Bogotá, junio 28 de 2011

DoctorJUAN MANUEL SANTOS CALDERÓNPresidente de la RepúblicaCiudad

Ref: Rad: EXT10-00099660 – Noviembre 3/2010 Rad: EXT11-000006335 – Enero 24/2011

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De toda consideración.

Como representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, invoco nuevamente el derecho constitucional de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, para solicitarle, de manera apremiante, medidas urgentes de carácter administrativo que eviten nuevos crímenes contra dicha Comunidad de Paz.

El pasado 11 de abril recibimos un nuevo oficio de la Secretaría Jurídica de su despacho (OFI11-00036328/JMSC 33020) en el cual acusa recibo del anterior Derecho de Petición, radicado ese mismo día 11 de abril de 2011. Allí, luego de transcribir la petición de que no se remitan esas peticiones a otras entidades públicas sino que el Señor Presidente asuma deberes constitucionales allí mismo señalados, a renglón seguido se nos comunica que el derecho de petición ha sido remitido, también esta vez, a las mismas

entidades a las cuales se han transmitido todas estas quejas en 15 años sin que hayan hecho nada para enfrentar situaciones de tanta barbarie. Nada dice, sin embargo, sobre el núcleo de la petición formulada: el compromiso de su despacho para enfrentar dichas situaciones de barbarie.

El pasado 9 de mayo se recibió el oficio A-491/DISEC-AJUDH-3.3-22 de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, suscrito por el Brigadier General José Roberto León Riaño, en el cual simplemente comunica que el Derecho de Petición fue remitido, “por competencia”, al Comandante del Departamento de Policía Urabá. Lo remite justamente a la persona sobre quien recaen más directamente las responsabilidades de mando de muchos de esos crímenes. Así ha funcionado siempre la impunidad en todos estos años. Los directos responsables de las violaciones reciben la misión de investigarse a sí mismos y a quienes reciben sus órdenes y, por supuesto, jamás se hallan culpables. Ya conocemos por anticipados las respuestas de cliché que han sido rutinarias en todos estos años: “no tenían tropas en el área”; “los hechos no fueron denunciados ante autoridades competentes”; “las víctimas no presentaron pruebas contundentes”; “los hechos no quedaron registrados en los informes elaborados por los victimarios”, etc. Fuera de la enorme tardanza que implica todo el proceso descendente y ascendente de remisiones, a través de todas las cadenas de mando, todo termina archivado y el camino allanado para que los crímenes se continúen perpetrando, como ha ocurrido rutinariamente. Esta es la inercia de la impunidad, elemento esencial para mantener la inercia de los crímenes de lesa humanidad que van exterminando las comunidades.

Hemos solicitado reiteradamente al Señor Presidente que enfrente esta situación, ya que varios artículos de la Constitución Nacional lo hacen directamente responsable y garante de la vigencia de los derechos humanos; su carácter de comandante general de las fuerzas militares y de policía le imputa, además, como primer eslabón de la cadena de mando, las responsabilidades de mando implicadas en la designación de comandantes y en las conductas ilegales sistemáticas que estos patrocinan.

Una mirada retrospectiva a lo ocurrido en la región de Urabá, jurisdicción de la Brigada XVII del Ejército, demuestra que sus comandantes gozaron siempre del aval del Jefe de Estado de turno, quien siempre hizo caso omiso de los clamores de las comunidades victimizadas y mantuvo en sus cargos a los comandantes y miembros de sus estados mayores. Hubo que esperar muchos años, con el costo de millares de víctimas, para que saliera a la luz el compromiso de los Generales Rito Alejo del Río y Martín Orlando Carreño con el paramilitarismo y sus numerosos crímenes en la zona, y para que al menos el General Del Río comenzara a ser investigado; para que salieran a la luz los delitos de narcotráfico del General Pauxelino Latorre y fuera sindicado por ello; para que los mismos comandantes del paramilitarismo en la zona confesaran que siempre habían contado con el apoyo y protección de los

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comandantes de la Brigada XVII en la comisión de sus crímenes. ¿Ha reflexionado el Señor Presidente en los enormes costos en vidas humanas que tuvo la actitud de sus predecesores? ¿Cuántos años habrá que esperar para que sea enjuiciado el General Hernán Giraldo por sus responsabilidades de mando en tantos crímenes que actualmente se están perpetrando en la zona de la Brigada XVII?; para que sea enjuiciado el Coronel Jaime Ávila por sus responsabilidades de mando en tantos crímenes que está perpetrando la Policía en el puesto ilegal que mantiene en el caserío de San José de Apartadó?

En los últimos meses se han venido desarrollando, por parte de los agentes del Estado, prácticas muy preocupantes que pongo en su conocimiento, solicitándole encarecidamente soluciones impostergables:

1. Se sigue anunciando, de manera persistente y en diversos espacios aledaños a los asentamientos de la Comunidad de Paz, la intolerancia frente a la existencia de la Comunidad de Paz y la voluntad de exterminarla lo más pronto posible. Para ello, nuevamente se anuncian masacres y se exhiben listas de las próximas víctimas. Lo hacen militares y paramilitares. Le prohíben a la gente ingresar a la Comunidad, aterrorizándola con las consecuencias que eso les acarrearía. Varias familias vecinas de la Comunidad han preferido desplazarse a vivir en esa zozobra. Es particularmente intenso el asedio a los asentamientos de la Comunidad de Paz que se encuentran en cercanía de la represa de Urrá. La molestia mayor que sienten militares y paramilitares es que la Comunidad de Paz no se somete a trabajar bajo sus órdenes ni a sembrar coca, que es la orden dada a la población del entorno. Algunos oficiales del Ejército le han dicho en privado a los pobladores que el dominio allí lo tienen los paramilitares, pero que no hay nada que hacer para cambiar tal situación. ¿Han recibido órdenes de más arriba? Ello se presume o se deduce, más de los comportamientos concretos que de los discursos o explicaciones. Pero seguramente no serán órdenes escritas sino confidenciales; que no puedan servir de prueba en ninguna investigación judicial, como lo fueron todas las directrices para la masacre del 21 de febrero de 2005.

2. La presencia y el accionar paramilitar en la zona se ha intensificado. Allí hay bases paramilitares que llevan más de 15 años de existencia y que para ello han contado con plena aquiescencia, colaboración, protección y unidad de acción de la fuerza pública, como la de Nuevo Antioquia (corregimiento de Turbo), cercana a varios asentamientos de la Comunidad de Paz. Otras son más recientes, como la de Batata (Tierralta, Córdoba) pero tienen propósitos más concretos, según parece, como es el desplazamiento forzado de mucha población que estaría en áreas cercanas a la proyectada represa Urrá II. Otras se han detectado como más móviles y ahora están más permanentes en: Los Mandarinos, Piedras Blancas y La Osa (entre las veredas Las Claras

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(asentamiento de la Comunidad de Paz) y Batata (Tierralta). Siempre ha sido muy evidente la coordinación entre estas estructuras paramilitares y la fuerza pública, como se ha demostrado en todas las denuncias radicadas en la Presidencia de la República durante estos 15 años, donde se incluyen episodios que no pueden ser más reveladores, como cocinar juntos el almuerzo o alternarse, a través de relevos periódicos, en los retenes y en la ocupación y pillajes de los asentamientos.

3. La Brigada XVII ha intensificado también últimamente la estigmatización de la Comunidad y de la población campesina del entorno. Lo ha hecho durante muchos años, desde el nacimiento de la Comunidad, a través de montajes recurrentes cuya metodología está reseñada minuciosamente, caso por caso, en el libro “Fusil y Toga, Toga y Fusil”, libro ya radicado en su despacho. Una mirada más sistemática, evidencia que dicha Brigada ha querido servirse especialmente de desertores de las guerrillas, reales y ficticios, para componer calumnias contra la Comunidad de Paz. Varios de esos desertores, unos dominados por la tortura, otros por el soborno y otros por halagos de prebendas judiciales apoyadas en las leyes y decretos relativos a las desmovilizaciones, han caído en esas trampas y luego han sido protegidos para que no tengan que probar nada de lo que dijeron; otros han confesado los chantajes, sobornos y torturas. Del cúmulo de casos, no queda ninguna duda de que la Brigada XVII está obsesionada por estigmatizar y destruir la Comunidad de Paz; con un afán de hacerla aparecer como “colaboradora de la guerrilla”, a pesar de ser una Comunidad que ha roto con todo actor armado; o quizás les molesta que la Comunidad no comparta el involucramiento compulsivo en la guerra que ellos quieren imponer.

La calumnia, en esa dirección, fue especialmente impulsada en la Brigada XVII por el ex Presidente Álvaro Uribe, quien al parecer, luego de la intervención de la Corte Constitucional, de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y de las remisiones a la Corte Penal Internacional por congresistas y víctimas, dejó en manos de la Brigada la continuidad de esas calumnias y estigmatizaciones, puesto que allí no han cesado de construir montajes. En noviembre de 2008, cuando se produjo la deserción de las FARC de alias “Samir” (o “Dafnis Daniel Sierra Martínez”), la Brigada XVII convocó a varias personas (sacerdotes de la Diócesis de Apartadó, una dama holandesa que gerencia un proyecto para desertores de las guerrillas, y otras personas), para decirles que ya había aparecido la “prueba reina” contra la Comunidad de Paz. A alias “Samir” lo prepararon 6 meses para que el ex ministro Fernando Londoño Hoyos lo “entrevistara” por radio y allí se le escuchó una enorme colección de calumnias que sólo tienen sustento en ese tipo de montajes, calculada y perversamente confeccionados. Ahora (junio de 2011), alias “Samir” está volviendo a tomar contacto con gente a la que conoció en sus correrías como guerrillero, y les está ofreciendo mucho dinero para que le informen sobre todo lo que se habla dentro de la Comunidad de Paz, especialmente en sus asambleas y reuniones de su Consejo, así como sobre

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todo lo que ocurre en su interior. Evidentemente esto no es un negocio personal suyo (haciendo caso omiso del interés que tenga en los pagos), sino que es, ante todo, un objetivo de la Brigada XVII que lo ha acogido en sus instalaciones, ilegalmente, desde hace más de dos años. ¿No es acaso éste un espionaje idéntico al que el Gobierno del ex Presidente Uribe realizó con la Corte Suprema, con numerosos periodistas, con la oposición política y con muchos líderes sociales, a través del DAS? ¿Quizás no se le da importancia por tratarse de una Comunidad pobre y sin poder, sino más bien victimizada por el poder? ¿Sigue aprobando su Gobierno, Señor Presidente Santos, este tipo de “chuzadas”, ya no a través del DAS sino a través de la Brigada XVII?

Como Usted bien lo sabe, no es la primera vez que se “chuza” a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Cuando en abril de 2009 el CTI rindió un informe a la Corte Suprema sobre lo hallado en los archivos del DAS (Rad: 11 001 60 00686 2009 00002), en la carpeta No. 33-2004 se descubrieron órdenes de espionaje para 10 miembros de la Comunidad de Paz, todos integrantes de su Consejo Interno, sobre quienes se debía recopilar información acerca de propiedades, antecedentes, cuentas bancarias, datos familiares, direcciones, teléfonos, etc. Además, en los folios 218 a 220 se comprueba que el ilegal grupo interno del DAS llamado “G-3” ordenó una “inteligencia ofensiva” contra el suscrito, con miras a restringir y neutralizar mis actividades y a recaudar elementos de montajes, para lo cual encargó a los detectives DEICY CAROLINA CANCINO y CARLOS ALBERTO HERRERA. Tanto el actual director del DAS como el ex Presidente Uribe negaron rotundamente dichas “chuzadas”, a pesar de que un anterior Director del DAS le había confesado a un periodista amigo que en el DAS habían elaborado y difundido un video – montaje difamatorio contra nosotros. Además, un grupo de periodistas de Caracol descubrieron pocos días después, en otra carpeta del DAS, un seguimiento riguroso que le hicieron a todos mis viajes y cuentas bancarias durante 20 años. Ni siquiera la Tutela funcionó para defender nuestros derechos en esa coyuntura, pues el Magistrado DAGOBERTO ARDILA negó las pretensiones de la Tutela, alegando solamente que el Padre Javier Giraldo no tenía legitimidad alguna para hacer reclamos en nombre de miembros de la Comunidad de Paz- [negándome tácitamente también a mí la legitimidad para reclamar mis propios derechos]- a pesar de que la Corte Constitucional me había reconocido ese derecho en tres sentencias en favor de la Comunidad de Paz. ¿Ha decidido su Gobierno, Señor Presidente Santos, mantener todos estos niveles de espionaje y de encubrimiento de los mismos, a través de la Brigada XVII y quizás de otros organismos de inteligencia? ¿Por qué ni la Presidencia ni el Ministerio de Defensa sancionó a nadie cuando la Brigada XVII le pagó al joven OVIDIO TORRES para que se robara el computador de la Comunidad de Paz el 30 de junio de 2006, indignándose luego por no haber encontrado en él nada que les sirviera para sus montajes? ¿Es legal que el estado patrocine el robo?

