una mirada psicosocial al impacto de la política pública
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Una Mirada Psicosocial Al Impacto De La Política Pública Del Plan De
Etnodesarrollo Para El Municipio De Pereira, En El Periodo 2012 A 2017
Bibiana Andrea Loaiza Arcila1
Mateo Pazos Cárdenas2
Resumen
En este artículo se establece un análisis acerca de la Política Pública “Plan de
Etnodesarrollo” para la población afrodescendiente que reside en el municipio de Pereira, la
cual se encuentra en la fase de implementación. Se realizó un análisis retrospectivo a través
de un ejercicio de investigación cualitativa acerca del impacto psicosocial que ha tenido la
Política y cómo responde a las directrices de la normatividad vigente y a las necesidades de la
población afro desde la perspectiva del etnodesarrollo. Se analizaron las acciones realizadas
por parte de la Administración Municipal y la respuesta que ha tenido la comunidad afro
frente a estas acciones y se mencionan algunos obstáculos que se identifican desde ambas
perspectivas que permiten comprender el poco avance que se ha tenido en materia de
implementación de la Política. Finalmente, se sugiere continuar la búsqueda enfocada
principalmente a la percepción que tienen las personas de la comunidad afro sobre las
acciones realizadas como parte de la implementación, hacer evaluación de impacto que
permita retroalimentar la Política Pública y hacer los ajustes que se requieren frente a la
realidad dinámica y cambiante.
1 Licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Estudiante de Especialización en Psicología Social Comunitaria y Acción Psicosocial.
2 Asesor. Antropólogo Universidad Nacional de Colombia y Magister en Estudios Latinoamericanos Universidad Nacional Autónoma de México.
2
Palabras claves: Población afrocolombiana, políticas públicas, etnodesarrollo y enfoque
psicosocial.
Abstract
In this article it is established an analysis about Public Politics “ethno development plan” for
the Afro-descendant population that resides in Pereira, which is in the implementation
phase. It was made a retrospective analysis through a qualitative investigation through an
exercise about the psychosocial impact that has had the policy and how it answers to the
guidelines of current regulations and to the needs of the Afro population from the ethno
development perspective. There were analyzed the actions taken by the Municipal
Administration and the answer that the afro community has had about them, also there are
mentioned some obstacles that are identified from both perspectives that allow to
understand the little progress that has been made in the implementation of the Policy. To
finish, it is suggested to continue the search focused mainly on the perception that people
from the afro community have about the actions developed as a part of the implementation
and to assess the impact that allows providing feedback to the Public Politics and doing the
adjustments about the changing reality.
Key words: Afro colombian community, public politics, ethno development and
psychosocial focus
3
Introducción
Hablar de la población negra en Colombia implica reconocer algunos aspectos de su historia,
sus luchas y las constantes situaciones de discriminación y de exclusión de las cuales han sido
objeto desde su llegada al continente y al país, donde Colombia tenía uno de los principales
puertos receptores de personas africanas que llegaron en condición de esclavos, durante el
periodo conocido como la colonización. Para entrever en términos generales la situación, a
continuación se describe brevemente:
La población africana colombiana o afrocolombiana corresponde a las comunidades
descendientes de las personas africanas esclavizadas por los españoles y las
comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 y 1852. Son
africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la africanidad
como un valor personal y de la sociedad colombiana.
La población afrocolombiana surgió con la expedición en 1851 de la Ley de libertad de
los esclavos, que abolió legalmente la esclavitud y la esclavización de personas en
Colombia. Los ex esclavos, los cimarrones y sus descendientes quedaron en el país
como ocupantes de hecho más no en derecho y con derechos. Quedaron ocupando el
territorio pero ilegales, por haber sido excluidos del ordenamiento jurídico republicano
y del Estado de Derecho, e ignorados en las leyes como sujetos jurídicos con derechos
étnicos y ciudadanos especiales. Siendo pobladores de hecho del territorio patrio
quedaron en un limbo jurídico, sin ciudadanía, durante 70 años y, poco a poco, según
los intereses políticos dominantes se fueron integrando al proyecto de Nación, en un
proceso espontáneo que duró desde 1852 hasta 1991, cuando por primera vez en la
historia jurídica de la República de Colombia, la Constitución Política les menciona y
reconoce como sujetos jurídicos con derecho de diferenciación positiva, con la
denominación de comunidades negras (Mosquera, 2001, párr.1-3).
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La Constitución colombiana de 1991, dio un paso en el reconocimiento y visibilización de
la población afro en el país, lo cual lleva a reconocer este momento como un hecho
histórico, sobre todo porque significó un avance importante a nivel legislativo y llevó a
replantear lo que se pensaba en términos de igualdad y equidad en lo referente a la diversidad
étnico-cultural. Hasta entonces la población negra, a pesar de representar un número
relevante con relación a la cantidad total de la población de la región y del país, no tenía
reconocimiento en el marco normativo de la época (Restrepo, 2013).
A pesar de su peso demográfico en el país, esta población no tenía un reconocimiento de las
características propias de su historia, de su cosmovisión y de su cultura, no tenían un
reconocimiento como grupo étnico diferenciado:
A principios de los años ochenta, a nadie se le ocurría, por ejemplo, que la gente que
vivía en el medio Atrato, en el Pacífico Colombiano, había que pensarla como un
“grupo étnico” con unas prácticas tradicionales de producción, con un territorio con
ejercicio de propiedad colectiva, una cultura ancestral y una identidad cultural. En ese
entonces usualmente se referían a los habitantes del medio Atrato como campesinos.
Eran campesinos y en cuanto tales se asumían que estaban necesitados, atrasados, que
había que “redimirles” con el “desarrollo” (Restrepo, 2013, p. 14).
El logro que se alcanza con la Constitución Política de 1991, es el resultado de procesos
anteriores a ella, donde las organizaciones sociales de la población negra que surgen en los
años ochenta, fueron ganando espacio en los escenarios políticos y en la lucha por la
reivindicación de sus derechos, ante constantes situaciones de discriminación, de exclusión y
de expropiación de sus tierras:
El medio Atrato fue el escenario donde, debido a la confluencia de unas condiciones
específicas…se destiló por primera vez una noción y estrategia organizativa que
constituye a las “comunidades negras” como un grupo étnico con un territorio, con
unas prácticas tradicionales de producción, y una identidad cultural especifica. Esta
noción y estrategia organizativa fue inicialmente concebida como una respuesta a la
creciente amenaza de despojo de los recursos y las tierras habitadas por estas
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poblaciones durante varias generaciones a manos de un Estado que desconocía su
presencia (Restrepo, 2013, p. 37).
Este momento histórico representó también un avance en el reconocimiento de los
grupos étnicos como sujetos de derechos (individuales y colectivos) y su inclusión en los
escenarios políticos, sociales, económicos, culturales y territoriales del país. La Constitución
se refiere al tema específicamente en su Artículo transitorio 55:
Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución,
el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el
Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras
que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el
derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.
