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AMPARO EN REVISIÓN 1245/2017 QUEJOSA Y RECURRENTE: ********** RECURRENTE ADHERENTE: **********
PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Vo.Bo.
Sr. Ministro.
Ciudad de México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, después de haber deliberado en la sesión pública del día
______________ emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelven los autos relativos al juicio de amparo en
revisión 1245/2017, interpuesto por **********, (la quejosa en adelante),
contra la sentencia dictada el 18 de julio de 2016, en el juicio de amparo
********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
PRIMERO. Hechos. Circunstancias del caso. De la revisión efectuada a
las constancias de autos, destacan los siguientes hechos:
********** es una sociedad mercantil cuyo objeto social es, entre otros, la
comercialización de gasolinas y diésel suministrados por Pemex-
Refinación; así como lubricantes marca Pemex. La sociedad observará lo
dispuesto en la Ley Mexicana en Materia de Inversión Extranjera y la Ley
de Propiedad Industrial respecto de los capítulos Secreto Industrial,
Marcas y Nombres Comerciales, Licencia y Transmisión de Derechos, así
como Políticas y Lineamientos de Operación en la Franquicia Pemex, para
los siguientes objetos: la compra-venta de aditivos, agua de batería, líquido
de frenos, anticongelantes y en general todo producto utilizado para el
mantenimiento de vehículos automotrices, entre otros.1
El 18 de noviembre de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación, los siguientes decretos:
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal
de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, el cual entró en vigor el 1 de enero de
2016.
1 Según se hizo constar a través de la copia certificada del instrumento notarial número **********, de 12 de
noviembre de 2015, pasado ante la fe del Notario Público número ********** de Tonalá, Jalisco. Amparo
indirecto **********, fojas 88 a 97.
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Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2016, el cual también entró en vigor el 1 de
enero de 2016.
La quejosa manifestó que los decretos precisados en el párrafo inmediato
anterior son inconstitucionales, en particular los artículos 2, fracción I,
inciso D), puntos 1 y 2, y 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios; y los artículos 1 y 16, fracción IV de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, toda vez que de
conformidad con dichas disposiciones, en la enajenación de combustibles
automotrices, deben aplicarse las cuotas previstas en los artículos 2,
fracción I, inciso D) y 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, las cuales son absorbidas por la quejosa, dado
que ésta adquiere combustible en sus diversos tipos y, por ende, es ella
quien entera materialmente el impuesto.
Por tanto, considera que con ello se transgreden en su perjuicio los
principios previstos en los artículos 1 y 31, fracción IV de la Constitución
Federal.2
SEGUNDO. Procedimiento. Demanda de amparo. La quejosa promovió
juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el 10 de febrero de
2016, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de
Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco,
señalando como autoridades responsables y actos reclamados los
siguientes3:
1. De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión, la discusión, aprobación y expedición de:
El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal
de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de noviembre de 2015, con vigencia a partir del 1°
de enero de 2016, en específico, los artículos 2, fracción I, inciso D),
puntos 1 y 2 y 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción
y Servicios.
El Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2016, con vigencia a partir del 1 de enero de
2 Ibídem, fojas 32 y 33. 3 Ibídem, fojas 2 a 72.
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2016, en específico, los artículos 1 y 16, fracción IV, de la
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
2016.
2. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y
orden de cumplimiento de los Decretos Legislativos.
La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos
1 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de 11 de febrero
de 2016, el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo
en el Estado de Jalisco, registró la demanda con el número de expediente
**********, la admitió a trámite y ordenó a las autoridades responsables que
rindieran sus respectivos informes justificados4.
Una vez rendidos los informes de las autoridades responsables y
desahogadas las pruebas ofrecidas por la quejosa, el 20 de mayo de 2016,
el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el
Estado de Jalisco inició la audiencia constitucional5.
