sentencia acciones bankia audiencia provincial segovia

7/21/2019 Sentencia ACCIONES BANKIA Audiencia Provincial Segovia

http://slidepdf.com/reader/full/sentencia-acciones-bankia-audiencia-provincial-segovia 1/15

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

SEGOVIA

SENTENCIA: 00031/2016

S E N T E N C I A Nº 31 / 2016

C I V I L

Recurso de apelación

Número 46 Año 2015

Juicio Verbal nº 155/2015 (unipersonal)

Juzgado de 1ª Instancia de

S E G O V I A Nº 6

En la Ciudad de Segovia, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis.

La Audiencia Provincial de Segovia, constituida por el Ilmo. Sr. Magistrado D.

Ignacio Pando Echevarria, ha visto en grado de apelación los autos de las

anotaciones del margen, seguidos a instancia de xxxx contra BANKIA, S.A ;

sobre juicio verbal, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la

sentencia dictada en primera instancia, recurso en el que han intervenido como

apelante, la demandada, representada por la Procuradora Sra. De Ascensión Diaz

y defendida por el Letrado Sr. Santa Teresa Pintor y como apelado, el

demandante , representado por la Procuradora Sra. Martín Misis y defendido por el

Letrado Sr. Labrador Jiménez .

ANTECEDENTES DE HECHO

ALICIA MARTÍN MISISPROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

C/CHOPO,13LA LASTRILLA (SEGOVIA)921430326- 609375005

[email protected]

NOTIF : 05/02/2016 VTO:02/03/2016



PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia de los de Segovia, nº 6 ,

con fecha veinte de julio de dos mil quince, fue dictada Sentencia, que en su parte

dispositiva literalmente dice: “FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por

la Procuradora Sra. Martín Misis, en nombre y representación de xxxxx contra lamercantil BANKIA S.A., debo declarar y declaro la nulidad del contrato de compra

de las acciones de Bankia suscrito el día 12/07/11, y debo condenar y condeno a

BANKIA a abonar al actor la cantidad total de SEIS MIL EUROS (6.000 euros),

más los intereses legales desde la fecha de suscripción, con devolución a

BANKIA de las actuales acciones de que es titular y en el caso de que haya

percibido dividendos, las cantidades recibidas en tal concepto, con los

correspondientes intereses desde que fueron percibidos, y todo ello con expresacondena a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas. “

SEGUNDO.- Notificada que fue la anterior resolución a las partes, por la

representación procesal de Bankia, s.a., se interpuso en tiempo y forma, recurso

de apelación, con enumeración de los pronunciamientos que se impugnan, al tenor

que es de ver en su escrito unido en Autos, teniéndose por interpuesto el mismo

para ante la Audiencia en legal forma, en base a lo establecido en el art. 458 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil, según redacción dada en la Ley 37/2011, dándose

traslado a la adversa y emplazándola para oponerse al recurso o impugnarlo, y

realizado el citado trámite en plazo, oponiéndose al mismo, se acordó remitir las

actuaciones a esta Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes ante la

misma.

TERCERO.- Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado

rollo, turnado de ponencia y personadas las partes en tiempo y forma y a tenor de

lo dispuesto en el art. 82.2.1º de la LOPJ, según redacción Ley Orgánica 1/2009 de

3 de Noviembre, que establece que la Audiencia Provincial se constituirá con un

solo Magistrado en los recursos de apelación contra resoluciones de los Juzgados

de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la

cuantía, se pasaron las actuaciones al Ilmo. Sr. Magistrado D. Ignacio Pando

Echevarria, quién dictó la resolución procedente.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la representación de la

entidad Bankia, contra la sentencia dictada en la instancia, que estimando la

demanda declaraba la nulidad del contrato de suscripción de acciones de la entidad

contratado por los actores, con la consecuencias inherentes de devolución recíproca

de las cosas objeto de contrato y sus intereses.

La entidad apelante impugna la sentencia por entender en primer lugar la incorrecta

aplicación de la carga de la prueba al imputar a la recurrente las consecuencias de

la falta de acreditación de la veracidad de la información económica incorporada al

folleto. En segundo se impugna que no se tome en consideración el riesgo inherente

al producto adquirido, ya que la acción de una sociedad no es un producto complejo

y cualquier ciudadano con capacidad para obrar en el tráfico bancario debe saber

que la acción es un producto de riesgo, con el que puede ganar o perder la

inversión, sin que los rendimientos estén garantizados, constando dicho extremo en

la documentación precontractual y contractual firmada por la parte actora.