En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada
caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así
reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley
establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de
estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.
(Constitución Politica de Colombia, 1991).
Para dar cumplimiento al artículo anterior, el Congreso de la República aprueba el 27 de
agosto de 1993 la Ley 70, cuyo objeto principal lo define en su artículo 1:
…reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como
propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los
derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de
su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades
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obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad
colombiana (Congreso de la Republica, 1993, p.1).
La Ley 70 constituye en sí misma un avance importante, si se tiene en cuenta que anterior
a ella era impensable que esta población pudiese tener lugar como sujetos políticos con
derechos territoriales y culturales especiales en el país. Posteriormente, la Ley 649 del 2001,
establece que habrá una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la
Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos
residentes en el exterior, la cual consta de cinco curules de las cuales dos las ocupan
representantes de las comunidades negras en el país (Congreso de la República, 2001).
Lo anterior se convierte en una serie de demandas para el gobierno nacional y local que
debe generar políticas públicas que respondan de manera diferenciada a las problemáticas
sociales dentro de sus territorios, considerando las condiciones y particularidades de los
sujetos individuales y colectivos como: género, pertenencia étnica, discapacidad, situación
socio-económica, cultural, religiosa, política y condiciones de vulnerabilidad, de tal manera
que se sea posible revindicar la condición de comunidades o grupos sociales que han sido
excluidos de la mirada y la acción del Estado. Para el caso local, específicamente sobre el
tema de la población afrodescendiente que reside en el municipio de Pereira, el 29 de
diciembre de 2011, es sancionado el Acuerdo N° 58 por medio del cual se adopta la Política
Pública del Plan de Etnodesarrollo para el municipio de Pereira 2012-2021, lo que revela un
atraso si se tiene en cuenta que han pasado casi veinticuatro años después de aprobada la Ley
70, y veintiséis años desde la promulgación de la Constitución Política.
Ya hace casi seis años que se aprobó el Acuerdo N° 58 que tiene como objeto: “Mejorar
la calidad de vida económica, social, política, cultural y étnica de la población
afrodescendiente que reside en el municipio de Pereira” (Consejo Municipal de Pereira,
2011), Acuerdo que busca responder a las directrices de índole nacional y a las necesidades
de este grupo poblacional en el municipio. En este documento se establece que:
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…es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Político promover su
implementación a través de la articulación con los organismos públicos y privados que
trabajan en pro del desarrollo de esta comunidad, mediante la implementación de
planes, programas y proyectos y su posterior seguimiento y evaluación… así mismo
señala que es responsabilidad de la población afrodescendiente realizar procesos de
empoderamiento en sus comunidades y a los consejeros municipales como
responsables del diseño, ejecución, seguimiento y retroalimentación de la Política.
(Consejo Municipal de Pereira , 2012)
De esta manera se busca la articulación entre la acción por parte de la Administración
Municipal, las organizaciones sociales y la población afrodescendiente, que permita la
participación dentro del proceso de diseño, formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de la Política Pública, pues cuando se trata de políticas sociales no debe ser un
asunto unidireccional sino que debe ser la respuesta a una serie de interacciones y de
necesidades de los diferentes actores sociales que estén involucrados. Se esperaría, además,
que fuera la respuesta a una tarea fundamental del Estado como garante de derechos y a la
necesidad vital de las comunidades de generar una conciencia que permita construir y
reconstruir imaginarios del colectivo social que atentan contra la integridad e identidad de las
comunidades.
Así, el gobierno local pretende dar cumplimiento a las directrices de índole nacional y al
orden legal vigente, lo que no significa necesariamente que corresponda a un verdadero
proceso de dignificación, de reconocimiento y de garantía de derechos de la comunidad afro
en el municipio. Lo anterior da lugar a revisar desde una perspectiva académica los
resultados obtenidos en esta tarea, pues no se debe olvidar el papel que juega la academia en
la construcción de una conciencia crítica de la vida social y política de una nación como la
nuestra, construida en la base de la desigualdad y las exclusiones sociales, políticas y hasta
territoriales de diferentes grupos, entre ellos la población afro.
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Esta revisión desde el punto de vista académico se hace a través del análisis del impacto
de la Política Pública para la población afro, desde su aprobación a finales del año 2011 hasta
hoy año 2017, para ello se propuso como objetivo general de este trabajo: indagar por el
impacto psicosocial que ha tenido la implementación de la Política Pública del Plan de
Etnodesarrollo en el municipio de Pereira en el periodo 2012 a 2017, tarea que estuvo
encaminada en dos líneas específicas: identificar las acciones que se han realizado desde la
Administración Municipal como parte de la implementación de esta Política Pública, e
indagar sobre las percepciones sobre el impacto psicosocial de estas acciones, con el fin de
generar un informe descriptivo que puede convertirse en un insumo que aporte a la
evaluación y ajuste de la misma.
Para una comprensión más amplia de los resultados obtenidos en el presente ejercicio de
investigación fue necesario tener algunos referentes teóricos como: concepto de política
pública, de etnodesarrollo y de impacto psicosocial, esta última como categoría emergente
Sustentación teórica y conceptual
La sociedad colombiana es tan diversa y compleja como su historia, como lo expresa
Ospina: “asomarse al país es asomarse a una región del mundo donde en todos los campos
de la realidad la diversidad es la ley” (Ospina, 2013, p. 18). Entender que esta diversidad está
presente en la cultura, en la cosmovisión de los pueblos, en la forma como nos organizamos
y construimos país, implica tener una mirada capaz de identificar aquellos sectores o
poblaciones consideradas como “minorías” y que han sido históricamente excluidas,
discriminadas y que han estado por fuera del orden constitucional y social e incluso
económico vigente hasta 1991.
A partir de ese momento histórico para el país, se da un cambio a nivel político y jurídico
que permite visibilizar diferentes sectores de la población que hasta entonces habían estado
excluidos: como la población LGBTI, indígenas y afrodescendientes; todo eso se enmarca en
un proceso mucho más amplio como el surgimiento del multiculturalismo3 y lo pluriétnico4,
3 Concepto que hace referencia a la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social.
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elementos esenciales a la hora de pensar la población colombiana considerada como el
resultado de una cultura diversa y rica en sus manifestaciones y costumbres, de diferentes
orígenes y expresiones.
