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Tema 53. La dictadura franquista. Régimen político, evolución social y económica
1.El primer franquismo (1936-1939): evolución política
2. Primer Franquismo (1936-1959): evolución socioeconómica
3. El segundo franquismo (1960-1975): evolución política
4. Segundo franquismo (1960-1975): evolución socioeconómica
5. La oposición política el régimen (1939-1975)
Introducción:
La Dictadura franquista nacida de la Guerra Civil gobernó España durante casi 40 años.
A lo largo de estas cuatro décadas mutó su carácter, aunque hubo varias características
que se prolongaron en el tiempo, como la fuerte represión de otras tendencias políticas, y
el nacionalcatolicismo como orientación ideológica.
1959 se sitúa como bisagra entre el primer y segundo franquismo. La entrada de nuevos
ministros, vinculados al Opus Dei, y las medidas de modernización económica que se
pusieron en marcha, hicieron que la dictadura evolucionase. Se abandonó la autarquía
para engancharse al tren del desarrollismo europeo, mientras que a nivel político el país
intentó dar una imagen de modernidad, aunque sin abandonar un poder absoluto. Sin
embargo, esas transformaciones económicas repercutirían en la sociedad española a partir
de los años sesenta, y serían una de las vías de penetración de la exigencia de mayores
libertades políticas.
Por último, en el tema dedicaremos un espacio a la oposición política al Franquismo, la
cual también se vio influida por los avatares de la política interior y exterior.
1.El primer franquismo (1936-1959): evolución política
El régimen que salió de la Guerra Civil se caracterizó desde sus orígenes por una rotunda
concentración del poder en la figura de Franco, ya que todas las instituciones le estaban
completamente subordinadas.
Pero el régimen franquista tuvo una serie de componentes ideológicos. En primer lugar,
era anticomunista. Para los vencedores, los comunistas eran todos los republicanos,
rojos, lo que incluía desde la izquierda revolucionaria hasta la burguesía democrática y
liberal.
En segundo lugar, era antidemocrático. La democracia parlamentaria se identificaba con
lo antiespañol y con el marxismo. Aunque tras la II Guerra Mundial las críticas
disminuyeron, siempre se presentó al sistema parlamentario como modelo débil, sobre el
que la “democracia orgánica” del régimen tenía una clara superioridad.
En tercer lugar, era católico, hasta el punto de generalizarse el término nacional-
catolicismo para etiquetarlo. El dominio que la Iglesia ejerció en la vida social de la
España franquista fue absoluto. Su control de la educación era completo: la Iglesia era
titular de gran parte de los colegios y la enseñanza religiosa era obligatoria incluso en la
Universidad. Además, tenía plena competencia en materia de censura y una presencia
constante en los medios de comunicación. Se impuso una estricta moral católica, pública
y privada, cuyo incumplimiento era castigado por el Código Penal.
También era tradicionalista. La “unidad de la Patria” se convirtió en valor sacrosanto,
justificado en raíces históricas. Se exaltaron los valores de la Reconquista y del Imperio
y se adoptaron sus símbolos. Todo sentimiento nacionalista no español fue descalificado
y perseguido. Se prohibió el uso de cualquier lengua que no fuera el castellano, se
abolieron los órganos de autogobierno y se proscribieron los símbolos nacionalistas.
El régimen fue desde el principio militarista. La vida cotidiana se llenó de desfiles,
uniformes y símbolos castrenses. La radio y la prensa recordaban permanentemente la
guerra, la victoria y el papel del Ejército en la defensa de la unidad.
Por último, hubo una serie de rasgos fascistas muy marcados. Entre ellos estaban los
símbolos y los uniformes, inspirando en los del fascismo italiano o el nazismo alemán, la
existencia de un partido único, la exaltación del Caudillo, el desprecio a las instituciones
o la violencia como medio de control de masas.
La Dictadura franquista devolvió a la oligarquía terrateniente y financiera su hegemonía.
No solo recuperaron sus empresas y propiedades, sino también su dominio de la vida
social. Fueron, además, los principales beneficiarios de la economía intervencionista de
las primeras décadas del franquismo. A ella se incorporaron militares y falangistas, así
como enriquecidos por la guerra y los negocios.
El régimen franquista contó también con el apoyo de las clases medias rurales, sobre todo
en el norte y en ambas Castillas, así como de quienes en las ciudades se beneficiaron de
las depuraciones masivas realizadas al término de la guerra entre funcionarios, maestros,
profesores universitarios y militares republicanos.
Por el contrario, entre los jornaleros y el proletariado industrial, la Dictadura apenas tuvo
respaldo. Lo mismo ocurrió con buena parte de las clases medias urbanas, que habían sido
republicanas. Pero una cosa era la disconformidad y otra muy distinta la oposición o
protesta. La representación sistemática, el miedo a la delación, la miseria generalizada y
el hundimiento moral de la derrota desarmaron cualquier posibilidad de reacción durante
varios años. Después, la propaganda, el aumento del bienestar a partir de los años sesenta
y el relevo generacional, hicieron que parte de esos sectores obreros y campesinos
adoptaran una actitud de acomodamiento, de aceptación del régimen y de apoliticismo,
cuando no de respaldo directo al franquismo.
En el nuevo régimen los partidos políticos fueron prohibidos. No solo los que apoyaron
a la República, cuyos dirigentes fueron recluidos en prisiones y campos de concentración,
o ejecutados. También se permitían los partidos de derecha, ni siquiera los que en su día
habían apoyado la sublevación. Solo se permitió la Falange, pero es significativo que se
prohibiera a la prensa definirla como partido y que pasara a ser denominada Movimiento
Nacional. Sin embargo, Franco no solo se sirvió de la Falange, sino que buscó a sus
colaboradores entre grupos ideológicos o corporativos distintos, que constituyeron lo que
a falta de otro nombre se conoce como “familias del régimen”.