Por otra parte, se alega por la recurrente error en la valoración de la prueba al no

existir prueba de la concurrencia de dolo ni error, lo que debió ser acreditado por la

actora, sin que tampoco se haya acreditado la falta de veracidad de la información

suministrada, alegando que la información suministrada por Bankia en la OPS sí

representaba la imagen fiel en la fecha de julio de 2011.

Finalmente, y de forma subsidiaria, insiste la recurrente en la alegación de

prejudicialidad penal para el caso de que se aprecie prueba o argumento que

pudiera hacer dudar sobre la existencia de falsedad o irregularidad en las cuentas

elaboradas por Bankia para su salida a Bolsa pues, como se puso de manifiesto en

la instancia, existe un proceso penal abierto en el que, precisamente, se discute la

bondad o falsedad de la información contable publicada por Bankia con ocasión de

su salida a bolsa, así como de las cuentas del ejercicio 2011, reformuladas en



marzo de 2012, lo que debió haber determinado la suspensión del procedimiento

civil, al considerar que concurren todos los requisitos para, en su caso, acordar en

sede de apelación la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal,

conforme a lo dispuesto en el art. 40.2 y 41 de la LEC, en relación con lo dispuesto

en los artículos 10.2 de la LOPJ y 111 y 114 de la LECr pues en el procedimientoque se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional,

es la propia querellante la que califica los hechos, entre otros, dentro del tipo

delictivo de falsificación de cuentas anuales, por lo que no acordar la suspensión

causaría evidente indefensión a Bankia, que se vería obligada a soportar

procedimientos distintos ante distintas jurisdicciones por hechos idénticos, que bien

podrían derivar en resoluciones contradictorias.

Antes de iniciar el análisis del recurso debe dejarse establecido que la Sala ya ha

adoptado una doctrina, constatada a lo largo de múltiples resoluciones de las que la

parte apelante es perfectamente conocedora, en que se viene concluir que la

conclusión del juez a quo en el sentido de la existencia de error en la contratación

de las acciones es correcta. Ante ello, en esta resolución, la Sala mantendrá el

mismo criterio, y por razones de coherencia, con los mismos argumentos.

SEGUNDO. - Aunque se alega en último lugar, y de forma subsidiaria, por

parte de la recurrente, por razones de pura sistemática debe examinarse la cuestión

relativa a la prejudicialidad penal alegada por la recurrente en la instancia, y en la

que insiste en esta alzada.

En este orden de cosas, la prejudicialidad penal es regulada con clara vocación

restrictiva en el art. 40 LEC pues, conforme dispone dicho precepto en su apartado

2, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil sino cuando

concurran las circunstancias que pasa describe, siendo preciso, en primer lugar,

que se estén investigando como hechos de apariencia delictiva alguno o alguno de

los que fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso civil, y en

segundo lugar es preciso, además, que la decisión del tribunal penal pueda tener no

solo influencia, sino influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

Si el delito es falsedad documental y afecta a un documento decisivo para resolver

el pleito civil, la suspensión se decreta desde el momento en que se tenga



constancia de la causa penal, conforme dispone el art. 40.4 de la LEC. Si es otro

delito, la suspensión se decreta cuando el procedimiento civil está pendiente sólo de

sentencia, por virtud de lo dispuesto en el art. 40.3 del mismo texto Legal.

Por su parte, el art. 114 de la LECr dispone que promovido juicio criminal enaveriguación de un delito, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho,

suspendiéndose, si lo hubiese, en el estado en que se hallare, hasta el momento en

que recaiga sentencia firme en la causa criminal.

A la luz de lo expuesto, necesariamente debe concluirse que para considerar la

existencia de prejudicialidad penal no solo se requiere la existencia de causa

criminal referente a los mismos hechos que se han de dirimir en el pleito civil, sinoademás que resulte imprescindible aguardar a la resolución del Tribunal penal para

la resolución del litigio civil, de manera que éste no pueda ser resuelto sin aquélla.