Ya han pasado 26 años desde la promulgación de la constitución y aún siguen existiendo
dificultades en la materialización de derechos y se siguen reproduciendo lógicas de
segregación, exclusión, marginación. Es pues tarea del gobierno a nivel nacional y local,
generar políticas públicas diferenciadas que permitan responder a estas demandas y
necesidades de la población, y permitir crear lazos de interlocución entre las
administraciones, las comunidades y las organizaciones sociales, de tal manera que se puedan
repensar las dinámicas de relación y de poder entre estos actores y se produzcan dinámicas
menos discriminatorias y más incluyentes, es decir, que se den posibilidades a las población
históricamente marginadas y excluidas, de participar en la vida social, económica, cultural y
política, disfrutando de bienestar a partir de sus concepciones de vida. Así mismo es
responsabilidad de los profesionales en el campo social asumir una posición crítica frente a
estos procesos, lo que implica entre otras cosas el análisis desde una perspectiva académica
que permita ampliar la comprensión de situaciones, para que se puedan generar nuevas y más
profundas reflexiones que sean inspiradoras y que puedan aportar a la trasformación social.
Para entender hacia dónde los gobiernos deben enfocar sus esfuerzos cuando se trata de
formular e implementar políticas públicas, es necesario tener un acercamiento al concepto y
comprender cómo éste se ha ido consolidando históricamente. Partiendo de la premisa de
que existen gran cantidad de definiciones de política pública, algunas les dan mayor énfasis a
los procedimientos, otras a las acciones integradas y sistemáticas, otras las designan como
aquellas acciones alrededor de objetivos comunes, interpretaciones de la realidad que
dependen del autor y del sector social y político, desde donde son pensadas. Sin embargo, al
realizar una revisión de estas definiciones se encuentra que existen algunos aspectos
4 Se reconoce como parte de la identidad nacional las características y expresiones culturales, sociales y organizativas de diferentes etnias.
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comunes tales como el papel del Estado, es decir, que es una actividad esencialmente
gubernamental, que surgen y pretenden dar respuesta a demandas sociales, y que existe una
estrecha relación entre la política y el hacer política pública, que ayuda o desfavorece el noble
principio y el ejercicio fundamental de lo político:
En la medida en que, en la práctica, casi siempre hay una preocupación por parte de los
policy-markers por recibir los méritos o créditos asociados con las iniciativas de impacto
público, así aseguran un ascenso en la carrera política futura o en la historia política del
país (Ordoñes, 2013, p. 28).
En el presente trabajo de investigación se ha tomado como referencia el concepto de
política pública que desarrolla Ordoñez en su libro “Manual de análisis y diseño de política
pública”, cuya definición considera un aspecto nuevo con relación a las anteriormente
mencionadas, y es el papel que juega el Conocimiento y el ejercicio analítico que debe
acompañar todo el proceso de la política pública. Para Ordoñez la política pública es:
El conjunto de acciones implementadas en el marco de planes y programas
gubernamentales diseñados por ejercicios analíticos de algún grado de formalidad, en
donde el Conocimiento, aunado a la voluntad política y los recursos disponibles
viabilizan el logro de objetivos sociales (Ordoñes, 2013, p. 31)5.
La misma complejidad de los problemas sociales actuales demanda una forma científica
de desarrollar las políticas, cuyas explicaciones y argumentos, así como las formas de
intervención estén basadas en el conocimiento, lo que conlleva a tomar una posición crítica y
a realizar diferentes lecturas de la realidad. Así mismo, se esperaría que, las formas de
intervención visibilicen no solo desde el discurso de la reivindicación y la garantía de
derechos, sino que obedezcan a propósitos comprometidos con la trasformación de las
condiciones de vida de las comunidades.
5Donde lo social incluye aspectos culturales, étnicos, políticos, económicos, ambientales…
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Ha sido necesario clasificar las políticas públicas según el problema social al que pretende
dar solución, no sólo para su comprensión desde un punto de vista operativo sino porque
requieren de enfoques y sustentos teóricos y metodológicos que le den fuerza, que traspase
la formulación del documento de una política pública, y procure dar verdaderas soluciones a
los problemas sociales, dentro de las cuales las comunidades o los grupos sociales a los
cuales va enfocadas tengan un lugar como sujetos de derechos y como agentes generadores
de cambio, por tanto sea posible construir una sociedad más justa y equitativa.
Se pueden mencionar políticas públicas sectoriales y políticas públicas sociales, entendiendo
que estas ubican al ser humano como su núcleo, incorporando sus necesidades y su voz en
todos los sectores. Dentro de las políticas sociales están las enfocadas a grupos etarios,
grupos por condición y grupos étnicos, entre otras. La política que fue objeto de estudio de
la presente investigación, está dentro del segundo grupo mencionado, como una política para
un grupo étnico, entendiendo como grupo étnico:
Una comunidad determinada por la existencia de ancestros y una historia en común.
Se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales
consolidadas y rasgos culturales como la lengua, la gastronomía, la música, la danza y
la espiritualidad entre otros elementos. Los integrantes de un grupo étnico son
conscientes de pertenecer a él, comparten entre ellos una carga simbólica y una
profundidad histórica (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2017, párr.1).
Urge la necesidad de pensar y formular estas políticas públicas con enfoque diferencial, es
decir, que partan del reconocimiento y la valoración de la diferencia, que reconozca las
autoridades tradicionales, a las formas de organizativas propias, las condiciones de vida y
formas de ver el mundo. Políticas que contribuyan a disminuir o eliminar todas las formas de
segregación y discriminación y por el contrario doten de sentido las prácticas sociales a través
de las cuales se puedan visibilizar los grupos humanos que por mucho tiempo han estado en
condiciones de vulnerabilidad y de exclusión.
También existen diferentes tipos de análisis de política pública, desarrollados por varios
autores, que distinguen el momento en que se realiza, hacia donde está direccionado el
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análisis y el objetivo del producto final. Entre los tipos de análisis se puede mencionar:
análisis retrospectivo y prospectivo, análisis descriptivos y análisis normativo, análisis
instrumental y análisis científico-académico, cada tipo de análisis tiene características que lo
distinguen de los otros, sin embargo en la práctica pueden ser complementarios. Para el
objetivo del presente ejercicio de investigación se tomó como referente el análisis
retrospectivo, que se define como:
Un método ex - post que se ocupa de la trasformación y producción de la información
después de que la política es aplicada, está orientado a aumentar la comprensión y tiene
como objetivo describir y explicar las causas y consecuencias de las políticas o
problemas (Ordoñes, 2013, p. 67).
Se escoge este modelo de análisis, por el enfoque mismo del trabajo y porque se
considera una herramienta que permite analizar desde las acciones realizadas y desde las
percepciones de los actores sociales involucrados con la Política Pública afro, el impacto
psicosocial en la primera parte de la etapa de implementación.
El etnodesarrollo en la Política Pública para la población afro en el municipio de
Pereira.
Uno de los elementos centrales de la Política Pública para la población afro en el municipio
es el etnodesarrollo, por lo que se requiere analizar el surgimiento del concepto y
comprender cómo logra articularse en esta Política. Según un documento preparado por la
División de Desarrollo Social de la CEPAL, del año 1995, que titula “El etnodesarrollo de
cara al siglo veintiuno”, señala que para la década de los años sesenta surgió en América
Latina una corriente de pensamiento que abordaba el desarrollo de los pueblos indígenas,
como algo más que el mejoramiento del nivel material de vida. El documento señala también
la importancia del fortalecimiento de los elementos de la cultura propia, el valor de la
identidad como pueblo, la centralidad de la recuperación de la tierra y el territorio y la
autogestión de los pueblos, elementos que se traducen en un desarrollo propio.
