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ISSN:5124367

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AÑO CIII - 1522 / MAYO DE 2014REVISTA DE LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

DirectorPresidente de la Bolsa de Comercio de RosarioRaúl R. Meroi

EDITORIALProyecto de ley sobre Impuesto Ecológico página 4

INTERNACIONALCiudades globales y seguridad Ana Botella página 6

AGRICULTURAEl mal del siglo Rubén Ferrero página 12

AGRICULTURA La segunda revolución de las pampasJuan Balbín página 14

POLíTICAS AGRíCOLAS Nueva Farm Bill: ¿quién paga?Agustín Tejeda R. página 18

MERCADO DE fUTURO Historia en dos ciudadesLuis A. Herrera página 30

INDICADORES ESTADíSTICOS página 34

HISTORIALa Primera Guerra Mundial y el comercio de granos en la Argentina. Neutralidad y puja anglo-germanaMario Rapoport y Ricardo Lazzari página 38

INTERNACIONALNarcotráfico y seguridad en América Latina Adriana Rossi página 46

4 | Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario

EDITORIAL

Proyecto de ley sobre Impuesto Ecológico

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe presentó ante la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial, para su tra-tamiento en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley en el que se propicia la incorporación al sistema tributario provincial del denominado Impuesto Ecológico, aunque su designación completa es “Impuesto por presión sobre el ambiente natural y construido”.

La Bolsa de Comercio de Rosario ha visto con preocupación el intento de creación de este nuevo impuesto, cuyo único objeti-vo parecería ser recaudatorio. Se trata de una iniciativa de una llamativa ambigüedad y vaguedad en la definición del objeto y hecho imponible: “grava la externalidad negativa generada por toda actividad económica que por su dimensión, ubicación, operatoria e infraestructura, ocasione impactos negativos sobre el ambiente o la población”.

Cabe tener presente que, para que constituyan externalidades negativas, los impactos provocados por una actividad deben ser concretos, definidos y comprobables. En cambio, este proyecto pretende gravar a ciertas actividades por el sólo hecho de la susceptibilidad de generar impactos negativos.

Por otra parte, en los considerandos iniciales del proyecto se declara que el impuesto busca “…reducir los efectos negativos producidos por los desechos contaminantes sobre el medio ambien-te”. Se pierde de vista que este objetivo ya está contemplado en la Ley Provincial 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en su decreto reglamentario, en las resoluciones sobre efluentes gaseosos, líquidos y sólidos, y en el régimen de infracciones y sanciones ambientales de la Ley 13.060.

Dichas normas establecen que toda persona física o jurídica responsable de proyectos, obras o acciones que afecten o sean susceptibles de afectar el ambiente, está obligada a presentar ante la autoridad de aplicación un estudio e informe de eva-luación del impacto ambiental de todas sus etapas. A partir de dicho informe, cumplidas que fueren las condiciones, exigen-cias y normas que establezcan parámetros físicos, químicos y biológicos que determinen la calidad ambiental aceptable, la autoridad de aplicación otorga o no la habilitación correspon-diente. Desde ese momento, y sin perjuicio de quedar sometida a los controles e inspecciones que se establezcan, la actividad que se desarrolle no debería presentar consecuencias nocivas al medio ambiente.

Por ello, en primer lugar, cabe manifestar la contrariedad que causa la pretensión de imponer nuevas cargas a contribuyentes que no desarrollan conductas contaminantes o perjudiciales para el medio ambiente o la población.

Por otra parte, el proyecto violenta los principios del Derecho Ambiental argentino, con raigambre en los tratados internacio-nales de Río de Janeiro de 1992 y en el propio texto constitu-cional, cuyo artículo 41 establece que la protección ambiental es una obligación y no un derecho del Estado provincial a ob-tener recursos económicos por su alteración. Y, en el caso de producirse una modificación negativa del ambiente, “generará prioritariamente la obligación de recomponer”, con lo que si-quiera es admisible la posibilidad de sustituir el daño por una indemnización suficiente. En nuestro ámbito no existe la figura de “contaminante pagador”.

Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario | 5

En lo que se refiere a la forma de cálculo de la base impo-nible establecida en el proyecto –de una notable compleji-dad–, se transgrede uno de los principios esenciales a los que deben ajustarse las normas jurídico-tributarias, que es el principio de certeza. Dicha fórmula viene a convalidar que el fin último del gravamen es meramente recaudatorio y no el de contribuir a preservar y mejorar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población. De otra forma no se explica que los factores que determi-nan la cuantía del tributo sean la capacidad de almacenaje de granos y el nivel de facturación total del sujeto pasivo, que no están asociados al comportamiento ambiental de la empresa y, por ende, no son indicativos de mayor capacidad contributiva.

Adicionalmente, esa fórmula polinómica atenta contra el principio de equidad tributaria, en el cual se pondera la dis-tribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados.

La fórmula de cálculo prevista en el proyecto constituye una clara y palpable discriminación hacia las actividades rela-cionadas con el comercio y el procesamiento de granos. En efecto, el factor AG (determinado por la capacidad de aco-pio de granos de la planta utilizada), que potencia el resulta-do impositivo, incide entre 3 y 30 veces más que la catego-rización de la actividad en función de parámetros realmente indicativos de impacto ambiental, como efluentes, residuos tóxicos, riesgos potenciales, etc.

Más allá de todo lo expresado, es indudable que el tributo proyectado traerá aparejados nuevos costos para las empre-sas alcanzadas, con caídas en sus márgenes de rentabilidad, y evidentes asimetrías intra e interprovinciales. Los sujetos pasivos perderán competitividad respecto de sus competi-dores no gravados, estén éstos radicados en el territorio san-tafesino o en otras jurisdicciones.

Un comentario final acerca del contexto en el que se pro-yecta este nuevo tributo. El país soporta un incremento de la presión tributaria global sin precedentes. Tomando valo-res del año 2012, la presión tributaria nacional alcanzó al 31,74% del PBI. Si se agrega la presión fiscal provincial del 5,6% y la de los municipios, estimada en un 2%, se totaliza el 39,34% del PBI. De esta forma, Argentina presenta una presión tributaria global más alta que los Estados Unidos (27% del PBI), Inglaterra y Alemania (36%) y levemente más baja que Francia e Italia (43%).

Pero estos guarismos se incrementan drásticamente si la presión se mide sobre los contribuyentes que efectivamente pagan sus impuestos. Si se asume, conservadoramente, que el PBI informal es del 30%, la carga tributaria global sobre los que realmente contribuyen alcanzaría al 56% del PBI.

Planificar en este escenario la creación de un nuevo impues-to provincial de las características apuntadas, puede cons-tituirse en un lastre difícil de soportar para las empresas alcanzadas, además de desalentar la radicación de nuevas inversiones, las que emigrarán a otras jurisdicciones con un tratamiento más favorable.


A lo largo de los últimos años, el mundo ha ido evolucio-nando desde un modelo en el que los países actuaban den-tro de un entorno local, circunscrito a sus fronteras, hacia un nuevo modelo en el que las economías mundiales com-piten en un entrono global.

En este contexto, las ciudades del siglo XXI, que concentran dos tercios de la población mundial y actúan como motores de las economías nacionales, tienen un papel protagonista. Por eso, si el siglo pasado fue el “Siglo de las Naciones”, cada vez es más evidente que el XXI va a ser – y está siendo – el “Siglo de las Ciudades”. Los grandes retos mundiales,

sus soluciones y sus respuestas solidarias e inteligentes pa-san por ellas. Así, la expresión “piensa globalmente, actúa localmente” ha dejado de ser un eslogan o una abstracción voluntarista y se ha convertido en una exigencia que debe estar presente en el día a día de cuantos asumimos respon-sabilidades públicas.

El balance de nuestra actuación se debe reflejar en las cla-sificaciones internacionales sobre esta materia, puesto que ahí se verá el posicionamiento en el ámbito internacional de una ciudad, sus fortalezas y debilidades y, lo que es más importante, la situación en la que se encuentran sus princi-

Ciudades globales y seguridad

INTERNACIONAL

Ana Botella (*)

(*) Alcaldesa de Madrid

Botella, Ana (2013) “Ciudades globales y seguridad”, foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 13: Núm.2, pp.11-15


pales competidores.

Son muchas las dimensiones analizadas por estos estudios y, en todas ellas, la seguridad tendrá una influencia funda-mental en el desarrollo de toda la gran ciudad. El mejor o peor posicionamiento en cada una de las variables analiza-das dependerá, en gran medida, de la seguridad que ofrez-ca la ciudad analizada. Por tanto, no cabe renunciar a la seguridad si se quiere formar parte del grupo de referencia entre las grandes capitales mundiales, con independencia de la dimensión que se está analizando. De ahí que los pode-res públicos debamos garantizar la seguridad en nuestras ciudades, no sólo como valor jurídico, sino también social, pues es la base del desarrollo equitativo de toda sociedad avanzada y de cada uno de sus miembros.

En las ciudades modernas, más allá de un concepto estricto de seguridad, ésta pasa por la posibilidad de disponer de un espacio público compartido, en el que derechos y libertades de unos y de otros convivan sin conflicto. De ahí la im-portancia de enfocar la seguridad como una cuestión trans-versal e intersectorial para el desarrollo urbano sostenible y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La seguridad se materializa, desde la perspectiva del desa-rrollo urbano, como una parte integral de la planificación de la ciudad; es uno de los pilares del buen gobierno y está en la base de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Las instituciones públicas y la sociedad civil deben asumir los múltiples desafíos a los que se enfrenta la seguridad en una ciudad global, pues es una de las demandas principales de los ciudadanos y es fundamental para su calidad de vida. Por eso, los poderes públicos debemos trabajar para inten-sificarla en nuestras ciudades. Y en esta tarea, hay que tener

en cuenta que es tan importante la seguridad real como la percepción de la misma, la sensación de que vivimos en un entorno sin riesgos; además, es tan importante garantizar los medios necesarios para actuar una vez que se ha produ-cido un hecho delictivo como evitar que éste pueda llegar a producirse. Esto supone que, para disminuir los niveles de inseguridad, tanto objetivos como percibidos, haya que implementar políticas preventivas para evitar los delitos.

En la actualidad, el concepto de seguridad va mucho más allá de una mera responsabilidad policial; es ya algo inhe-rente a todas las políticas y áreas sociales. El incremento de la presencia policial en las calles es una parte de la solución a la inseguridad. Gracias a ella, se conseguirá una sensación de seguridad subjetiva y podrán solucionarse los problemas que hayan surgido, pero ésta no es la solución más impor-tante, puesto que la labor policial no debe entenderse como un instrumento meramente represivo.

La respuesta para disminuir la sensación de inseguridad del ciudadano, ya hablamos de seguridad objetiva o subjetiva, pasa por un concepto de seguridad integral, en el que debe irse más allá de la respuesta policial o judicial. Debe basarse en una política preventiva, de integración de todas las po-líticas sociales de nuestro modelo de convivencia, de modo que tiendan a disminuirse o a evitarse, por ejemplo, los fo-cos de exclusión o la pérdida del entorno urbano, aspectos que, de forma directa o indirecta, también influyen. Ya no es suficiente con un enfoque aislado y en paralelo; hace falta un planteamiento integral que contemple tanto los factores individuales y colectivos como los preventivos y los asisten-ciales.

Por eso, la actuación policial debe dirigirse más a la preven-


ción del delito que a la reacción frente a él. Y ésta es la fina-lidad esencial de la Policía Municipal de Madrid, un cuerpo integrado por más de 7.000 personas, formado, uniformado y armado: garantizar la normal convivencia, la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas que conviven en Madrid, de sus ciudadanos y de quienes nos visitan. Con este objetivo, desde el Ayuntamiento de Madrid hemos ve-nido trabajando en el establecimiento de alianzas y acuerdos de colaboración con otras instituciones y administraciones, como el Ministerio del Interior o los Tribunales de Justicia, para lograr así una mayor y mejor comunicación y colabo-ración entre los diferentes agentes implicados. No obstante, no siempre es posible evitar las actuaciones delictivas y, una vez que se han producido, la misión de la Policía Munici-pal es intervenir de forma rápida, ágil, coordinada y eficaz, ofreciendo un servicio de proximidad que fomente la par-ticipación ciudadana y el uso eficiente de los recursos pú-blicos para la prestación el servicio con la máxima calidad.

Hace ya casi 10 años, les preguntamos a los madrileños cuá-les eran sus preocupaciones principales sobre la calidad de vida en la ciudad, y la inseguridad ciudadana se reveló como una de sus mayores inquietudes. Ante esta preocupación, les preguntamos qué creían que podíamos hacer, y contesta-ron casi unánimemente (más del 80%) que debíamos incre-mentar la presencia policial en las calles, centrar a la Policía Municipal en labores de seguridad ciudadana y mejorar los tiempos de respuesta y la implicación de la policía en la re-solución de los problemas reales de los ciudadanos.

Nos pusimos a trabajar inmediatamente siguiendo esas pre-misas y empezamos por diseñar un plan que contemplaba

que el servicio al ciudadano y la consecución de resultados tangibles iban a ser los principios que guiarían todas nues-tras actuaciones. Comenzamos por sacar a los policías de las oficinas y destinamos a funcionarios no policiales a esas tareas para las que están mejor preparados. Así pudimos incrementar la presencia policial en las calles. Se creó el cuerpo de Agentes de Movilidad, un cuerpo no armado que tiene como misión la ordenación del tráfico. De esta forma, se liberó de estas tareas a policías armados, que fueron des-tinados a las calles de la ciudad en labores de prevención y seguridad ciudadana. Además se contrató seguridad privada para prestar servicio en los edificios municipales durante las noches y los fines de semana para no detraer policías de las calles de la ciudad en esos momentos que demandan tanta presencia policial.

En los 4 primeros años, conseguimos pasar de tener 2.740 policías patrullando las calles a disponer de 4.670, un 70.4% más. De 2008 a 2012, manteniendo la plantilla esta-ble, se realizó un esfuerzo para aumentar la productividad y se introdujo una dirección por objetivos que ha permitido incrementar las jornadas de patrullaje en la calle un 8.5% que es el equivalente a una promoción de 350 policías.

Después de 10 años, podemos afirmar que la ciudad de Ma-drid es hoy mucho más segura. Así lo avala la tasa de delitos y faltas por habitante, que ha disminuido un 20% en la ciudad de Madrid, mientras en el resto de España, sin con-tar nuestra ciudad, ha aumentado cerca de un 10%. Otro indicador que refleja el trabajo bien hecho es la reducción en casi un 58% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico entre 2003 y 2012. Estos datos ponen de manifiesto el resultado extraordinario de la implicación directa de la


Policía Municipal de Madrid en la seguridad ciudadana, y son refrendados por otro dato: Madrid, según estudios in-ternacionales sobra la materia, es considerada como una de las capitales más seguras de Europa, por delante de ciudades como París, Londres, Berlín, Bruselas o Lisboa.

Sin embargo, estas cifras objetivas no serían suficientes si el ciudadano de Madrid no percibiera esa seguridad como real. Por eso, lo más importante es que, cuando les pregun-tamos, el 73.2% dicen sentirse muy o bastante seguros, mientas que si les preguntamos por la seguridad percibida durante la noche, el incremento es mucho mayor. Se ha du-plicado el número de ciudadanos que se sienten seguros por la noche, hasta alcanzar un 63% de los encuestados. Esto se debe, sin duda, al incremento de la visibilidad policial du-rante las noches de los fines de semana, pues hemos pasado de las 75 patrullas nocturnas del año 2003 a más de 200 de las noches de los fines de semana que prestan servicio en la actualidad. Conviene destacar que los ciudadanos de Ma-drid valoran muy positivamente al Cuerpo de Policía Mu-nicipal y a cada uno de los funcionarios del Ayuntamiento que trabajan para hacer de esta ciudad un lugar más seguro: les otorgaron una nota al servicio de 7.6 sobre 10, que supera incluso a servicios similares como el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil.

A pesar de estos datos, tenemos que trabajar para seguir me-jorando. Por eso, nos hemos marcado unos objetivos claros: seguir reduciendo la delincuencia en las calles de la ciudad en un 10%, disminuir las víctimas por accidentes de tráfico en un 20%, mejorar la seguridad ciudadana percibida por los madrileños en un 10% e incrementar la satisfacción ciu-dadana con el servicio recibido en un 10%.

Para lograr estos objetivos, establecimos unas líneas de tra-bajo en las que debemos ir avanzando.

