EL SALVADOR NO CUENTA CON UN SISTEMA SENSIBLE A LOS

DERECHOS Y A LAS DENUNCIAS

Los derechos que otorga la

Constitución de la República a

los ciudadanos, por virtud del

contrato social, en el que

prestamos sumisión y

obediencia a las leyes emitidas

por el Órgano correspondiente

en forma debida, a cambio de

seguridad jurídica, lo que pasa

por hacernos valer todos los

derechos y garantías que

reconoce la legislación primaria,

para garantizar la paz social, no

está siendo del todo eficiente.

El sistema de Órganos

encargados de resguardar los

derechos constitucionales, se

va mostrando cada vez más

insensible a los derechos de los

ciudadanos, siendo más

permisivo para con las

autoridades que cometen

abusos y menos dispuesta a

escuchar las quejas y

denuncias de los ciudadanos.

Efectivamente, El Salvador no

es un país de denuncias ni de

demandas, ya que se entiende

como “pelearse con la cocinera”

y ésta puede “envenenar la

comida del quejoso” en

venganza; y éste principio ha

sido hecho propio por casi todos

y todas, quienes ostentan algún

puesto más o menos importante

o de alguna utilidad pública.

La cultura debe cambiar, si la

cocinera está haciendo mal su

trabajo, procede despedirla y

contratar a alguien que trabaje

de forma correcta y debida.

Pero en todo esto, tenemos un

sistema que no incentiva a

denunciar fallas ni infractores;

porque permite a los servidores

públicos ampararse en su

derecho a estabilidad, para

ignorar los derechos de los

usuarios y quedarse sin ninguna

clase de amonestación o

sanción de ningún tipo.

La desmotivación a demandar,

denunciar recurrir o quejarse se

genera en todos los ámbitos del

aparato gubernamental; siendo

las entidades encargadas de

hacer valer los derechos, cada

vez más insensibles a esos

derechos que deberían hacer

valer, por medio de sus

actuaciones y/o resoluciones.

Por ejemplo en materia de

control constitucional, se

interpone una demanda de

inconstitucionalidad en contra

de una disposición que

contradice claramente el

derecho de igualdad regulado

en el artículo 3 de la

Constitución y la Sala de lo

Constitucional, previene que se

mencione “otro derecho

vulnerado” porque para que

“proceda la inconstitucionalidad”

tiene que infringirse más de un

derecho constitucional… es

decir, que la vulneración de un

derecho consagrado en la

Constitución, por parte de una

ley, no legitima la acción de

inconstitucionalidad, según

jurisprudencia de los

semejantes magistrados de la

Sala de lo Constitucional, la

vulneración de un solo derecho,

como decir el de igualdad, no

significa nada y debe ser

pasado por alto.

Tenemos entonces una cultura

de “dejar hacer y dejar pasar” y

totalmente insensible a los

derechos de los ciudadanos. Un

sistema que padece de sordera

y ceguera crónicas; que solo

reconoce formalismos y los

lenguajes generados en las

altas esferas “jurisprudenciales”

y un cuerpo que ha sido herido

tantas veces, que sus procesos

de cicatrización le han vuelto

totalmente insensible.

Se da también en tribunales y

juzgados donde hay que

soportar la más larga y dilatada

justicia, sin que nadie haga

absolutamente nada; y los

justiciables nada más les queda

esperar y seguir esperando por

que termine el letargo de los

administradores de justicia.

Ante todo este escenario,

tendremos una cultura de

denuncia y de transparencia,

cuando se aprenda a escuchar

a quienes se quejan porque

como dice el dicho “cuando el

río suena, arrastra piedras”, es

decir, que las quejas no se

presentan sin una justa causa; y

sobre todo, cuando son tantas y

tan pronunciadas voces

pidiendo cambios en la forma

de hacer justicia y derecho.

Cambios en la forma de

contratar y nombrar servidores

públicos, que es donde hasta la

fecha se ha fallado totalmente,

en un sistema de nepotismo

absoluto; por ello, quienes

dependen de un padrino fuerte,

en las altas esferas, puede

sentirse intocable y desconocer

los derechos de las personas,

porque sabe que tiene una

protección fuerte.

Un cambio de cultura, requiere

un cambio de estructura; un

cambio de actitud para dejar

atrás esas viejas costumbres,

donde el más fuerte es el que

ocupa el cargo más alto y ese

está por encima de casi todos

los demás, hace uso de

privilegios y es inmune a

investigaciones, denuncias o

acusaciones.

Necesitamos un país de

derechos, donde éstos sean

efectivos; donde las autoridades

escuchen a los ciudadanos en

sus justas demandas y dejen de

hacerse sordos y ciegos en sus

cómodas oficinas con aire

acondicionado.

Lic. Juan Ramón Araujo López