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Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres Boletin No. 81 16-31 Diciembre 2003

Este boletín es editado quincenalmente y es distribuido gratis por correo electrónico.

Subscripciones: [email protected] - Nuestro sitio web es www.memoriaviva.com y www.ecomemoria.com 16 de Diciembre 2003 La Tercera Corte confirma procesamiento en caso Horman La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, en forma unánime, el fallo de primera instancia en que el ministro Jorge Zepeda procesó la semana pasada a Rafael González Verdugo en calidad de cómplice de una conspiración que culminó en septiembre de 1973 con el asesinato del periodista estadounidense Charles Horman. Tras el dictamen, que establece que al momento de su detención la víctima investigaba el atentado contra el general René Schneider, la familia de Horman evalúa la eventual reapertura de la causa en Estados Unidos. 16 de Diciembre 2003 El Mostrador Suprema confirma sentencias en caso Lonkos Por unanimidad, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de los lonkos mapuches Pascual Pichun y Aniceto Norin, condenados el pasado 27 septiembre por el delito de tentativa de atentado terrorista. El máximo tribunal rechazó los argumentos esgrimidos por la defensa de los mapuches respecto a que la sentencia había desconocido el debido proceso, por lo que ambos lonkos deberán cumplir la condena de cinco años y un día de presidio. El abogado Hugo Gutiérrez, que representaba a Aniceto Norin, calificó el fallo como una muestra más de la poca credibilidad de la justicia en Chile y anunció que el paso siguiente será recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En tanto, la fiscal del Ministerio Público de la Novena Región, Esmirna Vidal, expresó su satisfacción por la resolución de la Corte Suprema. "Nos parece importante destacar que el máximo tribunal del país haya confirmado la tesis del Ministerio Público, en el sentido de que estamos en presencia de delitos terroristas y la participación de quienes fueron acusados como autores en su oportunidad", señaló Vidal. La fiscal rechazó las acusaciones en contra del Ministerio Público, en el sentido de que hubieran ejercido persecución contra los grupos indígenas. 19 de Diciembre 2003 El Mercurio Juez Guzmán sobreseyó a Pinochet en caso Conferencia El ministro de fuero Juan Guzmán determinó sobreseer definitivamente al general (r) Augusto Pinochet del denominado caso calle Conferencia en respuesta a una solicitud de la defensa del ex comandante en jefe del Ejército. El pasado 22 de octubre la Corte Suprema rechazó una solicitud para desaforar Pinochet, solicitada por los querellantes de la causa, basándose en que el estado de salud del ex gobernante le impide enfrentar un debido proceso, mismo argumento con el que Pinochet fue sobreseído del caso Caravana de la muerte.

En mayo de 1976 la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) detuvo a los miembros de la cúpula del PC que se reunirían en una casa ubicada en la calle Conferencia, en el sector poniente de Santiago. Los detenidos en esa oportunidad permanecen hasta hoy como desaparecidos, pese a que poco después fueron vistos en lugares clandestinos de detención, como Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Entre los afectados estuvieron Jorge Muñoz, secretario general del partido en la clandestinidad y esposo de Gladys Marín, y Víctor Díaz, padre de la actual secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz. El pasado 2 de junio, el juez Juan Guzmán procesó por este caso a cinco ex miembros del Ejército que cumplían labores como agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos el brigadier en retiro Miguel Krassnoff. Pinochet ya fue desaforado en el caso Caravana de la Muerte, pero la Corte Suprema lo sobreseyó "por demencia temporal". 19 de Diciembre 2003 La Nacion Se reactiva proyecto para publicar leyes secretas de la dictadura El proyecto que busca publicar las leyes secretas dictadas durante el régimen militar presidido por Augusto Pinochet, volverá a ser revisado por la Comisión de Defensa de la Camara Baja, lo que fue calificado como un importante avance por el diputado Gabriel Ascencio (DC), autor de la moción parlamentaria. La iniciativa legislativa ordena la inmediata publicación de todas las leyes, decretos de leyes y decretos con fuerza de ley que tengan carácter de reservados o secretos que hayan sido promulgadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El texto precisa que una vez promulgada la ley, estos antecedentes deben ser publicados en una edición especial del Diario Oficial dentro de los 30 días siguientes. El parlamentario de la Democracia Cristiana justifica la moción considerando que en democracia “no se entiende que sigamos sin conocer las leyes que se dictaron y que aún permanecen en secreto. Los ciudadanos merecen y tienen el derecho a conocer qué pasó en ese periodo” De acuerdo a un informe enviado por la Contraloría del Senado, durante el régimen militar se promulgaron un total de 57 leyes, 40 decretos leyes y 28 decretos con fuerza de ley con el carácter de secretos o reservados. 19 de Diciembre 2003 La Nacion Operación Cóndor: presentarán nueva solicitud de desafuero contra Pinochet Mientras familiares de víctimas de la dictadura lamentan que el ministro de fuero, Juan Guzmán, haya sobreseído definitivamente el procesamiento contra Augusto Pinochet por el caso “Calle Conferencia”, se prepara un nuevo frente judicial contra el ex dictador desde el próximo lunes.

