artículos derivados de proyectos de investigación

cuad. contab. / bogotá, colombia, 16 (42): 553-578 / septiembre-diciembre 2015 / 553

E-control en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional en Colombia*

doi:10.11144/Javeriana.cc16-42.eere

Raúl Leandro Gutiérrez-Ruiz

Contador público, Universidad de La Salle. Miembro del

semillero de investigación Responsabilidad, rendición de

cuentas y transparencia.

Correo electrónico: [email protected]

Diego Fernando Católico-Segura

Contador público, Universidad Nacional de Colombia.

Magíster en contabilidad y finanzas, Universidad de

Zaragoza, España. Docente investigador, Universidad

de La Salle. Miembro del grupo de investigación

Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia.

Correo electrónico: [email protected]

* Artículo derivado de un proceso de investigación que se adelantó bajo la modalidad de grado producción intelectual relevante, avalada por el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle. El título de la propuesta de la modalidad de grado fue “E-control en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional en Colombia”. La fecha de inicio del proceso fue julio de 2014 y la fecha de terminación julio de 2015.

554 / vol. 16 / no. 42 / septiembre-diciembre 2015

Resumen La corrupción es uno de los flagelos más con-

currentes en el mundo y Colombia no ha sido ajena a él,

pues de acuerdo con las mediciones realizadas por Transpa-

rencia Internacional (2012-2014), el índice de percepción

de corrupción en el país es significativo. Para minimizar

esta situación, se han implementado varias medidas de

control y sanción, como la obligación de hacer visible el in-

forme de control interno en los sitios web de las entidades

estatales, para posibilitar el control social, según lo dispues-

to en la Ley 1474 de 2011. Así, la presente investigación

aborda de forma empírica y descriptiva el grado de cumpli-

miento en la publicación de ese informe por parte de las

entidades de la rama ejecutiva del orden nacional del nivel

central en Colombia, para analizar su contenido y poder

entender qué tanto contribuyen al control social. Los re-

sultados evidencian grados intermedios y bajos de cumpli-

miento tanto en la publicación de los informes, como en el

contenido que se espera que tengan, lo cual limita el acce-

so a una información útil para realizar control social sobre

este tipo de entidades.

Palabras clave Control interno; control social; infor-

me pormenorizado de control interno; internet.

Código JEL M42

E-Control in the National Executive

Branch in Colombia

Abstract Corruption is one of the most concurrent

scourges in the world, and Colombia has not been a stran-

ger to it. According to the measurements performed by

International Transparency (2012 - 2014) there is a signi-

ficant corruption perception index in the country. In or-

der to minimize this situation several control and penalty

measures have been put into place, such as the obligation

to make public the internal control report at the websites

of state institutions, as set forth in Law 1474, 2011. So, this

research tackles in an empiric and descriptive way the level

of compliance in the publishing of said report by institu-

tions of the executive branch at the central national level

in Colombia, in order to analyze its content and be able to

understand how much they contribute to social control.

Results show low and intermediate levels of compliance

both in the publishing of the results and in the expected

contents they should have, which limits the access to useful

information for the purposes of the social control to be per-

formed on these institutions.

Keywords internal control; social control; detailed in-

ternal control report; internet.

E-controlo nas instituições da rama

executiva da ordem nacional na

Colômbia

Resumo A corrupção é um dos flagelos mais concor-

rentes no mundo e a Colômbia não foi alheia a ela, pois se-

gundo as medições feitas por Transparência Internacional

(2012-2014), o índice de percepção de corrupção no país

é significativo. Para minimizar esta situação, implemen-

taram-se várias medidas de controle e sanção, tais como

a obrigação de visibilizar o relatório de controle interno

nos sites das instituições estatais, para possibilitar o con-

trole social, segundo o disposto na Lei 1474 de 2011. Assim,

a presente pesquisa aborda de forma empírica e descritiva

o grau de cumprimento na publicação desse relatório por

parte das entidades da rama executiva da ordem nacional

do nível central na Colômbia, para analisar seu conteúdo

e conseguir entender quanto contribuem para o controlo

social. Os resultados evidenciam graus intermédios e baixos

de cumprimento tanto na publicação dos relatórios quan-

to no conteúdo que eles devem ter, o que limita o acesso a

uma informação útil para realizar controlo social sobre este

tipo de entidades.

Palavras-chave Controlo interno; controlo social; re-

latório pormenorizado de controlo interno; internet.

e-control en las entidades de la rama ejecutiva / r. gutiérrez, d. católico-segura / 555

Introducción

De acuerdo con el informe sobre el índice

de percepción de la corrupción realizado por

Transparencia Internacional (2014), más de

dos tercios de los 175 países incluidos en el Ín-

dice de 2014 alcanzan niveles significativos de

percepción sobre la existencia de escenarios de

corrupción, consecuencia de la creciente evi-

dencia de los casos de fraude y corrupción tan-

to en el ámbito estatal, como en el privado.

Según este informe, Colombia ocupa el

puesto 94 con una puntuación de 37, la misma

que obtuvo en informes similares desarrollados

para 2013 y 2012. Esto quiere decir que Colom-

bia tiene escenarios de corrupción recurrente

en sus instituciones y empresas.

Esto no es nuevo, pues Colombia ha sido un

país con problemas sociopolíticos desde hace

más de 50 años, cuya imagen ha sido cuestio-

nada a raíz del surgimiento de fuerzas armadas

revolucionarias, el auge del narcotráfico y la

presencia de los delitos de cuello blanco en las

más importantes instituciones y ciudades del

país. Esto último se configura en prácticas de

corrupción, como lo ha expuesto la Oficina de

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

UNODC (2015):

El concepto de corrupción es amplio. Inclu-

ye soborno, fraude, apropiación indebida u

otras formas de desviación de recursos por

un funcionario público, pero no es limitado

a ello. La corrupción también puede ocurrir

en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico

de influencias, uso indebido de información

privilegiada para fines personales y la com-

pra y venta de las decisiones judiciales, entre

varias otras prácticas (p. 1).

Hoy, este problema de delincuencia —la co-

rrupción— es el flagelo que más noticias abarca

y preocupa a la sociedad colombiana, y el que te-

nía a las entidades públicas y privadas en un ni-

vel de desconfianza (percepción de corrupción)

del 81% en 2011, según el Latin American Public

Opinion Project, LAPOP, y el Barómetro de las

Américas 2011 (Rodríguez & Seligson, 2011).

Lo anterior tiene mayor relevancia cuan-

do se enumeran los casos de corrupción que

se han presentado en las entidades públicas y

con mayor incidencia en las que integran la

rama ejecutiva del orden nacional. Casos como

los de Agro Ingreso Seguro en el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Social, el desvío de re-

cursos parafiscales de la salud en el Ministerio

de Salud y el caso de las chuzadas del antiguo

Departamento Administrativo de Seguridad

(DAS), entre otros, son evidencia de las situa-

ciones vividas en los últimos años, con impor-

tantes consecuencias económicas, políticas y

sociales.

A partir de los efectos de la corrupción y

con el ánimo de evitar estas situaciones, se ob-

serva la necesidad de afianzar los controles

y la supervisión, tanto los que se desarrollan

dentro de las entidades, como aquellos que se

pueden realizar externamente, como el control

social. En este sentido, el gobierno nacional ha

realizado ajustes continuos en el Modelo Es-

tándar de Control Interno, en las exigencias de

rendición de cuentas de las entidades y en la

transparencia informativa sobre los asuntos re-

levantes de la entidad. Un ejemplo de lo anterior


ha sido la promulgación de la Ley 1474 de 2011,

más conocida como Estatuto Anticorrupción,

la cual ha establecido un conjunto de medidas

orientadas a fortalecer los mecanismos de pre-

vención, investigación y sanción de actos de

corrupción, con el fin lograr una mayor efec-

tividad en el control de la gestión pública para

mitigar los riesgos de corrupción.