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Si la Brigada XVII ha montado un nuevo espionaje contra la Comunidad de Paz a través de alias “Samir”, quien antes había asesinado a más de 30 personas, unas de la Comunidad y otras de su entorno cercano, ahora revela haber montado algo más que un centro de espionaje, desde que acogió también en sus instalaciones al Señor ROBINSON GÓMEZ, desde el 20 de marzo de 2011. Este ciudadano había llegado al caserío de San José como desplazado y solicitó ayuda para sobrevivir. Los líderes del caserío lo apoyaron y violaron las cerraduras de La Bodega, inmueble de la Comunidad de Paz, y se la tomaron para que él montara allí una carnicería. Le compró ganado a crédito a mucha gente y no les pagó, hasta que sus deudas le crearon un ambiente hostil en el caserío, agravado por sospechas de los pobladores sobre sus comportamientos, los que revelaban componendas con algún actor armado. Además se le acusa de haberse robado el dinero de un premio que la empresa PILSEN le adjudicó al caserío de San José como uno de los mayores consumidores de cerveza desde 2005, pues cuando entró la fuerza pública acabó con la prohibición de consumo de licor que había consensuado la Comunidad de Paz y afirmaron que así se restablecía “el imperio de la Constitución” (consumiendo cerveza al por mayor). El premio de PILSEN, calculado en 40 millones de pesos, se sumaba a los 60 millones de deudas por reses no pagadas, haciendo su presencia indeseable en el caserío y por ello el Ejército le ofreció hospedaje, a él y a su familia, en la Brigada XVII. A Leonardo Fabio Tuberquia le quedó debiendo varias vacas y luego envió a un personaje muy sospechoso a buscarlo en Chigorodó. A Wilmer Tuberquia, Jorge Higuita y Carlos Arturo Cataño, los invitaba unos días a colaborar con la guerrilla y otros días a “desmovilizarse”, amenazándolos con procesos en la Fiscalía, hasta que ellos descubrieron que algo turbio escondían sus comportamientos. A Wilmer lo amenazó de muerte mucho antes, en hechos que la misma Comunidad de Paz puso en manos de la Defensoría del Pueblo. Lanzó acusaciones temerarias contra diversos pobladores de San José, como Don Jaime García, un verdadero patriarca de la región; Jorge Higuita (inválido), Elkin Montoya, John Jader David (de Buenos Aires), Rigoberto García (de San José), Francy Elena Tamayo (de Bellavista), Blanca Loayza (de Las Claras), y los líderes de Acción Comunal y de ASPRU, Arley Cartagena, José García y Franco Muñoz. Algunos reconocidos paramilitares, en llamadas telefónicas a pobladores del caserío, identificaron a ROBINSON como agente de ellos que estaba allí como espía. Cuando el Ejército se llevó a ROBINSON para la Brigada XVII el pasado 20 de marzo, supuestamente para protegerlo frente a la hostilidad que le causaron sus deudas, sus chantajes y sus robos, comenzó a acusar a sus acreedores de “relaciones con la guerrilla” para intimidarlos e impedir que le siguieran reclamando el dinero, pero además, a través de llamadas telefónicas, afirmó que estaba aliado con alias “Samir” (en la Brigada) para destruir la Comunidad de Paz y para acusar a todos sus acreedores. Desde su llegada a la Brigada XVII, ROBINSON ha llamado a mucha gente a amenazarla; a unos les anuncia procesos en la Fiscalía y órdenes de captura; a otros les anuncia su próxima muerte. En intervenciones por la radio militar, ha anunciado que una finca, que es de la Comunidad de

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Paz, él se la va a vender al Alcalde de Apartadó y con ello espera pagar algunas deudas. Apoyados en los falsos “testimonios” de ROBINSON, oficiales de la Brigada, entre ellos el CORONEL GALEANO, ha subido repetidas veces al caserío de San José a intimidar a muchas personas; a unas las presiona a “desmovilizarse”, como si fueran insurgentes (apoyándose en los “testimonios” de ROBINSON); a otras les anuncia procesos penales por calumnia, por estar acusando a ROBINSON, tratando así de impedirles que denuncien los delitos cometidos por él.

A todo este conflicto entre la Brigada y pobladores del caserío de San José, se suma lo ocurrido hace unos meses en la vereda Bellavista, donde explotó una bomba y luego el Ejército llegó a agredir a la población civil, obligando a algunos campesinos a caminar por una zona minada, para evitarle a los militares el riesgo de pisar alguna mina. Esto enfureció a la población civil y solicitaron el retiro del Ejército y para ello se desplazaron en éxodo hasta el caserío de san José donde fueron acogidos en La Bodega. El Ejército rechazó la mediación de la Acción Comunal en el diálogo e intimidó de tal manera a los campesinos que éstos no fueron capaces de denunciar lo ocurrido. Desde entonces la Brigada identificó a la Acción Comunal con la guerrilla y comenzó a montar expedientes contra los dirigentes de la Acción Comunal.

El hecho de acoger y explotar a un delincuente que busca hacer rentables sus crímenes, económica, política y jurídicamente, no es algo nuevo en la Brigada XVII. Lo ha hecho numerosas veces en su afán desesperado por destruir la Comunidad de Paz. Ahora también lo está haciendo con los actuales pobladores del caserío de San José. Como el Señor Presidente bien lo sabe, la Comunidad abandonó el caserío de San José desde el 1° de abril de 2005, cuando el entonces Presidente Uribe le dio orden a la fuerza pública de tomarse el área urbana de San José, desacatando las normas de la Corte Constitucional para la ubicación de los puestos de policía y pisoteando en su esencia el Reglamento de una Comunidad de Paz, que no puede convivir con actores armados. Sin embargo, los pobladores que han ido llegando después a vivir en el caserío, también víctimas de muchos atropellos de la fuerza pública, llegan a la Comunidad de Paz a pedirle solidaridad en la denuncia, ya que si algo destruyó allí la presencia de la fuerza pública con sus aliados paramilitares y narcotraficantes, fue cualquier asomo de cohesión o de organización social.

Al desertor y calumniador alias “SAMIR”, quien debería responder por numerosos asesinatos en la zona, el ex Presidente Uribe le otorgó la distinción de “Gestor de Paz”. Hoy se diría, a juzgar por sus desempeños, que a él y a ROBINSON GÓMEZ los han constituido en cargos de agentes judiciales determinadores en la región. Tampoco es la primera vez que esto sucede. La Brigada XVII, como lo hemos denunciado numerosas veces, ha usurpado desde hace mucho tiempo el poder judicial, usurpación que se realiza mediante la cooptación de fiscales, jueces, magistrados, procuradores y

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defensores, los cuales se pliegan a una estrategia comandada por la Brigada, sometida a su vez a “positivos” que les requieren desde el alto gobierno, donde figuran criterios sobre a quién se persigue y a quién no se persigue judicialmente y qué tipo de “pruebas” pueden ser admitidas. Dado que la prueba única aceptable dentro de la estrategia es el “testimonio”, la consecución y/o fabricación de testimonios aptos para sus fines es elemento medular. En el libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”, radicado en su despacho, el Señor Presidente encontrará abundancia de casos que revelan con minucia los componentes de esta estrategia, donde entran a jugar roles precisos las torturas, los sobornos, los chantajes, las amenazas, las manipulaciones, las detenciones en recintos militares prohibidas por ley; las indagatorias sin abogado denominadas “entrevistas”; las falsas promesas. Pero como todo es tan deleznable, pues se apoya en afirmaciones gratuitas y falsas de delincuentes, sin referencia alguna a conductas antijurídicas fechadas ni situadas y sin más soporte probatorio que la afirmación comprada de un criminal, o a lo sumo clonada para hacer de dos mentiras una verdad, el verdadero soporte del accionar judicial en la zona es la cooptación de los agentes judiciales por los militares. Cuando eventualmente una víctima encuentra un defensor no cooptado, fiscales y jueces se niegan a ubicar al gratuito acusador a quien el Ejército tiene férreamente escondido. Entre tanto, las víctimas han sido destruidas.

La negociación con desertores y falsos testigos, desgraciadamente no se detiene en los montajes judiciales y en los años de cárcel que tiene que pagar tanta gente inocente con graves secuelas en sí mismos y en sus familias, sino que va más allá. Cuando la Brigada XVII logró negociar la deserción con los tres hermanos CARDONA BORJA, en las veredas La Sucia y La Cristalina, a finales de 2005, les exigió como pago a la protección que les iban a dar, realizar una masacre de grandes proporciones en La Cristalina, la que se concretó en la ejecución de seis jóvenes mientras dormían, en el amanecer del 26 de diciembre de 2005. Les pagaron 4 millones por cada vida destruida y luego pondrían a los desertores a trabajar con ellos en las más criminales acciones, hasta que varios de ellos cayeron detenidos en negocios de narcotráfico, incrustados en el grupo delinquencial que acompañaba al Fiscal Valencia Cossio, Director de Fiscalías de Antioquia. Dentro de este “accionar judicial” de la Brigada XVII, ha habido momentos estelares de ignominia, como los que dirigió el CORONEL NÉSTOR IVÁN DUQUE, quien fue capaz de cooptar a dos de sus víctimas de tortura – ELKIN DARÍO TUBERQUIA y APOLINAR GUERRA- para que declararan que las torturas eran falsas, prometiéndoles que así él pondría una demanda contra el suscrito, quien había denunciado esas torturas, y que los haría partícipes de los muchos millones que le iba arrancar por vía judicial al denunciante. Luego los utilizaría para desviar las denuncias sobre la masacre del 21 de febrero de 2005, realizada en desarrollo de la “Operación Fénix” de la cual él había sido designado Comandante, solicitándole al capo paramilitar alias “HH” varios millones de pesos para trasladar a sus ex torturados a Bogotá, como falsos

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testigos de que la masacre había sido perpetrada por las FARC. No menos graves fueron las actuaciones del CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, cuando a comienzos de 2009 sometió a chantaje a un miembro de la Comunidad de Paz, advirtiéndole que si no le ayudaba a destruir la Comunidad de Paz, le montaría un proceso penal por “narcotráfico” y por “financista de las FARC”. No necesitaba explicar cómo construiría las “pruebas”, pues el método de la Brigada está más que patentado.

Pero las preocupaciones más graves no se remontan a algunos años atrás. El 11 de mayo pasado (2011), JOHN KENNEDY HIGUITA RAMÍREZ fue asesinado cerca de su finca, en la vereda La Antena, de San José de Apartadó, muy cerca del caserío. Se trataba de una muerte muchas veces anunciada, pues desde hace varios años se combinaban contra él amenazas de muerte y procesos judiciales amañados, calculadamente articulados. Pocos días antes de su ejecución, estuvo en la Comunidad de Paz denunciando todas las amenazas sufridas, de lo cual se le tomó un registro riguroso. Al otro día de su asesinato, quien lo acompañó a la Comunidad de Paz a denunciar, desapareció de su casa y luego se supo que estaba domiciliado en la Brigada XVII. Era otra víctima de muchos atropellos de Ejército y Policía y a quien también se le había hecho un montaje judicial, en compañía de otros jóvenes del corregimiento, saliendo absueltos luego de tres años de prisión injusta. La única explicación que encontramos lógica, de su ingreso a la Brigada, es la convicción de que él sería el próximo muerto y que quizás la única forma de evitar su asesinato sería acudir a negociar su vida con quienes lo habían perseguido y demostraban, de manera contundente, su capacidad de matar. No creemos que CARLOS ARTURO CATAÑO, hijo del fundador de San José de Apartadó, también asesinado en 1996, tenga hoy libertad para tomar decisiones. Creemos que vio cerrado el círculo de sus posibilidades de sobrevivir y se acogió a quienes tenían en sus manos los hilos de la vida y la muerte. Le suplicamos, Señor Presidente, que lo traslade, mediante formas de protección extraordinaria, a un sitio que le asegure su libertad de decisión y posibilidades de sobrevivir.

En esos mismos días, otros pobladores de la zona, como WILMAR ÚSUGA GRACIANO, ADELMO ANTONIO OSORNO y otro joven, se refugiaron en la Brigada XVII. No se conocen sus motivaciones pero se ha creado un ambiente tal de amenazas y de terror, que algunas personas obsesionadas por su seguridad están refugiándose en la Brigada. ¿Es legal y ético, Señor Presidente, intimidar al máximo para reclutar civiles en recintos militares y ponerlos al servicio de estrategias desconocidas pero que nunca han sido éticas ni transparentes?

Hoy, a menos de un año de iniciado su Gobierno, queremos preguntarle, Señor Presidente Santos, si usted mantiene toda esta estrategia de usurpación de la justicia por el poder ejecutivo, lo que niega la separación de poderes y además todos los principios rectores de la administración de

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justicia, y si continúa patrocinando, como su antecesor, la estigmatización de la Comunidad de Paz, mediante métodos tan delictivos y perversos.

Nos hemos preguntado, por qué se designa siempre para la Brigada XVII a oficiales que no respetan la Constitución ni la Ley ni el Derecho Internacional ni los principios más elementales de una ética universal. ¿Está en ello implicado un propósito de exterminio de la Comunidad de Paz, como lo proclaman todos los colaboradores del Ejército y de la Policía en la zona?

4. También recientemente se ha intensificado el hostigamiento de militares y policías contra la Comunidad de Paz y contra la población civil del entorno, en los retenes o puestos de control en la zona. Se ha regresado a humillaciones, ofensas y afrentas que parecía que se habían acabado. Se ha perdido todo respeto por los acompañantes internacionales y se les somete a requisas e interrogatorios desobligantes o abiertamente hostiles.

A pesar de que se trata de una humilde población campesina que sobrevive y trabaja en condiciones extremadamente duras, población que se hace suficientemente conocida para las tropas que recorren la zona o que se acantonan en los puestos de control, los mismos comentarios escuchados a soldados y policías, no exentos de odio y de prepotencia, revelan que han tomado las requisas y los empadronamientos ilegales como armas de humillación y afrenta contra la población.

Todo el mundo se pregunta qué se pretende con esos controles humillantes y molestos para la población. El hecho de pedir las cédulas y confrontarlas con bases magnéticas accesibles por aparatos electrónicos o mediante dictado telefónico, es la única diligencia legal, pero hay que entender que el sólo desarrollo de la diligencia está poniendo a las víctimas bajo sospecha de que tengan órdenes de captura, y si eso se repite permanentemente o hasta varias veces al día, cuando las personas tienen que bajar frecuentemente a la ciudad, eso crea heridas permanentes en la autoestima que es lo que causa la fruición de soldados y policías, alimentados por sentimientos perversos. Pero si esa diligencia de identificación y confrontación, va acompañada de comunicaciones telefónicas o registro de nombres en cuadernos, en una zona donde es tan evidente la unidad de acción entre fuerza pública y paramilitares, las heridas en la autoestima se acompañan necesariamente de sentimientos de temor, de angustia, de incertidumbre que lesiona más profundamente el psiquismo de las personas. Y esto se vuelve aún más trágico cuando se multiplican noticias de listas de gente para matar que están leyendo públicamente personas armadas y encapuchadas a pocos metros de los retenes militares, sin ser molestados por los agentes oficiales. Las requisas las suelen justificar los agentes de la fuerza pública en la obligación de controlar la circulación de armas, explosivos o cargamentos de drogas alucinógenas. Pero ello no corresponde a la realidad. Se requisan sólo

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los bolsos de los pasajeros, donde a nadie se le va a ocurrir guardar elementos ilegales, pero no se requisan los equipajes grandes donde habría las mayores probabilidades de esconder esos elementos, lo que sería impracticable por el enorme tiempo que exigiría la requisa y por los trastornos de todo orden que se causarían a la economía y a la vida cotidiana de las gentes. Se hace, pues, una ficción, no menos que ridícula, absolutamente inútil para lo que se pretendería, pero que sí causa daños en la salud mental de la población.

Muchas veces estas afrentas son acompañadas por fotografías, filmaciones o interrogatorios, todos ellos absolutamente ilegales, pero que aprovechan de la ignorancia jurídica de la gente para practicarlos.