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El abogado Eduardo Contreras, indicó hoy que ese día presentará una nueva solicitud de desafuero en contra de Pinochet, a nombre de los familiares de las víctimas chilenas de la llamada Operación Cóndor, la unión anti-insurgente de las dictaduras sudamericanas. En conversación con radio Cooperativa, Contreras señaló que la responsabilidad de Augusto Pinochet en el operativo ilegal conjunto de los aparatos represivos del Cono Sur "es evidente y absolutamente probada". Sobre el sobreseimiento del ex gobernante de facto en el caso “Calle Conferencia”, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara la petición de desafuero en su contra, el abogado dijo que "esto parece inscribirse en un marco en que ya el poder judicial decidió por su cuenta que Pinochet está loco, lo que ni siquiera decían los exámenes médicos. Es más, tenemos conocimiento que las nuevas querellas que se han presentado contra Pinochet se les está colocando poco menos que el timbre de sobreseer de inmediato sin investigar, porque existe ya el criterio predeterminado que Pinochet está loco". Eduardo Contreras, desestimó que el ex dictador no pueda comparecer ante la justicia por problemas mentales, en consideración a la entrevista que éste concedió a un canal de Miami. "El hombre está tan cuerdo como ha sido toda su vida. Es decir, no está en condición de inimputabilidad y por lo tanto lo que está haciendo el poder judicial en el fondo es tirarle un salvavidas a Pinochet para asegurar su impunidad". 21 de Diciembre 2003 La Nacion Arriba las banderas “Llegó el auto, llegó el auto”. A las once en punto sonó el citófono en el departamento de Edita Salvadores. “¿Tú sabes quién es la persona que nos viene a buscar?”, le preguntó Luz Encina. “No tengo la menor idea Luz, lo único que me dijeron es que un auto llegaría como a las once. Supongo que el chofer sabe dónde ir”, respondió Edita mientras corría a llamar al ascensor. Lo que yo sabía hasta ese minuto era lo siguiente: atrás mío iba sentada Edita Salvadores, madre de Cecilia Castro, detenida en 1974 junto a su marido Juan Carlos Rodríguez, ambos militantes del MIR y padres de una niña que los vio por última vez cuando tenía menos de dos años y que Edita crió como a una hija. A su lado estaba Luz Encina, madre de Mauricio Jorquera, detenido en 1974. Las dos forman parte del grupo de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados del MIR y las dos llevan 30 años pidiendo información sobre el paradero de sus hijos. Pero del MIR nunca nada. Nada. Ni en con el Informe Rettig, ni con la mesa de diálogo. La DINA no sólo se encargó de exterminar a los seguidores de Miguel Enríquez, sino que tendió el manto de silencio más inexpugnable de toda la maquinaria represiva del régimen militar. Hasta que un reportaje lo cambió todo. El 23 de noviembre de este año, LND reveló el destino de los detenidos desaparecidos de la DINA en la Región Metropolitana: 400 cuerpos fueron lanzados al mar. Ese día Edita, Luz y muchas otras madres se enteraron por la prensa que, posiblemente, los cuerpos de sus hijos terminaron en sacos atados a rieles, en el fondo del océano.

¿Pero cómo saber si en esas bolsas estaban Cecilia, Juan Carlos, Mauricio o tantos otros? “Alguien tiene que tener la lista de las personas lanzadas al mar”. “Alguien tiene que saber el lugar exacto dónde los lanzaron”. “En ese lugar deben estar por lo menos los rieles a los que ataron los cuerpos”. “Hay que hacer algo para recuperar al menos eso”. Estas frases se repetían una y otra vez en las reuniones de los familiares del MIR y la conclusión era siempre la misma. “Hay que inventar algo realmente poderoso para que esta vez nos escuchen”. Alguien se acordó de la bandera de la Independencia que el movimiento había sustraído del Museo Histórico Nacional en 1980, como un gesto contra la dictadura. “Hay que encontrarla y devolverla a cambio de que nos digan qué pasó con nuestros hijos”. Andrés Pascal, sobrino del Presidente Allende y ex secretario general del MIR, ayudó a localizar el emblema y convenció a sus clandestinos guardianes de entregarla a las madres de las víctimas del MIR. Ahora íbamos en un auto azul metálico precisamente a buscarla. Los pañuelos rojos El vehículo se detuvo en la entrada de un parque. A lo lejos divisamos una cámara de TV. Me aparté para no molestar en la toma de Edita y Luz caminando hacia el punto de encuentro. “Corten”, dijo una mujer que parecía estar a cargo de todo. “Hola, soy Carmen Castillo. Tú debes ser Valentina. Andrés (Pascal) me avisó que venías con ellas y me explicó quién eres. Me parece muy bien que estés aquí”. Carmen fue la pareja de Miguel Enríquez y estuvo con él el día que lo acribillaron. De ese momento le quedó el recuerdo imborrable de las patadas en el vientre y el dolor, aún peor, de perder el hijo que esperaba de su compañero. No lo perdió ese día, sino un año después de nacer, en Francia, debido a las secuelas de la golpiza que le dejaron en el vientre los que ajusticiaron a Miguel. “Allí viene la bandera”, dijo Carmen y les mostró a Edita y a Luz el lugar exacto donde debían esperar. El sufrimiento de una madre que lleva 30 años buscando a su hijo desaparecido es algo que simplemente no se puede grabar. Yo sabía que en los ojos de esas dos mujeres había lágrimas contenidas durante demasiado tiempo, había angustia, mucha pena, de que los rostros detrás de esos pañuelos rojos no fueran los de sus hijos desaparecidos. Esos ojos estaban reviviendo muchas cosas, que a veces es mejor enterrar en algún lugar oscuro para que no duelan tanto. Juntas, como tantas otras veces, caminaron. Pero esta vez llevaban en sus manos algo valioso que haría que todos tuvieran que escucharlas. Algo parecido debió sentir David cuando estaba a punto de vencer a Goliat. En la entrada del Museo Histórico Nacional, en plena Plaza de Armas, se divisaba un tumulto de gente. “¿Están listas?”, dije al ver las decenas de cámaras que apuntaban hacia nuestro auto y el gigantesco pasillo humano que se formó en el umbral del museo. Sospecho que no imaginaban este recibimiento. En realidad yo tampoco. Cuando la multitud comenzó a aplaudir miré a Edita y vi que le temblaban las manos. Me asusté. Tal vez no fue buena idea exponerla a esto, tiene 78 años, ya ha sufrido suficiente. Pero me