Sentencia del juicio de amparo. Seguido el trámite del juicio, el 18 de
julio de 2016, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de
Trabajo en el Estado de Jalisco dictó sentencia en la que sobreseyó en el
juicio de amparo respecto del acto reclamado a las Cámaras de Diputados
y de Senadores del Congreso de la Unión, consistente en la
inconstitucionalidad de los artículos 2, fracción I, inciso D), puntos 1, 2 y 2-
a, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, así como
del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
de 2016; y negó el amparo y protección de la justicia federal a la
quejosa por cuanto hace al acto reclamado a las Cámaras de Diputados y
de Senadores del Congreso de la Unión, y al Presidente de la República,
consistente en el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2016, por los motivos expuesto en el
considerando noveno.6
Interposición del recurso de revisión. Inconforme con dicha sentencia,
la quejosa interpuso recurso de revisión por escrito presentado el 11 de
agosto de 2016, ante la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado
de Jalisco7.
4 Ibídem, fojas 99 a 102. 5 Ibídem, foja 186. 6 Ibídem, fojas 185 a 212. 7 Toca de Amparo en Revisión 1245/2017, fojas 207 a 266.
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Trámite del recurso ante el tribunal colegiado. El 3 de noviembre de
2016, el Magistrado Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito tuvo por recibido el oficio ********** del
Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado
de Jalisco, los autos del juicio de amparo indirecto ********** y el escrito por
el que la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual admitió y registró
con el número de expediente **********8.
Interposición de la revisión adhesiva. El **********, por conducto de su
representante, interpuso revisión adhesiva mediante oficio presentado en
la Oficialía de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, el 3 de enero de 20179.
Resolución del tribunal colegiado. En sesión de 10 de noviembre de
2017, el tribunal colegiado resolvió modificar la sentencia recurrida;
sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado al Presidente de la
República, consistente en la orden de cumplimiento de los decretos
reclamados; confirmar el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito
en los considerandos cuarto y sexto de la sentencia recurrida, respecto de
los actos reclamados ahí precisados; y carecer de competencia legal
para conocer del recurso de revisión principal y su adhesivo, por cuanto
hace al planteamiento de constitucionalidad del artículo 16, fracción IV, de
la Ley de Ingresos de la Federación, vigente a partir del 1 de enero de
2016. Ello, porque la competencia originaria relacionada con los asuntos
de constitucionalidad de leyes se encuentra reservada a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Por tal motivo, ordenó remitir los autos de ese recurso de revisión
**********, así como del juicio de amparo ********** 10.
Competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Mediante acuerdo de 4 de diciembre de 2017, el Presidente de
este Alto Tribunal tuvo por recibidos los autos y registró el toca con el
número 1245/2017, asimismo este Máximo Tribunal admitió y asumió su
competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer
la quejosa11.
Avocamiento. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se avocó al conocimiento del asunto por acuerdo de 13 de febrero
8 Amparo en Revisión **********, fojas 63 y 64. 9 Toca de Amparo en Revisión 1245/2017, fojas 267 a 313. 10 Amparo en Revisión **********, fojas 156 a 219. 11 Toca del Amparo en Revisión 1245/2017, fojas 176 a 178.
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de 2018, dictado por el Presidente de la misma, quien
además determinó se remitieran los autos a la Ponencia del
Ministro Alberto Pérez Dayán12.
TERCERO. Aspectos procesales. Competencia. Esta Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y
resolver el asunto13.
CUARTO. Oportunidad. No será necesario analizar la oportunidad de la
interposición del recurso de revisión principal y adhesivo, en virtud de que
el tribunal colegiado del conocimiento ya se pronunció al respecto14.
QUINTO. Legitimación. No se analizará la legitimación de los recursos de
revisión principal y adhesivo15, en razón de que el tribunal colegiado del
conocimiento concluyó que se interpusieron por parte legítima.
SEXTO. Procedencia. Los recursos de revisión principal y adhesivo son
procedentes16.
SÉPTIMO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A
continuación se hace referencia a los conceptos de violación, la sentencia
recurrida y los agravios hechos valer en el recurso de revisión principal.