Ya que se trata de prácticas rutinarias y permanentes, ¿cómo puede ser todo ello compatible con los derechos ciudadanos proclamados de manera tan clara en la Constitución Nacional? El Artículo 15 establece que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas o privadas (…). El Artículo 24 garantiza que “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional (…). El Artículo 28 afirma de manera contundente: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.

El Derecho a la Intimidad está protegido además en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La intimidad está constituida por el área que cada persona considera que no debe o no quiere exponer al conocimiento público o que cada familia considera propio de su vida interna y no pública. Por ello las fotografías, filmaciones, inspecciones del cuerpo, de sus cosas personales, habitación, escritos, comunicaciones, etc., debe contar con la aprobación y beneplácito de la persona o de lo contrario constituye una violación de este derecho. De allí que la misma ley penal, cuando contempla pruebas judiciales que implican trascender las fronteras de lo personal e íntimo, pone requisitos que no pueden ser transgredidos sin invalidar las pruebas. Ante todo, el Código de Procedimiento Penal ordena inadmitir las pruebas que no sirvan para conducir a la verdad, o sea, las pruebas inútiles (Art. 235 / 3761); ordena que toda inspección, que tiene que ser decretada

1 Los artículos citados corresponden, antes de la barra (/) a la Ley 600 de 2000, y después de la barra a la Ley 906 de 2004, ambos Códigos de Procedimiento Penal que conservan vigencia según las fechas de comisión del delito.

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siempre bajo el criterio de utilidad, debe proyectarse en un acta minuciosa; los allanamientos sólo pueden ser decretados por “serios motivos” que lleven a presumir el hallazgo de un elemento probatorio y por ello la providencia que ordene el allanamiento tiene que ser motivada, y lo hallado, consignado minuciosamente en un acta. (Art. 294 / 220 a 226); iguales cautelas están previstas para la retención de correspondencia o copias de comunicaciones, donde todo debe fundamentarse por escrito (Art. 297 y 298 / 233 a 235). Es evidente que las requisas, las filmaciones, las fotografías, las grabaciones, son todas ellas practicadas bajo el supuesto de encontrar alguna prueba judicial contra las personas sometidas, pero aquí se pierden todas las cautelas de la ley penal. En primer lugar son pruebas inútiles, como ocurre con las requisas: se busca donde menos se podría hallar lo buscado. En segundo lugar, hay carencia total de motivos fundados para pensar que allí se puede encontrar una prueba, ya que es una práctica masiva y realizada por agentes incompetentes y sin llenar los demás requisitos legales. Es evidente que todo ello trasciende las fronteras de la intimidad pero no se apoya en motivaciones ni suficientes ni mínimas ni siquiera identificables, para exigir ese costo humano de violación de la dignidad, protegida por tantos tratados internacionales. De todos sus componentes, sólo queda en pié su carácter de agresión a la dignidad y de elemento activo de daño en la autoestima y en la salud mental. Los demás elementos se esfuman en el aire cuando se les analiza a la luz de los criterios rectores de la misma ley penal.

No es, pues, impertinente, concluir que lo que se hace en los retenes no tiene ningún viso de legalidad, menos de legitimidad, pero sí de agresión moralmente destructiva de la dignidad de gentes humildes a quienes tanto el Estado ha martirizado y tratado de exterminar.

5. El pasado 11 de mayo (2011) recibí el oficio OFI11-19188-GST-0243, suscrito por el Dr. ANDRÉS VILLAMIZAR PACHÓN, Coordinador de Seguridad Territorial del Ministerio del Interior y de Justicia, en el cual, respondiendo al Derecho de Petición que yo le había dirigido a Usted, Señor Presidente, el 11 de abril anterior, se refiere a las cuatro condiciones de buena fe que la Comunidad de Paz había puesto como requisitos para reanudar la interlocución con el Gobierno. Allí da una respuesta negativa a las cuatro condiciones, lo que implica cerrar toda puerta para la reanudación de la interlocución. Como en esas condiciones están implicados varios derechos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución nacional, así como el acatamiento a sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, quiero preguntarle, Señor Presidente, si Usted ratifica el escrito del Dr. Villamizar. La duda se ha introducido por algunas contradicciones que dicho escrito presenta con posiciones de la Cancillería y de la Fiscalía. Para más precisión en el análisis, le remito en anexo, tanto el oficio del Dr. Villamizar como mi respuesta al mismo.

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Estos cinco aspectos que reclaman su intervención inaplazable como Jefe de un Estado donde los derechos fundamentales del ser humano se desconocen de esa manera, deben complementarse con el calendario del horror que ha sido el último semestre para la Comunidad de Paz y para la población campesina circundante. Por eso le transcribo a continuación, Señor Presidente, las CONSTANCIAS que la Comunidad de Paz ha dejado ante el país y el mundo, entre enero y junio de 2011, reiterándole mi petición de tomar medidas urgentes de carácter administrativo que pongan freno a tantos horrores.

Constancias

de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

de enero a junio de 2011

5 de febrero de 2011

UN GOBIERNO DE CONTINUIDAD EN LA MUERTE

En los últimos meses hemos venido dejando constancias y elevando derechos de petición, lo cual sigue demostrando la grave situación que se vive en la zona de nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la persistencia de la persecución contra nosotros, sin que se tomen medidas eficaces para remediar la situación.

Los organismos de control, como la Defensoría del Pueblo, han ido reduciendo su actividad a la de una agencia de correos y sus funciones de protección se reducen cada vez más a frases consignadas en la constitución que no operan frente a las víctimas.

Seguimos creyendo que no podemos ceder ante la injusticia y ante la muerte, pese a todas las mentiras y a las amenazas con que se ha querido destruir nuestra honra por los medios de comunicación. Debemos seguir caminando con la transparencia con que lo hemos hecho durante estos catorce años; no

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podemos callarnos ante la muerte, por el contrario, debemos seguir dejándole a la humanidad todos estos hechos para que en algún momento de la historia los victimarios sean juzgados.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia, son:

- El domingo 30 de enero de 2011, en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó, contigua a la vereda La Esperanza donde hay un asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, nuevamente un grupo paramilitar manifestó a una familia que “esa comunidad era una h.p, comunidad guerrillera y que no descansarían hasta acabarla”.

- El miércoles 2 de febrero de 2011, hacia las 19:00 horas, en el lugar llamado Bocas de la Sucia, a 15 minutos del caserío de San José, fue asesinado en su casa WILLIAM DE JESUS DAVID HERNANDEZ, de 58 años. Un hombre vestido de traje oscuro llegó y le disparó, asesinándolo en su casa. Sus vecinos escucharon el tiro hacia las 19.00 horas. La comunidad, en solidaridad con su familia, acudió el 3 de febrero al lugar para verificar lo sucedido y comunicarle a la Defensoría. Nuestra solidaridad con la familia de WILLIAM.

- El mismo miércoles 2 de febrero de 2011, hacia las 17:00 horas, dos hombres armados, con trajes oscuros y en una moto, fueron a la casa de un familiar de Eduar Lanchero, acompañante de nuestra comunidad, allí golpearon la puerta y decían que necesitaban a ese h.p. de Eduar. Después de estar como cinco minutos gritando lo mismo y de golpear fuertemente la puerta, se marcharon.

Estos hechos siguen demostrando claramente la continuidad de la persecución del Estado colombiano contra nuestra Comunidad de Paz. A lo largo de estos 14 años ha quedado claro que las grandes estructuras paramilitares que se mueven en cercanías de Nuevo Antioquia y se pasean frecuentemente por Playa Larga y otras veredas, tienen pleno respaldo de la fuerza pública y tolerancia de todas las demás instituciones del Estado, las cuales han recibido, sin reacción ninguna, durante décadas, las denuncias de sus crímenes. También es claro que quienes han perseguido a Eduar para matarlo, desde 1998 en adelante, han sido miembros de la fuerza pública y paramilitares a su servicio: oficiales de la Escuela de Cadetes José María Córdova y civiles armados al servicio de los Coroneles Néstor Iván Duque y Germán Rojas Díaz, así como de otros oficiales de la Brigada XVII. El Estado se ha negado a darle respuestas sinceras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso.

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Pese a todo este cúmulo de hechos, seguimos construyendo, con claridad y firmeza, nuestro futuro, inspirados y firmes en nuestros principios. No cederemos ante la muerte, por el contrario, seguiremos caminado por la vida.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 5 de 2011

7 de febrero de 2011

NO CESA LA PERSECUCIÓN,POR EL CONTRARIO SE INCREMENTA

A sólo dos días de haber hecho pública una constancia sobre nuevas atrocida-des cometidas por agentes del Estado contra nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, nuevamente tenemos que denunciar hechos de suma gravedad.

• El domingo 6 de febrero de 2011, hacia las 11:00 horas, un grupo de 20 paramilitares con armas largas y uniformes de camuflado, llegaron a los li-mites de las veredas Alto Joaquín (integrante de nuestra Comunidad de Paz) y Murmullo Alto (vereda limítrofe), donde convocaron a una reunión a los po-bladores y mostraron una lista con varios nombres de miembros de nuestra Comunidad de Paz a quienes dijeron que iban a asesinar. En dicha lista se en-cuentran varios coordinadores de asentamientos de la Comunidad, acompa-ñantes, miembros del Consejo Interno y otros integrantes de la Comunidad. Afirmaron, además, que el trabajo agrícola que desarrolla nuestra Comunidad es para la guerrilla y que la orden que tienen es “acabar esa h.p. comunidad guerrillera”.

Nos asiste la convicción de que estas estructuras paramilitares han tenido siempre la tolerancia, apoyo e impulso del Estado a través de su fuerza públi-ca y de otras autoridades. Tanto en Nuevo Antioquia como en zonas rurales de Tierralta, los paramilitares se movilizan como en su propia casa porque no son tocados por ninguna autoridad. También nos consta que las listas de per-sonas para matar han sido exhibidas por personajes que trabajan directamen-te con altas jerarquías del Ejército y que varias personas allí señaladas han sido ejecutadas poco tiempo después.

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Hacemos, pues, responsable al Gobierno, de todo lo que pueda ocurrir con las personas amenazadas y repudiamos una vez más la connivencia del Estado con grupos que arrastran tantos crímenes. Pese a todo, en la Comunidad te-nemos la decisión firme de seguir construyendo un mundo distinto aquí y ahora; es la forma más contundente de ir en contra de los designios de muer-te de los victimarios y de poder construir un mundo alternativo.

Comunidad de Paz de San José de ApartadóFebrero 7 de 2011

10 de marzo de 2011

DESDE LA MEMORIA RESISTIMOS CIVILMENTEANTE TANTA AGRESIÓN Y MUERTE

El 21 de febrero hemos conmemorado nuevamente otro año de la masacre, la cual fue realizada por Ejército contra ocho personas, siete de ellos miembros de nuestra Comunidad, entre ellos un gran líder: Luis Eduardo Guerra. Hemos reflexionado y orado la memoria de cada uno; ellos nos siguen mostrando el camino a seguir en medio de tanta impunidad e injusticia.

Nuevamente hemos sentido el dolor de su ausencia y esto ha conllevado a seguir sintiendo ese sufrimiento contra todos los horrores que se han cometido contra miembros de nuestra Comunidad y personas de la zona.

Ha sido un momento de fortalecernos en esos principios que han creído nuestros lí-deres y mártires de la Comunidad, unos principios que nos siguen mostrando un ca-mino de coherencia y firmeza ante un mundo que se autodestruye en la guerra, en los transgénicos, en el desplazamiento y en tantas formas de muerte.

Hemos tenido espacios para reflexionar con otras comunidades y vivenciar la memo-ria como algo continuo y permanente que nos da impulso para seguir caminado, a la vez el poder mirar que esta fuerza alternativa tiene que hacerse realidad en el hoy. Compartimos lo que ha sido el centro agrícola, un esfuerzo coherente con la natura-leza, con la autosuficiencia alimentaria y en contravía total a la lógica de los actores armados: fuerza pública - paramilitares y guerrilla. Desde esa apuesta por la vida fue que dijimos NO a los transgénicos, a sus productos derivados, a los biocombustibles, lo que se viene haciendo con el desalojo y destrucción de la biodiversidad y de co-munidades enteras.

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Dijimos en esos seis años que están vivos nuestros líderes, y por ello debemos colec-tivizar la tierra y defenderla porque es sagrada y de todos, no para destruirla sino para vivir en ella con armonía; por ello nos oponemos a ese saqueo de los recursos naturales con explotaciones de minas de carbón o hidroeléctricas amparadas en im-punidad que sólo generan destrucción y desplazamiento como lo que está ocurrien-do ahora contra la Comunidad.

Seguimos en pie y con firmeza en nuestras convicciones, manifestando que aposta-mos totalmente por la vida, por principios éticos que sólo defiendan la dignidad de la humanidad y la armonía de la naturaleza y pese a los continuos horrores que se si-guen viviendo no retrocederemos en nuestras creencias y vivencias diarias, por ello con dolor pero con la fuerza que construimos en comunidad, dejamos constancia de los siguientes hechos:

- Entre los días lunes 14 y jueves 17 de febrero de 2011, en horas de la maña-na, avionetas realizaron fumigaciones de Glifosato en cultivos de pan coger, agua y tierras de la Comunidad en la zona de Alto Joaquín. En nuestra comunidad ningún miembro tiene coca, pues es un principio de nuestro proceso. Rechazamos estas fu-migaciones que dañan la naturaleza y destruyen el medio ambiente con daños irre-parables.

- El miércoles 2 de marzo de 2011, hacia las 8 horas, más de 20 paramilitares hi-cieron presencia en el Guineo y Arenas Bajas, portando armas largas y camuflados con insignias que decían: “Autodefensas”. Los paramilitares decían en cada casa de las dos veredas que la gente podía trabajar tranquila; que no iban a hacer nada; que el objetivo era sólo acabar con esa h.p. Comunidad de Paz; que se pusieran a sem-brar coca y que el que se metiera a la Comunidad sí se moría, como le iba a pasar a esos h. p. guerrilleros de la Comunidad. Los paramilitares se pasean abierta y desca-radamente con la complacencia de la fuerza pública desde las bases de Nuevo Antio-quia y Batata.

- Desde el martes 1° de marzo de 2011, se han venido presentando combates diariamente entre el Ejército y la guerrilla en diversas veredas de la zona; en Mulatos los combates han sido diariamente, colocando en gran zozobra a las diversas fami-lias de dichas veredas.

- El lunes 7 de marzo de 2011, hacia las 11 a.m., en la vereda Naín, dos hombres de civil llegaron a la casa de JUAN REALES, lo llamaron a la puerta y lo asesinaron. Los hombres se identificaron como hombres de las FARC. Juan tenía un hijo de un año y su compañera estaba esperando otro hijo. Nuestra solidaridad con su familia, la cual esperamos apoyar desde nuestro sentir comunitario.