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Se entiende pues por etnodesarrollo:
El ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando
para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales
de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y
aspiraciones (Bonfil, 1995, p. 467).
Si bien una apuesta por el etnodesarrollo implica tener en cuenta aspectos como el
reconocimiento de la capacidad de autonomía, autogestión, de la historia y de la cultura de
los pueblos, también es necesario no perder de vista factores externos que posibiliten o
limiten estas capacidades, y tal vez es a esos factores a los que el autor Bonfil (1995), señala
como el cumplimiento de un cierto número de condiciones o requisitos de diversa índole: de
orden jurídico, político y de organización social, lo que se traduce en generar las condiciones
que favorezcan la capacidad de decisión de los pueblos. Es decir, tener en cuenta tanto
factores internos como externos de las comunidades.
Los elementos anteriormente mencionados son relevantes, en la medida en que se debe
tener en cuenta que muchos de los grupos sociales y étnicos, ya no están ligados a un espacio
geográfico específico, que para el caso local por ejemplo muchos de ellos hacen parte de un
proceso de migración interna del país, que está asociada a factores económicos, sociales y
políticos como es el caso del conflicto armado, (situaciones que pone en condiciones de
vulnerabilidad y de riesgo a quienes han vivido este flagelo y han llegado a la ciudad en
condiciones de desplazados o en busca de mejores oportunidades de vida). La ubicación de
la población afro en el municipio no obedece a procesos de planificación de la distribución
de la población, sino que se puede observar que esta población en su gran mayoría se ubica
en zonas marginales de la ciudad. Estas situaciones exigen una respuesta de la administración
y por tanto tener en cuenta las particularidades a la hora de pensar políticas públicas o
proyectos desde etnodesarrollo, en la medida en que:
Cualquier proyecto de etnodesarrollo consistirá en una ampliación y consolidación de
los ámbitos de la cultura propia, es decir, en el incremento de la capacidad de decisión
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del propio grupo social, tanto sobre sus recursos como sobre recursos ajenos de los
que pueda apropiarse (Bonfil, 1995, p. 470).
En este sentido una Política Publica denominada Plan de Etondesarrollo inspirada en esta
propuesta, debería generar verdaderos procesos de reconocimiento y empoderamiento de la
comunidad afro en el municipio.
Impacto psicosocial
Las problemáticas sociales actuales demandan nuevas formas de entenderlas, por esta razón
las distintas disciplinas han planteado metodologías, técnicas y actividades para abordarlas,
sin embargo se han quedado cortas en la medida en que en la realidad estas problemáticas
son tan complejas que requieren de un diálogo entre ellas, que permitan desde una mirada
holística dar soluciones y procurar la trasformación de las condiciones de vida de las
poblaciones, es aquí donde tiene lugar hablar de una categoría como lo psicosocial que
propone una mirada crítica, reflexiva, dialógica e integral, para comprender y abordar lo
humano, en este sentido:
Esta categoría es alimentada por teorías y experiencias como la psicología, la sociología,
la antropología, la pedagogía social y las ciencias políticas con el fin de generar
procesos de desarrollo humano más integrales y eficaces (Moreno y Bohórquez, 2015,
p.63).
Cada vez con mayor frecuencia se incorpora esta perspectiva en las políticas públicas, lo
que pone frente a un gran reto a la institucionalidad y los profesionales que tienen la
responsabilidad de materializarlas, en la medida en que las políticas públicas son concebidas
como medidas generalizadas que toma el Estado para dar solución a los problemas sociales,
y bajo la perspectiva psicosocial no solo se está definiendo formas de intervención sino un
posicionamiento político, epistemológico y metodológico que necesariamente requiere de
una mirada de lo subjetivo y lo particular, donde lo humano tome un sentido integral y
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sistémico y no fragmentado o generalizado como ha sido entendido y abordado durante
mucho tiempo, implica un cambio de perspectiva donde tengan lugar nuevas formas de
comprender y de abordar la realidad. Necesariamente implica una mirada desde las
comunidades, desde el potencial de cada grupo social para agenciar sus posibilidades y desde
la institucionalidad para dar soluciones integrales a las demandas sociales.
Lo psicosocial procura no solo la reivindicación de los derechos de las comunidades,
inscritos en la paradoja de la dignidad humana, bajo el principio de igualdad, sino la
reivindicación, el reconocimiento y valoración de la diferencia, es decir, recrear, re significar
y nutrir aún más, desde una plena conciencia de las necesidades actuales, el paradigma de la
igualdad, y pensar en términos de equidad, donde no todos los seres humanos tenemos las
mismas necesidades, sino que de acuerdo a una serie de factores culturales, como la
cosmovisión y las creencias, históricos y/o geográficos, tenemos necesidades particulares.
Cada vez estas perspectivas toman fuerza debido a las demandas del mundo actual por el
surgimiento de nuevos discursos y por la conciencia social que se ha venido dando frente a
temas que históricamente habían estado por fuera del debate político, ético y académico.
La perspectiva psicosocial se enfoca en acciones que contribuyan y den respuesta a dicha
reivindicación, donde prime la aceptación de la diferencia, no solo para quienes tienen
conciencia de esta fragmentación sino para quienes no advierten lo agudo de la problemática,
originando la necesidad de un camino de objetivos pedagógicos formales y no-formales,
como también la inclusión de espacios de movilización ciudadana y que en la praxis se
permita el surgimiento de identidades únicas de los grupos sociales.
Pensar lo psicosocial implica concebir la comunidad como un espacio simbólico y
físico con significación para quienes lo habitan, donde se interrelacionan como sujetos
de manera informal y se evidencias construcciones de sentido, subjetividades,
relaciones sociales y micropoderes. Esta perspectiva le da plena importancia al sujeto y
a su contexto social y ecológico, pues este le da forma (y viceversa). Sin embargo,
también se comprende que el sujeto construye en ese contexto identidades, autonomía
y singularidades (Moreno y Bohórquez, 2015, p.63).
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Urge pues la necesidad de tener la mirada abierta para reconocer en el proceso de
implementación de las políticas públicas acciones que puedan ser comprendidas desde esta
perspectiva, que den un nuevo significado a este proceso y que puedan comprender el papel
que juegan los actores sociales en la materialización de las Políticas Públicas.