Demanda de amparo. La quejosa formuló 3 conceptos de violación, no
obstante en la parte que interesa, en el concepto de violación segundo
planteó la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción IV de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, por transgresión
al principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV de la
Constitución; los argumentos respectivos se sintetizarán en el apartado de
estudio correspondiente cuando sea necesario.
Sentencia recurrida. En las consideraciones, el juez de Distrito
determinó, en lo que interesa para la resolución del presente asunto, lo
que a continuación se señala.
12 Ibídem, foja 314. 13 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 83, de la Ley de Amparo; 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013,
del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013; toda
vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto
en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 16, apartado A), fracción IV, de la Ley de Ingresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. 14 Amparo en revisión **********, fojas 63, 64 y 120. 15 Ídem. 16 En virtud de que se interponen contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un juez de
Distrito en la que se analizó la constitucionalidad del artículo 16, apartado A), fracción IV, de la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. De modo que se surten los extremos del punto tercero, en
relación con el segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013.
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En el considerando segundo precisó como actos reclamados la discusión,
aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de
la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Código
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de noviembre de 2015, en específico, los artículos 2,
fracción I, inciso D), puntos 1 y 2 y 2-A de la Ley del Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios; y del Decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016”, en específico,
los artículos 1 y 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2016.
En el considerando tercero señaló que son ciertos los actos que se
reclaman a las autoridades responsables, dado que así lo manifestaron
por conducto de quienes legalmente las representan al rendir sus informes
justificados.
Además refirió que las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
En el considerando cuarto determinó la actualización de la causa de
improcedencia hecha valer por la Cámara de Senadores del Congreso de
la Unión, relativa a que es improcedente el juicio de amparo respecto al
artículo 2-A, fracción III, de la Ley Especial Sobre Producción y Servicios,
ya que la quejosa argumentó que en la Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal de 2016, el legislador fue omiso en realizar estimación alguna
respecto al impuesto contemplado en el precepto legal citado y que con
ello se viola el principio de destino al gasto público, esto es, promueve el
juicio en contra de una omisión legislativa, lo cual no lo hace procedente.
Por tanto, el Juez de Distrito consideró que en el caso se surte la hipótesis
prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación
con el numeral 107, fracción II, de la Constitución, toda vez que mediante
sentencia de amparo no puede obligarse a la autoridad a legislar, pues
ello, sería tanto como pretender darle efectos generales a la ejecutoria.
En el considerando sexto (sic) señaló que se surte la causa de
improcedencia hecha valer por la Cámara de Senadores, relativa a que la
quejosa no vierte razonamiento alguno tendiente a demostrar cómo es que
la Ley de Ingresos de la Federación le causa afectación real y directa.
En ese sentido, el juez de Distrito estimó la actualización de lo previsto en
los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracción V, en relación con el diverso
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108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo, en virtud de
que, como lo señaló la Cámara de Senadores, la sociedad
quejosa no vierte razonamiento alguno tendiente a
demostrar cómo es que la Ley de Ingresos de la Federación
le causa afectación real y directa, esto, únicamente por lo que hace al acto
reclamado consistente en el artículo 1 de la mencionada Ley.
En el considerando séptimo (sic) advirtió de oficio, la improcedencia del
juicio de amparo, al configurarse la hipótesis contenida en el artículo 61,
fracción XII, con relación al numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de
Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la discusión,
aprobación, expedición y promulgación de la Ley del Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios, específicamente los artículos 2, fracción I,
inciso D), punto 1 y 2, y 2-A.
Ello, porque la quejosa no cuenta con interés jurídico para reclamar la
normativa antes mencionada, pues no es la destinataria de dicha Ley, ya
que los gravámenes que se encuentran inmersos en los artículos que se
tildan de inconstitucionales están dirigidos a fabricantes, productores e
importadores de gasolina, carácter que no tiene la quejosa.
En el considerando octavo (sic) precisó que se tenían por reproducidas
las manifestaciones que como motivos de disenso hizo valer la quejosa en
su escrito de demanda de amparo.