Los hechos hablan por sí solos. Nos enfrentamos con esa lógica de muerte que busca arrasarnos, golpeando a la población civil y que sólo quiere caminos de destierro, de-

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salojo y llanto. Nuevamente nos aferramos a la verdad y a la solidaridad; seguiremos construyendo eso que los actores armados odian y desean acabar: LA VIDA. Ése es un compromiso que muchos, en diversas partes del mundo, han asumido y que nos da la fuerza para seguir caminado, pues no avanzamos solos en este respeto integral por la dignidad humana.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 10 de 2011

21 de marzo de 2011

De nuevo la mentira y las amenazasse orquestan como forma de ataque

La difícil situación de la zona ante combates que se están presentando, se in-crementa con nuevos ataques contra la zona e indudablemente contra la Co-munidad de Paz, orquestándose de esta forma acciones contra nuestro proce-so y contra la gente de la zona. Por lo menos debemos dejar constancia de los hechos para que la verdad algún día sea un elemento esencial para hacer jus-ticia universal a los victimarios que actúan con descaro, cobijados por la im-punidad del Estado.

• El sábado 12 de marzo de 2011, a las 4:00 horas, fueron vistos por miembros de la Comunidad varios paramilitares que subieron a San José en tres motos, vestidos con trajes oscuros y portando armas. En el caserío de San José hicieron un recorrido dejando amenazas verbales contra varios po-bladores de la zona, después de lo cual regresaron a Apartadó.

• El lunes 14 de marzo de 2011, hacia las 15:00 horas, el paramilitar ROBINSON GÓMEZ, acompañado por DIDIER BORJA ÚSUGA, ingresaron a la hacienda de San Josesito, asentamiento central de la Comunidad de Paz, y se acercaron a la vivienda de Jesús Emilio Tuberquia, Representante Legal de la Comunidad, donde preguntaron a la familia por su paradero. Cuando les res-pondieron que no se encontraba, preguntaron cuándo llegaría, y al no obtener respuesta se fueron. Durante 10 minutos más recorrieron el asentamiento preguntando por otras personas de la Comunidad y luego se regresaron al casco urbano de san José. ROBINSON GÓMEZ había llegado al corregimiento haciéndose pasar por comprador de ganado a crédito, lo que llevó a muchos campesinos a venderle ganado por cuotas que nunca les canceló. Dicho per-sonaje había planeado un atentado contra el poblador WILMER TUBERQUIA en compañía de otros paramilitares, situación que se puso en conocimiento opor-

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tuno de la Defensoría del Pueblo en el pasado mes de febrero. A pesar de las múltiples amenazas que Robinson Gómez profirió contra pobladores del corre-gimiento de San José, en nombre de estructuras paramilitares, las institucio-nes del Estado, conocedoras del caso, no hicieron nada; por el contrario, el miércoles 16 de marzo de 2011, hacia las 21:00 horas, ROBINSON GÓMEZ fue recogido en un camión del Ejército y escoltado hasta la Brigada XVII, en compañía de su familia, para protegerlo. Ya protegido en la Brigada XVII, sus vínculos con el ex guerrillero de las FARC alias “ZAMIR” (ó “Dafnis Daniel Sie-rra Martínez”), quien desde la Brigada ha proferido numerosas calumnias con-tra la Comunidad de Paz sin ser procesado penalmente, como tampoco lo ha sido por sus más de 30 asesinatos en la zona, se hicieron explícitos, pues el viernes 18 de marzo de 2011, alias “ZAMIR” se comunicó con varias perso-nas que habitan en el caserío de san José, y les comentó que ROBINSON GÓ-MEZ se encontraba con él en la Brigada XVII y que estaban planeando accio-nes contra los pobladores del corregimiento de San José y contra los integran-tes de la Comunidad de Paz (uno de esos atentados sería, muy probablemen-te, en el que ejecutaron a Bernardo Ríos, el 22 de marzo). Cuando la Defenso-ría del Pueblo solicitó a la Brigada XVII informaciones sobre el paradero del Señor Robinson Gómez, respondieron que no sabían nada de él.

• Los días lunes 14 y martes 15 de marzo de 2011, en horas de la ma-ñana, miembros del Ejército hicieron presencia en las entradas del asenta-miento de san Josesito, hacienda privada de la Comunidad de Paz, realizando requisas contra integrantes de la Comunidad sin ninguna razón, aduciendo que era “para proteger a la Comunidad”.

• El martes 15 de marzo de 2011, en horas de la mañana, los medios de comunicación de la región divulgaron una falsa noticia de origen militar, se-gún la cual, dentro de la Comunidad de Paz la guerrilla de las FARC habría asesinado a un soldado. La noticia no tenía ningún fundamento pero con ello el Ejército buscaba estigmatizar aún más, ante la opinión pública, a la Comu-nidad de Paz, así como ocultar las verdaderas circunstancias del hecho.

Nuevamente se miente y se siguen evidenciando las relaciones de la fuerza pública con el paramilitarismo, protegiendo y utilizando a reconocidos parami-litares para atacar a la Comunidad y a la población de la zona.

La mentira es la forma como se oculta y se distorsiona la realidad. Con la mis-ma se esconde la verdad de las víctimas, encubriendo lo que pasa para po-der actuar en la impunidad y poder realizar los planes de muerte y extermi-nio.

Ante esta nueva agresión de mentiras y amenazas, pedimos la solidaridad na-cional e internacional, exigiéndole al Estado que cese en sus acciones de te-rror contra nuestra Comunidad de Paz y contra los pobladores de la zona.

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Comunidad de Paz de San José de ApartadóMarzo 21 de 2011

23 de marzo de 2011

LOS CATORCE AÑOS DE LA COMUNIDAD

CON UN NUEVO ASESINATO

Habíamos hecho entre toda la Comunidad una reflexión en los catorce años que cumplíamos: reafirmar nuestras opciones donde hemos dicho sí a la vida y no a la muerte. Estando en ello nos encontramos con un nuevo asesinato realizado por los paramilitares y con la complicidad de la fuerza pública. El descaro de todo lo que está pasando es tan evidente que quien tenga míni-mos principios éticos no puede dejar de sentir rabia y dolor profundo ante tanta hipocresía de un Gobierno y de un Estado que proclaman un discurso y la realidad es totalmente distinta.

Los hechos sobre los que dejamos constancia al mundo son tan claros que no merecen ningún tipo de comentario y análisis. Lo descrito en los días anterio-res se está cumpliendo; allí enmarcábamos todas estas muertes anunciadas desde el paramilitarismo en colaboración estrecha con la fuerza pública, utili-zando, como siempre lo han hecho, la mentira para desvirtuarlo todo.

Creemos que quienes caminan desde diversos lugares con nuestra Comuni-dad se niegan a este horror, y al igual que nosotros, creen en la construcción de la vida sin ninguna forma de retroceso.

- El martes 22 de marzo de 2011, a las 18:20 horas, una moto con dos paramilitares armados siguieron el carro, desde Apartadó, donde se desplaza-ba Jesús Emilio Tuberquia, Representante Legal de nuestra Comunidad. Se acercaron varias veces; lo observaron a él; lo vieron acompañado de gente in-ternacional, y se quedaron en Tierra Amarilla; en dicho lugar esperaron a BERNARDO RÍOS LONDOÑO, quien se había encontrado minutos antes con Je-sús Emilio en el terminal de transporte de Apartadó y quien venía en bicicleta; los paramilitares lo detuvieron en Tierra Amarilla y lo asesinaron hacia las 18:30 horas. A esa hora se encontraba a cinco minutos un retén del Ejército, así como dos retenes más de la fuerza pública en la carretera.

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BERNARDO tenía 27 años, había estado en la Comunidad de Paz meses antes y se había salido para irse a vivir a la vereda la Miranda donde residía y traba-jaba como aserrador; sus hijos y compañera viven y hacen parte de nuestra Comunidad.

La comunidad, al enterarse del asesinato, fue por el cuerpo de él para ser velado y enterrado en nuestra Comunidad.

Los sembradores de la muerte han intentado acabarnos en estos catorce años. Nuestra testarudez por la vida nos lleva a no cederles. Con el miedo, la impotencia, la rabia de tanta impunidad y complacencia del Estado ante tanto horror, apostamos por construir en nuestro hoy y en nuestra Comunidad una vida distinta. Celebramos catorce años en el funeral de Bernardo para apos-tarle a la resistencia civil. Su memoria y la de tantos otros asesinados nos dará esa luz para seguir un camino de esperanza no mercantilizada en recom-pensas sino en dignidad y coherencia por la vida.

Marzo 23 de 2011

31 de marzo de 2011

Una vez cometido el crimen“hay que justificarlo como sea”

El 23 de Marzo de 2011 nuestra Comunidad de Paz denunció ante el país y el mundo la ejecución extrajudicial de BERNARDO RÍOS LONDOÑO, de 27 años, integrante de nuestra Comunidad durante varios años, de la cual se había se-parado últimamente para trabajar en una zona alejada de nuestros asenta-mientos, pero dejando su familia en nuestra hacienda central de San Josesito, como integrantes de tiempo completo de la Comunidad de Paz. Fue ejecutado en el sitio Tierra Amarilla, ubicado sobre la carretera que conduce de Aparta-dó a San José, sitio donde los paramilitares han perpetrado numerosos críme-nes con la tolerancia, protección y apoyo de la fuerza pública, la cual mantie-ne retenes a pocos minutos de distancia. Momentos antes, los paramilitares habían querido asesinar al representante legal de nuestra Comunidad de Paz, quien se movilizaba por la misma vía en un vehículo de servicio público, pero quizás no se atrevieron a matarlo al comprobar que lo acompañaban inte-grantes de organizaciones internacionales. Como de costumbre, las institucio-nes oficiales pusieron todas las trabas posibles para entregarnos el cadáver de Bernardo y la Defensoría del Pueblo desactivó sus teléfonos para no tener-nos que ayudar en esa dolorosa tarea.

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Este crimen alcanzó una cierta difusión en medios de información, dado el contexto nacional de exterminio de reclamantes de tierras usurpadas. Con di-cha ejecución, los victimarios buscaban seguramente aterrorizar una vez más a una Comunidad que, con sus retornos a las zonas de origen y con el recla-mo de predios, viviendas y construcciones comunitarias que le pertenecen, hoy usurpadas por repobladores manipulados por la fuerza pública, sigue siendo un estorbo para el proyecto de dominio paramilitar de la zona. Sin em-bargo, las protestas nacionales e internacionales que se han hecho sentir, han llevado a los victimarios a realizar esfuerzos desesperados por justificar el crimen.

Ayer miércoles 30 de marzo de 2011, en horas de la mañana, el Coman-dante de Policía de Urabá, Coronel JAIME ÁVILA RAMÍREZ, se expresó por las emisoras radiales de la región, afirmando que Bernardo era integrante de un grupo armado; que los órganos judiciales están esclareciendo esto, y que la Comunidad de Paz no tiene razón al acusar al Estado por este crimen. Simul-táneamente hemos sabido que Ejército y Policía han ido en búsqueda apresu-rada de reconocidos paramilitares para que rindan declaraciones en la Fisca-lía y acusen a Bernardo de haber sido guerrillero.

Tal comportamiento no nos extraña en absoluto, puesto que lo hemos vivido multitud de veces. Las instituciones oficiales han utilizado siempre el poder judicial para justificar los crímenes, ya sea estigmatizando previamente a las víctimas, ya sea después de haberlas eliminado. Para ello se han servido siempre de los mismos mecanismos. Los Coroneles Néstor Iván Duque y Ger-mán Rojas Díaz, en sus largos períodos como comandantes de los batallones Bejarano Muñoz y Voltígeros, fueron conformando un grupo de supuestos “desmovilizados de las Farc” (algunos no lo eran) con el fin de demandar de ellos servicios múltiples en la destrucción de la Comunidad de Paz. Todos ellos fueron involucrados progresivamente en numerosos crímenes y presen-tados en las fiscalías y juzgados como “testigos” para acusar a muchos cam-pesinos de delitos que no habían cometido. Los fiscales y jueces recibieron los falsos testimonios omitiendo todos los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal para evaluar y aceptar pruebas, y actuaron como un simple apéndice del poder ejecutivo en la región. La fuerza pública utilizó, además, como piezas probatorias, informes de inteligencia y “órdenes de ba-talla” confeccionadas por los mismos militares y firmadas sin leerlas por fal-sos desmovilizados o por presos llevados ilegalmente a la Brigada XVII y so-metidos a torturas. Todo esto está minuciosamente documentado en el libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”.

La calumnia oficial, avalada desde los más altos niveles del Estado, ha sido una de las armas con que se ha pretendido exterminar nuestra Comunidad. No hemos cesado de exigir que la Presidencia de la República rectifique las vi-les e infames calumnias que contra nuestra Comunidad profirió el ex Presi-dente Álvaro Uribe Vélez el 20 de marzo de 2005, con miras a legitimar por

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anticipado masacres, desplazamientos, montajes judiciales, bombardeos con-tra poblaciones indefensas, torturas y toda clase de crímenes contra los inte-grantes de nuestra Comunidad. Le hemos manifestado repetidas veces al Pre-sidente Santos que tenemos derecho al buen nombre y a no ser difamados de manera tan vil. Sin embargo, aún el Presidente Santos permanece solidario en el crimen de su antecesor.

Hoy se repite el ritual de la estigmatización al tratar de convertir a Bernardo, luego de su ejecución, en un delincuente. Y el Estado no ha tenido vergüenza de recurrir a los mismos métodos sucios, que comienzan por la usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo: es la fuerza pública la que está aportan-do sus falsos testigos, como lo ha hecho siempre, con tal de estigmatizar al máximo nuestro proceso.

Apelamos al sentimiento ético y a la solidaridad de quienes nos conocen, para rechazar con energía esta nueva iniquidad. Estamos seguros de que en esto nos acompañan nuestros compatriotas que tienen principios éticos y muchos ciudadanos del mundo que no transigen con la barbarie ni con las falsedades más infames así estén avaladas por los poderes más altos de los Estados.

Comunidad de Paz de San José de ApartadóMarzo 31 de 2011

4 de abril de 2011

EL PARAMILITARISMO NOS QUIERE DESPLAZAR

"... Intentan acabarnos de distintas formas, Hoy nos quieren DESPLAZAR, pero nuestra testarudez por la vida nos lleva a no cederles ..."