En este sentido, esta ley señala como medi-

da de prevención la publicación periódica del

informe de control interno en los sitios web de

las entidades del Estado, lo cual es responsabili-

dad del jefe de cada unidad de control interno de

las entidades que hacen parte de la rama ejecu-

tiva del orden nacional y territorial.

Esta medida se sintoniza con la estrategia

de gobierno en línea (e-government) que el

gobierno nacional ha venido implementando

para posibilitar escenarios de acceso a la in-

formación y mejora en la prestación de los

servicios (CONPES, 2010a), con mecanismos

basados en las tecnologías de la información y

la comunicación (TIC), por lo que al posibili-

tar la publicación del informe de control interno

en los sitios web contribuye a mejorar la comu-

nicación entre la entidad y el control que ejerce

la sociedad sobre las instituciones, lo que po-

dría configurar una práctica del e-control en las

instituciones del Estado colombiano.

De este modo, la presente investigación

indaga sobre el grado de cumplimiento en la

publicación del informe de control interno en

las páginas web de las entidades del Estado y

analiza su contenido, para evaluar qué tanto

favorecen el control social que se pueda ejer-

cer en estas entidades. Para ello, este artículo

inicia con la presentación de los conceptos y

lineamientos que enmarcan el tema a tratar,

y luego desarrolla el trabajo empírico sobre los

informes expuestos en los sitios web de las en-

tidades, considerando la metodología propuesta

para el estudio, los resultados obtenidos y las

conclusiones alcanzadas al respecto, como se

muestra a continuación.

El control interno y la participación ciudadana El término control, en su acepción más exten-

dida, hace referencia a “comprobación, ins-

pección, fiscalización o intervención”, es decir,

consiste en contrastar si unas actuaciones es-

tán o no en consonancia con normas o criterios

dados que marcan cómo se debe hacer; todos

estos conceptos son aplicables a la gestión de

la actividad económica-financiera (López-Her-

nández & Cabeza del Salvador, 2002).

La función de control se encarga a órganos

formal y materialmente administrativos, y con-

siste en el uso de medios jurídicos para anular,

rectificar o sancionar la gestión pública ilegal

o ineficaz, con medios técnicos denominados

“procedimientos administrativos”, que consti-

tuyen controles propiamente dichos, auditorías

y procesos para determinar la legalidad de los

actos de las autoridades administrativas (Már-

quez, 2010).

Por su parte, el Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission,

COSO (2013) define el control interno como

un proceso efectuado por la junta de adminis-

tración, gerencia y otro personal de la entidad,

diseñado para proporcionar una seguridad ra-

zonable en cuanto a la consecución de los ob-

jetivos relacionados con las operaciones, la


elaboración de informes y el cumplimiento

(p. 3), el cual es aplicado indistintamente en

todas las organizaciones y en especial en los

países que tienen un alto desarrollo gerencial

(Montilla, Montes & Mejía, 2007).

Por ello, al ser el control interno una noción

universal, se entiende y se hace necesaria una

aplicación en lo que compete tanto a lo privado

como a lo estatal, por cuanto los dos sectores

tienen la necesidad de generar confianza y ase-

guramiento en las políticas, decisiones y admi-

nistración de los recursos.

Así ha sido entendido en el ámbito global.

De allí surgen entidades como el Consejo de

Normas Internacionales de Auditoría y Ase-

guramiento (IAASB, por sus siglas en inglés),

así como los modelos de control interno pú-

blico establecidos en cada país, por ejemplo,

el Committee of Sponsoring Organizations of

the Treadway Commission (COSO), en Estados

Unidos; el Criteria of Control Board (CoCo), en

Canadá; el Australian Control Criteria (ACC),

en Australia y el Tribunal de Cuentas en España

(Montilla, Montes & Mejía, 2007).

Colombia no ha sido la excepción en esta-

blecer su modelo para el sector estatal, pues

por medio de la Ley 87 de 1993 y los Decretos

1599 de 2005 y 943 de 2014, ha determina-

do la definición y la metodología a seguir con

base en el Modelo Estándar de Control Interno

(MECI), para ordenar el diseño, la operación

y el seguimiento del sistema en entidades del

Estado.

El MECI también busca unificar la estructu-

ra y criterios básicos de control interno para las

entidades del Estado, al integrar los conceptos

de control, con el fin de aclarar el marco con-

ceptual existente. Por ello, el propósito esencial

del MECI es orientar a las entidades hacia el

cumplimiento de sus objetivos y la contribución

de estos a los fines esenciales del Estado (DAFP,

Dirección de Políticas de Control Interno y Ra-

cionalización de Trámites, 2008), para lo cual

se estructura en tres grandes módulos, desagre-

gados en componentes y elementos con sus res-

pectivos productos mínimos de control:

• Módulo de Control de Planeación y Ges-

tión: este módulo agrupa los parámetros

de control que orientan la entidad hacia

el cumplimiento de su visión, misión, ob-

jetivos, principios, metas y políticas, y

los aspectos que permiten el desarrollo

de la gestión, entre los que están: talen-

to humano, planes, programas, procesos,

indicadores, procedimientos, recursos y ad-

ministración de los riesgos.

• Módulo de Control de Evaluación y Se-

guimiento: agrupa los parámetros que ga-

rantizan la valoración permanente de los

resultados de la entidad, mediante sus dife-

rentes mecanismos de verificación, evalua-

ción y seguimiento.

• Módulo de Información y Comunicación:

tiene una dimensión estratégica fundamen-

tal por cuanto vincula a la entidad con su

entorno y facilita la ejecución de sus ope-

raciones internas, al darle al usuario una

participación directa en el logro de los ob-

jetivos. Es un factor determinante, siempre

y cuando se involucre en todos los niveles y

procesos de la organización.

Con este módulo se espera mejorar la trans-

parencia frente a la ciudadanía por medio

de la rendición de cuentas a la comunidad


y el cumplimiento de las obligaciones fren-

te a las necesidades de los usuarios (DAFP,

2014b).

De acuerdo con la estructura señalada, el

Departamento Administrativo de la Función

Pública, DAFP, como líder de la política de con-

trol interno, establece guías que permiten a las

oficinas de control interno de las entidades del

Estado realizar su labor de auditoría interna.

Esta metodología se estructura principalmen-

te con base en las normas internacionales para

el ejercicio profesional de auditoría interna

(DAFP & Instituto de Auditores Internos de Co-

lombia, 2013).

En 2013, el DAFP publicó la Guía de audi-

toría para entidades públicas, que establece una

propuesta metodológica para ejecutar el pro-

ceso de auditoría interna, el cual se define en

las siguientes fases:

• Programación general de auditorías

2.1

• Ejecución de la auditoría

2.3

• Seguimiento a cumplimiento de planes de mejoramiento

2.5

• Comunicación de resultados de auditoría

2.4

• Planeación de la auditoría

2.2

Figura 1Fases para el proceso de auditoríaFuente: Guía de auditoría para entidades públicas (DAFP & Instituto de Auditores Internos de Colombia, 2013, p. 24)

Como se puede observar en la figura 1, el

trabajo de auditoría interna en las entidades pú-

blicas contiene casi los mismos lineamientos de

una auditoría en general, como establecen las

Normas Internacionales de Auditoría (IAS, por

sus siglas en inglés) y con énfasis en las Normas

Internacionales para el Ejercicio Profesional de

la Auditoría Interna (en adelante, NIEPAI). En

teoría, la fase 4 resume las anteriores etapas, ya

que presenta los resultados de la auditoría y en

ella se suscriben los planes de acción o mejora-

miento, es decir, el contenido que debería llevar

el informe de Auditoría Interna (DAFP & Insti-

tuto de Auditores Internos de Colombia, 2013).