En el considerando noveno (sic) refirió que el concepto de violación
segundo, en el que la quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo
16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de 2016, resulta infundado.
Ello, porque los estímulos fiscales son herramientas de fomento
económico que tienen el propósito de disminuir el monto de los impuestos
a cargo del contribuyente, que requieran de una atención especial para el
desarrollo nacional, de conformidad con cuestiones económicas, sociales,
culturales o de urgencia.
Y lo único que se pretende con su otorgamiento es apoyar la economía
mediante la entrega en dinero de un porcentaje del valor del impuesto
pagado por personas que adquieran diésel para su consumo final.
En ese contexto si la quejosa no es contribuyente del impuesto, no se
puede considerar que se encuentra en igualdad de circunstancias de los
que si son contribuyentes, para que hubiese sido incluido en el precepto
legal que tilda de inconstitucional.
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Asimismo, la quejosa pierde de vista el hecho de que aun y cuando ella,
los transportistas de carga, personas y turísticos adquieran combustibles
de los previstos en el artículo 2, fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios, no significa que sean
contribuyentes del impuesto correspondiente, dado que no son
fabricantes, productores o importadores de diésel.
Y, en esas condiciones, no se puede obligar a las autoridades legislativas
para que regulen que tal beneficio (estímulo fiscal) sea otorgado a todos
aquellos gobernados que adquieran combustible y que sean no
contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios.
Por tanto, contrario a lo sustentado por la quejosa, la porción normativa
tildada de inconstitucional, no transgrede el principio de equidad tributaria
consagrado en el artículo 31, fracción IV constitucional, pues como se
demostró, la quejosa no está en las mismas circunstancias objetivas de
quienes aparecen en el referido artículo en estudio.
En el resolutivo primero sobreseyó en el juicio contra el acto reclamado a
las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión,
consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 2, fracción I, inciso
D), puntos 1, 2 y 2-a, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios, así como del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2016, por los motivos expuestos en los
considerandos sexto y séptimo.
En el resolutivo segundo negó el amparo y protección de la justicia federal
a la quejosa, contra el acto reclamado a las Cámaras de Diputados y de
Senadores del Congreso de la Unión, y al Presidente de la República,
consistente en la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción IV, de la Ley
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, por los
motivos expuesto en el considerando noveno.
Sentencia del tribunal colegiado. En las consideraciones, los
magistrados de Circuito determinaron, en lo que interesa para la resolución
del presente asunto, lo que a continuación se señala.
En el considerando octavo procedieron a corregir, de oficio, las
incongruencias contenidas en el fallo recurrido consistentes en lo
siguiente:
1. El juez Federal no reflejó en los puntos resolutivos, el sobreseimiento
decretado en el considerando cuarto.
2. Asimismo, omitió resolver respecto de la totalidad de los actos
reclamados a las autoridades señaladas como responsables, ya que
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en la demanda de amparo al Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos se le reclamó la promulgación y orden de
cumplimiento de los Decretos Legislativo.
En efecto, advirtieron la incongruencia referida en el punto 1 citado con
antelación, porque si bien en el cuarto considerando el juez de Distrito
decretó el sobreseimiento respecto de la Ley de Ingresos de la Federación,
en términos de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 61, fracción
XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción II de la
Constitución, al reclamarse por la quejosa una omisión legislativa, ello no
lo reflejó en los puntos resolutivos, razón por la cual se señaló que debía
modificarse la sentencia para corregir tal incongruencia.
Por otra parte, señalaron la actualización de la incongruencia referida en
el punto 2 que antecede, en virtud de que el Presidente de la República,
en su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama
consistente en la orden de cumplimiento de los decretos legislativos
tildados de inconstitucionales, sin que la parte quejosa haya ofrecido
pruebas para desvirtuar dicha negativa.
Por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de
Amparo, se procedió a sobreseer en el juicio respecto de ese acto atribuido
al Presidente de la República y se señaló que tal decisión debía precisarse
en los puntos resolutivos, de conformidad con el artículo 74, fracción VI,
de la Ley de Amparo.
