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AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO: ******************************.
MATERIA: ADMINISTRATIVA.
QUEJOSA Y RECURRENTE:********************
MAGISTRADO PONENTE:CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA.
SECRETARIO:ALFREDO ECHAVARRIA GARCÍA.
Querétaro, Querétaro. Acuerdo del Primer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, correspondiente a
la sesión del día diez de octubre de dos mil trece.
VISTOS, para resolver los autos del toca en revisión
número ******************************, relativo al juicio de
amparo ****************************************,del índice del
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Querétaro.
ANTECEDENTES:
PRIMERO. Presentación y datos de la demanda amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el
Estado, con residencia en esta ciudad, el treinta y uno de
mayo de dos mil trece, **********, por conducto de su
representante **********, promovió juicio de amparo contra las
autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
”III.Autoridades Responsables — Ordenadoras: —
1.El H. Congreso del Estado de Querétaro, con
domicilio en Madero Pte. No. 71 Colonia Centro
Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro,
Querétaro. — 2. El C. Gobernador del Estado de
Querétaro, con domicilio en Pasteur y Avenida 5 de
Mayo, Colonia Centro Histórico, C.P. 76000. — 3. El
C. Secretario de Gobierno, con domicilio en
Andador 5 de Mayo No. 45, Colonia Centro
Histórico, código Postal 76000, Santiago de
Querétaro, Querétaro. — 4. El C. Director del
Periódico Oficial del Estado de Querétaro Arteaga
“La Sombra de Arteaga”, con domicilio en Pasteur
No. 5, Colonia Centro Histórico, C.P. 76000,
Santiago de Querétaro, Querétaro. — 5. El C.
Director de Ingresos de la secretaría de Planeación
y Finanzas del Estado de Querétaro, con domicilio
en Francisco I. Madero Poniente No. 105 colonia
Centro Histórico C.P. 76000, Santiago de
Querétaro, Querétaro. — 6. El C. Secretario de
Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro,
con domicilio en 5 de mayo esq. Luis Pasteur, s/n
Colonia Centro Histórico C.P. 76000, Santiago de
Querétaro. —
IV. ACTOS RECLAMADOS. — 1.- Del H. Congreso
del Estado de Querétaro se reclama la discusión,
aprobación y expediciónde la Ley de Ingresos del
Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal de
2013, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el
18 dediciembre de 2012, específicamente por la
siguiente disposición: — Artículo Primero. En el
ejercicio fiscal de 2013, el Gobierno del Estado de
Querétaro percibirá losingresos provenientes de los
conceptos y en las cantidades estimadas que a
continuación se enumeran: — … — 1.1.6.1
Impuesto para el Fomento de la Educación en el
Estado, para Caminos y ServiciosSociales — Así
como la discusión, aprobación y expedición de la
Ley de Hacienda del Estado de Querétaro,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro "La Sombrade Arteaga" el 13
de noviembre de 2002, específicamente por lo que
hace a las siguientes disposiciones: — CAPITULO
CUARTO — DEL IMPUESTO PARA EL FOMENTO
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO,
PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES. —
Objeto — Artículo 33. Es objeto de este impuesto, la
realización de pagos por concepto de impuestos y
derechos que establezcan las Leyes fiscales para el
Estado, a excepción de las municipales. — Sujeto
— Artículo 34. Son sujetos de este impuesto los
contribuyentes que realicen los pagos a que se
refiere el artículo anterior. — Base — Artículo 35. Es
base para la determinación de este impuesto el
monto total de pagos por conceptode impuestos y
derechos estatales. — Tasa — Artículo 36. Este
impuesto se causará y pagará a razón de una
cantidad equivalente al 25% sobre su base. —
Forma de Pago — Artículo 37. El pago de este
impuesto se hará en el momento en que se realicen
los pagos de impuestos y derechos a que se refiere
el Artículo 33. — 2. Del C. Gobernador
Constitucional del Estado de Querétaro se reclama
la promulgación y orden de expedición de las Leyes
que han quedado señaladas en el numeral que
antecede, las cuales contienen las disposiciones
cuya discusión, aprobación y expedición se reclama
al H.Congreso del Estado de Querétaro, las cuales
quedaron precisadas en el numeral anterior. — 3.
Del C. Secretario de Gobierno, se reclama el
refrendo de las Leyes que han quedado
debidamente señaladas en el punto 1 anterior como
acto reclamado del H. Congreso del Estado de
Querétaro. — 4. Del C. Director del Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra
de Arteaga", se reclama la publicación de las Leyes
a que se hace referencia en los numerales
anteriores, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" del 2
de diciembre de 2008 y del 18 de diciembre de
2012. — 5.- Del C. Director de Ingresos de la
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de
Querétaro, se reclama la recaudación del impuesto
y de los derechos tildados de inconstitucionales. —
6.- Del C. Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado de Querétaro, se reclama la recaudación del
impuesto y de los derechos tildados de
inconstitucionales.”
La quejosa señaló que no existía tercero interesado;
citó como preceptos violados los artículos 14, 16 y 31,
fracción IV, de la Constitución Federal, narró los
antecedentes del caso y esgrimió los conceptos de violación
que consideró pertinentes.
SEGUNDO. Trámite de la demanda. El Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado admitió a trámite la demanda
de amparo mediante auto de tres de junio de dos mil trece
(foja 16 y 17) y la registró con el número
****************************************. En el mismo auto solicitó
a las autoridades responsables sus informes justificados.
Asimismo, determinó que al Secretario de Gobierno del
Estado de Querétaro y Director del Periódico Oficial de
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
no había lugar a tenerlas como autoridades responsables, en
virtud de que los actos del proceso legislativo (refrendo y
publicación de la norma general reclamada) que les atribuye
el quejoso no los reclama por vicios propios. Además dio al
agente del Ministerio Público de la Federación de su
adscripción la intervención legal que le compete; y señaló día
y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la
cual se llevó a cabo el doce de julio de dos mil trece (foja 47),
donde se dictó la sentencia correspondiente, terminada de
engrosar el treinta y uno de ese mes, cuyos puntos
resolutivos son del tenor literal siguiente:
“(…) ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de
amparo promovido por ********** ********** **********,
********** ********** **********, en contra de los actos
reclamados a la Legislatura, al Gobernador
Constitucional, al Secretario y al Director de
Ingresos, ambos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, todos del Estado de Querétaro, en los
términos y por los motivos expuestos en los
considerandos tercero y quinto de este fallo. —
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.” (fojas48 a 60).
TERCERO. Interposición y trámite del recurso de revisión. Inconforme con la anterior sentencia, la empresa
quejosa, de conformidad al artículo 9° de la Ley de Amparo,
interpuso el presente recurso de revisión, mediante escrito
presentado el catorce de agosto de dos mil trece (fojas 3 a
18, de los autos del recurso de revisión) el cual se admitió a
trámite por la Magistrada presidente de este Primer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, mediante auto de
veintidós de agosto de dos mil trece (foja 19), quien lo
registró con el número ******************************.
En proveído de cuatro de septiembre de la propia
anualidad, se turnaron los autos al Magistrado Ponente
Carlos Hernández García, para la formulación del proyecto de
resolución correspondiente, de conformidad con el artículo
183 de la Ley de Amparo.
CONSIDERACIONES:
PRIMERA. Legislación aplicable. Como cuestión previa
conviene destacar que el dos de abril del dos mil trece se
publicó la nueva Ley de Amparo, la cual entró en vigor al día
siguiente de su publicación y abrogó la diversa publicada el
diez de enero de mil novecientos treinta y seis, como se
establece en sus artículos primero y segundo transitorios.
En términos de su tercero transitorio, los juicios de
amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la
citada ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio,
salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al
sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la
instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las
sentencias de amparo.
En el caso, el juicio de amparo del que deriva el presente
recurso, se promovió el treinta y uno de mayo de dos mil
trece, esto es, después de la entrada en vigor de la nueva
ley, por lo que para la resolución del presente asunto se
atenderá al texto de la vigente Ley de Amparo por ser la
aplicable al caso.
SEGUNDA. Competencia y procedencia. Este Primer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito es
competente para conocer y resolver del presente recurso de
revisión, de conformidad con el artículo 107, fracción VIII,
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 84, 86, 88, párrafo primero y 91 de la Ley
de Amparo; 37, fracción II, y IX de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; punto primero, fracción XXII, punto
segundo, fracción XXII, apartado I, y punto tercero, fracción
XXII del Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la
determinación del número y límites territoriales de los
circuitos en que se divide la República Mexicana, y al
número, a la jurisdicción territorial y especialización por
materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y
de los Juzgados de Distrito. Por tratarse de un recurso de
revisión interpuesto contra la sentencia dictada en la
audiencia constitucional por el Juez Tercero de Distrito en el
Estado de Querétaro, perteneciente a este Circuito.
TERCERA. Legitimación y oportunidad del recurso de revisión. La persona moral ********** ********** **********,
cuenta con legitimación para interponer el presente recurso
de revisión, dado que es la parte quejosa dentro del juicio de
amparo indirecto del que deriva la resolución recurrida.
