largo y ancho de Tanzania que busca influir la toma de decisiones a través del
trabajo conjunto con ciudadanos a nivel local. PF cuenta con grupos de trabajo más
pequeños que se enfocan en cuestiones más específicas. Por ejemplo está el equipo sobre
salud "Health Equity Working Group,” el equipo de reformas locales "Local Government
Reform Working Group,” el equipo de VIH/SIDA y ahora el equipo de trabajo sobre el
presupuesto “Budget Working Group” (BWG). El BWG llevó a cabo su primera reunión el 23
de mayo 2006 y cuenta con doce miembros que incluyen a organizaciones nacionales e
internacionales tales como HakiElimu, “Research on Poverty Allevation” (REPOA)
(http://www.repoa.or.tz), “Tanzania Gender Networking Programme” (TGNP), "Youth Action
Volunteers,” SNV ("Netherlands Development Organization"), Oxfam, ActionAid, WaterAid y
CARE Internacional. El logro principal de BWG hasta la fecha es la publicación de reportes sobre el presupuesto
(en inglés y kiswahili), que tomaron información pública sobre el presupuesto 2005/06 y
2006/07 sobre los lineamientos del presupuesto dado a conocer en marzo a fin de hacer que
esta información fuera más accesible a los medios, así como a otras organizaciones de la
sociedad civil para comenzar a hacer preguntas sobre el presupuesto antes de que fuera
aprobado. Los reportes se enfocaron en asignaciones a los ministerios y sectores clave y se
compartieron con editores de medios. También se realizó una reunión con la ONG "Tanzania
Gender Networking Programme" (TGNP) (http://www.tgnp.org) para presentar los reportes
que se dieron a conocer oficialmente el 12 de junio. Desde la presentación del presupuesto, varios miembros de BWG han ofrecido sus propias
respuestas. TGNP por su parte, dio a conocer sus reacciones iniciales que fueran publicadas
en el periódico The Citizen. Una preocupación para TGNP es que la presentación del
presupuesto no menciona una estrategia coherente sobre empleo que garantice que cada
adulto – hombre y mujer – cuente con los medios necesarios para apoyar a su familia con
dignidad. En lugar de esto, encontramos estrategias sobre microcrédito y formalización,
estos esfuerzos tienden a beneficiar el crecimiento de la clase media empresarial y no
necesariamente a erradicar la pobreza o a reducir las inequidades causadas por diferencias
género, clase o geografía. Como observa TGNP, el enfoque del presupuesto es en empresas
pequeñas y medianas y no en microempresas de bajos ingresos, que son las que mantienen
a la mayoría de los habitantes de Tanzania. En general OSCs reaccionaron a la limitada capacidad financiera del gobierno y a la falta de
participación pública en el proceso presupuestario. A fin de involucrar a los ciudadanos en el
proceso presupuestario en favor de la reducción de la pobreza, la información
presupuestaria debe de ser más accesible. Esta es una difícil tarea en un país en el que sólo
unas cuantas organizaciones comprenden el presupuesto y cuentan con capacidad limitada.
TGNP ha realizado análisis presupuestario con enfoque de género y REPOA y HakiElimu
cuentan con amplia capacidad analítica pero ninguno de los grupos se enfoca de lleno en
cuestiones presupuestarias. PF no cuenta con personal de tiempo completo para el análisis
de presupuesto, aunque hay planes de contratar apoyo analítico y preparar una guía
ciudadana sobre el presupuesto. Presupuesto de Uganda 2006/07, "Uganda Debt Network” y “Center for
Development Initiatives” El presupuesto nacional de Uganda 2006/07 se leyó el 15 de junio 2006 por el Ministro de
Finanzas, Planeación y Desarrollo Económico, Dr. Ezra Suruma. El ministro describió las
medidas para hacerle frente a la crisis económica en Uganda, que incluyen la introducción
de exenciones fiscales para incentivar al sector industrial, a la vez que aumentar impuestos
a los consumidores con la esperanza de aumentar la recaudación en su totalidad. El nivel de
impuestos de Uganda en relación al PIB es de 12 por ciento, considerado bajo conforme a
estándares regionales. El gasto programado para este año está orientado a atender la crisis energética. La
economía ha experimentado una baja productividad y un aumento en el desempleo con la
escasez de energía eléctrica que también se ha visto afectada por el aumento en los precios
de combustible. El sector de energía y minerales que es en donde se ha visto la mayor parte
del aumento en el gasto recibirá Ushs 70 billones (US$ 38.3 millones) para aumentar la
generación de energía termal y ofrecer 100 megawatts extras de electricidad. Agencias
financiadoras también han aumentado sus contribuciones a este sector por Ushs 36.63
billones (US$ 18.4 millones). En el sector salud, el enfoque se ha puesto en educación de salud primaria que incluye
mayor atención al control de la malaria. El ofrecimiento de dichos servicios puede beneficiar
a los pobres una vez que la efectividad del acceso e impartición de servicios haya mejorado.
