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DPI y su cumplimiento en ChinaAcciones legalesa. Vía administrativab. Litigio civilc. Sanciones penalesd. Recurrir a las aduanas para que detengan la exportación y recojan pruebasEl cumplimiento de la sentenciaEstudio de caso Aprendizajes claveRecursos Relacionados

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Aplicación de los Derechos dePropiedad Intelectual en China

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1. DPI y su cumplimiento en China

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) recogidos por la legislación China son muy similares a los vigentes en Europa. Es posible registrar derechos de patente sobre invenciones, modelos de utilidad, diseños y marcas comerciales. Los derechos de autor también pueden registrarse. Existen derechos no sujetos a patente de conformidad con la ley que regula los secretos comerciales y la competencia desleal, pero no ofrecen muchas garantías (se considera que tan solo el 30 % de las denuncias relacionadas con secretos comerciales prosperan) y por tanto se recomienda registrar los derechos de PI ante las autor idades competentes. Puede consultar un resumen sobre los DPI en China en la página del China IPR SME Helpdesk: www.chinaiprhelpdesk.eu/en/publications.

ASi ha registrado su PI y descubre que se están vulnerando sus derechos, debe intentar hacerlos cumplir. ¿Cómo averiguar que se están produciendo infracciones? Puede que sus clientes le informen de la existencia de productos competidores, que localice productos fraudulentos a la venta en Internet o quizás que los encuentre expuestos en una feria comercial. Para seguir la pista de estos indicios puede recurrir a un investigador privado que recabe más información sobre la empresa que comercializa el producto: ¿se trata de una empresa grande?; ¿cuál es su capacidad de producción?; ¿cuánto tiempo lleva en el mercado?; ¿quiénes son sus clientes?; ¿ejerce su actividad desde su sede social? Una vez tenga

suficiente información en su poder, si decide emprender acciones legales, dispone de varias opciones que se explican a continuación.

2. Vía administrativa

Existen principalmente cuatro vías legales en China: la vía administrativa, el litigio civil, las sanciones penales y la incautación en las aduanas.

a. Administrative actions

En China los principales organismos admin is t ra t ivos son las Of ic inas de Propiedad Intelectual (IPO), las Admin is t rac iones de Indus t r ia y

de Autor y las Oficinas de Calidad y Supervisión Técnica (QTSB, divisiones de la Admin is t rac ión Genera l de Cal idad, Supervis ión, Inspección y Cuarentena). Estos organismos ostentan las competencias necesarias para emprender determinadas acciones contra las empresas que infringen los derechos de propiedad intelectual. Entre unos y otros tienen potestad para:

Realizar redadas en las instalacionesde los acusados e incautarse de los artículos fraudulentos para su posterior destrucción;ordenar interdictos para obligar alpresunto infractor a desistir de su actividad; eimponer multas al infractor porvulnerar los derechos de marca comercial o los derechos de autor y por falsificar certificados de patente (aunque no por infringir derechos de patente).

Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en ChinaHerramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China

Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual en China

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La Administración ofrece una vía relativamente rápida y económica para denunciar infracciones de marcas comerciales y derechos de autor, así como para recabar pruebas de delitos que vulneran derechos de patente. Por lo general se encargan de buen grado de los casos de marcas comerciales porque para los funcionarios de la AIC no supone mayor problema comparar la marca registrada con el artículo falsificado o presuntamente fraudulento y decidir si constituye delito. Lo mismo ocurre con los casos sencillos de derechos de autor. No obstante, estos organismos administrativos se muestran más reacios cuando se trata de analizar el alcance de la protección de patente y los casos de infracción. En los casos de violación de derechos de patente o los casos complejos de derechos de autor la vía administrativa sirve principalmente para obtener pruebas.

pruebas para iniciar un proceso administrativo o civil contra el infractor, puede solicitar a la QTSB que

no cumplen los estándares de calidad y seguridad. La QTSB no se encarga habitualmente de los casos de propiedad intelectual pero puede resultar útil para

alternativa.