Mientras que ********** ********** ********** **********,
cuenta con legitimación para interponer el recurso en nombre
y representación de la persona moral quejosa, dado que en el
juicio de amparo del que deriva la resolución impugnada tiene
reconocido el carácter de autorizado en términos del artículo
12 de la Ley de Amparo.
Asimismo, el recurso de revisión se interpuso dentro del
plazo de diez días fijado en el artículo 86, primer párrafo, de
la Ley de Amparo.
Lo anterior, dado que la sentencia recurrida se notificó
en forma personal a la empresa inconforme el jueves uno de
agosto de dos mil trece (foja 64), por lo que conforme a la
regla prevista en los artículos 22 y 31, fracción II, de la Ley de
Amparo, dicha notificación surtió sus efectos al día siguiente
hábil, esto es, el dos de agosto.
En estas condiciones, el plazo aludido transcurrió a partir
del día lunes cinco hasta el viernes dieciséis de agosto de
dos mil trece, descontando los días diez y once del citado
mes y año, que por tratarse de sábado y domingo, inhábiles
de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y
163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por lo tanto, si el escrito por el que se interpuso el
recurso de revisión fue presentado el día miércoles catorce
de agosto de dos mil trece, según se aprecia del sello
impreso por la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Querétaro, esto es, el día ocho de
dicho término, se concluye que su presentación fue oportuna.
CUARTA. Consideraciones de la resolución recurrida y agravios. Es innecesario trascribir la sentencia recurrida y
los agravios hechos valer en su contra, pues el deber formal y
material de exponer los argumentos legales que sustenten
esta resolución, así como examinar las cuestiones
efectivamente planteadas, que respectivamente se
establecen en los artículos 74, fracción IV y 76 de la Ley de
Amparo no depende de la reproducción literal de los aspectos
que conforman la litis, sino de su adecuado análisis.
Además, para mayor certeza de las partes en el juicio de
garantías, se ordena agregar copia certificada del acto
reclamado.
En ese sentido, se comparte, en lo conducente, la
jurisprudencia y tesis, cuyos respectivos rubros y textos, son:
“Novena ÉpocaRegistro 164618Segunda SalaJurisprudenciaSemanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXXI, Mayo de 2010Materia ComúnTesis 2a./J. 58/2010Página 830
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA
Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De
los preceptos integrantes del capítulo X "De las
sentencias", del título primero "Reglas generales", del
libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso,
los agravios, para cumplir con los principios de
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego correspondiente,
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador
realizarla o no, atendiendo a las características
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer
los principios de exhaustividad y congruencia se
estudien los planteamientos de legalidad o
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho
valer.
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.”
“Novena ÉpocaRegistro 175433
Tribunales Colegiados de CircuitoTesis AisladaSemanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXIII, Marzo de 2006Materia ComúnTesis XVII.1o.C.T.30 KPágina 2115
SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN
OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN
RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se
transcriba la resolución recurrida, no infringe
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan
sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha
legislación, que establece los requisitos que deben
contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe
precepto alguno que establezca esa obligación; además,
dicha omisión no deja en estado de indefensión al
recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se
toma en cuenta al resolver.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.Queja 1/2006. Miguel Franco Rubio. 3 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: María Sabrina González Lardizábal.”
QUINTA. Estudio de fondo. Es infundado uno y
sustancialmente fundado otro de los agravios hechos valer
por el quejoso, lo que lleva a modificar la sentencia
impugnada y otorgar el amparo solicitado para los efectos
que más adelante se precisarán.
Para mejor comprensión de las consideraciones que
sustentan la presente resolución es preciso establecer la
materia de la revisión, que se desprende tanto de las
constancias de autos como de las manifestaciones de las
partes.
En la demanda de amparo, la quejosa reclamó la
iniciativa, discusión, aprobación, refrendo y promulgación de
los artículos 33, 34, 35, 36 y 37, de la Ley de Hacienda del
Estado de Querétaro, que establecen el cobro del impuesto
para el fomento de la educación pública en el Estado, para
caminos y servicios sociales, así como el artículo primero,
punto 1.1, subpunto 1.6.1 de la Ley de Ingresos del Estado
de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil trece. Asimismo,
se destaca que en el punto cinco del capítulo de actos
reclamados, la quejosa expresamente señala que reclama del
Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Querétaro, la recaudación de dicho
impuesto.
Como acto de aplicación de los artículos reclamados,
exhibió el recibo relativo al pago de impuesto sobre nomina,
con número de operación **********, de dieciséis de mayo de
dos mil trece, expedido por la Secretaria de Planeación y
Finanzas de la Dirección de Ingresos del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, a nombre de ********** **********
**********, **********, del que se aprecia, entre otros conceptos,
el pago de la cantidad de
**********************************************************************
****************************************; por el impuesto para el
fomento de la educación pública en el Estado, para caminos y
servicios sociales.
Asimismo, se destaca que en una parte de los conceptos
de violación, la quejosa solicitó la suplencia de la queja, en
términos del artículo 79, fracción I de la nueva Ley de
Amparo, así como la observancia por parte del Juez de
Distrito de la Jurisprudencia 23, de la décima época, con
registro en el IUS 159903, sustentada por este Primer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, del rubro:
“IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
PUBLICA EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS
SOCIALES. EL HECHO DE QUE LOS ARTÍCULOS 33 AL 37
DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO
QUE LO ESTABLECEN, CONSIDEREN COMO HECHO
IMPONIBLE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE
IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES, TRANSGREDEN EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA”.
Ahora bien, en el considerando tercero de la sentencia
recurrida, el juez de Distrito en términos del artículo 63,
fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseyó respecto del
Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, en razón de que en su informe
justificado negó el acto reclamado que le atribuye, sin que la
quejosa hubiera desvirtuado tal negativa con algún medio de
prueba.
Asimismo, el juzgador federal estableció que aunque el
Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
reconoció la recepción del pago o “cobro” de derechos
prestados por el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado, a que se refiere el recibo de pago con
número de operación **********, lo cierto es que la
intervención de la autoridad aludida en la recaudación del
tributo, así como la expedición del recibo, no constituyen un
acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual
motiva el sobreseimiento en términos del precepto 63,
fracción IV de la Ley de Amparo.
Que no obstante lo anterior, la autoliquidación de una
contribución proveniente de un particular, como el recibo que
se acompaña a la demanda, acredita un acto de
autoaplicación de las leyes que prevén el tributo que ampara,
y constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento
de la obligación fiscal correspondiente, y a partir de que es
enterada empieza a correr el término de quince días a que se
refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el
juicio de garantías en contra del precepto que impone la
carga tributaria reflejada en el pago correspondiente, así
como respecto de su aplicación.
Sin embargo, el A quo agregó que en el caso se
actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo
61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el
107, fracción I, inciso d), del propio ordenamiento, que
disponen que el amparo contra leyes sólo procede contra su
primer acto de aplicación, y no contra actos posteriores a
aquél.
Lo anterior, respecto de los artículos 33, 34, 35, 36 y 37
de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que
establecen el impuesto para el fomento de la educación
pública en el Estado, para caminos y servicios sociales, ya
que el Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con la
finalidad señalada, demostró que existe un acto previo de
aplicación, con la exhibición de la copia certificada de la
impresión denominada **********, relativa al recibo de pago
con número de operación ********** de fecha diecinueve de diciembre de dos mil siete, realizado por la aquí quejosa
por concepto del “impuesto sobre nóminas” así como del
impuesto para el fomento de la educación pública en el
Estado, para caminos y servicios sociales; por lo cual es que
se actualiza la causal de improcedencia referida.
Por otro lado, el juez de Distrito, estableció que respecto
del artículo 1.1.6.1 de la Ley de Ingresos del Estado de
Querétaro, se actualizó la diversa causa de improcedencia
prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo,
en razón de que no afecta el interés jurídico ni legítimo de la
quejosa, en tanto que tal disposición legal únicamente
dispone la recaudación del impuesto para la educación
pública en el Estado, para caminos y servicios sociales, así
como las cantidades a recaudar en el Estado de Querétaro,
durante el ejercicio dos mil trece, pero no establece los
elementos esenciales de tal tributo, razón por la cual no se
causa alguna lesión a los intereses de la quejosa, por lo cual
sobreseyó, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley
de Amparo.
Finalmente, en la parte final del considerando quinto de
la sentencia recurrida el juez de Distrito estableció que no era
óbice que en el entero realizado por la parte quejosa,
consistente en el pago del impuesto para educación pública
en el Estado, para Caminos y Servicios Sociales, por el cual
acudió al juicio de amparo, le fueron aplicados los artículos
33 al 37 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en
que se prevé tal contribución, los cuales fueron declarados
inconstitucionales en jurisprudencia integrada por reiteración
de criterios por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Segundo Circuito, identificada con el número 23,
correspondiente a la décima época, del rubro “IMPUESTO
PARA FOMENTO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA EN EL
ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES. EL
HECHO DE QUE LOS ARTÍCULOS 33 AL 37 DE LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO QUE LO
ESTABLECEN, CONSIDEREN COMO HECHO IMPONIBLE
LOS PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y
DERECHOS LOCALES, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA”., sin embargo, no era
procedente suplir la deficiencia de la queja en términos del
artículo 79, fracción I de la Ley de Amparo, respecto de ese
acto concreto de aplicación de los artículos referidos, ya que
para que opere, se precisa que la jurisprudencia haya sido
sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o
por un Pleno de Circuito, lo cual no aconteció en el caso.