di cuenta de que esa gente la miraba con respeto, con admiración y la dejé avanzar junto a su amiga Luz. La primera en abrazarlas fue la directora del Museo Histórico Nacional, Bárbara de Vos. También las recibió el abogado Roberto Garretón, quien las ha ayudado a buscar a sus hijos desde la época de la Vicaría de la Solidaridad. Un poco más atrás, casi escondido, estaba Andrés Pascal, sonriendo. “De mano en mano, este signo de dignidad y libertad nacional llegó a las nuestras y queremos restituirlo al pueblo”, dijo Edita, con la voz entrecortada. “Hace pocos días, la prensa informó que más de 400 cuerpos fueron lanzados al mar. Nosotros exigimos una investigación seria en los lugares donde habrían sido lanzados los cuerpos de nuestros familiares. Exigimos que se identifiquen las víctimas y que se haga justicia”. Ojalá una bandera tenga tanto poder, pensé. “Pueblo, conciencia, fusil... MIR, MIR, MIR”, retumbó en la sala. La gente comenzó a abrazarse. Yo seguía sin perderme detalle. Edita salió del lugar con la esperanza de que esa bandera le diera alguna pista de su hija Cecilia y de su yerno, Juan Carlos. Lo sé porque Edita es mi abuela y ellos mis padres. La DINA se los llevó cuando yo tenía menos de dos años y tal vez nunca logré reconstruir su imagen en mi cabeza. Pero hay días, como éste, en los que siento que casi puedo verlos y a veces también tocarlos. [extracto] 23 de Diciembre 2003 El Mostrador Dictan primeros procesamientos por Operación Cóndor El juez Juan Guzmán procesó hoy a tres ex uniformados como autores del secuestro de nueve detenidos desaparecidos entre 1975 y 1977, como parte de la Operación Cóndor: el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y a los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Christoph Willikie, miembro del Departamento Exterior de dicho organismo. El fallo establece que los tres oficiales fueron responsables, como autores, del secuestro y la posterior desaparición de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. Además de Edgardo Enríquez, Alexis Jacard, Jacobo Stoulman, Matilde Pessa, Julio Valladares y Jorge Fuentes Alarcón. Según la resolución, los nueve izquierdistas fueron detenidos entre 1975 y 1977 en Argentina, Bolivia y Paraguay por los servicios de inteligencia de esos países, para ser entregados a agentes de la DINA, quienes los trasladaron a Chile. Una vez en el país, fueron llevados a “Villa Grimaldi”, donde funcionaba un centro de tortura. Desde ese lugar se pierde el rastro a las víctimas. La resolución señala que Juan Hernández, Luis Muñoz, Manuel Tamayo y Edgardo Enríquez fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en abril de 1976. Alexis Jacard, Matilde Pessa y Jacobo Stoulman fueron apresados también en esa ciudad, pero en mayo de 1977. La detención de Julio Valladares fue en julio de 1976 en Bolivia y la de Jorge Fuentes en mayo de 1975 en Asunción, Paraguay. La semana pasada, el juez Juan Guzmán, quien investiga numerosas causas que involucran a Pinochet en crímenes cometidos durante su régimen, sobreseyó en primera instancia

al general en retiro en un proceso por el secuestro y desaparición de una decena de dirigentes del Partido Comunista, en 1976. Ello, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago a dar curso al desafuero. “Lo único que corresponde jurídicamente es el sobreseimiento definitivo”, dijo el juez. El pasado 22 de octubre, la Corte Suprema cerró definitivamente la puerta al eventual desafuero de Pinochet por este caso al declarar improcedente, por una cuestión de forma, una tercera petición en tal sentido. El máximo tribunal validó así un fallo de la Corte de Apelaciones, que el 27 de agosto rechazó retirar la inmunidad al general, de acuerdo con el dictamen que en 2001 lo declaró afectado por una demencia vascular "progresiva e irreversible". El abogado Eduardo Contreras anunció que el miércoles presentará una nueva solicitud de desafuero de Pinochet, en nombre de los familiares de las víctimas de la llamada Operación Cóndor. “La idea es que se le pueda procesar por este caso, dada la lucidez que mostró en una reciente entrevista a un canal de televisión de Miami”, afirmó Contreras. Los miembros de la policía secreta de Pinochet hoy procesados afrontan otros juicios por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el asesinato del ex comandante Jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, perpetrado en septiembre de 1974 en Buenos Aires. La Operación Cóndor, que significó la muerte de miles de personas en Latinoamérica, es investigada por el juez español Baltazar Garzón y su colega argentino Rodolfo Canicoba. Esta es la primera resolución por este caso que adopta el ministro de fuero, que investiga desde 1998 la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos en los años 70. Esta operación consistió en la coordinación de los servicios de información de las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de izquierdistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 23 de Diciembre 2003 La Nacion Piden primer desafuero de Pinochet por su “lucidez” en entrevista de Miami La primera petición de desafuero del ex dictador Augusto Pinochet que tendrá como uno de sus principales fundamentos su “lucidez” demostrada en la última entrevista difundida recientemente en un canal de Miami, será presentada hoy ante el ministro Juan Guzmán por los abogados querellantes del proceso por la “Operación Cóndor”. Estos acompañarán una copia íntegra de la entrevista, en la que Pinochet hizo, al menos, cinco recuerdos precisos de acontecimientos que ocurrieron entre 1971 y 1974. La solicitud de desafuero ocurre como resultado del primer procesamiento por nueve víctimas de la “Operación Cóndor”, dictado ayer por el ministro Juan Guzmán en contra del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras; del ex segundo hombre de esa organización, brigadier (R) Pedro Espinoza; y del ex jefe de su departamento exterior, coronel (R) Christoph Willikie, todos en calidad de “autores del delito de secuestro calificado”. Pinochet fue sobreseído del caso Caravana de la Muerte, precisamente, porque una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema, dieron credibilidad a resultados de exámenes neurosicológicos que indicaron que el






