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AMPARO EN REVISIÓN 386/2018. QUEJOSOS Y RECURRENTES: KEMLI NEI SÁMANO SANTANA Y OTROS.
PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO. ELABORÓ: ESTEFANIA VEGA MARMOLEJO.
Vo.Bo.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al _ de___ de dos mil
dieciocho.
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil
dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de
Distrito en el Estado de Morelos, Kemli Nei Sámano Santana y Carlos
Daniel Gil Cuartero, por su propio derecho y en representación de su
menor hijo Carlos Cuartero Sámano, demandaron el amparo y
protección de la Justicia de la Unión contra los actos y las autoridades
que a continuación se precisan.
“Autoridades responsables
Ordenadoras
1. Congreso del Estado de Morelos
2. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos
3. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos
4. Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de
Morelos.
5. Director del Registro Civil del Estado de Morelos
Ejecutoras
6. Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos
7. Director del Registro Civil del Ayuntamiento del Cuernavaca,
Morelos
8. Oficial del Registro Civil 1 de Cuernavaca, Morelos
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Actos reclamados
En el ámbito de sus respectivas competencias, la discusión,
aprobación y expedición del artículo 441 del Código Familiar para
el Estado de Morelos, así como su aplicación, contenida en el
oficio ORC1/0737/2015 de veintiocho de julio de dos mil dieciséis.”
SEGUNDO. Los quejosos señalaron violados los artículos 1°, 14,
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8
y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 al 8 de
la Convención sobre Derechos del Niño; 1, 6 y 7 de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 1, 2, 3 y 32 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente; y 16.1, inciso
g) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; narraron los antecedentes del caso y
expusieron los conceptos de violación que estimaron pertinentes.
TERCERO. El asunto se remitió para su conocimiento al Juez
Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por auto de dieciséis
de agosto de dos mil dieciséis, lo registró bajo el expediente 1318/2016
y la admitió a trámite, asimismo, señaló fecha para la celebración de la
audiencia constitucional y solicitó los informes justificados a las
autoridades ordenadoras y ejecutoras, respectivamente, señaladas
como responsables.
CUARTO. Seguidos los trámites de ley, el diecinueve de febrero
de dos mil dieciséis, fue celebrada la audiencia constitucional y, en esa
misma fecha, se pronunció la sentencia correspondiente, la cual, en su
parte conducente, determinó:
PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Kemli Nei Sámano Santana y Carlos Daniel Gil Cuartero, por propio derecho, y en representación del menor Carlos Cuartero Sámano, respecto de los actos atribuidos al Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Kemli Nei Sámano Santana y Carlos Daniel Gil Cuartero, por propio derecho, y en representación del menor Carlos Cuartero Sámano, respecto de los actos reclamados a la demás autoridades responsables, consistente en la discusión, aprobación y expedición del artículo 441 del Código Familiar para el Estado de Morelos, así como su aplicación, contenida en el oficio ORC1/0737/2016, de veinticinco de julio de dos mil
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dieciséis, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Se concede el amparo a Kemli Nei Sámano Santana y Carlos Daniel Gil Cuartero, por propio derecho, y en representación del menor Carlos Cuartero Sámano, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. La negativa de expedir el acta de nacimiento de su menor hijo, así como la expedición de la clave única del registro poblacional.
QUINTO. Inconformes con dicha resolución, los quejosos
interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito,
cuyo Presidente en acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete,
lo admitió a trámite y registró bajo el expediente 197/2017.
El siete de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente del
referido órgano jurisdiccional, en atención al oficio del Secretario Técnico
de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la
Judicatura Federal y al punto de acuerdo C.CAR. 75/2016-V, de dicha
Comisión, remitió el asunto al Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del
Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Cuernavaca, Morelos.
Por acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado
Presidente del Tribunal Colegiado auxiliar radicó el asunto y lo registró
bajo el expediente 615/2017.
SEXTO. En sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el
Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera
Región con residencia en Cuernavaca, Morelos, solicitó a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción para
conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia
emitida en el juicio de amparo 1318/2016 por el Juzgado Octavo de
Distrito en el Estado de Morelos.
SÉPTIMO. En acuerdo de dos de enero de dos mil dieciocho, el
Ministro Presidente de este Alto Tribunal registró la solicitud de
reasunción de competencia bajo el expediente 208/2017, ordenó su
admisión a trámite y turnó el asunto al Ministro José Fernando Franco
González Salas para la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente.
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Seguidos lo trámites de ley, en sesión de once de abril de dos mil
dieciocho, por unanimidad de votos, se determinó reasumir la
competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer del asunto.
En atención a lo anterior, mediante proveído de Presidencia de
once de mayo de dos mil dieciocho, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación reasumió su competencia originaria para conocer del recurso de
revisión, el cual quedó registrado bajo el expediente 386/2018; asimismo
se ordenó turnar el asunto, para su estudio, al Ministro José Fernando
Franco González Salas.