Ahora bien, es infundada la aseveración que hace la
quejosa ahora recurrente atinente a que el A quo
indebidamente sobreseyó en el juicio por cuanto hace a los
artículos que prevén el impuesto para el Fomento de la
Educación en el Estado, para Caminos y Servicios Sociales,
no obstante en una parte de sus conceptos de violación alegó
la aplicación en suplencia de la queja prevista en el artículo
79, fracción I de la Ley de Amparo, por existir la
jurisprudencia 23, de la décima época, con registro en el IUS
159903, sustentada por este Primer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Segundo Circuito, por la que declaró la
inconstitucionalidad de los artículos 33 al 37 de la Ley de
Hacienda del Estado de Querétaro, del rubro: “IMPUESTO
PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA EN EL
ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES. EL
HECHO DE QUE LOS ARTÍCULOS 33 AL 37 DE LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO QUE LO
ESTABLECEN, CONSIDEREN COMO HECHO IMPONIBLE
LOS PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y
DRECHOS LOCALES, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA”.
Lo anterior es así, en razón de que del escrito inicial de
demanda se advierte que la quejosa encaminó sus conceptos
de violación a controvertir la constitucionalidad de los
artículos 33 al 37 de la Ley de Hacienda del Estado de
Querétaro, que regulan el impuesto para educación pública
en el Estado, para caminos y servicios sociales, así como el
artículo primero, inciso 1.1.6.1 de la Ley de Ingresos del
estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil trece, por
estimar que eran violatorios de los principios de
proporcionalidad tributaria consagrada en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Federal, apoyando sus
argumentos en la citada jurisprudencia 23, de la décima
época, con registro en el IUS 159903, sustentada por este
Primer Tribunal Colegiado, en la que efectivamente se
declara la inconstitucionalidad de los referidos artículos 33 al
37 de la Ley de Hacienda del Estado, y al final solicito la
suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción I de
la Ley de Amparo.
Sin embargo, como el A quo decreto el sobreseimiento
del juicio respecto de los artículos 33, 34, 35, 36 y 37, de la
Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que establecen el
cobro del impuesto para el fomento de la educación pública
en el Estado, para caminos y servicios sociales, así como el
artículo primero, punto 1.1, subpunto 1.6.1 de la Ley de
Ingresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos
mil trece, ello le impedía al juzgador aplicar la jurisprudencia
respectiva en suplencia de la queja, puesto que tal figura
jurídica opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es,
una vez superados los motivos de improcedencia del juicio.
Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia
siguiente:
Novena ÉpocaRegistro: 175753Instancia: PlenoJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006Materia(s): ComúnTesis: P./J. 7/2006Página: 7
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De
conformidad con el proceso legislativo que culminó con
la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin
inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley
es salvaguardar y asegurar la supremacía de la
Constitución. Ahora bien, una vez integrada la
jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja
deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo
76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá
aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la
procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia
de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo,
esto es, una vez superados los motivos de
improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender
que por la circunstancia de que el acto reclamado se
funde en una norma declarada inconstitucional tuviera
que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo.
Contradicción de tesis 52/2004-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto e Israel Flores Rodríguez. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 7/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
Además, de que en los agravios propuestos por la
quejosa se aprecia que no controvierte las razones
específicas que esgrimió el a quo para decretar el
sobreseimiento respecto a dichos preceptos legales, por lo
cual deben quedar intocados para continuar rigiendo el
sentido del fallo recurrido.
En otro aspecto, son esencialmente fundados la parte de
los agravios primero y segundo, en los que la recurrente,
sustancialmente aduce que el juez de Distrito debió otorgarle
el amparo por cuanto hace al acto concreto de aplicación
contenido en el recibo oficial **********, de fecha quince de
mayo de dos mil trece, en el que consta el cobro que se le
hizo de la cantidad de ********** por concepto del impuesto
para el fomento de la educación en el Estado, para caminos y
servicios sociales, y por ende la aplicación de los artículos 33
al 37 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, ello en
suplencia de la queja, atendiendo a los artículos 79, fracción I
y 217 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en concordancia
con el artículo 1° de la Constitución Federal, cuya finalidad es
garantizar los derechos humanos por encima de cualquier
interés particular; al resultarle obligatoria la aplicación de la
jurisprudencia 23 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Circuito, por la que declaró la inconstitucionalidad
de los preceptos referidos; y por ende, concederle la
protección constitucional por lo que respecta al pago de la
contribución de mérito.
Así es, el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo,
dice:
“Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de
amparo deberá suplir la deficiencia de los
conceptos de violación o agravios, en los casos
siguientes:
I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado
se funde en normas generales que han sido
consideradas inconstitucionales por la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y de los Plenos de Circuito. La
jurisprudencia de los Plenos de Circuito solo
obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de
violación o agravios a los juzgados y tribunales del
circuito correspondientes;...”
La hipótesis normativa de alusión dispone que la
autoridad que conozca del juicio de amparo debe suplir la
deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios,
en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en
una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de
Circuito.
Dicha norma tiene como objeto primario el salvaguardar
el principio de supremacía constitucional, lo que implica la
obligación para los juzgadores de amparo de suplir la
deficiencia de la queja en forma absoluta, tanto en amparo
directo como indirecto, ya sea en primera instancia o en
revisión, pues la norma de amparo no hace distinción en ese
sentido.
Ello, porque la finalidad esencial de garantizar el
principio de supremacía constitucional es superior a cualquier
interés particular, pues se busca evitar la aplicación de leyes
contrarias a ella.
Consecuentemente, ante el interés público que como
bien supremo del Estado debe imperar en todo caso, es
necesario que se acate puntualmente la obligación de
suplencia de la queja en los términos señalados, sin que
pueda estimarse justificado el incumplimiento de ese
imperativo legal y menos aún la inobservancia de la
jurisprudencia emitida por ese Alto Tribunal.
Cobra aplicación a lo anterior, la contradicción de tesis
número 52/2004-PL, del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que dio origen a las jurisprudencias que
dicen:
Novena ÉpocaRegistro: 175754Instancia: PlenoJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006Materia(s): ComúnTesis: P./J. 6/2006Página: 7
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E
INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN
REVISIÓN. El citado precepto establece que las
autoridades que conozcan del juicio de garantías deben
suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se
funde en una ley declarada inconstitucional por la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, sin expresar que opere sólo en cierto tipo de
amparos, por lo que es dable interpretar que dicho
beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de
amparo directo y en los indirectos, en primera instancia
o en revisión, tal como se sostuvo en la exposición de
motivos del proceso legislativo que culminó con la
reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de febrero de 1951.
Contradicción de tesis 52/2004-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto e Israel Flores Rodríguez.El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 6/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
Novena ÉpocaRegistro: 175752Instancia: PlenoJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006
Materia(s): ComúnTesis: P./J. 4/2006Página: 8
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA
PLANTEADO EN LA DEMANDA LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De los procesos
legislativos que culminaron con las reformas a los
artículos 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de
Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 19 de febrero de 1951, el 16 de enero de 1984 y el 7
de abril de 1986, así como del texto del actual artículo
76 Bis, fracción I, de la ley citada, se advierte que si el
acto reclamado se funda en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la queja
deficiente aunque en la demanda no se hayan
reclamado dichas leyes, ni se haya señalado como
autoridades responsables a los órganos legislativos
correspondientes o denunciado algún vicio de
constitucionalidad de la norma en que se apoya o
sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar
que el acto reclamado se apoya en una disposición
inconstitucional en los términos establecidos por la
jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas,
para cumplir con la intención del Poder Reformador de
garantizar la constitucionalidad de los actos de
autoridad.
Contradicción de tesis 52/2004-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto e Israel Flores Rodríguez.El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 4/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
Novena ÉpocaRegistro: 175751Instancia: PlenoJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006Materia(s): ComúnTesis: P./J. 8/2006Página: 9
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE
DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE
APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de
la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio
de garantías por consentimiento de la ley cuando no se
reclame con motivo de su primer acto de aplicación,
pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no
los actos de aplicación; en consecuencia, si la
prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis,
fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate
del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se
está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se
va a analizar es un acto de autoridad fundado en una
norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha
suplencia, sin que obste que se trate del segundo o
ulteriores actos de aplicación.