Ya habíamos denunciado las amenazas de los sembradores de la muerte de asesinar a miembros de nuestra Comunidad y a pobladores de la zona, sin embargo, un día después de nuestra denuncia, las balas asesinas segaron la vida de Bernardo Ríos; su memoria y la de tantos otros asesinados nos darán esa luz para seguir un camino de esperanza en dignidad y coherencia por la vida. Hoy nos quieren DESPLAZAR, intentan acabarnos de distintas formas, pero nuestra testarudez por la vida nos lleva a no cederles, los hechos de los que dejamos en constancia al mundo son;

- El miércoles 23 de Marzo de 2011, 30 paramilitares de camuflado y con armas largas, quienes se encontraban en cercanías a La Resbalosa, vereda de

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nuestra Comunidad, le dijeron a un miembro de nuestra Comunidad que esa HP Comunidad Guerrillera se tenía que ir de la zona o de lo contrario conti-nuarían los asesinatos; que tenían ya planeado con la fuerza pública una lim-pieza en la zona y el exterminio de nuestra Comunidad.

- El viernes 01 de Abril de 2011, a las 5:30 a.m. aproximadamente, se re-gistraron combates entre los Paramilitares y la Guerrilla en la vereda Arenas Altas. Según información de habitantes del sector, varios paramilitares fueron asesinados. Ante estos hechos que ponen en riesgo a las familias de nuestra comunidad que residen allí y a la población civil en general, la Comunidad in-tentó, a través de la Defensoría del Pueblo Regional, que se atendiera a las familias. Ante ello, la Defensoría respondió que no podían hacer nada, que no molestáramos, y desconectaron los teléfonos.

- El sábado 02 de Abril de 2011, un helicóptero militar, en varias ocasiones sobrevoló la zona, mientras los paramilitares reconocieron los cuerpos de los paramilitares asesinados. Ese mismo grupo de 25 paramilitares, en horas de la mañana habían pasado por el caserío de Arenas Altas, amenazando que esa HP Comunidad era una manada de guerrilleros y que la iban a pagar muy caro; que esto no se quedaba así. A pesar de la presencia de la fuerza pública en la vereda, no hizo nada.

- El domingo 03 de Abril de 2011, alias “Samir” [un ex guerrillero de las FAR desmovilizado y domiciliado en la Brigada XVII del Ejército) amenazó, a través de llamadas telefónicas, a campesinos del corregimiento de San José, invitándolos a que trabajen en la zona con la Brigada XVII como informantes o de lo contrario serían asesinados o judicializados. Alias “Samir”, desertor de las FARC, quien se encuentra en la Brigada, ha sido nombrado “gestor de paz” por el gobierno de Colombia para atacar a nuestra comunidad a través de amenazas y chantajes contra miembros de nuestra Comunidad y contra pobladores de la región.

Estos hechos siguen demostrando claramente la continuidad de la persecu-ción del Estado colombiano contra nuestra Comunidad de Paz como formas de generar destrucción y desplazamiento del campesinado e imponer la lógi-ca de los actores armados. A lo largo de estos 14 años ha quedado claro que las grandes estructuras paramilitares que se mueven en cercanías de Nuevo Antioquia y se pasean frecuentemente por Playa Larga y otras veredas, tie-nen pleno respaldo de la fuerza pública y tolerancia de todas las demás insti-tuciones del Estado, las cuales han recibido, sin reacción ninguna, durante dé-cadas, las denuncias de sus crímenes.

Pedimos la solidaridad nacional e internacional para exigirle al Estado Colom-biano el cese de todo este accionar de muerte, desplazamiento y estigmatiza-ción.

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 4 de 2011

9 de abril de 2011

NUESTRA OPCIÓN POR LA VIDANO RETROCEDE ANTE LA MUERTE, NI LAS AME-

NAZAS NI LAS PERSECUCIONES

Desde que dejamos constancia el 23 de marzo sobre el asesinato de Bernar-do, se han venido continuos ataques en búsqueda de exterminarnos. El ata-que paramilitar y la complicidad de la fuerza pública tan evidente sólo mues-tran una estrategia de destrucción contra nuestro caminar. Los hechos sobre los que queremos dejar constancia son una forma ética de que la humanidad pueda algún día hacer justicia ante tanta impunidad y descaro por parte del Estado, que quiere colocarse como un simple espectador. - El lunes 4 de abril de 2011 a las 8 horas, paramilitares realizaron una reu-nión en la vereda Murmullo, allí le hablaron a la gente sobre trabajos que rea-lizarían cuando ellos lo ordenaran: el que no los hiciera, pagaría la primera vez $ 50.000 de multa y si faltaban una segunda vez lo matarían; además de ello, iban a colocar en todas las veredas paramilitares de civil, armados y con radios, encargados de vigilar el actuar de cada persona o si alguien extraño entraba a la vereda, y finamente dijeron que nadie podía estar en la Comuni-dad de Paz, y que quien lo hiciera sería asesinado y comenzarían a asesinar los líderes de la Comunidad que tenían ya en lista. Después de explicar estos puntos, distribuyeron a la gente en el camino para trabajar. Los paramilitares andan tranquila y descaradamente en Batata, ante la fuerza pública que se encuentra allí, como lo hacen en Nuevo Antioquia. - El mismo lunes 4 de abril de 2011, a las 15 horas, Uber Areiza, de nuestra Comunidad y Alcides Úsuga que lo acompañaba, fueron detenidos por una tropa del Ejército en la vereda las Nieves. Ellos se dirigían a trabajar a la vere-da la Esperanza. Los militares les dijeron que se bajaran de las bestias donde venían los dos y mostraran el mercado que llevaban; ellos se negaron; ense-guida los militares trajeron dos encapuchados dejándolos solos con ellos; es-tos dos hombres encapuchados los agredieron tirándolos de las bestias y re-

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gándoles el mercado; les colocaron machetes en el cuello diciéndoles que donde los volvieran a ver los degollarían; después de ello los encapuchados los dejaron ir.

- El martes 5 de abril de 2011, hacia las 21 horas, fue asesinado a mache-tazos por hombres encapuchados, el señor JESÚS LÓPEZ. Había salido del cul-to religioso de San José y se dirigía a su casa cuando fue agredido; alcanzo a quedar con vida; la Comunidad trató de auxiliarlo pero fue inútil, pues murió a los pocos minutos.

- Entre el domingo 3 y el miércoles 6 de abril de 2011, en la vereda Mu-latos han aparecido letreros escritos en tablas, casas y árboles en las que se lee: “Autodensas Unidas de Colombia - venimos a matar”. Se han visto de igual forma rastros de tropas de hombres armados que no se dejan ver. Han sido un cúmulo de agresiones contra la vida e integridad de nuestra Co-munidad y contra campesinos de la zona. La búsqueda es poder enfrentar el orden paramilitar, pese al miedo y la zozobra que han sembrado- No cedere-mos. Nuestra respuesta por la vida es más firme como Comunidad. Creemos en esa paz que hacemos en el día a día; en acciones totalmente pacificas en oposición total a cualquier actor armado. Todas estas agresiones sólo buscan poder destruir estos principios pero sus esfuerzos de muerte son inútiles ante decisiones absolutas que hemos tomado por la dignidad humana.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 9 de 2011

12 de abril de 2011

EXIGIMOS JUSTICIA, NO VENGANZA

Nuestra Comunidad de Paz decidió, en el día de ayer 11 de abril de 2011, ir a recoger los restos de dos paramilitares que habían quedado insepultos en la vereda Arenas Bajas, luego de los combates que se presentaron el viernes 1°

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de abril entre la guerrilla y los paramilitares. La Comunidad le había insistido a la Defensoría del Pueblo que se tramitara el levantamiento de los cuerpos por parte de las autoridades competentes, solicitud que no fue atendida. Se-gún la misma Defensoría, el Ejército hizo operativos en la zona y afirmó que la Comunidad estaba mintiendo, pues, según los militares, no se había dado nin-gún combate y no había cadáveres en la zona ni tampoco existen grupos pa-ramilitares. Sin embargo, los pobladores de la zona habían observado cómo el pasado 2 de abril un grupo de 25 paramilitares ingresó a la zona a inspeccio-nar los cadáveres de sus compañeros pero no los recogieron, mientras un he-licóptero militar los protegía desde el aire. Nuestra Comunidad está ya muy acostumbrada a escuchar falsedades por parte del Ejército y de otras institu-ciones del Estado, por lo cual no se extraña de esta manera de mentir y ocul-tar la cruda realidad de los hechos.

Mucha gente que no nos conoce; que no ha caminado con nosotros, se pre-gunta cómo es posible que estos paramilitares que nos amenazaron; que nos conminaron muchas veces a abandonar nuestras tierras y que participaron en multitud de crímenes contra nosotros en compañía de la fuerza pública, sean ahora tratados de manera humanitaria por nosotros hasta que vayamos a re-coger sus restos y a sepultarlos con un mínimo de dignidad. Dentro de los cri-terios del Sistema de Muerte e Inhumanidad que nos envuelve, esto no se en-tiende. En nuestra sociedad impera, más bien, el principio de “ojo por ojo y diente por diente”. Nuestros Presidentes incitan en sus discursos a la vengan-za contra la insurgencia, con lenguajes de barbarie que causan escalofrío. Pero nosotros no compartimos esos principios. Nuestra lucha por la justicia es completamente ajena y contraria a todo sentimiento de venganza. Nosotros exigimos justicia; le decimos NO a los actores armados; les exigimos respeto; no cedemos a sus exigencias; no retrocedemos ante sus amenazas y sus ac-tos de barbarie. Ellos ciertamente generan en nosotros miedo e intenso dolor con sus actuaciones criminales, pero lo que nunca han logrado ni podrán lo-grar es generar odio en nosotros. Nuestros corazones palpitan por la Vida y jamás vibran con la Muerte. Por ello mismo, exigimos justicia, no venganza. Creemos que la dignidad de cualquier ser humano está por encima de las guerras y por ello la opción de nuestra Comunidad ha sido la de recoger los restos; sepultarlos y/o entregárselos a sus familiares.

Al caminar en búsqueda de estos restos exponiendo con ello nuestras pro-pias vidas, sólo quisimos mostrar que la Vida sólo tiene su plenitud y expre-sión en la realización de los ideales de justicia. Nos contraponemos a los sembradores de la muerte, quienes sólo generan dolor y muerte con sus ar-mas, aunque nunca logran asesinar la resistencia civil, esa que construye y le da sentido a un mundo libre de opresiones, de impunidad y de injusticia.

Los cuerpos los entregamos a sus familiares, quienes nos manifestaron su gratitud y pudieron experimentar la deshumanización de un Estado que mien-

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te y juega de manera tan repugnante con el dolor de las familias luego de ha-ber destruido la conciencia de aquellos a quienes vincularon y entrenaron en los más horrendos crímenes.

Reafirmamos nuestros principios basados en la solidaridad y seguiremos en defensa total de nuestras tierras, dejando constancia, en toda circunstancia, de la verdad, sin retroceder ni un milímetro ante las acciones de muerte de los actores armados.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 12 de 2011

18 de abril de 2011

CONTINUAMOS RODEADOS POR LA MUERTE

En las últimas semanas, sin que el Gobierno y su fuerza pública hayan presta-do la más mínima atención a nuestros clamores para que cesen la persecu-ción y la barbarie contra nuestra Comunidad de Paz, sus atentados y hostiga-mientos han continuado, secundados por otros actores armados, contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la población civil que nos rodea y que acude a nosotros para que le ayudemos a visibilizar su tragedia.

Queremos dejar constancia nuevamente, ante el país y el mundo, de los últi-mos crímenes que nos han afectado:

En la semana del 11 al 15 de abril de 2011, se repitieron las llamadas tele-fónicas del desertor de las FARC alias “SAMIR”, ilegalmente domiciliado en la Brigada XVII desde noviembre de 2008, y del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, protegido también en la misma Brigada desde hace unos días, al menos a ocho pobladores del caserío de San José, en las cuales eran conminados a co-laborar con el Ejército en calidad de informantes, si no querían ser judicializa-dos o ejecutados. A dos de estas personas les advirtieron que ya no tenían salvación, pues ya estaban condenadas a muerte. Si bien este tipo de amena-zas, de utilización de procedimientos paramilitares y de prácticas de terror, han sido constantes desde hace muchos años en esta misma Brigada, esto confirma la continuidad de prácticas de terrorismo de Estado en un momento en que el mismo Jefe de Estado difunde versiones falsas en otros países sobre la vigencia de un Estado de Derecho, y más grave aún, cuando uno de los ac-

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tores de estas prácticas de terror ostenta la distinción de “Gestor de Paz” que el ex Presidente Uribe le otorgó.

El miércoles 13 de abril de 2011, a las 10:00 horas, cuando uno de los lí-deres de la Comunidad de Paz llegó al puerto de Frasquillo, sobre la represa de Urrá, con insumos agrícolas para los cultivos de la Comunidad, miembros del Ejército le impidieron pasar, exigiéndole un permiso especial de la UMATA y requiriendo de él una serie de datos personales, cuya exigencia está prohi-bida por la Corte Constitucional porque constituyen una forma de empadrona-miento ilegal. Al ser contactada por teléfono la Defensora Regional del Pueblo de Urabá, aprobó que los militares exigieran los datos que la Corte Constitu-cional prohíbe requerir.

El viernes 15 de abril de 2011 , hacia las 18 horas, tres hombres armados llegaron a la casa de ALCIDES SUCERQUIA TUBERQUIA, de 39 años, ubicada en el caserío de San José a muy pocos metros del puesto de Policía, y mien-tras hablaba por teléfono, le dispararon en la cabeza causándole la muerte en forma inmediata. Algunas personas vecinas creen que los victimarios eran in-tegrantes de las FARC, pero aún no hay claridad sobre la autoría del crimen. La Comunidad, a petición de su familia, recogió el cadáver y le hizo la vela-ción y el entierro en su asentamiento de San Josesito. Los miembros de la Po-licía presentes en el caserío de San José en ese momento, se mostraron indi-ferentes y se negaron a prestar cualquier colaboración para recoger el cadá-ver o facilitar las diligencias legales. Una funeraria, a petición de la Defensoría del Pueblo, trasladó el cuerpo a Apartadó para un irregular levantamiento y le cobró una gruesa suma de dinero a la Comunidad para entregar luego el ca-dáver. Alcides dejó cuatro niños pequeños de seis y cuatro años los mayores, y dos gemelos de ocho meses.

