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Audiencia Provincial de Segovia, Sección 1ª, Sentencia de 9
septiembre de 2010,
Ponente: Reyes Sainz de la Maza, Rafael de los.
Nº de Sentencia: 52/2010
Nº de Recurso: 53/2010
Jurisdicción: PENAL
Texto
En la ciudad de SEGOVIA, a nueve de Septiembre de dos mil
diez
La Audiencia Provincial de esta capital, integrada por los Ilmos.
Sres. D. Andrés Palomo del Arco, Presidente, D. Ignacio Pando
Echevarria y D. Rafael de los Reyes Sainz de la Maza,
Magistrados, han visto en segunda instancia la causa de
anotación del margen, procedentes del Juzgado de lo Penal de
Segovia, seguido por un presunto delito continuado de injurias a
cuerpos y fuerzas de seguridad en concurso ideal con dos
delitos de injurias y otro delito de injurias frente al acusado
Roberto , mayor de edad y cuyos demás datos y circunstancias
constan ya en la sentencia impugnada, representado por el
Procurador Sr. Galache Díez y asistido de la Letrado Sra.
Castro Fuentes, Marta, con la intervención del MINISTERIO
FISCAL, en representación de la acción pública, y como
acusación particular Agapito , mayor de edad y cuyos demás
datos y circunstancias constan ya en la sentencia impugnada,
representado por la Procuradora Sra. Pérez Muñoz y asistido
del Letrado Sr. Sáez Chillón, Dionisio, en virtud de recurso de
apelación interpuesto por acusado Roberto , como parte
apelante, y también como parte apelada EL MINISTERIO
FISCAL y la acusación particular Agapito , en el que ha sido
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Rafael de los Reyes Sainz de
la Maza.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal de Segovia, se dictó
sentencia con fecha de doce de abril de dos mil diez , que
declara los siguientes HECHOS PROBADOS: " Se declara
probado que el 7 de diciembre de 2006, el acusado Roberto ,
mayor de edad, con DNI NUM000 , sin antecedentes penales,
colocó por el interior de una cristalera situada en la parte
superior de la puerta del garaje sito en la calle Bruno Ortega nº
4 de la localidad de El Espinar, unas letras de gran tamaño
pegadas para que se leyeran desde exterior que ponían:
"ALKALDE & TTE. ALKALDE. VIOLADORES, BANANEROS,
COBARDES. POLICIA& G. CIVIL".
Al día siguiente el Cabo de la Guardia Civil con TIP nº NUM001
en averiguación de los hechos anteriores, se puso en contacto
telefónico con el acusado diciéndole éste que iba a haber más
carteles del mismo tipo y que, como hay libertad de expresión,
lo iba a dejar puesto en su sitio, relatándole además un suceso
anterior relacionado con una multa, afirmando que en aquel
caso la Guardia Civil realizó un parte "embustero, cobarde y
marrano", que se quejó a la Dirección General de la Guardia
Civil y se hizo "un simulacro de investigación" y que tuvo que
poner en su sitio a un cabo, un número, un suboficial, al TTe.
Coronel según creía, refiriéndose a un agente de la GC como
"sinvergüenza y borracho" y diciendo que se realizan
documentos falsos, y que Agapito el cabo de la PL "va
mintiendo".
El día 9 de diciembre el acusado modificó la inscripción situada
en la cristalera de la puerta del garaje, sustituyendo la anterior
por otra en la que se leía textualmente "PICOLETOS,
MIENTEN, AMENAZAN, FALSEAN DOCUMENTOS, NECIOS Y
COBARDES, QUE ASCO". Esta inscripción se mantuvo durante
los días 9 y 10 de diciembre, y la retiró el día 11. Sobre las
11:14 horas del día 10 de diciembre, el Cabo de la Guardia Civil
con NUM002 , en su condición de Secretario del atestado que
se estaba instruyendo con motivo de estos hechos, hablo con el
acusado para indicarle que se presentara en el cuartel para
tomarle declaración, y, a lo largo de la conversación el acusado
le dijo: "que está harto de la actitud chulesca de la Guardia
Civil", "que va a haber más carteles", "que la Guardia Civil había
cometido un abuso ilegal y cobarde" "que habían mentido y
falsificado" "que cuando le llama la guardia civil esta en una
actitud chulesca", "que los del Ayuntamiento son unos mafiosos
y unos corruptos", "que el cartel de la Guardia Civil era para
dentro de dos semanas, pero que lo adelanto por la llamada del
cabo".