Contradicción de tesis 52/2004-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto e Israel Flores Rodríguez.El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 8/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
Novena ÉpocaRegistro: 175750Instancia: PlenoJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006Materia(s): ComúnTesis: P./J. 5/2006Página: 9
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
diferencias tratándose de la suplencia de la queja,
advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de
conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando
son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una
deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo
76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las
autoridades que conozcan del juicio de garantías deben
suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando
el acto reclamado se funde en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema
Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero
el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a
los artículos 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley
citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser
total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos
de violación o agravios, como acontece en las materias
penal tratándose del inculpado, laboral atinente al
trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque
en todos estos supuestos se pretendió atemperar los
tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a
la verdad jurídica.
Contradicción de tesis 52/2004-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto e Israel Flores Rodríguez.El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 5/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
De los criterios reproducidos es posible establecer que
en términos de la fracción I del artículo 79 de la Ley de
Amparo en vigor, la suplencia de la deficiencia de la queja:
a. Se actualiza tanto en amparo directo como
indirecto, en primera instancia o en revisión; aun ante la
ausencia total de conceptos de violación o agravios.
b. Opera respecto del acto concreto de aplicación,
una vez superadas las cuestiones de procedencia referentes
a este, sin que incida la procedencia o no del amparo en
cuanto a la ley.
c. Se materializa aunque no se hayan reclamado las
leyes declaradas inconstitucionales, ni se haya señalado
como autoridades responsables a los órganos legislativos; es
decir, no es necesario que se trate de un amparo contra
leyes.
d. Aplica tratándose no solo del primero, sino de un
ulterior acto de aplicación de una ley declarada
inconstitucional, aun ante el sobreseimiento respecto de esta;
pues lo que se analiza es un acto fundado en una norma
declarada inconstitucional.
e. Consistirá en juzgar que el acto reclamado se
apoya en una disposición inconstitucional, de acuerdo con la
jurisprudencia y la concesión, exclusivamente, afectará ese
acto, sin producir efectos hacia el futuro.
Tales consideraciones, contrario a lo sostenido por el
Juez Federal, se estima que en el caso por identidad de
razones resultan extensivas a la jurisprudencia sustentada
por los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de
asuntos en los que ejercen competencia delegada, en
términos del Acuerdo General número 5/2013 del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la
determinación de los asuntos que conservará para su
resolución y el envío de los de su competencia originaria a las
Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.
Es así, pues en el punto que interesa del Acuerdo
General indicado, se dice:
“...CUARTO. De los asuntos de la competencia
originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con las salvedades especificadas en los Puntos
Segundo y Tercero de este Acuerdo General,
corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de
Circuito:
I. Los recursos de revisión en contra de sentencias
pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales
Unitarios de Circuito, cuando:
A) No obstante haberse impugnado una ley
federal o un tratado internacional, por estimarlos
directamente violatorios de un precepto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
o se hubiere planteado la interpretación directa de uno
de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere
abordado el estudio de esas cuestiones por haberse
sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre
tales planteamientos, en los agravios se hagan valer
causas de improcedencia.
Lo anterior se concretará sólo cuando el
sobreseimiento decretado o los agravios planteados se
refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos
impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la
materia de la revisión no dé lugar a que, con
independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado
de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema
Corte de Justicia de la Nación;
B) En la demanda se hubiere impugnado una
ley local, un reglamento federal o local, o cualquier
disposición de observancia general, salvo aquéllos en
los que el análisis de constitucionalidad respectivo
implique fijar el alcance de un derecho humano previsto
en tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, respecto del cual no exista
jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto
Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se
radique el recurso respectivo determine que su
resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de
Circuito;
C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad
de leyes federales, subsista la materia de
constitucionalidad de estas, y exista jurisprudencia del
Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, y
D) Los amparos en revisión en los que, sobre el
tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado,
jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando
existan tres precedentes emitidos indistintamente por el
Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo
sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para
integrar jurisprudencia;
II. Los conflictos de competencia, con
excepción de los que se susciten entre los Tribunales
Colegiados de Circuito;
III. Los reconocimientos de inocencia, y
IV. Los incidentes de inejecución derivados del
incumplimiento de una sentencia de amparo, del
incidente de repetición del acto reclamado y del
incidente de inejecución derivado de la falta de
acatamiento de lo resuelto en un incidente para la
determinación de la forma y cuantía de la restitución
correspondiente al cumplimiento sustituto de una
sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto en el
Acuerdo General Plenario respectivo.”
Por su parte, el artículo 94 de la Constitución General de
la República, señala:
“Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder
Judicial de la Federación en una Suprema Corte de
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales
Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito.
La administración, vigilancia y disciplina del
Poder Judicial de la Federación, con excepción de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán
a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los
términos que, conforme a las bases que señala esta
Constitución, establezcan las leyes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se
compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno
o en Salas.
En los términos que la ley disponga las sesiones del
Pleno y de las Salas serán públicas, y por
excepción, secretas, en los casos en que así lo
exijan la moral o el interés público.
La competencia de la Suprema Corte, su
funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de
los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de
Distrito y del Tribunal Electoral, así como las
responsabilidades en que incurran los servidores
públicos del Poder Judicial de la Federación, se
regirán por lo que dispongan las leyes, de
conformidad con las bases que esta Constitución
establece.
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el
número, división en circuitos, competencia territorial
y, en su caso, especialización por materia, de los
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de
los Juzgados de Distrito.
Asimismo, mediante acuerdos generales
establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al
número y especialización de los Tribunales
Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las
leyes determinarán su integración y funcionamiento.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará
facultado para expedir acuerdos generales, a fin de
lograr una adecuada distribución entre las Salas de
los asuntos que competa conocer a la Corte, así
como remitir a los Tribunales Colegiados de
Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los
asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido
jurisprudencia o los que, conforme a los referidos
acuerdos, la propia Corte determine para una mejor
impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán
efectos después de publicados.
Los juicios de amparo, las controversias
constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán
de manera prioritaria cuando alguna de las
Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o
el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero
jurídico del gobierno, justifique la urgencia
atendiendo al interés social o al orden público, en
los términos de lo dispuesto por las leyes
reglamentarias.
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la
jurisprudencia que establezcan los Tribunales del
Poder Judicial de la Federación y los Plenos de
Circuito sobre la interpretación de la Constitución y
normas generales, así como los requisitos para su
interrupción y sustitución.
La remuneración que perciban por sus servicios los
Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de
Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de
la Judicatura Federal, así como los Magistrados
Electorales, no podrá ser disminuida durante su
encargo.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia
durarán en su encargo quince años, solo podrán ser
removidos del mismo en los términos del Título
Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser
nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera
ejercido el cargo con el carácter de provisional o
interino.”
La interpretación sistemática del artículo 94 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de
dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, lleva a establecer que en asuntos en
los que se hubiese planteado la inconstitucionalidad de leyes,
cuyo conocimiento se delegó a los Tribunales Colegiados de
Circuito, por regla general, estos serían quienes podrían
emitir jurisprudencia, ya que fungen como órganos terminales
y, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
tratándose de contradicción de tesis o facultad de atracción.
En tales condiciones, cuando sobre el tema debatido,
tratándose de asuntos de competencia delegada, exista
jurisprudencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, debe
hacer extensivo el beneficio de la suplencia de la queja
deficiente prevista en el citado artículo 79, fracción I, y no
únicamente cuando el acto reclamado se funde en leyes
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia del Alto
Tribunal o por los Plenos de Circuito.
En efecto, el juez federal decidió no suplir la deficiencia
de la queja, porque consideró inaplicable lo dispuesto por el
artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, al estimar que
solo procede tal figura cuando el acto reclamado se funde en
leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Plenos de
los Tribunales Colegiados de Circuito.
Sin embargo, la interpretación que del citado numeral
hizo el A quo, no pueden considerarse aplicable conforme al
marco constitucional vigente, pues para su emisión se hizo
una interpretación restrictiva de la ley, lo que actualmente no
está permitido conforme a la reforma al artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
diez de junio de dos mil once, de acuerdo con el cual las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.
Luego, dado que esa interpretación restrictiva
actualmente está prohibida por el artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
donde claramente se prevé el principio pro persona, conforme
al cual siempre habrá de atenderse a la protección más
amplia, no puede considerarse aplicable ese criterio para la
solución del asunto, sino el diverso en que se establece la
obligación de los tribunales de suplir la deficiencia de la
queja, cuando exista jurisprudencia de un tribunal colegiado,
que declare inconstitucional una ley local en ejercicio de la
facultad delegada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Ello, pues pudiera llegarse el caso de que no existiera
jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una norma por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni por un Pleno de
Circuito, al no existir una contradicción de criterios, lo cual
provocaría que no se supliera la deficiencia de la queja no
obstante que la norma ya hubiera sido declarada que es
contraria al texto de la Constitución, por jurisprudencia de un
tribunal colegiado, en ejercicio de la facultad delegada, lo cual
generaría la subsistencia de actos contrarios a la norma
fundamental, que es precisamente lo que se quiere evitar con
lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de
Amparo.
Además, de que la interpretación que en esta ejecutoria
se hace del artículo 79, fracción I, en consulta, tiende a
cumplir con la función de respetar los derechos humanos,
pues a través de la suplencia de la deficiencia de la queja,
cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas
inconstitucionales por Tribunales Colegiados de Circuito, se
evita la subsistencia de actos contrarios a la norma
fundamental, haciendo prevalecer la supremacía
constitucional.