Relato metodológico
El presente ejercicio de investigación es de carácter cualitativo, intenta explicar e interpretar
los fenómenos en su contexto valorando la subjetividad de los actores y analizando
situaciones y fenómenos sociales entendiendo que estos son susceptibles al cambio. Se parte
de la premisa de que la investigación es un ejercicio de generación de conocimiento, el cual
es construido en conjunto por los actores y pretende aportar a mejorar los niveles de
comprensión de la realidad y de las condiciones de vida de las personas, en este caso
pretende aportan elementos que puedan constituirse como referentes para realizar
seguimiento y evaluación a la Política Pública para la población afro en el municipio de
Pereira.
Tiene un carácter descriptivo pues puntualiza sobre algunos de los datos dados por la
recolección de los mismos, como elementos esenciales de la investigación; ya sea siguiendo la
información obtenida en las entrevistas o a partir del rastreo documental. Como
instrumentos de recolección de información se utilizaron la entrevista semi-estructurada que
se define como una interacción limitada y especializada, conducida con un fin específico y
centrado sobre un tema particular. Las entrevistas semi estructuradas se aplicaron a
diferentes actores tanto de la Administración Municipal de Pereira, como a representantes o
líderes sociales que han estado involucrados directa e indirectamente con las acciones de la
implementación de la política, bien sea por ser representantes de la comunidad afro que
reside en el municipio o porque por su ejercicio político han estado relacionados con el tema
de las organizaciones sociales, con el propósito de indagar acerca de las acciones
emprendidas en el marco de la implementación de la Política Publica de Etnodesarrollo, y lo
que se puede considerar como impacto de estas acciones en la comunidad afro.
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También se realizó una revisión de documentos oficiales proporcionados por la
Administración Municipal sobre el diseño, implementación y seguimiento a la PP: Acuerdo
número 24 de 2009, por medio del cual se crea el Consejo Municipal para asuntos y Políticas
Públicas de las comunidades afrodescendientes en el municipio de Pereira; órgano que
según el documento, sirve de canal de comunicación y de consulta entre la comunidad afro
de base y la Administración Municipal; Acuerdo número 58 de 2011, por medio del cual se
adopta la Política Pública para el plan de Etnodesarrollo en el municipio de Pereira 2012-
2021; el Acuerdo 16 de 2013, por medio del cual se modifica el art. 4 y el parágrafo 2 del
Acuerdo número 24, donde se establece la conformación de Consejo Municipal para
Asuntos de Políticas Públicas de comunidades afrodescendietes en el municipio de Pereira y
en el mismo Acuerdo se establece que representantes de las organizaciones de
afrodescendientes serán elegidos para un período de cuatro años, y podrán ser reelegidos.
Otros documentos que fueron revisados: presentación en diapositivas de la articulación
de la Política Pública al Plan de Desarrollo de la actual Administración para el periodo 2016-
2019; documento de exposición de motivos que sustentó en su momento la importancia de
la aprobación de la Política Pública para la población afro en el municipio, y el documento
oficial con la Política Publica Plan de Etnodesarrollo de la población afrodescendiente que
reside en el municipio de Pereira.
Para analizar la información se focalizó la búsqueda en las siguientes categorías, acciones
realizadas por la Administración Municipal, obstáculos en la implementación Política Publica
Plan de Etnodesarrollo, respuesta de la comunidad afro y percepción sobre el impacto,
identificando aspectos que permitieran dar respuesta a la pregunta y los objetivos de
investigación. Posteriormente se analizaron y ordenaron los resultados obtenidos, los cuales
se socializan más adelante.
Vale la pena aclarar que, inicialmente la rigurosidad de la búsqueda pretendía ser más
profunda, de tal manera que el ejercicio analítico pudiera visualizar muchos otros aspectos
sobre el impacto de la implementación de la Política, sobre todo desde la visión y la
respuesta de las comunidades (percepción de las personas que estén o no vinculadas a
organizaciones sociales). Sin embargo, este deseo inicial se vio obstaculizado por el corto
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tiempo del que se dispuso para realizar la investigación; a pesar de esto, el presente informe
es el resultado de una búsqueda juiciosa y comprometida de quien realiza la investigación y
de la disposición y colaboración de quienes aportaron la información.
Resultados de la reconstrucción analítica
La fase de implementación de Política Pública del Plan de Etnodesarrollo para el municipio
de Pereira comprende el periodo 2012 a 2021, y para el presente ejercicio de análisis
retrospectivo se tuvo en cuenta el periodo comprendido entre al año 2012 y el año 2017. A
continuación se presentan los hallazgos de investigación, divididos en dos apartados: uno
correspondiente a las acciones realizadas por la Alcaldía municipal de Pereira en el marco de
la implementación de la Política Pública y otro relacionado con las percepciones de las
comunidades afro del municipio respecto a estas acciones y frente a la Política Pública
misma.
Acciones realizadas por la Administración Municipal en el marco de la
implementación de la PP para la población afro
Dentro de los hallazgos a mencionar se encuentran los siguientes: la Política Pública para la
población afrodescendiente igual que otras diez políticas aprobadas por el Consejo Municipal
por medio de Acuerdo a finales del año 2011, constituyen la respuesta a una serie de
demandas y necesidades de grupos sociales específicos que cohabitan en el municipio, como
son: Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia, Discapacidad, población afro, entre otras.
Para el caso de la Política que fue objeto de análisis del presente ejercicio de investigación,
es importante mencionar que se constituye en una respuesta a las demandas de orden
internacional donde el Fondo de Población de las Naciones Unidas establece que la
población afrodecenciente en el caso de Latinoamérica al igual que otros grupos sociales
como los indígenas, se ubican en condición de rezago y comprenden uno de los segmentos
más pobres del continente, así mismo establece que es necesario que los Estados creen
19
políticas públicas para la inclusión social de esta población, como una estrategia para
disminuir la brecha social y procurar el desarrollo humano6 en la medida que a través de
estas políticas se aumente las posibilidades de participar en asuntos de la vida colectiva,
disfrutar de los recursos para tener una vida digna, tener acceso al conocimiento y procurar
una vida sana y duradera. También es la respuesta al marco legal de orden nacional vigente y
a las demandas de la población afrodescenciente que tiene sus orígenes en la ciudad o que
han llegado en busca de mejores oportunidades de vida o en condición de desplazados a
causa de la agudización del conflicto armado durante los años 90 y en los primeros años del
presente siglo, periodo de tiempo en el que se dio una fuerte movilización de la población
desde el Pacifico colombiano (región habitada mayoritariamente por población afro y que ha
sido fuertemente afectada por este flagelo) hacia el interior. Además cabe resaltar que la
población afro representa un número significativo con respecto a la población total del
municipio, lo que implica necesariamente que las Administraciones Municipales generen
acciones de respuesta a las demandas de esta población y sean tenidas en cuenta en planes,
programas y proyectos.