Por tanto, si en el pleito civil existen datos suficientes para su resolución, y que

puedan ser tenidos en consideración con independencia de la calificación que a los

hechos enjuiciados se otorgue en el procedimiento penal, no se estaría en

presencia de prejudicialidad que, no hay que olvidar, en tanto supone una crisis

procesal, ha de interpretarse en sentido restrictivo, no pudiéndose obviar que, en

relación con todo lo anteriormente expuesto, el dolo penal es independiente del dolo

o culpa civil, y nada impide que éste último pueda existir, con independencia del

dolo penal.

En el presente caso, se alega en la demanda que la información suministrada por la

entidad demandada acerca de su situación de solvencia, al tiempo en que se

produjo la oferta de suscripción de acciones, no se correspondía con la realidad, y

que ello determinó un error en la parte demandante en cuanto a la esencia misma

del producto que suscribía, error por tanto esencial, invencible y excusable, según

se alega, y que determinaría la nulidad del negocio por la concurrencia de tal vicio

de consentimiento.

En consecuencia, basta la valoración jurídico-civil del contenido de la información

suministrada y, en su caso, de las omisiones cometidas por el personal de la

demandada, para la resolución del presente litigio, sin que se aprecie necesario

esperar a que en el proceso penal se determine, o no, la existencia de delito de



falsedad en las cuentas. En definitiva, si la imagen de solvencia que se ofreció por

parte de Bankia en junio de 2011 no se correspondía con la realidad, conforme se

alega en la demanda y es cuestión a dilucidar en este proceso, no es preciso que

exista un previo pronunciamiento penal que determine que, en su caso, ello fue

constitutivo de delito, y que se debió a la falsedad de las cuentas de la entidadcorrespondientes al primer semestre de 2011 (estados financieros, en términos de

la recurrente) pues, incluso prescindiendo de tal eventual conclusión, puede

analizarse en este proceso si existió dolo civil, información inexacta o inveraz o

sesgada, siendo indiferente que ello fuera guiado de un ánimo doloso de defraudar

o no, y, con ello, las circunstancias determinantes del vicio de consentimiento que

se alega en la demanda como determinante de la nulidad del negocio de que se

trata.

En definitiva, para analizar si concurre o no responsabilidad de la demandada para

producir el error de consentimiento alegado en la demanda, y acogido en la

sentencia recurrida, no es necesario determinar si los documentos financieros

fueron falsificados, o si se llevaron a cabo maquinaciones para engañar en el

mercado, siendo por tanto irrelevante a estos efectos si hubo o no delito, pues lo

decisivo es analizar si la información ofrecida en el folleto fue suficiente para

satisfacer las exigencias del art. 27 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado

de Valores y 16 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se

desarrolla parcialmente la Ley 24/1998.

Como se ha dicho, estas normas exigen que la información permita a los inversores

hacer una evaluación de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y

pérdidas, así como de las perspectivas del emisor y de los derechos inherentes a

tales valores, por lo que debe presentarse de forma fácilmente analizable y

comprensible, sin que al inversor se le puedan oponer hechos no contenidos en la

información, y para analizar si en este caso se cumplió tal exigencia (cuestión que

entra dentro de la competencia estricta de la jurisdicción civil) en absoluto resulta

preciso esperar a la resolución del procedimiento penal que se sigue en el Juzgado

Central de Instrucción nº 4, por lo que la prejudicialidad penal, en los términos en

que es planteada por la recurrente, debe ser rechazada, no procediendo por tanto

en sede de apelación acordar la suspensión del presente procedimiento civil.



TERCERO. - Establecida la inexistencia de prejudicialidad penal, por lo que

se refiere al primer motivo del recurso, la sala entiende que los principios

reguladores de la carga de la prueba no se han visto vulnerados, teniendo en

cuenta que nos encontramos en una relación que se ve protegida pro al legislación

protectora del consumidor, en el que por tanto la responsabilidad del empresario endeterminar el cumplimiento de los elementos de transparencia y veracidad en la

contratación recaen sobre el mismo (art. 217.6).