Si el titular de los derechos desea presentar una demanda administrativa deberá encomendar a un abogado que registre las pruebas de la existencia del derecho y de su titularidad (es decir, el certificado de DPI y documentos identificativos del titular de dichos derechos, así como los poderes de representación que le otorgan la facultad para actuar) y las pruebas del delito (el grado de contundencia de dichas pruebas depende de la región y la localidad de la que se trate, de manera que puede ser suficiente un informe del investigador o puede ser necesaria una muestra de compra efectuada en presencia de un notario). Su abogado le facilitará más información si decide emprender este tipo de acción.

Los casos sencillos de marca comercial, de derechos de autor o que sean competencia de la QTSB y se

presenten ante la administración local pueden alargarse entre tres y seis meses y costar entre CNY 20,000 y 50,000 (entre EUR 2,400 y 6,000 aproximadamente).

Solicitar a una IPO que recabe pruebas sobre una infracción de derechos de patente de diseño puede costar entre CNY 30,000 y 80,000 (entre EUR 3,600 y 9,700 aproximadamente), y constituye el paso previo a un proceso civil.

b. Litigio civil

El litigio civil es equivalente a un juicio en Europa. Las vías de satisfacción que se suelen contemplar son el interdicto, la indemnización, la entrega y la destrucción (de herramientas/artículos). Los procesos civiles suelen alargarse entre 6 y 12 meses desde que se interpone la denuncia hasta que se dicta sentencia.

comercialización, el uso, la fabricación y la exportación. Normalmente resulta más sencillo obtener pruebas de venta que de comercialización, pero para admitir la venta como prueba de un delito los Tribunales chinos exigen que la certifique un notario, lo que complica las cosas. En la práctica ello implica que la compra o comercialización del artículo presuntamente fraudulento debe producirse en presencia de un notario que posteriormente dará fe de que dicho artículo fue vendido o puesto a la venta por el acusado. Esta muestra de compra o comercialización certificada por un notario solo indica que se ha vendido o puesto a la venta un artículo en particular y no siempre será

una indemnización adecuada. Para poder presentar pruebas de la fabricación puede recurrirse a una Orden de Conservación de Pruebas (EPO, por sus siglas en inglés).

Una EPO es un instrumento jurídico según el cual el Tribunal precinta y/o toma fotografías de los artículos fraudulentos hallados en las instalaciones del acusado. El Tribunal también podrá hacer copias de todos los documentos contables, nóminas y otros documentos de carácter comercial que se hal len en dichas instalaciones. Obviamente muchos posibles infractores son conscientes de ello y no guardan este tipo de documentación en sus fábricas. La utilidad de la EPO reside fundamentalmente en la obtención de pruebas fotográficas y/o precintadas de que los artículos se fabrican a escala industrial. El Tribunal puede solicitar

2,400 y EUR 120,800 aproximadamente), en función de la cuantía de la demanda y los requisitos exigidos por dicho Tribunal en particular.

Una vez obtenida la prueba de la infracción, ya sea a través de una muestra de compra o una EPO, puede comenzar el proceso en sí. Se aplican las normas habituales en cuanto a jurisdicción: la demanda debe presentarse en el lugar en el que se produjo el agravio (el daño, la infracción) o en la ciudad o provincia de origen del acusado. Si la provincia en la que reside el acusado es conocida por su inexperiencia judicial, es preferible intentar que la muestra de compra tenga lugar



en otra jurisdicción cuyos jueces sean más duchos en cuestiones de PI (como Pekín, Shanghái, Shenzhen o Guangzhou).

Cuando el titular de los derechos haya recabado suficientes pruebas, puede considerar la opción de solicitar una Orden de Embargo de Bienes (APO, por sus siglas en inglés), según la cual el Tribunal congela las cuentas bancarias y/u otros bienes del acusado. Esta táctica es especialmente conveniente cuando el demandante ha sufrido o prevé pérdidas cuantiosas debido a la infracción y existe el riesgo de que el fallo no le sea favorable. También en este caso el Tribunal puede exigir el pago de una finanza proporcional a la

depositada en la cuenta de los Tribunales hasta que concluya el proceso (incluidas posibles apelaciones).