Un primer aspecto a mencionar es que en el documento final de la Política Pública
(2011), se logra evidenciar elementos del etnodesarrollo, en el componente que los autores
han llamado Principios Fundamentales, los cuales se mencionan a continuación:
El reconocimiento del carácter étnico cultural de la población, de manera que ello
contribuya al fortalecimiento de la identidad, el autoreconocimiento y la interculturalidad,
como posibilidad de reconocer al otro interactuar y convivir en igualdad de condiciones;
La equidad como medida para buscar igualdad de condiciones, de oportunidades, de
distribución de los recursos, de acceso a los servicios y espacios de participación con
criterios de justicia; La aplicación de medidas de acciones afirmativas, como
mecanismos para superar las desigualdades y la exclusión. La afirmación del derecho a
la diferencia, el respeto mutuo, la solidaridad, convivencia y las particularidades internas
de los diferentes grupos. El derecho a decidir libremente su futuro y a participar en los
6 Entendiendo por Desarrollo Humano el aumento en la cantidad de posibilidades, opciones u oportunidades dentro de las cuales un ser humano puede escoger para vivir, de acuerdo a sus intereses, necesidades, sistema de valores y deseos por buena razón, que le permiten una vida digna.
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procesos de planificación y de decisiones que afecte a esta población. La sostenibilidad
de los procesos de etnodesarrollo que se adelanten en los territorios y asentamientos de
sus poblaciones, de manera que se garantice su continuidad y permanencia superando
periodos de gobierno (Política pública. 2011, Art. 5).
Lo anterior permite ver que, por lo menos desde los referentes que permitieron poner en
la agenda publica el tema y las necesidades de la población afro, están articulados o fueron
concebidos desde la perspectiva del etnodesarrollo como sustento teórico y desde la
perspectiva psicosocial en la medida que se establecen formas de intervención que se
enfocan en trabajar desde el fortalecimiento de la comunidad y se piensan como procesos
sostenibles.
Dentro de las acciones realizadas por la Administración Municipal se puede mencionar lo
siguiente que aporta un funcionario público en la entrevista:
J.C7: “La Política Pública contempla 64 acciones que se deben desarrollar para su
cumplimiento, desde el observatorio de Políticas Públicas del Municipio de Pereira se
viene realizando anualmente el informe de seguimiento de estas acciones”.
El informe al que hace mención el funcionario lo realiza la oficina de Planeación
Municipal para el año 2015, y fue publicado en el año 2016, en este momento aún no se a
hecho oficial el informe correspondiente al año 2016.
El Informe publicado en el año 2016, denominado “informe de seguimiento año 2015
plan de etnodesarrollo”, (el informe se presenta con relación a las acciones del año anterior)
por parte del Observatorio de Políticas Públicas y la Secretaría de Planeación Municipal, en
el cual se hace seguimiento a las acciones realizadas durante los cuatro años posteriores a su
aprobación (2012-2015). En este documento se señala el avance que se ha tenido al año 2015
en los siguientes componentes de la política: vivienda, salud, educación, cultura, deporte y
recreación, participación en derechos humanos y empleo. En el informe se señala
7 J.C. Funcionario público que ha estado vinculado a las acciones de seguimiento a la PP afro en el municipio por el periodo comprendido entre el 2012 a 2017.
21
indicadores, logro de metas, avances de las metas, inversión y número de beneficiados. Esta
información se desglosa en porcentajes para cada componente y como se menciona en él,
existe una tendencia o comportamiento creciente en cuanto al logro de metas por año, sin
embargo señala que hay acciones que no se han llevado a cabo y que requiere de focalizar
esfuerzos para el cumplimiento de las metas.
En este seguimiento se puede observar que no todas las acciones de la política pública se
desarrollan dado a su ineficiencia financiera o acciones que están por fuera de la
Administración Municipal, lo que obliga en los próximos años a focalizar sus esfuerzos para
la atención de la población afrodescendiente, (Cardona, 2015).
En este orden de ideas, es importante mencionar que desde la Administración no se ha
realizado una evaluación de impacto de esta política, que permita comprender como las
acciones implementadas han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población.
El informe hace referencia a cifras que permiten medir los indicadores, es un informe de tipo
cuantitativo, y sin desconocer la importancia de estos datos, una evaluación de impacto
expresada en términos cualitativos y descriptivos permitiría identificar vacíos y realizar
ajustes, como está estipulado en el Acuerdo N° 58, donde señala que el seguimiento y ajuste
al plan de acción de la PP, es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Político,
la comunidad y los representantes de las organizaciones sociales. En este sentido también se
encontró que existen organizaciones sociales que hacen presencia y realizan veeduría, sin
embargo existe una tendencia a que estas organizaciones pongan por encima intereses
particulares y olviden su posicionamiento critico frente a las acciones por parte de la
Administración. Valdría la pena enfocar la búsqueda en identificar acciones de respuesta por
parte de organizaciones no gubernamentales, y que según el informe están por fuera de la
capacidad y competencia de la Administración (Morales, 2015).
La evaluación permitiría además identificar acciones que pueden ser replanteadas,
ajustadas, fusionadas o eliminadas, esto si se tiene en cuenta el tiempo trascurrido desde la
aprobación de la Política hasta hoy, cuando ya han trascurrido casi siete años.
Otro factor importante que se debe tener en cuenta es que dentro del informe se establece
que hay acciones que no se han realizado porque están por fuera de la Administración
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Municipal o por la falta de presupuesto, y en este sentido al realizar la búsqueda se encontró
que tanto esta como otras Políticas Públicas, no tienen recursos propios y dependen de las
acciones realizadas por diferentes secretarías, lo que limita la capacidad que tienen los
funcionarios para dar cumplimiento a las acciones y por lo tanto no se evidencia un avance y
un seguimiento a los procesos en las comunidades. Ante la pregunta por los retos y
dificultades que se han encontrado en la implementación de la Política, algunas de las
personas entrevistadas, mencionan lo siguiente:
A.P8: “…lograr que los Directivos y Profesionales de la Alcaldía de Pereira se adapten a
los procesos de planificación e implementación de las políticas públicas, puesto que la
política pública de afros no cuenta con un rubro presupuestal propio, y debe de ejecutarse
por medio del plan de acción del Plan de Desarrollo vigente, queda a disposición de cada
directivo si desarrolla o no las acciones de Política Pública”.
J.C: “…En la actual administración si bien se tomó como referentes las políticas públicas
para la construcción del plan de desarrollo “Pereira Capital del Eje” las metas quedaron
de forma global y más estratégicas metas de Impacto, Resultado y producto, por lo que las
metas de Políticas Pública en especial la de Afros quedaron a disposición de que los
secretarios y directores las incorporaran en sus planes de acción y no en la parte
estratégica…”
Lo que es inmensamente preocupante en la medida que desde este punto de vista las
acciones en el marco de la implementación de la política están quedando en deuda con los
componentes de distribución, protección y justicia social, elementos de este tipo de políticas
sociales, lo que es claramente función y responsabilidad del Estado.