La Falange no tenía ya nada que ver con el partido de José Antonio Primo de Rivera.
Muerto este en la Guerra y marginados los viejos dirigentes, los Estatutos confirieron a
Franco la jefatura única y el partido se convirtió en cantera de dirigentes y cuadros para
la dictadura. Sus organizaciones, como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina o
la Organización Sindical, dominaban la vida económica y social. En los primeros años
los falangistas ocuparon los cargos más significativos, pero la derrota de las potencias
fascistas en la II Guerra Mundial hizo que poco a poco su presencia en los Gobiernos
fuera disminuyendo.
Los militares formaban otra de las familias. Muchos de los jefes sublevados fueron
colaboradores directos de Franco tras la guerra, entre ellos el hombre que permaneció
más tiempo junto al dictador, Carrero Blanco. Otros, sin embargo, se distanciaron y
fueron apartados del poder por su prestigio o sus posiciones críticas cerca de la monarquía
o falange. En todo caso los militares no formaron nunca un grupo de presión, ya que
Franco cuidó siempre de mantener al Ejército en un papel subordinado a su persona
Los católicos procedían de asociaciones de la Iglesia o, más tarde, del Opus Dei.
Suministraron cuadros y dirigentes, en general con un alto nivel de formación técnica.
Además, obispos y prelados participaron en las Cortes franquistas y en el Consejo del
Reino. Solo a raíz del Concilio Vaticano II, 1962, se produjo un distanciamiento
progresivo entre la jerarquía eclesiástica y la Dictadura. Ello no impidió que miembros
del Opus se mantuvieran en el poder hasta la muerte del dictador.
También los monárquicos colaboraron. Los carlistas tuvieron un papel secundario.
Otros, partidarios de la restauración de la monarquía creían que, terminada la guerra, la
Dictadura dejaría paso a Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, exiliado en Portugal. Pero
Franco se negó a dejar el poder. Sin embargo, y pese al enfrentamiento con Juan de
Borbón, muchos monárquicos colaboraron con el régimen y ocuparon puestos clave, de
forma especial en el cuerpo diplomático.
Todas estas familias eran ficticias. Franco, que carecía de una ideología política clara,
elegía a sus colaboradores al margen de etiquetas. Para hacer carrera se precisaba lealtad
personal, prudencia y carencia de mayores ambiciones. El dictador evitó siempre que
nadie acaparara demasiado poder y recelaba de quienes mostraban criterios propios.
Además, buscó siempre equilibrar la participación de los diferentes grupos en el Gobierno
y en los altos cargos del sistema.
Suele dividirse la evolución política del franquismo en cuatro periodos. La posguerra,
que se prolonga durante los cuarenta, caracterizada por el aislamiento; Los cincuenta,
ruptura del aislamiento; la etapa del desarrollismo económico de los sesenta; y la fase de
crisis y hundimiento del régimen en los setenta.
La evolución del régimen estuvo muy condicionado por la política externa. En 1939 el
Gobierno firmó el acuerdo de asociación al Eje Berlín-Roma-Tokio. En septiembre, al
estallar la II Guerra Mundial, España se convirtió en aliada de las potencias fascistas y
los falangistas adquirieron una clara primacía en el Gobierno, con Serrano Súñer al frente.
Su línea totalitaria impregnó la acción política y la información de la prensa sobre los
triunfos alemanes en los inicios de la guerra.
En octubre de 1940, una vez que los alemanes arrasaron Francia, se produjo la entrevista
de Hendaya entre Franco y Hitler. El encuentro fue un fracaso rotundo: ni Franco aceptó
la propuesta alemana de cambiar su posición oficial de “no beligerancia” y entrar en la
guerra, ni Hitler aceptó las pretensiones de Franco de obtener territorios en África como
compensación por su intervención. Eso no impidió el envío en 1941 de la División Azul,
una unidad de voluntarios, para apoyar la ofensiva de las tropas nazis contra la URSS.
Pero a partir del verano de 1942, las derrotas alemanas hicieron necesario un cambio de
orientación. Serrano Súñer abandonó el Gobierno y la diplomacia española inició un
progresivo giro hacia los aliados. Los alardes fascistas de la propaganda se fueron
suavizando hasta desaparecer, y al final de la guerra incluso se autorizó el uso de
aeródromos españoles a los aviones aliados.
Terminada la Guerra, un decretó reorganizó la Administración Central del Estado, agosto
1939. Se fijaron los ministerios y se autorizó al Jefe de Estado a aprobar decretos-ley sin
previa deliberación del Gobierno. El régimen franquista se caracterizó por la permanente
función constituyente del jefe de estado. Entre 1938 y 1946 se aprobaron las cinco
primeras leyes que organizaron al nuevo estado.
El Fuero de los Trabajadores, 1938, copiada de la Carta del Trabajo fascista de 1927,
prohibía el sindicalismo de clase y otorgaba el control de las relaciones laborales a la
Organización Sindical, el sindicato vertical y corporativo de Falange. Las condiciones de
trabajo pasaban a ser reguladas por el Estado.
La Ley Constitutiva de las Cortes, 1942, establecía unas Cortes elegidas por sufragio
indirecto por las llamadas corporaciones (familia, municipio y sindicato), y por el propio
Franco. Las Cortes franquistas no representaban en ningún caso la soberanía nacional,
por cuanto el Caudillo conservaba plena potestad legislativa.