Cuando el propietario de los derechos haya obtenido suficientes pruebas, se hayan confiscado/congelado los b ienes de l acusado y se haya preparado concienzudamente el caso de infracción, tendrá lugar un breve juicio. Normalmente antes y después del juicio en sí se celebran negociaciones para llegar a un acuerdo con la mediación del juez. Si no es posible alcanzar un acuerdo el juez se retira para meditar su decisión y emite un fallo cuando corresponda.

c. Sanciones penales

Solo se recurre a la vía penal en casos relacionados con patentes cuando se ha producido la falsificación de los certificados de patente en sí. Se trata de un procedimiento penal poco habitual que generalmente está reservado para infracciones de marca comercial y derechos de autor. Existen tres medios para motivar una sanción penal:

el titular de la PI pone los hechos en conocimiento

autoridad penal porque sospecha que los daños infligidos por el acusado rebasan un determinado umbral; oel titular de una marca comercial decide interponer una denuncia penal, lo que se conoce como querella.

Las dos primeras opciones son más comunes que la tercera, ya que, a diferencia de las autoridades, los demandantes no pueden obtener pruebas por imperativo legal.

La PSB decide según su criterio si acepta o no un caso penal, tanto si lo ha denunciado el propietario de la PI como si ha sido derivado por una instancia admin is t rat iva. S i la PSB acepta e l caso, los procedimientos comienzan con la recogida de pruebas.

el caso a la fiscalía, que decidirá si el caso se lleva a juicio o no.

La f iscalía es quien presenta el caso ante los Tribunales. Estos establecen la responsabilidad y fallan en consecuencia. La pena puede ser de hasta siete años de prisión y/o sanción. Cabe destacar que

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el propietario de la PI no recibe indemnización alguna mediante este procedimiento, aunque indudablemente si los Tribunales fallan a su favor ello puede disuadir a futuros infractores.

d. Recurrir a las aduanas para que detengan la exportación y recojan pruebas

Aunque en la práctica, como siempre, todo depende de la región de la que se trate, muchas aduanas chinas

que les constan como registradas. Sin embargo, normalmente no ocurre así con las patentes y los derechos de autor, de modo que los titulares de unas y otros que deseen que las aduanas se incauten de artículos fraudulentos deben informar en detalle de

el número del contenedor). En la práctica para obtener esta información es necesario contratar los servicios de investigadores privados.

El China IPR SME Helpdesk ofrece una guía sobre las aduanas y la protección de derechos: www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/Customs.pdf.

Si se confiscan artículos y el demandante desea

de cuantía igual al valor de los bienes incautados. El acusado podrá abonar una contrafianza equivalente para poder recuperar los bienes.

La incautación de bienes por parte de las autoridades aduaneras constituye una prueba contundente de la envergadura del delito. Ello implica que aunque las aduanas devuelvan los bienes incautados tras el pago de una contrafianza, el demandante podrá utilizar la prueba para solicitar una indemnización por daños cuantiosos. Por otra parte, para pagar la indemnización se recurre a la contrafianza abonada por el acusado, evitándose así el riesgo de impago.

3. El cumplimiento de la sentencia

Si el demandado no cumple la sentencia del Tribunal o no se atiene a lo pactado ante el mismo, el demandante puede denunciarlo para obligarle a hacerlo. En estas circunstancias sería muy conveniente para el demandante disponer de una APO anterior, ya que la indemnización se paga con los bienes embargados.

Si no dispone de una APO es recomendable que el demandante lleve a cabo sus propias investigaciones e informe al Tribunal sobre el valor estimado de los bienes del acusado. Si en la cuenta bancaria del acusado hay

lo estipulado por la sentencia o el acuerdo. Si en dicha cuenta bancaria no hubiese fondos suficientes, podrá ordenarse la subasta de los bienes.