En tales condiciones, es claro que la hipótesis normativa
prevista en la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo,
debe adaptarse a la realidad legal que impera en el sistema
jurídico del juicio de amparo, y hacer extensivo el
mencionado beneficio cuando el acto reclamado se funde en
leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de los
Tribunales Colegiados de Circuito, máxime cuando la
finalidad de la figura es evitar la aplicación de leyes
inconstitucionales, en aras de velar por el principio de
supremacía constitucional.
Apoya a lo anterior las tesis aisladas siguientes:
Novena ÉpocaRegistro: 171017Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoTesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007Materia(s): ComúnTesis: XVI.1o.A.T.8 KPágina: 3327
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO. ES APLICABLE RESPECTO DE
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO CON MOTIVO DE LA
COMPETENCIA DELEGADA EN SU FAVOR POR EL
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN A TRAVÉS DEL PUNTO QUINTO DE SU
ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2001. De
conformidad con el artículo 107, fracción VIII, inciso a),
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde originariamente a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación conocer de los recursos
de revisión relacionados con el tema de
constitucionalidad de leyes; sin embargo, dicha facultad
fue delegada en favor de los Tribunales Colegiados de
Circuito, en los términos precisados en el punto quinto
del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de
junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la
determinación de los asuntos que conservará para su
resolución y el envío de los de su competencia originaria
a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito,
publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página
1161, emitido en ejercicio de la facultad prevista en el
artículo 94, párrafo séptimo, constitucional. Así, tal
circunstancia origina que generalmente no sea el
Máximo Tribunal quien conozca de la constitucionalidad
de las normas que versen sobre las materias precisadas
en dicha porción del referido acuerdo y, en
consecuencia, sean los Tribunales Colegiados órganos
terminales. Por tal razón, en estos casos es aplicable la
suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción I
del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, a fin de
garantizar la funcionalidad del sistema jurídico y evitar la
aplicación de leyes inconstitucionales.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.Amparo en revisión 65/2007. Comercializadora Mr. Rabbit, S.A. de C.V. 11 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro de Jesús Baltazar Robles. Secretario: Óliver Chaim Camacho.
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 300/2013, pendiente de resolverse por el Pleno.
Novena ÉpocaRegistro: 169591Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoTesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXVII, Mayo de 2008Materia(s): ComúnTesis: IV.2o.A.37 KPágina: 1167
SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE
FUNDE EN LEYES DECLARADAS
INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON
MOTIVO DE LA COMPETENCIA DELEGADA EN ESA
MATERIA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN. ORIGEN Y RAZONES DE SU
PROCEDENCIA. El artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley
de Amparo dispone que deberá suplirse la deficiencia de
los conceptos de violación de la demanda o de los
agravios formulados en los recursos que la propia ley
establece, en cualquier materia, cuando el acto
reclamado se funde en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia. Ahora bien, en el considerando tercero
del Acuerdo General 10/2000, de siete de septiembre de
dos mil, publicado en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII,
septiembre de 2000, página 839, el Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por
decreto de nueve de junio de mil novecientos noventa y
nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación de
once de junio del mismo año, se reformó entre otros, el
artículo 94 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en cuyo párrafo séptimo se otorgó al
propio Pleno la facultad para expedir acuerdos
generales a fin de lograr una adecuada distribución entre
las Salas de los asuntos que competa conocer a la
Corte, así como para remitir a los Tribunales Colegiados
de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los
asuntos, aquellos en los que hubiere establecido
jurisprudencia o los que, conforme a los referidos
acuerdos determine, para una mejor impartición de
justicia. Asimismo, en los puntos considerativos sexto,
séptimo y octavo, estimó que de la experiencia obtenida
en el despacho de asuntos en el Pleno y en las Salas,
se demostró que por cuestiones técnicas y formales la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en detrimento
de su función esencial que es concentrarse en asuntos
de constitucionalidad de trascendencia e importancia,
había destinado parte significativa de su tiempo en
ocuparse de cuestiones diferentes, lo que evidenciaba
que no se había logrado la deseable desconcentración
de asuntos, especialmente de aquellos en los que se
impugnan leyes locales, los que sólo excepcionalmente
trascienden de manera significativa en el orden jurídico
nacional, y era evidente la conveniencia de que se
resolvieran con la mayor cercanía a los justiciables, de
manera pronta, completa, imparcial y gratuita, como
manda el artículo 17 de la Constitución Federal, por los
Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el
territorio nacional; y que éstos tienen una sólida
experiencia en la resolución de amparos que requieren
el estudio de la constitucionalidad de leyes, pues de
conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, y en términos del
párrafo segundo de la fracción IV del artículo 166 de la
Ley de Amparo, fallaban cotidianamente sobre tales
aspectos cuando en las demandas de amparo directo se
hacen valer conceptos de violación de
constitucionalidad, así como en resolver, en revisión,
amparos promovidos contra normas generales, pues
previamente contaban con competencia para decidir
sobre la constitucionalidad de reglamentos municipales
autónomos, y a partir del veinticuatro de junio de mil
novecientos noventa y nueve, en términos del Acuerdo
Número 6/1999, conocen de la constitucionalidad de
todos los reglamentos, sean federales o locales; y que a
tan destacada experiencia de los Tribunales Colegiados
de Circuito en materia de constitucionalidad, debía
sumarse la de la Suprema Corte de Justicia que, en
dicha materia, a través de los años ha integrado una
compilación abundante de criterios sobre temas de
amparo contra leyes que, en su caso, pueden servirles
de orientación. Así, en el punto único del citado Acuerdo
General 10/2000 se concluyó que del recurso de revisión
contra sentencias pronunciadas en la audiencia
constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales
Unitarios de Circuito, si en la demanda de amparo se
hubiere impugnado una ley local, conocerían los
Tribunales Colegiados de Circuito a partir de la fecha en
que entrara en vigor este acuerdo, sin perjuicio de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su
facultad de atracción para conocer y resolver los casos
que, por su interés y trascendencia, así lo ameritaran.
Posteriormente, el Máximo Órgano Jurisdiccional emitió
el Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de
junio de dos mil uno, publicado en el señalado medio de
difusión, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001,
página 1161, en cuyo punto quinto, fracción I, inciso B),
dispuso que correspondería resolver a los Tribunales
Colegiados de Circuito sobre aquellos recursos de
revisión competencia originaria del Alto Tribunal en que
se impugnara una ley local o un reglamento federal o
local. De lo anterior, puede deducirse que la
participación de los Tribunales Colegiados en aquellos
asuntos en que actúe como órgano de segunda
instancia, por la delegación de competencias que les
hizo el Alto Tribunal, les autoriza a conocer del fondo del
asunto y les otorga a sus resoluciones el carácter de
terminales y, por ende, adquieren el carácter de
definitivas e inatacables. En consecuencia, la
procedencia de la suplencia de la queja prevista en el
artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, debe
considerarse en función del artículo 94 constitucional y
de la existencia de los acuerdos mencionados, cuando
el acto reclamado se funde en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de los Tribunales
Colegiados de Circuito que fungen, como se dijo, como
órganos terminales en tratándose de los asuntos cuya
competencia fue delegada por el más Alto Tribunal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 175/2007. Elsa Berenice Rodríguez González. 15 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Ricardo Iván Hinojosa Santos.Nota:El Acuerdo Número 6/1999 citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, página 931.Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 300/2013, pendiente de resolverse por el Pleno.