En 1945 se aprobaron dos nuevas leyes orgánicas. El Fuero de los Españoles era una
especie de declaración de derechos y deberes que reafirmaba el carácter tradicionalista y
católico del sistema. Su objetivo real era enmascarar la imagen autoritaria del régimen en
el momento en que comenzaba su aislamiento internacional. Por su parte, la Ley de
Referéndum Nacional permitía al jefe de Estado convocar un plebiscito para que el
pueblo aprobara directamente una ley.
Por último, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 1946, definía al régimencomo
un reino y autorizaba a Franco a proponer su propio sucesor.
En 1945, la posición de la Dictadura se hizo difícil. Tras la victoria, los dirigentes aliados
denunciaron el apoyo de Franco a Alemania e Italia durante la guerra. La postura de
bloqueo frente a España fue creciendo y en febrero de 1946 la Asamblea de la ONU votó
en contra de la entrada de España en sus organismos. Días después, EEUU, Francia y
Reino Unido firmaron una declaración pública sugiriendo la retirada de embajadores y en
junio el Consejo de Seguridad de la ONU declaraba al régimen español como una
amenaza potencial a la paz internacional.
El bloqueo económico y diplomático determinó que la autarquía, que hasta entonces había
sido una opción voluntaria, se convirtiera ahora en una necesidad, agravándose la
situación económica aún más y prolongándose las secuelas de hambre y miseria. Sólo la
importación de petróleo estadounidense y el envío masivo de trigo por el Gobierno
argentino, permitieron la supervivencia del régimen. Fue Argentina, bajo el gobierno
dictatorial de Perón, uno de los pocos países que mantuvo su embajador y su alianza con
España. Aunque EEUU, por su parte, intentaba evitar la ruptura total con un país que
podía ser clave en la recién iniciada Guerra Fría.
En el interior, la Dictadura intentó lavar su imagen. Aumentó la influencia de la Iglesia y
el número de ministros católicos en detrimento de los falangistas. La ley de Referéndum
Nacional y la Ley de Sucesión, antes comentadas, hacían prever cambios. Sin embargo,
las relaciones con los monárquicos se fueron enfriando conforme se afirmaba la voluntad
de continuidad de Franco. La publicación del Manifiesto de Lausana, 1945, en el que Juan
de Borbón declaraba su apoyo a una transición democrática, con Cortes constituyentes y
una amplía amnistía, llevó al borde de la ruptura. Pero los contactos nunca se rompieron
del todo y los monárquicos permanecieron siempre en las esferas de poder.
A partir de 1948, la situación internacional comenzó a girar a favor del régimen. El inicio
de la Guerra Fría hizo que las potencias occidentales cerraran los ojos antes el carácter
totalitario del franquismo para incorporar a España a la alianza anticomunista. La máxima
de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. La presión diplomática se fue difuminando
y comenzaron a levantarse las restricciones comerciales, al tiempo que se producían
declaraciones favorables al fin del aislamiento. En 1950, cuando ya se habían iniciado
negociaciones con EEUU y el Vaticano, la ONU levantó la recomendación de retirada de
embajadores y autorizó la entrada de España en organismos internacionales.
El acontecimiento decisivo en la ruptura del aislamiento fue la firma del acuerdo con
EEUU, que permitió la instalación de bases norteamericanas en España, 1953. A EEUU
le interesaba contar con varios aeropuertos y bases navales que facilitaran a su flota el
control del Mediterráneo. España buscaba ayuda financiera a toda costa. Las
negociaciones fueron complicadas, pero finalmente en septiembre de 1953 se firmó el
tratado hispano-estadounidense. El acuerdo militar fijaba el establecimiento durante diez
años, prorrogables, de cuatro bases de utilización conjunta, Torrejón de Ardoz, Zaragoza,
Morón y la naval de Rota, y numerosas instalaciones de radar y seguimiento. Aunque
teóricamente quedaban bajo soberanía española, en la práctica estuvieron siempre en
manos de los militares estadounidenses.
El acuerdo económico se concretó en 1.180 millones de dólares en ayudas de todo tipo:
asistencia técnica, construcción de las bases, créditos y excedentes de productos agrarios
y bienes de equipo norteamericanos. La disparidad entre ambos acuerdos es clara, aunque
es cierto que el segundo, si bien no suponía un gran esfuerzo para EEUU, si resultó
decisivo para sacar a España de su grave situación y terminar con la escasez de alimentos.
Ese mismo año se firmó un nuevo Concordato entre el Vaticano y el Estado española,
una reafirmación de la alianza entra la Iglesia y el Franquismo, que suponía un nuevo
respaldo internacional.
En 1956, por último, España reconocía la independencia de Marruecos, e iniciaba el
proceso descolonizador del Protectorado, siguiendo las recomendaciones de la ONU.
El fin del aislamiento y los primeros síntomas de recuperación coincidieron con una
importante crisis política: los graves incidentes entre estudiantes antifranquistas y
miembros del sindicato estudiantil falangista, agudizaron las tensiones existentes entre
falangistas y católicos. Franco procedió a remodelar el Gobierno, 1957, del que salieron
los representantes más radicales del falangismo y algún ministro católico como Ruiz
Giménez. Sin embargo, los cambios fundamentales se produjeron en los ministerios
económicos, con la llegada de varios ministros procedentes del Opus Dei, apoyados por
Carrero Blanco, mano derecha de Franco. La Ley de Principios del Movimiento
Nacional, 1958, reafirmaba la vinculación del franquismo con los valores slaidas de la
Guerra civil, pero era suficientemente ambigua en los matices como para que todas las
familias pudieran aceptarla.