El 12 de diciembre el acusado coloco en el mismo lugar una
nueva inscripción que decía "CABO JAVI, VIOLAS, MIENTES
ANTE EL JUEZ, Y AUN ASI PIERDES, PINOCHO", referida al
cabo de la Policía Local Agapito .
También el día 12 de diciembre el acusado remetió a través de
un buro fax, un escrito dirigido al Comandante del Puesto de la
Guardia Civil de El Espinar en el que se contienen las siguientes
expresiones: "No me dan miedo ni voy a dejar que sigan
estercolando con cobardía mis derechos", " de manera zafia
buscaron que no pareciere amenaza con el paupérrimo uso del
verbo invitar y solo produce pena su intentona", refiriéndose a
los Guardia Civiles como "individuos armados del grupo que ya
con anterioridad ha violado reiteradamente nuestra propiedad y
nuestros derechos", calificando la invitación a retirar los carteles
como "invitaciones de Corleone" añadiendo "No ofendo con
estos cartelitos -advertí a su cabo que habrá más- puesto que
no ofende quien llama mentiroso a unos mentirosos ...Uds. Con
total cobardía mintieron, violaron, agredieron, prestaron falso
testimonio a los jueces (quienes por cierto, me dieron la razón
desoyendo sus mentiras verdinegras) buena parte de los
miembros de ese Puesto me dirigen miradas retadoras y
chulanganas tratando de intimidarme (dígales que lo dejen.. solo
dan risa los pobrecines), colaboran en denuncias falsas y
asimismo denuncian mintiendo" y "¿Siguen los cabestros
difamándome al atribuirme un anónimo sobre la GC...?"
"Abandonen la connivencia con las nauseabundas
¿autoridades? de ese pueblo, ustedes y los que se han viento a
reír de nuestros derechos en y desde su Dirección General de
Guzmán el Bueno. Otros que tal bailan de apestosos y
cobardes" calificando de "mafiosa" a la Policía espinariega "ya
sabe denuncias falsas +pérdida de punto sy el carnet al carajo...
machotes valientes" terminando con la denominación de
"picoletos" y con la frase "ESTAMOS HARTOS DE SU
CHULERÍA ILEGAL, COBARDE Y DE ABUSONES DE PATIO
DE COLEGIO. De que nos violen, ¿enterados?".
SEGUNDO.- El fallo de dicha sentencia apelada literalmente
dice: "FALLO: Debo condenar y condeno al acusado, Roberto ,
como autor de un delito de injurias a Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del art. 504.2 del Código Penal en concurso ideal del
art. 77 con dos delitos de injurias de los arts. 208 y 209 del
mismo texto legal a la pena de 17 meses de multa con una
cuota diaria de 10 euros con la responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago. Y por otro delito de injurias
también de los arts. 208 y 209 del Código Penal a la pena de
multa de cuatro meses con una cuota diaria de 10 euros con la
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
El acusado indemnizará a Evelio , Julio y Agapito en la cantidad
de 1.000 euros a cada uno de ellos en concepto de daños
morales. Cantidades que devengarán el interés establecido en
la L.E.C.
Todo ello con imposición al acusado de las costas procesales,
sin inclusión de las de la acusación particular."
TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes y al
Ministerio Fiscal, por parte del acusado Roberto , representado
por el Procurador Sr. Galache Díez y asistido de la Letrado Dª.
Marta Castro Fuentes, se interpuso recurso de apelación contra
dicha resolución.
CUARTO.- Habiéndose tenido por interpuesto dicho recurso, se
dio traslado del mismo al resto de las partes, para evacuar el
trámite conferido para alegaciones, quien al hacerlo, impugnó el
citado recurso, EL MINISTERIO FISCAL y la acusación
particular Agapito , representado por la Procuradora Sra. Pérez
Muñoz y asistido del Letrado D. Dionisio Sáez Chillón, tras lo
cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
QUINTO.- Recibidos los autos en este Tribunal, registrados,
formado rollo y turnado de ponencia, se señaló para
Deliberación y Fallo del citado recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Formula la representación procesal de Roberto
recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Penal de Segovia en el Procedimiento Abreviado nº 487/09
, por la que se que se le condenaba como autor de un delito de
injurias a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del art.