La primera irá dirigida a la prevención del riesgo y a la actuación frente a la comisión de delitos. Se asegurará la presencia policial en las calles de Madrid y, en particular, durante la noche de los fines de semana; se atenderán las demandas urgentes en materia de seguridad con el compro-miso de acudir al lugar de los hechos en un plazo máximo de 8 minutos desde la recepción del aviso; se prestará una atención especial a las personas más vulnerables, como las víctimas de violencia doméstica y de género, a quienes se atenderá de forma individualizada y con personal especia-lizado, poniéndolas en contacto con los servicios jurídicos, sanitarios y sociales necesarios; se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para aumentar la seguridad, y se desa-rrollarán planes específicos de seguridad dirigidos a ciertos sectores estratégicos, como el comercio y el turismo.

La segunda línea de trabajo buscará una mejor convivencia e integración. Para conseguirlo, se mejorará la protección y la seguridad de los espacios públicos, evitando y corrigiendo aquellas acciones que impidan su uso; se velará por la pro-tección del medio ambiente, garantizando el buen uso de los parques y jardines de la ciudad de Madrid y mejorando el cumplimiento de la normativa municipal en esta materia; se promoverá la participación de las asociaciones de vecinos, comerciantes, inmigrantes, mayores y asociaciones de pa-dres y madres de alumnos en los Consejos de Seguridad de Distrito; se fomentará la integración de los inmigrantes; se establecerán acuerdos de colaboración con la Administra-ción de Justicia para la reinserción social, y se dará respuesta en un plazo de 30 días a los problemas de convivencia ve-cinal planteados en las Oficinas de Atención al Ciudadano


de la Policía Municipal, contactando con el demandante, visitando el lugar de la incidencia e informando de la inter-vención realizada.

La tercera línea tendrá como objetivo mejorar la seguridad vial y atender los accidentes de tráfico. Entre otras actuacio-nes, se seguirán realizando controles preventivos de alcoho-lemia en nuestras calles; se impartirá formación en materia de seguridad vial en colegios, institutos, universidades y centros de mayores, y, en los casos de accidentes con vícti-mas, habrá un compromiso de acudir al lugar de los hechos en un tiempo máximo de 8 minutos desde la recepción de la demanda en el 80% de los casos.

Finalmente, la cuarta línea de trabajo se dirigirá a compar-tir con otras administraciones el uso de los recursos tecno-lógicos, como el convenio de colaboración suscrito con el Ministerio del Interior para el uso compartido de bases de datos y aplicaciones informáticas en las funciones de Policía Judicial. Así evitaremos una inversión duplicada por parte de Administraciones Públicas que trabajan con un objetivo común y que pueden compartir el uso de los recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los problemas de inseguridad que afronta Madrid son si-milares a los que se observan en otras grandes ciudades de nuestro entorno, especialmente en ciudades de habla espa-ñola, por compartir muchas señas de identidad más allá de nuestro idioma. El verdadero reto al que se enfrentan hoy por hoy estas ciudades es el de generar un entorno que sea compatible con una mejora de la calidad de vida de los ciu-dadanos en los diferentes espacios públicos. Por eso, es ne-cesario avanzar hacia un modelo territorialmente más equi-librado y policéntrico, más sostenible y habitable. Esto pasa por conseguir una mayor igualdad de oportunidades, para lo que debemos avanzar hacia la igualdad real entre hom-bres y mujeres en el ámbito laboral y familiar. Asimismo, hay que conseguir la integración de los inmigrantes y un mayor reequilibrio territorial. Debemos corregir los desequi-librios sociales a través de las políticas y coberturas de los servicios públicos, y desarrollando planes específicos en las áreas más desfavorecidas.

Por último, partiendo de un diseño urbano más racional, debemos garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana para seguir haciendo de Madrid una ciudad cada vez más segura, cohesionada y con la mejor calidad de vida para los madrileños.


El mal del sigloEl paciente:Doctor, un desaliento en la vidaque en lo íntimo de mí se arraiga y nace,el mal del siglo... el mismo mal de Werther,de Rolla, de Manfredo y de Leopardi.Un cansancio de todo, un absolutodesprecio por lo humano... un incesanterenegar de lo vil de la existenciadigno de mi maestro Schopenhauer;un malestar profundo que se aumentacon todas las torturas del análisis...

El médico:Eso es cuestión de régimen: caminede mañanita; duerma largo, báñese;beba bien; coma bien; cuídese mucho,¡Lo que usted tiene es hambre!...

José Asunción Silva

AGRICULTURA

Rubén ferrero (*)

(*) Presidente de CRA


Este poema plantea un conflicto entre “el paciente” y la reali-dad. Dicho de otro modo, “el paciente” no puede llamar a las cosas por su nombre, y por eso trata de disfrazar la realidad embelleciéndola, llenándola de atributos y distorsionando su significado. Cualquier parecido con “el relato” atribuible a este Gobierno es pura coincidencia, por supuesto: José Asun-ción Silva escribió este poema a fines del siglo XIX y ni en su sátira más refinada hubiera podido imaginar que sería supe-rado por el relato de la “década ganada”.

En efecto, hoy la visión de la realidad Argentina es obscena-mente contradictoria según sea quien la mire: hace apenas unos días el Jefe de Gabinete, estaba dando cifras elogiosas de la economía cuando un periodista le señaló la engorrosa situación de los jubilados (11 % de aumento tras 6 meses de congelamiento). A esto Capitanich respondió que “el poder adquisitivo aumentó drásticamente en los últimos años y que desde la oposición se siguen manipulando indicadores”. Sin embargo, desde la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires pudo saberse que la canasta de ali-mentos para una familia tipo subió 40,1 % en un año, y re-cientemente el Observatorio social de la UCA ha informado que la pobreza ronda el 26 %, es decir, un porcentaje dolo-rosamente cuatro veces mayor al reconocido por el gobierno.

En la apertura de la Asamblea Legislativa la Presidente se ex-playó acerca de los supuestos logros y aciertos de la década ganada. Pero en la última semana el Fondo Monetario Inter-nacional advirtió al Club de París que la situación económica argentina resulta “extremadamente frágil” y que los acreedo-res deberían poder revisar las cuentas públicas, cosa que el Gobierno impide desde 2006.

Fiel a su teoría conspirativa, el Gobierno sostiene que el pro-ceso de suba de precios de enero y febrero no se debe a la

devaluación del peso sino en gran medida a maniobras espe-culativas de empresarios y comerciantes inescrupulosos. Pero un estudio reciente de la Universidad Católica Argentina y TNS Gallup revela que el 60 % de sus encuestados afirmó que los ingresos familiares le resultan insuficientes para vivir con decoro.

En “El mal del Siglo” José Asunción Silva critica las preten-siones del poeta, su desconocimiento de la realidad y los ries-gos de adoptar paradigmas que conduzcan a extremos noci-vos. La función de su lenguaje preciso y directo es la de entrar en contacto franco con la realidad evitando mediaciones que distorsionen su significado. Por eso “el médico” destruye el discurso del paciente -plagado de elaboraciones intelectuales- con una palabra tan contundente como básica: “hambre”.

Los argentinos necesitamos que quienes nos gobiernen en el futuro sean capaces de comprender e interpretar fielmente la realidad y los conflictos de todo el entramado productivo del país. Hoy el campo es una fruta que ha sido exprimida hasta el punto de ponerse en riesgo la continuidad de mu-chas de sus producciones. Aunque el Jefe de Gabinete diga que “este gobierno es el que más ha ayudado al desarrollo del sector agropecuario” la realidad muestra con vergüenza que tenemos menos carne, menos leche, menos maíz, menos trigo, que las economías regionales se desangran y que la imprevisibilidad económica sumada a la inseguridad jurídi-ca ahuyentan cualquier atisbo de inversión.

A esta altura pecaríamos de ingenuos si creyéramos que algún día el relato oficial va a articularse con la realidad. Estará en nosotros, como ciudadanos responsables y me-moriosos, optar por aquellos “médicos” que, por dura que sea, nos digan de frente la verdad de la situación para poder ocuparnos de ella.


En los últimos años se generaron cuatro pilares fundamen-tales para la producción agropecuaria: se aprovecharon los avances de la biotecnología, se implementó la siembra direc-ta, se profesionalizó la agricultura y, por último, se desarrolló el almacenamiento ilimitado de la producción de granos, lo que permitió suplir recurrentes problemas de infraestructura.

Cabe recordar que la soja RR y la implementación de la siembra directa simplificaron la agricultura y aumentaron los rendimientos. Además, se redujeron los costos, se incre-mentó la seguridad de logro del cultivo y se favoreció su desarrollo en potreros y zonas donde nunca antes se había implantado, expandiendo así la frontera agrícola.

La segunda revolución de las pampas

AGRICULTURA

Juan Balbín (*)

(*) Ex presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).


La profesionalización de los agricultores fue otro hecho re-levante, porque se transformaron en empresarios al enten-der que el negocio agropecuario no empieza y termina en la tranquera sino que tiene una gran cantidad de vínculos con otros agentes que operan en la comunidad agroindustrial. Así, hoy se hacen contratos y acuerdos que generan una red de trabajo que empieza con el propietario del campo y se extiende desde los proveedores de insumos y servicios has-ta quienes procesan su producción. En el medio hay una intrincada red de actores que interactúan en el sistema y generan un nuevo nivel de productividad y de renta.

Es importante resaltar que heredamos un sistema de co-mercialización de granos envidiado en todo el mundo, pero que, en la actualidad, sufre la injerencia exacerbada de los organismos estatales. La demora en la entrega discrecional de los ROE y la implementación de cupos a la exportación genera incertidumbre en todo el mercado. Al fin y al cabo, se entorpece la función del productor y se dificulta la acti-vidad exportadora.

Con respecto al panorama internacional, la irrupción de los países del sudeste asiático como demandantes de proteí-nas vegetales, y ahora también de cereales, quebró la lógica instalada en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, basada en la seguridad alimentaria de Europa y Japón. Los excedentes que se fueron acumulando y la poste-rior batalla de subsidios que se libró con los Estados Unidos perjudicaron seriamente a los países productores de mate-rias primas. En la última década ese equilibrio de fuerzas cambió y eso se ve reflejado en los precios.

Por otro lado, no podemos olvidar la importancia de los bio-combustibles. Se trata de una industria destinada a producir energía renovable que mitiga la dependencia respecto de los combustibles fósiles.

El escenario no puede ser más alentador para el sector, aun-que, por diferentes motivos, seguimos desaprovechando oportunidades para alcanzar el crecimiento productivo de las actividades agropecuarias en su conjunto.


El campo en movimiento hoy significaría alcanzar 157 mi-llones de toneladas de granos en 2020. Pero eso no sería todo: hay que considerar las capacidades para transformar gran parte de ellos en proteínas animales de alto valor agre-gado. Queda claro que esas capacidades las debemos desa-rrollar con espíritu innovador y estableciendo sinergias con los entes públicos y la comunidad en su conjunto.

Alcanzar el potencial enunciado implicaría que la produc-ción agropecuaria argentina podría alimentar a 632-745 millones de personas en vez de los 441 millones actuales. Expresado de otra manera: la producción alcanzaría para alimentar a 15,5 - 18,3 Argentinas, en vez de las 11 actuales.

Sin embargo, para que esa oportunidad se convierta en rea-lidad hace falta que se den varias condiciones imprescindi-bles: que el negocio sea rentable, que haya previsibilidad, que se puedan incorporar nuevas tecnologías, que haya ins-titucionalidad y que se establezcan políticas a largo plazo. Por otro lado, no debemos olvidar que aquellos países que alcanzaron un desarrollo económico sostenible en el tiempo fueron los que pudieron acortar la brecha entre la industria y el agro sin antinomias ni rivalidades de por medio.

Para finalizar, es preciso mencionar que será imprescindible trabajar integralmente en el desarrollo económico, social y ambiental de la agroindustria sin olvidar que la fertilidad genética de nuestros suelos da señales de agotamiento.


Casi un año y medio después del vencimiento de la legisla-ción anterior y tras encendidos debates entre demócratas y republicanos, el Congreso de Estados Unidos aprobó la nue-va Ley Agrícola (Farm Bill), que regulará los millonarios sub-sidios que recibirán los agricultores de ese país entre 2014 y 2018. La Agricultural Act of 2014 contará con un presupuesto de 488,6 mil millones de dólares para el total del próximo lustro.

La nueva Farm Bill representa un importante cambio respecto de su predecesora. Se eliminarán gran parte de los programas

actuales, como los pagos directos, los pagos contracíclicos, y el ACRE; y se los reemplazará por una serie de nuevos pro-gramas de subsidios que, junto con un fortalecimiento de los seguros agrícolas, le permitirán al productor un mejor mane-jo de los riesgos inherentes a su actividad y lo compensarán en caso de experimentar una disminución en su ingreso.

Estas modificaciones obedecen a dos objetivos puntuales. Por un lado, acallar las críticas de una opinión pública que se opo-ne a que agricultores cuyos ingresos promedio son superiores a los del resto de la economía reciban pagos directos por el

Nueva Farm Bill: ¿quién paga?

POLíTICAS AGRíCOLAS

Agustín Tejeda R. (*)

(*) El autor es economista jefe de la Fundación INAI


mero hecho de serlo, sin exigirles producción a cambio. Por el otro, terminar de dar forma a una fuerte red de seguridad que protege al productor, cubriéndolo de pérdidas no sólo por las variaciones de los precios de mercado de los cultivos, sino también por variaciones en los rendimientos de las cosechas.

Con esta ley, la estructura de subsidios de EE.UU. se vuelve más distorsiva para el comercio internacional. Se reemplaza-rán pagos directos desacoplados, que poseen menores efectos dañinos, por ayudas vinculadas a los niveles de producción y precios corrientes, que influyen en las decisiones del produc-tor incentivándolo a producir más. Argentina y el resto de países exportadores de productos agrícolas sufrirán las con-secuencias.

1. BREVE HISTORIA DE LA fARM BILL

Los programas de subsidios para el agro estadounidense fue-ron introducidos en respuesta a los efectos causados por la “Gran Depresión” de los años 30. Entre 1929 y 1932 los precios de los productos agrícolas disminuyeron en más de un 50%, causando –en conjunto con costos crecientes– una significativa caída en la rentabilidad del sector.

Este contexto de recesión económica llevó al Congreso a aprobar, bajo los lineamientos del “New Deal” de Franklin Roosevelt, el Acta Agrícola de 1933 (Agricultural Adjustment Act). Con ésta se crearon diversos mecanismos de apoyo a los agricultores, como programas de sostenimiento de los pre-cios y pagos directos, y se establecieron controles de oferta para aliviar el problema de sobre-producción. El objetivo era abastecer de los productos necesarios al país, y garantizar un determinado nivel de precios a los productores, cuyos ingre-sos disminuían en comparación con el de las actividades ur-banas.

Desde los inicios de la Farm Bill, cada cinco años el Legis-lativo norteamericano ha aprobado una nueva ley con la in-tención de actualizar los programas de ayudas al contexto vigente en ese momento. En el caso de que la legislación vi-gente expire sin ser reemplazada se vuelve a la situación dada por las leyes de 1938 y 1949, consideradas las leyes federales permanentes en materia agrícola.

A través de estas actualizaciones, se fueron incorporando nuevos objetivos y programas. Uno de los cambios trascen-dentales fue la inclusión a mediados de los 70 de los cupones para alimentos, que hoy representan más de la mitad del pre-supuesto de la ley.

Con el tiempo, el creciente costo de una política que mante-nía artificialmente altos los precios de los productos agrícolas y situaba los stocks gubernamentales en niveles récord co-menzó a ser cuestionado. En 1994 junto con el desconten-to surgió una nueva mayoría en el Congreso que fijó como prioridad equilibrar el presupuesto federal. Este movimiento, en un contexto internacional marcado por la creación de la OMC y el establecimiento de disciplinas multilaterales para los subsidios agrícolas, llevó a la aprobación de la Federal Agriculture Improvement and Reform Act of 1996.

Cuadro 1: Evolución de la Farm Bill

Década Objetivo Central

´30 Apoyo a la producción cerealera

4́0 Inclusión de medidas contracíclicas

´50 Apoyo a la producción láctea

6́0 Generalización de los programas de ayudas

´70 Inclusión de los cupones de alimentos

´80 Agrega el concepto de “Seguridad Alimentaria”

´90 Globalización de la legislación

2000-10 Inclusión de un capítulo sobre Bionergía

Fuente: Jaime, 2009

Considerada por muchos como innovadora y un ejemplo a seguir, la FAIR Act tomó medidas audaces hacia la orienta-ción al mercado, y fue vista como un punto de inflexión en la política agrícola norteamericana. Contenía disposiciones orientadas hacia la reducción progresiva de la asistencia a los agricultores.