En todo caso existe prueba bastante como para determinar que en principio la

situación financiera de la entidad no era la que la parte hacía contra en el folleto, no

de la que se informaba a los consumidores. Con estos indicios en su contra que el

juez hace constar de forma expresa en la sentencia recurrida, es la parte actora alque debe rebatirlos, no sólo por su carácter de empresaria en al relación contractual

con el consumidor, sino sobre todo porque es ella la que cuenta con todos los

elementos necesarios para llevar a cabo tal verificación, en tanto que como tale

entidad cuenta en su poder con toda la documentación contable precisa, así como

con los medios técnicos y económicos para desarrollar tal actividad probatoria,

criterio expresado en el art. 217.7 LEC.

CUARTO.- En lo que respecta a los otros motivos se seguirá la doctrina ya

expresada de forma reiterada por esta Sala por se de aplicación sustancial a los

argumentos que basan la apelación de la parte. En cuanto al error en la valoración

de la prueba, con infracción de los artículos 1.265 y siguientes del Código Civil, tal

motivo no puede ser acogido pues claramente la sentencia de instancia viene a

admitir que las acciones no son productos complejos, y que quien invierte en las

mismas sabe que se trata de un producto de riesgo y volátil, no siendo por tanto la

complejidad del producto el fundamento de la nulidad que establece, sino la forma

en que se produjo la oferta de suscripción.

En ella se transmitió a los pequeños inversores una imagen de solvencia de la

entidad que no se correspondía con la realidad, según se fundamenta en la

sentencia de instancia, además de transmitir una previsibilidad de rentabilidad futura

de las acciones, que constituyó, según señala la sentencia recurrida, el principal

reclamo de los inversores, y tal información no ajustada a la realidad que se

transmitió al inversor, racionalmente indujo al mismo a formalizar la suscripción de



acciones, bajo el error, esencial e invencible, y además excusable, no en la

naturaleza del producto, sino en las expectativas que el mismo ofrecía.

Por ello hubiera sido irrelevante que la parte demandante se hubiera leído el folleto

(de hecho, no consta que no lo hiciera) para que el error hubiera subsistido y, conél, el vicio de consentimiento acogido en la sentencia de instancia, en la que se

enfatiza el hecho de que en tanto en el indicado folleto como en la publicidad que, a

modo de reclamo, se hizo sobre las acciones de Bankia, se transmitió una

información financiera y contable de dicha entidad que no se acomodaba a la

realidad pues, en lugar de estar en presencia de una entidad puntera, plenamente

saneada y con perspectivas de futuro de reforzamiento de su solvencia, se estaba

en presencia de una entidad con graves dificultades económicas que desembocó enpocos meses en su intervención y su recate con dinero público y, fundándose la

sentencia en tales consideraciones para apreciar el error, como vicio de

consentimiento que determina la nulidad del negocio, no se aprecia infracción de lo

dispuesto en los artículos 1.266 y siguientes del Código Civil.

Como pone de relieve la SAP Alicante, scc. 8ª, de 6 de mayo de 2015, en uno de los

muchos casos idénticos: “Los demandantes adquirieron acciones como

consecuencia de la fiabilidad adquirida con ocasión de una oferta pública de

inversión hecha por quien buscaba financiación privada y se presentaba solvente al

tiempo que ofrecía beneficios netos y saludables expectativas y esa información fue

esencial para perfeccionar el negocio jurídico del adquisición de las acciones porque

fue con los datos del emisor que los adquirentes podían evaluar y considerar su

decisión. Pero en el caso lo que consta es que, a diferencia de lo que se decía en el

folleto, en absoluto se invertía en una sociedad próspera, consolidada y de

beneficioso futuro sino en una sociedad con pérdidas al borde del concurso, sólo

evitado por la intervención del Estado. Y esta diferencia entre lo dicho y la realidad

constituye un vicio esencial y excusable en un marco en el que la información sobre

la que se construyó el consentimiento de los demandantes estaba confeccionada

por el emisor en un proceso de autorización del folleto que incluía la supervisión de

un órgano público que generaba confianza y seguridad jurídica a los mismos” .

QUINTO.- En cuanto al tercer motivo del recurso, alude la recurrente a que

existe falta de prueba sobre la situación de solvencia de la entidad a la que se hace



eco la sentencia, e insiste la recurrente en que la información suministrada por

Bankia en la OPS sí representaba la imagen fiel en la fecha de julio de 2011,

pretendiendo justificar tal aseveración en el hecho de, según sostiene, cumplió con

todas las previsiones legales contempladas en la normativa vigente de aplicación

para la salida a Bolsa, proceso que fue supervisado por el Banco de España y laCNMV, y en el hecho de que los estados financieros de Bankia correspondientes al

primer trimestre de 2011 fueron auditados por Deloitte.