504.2 del CP, en concurso ideal con dos delitos de injurias de
los arts. 208 y 209 del citado cuerpo legal, y como autor de otro
delito de injurias de los arts. 208 y 209 del CP , alegando los
siguientes motivos de impugnación:
1º) Indebida aplicación de los arts. 504.2, 208 y 209 del CP , por
desequilibrio con los hechos objeto de denuncia y falta de
prueba de los elementos del tipo; 2º) Falta de denuncia del
ofendido y por tanto del requisito de perseguibilidad exigido para
las injurias de los arts. 208 y 209 del CP en relación con D.
Evelio y D. Julio; 3º) Infracción por inaplicación del art. 20 de la
CE; y 4º) Falta de prueba de los elementos esenciales del tipo
imputado e infracción del art. 24 de la CE por inaplicación del
principio in dubio pro reo.
SEGUNDO: Aduce el recurrente al exponer el primer motivo de
impugnación, que si bien reconoció los hechos, sin embargo no
reconoció el ánimo de injuriar, sino el de criticar, aunque fuere
cáusticamente; que ni siquiera los propios ofendidos lo
manifestaron así; y que las expresiones manifestadas y
recogidas en Sentencia no son graves, de manera que siendo
aceptables incluso en medios radiofónicos, sin embargo para él
constituyen un delito; apunta que otros términos habitualmente
proferidos incluso a Fuerzas de Seguridad o políticos, no
encuentran reproche penal.
El motivo de impugnación debe ser desestimado en base a la
extensa y acertada argumentación contenida en la Sentencia
impugnada, que es plenamente compartida por esta Sala.
La doctrina jurisprudencial viene exigiendo para poder apreciar
la comisión del delito de injurias, la concurrencia de dos
requisitos o elementos: uno objetivo, comprensivo de las
expresiones proferidas o acciones ejecutadas en deshonra,
descrédito o menosprecio de otras personas, fácilmente
constatable por su objetividad; y otro de índole subjetivo o
intencional, que exige que las frases o actitudes hayan de
responder a un propósito específico de ofender, vilipendiar,
desacreditar, vejar, menospreciar al sujeto pasivo del mismo,
que es el denominado “animus iniuriandi”, configurador del
elemento subjetivo del tipo injusto.
Como expone el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación
del recurso, el Tribunal Supremo ha señalado que la diferencia
entre las injurias graves y las leves constitutivas de falta, - o
incluso de la inocuidad de las expresiones vertidas o proferidas,
- es circunstancial, correspondiendo al ponderado criterio
judicial trazar la línea delimitadora entre las mismas, atendiendo
al contenido de las expresiones y a las circunstancias de
personas, tiempo, de lugar, ocasión etc. (STS 22 May. 1991, 19
Feb. 1992, 21 May. 1996 , entre otras). Y en el supuesto de
autos, se comparte el criterio judicial que las calificó de graves,
al tener en cuenta la insultante significación de las mismas, su
reiteración y el daño susceptible de causar, en lo que
obviamente influyó el hecho de haber sido expuestas durante
varios días en una calle de una población pequeña. Por otra
parte, no consta que las expresiones expuestas por el acusado
en la cristalera de su garaje fueran consecuencia de una
retorsión, de modo que pudiera afectar a la gravedad de
aquéllas.
A esta Sala se le escapa qué otras expresiones dirigidas a
legítimos representantes democráticos de la localidad y a los
integrantes de la Policía Local o de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, - en este caso, la Guardia Civil, -
pudieran ser más ofensivas, teniendo en cuenta que se trata de
quienes deben velar y hacer respetar y cumplir las leyes y el
Ordenamiento jurídico en general. Al Alcalde, Teniente de
Alcalde y a la Policía y a la Guardia Civil se les tachó de
violadores, bananeros y cobardes; a los integrantes de este
último cuerpo además se les insultó utilizando el término
peyorativo de "picoletos", diciendo también de ellos que eran
mentirosos, amenazadores, falsificadores de documentos y
necios. Al Policía Local Agapito se le insultó también llamándole
violador y mentiroso, ridiculizándolo al aplicarle el apelativo de
"pinocho".