La década terminaba de forma positiva para el régimen. La entrada en el FMI y el Banco
Mundial, unidas a la vista del presidente americano Eisenhower a España, 1959, sirvieron
para generar euforia y reforzar la imagen de Franco.
2. Primer Franquismo (1936-1959): evolución socioeconómica
Después de la Guerra Civil, España era un país arruinado demográfica y económicamente.
El sistema productivo estaba deshecho y la producción agrícola deprimida. El hambre se
extendió a la gran mayoría de la población. El nuevo régimen tuvo que recurrir al
racionamiento. Para afrontar la situación, las autoridades optaron por un régimen de
autarquía económica y de intervención del Estado. El modelo era el del fascismo italiano,
tan admirado entonces por los falangistas, según el cual un país no podía gozar de
independencia política si no era económicamente autosuficiente.
Una serie de decretos implantaron el sistema intervencionista. Se fijaron precios y se
obligó a entregar al Estado todo excedente de cosecha (Servicio Nacional del Trigo).
Cualquier inversión industrial quedó sujeta a licencia previa y se reconvirtieron fábricas
para producir bienes de primera necesidad. Se fundó el Instituto Nacional de Industria en
1941, para privilegiar a los sectores acordes con las prioridades del régimen y se canalizó
a través del Estado cualquier permiso de importación o exportación.
Pero los dirigentes franquistas carecían de objetivos económicos claros. Sobre un sector
productivo arrasado y con una enorme deuda, la lentitud de la burocracia y la falta de una
política financiera seria mantuvieron hundido el mercado interior. El sector agrario volvió
a superar el 50% de la renta nacional, lo que suponía una clara regresión económica. El
estallido de la II Guerra Mundial y el alineamiento de España con las potencias del Eje
dificultaron aún más la situación.
Las consecuencias fueron nefastas. Las cosechas eran muy pobres, inferiores a las de
1936, en parte porque los bajos precios fijados por el Gobierno llevaron a muchos
agricultores a abandonar el cultivo del cereal. Los índices de producción industrial
permanecieron igualmente hundidos, como la renta nacional y la renta per cápita.
Una parte importante de los bienes esenciales de consumo pasaron a depender del
mercado negro, estraperlo. Era la única forma de sortear los controles y los precios
oficiales y también es la única vía de supervivencia para mucha gente. Gracias a él una
minoría se enriqueció a costa de la pobreza general y al amparo de unas autoridades
permisivas cuando no implicadas. La corrupción se extendió a todos los sectores: manejo
de divisas, licencias de importación y exportación, construcción o fabricación en régimen
de monopolio de productos y suministros al Estado.
El fracaso de la política autárquica era ya claro, incluso para los propios jerarcas del
franquismo que defendían el modelo en 1950. El giro en la política económica se inicia
con el cambio de Gobierno en 1951. Se decretó una liberalización parcial de precios,
comercio y circulación de mercancías. Sus efectos y los de una buena cosecha permitieron
terminar con el racionamiento, 1952. Se inició entonces una expansión económica, con
cifras de crecimiento anual impensables solo unos años atrás. En 1954 se superaban las
cifras de renta por habitante de 1935 y el sector industrial comenzó a crecer, al tiempo
que disminuía proporcionalmente el peso del sector agrario en la renta nacional. Al
crecimiento contribuyeron las ayudas estadounidenses, que comenzaron a llegar en 1951.
Fueron muy inferiores a las del Plan Marshall que recibieron otros países europeos, pero
para la economía española, prácticamente descapitalizada, significaron un aporte
decisivo. Los créditos americanos permitieron aumentar las importaciones de bienes de
equipo, imprescindibles para el desarrollo industrial.
Pero la prosperidad era sólo aparente. Los presupuestos seguían siendo deficitarios y la
balanza comercial también, lo que condujo al país al borde de la bancarrota. La fuerte
inflación, además, entorpecía la expansión. A partir de 1955 se reprodujeron las huelgas
y protestas.
3. El segundo franquismo (1960-1975): evolución política
Quienes pensaban que la mejoría económica abriría el camino a la apertura política, se
equivocaron. El régimen no dio la menor señal de querer variar el férreo control político
y la restricción total de las libertades.
Las consecuencias fueron inmediatas. En primer lugar se inició un proceso de
distanciamiento entre la Iglesia y el régimen. Miembros de la jerarquía eclesiástica
comenzaron a denunciar la situación de los trabajadores y a insistir en la labor de
apostolado social y dejaron de lado los viejos valores del nacional-catolicismo.
A pesar de todo, el régimen intentaba mejorar su imagen y demostrar un talante aperturista
con la entrada en el Gobierno de nuevos ministros (1962), como Manuel Fraga, Laureano
López Rodó o Gregorio López Bravo, estos dos últimos ligados al Opus Dei.
Aprovechando el crecimiento económico se aprobaron varias leyes de modernización,
entre ellas La Ley de Prensa, 1966. Aunque se presentó como el establecimiento
definitivo de la libertad de prensa, en la práctica la censura siguió funcionando. Ese
mismo año un referéndum convertido en auténtico plebiscito a favor de Franco aprobó la
Ley Orgánica del Estado, 1966, última de las leyes fundamentales.
Finalmente, Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de Franco “a título de Rey”,
1969. La continuidad en el régimen parecía asegurada. Sin embargo, esos cambios no
pudieron evitar la creciente oposición en fábricas y universidades.