OCTAVO. Por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, el
Presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó que ésta se avocaría al conocimiento del asunto y
remitió los autos al Ministro Ponente.
NOVENO. El proyecto de este asunto fue publicado dentro del
plazo y con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley
de Amparo vigente, por versar sobre la constitucionalidad de una norma
de carácter general; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión.1
SEGUNDO. En atención a que el órgano colegiado del
conocimiento analizó correctamente la oportunidad en el segundo
considerando de la resolución que dictó el treinta de noviembre de dos
mil diecisiete se estima innecesario hacerlo de nueva cuenta en esta
ejecutoria. Por lo que hace a la legitimación debe decirse que se
promovió por parte legitimada para ello.2
1 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente; 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto Tercero, en relación con el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; toda vez que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto, aunado a que no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno. 2 Es así, dado que el recurso fue presentado por Merced Elizabeth Chávez Benítez, autorizada en términos amplios de los quejosos, personalidad que le fue reconocida en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis por el Juzgado del conocimiento. Foja 47 del D.A.
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TERCERO. Previo al examen de los agravios, es necesario
destacar los antecedentes siguientes.
1. Por escrito de quince de agosto de dos mil dieciséis, Kemli
Nei Sámano Santana y Carlos Daniel Gil Cuartero, por propio derecho y
en representación del menor Carlos Cuartero Sámano, promovieron
juicio de amparo indirecto en contra de la discusión, aprobación y
expedición del artículo 441 del Código Familiar para el Estado de
Morelos3, así como su aplicación en el oficio ORC073/2016, de
veinticinco de julio de dos mil dieciséis.
Los actos reclamados fueron atribuidos en el ámbito de sus
respectivas competencias al Congreso, Gobernador Constitucional,
Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial y Director General
del Registro Civil, todos del Estado de Morelos, así como al Presidente
Municipal y Director General y Oficial del Registro Civil, ambos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Estado de Morelos.
En la demanda de amparo sustancialmente expusieron los
conceptos de violación siguientes.
El artículo 441 del Código Familiar del Estado de Morelos
contraviene el derecho reconocido por la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Constitución Federal de todo
menor a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación.
3 Artículo 441.- CONTENIDO DEL ACTA DE NACIMIENTO. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá: día, mes, año, hora y lugar del nacimiento; el sexo y la impresión digital del presentado; el nombre y apellidos que le correspondan; sin que por motivo alguno puedan omitirse, ya que si se trata de hijo de matrimonio o en el caso de que ambos padres concurran al registro, se impondrá el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden que de común acuerdo y por escrito determinen, el orden elegido deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación, en caso de no existir acuerdo, el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre, y cuando se trate del registro de un menor de padre desconocido se le pondrá el primero y segundo apellidos de la madre, la expresión de si es presentado vivo o muerto; nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los padres; el nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos; y si la presentación la realiza una persona distinta de los padres, se anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y parentesco con el registrado, salvo las prevenciones contenidas en los artículos siguientes. En el acta de nacimiento invariablemente deberá asentarse la Clave Única de Registro de Población. Si se desconoce el nombre de los padres, el Oficial del Registro Civil le pondrá nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en acta por separado que se anexará al Apéndice. Queda prohibido mostrar esta última acta, salvo que medie orden judicial. Bajo su estricta y personal responsabilidad, dará parte al Ministerio Público, si éste no tuviere conocimiento del hecho; el Oficial entregará de inmediato para su custodia al infante presentado a una Institución de Asistencia Familiar. Si el nacimiento ocurriere en algún establecimiento de reclusión del Estado de Morelos, el Oficial del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el que señalen sus padres, o en su caso, de quien realice la presentación.
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La prohibición de elegir libremente el nombre y orden de los
apellidos contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 18 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos e
impide el acceso efectivo a la justicia.
La disposición legal impugnada es misógina y carece de
sustento lógico, ya que no permite a los padres elegir
indistintamente el orden y algún apellido materno para la
formación del nombre de sus hijos, lo que contraría la
obligación de las autoridades de adoptar medidas a fin de
que exista igualdad entre hombres y mujeres.
El derecho fundamental al nombre implica la prerrogativa de
modificar el orden de los apellidos en aras de respetar los
principios de democracia y equidad de género.
El Estado debe garantizar el goce pleno y ejercicio de los
derechos humanos, como lo es el derecho al nombre y a la
identidad, sobre la base de que tal derecho está regido por
el principio de autonomía de la voluntad, por lo que la
salvaguarda implica que se permita efectuar la petición a
quienes cuenten con legitimación para ello, primordialmente
el padre y la madre.
El principio de igualdad de género establecido en los
artículos 1° y 4° de la Constitución Federal implica que el
Estado en sus tareas legislativas, ejecutivas o judiciales,
genere medidas que reduzcan la desigualdad entre
hombres y mujeres.