La expresión "bananero" es otro término peyorativo que hace
alusión al estereotipo de República bananera. Aplicado a un
país, lo define como políticamente inestable, empobrecido y
atrasado, fundamentalmente por el alto nivel de corrupción de
sus gobernantes - normalmente dictadores, - y de todos
aquellos otros servidores del régimen o cercanos al poder, en el
que la desobediencia de las leyes, las irregularidades, las
arbitrariedades y los sobornos a los que se somete a los
ciudadanos por parte de aquel círculo de poder, y en el que se
suele incluir al cuerpo policial y militar, es moneda habitual de
cambio y práctica corriente que afecta a todos los aspectos de
la vida cotidiana. Este término continúa siendo usado en
muchas ocasiones para describir de manera despectiva a
ciertos gobiernos. Desde luego aplicar tal adjetivo a las primeras
autoridades locales y a la Policía Local y a la Guardia Civil, no
puede ser más ofensiva, insultante o deshonrosa.
Lo mismo puede decirse del resto de las expresiones que se
expusieron en la cristalera del garaje del recurrente a la vista de
los vecinos. Y ante la evidencia y gravedad de los insultos, que
son objetivamente por sí mismos deshonrosos, difamantes y
desacreditadores de las personas o instituciones a las que se
dirigen, el ánimo de injuriar está ínsito en ellos y se deduce de
su propio sentido y contenido. Como la doctrina del Tribunal
Supremo ha tenido ocasión de precisar en numerosas
ocasiones (STS de 2 Dic. 1989, y 12 y 19 Feb. 1991, 28 Mar.
1995 , entre otras muchas) determinados vocablos o
expresiones por su propio sentido gramatical son tan claramente
insultantes o hirientes, que el ánimo específico se encuentra
ínsito en ellos, poniéndose al descubierto con su simple
manifestación, - lo que puede predicarse en el presente
supuesto ante las expresiones utilizadas por el acusado, - de
manera que corresponde a quien los utiliza acreditar que le
movía otro ánimo diferente al de injuriar.
No puede tomarse en consideración la alegación del recurrente
referente a que su actuación vino motivada por un ánimo de
criticar, y no de injuriar. Adujo en su escrito de defensa que todo
fue una crítica a la actuación, o más bien dicho, a la falta de
actuación de los agentes de la autoridad y de los responsables
del Ayuntamiento, ante la situación que consideraba injusta y
perjudicial a sus derechos e intereses, de no solventar el que de
manera reiterada los usuarios de la vía pública y los servicios
del propio Ayuntamiento obstruyeran el acceso a su plaza de
garaje, Desde luego de la utilización de los vocablos
enumerados anteriormente no se desprende una crítica, aunque
se califique de cáustica, a esa falta de actuación de la Policía
Local, Guardia Civil o representantes del Ayuntamiento, sino
más bien un afán de vilipendiar e insultar.
También refiere un episodio ocurrido el día 5 de enero de 2.005
para justificar su actuación y crítica, tras solicitar el auxilio de la
Policía Local y de la Guardia Civil para que quedare despejado
su acceso al garaje, con el resultado de ser incluso sancionado
por estacionar indebidamente el vehículo mientras estaba a la
espera de que se solucionare el problema. Dicha sanción fue
posteriormente anulada por un Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Madrid. Nuevamente hay que decir que las
expresiones utilizadas exceden de la crítica. Insiste en afirmar
que fueron numerosas las irregularidades y falsedades
cometidas, que además fueron puestas de manifiesto en el
Procedimiento Abreviado seguido para la anulación de la
sanción; pero lo cierto es que en ningún momento la Sentencia
dictada refrenda su valoración de los hechos; sólo anula la
sanción por considerar que, a pesar de que su vehículo se
encontraba en un lugar donde no se podía estacionar, no
apreciaba culpabilidad en el recurrente, ni consideraba su
maniobra como de estacionamiento; sólo se ponía de manifiesto
una clara divergencia a la hora de interpretar los hechos. Una
de las acepciones de la palabra violador podrá ser la de infractor
de la Ley, pero si no se matiza da lugar a equívoco, y cualquier
persona puede entender o identificarla con agresor sexual;
necio es igualmente entendido como un insulto en el contexto
en el que fue utilizado; el calificativo de cobardes ninguna
alusión hace a lo que supuestamente se pretende criticar;
bananeros, picoletos o pinocho, son términos de por sí
peyorativos e insultantes; en ningún momento se ha acreditado
la realidad de las supuestas amenazas proferidas o la falsedad
de los documentos aportados que puedan justificar los
apelativos de amenazadores o de falsificadores.
Por tanto, ninguna aplicación indebida de los arts. 504.2, 208 y
209 del CP se observa se hubiere cometido por la Juzgadora de
instancia, siendo obvio que concurren los requisitos exigidos por
la Jurisprudencia para poder apreciar los delitos por los que el
recurrente fue condenado.