A partir de 1970 los Gobiernos fueron cada vez más débiles. Estallaron escándalos de
corrupción, el más grave de ellos el asunto MATESA, un caso de subvenciones a la
exportación concedidas a una empresa fraudulenta que salpicaba a varios ministros. La
oposición universitaria y obrera desbordaba al régimen, que solo supo responder con la
represión, la aplicación de estados de excepción, interrogatorios y torturas por la Brigada
Político Social y enjuiciamiento en el Tribunal de Orden Público. El llamado proceso de
Burgos, 1970, contra 16 miembros de ETA, 9 de los cuales fueron condenados a muerte
determinó el momento más crítico. Las protestas, la presión internacional y el secuestro
por parte de ETA del cónsul alemán en Bilbao, hicieron finalmente claudicar a Franco,
que conmutó las penas por las de cadena perpetua.
Además, el envejecimiento de Franco suscitó el debate sobre la continuidad del
franquismo. Dentro del régimen se produjo una ruptura entre los aperturistas, partidarios
de reformar el sistema para ir acercándolo progresivamente a un modelo parlamentario,
y los sectores más inmovilistas, opuestos a cualquier cambio, por mínimo que fuera, y
que serían denominados como el “búnker”. La represión se acentuó a partir de 1973 contra
los dirigentes sindicales (proceso 2001), al tiempo que se detenía a miembros de FRAP y
ETA.
Franco aceptó separar por primera vez la jefatura del Estado y la del Gobierno. Nombró
presidente del mismo a Carrero Blanco, quien formó un gabinete con mayoría de
miembros del Opus y de franquistas puros, entre ellos Carlos Arias Navarro, nuevo
ministro de Gobernación, y que había destacado por la dura represión practicada como
director general de seguridad. El objetivo era atajar la creciente protesta en las calles y
preparar el futuro relevo en la jefatura del Estado. Pero el nuevo Gobierno no tuvo tiempo
de actuar. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco moría víctima de un atentado de
ETA. El magnicidio, que hizo crecer la imagen de ETA en ciertos sectores de la
oposición, fue un golpe durísimo para Franco, que perdía a su hombre de máxima
confianza en un momento en que acusaba ya síntomas de debilidad física y moral.
El “búnker” consiguió imponer a Arias Navarro como sustituto. Este formó un gabinete
de franquistas puros, pero con algunos ministros aperturistas como Pío Cabanillas. Su
discurso programático, que incluía vagas promesas de apertura y un estatuto de
asociaciones políticas, fue recibido con ciertas esperanzas (el espíritu de Febrero), pero
pronto demostró su talante represivo con la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich
en 1974.
Se produjo entonces un grave enfrentamiento con la Iglesia. La tensión había aumentado
desde que el cardenal Enrique Tarancón, abiertamente antifranquista, dirigía la
Conferencia Episcopal. En marzo de 1974 una homilía del obispo de Bilbao, Añoveros,
en la que aludía a la personalidad distinta del País Vasco, provocó una amenaza de
expulsión por parte del Gobierno. El Vaticano contestó a su vez con la amenaza de
excomulgar a Franco. Este optó por ordenar a Arias que cediera, pero la ruptura con la
Iglesia era ya completa.
En julio de 1974, Franco fue hospitalizado por motivos de salud, y durante algunos días
cedió sus poderes al príncipe Juan Carlos. El declive físico del dictador era ya evidente.
Tras el verano de 1975 los acontecimientos se precipitaron. Varios miembros de ETA y
FRAP fueron juzgados y doce de ellos condenados a muerte. En medio de
manifestaciones en todas las capitales europeas y de una lluvia de peticiones de
clemencia, el 27 de septiembre cinco de los condenados fueron ejecutados. La oleada de
manifestaciones internacionales contra la dictadura fue respondida con una gran
concentración en la plaza de Oriente.
La agitación de aquellos días acabó por agotar a Franco, que cayó enfermo el día 13. Fue
entonces cuando estalló el conflicto en el Sáhara español. Hassan II de Marruecos
amenazó con lanzar una invasión popular hacia el territorio español si el Gobierno de
Madrid no lo cedía al reino marroquí. La llamada Marcha Verde puso al ejército en estado
de máxima tensión, y obligó al príncipe Juan Carlos a realizar un viaje relámpago al
Sáhara. Finalmente, el 18 de noviembre, el Gobierno capituló y mediante el Acuerdo
Tripartito de Madrid entregó el Sáhara español a Marruecos y Mauritania, violando el
compromiso y mandato de la ONU, que había encargado a España la tutela del territorio
hasta su independencia. Dos días después, el 20 de noviembre, Franco moría tras mes y
medio de larga y dura enfermedad.
4. Segundo franquismo (1960-1975): evolución socioeconómica
La crítica situación económica condujo al Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica,
1959. Plan de estabilización económica. Era un plan de estabilización típico, diseñado
según las indicaciones del FMI y del Banco Mundial, que aceptaron financiarlo con
créditos.
Se trataba de liberalizar la economía, mediante la supresión de trabas burocráticas, el
recorte del gasto público y la apertura al exterior. El plan se inició con una serie de
medidas restrictivas. Para reducir el gasto del Estado se suprimieron organismos
burocráticos, se recortó el presupuesto y se subió el precio de los servicios públicos.
También se liberalizaron los precios protegidos, aumentaron los tipos de interés y se
restringieron los créditos bancarios. Al mismo tiempo se devaluó la peseta, fijando un
tipo de cambio más realista. También quedaron liberalizadas las inversiones extranjeras,
salvo en algunos sectores estratégicos. Consecuencia inmediata fue la entrada masiva de
capitales de las multinacionales en sectores clave, como el energético.