ex dictador padecía de una “demencia subcortical” leve a moderada “progresiva e incurable”, lo que no le permitía recordar los hechos de 1973 y años siguientes por los que se le estaba juzgando. Esos tests dictaminaron, además, que Pinochet no puede coordinar ideas, y no puede “seguir siendo sujeto activo” en un proceso y coordinar elementos de su defensa. Todos esos argumentos fueron desmentidos por opiniones de varios sicólogos y siquiatras presentados por los abogados querellantes en otros procesos que se siguió en contra de Pinochet, contraargumentando la lucidez, coordinación de sus ideas, y memoria que el ex jefe del Ejército continúa teniendo y que ha estado demostrando en diversas actividades sociales y militares en las que ha participado en los últimos dos años. La entrevista de Miami es considerada por los abogados Eduardo Contreras, Sergio Concha y Francisco Bravo, querellantes en “Cóndor”, como la prueba “más palpable” que Pinochet se esconde detrás de una falsa “demencia”. El procesamiento dictado por el ministro Guzmán fue por los detenidos desaparecidos: Juan Hernández Zazpe; Luis Muñoz Velásquez; Manuel Tamayo Martínez; Edgardo Enríquez Espinoza; Alexei Jaccard Siegler; Jacobo Stoulman Bortnik; Matilde Pessa Mois; Julio Valladares Caroca; y Jorge Fuentes Alarcón. Todos ellos fueron detenidos entre 1975 y 1977 fuera de Chile por agentes de inteligencia de Argentina, Paraguay y Bolivia, y en el marco de la coordinación entre los servicios represivos de las dictaduras del cono sur latinoamericano, razón de existir de la “Operación Cóndor” nacida en Santiago en noviembre de 1975, entregados cada vez a agentes de la DINA chilena, quienes los trasladaron a Villa Grimaldi desde donde desaparecieron. Fresca memoria Pinochet recordó en la entrevista difundida recientemente en Miami tres antecedentes de la visita de Fidel Castro a Chile en 1971; la muerte de una mujer a la que, “al levantar un paquete” le explotó una bomba y le voló las piernas a comienzos de los años 70; el nombre del autor del plan de la economía de mercado que impulsó su régimen, al cual dijo “prefiero no nombrar”; y “bombas que me pusieron” algunas veces al aterrizar. 23 de Diciembre 2003 La Nacion Alcalde Labbé interrogado por crímenes como ex agente DINA y boina negra En calidad de inculpado por los crímenes cometidos después del golpe militar en contra de los prisioneros políticos en el campo de concentración de Tejas Verdes en San Antonio y en la localidad de Liquiñe, en la precordillera de Valdivia, el ministro de fuero Alejandro Solís interrogó ayer al ex agente de la DINA y actual alcalde de la comuna de Providencia Cristián Labbé. Labbé fue instructor de la DINA cuando esta organización criminal, declarada así ya en varias resoluciones de los tribunales chilenos, se comenzó a formar a partir de noviembre de 1973 en el balneario de Rocas de Santo Domingo, cercano a lo que fue el campo de prisioneros de Tejas Verdes. Desde este lugar desaparecieron decenas de detenidos. En ese entonces el jefe de zona en la provincia de San Antonio era el coronel

Manuel Contreras Sepúlveda, quien luego fue el director de la DINA. Por otra parte, Labbé fue también por aquel tiempo integrante de los boinas negras de la Escuela de Paracaidistas, destacamento que en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973, al mando del entonces teniente coronel Alejandro Medina Lois (actual general retirado), participó en la represión contra los campesinos del Complejo Maderero Panguipulli en la precordillera de la X Región. Entre esos operativos, estas fuerzas, en conjunto con destacamentos de regimientos de Valdivia y civiles de la zona, detuvieron el 10 de octubre de 1973 a 15 campesinos de los fundos Trafún, Paimún y Carranco de ese complejo. En horas de la noche los 15 campesinos fueron asesinados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos arrojados a las aguas. Hasta hoy estos campesinos se encuentran desaparecidos. La pertenencia de Labbé a la DINA quedó al descubierto cuando en su edición del 15 de junio de 1999, La Nación publicó documentos originales de la DINA de carácter “secreto”. Uno de ellos, el oficio Nº4380 del 2 de diciembre de 1974 firmado por Manuel Contreras, pide pasaporte a la cancillería para “personal de DINA”, entre los que incluye a Labbé. Reaccionando entonces a esta publicación, Labbé acusó a La Nación de “revanchista”, pero reconoció haber sido agente DINA. “Efectivamente, pertenecí a la DINA y fui el primer responsable de la seguridad del Presidente Augusto Pinochet”, dijo el actual alcalde. Ahora el ministro Solís debe decidir si somete o no a proceso a Labbé por su eventual participación los crímenes referidos. Hace algún tiempo Labbé sacó el busto del poeta Juan Guzmán Cruchaga (padre del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia) de una céntrica plaza en Providencia, y a pesar de las protestas del juez Guzmán, lo cambió por otro de la fallecida princesa de Mónaco Grace Kelly. 23 de Diciembre 2003 La Nacion Cheyre valora devolución de bandera de O’Higgins Como un gran gesto calificó ayer el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, la entrega de la bandera de O’Higgins que familiares de ex miristas desaparecidos durante el régimen militar realizaron el viernes pasado al Museo Histórico Nacional. “Me parece muy bien que nuestra bandera de la Independencia se encuentre en el lugar desde el que nunca debería haber salido. Lo valoro y espero ir a verla, porque no tengo el gusto de conocerla”, dijo. Consultado sobre las declaraciones de familiares de detenidos desaparecidos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),en cuanto a que esta acción podría significar un intercambio de información con la rama castrense, Cheyre estimó que éste hecho no debe considerarse como un trueque. “El Ejército no hace nada a cambio de... Yo creo que cualquier chileno hace las cosas porque está convencido de que lo hace para bien. Un acto noble nunca puede ser a cambio de...”, sentenció el uniformado. Cabe recordar que la bandera ante la cual se firmó la Independencia de Chile, en 1818, fue secuestrada por un comando del MIR durante el régimen militar, fue devuelta al museo y ahora se encuentra junto al Acta de la Independencia y el bastón que le