El derecho al nombre es fundamental para la configuración
de la dignidad humana y vuelve visible al individuo frente al
Estado, por lo que una disminución o restricción a tal
derecho implicaría la inexistencia de la persona en el plano
jurídico.
La disposición impugnada es inconvencional pues prescribe
que la formulación del nombre de los menores de edad
nacidos de un matrimonio heterosexual debe ir en primer
lugar el apellido paterno del padre y después el apellido
paterno de la madre, lo cual contraviene los principios de
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interés superior del menor y de igualdad de género entre
hombres y mujeres.
El artículo 441 del código referido se ubica dentro de una
categoría denominada por la doctrina como “sospechosa”,
protegida por el artículo 1° de la Constitución Federal, es
decir, aquellos grupos de personas que tradicional y
culturalmente han sido excluidas de muchos de los
derechos fundamentales debido a algún rasgo distintivo y
permanente.
La prohibición establecida en la disposición impugnada solo
refuerza un estereotipo de género que demerita el acceso
de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la
conformación del ámbito familiar dentro de una sociedad
democrática.
El artículo impugnado significa una restricción injustificada
que contraviene lo dispuesto en el artículo 16.1, inciso d) de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, pues indebidamente
establece una prelación del hombre sobre la mujer por
disponer que su apellido irá primero en el nombre de los
hijos y el de la mujer después, lo que implica un
desconocimiento de la igualdad de género.
Debe inaplicarse el artículo 77 de la Ley de Amparo, a
efecto de proveer lo conducente respecto a la reparación
del daño, con la finalidad de resarcir de manera total la
violación a los derechos fundamentales mediante un
recurso efectivo.
Se debe respetar el principio restitutio in integrum
reconocido por el artículo 63.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por lo que al emitir la sentencia
definitiva se debe optar por las medidas necesarias para dar
cumplimiento a dicho principio con base en los instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
En este orden de ideas, debe darse la protección
constitucional adoptando las medidas de restitución
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reconocidas a nivel internacional, es especifico, las
siguientes.
- Restitución en atención a que las autoridades responsables
están obligadas a restablecer la situación que existía antes
de la comisión del hecho que vulneró sus derechos
fundamentales.
- Indemnización por el daño generado por los hechos y actos
declarados inconstitucionales, en la medida que el daño no
sea reparado por la restitución.
- Satisfacción pues las responsables están obligadas a dar
satisfacción por el perjuicio causado por su actuar en la
medida en que este no sea reparado por la restitución o
indemnización.
2. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos
conoció de la demanda de amparo, la registró bajo el expediente
1318/2016-II y la admitió a trámite en acuerdo de dieciséis de agosto de
dos mil dieciséis.
3. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez de
Distrito emitió sentencia en la que, por una parte, sobreseyó el juicio y,
por otra, concedió el amparo a los quejosos, con base en las siguientes
consideraciones.
Sobreseyó en el juicio de amparo por la inexistencia de los
actos reclamados al Director General del Registro Civil del
Estado de Morelos y al Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos, de conformidad con el artículo 63,
fracción IV, de la Ley de Amparo, por no desvirtuarse la
negativa de los actos atribuidos a dichas autoridades
expresada en sus respectivos informes justificados.
Concedió el amparo porque el artículo 441 del Código
Familiar del Estado de Morelos, es inconvencional, pues
viola el derecho al nombre establecido en el artículo 18 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos por
prever una restricción al derecho de los padres e hijos a
tener nombres y apellidos sin una justificación suficiente, ya
que el espíritu de la redacción de dicha disposición implica
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un estereotipo de género sin motivación constitucional
alguna.
En lo relativo a los efectos de la concesión de amparo, el
Juez de Distrito, en atención al criterio de la Primera Sala
de esta Suprema Corte respecto a que los efectos y
alcances de las sentencias emitidas varían acorde al
proceso en el cual se emitan y según la violación
constitucional que se advierte en el caso concreto, concedió
la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes
efectos.
I. Desincorporen de la esfera jurídica de la parte
quejosa el artículo 441 del Código Familiar para el
Estado de Morelos, en lo presente y en lo futuro hasta
en tanto no se reforme.
II. El Oficial del Registro Civil 1 de Cuernavaca deje
insubsistente el oficio OCR1/0737/2016, de
veinticinco de julio de dos mil dieciséis y, en su lugar,
emita otro en el que resuelva procedente el registro
del menor con el orden en los apellidos que Kemli Nei
Sámano Santana y Carlos Daniel Gil Cuartero
eligieron, es decir, Carlos Cuartero Sámano.
III. En consecuencia, las autoridades registrales deberán
expedir el acta de nacimiento solicitada por la parte
quejosa. En la inteligencia que si las disposiciones
legales que reglamentan la expedición de actas de
nacimiento establecen que deba realizarse alguna
anotación en supuestos como éste, las autoridades
responsables quedan constreñidas a realizarla.
IV. De igual manera, se constriñe a las autoridades
responsables a realizar todos los trámites relativos
con el registro del nombre del menor, entre otros,
asignarle Clave Única de Registro de Población.