Se ignora a qué expresiones se refiere el recurrente cuando
afirma que incluso otros términos habitualmente proferidos a
Fuerzas de Seguridad o a políticos no encuentran reproche
penal; también si tales supuestos hechos fueron objeto o no de
denuncia. Como ha quedado expuesto, el posible reproche
penal dependerá de las circunstancias; y desde luego la
frecuencia en el uso de expresiones insultantes similares no da
la medida o el criterio de lo que debe ser sancionable.
TERCERO: Alega el recurrente al exponer el segundo motivo de
impugnación, que D. Evelio y D. Julio ya habían sido apartados
de sus cargos con mucha antelación, no sólo a la celebración
del Juicio, sino durante la instrucción, por lo que entiende que
tendrían que haberse personado como acusación particular; que
se debe entender que tanto uno como otro renunciaron a la
acción civil y penal ejercitada por el Ministerio Fiscal, al no
haber manifestado su voluntad de continuar con la reclamación,
ni haber prestado declaración sobre la misma; que la referencia
a ambas personas se produjo como consecuencia de ser los
responsables de las competencias de resolución del expediente
tramitado con motivo de una multa de tráfico impuesta, como se
desprende del hecho de haber sido posteriormente anulada, y
por tanto con motivo de su función pública y con ánimo de
criticar.
Dicho motivo de impugnación también debe ser desestimado.
Y es que conforme a lo establecido en el art. 215 CP, si bien
nadie podrá ser penado por calumnia o injuria sino en virtud de
querella de la persona ofendida por el delito o de su
representante legal, sin embargo cuando la ofensa se dirija
contra funcionario público, autoridad o agente de la misma
sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, se
podrá proceder de oficio. El propio recurrente expuso en su
escrito de recurso, que las referencia a D. Evelio y D. Julio – a la
sazón Alcalde-Presidente y Teniendo de Alcalde del
Ayuntamiento de El Espinar, - se produjeron “como
consecuencia de ser los responsables de las competencias de
resolución del expediente administrativo tramitado”, es decir,
que se vertieron contra autoridades y por hechos concernientes
al ejercicio de sus cargos, por lo que era factible la actuación de
oficio del Ministerio Fiscal. A ellos no se refirió por sus nombres
en la primera de sus "exposiciones", sino por sus cargos
("Alkalde" y "Tte Alkalde"). Por otro lado, las circunstancias para
poder actuar de oficio deben darse en el momento de ocurrencia
de los hechos e independiente de que con posterioridad
cambien o desaparezcan, al igual que la concurrencia o no de
los elementos integradores del tipo. No hay que perder de vista
que los hechos que se enjuician ocurrieron durante diciembre de
2.006, no habiéndose acreditado que en tales fechas ya no
ejercieran como autoridades locales.
Tampoco puede entenderse que renunciaran a la acción civil y
penal ejercitada por el Ministerio Fiscal, por no haber
manifestado su voluntad de continuar con la reclamación, ni
haber prestado declaración sobre la misma. La renuncia en todo
caso debe ser expresa y terminante.
Por lo demás, baste lo dicho en el anterior fundamento jurídico y
lo que se expondrá a continuación. No se duda de que no pueda
ser criticada la actuación de personas que ejercen funciones
públicas, incluso con expresiones que puedan inquietar o
disgustar a sus destinatarios; lo que ocurre es que tal libertad de
expresión o crítica no ampara el insulto.
CUARTO: Al exponer el tercer motivo de impugnación, aduce
que en el presente caso se presenta un conflicto con la libertad
de expresión contenida en el art. 20 de la CE, que se ejerce
frente un agente de la Policía Local, Alcalde y Teniente de
Alcalde, es decir, las fuerzas vivas de una pequeña localidad,
por tratar de denunciar la lesión de otro bien jurídico. Se invoca
la STC 104/1.986 .
Dicho motivo de impugnación debe ser igualmente desestimado.