En consecuencia de lo anterior, la auditoría

interna, por medio del informe, busca dar cum-

plimiento al principio de publicidad estableci-

do por la Carta Política, la cual, de conformidad

con lo preceptuado en su artículo 209, obliga

a la administración a poner en conocimiento

de sus destinatarios los actos administrativos

(Corte Constitucional, 1999b).

Esto es concordante con uno de los obje-

tivos del MECI (teniendo en cuenta que en

la Evaluación del Sistema de Control Interno,

SCI, es necesaria la emisión de un informe

rindiendo cuentas sobre el estado del SCI), al

preceptuar que la Oficina de Control Interno


—o quien haga sus veces— deberá presentar

informes a la dirección y al comité de coordina-

ción de control interno de la entidad, hacien-

do énfasis en la existencia, funcionamiento y

coherencia de los componentes y elementos

que lo conforman, con el propósito de que allí

se evalúen, decidan y adopten oportunamen-

te las propuestas de mejoramiento del Sistema

(DAFP, Dirección de Políticas de Control Inter-

no y Racionalización de Trámites, 2008).

En este orden de ideas, el informe consti-

tuye una herramienta de comunicación funda-

mental entre la entidad y la sociedad, más aún

cuando el gobierno nacional ha entendido la

necesidad de hacerlo público en los sitios web

de las entidades, como lo señaló el artículo 9 de

la Ley 1474 de 2011, al establecer su divulga-

ción periódica (cada cuatro meses). Con ello,

se contribuye al control social que ejercen dis-

tintos estamentos y se fortalece la estrategia

de gobierno en línea y de rendición de cuentas

establecida en los documentos Conpes 3650 y

3654 de 2010, y en la directiva presidencial 002

de 2000, reglamentada por los Decretos 1151 de

2008 y 2693 de 2012, y la Ley 1712 de 2014,

Ley de transparencia y del derecho de acceso

a la información pública nacional, todas estas

enmarcadas en derechos constitucionales como

los establecidos en los artículos 20, 23, 74 y 209

de la Carta Política nacional.

La divulgación de este informe a la ciudada-

nía en general y no solo a los supervisores o en-

tes de control de las entidades es determinante

en el ejercicio del control social, como lo esta-

blece el artículo 2 de la Carta Política Colombia-

na, al facilitar la participación de todos en las

decisiones que los afectan y en la vida económi-

ca, política, administrativa y cultural de la Na-

ción (Colombia, Constitución Política, 1991).

Lo anterior es una práctica necesaria y

que toda persona que haga parte de un Estado

debería ejercer, si se tiene en cuenta que los

ciudadanos están más alejados de las adminis-

traciones públicas que, por ejemplo, los accio-

nistas de una empresa privada, por lo que el

informe del auditor es necesario para analizar

la fiabilidad de la información presentada y po-

der evaluar el estado de la entidad y la gestión

llevada a cabo (Pucheta-Martínez & Cortés-

Fleixas, 2005).

La participación ciudadana, como parte del

control social, corresponde a un escenario pro-

pio de las democracias. Por eso, en la Directiva

Presidencial número 12 de 2002, el gobierno

nacional fijó algunos lineamientos orientados

hacia la lucha contra la corrupción, al integrar

a la ciudadanía por medio de las veedurías, al

continuo seguimiento en la contratación y ma-

nejo de los recursos públicos.

Así mismo, la emisión de ese informe hace

parte de la lógica de rendición de cuentas, es

decir, hace parte del proceso proactivo mediante

el cual los agentes públicos informan y expli-

can sus acciones a otro(s) que tienen el derecho

de exigirlo, debido a la presencia de una rela-

ción de poder y a la posibilidad de imponer al-

gún tipo de sanción por un comportamiento

inadecuado o de premiar un comportamiento

destacado (CONPES, 2010b), por lo que se ha

convertido en un factor clave de los estados y

de la sociedad a la hora de administrar y con-

trolar las acciones y recursos entregados a enti-

dades y funcionarios para su ejecución. Esto no

solo permite una mayor eficacia en la ejecución


y administración de recursos, sino también mayor

confianza ciudadana.

Por otra parte, facilitar tal información en

los sitios web busca un medio de comunicación

de mayor cobertura, acceso y oportunidad, lo

que se adhiere a las prácticas de e-government

o gobierno en línea que el Estado ha venido

adelantando y, en particular, que las entidades

gocen de una transparencia informativa on-

line, con lo cual se configura una práctica del

e-control, es decir, de posibilitar un escenario

de control haciendo uso de las tecnologías de la

información y la comunicación, pues el primer

paso se da con la exposición de los resultados

de los ejercicios de auditoría para ponerlos al

alcance de todos los interesados.

De allí la importancia de estos conceptos y

políticas traídas al contexto colombiano por el

gobierno, para estructurar una metodología de

control y vigilancia en las entidades guberna-

mentales, al dar acceso a una información que

resulta relevante para conocer lo adecuado de

las actuaciones y gestiones que llevan a cabo las

entidades del Estado; por ello, la relevancia de

la presente investigación para evidenciar las

prácticas en esta materia.

Metodología del estudioLa investigación que se adelanta es empírico-

descriptiva, toda vez que evalúa el grado de

cumplimiento en la publicación de los infor-

mes pormenorizados de control interno de las

entidades de la rama ejecutiva del orden na-

cional del nivel central en sus sitios web, de

acuerdo con lo preceptuado en el Estatuto An-

ticorrupción.

De este mismo modo, se analiza el conteni-

do que se consigna en esos informes siguiendo

los lineamientos trazados por el DAFP (2014a)

para tal fin, revisando no solo el cumplimiento

del contenido, sino también las descripciones

que se hacen en cuanto a los avances y dificul-

tades que se estén presentando para que así las

partes interesadas puedan realizar un mejor

control social.

A partir de lo anterior, las hipótesis de tra-

bajo se soportan en los siguientes enunciados:

H1: Las entidades de la rama ejecutiva del

orden nacional nivel central logran un cum-

plimiento total en la publicación de los in-

formes pormenorizados que contienen el

estado del control interno, en sus sitios web.

H2: Los informes cumplen los requerimien-

tos de información mínima a tratar en estos

y esa información es la que se espera sea di-

vulgada a las partes interesadas.

La primera hipótesis se sustenta en el am-

paro de la Carta Política colombiana, cuyo

artículo 74 da a todo ciudadano el legítimo

derecho de acceso a la información pública,

garantiza la participación democrática y el ejer-

cicio de los derechos políticos, que cumplen

una función instrumental para la efectividad de

otros derechos constitucionales y contribuye a

la transparencia de la gestión pública, de ma-

nera que configura un mecanismo de control

ciudadano de la actividad estatal (Corte Consti-

tucional, 2013).