4. Inconforme con la sentencia, los quejosos interpusieron
recurso de revisión.
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5. El recurso de revisión fue turnado al Primer Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito,
cuyo Presidente en acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete
lo registró bajo el expediente 197/2017 y admitió a trámite.
El siete de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente del
referido órgano jurisdiccional, remitió el asunto al Sexto Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede
en Cuernavaca, Morelos.
En acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal
Colegiado radicó el asunto y lo registró bajo el expediente 615/2017.
Seguidos los trámites de ley, en sesión de treinta de noviembre de
dos mil diecisiete, resolvió someter a la consideración de esta Suprema
Corte la posibilidad de asumir su competencia originaria para conocer
del recurso de revisión referido.
En sus consideraciones, el Tribunal Colegiado del conocimiento
señaló que el problema jurídico del recurso de revisión se refiere a las
medidas de reparación integral en una sentencia de amparo, lo que a su
juicio es suficiente para respaldar su solicitud, pues se surten los
requisitos de interés y trascendencia con que deben contar los asuntos
sometidos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior, en razón de que el problema relativo a los alcances de
las medidas de reparación en una sentencia de amparo por violaciones
al derecho de igualdad y no discriminación si bien ya fueron analizados
por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,
también es verdad que la reasunción de competencia se solicita para
llegar a integrar jurisprudencia, pues el problema planteado implica el
análisis e interpretación de disposiciones constitucionales y legales que
implican la definición de criterios jurídicos trascendentes para la
resolución de casos futuros.
6. La solicitud de reasunción de competencia fue registrada en
este Alto Tribunal bajo el número de expediente 208/2017. En sesión de
once de abril de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos, se
determinó reasumir el conocimiento del asunto por esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
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CUARTO. Agravios. Los agravios aducidos en el recurso de
revisión son, en síntesis, los siguientes.
Causa perjuicio que el Juez de Distrito no ejerciera control de
convencional ex officio, solicitado por los quejosos, a fin de preferir
lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos
7 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de
San José de Costa Rica”, artículos 13 y 18; y, Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, artículo 16.
El Juez de Distrito debió realizar la declaratoria de
inconvencionalidad del artículo 441 del Código Familiar del Estado
de Morelos porque contradice lo dispuesto en dichos instrumentos
internacionales.
El Juez de Distrito no se pronunció respecto a la aplicación del
principio restitutio in integrum, reconocido en el derecho
internacional, pues en la demanda de amparo señalaron que las
responsables están obligadas a resarcir el daño originado con
motivo de la emisión de los actos reclamados; sin embargo, el Juez
de amparo no se pronunció al respecto.
Además, transgrede el principio de exhaustividad, pues en la
sentencia el órgano jurisdiccional no se pronunció respecto a la
reparación del daño solicitada.
El Juez transgrede el acceso a una justicia completa, pues es un
derecho reconocido a los niños y adolescentes la posibilidad de
acudir a los tribunales en casos de vulneración de derechos
humanos, el cual no sólo implica una mera garantía formal, sino
requiere de garantías efectivas que involucren una serie de
consideraciones y adecuaciones procesales que permitan el
ejercicio pleno a la justicia.
El Juez Federal no se pronunció respecto a la petición de la
aplicación del protocolo-pro infante, con lo que vulnera el derecho
humano de acceso a la justicia pronta y completa, pues es de
importancia vital lograr la restitución plena de todos los derechos
humanos que fueron violentados por los actos reclamados.
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En la sentencia el Juez debió pronunciarse con perspectiva de
género a fin de cumplir la obligación constitucional y convencional
de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la
igualdad y a la no discriminación bajo los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Lo anterior, en atención a que la perspectiva de género implica
una forma de apreciar la realidad y de intervenir o actuar en ella,
con el fin de equilibrar las oportunidades de los hombres y las
mujeres para el acceso equitativo a los recursos, los servicios y el
ejercicio de los derechos.
Nos perjudica que el Juez no atendió lo dispuesto en el artículo 192
de la Ley de Amparo, el cual obliga a solicitar a la responsable
cumplir con la sentencia de amparo.
El juez de Distrito debió potencializar los efectos de la concesión
del amparo con la finalidad de respetar el derecho humano a una
justicia completa, en el entendido que los efectos del amparo
debieron abarcar varios actos registrales que tienen que agotarse
consecutivamente, de manera que no puede iniciarse el siguiente
hasta que se concluya el anterior, hasta lograr la plena restitución
del derecho violado.
El artículo 77 de la Ley de Amparo es inconstitucional e
inconvencional a la luz del principio restitutio in integrum, pues
restringe arbitrariamente el derecho del particular a tener una
reparación total del daño, pues los efectos de la concesión del
amparo se constriñeron a que las cosas volvieran al estado previo
a la emisión de los actos reclamados.