Los resultados fueron inmediatos. Entre 1959 y 1960 se produjo, como era previsible, un
fuerte parón económico: caída de salarios, de precios y del consumo. Pero se consiguieron
los objetivos de reducción del déficit y de acumulación de capitales, y a partir de 1961 se
comenzó el proceso de relanzamiento. La economía española creció a un ritmo altísimo,
que se basó sobre todo en el aumento del sector industrial y de servicios, y propició un
profundo cambio en la sociedad española.
La expansión industrial se basó en los bajos salarios y en la masiva llegada de inversiones
extranjeras. También la tecnología procedía del extranjero: las importaciones de bienes
de equipo y de energía, sobre todo petróleo, crecieron de forma rápida, por lo que la
economía española pasó a depender por completo del exterior. El crecimiento de la
industria produjo una intensa emigración de mano de obra campesina hacia las grandes
ciudades. Otros muchos buscaron trabajo en Europa. el resultado fue el alza de salarios
en el campo, al disminuir la oferta de mano de obra, lo que a su vez impulsó la
mecanización de las tareas agrícolas y la consiguiente demanda de bienes industriales por
parte del sector agrario. Así, modernización agrícola y despoblamiento del interior fueron
fenómenos paralelos.
La balanza de pagos dejó de ser deficitaria, en buena parte gracias a las divisas obtenidas
por la entrada masiva de turistas, que llegaron a cubrir el 80 por 100 del déficit comercial.
A la moneda de los turistas se sumaron las inversiones extranjeras y las aportaciones de
los emigrantes, que enviaban buena parte de sus ganancias en Europa para el
mantenimiento de sus familias.
A partir de 1963 el Gobierno intentó regular el crecimiento mediante los llamados Planes
de Desarrollo. Se trataba de conseguir, en periodos de tres años, una serie de objetivos
de crecimiento en sectores clave, mediante incentivos fiscales y ayudas estatales. Se
crearon los polos de desarrollo para promocionar la instalación de nuevas industrias y así
generar empleo en zonas deprimidas. Pero el resultado fue decepcionan, porque no se
cumplieron los objetivos previstos.
En conjunto, el crecimiento económico entre 1961 y 1973 fue elevado y constante, y
significó una profunda transformación del tejido productivo y la apertura al exterior. Pero
hay que señalar que el crecimiento fue posible gracias a la expansión de la economía
mundial, y especialmente europea, de aquellos años. Gracias a ella hubo inversiones
extranjeras y divisas a través del turismo, así como de empleo para los emigrantes
españoles. De la misma forma, la crisis de la economía mundial de 1973, derivada del
alza de los precios del petróleo, afectó ya de forma profunda a España, deteniendo
bruscamente el escenario.
Gracias al crecimiento económico, la sociedad española comenzó a experimentar cambios
significativos. El primero de ellos tuvo que ver con la emigración masiva de la población
rural. La principal corriente se dirigió hacia las grandes ciudades, en busca de empleo en
la industria: Barcelona y Madrid recibieron más de medio millón de inmigrantes durante
la década de 1960, mientras Valencia, Bilbao y Alicante superaban los 100.000. La
segunda gran corriente se dirigió hacia Europa: más de un millón de trabajadores tuvo
que emigrar a los países europeos desarrollados, sobre todo Francia, Alemania, Suiza y
Bélgica. Allí desempeñaron los empleos que los trabajadores nativos rechazaban. La
emigración exterior sirvió para reducir las enormes cifras de paro real que la economía
española generaba.
El crecimiento acentuó los desequilibrios en el reparto de la riqueza, tanto personales
como regionales. Los bajos salarios y la existencia de un sistema fiscal regresivo y
fraudulento mantuvieron el nivel de vida de los trabajadores muy por debajo del existente
en Europa. La riqueza se concentró en las áreas urbanas, contribuyendo a atraer la
emigración y a acentuar el empobrecimiento rural. En 1963, se modificó el sistema de
prestaciones sociales y sanitarias. Su crecimiento, que recayó fundamentalmente sobre
las cotizaciones de los trabajadores, permitió extender la red de hospitales y cubrir
prestaciones por enfermedad, jubilación y desempleo, aunque en cuantías muy cortas y
marcadamente insuficientes. De hecho, el sistema hospitalario permaneció masificado y
tecnológicamente atrasado. El gasto público en España era escaso y caótico.
El elevado crecimiento urbano hizo que las grandes ciudades se convirtieran en áreas
metropolitanas y absorbieran suburbios y pueblos periféricos. A finales de la década de
1960 se calcula, pese a todo, que había un déficit de un millón de viviendas. Eso no
impedía los grandes negocios especulativos, tanto en las zonas ricas (centro de las
ciudades, zonas turísticas) como en los suburbios, donde se construían barrios enteros sin
infraestructuras ni equipamientos sociales y urbanos.
Hacia 1970 la luz eléctrica llegaba ya a casi todo el país. Una gran parte de los hogares
tenían teléfono y electrodomésticos como el frigorífico, la televisión o la lavadora. Un
25% de las familias tenían coche propio, SEAT 600, y el veraneo en las zonas playeras
comenzaba a ser también corriente entre las clases medias. La sociedad de consumo había
llevado a un cambio de mentalidad profundo. Mientras la clase dirigente, ultracatólica y
conservadora, se encastillaba en los valores del franquismo, el resto del país, y sobre todo
las generaciones más jóvenes, evolucionaba hacia posiciones muy distintas. Síntoma de
ello era la progresiva relajación de la asistencia a actos religiosos, la introducción de
nuevos hábitos de relación social y sexual, o la aceptación de las modas hábitos y
movimientos culturales que llegaban de fuera.