Adicionalmente, el cumplimiento total se

ampara en la Ley 1474 de 2011, por medio de la

cual se creó el requerimiento de divulgación de


este tipo de informes, pues allí se establece una

sanción al jefe de la oficina de control interno

si no se cumple este mandato (falta disciplina-

ria grave).

La segunda hipótesis tiene sentido en la

medida en que el informe constituye la fase fi-

nal del proceso de auditoría y en el mismo se

recogen todos los hallazgos detectados y el so-

porte documental para sustentar el dictamen

emitido (DAFP & Instituto de Auditores Inter-

nos de Colombia, 2013).

De igual forma, la evaluación sobre el es-

tado de control interno debe entenderse rea-

lizada a todos los lineamientos dados en la

estructura del MECI, es decir, llegando por lo

menos hasta los “productos mínimos”, aquellos

considerados por el consejo asesor del gobier-

no nacional, como los mínimos necesarios para

que el sistema de control interno esté en un ni-

vel satisfactorio (DAFP, 2014b).

Si bien el Manual Técnico del Modelo Están-

dar de Control Interno para el Estado colombia-

no, MECI 2014, se limita al mero cumplimiento

de informar si cumplen o no con el contenido

que debe tener el producto mínimo, el DAFP

estableció por medio del modelo de informe

que se debe dar cuenta de los avances, dificul-

tades y recomendaciones en cada uno de los

productos mínimos a informar.

El mandato legal para la presentación de

los informes objetos de evaluación, rige única-

mente para la rama ejecutiva de orden nacional

o territorial; la primera es la de mayor trascen-

dencia en el Estado, pues las entidades de este

tipo son las que mantienen la unidad nacional

del país y no poseen una autonomía adminis-

trativa y financiera, por lo cual dependen de la

autoridad suprema (Católico, Gómez & Gómez,

2014).

Teniendo en cuenta lo anterior, esta inves-

tigación indagará en las 45 entidades pertene-

cientes a la rama ejecutiva del orden nacional

nivel central, compuesta por la presidencia

y la vicepresidencia de la república, dieciséis

(16) ministerios, ocho (8) departamentos ad-

ministrativos, una (1) superintendencia, diez

(10) consejos superiores y ocho (8) unidades

administrativas especiales (Católico, Gómez

& Gómez, 2014). La muestra real de entida-

des a evaluar será de 29, toda vez que no todas

cuentan con sitio web y para el caso de la vice-

presidencia, se analizará en conjunto con la

presidencia.

Sobre este conjunto de instituciones se rea-

liza una evaluación respecto al grado de cum-

plimiento de la publicación en su sitio web de

los informes cuatrimestrales pormenorizados

de control interno, de acuerdo con lo estable-

cido en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474

de 2011).

Así mismo, se evalúa la información allí

contenida, siguiendo los requerimientos del

Manual Técnico del MECI (2014), en cuanto a

los módulos de información, que comprenden:

tres componentes de planeación y gestión

desarrollados en 10 elementos (33 productos

mínimos); tres componentes de evaluación y

seguimiento desarrollados en tres elementos

(7 productos mínimos); y un componente de

eje transversal sobre información y comunica-

ción desarrollado en dos elementos (9 produc-

tos mínimos).

La anterior descripción de la información

a reportar empezó a regir paulatinamente para


todas las entidades a partir de mayo de 2014

(fecha en la cual se actualizó el MECI, incor-

porando nuevos productos mínimos de infor-

mación), siendo noviembre y diciembre de

2014 los meses de culminación para la imple-

mentación del nuevo modelo, razón por la cual

algunas entidades no presentaron toda la in-

formación requerida, ya que no culminaron su

proceso de adopción. Esto se debe a que la eva-

luación que se realiza sobre el contenido de los

informes se hace con referencia a aquellos que

fueron publicados en el corte a noviembre de

2014, que en total fueron 25.

Para evaluar los indicadores antes men-

cionados, cada uno de ellos se trata como una

variable dicotómica, es decir, asume una pun-

tuación entre 0 y 1, siendo “cero” cuando no

cuenta con la divulgación del producto mínimo

y “uno” cuando cuenta con la información. La

misma escala de puntuación se da para medir el

cumplimiento de publicación del informe en

el sitio web, donde “cero” es cuando no cuenta

con la publicación del informe, y “uno” cuando

el informe fue publicado.

De la evaluación realizada se obtiene una

puntuación global, la cual permite determinar el

grado de cumplimiento en la divulgación de los

informes y del contenido de los productos míni-

mos en cada uno de los informes analizados.

Con lo anterior, se realiza un ranking de e-

control de las entidades que dan cuenta de los

productos mínimos de acuerdo con los pará-

metros establecidos, para mostrar el grado de

apropiación de las entidades del Estado de los

elementos y de los productos consignados en el

Modelo Estándar de Control Interno y, por ende,

reconocer la presentación completa de la infor-

mación que se reporta en el informe de control

interno para mitigar riesgos de corrupción y

proporcionar a la ciudadanía instrumentos de

control que posibiliten la actuación y/o toma

decisiones sobre estos.

Resultados del estudio

Hipótesis de trabajo 1

Para la resolución de la primera hipótesis de

trabajo, se realizó una indagación en los sitios

web de las entidades estatales objeto de estu-

dio, teniendo como referencia los 10 informes

que debieron emitir las entidades del Esta-

do, que corresponden a los períodos desde la

promulgación de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto

Anticorrupción) hasta noviembre de 2014. La

indagación de los informes en los sitios web

se realizó durante diciembre de 2014 y enero

de 2015.

A continuación, se presentan los resultados

del grado de cumplimiento en la publicación de

los informes que se demandó en el lineamiento

antes enunciado:


Entidades Informes reportados

Cumplimiento (%)

Comisión de Regulación de Energía y Gas 10 100,00

Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP 10 100,00

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 10 100,00

Departamento Nacional de Planeación, DNP 10 100,00

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 10 100,00

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 10 100,00

Ministerio de Defensa Nacional 10 100,00

Ministerio de Educación Nacional 10 100,00

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 10 100,00

Ministerio de Justicia y del Derecho 10 100,00

Ministerio de Transporte 10 100,00

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias

9 90,00

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS 9 90,00

Ministerio de Minas y Energía 9 90,00

Ministerio de Trabajo 9 90,00

Presidencia de la República 9 90,00

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 8 80,00

Ministerio del Interior 8 80,00

Ministerio de Salud y de la Protección Social 7 70,00

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 7 70,00

Superintendencia de Puertos y Transportes 7 70,00

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA 6 60,00

Ministerio de Cultura 6 60,00

Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, MinTIC

6 60,00

Parques Nacionales Naturales de Colombia 6 60,00

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 5 50,00

Comisión de Regulación de Comunicaciones 5 50,00

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes

5 50,00

Ministerio de Relaciones Exteriores 3 30,00

Promedio informes reportados 8 81

Tabla 1Ranking de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional nivel central que cumplieron con la publicación de los informes en su sitio webFuente: elaboración propia


A la fecha de corte para la investigación (31

de enero de 2015), las entidades deberían tener

como mínimo 10 informes publicados en su pá-

gina web: uno por el año 2011 y de 2012 a 2014

tres por año.

De lo anterior, se evidencia que el promedio

de informes publicados en el conjunto de las

entidades analizadas es de 8, es decir, un gra-

do de cumplimiento del 81%; este es un nivel

medio-alto, lo cual permite rechazar la primera

hipótesis planteada, pues no es el 100% de los

informes, como debería ser.