El Juez de Distrito no pronunció las medidas indispensables y
obligatorias para la prosecución y respeto de los derechos de
seguridad jurídica y funcionalidad que garanticen el acceso a un
recurso judicial efectivo, reconocidas por el derecho internacional
para resarcir de manera total la violación a sus derechos
fundamentales.
Aunado a lo anterior, se insiste en que deben ordenarse medidas
de restitución, rehabilitación, garantías de no repetición e
indemnización, todas de conformidad con lo ordenado en el
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artículo 1° de la Constitución Federal y en el marco del derecho
internacional de los derechos humanos; medidas que según los
recurrentes debería incluir:
1) Satisfacción. Por los efectos tan negativos que la discriminación tienen sobre los quejosos, por lo que debería ordenarse la publicación de un resumen de la sentencia en el Periódico del Estado y que se realice un acto de disculpa pública por parte de las autoridades responsables. 2) Publicidad. Hacer la debida difusión de la sentencia en la sociedad civil y en las entidades de gobierno. 3) Restitución. Cuyo objeto es volver a la víctima a la situación anterior a la violación de derechos, sin que se refiera únicamente a un aspecto material, sino también al ejercicio de derechos. 4) Rehabilitación. Estas medidas implican la atención médica y/o psicológica o psiquiátrica a las víctimas, así como servicios jurídicos y sociales. 5) Garantía de no repetición. Tienen como propósito prevenir o evitar que los hechos que originaron las violaciones declaradas no vuelvan a suceder, entre las más comunes están ordenar la adopción o reforma de la legislación interna de medidas administrativas o de otro tipo. 6) Indemnizaciones. Comprende tanto los daños materiales como los inmateriales. Su objeto es retribuir los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan nexo causal con los hechos del caso así como los que comprendan el sufrimiento y aflicciones causadas a las víctimas a pesar de no ser cuantificables en dinero. El artículo 77 de la Ley de Amparo es contrario a lo dispuesto en
el artículo 1º de la Constitución Federal, ya que restringe los
efectos de las sentencias de amparo consistente en reparar
íntegramente el daño que genera el acto reclamado.
Restituir el pleno goce de derecho no solo implica declarar
inconstitucionales las disposiciones impugnadas, pues con
independencia de que resulten inaplicables, ello no es suficiente
para restituir el derecho violado, ya que al transgredirse el derecho
a la igualdad y no discriminación fue ofendida la dignidad como
personas, la cual, para ser íntegramente restituida, deben
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ordenarse las medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación,
garantías de no repetición e indemnización.
En tales condiciones, conforme a la perspectiva de género, una de
las acciones que debe hacerse a fin de reparar el daño, es una
disculpa pública.
Al no preverse en el artículo 77 de la Ley de Amparo el principio
restitutio in integrum, esa disposición es inconvencional e
inconstitucional, por lo que deben de aplicarse las medidas
relativas a la reparación del daño previstas en la Ley General de
Víctimas, las cuales comprenden medidas de restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no
repetición.
QUINTO. Estudio. A fin de dar respuesta a los argumentos
expuestos por la parte recurrente, en primer lugar debe precisarse que
los efectos y alcances de las sentencias emitidas por un Tribunal
Constitucional varían acorde al proceso en el cual se emiten, y según la
violación constitucional que se advierta en el caso en concreto.
Es decir, las pretensiones de los reclamantes, la naturaleza y
objeto del proceso marcan la pauta de las consecuencias de la sentencia
emitida, ya sea la declaración de una inconstitucionalidad, el
reconocimiento de la lesión a un derecho fundamental, y el
restablecimiento del mismo4.
De igual manera, los efectos que en su caso pueda contener una
sentencia de un Tribunal Constitucional, estarán determinados por el
esquema de impartición de justicia del Estado de que se trate, y por los
ámbitos competenciales de los órganos que integren al mismo. Lo
anterior, ha dado lugar a las sentencias denominadas por la doctrina
4 Sobre tal tema véase J.M. Morales Arroyo y E. Gómez Corona, “Las resoluciones del Tribunal Constitucional”, en Manual de Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 420-422. Sobre la clasificación de las sentencias de los tribunales constitucionales, Francisco Javier Díaz Revorio realiza la siguiente clasificación: (A) sentencias desestimatorias, las cuales se pueden clasificar en (i) sentencias de desestimación pura o simple, y (ii) sentencias interpretativas de desestimación; y (B) sentencias estimatorias, las cuales a su vez se clasifican en (i) sentencias de estimación total, y (ii) sentencias de estimación parcial, mismas que pueden ser respecto al texto de la norma impugnada, de estimación en sentido estricto, y de declaración de invalidez de una norma derivada del texto impugnado. Al respecto véase F.J. Díaz Revorio, Tipología y efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en los procedimientos de inconstitucionalidad ante la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, pp. 299-301.
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como “atípicas”, al no contener una declaración de nulidad absoluta de
la norma o acto que se combatió, sino una orden para que determinado
órgano del Estado subsane la violación constitucional de que se trate5.