Como ocurre en cualquier jurisdicción, no existen garantías de que el acusado disponga de bienes suficientes para satisfacer la cuantía total de la indemnización. Conviene actuar con prudencia y negociar un acuerdo realista con el acusado en base al valor conocido de sus bienes.



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Estudio de caso 1: procedimiento habitual ante una infracción

Una vez identificado el infractor, normalmente a través de un anuncio en una página web o en una feria comercial, se debe contratar a un detective para que lleve a cabo una investigación inicial del mismo. Para realizar un informe convencional de investigación pueden precisarse entre una y tres semanas. Dicho informe incluirá información sobre los actos y artículos ilegales, así como más datos sobre la empresa y las identidades de los presuntos infractores. Es fundamental dar con la empresa correcta antes de comenzar el proceso judicial, cosa que no siempre es fácil cuando se trata de un entramado complejo de grupos de empresas y/o sociedades pantalla. La empresa que fabrica los productos es la importante a efectos judiciales.

Ya con el informe de investigación es su poder, el interesado debe decidir qué tipo de vía legal emprender contra el infractor (civil, administrativa o, las menos veces, penal). Ello dependerá de los siguientes factores:1. la naturaleza del acto delictivo y el tipo de derecho de propiedad

intelectual que vulnera; 2. la contundencia de las pruebas que se pueden recoger sobre la

infracción;3. si el infractor está involucrado en otras actividades relacionadas con el

hecho delictivo (por ejemplo, el registro de una patente "de imitación").

Al preparar una demanda civil es necesario aportar pruebas documentales certificadas por un notario (por ejemplo, una copia de la página web en la que se ofrecen los artículos fraudulentos a la venta). Los documentos extranjeros (como los poderes que otorga el demandante a su abogado chino) deben estar

será tenida en cuenta por el juez y por tanto las declaraciones de testigos o de abogados y los informes de investigación no tienen mucho peso en los Tribunales de tal país.

A continuación se enumeran las pruebas fundamentales para demostrar que se ha producido una infracción:1. una muestra de compra acompañada de un recibo oficial. La compra debe efectuarla un detective en

la localidad en la que está registrada la empresa infractora y debe producirse ante notario, aunque una compra por Internet también es válida siempre que la presencie un notario; y

notario en las que se muestre el producto a la venta.

Asimismo, es conveniente realizar una compra (sin presencia de notario) de un artículo fraudulento quince días antes de que se celebre el juicio. Los acusados suelen alegar en el juicio que la actividad ilegal no era lucrativa y/o ha cesado, argumento este que puede rebatirse ofreciendo al juez una muestra de compra reciente. Como

que esta estrategia no siempre funciona, aunque se recomienda como medida cautelar adicional.

El demandante puede acogerse a las vías de satisfacción habituales, especialmente al interdicto, a la entrega

obtenidos por el acusado, las pérdidas en las que ha incurrido el titular de la PI, una suma razonable en concepto de regalías o una cantidad fijada por ley. Si el demandante presenta un informe contable de los

delictiva. No obstante, las empresas privadas chinas normalmente no están obligadas a llevar una contabilidad y la ley no exige que las partes presenten sus registros contables durante los procedimientos legales. Obtener pruebas financieras es, por tanto, muy complicado. Si el demandante solicita una compensación por las pérdidas en las que ha incurrido debe informar de sus propios beneficios, cosa que muchos demandantes

del pago de un canon, el Tribunal podría utilizarla para calcular unas regalías razonables. Si no se dispone de

aproximadamente) - por lo general la cuantía de la indemnización es mucho menor.

Estudio de caso



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El demandante puede solicitar una APO y/o una EPO en las primeras fases del proceso civil. Las APO se utilizan para embargar los bienes y garantizar los fondos necesarios para satisfacer la indemnización. Las APO también sirven para incautar los artículos fraudulentos y evitar que el infractor pueda proseguir su actividad durante el proceso legal. Las EPO se suelen emplear para obtener nuevas pruebas de la infracción además de la muestra de compra presentada inicialmente.