En el considerando noveno resolvieron que el agravio primero hecho
valer por la quejosa en su recurso de revisión, es inoperante, pues
contrario a lo que aduce, es correcto el sobreseimiento decretado por el
juez de Distrito en los considerandos cuarto y sexto del fallo recurrido, en
los que declaró fundadas las causales de improcedencia alegadas por la
Cámara de Senadores, respecto de los actos reclamados consistentes en
la omisión legislativa y la falta de conceptos de violación en contra del
artículo 1 de la Ley de Ingresos, ya que sobre ello existe criterio obligatorio.
Por otra parte, determinaron correcto el proceder del juez de Distrito al
sobreseer en el juicio respecto de la Ley de Ingresos de la Federación, al
reclamarse la omisión legislativa, consistente en que no se estableció en
esa ley, estimación alguna por concepto de impuesto sobre producción y
servicios, actualizándose la improcedencia a que se refieren los artículos
63, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al
numeral 107, fracción II de la Constitución; al igual que la causal de
improcedencia a que se refieren los artículos 63, fracción V, 61, fracción
XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, todos de la Ley de
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Amparo, respecto del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación
reclamado.
Lo expuesto, por una parte, en razón de que es improcedente el juicio de
amparo contra una omisión legislativa, y por otra, de la demanda de
amparo se advierte que la impetrante, ciertamente, no formuló conceptos
de violación en contra del artículo 1 de la Ley Federal de Ingresos
reclamado, sino que únicamente en el tercer concepto de violación hizo
referencia a dicho numeral, pero como parte de su planteamiento de
inconstitucionalidad del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios.
Asimismo, calificaron como infundado el agravio segundo, al estimar que
es correcto el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito, pues la
impetrante carece de interés jurídico y legítimo para combatir la
constitucionalidad de los artículos 2, fracción I, inciso D), puntos 1 y 2, 2-
A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, por su
sola entrada en vigor, al no haber acreditado encontrarse en alguno de los
supuestos que prevén, esto es, al no demostrar ser contribuyente del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la fecha de
presentación de la demanda.
Igualmente, consideraron que es infundado lo manifestado por la
recurrente en el sentido de que el juez federal no realizó una apreciación
acertada de los medios de prueba.
Lo anterior, porque en la sentencia recurrida, el juez destacó que la
quejosa no demostró el carácter de fabricante, productor o importador de
combustibles fósiles, para lo cual valoró las documentales presentadas
con la demanda, relativas a las copias certificadas de las facturas
**********, ********** y **********, así como del convenio de modificación de
contrato de franquicia para estación de servicio y anexos folio **********; y
de la escritura pública **********, a las cuales les otorgó pleno valor
probatorio, pero destacó que con ellas no probó ser fabricante, productor
o importador de combustibles.
En el considerando noveno (sic) declararon carecer de competencia para
resolver sobre el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 16,
fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
de 2016, porque ello corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII,
inciso a), de la Constitución Federal; 83 de la Ley de Amparo; y 10, fracción
II, inciso a), de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el Acuerdo General 5/2013.
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En el resolutivo primero se resolvió modificar la sentencia
recurrida.
En el resolutivo segundo se sobreseyó en el juicio respecto
al acto reclamado al Presidente de la República, consistente en la orden
de cumplimiento de los decretos reclamados.
En el resolutivo tercero se confirmó el sobreseimiento decretado por el
juez de Distrito en los considerandos cuarto y sexto de la sentencia
recurrida, respecto de los actos reclamados ahí precisados.
En el resolutivo cuarto el tribunal colegiado del conocimiento declaró
carecer de competencia legal para conocer del recurso de revisión
principal y su adhesivo, por cuanto hace al planteamiento de
inconstitucionalidad del artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de
la Federación, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Ello, porque la
competencia originaria relacionada con los asuntos de constitucionalidad
de leyes se encuentra reservada a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
En el resolutivo quinto ordenó remitir a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, los autos del toca de ese recurso de revisión, así como del juicio
de amparo ********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, además de copia
certificada de la resolución de cuenta, a fin de que decida lo que
corresponda al respecto, en la materia de su competencia.