No obstante, el sector salud recibirá una disminución en su presupuesto de Ushs 508.66
billones (US$ 278.34 millones) en 2005/06 a Ushs 375.38 billones (US$ 205.4 millones) en
2006/07, lo que representa US$ 72.94 millones menos. Esto se debe a que ciertos
proyectos de salud clave financiados por USAID, el "Center for Disease Control” (CDC) y el
Banco Mundial han concluido. En el sector social, el presupuesto 2006/07 se enfocará en el mejoramiento del bienestar de
los maestros de escuelas primarias con un aumento salarial de 33.3 por ciento a partir de
julio 2006. La promesa del presidente de ofrecer educación post-primaria y capacitación
universal comenzará a implementarse en 2007. Aun con estos esfuerzos dirigidos a mejorar
la calidad de la educación primaria, "no se resuelven los problemas más críticos en el
sector, como son los altos grados de deserción escolar, el número de libros respecto al
número de alumnos y los bajos niveles de inscripciones a la escuela,” dice Davis Ddamulira
del Centro de Iniciativas para el Desarrollo "Center for Development Initiatives" (CDI). CDI
analizará más ampliamente el presupuesto para evaluar cómo el gobierno enfrenta sus
obligaciones para la realización de los derechos de los niños. De acuerdo con CDI, a pesar de que el gobierno reconoce que el norte de Uganda cuenta
con los índices de pobreza más altos, el presupuesto de la región en 2006/07 es sólo de
Ushs 18 billones (US$ 9.85 millones) para la reubicación de personas desplazadas
internamente, la recuperación post-conflicto y el desarrollo. Lo cual no refleja positivamente
el compromiso del gobierno hacia la erradicación de la pobreza. Miembros de la agrupación de la sociedad civil para la incidencia en el presupuesto "Civil
Society Budget Advocacy Group" (CSBAG) — tales como "Uganda Debt Network" (UDN),
"Uganda Coalition for Sustainable Development,” "Forum for Women in Democracy”
(FOWODE) y Apac Anti Corruption Coalition — han cuestionado los esfuerzos del gobierno
en hacer que el presupuesto trabaje para los pobres. Las observaciones de CSBAG durante
la Primera Consultaría del Presupuesto Nacional (diciembre 2005) y la Revisión de Gasto
Público "Public Expenditure Review" (PER) (mayo 2006) fueron tomadas en cuenta aunque
varios temas quedaron sin atenderse, como es el alto costo de la administración pública, la
duplicación de esfuerzos y labores por parte de varias agencias gubernamentales, el
creciente uso indebido de recursos públicos y la falta de inversión en sectores productivos
como energía y agricultura.
Como parte de su trabajo de incidencia en el presupuesto, UDN comenzó una revisión del
presupuesto de este año para evaluar las políticas de combate a la pobreza en Uganda, así
como algunas cuestiones críticas respecto a la disciplina presupuestal. Conforme a UDN, el
gasto social (para educación, salud, agua, agricultura, caminos y obras públicas) representa
alrededor de 46 por ciento del presupuesto. No obstante, OSCs están preocupadas de que la
parte que corresponde a gasto social en el presupuesto nacional ha disminuido en años
recientes de 55 por ciento en 2000/01 a 47 por ciento en 2005/06 aproximadamente. Otras
áreas de gasto (como la administración pública, pago de intereses, seguridad, etc.) han
aumentado de 44 a 52 por ciento durante el mismo periodo. "Si uno revisa el presupuesto
superficialmente, se puede llegar a la conclusión de que el presupuesto favorece a los
pobres ya que en términos nominales, mucho dinero se gasta en sectores sociales
justamente para alcanzar las metas de los PRSP. No obstante, una revisión más detallada
demuestra lo contrario debido al hecho de que el gasto social en el presupuesto nacional
continua disminuyendo," dice Daniel Lukwago de UDN.
En mayo UDN, en nombre de CSBAG, se ofreció una presentación sobre la estrategia
económica y presupuestaria para el año fiscal 2006/07 durante el taller: "Public Expenditure
Review,” en donde UDN hizo un llamado al gobierno para:
Revisar el impacto de cualquier propuesta de impuestos en los pobres. Orientar el gasto hacia los pobres, ya que más de 37 por ciento de la población en
Uganda vive por debajo de la línea de pobreza mientras continua la corrupción, el
mal manejo de fondos públicos y otras políticas que poco favorecen a los pobres. Ofrecer apoyo y planeación a sectores productivos, especialmente para la generación
de energía y agricultura, que son clave para el desarrollo y crecimiento nacional. Asignar más fondos al sector energético para satisfacer la demanda de energía – aun
cuando esto se traduzca en recortes en otras áreas, así como brindar subsidios para
la compra de combustible. Apoyar el desarrollo agrícola, que es la espina dorsal de la economía ya que emplea
a más de 68 por ciento de la población. Reducir asignaciones a la administración del sector público.
Otra preocupación para la sociedad civil es la incongruencia que existe entre el presupuesto
aprobado y el gasto realizado por parte de algunas agencias gubernamentales. Esto se debe
al gasto suplementario que puede perjudicar los objetivos originales del presupuesto al
orientar el presupuesto actual a sectores que no tienen impacto directo sobre la pobreza, tal
como la administración pública. La sociedad civil también ha manifestado su preocupación
por la enmienda al Acto sobre Registro de ONGs "NGO Registration (Amendment) Act,”
2006 que fuera introducido al Parlamento el 7 de abril. En caso de entrar en vigor podría
tener un impacto negativo en la relación entre el gobierno y las ONGs y complicar el papel
de las ONGs que luchan por hacer que los presupuestos favorezcan a los pobres. (Fuente:
Civil Society Statement on the Economic and Budget Strategy for FY 2006/07- por "Uganda
Debt Network" durante el taller "Public Expenditure Review Workshop,” 05/09/06).