En efecto, las sentencias de los tribunales constitucionales pueden
conllevar efectos vinculantes para otros órganos jurisdiccionales del
sistema jurídico en cuestión, lo que implica que los mismos tienen que
acatar la resolución correspondiente, sin que se puedan pronunciar de
forma distinta sobre lo resuelto por el Tribunal Constitucional6.
En el caso del sistema jurídico mexicano, si bien la resolución del
juicio de amparo no es de competencia exclusiva de esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación, lo cierto es que se trata de un mecanismo de
control de constitucionalidad de normas y actos encaminado a la
protección de los derechos fundamentales, debido a lo cual, los efectos
de las sentencias que se emitan en el mismo, pueden conllevar la nulidad
lisa y llana del acto reclamado, o incluso, una directriz para algún otro
órgano del Estado, incluidos los tribunales.
Así, el artículo 77 de la Ley de Amparo aplicable al presente
asunto, dispone que el objeto del amparo, si el acto de la autoridad es
positivo, consiste en restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho
violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la
violación. Si el acto es negativo, el efecto del amparo será obligar a la
autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía
de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.
Sin embargo, lo único que se desprende de tal disposición es que
la finalidad del juicio de amparo es restablecer las cosas al estado que
guardaban antes de la violación, es decir, restituir al quejoso en el goce
de sus derechos fundamentales.
Por tanto, pretender que los efectos de toda sentencia de amparo
sean iguales para todos los casos, implicaría negar la naturaleza del
juicio de amparo como el instrumento más importante de protección de
los derechos fundamentales, situación que generalizaría de forma
peligrosa todo problema jurídico.
5 Sobre tal tema véase H. Nogueira Alcalá, “Consideraciones sobre las sentencias de los tribunales constitucionales y sus efectos en América del Sur”, en Ius et Praxis, vol. 10, no. 1, Talca, 2004, pp. 130-140. 6 Al respecto véase F.J. Díaz Revorio, Interpretación de la Constitución y Justicia Constitucional, Porrúa, Ciudad de México, 2009, p. 26.
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En ese sentido, no toda violación a los derechos fundamentales es
igual, por lo que el efecto de una sentencia de amparo debe
caracterizarse por una ductilidad que permita tutelar de la manera más
efectiva posible los derechos de las personas, lo que es acorde con el
artículo 1º de la Constitución Federal y la reforma en materia de derechos
humanos, pues suponer lo contrario equivaldría a dejar de atender cada
caso concreto y no tomar en consideración las particularidades de cada
asunto.
Bajo ese contexto, cada uno de los órganos jurisdiccionales
competentes para conocer del juicio de amparo, en sus respectivas
competencias, deberán evaluar cada caso en concreto, identificando el
derecho fundamental que fue violentado, para así ponderar los efectos
que tal violación constitucional acarrearía en aras de restituir el goce del
derecho transgredido, sin que ello implique que no se pueda decretar la
nulidad lisa y llana del acto reclamado, pues se podrá arribar a tal
consideración cuando a juicio del órgano jurisdiccional competente, la
violación concreta al derecho fundamental así lo amerite.
Tal cuestión ha sido reconocida ampliamente por esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al haberse pronunciado en numerosos
casos sobre violaciones a derechos fundamentales que ameritaban la
reposición del procedimiento para el dictado de una nueva resolución, y
no precisamente la invalidez lisa y llana del acto reclamado7.
7 A manera de ejemplo véanse los siguientes criterios: tesis jurisprudencial 87/2012 de la Primera Sala, de rubro “REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, de diciembre de 2012, página 464); tesis jurisprudencial 183/2005 de la Primera Sala, de rubro “REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE ORDENARSE SÓLO RESPECTO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA CUANDO LA AUDIENCIA LA PRESIDIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, PERO AQUÉLLA LA DICTÓ EL SECRETARIO ENCARGADO DE DESPACHO EN AUSENCIA DEL TITULAR” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, de febrero de 2006, página 497); tesis aislada XXX/94 de la otrora Tercera Sala, de rubro “PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. SÓLO SON SUCEPTIBLES DE CONDUCIR A SU REPOSICIÓN LAS VIOLACIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE LA MATERIA” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, de junio de 1994, página 245); tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro “PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO, REPOSICIÓN DEL” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen IX, Tercera Parte, página 101); tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro “AMPARO, REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXIII, página 242); tesis aislada de la otrora Cuarta Sala, de rubro “PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO, OBJETO DE LA REPOSICIÓN DEL” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIII, página 2783); y tesis de la Segunda Sala, de rubro “AMPARO. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. SUS EFECTOS PROCESALES” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Informe 1945, página 43).
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Una vez establecido lo anterior, debe indicarse que en el presente
caso, el Juez de Distrito otorgó el amparo a la parte quejosa para el
efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica el artículo 441 del
Código Familiar para el Estado de Morelos, en lo presente y en lo futuro,
hasta en tanto no se reformara.
