UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSFundada en 1551

ACUERDO INSTITUCIONAL SANMARQUINO

_________________________________________________________________________Nº 9 pág. web: http://acuerdo-instituc.webcindario.com

24-10-2005_________________________________________________________________________

¿Cómo enfrentar la crisis de la universidad peruana?

La única manera responsable de enfrentar el problema de la universidad peruana, como cualquier otro problema de carácter nacional, es a través de estudios y propuestas validados en debates abiertos y públicos. Normalmente, en especial en América Latina, es obligación de los congresos o parlamentos asumir estas tareas. En este sentido, en el Perú éstas han debido ser asumidas por los congresistas de la República y como resultado podrían haber aprobado una nueva Ley Universitaria que debe ser una respuesta a la cambiante realidad nacional y mundial. Pero en el Congreso de la República no se ha invertido el tiempo en estos temas. Es decir, no se ha querido abrir el debate público sobre la naturaleza de la crisis de la universidad peruana y del conjunto de la educación nacional. Más bien, a última hora, cuando los mismos congresistas se preparan a entrar en campaña para su propia reelección en abril del 2006, sorprenden al país aprobando -a mediados de septiembre- una ley que prohíbe la reelección de autoridades universitarias en las universidades públicas y en las privadas sin fines de lucro, exceptuando a las 24 privadas con fines de lucro. Y cuando el Presidente de la República observa dicha ley, la Comisión de Educación del Congreso pretende reinterpretar la observación presidencial para cambiar más profundamente la naturaleza actual de la constitución de los órganos de gobierno, lo que volvería más inestable a la universidad pública y alteraría a la privada sin fines de lucro, dejando libre de este cambio a la universidad privada con fines de lucro.

¿Acaso se pretende presionar para que las universidades sin fines de lucro se conviertan en universidades-empresa con fines de lucro? ¿Qué tipo de

desafortunados intereses políticos, no académicos, se esconden detrás de estas medidas aisladas que apenas han sido aplaudidas por reducidos grupos marginales de la vida universitaria?

Congresistas han evadido su obligación de aprobar nueva Ley Universitaria

En el segundo gobierno del arquitecto Belaúnde Terry (1980-1985), las Cámaras de Diputados y Senadores debatieron y aprobaron la Ley Universitaria 23733 que en diciembre de 1983 fue promulgada por el Presidente de la República. Al año siguiente, en casi todas las universidades se llevaron a cabo Asambleas Estatutarias en las que se discutieron y aprobaron los respectivos Estatutos. Durante el gobierno aprista (1985-1990), cuando ya todas se encontraban organizadas de acuerdo a la nueva ley, se inició el incumplimiento del artículo 53 que mandaba la homologación de los docentes universitarios, y este gobierno nunca fomentó ninguna discusión sobre la universidad peruana. Durante los diez años de dictadura fujimorista (1990-2000), lejos de todo debate, lo que se hizo fue aprobar el decreto legislativo 882 para fomentar la inversión privada con fines de lucro en la educación superior, recortar los presupuestos de las públicas e invitar a las privadas sin fines de lucro a pasarse al D.L. 882.

En lo que va del presente gobierno (2001-2006), llamado de «transición democrática», los congresistas de la República no se han dado el trabajo de poner en debate el problema de la educación superior y los diversos proyectos de Ley Universitaria que duermen en sus despachos. Evidentemente porque no han estado y no están interesados en estudiar y discutir la realidad de la universidad peruana y explicar las causas de su crisis permanente. Más bien es el gobierno central quién ha dado algunos pasos para iniciar la recuperación de la universidad pública: los 100 millones de soles del FEDADOI asignados a las públicas en los años 2003 y 2004 para compras de equipamiento para investigación y el inicio de la homologación con el D.S. 121-2005-EF del 16 de setiembre pasado que solamente espera su programación para hacerla realidad en los próximos tres años.

Proyecto de nueva universidad para el siglo XXI

En los últimos 20 años el mundo ha cambiado radicalmente: hemos ingresado a la época de la globalización, del triunfo del neoliberalismo, la

crisis del Estado Benefactor y de los paradigmas del siglo XX. En concordancia con estos cambios, en nuestro país se aprobó la constitución fujimorista de 1993 y se aceleró la privatización de la educación superior; sin embargo, seguimos con la misma Ley Universitaria de 1983 y los mismos Estatutos de 1984. Para una discusión seria de la problemática universitaria el Congreso ha debido fomentar la discusión de los 46 proyectos de nueva Ley Universitaria existentes en el despacho de la Comisión de Educación. Esto no ha ocurrido, a pesar de los reiterados reclamos de las universidades. Es necesario presentar los diversos puntos de vista o enfoques sobre los tiempos actuales. Es imprescindible identificar los rasgos sustantivos del mundo a inicios del siglo XXI para formular una nueva normativa universitaria que enfrente los retos del presente sin que la universidad peruana pierda su esencia primordial.