En el resolutivo sexto, en la materia de su competencia, declaró sin
materia el recurso de revisión adhesiva.
OCTAVO. Estudio de fondo.
SÍNTESIS DEL AGRAVIO
a) En el agravio tercero, la recurrente refiere que el juez de Distrito actuó
en contravención a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I y 76 de la
Ley de Amparo, al no fijar de manera correcta el acto reclamado, ni realizar
un análisis de lo manifestado por la quejosa en su demanda de amparo.
Lo anterior, porque en el concepto de violación segundo, planteó la
inconstitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, en específico, del artículo
16, fracción IV, de la referida ley, en virtud de que dicho precepto legal
transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31,
fracción IV de la Constitución.
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b) Además, señala que el juez de Distrito, a foja 18 de la sentencia que se
recurre, llegó a la conclusión de que el único sujeto de la contribución es
Petróleos Mexicanos, sin que al respecto dicha conclusión haya sido
tomada en cuenta por el propio juez cuando analizó el concepto de
violación correspondiente, pues de forma incongruente resolvió que los
estímulos fiscales deben ser otorgados a aquellos sujetos que se
considera son contribuyentes del tributo, así como que aún y cuando la
quejosa adquiera combustibles, dicho estímulo no podría serle otorgado,
por no ser contribuyente del impuesto correspondiente.
c) Sigue insistiendo en que el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, genera una distinción
entre iguales (transportistas y estaciones de servicios), esto es, personas
morales que no son contribuyentes del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, ya que el numeral referido concede un estímulo
fiscal a aquellos contribuyentes que adquieran diésel para su consumo
final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen
exclusivamente al transporte público privado de personas o de carga, así
como el turismo, sin que del mismo se desprenda la justificación mediante
un razonamiento lógico jurídico del por qué únicamente los contribuyentes
con dichas características son los destinatarios de dicho beneficio.
Reitera que la norma impugnada distingue arbitrariamente entre personas
físicas o morales que se encuentran ante situaciones jurídica y
fácticamente iguales, ya que ambos no son contribuyentes del impuesto
especial sobre producción y servicios y adquieren combustibles para el
desarrollo de su actividad, pero de forma injustificada a la quejosa no se le
permite acreditar ese impuesto contra el impuesto sobre la renta a cargo,
por lo que, ante supuestos iguales se aplican consecuencias distintas.
ANÁLISIS DEL AGRAVIO FORMULADO
Los argumentos vertidos en el agravio tercero hecho valer resultan
infundados e inoperantes.
Es infundado el argumento de la recurrente descrito en el inciso a) que
antecede, pues el juez federal al pronunciarse con relación al
planteamiento de irregularidad constitucional del artículo 16, fracción IV,
de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2016, lo hizo
fijando con claridad que su estudio se orientaba al análisis del precepto en
cita, y además lo hizo a la luz de los argumentos que expresó la entonces
quejosa en el respectivo concepto de violación, sin que el hecho de que la
decisión a que arribó el juzgador, aun y cuando sea contraria a los
intereses de quien recurre, implique que éste haya apreciado
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indebidamente el acto reclamado o haya dejado de analizar
el concepto de violación correspondiente.
En efecto, como se vio en párrafos anteriores, el juez de
Distrito, al resolver el tema de inconstitucionalidad planteado, resolvió en
esencia lo siguiente:
Que el concepto de violación segundo, en el que la quejosa planteó la
inconstitucionalidad del artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, resulta infundado.
Ello, porque los estímulos fiscales son herramientas de fomento
económico que tienen el propósito de disminuir el monto de los impuestos
a cargo del contribuyente, que requieran de una atención especial para el
desarrollo nacional, de conformidad con cuestiones económicas, sociales,
culturales o de urgencia.