De manera particular, once (11) entidades

de las 29 que han publicado informes de con-

trol interno en sus sitios web, logran un cumpli-

miento total en la divulgación de los informes,

y representan el 38% de las entidades; en prin-

cipio, es un nivel bajo de cumplimiento total,

toda vez que el reporte es un mandato legal,

por ende, se esperaría que todas las entidades lo

hubiesen hecho visible.

No obstante, tres (3) de las cinco (5) enti-

dades que arrojan un cumplimiento del 90%

(9 informes), aparentemente ya publicaron el

informe que les haría falta para llegar a los 10

reportes, pero cuando se consulta el documen-

to, la página genera un error. Tal es la suerte del

Departamento Administrativo para la Prospe-

ridad Social (en adelante, DPS), el Ministerio

de Minas y Energía, y la Presidencia de la Re-

pública. Otras más son las entidades en las cua-

les se presenta la generación del error, pero no

están cercanas a llegar a los 10 informes (100%

de cumplimiento).

Caso similar le ocurre al Departamento Ad-

ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción (en adelante, Colciencias), pues en este

caso, el enlace del informe correspondiente al

último período de 2014 (12-jul a 12-nov) le aso-

ciaron el informe correspondiente al período

noviembre de 2012 a marzo de 2013, razón por

la cual no obtiene el 100% de los informes di-

vulgados.

Otro caso particular es el del Ministerio de

Cultura, pues se requería una contraseña para

poder consultar los informes, razón por la cual

no se pudo determinar el cumplimiento de la

obligación de reporte sujeto de análisis.

De lo anterior se puede sugerir que si se so-

lucionaran los inconvenientes con la publica-

ción de los informes, se llegaría a un número de

entidades que cumplirían en su totalidad con la

divulgación de los informes que representan el

50% de las entidades obligadas y que cuentan

con un sitio web.

De las 29 entidades, 14 publican los in-

formes en lugares de difícil acceso para los

usuarios, es decir, se deben hacer varios proce-

sos en la página para poder llegar a ellos, lo

cual significa una limitación en el acceso a la

información y es un aspecto que las entidades

deben mejorar, más aún cuando se utilizan las

páginas web como medio de divulgación.

Hipótesis de trabajo 2

Para el desarrollo de esta hipótesis, se evaluó

el cumplimiento en la divulgación de los pro-

ductos mínimos requeridos en los informes, de

acuerdo con lo establecido en los tres módu-

los señalados en el Manual Técnico del MECI,

a saber: planeación y gestión, evaluación y se-

guimiento, e información y comunicación.

En esta medida, se presenta a continuación

la evaluación sobre el grado de cumplimiento


de cada uno de los productos en el conjunto de

las entidades abordadas, para poder estable-

cer el grado de cumplimiento de cada una de

las entidades que tiene expuesto su informe de

control interno pormenorizado a noviembre de

2014, es decir, sobre un total de 25 entidades.

Con lo anterior, se elaboró un ranking del e-

control por entidades; con ello, se dará respues-

ta a la segunda hipótesis de trabajo.

En este sentido, se exponen los resultados ob-

tenidos en cuanto al grado de cumplimiento en

la divulgación de los productos mínimos por cada

uno de los módulos establecidos en el MECI y que

fueron evidenciados en los informes publicados.

Elemento Producto mínimo Puntuación Cumplimiento (%)

Componente de talento humano

* Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad

11 44,00

Documento con los principios y valores de la entidad

14 56,00

Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad

14 56,00

* Desarrollo del talento humano

Manual de funciones y competencias laborales 9 36,00Plan de incentivos (anual) 9 36,00Plan institucional de formación y capacitación (anual)

17 68,00

Programa de bienestar (anual) 17 68,00Programa de inducción y reinducción 13 52,00Sistema de evaluación del desempeño 10 40,00

Componente de dirección estratégica

* Estructura organizacional

Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos

10 40,00

Manual de funciones y competencias laborales 9 36,00

* Indicadores de gestión

Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos

13 52,00

Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores

14 56,00

Seguimiento de los indicadores 14 56,00

* Modelo de operación por procesos

Divulgación de los procedimientos 10 40,00Mapa de procesos 16 64,00Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas

9 36,00

* Planes, programas y proyectos

La misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas

7 28,00

Objetivos institucionales 6 24,00Planeación 15 60,00Planes, programas y proyectos 19 76,00



* Políticas de Operación

Establecimiento y divulgación de las políticas de operación

12,5 50,00

Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado

12 48,00

Componente de administración de riesgos

* Análisis y valoración de riesgos

Análisis del riesgo 9 36,00Controles 8 32,00Evaluación de controles existentes 9 36,00Mapa de riesgos de proceso 12 48,00Mapa de riesgos institucional 11 44,00Valoración del riesgo 9 36,00

* Identificación de riesgos

Identificación de los factores internos y externos de riesgo

1040,00

Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad

9 36,00

* Políticas de administración de riesgos

Definición por parte de la alta dirección de políticas para el manejo de los riesgos

1560,00

Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas

12 48,00

Tabla 2Grado de cumplimiento en la divulgación de los Productos Mínimos correspondientes al Módulo de Planeación y GestiónFuente: elaboración propia, a partir del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano, MECI 2014 (DAFP, 2014b)

En la tabla 2 se puede observar que los as-

pectos más divulgados en los informes tienen

qué ver con la planeación, el modo de ejecu-

ción de los procesos, planes, programas y pro-

yectos, y lo asociado con las capacitaciones que

el personal de la entidad debería tener para

poder lograr ejecutarlos de manera adecuada.

Sin embargo, el grado de divulgación es medio,

pues el rango es entre 60 y 76%; con este últi-

mo porcentaje solo hay uno.

Entidades como el DAFP, el Ministerio

del Interior, el Ministerio de Transporte y la

Superintendencia de Puertos y Transportes

muestran los avances y estadísticas de la ejecu-

ción del presupuesto que les fue asignado. Así

mismo, el Ministerio de Defensa es una de las

pocas entidades que hacen capacitaciones so-

bre finanzas y generan múltiples guías sobre el

tema; también aprovecha las herramientas tec-

nológicas para dirigir las capacitaciones.

Por otra parte, la divulgación y el estableci-

miento de políticas, códigos de ética y mapas de

riesgos son aspectos con un grado de divulgación

medio con rangos entre 40 y 56%. No obstante,

algunas entidades que mencionaban estos aspec-

tos lo hicieron para manifestar que aún no te-

nían la política o no había sido aprobada.

Siguiendo la línea de los manuales, el pro-

ducto mínimo denominado Manual de funciones y

competencias laborales está duplicado pues aparece

en el componente de talento humano y en el de

estructura organizacional, y tiene los mismos li-


neamientos de acuerdo con el Manual Técnico del

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

colombiano, MECI 2014, emitido por el DAFP.

Los resultados también muestran un bajo

nivel de cumplimiento en lo que concierne a

todo el componente de administración del ries-

go, que es vital en todas las entidades, y más

en la evaluación de que trata este artículo, ya

que por medio de este componente la entidad

puede identificar, evaluar y gestionar aquellos

eventos negativos, tanto internos como exter-

nos, que puedan afectar o impedir el logro de

los objetivos institucionales (DAFP, 2014b).

El flagelo de la corrupción fue el motor de

la emisión de un Estatuto Anticorrupción; por

ende, la inclusión de una evaluación cuatri-

mestral sobre este tema en las entidades del

ejecutivo resulta relevante, sobre todo cuando

se espera que las entidades asuman una postu-

ra preventiva y, por ello, se requiere que hagan

una evaluación de los distintos riesgos que pue-

den enfrentar.