Pero este optimismo reformista no duró mucho tiempo. El derrumbe de los precios mundiales redujo los ingresos del sector y llevó a que el Congreso aprobara sucesivos paquetes de emergencia, destinados a elevar la renta agrícola domés-tica.

La Farm Security and Rural Investment Act of 2002 fue la confirmación de que viejos elementos habían entrado nuevamente en juego. Se convirtieron en norma permanen-te muchos de los elementos de emergencia, volviéndose atrás sobre los pasos dados en 1996. Al reintroducirse muchos de los mecanismos que se habían considerado equivocados, las ayudas aumentaron considerablemente.

Luego, la Food, Conservation and Energy Act of 2008 mantuvo el rumbo adoptado con la ley de 2002. Las ayu-das otorgadas a los productores se volvieron, incluso, más dañinas para el comercio mundial. Con esta ley, EE.UU. comenzó a dar forma a una fuerte red de seguridad que incentiva al agricultor a aumentar su producción.


2. LA LEY AGRíCOLA DE 2014

En el actual proceso de reforma las posiciones estuvieron muy divididas, lo que dificultó enormemente su aproba-ción. Mientras la bancada republicana clamaba por recortes presupuestarios que contribuyeran a reducir el déficit fede-ral; los demócratas, con el presidente Obama a la cabeza, in-tentaban resistir los embates que buscaban cortes profundos en los fondos de ciertos programas claves.

Después de 17 meses de prórroga de la legislación anterior, la puja culminó el pasado 7 de febrero con la firma de la Agricultural Act of 2014, que significará una reducción del déficit de sólo 16,5 mil millones de dólares para los siguien-tes 10 años.

Cuadro 2: Comparación proyecciones Farm Bill 2008 y 2014 para 2014-2023 en millones de USD

ProgramaFarm Bill

2008Farm Bill

2014Diferencia

Subsidios a cultivos 58.765 44.458 -14.307

Conservación 61.567 57.600 -3.967

Seguros Agrícolas 84.105 89.827 5.722

Nutrición 764.432 756.433 -7.999

Otros 4.036 8.084 4.048

Total 972.905 956.402 -16.503

Fuente: Fundación INAI en base a CBO y CRS

El capítulo que generó mayores fricciones fue el referido a la asistencia nutricional. Este contiene el programa de cupones alimentarios (hoy denominados SNAP), que otorga subsidios para el consumo de alimentos a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. A pesar de las pretensiones republi-canas, con un recorte de 8 mil millones de dólares, los food stamps continuarán concentrando la mayor parte del presu-puesto de la ley (79%).

A partir de 2008, debido a la crisis económica, aumentó considerablemente el número de beneficiarios y con ellos el monto total destinado al programa. En 2013 más de 47 mi-llones de estadounidenses recibieron en promedio 167 dólares mensuales. Se proyectan gastos bajo este título de aproxima-damente 75,6 mil millones de dólares anuales.

Gráfico 1:Distribución del presupuesto de la Farm Bill 2014


Este programa es crucial a la hora de comprender los apoyos que posee la Farm Bill en el Congreso norteamericano. A la presión del gran número de legisladores de zonas rurales y la in-fluencia del denominado “lobby agrícola”, preocupados por los programas de subsidios a los cultivos, se le suma el componente “urbano”, aquellos legisladores interesados en la continuidad de los programas de ayuda alimentaria interna. De esta manera, la naturaleza “ómnibus” de la Farm Bill (involucra programas relacionados con subsidios agrícolas, asistencia alimentaria, co-mercio agrícola, marketing, desarrollo rural, conservación de los recursos, energías renovables, e investigación, entre otras) crea una amplia coalición de apoyo entre intereses a veces con-flictivos en torno a ciertas políticas que, individualmente, po-drían no sobrevivir al proceso legislativo.

2.1. PRINCIPALES CAMBIOS EN SUBSIDIOS AL PRODUCTOR

La estructura de ayudas al productor norteamericano ha sido objeto de una importante reforma, que convirtió a los progra-mas de subsidios agrícolas en más distorsivos para el comercio internacional. Particularmente, se reemplazarán gran parte de los programas actuales por nuevos mecanismos que le permi-tirán al productor un mejor manejo de los riesgos inherentes a su actividad.

En relación a las ayudas agrupadas bajo el Título de Commodi-ties, la nueva ley elimina los siguientes programas:

- Pagos Directos (PD): subsidio anual fijo, basado en nive-les históricos de hectáreas sembradas y rendimientos. Al no encontrarse determinados por las variaciones corrientes de

5%6%

9%

79%

1%

Subsidios a cultivos

Conservación

Seguros Agricolas

Nutrición

Otros

5%6%

9%

79%

1%

Subsidios a cultivos

Conservación

Seguros Agricolas

Nutrición

Otros


producción y precios, son menos distorsivos para el comercio internacional (Caja Verde OMC). Disponible para produc-tores de trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, algodón, arroz, soja, otras oleaginosas y maní. Se gastaban en este programa aproximadamente 5 mil millones dólares por año.

- Pagos Contra-Cíclicos (PCC): prevé subvenciones siempre que el “precio efectivo” que se reciba por la venta del cultivo caiga por debajo de un “precio meta” establecido por la ley. Como están determinados por el precio corriente de los pro-ductos son distorsivos para el comercio internacional (Caja Ámbar). Agrega a la cobertura de los PD a guisantes, lente-jas y garbanzos. Debido a que los precios internacionales se encuentran muy por encima de los garantizados, sólo se han gastado 200 millones de dólares anuales en este programa.

- Average Crop Revenue Election (ACRE): programa que otorga ayudas al productor siempre que su renta caiga por de-bajo de la garantizada por la ley, la cual está basada en niveles recientes de precios y rendimientos. Disponible para los mis-mos productos que el programa de PCC. Por su naturaleza contracíclica son subsidios distorsivos. Se han otorgado bajo este título, en promedio, 500 millones de dólares por año.

Sólo los Préstamos para la Comercialización (Marketing Loans) continuarán en funcionamiento. Bajo este programa se otorgan subsidios cuando los precios de mercado caen por deba-jo de un cierto nivel de precios sostén (loan rates). Para acceder, el productor deberá optar, para cualquier cantidad de cultivo producido en su establecimiento, por recibir un Préstamo de Asistencia para la Comercialización (Marketing Assistance Loan, MAL) o un Pago por Préstamos Deficientes (Loan De-ficiency Payment, LDP).

Si se decide por la primera opción, recibirá por parte del gobier-no un préstamo cuyo monto será igual a la producción que se compromete como garantía, multiplicada por un precio especí-fico por unidad de producción equivalente al loan rate. Luego de cumplido el plazo (9 meses), en el caso en que el precio de mercado del cultivo caiga por debajo del loan rate el agricultor podrá devolver el préstamo a una tasa menor (loan repayment rate). La parte del préstamo que no devuelve es el denominado Marketing Loan Gain y equivale al subsidio recibido. La cose-cha queda en manos del productor, quien luego podrá vender el cultivo cuando los precios sean más altos. A su vez, el préstamo puede ser devuelto en especie.

Por otro lado, los productores pueden optar por recibir direc-tamente un pago del gobierno (LDP) siempre que los precios de mercado sean inferiores a los fijados por la ley (loan rates). En este caso el agricultor no tendría que tomar un préstamo, colocando a su producción como garantía, para luego repagarlo.

Por estar relacionados con los precios y la producción corriente estos subsidios no pueden clasificarse como “desconectados” y por lo tanto son distorsivos en la jerga de la OMC, debiendo notificarse como Caja Ámbar. Además de los cultivos ya bene-

ficiados por los PCC se suman lana, mohair y miel. También debido a los buenos precios internacionales, las ayudas concedi-das bajo este programa han disminuido, situándose en torno a los 100 millones de dólares anuales. Debe notarse que la nueva Ley mantiene los niveles de precios sostén establecidos por la Farm Bill 2008.

Como contrapartida a la eliminación de los PD, los PCC y el ACRE, la Farm Bill 2014 crea dos nuevos mecanismos de sub-sidios. En los próximos meses el agricultor deberá elegir, para todo el período de vigencia de la Ley, ser beneficiario de alguno de los siguientes programas:

- Agriculture Risk Coverage (ARC): que compensa al pro-ductor siempre que su renta actual (actual crop revenue) caiga por debajo de una renta garantizada por la ley (agriculture risk coverage guarantee). Este podrá optar por una cobertura a nivel de condado o a nivel individual.

Si selecciona la primera, los pagos se activarán siempre que la renta actual promedio del condado donde se encuentra la explotación para un determinado cultivo caiga por debajo de la renta garantizada, equivalente al 86% de la renta de referencia para ese condado (benchmark revenue). La renta actual se calculará sobre la base del promedio del rendimien-to y el precio de mercado nacional del año en curso, y la garantizada del promedio olímpico(1) de los precios y rendi-mientos de los últimos 5 años. El pago dependerá de la dife-rencia entre ambas y de la cantidad de hectáreas base que el agricultor posee para ese cultivo (superficie histórica). Como máximo el pago podrá ser igual al 10% de la benchmark re-venue, estableciendo el rango de cobertura del subsidio entre el 86 y 76% de ese nivel de referencia.

Si elige la opción individual, tanto la renta actual como la garantizada dependerán de los niveles de precio y rendi-miento obtenidos por el agricultor en su propia explotación. A diferencia del enfoque anterior donde se calculan para cada cultivo por separado, en este caso se calcula una sola renta actual y una garantizada para todos los cultivos produ-cidos en la granja, basadas en un promedio que depende de la cantidad de superficie que el agricultor destinó a cada uno de ellos.

- Price Loss Coverage (PLC): programa de sostenimiento de precios similar a los anteriores pagos contracíclicos. El pro-ductor obtendrá un subsidio siempre que el precio efectivo recibido por su cultivo (precio de mercado promedio a nivel nacional para ese año) sea inferior al precio de referencia fija-do por la ley (reference price).

Si comparamos estos nuevos Precios de Referencia con los anteriores Precios Meta de los PCC, podemos concluir que la Farm Bill 2014 aumenta significativamente el nivel de los precios garantizados al productor, elevando la probabilidad de que se activen los subsidios, al acercar los precios sostén a los precios de mercado.

(1) Excluye el valor más alto y más bajo de la serie.


Debido al descenso de los precios internacionales en los úl-timos años, esta probabilidad es mayor en trigo y maíz. Te-niendo en cuenta los precios futuros de la Chicago Board of Trade, caídas del precio internacional del 13% y el 20% res-pectivamente de los niveles esperados para 2014 podrían dar lugar al desencadenamiento de subsidios.

Si bien el pago final que recibirá el productor por cada cultivo enrolado en el programa depende del rendimiento y la super-ficie cultivada durante un período histórico anterior (base); al permitir una actualización de ambas variables a lo acontecido en el período 2009-2012, la Farm Bill 2014 reconecta este tipo de programa a los niveles de producción actual.

Gráfico 2: Precio internacional vs precio de referencia (USD/Ton)

Elección entre PLC y ACREs difícil pronosticar cuántos productores optarán por el pro-grama de sostenimiento de renta y cuantos por el de precios. Gran parte de esta decisión dependerá de las expectativas de precios futuros. Si se espera que éstos se encuentren por en-cima de los precios de referencia del PLC, el ARC aparece, a priori, como una mejor opción. Si, por el contrario, se espera un descenso pronunciado de los precios el piso fijo del PLC ganaría adeptos.

Salvo para soja, si se supone que los precios de mercado de 2013 se mantendrán hasta 2018, los precios de referencia del PLC y los implícitos en la renta garantizada del ACR se en-

FB 2002 FB 2008 FB 2014 Variación 2012-14

(%)Producto 2004-2007 2008 2009 2010-2012 2014-2018

Trigo 144 144 144 153 202 32

Maíz 104 104 104 104 146 41

Sorgo 101 101 101 104 156 50

Cebada 103 103 103 121 227 88

Avena 84 84 84 104 139 34

Arroz 231 231 231 231 309 33

Soja 213 213 213 220 309 40

Otras oleaginosas 223 223 223 280 444 59

Maní 495 495 495 495 535 8

Guisantes secos s/d s/d 183,4 183,4 242,5 32

Lentejas s/d s/d 282,4 282,4 440,3 56

Garbanzos pequeños

s/d s/d 228,4 228,4 419,8 84

Garbanzos grandes s/d s/d 282,4 282,4 474,9 68

Cuadro 3: Variación precios garantizados para los cultivos (USD/Ton)

Fuente: Fundación INAI en base a leyes agrícolas EE.UU.

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trigo

Precio Meta Precio Internacional

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maíz

Precio Meta Precio Internacional

Fuente: Fundación INAI en base a leyes agrícolas EE.UU. y Banco Mundial


cuentran cercanos hacia el final del período. En trigo ambos son similares en 2014. Aquí tomarían relevancia las expecta-tivas sobre los rendimientos, dado que inciden en el cálculo de los pagos bajo el ACR.

No obstante, de acuerdo a cálculos realizados por la Univer-sidad de Illinois, los mayores subsidios podrían ser recibidos por aquellos que elijan la cobertura a nivel de condado del ARC. Esto debido a que se espera que los precios sean algo menores a los de años recientes, especialmente en maíz, cuya cotización estuvo vinculada al boom del etanol, lo que colo-caría la renta actual por debajo de la garantizada. Para este producto, si el precio durante 2014 cae por debajo de los 171 dólares por tonelada los pagos bajo el ARC podrían duplicar los otorgados el año pasado en pagos directos (Rogers, 2014).

La opción individual podría ser elegida por aquellos produc-tores cuyas tierras posean rendimientos promedios muy dife-rentes a los del condado.

Debe notarse, a su vez, que para aquellos que seleccionen el PLC estará disponible además la posibilidad de acceder con una prima subsidiada al Supplemental Insurance Coverage Option (SCO), que permitirá elevar la cobertura contratada bajo alguno de los programas de seguros.

Seguros Agrícolas

Estas modificaciones serán complementadas con un fortale-cimiento del Título de Seguros Agrícolas, que contará con un presupuesto estimado de 42 mil millones de dólares, lo que marca un gran cambio respecto de las leyes anteriores. Por primera vez, los desembolsos a través de este programa duplicarán los montos concedidos bajo el tradicional Título de Commodities.

El objetivo es proveer al agricultor de herramientas para pro-tegerse de pérdidas de rendimiento o ingreso en su explota-ción. Este debe contratar un seguro y pagar una porción de la prima que aumenta de acuerdo al nivel de cobertura elegida. El resto de la prima (entre el 60 y 70%) es abonado por el Gobierno, quien además cubre los costos operativos del pro-

grama y reasegura a las aseguradoras privadas que venden las pólizas.

Existen diversos tipos de seguros, la mayor parte de los cuales están basados en rendimiento o ingreso. En el primer caso, el productor puede recibir una indemnización siempre que éste caiga por debajo de un nivel considerado “normal”, por se-quías, inundaciones, granizo, vientos, heladas, insectos o en-fermedades. En el segundo, la indemnización puede activarse por pérdidas en el ingreso del cultivo debido a una disminu-ción de rendimiento, precio o ambos. Otros seguros protegen contra un descenso en el ingreso de toda la granja (en lugar de un cultivo individual), o contra caídas en el margen bruto de la producción ganadera.

Es el programa con mayor cobertura de productos y regiones, asegurando más del 80% de la producción norteamericana. Cuatro cultivos –maíz, algodón, soja y trigo– representan tres cuartos del total de la superficie enrolada. A diferencia de los anteriores, estos pagos dependen directamente de la superficie plantada. Actualmente, EE.UU. los notifica como parte de su Caja Ámbar.

La Farm Bill de 2014 expande la cobertura de los programas actuales y pondrá a disposición del agricultor nuevos tipos de seguros. Como se mencionó, se crea la Supplemental Covera-ge Option para aquellos productores que seleccionen el PLC, vinculando directamente ambos títulos de la ley. Además, se ofrecerán seguros para algodón, maní, frutas y verduras, cul-tivos orgánicos, specialities y nuevos productores.

Nunca antes hubo una Farm Bill que combine los tradiciona-les subsidios basados en sostenimiento de precios con un títu-lo tan robusto vinculado a los seguros agrícolas. Con la nueva Ley, en un escenario de caída en los precios internacionales se activarían los programas de naturaleza contracíclica del título de commodities descriptos en el apartado anterior, al tiempo que disminuirían los costos del título de seguros. En cambio, en un escenario de suba de precios donde no se activarían los programas de commodities, los subsidios a las primas de los seguros agrícolas se verían incrementados.