Y lo único que se pretende con su otorgamiento es apoyar la economía
mediante la entrega en dinero de un porcentaje del valor del impuesto
pagado por personas que adquieran diésel para su consumo final.
En ese contexto, si la quejosa no es contribuyente del impuesto, no se
puede considerar que se encuentra en igualdad de circunstancias de los
que si son contribuyentes, para que hubiese sido incluido en el precepto
legal que tilda de inconstitucional.
Asimismo, que la quejosa pierde de vista el hecho de que aun y cuando
ella, los transportistas de carga, personas y turísticos adquieran
combustibles de los previstos en el artículo 2, fracción I, inciso D), de la
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, no significa que
sean contribuyentes del impuesto correspondiente, dado que no son
fabricantes, productores o importadores de diésel.
Que en esas condiciones, no se puede obligar a las autoridades
legislativas para que regulen que tal beneficio (estímulo fiscal) sea
otorgado a todos aquellos gobernados que adquieran combustible y que
sean no contribuyentes del impuesto especial sobre producción y
servicios.
Y que por tanto, contrario a lo sustentado por la quejosa, la porción
normativa tildada de inconstitucional, no transgrede el principio de equidad
tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV constitucional, pues
como se demostró, la quejosa no está en las mismas circunstancias
objetivas de quienes aparecen en el referido artículo en estudio.
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No obstante lo anterior, a mayor abundamiento de lo resuelto por el juez
de Distrito, cabe precisar que esta Segunda Sala ya se ha pronunciado
respecto al tema de inconstitucionalidad planteado al resolver los amparos
en revisión 511/2017, 1028/2017 y 1000/2017, en sesiones de 4 de octubre
de 2017, 10 de enero de 2018 y 17 de enero de 2018, respectivamente, en
los que sostuvo que el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2016, contiene un estímulo fiscal que
no tiene relevancia impositiva en el Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios, ya que no se adhiere a alguno de sus elementos esenciales
como objeto, base, tasa o tarifa, o integra su mecánica, como sucede con
el acreditamiento previsto en la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios que tiene como fin no generar un efecto de carácter
acumulativo interno, según se desprende por analogía y en lo conducente
de la tesis 2a. LXXXIV/2009.17
A diferencia de este acreditamiento interno previsto en la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, en el que se permite disminuir este
tributo especial pagado en la adquisición de bienes o servicios contra el
impuesto sobre la renta y, por tanto, busca evitar un efecto acumulativo, el
acreditamiento establecido en el artículo 16, fracción IV, de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, trata de impulsar
ciertos sectores del desarrollo económico (el de transporte público y
privado, de personas o de carga, así como el turístico), lo que conlleva a
que este último no forme parte de la mecánica impositiva del impuesto
especial de que se trata, pues por medio de esta figura no se mide la
capacidad contributiva de los sujetos obligados, ni se pretende impedir un
efecto en cascada, tal como se desprende del texto del propio precepto
reclamado.18
17 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, agosto de 2009, página 227, de
rubro: “PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ACREDITAMIENTO EN EL IMPUESTO ESPECIAL
RELATIVO FORMA PARTE DE SU MECÁNICA IMPOSITIVA Y, POR ENDE, NO ES UN
BENEFICIO CONCEDIDO POR EL LEGISLADOR”. 18 Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2016, se estará a lo siguiente:
A. En materia de estímulos fiscales:
[…]
IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final y que sea para
uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de
carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto
especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado
por la enajenación de este combustible en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso
c) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan.
Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota
del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso
D), numeral 1, subinciso c) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que,
en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la adquisición del diésel, por el
número de litros adquiridos.
El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta
que tenga el contribuyente a su cargo o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que
se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos provisionales del mes en que se adquiera el
diésel, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de
Administración Tributaria.
Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la adquisición de diésel a
distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio
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El estímulo fiscal que nos ocupa, esto es, el concretado por
medio del acreditamiento, se otorga a personas que
adquieran diésel para su consumo final y que sea para uso
automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte
público y privado, de personas o de carga, así como el turístico y no a las
estaciones de servicio de combustible como la quejosa, de ahí que el
beneficio dependa en esencia de la actividad a la que se dedique la persona
y el destino del hidrocarburo, cuyos elementos de ser analizados a la luz
de los principios de justicia tributaria producirían su notoria
inconstitucionalidad, pues no tienen ninguna relación con el objeto del
tributo o sus elementos cuantitativos previstos en la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios.
Bajo esta tesitura, es infundado el agravio en el que se señala que el
estímulo fiscal previsto en el numeral impugnado puede analizarse a la luz
del principio de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV de la
Constitución Federal, en virtud de que, como se ha visto, contrariamente a
ello, dicho estímulo no incide en los elementos esenciales de la
contribución, ni en otro que forme parte de su mecánica sustancial, siendo
que el hecho de que afecte la obligación de pago no significa conexión con
alguno de esos elementos fundamentales, pues el entero de una
contribución sólo es la consecuencia de la mecánica aplicada, mas no es
parte de esa mecánica. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo
conducente la jurisprudencia 2a./J. 185/2010.19
Es infundado el argumento de la quejosa identificado con el inciso b),
porque contrario a lo que manifiesta, la conclusión del juez de Distrito a la
que hace referencia sí se encuentra inmersa en el análisis que realizó en
el considerando noveno (sic) de la sentencia que se recurre, ello con
independencia de que dicha conclusión no aparezca en la foja 18 de dicha
ejecutoria como lo señala y sí a foja 25.
de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que
pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el adquirente para abono en cuenta del
enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en
instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de
México.
En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus
servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de
acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante
reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria”. 19 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, diciembre de 2010, página
497, de rubro: “ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE
A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA”.
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En efecto, en el considerando noveno el juez Federal señaló que la
quejosa no es contribuyente del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios, dado que no es fabricante, productora o importadora de diésel
como sí lo es Petróleos Mexicanos. Por tal motivo, aun cuando la quejosa,
los transportistas de carga, personas y turísticos adquieran combustibles
de los previstos en el artículo 2, fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios, no significa que sean
contribuyentes del impuesto mencionado.
Es inoperante el argumento descrito en el inciso c), pues como deriva de
su confrontación con el concepto de violación segundo de la demanda de
amparo, en el agravio de mérito, la recurrente reitera con sus matices los
argumentos del aludido concepto de violación, y en cambio, no expresa
razones a través de las cuales justifique que el juez federal en el aspecto
que se analiza en esta instancia, haya actuado inadecuadamente, lo que
torna inoperante al agravio, máxime que el recurrente propone su
argumento desde la violación al principio de equidad, el cual, como se vio,
es inaplicable al beneficio examinado. Sirve de apoyo la jurisprudencia
2a./J. 109/2009.20
NOVENO. Estudio relacionado con la revisión adhesiva. En las
condiciones descritas, al ser infundados e inoperantes los agravios
formulados en la revisión principal, la revisión adhesiva interpuesta ha
quedado sin materia.
Ello, porque ha desaparecido la condición a la que estaba sujeto el interés
jurídico del recurrente adherente para interponer la adhesión. Al respecto,
resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 71/200621.
DÉCIMO. Decisión. En tal virtud, al haberse declarado infundados e
inoperantes los argumentos vertidos en el agravio tercero formulado por la
quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado y declarar sin materia
la revisión adhesiva.
En consecuencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación:
20 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, agosto de 2009, página 77, de
rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN
COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA”. 21 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, octubre de 2006, página 266,
de rubro: “REVISIÓN ADHESIVA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AL DESAPARECER LA
CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL INTERÉS DEL ADHERENTE”.
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R E S U E L V E
PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la
sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********,
contra el Artículo 16, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2016.
TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese la anterior
determinación al tribunal Colegiado en cita y, en su oportunidad, archívese
el toca como asunto concluido.