En términos generales, este módulo es el

más importante para las entidades pues de él

se desprenden los parámetros para su planea-

ción de gestión y ejecución, con el fin de que

alcancen sus objetivos.

De este modo, la tabla 2 muestra un bajo

nivel de divulgación en los parámetros estable-

cidos en este módulo, pues de 33 productos mí-

nimos tan solo 6 superan el 60%.

Por otra parte, la mayoría de los informes

está reportando únicamente si la entidad cuen-

ta con el producto mínimo, pero no da cuenta

de sus avances en el período evaluado, no da las

recomendaciones correspondientes ni detalla

los aspectos narrados.

En este escenario, sin información re-

levante sobre los controles asociados con la

ejecución del presupuesto, el seguimiento

detallado al cumplimiento de los planes, pro-

gramas y proyectos, y sus respectivos correc-

tivos y/o recomendaciones sobre estos, la

sociedad no podría entender los parámetros

básicos de la planeación prevista en cada en-

tidad ni reconocer su desarrollo, pues des-

conoce los avances y medidas sugeridas en

el control interno para que la entidad pueda

cumplir a cabalidad la gestión y conseguir las

metas en el escenario de eficiencia, eficacia

y economía previsto para este tipo de institu-

ciones.

Así mismo, como se mencionaba en párra-

fos anteriores, se advierte sobre la falta de im-

plementación y aplicación de las políticas de

administración del riesgo, y las evaluaciones

y hallazgos sobre estos, lo que imposibilita el

debido seguimiento y control por parte de la

ciudadanía para generar alertas y actuaciones

que permitan evitar escenarios no deseados de

corrupción y/o de prácticas indebidas en la ges-

tión de las entidades.

En cuanto al segundo módulo, se obtuvie-

ron los siguientes resultados (ver tabla 3).

En este módulo, se evidencia la divulgación

del programa de auditorías (plan de auditorías)

y de las herramientas de autoevaluación, que

son los productos mínimos con mayor grado de

cumplimiento 92 y 84%, respectivamente. Esto

indica que las entidades se preocupan por ha-

cer seguimientos y mediciones de resultados y

procesos, con el fin de determinar las fallas que

puedan afectar el cumplimiento de los objeti-

vos institucionales.



Componente de autoevaluación institucional

* Autoevaluación de control y gestión

Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación 8 32,00Herramientas de autoevaluación 21 84,00

Componente de auditoría interna

* Auditoría internaProcedimiento de auditoría interna 10 40,00Programa de auditorías - Plan de auditoría 23 92,00Informe ejecutivo anual de control interno 10 40,00

Componente de planes de mejoramiento

* Plan de mejoramiento

Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento 15 60,00Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento 18 72,00

Tabla 3Grado de cumplimiento en la divulgación de los productos mínimos correspondientes al módulo de evaluación y seguimientoFuente: elaboración propia, a partir del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano, MECI 2014 (DAFP, 2014b)

Lo anterior tiene sentido, toda vez que el

componente con mayor grado de divulgación

es el de planes de mejoramiento, que muestra

avances parciales en todos sus productos míni-

mos con un porcentaje medio de 66%. En este

sentido, las entidades procuran tener acciones

que corrijan las dificultades y/o debilidades en-

contradas en sus procesos de auditoría interna

y de autoevaluación, y las de entidades externas

(órganos de control) con el fin de fortalecer sus

procesos de gestión.

En el lado opuesto está el producto de

sensibilización a los empleados respecto a la

cultura de autoevaluación, con un grado de di-

vulgación de 32%, lo cual indica que las enti-

dades no toman este factor como herramienta

complementaria a las demás, pero este es un

instrumento básico en el proceso, ya que son

los mismos funcionarios los que pueden evi-

denciar mayores hallazgos y/o recomendacio-

nes de mejora.

La misma suerte corre el producto de pro-

cedimientos de auditoría interna, pues solo el

40% de las entidades hace mención a la defini-

ción de los procedimientos adoptados, que le

servirían de herramienta de control permanen-

te en la gestión administrativa.

Sin embargo, la divulgación de este módulo

alcanza un 60% de cumplimiento —el módu-

lo más alto en términos de cumplimiento—, lo

que evidencia un interés general por la medi-

ción y seguimiento de sus procesos. No obstan-

te, es un porcentaje medio, teniendo en cuenta

las mismas aclaraciones del módulo anterior

(para la tabla 2), en lo que compete a la limi-

tación del solo cumplimiento, sin mostrar avan-

ces y/o recomendaciones.

En este sentido, la falta de referencia clara

en los procedimientos adoptados, planes y li-

neamientos de auditorías de calidad, gestión y

cumplimiento, y en los procedimientos de au-

toevaluación y seguimiento, con sus respecti-


vos resultados y/o hallazgos obtenidos en estos

procesos, imposibilita a los actores del control

social un entendimiento amplio y de fácil reco-

nocimiento que le permita verificar el cumpli-

miento de actividades con fines de prevención,

y críticas que lleven a la corrección y/o sanción

social (Transparencia por Colombia, 2004), ra-

zones por las cuales no es posible determinar la

efectiva gestión y/u omisiones que conduzcan

al desvío misional de la entidad, con lo cual in-

cumple entonces el precepto de control, como

lo enuncia la Corte Constitucional (1999a):

Este control es principalmente axiológico y

finalista, pues propende por asegurar que la

gestión institucional de todos los órganos del

Estado, se oriente hacia la realización de los

fines que constituyen su objetivo y, que esta

se realice con estricta sujeción a los princi-

pios constitucionales que guían el ejercicio

de la función pública.

En el tercer módulo, se obtienen los si-

guientes resultados, como se muestra en la ta-

bla 4.


Componente de información y comunicación

* Información y comunicación interna y externa

Identificación de las fuentes de información externa 17 68,00Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso 12 48,00Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía 12 48,00Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad 13 52,00Política de comunicaciones 8 32,00

* Sistemas de información y comunicación

Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia 8 32,00Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos 12 48,00Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio 13 52,00Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad 13 52,00

Tabla 4Grado de cumplimiento en la divulgación de los productos mínimos correspondientes al módulo de información y comuni-caciónFuente: elaboración propia, a partir del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano, MECI 2014 (DAFP, 2014b)

De manera particular, nótese cómo de for-

ma vinculante se relacionan en porcentaje la

“identificación de las fuentes de información

externa” con los “mecanismos de consulta con


distintos grupos de interés” y los “medios de

acceso a la información con que cuenta la en-

tidad” con 62, 52 y 52%, respectivamente, lo

cual sugiere que las entidades procuran man-

tener herramientas de contacto directo con los

grupos de interés y de cierto modo les facilitan

el acceso a su información y a sus servicios.

No obstante, muy pocas entidades —como

el Ministerio de Hacienda, la Presidencia, DAFP

y DPS— muestran avances o relatan lo que han

trabajado en el período evaluado. Por eso es im-

portante resaltar lo que hacen estas entidades

y más el DPS que además de relatar lo realiza-

do durante el período, publica la inversión (sa-

lida de dinero) en que incurrió para ello.

Adicionalmente, un producto mínimo (que

también debería verse ligado a los menciona-

dos en los párrafos anteriores) —el de manejo

organizado o sistematizado de la corresponden-

cia— es el indicador con más bajo porcentaje

de participación, 32%, lo cual permite interpre-

tar que a pesar de que las entidades hacen un

esfuerzo por tener contacto con la ciudadanía,

aún no cuentan con directrices claras para este

manejo documental ni para manejar la corres-

pondencia recibida y generar respuestas a los

grupos de interés (DAFP, 2014b).