Olvida la recurrente que la sentencia de instancia, para concluir que los datos sobre

la situación de solvencia ofrecida en el folleto y la información suministrada al

respecto, no se correspondía con la realidad, se hace eco de una serie secuenciada

de hechos públicos y notorios, que recoge el auto de la Sección 7ª de la AudienciaProvincial de Valencia de fecha 1 de diciembre de 2014, que expresamente cita,

hechos que se recogen en el fundamento de derecho tercero de la sentencia

recurrida y que se tienen aquí por reproducidos por remisión expresa y en aras a la

brevedad expositiva y hechos que, por cierto, en sí mismos no son cuestionados por

la recurrente, y de los que la sentencia de instancia extrae la conclusión, que sirve

de fundamento a la apreciación del error como vicio de consentimiento, de que la

información suministrada sobre la solvencia de la entidad no se ajustaba a la

realidad.

Y tal criterio debe ser compartido pues, sin ser rebatidos por la recurrente los

hechos que como notorios (y por tanto, exentos de prueba por virtud de lo dispuesto

en el art. 281. 3 y 4 de la LEC) se trascriben en la sentencia recurrida, no puede

menos que concluirse que, ya al tiempo de la oferta de suscripción, la situación

financiera y contable de Bankia no podía corresponder a la que se reflejaba en el

folleto, sin que el hecho de que pudieran estar auditados los estados financieros del

primer trimestre de 2011 constituya obstáculo a tal conclusión.

A juicio de esta Sala tales hechos, constatados con la documental obrante en autos

nos lleva a la conclusión (que no es aislada de esta Audiencia Provincial, sino

común entre las que se ha sometido esta cuestión a debate), que el folleto de la

OPS, registrado y publicitado a finales de junio de 2011, contenía una información

financiera que no se correspondía con el resultado final contable auditado de ese

ejercicio, que además pasaba por una doble fase, una previa sin auditar y otra



auditada que es el aprobado definitivamente y depositado públicamente, y que a la

postre, exhibe una panorámica financiera absoluta y completamente diferente y

diversa de lo informado y divulgado en el folleto pues, comparando los datos entre

la formulación inicial de las cuentas anuales del ejercicio 2011, que se aproximan en

sus consideraciones globales a la información del folleto y las definitivas, lainformación varía de manera tan relevante como lo que resulta de los siguientes

datos:

a) que si en la formulación original de las cuentas de 2011 se contenía una

propuesta de reparto de beneficios donde aparecía un beneficio neto de 252.870

euros, después de impuestos, en la reformulación de las mismas cuentas aparece

una pérdida de 3.031 millones euros;

b) que los fondos propios se reducen en más de tres mil millones y;

c) que en las cuentas de pérdidas y ganancias, donde aparecía un resultado

positivo, tras impuestos, de 306.614 euros, pasa a un resultado negativo, tras

impuestos, de -2.976.807 euros.

Con estos datos no se confirma sino la sustancial disparidad en los beneficios y

pérdidas reales dentro del mismo ejercicio, revelador, dadas las cuentas auditadas y

aprobadas, de que la sociedad emisora se encontraba en situación de graves

pérdidas al punto que la entidad demandada se ve obligada, apenas unos meses

después de la emisión, a solicitar la intervención pública para evitar concurso de

acreedores.

Tal información, ya fuese falsa, inveraz o meramente errónea, racionalmente fue

determinante de la prestación del consentimiento, viciado por error por la falta de

conocimiento adecuado de la situación real financiera de Bankia, desconociendo la

parte demandante los riesgos que corría con la suscripción de acciones, no por

tratarse de un producto volátil y de riesgo, sino porque en este caso desde el

principio el valor que aparentemente representaban al salir a Bolsa no se

correspondía con la realidad, y sin que, obvio es, los clientes minoristas, en este

caso los actores como simples consumidores, tuvieran medio para conocer la



situación financiera de Bankia, más allá de la información que al respecto la propia

entidad les ofreciese.