El lunes 18 de abril de 2011, a las 14:00 horas, el Ejército se enfrentó con un grupo de guerrilla, dejando en medio del cruce de fuego a seis integrantes de nuestra Comunidad de Paz del asentamiento de Mulatos, quienes en ese momento trabajaban en una de las parcelas de cultivo de la Comunidad. Ellos lograron correr y salir con vida del cruce de fuegos. Una vez terminado el en-frentamiento, los militares detuvieron arbitrariamente a cuatro campesinos que viven en cercanías de la Comunidad y los tuvieron privados de su libertad durante tres horas; les dijeron que eran guerrilleros y afirmaron que la Comu-nidad de Paz posee cultivos de coca. Cuando los detenidos respondieron que ellos sabían que eso era falso, pues la Comunidad expulsa a quienes partici-pan en el cultivo de coca, los militares insistieron en que la Comunidad de Paz es cultivadora de coca y guerrillera; les prohibieron, además, que contaran lo ocurrido a miembros de la Comunidad, pues si eso ocurría, se tendrían que arrepentir.

Frente a este nuevo cerco de muerte que nos tienden, nuestra Comunidad reitera su decisión de mantenerse en su proyecto de Vida, de Justicia, de Paz

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y de Solidaridad y de no retroceder ante las amenazas que buscan conminar-nos a abandonar nuestro camino.

Nuevamente invocamos la solidaridad de quienes nos conocen y saben que trabajamos por un mundo diferente, alternativo al mundo de injusticia y de violencia que se nos quiere imponer sin resquicios de alternativa alguna.

Comunidad de Paz de San José de ApartadóAbril 18 de 2011

25 de abril de 2011

NO SE ESCUCHAN NUESTROS CLAMORES

"... En todos estos años ha sido rutinario el que la fuerza pública niegue haber cometido los crímenes que ha cometido, pero esta vez el oficial GONZÁLEZ lo hizo ante numerosos testigos que acababan de observar su comportamiento ..."

A pesar de las numerosas constancias que nuestra Comunidad de Paz ha he-cho públicas en los últimos meses y semanas, el nivel de hostigamiento y amenaza de exterminio continúa. Nuevamente queremos dejar constancia pública de los últimos hechos que atentan contra nuestros derechos funda-mentales:

• El miércoles 20 de abril de 2011 hacia las 17:00 horas, en la vereda Arenas Altas, EMILSEN GÓEZ, integrante de nuestra Comunidad de Paz, fue llamada a su celular por un hombre que se identificó como paramilitar, quien le dijo que ella era informante de la guerrilla y responsable del ataque que tu-vieron el 1 de abril donde murieron dos paramilitares. Le anunciaron que la van a asesinar y que en cualquier momento subirán a matarla. Ella ha tenido que desplazarse debido a la grave situación de riesgo para su vida y la de sus hijos.

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El viernes 21 de abril de 2011, ha-cia las 14:00 horas, miembros del Ejército que hacían presencia en la vereda Caracolí, sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, filmaron a miembros de la Comuni-dad cuando se realizaba el Vía Crucis del Viernes Santo. Un oficial de ape-llido GONZÁLEZ fue visto filmando por ciento cincuenta personas que participaban en la ceremonia religio-sa. Cuando la gente lo abordó y le exigió mostrar las ilegales filmacio-nes y borrarlas, él negó, en forma atrevida, que estuviera filmando. En un momento, el oficial ofreció mos-trar la cámara para que fuera exami-nada, pero luego se negó a ello. En todos estos años ha sido rutinario el

que la fuerza pública niegue haber cometido los crímenes que ha cometido, pero esta vez el oficial GONZÁLEZ lo hizo ante numerosos testigos que acaba-ban de observar su comportamiento. Junto a él estaba otro hombre en traje civil, quien también filmó y todo muestra que estaba integrado a la inteligen-cia militar. [Foto: el oficial González con su cámara de prácticas ilegales].

• El sábado 22 de abril de 2011, hacia las 11:00 horas, un bloque de pa-ramilitares llegó a los límites entre las veredas Murmullo y Alto Joaquín, ésta última integrante de nuestra Comunidad de Paz, en el municipio de Tierralta. Allí han hecho permanencia constante ejerciendo un control asfixiante sobre la población civil, de todo lo cual ha estado informado minuciosamente el Se-ñor Presidente Santos, sus Ministros y altos funcionarios de su Gobierno, quie-nes han avalado con sus omisiones dicha presencia y accionar paramilitares. En la última semana, el grupo ilegal ha reiterado sus anuncios de exterminio de la Comunidad de Paz y de sus líderes y han obligado a las poblaciones so-metidas por ellos a realizar trabajos bajo su control. Además están colocando vigilantes de su organización en cada asentamiento.

• Durante los últimos días han continuado las llamadas amenazantes del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, quien fuera protegido por la Brigada XVII el pasado 20 de marzo y llevado a vivir en sus instalaciones, cuando ya las deu-das que tenía con numerosos pobladores del caserío de San José, calculadas en 60 millones, habían creado un ambiente de hostilidad hacia él en forma creciente. Muchos pobladores del caserío de San José, quienes no pertenecen a nuestra Comunidad de Paz, han acudido a nosotros para que les ayudemos a denunciar la enorme corrupción que afecta a la fuerza pública y al Estado

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en general, al proteger a un delincuente de esa categoría, a quien además acusan de haberse robado el dinero de un Premio que la empresa PILSEN le entregó al corregimiento, calculado en 40 millones. El paramilitar Robinson Gómez, para acallar a muchos de sus deudores, ha decidido acusarlos de ser colaboradores de la guerrilla para intimidarlos e impedir que le sigan exigien-do el pago de sus deudas, para lo cual ha contado con el apoyo del Ejército y de algunos miembros de la Fiscalía, ya muy acostumbrados a este tipo de montajes. Es de anotar, también, que dicho paramilitar, con el apoyo de algu-nos líderes comunales de San José y de la fuerza pública, había violado las ce-rraduras del inmueble La Bodega, de la Comunidad de Paz y había montado allí un negocio de carnicería, pisoteando todos los principios de las Naciones Unidas sobre los bienes de los desplazados.

Todos estos hechos están revelando la profunda corrupción que padecen las instituciones del Estado que se revuelcan en su propia podredumbre. Al dejar esta nueva constancia pública, reiteramos nuestra identificación total con los principios que hemos defendido, uno de los cuales se refiere justamente a no transigir con la injusticia y la impunidad.

Agradecemos a todas las personas, grupos y comunidades que nos apoyan, tanto en Colombia como en muchas otras partes del mundo, la difusión de es-tas denuncias y su solidaridad permanente con nosotros.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 25 de 2011

27 de abril de 2011

¿Hasta dónde llegará esta persecución?

En los últimos dos meses, casi cada semana nos hemos visto obligados a de-jar constancias históricas ante el país y el mundo sobre el recrudecimiento de la persecución contra nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra la población civil campesina que habita en nuestro entorno. La Fuerza Pública y los paramilitares actúan de manera cada vez más atrevida y coordi-nada; el poder judicial y demás órganos de control del Estado guardan silen-cio y miran para otro lado; la Defensoría desactiva sus teléfonos. La historia tendrá que juzgar algún día toda su pasividad y complicidad como los avales más eficaces a los crímenes. Nosotros continuamos creyendo en nuestros principios y sabemos que mucha gente en el mundo está a nuestro lado con

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un firme respaldo moral a pesar de la impotencia. Creemos que todo el mun-do debe conocer los hechos concretos que día a día expanden este tejido de horror y de ignominia:

• El lunes 25 de abril de 2011, a las 17:30 horas, al sitio llamado Cara-colí, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, donde hace tiem-po opera un retén del Ejército, llegaron dos motocicletas con dos hombres ar-mados en cada una de ellas, se identificaron como paramilitares y les pidie-ron a los allí presentes información sobre las personas que estaban en una lis-ta, quienes serían asesinadas próximamente. Al leer públicamente la lista, ésta incluía a miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, acom-pañantes de la misma y personas muy conocidas en el caserío de San José o en veredas del entorno. Según se informó a la Comunidad, en la lista estaban incluidos JESÚS EMILIO TUBERQUIA, Representante Legal de la Comunidad de Paz; EDUAR LANCHERO, acompañante de la misma; RIGOBERTO GARCÍA, po-blador y comerciante del caserío de San José, y ELKIN MONTOYA Y RAMON GUERRA, pobladores de la zona rural. No es la primera vez que Jesús Emilio y Eduar son amenazados; ya han escapado a múltiples atentados y esto se sabe con detalles en la Presidencia de la República, en varios Ministerios y en los organismos de control del Estado, como también saben que quienes han intentado asesinarlos son agentes directos e indirectos del Estado cuyos nom-bres los tienen en sus manos desde hace mucho tiempo y han desoído los cla-mores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organis-mos internacionales para que se proteja a estas víctimas. Es muy significativo que el sitio donde se leyó la lista de quienes van a ser asesinados, sea un puesto de control del Ejército, aunque esto sólo reconfirma una vez más la es-trecha unidad de acción entre militares y paramilitares que ha operado en los últimos 14 años. Es también muy significativo el hecho de que poco antes de llegar allí los paramilitares, los militares requisaron arbitrariamente al Repre-sentante Legal de la Comunidad, Jesús Emilio Tuberquia, quien subía con acompañantes internacionales. Los militares no dieron ninguna explicación coherente sobre dicha requisa que se evidenciaba como un nuevo hostiga-miento arbitrario, y se enfurecieron cuando se les hizo ver que su presencia allí y sus requisas no constituían ninguna protección para la población, toda vez que en los últimos días han asesinado a varias personas en la carretera, en hechos que revelan complicidad de la fuerza pública, dejando la sensación de que los criminales tienen libertad de desplazamientos sin ser molestados, mientras la población civil honesta y los integrantes de la Comunidad de Paz son estigmatizados con la sospecha o presunción de ilegalidad que todas es-tas requisas deshonrosas implican como afrenta y humillación.

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• El martes 26 de abril de 2011, a las 7:00 horas, en la vereda Murmu-llo, del municipio de Tierralta, aledaña a nuestro asentamiento de ALTO JO-AQUÍN, los paramilitares que tienen una enorme base tolerada y apoyada por la fuerza pública en el corregimiento de BATATA, reunieron a la población y nuevamente les anunciaron que van a exterminar la Comunidad de Paz.

• El mismo martes 26 de abril de 2011, en horas de la mañana, varios medios masivos de comunicación transmitieron una intervención del paramili-tar ROBINSON GÓMEZ, quien desde el pasado 20 de marzo es protegido por el Ejército en la Brigada XVII y aliado allí con alias “SAMIR”, desertor de la FARC y protegido también ilegalmente por el Ejército en la Brigada desde no-viembre de 2008, para atacar y difamar de múltiples formas a la Comunidad de Paz. En su intervención, Robinson Gómez les anunció a sus acreedores, a quienes durante mucho tiempo les había comprado ganado sin pagarles, que finalmente les va a pagar con el producto de la venta de una finca que se pro-pone vender. Dicha finca es de la Comunidad de Paz y en ella ha ejercido do-minio y posesión desde hace catorce años. En 1997 era un terreno abandona-do y la Alcaldía de entonces, en presencia de representantes de la Iglesia lo-cal, la entregó a los numerosos desplazados con los cuales se conformó la Co-munidad de Paz.

• El mismo martes 26 de abril de 2011, a las 14:00 horas hasta las 15:00 horas, se dieron combates armados entre Militares y la Guerrilla en la vereda Bellavista del Corregimiento de San José. Hace ya tiempo que se repi-ten combates armados en zonas donde hay viviendas de población civil, de-jando a ésta en medio del fuego cruzado, lo cual constituye una flagrante in-fracción del Derecho Internacional Humanitario.

Todos estos hechos revelan la situación de hostigamiento, amenaza y perse-cución a que es sometida nuestra Comunidad de Paz y la población civil de nuestro entorno. Apelamos nuevamente a la solidaridad internacional para que se le exija al Gobierno detener esta barbarie y que entregue a tribunales internacionales a los responsables de todos estos crímenes, ya que las institu-ciones del Estado sólo se cruzan de brazos ante la ignominia. Frente a todo esto, nuestros principios siguen incólumes, pues la intensidad de la muerte nos impulsa a crear más y más vida.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

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Abril 27 de 2011

4 de mayo de 2011

El Gobierno sigue empeñado en exterminarnos

Continuamos dejando constancias ante el país y ante el mundo, pues cada semana las agresiones contra nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se están multiplicando. El Estado, en sus diversas instituciones, a los ojos de algunos se muestra cada vez más sordo y ciego a los clamores de las víctimas; a los ojos de otros refina su represión en estrecha unidad de acción con los paramilitares y las bandas que hace aparecer como delincuentes comunes. El resultado es el mismo: sus planes de exterminio de la Comunidad de Paz avanzan con la misma perversidad que han demostrado desde hace catorce años. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, seguimos creyendo en la Vida mientras nos vemos asediados por la Muerte. La memoria de nuestras víctimas camina con nosotros como energía inconmovible de resistencia. Sabemos que ante tanta muerte la esperanza de la vida pareciera hundirse, pero no es así; por el contrario, cobra más fuerza. En diversas partes del mundo esta fuerza de paz y de resistencia civil se hace más firme que nunca. A esos militantes de la paz y de la justicia van nuestras constancias; a aquellos que poseen esa inquebrantable fortaleza y que se identifican con la energía de la Vida y de la Justicia.

El miércoles 27 de abril de 2011, hacia las 11:00 horas, tropas del Ejército Nacional le destruyeron una hectárea de arroz a ARSENIO DÍAZ, en la vereda Mulatos-Cabecera. De igual forma están utilizando su finca como helipuerto, sin pedirle autorización, destruyendo así otras cosechas que son bienes de supervivencia de su familia, en abierta infracción al Derecho Internacional Humanitario.

El viernes 29 de abril de 2011, hacia las 6:30 horas, fue asesinado en la vereda Mulatos/ Cabecera el joven MANUEL DE JESÚS MORA, de 18 años. Se encontraba en su casa, cuando los vecinos escucharon tiros de fusil y al acercarse a inspeccionar lo encontraron muerto de dos tiros de arma larga. Manuel había aparecido en las listas de personas en la mira que los paramilitares habían leído el 25 de abril en la vereda Caracolí, lugar habitual de presencia del Ejército. También el día anterior se había presentado en su

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casa, hacia las 8:00 horas, un hombre encapuchado quien se alejó momentos después sin decir nada. De igual forma, miembros del Ejército Nacional habían preguntado esa semana por él y en el momento del asesinato se encontraban acampando a unos 300 metros de la casa de Manuel. La comunidad ayudó a la madre de Manuel a llevarlo a su casa y velarlo allí, donde fue sepultado el sábado 30 de abril. Nuestra mayor solidaridad con su familia.