obsequió el libertador venezolano Simón Bolívar a Bernardo O’Higgins. Las declaraciones las emitió Cheyre después de la ceremonia de creación del Comando de Operaciones Terrestres (COT) del Ejército en Concepción, que comenzará a funcionar el 2004. 23 de Diciembre 2003 La Nacion Situación de presos políticos El 16 de diciembre se postergó por tercera vez la discusión y votación del proyecto de ley de indulto, que permitiría la libertad de los prisioneros políticos con más de 10 años en prisión. Su votación fue pospuesta para el 6 de enero. El 2 de diciembre, la mayoría de los prisioneros políticos depuso una huelga de hambre confiada en que el proyecto de ley contaba con un consenso suficiente de parte del gobierno, la Concertación y la derecha. De ser aprobado, el proyecto beneficiará a una veintena de prisioneros políticos que cumplen con los requisitos, previa firma de un compromiso “inequívoco” de renuncia al uso de la violencia como método de acción política. En el fondo, a pesar de que será un instrumento real para liberar a un cierto número de prisioneros, no reconoce sustantivamente la falta a un debido proceso que debieron padecer y padecen los prisioneros políticos a quienes pretende favorecer. El proyecto no resuelve el tema de la prisión política, porque no beneficia a todos los prisioneros políticos. Nada se dice ahí de las torturas, procesamientos por fiscalías militares, aplicación de leyes especiales heredadas de la dictadura de Pinochet, procesos aún abiertos, prisioneros políticos en el exilio bajo la fórmula del “extrañamiento”, aplicación desmesurada de penas, etc. Lo único que se menciona en su argumentación es que “existen interpretaciones de la ley de destacados juristas, que sostienen la existencia de duplicidad de imputación criminal en estos procesos, al fundar unos mismos hechos la incriminación particular y colectiva”. Sin embargo, esa declaración no es suficiente para reparar el daño... Además, el proyecto condena adicionalmente “a 5 años de libertad vigilada” a aquellos prisioneros políticos que resulten beneficiados, y los deja en la indefensión ante posibles acusaciones bajo las mismas leyes. 23 de Diciembre 2003 La Nacion El perfil del nuevo presidente de la Suprema Tras un largo estancamiento de su carrera durante el régimen militar, Marcos Libedinsky Tschorne pasó a integrar la Corte Suprema en 1993, entidad de ahora presidirá en reemplazo de Mario Garrido Montt De 70 años, nacido el 13 de febrero de 1933, lleva 37 años en el Poder Judicial, diez de ellos como Ministro de la Corte Suprema. Su nombramiento, por tanto, respetará la tradición de nombrar al ministro con mayor antigüedad en la labor jurisdiccional Junto con el retorno de la democracia, el abogado revitalizó su carrera, integrando en 1991 la Comisión de Estudios del Poder Judicial del Centro de Estudios Públicos (CEP) Mientras fue Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago investigó la financiera ilegal “La Cutufa” , organismo que funcionó desde 1984 al interior del ejército y que prestaba

dinero fraudulentamente a militares, muchos de ellos vinculados a la Dina y la CNI . En mayo de ese mismo año fue nombrado ministro en visita para el caso Guzmán, en reemplazo de Guillermo Navas Bustamante. El nuevo ministro a cargo decretó orden amplia de investigar., ante la querella presentada por la UDI contra el autor material del crimen del senador y fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, El 2000 integró la comisión encargada de estudiar y proponer medidas prácticas adecuatorias de implementación a la Reforma Procesal Penal, para su fase primera de aplicación. Actualmente se desempeñaba como miembro de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, responsable del dictamen contra el ex ministro por el caso Spiniak, Daniel Calvo. La resolución de la comisión fue de cuatro meses de suspensión para el juez con el goce de solo la mitad de su sueldo, además de la apertura de un cuaderno de remoción. Al ministro se le conoce por ser liberal y tener buenas relaciones con los demás . Últimamente, el nuevo presidente de la Corte Suprema, que votó a favor del desafuero del entonces Senador Vitalicio Augusto Pinochet, destacó por liderar el debate por la autonomía del poder judicial 27 de Diciembre 2003 La Nacion Presentan querellas por dos detenidos desaparecidos de Talca El abogado Roberto Celedón presentó hoy en Talca dos querellas por el asesinato durante la dictadura de los hermanos Domingo Antonio y Luis Alberto Urbina Díaz. El profesional destacó en su escrito que querella a "quienes resulten responsables del secuestro, tortura y muerte de personas contrarias al ex régimen militar" que encabezó Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990. Celedón, que presentó los escritos ante los tribunales de Talca, por los asesinatos en octubre de 1973 de los hermanos Urbina Díaz, anticipó que elevará otras quince querellas al juez Gerardo Bernales, quien tiene dedicación exclusiva para tratar violaciones a los derechos humanos. De acuerdo al informe Rettig, los hermanos Urbina Díaz fueron detenidos junto a José Antonio Méndez Valenzuela en el Fundo Venecia por efectivos militares el día 3 de octubre de 1973 y llevados hasta el Fundo El Culenar de Talca, recinto perteneciente al Ejército. En ese lugar, fueron ejecutados por sus aprehensores y sus cuerpos enterrados en dicho sitio, sin dar el correspondiente aviso a las familias. Sus restos fueron luego trasladados al Cementerio local y recién en 1990 las familias pudieron reconocerlos. 28 de Diciembre 2003 El Mostrador Cardenal elogia política económica de Pinochet En una entrevista que conceció al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, elogió al gobierno de Augusto Pinochet, al que atribuyó parte del éxito actual de la economía chilena. Según recogieron ayer medios locales, el prelado habría asegurado que "los golpistas chilenos, contrariamente a los de Argentina o Brasil, no tuvieron la ambición de llegar a ser también hombres de negocios y dejaron la economía en manos de expertos, muchas veces incluso argentinos. Con dichas reformas el Estado perdió