De igual forma, como se advertía en la ta-

bla 2, las entidades hablan en un nivel medio-bajo

de las políticas que adoptan para el funcionamien-

to y gestión en la entidad, y en este componente

se observa el mismo comportamiento en el pro-

ducto mínimo de “políticas de comunicación”,

que solo en 8 ocasiones (32%) fueron divulgadas.

Ya en términos generales, en la tabla 4, to-

dos los productos mínimos están en un grado

medio y logran en promedio un cumplimiento

de 48%, lo cual denota un bajo porcentaje de di-

vulgación teniendo en cuenta que este módu-

lo es un eje transversal, es decir, hace parte de

todas las actividades de control que se veían en

las tablas anteriores.

Hubo entidades que en los informes habla-

ban del Manual 3.1 para la implementación de

la estrategia de gobierno en línea para entidades

del orden nacional, interpretando con eso que

ya tenían identificados los aspectos mínimos a

publicar de acuerdo con ese manual y que, con

ello, se satisface lo exigido en el componente

de información y comunicación, lo que puede

ser cierto pero en la mayoría de casos no descri-

be en qué términos se viene cumpliendo con esta

estrategia. Por ello, la calificación dada en ese

aspecto fue de cero (0), toda vez que si bien el

Manual 3.1 para la implementación de la estrate-

gia de gobierno en línea para entidades del orden

nacional es un aspecto de cumplimiento y tie-

ne relación con el componente de información

y comunicación, el Manual Técnico del Modelo

Estándar de Control Interno para el Estado colom-

biano, MECI 2014 (DAFP, 2014b) no menciona

de forma taxativa la divulgación obligatoria de

los lineamientos orientados en el Manual 3.1

para la implementación de la estrategia de gobier-

no en línea para entidades del orden nacional.

Así las cosas, la falta de información sobre

los resultados de los controles asociados con los

proyectos, obras, contratos y administración de

los recursos le impide a la ciudadanía verificar

su estado y avances para el debido seguimiento

y control, lo que facilita omisiones, desvíos de

recursos por la ausencia de visibilidad y de difu-

sión de información oficial. En este mismo senti-

do, impide identificar las entidades y/o personas


que están desarrollando las obras y contratos,

lo que imposibilita la identificación de la con-

centración de recursos en manos de un mismo

tercero y genera riesgos de corrupción.

De este mismo modo, la falta de divulgación

y de estrategias de comunicación, y el no esta-

blecimiento de mecanismos para la interacción

con el público y personal de la misma entidad

imposibilitan la comunicación directa con estos

e impiden la administración electrónica como

un método para mejorar la transparencia infor-

mativa, la cual ayudaría a mejorar la prestación

de los servicios públicos y, a su vez, la participa-

ción de los ciudadanos en la gestión pública, sin

ofrecer nuevas formas de rendición de cuentas

(Alcaide, Rodríguez & Garde, 2014).

Con los resultados obtenidos en los tres mó-

dulos, se logra la nota global para cada una de

las entidades, con lo que se puede establecer el

ranking de e-control para las entidades del Esta-

do pertenecientes a la rama ejecutiva del orden

nacional nivel central.

Entidades Puntaje obtenido

Cumplimiento (%)

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS 48 97,96Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 43 87,76Ministerio de Minas y Energía 41 83,67Presidencia de la República 40 81,63Ministerio de Justicia y del Derecho 39 79,59Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA 36 73,47Comisión de Regulación de Energía y Gas 29 59,18Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP 28 57,14Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 28 57,14Parques Nacionales Naturales de Colombia 28 57,14Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 27 55,10Ministerio de Educación Nacional 27 55,10Ministerio de Hacienda y Crédito Público 26 53,06Ministerio de Trabajo 26 53,06Superintendencia de Puertos y Transportes 26 53,06Ministerio de Transporte 20 40,82Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 15 30,61Ministerio de Relaciones Exteriores 15 30,61Ministerio del Interior 15 30,61Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes 13,5 27,55Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 12 24,49Ministerio de Defensa Nacional 8 16,33Departamento Nacional de Planeación, DNP 5 10,20Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 2 4,08Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 0 0,00Promedio informes reportados 23,9 48,78

Tabla 5Ranking del e-control en entidades de la rama ejecutiva del orden nacional nivel central que dan cumplimiento a la divulga-ción de los productos mínimos establecidos en el MECI 2014Fuente: elaboración propia


La entidad con el mejor puntaje (grado de

cumplimiento) fue el DPS, pues de 49 puntos

alcanzó 48, es decir, un grado de cumplimien-

to del 97,9% de la información mínima a men-

cionar en el informe pormenorizado sobre el

estado del control interno de la entidad. Esta

entidad cumplió el 97% del módulo de planea-

ción y gestión; y el 100% en los módulos de

evaluación y seguimiento, e información y comu-

nicación. Sin embargo, por más de que ocupe

el primer lugar y sea un informe organizado, le

falta mejorar la presentación en lo que compete

a los lineamientos dados por el DAFP, ya que de

manera parcial se limita a mencionar el mero

cumplimiento de establecer los productos

mínimos, y no habla sobre los avances, que es

como debería mostrarse el informe.

En contraste, el Ministerio de Tecnologías

de la Información y de las Comunicaciones

ocupa el último lugar, con un grado de cum-

plimiento cero (0), es decir, el informe no

menciona ningún producto mínimo reque-

rido. Esto se debe a que el informe se centró

en divulgar el estado de cumplimiento en la

implementación del nuevo MECI, y cómo lo

ha hecho en cada etapa, sin hablar qué está ha-

ciendo en cada producto mínimo.

Un caso similar es el de la Comisión de

Agua Potable y Saneamiento Básico, pues tam-

bién es un informe atípico, que no cumple los

requerimientos del Modelo de informe ni el

Manual Técnico del MECI, emitidos por el

DAFP. Por ello, su grado de cumplimiento es

del 4,08%, pues dos productos mínimos fue-

ron mencionados. Si bien en cierta medida es

entendible la situación que se comenta, para el

control social se requiere que no solo se infor-

me sobre el estado de implementación o de

ajuste con los nuevos lineamientos, sino que

se informe de cada uno de los productos míni-

mos, dado que durante ese tiempo la entidad

sigue en funcionamiento y, por ende, puede

estar expuesta a prácticas que no privilegien el

cumplimiento de sus objetivos misionales y fi-

nancieros.

El mismo caso de informes atípicos ocurre

en Coldeportes y el Ministerio de Minas; sin em-

bargo, de estos informes se pudo evidenciar que

daban cuenta de los productos mínimos, mo-

tivo por el cual su puntuación no fue tan baja

(13,5, 27,5% y 41, 83,6%) como la de las entida-

des anteriormente mencionadas.

De igual forma, los resultados expuestos

en la tabla 5 muestran que las entidades men-

cionan en promedio el 48,78% de los produc-

tos mínimos requeridos en el informe. Este es

un nivel medio-bajo, teniendo en cuenta que,

como se ha venido advirtiendo a lo largo de

los análisis, la mayoría de las entidades se limi-

ta a mencionar expresamente lo establecido

en el Manual Técnico del Modelo Estándar de

Control Interno para el Estado colombiano, MECI

2014, respecto a los productos mínimos, y no

da cuenta de los avances que se hacen en el pe-

ríodo de evaluación, como también lo pide el

Modelo de Informe, emitido por el DAFP.