El sábado 30 de abril y el domingo 1° de mayo de 2011, en horas de la mañana, se presentaron combates en las veredas Arenas y Bellavista, causando gran terror en la población civil que habita en esos asentamientos. También en la carretera que conduce de Apartadó a San José se escuchó un gran estruendo y los medios de comunicación informaron que se trataba de una bomba contra un camión del Ejército. Esto evidencia una vez más la agudización del conflicto y a nadie se le oculta que la presencia enorme de tropas y la construcción de un búnker para la Policía en medio de la población civil, en contra de lo ordenado por la Corte Constitucional, sumado a la presencia de al menos seis enormes bases paramilitares en la zona, atrae también a otros actores armados y pone en alto riesgo la vida y la integridad de toda la población civil del entorno.

El domingo 1° de mayo de 2011, hacia las 8:00 horas, fue detenido por miembros del Ejército, en la vereda Arenas Altas, ELIÉCER GUZMÁN, integrante de nuestra Comunidad de Paz y en otro tiempo miembro de nuestro Consejo Interno. Los militares lo insultaron; le dijeron que era un guerrillero y que esa h. p. comunidad de paz era guerrillera. Luego de someterlo a afrentas, le dijeron que donde lo volvieran a ver lo matarían.

El lunes 2 de mayo de 2011, hacia las 16:00 horas, cuatro miembros de nuestra comunidad fueron empadronados por tropas del Ejército en el sitio conocido como Chontalito, entre San Josesito y Mulatos, en flagrantes violación de lo preceptuado por la Corte Constitucional. Allí les tomaron fotos y los colocaron frente a un encapuchado a quien los militares le preguntaban por cada uno y él respondía haciendo con la cabeza signos negativos, luego de lo cual los dejaron en libertad.

Nos asiste la convicción de que mucha gente, en muchas zonas del mundo, está caminando con nosotros solidariamente en una resistencia espiritual frente a toda esta barbarie, apostándole a la Vida contra la Muerte, animándonos a construir espacios distintos a los de la guerra; desde la paz; desde la no violencia; como forma esencial de crear solidaridad y transparencia y por ende un mundo real de Justicia y de Vida.

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Mayo 4 de 2011

10 de mayo de 2011

Siguen insistiendo en masacrarnos

El Gobierno, los organismos de control, las instituciones que dicen velar por la seguridad ciudadana, siguen sordos a todos nuestros clamores o hacen causa común con los criminales que se pasean por nuestros territorios. Estos no ce-san de anunciar, en forma permanente, que van a exterminar nuestra Comu-nidad de Paz; que nos van a masacrar. Entre tanto ya han ejecutado a varios vecinos nuestros. ¿Pretenden que renunciemos a nuestros principios? No lo lograrán. Estamos comprometidos en una construcción de la paz en el día a día; impulsando formas de solidaridad y de respeto por el otro. Seguiremos dejando constancias ante el país y el mundo de los intentos de acabarnos. Sa-bemos que no estamos solos.

• El jueves 5 de mayo de 2011, hacia las 10:00 horas, los paramilitares que hacen presencia allí sin que el Gobierno haya querido mover un dedo para desterrarlos o someterlos a la ley, reunieron a los pobladores de la vere-da MURMULLO, de Tierralta, Córdoba, aledaña a varios de nuestros asenta-mientos. El paramilitar que dice llamarse JAIRO BRAVO llevó a dicha reunión una lista en la cual incluía a varios miembros de la Comunidad de Paz. Según él, si la gente señalada no abandona la zona, habrá una masacre. Afirmaron que no van a permitir que la Comunidad de Paz se mantenga en la zona.

• El sábado 7 de mayo de 2011, hacia las 9:00 horas, un paramilitar en Tierralta se acercó a un miembro de nuestra Comunidad de Paz y le dijo que debía abandonar la zona porque ellos están preparando una masacre contra la Comunidad; que se lo advertía para que no muriera tanta gente; que la misma empresa de la represa de Urrá había pagado ya un dinero para que expulsaran a la gente y tenían que cumplirle.

• El domingo 8 de mayo de 2011 se desplazaron de la vereda Alto Jo-aquín y de otras veredas cercanas, cinco familias que no pertenecen a nues-tra Comunidad de Paz, presionadas por las amenazas que están haciendo de

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manera persistente los paramilitares de realizar una masacre. Otras familias de la zona también están buscando cómo salir.

La historia de quince años nos muestra que los ejecutores de la muerte han tenido sus manos libres para actuar. Su sed de exterminar la Vida parece in-saciable. Nosotros no podemos renunciar a nuestros valores; a la defensa de la Vida y de la Tierra; a lo que hemos creído y construido durante todos estos años, ni a la memoria de nuestras víctimas. Esa memoria nos fortalece y nos empuja siempre a continuar en esta alternativa a la guerra. Por eso no nos vamos ni abandonamos nuestros principios. Agradecemos a todos los que nos siguen acompañando en fidelidad incondicional a la Vida.

Comunidad de Paz de San José de ApartadóMayo 10 de 2011

16 de mayo de 2011

Más muertes anunciadas

La maquinaria de muerte que se ha montado en torno nuestro desde hace quince años, ha estado especialmente activa en los últimos meses y sema-nas. El Presidente, el Vicepresidente, los ministros, los organismos de control, la fuerza pública y todo el aparato administrativo regional y local, siguen afe-rrados a su “ceguera” y “sordera” voluntarias, pero cargando progresivamen-te con la responsabilidad de más y más crímenes que son silenciados por los medios masivos de información y por ello se creen exonerados de culpa.

• El miércoles 11 de mayo de 2011, a las 16:00 horas, en el sitio conoci-do como La Antena, a quince minutos del asentamiento de San Josesito, fue ejecutado JOHN KENNEDY HIGUITA RAMÍREZ, como acto final de una persecu-ción de varios años perpetrada por militares, policías, paramilitares y fiscales.

En 2006 le hicieron el primer montaje por “rebelión” y lo tuvieron que dejar en libertad a los 6 meses por inconsistencia del proceso. Violando el principio de “non bis in idem” (no dos veces en lo mismo), la Fiscal 51 de Medellín, Fa-biola Mejía Muñetón, volvió a ordenar su captura en abril de 2007, esta vez por una afirmación sin prueba alguna hecha por un paramilitar pagado y

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como evidente castigo por haber denunciado al Estado ante la Corte Penal In-ternacional, en compañía de otras víctimas, luego de aparecer en una lista de personas para matar, exhibida por el paramilitar Elkin Tuberquia Tuber-quia, quien trabajaba al servicio del Coronel Néstor Iván Duque López, enton-ces Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII. Sólo cuan-do un abogado anunció que demandaría a la Fiscal por su conducta antijurídi-ca, ella lo dejó en libertad tres días después.

En septiembre de 2010, la Fiscalía volvió a violar el principio “non bis in idem” y lo citó nuevamente a indagatoria, siendo conducido antes a la Brigada (con-tra lo ordenado por al Corte Constitucional) y a un hospital. Esta vez se apo-yaron en las falsas e insostenibles denuncias de una “desmovilizada” conse-guida por la Brigada XVII, apodada “Gisela”. En esta última ocasión los cuatro sindicados, en varios de los cuales se estaba violando nuevamente el princi-pio “non bis in idem”, sospecharon algo demasiado perverso y pidieron acom-pañamiento a la Defensoría del Pueblo, la cual se los negó. Al salir de las in-dagatorias ya de noche, varios de ellos tuvieron que regresar a pie al corregi-miento de San José y fueron atacados a bala desde la oscuridad al pasar por el tradicional nido del paramilitarismo conocido como “Tierra Amarilla”. Las sospechan sobre este atentado se dirigen necesariamente hacia la articula-ción entre la Brigada XVII y la Fiscalía, con omisión culpable de la Defensoría. John Kennedy se escapó esa noche por buscar otras formas más discretas de regresar a su finca, pues el día anterior a dicha indagatoria, unos soldados con otros hombres sospechosos que andaban “buscando trabajo”, armaron una balacera junto a su casa.

De allí en adelante, los miembros del Ejército lo señalaron muchas veces ante pobladores de la zona como supuesto “guerrillero” y por eso él temía que lo iban a asesinar. Además, los dos últimos personajes que la Brigada XVII ha cooptado para acusar a quien ellos quieran, como pago de prebendas y pro-tecciones: alias “Zamir” (desertor de las FARC) y Robinson Gómez (paramili-tar también protegido por la Brigada), lo habían amenazado recientemente. Meses antes, también había recibido amenazas de muerte de la guerrilla.

Todo esto le hizo sospechar que las instituciones del Estado y sus aliados pa-ramilitares estaban buscando intensamente su muerte y así se lo expresó a varios miembros de la Comunidad de Paz y a una Comisión Nacional que visi-tó recientemente la Comunidad de Paz. Su muerte es, pues, una muerte anunciada y largamente planificada.

John Kennedy fue asesinado en la tarde del miércoles 11 de mayo cuando sa-lió de su casa a reunirse con algunos vecinos para jugar fútbol. En el camino lo asesinaron pero nadie conocido presenció el momento mismo del asesina-to. Al día siguiente encontraron su cuerpo sin vida y con claras huellas de tor-tura. Aunque no era integrante de nuestra Comunidad de Paz, su familia pidió que se le enterrara en la Comunidad. Su cuerpo fue recogido por la Comuni-

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dad y acogido en nuestro camposanto. Él había acudido muchas veces a no-sotros para compartirnos sus angustias y temores y cuando apareció en la lis-ta de condenados a muerte, le solicitamos a la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos que le exigiera al Gobierno respetar su vida y las de los demás que figuraban en la lista.

Todo muestra, nuevamente, que se trata de un Crimen de Estado. La misma insensibilidad del Gobierno ante todas las peticiones elevadas en los últimos meses y semanas, evidencia un apoyo tácito al plan de exterminio que avan-za imperturbable. Están masacrando a mucha gente de nuestro entorno y que ha pedido protección y ayuda a nuestra Comunidad de Paz. Seguramente quieren desestimular todas nuestras iniciativas de paz y nuestra resistencia. Sin embargo, seguimos convencidos de que el único sendero válido para construir paz es seguir consolidando alternativas de solidaridad y de no vio-lencia. La memoria de tanta gente que sigue derramando su sangre en este caminar, nos afianza más en la afirmación de la Vida y de la Paz.

Comunidad de Paz de San José de ApartadóMayo 16 de 2011

2 de Junio de 2011

Nos seguimos oponiendo a las prácticas sistemáticas

de muerte y de injusticia en nuestro entorno

En nuestra búsqueda por generar un mundo alternativo queremos ser cohe-rentes con la vida; por ello consideramos como una obligación moral y ética dejarconstancias de todas las injusticias o acciones de muerte que ocurren en lazona donde estamos incrustados, contra el campesinado de nuestro entorno.Así, pues, dejamos constancia de los últimos crímenes perpetrados a nuestroalrededor: · *El miércoles 1 de junio de 2011, hacia las 17:00 horas, en el barrio Al-fonso López fue detenido por dos hombres el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó hacia San José, se presentaron como autodefensas, es-taban en una moto y portaban armas cortas, tomaron fotos a la gente que ve-

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nía en el carro, entre los pasajeros se encontraban dos miembros de nuestra comunidad. Luego de ello le dijeron al conductor del carro que siguiera ·

El jueves 26 de mayo de 2011, hacia las 6:00 horas, en la vereda Caracolí, fue asesinado RAMON FRANCO VAQUERO. Tres hombres vestidos de unifor-mes camuflados y con armas largas llegaron a su casa, lo llamaron a la puer-ta, y cuando salió lo asesinaron. Su casa se encuentra a 200 metros del reten permanente del Ejército. * Damos a conocer la carta enviada a la Procuraduría por un campesino veci-no nuestro, arbitrariamente detenido y víctima de montajes, que muestra con claridad la forma en que la fuerza pública trata a la gente de la zona y la for-ma como procede un aparato judicial que está profundamente corrompido: SeñoresPROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓNE. S. D.

- *Referencia: *Denuncia GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 8.321.374, por medio del presente escrito quiero po-ner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación una serie de he-chos que nos afectan a mi familia y a mí, con el propósito que intervengan para garantizar nuestros derechos fundamentales, conforme a lo siguiente

*HECHOS* *PRIMERO. Soy un campesino de 31 años, residente en la vereda La Victoria del Corregimiento de San José de Apartado, municipio de Apartadó. Mi familia está conformada por mi compañera permanente y nuestras tres niñas de 8, 6 y 5 años. *SEGUNDO.* El 24 de junio de 2010 fui privado de la libertad mediante una orden de captura sustentada en un montaje realizado por los miembros del Departamento de Policía Urabá, principalmente por el Subintendente RAFAEL ANTONIO RAVELES SOLANO, quien mediante un “informe de inteligencia” se-ñaló que una fuente humana anónima de su entera confianza, luego de obser-var las imágenes de las cámaras de seguridad del Almacén El Rey de la Moda, le había informado que GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO era la persona que había colocado un artefacto explosivo en dicho establecimiento, ubicado en el casco urbano del municipio de Apartadó, el día 11 de junio de 2010.