influencia en la economía, se redujo la burocracia y el país se abrió al mercado mundial, algo así sólo lo puede hacer una dictadura". El cardenal dijo sentirse orgullo de los éxitos de Chile y de que se haya dejado de culpar a los extranjeros por los problemas. 29 de Diciembre 2003 La Nacion Caso Berríos: solicitan extradición de militares uruguayos y dictan nuevos procesamientos El ministro en visita Alejandro Madrid pedirá la extradición de tres militares uruguayos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. La resolución afecta a los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Los tres fueron procesados por el juez Madrid junto a militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están encausados algunos oficiales chilenos. Los nuevos encausamientos apuntan a los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval y el suboficial Nelson Román, estos tres últimos en servicio activo. Además, los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva, y los ex mayores enjuiciados también como autores Arturo Silva y Jaime Torres. Los chilenos procesados enfrentan además cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Eugenio Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982. Asimismo, su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976. En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado. El agente fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo. En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército. En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al juez Madrid una serie de diligencias, entre las que se incluía el eventual desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y la responsabilidad de otros 18 militares, entre ellos el general retirado Fernando Torres, ex auditor general del Ejército. La abogada Fabiola Letelier, querellante en el caso, afirmó que la resolución se basa en la certeza del juez sobre la existencia de

una asociación ilícita formada al interior de la DINE con el objetivo de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos. Letelier, hermana de Orlando Letelier, el ex canciller que fue asesinado en Washington en 1976, agregó que una vez que estudie la resolución decidirá si solicita la reapertura de la investigación del crimen de su hermano. Por esa muerte cumplieron condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando de esa organización. En tanto, otro de los abogados querellantes en la causa, Tomás Ehrenfeld, señaló que el dictamen es "aplaudible" y "una acción de toda justicia". El jurista indicó que con esta resolución se está entrando en la "obra gruesa de lo que significó esta operación para matar a Berríos y obstruir la justicia”. 29 de Diciembre 2003 La Nacion Primer fallo de cortes sobre amnistía fue adverso para condenados ex DINA El primer fallo de una corte del país que resolvió acerca de la amnistía como cuestión de fondo en la primera causa de derechos humanos en que ya fue dictada una sentencia condenatoria, rechazó este beneficio para los militares. Acerca de esta trascendental decisión judicial, fuentes de tribunales informaron a La Nación que, de no ocurrir “asuntos de último minuto” como los que en su momento dieron vuelta el fallo de Pinochet en la causa Caravana de la Muerte, sobreseyéndolo por una pretendida “demencia”, los ministros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montiglio, Patricia Gómez y el abogado integrante Hugo Llanos, resolvieron en votación dividida de dos contra uno, denegar la aplicación de la amnistía. Con ello confirmaron la denegación de este beneficio que había dictaminado el ministro en visita Alejandro Solís, cuando en abril pasado dictó sentencia condenatoria contra parte de la cúpula de la DINA por el secuestro y desaparición del militante del MIR Miguel Angel Sandoval Rodríguez. El fallo de la Quinta Sala será dado a conocer oficialmente en los próximos días, encontrándose todavía en período de afinamiento el voto de minoría. Como más de una vez lo sostuvo la Sala Penal de la Corte Suprema y el pleno de estos magistrados, la decisión acerca de la aplicación o el rechazo de la ley de amnistía para este tipo de juicios, es una materia que debe resolver el juez instructor al momento de la dictación de la sentencia. Esta decisión debe ser confirmada o revocada por la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones respectiva, para luego llegar el litigio hasta la Sala Penal de la Corte Suprema, la que actúa no como tercera instancia, sino como tribunal de casación. La denegación de este beneficio aprobado por la pasada dictadura militar para intentar dejar impune los delitos cometidos por militares entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, afecta al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda; al ex jefe de la brigada Halcón de la DINA, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko; al ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de ese organismo y ex jefe del centro clandestino de Villa Grimaldi, coronel (R) Marcelo Moren Brito; al ex jefe de la Brigada Vampiro de la DINA, brigadier (R)






Fernando Lauriani Maturana; y al jefe de la Brigada Tucán, teniente coronel (R) de Carabineros, Gerardo Godoy García. Todos los oficiales (R) fueron condenados por el ministro Solís como autores y cómplices del secuestro y desaparición de Sandoval Rodríguez el 7 de enero de 1975, a penas de presidio de 15, 10 y 5 años. En la sentencia condenatoria el juez rechazó otorgar el beneficio de la amnistía invocado por las defensas de los oficiales (R), argumentando que el secuestro es un delito de carácter continuado que sólo deja de cometerse cuando aparece el secuestrado o su cuerpo. Por ello Solís estableció en la sentencia que el delito en cuestión excede el período cubierto por la amnistía, porque sigue cometiéndose hasta hoy. La senda Suprema La negativa del juez Solís siguió la línea adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema desde fines de la década de los años 90, sosteniendo en todo caso un principio arraigado en la doctrina penal internacional en materia de legislación de derechos humanos, la que considera al delito de secuestro como un ilícito de carácter permanente, y por lo tanto inamnistiable e imprescriptible por el paso del tiempo. Demanda civil De acuerdo a las fuentes, en lo que el voto de mayoría discrepó del ministro Solís fue en el derecho que le asiste a la familia de la víctima para interponer una demanda civil contra el Estado, para que éste la indemnice por el daño moral que le causó el secuestro y la desaparición del ex militante del MIR. En este punto el juez Solís denegó en la sentencia este derecho a la familia, argumentando que ésta ya recibe el dinero del fisco correspondiente a las pensiones mensuales que se cancelan por ley a los familiares de desaparecidos y ejecutados. 30 de Diciembre 2003 La Nacion La bomba de Madrid en caso Berríos Una verdadera bomba explotó en el caso del crimen del ex químico de la DINA Eugenio Berríos. Cuatro altos oficiales del Ejército uruguayo, dos de ellos en servicio activo, fueron procesados por la justicia chilena por su participación en el secuestro y crimen de Berríos. Además se pidió su extradición a Chile, lo que podría perfilar un frente de fricción entre Santiago y Montevideo. En una extensa resolución, ayer el ministro en visita Alejandro Madrid, que instruye la investigación en Santiago, procesó por esta causa en total a 17 militares y civiles chilenos y uruguayos. En otro aspecto relevante de su decisión, el juez estableció que dentro del Ejército chileno, tal como en el uruguayo, se creó a comienzos de la década de los años ‘90 una “asociación ilícita criminal”, que planificó, buscó medios y puso en acción las complejas operaciones a través de las cuales se sacó a Berríos, en octubre de 1991, clandestinamente de Chile hacia Argentina y luego a Uruguay, para luego mantenerlo secuestrado al menos hasta noviembre de 1992 en Montevideo y alrededores, encontrándose su cuerpo acribillado el 13 de abril de 1995 “entre el arroyo de Pando y el río de La Plata” cerca de la capital uruguaya. Agregado cultural En otro acápite de su fallo de 25 carillas, el magistrado incluyó entre los procesados al ex agregado cultural de la embajada de Chile en Montevideo durante el gobierno del Presidente Patricio