Sin embargo, hay que dar mención a ocho

entidades, pues cumplen en un 90% lo que se

esperaría ver en los informes, es decir, la es-

tructuración de avances, debilidades y reco-

mendaciones: DAFP, Ministerio de Justicia,

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transpor-

te, Ministerio de Vivienda, Parques Naciona-

les Naturales, Superintendencia de Puertos y


Transporte, y la Presidencia de la República. De

esta última, hay que resaltar que es uno de los

mejores informes, aunque su reporte no lo ha-

cen bajo el MECI 2014 (Decreto 943 del 21 de

mayo de 2014), sino con los parámetros de la

reglamentación anterior.

Por último, aun cuando las entidades es-

tén divulgando la información requerida en

un 48,78%, la gran mayoría de las entidades ya

adoptó el nuevo esquema del MECI 2014 (15

entidades aproximadamente), y reconocen en

algunos casos, que están en un 50% de grado de

avance de implementación del nuevo MECI, in-

cluso, algunas entidades van hasta ahora comen-

zando la adaptación. La misma suerte corren

las otras 10 entidades evaluadas que reportaron

bajo el esquema de la reglamentación anterior

(Decreto 1599 de 2005).

De acuerdo con el Decreto 943 de 2014, las

entidades que fueron creadas antes de 2012, te-

nían un plazo de 7 meses para adoptar el nuevo

modelo, plazo que vencía el 21 de diciembre de

2014. Los informes en estudio fueron emitidos

en noviembre y diciembre, razón por la cual

las entidades debieron dar cuenta de la culmi-

nación de este proceso.

Por lo expuesto, en los análisis sobre los dis-

tintos módulos y en el ranking se hace evidente

que las entidades del Estado pertenecientes a la

rama ejecutiva del orden nacional nivel cen-

tral no cumplen con el 100% de los productos

mínimos, por lo que la hipótesis número dos

se rechaza por completo. Esto limita el acceso

a la información relevante para realizar el con-

trol social.

El atraso en la adaptación al nuevo MECI

impide uno de los propósitos generales de su

actualización, el cual permitiría aclarar concep-

tos, que facilitarían su comprensión y, a la vez,

pretende introducir estrategias de simplifica-

ción que hagan efectiva su operación (DAFP,

2014b). Por tal motivo, la falta de publicación

efectiva de los productos mínimos que presen-

ten los hallazgos, avances, recomendaciones

y/o debilidades, y la ausencia de claridad en los

informes y el no reconocimiento de nuevos li-

neamientos para la debida gestión, impiden a

la ciudadanía entender, identificar y realizar un

seguimiento de verificación a las actuaciones

y ejecución administrativa que desarrollan las

entidades, sin poder entonces llevar a cabo el

propósito esencial del control social, el cual va

desde la prevención a la acusación y sanción,

concebidas por el reconocimiento oportuno y

transparente de la información, el seguimien-

to al cumplimiento de compromisos y metas

de las entidades (Transparencia por Colombia,

2004), manifestar y/o alertar sobre posibles

riesgos de la gestión pública (Ministerio de In-

terior y de Justicia, 2006).

Conclusiones

Los escándalos sobre corrupción están hacien-

do mella en el crecimiento socioeconómico

de los países, y cada vez son más recurrentes;

cuando se piensa que ya se ha tocado fondo,

surgen nuevas modalidades y escándalos. En un

país como Colombia, cuya economía es tercia-

ria, y en donde se busca avanzar y estar a la par

con países de primer nivel, este flagelo es de

mayor impacto que en países que tienen un so-

porte socioeconómico más avanzado. Por esto,

surgen múltiples acuerdos internacionales,


propuestas de cooperación, códigos de buen

gobierno e iniciativas como la que fue objeto

de estudio en este artículo, los cuales en su con-

junto se espera contribuyan en la mitigación de

los riesgos de corrupción.

Para que este proceso sea efectivo, se debe

involucrar a la ciudadanía y educar a todo el

Estado, concienciándolos no solo en materia

ética, sino también de participación en el con-

trol mediante veedurías o haciéndose partíci-

pes en escenarios que posibilitan la rendición

de cuentas y la transparencia de las entidades.

Así mismo, los gestores y/o actores públicos

deben hacer que estas prácticas sean posibles

y coadyuvar al cumplimiento de los manda-

tos legales existentes y, por qué no, generando

nuevas herramientas de transparencia y parti-

cipación.

Los informes pormenorizados de control

interno son una herramienta importante para

ejercer el control ciudadano y llevar a cabo eva-

luaciones sobre las actuaciones de los gestores

públicos en cada entidad, dado que sirven en

cierta medida, para realizar un monitoreo a las

entidades y a sus decisiones.

Con el propósito de evidenciar la efectivi-

dad en la divulgación cuatrimestral de los in-

formes pormenorizados en los sitios web, como

herramienta de control y seguimiento en las

instituciones públicas colombianas de carácter

ejecutivo, la presente investigación evaluó el

grado de cumplimiento en la divulgación de

estos por parte de las entidades públicas de la

rama ejecutiva del orden nacional nivel central,

para dar cumplimiento a lo establecido en la

Ley 1474 de 2011. Así mismo, se analizó el con-

tenido de los aspectos expuestos en estos infor-

mes, siguiendo los parámetros previstos en el

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control

Interno para el Estado colombiano, MECI 2014 y

el Modelo de informe propuesto por el DAFP

para este fin.

Como conclusión, estas instituciones evi-

dencian un grado medio-alto de divulgación de

los informes en sus páginas web, lo cual posi-

bilita en cierta medida los propósitos esenciales

del reporte por parte del responsable de con-

trol interno, es decir, poder realizar un perma-

nente monitoreo a la gestión de las entidades

y presentar los resultados ante todas las partes

interesadas para que se ejerza el control corres-

pondiente. Sin embargo, como se advirtió en el

análisis de la tabla 1, las entidades no cumplen

en un 100% esta obligación y es imperativo ha-

cerlo, so pena de las sanciones disciplinarias

por omisión a este mandato.

De igual forma, se evidenció un nivel me-

dio-bajo en el cumplimiento de la información

mínima a reportar, tanto en términos de fondo

como de forma, pues las entidades se limitan al

mero cumplimiento formal de decir si tienen o

no el producto mínimo, pero no muestran ha-

llazgos, avances y/o estrategias de mejora.

Por último, con los resultados obtenidos se

advierte la necesidad de monitorear y generar

controles por parte de los entes reguladores, con

el fin de garantizar el cumplimiento en la publi-

cación de los informes y el contenido que allí se

debe consignar, y así lograr mejores herramien-

tas efectivas de control y monitoreo que coope-

ren en la reducción de riesgos de corrupción y,

por otro lado, una comunicación con las partes

interesadas. Esto también se puede lograr si

se vincula en la estrategia de gobierno en línea


(e-government), lo referente al acceso del infor-

me pormenorizado de control interno, como

una práctica de e-control.

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• Fecha de recepción: 14 de julio de 2015

• Fecha de aceptación: 14 de marzo de 2016

• Disponible en línea: 15 de mayo de 2016

Para citar este artículo

Gutiérrez-Ruiz, R. L. & Católico-Segura,

D. F. (2015). E-control en las entidades

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nal en Colombia. Cuadernos de Conta-

bilidad, 16(42), 553-578. http://dx.doi.

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artículos derivados de proyectos de investigación · 2017-03-06 · tividad en el control de la...

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