Otro aspecto que está directamente relacionado con las acciones por parte de la
Administración, es cambio constante de personal de base encargado de ejecutar estas
acciones, pues la mayoría de los funcionarios que están involucrados con los procesos no
alcanzan durante el tiempo de servicio a apropiarse de los temas que competen a esta
8 A.P. Representante de las organizaciones sociales afro en la ciudad de Pereira, que ha estado vinculado a las acciones de formulación, implementación y seguimiento. Aporta una visión crítica a los procesos.
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política, por mencionar algunos conceptos equidad, enfoque diferencial, etnicidad, entre
otros.
A.P: “En el imaginario de esta gente el enfoque diferencial en el tema de PP, lo
consideran como un tema de profunda injusticia, de profundo maltrato de unas
comunidades sobre ellas mayoritarias y de un buen trato a unas comunidades de alguna
manera minoritarias pero que ellos deberían resolver el tema en la medida que deberían
tratar a todos por igual, es decir, ellos siguen instalados en el principio de igualdad mas no
de equidad, no han comprendido el principio de equidad”.
Se encontró también que en la Administración no hay una dependencia que se ocupe
directamente de movilizar las acciones y los intereses que comprometen la política, pues
estas son responsabilidad de las diferentes secretarías, según sus competencias a pesar que en
el Acuerdo número 58, establece como se mencionó anteriormente que es responsabilidad
de la Secretaria de Desarrollo Social y Político promover su implementación a través de la
articulación con los organismos públicos y privados que trabajan en pro del desarrollo de
esta comunidad. Lo que se convierte en otro obstáculo a la hora de hablar de un verdadero
impacto que trasforme las condiciones de vida de esta población en el municipio.
Percepciones de la comunidad afro frente al impacto de las acciones en el marco
de la implementación de la Política.
La población entrevistada coincidió en reconocer como un avance significativo el hecho de
tener una Política Publica como una entidad jurídica, en la que se visibilice gran parte de las
necesidades que tienen como grupo étnico, además se considera que este es el resultado de la
lucha que han emprendido organizaciones sociales de población afro a nivel del
departamento y del municipio por la reivindicación de sus derechos, más que un interés
profundo de las administraciones por dar respuesta a las problemáticas sociales y económicas
que enfrenta esta población en el municipio. Lo anterior es muy significativo en la medida
que el Estado debería ser principal garante de derechos, y las organizaciones sociales como
24
resultado de una sociedad civil organizada, deberían procurar esta garantía además de
reconocer los logros que pueden alcanzar en términos de trasformación sociales en la medida
en que representan las expresiones más cercanas de la realidad (interés y necesidades) de las
comunidades.
Para D9: “Las comunidades afrocolombianas vienen de largos procesos de reivindicación
de derechos ante situaciones relacionadas con marginación, discriminación
fundamentalmente, y la mejor manera de superar esas y otras, que serían innumerables, es
desde las organizaciones de base de las comunidades, no tanto desde la esfera política sino
desde la participación de las comunidades en la esfera de lo público, en este sentido se
destaca que son muchas las organizaciones del municipio en particular, las cuales desde
diferentes enfoques vienen adelantando actividades de diverso orden en beneficio de las
comunidades, algunas de ellas se han caracterizado porque su actividad se ha concentrado
fundamentalmente en materia de PP”.
Otro avance en términos de implementación está relacionado con la etnoeducación pues
se ha establecido un vínculo directo con la Universidad Tecnológica de Pereira, donde
algunos jóvenes afro tienen cupos especiales y la universidad ofrece ciertas garantías de
permanencia durante el periodo de estudio, sin embargo existe una preocupación por parte
de algunos actores de la comunidad afro frente al tipo de saberes que reciben los jóvenes en
su proceso de formación que son producto de una mentalidad eurocéntrica que ha
acompañado la construcción de la nación colombiana, conocimientos que en la mayoría de
los casos distan de sus propios saberes ancestrales. Además existe una tendencia a que los
profesionales afro pocas veces regresan a sus comunidades a devolver o poner en práctica
los conocimientos adquiridos, esto debido a que van experimentando un proceso de
aculturación o de blanqueamiento como ellos lo llaman, asimismo señalan que las
herramientas que reciben en el escenario educativo poco se relacionan con las necesidades
propias de sus comunidades.
9 D. Persona afro, ex contratista que estuvo vinculado por uno periodo de tiempo a la coordinación del programa afro en la Alcaldía.
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Se considera que otro avance, está relacionado con la implementación de la cátedra
afrocolombiana:
Para D: “Digamos que el municipio de Pereira es un municipio a nivel nacional pionero
en este aspecto en la implementación en la cátedra afrocolombiana, esta cátedra no es una
cátedra dirigida de afros para afros, es una cátedra que es trasversal, abierta al público que
cualquier persona la puede ver y no tiene un enfoque desde una perspectiva de afros para
afros, sino más bien de interculturalidad, donde se pretende tener un espacio académico y
de reflexión en torno a los temas culturales, a la identidad, a la historia y los antecedentes
étnicos”.
En este sentido los escenarios educativos son espacios privilegiados para promover otros
discursos y prácticas que vayan en contravía de las tradicionalmente basadas en la exclusión y
discriminación de la población afro, lectura desde la perspectiva psicosocial que procura
cambios de mentalidad en los que sea posible replantear formas de relación y de ejercicio del
poder que se han legitimado y aceptado históricamente desde la exclusión y la
discriminación. Por esta razón los logros en la implementación de la cátedra afrocolombiana
y de la etnoeducación, son valorados como espacios donde se pueden gestar procesos
psicosociales en la medida que permiten cuestionar las practicas naturalizadas y
tradicionalmente aceptadas como válidas, y procura cambios en las formas de relación
basadas en el respeto por la diferencia.
La percepción frente a la implementación también está relacionada con lo que las
personas entrevistadas señalan como obstáculos, que han impedido avanzar en esta tarea y
evidenciar un verdadero impacto, donde las acciones realizadas superen el afán de dar
cumplimiento a la ley y a la normatividad vigente y den lugar a verdaderos procesos de
etnodesarrollo, como se establece en el documento final de la Política. Por mencionar los
obstáculos más nombrados: la poca apropiación que tienen los funcionarios que son
responsables de liderar las acciones desde un enfoque diferencial, esto es relevante si se tiene
en cuenta que las Políticas Públicas son consideradas un camino a la trasformación social, y
para el caso de la PP afro se establece como objetivo general trasformar de las condiciones
26
de vida de la población afro en el municipio, y son precisamente los profesionales los
encargados de acompañar este proceso y por tanto son responsables de implementar las
acciones encamadas a la consecución de este objetivo, sin embargo lo que revela la
información es que las acciones que se realizan en muchas ocasiones están desarticuladas y
distan mucho de generar un verdadero proceso de trasformación, más bien van encaminadas
a dar cumplimiento o a responder a requerimientos de índole nacional. Lo que se esperaría es
que desde una perspectiva psicosocial, que guíe el quehacer de los profesionales permitiera
desde la subjetividad de las comunidades generar procesos de empoderamiento y estimularel
surgimiento de las fuerzas sociales subjetivas para que esto ocurra, sin embargo es difícil en
la medida en que la dinámica de contratación y de asignación de responsabilidades al interior
de la Administración presenta esas particularidades.