Aylwin, el periodista Emilio Rojas Gómez. Este fue acusado de “obstruir la justicia”, al no denunciar a la autoridad competente, esto es a la Cancillería chilena, que era su conducto regular para este caso, las desesperadas llamadas de Berríos a fines de 1992 a la embajada y consulado de Chile en Montevideo. En éstas denunciaba que lo mantenían secuestrado y pedía pasaporte chileno para regresar a Chile a declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier y del diplomático chileno-español Carmelo Soria, ambos asesinados por la DINA. Impedir las declaraciones de Berríos, que poseía valiosa información clasificada, fue precisamente, según el dictamen del juez Madrid, la razón fundamental por la que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) ordenó la operación Berríos que culminó con su asesinato. De la misma manera, Madrid utilizando para ello términos técnico-jurídicos, en la práctica anunció que próximamente pedirá el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet en este caso, como se lo ordenó la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en julio, al instruirlo que “revise la procedencia” de solicitar a esa corte el desafuero de Pinochet para establecer su culpabilidad en los delitos. Responsabilidad De hecho, Madrid sostiene en su dictamen que la referida asociación ilícita criminal se creó en el Ejército chileno (y también en el uruguayo) “sin que el mando superior de la época de la institución que formaba parte, haya tomado alguna medida para lograr su desarticulación, impedir la prosecución de sus actividades ilícitas, ni denunciado a la justicia ordinaria o militar los diversos delitos e irregularidades administrativas cometidas, ni haya iniciado una investigación interna, a pesar de que estos hechos son de tal gravedad, que con su conducta los partícipes en ellos pudieron llegar a comprometer la seguridad interna del Ejército de Chile, la seguridad exterior y las relaciones internacionales de Chile”. En su fallo, el ministro Madrid agregó que todo esto ocurrió en Chile y Uruguay “durante la plena vigencia del orden constitucional, por personal militar en servicio activo de los ejércitos de Chile y Uruguay que, apartándose de sus funciones propias, cometen diversos delitos para lograr los cometidos que se han trazado, lo que importa la formación de una asociación ilícita con propósitos criminales constituida al interior de esas instituciones”. Los acusados El ministro Alejandro Madrid procesó a los oficiales uruguayos Tomás Cassella Santos, coronel (R); Eduardo Radaelli Coppola, coronel activo; Wellington Sarli Pose, coronel activo; y Ramón Rivas Vila, coronel (R), los tres primeros como autores del delito de asociación ilícita criminal y del delito de secuestro del químico Berríos, y el último como encubridor de secuestro. Respecto de la extradición pedida a Uruguay de estos cuatro oficiales, ahora debe pronunciarse la Corte Suprema chilena. Si esta confirma la solicitud, lo que se espera ocurrirá, la extradición quedará formalizada ante Uruguay por las vías diplomáticas correspondientes. Como autores de asociación ilícita criminal para implementar la operación Berríos, fueron también procesados los ex jefes de la DINE, generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, además de los oficiales (R) Arturo Silva, Jaime






Torres, Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo (civil adscrito al Ejército) y Manuel Pérez Santillán. Ramírez, Rodríguez, Lillo y Pérez fueron encausados también como autores de secuestro. El general (R) Covarrubias fue además procesado como encubridor del delito de secuestro con homicidio en la persona de Berríos. Como autores del delito de ocultar a la autoridad antecedentes del funcionamiento de una asociación ilícita criminal resultaron encausados los suboficiales activos del Ejército Marcelo Sandoval y Nelson Román, ambos de la DINE; el oficial (R) Mario Cisternas; y los civiles Edison Hernández y Erika Silva. Además del periodista Rojas, el general (R) Covarrubias también fue procesado como autor de obstrucción a la justicia. Los generales (R) Ramírez y Covarrubias quedaron detenidos. La trascendental decisión del ministro Madrid fue valorada ayer por los abogados querellantes Fabiola Letelier y Sergio Corvalán, partes en el caso Letelier, Alvaro Varela, en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva; y Tomás Ehrenfeld, que representa a la esposa de Berríos, Gladys Schmeisser. 30 de Diciembre 2003 El Mostrador Presentan querella La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) interpuso ante el Primer Juzgado del Crimen de Talca una querella por homicidio calificado, en contra de quienes resulten responsables de la muerte del militante comunista Carlos Roberto Fuentealba, el 21 de junio de 1974. La acción judicial, que quedará en manos del juez especial Gerardo Bernales -que investiga la muerte de Fuentealba-, fue patrocinada por el abogado Roberto Celedón. Según los antecedentes que se manejan del caso, Fuentealba habría muerto en un presunto enfrentamiento, hechos que están siendo investigados por el magistrado. "Carlos Fuentealba fue un dirigente de Los Ángeles que estaba trabajando en Talca y que falleció, según la prensa, producto de un enfrentamiento. Se investiga la muerte de este señor", dijo el juez. 31 de Diciembre 2003 La Nacion Derecha se tentó por las “funas” Si bien la derecha criticó fuertemente a las funas cuando éstas se estrenaron en 1999, con el propósito de develar públicamente a quienes estuvieron involucrados en violaciones de los derechos humanos, a menos de un año de las elecciones municipales de 2004 la oposición, específicamente RN, acogió el sistema y lo puso en práctica. Esta vez, según sostienen sus impulsores, la razón para actuar no estaría en el ámbito político, sino que en fomentar la denuncia ciudadana de quienes en barrios y vecindades han cometido delitos que se mantienen impunes. Tras descartar de plano que el tema tenga algo que ver con algo electoral, el concejal RN por La Florida Guido Benavides, participante junto a ocho homólogos suyos de la tienda piñerista en la iniciativa, indicó ayer a La Nación que “la funa no es algo que estemos viendo desde una perspectiva política”. En ese sentido, explicó que ello surgió “a raíz de denuncias que llegaron a la página denunciemos.cl”, al tiempo que agregó que