Asimismo, ordenó que el Oficial del Registro Civil 1 de Cuernavaca
dejara insubsistente el oficio OCR1/0737/2016, de veinticinco de julio de
dos mil dieciséis, y, en su lugar, emitiera uno diverso en el que resolviera
procedente el registro del menor con el orden en los apellidos que Kemli
Nei Sámano Santana y Carlos Daniel Gil Cuartero, eligieron para su
menor hijo, es decir, “Carlos Cuartero Sámano”.
En consecuencia, señaló que las autoridades registrales deberán
expedir el acta de nacimiento solicitada por la parte quejosa, en la
inteligencia, que si las disposiciones legales que reglamentan la
expedición de actas de nacimiento, establecen que deba realizarse
alguna anotación en supuestos como el presente, las autoridades
responsables quedan constreñidas a realizarla.
De igual manera, constriñó a las autoridades responsables a
realizar todos los trámites relativos con el registro del nombre del menor,
entre otros, asignarle Clave Única de Registro de Población.
Es decir, el Juez de Distrito sustentó la concesión del amparo en la
violación del menor al derecho a un nombre, sin discriminación ni
estereotipos de género, pero no advirtió que los actos de las autoridades
responsables, hubiesen generado una violación de tal grado que
ameritara medidas de reparación como las solicitadas por los quejosos.
Esto es, como se señaló con antelación, el Juez de Distrito debe
observar cada caso en concreto, la naturaleza de los actos, la pretensión
de los quejosos y las medidas que, en su caso, debe abarcar la
concesión de amparo, lo que a juicio de esta Segunda Sala fue correcto
en el caso concreto.
Los quejosos plantearon la inconstitucionalidad del artículo 441 del
Código Familiar para el Estado de Morelos por estimar que aquél era
discriminatorio al no permitir que se cambiara el orden de colocación de
los apellidos en el nombre de su menos hijo.
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El Juez concedió el amparo y al efecto determinó que se
desincorporara el artículo impugnado de la esfera jurídica de los
quejosos, tanto en el acto actual como en los casos futuros, hasta en
tanto no se reformara la ley.
Lo anterior, denota que en el caso concreto, se restituyó de manera
integral a los quejosos aquí recurrentes, puesto que si bien, en la
especie, no puede hablarse propiamente de la aplicación del principio de
reparación integral del daño, lo cierto es la reparación concedida fue
acorde a la violación de derechos actualizada en el caso en cuestión.
Es decir, la violación acreditada en este asunto fue la prohibición
de los quejosos de elegir el orden de los apellidos de su menor hijo y la
concesión de amparo se circunscribió toralmente a reparar esa violación,
ordenando a las autoridades responsables no aplicar el artículo que
prevé dicha disposición, por lo que es inconcuso que se les restituyeron
sus derechos violados.
Máxime que, en los amparos contra leyes, la concesión no sólo
aplica para los actos impugnados, sino para los casos futuros en donde
se pretenda aplicar la norma declarada como inconstitucional.
De ahí, que la consideración del Juez de Distrito respecto a los
efectos fijados en la sentencia de amparo, se basó en un análisis
adecuado y suficiente de los matices del asunto.
Sin que sea óbice de ello, lo argumentado por los recurrentes
relativo a que las medidas de reparación debían incluir la satisfacción,
publicidad, rehabilitación, garantía de no repetición e indemnizaciones
correspondientes, puesto que, dichas medidas son previstas en la Ley
General de Víctimas, la cual, a consideración de este Alto Tribunal, no
es aplicable al caso concreto.
Es así, pues si bien esta Segunda Sala estima que el derecho
fundamental de las víctimas a ser reparadas de manera integral por los
daños cometidos en su contra, es un derecho fundamental que tiene toda
persona a que sea restablecida su dignidad intrínseca, misma que, por
su propia naturaleza, no resulta conmensurable y, por ende, negociable,
lo cierto es que ello está previsto en la Ley General de Victimas y su
aplicación se acota a ciertos requisitos, como el hecho de ser declarado
víctima de un delito o de una violación de derechos humanos; lo cual, en
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el caso no aconteció, debido a que la Litis siempre se ha tratado de la
violación formal a un derecho.
Esto es, la Litis en el presente asunto se circunscribió a evidenciar
la inconstitucionalidad de una norma general, en específico, de un
artículo del Código Familiar para el Estado de Morelos, lo que no
encuadra dentro de los supuestos de la Ley General de Víctimas para
ser considerado como un hecho victimizante y, en consecuencia, de una
calidad de víctima.
Cabe señalar que el hecho de que en el caso, no les sean
aplicables dichas medidas, no implica que no pueda repararse
íntegramente sus derechos, pues en la medida de lo posible y
atemperando dicho principio, observando la naturaleza del juicio de
amparo, se busca la restitución integral de los derechos violados a los
quejosos.