SEXTO.- Llegados a este punto, no puede obviarse que estamos en materia

regida por la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en la que la figuradel folleto es clave como mecanismo para la protección de los inversores, y en la

que se regula la que se denomina responsabilidad del folleto.

Sobre la figura del folleto el art. 27 establece que: "1. El folleto contendrá la

información relativa al emisor y a los valores que vayan a ser admitidos a

negociación en un mercado secundario oficial. El folleto contendrá toda la

información que, según la naturaleza específica del emisor y de los valores, seanecesaria para que los inversores puedan hacer una evaluación, con la suficiente

información, de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y pérdidas,

así como de las perspectivas del emisor, y eventualmente del garante, y de los

derechos inherentes a tales valores. Esta información se presentará de forma

fácilmente analizable y comprensible"

Y sobre la responsabilidad por el folleto el art. 28 dispone que: "1. La

responsabilidad de la información que figura en el folleto deberá recaer, al menos,

sobre el emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a negociación en

un mercado secundario oficial y los administradores de los anteriores, de acuerdo

con las condiciones que se establezcan reglamentariamente." . Y más adelante: "3.

De acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente, todas las

personas indicadas en los apartados anteriores, según el caso, serán responsables

de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los

valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones

de datos relevantes del folleto o del documento que en su caso deba elaborar el

garante".

El Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla

parcialmente la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores en materia de

admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas

públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, vigente en la

fecha de esta operación; que de modo más exacto regula el contenido del folleto



completando la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva

2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003,

sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a

cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE; dedica el

Titulo II al Folleto Informativo, y el capítulo IV a la Responsabilidad del Folleto, ensus artículos 32 y siguientes.

En particular, su artículo 33.3 dispone que el emisor u oferente no podrá oponer

frente al inversor de buena fe hechos que no consten expresamente en el folleto

informativo, entendiéndose a estos efectos que los documentos referenciados como

incorporados al mismo, añadiendo en su artículo 36 que están obligados a

indemnizar a las personas que de buena fe haya adquirido valores a los que serefiere el folleto por los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado como

consecuencia de cualquier información incluida en el folleto que sea falsa, o por la

omisión en el folleto de cualquier dato relevante requerido de conformidad con este

real decreto, siempre que la información falsa o la omisión de datos relevantes no

se haya corregido mediante un suplemento al folleto informativo o se haya difundido

al mercado antes de dichas personas hubiesen adquirido los valores. El art. 37

libera de responsabilidad a quien pruebe que en el momento en que el folleto fue

publicado actuó con la debida diligencia para asegurarse de que la información

contenida en el folleto era verdadera o que los datos relevantes cuya omisión causó

la pérdida eran correctamente omitidos.

Con todo, lo más trascendente que aporta el RD 1310/05 a la regulación del folleto

en lo que hace a contenidos, es la expresa indicación del objetivo de la información

del resumen. Y así dice en su artículo 16.1 que el folleto, “contendrá toda la

información que, según la naturaleza específica del emisor y de los valores, sea

necesaria para que los inversores puedan hacer una evaluación, con la suficiente

información, de los activos y pasivos, la situación financiera, los beneficios y las

pérdidas, así como de las perspectivas del emisor y eventualmente del garante y de

los derechos inherentes a tales valores” ; indicación explícita de que la función que

se otorga al folleto no es meramente informativa sino de conformación, como factor

de equilibrio en las posiciones del negocio jurídico que ampara el conocimiento del

estado actual del emisor, del consentimiento del inversor.



SÉPTIMO.- En el presente caso, con la demanda no se aportaba el folleto

completo sino que únicamente se aportaba, como documento nº 3, no impugnado,

el llamado por estas normas "resumen", que la demanda llama "Información

Precontractual Específica", documento distinto al que aporta la demandada (folios

341 a 346) bajo la denominación de resumen de “Oferta de Recompra ysuscripción", pero en todo caso, como se ha indicado, las normas aludidas exigen

que la información permita a los inversores hacer una evaluación de los activos y

pasivos, la situación financiera, beneficios y pérdidas, así como de las perspectivas

del emisor y de los derechos inherentes a tales valores, debe presentarse de forma

fácilmente analizable y comprensible, y sin que, como no podía ser de otro modo, se

le puedan oponer hechos no contenidos en la información.