Como establece el TC en su Sentencia 39/2005 de 28 de
febrero , «si bien la legislación penal otorga una amplia
protección a la buena fama y al honor de las personas y a la
dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los
delitos de injuria y calumnia, este Tribunal ha declarado
reiteradamente que el reconocimiento constitucional de las
libertades de expresión y de información ha modificado
profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los
delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la
conducta a considerar haya sido realizada en ejercicio de dichas
libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto hace
insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi
tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el
enjuiciamiento de este tipo de delitos que ahora, con arreglo a la
doctrina de este Tribunal, no basta por sí solo para fundar una
condena penal por un delito de injurias (SSTC 104/1986, de 17
de julio; 107/1988, de 25 de junio; 105/1990, de 6 de junio;
320/1994, de 28 de diciembre; 42/1995, de 18 de marzo;
19/1996, de 12 de febrero; 232/1998, de 30 de diciembre;
297/2000, de 11 de diciembre; y 2001, de 15 de enero). Ello
entraña la necesidad de que el enjuiciamiento se traslade a un
distinto plano, en el que el Juez penal debe examinar, en
aquellos casos en los que se haya alegado el ejercicio legítimo
de las libertades del art. 20.1 a) y d) CE , si los hechos no han
de encuadrarse, en rigor, dentro de ese alegado ejercicio de los
derechos fundamentales protegidos en el citado precepto
constitucional, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción
penal no podría prosperar puesto que las libertades del art. 20.1
a) y d) CE operarían como causas excluyentes de la
antijuridicidad de esa conducta (STC 104/1986, de 13 de
agosto, reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio; 85/1992,
de 8 de junio; 136/1994, de 9 de mayo; 297/1994, de 14 de
noviembre; 320/1994, de 28 de diciembre; 42/1995, de 18 de
marzo; 19/1996, de 12 de febrero; 232/1998, de 30 de
diciembre). Es obvio que los hechos probados no pueden ser a
un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un
derecho fundamental y como conductas constitutivas de un
delito (TC SS 2/2001, de 15 de enero; 185/2003, de 27 de
octubre)».
Por tanto, lo primero que debe examinarse es si las palabras
expuestas por el acusado en la cristalera de su garaje y que se
recogen en los hechos que se declaran probados, se
encuentran justificadas por el legítimo ejercicio del derecho de
libertad de expresión, como defiende.
Tanto el Tribunal Constitucional como el TS han reiterado el
valor preponderante de las libertades del art. 20 de la
Constitución. Como se declara en la STC 39/2005 antes citada,
cuando las libertades de expresión e información operan como
instrumentos de los derechos de participación política, debe
reconocérsele, si cabe, una mayor amplitud que cuando actúan
en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas
tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión
pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta
circunstancia, haciéndoles especialmente resistentes e inmunes
a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de
operar. Igualmente se dice en esa STC que, en estos casos,
quedan amparadas por las libertades de expresión e
información no sólo las críticas inofensivas o indiferentes, sino
otras que puedan molestar, inquietar o disgustar» (STC
110/2000; en el mismo sentido, STC 85/1992, de 8 de junio, y
SSTEDH, de 7 de diciembre de 1976, caso Handyside contra
Reino Unido, y de 8 de julio de 1986 , caso Lingens contra
Austria).
En esa misma línea, el propio Tribunal Constitucional considera
(STC 101/1990, de 11 de noviembre) que las libertades del art.
20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de
cada ciudadano, sino también condición de existencia de la
opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo
político, que es un valor fundamental y requisito de
funcionamiento del Estado democrático, que por lo mismo
trascienden el significado común y propio de los demás
derechos fundamentales.
Coincide esta doctrina del Tribunal Constitucional con la que
emana del TEDH, que en su Sentencia 38/2004, de 27 de mayo
, caso Vides Aizsardzïbas Klubs contra Letonia, al interpretar el
artículo 10, declara que la libertad de expresión constituye uno
de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y
una de las condiciones primordiales de su progreso y del
desarrollo de cada individuo; y con la salvedad del párrafo
segundo del artículo 10 , no sólo comprende las
«informaciones» o «ideas» acogidas favorablemente o
consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también
aquéllas que chocan, ofenden o inquietan; así lo quieren el
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales
no existe una «sociedad democrática; y como precisa el artículo
10 , el ejercicio de la libertad de expresión está sometido a
ciertas formalidades, condiciones, restricciones y sanciones que
deben no obstante interpretarse estrictamente, debiendo
establecerse su necesidad de forma convincente (Sentencia de
23 de septiembre de 2.004 , caso Jersild contra Dinamarca).