5. La oposición política el régimen (1939-1975)
Después de la Guerra Civil la mayoría de los exiliados huyó hacia Francia, y más tarde el
estallido de la guerra europea les dispersó hacia América Latina. Otros se sumaron a la
resistencia contra los nazis y miles de ellos acabaron en los campos de concentración o
fueron entregados a las autoridades franquistas por los alemanes. Muchos comunistas
emigraron a la URSS.
El Gobierno de la República en el exilio confiaba en una victoria de las democracias y en
que éstas acabarían con la Dictadura de Franco, lo que permitió mantener una cierta
unidad de acción. Pero en 1945 llegó la decepción, al quedar patente la decisión de las
potencias de no intervenir en España. La condena de 1946 reavivó algo las esperanzas,
pero a partir de 1949 el régimen franquista empezó a remontar el aislamiento, y la entrada
en la ONU en 1955 acabó por hundir las expectativas. Los sucesivos gobiernos en el
exilio, instalados en México, fueron debilitándose, conforme desaparecía la vieja
generación de dirigentes republicanos. El alejamiento respecto de los militantes
clandestinos en el interior era, además, cada vez mayor.
Muchos combatientes republicanos permanecieron hostiles al nuevo régimen desde el
final de la guerra. Se “echaron al monte”, e iniciaron por su cuenta una labor de
hostigamiento a las fuerzas del orden y del Ejército, a través de pequeñas partidas que se
refugiaban en las montañas del norte y del interior. Estaban dirigidas por anarquistas y
comunistas principalmente, y en 1944 el PCE organizó una entrada masiva de
guerrilleros, los maquis, por el Pirineo, que se saldó con un fracaso.
Las acciones de los guerrilleros (maquis) se intensificaron a partir de 1945: ocupación del
Valle de Arán, y obligaron a utilizar numerosos efectivos de la Guardia civil y del Ejército
para combatirlas. Poco a poco, las partidas fueron capturadas o exterminadas, al tiempo
que el desencanto cundía entre ellas por la decisión aliada de no intervenir en España. de
esa forma, hacia 1947 la guerrilla comenzó a declinar, y solo grupos muy aislados
continuaron algunos años refugiados en las montañas. En 1948 el PCE renunció a la
táctica guerrillera.
En el interior se mantuvo con dureza la represión contra los prisioneros republicanos. Los
campos de concentración de extendieron por todo el país, y los tribunales continuaron
juzgando, sentenciando y ordenando ejecuciones al amparo de la Ley de
Responsabilidades Políticas, 1939. Un ambiente de recelo y delación se extendió por
todos los rincones del país. Cualquier sospechoso de haber colaborado con la República
podía ser denunciado por los Jefes de Barrio o de Casa de la Falange. Se estableció un
clima de terror en las regiones agrarias del sur, en las cuencas mineras y zonas industriales
y en las grandes ciudades. Aun así, la CNT y el PCE, y en menor medida el PSOE,
consiguieron organizar algunas células de resistencia, pero los sucesivos dirigentes
enviados al interior acabaron en la cárcel o fusilados. Solo en 1945, ante la inminente
victoria aliada, se multiplicaron las acciones de propaganda y las emisiones de radio. En
1946 y 1947 se producen las primeras huelgas en varias ciudades, a las que el régimen
respondió con una durísima represión.
A partir de 1950 la lucha contra la Dictadura reapareció en el interior. Surgieron protestas
contra las subidas de precios, como las huelgas blancas, boicots, de 1951 en Barcelona,
País Vasco y Madrid contra las tarifas de los tranvías y las huelgas clandestinas contra
los bajos salarios. Su relativo éxito, en el contexto de violenta represión que reinaba en el
país, fortaleció a la oposición clandestina.
Mucho más importante fue el inicio de la protesta universitaria. El clima aperturista
propiciado por el ministro de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, permitió la aparición de
grupos de estudiantes católicos, en los que también se infiltraron algunos socialistas y
comunistas. Profesores y alumnos pedían mayor libertad, frente a la oposición del SEU.
La tensión estalló en febrero de 1956, cuando los falangistas, derrotados en las elecciones
de la Facultad de Derecho de Madrid, respondieron con violencia con el resultado de un
falangista muerto. Dos días de lucha en las calles provocaron una dura represión policial.
Fueron detenidos varios dirigentes estudiantiles y algunos intelectuales ex franquistas que
se habían solidarizado con ellos. La crisis obligó a dimitir a Ruiz Giménez y provocó un
cambio de Gobierno. Pero, sobre todo, demostró que había una nueva generación
dispuesta a oponerse a la Dictadura, cuyas posiciones estaban muy alejadas de la de los
dirigentes de la República en el exilio.
Pero por entonces, solo el PCE conservaba suficiente organización para influir en la lucha
clandestina dentro del país. Especialmente después de que en 1956, tras superar una fuerte
crisis interna, se renovó dando entrada a dirigentes más jóvenes que comenzaron a tejer
una red de activistas en el interior más firme que la tenida hasta el momento. El PCE pasó
a hegemonizar la lucha contra la Dictadura. El PSOE se mantuvo dividido. Los militantes
del interior disentían de la táctica de no colaborar con los comunistas impuesta por los
dirigentes del exterior. Los primeros veían como el PCE captaba apoyos y militancia
gracias a su trabajo de infiltración y a su disciplina interna. Otros grupos socialistas fueron
surgiendo, escindidos del PSOE.