Para D: “…no se trata de exigencias de preferencias o de un trato especial, se trata de que
las acciones en materia de PP como cualquier acción de PP de una administración
responda a las necesidades específicas, a la cosmovisión, al territorio a la idiosincrasia de la
comunidad”.
Al tener funcionarios que en gran medida carecen de la comprensión de aquellos
referentes teóricos que fueron inspiradores de la Política y que en su momento permitieron
soñar con unas mejores condiciones de vida económicas, sociales y políticas para la
población afro en el municipio de Pereira, la implementación se queda en acciones aisladas y
en la organización de eventos como la celebración en el mes de mayo en el marco del día de
la afrocolombianidad.
En palabras de D: “…especialmente el 21 de mayo que se conmemora el día de
afrocolombianidad, aunque se denomina el mes de la herencia africana, ahí tenemos
muchas manifestaciones culturales, en materia de danza, baile, canto, incluso se hace
tradicionalmente una misa africana, con un ritual que tiene de los elementos africanos”.
Otros obstáculos tienen que ver con la cantidad de trámites al interior de la
Administración, relacionados con la contratación de profesionales, la aprobación de
27
presupuesto, y el ajuste del plan de acción de la Política a los Planes de Desarrollo, además
de que no existe una dependencia dentro de la Administración que movilice las acciones
propias de esta Política, (necesidad que ha sido planteada por parte de la comunidad) como
se mencionó anteriormente estas acciones dependen de los planes de acción y de las
competencias de las secretarias de despacho.
Por otro lado el poco avance en la implementación de la PP, se relaciona con el papel que
juegan las organizaciones sociales y la comunidad afro en general, pues se considera que al
no estar lo suficientemente articuladas, no responden a la naturaleza de las PP que
inicialmente logro llevarla a la agenda pública, en este sentido la Política que debe ser el
resultado de ejercicios ciudadanos y comunitarios, lo que está revelando es la poca fortaleza
de las organizaciones, y que no han correspondido a procesos de empoderamiento y
autonomía propios de modelos como el etnodesarrollo y que se procurarían desde una
perspectiva psicosocial.
Conclusiones y recomendaciones
Según lo planteado a lo largo de este estudio se puede afirmar que existe una Política Pública
para la población afrodescendiente del municipio de Pereira, lo cual se considera un avance
significativo en la búsqueda de la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de esta
población. Sin embargo, este referente legal y jurídico dista mucho de lo que se puede
considerar como procesos de impacto que evidencien un cambio significativo en el
mejoramiento de las condiciones de vida, tanto para la persona como sujeto en relación a su
entorno con un contexto determinado, como para la población en general.
También, desde el documento existe un direccionamiento y una adhesión al
etnodesarrollo; desde su argumento teórico se identifican grandes necesidades con principios
sólidos que urgen una mano, desde el punto de vista ejecutivo, que dé cumplimiento, por lo
menos a tratar de articular o encaminar su ejecución, pues en la mayoría de los casos no
hacen parte de los planes de acción de las secretarías y poco están articuladas con relación a
la política, en cuanto que no hacen parte de las prioridades del gobierno local de turno.
28
A este punto se pensaría que los conceptos, como fuente que nutre la parte legal, y la
misma estructura legal y jurídica, no corresponden con la realidad, es decir, existe una
disparidad entre lo que se piensa como país, entre lo que sueña como nación, entre lo que se
identifica como necesidades prioritarias en la sociedad colombiana y pereirana y lo que
realmente se materializa en las prácticas y distribución de los recursos e incluso en la misma
planeación, condicionada esta última por factores de interés personal, desconocimiento de la
historia, de la cultura y de la identidad de lo que significa y representa haber nacido en tierras
colombianas y la diversidad que presupone, corrupción, además que esta problemática se
identifica en el colectivo social, es decir no solo en los que llevan la bandera de la
administración representada en el poder político sino en toda la sociedad, lo que representa
una limitante si se piensan políticas desde el etnodesarrollo y desde una perspectiva
psicosocial que implican necesariamente procesos de movilización y posicionamiento de los
sujetos sociales, donde no sean simplemente producto de lo social sino generen nuevas
formas de subjetividad en la construcción del tejido social.
Así pues, se considera necesaria la evaluación de impacto, que vaya más allá del
seguimiento a las acciones realizadas, pues ésta debe ser transversal al proceso y a las
diferentes etapas de la PP, precisamente esa es una de las críticas que se le hace al modelo
secuencial que se considere la evaluación como un momento específico y no como un
proceso trasversal a las fases de la Política, lo que lleva a pensar que este ejercicio más bien
esta encaminado a los intereses del gobierno de turno.
Si bien las PP se han convertido en una forma de dar respuesta integral a los problemas
sociales contemporáneos, ellas en sí mismas tienen limitantes, que requieren ser superados
para que generen un verdadero impacto, pues se requiere de un tiempo para que estos
procesos puedan gestarse y generar trasformación, por esta razón urge un cambio de
paradigma que permitan tener una proyección no solo en función del cumplimiento de
metas o de indicadores dentro de un plan de acción, sino que trasciendan esta limitante y
procure generar procesos de empoderamiento, y no se conciba la trasformación como una
utopía sino que se reconozca procesos reales y posibles de cambio, teniendo en cuenta el
contexto y las condiciones sociales, económicas y políticas-administrativa del país en el que
29
vivimos. Además, se espera que sean que las comunidades sean sujetos de trasformación y
esto no se logra solo con el planteamiento de actividades, programas, proyectos que hagan
parte de una PP.
Finalmente se reconoce el camino recorrido hasta el momento en términos legales que,
aunque se identifican algunos obstáculos en su implementación, obedece a un cambio de
mentalidad con una conciencia definida en lo concerniente a la igualdad y la justicia lo que
seguramente empieza a vislumbrarse es un impacto psicosocial de estas acciones, no
necesariamente porque las comunidades se hagan participes de lo que hace la Administración
como parte de la implementación de la PP, sino porque con algunas de estas acciones se
puede dar herramientas que permitan a la comunidad ampliar su marco de posibilidades y
comiencen a generar sus propias respuestas a estas acciones.
Lo que seguramente posibilite es que estas respuestas puedan ser leídas desde la
perspectiva psicosocial, en la medida en que sean el resultado de procesos autónomos de la
comunidad. Camino que se espera pueda ser explorado pues sin duda existen tipo de
experiencias, se espera que otras búsquedas puedan llegar a desentrañarlas y puedan ser
visualizadas, para enriquecer el camino de la intervención psicosocial.
30
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