Novedades en América Latina y el Caribe: Conoce al Grupo FARO en Ecuador y aprende sobre la iniciativa de presupuestos para la niñez
en Jamaica Lupa fiscal en Ecuador: Conoce a Grupo FARO
La Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO) se creó
para apoyar iniciativas de la sociedad civil como promotora de ideas y acción colectiva para
el bien público. El Grupo FARO tiene cuatro áreas de trabajo: educación; reforma
del Estado; finanzas públicas y desarrollo económico y competitividad en las que se busca
mejorar el desempeño de las instituciones públicas. Uno de los proyectos del área de reformas del estado busca disminuir los casos de
clientelismo; es decir, del desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales
hacia actividades con fines políticos. En los análisis realizados se encontraron varios casos
comprometedores; por ejemplo, antes de la caída del ex-Presidente Lucio Gutiérrez, en abril
del 2005 el programa Aliméntate Ecuador fue utilizado para motivar la participación en las
marchas en favor del entonces gobernante. También existe evidencia de la utilización de
fondos destinados a programas de la niñez para mantener lealtades políticas. La iniciativa del Grupo FARO arrancó con el estudio de ochos programas sociales para medir
sus niveles de transparencia, acceso a la información, participación de su beneficiarios/as, y
la integración de actores externos como: gobiernos locales, empresas privadas,
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones multilaterales. Además, se analizaron
los mecanismos para seleccionar beneficiarios/as y recibir y procesar quejas. Se pudo constatar que muchos de los programas están orientados a reducir la corrupción;
sin embargo, varias reformas no se implementan a escala local. Por ello, se elaboró una
evaluación de los programas para identificar aquellos más susceptibles al clientelismo. Con
la información recaudada en la fase de investigación, se capacitó a mil beneficiarios/as en
temas de derechos, programas sociales y clientelismo. Finalmente, se implementó un
proyecto piloto destinado a fortalecer la participación de ciudadanos y gobiernos locales en
los programas Ley de Maternidad Gratuita y Aliméntate Ecuador. Junto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Municipio de Pelileo, el
Grupo FARO facilitó a las mujeres de esa localidad, un proceso de “empoderamiento” del
municipio para que exijan su derecho a recibir servicios médicos gratuitos relacionados con
el embarazo. Para tal efecto, se implementaron diez estrategias de difusión sobre la Ley.
Tras la selección de una representante por junta parroquial, se formó un comité de usuarias
que recibieron capacitación adecuada. Este comité se responsabiliza por la correcta
implementación de la Ley de Maternidad Gratuita en el Municipio de Pelileo. Apoyado por la firma de un acuerdo, el Grupo FARO actuará como veedor en el
programa Aliméntate Ecuador; además, el próximo 14 de julio serán nueve los programas
sociales que firmen un convenio en contra del uso clientelar de sus fondos. Para ello, se
difundirán mensajes relacionados con las consecuencias del clientelismo, a través de los
medios de comunicación y se habilitará un número telefónico para la recepción de reclamos.
Otra iniciativa de Grupo FARO es la Lupa Fiscal Ecuador, que monitorea la gestión de las
finanzas públicas ecuatorianas desde la sociedad civil. Este proyecto cuenta con el apoyo
técnico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), socio estratégico que ejecuta el Proyecto Lupa Fiscal Argentina. En Ecuador esta
iniciativa busca la institucionalización de mecanismos que fortalezcan la capacidad de
la sociedad civil para monitorear el proceso presupuestario y contribuir a una mayor
responsabilidad fiscal y un gasto público de mayor calidad, más eficiente y equitativo que
promueva la participación de la sociedad civil en los asuntos financieros nacionales y
locales.
Lupa Fiscal inició sus actividades el 23 de mayo del 2005 a partir de la
firma (en español, quichua y shuar) de un acuerdo en pro de la transparencia entre el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y 15 organizaciones de la sociedad civil, originarias
de las cuatro regiones ecuatorianas. A través de este acuerdo, el MEF, en cumplimiento de
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) se
comprometió con el país a difundir información presupuestaria. Hasta el momento, Lupa
Fiscal Ecuador ha trabajado temas como el nivel de transparencia de los ministerios del
Ecuador y el análisis presupuestario a escala local y nacional, entre otros. También
ha conseguido el mejoramiento de las páginas de internet de tres carteras de estado y ha
iniciado una segunda fase en la que analizará la inversión social a escala local y nacional.