Novena ÉpocaRegistro: 173877Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoTesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Noviembre de 2006Materia(s): ComúnTesis: IV.1o.A.11 KPágina: 1089
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO. SE SURTE EN AMPAROS EN REVISIÓN
TRATÁNDOSE DE DECRETOS O LEYES LOCALES O
REGLAMENTOS LOCALES O FEDERALES
DECLARADOS INCONSTITUCIONALES POR
JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO. El Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación estableció en las
jurisprudencias P./J. 4/2006, P./J. 5/2006, P./J. 6/2006,
P./J. 7/2006 y P./J. 8/2006, publicadas la primera en la
página 8, la segunda y la quinta en la 9 y la tercera y
cuarta en la 7, del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006,
que cuando el acto reclamado se funda en leyes
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la
queja deficiente en los siguientes casos: a) ante la
ausencia total de conceptos de violación o agravios; b)
cuando en la demanda no se hayan reclamado, ni se
haya señalado como autoridades responsables a los
órganos legislativos correspondientes o denunciado
algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se
apoya o sustenta el acto; c) en amparos directos,
indirectos, en primera instancia o en revisión; y d) se
trate del segundo o ulteriores actos de aplicación; todo lo
anterior a fin de superar los tecnicismos del juicio de
garantías, dar relevancia a la verdad jurídica y cumplir
con la intención del Poder Reformador de garantizar la
constitucionalidad de los actos de autoridad. Ahora bien
dichos criterios resultan aplicables, por analogía, cuando
en un amparo en revisión el acto reclamado se funde en
leyes o decretos locales o reglamentos locales o
federales declarados inconstitucionales por
jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito,
porque aun cuando el artículo 76 Bis, fracción I, de la
Ley de Amparo, dispone que debe suplirse la deficiencia
de los conceptos de violación o agravios cuando el acto
reclamado se funde en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema
Corte, dicha disposición no debe interpretarse
literalmente, sino armónica y sistemáticamente con el
artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución
Federal, en relación con los puntos quinto, fracción I,
inciso B) y décimo segundo del Acuerdo General 5/2001,
de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a
la determinación de los asuntos que conservará para su
resolución y el envío de los de su competencia originaria
a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veintinueve de junio de dos mil uno, y en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XIV, julio de 2001, página 1161, de los que se
colige que si bien es cierto que la inconstitucionalidad de
esas disposiciones originalmente corresponde conocer
en revisión a ese Alto Tribunal, también lo es que ésta
fue trasladada a los Tribunales Colegiados de Circuito
como órganos jurisdiccionales terminales, prevaleciendo
con ello la intención del Poder Reformador de garantizar
la constitucionalidad de los actos de autoridad.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.Amparo en revisión 313/2006. Lorena Verónica Viejo González. 21 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez. Secretario: Héctor Rafael Hernández Guerrero.Nota: Las jurisprudencias P./J. 4/2006, P./J. 5/2006, P./J. 6/2006, P./J. 7/2006 y P./J. 8/2006 citadas, aparecen publicadas, respectivamente, con los rubros: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.", "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.", "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN.", "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." y "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY."
Derivado de lo anterior, tratándose de asuntos en los que
los Tribunales Colegiados de Circuito ejerzan competencia
delegada, como ocurre en el caso en examen, en el que se
trata de un amparo indirecto en revisión, en el que se reclamó
una ley local –artículos 33 a 37 de la Ley de Hacienda del
Estado de Querétaro-; opera la suplencia de la deficiencia de
la queja absoluta, tanto en primera como en segunda
instancia, esto es, tanto de los conceptos de violación
planteados en la demanda de amparo, como de los agravios
propuestos en revisión, siempre que exista jurisprudencia,
establecida por un Tribunal Colegiado de este Circuito, en
términos de los artículos 223 y 224 de la Ley de Amparo en
vigor, que disponen:
“Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración
de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se establece cuando se sustente un mismo
criterio en cinco sentencias no interrumpidas por
otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones,
por una mayoría de cuando menos cuatro votos.”
“Artículo 224. Para el establecimiento de la
jurisprudencia de los tribunales colegiados de
circuito deberán observarse los requisitos
señalados en este Capítulo, salvo el de la votación,
que deberá ser unánime.”
Sobre el particular, concretamente en relación con la
jurisprudencia por reiteración que se contemplan los
numerales transcritos, es importante destacar que el artículo
en cita establece que constituye jurisprudencia “cuando se
sustente un mismo criterio” en cinco sentencias
ininterrumpidas, siempre que hayan sido aprobadas por
unanimidad de votos de los magistrados que integran cada
tribunal colegiado.
De lo anterior se desprende que lo medular de la
jurisprudencia es la postura sostenida en la resolución por el
órgano correspondiente sobre un aspecto controvertido, esto
es, el criterio jurídico que sustente al examinar un punto
concreto de derecho, teniendo ese criterio jurídico el carácter
de obligatorio para los órganos precisados en el primer
párrafo del numeral en cuestión, esto es, para los tribunales
unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y
judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito
Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales
o federales.
Lo anterior resulta de consideración porque la única
razón para que en términos del artículo 79, fracción I, de la
Ley de Amparo, se exija que la jurisprudencia sea emitida por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por un Pleno de
Circuito, para que opere la suplencia de la queja, resulta de
que son la autoridad máxima que pudieran resolver las
contradicciones de criterios. Empero, si en un circuito no
existe tal discrepancia, no existe razón jurídica para exigir
que la suplencia de la queja, en el supuesto en análisis opere
sólo cuando se haya planteado y resuelto una contradicción
en el Pleno de Circuito, respecto de la constitucionalidad de
una ley local.
En esa línea argumentativa, una vez emitida la
resolución que integra o constituye la jurisprudencia, el
Tribunal de que se trate puede asumir dos posturas:
La primera, consistente en la elaboración formal de una
tesis, redactada de manera sintética, con un rubro, texto y
datos de identificación, que se publique en el Semanario
Judicial de la Federación, con la finalidad de darle difusión al
criterio jurídico sustentado con carácter jurisprudencial; y la
segunda, consistente en que no se elabore una tesis con las
características antes precisadas.
Así las cosas, en relación con el segundo supuesto
enunciado, es decir, cuando no se elabore formalmente una
tesis con las características precisadas en el Acuerdo
General 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, conviene remitirnos, en lo conducente,
a las razones que informan la ejecutoria que resolvió la
Contradicción de Tesis 40/2000-PL:
“(...) El primer aspecto que amerita ser destacado
consiste en que, si bien el artículo 195 de la Ley de
Amparo impone como un deber la aprobación de las
tesis para el Tribunal Pleno y las Salas, lo que
desde luego presupone la elaboración formal de
aquéllas, dicho precepto no contempla ninguna
sanción o consecuencia jurídica en caso de
incumplimiento, se trata pues de una norma
imperfecta.— Ciertamente, como en su oportunidad
se precisó, lo jurídicamente trascendente es el
criterio jurídico sustentado en la resolución que
integra o constituye la jurisprudencia, el cual
adquiere obligatoriedad en los términos previstos
por la Ley de Amparo, con entera independencia si
se formula o no una tesis compuesta por un rubro,
texto y datos de identificación, ya que la
obligatoriedad no se encuentra condicionada por
ese ordenamiento jurídico a ningún acto que con
posterioridad tengan que realizar el Tribunal Pleno o
las Salas, es decir, que la jurisprudencia existe con
todos los efectos jurídicos desde el momento mismo
en que se emite la resolución que la constituye o la
integra, es decir, al pronunciarse el fallo que elucida
la contradicción de tesis o que sostiene
ininterrumpidamente por quinta ocasión un mismo
criterio jurídico y, a la vez, se satisfacen los demás
requisitos legales, sin que obste que la difusión, de
llevarse a cabo, se realice con posterioridad.—
Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de esta
Segunda Sala, del tenor siguiente:—
"JURISPRUDENCIA. CUANDO SE ESTABLECE
POR REITERACIÓN, SE CONSTITUYE POR LO
RESUELTO EN CINCO EJECUTORIAS
COINCIDENTES NO INTERRUMPIDAS POR
OTRA EN CONTRARIO, POR LO QUE LA
REDACCIÓN, EL CONTROL Y LA DIFUSIÓN DE
LAS TESIS CORRESPONDIENTES SOLO
PRODUCEN EFECTOS PUBLICITARIOS. Los
artículos 94, párrafo séptimo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192,
párrafo segundo y 195 de la Ley de Amparo prevén,
respectivamente, que la ley fijará los términos en
que sea obligatoria la jurisprudencia que
establezcan los tribunales del Poder Judicial de la
Federación; que las resoluciones constituirán
jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se
sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas por
otra en contrario, y sean aprobadas, tratándose de
las del Pleno, por lo menos por ocho Ministros, o
por cuatro Ministros, en el caso de las emitidas por
las Salas; así como las reglas relativas a la
aprobación del texto y rubro de las tesis
jurisprudenciales y los requisitos para su publicidad
y control, por tanto, la redacción, el control y la
difusión de las tesis correspondientes, solo tienen
efectos publicitarios, mas no constituyen requisitos
para la formación de los criterios de observancia
obligatoria." (Novena Época. Instancia: Segunda
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Tomo: XV, febrero de 2002. Tesis: 2a./J.
11/2002. Página: 41).— De igual forma, cabe citar
la tesis de esta Segunda Sala, cuyos rubro, texto y
datos de identificación, son los siguientes:—
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO PUEDE EXIGIRSE
SU APLICACIÓN A LOS TRIBUNALES, SINO A
PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y
SU GACETA, O ANTES, SI DE ELLA TUVIERON
CONOCIMIENTO POR OTRA DE LAS VÍAS
PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO. De la
interpretación adminiculada y armónica de los
artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, se obtiene
que la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en
Salas, es obligatoria para los tribunales y que
aprobado el texto de la tesis jurisprudencial, se
remitirá al Semanario Judicial de la Federación y a
los tribunales de amparo, para su publicidad y
difusión. Por tanto, aunque la jurisprudencia es
obligatoria en cuanto se integra, solo puede exigirse
de los tribunales su aplicación a partir de su
publicación en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, o antes si tuvieron
conocimiento de ella por otros medios, entre ellos,
los previstos por los artículos 195, fracciones III y
IV, y 197-B, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si al
momento de resolver una cuestión jurídica aún no
se había dado a una jurisprudencia aplicable al
caso concreto la debida difusión por los medios
señalados, ni existen datos que demuestren su
conocimiento previo por los tribunales de amparo,
no puede, válidamente, imputárseles su
inaplicación." (Novena Época. Instancia: Segunda
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Tomo: XII, agosto de 2000. Tesis: 2a.