Sólo al final de la Dictadura la oposición de sectores liberales, democristianos o
monárquicos adquirió alguna influencia, sobre todo en la prensa y en medios próximos al
propio régimen. En cuanto al antiguo movimiento republicano, prácticamente no tenía
peso como tal dentro de España.
En el movimiento obrero adquirieron un protagonismo clave las Comisiones Obreras,
CCOO, surgidas en 1962 como alternativa al sindicalismo oficial del Movimiento. Poco
a poco su tenacidad y su capacidad de infiltración en el sindicato vertical, además de sus
éxitos en la mejora de las condiciones de trabajo, las convirtieron en el eje de la lucha
obrera. En los años finales del régimen eran el sindicato clandestino de referencia, y buena
parte de su dirección estaba conectada con el PCE. Otros sindicatos, como UGT y CNT,
también comenzaron a reconstruirse, pero su táctica de no infiltrarse en la Organización
Sindical del régimen limitó su implantación.
La oposición se fue articulando en movimientos de protesta de muy diverso tipo, a
menudo al margen de los partidos. La primera movilización fue la de los trabajadores. La
oleada de huelgas en las fábricas que se inicia a partir de 1962 tuvo su origen en las
dificultades que planteaba el desarrollo económico. Pero poco a poco, conforme se
extendía el clima de protesta y la represión, las motivaciones sindicales y políticas
pasaron a primer término. La toma de conciencia entre los trabajadores industriales fue
creciendo, al tiempo que los sindicatos de clase se extendían y coordinaban la lucha. En
1970 la movilización obrera afectaba ya a cientos de miles de trabajadores y resultó
decisiva en el hundimiento del régimen.
Lentamente surgió también la oposición nacionalista en el País Vasco y en Cataluña,
ajena en general a los viejos partidos de la República. En 1959 un grupo de jóvenes fundó
ETA, que rápidamente optó por la lucha armada como táctica para lograr la “liberación
nacional vasca”. Un año más tarde, en 1960, más de trescientos curas vascos firmaron
una carta protestando por la represión y exigiendo libertades públicas. Ese mismo año
fueron detenidos algunos catalanistas, acusados de distribuir panfletos antifranquistas en
catalán.
Otros frentes de oposición eran el movimiento estudiantil, cada vez más amplio y
organizado y los movimientos católicos de base. Desde mediados de la década de 1960
sectores influyentes de la Iglesia católica comenzaron a denunciar la situación de los
trabajadores y a insistir en la labor de apostolado social y ayuda a los necesitados, dejando
de lado los viejos valores del nacionalcatolicismo. El ascenso al papado de Juan XXIII y
su inesperada renovación de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II agudizaron las
tensiones, que irían agrandándose hasta llegar casi a la ruptura desde 1970. Además, un
sinfín de colectivos profesionales, asociaciones de vecinos y grupos de todo tipo
formaban un inmenso entramado de oposición colectiva contra el régimen franquista.
En 1962, semanas después de que España pidiera entablar negociaciones de adhesión a la
CEE, un centenar de españoles se reunía en Munich y aprobaba una declaración
recomendando la no admisión de España en tanto no se restauraran las libertades. En su
mayoría eran dirigentes liberales de derecha, pero el régimen respondió con enorme
dureza. La prensa franquista descalificó de forma virulenta el llamado “contubernio de
Munich”, mientras se multiplicaban las detenciones de dirigentes de la oposición.
La represión continuó al año siguiente, con la detención en Madrid del dirigente
comunista Julián Grimau, que, tras ser torturado y procesado sin garantía jurídica alguna,
fue ejecutado en abril de 1963 en medio de un gran escándalo internacional.
Pero estos cambios no pudieron evitar la creciente oposición en fábricas y universidades.
La agitación era especialmente importante en el País Vasco, donde las acciones de ETA
eran respondidas con una represión policial indiscriminada, lo que generó un gran apoyo
social alrededor de la organización armada. Tras el primer asesinato de ETA en 1968, se
estableció la jurisdicción militar para cualquier delito de contenido político o social. Ese
mismo año fue cerrada la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, y al año siguiente la
Universidad de Barcelona.
En 1973 se agudizó la contestación al régimen. Apareció una nueva organización armada,
el FRAP, que el 1 de mayo realizó su primer atentado en Madrid. La represión se acentuó
contra los dirigentes sindicales, proceso 1001, al tiempo que se detenía a miembros de
FRAP y ETA. Cinco de ellos serían ejecutados el 27 de septiembre de 1975.
Conclusión
Persiste la discusión sobre la naturaleza del régimen franquista. Lo que no se puede obviar
es que supone una anomalía dentro de la historia europea, pues pervive una dictadura con
raíces fascistas hasta 1975-77. Su existencia explica la Transición posterior y los
problemas identitarios con los que convive el país.
Aplicación didáctica
Bloque 3. La Historia. 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller. Es uno de los contenidos de la
PAEG. Se puede trabajar a través de la historia oral con sus abuelos.
Bibliografía
Casanellas, P. Morir matando. El franquismo ante la práctica armada. Madrid, Los libros
de la Catarata, 2014.
Molinero, C. y Ysàs, P. La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía,
1945-1977. Crítica, 2008.
Casanova, J., Espinosa, F. y otros: Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura
de Franco. 2003.
Tusell, J. Dictadura franquista y democracia. Crítica, 2005.
www.memoriahistorica.org
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