Finalmente, está recolectando información sobre las áreas de educación, salud, programas
sociales y subsidios públicos que permitan determinar cuántos recursos están llegando
realmente a la población. A través de la comparación del gasto social e indicadores con un
enfoque en la niñez, se analiza su efectividad y equidad así como los montos adicionales
que se requieren para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y
culturales. Para mayor información, visitar a Grupo FARO www.grupofaro.org, o contactar a Orazio
Bellettini [email protected]. Presupuestos para la niñez en Jamaica, UNICEF Jamaica enfrenta al estancamiento de su economía en la última década reduciendo su gasto
social. El gasto real para los niños ha disminuido en casi 7 por ciento entre 2003/4 y 2004/5
y otro 20 por ciento entre 2004/5 y 2005/6. El gasto en educación ha visto caídas de 14 por
ciento del total del presupuesto a 9 por ciento en los últimos siete años aproximadamente. Inversiones significativas en el sector social serán necesarias para mantener los recientes
logros sociales y alcanzar las metas oficiales en relación al desarrollo social y económico y
bienestar de los niños. Experiencias anteriores y lecciones de otros países sugieren que para
maximizar las inversiones hacia el cumplimiento de los derechos de los niños, debe de
aumentar la vigilancia y monitoreo de la inversión social para mejorar las asignaciones hacia
temas sociales. Desafortunadamente, el proceso presupuestario permite una participación muy limitada y
las reglas de participación son poco claras aun para los ciudadanos más informados. En
tanto que el presupuesto se debate públicamente una vez que el ministro de finanzas ofrece
su presentación cada año, la sociedad civil y el sector privado no cuentan con la oportunidad
de hacer contribuciones reales al proceso, incluso los miembros del parlamento juegan un
papel limitado. La capacidad de participar en el proceso del presupuesto se debilita aún más
por el poco conocimiento de temas presupuestarios. En general, se necesita educación
sobre el proceso presupuestario y sobre la vinculación del presupuesto y los derechos, el
desarrollo de prácticas participativas en el proceso y de incidencia para poder influir en las
asignaciones presupuestarias. Para mejorar las asignaciones hacia los niños, una coalición de organizaciones no-
gubernamentales bien establecidas formaron la iniciativa "Social Investment for Children
Initiative" (SICI) en 2005. SICI desarrolló un plan para reformar el proceso del presupuesto
y usar los recursos destinados a los niños de manera más eficiente y construir inversión
social para niños. Con financiamiento y asistencia técnica de UNICEF y UNDP, SICI planea
llevar a cabo actividades de capacitación, participación, e iniciativas de incidencia y
comunicación. SICI también llevará a cabo un monitoreo del presupuesto con el apoyo de la
Universidad de West Indies para darle seguimiento a las inversiones destinadas al gasto
social de los niños e identificar las áreas con mayor necesidad económica y comparar las
metas establecidas en políticas nacionales. El fortalecimiento de la sociedad y del gobierno es crítica para el éxito de SICI. Hasta la
fecha, los talleres se han realizado para sensibilizar a más de cien actores sociales sobre
cuestiones de inversión social, participación presupuestaria y la relación entre los
presupuestos y los derechos. Además, un grupo de 18 profesionales han completado la
primera fase de capacitación para preparar a otros en actividades relacionadas con la
participación en el proceso de presupuesto. Los niños serán involucrados en todos los aspectos de SICI. Un grupo de 30 niños fue
seleccionado para participar en discusiones sobre el presupuesto, ayudar a desarrollar la
capacidad de sus compañeros y en la investigación sobre los temas que afectan a los niños. La simplificación del proceso presupuestario es más fácil de conseguirse si los ciudadanos
participan y pueden influir en las decisiones del presupuesto. SICI reconoce esto y ha
establecido como principal prioridad el influir en las inversiones sociales para los niños. El
gobierno ha expuesto públicamente su intención de facilitar la participación de la sociedad
civil en el proceso presupuestario y otras agencias del gobierno comparten esta idea.
Actualmente, se está elaborando un marco de participación presupuestaria para Jamaica,
que la Agencia de Desarrollo Infantil "Child Development Agency" (una agencia
gubernamental semi-autónoma responsable de la promoción de los derechos de los niños)
implementará con el presupuesto 2007/08. Para mayor información, contactar a Kenneth Russell [email protected].