LXXXVI/2000. Página: 364).— En consecuencia, la
elaboración de las tesis de manera formal en
términos del Acuerdo General 5/1996, solo
constituye la forma de facilitar el cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 179 de la Ley
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
Constitucionales, que dispone que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación: "(...) llevará a cabo
todas aquellas tareas que fueren necesarias para la
adecuada distribución y difusión de las tesis y
jurisprudencias que hubieren emitido los órganos
competentes del Poder Judicial de la Federación.",
es decir, que tales tesis solo tienen fines de difusión
pero, se insiste, su falta de elaboración o
aprobación no afecta la obligatoriedad que tiene la
jurisprudencia, entendida como el criterio jurídico
sustentado en una resolución emitida por los
órganos competentes, en términos del artículo 192
de la Ley de Amparo.— ...De las precisiones
anteriores atinentes al supuesto en que el Tribunal
Pleno o las Salas no elaboran formalmente una
tesis cuando emitieron una resolución que integra o
constituye jurisprudencia, pueden obtenerse las
siguientes conclusiones:— 1. El artículo 195 de la
Ley de Amparo, a pesar de que considera un deber
la elaboración de las tesis, no contempla ninguna
sanción o consecuencia jurídica en caso de
incumplimiento.— 2. Por tanto, lo jurídicamente
trascendente es el criterio jurídico sustentado en la
resolución que integra o constituye la
jurisprudencia, el cual adquiere obligatoriedad en
los términos previstos por la Ley de Amparo, con
entera independencia de si se formula o no una
tesis compuesta por un rubro, texto y datos de
identificación, ya que la obligatoriedad no se
encuentra condicionada por ese ordenamiento
jurídico a ningún acto que con posterioridad tengan
que realizar el Tribunal Pleno o las Salas.— 3. La
jurisprudencia existe con todos los efectos jurídicos
desde el momento mismo en que se emite la
resolución que la constituye o la integra y, a la vez,
se satisfacen los demás requisitos legales, sin que
obste que la difusión, de llevarse a cabo, se realice
con posterioridad.— 4. En consecuencia, la
elaboración formal de las tesis en términos del
Acuerdo General 5/1996, solo constituye el
mecanismo para facilitar el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 179 de la Ley de Amparo
atinente a la responsabilidad de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para llevar a cabo todas
aquellas tareas necesarias para realizar la
adecuada distribución y difusión de la
jurisprudencia, lo que pone de relieve que
precisamente esa es la finalidad de dichas tesis.—
De la reseña que se ha efectuado sobre las dos
formas en que puede proceder este Alto Tribunal
cuando emite resoluciones jurisprudenciales,
destaca con nitidez que en cualquiera de ellas la
obligatoriedad de la jurisprudencia no se ve
mermada, ya que este atributo le es connatural y no
depende de la difusión que, en su momento, se le
dé al criterio jurídico sostenido.— Al respecto, es
oportuno marcar la diferencia entre la obligación de
acatar la jurisprudencia y el momento a partir del
cual resulta exigible su observancia.— Ciertamente,
desde el momento en que la jurisprudencia se
integra o se constituye tiene fuerza vinculatoria y,
por ende, a partir de entonces su acatamiento es
exigible a cualquiera de las autoridades que
enuncia el párrafo primero del artículo 192 de la Ley
de Amparo; sin embargo, si dicha jurisprudencia no
es del conocimiento del órgano al que se le pide su
aplicación, por causas que no le son imputables, no
se le puede reprochar desacato, es decir, que solo
puede exigírsele su observancia a partir de que
nació su obligación de conocerla por los medios
pertinentes.— Las consideraciones anteriores
encuentran sustento en las tesis de esta Segunda
Sala, del tenor siguiente:.— "JURISPRUDENCIA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN. NO PUEDE EXIGIRSE SU APLICACIÓN
A LOS TRIBUNALES, SINO A PARTIR DE SU
PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, O ANTES, SI DE
ELLA TUVIERON CONOCIMIENTO POR OTRA DE
LAS VÍAS PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO.
De la interpretación adminiculada y armónica de los
artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, se obtiene
que la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en
Salas, es obligatoria para los tribunales y que
aprobado el texto de la tesis jurisprudencial, se
remitirá al Semanario Judicial de la Federación y a
los tribunales de amparo, para su publicidad y
difusión. Por tanto, aunque la jurisprudencia es
obligatoria en cuanto se integra, solo puede exigirse
de los tribunales su aplicación a partir de su
publicación en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, o antes si tuvieron
conocimiento de ella por otros medios, entre ellos,
los previstos por los artículos 195, fracciones III y
IV, y 197-B, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si al
momento de resolver una cuestión jurídica aún no
se había dado a una jurisprudencia aplicable al
caso concreto la debida difusión por los medios
señalados, ni existen datos que demuestren su
conocimiento previo por los tribunales de amparo,
no puede, válidamente, imputárseles su
inaplicación." (Novena Época. Instancia: Segunda
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Tomo: XII, agosto de 2000. Tesis: 2a.
LXXXVI/2000. Página: 364).— "JURISPRUDENCIA.
LA OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LA
SUSTENTADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, EXIGE DE LOS JUZGADORES
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE
LOS MEDIOS INFORMATIVOS QUE LA
DIFUNDEN. La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece en el párrafo octavo de
su artículo 94, la obligatoriedad de la jurisprudencia
de los Tribunales del Poder Judicial de la
Federación y remite a la ley la determinación de los
términos de dicha obligatoriedad, lo que se regula
en el capítulo único del título cuarto, del libro
primero, artículos 192 a 197-B. En el referido
artículo 192 se establece la obligatoriedad de las
jurisprudencias para todos los órganos
jurisdiccionales de la República conforme al orden
lógico descendente que se da entre el Pleno y las
Salas de la Suprema Corte, los Tribunales
Colegiados de Circuito, facultados para establecerla
y los restantes órganos que imparten justicia. De
acuerdo con ello, es indiscutible que los Jueces de
Distrito tienen el deber de cumplir con las
jurisprudencias sustentadas por los órganos
mencionados y si no lo hacen incurren en
responsabilidad cuando, lógicamente, existen
elementos suficientes para tener por demostrado
que tuvieron conocimiento de ellas. Al respecto es
indispensable, por una parte, que los órganos que
establecen jurisprudencia cumplan celosamente con
lo dispuesto por el artículo 195 del ordenamiento
citado en cuanto a la aprobación del texto y rubro
de las tesis jurisprudenciales, así como de su
remisión a la dirección responsable de la
publicación del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta y a los órganos jurisdiccionales que no
intervinieron en su integración. Además, deberá
hacerse la publicación oportuna de ese órgano
informativo y las partes en los juicios de amparo
deberán invocar específicamente las
jurisprudencias que consideren aplicables. Lo
anterior debe complementarse por todos los
miembros de los órganos obligados a cumplir con la
jurisprudencia, por un lado, con el especial cuidado
en el análisis de los documentos aportados por las
partes para determinar si pretenden que se aplique
al caso alguna tesis jurisprudencial y, por otro,
estableciendo con sus colaboradores profesionales
un sistema riguroso de consulta, análisis y
seguimiento del 'Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta', así como de los oficios
que al efecto se les remitan, a fin de estar
oportunamente informados de las tesis
jurisprudenciales del Poder Judicial de la
Federación que deben cumplir.’ (Tesis 2a. CV/2000,
Segunda Sala, Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de
2000, página 364)...”
En tales condiciones, sobre el tema de
inconstitucionalidad de los artículos 33 a 37 de la Ley de
Hacienda del Estado de Querétaro, que contemplan el
Impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el
Estado, para Caminos y Servicios Sociales, existe
jurisprudencia legalmente establecida por este Tribunal
Colegiado, en la que se ha determinado la
inconstitucionalidad de los preceptos normativos en cuestión,
y que enseguida se reproduce:
Décima ÉpocaRegistro: 159903Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLibro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3Materia(s): ConstitucionalTesis: XXII.1o. J/23 (9a.)Página: 1678
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y
SERVICIOS SOCIALES. EL HECHO DE QUE LOS
ARTÍCULOS 33 A 37 DE LA LEY DE HACIENDA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO QUE LO ESTABLECEN,
CONSIDEREN COMO HECHO IMPONIBLE LOS
PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y
DERECHOS LOCALES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los artículos
33 a 37 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro,
fijan como objeto para la determinación del impuesto
para el fomento de la educación pública en el Estado,
para caminos y servicios sociales, el monto total de
pagos por concepto de impuestos y derechos estatales,
que realice el contribuyente, el cual se causará y pagará
a razón de una cantidad equivalente al veinticinco por
ciento sobre su base. En estas condiciones, no se trata
de un derecho, contribución, producto, ni
aprovechamiento, sino de un impuesto, en la medida en
que no es una contribución por el servicio que presta el
Estado en sus funciones de derecho público; ni por el
uso o aprovechamiento de los bienes de dominio
público; no es una contribución de mejoras por un
beneficio directo de obras públicas; tampoco es un
producto, ya que no es una contraprestación por los
servicios que presta el Estado en sus funciones de
derecho privado, ni un aprovechamiento, por no consistir
en un recargo o sanción. Por tanto, el hecho de que los
citados preceptos consideren como hecho imponible los
pagos por concepto de impuestos y derechos locales,
transgrede el principio de proporcionalidad tributaria
previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se
toma en cuenta la capacidad económica del
contribuyente, al no gravarse sus ingresos, utilidades ni
rendimientos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo en revisión 310/2010. Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Querétaro. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Guadalupe Tafoya Hernández. Secretario: José Alfonso Montalvo Martínez.Amparo en revisión 29/2011. Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Querétaro. 2 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Morales Ibarra. Secretario: Alfredo Echavarría García. Amparo en revisión 148/2011. Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Querétaro. 23 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Morales Ibarra. Secretario: Alfredo Echavarría García.Amparo en revisión 32/2012. Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Querétaro. 3 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Giménez Miguel, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Xóchitl Yolanda Burguete López.Amparo en revisión 454/2011. Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. 17 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretaria: Dennisse Reza Anaya.