Igualmente, la economía y sociedad peruanas han experimentado cambios sustantivos en los últimos 25 años. El Perú logró superar la violencia política irracional que dañó nuestra infraestructura, despobló numerosas provincias andinas y amazónicas, creó más asentamientos urbanos marginales en las ciudades de la costa, profundizó la crisis económica y alteró, sin ofrecer alternativas, las normas y valores de nuestra convivencia nacional. En la década del 90 fueron privatizadas de manera corrupta las empresas estatales y ahora vivimos bajo el imperio de ese capital privado que devoró las empresas de la nación. Además, ha sido derrotado en toda la línea el sistema de pensiones del Estado, como es la liquidación de la Ley 20530, y es mayor que nunca la cantidad de peruanos excluidos de los servicios elementales que les puede dar el Estado: trabajo, seguridad, educación y salud.

Este es el contexto dentro del cual deben discutirse los proyectos para una nueva Ley Universitaria. Lejos de esto, los congresistas votan por mayoría, entre gallos y media noche, normas que pueden producir mayor inestabilidad en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas sin fines de lucro. Se trata de asuntos aislados que no resuelven problemas sino, más bien, los complican. Los problemas universitarios merecen estudios responsables, objetivos y concienzudos. La realidad universitaria requiere que se tome en cuenta sus urgencias, prioridades y el gobierno central decida finalmente, en concordancia con políticas públicas de largo plazo, cumplir con su obligación de invertir en educación y, en especial, en el nivel universitario.

En San Marcos no le tememos a la reelección ni al voto universal

En la Universidad de San Marcos, a pesar de las enormes dificultades en las que se desenvuelven las universidades públicas del país, desde mediados del 2001, se encuentra en marcha un proceso de cambio y renovación que responde al proyecto San Marcos, universidad abierta al futuro . Bajo el rectorado del Dr. Manuel Burga Díaz, este proyecto permite conducir la universidad con perspectiva de futuro. Estudiantes, docentes y trabajadores, en su enorme mayoría, son testigos y partícipes de una serie de realizaciones en este camino. Suponemos que los congresistas están informados al respecto.

Ciertamente, hay oposición de pequeños grupos, los mismos que desde un principio y de manera sistemática, recurren al insulto, la calumnia y la desinformación. Basta ver los titulares de la prensa amarilla como La Nación, cuyo lenguaje falaz y ofensivo daña la imagen de nuestra universidad desde 1989 y muy poco se ha podido hacer para detener esta malévola campaña que a veces encuentra eco en los pasquines de estudiantes y docentes que circulan dentro de nuestra universidad.

Desde la caída del fujimorismo, gracias a las movilizaciones del pueblo peruano, hemos restablecido el gobierno democrático de la universidad, volviendo a funcionar los Consejos de Facultad, el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, con la representación docente y estudiantil elegida libre y democráticamente. El Tercio Estudiantil tiene plena vigencia. Pero, al parecer, quieren desconocer esta realidad los congresistas capitaneados por el Apra. ¿Estarán buscando desestabilizar y desinstitucionalizar la universidad? En el caso de que se impongan las decisiones de los congresistas y estas tengan nombres propios, les queremos decir que el rector de San Marcos, Dr. Manuel Burga Díaz y quienes lo apoyamos no le tememos al futuro. El Dr. Burga es un intelectual destacado y honesto, cuyas investigaciones y publicaciones tienen reconocimiento nacional e internacional y es precisamente por eso que llegó al rectorado de San Marcos y, por eso mismo, a lo largo de toda su gestión, goza de legitimidad ante el país. Internamente, en San Marcos, el movimiento docente Acuerdo Institucional Sanmarquino, que apoya su gestión, ha salido victorioso en todas las elecciones democráticas de estos últimos años.

San Marcos debe ser una universidad moderna, pertinente con el desarrollo nacional, con el futuro de nuestra población y con una mayor justicia social en nuestro país. La gestión del Dr. Burga avanza en ese sentido. Por esa razón, convencidos de la calidad de este proyecto y de su progresiva realización, no sólo los integrantes del movimiento docente Acuerdo Institucional Sanmarquino sino, también, autoridades y otros importantes sectores de docentes, de estudiantes y de trabajadores le brindamos nuestro permanente apoyo.

Lima, 24 de octubre de 2005.