Precio Implicito en la Renta Garantizada ARC asumiendo precio 2013 para 2014-2018

Cultivo WASDE 2013 Crop Year Price

Loan Rate Precio Refe-rencia

2014 2015 2016 2017 2018

Maíz 177 77 146 180 180 172 152 152

Soja 467 184 309 384 399 401 401 401

Trigo 250 108 202 208 219 219 215 215

Cuadro 4: Variación precios garantizados para los cultivos (USD/Ton)

Fuente: Fundación INAI en base a Farm Bill 2014 y USDA


Programas de ConservaciónEl Título de Conservación, que incluye programas destinados al cuidado de los recursos naturales, aunque objeto de varios cambios, también sale fortalecido con la presente reforma. El programa más importante continuará siendo el Conservation Reserve Program, que otorga un pago al agricultor a cambio de que retire sus tierras de la producción y las someta a prácticas especiales de recuperación y conservación. No obstante, la su-perficie total que podrá enrolarse en el programa disminuirá a lo largo del período de vigencia de la ley, liberando hacia 2018 algo más de 3,2 millones de hectáreas, que ingresarán nuevamente al circuito productivo.

En relación, debe notarse que para ser beneficiarios de los sub-sidios a los cultivos los agricultores deben cumplir con ciertas prácticas básicas relacionadas con la conservación de tierras, para mantenerlas en buenas condiciones agrarias y medioam-bientales. Estas prácticas serán también exigidas a aquellos que decidan contratar seguros agrícolas.

2.2. COMPARACIóN CON ANTERIORES LEYES

Mirando en perspectiva la composición de los presupuestos de las tres últimas leyes agrícolas de EE.UU. se puede apreciar la

importancia que adquieren los seguros agrícolas, que constitu-yen hoy un pilar fundamental de la red de seguridad para el productor. La ley de 2014 significa un aumento de casi 150% en los fondos destinados a este título. Los pagos por programas de conservación también se han fortalecido con el correr de los años, incrementándose un 78% entre ambas leyes.

Por el contrario, el presupuesto destinado a los programas de subsidios a los cultivos ha disminuido notoriamente (-60%), de-bido a que el incremento de los precios internacionales a partir de mediados de la década pasada no permitió la activación de los programas de sostenimiento de precios y renta. Un pronós-tico de precios internacionales todavía por encima de los garan-tizados por la ley, en conjunto con la eliminación de los pagos directos, fortalece esta tendencia para los próximos años.

A partir del año 2009, con el fuerte impacto de la crisis sobre la economía norteamericana, comenzaron a crecer significati-vamente los fondos destinados al programa de cupones de ali-mentos. Si bien el presupuesto de los food stamps para el total de los 5 años aumentará nuevamente con la Farm Bill 2014, se espera que con la recuperación de la economía y la consecuente menor cantidad de beneficiarios los gastos anuales comiencen a disminuir a partir de 2015.

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Subsidios a la prod. y exp. Food Stamps Seguros agrícolas Total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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2011

2012

2013

2014

2015

2016

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2018

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2020

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Commodities Conservation Crop Insurance Food Stamps

Farm Bill 2002 Farm Bill 2008 Farm Bill 2014

Gráfico 3: Evolución del Gasto en principales títulos en miles de millones de USD



Gráfico 4: Evolución de los principales programas agrícolas en miles de millones de USD


2.3. CONSECUENCIAS PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

El impacto en el comercio internacional de los programas analizados en este trabajo dependerá, en última instancia, de cómo afecten éstos a las decisiones del productor vincu-ladas a cuánto y qué producir. Cuando el productor decide sobre la base de las políticas y no de las señales de precios que brinda el mercado, los resultados tienen efectos de dis-torsión del comercio.

De esta manera, si bien la Farm Bill 2014 podría aumentar los montos de subsidios otorgados a los agricultores nortea-mericanos –aún en un escenario de precios altos, en donde los gatillos de sostenimiento de precios no se activen, pero los rendimientos de los cultivos sean lo suficientemente ba-jos como para que la renta de los agricultores caiga por de-bajo de los niveles referenciados en la ley– más importante que los desembolsos efectivos resultan los incentivos al au-mento de producción que se generan.

La OECD señala que el objetivo principal de la política de ayuda a la agricultura ha sido aumentar la producción o mantenerla en un cierto nivel. En consecuencia, casi todas las políticas están estrechamente vinculadas con la produc-ción. Desde un punto de vista teórico, es difícil afirmar que una política puede ser totalmente desacoplada en el sentido de no tener efecto en la producción (OECD, 2006).

¿Cómo afectan los subsidios a las decisiones del productor? En el corto plazo, cuando el agricultor no puede modificar el monto de sus costos fijos y el nivel de sus ingresos fijos no cambia, su decisión de producción se basa en la diferencia entre los ingresos y los costos variables; esto es, el margen de ganancia neto. En el largo plazo, cuando puede modificar todos sus costos e ingresos, su decisión se basa en la dife-

rencia entre ingresos y costos totales (margen bruto). Los subsidios vinculados con el nivel de producción pueden ser considerados como un ingreso variable y los desvinculados como uno fijo. Por lo tanto, los primeros influyen sobre la decisión de producción de corto plazo, y los segundos en la de largo plazo (Galperín y Doporto Miguez, 2009).

Según la OCDE, los subsidios agrícolas afectan la pro-ducción a través de un número de canales. Los “efectos de mercado” ocurren cuando las ayudas cambian los precios relativos de los productos e insumos a los cuales responde el agricultor. Estos efectos difieren sustancialmente del tipo de programa, siendo los basados en el producto obtenido o el insumo utilizado los más distorsivos (Antón, 2001).

El análisis de los efectos de mercado asume que no hay ries-go ni incertidumbre afectando la decisión del agricultor. Pero debido a que en el mundo real existe cierto grado de incertidumbre, y los productores son adversos al riesgo, los programas de subsidios pueden tener “efectos de riesgo” si reducen la variabilidad de la renta o aumentan el ingreso del agricultor. De acuerdo a análisis econométricos, los efectos relacionados con el riesgo son significativos, e incluso supe-riores a los de mercado.

Finalmente, los “efectos dinámicos” ocurren cuando se adhiere una dimensión temporal. El nivel de producción actual y futuro depende del nivel de inversión, y éste pue-de ser afectado por el subsidio a través de cambios en los precios relativos que aumenten el retorno de capital en la agricultura en comparación con otras alternativas. También la política podría afectar la decisión del productor si mo-difica las expectativas de los agricultores acerca del futuro comportamiento del gobierno. Todos estos efectos pueden ocurrir simultáneamente y son acumulativos.


Como se describió, la nueva política agrícola norteamericana termina de conformar una fuerte red de seguridad que protege al agricultor de pérdidas en su ingreso por caída en los rendi-mientos de la cosecha o descensos en los precios. A través de esta red el agricultor traslada gran parte de los riesgos climáti-cos y de mercado a los que debe enfrentarse al Estado.

Además del fortalecimiento de los “efectos de riesgo”, la suba de los precios sostén aumentará los “efectos de mercado” y la posibilidad de actualizar los rendimientos y superficies base in-crementará los “efectos dinámicos”.

Por lo tanto, la Farm Bill 2014 agrava los efectos de distorsión del comercio de los programas de subsidios estadounidenses, dado que incrementa los incentivos que poseen los agricultores para producir cantidades superiores a las que hubieran produ-cido de no mediar estas políticas. Dado que Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores de productos agrícolas del mundo, la sobre-oferta provocará cambios signi-ficativos en el volumen y la dirección del comercio mundial, así como un descenso –o un menor aumento del que tendría lugar sin estos programas– de los precios internacionales de las commodities agrícolas.

Los países en desarrollo que originan productos básicos serán los más afectados. Sus agricultores deben competir en desigual-dad de condiciones con los de países que subsidian su produc-ción, como EE.UU. y la UE. No sólo no pueden acceder a los mercados subvencionados, sino que, además, no pueden com-petir con los productos de éstos en terceros mercados (FAO, 1999, CEPAL, 2003). Los descensos en los precios internacio-nales algunas veces tornan inviable la producción, afectando sobre todo a aquellos países en donde la gran mayoría de los pobres son campesinos. Países con condiciones naturales para la producción y exportación de productos agrícolas hoy se han convertido en importadores netos de alimentos.

Babcock y Paulson (2012) estimaron que bajo un escenario de precios bajos, menores a los utilizados por la Oficina de Pre-

supuesto del Congreso de EE.UU., la nueva Farm Bill podría generar un aumento en la producción de algodón (+13%), arroz (+1%) y trigo (+6%), y un descenso en la de maíz (-1%) y soja (-2.3%), respecto de los niveles que se obtendrían de no mediar la Ley.

2.4. CONSECUENCIAS PARA LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Estados Unidos reemplazará pagos directos desacoplados, que poseen menores efectos distorsivos sobre el comercio interna-cional, por ayudas vinculadas a los niveles de producción y precios corrientes.

De acuerdo a la normativa de la OMC, todas las subvenciones consideradas dañinas para la producción y el comercio están comprendidas en el Compartimiento Ámbar. En él se incluyen las medidas de sostenimiento de los precios, las subvenciones directamente relacionadas con el volumen de producción, y las ayudas vinculadas a los factores utilizados en la producción. Los montos que los países pueden otorgar en concepto de es-tas ayudas están sujetos a límites dados por la Medida Global de Ayuda, que para EE.UU. es 19,1 mil millones de dólares anuales.

Las medidas de ayuda interna que se supone no distorsionan el comercio o, a lo sumo, lo hacen en grado mínimo, son inclui-das dentro del Compartimiento Verde y están permitidas sin límites. Se incluyen los pagos directos que se encuentran “des-conectados” de los niveles de producción o precios actuales.

Según su última notificación, EE.UU. otorgó 4.654 millones de dólares en subsidios de Caja Ámbar durante 2011. Podría aumentar estas ayudas un 300% sin violar el límite del Acuer-do sobre la Agricultura. Por lo tanto, por más que todos los nuevos programas deberán notificarse dentro de esta Caja, EE.UU. no debería tener mayores problemas para cumplir la normativa internacional durante los próximos años. Salvo que un escenario de descenso de precios dispare los subsidios.

Gráfico 5: Evolución de la Ayuda Interna de EE.UU. en miles de millones de USD

Fuente: Fundación INAI en base a notificaciones EE.UU. a OMC

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Caja Ambar De mínimis Caja Azul Caja Verde Ayuda interna global


No obstante, éste no sería el caso de aprobarse las reducciones a estos límites previstas en las negociaciones de la Ronda Doha. La actual Ronda presenta a los subsidios al agro como pilar fun-damental en las conversaciones sobre la agricultura. La reduc-ción de estas ayudas es considerada trascendental para llegar a un acuerdo mundial que permita avanzar en la liberalización del comercio y acotar la brecha existente entre países desarrollados y en desarrollo.

De acuerdo al último borrador de modalidades, EE.UU. ten-dría un techo de 14,5 mil millones de dólares anuales para el total de su ayuda interna distorsiva para el comercio, que además de la Caja Ámbar incluye los subsidios que se benefician de la excepción de mínimis(2) y los que integran la Caja Azul(3). En 2011 el total de la ayuda interna distorsiva para el comercio de Estados Unidos fue de 14,37 mil millones de dólares. Así, con la implementación de los nuevos programas, es alta la probabilidad de que ante un menor descenso de los precios EE.UU. no pueda cumplir con los compromisos que surjan de la Ronda Doha.

De esta manera, esta Ley significa un nuevo revés para las nego-ciaciones comerciales multilaterales. El Congreso estadouniden-se avanza en una dirección contraria a la oferta que realizaron sus propios negociadores para reducir los límites permitidos para el otorgamiento de subsidios dañinos para el comercio.

Nuevamente, las posibles consecuencias comerciales de la ley no han formado parte del proceso de elaboración de la mis-ma. La Farm Bill 2014 erosiona las bases de credibilidad de la OMC para mantener un orden de comercio justo y equi-tativo, al demostrar la indiferencia con la que actúan los ha-cedores de política estadounidenses frente a la posibilidad de ser objeto de nuevas demandas en el Órgano de Solución de Diferencias.

3. COMENTARIOS fINALES

Con un contexto favorable para una reforma que acerque a sus productores a las señales de mercado, Estados Unidos demostró la fortaleza de su política agrícola. El escenario de altos precios internacionales y la necesidad de reducir el déficit fiscal para encontrar una salida a la crisis económica no fueron lo suficientemente fuertes como para contrarres-tar los poderosos intereses que sustentan la ley. Los nuevos paquetes de ayudas serán, incluso, más perjudiciales para los países en desarrollo exportadores de alimentos, al implicar un preocupante retroceso hacia programas más distorsivos para el mercado internacional. Quienes todavía conservaban la es-peranza de que los países desarrollados desmantelaran unila-teralmente sus ayudas, deberán comprender que los subsidios agrícolas están para quedarse. Al menos, por varios años más.

(2) Las ayudas distorsivas denominadas “de minimis” (menores al 5% del valor total de la producción agrícola para ayudas no específicas y menores al 5% de la producción del producto

para una ayuda específica) se encuentran exentas de los compromisos de la Caja Ámbar.

(3) En la Caja Azul se encuentran los pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la producción. El Acuerdo sobre la Agricultura no establece límites para los gastos

en este tipo de subvenciones.

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BIBLIOGRAfíA

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Confieso que el título fue elegido al solo efecto de atraer la atención de lectores y que por supuesto estoy infinitamente menos dotado que Charles Dickens para la narración. Por otro lado, las ciudades a las que me voy a referir no son París y Lon-dres, sino Chicago y nuestra más modesta Rosario.

Eric Hoffer nos dijo: “En tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe”. No tengo dudas sobre estas dos cosas: vivimos efectivamente tiempos de cambio y el pasado, aunque no pueda ser cambiado, es sí una fuente inagotable de aprendizaje; por lo que la recomendación de Mr. Hoffer me resulta altamente pertinente.

Si bien creo que algunos paralelismos existen entre nuestra ciudad y su hermana del hemisferio norte, no pretendo deta-llarlos aquí. Sólo pondré el foco en sus respectivos mercados de futuros, tratando de relatar parte de la historia del Chicago Board of Trade (CBOT) para aplicarla al aprendizaje de lo que el futuro puede deparar a Rofex.

El CBOT fue fundado en 1848, y en septiembre de 1925 se creó una nueva sociedad denominada Chicago Board of Trade Clearing Corporation (BOTCC), que tenía por objeto realizar la compensación y liquidación de las operaciones que se nego-ciaban en el mercado. En cuanto a Rofex, éste fue creado en 1909 y en 1999, siguiendo el modelo internacional, se realizó una escisión patrimonial y se constituyó Argentina Clearing,

Historia en dos ciudades

MERCADO DE fUTURO

Luis A. Herrera (*)

(*) Presidente del Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX).

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otorgándoles a los accionistas del mercado acciones de la nue-va sociedad que, mediante gestión independiente de riesgos y administración de garantías, daba mayor solidez y seguridad a la operatoria.

En el caso de CBOT los accionistas eran los aproximadamente 1.400 miembros operadores plenos. Recordemos que, hasta el año 2005, el funcionamiento estaba organizado bajo un sis-tema mutualizado, es decir que los dueños del mercado eran los propios operadores. Sobre el tema desmutualización, reco-miendo la lectura del artículo de Gilberto Mifano en el nú-mero 1.503 del año 2007 de esta misma Revista Institucional. Los propietarios de la BOTCC constituían un grupo mucho menos numeroso por cuanto sus accionistas eran la porción de participantes habilitados como miembros compensadores.

En nuestro caso, por su origen, los dueños del mercado y de la clearing son hasta el día de hoy prácticamente los mismos y el proceso de desmutualización se efectuó entre 2002 y 2003.

A partir de la década del ’70, en EEUU se fue dando un fenó-meno de creciente participación de especuladores en los mer-cados de futuros, lo que trajo aparejada la incorporación de entidades financieras internacionales al negocio, especialmente en el área de compensación y liquidación, donde paralelamente se asistía a una concentración de firmas cada vez mayor y de mayor envergadura.

Podemos decir, entonces, que se produjo una globalización de la operatoria que generaba un lento apartamiento de los intere-ses de los tradicionales operadores de piso y los de los grandes especuladores que se incorporaban. Éstos estaban vinculados principalmente a entidades bancarias, que a su vez tenían pre-ferencia por plataformas electrónicas de negociación, de mucha mayor eficiencia en términos de costos y velocidad de ejecu-ción, lo que agravaba el conflicto.