Como igualmente tiene declarado el Tribunal Supremo en
Sentencia de 26 de abril de 1.991 , la libertad de expresión tiene
la jerarquía propia de una garantía esencial de un Estado en el
que se reconoce a la libertad y al pluralismo político el carácter
de «valores superiores de su ordenamiento jurídico» (art. 1 CE)
y que, consecuentemente no puede excluir el derecho a
expresar las ideas y convicciones cuando éste aparezca como
un interés preponderante sobre el honor, particularmente
cuando se trata de la formación de la opinión pública en
cuestiones político-estatales o sociales. A pesar de ello, no
obstante la trascendencia y el carácter preponderante que se
debe atribuir a la libertad de expresión, reconoce la propia CE
en su art. 20.4 que no es un derecho ilimitado y absoluto, y que
existen límites por el respeto debido a otros derechos
fundamentales y en concreto hace expresa referencia al
derecho al honor. Esto ha sido recogido también en Sentencias
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Así, en la STC 39/2005 de 28 de febrero se dice que el valor
especial que la Constitución otorga a las libertades de expresión
e información no puede configurarse como absoluto, puesto
que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública,
sólo puede legitimar las intromisiones en otros derechos
fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, es
decir, que resulten relevantes para la formación de la opinión
pública sobre asuntos de interés general, careciendo de tal
efecto legitimador cuando las libertades de expresión e
información se ejerciten de manera desmesurada y exorbitante
del fin en atención al cual la Constitución les concede su
protección preferente (STC 171/1990, de 12 de noviembre).
Igualmente se declara que ello no significa en modo alguno que,
en atención a su carácter público, las personas objeto de crítica
queden privadas de ser titulares del derecho al honor que el art.
18.1 CE garantiza (SSTC 190/1992 y 105/1990). También en
este ámbito es preciso respetar la reputación ajena (art. 10.2
CEDH, SSTEDH caso Lingens, de 8 de julio de 1986 y caso
Bladet Tromsø y Stensaas, de 20 de mayo de 1999), y el honor,
porque estos derechos constituyen un límite del derecho a
expresarse libremente y de la libertad de informar (TC SS
232/2002, de 9 de diciembre; 297/2000, de 11 de diciembre;
49/2001, de 26 de febrero; y 76/2002, de 8 de abril). Se sigue
diciendo que desde la STC 104/1986, de 17 de julio , se ha
establecido que, si bien el derecho a expresar libremente
opiniones, ideas y pensamientos dispone de un campo de
acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones
indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones
que se expongan y que resulten innecesarias para su
exposición (TC SS 105/1990, de 6 de junio), no es menos cierto
que también se ha mantenido inequívocamente que la
Constitución no reconoce en modo alguno un pretendido
derecho al insulto. La Constitución no veda, en cualesquiera
circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o
desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el
art. 20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente
vejatorias; es decir, aquellas que, dadas las concretas
circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o
inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten
impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de
que se trate (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 1/1998, de 12 de
enero; 200/1998, de 14 de octubre; 180/1999, de 11 de octubre;
192/1999, de 25 de octubre; 6/2000, de 17 de enero; 110/2000,
de 5 de mayo; 49/2001, de 26 de febrero; y 204/2001, de 15 de
octubre .
El Tribunal Supremo igualmente se ha pronunciados sobre los
límites al derecho a la libertad de expresión; y en la Sentencia
de 26 de abril de 1.991 , se dice que el derecho a la libertad de
expresión no alcanza a justificar intervenciones en el derecho al
honor que afectan al núcleo último de la dignidad de las
personas, que el ordenamiento jurídico sustrae a toda injerencia
de parte de terceros. La singular significación de este ámbito de
la personalidad determina que su afectación resulte en todo
caso innecesaria, pues siempre será posible verter las opiniones
más hirientes sin afectar el aspecto del honor que coincide
íntegramente con el núcleo intangible de la dignidad de la
persona. Consecuentemente, cuando la expresión del
menosprecio se extiende a este núcleo último y más estrecho
de la persona en cuanto tal, el ejercicio del derecho fundamental
de la libertad de expresión resulta claramente contrario al
principio de proporcionalidad y, por lo tanto, también
innecesario, dado que el ejercicio de este derecho, como todos,
está no sólo sometido al límite, más o menos flexible, que
expresamente contiene el art. 20 CE , sino también, al respeto
de los fundamentos del orden político y de la paz social que
establece el art. 10. 1 CE .