*TERCERO.* El día de mi captura fui presentado por diversos medios de co-municación locales, nacionales, televisión por cable e Internet como el terro-

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rista que había colocado la bomba que causó la muerte a una persona y dejó gravemente heridas a diecisiete (17) más. *CUARTO.* Pese a que desde el inicio de la investigación la Policía de Urabá tuvo acceso a los registros videográficos de las cámaras de seguridad del al-macén, donde a simple vista se podían apreciar diferencias muy claras entre la persona que aparecía en los videos como quien colocó el artefacto explosi-vo y yo, entre otras el largo del cabello que era muy evidente y el color de piel; la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Fiscal 39 Especializado SERGIO YEPES MARTÍNEZ, me acusó por los delitos de terrorismo, homicidio y lesiones personales y me llevó a juicio. *QUINTO.* En desarrollo del juicio oral, se presentó a solicitud de la defensa un estudio morfológico de cotejo video-gráfico, por MARIO LEÓN ARTUNDUA-DA, reconocido morfólogo forense, quien concluyó que sin lugar a dudas se trataba de personas completamente diferentes. *SEXTO.* Pese a que el juicio culminó el 1 de febrero de 2011 con sentencia absolutoria, luego de demostrarse que se trataba de un típico FALSO POSITI-VO; el Fiscal 39 Especializado SERGIO YEPES MARTÍNEZ, no satisfecho con to-dos los perjuicios que nos había causado a mi grupo familiar y a mí, en la au-diencia pública, a la cual asistieron muchas personas, hizo las siguientes afir-maciones: *Apartadó, población que ha sido víctima de muchos atentados señoría y muy casualmente señoría por personas que todas son residentes en San José de Apartado, es una vereda donde infortunadamente la mayoría de las personas que tienen algún vínculo con la guerrilla, en este caso del Frente V de las FARC, generalmente residen en esta vereda donde casual y fatalmente reside el señor GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO. (Archivo de audio:* * 05001600020620102910000_050003107002_0, minuto 22:23 a 22:51)*

*Uno podría decir, y esto lo digo con mucho respeto, que una persona tan hu-milde, de un lugar tan lejano y un lugar tan abandonado de pronto, ya es una sensación, cómo hace una persona para ejercer un acto de estos y luego es-tar rodeado de tantas garantías desde el punto de vista defensivo, y sigue siendo una especulación, cómo un humilde campesino desarraigado si se quiere, que viven en techos de paja y de cartón y de bareque cómo hace para solventar una defensa y pagar un perito tan costoso, y son situaciones que no las podemos dejar al plano de la objetividad, son situaciones que quedan flo-tando en el ambiente, pero son coincidencias fatales su señoría (Archivo de audio: 05001600020620102910000_050003107002_0, minuto 23:21 a 24:09)*

Afirmaciones que no son de recibo después de que el mismo funcionario soli-citó absolución, pero que muestran que el trabajo de la Fiscalía General de la

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Nación, en cabeza del Fiscal 39 Especializado, no estaba encaminado a inves-tigar los hechos y evitar que un crimen tan grave quedara en la impunidad, sino a mostrar una resultado positivo a cualquier precio. Pero, ante la contun-dencia de la prueba pericial, sabiendo que mi absolución era inminente, se dedicó de manera irresponsable a lanzar falsas acusaciones no solo en contra mía sino de todos quienes habitamos en el corregimiento de San José de Apartadó.

Como puede verse, esta denuncia pone al desnudo, una vez más, la podre-dumbre de la “justicia” en Urabá y en Colombia. No sólo se hace caso omiso de cualquier rectitud probatoria y se pisotean todos los principios del Debido Proceso contemplados en los Códigos internos e internacionales, sino que, frente a la contundencia del montaje, se recurre a estigmatizar a la población de la zona mediante calumnias infames y a intentar descalificar la misma de-fensa por tratarse de víctimas pobres, las cuales, según el Fiscal, no deberían tener recursos para defenderse y si lo hacen, quizás endeudándose de por vida, eso ya los hace “sospechosos” para él y le da pie para insinuar nuevas acusaciones infames. Nuestra Comunidad ha desnudado multitud de veces este tipo de falsa justi-cia putrefacta y le ha suplicado a todas las altas Cortes del Estado mediante Derechos de Petición (enero de 2009) que declare un *estado de cosas in-constitucional* en Urabá y someta a examen el desempeño tan corrupto de fuerza pública (usurpadora del poder judicial), fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores. No han querido hacerlo y la “justicia” sigue acu-mulando podredumbres, ayudada por los medios masivos de “información” que se gozan todos los días arruinando la vida de los pobres mediante infa-mes calumnias y no son capaces de rectificar ni siquiera cuando una “justicia” tan perversa se ve obligada a absolver. Esta situación nos reafirma en las convicciones de seguir buscando espacios en medio de esta confrontación armada desde la conciencia firme de una re-sistencia civil que genera paz desde la solidaridad y desde una vida en con-tra-vía a esa lógica de muerte que buscan imponernos.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 2 de 2011

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19 de junio de 2011

UN GOBIERNO QUE MIENTE, DICE DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS

Y BUSCA EXTERMINARNOS

Ante la negativa del Ministerio del Interior frente a las cuatro peticiones para la restitución de la interlocución con las medidas provisionales de la Corte, se le suman nuevas acciones en contra de la Comunidad, que son indudablemente auspiciadas desde la Brigada XVII. A pesar de tantos hechos, no se toma ninguna acción; sólo se quedan en papeles y papeles de recibido y argumentaciones tan sin fundamento que dan solo rabia ante tanto descaro y desfachatez

Un gobierno que habla de diálogo, de derechos humanos, pero mantiene una realidad totalmente distinta. Se distorsiona lo que realmente sucede en la realidad, dejando las estructuras paramilitares más vivas que nunca y en unidad de acción con la fuerza pública.

- El miércoles 8 de junio de 2011, entre las 10 y 11 horas, alias “Samir” llamó a varias personas de la comunidad diciéndoles que trabajaran para él. Decía que era delegado de la Brigada para esos trabajos que buscaban destruir la Comunidad; que además, siendo gente de la Comunidad, iban a brindarle información cercana, pues el objetivo es acabar con esa Comunidad. También manifestó que existían personas que ya trabajaban con él brindándole información; decía conocer todos los movimientos y lo que se decía en la comunidad. Las personas le dieron su negativa y le colgaron.

- El viernes 10 de junio de 2011, hacia las 17 horas, paramilitares provenientes de Batata hicieron presencia en la vereda Murmullo; allí dijeron que estaban muy atentos a todo y que iban a evitar que la Comunidad de Paz siguiera en la zona; que esperaban que bajara la presión y “comenzarían a actuar con esa h.p comunidad guerrillera”. Dijeron que el otro problema era que la gente era sapa y comentaban lo que ellos hacían; por ello estaba prohibido hablar con gente de la Comunidad de Paz.

Son evidentes las relaciones; las búsquedas por acabarnos; y detrás de ello se encuentra la Brigada XVII que ha orquestado todo tipo de acciones y es evidente, con lo de alias “Samir”, que sólo ha buscado acabarnos sin que se haga absolutamente nada, amparado por la Brigada XVII para seguir delinquiendo y con total impunidad, de la misma forma que el actuar paramilitar sigue campante por toda la zona.

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Pedimos la solidaridad nacional para exigirle al Estado acciones claras y contundentes en respeto de la Comunidad, que vayan más allá del papel y de los discursos que evaden la responsabilidad de su accionar.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 19 de 2011

21 de junio de 2011

Que siga quedando memoria

del horror y del descaro

No podemos negar que, como cualquier ser humano, sentimos impotencia e indignación al registrar, semana tras semana, los hechos de muerte y los proyectos de exterminio que se afirman contra nuestra Comunidad de Paz, sin que nuestros justos clamores sean escuchados por ninguna autoridad, a pesar de que los paramilitares demuestran, cada vez con mayor audacia y descaro, que tienen el poder y que son respaldados y protegidos por todas las instituciones del Estado, unas coordinando con ellos las acciones más criminales; otras volviendo la cara para otro lado para no darse por enteradas de lo que ocurre.

Seguimos creyendo que lo mínimo que podemos hacer es dejar constancia de toda esta barbarie, pues la humanidad no soporta por siempre lo que la destruye y llega a momentos de indignación universal en que enjuicia a quienes la hacen avergonzar de sí misma, construyendo instrumentos de justicia universal. Toda esta barbarie rompe el corazón y desgarra el alma de cualquiera que se identifique con la más elemental ética de la Vida.

Hoy registramos ante el país y el mundo estos nuevos horrores:

• El jueves 16 de junio de 2011, hacia las 13:00 horas, en el sitio conocido como La Platanera, sobre la vía que de Apartadó conduce a San José, fue detenido por dos hombres armados que se identificaron como paramilitares el vehículo de servicio público que bajaba de San José a Apartadó y obligaron a descender del mismo a JORGE PESTANA BELLO y a JAVIER TORRES. Luego los hicieron entrar a la platanera y allí asesinaron a JORGE, a 100 metros del retén de la Policía. Luego subieron a JAVIER en un carro y lo llevaron a una vivienda rural en el municipio de Carepa, pasando por

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retenes del Ejército y de la Policía sin ser inspeccionados. En esa casa lo desnudaron y lo sometieron a diversas formas de tortura mientras lo interrogaban. Le preguntaban por un hermano suyo y por otras personas a quienes tenían en una lista para matar. Permaneció desnudo y bajo torturas desde el 16 hasta el 19 de junio, cuando lo dejaron libre hacia las 15:00 horas, advirtiéndole que si abría la boca para denunciar lo ocurrido, lo matarían a él y a su familia. El domingo 19, hacia las 11:00 horas, un paramilitar en moto y armado llegó a la vereda Caracolí, donde hay un retén del Ejército, buscó a la familia de Javier y les comunicó que ellos, los paramilitares, tenían en su poder a Javier y para que le creyeran, los comunicó con él por celular, pues aún se hallaba en su poder. Les dijo que para salvar a Javier debían revelar el paradero de otras personas que necesitaban; que, además, debían comunicarle a las personas que están en las listas de gente para asesinar, listas que ellos han leído públicamente en las últimas semanas, que pronto van a correr la misma suerte de Jorge Pestana, y que no los van a matar en Caracolí con el fin de no involucrar al Ejército, sino en otros lugares. Luego el paramilitar se fue en su moto sin ser requisado en ningún puesto de control del Ejército ni de la Policía.

• El lunes 20 de junio de 2011, hacia las 10:00 horas, tropas del Ejército ingresaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda de La Resbalosa. Le dijeron a ABELARDO BERRÍO que tenía que venderles lo que ellos dijeran y colaborarles en lo que ellos pidieran; de lo contrario tendría que abandonar el territorio, pues lo iban a detener como “sospechoso por estar en esa vereda”. Abelardo les respondió que los miembros de la Comunidad de Paz no pueden colaborar con ningún actor armado y que esa vereda es su vereda y allí está su vivienda y por lo tanto él tiene que estar allí, como integrante de la Comunidad de Paz que es. Los militares le dijeron entonces que no podía denunciar lo ocurrido. Luego le robaron varias gallinas.

Estos hechos revelan la impotencia ante los poderes de muerte incrustados profundamente en el Estado y muestra cómo los victimarios actúan a sus anchas, no obstante todos nuestros clamores ante el Presidente Santos, ante los órganos de justicia, ante la Defensoría del Pueblo. Todos se han vuelto “ciegos” y “sordos” ante la barbarie que nos destruye. La fuerza moral de mucha gente en el mundo que nos acompaña con la solidaridad inquebrantable de su espíritu, nos anima a seguir haciendo de nuestros principios, sostenidos entre baños de sangre, una brizna de esperanza en una humanidad con dignidad.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 21 de 2011

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27 de junio de 2011

El régimen paramilitar es el que sigue imperan-do

Los agentes del Estado cada día se esconden más detrás de los paramilitares, pues éstos aparecen más en primer plano decidiendo quién se va y quién se queda; quién vive y quién muere. Son dueños del espacio; se mueven por donde quieren, pues andan de la mano con la fuerza pública y han hecho un pacto con los organismos de control para que cierren los ojos y se crucen de brazos frente a todo lo que ocurre. Vivimos en un verdadero régimen de terror, pero no nos so-meteremos a él, aún a costa de nuestras propias vidas. No aceptamos esa ho-rrenda sociedad y por ello continuamos afianzados en nuestros principios funda-dos en el valor sagrado de la Vida; en la no violencia y en el NO a los actores ar-mados; en la solidaridad, la justicia y la verdad. Desde ese mundo alternativo se-guimos dejando constancia ante el país y el mundo de los hechos que buscan destruirnos:

• El martes 21 de junio de 2011, hacia las 11:00 horas, el asentamiento de LAS CLARAS, integrante de nuestra Comunidad de Paz, quedó en me-dio de un combate entre el Ejército y la Guerrilla. GONZALO TORRES, quien se encontraba trabajando allí, corrió para escapar al fuego cruzado. Luego, cuando bajaba hacia San José, le reclamó al Ejército por haber dis-parado indiscriminadamente, pues si no hubiera corrido –les dijo- lo habrí-an matado, a lo cual los militares le respondieron que realmente la idea era matarlo, pues ahora la guerrilla anda de civil y tienen que dispararle a cualquiera.

• El jueves 23 de junio de 2011, hacia las 11:00 horas, La Señora FÉLIX MARÍA VILLA fue obligada a bajarse del vehículo de servicio público en que se desplazaba de Apartadó a San José, a la altura del sitio Tierra Amarilla, por dos hombres encapuchados que se movilizaban en moto y armados. Luego obligaron al conductor a seguir y a ella la dejaron y se la llevaron a la vereda Los Mandarinos, donde existe una base paramilitar, y la tuvieron amarrada en una casa hasta el día 24 a las 17:00 horas. Primero le dijeron que la iban a matar porque tenía SIDA, lo que ella negó rotundamente. Luego le dijeron que la iban a matar porque era guerrillera pero que antes tenía que decirles dónde encontrar a varias personas que tenían en una lista para matar, personas que ella no conocía. Luego le dijeron que la iban a dejar libre pero tendría que abandonar la zona en un plazo de cinco días. Cuando la dejaron libre, como era ya tarde, se fue a casa de unos fa-

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miliares en el barrio Policarpa de Apartadó; allí llegaron nuevamente los paramilitares y le repitieron que estaba condenada al destierro o la muer-te porque era una guerrillera, a lo cual ella les respondió que sólo vivía para su esposo y sus hijos, dedicada a trabajar. Luego pudo llegar al asen-tamiento de la Comunidad de Paz.

Ante el despacho del Señor Presidente de la República se ha denunciado multi-tud de veces el dominio paramilitar y su presencia permanente en sitios como Tierra Amarilla y en bases tan visibles como la de Los Mandarinos. El Señor Presi-dente debe responder por todos estos atropellos al no hacer absolutamente nada para garantizar los derechos ciudadanos, como se lo exige la Constitución, en zonas donde los paramilitares han actuado por décadas de la mano de la fuerza pública.

Reiteramos nuestro repudio a esta práctica criminal del Estado que desconoce los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como nuestra decisión de no someternos a su lógica asesina. Seguimos unidos a multitud de personas que en muchas partes del mundo nos acompañan en la defensa de la Vida.

Comunidad de Paz de San José de ApartadóJunio 27 de 2011

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Le ruego, Señor Presidente, responder dentro de los términos legales, a la si-guiente dirección: ________________________________________

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

CC:• Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 12325• Corte Penal Internacional – Exp. OTP-CR 266/07• Comisión Interamericana de Derechos Humanos• Corte Constitucional

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• Delegaciones diplomáticas de Estados donde existen provincias, conda-dos, municipalidades o comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

• Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos

ANEXOS:

• ANEXO 1: Copia del oficio OFI11-19188-GST-0243 del Ministerio del Interior y de Justicia, del 11 de mayo de 2011 – (3 folios)

• ANEXO 2: Copia de la respuesta al anterior oficio (9 folios)

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