En algunos casos el demandante puede solicitar un interdicto provisional. Los interdictos provisionales proceden, en teoría, si el titular de los derechos puede aportar pruebas de una infracción efectiva o inminente que causará perjuicios irreparables si no se actúa para remediarlo. No obstante, los Tribunales son reacios a conceder interdictos para evitar las pérdidas que podrían ocasionar a la empresa del acusado. Tales pérdidas son difícilmente cuantificables, y es por tanto complicado calcular y garantizar el depósito de una fianza apropiada por parte del demandante.

Cuando se hayan obtenido e intercambiado las pruebas, el asunto se someterá a juicio. El juez intentará alcanzar un acuerdo antes del juicio, y por lo general también después. Si no es posible llegar a un acuerdo, normalmente el fallo tiene lugar un par de meses después de la vista. Tras la sentencia la parte nacional tiene 15 días (30 la extranjera) a contar desde la fecha de recepción del fallo para apelar la decisión si lo desea. La parte que tenga intención de apelar debe presentar una solicitud que recoja los fundamentos de su apelación. Los Tribunales chinos no suelen aceptar pruebas nuevas en la fase de apelación salvo en casos excepcionales en los que las partes no pudieron presentar ninguna durante el juicio en primera instancia. Normalmente pasan entre tres y seis meses desde la fecha de la solicitud hasta que se obtiene la decisión de apelación. En primera instancia la sentencia se hace efectiva en un plazo de 15 días si no se ha presentado una solicitud de apelación (o 30 días si alguna de las partes es extranjera). La decisión de apelación es efectiva desde el momento de su recepción. No obstante, en ambos casos puede solicitarse el cumplimiento forzoso de la sentencia si el acusado no lo hace voluntariamente. Los plazos de actuación en caso de incumplimiento de un fallo emitido por el sistema judicial chino varían en función del Tribunal. Si el infractor hace caso omiso de las restricciones que se le han impuesto en virtud de la sentencia, el demandante puede volver a dirigirse al Tribunal para elevar una queja.

El plazo antes de que se celebre el juicio podrá alargarse si el acusado presenta una acción de invalidación contra la patente objeto de la presunta infracción. Todas las solicitudes de invalidación de patente se presentan

procedimiento concurrente relativo a la infracción quedará aplazado hasta que haya concluido la acción de invalidación. Si se aplazan o no dichos procedimientos suele depender del tipo de propiedad intelectual del que se trate. Por ejemplo, una patente de invención se considera un derecho más estable que un modelo de utilidad y por tanto, si se cuestiona la primera existen menos posibilidades de que se aplacen los procedimientos.

Estudio de caso 2: sociedades pantalla

Un problema habitual al que suelen enfrentarse los titulares de derechos es lo que se denomina sociedades

X fabrica calzado parecido a, por ejemplo, el de Adidas, X puede crear una sociedad pantalla denominada "Adidas Hong Kong". La sociedad pantalla emite una "licencia" y/o una "carta de autorización" para el fabricante de X radicado en China continental, el cual afirma disponer de una licencia o una autorización por parte de Adidas Hong Kong. La licencia o autorización protegerá al fabricante de posibles redadas por parte de la AIC, ya que esta administración, como se ha indicado previamente, solo está capacitada para abordar los casos más sencillos. Ello implica que el propietario de la PI debe acudir a los Tribunales para hacer valer sus derechos, lo que conlleva más tiempo y más gastos que los trámites que se

al fabricante porque a) le permiten aparentar que dispone de una licencia de una marca famosa (lo que aumenta sus ventas) y b) le proporcionan tiempo para proseguir con su actividad delictiva a la espera de los procedimientos legales. Ofrecen una

Estudio de caso



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tercera ventaja, ya que el Tribunal chino no ostenta las competencias necesarias para disolver una sociedad pantalla de otro país, de manera que el propietario de los derechos debe invertir más recursos y emprender acciones legales en el extranjero para que se proceda a su disolución. Si el propietario de los derechos dispone de un presupuesto limitado para proteger estos, debe concentrarse en el juicio contra la empresa fabricante únicamente y no intentar clausurar también la sociedad pantalla.