La demandada defiende la corrección de la información financiera contenida en el

folleto y, en particular, los estados financieros correspondientes al primer trimestre

de 2011, lo que no solo no justifica con suficiencia, como se ha indicado, pues a tal

efecto no basta que los mismos pudieran encontrarse auditados sin salvedades,

sino que resulta imprescindible que la demandada acredite que la información

suministrada permitía de forma fácilmente analizable y comprensible predecir que

la evolución de la acción podría resultar tan negativa como resultó ser.

Además, en el presente caso no nos encontramos ante una compra de acciones

previamente emitidas y cotizadas, sino ante la suscripción de nuevas acciones

(mercado primario) por la oferta de emisión pública de Bankia, S.A. que, conforme

no se discute, salió a Bolsa el día 7 de julio de 2011 (hecho público y notorio), y en

que la información del folleto de dicha emisión, es un dato fáctico esencial y

trascendental y debe ostentar los requisitos fijados. El hecho de que tal proceso

público de salida a emisión y suscripción de nuevas accione, esté reglado

legalmente y supervisado por un organismo público, la CNMV, en modo alguno

implica, como parece pretender la recurrente, que los datos económicos financieros

contenidos en el folleto (que es de advertir confecciona el emisor y no audita ni

controla dicha Comisión) sean veraces, correctos o reales. El mentado organismo

supervisa que se aporte la documentación e información exigida para dicha oferta

pública y que la misma sea entendible y comprensible, pero en modo alguno

controla la veracidad intrínseca de la información económico contable aportada por

el emisor, conforme al 92 de la Ley del Mercado de Valores.



Finalmente, si Bankia sostiene que los datos facilitados a tiempo de la salida a

Bolsa eran correctos y que reflejaba una muy buena situación de la entidad que

salía a cotización, implícitamente viene admitir que no se facilitó información

suficiente de la que el inversor pudiera calibrar una evolución negativa tan acusadacon la rapidez con que se produjo, pues admite que las cuentas anuales del

ejercicio 2011 tuvieron que ser reformuladas, y ningún dato se ofrecía en el

resumen del folleto que pudiera siquiera sugerir semejante evolución. Dicho de otro

modo, por más que la reformulación de las cuentas del año 2011 y la intervención

de Bankia, en mayo de 2012, sean hechos posteriores a la Oferta Pública de

Acciones, de julio de 2011, es lógico inferir que en un plazo de diez meses no

sobreviene, ex novo , esta situación financiera, debiendo estar la misma presente enla entidad, de forma conocida o, al menos, susceptible de serlo con empleo de una

diligencia normal, para evitar la publicidad de un folleto que no describía ni se

correspondía con la situación financiera real de la Sociedad.

En definitiva, la información suministrada al inversor, al tiempo de contratar, en

absoluto pudo ser completa, ni correcta, lo que viene a corroborar la conclusión de

la sentencia de instancia, en cuanto a la concurrencia del error sobre el objeto del

negocio, con las características de esencia, invencible y, además, excusable, pues

por más que el inversor hubiera leído, y hasta analizado, la información facilitada,

nunca hubiera podido conocer la debacle de su inversión, viciada en origen.

No apreciándose, en consecuencia, ninguno de los motivos de impugnación

contenidos en el recurso de apelación la sentencia deberá ser confirmada en todos

sus términos.

OCTAVO.- Desestimado el recurso de apelación, las costas de esta alzada

deberían ser impuestas a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales anteriormente citados y demás de general y pertinente

aplicación;



F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la

representación procesal de la mercantil Bankia S.A. frente a la sentencia de fecha

20 de julio de 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de esta ciudad,en juicio verbal 155/2015; confirmamos la misma, con imposición de las costas de

esta alzada a la parte recurrente.

La confirmación de la Sentencia de instancia supone la pérdida del depósito

para apelar consignada por la parte recurrente, al que deberá darse el destino legal

(D.D 15ª de la L.O.P.J) según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre.

Contra esta resolución, no cabe interponer recurso ordinario alguno, sin

perjuicio de la utilización por las partes de aquellos otros recursos para cuyo

ejercicio se crean legitimados.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y

otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia para su

ejecución, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr.

Magistrado Ponente D. Ignacio Pando Echevarria, de esta Audiencia Provincial,estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, certifico.

sentencia acciones bankia audiencia provincial segovia

Documents