Por otro lado, la STS de 14 de febrero de 2.001 declara que el
ejercicio de la libertad de expresión - como también el derecho a
la información, - no puede justificar sin más el empleo de
expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que
exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorios
para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o
manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con
relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho
al insulto (TC SS 105/1990, 85/1992, 336/1993, 42/1995,
76/1995, 78/1995, 176/1995 y 204/1997).
Aplicando la doctrina jurisprudencial anterior al caso de autos,
es cuestión esencial determinar si el ejercicio de la libertad
reconocido en el art. 20 CE por parte del acusado cumple con
las exigencias del principio de proporcionalidad y si se
manifiesta o no constitucionalmente legítimo.
Pues bien, por más que se examinen y se pongan en relación
con la intencionalidad que manifestó el acusado le guiaba al
hacerlo, - criticar la pasividad y las actuaciones irregulares que
estimaba habían realizado el Alcalde y Teniente de Alcalde de
El Espinar, el Cuerpo de la Guardia Civil y el Cabo de la Policía
Local Sr. Agapito respecto del problema referente al bloqueo o
imposibilidad de uso de su plaza de garaje, - no puede sino
concluirse que, como se expuso con anterioridad y se expresa
en la Sentencia de instancia, las expresiones utilizadas para con
todos ellos resultan completamente ofensivas, insultantes,
vejatorias y atentan al honor y a la dignidad de las personas e
institución aludidas, por lo que, en este caso, el ejercicio del
derecho fundamental de la libertad de expresión es contrario al
principio de proporcionalidad y, por lo tanto, absolutamente
innecesario, superándose con mucho lo que pudieran
considerarse como críticas hirientes, molestas o desabridas, de
manera que lo expresado en modo alguno puede quedar
justificado por el legítimo ejercicio del derecho de libertad de
expresión. Del tenor literal de las expresiones nada subyace
sobre esa posible crítica que dice el acusado que realizó al
exponerlas en la cristalera de su garaje, sino sólo insultos y
descalificaciones gratuitas y desproporcionadas que resultan
innecesarias si lo realmente perseguido fue el denunciar una
actuación que consideraba contraria a Derecho, cuestión que
por lo demás no ha llegado a acreditar, más allá de su falta de
culpabilidad en los hechos que motivaron la sanción que se le
impuso y que quedó definitivamente anulada.
QUINTO: Por lo que se refiere al último de los motivos de
impugnación alegado, se aduce que falta la acreditación del
animus iniurandi y de dolo, siendo su intención la de criticar; que
el Sr. Evelio no supo responder a la pregunta de cuáles de las
expresiones le produjeron la afección indicada por el Ministerio
Fiscal, que sonrió al preguntársele si se sintió ofendido por
llamarle "bananero", y que nada dijo sobre el dolo; que el Sr.
Julio no llegó a declarar; que lo que quedó acreditada a través
de la testifical de Dña. Asunción fue la animadversión de la
acusación particular hacia el imputado, y que las expresiones
que el Sr. Agapito profirió no concuerdan con los principios
legales ni con una recta conducta moral, planeando un oscuro
velo sobre la motivación de su denuncia.
Sobre la existencia del animus inuriandi y dolo en la actuación
del condenado baste lo expresado ya con anterioridad. Y la
posible animadversión que el acusador particular tuviere hacia
él, en nada afecta. A lo más podría restarle valor probatorio a lo
que declarase en el Juicio. La objetividad de los hechos
probados en los que se basó la condena no ha sido
cuestionada; incluso fueron reconocidos por el propio
condenado; y en cualquier caso, tampoco fue tomada en
consideración a tales efectos la declaración del propio acusador
particular, puesto que ni siquiera llegó a declarar en Juicio. Las
razones por las que llegare a presentar su denuncia, por muy
ruines o abyectas que pudieran ser, no empecen a la tozudez y
realidad de los hechos, que es precisamente lo que debe ser
objeto de valoración y prueba.
SEXTO: De conformidad con lo establecido en el art. 239 de la
LECr , las costas procesales se impondrán al recurrente.
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
apelación formulado por la representación procesal de Roberto
contra la Sentencia de fecha 12 de abril de 2010 dictada por el
Juzgado de lo Penal de Segovia en el Procedimiento Abreviado
nº 487/09 , condenado expresamente al recurrente al pago de
las costas procesales causadas en esta alzada.
Así por esta sentencia, que será notificada a las partes en legal
forma haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente D Ignacio Pando Echevarria, estando el
mismo celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha,
certifico.