En 1998 se había creado en Europa el Eurex, resultante de la fusión entre DTB (Deutsche Terminbörse) y SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange). En febrero de 2004 se crea en Estados Unidos el Eurex US como bolsa electróni-ca, cuyo objetivo era el de competir con el CBOT en la nego-ciación de bonos, por esos días el contrato más rentable que tenían.

Con lo descripto podemos imaginar la situación de tensión que existía en Chicago, a lo cual debemos agregarle que el princi-pal competidor del CBOT, el Chicago Mercantile Exchange (CME), rápidamente procuró un acercamiento al Eurex US, ofreciéndole sus servicios de clearing para así quitarle a su cole-ga la liquidez de su principal producto.

Los bancos con sede en Nueva York, que tenían fuerte influen-cia en la BOTCC, ante esa amenaza resolvieron a su vez ofrecer los servicios de compensación al Eurex US, entrando así en un


proceso de guerra de precios que redujo los derechos de bolsa en hasta veinte veces. Esta decisión fue interpretada por los in-tegrantes del CBOT como una traición y dio lugar al inicio de una negociación con el CME que incluyó acuerdos de no competencia en los contratos que tenían listados y otras ga-rantías adicionales, concluyendo en la contratación del CME como cámara compensadora y el consiguiente abandono de la BOTCC después de casi ochenta años de relación.

Si bien finalmente el Eurex US fracasó y hubo quienes sostu-vieron que no habría sido necesaria la adopción de medidas tan drásticas, el desafío de competencia que planteaba el nuevo mercado había sido real. Como dijo el presidente del CBOT Charles Carey al Financial Times en 2005: “Ellos tenían tu plataforma, ellos tenían tus clientes y ellos tenían tu cámara compensadora, cómo podrías decir que no eran una amenaza”.

La clearing terminó perdiendo sus clientes y debió ser capi-talizada ante la falta de ingresos. En 2007 sus propietarios eran sólo diecisiete firmas (Bank of America, Bear Sterns, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Lehman Brothers, Merril Lynch, MF Global, Morgan Stanley, UBS, Eurex, GFI Group, ICAP, Creditex y Markit). En 2008 fue vendida a la Intercontinental Exchange (ICE), reconvirtiéndose a garantizar el mercado de Credit De-fault Swaps (CDS) a partir de 2009, siendo actualmente líder en ese servicio.

El proceso de acercamiento entre CME y CBOT concluyó en 2007 con la adquisición, por un valor de 11.300 millones de dólares, del segundo por parte del primero, que había sido la

primera bolsa norteamericana en hacer oferta pública de sus acciones en 2002 y cuyo valor había aumentado un 450 % en tres años.

Es evidente que existen muchas similitudes entre nuestros mercados: nuestro origen granario, nuestra exitosa expansión hacia productos financieros, la utilización de una cámara com-pensadora independiente, el abandono de esquemas mutuali-zados y la creciente participación de especuladores.

El conocer la historia de nuestros colegas nos debe facilitar evi-tar en el futuro próximo las dificultades que debieron enfrentar ellos y a las que podríamos estar igualmente expuestos, con el agravante de contar seguramente con menores alternativas para atenuar pérdidas de valor patrimonial.

Frente a la obligatoriedad de hacer oferta pública de las accio-nes de Rofex antes de fin del corriente año, debemos urgen-temente garantizar la alineación de objetivos entre Argentina Clearing y nuestro Mercado, dado que con esta nueva exigen-cia seguramente los accionistas dejarán de ser los mismos en las dos compañías.

Esto no implica renunciar a la autonomía que tiene nuestra cá-mara compensadora en la gestión de riesgos, que la ha posicio-nado al nivel de los más altos estándares internacionales, sino evitar el perjuicio que pudiera ocasionar un eventual conflicto de intereses entre accionistas distintos de una y otra sociedad.

Que el aprendizaje que nos ofrece la historia de Chicago nos sirva para enfrentar los cambios que el futuro nos plantea en Rosario.

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INDICADORES ESTADíSTICOS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

ALGODON

ARROZ

AVENA

CARTAMO

CEBADA CERV.

COLZA

GIRASOL

MAIZ

MANI

SOJA

SORGO

TRIGO

Millones de Toneladas Métricas

SECTOR AGROINDUSTRIAL. Producción de granos

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Campaña agrícola

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)

2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/11

21.42020.84124.96829.64025.41230.16131.44819.58334.53839.63538.35438.765

13.50314.85314.73916.42815.11217.11117.90110.59216.71916.68814.92318.957

19.92419.34915.16121.91819.09926.12926.91520.10621.44621.43417.76027.433

3.9385.1825.3386.4955.4647.2496.6502.7818.0077.0567.0547.026

2.5692.2841.8603.4881.7502.1272.8771.3831.9732.3604.4192.647

8.2548.5777.6757.027

10.08511.29811.0386.382

12.27015.1458.806

10.711

69.60971.08569.74184.99676.92194.07596.82861.45894.644

104.20391.317

105.5382011/122012/13

Buenos Aires Santa Fe Córdoba Entre Ríos La Pampa Otros Total

000 toneladas métricas

Fuente: MAGyP

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES EN SANTA FE SOBRE EL TOTAL NACIONAL. Campaña 2012/13

Santa Fe Otras provincias

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

ALGODON

ARROZ

AVENA

CARTAMO

CEBADA CERV.

COLZA

GIRASOL

MAIZ

MANI

SOJA

SORGO

TRIGO

Millones de Toneladas Métricas

SECTOR AGROINDUSTRIAL. Producción de granos

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Campaña agrícola

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)

2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/11

21.42020.84124.96829.64025.41230.16131.44819.58334.53839.63538.35438.765

13.50314.85314.73916.42815.11217.11117.90110.59216.71916.68814.92318.957

19.92419.34915.16121.91819.09926.12926.91520.10621.44621.43417.76027.433

3.9385.1825.3386.4955.4647.2496.6502.7818.0077.0567.0547.026

2.5692.2841.8603.4881.7502.1272.8771.3831.9732.3604.4192.647

8.2548.5777.6757.027

10.08511.29811.0386.382

12.27015.1458.806

10.711

69.60971.08569.74184.99676.92194.07596.82861.45894.644

104.20391.317

105.5382011/122012/13

Buenos Aires Santa Fe Córdoba Entre Ríos La Pampa Otros Total

000 toneladas métricas

Fuente: MAGyP

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES EN SANTA FE SOBRE EL TOTAL NACIONAL. Campaña 2012/13

Santa Fe Otras provincias


SECTOR AGROINDUSTRIAL. Comercio Exterior

Período

3.0422.0642.4142.4482.1272.3112.6042.8082.9554.6606.7723.2144.6218.3829.530

8.629

165131158145115879297

141430688548584

1.1901.184

793

1.052871

1.0131.4011.2881.9871.8302.4441.9613.6964.8871.9805.3385.9953.796

4.881

2.7342.3341.6771.6372.0842.8273.1563.2903.8775.4937.0594.4795.1927.0335.929

4.934

2.0062.0522.4322.6282.7833.4983.8434.0324.6546.1967.7948.6208.783

10.77411.669

11.422

8.9997.4527.6958.2588.397

10.71011.52512.67213.58720.47527.20018.84224.51833.37332.107

30.659

17.44215.85718.71418.39717.31318.66623.02527.43532.86935.30442.82136.82743.61750.57848.820

40.091

26.44123.30926.40926.65525.70929.37534.55040.10646.45655.78070.02155.66968.13483.95080.927

70.750

Cereales Prod.Molinería

Semillas yFrutos Oleaginosos

En millones de dólares estadounidenses corrientes

Grasasy Aceites

Residuos extracciónoleaginosos

Subtotal agroindustria Resto exportac. Total exportaciones

argentinas

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012

2013

EXPORTACIONES DE GRANOS, HARINAS PROTEICAS Y ACEITES VEGETALES DESDE PUERTOS DE SANTA FE

Período

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). Part.: Participación de los puertos santafesinos sobre el total nacional

2003200420052006200720082009201020112012

2013 (set)

16.88716.79120.81415.99423.46523.99412.42225.55025.68527.42925.408

61%61%59%56%62%63%60%67%65%66%64%

19.59118.98021.96625.49027.52225.49923.69926.11227.90523.78924.694

93%93%93%95%95%95%91%90%91%90%95%

4.6734.7245.4426.6526.9885.7244.9955.2994.6054.0614.786

86%85%86%90%92%90%88%88%84%81%92%

76%75%74%77%78%78%79%77%77%76%77%

Granos000 Tm Part.

Harinas proteicas000 Tm Part.

Aceites vegetales000 Tm

Part.Total

000 Tm

41.15140.49548.22248.13557.97555.21741.11656.96158.19555.27954.888

Part.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS Pu

erto

de

Rosa

rioPu

erto

de

San

Lore

nzo

Millones de Toneladadas métricas

2013 (Ene/Dic): Embarques granos, harinas y aceites por terminales de Santa Fe

Fuente: MAGyP0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ARROYO SECOGENERAL LAGOS

PUNTA ALVEARSERV PORT UNID.VI-III

GUIDEVILLA GDOR. GALVEZ

A.C.A.AKZO NOBEL

DEMPANIDERAPAMPA

QUEBRACHORENOVA

SAN BENITOTERMINAL VI

TIMBUES DREYFUSTIMBUES NOBLE

TRANSITOVICENTIN

Granos Subprod. Aceites


INDUSTRIALIZACIÓN MENSUAL DE SOJA

INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRANOS (en toneladas métricas)

TRIGO SOJA MAIZ GIRASOL

Periodo

Fuente:

2013 5.026.466 4.038.7445.022.470 34.040.869 6.432.941 26.456.296 2.584.411

Industrialización Producciones Industriales Industriales

aceitesIndustriales harina/pell

Industriales aceites

Industriales harina/pell

Industrialización Industrialización Industrialización

1.074.724 1.132.411

4.997.824

5.099.339

5.766.447

6.123.859

6.041.473

6.323.386

6.390.007

6.046.120

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

427.685421.307451.441478.555507.022472.908422.526409.600371.583395.033325.093343.713

ene-13feb-13

mar-13abr-13

may-13jun-13jul-13

ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13

4.984.029

5.055.418

5.740.613

6.121.156

6.062.325

6.318.476

6.385.602

6.033.781

1.708.8021.212.3831.721.0683.587.6283.933.1473.925.1043.641.3643.678.4553.582.2712.963.0122.318.9671.768.668

28.690.811

32.731.608

36.268.044

31.709.219

30.285.623

36.824.921

37.339.854

33.333.313

5.395.517

6.161.280

6.962.206

6.024.101

5.772.026

7.000.075

7.113.681

6.353.359

22.543.589

25.517.834

27.924.429

24.524.309

23.637.854

28.299.923

29.061.655

26.010.985

2.213.513

2.543.871

2.627.813

2.811.295

3.225.498

3.634.644

4.125.244

4.185.457

3.563.262

3.754.826

3.060.277

4.211.298

3.463.353

2.750.476

3.547.927

3.675.948

1.523.406

1.579.554

1.223.513

1.740.060

1.418.821

1.127.698

1.489.706

1.541.580

1.513.232

1.617.723

1.315.034

1.767.200

1.466.068

1.192.463

29.061.655

1.594.966

427.753418.393451.271479.092507.332470.582422.770409.866371.572395.033325.093343.713

325.772232.594332.331696.644732.617732.132683.475684.591678.557559.213441.742333.273

1.336.087950.034

1.338.0002.770.2593.050.3963.036.9792.827.2542.853.6362.757.3612.313.4991.840.1641.382.627

342.730368.119349.710354.456362.461328.922334.347374.471323.577331.522291.965276.464

331.824276.254411.044284.528202.431213.761176.382155.861190.218201.893

58.46081.755

131.761110.907172.663119.314

84.61089.01873.45666.04081.43684.63625.59435.289

143.784116.955174.385123.485

92.72296.20880.61968.22584.97586.68830.51133.854

Producciones Producciones Producciones Producciones

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

ene/07 ene/08 ene/09 ene/10 ene/11 Ene/12 ene/13

INDUSTRIALIZACIÓN MENSUAL DE SOJA

INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRANOS (en toneladas métricas)

TRIGO SOJA MAIZ GIRASOL

Periodo

Fuente:

2013 5.026.466 4.038.7445.022.470 34.040.869 6.432.941 26.456.296 2.584.411

Industrialización Producciones Industriales Industriales

aceitesIndustriales harina/pell

Industriales aceites

Industriales harina/pell

Industrialización Industrialización Industrialización

1.074.724 1.132.411

4.997.824

5.099.339

5.766.447

6.123.859

6.041.473

6.323.386

6.390.007

6.046.120

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

427.685421.307451.441478.555507.022472.908422.526409.600371.583395.033325.093343.713

ene-13feb-13

mar-13abr-13

may-13jun-13jul-13

ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13

4.984.029

5.055.418

5.740.613

6.121.156

6.062.325

6.318.476

6.385.602

6.033.781

1.708.8021.212.3831.721.0683.587.6283.933.1473.925.1043.641.3643.678.4553.582.2712.963.0122.318.9671.768.668

28.690.811

32.731.608

36.268.044

31.709.219

30.285.623

36.824.921

37.339.854

33.333.313

5.395.517

6.161.280

6.962.206

6.024.101

5.772.026

7.000.075

7.113.681

6.353.359

22.543.589

25.517.834

27.924.429

24.524.309

23.637.854

28.299.923

29.061.655

26.010.985

2.213.513

2.543.871

2.627.813

2.811.295

3.225.498

3.634.644

4.125.244

4.185.457

3.563.262

3.754.826

3.060.277

4.211.298

3.463.353

2.750.476

3.547.927

3.675.948

1.523.406

1.579.554

1.223.513

1.740.060

1.418.821

1.127.698

1.489.706

1.541.580

1.513.232

1.617.723

1.315.034

1.767.200

1.466.068

1.192.463

29.061.655

1.594.966

427.753418.393451.271479.092507.332470.582422.770409.866371.572395.033325.093343.713

325.772232.594332.331696.644732.617732.132683.475684.591678.557559.213441.742333.273

1.336.087950.034

1.338.0002.770.2593.050.3963.036.9792.827.2542.853.6362.757.3612.313.4991.840.1641.382.627

342.730368.119349.710354.456362.461328.922334.347374.471323.577331.522291.965276.464

331.824276.254411.044284.528202.431213.761176.382155.861190.218201.89358.46081.755

131.761110.907172.663119.31484.61089.01873.45666.04081.43684.63625.59435.289

143.784116.955174.385123.48592.72296.20880.61968.22584.97586.68830.51133.854

Producciones Producciones Producciones Producciones

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

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LA NEUTRALIDAD EN LA GUERRA

Un aspecto poco estudiado sobre la posición argentina en la Primera Guerra Mundial fue el efecto de la política de neutralidad sobre el comercio de granos y sobre la posición de los intereses alemanes que predominaban en él.

Hacia 1914 ya se había iniciado en el mundo una gran tra-gedia, un conflicto bélico que afectaría, entre otras cosas, las relaciones argentino-germanas, así como los intereses de Alemania en el país del Plata. Bajo dos diferentes gobier-nos, el conservador de Victorino de la Plaza y el radical de Hipólito Yrigoyen, se mantuvo una política de neutralidad,

La Primera Guerra Mundial y el comercio de granos en la Argentina. Neutralidad y puja anglo-germana

HISTORIA

Mario Rapoport (1) y Ricardo Lazzari (2)

(1) Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.

(2) Investigador de la Universidad de Buenos Aires.


situación que generó grandes polémicas internas así como la presión de las potencias beligerantes, con quienes se produ-jeron diversos conflictos. La política de neutralidad argen-tina respondió a una serie de razones, algunas de las cuales se repitieron en la Segunda Guerra Mundial, y no puede argumentarse seriamente que fuera el resultado de una in-clinación pro alemana.

De todos modos, las respectivas políticas exteriores de De la Plaza e Yrigoyen fueron muy diferentes, tanto en la forma de encarar la neutralidad, como en las épocas que le tocó actuar a cada uno de ellos, porque Yrigoyen llegó al poder casi simultáneamente con la entrada en el conflicto de los Estados Unidos, con lo que los elementos de presión sobre Sudamérica aumentaron.(3)

La diferencia esencial en política exterior entre la élite oli-gárquica que gobernó hasta 1916 e Hipólito Yrigoyen, tiene que ver con los matices más nacionalistas y latinoameri-canistas que este último imprimió a su gestión y con las diferentes concepciones jurídicas de la neutralidad; pues el gobierno radical sostenía que la paz era un estado natural entre las naciones y que sólo si la Argentina se veía invo-lucrada en el conflicto debía participar en él, mientras que Victorino De la Plaza dictó una declaración formal en ese sentido. Los motivos reales a los que nos referimos tenían que ver con el alejamiento del escenario de guerra, el peli-gro que una intervención podía tener para el comercio con Europa y, sobre todo, con Inglaterra, y la necesidad de man-tener una política de cierta autonomía respecto a los Estados Unidos.