Novedades en el sur de Asia: la sociedad civil responde a los
presupuestos de Bangladesh y Rajastán
Presupuesto de Bangladesh 2006/07, Unnayan Onneshan
El presupuesto nacional 2006/2007 de Bangladesh fue presentado por el Ministro de
Finanzas y Planeación M Saifur Rahman el 8 de junio 2006. El presupuesto muestra un
déficit que el gobierno tratará de financiar mediante metas fiscales un tanto ambiciosas y
mediante préstamos de fuentes locales. En respuesta al presupuesto la organización Unnayan Onneshan (http://www.unnayan.org/)
que trabaja hacia la reducción de la pobreza, la equidad de género y la justicia social
examina las medidas fiscales y asignaciones presupuestarias y cómo caben dentro de la
estrategia nacional para el desarrollo. En particular Unnayan Onneshan examina si el
presupuesto está encaminado a cumplir con las metas del milenio "Millennium Development
Goals" (MDGs). La organización observa que el presupuesto asume un crecimiento de 17.1 por ciento en sus
recaudaciones en comparación con 2005/2006. Se espera que las recaudaciones se
monitoreen más eficientemente y con mayor transparencia con el nombramiento del
ombudsman de impuestos. La propuesta de presupuesto aumenta el gasto en educación en un 2 por ciento y el gasto
en salud casi 6 por ciento en un lapso de un año. Como resultado, el gasto en educación
aumentará de 8.8 por ciento del presupuesto a 8.9 por ciento mientras el gasto en salud
aumentará de 6.6 por ciento a 6.9 por ciento. El gasto de la red de seguridad o "safety net,”
por el contrario, disminuye 16 por ciento bajo el nuevo presupuesto y bajará de 0.5 por
ciento a 0.4 por ciento. La porción del presupuesto que irá a agricultura disminuirá significativamente de 22.3 a
21.8 por ciento. Esta caída amenaza con empeorar las condiciones de pobreza, en vista de
que 70 por ciento de la población depende directa o indirectamente de la agricultura. A
pesar de la fuerte demanda de hogares y negocios por tener acceso a energía eléctrica, esta
área recibe un recorte de más 7 por ciento, más que ninguna otra área. Mientras un reporte del 2002 sobre el progreso de las metas del milenio encontró que 82
por ciento de zonas urbanas y 72 por ciento de zonas rurales tenían acceso a agua potable,
el presupuesto dice que Bangladesh ya alcanzó las metas del milenio en este rubro al
garantizar que 100 por ciento de la población urbana y 96.5 por ciento de la población rural
tengan acceso. No obstante, el número total de personas sin agua y salubridad a lo largo
del país ha aumentado a pesar de las mejorías relativas. Casi 40 por ciento de poblaciones
de bajos recursos en cuatro ciudades se encuentra sin acceso a agua potable. Poblaciones
en ciudades perdidas tienen acceso limitado a la distribución de agua y las personas en
zonas urbanas pagan altos costos por tener acceso limitado a agua de dudosa calidad. El gobierno también afirma haber logrado reducir satisfactoriamente el nivel de mortalidad
infantil y mortalidad materna. Se dice que la tasa de mortalidad materna ha bajado de
320 a 310 por cada 100,000 nacimientos de 2000 a 2002; sin embargo otros documentos
oficiales demuestran que el nivel es de 391 por cada 100,000 nacimientos en 2002. Es
imposible medir el éxito de estos compromisos cuando distintas fuentes oficiales reportan
información diferente para la misma variable. Presupuesto local de Rajastán 2006/07, "Budget Analysis Rajasthan Centre"
(BARC) Ubicado en el noroeste de la India, Rajastán se encuentra por debajo de los promedios
nacionales urbanos y rurales de gasto per cápita mensual. Se espera que la economía rural
se vea afectada aún más ya que el gasto hacia agricultura ha caído de Rs. 100 crore de
2005/06 a 2006/07. A fin de mejorar la baja productividad como resultado de las pobres
condiciones del sector salud y los bajos niveles de educación, el gobierno también debe de
aumentar el gasto social, pero Rajastán gasta menos del 4 por ciento de su Producto
Interno Bruto (PIB) en educación y menos de 1 por ciento en salud, observa el centro de
análisis presupuestario "Budget Analysis Rajasthan Centre" (BARC) que analiza el
presupuesto de Rajastán y evalúa el impacto del gasto en desarrollo socioeconómico de los
pobres y grupos marginados. BARC indica que a fin de aumentar el poder adquisitivo de los pobres, la inversión pública
también debe de aumentar, pero el gobierno está reduciendo sus asignaciones al sector
económico. Las dramáticas reducciones en las asignaciones han tenido lugar desde el año
pasado debido a duras medidas de responsabilidad fiscal y administración presupuestaria
"Fiscal Responsibility and Budget Management" (FRBM) desde 2005. Bajo FRBM el gobierno
se ve forzado a reducir su déficit de recaudación a cero para 2008/09. Además, el déficit
fiscal necesita ser reducido o mantenerse constante. Estos objetivos pueden conseguirse al
generar ingresos y mantener el gasto a un nivel constante. No obstante, el gobierno ha
tratado de mantener una responsabilidad fiscal sana mediante recortes.
El presente gobierno ha aumentado el gasto capital que es de gran importancia para el
desarrollo de infraestructura. En vista de que hasta el momento no hay un superávit en la
cuenta de ingresos, todo el gasto capital se debe de obtener vía préstamos, que a su vez se
deben de pagar con intereses por parte de la población del estado. El gobierno debe de ser
cauteloso y no imponer el peso de la deuda en la gente mediante el incremento de
asignaciones en la cuenta de capital y elaborar un plan para pagar el dinero obtenido. Cabe
mencionar que debe de existir un equilibrio entre el peso de la deuda y el gasto capital, de
lo contrario FRBM puede violarse después de cierto tiempo. Para mayor información, contactar a [email protected] en el centro "Budget
Analysis Rajasthan Centre" (BARC).