Empero, adicionalmente debe decirse que dicho criterio
ha sido compartido por el Segundo Tribunal Colegiado del
Vigésimo Segundo Circuito, al resolver en sentencia de
veintiuno de abril de dos mil diez, el amparo en revisión
administrativa número **********, interpuesto por el
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro contra la
sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto **********
promovido por ********************, del índice del Juzgado
Primero de Distrito; y por el Tercer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Segundo Circuito, en la sentencia dictada el doce
de septiembre de dos mil trece, al resolver el amparo en
revisión administrativa número **********, interpuesto por la
quejosa ******************** contra la sentencia dictada en el
juicio de amparo número **********, del índice del Juez
Tercero de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia
en esta ciudad.
Lo anterior resulta un hecho notorio, ya que las
sentencias de dichos juicios de amparo, pueden ser
consultados en la página de Sistema Integral de Seguimiento
de Expedientes.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia del tenor
siguiente:
Novena ÉpocaRegistro: 183053Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XVIII, Octubre de 2003Materia(s): ComúnTesis: XXI.3o. J/7Página: 804
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA
LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS
DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE
PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las
publicaciones en la red intranet de las
resoluciones que emiten los diversos órganos
del Poder Judicial de la Federación constituyen
hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el
artículo 88 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
a la Ley de Amparo, porque la citada red es un
medio electrónico que forma parte de la
infraestructura de comunicación del Poder
Judicial de la Federación, creada para
interconectar computadoras del Máximo Tribunal
y todos los Tribunales y Juzgados Federales del
país, permitiendo realizar consultas de
jurisprudencia, legislación y de la base de datos
que administra los asuntos que ingresan a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo
que es válido que los Magistrados de Tribunales
de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de
oficio las resoluciones que se publiquen en ese
medio para resolver un asunto en particular, sin
que se haya ofrecido ni alegado por las partes y
aun cuando no se tenga a la vista de manera
física el testimonio autorizado de tales
resoluciones.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 79/2003. Laura Olivia Liquidano García. 23 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo directo 148/2003. Francisco Villasana Marín. 15 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo directo 251/2003. María Guadalupe Analco de la Sancha. 27 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia
Solano. Reclamación 9/2003. Presidente de la República y otros. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano Reclamación 8/2003. Presidente de la República y otros. 9 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretario: Raúl López Pedraza.
Precisado lo anterior, conviene apuntar que el cobro del
Impuesto para el Fomento de la Educación Pública contenido
en el recibo de pago con número de operación **********, de
fecha dieciséis de mayo de dos mil trece (foja 9), tiene
fundamento precisamente en los artículos 33 a 37 de la Ley
de Hacienda del Estado de Querétaro, que han sido
declarados inconstitucionales por jurisprudencia de este
Tribunal Colegiado, y respecto de lo cual no existe pugna con
lo sostenido por los restantes Tribunales Colegiados de este
Circuito; pues del texto del citado recibo que deriva,
necesariamente, que se aplicaron, en perjuicio de la
negociación peticionaria de garantías ********** **********
**********, ********** ********** **********, los artículos 33 a 37
de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, puesto que
en el mencionado documento se advierte desglosado el cobro
del Impuesto para el Fomento de la Educación Pública que
prevén dichos dispositivos; por lo que dicho acto constituye la
individualización, en perjuicio de la quejosa, del supuesto
jurídico en cuestión, aun cuando no se hubiesen citado
expresamente los dispositivos legales de referencia; tal como
se advierte de la tesis aislada de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos
precedentes, de rubro: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE
APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO
ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA
DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON
INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA.".
Para mejor documentación se reproduce el recibo de
referencia:
En ese tenor, ante lo fundado del agravio hecho valer, en
cuanto a que en el caso resultaba factible atender a la
jurisprudencia existente, procede modificar la sentencia
impugnada y, en asunción de jurisdicción de conformidad con
el artículo 93, de la Ley de Amparo, procede conceder la
protección constitucional a ********** ********** **********,
********** ********** **********, exclusivamente, en relación con
el cobro del Impuesto para el Fomento a la Educación Pública
en el Estado, para Caminos y Servicios Sociales, contenido
en el recibo de pago con número de operación
******************************, de fecha dieciséis de mayo de
dos mil trece, en tanto que se basa en dispositivos legales
que han sido declarados inconstitucionales por jurisprudencia
de este Tribunal Colegiado.
La protección constitucional se otorga para el efecto de
que el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado
devuelva a ********** ********** **********, **********, el importe
pagado por concepto del tributo en examen, de acuerdo con
el recibo de pago número de operación **********, de fecha
dieciséis de mayo de dos mil trece, más su correspondiente
actualización, sin que la presente concesión implique
declaratoria de inconstitucionalidad alguna respecto de los
preceptos legales en que se apoyó dicho cobro, a favor de la
empresa quejosa, ante el consentimiento tácito de éstos, al
no haberlos impugnado con motivo de su primer acto de
aplicación, que lo constituyó el recibo
****************************** (foja 42), tal como lo explicó el
Juez A quo.
Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia por
contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, reproducida en apartados precedentes,
intitulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA
LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE
TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE
APLICACIÓN DE LA LEY."
Así como en la diversa jurisprudencia del tenor siguiente:
Novena Época
Registro: 170708Instancia: Segunda SalaJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXVI, Diciembre de 2007Materia(s): AdministrativaTesis: 2a./J. 221/2007
Página: 204
LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO
CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD
DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE
UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A
LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS
DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO
FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y
MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de
las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de
garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera
jurídica del contribuyente la respectiva obligación
tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con
motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la
actualización del monto respectivo para este supuesto
no esté expresamente previsto en la norma, el derecho
del contribuyente a recibirla deviene de la propia
naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el
fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto
pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra
manera no podría restituirse al gobernado en el pleno
goce de la garantía violada en términos del artículo 80
de la Ley de Amparo.
Contradicción de tesis 190/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 31 de octubre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.Tesis de jurisprudencia 221/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil siete.
Por otra parte, es importante destacar que las tesis
invocadas en la presente ejecutoria resultan aplicables,
conforme a lo previsto en el artículo Sexto Transitorio de la
Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la
Federación de dos de abril de dos mil trece, vigente al día
siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada
conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que se no
se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se
advierta oposición alguna al respecto.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los
artículos 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, se
resuelve:
PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto del acto
reclamado al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado
de Querétaro, consistente en la aplicación de los preceptos
reclamados; así como respecto de los artículos 33 a 37 y 67
de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, y el artículo
primero, punto 1.1.6.1 de la Ley de Ingresos del Estado de
Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que pretendió
reclamar, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos
tercero y quinto del fallo que se revisa.
TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a
********** ********** **********, **********, respecto del cobro del
impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el
Estado, para Caminos y Servicio Sociales contenidos en el
recibo número ******************************, según lo
argumentado en el último considerando de esta sentencia.
Finalmente, de conformidad con el Acuerdo
General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y
destrucción de los expedientes generados en los Tribunales
Colegiados de Circuito, debe conservarse la integridad del
presente expediente por tratarse de un juicio cuya sentencia
contiene criterio jurídico de relevancia, por lo que no es
susceptible de depuración.
Notifíquese, publíquese y anótese en el Libro de
Gobierno de este Tribunal, con testimonio de esta resolución,
devuélvanse los autos naturales al lugar de su procedencia y
en su oportunidad archívese este expediente como asunto
debidamente concluido.
Así por unanimidad de votos de los Magistrados,
Presidenta María del Carmen Sánchez Hidalgo, Alma Rosa
Díaz Mora y Carlos Hernández García, lo resolvió el Primer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, siendo
ponente el tercero de los nombrados quienes firman con el
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
El licenciado(a) Alfredo EchavarrÃ-a GarcÃ-a, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.