En verdad, la neutralidad fue benévola para el bloque anti-germánico mientras que las relaciones económicas y co-merciales con Alemania resultaron dañadas. La Argentina reconoció las “listas negras” establecidas por los ingleses e interrumpió casi totalmente su comercio con las potencias centrales. Un factor importante que jugó en la política lo-cal, remarcado por prácticamente todos los autores, es el hecho de que esa “neutralidad benévola” convenía más a Gran Bretaña que el involucramiento en la guerra, dada la importancia de la producción agropecuaria pampeana en su abastecimiento. Esto es señalado por Sergio Bagú, quien afirma que el abandono de la neutralidad por parte de la Argentina hubiese implicado, para Gran Bretaña, dos pe-ligros, uno inmediato y otro mediato: “la mengua conside-rable de los abastecimientos de esa procedencia y la mayor penetración de los intereses estadounidenses en un mercado de tradicional predominio británico.”(4)

En realidad, la neutralidad estuvo apoyada por elementos

ideológicos disímiles, cuando no contrapuestos. Los so-cialistas internacionalistas (ala izquierda del socialismo, luego comunistas) estaban contra la guerra y, por lo tan-to, contra toda intervención argentina. En esto coincidían con conservadores anglófilos temerosos de la participación en el conflicto, con nacionalistas de distinto tipo y con los pro-alemanes. Es preciso señalar, sin embargo, que muchos conservadores, neutralistas hasta la llegada de Yrigoyen, se transformaron luego en ardientes partidarios de la alianza encabezada por anglosajones y franceses: la evolución de la política interna tuvo en este sentido mucho que ver, y se expresó en ásperas discusiones en el Congreso.

Varios intelectuales escribieron artículos en defensa de Ale-mania, destacándose el caso de Ernesto Quesada, que más tarde terminó donando su biblioteca personal al Instituto Iberoamericano de Berlín y fue nombrado profesor eméri-to con renta vitalicia en la universidad berlinesa. Por otra parte, al igual que los reservistas movilizados por los britá-nicos y algunos de los países aliados a ellos, también hubo alemanes radicados en Argentina que, ante el llamado de su consulado, decidieron viajar como voluntarios al viejo continente para participar en la guerra; así como retornaron oficiales germanos que estaban entrenando al Ejército ar-gentino. Este fervor patriótico de los alemanes tuvo la sola excepción de la organización obrera Vorwärts, de orien-tación socialista, que defendió en un principio posiciones pacifistas pero que pronto tuvo que acomodarse, por los cambios producidos en su dirección debido a presiones de la comunidad, a la línea predominante.(5)

Las circunstancias, sin embargo, tuvieron un curso distinto al esperado. No sólo la gran mayoría de la sociedad argenti-na y de sus élites adoptó la causa anglo-francesa (aún defen-diendo la posición neutralista de los gobiernos), sino que la guerra fue inclinándose en contra de los imperios centrales y represalias de distinto tipo afectaron a la colectividad ger-mana. Desde las “listas negras” y la casi interrupción de las relaciones comerciales, hasta el despido o la rebaja de suel-dos de empleados de origen alemán, pasando por actitudes en contra de empresas alemanas, fueron varias las causas que iban a disminuir profundamente por algunos años la otrora importante influencia comunitaria.

El único éxito aparente del gobierno de Yrigoyen estuvo en mantener la neutralidad hasta el fin de la guerra, a pesar de algunos episodios que casi conducen a un rompimien-to, como el “affaire” que llevó a la expulsión del embajador germano en Buenos Aires, o el hundimiento de un par de barcos mercantes argentinos por navíos de guerra alema-nes. Con todo, ningún autor atribuye esta actitud, pese a las

(3) Cf. Jane Van der Karr, La Primera Guerra y la política económica argentina, Troquel, Buenos Aires, 1974; B. Solveira de Baez, Argentina y la Primera Guerra Mundial: según

documentos del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, 1994; Ricardo Weinmann, Argentina en la Primera Guerra

Mundial: Neutralidad, transición política y continuismo económico, Biblos, Buenos Aires, 1994

(4) Sergio Bagú, Argentina en el mundo. F.C.E., Buenos Aires, 1961, p. 78.

(5) Alfredo Bauer, La asociación Vorwärts y la lucha democrática en la Argentina, Biblioteca Nacional. Buenos Aires, 2008, pp. 100-101. Sobre la comunidad germana en la

Argenitna ver Roland C. Newton, German Buenos Aires, 1900-1933. Social Chabge and Cultural Crisis, University of Texas, 1977.


acusaciones que se hicieron en la época, a una inclinación gubernamental pro-alemana.(6)

Tampoco dio resultado la presión de Estados Unidos, país que entró en guerra en abril de 1917 y se transformó en la cuarta punta de un complejo cuadrángulo completado por Gran Bretaña, Alemania y la Argentina. Los británicos no deseaban, como dijimos, que este último abandonara la neutralidad, porque temían que podía afectar el inter-cambio comercial recíproco. Por el contrario, Washington no estaba preocupado por su propio y creciente comercio con los sureños, luego de haberse transformado durante el conflicto bélico en su principal partenaire comercial, siendo por unos años el principal exportador e importador ante las dificultades creadas por el transporte de productos hacia y desde Europa. A diferencia de Gran Bretaña, la activi-dad de los submarinos alemanes no lo afectaba y, además, comenzaba a despuntar su interés por exportar capitales a la Argentina, donde desde principios del nuevo siglo había realizado inversiones claves, como en la industria frigorífica, desplazando a intereses británicos. Éstos, en cambio, iban a tener después de la guerra un nuevo motivo de preocupa-ción: la competencia norteamericana.

Sin embargo, un caso produjo roces en las relaciones ar-gentino-estadounidenses y mostró la verdadera faceta de las intenciones de la Casa Blanca. Fue la ‘visita’ repentina a la

neutral Argentina por parte de barcos de guerra de Estados Unidos al mando del contraalmirante W.B. Caperton, en julio de 1917. Washington ya estaba presionando entonces al gobierno de Buenos Aires a entrar en la guerra, a lo que el presidente Yrigoyen se rehusaba. La escuadra de Caperton había hecho un viaje de propaganda a Brasil y Uruguay y solicitó a Yrigoyen el permiso para hacer escala en un puerto del sur argentino en su viaje hacia el Pacífico. La invita-ción que recibió le permitía fondear en el puerto de Bahía Blanca. Sin embargo, de manera intempestiva, se dirigió a Buenos Aires y se quedó allí diez días pese a que bajo la ley internacional los barcos de guerra sólo podían permanecer en puertos neutrales veinticuatro horas. Esto fue tomado por el gobierno argentino, aunque se formalizó la invitación a ese puerto, como una verdadera ofensa.(7)

LOS NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS DE ORIGEN O CON VíNCULOS CON ALEMANIA CON EL KáISER

Bajo un contexto de lucha entre estos poderes imperiales, las buenas perspectivas para los negocios de Bunge & Born, Weil Hnos. & Cía. y otras compañías exportadoras de gra-nos vinculadas a Alemania o a intereses alemanes comenza-ron a oscurecerse; pues a pesar de la neutralidad adoptada por los gobiernos argentinos, la guerra comercial británica en Sudamérica, a la que desde 1917 se incorporaron los nor-teamericanos, implicaría la realización de grandes esfuerzos por parte de partidarios de Inglaterra y Estados Unidos por socavar la influencia alemana en los negocios locales. Bus-caban de ese modo no sólo destruir el control germano en determinadas actividades económicas, sino también que las compañías de origen británico y estadounidense aprovecha-ran ese vacío.

Desde fines del siglo XIX capitales alemanes habían ganado una importante participación en el comercio exterior argen-tino, situación que desde un principio fue vista, sobre todo por Gran Bretaña, como de sumo peligro, ya que Argentina era la principal fuente de una parte sustancial de sus bienes primarios.(8)

Algunos documentos muestran que, pese a lo que se pensó en algún momento en torno al abastecimiento preferente por parte de empresas argentinas a Francia y Gran Bretaña durante la guerra, tal cosa no ocurrió o lo fue sólo en parte. Por el contrario, Bunge & Born y Weil Hnos. & Cía estu-vieron fuertemente comprometidas con el imperio alemán, procurando abastecerlo de granos e incluso, como se señala más adelante, en directa vinculación con el Káiser.(9)

(6) Cf. Newton (1977) y Weinmann (1994). Los barcos fueron el “Toro” y el “Monte Protegido”. El episodio del embajador alemán Von Luxburg se refiere a telegramas

interceptados por los norteamericanos, con consideraciones agraviantes hacia el gobierno argentino, como considerar al Canciller Honorio Pueyrredon un “notorio asno”. Von

Luxburg estaba casado con una argentina de la familia Martínez de Hoz. Cf. Solveira de Baez (1994), pp. 39 y ss. Sobre la presión norteamericana ver Van der Karr (1974).

(7) Sobre este incidente ver Harold Peterson, Argentina y los Estados Unidos, T II, 1914-1960, Eudeba, Buenos Aires, pp. 17-18. Weil lo menciona en su libro El enigma Argentino,

Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2012, p.31.

(8) Roger Gravil, The Anglo-Argentine Connection, 1900-1930, Westwiew Press, Boulder y Londres,1985, p. 112.

(9) Newton (1977), 47-48.

Elevadores de granos en Puerto Madero en 1910


Para los alemanes, el control de la comercialización de los granos argentinos poseía una notable importancia estra-tégica, dado que apartaba del manejo de las provisiones a los británicos y, a la vez, les permitía acumular reservas y stocks de los distintos tipos de cereales, política sensible en tiempos de guerra. De hecho, el gobierno británico sospe-chaba que Bunge & Born, en asociación con Weil Hnos. & Cía. y General Mercantile Co., todas controladas directa o indirectamente por alemanes, o vinculadas por razones fa-miliares a Alemania, cooperaban bajo determinadas formas que les permitía asegurarse el mercado argentino de trigo y maíz.(10) Debemos señalar que junto con Dreyfus, de origen francés, estas compañías disponían antes de la guerra entre el 65 y el 85% del mercado de granos.(11)

Con el desencadenamiento del conflicto bélico, los británi-cos utilizaron su dominio naval sobre el océano Atlántico y su poderío financiero para perpetrar un bloqueo naval a Alemania que restringiera su acceso a materias primas y alimentos, así como también encararon tratativas diplomá-

ticas para coaccionar a los países neutrales a fin de que re-dujeran su intercambio comercial con el enemigo. De modo tal que en las estadísticas de comercio exterior argentino no figura durante toda la guerra ningún intercambio comercial con Alemania. No obstante ello, las compañías cerealeras de origen alemán en Argentina, si bien enfrentando una fuerte persecución, realizaron artimañas para poder sortear estas trabas a sus negocios. Se sabe que Bunge & Born y Weil Hnos. & Cía. exportaron, en los primeros diez meses de 1915, 860 mil toneladas de maíz a países como Holanda, Dinamarca y Suecia, que antes de la guerra eran mercados insignificantes para el país del Plata.(12) Lo que hace pensar que su dirección final podía ser Alemania.

Asimismo, comenzaron a proliferar cargas de granos con-signadas a lugares como St. Vincent, en el Caribe, o Las Palmas, en las Islas Canarias, últimos reductos neutrales en camino hacia Europa. Todos estos envíos tenían, por se-guro, a Alemania como puerto de destino; pero dado que la mayor parte de las exportaciones argentinas se realiza-

(10) FO 902/2, WTID Weekly Bulletin, 10 de marzo de 1916. Citado en Gravil (1985), pp. 114-115. En verdad, Bunge & Born fue fundada como filial de una compañía existente en

Amberes, pero el origen de los Bunge no era belga sino alemán y católico. Los Weil eran judíos alemanes, que hicieron su empresa en la Argentina. Las memorias de Félix Weil

explican sus orígenes. Memorias de Félix J. Weil (inéditas) Archivos de Frankurft am Main. Éstas memorias están divididas en dos partes por eso las enumeraremos como I y II.

(11) Las cifras son de Gravil, (1985), p. 114 y Weil (Memorias II), p. 74. Dreyfus fue fundada por un judío alsaciano y sus intereses estaban más vinculados a Francia. Todos los

datos del nacimiento de estas empresas pueden encontrarse en Dan Morgan, Los traficantes de granos, Editorial Abril, Buenos Aires, 1982.

(12) Véase Phillip Dehne, “The First World War in South America: the difficulties of using globalization as a weapon”, ponencia presentada en 2009 Meeting of the Latin

American Studies Association, Río de Janeiro, Brasil, junio 2009, p. 14; y Gravil, (1985), p. 115.


ban “por órdenes”, no se hallaba especificado el puerto final al que se dirigían. La Corona británica reconocía que los bienes que Alemania intentaba importar eran consignados hacia puertos neutrales y que de la documentación a bordo de los barcos difícilmente podía inferirse su destino final.(13)

Adicionalmente, el Cónsul General británico Mackie reco-noció que las compañías germanas utilizaban el 85% de la capacidad de carga de los buques británicos disponibles en el puerto de Buenos Aires.(14) A pesar de violar la Trading with the enemy Act de 1914, los empresarios navieros dueños de esos barcos, igual que los de los ferrocarriles, aceptaban transportar cargas del “enemigo”, demostrando el peso que las compañías cerealeras germanas tenían dentro de la es-tructura productiva local y la dependencia que generaban en varios sectores de la actividad económica.

Ante esta situación, el gobierno británico decidió extender la política de listas negras comerciales, inicialmente pensada

para afectar los intereses de firmas localizadas en territorio enemigo, a la América Latina neutral. Bajo fuertes presio-nes de los empresarios anglo-argentinos por la persistencia del comercio trasatlántico alemán durante la guerra y frente a las sospechas de que las grandes cerealeras en Argentina abastecían a los barcos de guerra germanos en el océano Atlántico, la Corona británica emitió la primera lista ne-gra (Statutory Blacklist) para Sudamérica el 16 de marzo de 1916. La familia Weil era una de las principales empresas que estaban en la mira de Londres.

Desde el estallido de la guerra, Hermann Weil, el principal accionista, y su compañía trabajaban para el gobierno ale-mán. De hecho, a principios de 1914, Hermann pagó vo-luntariamente un impuesto especial para la fabricación de armamentos destinados al ejército germano. A pesar de que se había naturalizado argentino, su pretensión de asistir al Imperio de Guillermo II remitía, según relata su hijo Félix, a un sentimiento patriótico que no sólo se había despertado

(13) Miscellaneous No. 2, “Statement of the measures adopted to intercept the sea-borne commerce of Germany. Presented to both Houses of Parliament by command of His

Majesty”, Harrison and Sons, London, January 1916, p. 4.

(14) FO 118/342, Mackie to Tower, 7 de octubre de 1914. Citado en Dehne (2009). Las exportaciones argentinas a Holanda, Suecia y Dinamarca durante la Primera Guerra

crecieron 41%, 100% y 300% respectivamente respecto del período pre-bélico. Ver, respecto de este tema, R. Weinmann (1994), pp. 69-71.


en la comunidad alemana en Argentina, sino también en las comunidades inglesas y francesas residentes en el país respecto al bando aliado.(15) Pero por fuera del idílico lla-mamiento de la patria a sus hijos cuando ésta se encontraba en pena, Weil Hnos. & Cía. había realizado acuerdos bien concretos con el gobierno del Káiser.

La firma había recibido 20 millones de pesos oro por parte del Estado alemán en base a un acuerdo secreto con el embajador alemán en Buenos Aires, para que con ese dinero junto al capital propio de la compañía, comprara cereales en la Argen-tina y los almacenara durante el tiempo que durase la guerra o, en caso de que fuera necesario, “destruirlos, para impedir que Inglaterra los obtuviera”. (16)

Ese dinero, que no se uso, se devolvió a la República de Wei-mar; pero durante la guerra, la empresa actuó como infor-mante del Estado Mayor de la armada alemana, teniendo a su cargo la tarea de anoticiarlo sobre aquellos barcos que zar-paban desde los puertos argentinos cargados de cereales hacia Gran Bretaña o hacia otros destinos que podían ser simples puertos de tránsito hacia las islas.

El plan de Hermann consistía en comprar cosechas en la Argentina y luego venderlas a los aliados mediante testaferros. De ese modo se sabría cuando navegaban hacia esos barcos rumbo a Europa y así enviar los submarinos para hundirlos. En cambio, con un toque nacionalista argentino, Hermannn le puso como condición al Káiser que, si Alemania ganaba la guerra, debían reconquistar las Islas Malvinas y devolverlas a la Argentina.