Es por lo anterior que el agravio hecho valer por los recurrentes en
torno a los alcances de la sentencia que le concedió el amparo, resulta
infundado.
Por igualdad de consideraciones, no asiste la razón a los
recurrentes en cuanto a que el artículo 77 de la Ley de Amparo es
inconstitucional e inconvencional a la luz del principio restitutio in
integrum, al restringir arbitrariamente el derecho del particular a tener
una reparación total del daño, pues los efectos de la concesión del
amparo se constriñeron a que las cosas volvieran al estado previo a la
emisión de los actos reclamados.
Ello, pues como se explicitó en el apartado anterior, las sentencias
emitidas por un Tribunal Constitucional varían acorde al proceso en el
cual se emiten, y según la violación constitucional que se advierta en el
caso en concreto. Es decir, las pretensiones de los reclamantes, la
naturaleza y objeto del proceso marcan la pauta de las consecuencias
de la sentencia emitida, ya sea la declaración de una
inconstitucionalidad, el reconocimiento de la lesión a un derecho
fundamental, y el restablecimiento del mismo.
De ahí, que el artículo 77 de la Ley de Amparo no sea
inconstitucional ni inconvencionalidad, puesto que en él, simplemente se
establecen los efectos que tendrán las sentencias de amparo, ello
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acorde a si los actos son positivos, negativos u omisivos. Sin que en
aquél se establezca una restricción a la reparación integral del daño,
debido a que las medidas conducentes, son adoptadas por los
Juzgadores de Amparo, atendiendo a las particularidades u el debido
análisis de cada caso en cuestión.
Sin que sea óbice de ello, lo alegado por los recurrentes respecto
a que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos sí aplique las
medidas de reparación previstas en el artículo 63.1, el cual es del tenor
siguiente.
“Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o
libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que
se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que
ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de
una justa indemnización a la parte lesionada.“
Lo anterior, pues como ya se estableció, la naturaleza del asunto
en concreto no involucra las medidas de reparación que pretenden los
recurrentes, ya que sólo se planteó la inconstitucionalidad de una norma
general, lo que hace correcto, que la consecuencia de la concesión de
amparo, sea desincorporar la norma de la esfera jurídica de los
justiciables, al ser además, jurídica y materialmente viable la ejecución
de tal protección.
Asimismo, en la parte que señalan que el Juez de Distrito debió
potencializar los efectos de la concesión del amparo con la finalidad de
respetar el derecho humano a una justicia completa, en el entendido que
los efectos del amparo debieron abarcar varios actos registrales que
tienen que agotarse consecutivamente de manera que no puede
iniciarse el siguiente hasta que se concluya el anterior, hasta lograr la
plena restitución del derecho violado; es infundado, dado que como se
señaló, los efectos de la sentencia de amparo fueron correctos y, de
estimar que no se cumplen a cabalidad o que aquéllos se cumplen
defectuosamente, el medio de defensa correcto es el recurso de
inconformidad; de ahí que no asista la razón a la parte recurrente.
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Finalmente, en cuanto al argumento de que el Juez de Distrito no
ejerció control de convencional ex officio, solicitado por los quejosos, a
fin de preferir lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño,
artículos 7 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto
de San José de Costa Rica”, artículos 13 y 18; y, Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
articulo 16 y, que por ende, debió declarar la inconvencionalidad del
artículo 441 del Código Familiar del Estado de Morelos porque
contradice lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales, es
infundado.
Ello, dado que la Constitución y los Tratados Internacionales de los
que el Estado mexicano es parte están en un plano de igualdad, es decir,
no existe uno por encima del otro, por lo que el eventual estudio del
control de convencionalidad no le brindaría un beneficio mayor a los
recurrentes, pues la finalidad perseguida era que se declarara la
inconstitucionalidad del artículo y, en consecuencia, se desincorporara
de la esfera jurídica de los quejosos; de ahí que si en la especie eso
aconteció, el análisis de convencionalidad deviene innecesario, ya que
no cambiaría los efectos de la concesión del amparo.
En consecuencia, al resultar infundados los razonamientos hechos
valer por los recurrentes, se confirma la sentencia recurrida y se niega el
amparo en contra del artículo 77 de la Ley de Amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia
recurrida.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos
atribuidos al Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos.
TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los
quejosos, respecto de los actos reclamados a la demás autoridades
responsables, consistente en la discusión, aprobación y expedición del
artículo 441 del Código Familiar para el Estado de Morelos, así como su
aplicación, contenida en el oficio ORC1/0737/2016, de veinticinco de julio
de dos mil dieciséis, por las consideraciones y fundamentos vertidos en
el considerando sexto de la resolución recurrida.
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CUARTO. Se concede el amparo a los quejosos, para los efectos
precisados en el último considerando de la sentencia recurrida.
QUINTO. Se niega el amparo en contra del artículo 77 de la Ley de
Amparo, en términos de lo resuelto en esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos
a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto
concluido.
En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.