En este caso, la sociedad pantalla hace las veces de oficina central del fabricante chino. Los pedidos se tramitan a través de la sociedad pantalla, por ejemplo desde Hong Kong, pero en realidad los lleva a cabo el fabricante en China continental. No es posible establecer un vínculo entre la empresa sita en China continental

hongkonesa los fabrica en realidad la empresa de China continental. Para evitar esta situación es posible contratar los servicios de un investigador para que acuda a la fábrica de China continental y realice una compra que sirva como muestra. El investigador solicitará una factura al fabricante, en lugar de comprar el producto a través de la sociedad pantalla.

Estudio de caso 3: combinar la vía administrativa y la civil en casos de infracción de marca registrada

Existe la posibilidad de combinar los procesos administrativo y civil. Como siempre, antes que nada se deben registrar los derechos de PI que se desea proteger. A continuación se deben adoptar las medidas oportunas para controlar la actividad en ferias comerciales, Internet y otros medios por los que se puedan vender o comercializar los productos fraudulentos.

Si descubre artículos fraudulentos debe aportar como prueba una muestra de compra acompañada de un

AIC local competente, y al mismo tiempo, una demanda civil por infracción de marca comercial.

La vía administrativa suele ser más rápida y económica que la civil. Si se obtienen resultados satisfactorios a través de la AIC y esta concede un interdicto, se procederá a destruir los artículos fraudulentos y se impondrán

aproximadamente) si no es posible calcular dichos beneficios (la multa se calcula en función del beneficio obtenido por la parte infractora a través del uso de la marca registrada). Esta sentencia puede emplearse como prueba para emprender posteriormente acciones legales por la vía civil por vulneración de marca registrada. No obstante, si se pretende utilizar el caso presentado ante la AIC como prueba en un proceso civil de infracción de marca registrada, es esencial que las pruebas recabadas sean lo más detalladas posible e incluyan números de producto, precios y cantidades, y que se conserven las pruebas documentales empleadas. Recordemos que

de los derechos no recibirá indemnización alguna a resultas de dicho proceso. Para evitar nuevas infracciones y recuperar las pérdidas, el propietario de los derechos debe compaginar el proceso con la AIC con una querella por lo civil.

Si se obtiene un fallo favorable por la vía administrativa, la querella por vulneración de marca comercial suele ser un proceso sencillo. Además de que el Tribunal otorga mucha importancia al fallo de la AIC, el demandante puede añadir nuevas pruebas para el juico civi l (p. ej. compras más recientes efectuadas ante notario). Las indemnizaciones concedidas por infracción de marca comercial varían, ascendiendo como máximo a los 500 000 CNY establecidos por ley (en el momento de redacción del presente documento, aunque se prevé que aumenten a 1 millón de CNY).

Estudio de caso



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Aprendizajes clave:

1. Registre sus derechos de propiedadintelectual. Si no los registra, sus derechos apenas contarán con protección legal en China.

2. Manténgase alerta. Es preciso inspeccionar las ferias comerciales y acceder a las distintas páginas web de b2b y b2c (como Alibaba o Taobao) en busca de artículos fraudulentos.

3. Si identifica una infracción, denúncielo. Si se labra una reputación de litigante, ello ahuyentará a los infractores en el futuro. Los recursos a los que se debe recurrir para construirse esa imagen dependen mucho de la gravedad del delito.

4. Prepare el caso con suma atención. Asegúrese de actuar contra la empresa adecuada y por los medios adecuados.

Recursos Relacionados

http://english.sipo.gov.cn/

Administration for Industry and Commerce (AICs)http://www.saic.gov.cn/english/

http://www.ncac.gov.cn

Technical Supervision Bureaus (QTSBs) http://english.aqsiq.gov.cn/

Public Security Bureau http://www.mps.gov.cn/n16/index.html

General Administration of Customs of the P.R.Chttp://english.customs.gov.cn/

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