Hermann Weil era considerado como uno de los principales expertos en el mercado mundial de cereales y en los modos de abastecimiento de Gran Bretaña. De modo tal que le fue asignada la tarea de confeccionar informes semanales sobre la situación alimentaria inglesa y de las potencias beligeran-tes. El teniente coronel von Braun-Behrens, jefe de la oficina de guerra en Frankfurt, concurría una vez por semana a la mansión de los Weil para retirar los informes que enviaba, a través de las altas jerarquías del ejército alemán, al Káiser Guillermo II.(17)

Mientras tanto, en los confines sureños de la América del Sur, la lista negra británica incluía, sin sorpresa alguna, a las fir-mas alemanas exportadoras de granos. Bunge & Born, Weil Hnos. & Cía. Hardy & Mühlenkamp, y la Sociedad Finan-ciera e Industrial Sud-Americana de Alfredo Hirsch (que en realidad se había desprendido de Bunge & Born cuando em-

pezó la guerra para tratar de aparecer diferenciada de aque-lla). Todas ellas fueron incluidas en la lista el 26 de marzo de 1916 y figuraron allí hasta el 28 de abril de 1919. Más tarde, se agregarían los depósitos alemanes de carbón y flotas mercantes del mismo país, tales como Hansa y otras compa-ñías.18) Estas empresas se veían, desde entonces, privadas de utilizar buques, carbón y servicios bancarios de origen britá-nico; incluso sus cargas y correspondencia a bordo de buques de países neutrales serían confiscadas por los barcos de guerra de la Corona en el Atlántico.

El primer impacto de la Blacklist para Weil Hnos. & Cía. y Bunge & Born fue tremendamente negativo, reduciendo los flujos comerciales que éstas llevaban adelante con Europa. Sin embargo, la respuesta de estas compañías no se hizo es-perar. Además de las exportaciones “por orden” hacia Escan-dinavia o puertos neutrales en el Atlántico, las firmas listadas comenzaron a operar bajo otros nombres o mediante empre-sas o personas intermediarias, conocidos como los “tapados” (cloak), que no estaban incluidos en la lista negra. De esta forma, las operaciones se documentaban a nombre de estos “tapados”, tanto las de exportación de granos, como las de importación de insumos, permitiendo que, en definitiva, las cerealeras pudieran disponer indirectamente de todas las fa-cilidades que les fueran negadas por la lista.

Entre los “tapados” se encontraban empresas tales como la Societé Anonyme des Minoteries et d’Elevateurs a Grains, la que aparentemente era de propiedad o estaba vinculada con Bunge & Born. A pesar de que los oficiales británicos pudie-ron incluir algunas de estas firmas en la lista, reconocían que hacerlo de forma exhaustiva sería una tarea interminable.(19)

El montaje de las apariencias continuaba con la exacerbación de las operaciones en los mercados de opciones de Buenos Aires y Rosario durante todo el período de guerra. A través de este mecanismo, esas empresas alineaban sus acciones en el mercado y lograban forzar al alza los precios que debían pagar las de los países aliados. El mercado de opciones per-mitía, a su vez, que se desconociera el destino final de los granos tranzados. De esta forma, esas compañías vincula-das de una u otra forma a Alemania se involucraban en una cadena de intermediaciones que terminaba por “blanquear ” sus granos. Las mismas firmas británicas se veían envueltas en la compra de granos comercializados, en primera instan-cia, por empresas alemanas incluidas en la Blacklist. Gravil señala que el 60% de los 200 brokers que intervenían en los mercados de opciones de Argentina estaban en condiciones de hacer contratos con países “enemigos”.(20) Por lo tanto, los

(15) Cf. F. Weil (Memorias II), pp. 34-35. Las comunidades que tuvieron peso en la conducción del país en sus primeras etapas o que estaban vinculadas a través del comercio o

las inversiones fueron la británica, la alemana y la francesa. Un análisis de la comunidad inglesa de ese entonces puede encontrarse en Alistar Hennessy y John King (Edit.), The

Land that England Lost, The British Academic Press, Londres, 1992. Para el caso de la comunidad alemana puede consultarse a Newton (1977).

(16) F. Weil (Memorias II), pp. 36-37.

(17) F. Weil (Memorias II), p. 37.

(18) Dehne (2009), p. 7.

(19) Idem, p. 17.

(20) Gravil (1985) p. 115


capitales británicos y la Cámara de Comercio británica en la Argentina veían al mercado de opciones como una impor-tante fuente de ganancias, a pesar de que atentara contra los objetivos estratégicos de la Corona.

El gobierno británico entendió en ese momento que dejar el comercio de granos en manos de esas empresas privadas podía poner en jaque todo el esfuerzo bélico. Tal es así que sólo siete meses después de la primera lista negra, la Corona constituyó la Royal Commission on Wheat Supplies, encargada de adquirir todo el trigo que entrase al Reino Unido, realizando en Argentina compras por nueve millones de toneladas de cereales entre octubre de 1916 y el final de la guerra, lo que representaba en la temporada 1917-1918 el 45% de la cosecha argentina de trigo.(21)

Bajo este esquema, las firmas británicas que no habían po-dido aprovechar el ataque contra las cerealeras alemanas, pasaron a ser meras agencias de compra de la Corona britá-nica. La Royal Commission intentó adquirir los granos de firmas que no estuvieran dentro de la lista negra, pero era muy difícil determinar si las compañías eran “tapados” o si los granos provenían de alguna de las empresas consigna-das en la lista. Dehne documenta que la Royal Commission hizo compras desde 1917 a Molinos Harineros y Elevadores de Granos, un supuesto molino de origen belga, cuya vincu-

lación con Bunge & Born era sospechada por las autorida-des británicas en Argentina.(22) Bunge & Born, a fin de elu-dir el bloqueo se terminó dividiendo en dos firmas; la nueva se llamaba Cadeg, y tenía una sede europea en Amsterdam.

La impotencia del gobierno británico frente a los recursos y el poderío de las cerealeras alemanas lo llevó a crear una comisión de control de la importación de yute, producto esencial para el cargamento de cereales desde las estancias a los depósitos ferroviarios y, en un país como la Argentina con pocos elevadores de granos, el uso de bolsas de yute para el transporte de granos era la norma.(23) La oferta de este producto era monopolizada por los británicos a través de la producción de la India; por lo que la comisión del yute se encargaría de controlar las importaciones a través de la conformación de una lista de importadores aprobados, bus-cando descartar a firmas “enemigas” y privar de insumos a aquellas empresas incorporadas a la Blacklist. Sin embargo, el yute llegaba a las empresas germanas a través de sus inter-mediarios y también Bunge & Born creó su propia fábrica de bolsas de yute, que además de asegurarle el autoabasteci-miento le permitía vender los excedentes en el mercado y así desafiar las trabas impuestas por el imperio británico.

Antes de que el conflicto bélico finalizara, Gran Bretaña dio cuenta de su incapacidad para luchar contra estas manio-bras. Así, las grandes cerealeras germanas lograron sortear la guerra comercial británica y retomaron por completo el control del comercio exterior de granos argentinos después del armisticio. La Blacklist había resultado infructuosa en su afán de socavar el poderío de las firmas alemanas y po-tenciar a las empresas británicas. Por ello, éstas esperaban que las sanciones continuaran después de la guerra. En fe-brero de 1919, estas firmas enviaron un telegrama al Primer Ministro Lloyd George para que prohibiera la competencia de Bunge & Born, Weil Hnos. & Cía. y General Mercantile Co. en los mercados aliados.(24) El mismo Lord D’Abernon, en su misión a la Argentina en 1929, reclamaba una mayor participación de las empresas británicas en el intercambio comercial de granos entre Argentina y el Reino Unido, ya que la totalidad de éste permanecía bajo control de comer-cializadoras de Europa continental.(25) Pese a que normal-mente se cree que la Argentina era a principios del siglo XX una especie de semicolonia británica, esto era parcialmente cierto. En el devenido importante mercado de los granos, desde fines del siglo XIX predominaban intereses diversos y, como lo demostró la Primera Guerra Mundial, la compe-tencia de las empresas germanas con la británicas fue muy dura y agrega un matiz más complejo para la comprensión de nuestra historia contemporánea.

(21) Dehne (2009), p. 19; y Phillip Dehne, “Britain´s global war and argentine neutrality”, en Johan Den Hertog y Samuël Kruizinga (eds.), Caught in the middle. Neutrals,

neutrality and the first world war, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011.

(22) Dehne (2009), p. 22.

(23) Solberg, The Prairies and the Pampas .Agrarian Policy in Canada and Argentina, 1980-1930, Stanford University Press, 1987, p. 142.

(24) FO 118/507, Tower to Foreign Trade Department, Nº 36, 15 de febrero de 1919. Citado en Dehne, (2009), p. 23.

(25) Lord D’Abernon, “Informe sobre las relaciones comerciales anglo-argentinas”, en Revista de Economía Argentina, marzo de 1930, año 12, Nº 141.


Fue noticia de primera plana y dio la vuelta al mundo. El 22 de febrero del presente año, Joaquín el “Chapo” Guzmán había sido arrestado por un comando de marines mexicanos. Estando él a la cabeza del cártel de Sinaloa, esta organización narcotraficante se ha transformado en una de las más poderosas, no sólo en México, sino en toda América Latina, y ha llegado a ocupar un lugar destacado, junto con los Zetas, sus grandes rivales, entre los primeros cinco grupos más peligrosos del crimen organizado a nivel mundial.

Unos pocos días antes, otros marines habían protagonizado un enfrentamiento en el que fue abatido Nazario Moreno González, “El Chayo”, el “narcosanto” como lo definen sus seguidores, erróneamente dado por muerto en el 2010. Era

el jefe de los Caballeros Templarios, nacidos de la escisión de otro poderoso cártel, la sanguinaria Familia Michoacana.

Las acciones llevadas a cabo contra los cárteles abren interro-gantes sobre el futuro del narcotráfico en México y sobre los impactos en el resto del continente. Se barajan hipótesis que van desde el reordenamiento interno de las organizaciones a la fragmentación de las mismas, a un recrudecimiento de la violencia producto de la avanzada de los cárteles rivales y a una lucha por la sucesión. Casi nadie aventura una pacifi-cación de la trama sangrienta mexicana y nadie habla de la desaparición del narcotráfico, ya que este lucrativo negocio tiene una gran capacidad para regenerarse, reorganizarse y reconfigurarse, como lo demuestra su propia historia.

Narcotráfico y seguridad en América Latina

INTERNACIONAL

Adriana Rossi


EL MAPA ACTUAL DEL NARCOTRáfICO

Las organizaciones mexicanas son sin lugar a dudas las grandes protagonistas del narcotráfico hoy en día. Para este ascenso fue determinante una decisión de los cárteles de Colombia, sobre todo el de Cali cuando ocupó el espacio dejado por el cártel de Medellín que se desestructuró luego de la muerte, en 1993, de su carismático jefe Pablo Escobar, quien había establecido los primeros contactos con el cártel de Guadalajara. Decisión que fue respetada por el último cártel colombiano, el del Norte del Valle y que consistió en dejar a las organizaciones mexicanas la responsabilidad de introducir la cocaína producida en Colombia en territorio estadounidense, renunciando de esta forma, los colombia-nos, a ganancias sustanciales. El objetivo primordial era mantener un perfil bajo para garantizarse una mayor invi-sibilidad en un momento en que la alta exposición hubiese podido significar un grave peligro para la seguridad de la estructura y de sus miembros. El acuerdo reforzó y aumen-tó el poder de los cárteles mexicanos y provocó la pérdida de peso específico en el universo narcotraficante de parte de las organizaciones colombianas. Estas sufrieron fuertes embates. Después del cártel de Medellín desaparecieron los otros cárteles: el de Cali por los arrestos de sus jefes que ocurrieron entre 1995 y 1997, el del Norte del Valle, hoy en día pulverizado, y de otro cártel menos conocido, el de la Costa, que dejó de funcionar en el 2010. A pesar de ello, el narcotráfico no desapareció de Colombia, se reestructuró.

Los grandes grupos que habían constituido un poder oligo-pólico y controlaban al comienzo todo el circuito producti-vo-comercial de las drogas, fueron remplazados por orga-nizaciones medianas y pequeñas, los “cartelitos”. Cada una cubre uno o más segmentos de ese mismo circuito, pero no su totalidad. Trabajan en redes eficientes y eficaces, forman alianzas flexibles, mantienen fachadas respetables y son más difíciles de detectar.

Sin embargo, en paralelo se organizaron otros grupos, las BACRIM, “Bandas Criminales Emergentes”, constituidas en casi su totalidad por ex paramilitares, otrora brazos ar-mados de los cárteles y aliados del ejército en la lucha anti-guerrillera. Sus integrantes constituyen el llamado “neopa-ramilitarismo”, ajeno a ideologías y sensible a las ganancias y que siembra de violencia las zonas rurales colombianas, a veces en alianzas espurias, por el negocio de la cocaína, con algún frente de las FARC.

Si perdió protagonismo, Colombia no perdió su rol de país productor de cocaína, ni de país exportador. En la actuali-dad, abastece el 60% del mercado mundial de la cocaína, lejos del 80% de la época de oro de los cárteles. El 30% de este mercado lo cubre Perú, que antaño era principalmente el mayor productor de materia prima, la hoja de coca.

Ambos países mantienen relaciones con los cárteles mexi-canos que buscan socios entre los empresarios de la droga, buscan cultivos para controlar, laboratorios para instalar,

bancos para lavar, precursores químicos para la producción de las metanfetaminas, la nuevas sustancias que han em-pezado a disputar el mercado de consumo de los Estados Unidos a la cocaína, en declino en el país del norte.

Mientras los colombianos han reducido al menos en parte sus expectativas de ganancias, los mexicanos las han am-pliado. Los cárteles se han multiplicado y con ellos otras organizaciones subsidiarias de los narcotraficantes. De los cinco cárteles iniciales, hoy en día se cuentan alrededor de ochenta organizaciones que conforman este específico uni-verso delictivo.

Entre los cárteles ha habido pactos y ha habido guerras; al final más guerras que pactos. Y ha habido diversificación. Además de introducir todo tipo de drogas, desde cocaína a las otras sustancias de las que son productores –como mari-huana, heroína y las metanfetaminas–, de las que determi-nan cantidad, calidad y precio en el mercado, los cárteles empezaron a dedicarse a otro tipo de delitos. Tráfico de armas desde los Estados Unidos a México para pertrechar las organizaciones y asegurar su poderío de fuego para en-frentar rivales, policía, fuerzas armadas –puestas éstas en la calle para luchar contra el narcotráfico– y los grupos de autodefensa recién surgidos en Michoacán, germen de un futuro paramilitarismo no exento de relaciones con los cárteles; tráfico de migrantes en fuga de la pobreza; trata, secuestros, extorsiones, asesinatos; son los nuevos rubros de los cárteles que se apoyan en bandas como el ascendente Barrio Azteca. Bandas que a veces suelen independizarse, como los temibles Zetas, nacidos como grupo organizado de sicarios al servicio del cártel del Golfo y que ahora cons-tituyen una poderosa organización criminal independiente, conformada por ex militares, ex policías y ex miembros del cuerpo especial del ejército de Guatemala, los kaibiles.

LA ExPANSIóN

En medio de esta expansión y multiplicación de estructuras, el narcotráfico fue avanzando.

Para abastecer las plazas de otros continentes, los mexicanos han establecido relaciones con otros grupos criminales de la envergadura de la Mafia rusa y de la poderosísima ‘ndrang-heta calabresa de Italia, que ha destronado en el mundo del crimen organizado a la Mafia siciliana, y que tiene sus re-presentantes en todas las capitales europeas. Al mismo tiem-po, han extendido sus largos brazos hacia América Central, donde se disputan territorios para la seguridad del tránsito y para un mercado de consumo en ascenso, utilizando bandas locales, algunas de las cuales son las temibles Maras.

Los colombianos y los peruanos han inaugurado nuevos co-rredores para llegar a florecientes mercados continentales, como Brasil y Argentina, por medio de redes estructuradas como células clandestinas. Los colombianos utilizan ade-más países como los mencionados, más Uruguay, para lle-gar a la costa de África central. De esa costa los cargamentos de cocaína se dirigen hacia Europa, vía desierto del Sahara,


aprovechando la presencia en esos lugares de grupos arma-dos en lucha, que con el tránsito de la droga se mantienen en armas y mantienen sus conflictos. O transitan hacia a los nuevos mercados de África y Asia con la participación de grupos delictivos, especialmente de Guinea Bissau.