Más allá del presupuesto – la necesidad de darle seguimiento fiscal a
las políticas monetarias, ActionAid
Grupos que hacen seguimiento al flujo de presupuestos tales como Idasa en Sudáfrica están
poniendo cada vez más atención en las políticas macroeconómicas que le dan forma a los
presupuestos nacionales y por sector. El reciente trabajo de ActionAid Internacional EUA, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros grupos sugieren que los
activistas de las metas del milenio y de la lucha contra el VIH/SIDA consideren formas en
las que ciertas políticas macroeconómicas restringen innecesariamente el gasto
gubernamental en ciertas áreas. Mientras muchos grupos dedicados al seguimiento de los presupuestos realizan un excelente
papel monitoreando el gasto por sectores (las “rebanadas” del pastel del presupuesto),
pocos han examinado las políticas macroeconómicas que con frecuencia influyen en el
tamaño del pastel. ActionAid sugiere que los activistas de las metas del milenio y aquellos
que hacen seguimiento de presupuestos se capaciten en conceptos básicos de economía
para comprender de mejor manera cómo funcionan estas políticas macroeconómicas. La
capacitación también ayudaría a los grupos a conocer políticas alternativas que permitirían a
los países de bajos ingresos a gastar los recursos provenientes de asistencia exterior que, a
su vez, generan recursos en el largo plazo. Con frecuencia las políticas macroeconómicas que adoptan los países de bajos ingresos,
incluyen políticas fiscales y monetarias que se basan en discusiones entre los ministros de
finanzas y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En vista de que muchos países no
pueden gastar las cantidades cada vez más grandes de recursos derivados de la asistencia
internacional — o contratar a muchos doctores, enfermeras y maestros para alcanzar las
metas del milenio y combatir el VIH/SIDA — los activistas se han alarmado por las
restricciones al gasto público provenientes de rígidas políticas fiscales y monetarias que
condicionan los préstamos del FMI. El FMI trabaja con países pobres para establecer las metas como parte del marco
macroeconómico que incluye metas para la reducción del déficit del presupuesto y la tasa
de inflación. Estas metas imponen de facto límites explícitos sobre el presupuesto nacional
en su totalidad, así como sobre los recursos disponibles para salud, educación, agua,
salubridad, infraestructura agrícola y otras necesidades básicas. Con frecuencia estas metas
restringen innecesariamente el gasto disponible para iniciativas que ayuden a alcanzar las
metas del milenio o combatir el VIH/SIDA.
Un reporte publicado en 2001 por la oficina general de contaduría de EUA "U.S. General
Accounting Office" sobre los préstamos del FMI explica que existe una margen poco claro
entre las políticas que pueden clasificarse como "relajadas" (que conllevan a inestabilidad
macroeconómica) y políticas que pueden clasificarse como "rígidas.” “Las políticas que se
preocupan demasiado por la estabilidad macroeconómica pueden resultar austeras,
disminuir el crecimiento económico de su nivel óptimo e impedir el progreso de la reducción
de la pobreza,” advirtió el reporte. Por ejemplo, muchos programas del FMI han hecho un llamado a países pobres para reducir
sus déficits fiscales de manera significativa y, en algunos casos, crear superávits. Cuando
esto sucede, el dinero que puede usarse para contratar más doctores y maestros se usa
para bajar el déficit a niveles que suelen ser innecesarios, según reportan estudios
académicos. El FMI afirma que ha aumentado la flexibilidad en sus metas de reducción deficitario cuando
reemplazó su programa de préstamos "Enhanced Structural Adjustment Facility” por el
programa "Poverty Reduction and Growth Facility" (PRGF) en 1999. Aunque esto es cierto
hasta cierto punto, la nueva flexibilidad es limitada y la reducción en las metas deficitarias
en muchos programas de préstamos del FMI siguen siendo injustificadamente rígidos.
Mientras la mayoría de los países han manejado déficits fiscales moderados, el FMI sigue
estando en contra de los déficits, sobre todo, por los altos intereses que representan. Además, FMI con frecuencia ignora el hecho de que el déficit del gasto puede usarse para
fortalecer al país. El PNUD y otros investigadores concluyeron que mientras el gasto del
déficit en consumo de corto plazo puede causar más mal que bien, el gasto del déficit en
inversiones públicas clave puede redituar ya que se puede mejorar la productividad y
crecimiento económico. En lo que se refiere a las metas para la reducción de la inflación, muchos programas de
préstamos del FMI les han pedido a países pobres reducir la inflación a niveles muy bajos —
5 por ciento o menos. Entre 45 y 63 acuerdos recientes del PRGF examinados por ActionAid
incluyeron metas inflacionarias de 5 por ciento o menos. Todos están de acuerdo en que una inflación muy alta puede debilitar el crecimiento
económico de largo plazo y dificultar la planeación del sector privado y aumentar los precios
fuera del alcance de los pobres. Sin embargo, mientras la literatura en economía ha
demostrado consistentemente que los niveles de inflación por encima de 20-40 por ciento
son negativos, existe un desacuerdo considerable entre los economistas sobre las tasas de
inflación en un rango más moderado de 5-20 por ciento. El FMI insiste en que la inflación en
este rango representa "inestabilidad macroeconómica," pero no hay evidencia académica
que justifique esta afirmación. Algunos economistas del FMI estuvieron de acuerdo en que si
se espera que los países absorban y gasten flujos más altos de asistencia financiera, la
inflación puede aumentar en consecuencia. Sin embargo, esta consideración no se ha
traducido en cambios en las políticas de muchos de los programas de préstamo del FMI. Esto es importante para los activistas de las metas del milenio ya que cuando un préstamo