“el modus operandi es casi una llamada de atención a la ciudadanía, a los tribunales y a todas las entidades que muchas veces no hacen nada respecto de situaciones que son muy graves de delincuencia común, que están absolutamente impunes”. El primer concejal de la derecha en inaugurar el sistema fue Julio Ibarra, de Pedro Aguirre Cerda, quien este fin de semana partió caminando junto a una veintena de personas en la población Villa Sur hacia la casa de un presunto violador. Sin embargo, mientras avanzaba cartel en mano con la foto ampliada del sujeto, los vecinos se iban desistiendo de participar, por lo que el concejal RN quedó solo en la puerta enfrentado a los familiares del funado, que lo increparon duramente. A pesar de lo sucedido, Ibarra no claudica en su idea y aseguró ayer que “siento que tengo el rol de ayudar y proteger a los vecinos”, ya que a su juicio lo hecho en materia de delincuencia por las autoridades “no ha sido suficiente”. Reconoce que la gente casi no denuncia los delitos, a lo que admite que las funas serán efectivas justamente “en la medida en que la gente se atreva”. Tal como Benavides, indicó que en su accionar no hay motivación política, así como tampoco existe interés -señaló- de que las funas a presuntos delincuentes se conviertan en tribunales populares. “La idea de esto es poner a disposición la estructura que cada uno de los concejales que participamos en esta iniciativa tenemos, para facilitar la denuncia ante los tribunales”, explicó Benavides y agregó que cuando hablan de funa, “lo hacemos para conceptualizar la voluntad que tenemos para sacar al pizarrón a todos estos delincuentes que hoy andan impunemente por la calle”. Movimiento original Sorpresa causó entre los ‘funeros’ originales la utilización de este método por concejales de derecha. Para Alejandra Gutiérrez, participante de las funas, resulta paradójico que la oposición ocupe una herramienta que criticaba, obviando a su juicio que “era la única forma que tenían los familiares de detenidos desaparecidos para decir ‘mira aquí vive un violador de derechos humanos y nadie hace nada’”. Por su parte, Julio Oliva -otro integrante del movimiento- precisó que puede ser válido que cualquier grupo asuma la funa como forma de hacer una denuncia, lo que ejemplificó a través de lo sucedido con un grupo de mujeres en Renca, que se organizaron para funar a los maridos golpeadores del barrio. Sin embargo, Oliva cuestionó que un representante de RN aparezca liderando la iniciativa contra los delincuentes, considerando -dijo- que un diputado de sus filas como es Maximiano Errázuriz, interpuso un recurso por asociación ilícita contra el grupo. “Si bien todo el mundo tiene derecho a utilizarla, lo que está haciendo es un uso electoral de nuestra forma de accionar”, sentenció. Agregó que la derecha “no tiene moral” para realizar estas denuncias, pues guardó silencio -señaló- frente a la gente de su sector que está involucrada en crímenes “bastante más atroces de lo que están denunciando ellos como desapariciones, torturas y ejecuciones”. ¿Qué es la Funa? La funa es un método de denuncia pública de personas que nació en Chile de una imitación al “escrache” de Argentina, cuyo propósito inicial era dejar en evidencia a quienes tuvieron relación con violaciones a derechos humanos durante el régimen militar.






En el país, recibió este nombre derivado de la connotación negativa de la palabra. “Cuando algo se funa, no resulta, está mal. Además cuando se está funado es porque te pillaron en algo y no puedes seguir haciéndolo”, explicó ayer Julio Oliva, al tiempo que agregó que en mapudungún, “algo que se está funando es algo que se está pudriendo”. Reforzando la crítica contra la derecha por usufructuar del método, otro funador advierte que “si ellos quieren perseguir delincuentes, perfectamente pueden operar los poderes del Estado. Los criminales que nosotros funamos están amparados por las leyes de amarre que dejó (Augusto) Pinochet, que son la Ley de Amnistía”, asunto que le parece “bastante distante de cualquier argumento que traten de utilizar para homologar lo que quieren hacer”. 31 de Diciembre 2003 La Tercera Procesados en caso Berríos deberán pasar el año nuevo detenidos Los procesados en Chile por el caso Berríos deberán pasar el año nuevo detenidos en el Comando de Telecomunicaciones, luego de que fracasaran los alegatos por la libertad provisional de los inculpados. Fue la propia defensa de los encausados la que impidió los alegatos, argumentando que siente poca confianza en la imparcialidad del abogado integrante de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, Gonzalo Figueroa, y pidió su recusación en el caso. La sala está integrada además por los ministros Carlos Cerda (presidente) y Raimundo Díaz, los que no pudieron constituirse. De esta forma, sólo el viernes 2 de enero podría resolverse la situación. Se trata de los generales en retiro y ex jefes del Dine, Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; además de los ex oficiales Julio Pérez Santillán y Marcelo Sandoval; el ex suboficial Nelson Román y los civiles Erika Silva, Nelson Hernández, Raúl Lillo, Pablo Rodríguez Márquez, Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa.





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