Sin embargo, mexicanos, colombianos, peruanos, no son los únicos actores del narcotráfico en el continente. Hay redes y bandas mixtas con miembros de distintas nacionali-dades que fungen de enlace con otras bandas en el exterior. Hay poderosas bandas locales, como las de narcomenudeo de Brasil, desde el tradicional Comando Vermelho a Os amigos dos amigos, al Primer Comando da Cidade de Río de Janeiro y el Primeiro Comando da Capital de San Pablo, hermandad carcelaria compleja que se dedica a innume-rables ilícitos. Siempre en Brasil, hay grupos relacionados con los “agronarconegocios” que controlan la producción de marihuana; y existen cultivos de la misma planta en Pa-raguay en manos de empresarios locales y brasileños; y hay bandas de narcomenudeo en Argentina, la mayoría de éstas de conducción familiar. En el país hay también laboratorios artesanales, las “cocinas”, de producción de cocaína a partir de la pasta contrabandeada desde Bolivia o para estirar la sustancia para el mercado interno. Y hay lavado.

En realidad, hoy en día no existe ningún país en el conti-nente que pueda considerarse ajeno al circuito del narcotrá-fico, que en los años 80 estaba delimitado al área andina de producción y a México y al área centroamericana y caribeña de tránsito. Un circuito que se ha vuelto cada vez más vio-lento y donde las cifras de los asesinatos abultan las estadís-ticas nacionales y regionales.

EL DESARROLLO DEL NARCOTRáfICO

Un mercado que ha conocido en años anteriores un creci-miento geométrico a nivel mundial, una ilegalidad decre-tada a nivel internacional de sustancias y las ganancias que por lo tanto un mercado negro ilegal asegura, son los fac-tores que impulsaron la creación de organizaciones ad hoc, como los cárteles y bandas latinoamericanos que se dedican a producir y comercializar las drogas. Estimuló también a organizaciones criminales ya existentes, esparcidas por el mundo, a integrarlas dentro de sus rubros delictivos, como las arriba señaladas –Mafia siciliana, Mafia rusa y ‘ndrang-heta–, y otras como la Camorra napolitana, la Yakuza japo-nesa y las Tríadas chinas.

La ilegalidad declarada en función de una supuesta protec-ción a la salud humana, obedeció más a razones políticas que científicas, y reflejan una mirada hasta discriminatoria, ya que la mayoría de las sustancias condenadas venían del sur del mundo y eran en su mayoría sustancias incorporadas a culturas autóctonas.

Su condena fue plasmada en las Convenciones de Naciones Unidas de 1961 (Convención Única de 1961 sobre Estupe-facientes), de 1971 (Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas) y de 1988 (Convención de las Naciones Unidas contra el

Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas), que condicionaron las legislaciones nacionales que deben adecuarse a las mismas e hicieron que las políticas adopta-das por los gobiernos firmantes tuviesen el sello del prohibi-cionismo y carácter represivo.

A pesar de ello, el narcotráfico en general no sólo sobrevive, sino que da signos de gran vitalidad. Esto se debe a situacio-nes favorables y a unos procesos y mecanismos que permi-ten su desarrollo y evolución y que las políticas antidrogas deberían tomar en consideración para una efectividad ma-yor a la exhibida hasta ahora.

LA LEGITIMACIóN DE LO ILEGíTIMO

La legitimación económica

El narcotráfico se inserta en las tramas económica, social y política de los países, en busca de una legitimidad que lo ponga a resguardo de iniciativas que lo llevaría a una deba-cle.

En el campo económico-financiero, parte de los capitales, cuya cantidad es difícil de medir por la ilegalidad misma del negocio, pero que se supone que rondan los 300-400 mil millones de dólares al año, entra a los circuitos financieros para ser blanqueado. Se utilizan para ello mecanismos que el mismo sector ha puesto en función para una circulación más libre y flexible de los capitales en busca de plazas más rentables. Bancas off-shore, sociedades financieras inescru-pulosas, vinculadas algunas a prestigiosos bancos, paraísos fiscales, países con secretos bancarios a toda prueba, son utilizados para estos fines, a pesar de la difusión de la le-gislación antilavado, en muchos casos resistida o aplicada con reticencia. Cuentas cifradas, inserción de los capitales en distintas plazas en un lapso de tiempo brevísimo, utiliza-ción de testaferros, permiten borrar las huellas de la prove-niencia de los capitales.

No toda ganancia se inserta en este circuito. Mucha se con-trabandea mediante los mismos mecanismos utilizados para el envío de la drogas. Son capitales que en su mayoría se uti-lizan dentro del mismo circuito narcotraficante o en tráficos asociados o se blanquean mediante otro tipo de mecanismos como la sobrefacturación en emprendimientos de fachada.

Los capitales lavados que no permanecen en el circuito son reciclados preferentemente en el sector primario de la eco-nomía (tierras, ganadería, etc.) y en el sector terciario, el de los servicios, hoteles, bares, restaurantes, centros comer-ciales, escuelas y universidades, clubes deportivos –sobre todo los de fútbol, con su anexo y millonario mercado de los jugadores– y el sector inmobiliario. El porcentaje que se recicla depende de la capacidad de absorción de capitales por parte de la trama económico-productiva del país. Cuan-to más desarrollada, tanto mayor es su poder de absorción. Cuanto más capitales blanqueados, tanto más desarrollo para el país y al mismo tiempo más peligro de distorsio-nes, por las presiones que los narcotraficante pueden llegar


a ejercer sobre los mercados por la necesidad de inserir un alto volumen de dinero.

Blanqueo y reciclaje transforman a los narcotraficantes de criminales en capitalistas respetados y honrados y les otor-gan un enorme poder, que no obstante no es suficiente para garantizar la continuidad de su actividad delictiva y para protegerla de los embates de las políticas antinarcóticos. Ne-cesarias son las legitimaciones social y política.

Legitimación social

El narcotráfico da trabajo, garantiza supervivencia y una vida económicamente digna, y tiene una ventaja compara-tiva a su favor con respecto de otras ofertas laborales que pudieran existir, para personas que pertenecen a esos estra-tos sociales, que en tiempos de “racionalización” del Estado, fueron abandonadas a sí mismas o nunca tuvieron atención por vivir en los llamados “espacios vacíos”, donde el Estado está ausente y no ejerce soberanía. Espacios que no son sólo zonas de difícil acceso en la espesura de la selva, sino las barriadas donde las políticas sociales de promoción y con-tención se fueron diluyendo o dejaron de existir o nunca existieron.

Insertándose en esos lugares, el narcotráfico se transforma en satisfactor de necesidades básicas, algunas de las cuales no están relacionadas con la supervivencia, sino con el ser

social y la valoración. Pertenecer a un cártel, a una banda grande, aunque en los niveles más bajos, aunque ejerciendo un trabajo relacionado con la violencia y la muerte, como ser soldado del narcotráfico o sicario, en más de una zona y región da sentido de pertenencia y estatus ante la comu-nidad. Comunidades que reciben atención en lo referente a infraestructura comunitaria, casas para aquellos que nun-ca la tuvieron, medicamentos para los enfermos, canchitas para los chicos y seguridad, mediante la cual se protege de robos y asaltos a los pobladores.

Sin embargo, la inserción en los circuitos narcotraficantes no depende sólo de la pobreza, marginación y exclusión. Existen otros factores que entran en juego y que hay que identificar para evitar la fácil, tentadora, discriminatoria y peligrosa ecuación, “pobre=delincuente”, que abre eventua-les puertas a políticas represivas hacia actores de la sociedad considerados por su sola presencia, incómodos.

Hay elementos culturales determinados por una sociedad de consumo que valora al hombre por lo que tiene y no por lo que es. Y si en esta perspectiva los jóvenes de sectores desfavorecidos se juegan hasta su propia vida, en los sectores medios, de los cuales nunca se habla, se reclutan profesio-nales, abogados, contadores, arquitectos, comerciantes, em-presarios, etc., que prestan sus servicios a bandas y cárteles a cambio de un mayor estatus económico, que se convierte

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en un mayor estatus social, seguros de la impunidad que la pertenencia a una determinada clase social les provee.

Dentro de esta inversión de valores, es necesario mencionar también la propagación de una cultura narco, con su ges-tualidad, con sus canciones, con la fascinación que ejercen legendarios capos, entronizados en series que captan la aten-ción y admiración, y en los varones la fascinación por las armas, que los hacen sentir más “machos”, en una cultura patriarcal donde prima el poder del más fuerte.

Todos estos elementos de penetración permiten al narco-tráfico tener bases logísticas, fuerza de trabajo y una base social, que en muchos casos lo ampara y lo protege del ac-cionar de la ley.

Legitimación política

Necesaria, fundamental, imprescindible, es la relación con el poder político y el Estado para esquivar la ley y garanti-zar seguridad a las actividades delictivas. Son vínculos dife-renciados de mayor o menor penetración de los organismos estatales, de tipo coyuntural o directamente estructural. Se va del intercambio de favores al más puro estilo mafioso (campañas electorales financiadas a cambio del silencio gu-bernamental sobre los negocios o medidas que aseguren la impunidad), colusión de intereses (guerras sucias a enemi-gos comunes, guerrilla, sindicalistas, opositores), conniven-cia (pactos de gobernabilidad que involucran a gobiernos locales) y complicidad, donde funcionarios de distintos ran-gos, sectores de las fuerzas del orden, así como las Fuerzas

Armadas, que en algunos países han sido desplegadas en la lucha antinarcóticos, han establecido y mantienen vínculos de mutuo interés con el narcotráfico y facilitan o participan del negocio.

El Estado en estos casos se encuentra ante una clara con-tradicción. Sus representantes firman convenios y acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico y crimen or-ganizado, promulgan severas leyes acordes con esos conve-nios, crean organismos de fiscalización en la materia y hasta ponen al ejército en la calle para luchar contra el narcotrá-fico. Al mismo tiempo, permiten que la misma estructura del Estado sea infiltrada por organizaciones que se sirven de ella para sus propios intereses, que no son los de la sociedad en su conjunto, sino que son criminales.

El narcotráfico, en sus relaciones con el poder político, co-rroe las instituciones estatales, hace peligrar el Estado de Derecho y el orden democrático, y pone en entredicho la gobernabilidad. Sus organizaciones se manejan con sus propias leyes, con sus propias milicias, sean paramilitares, soldados del narcotráfico, sicarios que utilizan la fuerza –ya no monopolio del Estado–, convirtiendo los territorios que ocupan en Paraestados dentro de los Estados, en un proceso de feudalización del poder.

CORRUPCIóN, VIOLENCIA Y SEGURIDAD

El camino a la legitimación está plagado de corrupción y violencia. El narcotráfico tiene medios para sostener el costo de la corrupción, que es muy alto e influye en el precio de


la mercancía. Es una corrupción que se extiende desde los niveles más bajos a los más altos y se inserta, en la mayoría de los casos, en tramas socio-políticas frágiles o ya corrom-pidas.

A la corrupción está asociada la violencia, que se ejerce al interior del circuito y por fuera del mismo. No se toleran los “soplones”, no se toleran deserciones y traiciones, no se toleran incumplimientos a todos los niveles. No se tolera lo que puede poner en peligro la estructura.

Sin embargo, la “grande violencia” se desata cuando las or-ganizaciones entran en conflicto por el mercado y el territo-rio y avanzan sobre zonas de influencia de otras organizacio-nes; dando lugar a verdaderas guerras, en las que participan, en algunas ocasiones, sectores policiales que protegen a los grupos en pugna. Estalla cuando las bandas entran en fase de desestructuración, por la muerte o encarcelamiento de algún capo y sus adláteres, donde los grupos al desbande se enfrentan en una disputa por el liderazgo. Se manifies-ta en su crudeza cuando en su seno se forman camarillas que intentan independizarse. En estas luchas intestinas, la población –que de alguna manera se beneficiaba de la pre-sencia del narcotráfico– queda atrapada entre los bandos y se transforma en rehén de los mismos.

Se ejerce violencia a través de las amenazas, a veces cumpli-das, hacia todo actor político y social de relevancia de los aparatos estatales y por fuera de los mismos, que se consti-tuye en obstáculo o es considerado un peligro para el nar-cotráfico. Se recurre en este caso a la intimidación, a los asesinatos de funcionarios gubernamentales, de la justicia,

de las fuerzas de seguridad, de los periodistas y comunica-dores sociales. Cuando la pugna se da frontalmente entre el Estado y el narcotráfico, este último recurre a los atentados.

El narcotráfico, de esta forma, se convierte en una amenaza constante para Estado y población. El camino que se ha elegido para neutralizarlo y controlarlo da muestra de in-efectividad e ineficacia. Despliegue policial, asesoramiento a policía, formación de policías en cursos dictados por el FBI, cuando la misma policía está atravesada por el fenóme-no; ejércitos que abandonan su misión de defensa para abo-carse a la nueva doctrina de seguridad hemisférica que los ubica en la calle, en resguardo del orden interno; presencia de asesores militares extranjeros, planes como el Plan Co-lombia de fumigaciones de cultivos y la Iniciativa Mérida en México, implantación de bases policiales, bases militares, Centros de Seguridad Cooperativa, en una “securitización” de la política antinarcóticos; legislaciones severas que llenan las cárceles de usuarios de drogas y de peones del narcotrá-fico y raras veces de los grandes capos que desde sus celdas siguen manejando el negocio; son medidas que, en el mejor de los casos, terminan amenazando y recortando libertades y derechos y, en el peor de los casos, se convierten en instru-mento de control de población y territorios, obedeciendo a intereses ajenos a la lucha emprendida, bajo la etiqueta de la seguridad. Con lo cual, el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad, o cuando menos no logra curarla.

Llevar la política antinarcóticos por estos derroteros mues-tra la profunda incapacidad de visualizar el fenómeno en sus distintos componentes y no haber enfrentado sus causas a su debido tiempo, desde la existencia de un mercado de

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drogas con sus necesidades, a la prohibición que incide en ello, a los componentes económicos, socio-culturales y po-líticos que demandan de políticas donde lo represivo es un elemento más, pero no el único.

El actual paradigma de la política de drogas es percibido y evaluado como un fracaso desde las organizaciones de la sociedad civil, desde grupos influyentes como “Droga y Democracia”, que reúne a ex presidentes nacionales –Gavi-ria de Colombia, Cardozo de Brasil, Zedillo de México– y personalidades reconocidas de la cultura latinoamericana, a los mismos actuales presidentes que han pedido a la Orga-nización de los Estados Americanos, OEA, llevar adelante estudios para un cambio de orientación en el abordaje de la temática.

Pasos se están dando. En Naciones Unidas circulan voces so-bre la despenalización del consumo de marihuana, el Estado de Colorado en Estados Unidos legalizó su uso recreativo, al igual que Uruguay que la regularizó. Cada vez más se reconoce que el pecado original que dio lugar a fenómenos que sacuden a todas las sociedades, ha sido la prohibición. Si en lugar de prohibir se hubiese puesto el esfuerzo en contener el consumo, en controlar el mercado de las drogas, en atender a sus usuarios y a su entor-no familiar y social; si se hubiese actuado en el campo de la edu-cación, de la prevención, en desarmar la cultura de la violencia, tan publicitada en las pantallas de la televisión, no habríamos tenido ni bandas, ni cárteles, ni muertos, ni corrupción, ni se aplicarían doctrinas de seguridad sobre las cuales planean la sospechas y acusaciones de una utilización del narcotráfico para fines que nada tienen que ver con su eliminación.

REfERENCIAS BIBLIOGRáfICAS

ONU – Consejo Económico Social. Situación mundial con respecto al uso indebido de drogas. Diciembre 2012. http://www.pnsd.msc.es/novedades/pdf/UNODC_ComisionEstupefacientes_marzo2013.pdf

UNODC. World Drugs Report 2013. http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf

Rossi Adriana 2010. “Narcotráfico y los desaciertos de la política antinarcóticos”, en Tenorio Ambrossi Rodrigo (ed.) Ecuador: Academia y droga. Consep – Editorial El Conejo, Quito.

Rossi Adriana 2009. “Radiografía del narcotráfico”, en AA.VV. Radiografía del narcotráfico. Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago de Chile.

Tokatlian Juan Gabriel (comp.) 2010. Drogas y prohibición. Una vieja guerra, un nuevo debate. Libros del Zorzal, Buenos Aires.


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Vocales Suplentes Ivanna M. Sandoval José María Jiménez Javier A. Mariscotti

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Presidentes de Cámaras Arbitrales Vicente C. Robertti Cámara Arbitral de Cereales

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