requiere una reducción en la inflación del rango moderado de 5-20 por ciento a menos de 5
por ciento, esto puede debilitar el crecimiento económico de un país y usar recursos que, de
otro modo, podrían haberse destinado a la contratación de doctores y enfermeras en la
lucha contra el VIH/SIDA. (Los economistas se refieren a esto como el margen de sacrificio
o "sacrifice ratio," lo que quiere decir que por cada punto que se reduce la inflación en este
rango moderado, baja el nivel del PIB.) Muchos economistas creen que las metas del
FMI sobre reducción inflacionaria son excesivamente rígidas y son en parte responsables por
la caída en el crecimiento económico de países de bajos ingresos entre 1960-1980 y 1980-
2005. A pesar de que el FMI ha afirmado que sus políticas son pro-crecimiento, dichas
políticas suelen conseguir estabilidad macroeconómica (como lo define el FMI) sobre otros
objetivos como pueden ser el gasto público mejorado y tasas de crecimiento más altas. El PNUD y otros economistas indican que se necesitarán altas tasas de crecimiento para
hacer que los países generen más de sus propios recursos para alcanzar las metas del
milenio — y que generar altas tasas de crecimiento requiere de políticas fiscales y
monetarias más expansivas. No obstante, el FMI permanece en oposición a este esquema. Al respecto de la volatilidad de la asistencia financiera "donor aid volatility" muchos
donadores no le dan apoyo a un determinado proyecto consistentemente año tras año y
muchos donatarios no cumplen con la cantidad prometida de asistencia. En tanto que un
país adopta las medidas preferidas del FMI - políticas fiscales y monetarias rígidas - la
volatilidad de la asistencia financiera seguirá siendo un grave problema para ministros de
planeación y finanzas, haciendo imposible predecir cuánta ayuda estará disponible en un
año en particular. El FMI afirma que dicha volatilidad es una razón por la cual duda en promover que países de
bajos ingresos contraten más personal en salud y educación. De acuerdo con este
argumento, si los ministros de finanzas usan asistencia financiera para contratar enfermeras
pero los donadores no mandan la cantidad acordada al año siguientes el país probablemente
acabaría por despedir a las enfermeras a la vez que continuaría pagándoles incurriendo en
un déficit fiscal. ActionAid argumenta que los activistas de las metas del milenio deberían de
unirse al FMI en un llamado a los países donatarios para desarrollar mecanismos de gasto
que permitan un mayor nivel de certidumbre del flujo de recursos en períodos mayores de
diez años. Reducir la volatilidad de los donatarios permitiría a los países de bajos ingresos
planear proyectos de largo plazo. También suavizaría las preocupaciones sobre la
inestabilidad macroeconómica asociada con el "hoy sí, mañana no" gasto en recursos
humanos. En 2006-2007 ActionAid Internacional EUA desarrollará una capacitación sobre
alfabetización económica y un proyecto de activismo para atender muchas de estas
cuestiones. El proyecto promoverá que los que hacen seguimiento de presupuestos y los
activistas de las sociedad civil desarrollen mejores relaciones de trabajo con economistas y
aumenten sus conocimientos en economía a fin de estar mejor preparados para discutir con
legisladores y ministros de finanzas. Para mayor información sobre este proyecto en Estados Unidos y sobre los programas
nacionales de ActionAid, contactar a Rick Rowden [email protected] (después del
7 de agosto) y a Nisha Thapliyal [email protected]. Para una breve revisión sobre este problema, ver el ejemplar de Primavera 2006 "Policies
and Priorities" por ActionAid Internacional EUA.
Reporte del taller: análisis presupuestario y derechos económicos, sociales y culturales en Tailandia
Del 13 -20 de mayo se llevó a cabo en Chiang Mai, Tailandia un taller organizado por
"Beyond the Circle Network" (India) y el Instituto Asiático de Derechos Humanos "Asian
Institute for Human Rights" sobre derechos económicos sociales y culturales (DESC) para
activistas en derechos humanos y desarrollo. El taller buscaba ayudar a los participantes a
comprender y aplicar el marco de DESC en sus programas, identificar el marco conceptual y
normativo para la implementación de los DESC y discutir algunos derechos específicos, tales
como el derecho a la comida y a la vivienda. El taller también examinó el uso del análisis
presupuestario como una herramienta de implementación de los DESC. Entre los participantes se encontraron personas provenientes de 15 países: Afganistán,
Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Palestina,
Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Timor Leste y Vietnam. Las sesiones de análisis presupuestario ofrecieron una introducción al presupuesto y sus
componentes, las distintas fases del proceso presupuestario y oportunidades de incidencia
en cada etapa. Los participantes también aprendieron y utilizaron herramientas
cuantitativas para en análisis presupuestario aplicado. Muchos participantes eran nuevos al análisis presupuestario. Varios comentaron que ahora
se dan cuenta de cómo el análisis presupuestario puede fortalecer su activismo. Varios
también comentaron que mientras los activistas de derechos humanos piensan que los
presupuestos sólo son comprensibles para los expertos, el taller ayudó a corregir esa
percepción. El taller también ofreció una oportunidad para compartir la experiencia de la India y discutir
los retos del activismo de los DESC a nivel regional y aprender sobre las experiencias de
otros países para construir una red más amplia que apoye a los grupos que realizan este
trabajo. Para mayor información, contactar al Instituto Asiático de Derechos Humanos "Asian
Institute for Human Rights" [email protected].
Nueva publicación: "El Caso Provida" – Cuentas pendientes en la
transparencia y la justicia, narra el fraude realizado con fondos asignados para tratamientos de VIH/SIDA
Seis organizaciones de la sociedad civil mexicana: Fundar, Equidad de Género: Ciudadanía,
Trabajo y Familia, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE), Letra S: Salud, Sexualidad, Sida y Salud
Integral para la Mujer (Sipam) lanzaron la publicación “El Caso Provida" – Cuentas
pendientes en la transparencia y la justicia” (disponible en español), en donde se narra la
extraordinaria investigación y esfuerzos de incidencia por poner al descubierto el escándalo
que involucró a la organización conservadora Provida y al gobierno mexicano Provida ocupó los encabezados tras recibir 30 millones de pesos del gobierno sin haber
concursado entre otras organizaciones de la sociedad. Este dinero se había etiquetado
originalmente para ayudar a mujeres infectadas con VIH/SIDA y a la compra de
tratamientos anti-retrovirales. No obstante, el presidente de la comisión del presupuesto en
el Congreso unilateralmente asignó fondos a Provida, organización que aceptara el dinero
para gastarlo en publicidad y otros artículos de lujo que nada tienen que ver con salud.
Además, las posturas ultra-conservadoras de Provida contradicen la legislación y esfuerzos
del gobierno por promover la educación sexual y sobre el aborto. La publicación sintetiza la investigación de tres años para comprender los límites de la
rendición de cuentas en México, os vacíos legales que deben de corregirse para prevenir el
uso discrecional de fondos públicos y la versátil campaña de incidencia y uso de los medios
para hacer que el gobierno se responsabilizara de sus actos. Esta publicación busca ayudar
a otras organizaciones, en particular a organizaciones de la sociedad civil a ver el impacto e
importancia de combinar la investigación con la incidencia social.
Nuevos materiales en la biblioteca del IBP
"Analyzing the UN Tsunami Relief Fund Expenditure Tracking Database: Can the UN be more
transparent?" Por Vivek Ramkumar/International Budget Partnership Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio respuesta al tsunami del 2004 del
sur y sureste de Asia, por primera vez se creó una base de datos para darle seguimiento al
gasto entre países, sectores y agencias de asistencia. La base de datos busca que aquellos
interesados puedan aprender como están siendo dirigidos los esfuerzos de asistencia de la
ONU y la rapidez con la que son gastados. El IBP ha estudiado esta base de datos y
encuentra que contiene información muy útil que provoca una serie de cuestionamientos
importantes sobre el gasto de asistencia de la ONU, pero la forma y contenido de la base de
datos no permiten un análisis detallado de estas cuestiones.
"Parliament Digest - Bridging the Gap between Parliament and People, Budget Session
2005" Por Amitabh Behar, Sunila Sihng, and Prakash Gardia (Editors)/The National Center for Advocacy Studies (NCAS) Este análisis detallado de la sesión del presupuesto de la India 2005 argumenta que el
boicot de la oposición a la sesión perjudicó la habilidad del Parlamento para representar los
intereses de la género en los debates presupuestarios. Como resultado, el presupuesto
2005 fue aprobado sin una discusión apropiada. El reporte examina cuestiones de género,
castas, minorías, gobernabilidad, comida y seguridad, indicadores de desarrollo social,
agricultura, trabajo y recursos naturales. El reporte busca reducir la brecha de información
entre el Parlamento y la gente que ofrece recursos que ayudarán a la gente a participar en las decisiones del gobierno.
"Regional-Local Dimension of Russia’s Fiscal Equalization" Por Jorge Martínez-Vázquez and Andrey Timofeev/Andrew Young School of Policy Studies, George State University En vista de que el gobierno ruso se comprometió a ofrecer a todos los ciudadanos el mismo
acceso a servicios públicos sin importar en dónde viven, este trabajo examina alrededor de
2,000 gobiernos locales para evaluar y explicar las diferencias en los recursos públicos
disponibles entre y dentro de las regiones. Se busca evaluar la calidad y accesibilidad de
servicios locales y explicar si las políticas adoptadas por los gobiernos regionales refuerzan o
no los esfuerzos del gobierno central respecto a la equidad fiscal. Los autores concluyen que
las amplias variaciones en el ingreso per cápita entre los gobiernos locales de Rusia reflejan disparidades dentro de las regiones más que entre ellas.
"Is VAT the Best Way t Impose a General Consumption Tax in Developing Countries?" Por Richard M. Bird and Pierre-Pascal Gordon/Andrew Young School of Policy Studies, George State University Este trabajo examina el sistema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ucrania y Jamaica
en términos de la productividad, la equidad y el desarrollo económico del ingreso. Los
autores examinan cuestiones tales como si el IVA en la mayoría de los países en vías de
desarrollo está diseñado e implementado lo mejor posible; si todos los “buenos” impuestos
siguen el mismo esquema; si cada país puede administrar el IVA suficientemente bien para
hacer que el impuesto valga la pena; si el IVA es siempre la mejor respuesta a los
problemas de recaudación causados por la liberalización comercial en muchos países en vías
de desarrollo. Los autores concluyen que el IVA es una opción recomendable en la mayoría
de los países en vías de desarrollo, aunque esto no quiere decir que impuestos existentes
sean necesariamente los mejores dadas las particularidades nacionales.