Tema 53. La dictadura franquista. Régimen político, evolución social y económica

1.El primer franquismo (1936-1939): evolución política

2. Primer Franquismo (1936-1959): evolución socioeconómica

3. El segundo franquismo (1960-1975): evolución política

4. Segundo franquismo (1960-1975): evolución socioeconómica

5. La oposición política el régimen (1939-1975)

Introducción:

La Dictadura franquista nacida de la Guerra Civil gobernó España durante casi 40 años.

A lo largo de estas cuatro décadas mutó su carácter, aunque hubo varias características

que se prolongaron en el tiempo, como la fuerte represión de otras tendencias políticas, y

el nacionalcatolicismo como orientación ideológica.

1959 se sitúa como bisagra entre el primer y segundo franquismo. La entrada de nuevos

ministros, vinculados al Opus Dei, y las medidas de modernización económica que se

pusieron en marcha, hicieron que la dictadura evolucionase. Se abandonó la autarquía

para engancharse al tren del desarrollismo europeo, mientras que a nivel político el país

intentó dar una imagen de modernidad, aunque sin abandonar un poder absoluto. Sin

embargo, esas transformaciones económicas repercutirían en la sociedad española a partir

de los años sesenta, y serían una de las vías de penetración de la exigencia de mayores

libertades políticas.

Por último, en el tema dedicaremos un espacio a la oposición política al Franquismo, la

cual también se vio influida por los avatares de la política interior y exterior.

1.El primer franquismo (1936-1959): evolución política

El régimen que salió de la Guerra Civil se caracterizó desde sus orígenes por una rotunda

concentración del poder en la figura de Franco, ya que todas las instituciones le estaban

completamente subordinadas.

Pero el régimen franquista tuvo una serie de componentes ideológicos. En primer lugar,

era anticomunista. Para los vencedores, los comunistas eran todos los republicanos,

rojos, lo que incluía desde la izquierda revolucionaria hasta la burguesía democrática y

liberal.

En segundo lugar, era antidemocrático. La democracia parlamentaria se identificaba con

lo antiespañol y con el marxismo. Aunque tras la II Guerra Mundial las críticas

disminuyeron, siempre se presentó al sistema parlamentario como modelo débil, sobre el

que la “democracia orgánica” del régimen tenía una clara superioridad.

En tercer lugar, era católico, hasta el punto de generalizarse el término nacional-

catolicismo para etiquetarlo. El dominio que la Iglesia ejerció en la vida social de la

España franquista fue absoluto. Su control de la educación era completo: la Iglesia era

titular de gran parte de los colegios y la enseñanza religiosa era obligatoria incluso en la

Universidad. Además, tenía plena competencia en materia de censura y una presencia

constante en los medios de comunicación. Se impuso una estricta moral católica, pública

y privada, cuyo incumplimiento era castigado por el Código Penal.

También era tradicionalista. La “unidad de la Patria” se convirtió en valor sacrosanto,

justificado en raíces históricas. Se exaltaron los valores de la Reconquista y del Imperio

y se adoptaron sus símbolos. Todo sentimiento nacionalista no español fue descalificado

y perseguido. Se prohibió el uso de cualquier lengua que no fuera el castellano, se

abolieron los órganos de autogobierno y se proscribieron los símbolos nacionalistas.

El régimen fue desde el principio militarista. La vida cotidiana se llenó de desfiles,

uniformes y símbolos castrenses. La radio y la prensa recordaban permanentemente la

guerra, la victoria y el papel del Ejército en la defensa de la unidad.

Por último, hubo una serie de rasgos fascistas muy marcados. Entre ellos estaban los

símbolos y los uniformes, inspirando en los del fascismo italiano o el nazismo alemán, la

existencia de un partido único, la exaltación del Caudillo, el desprecio a las instituciones

o la violencia como medio de control de masas.

La Dictadura franquista devolvió a la oligarquía terrateniente y financiera su hegemonía.

No solo recuperaron sus empresas y propiedades, sino también su dominio de la vida

social. Fueron, además, los principales beneficiarios de la economía intervencionista de

las primeras décadas del franquismo. A ella se incorporaron militares y falangistas, así

como enriquecidos por la guerra y los negocios.

El régimen franquista contó también con el apoyo de las clases medias rurales, sobre todo

en el norte y en ambas Castillas, así como de quienes en las ciudades se beneficiaron de

las depuraciones masivas realizadas al término de la guerra entre funcionarios, maestros,

profesores universitarios y militares republicanos.

Por el contrario, entre los jornaleros y el proletariado industrial, la Dictadura apenas tuvo

respaldo. Lo mismo ocurrió con buena parte de las clases medias urbanas, que habían sido

republicanas. Pero una cosa era la disconformidad y otra muy distinta la oposición o

protesta. La representación sistemática, el miedo a la delación, la miseria generalizada y

el hundimiento moral de la derrota desarmaron cualquier posibilidad de reacción durante

varios años. Después, la propaganda, el aumento del bienestar a partir de los años sesenta

y el relevo generacional, hicieron que parte de esos sectores obreros y campesinos

adoptaran una actitud de acomodamiento, de aceptación del régimen y de apoliticismo,

cuando no de respaldo directo al franquismo.

En el nuevo régimen los partidos políticos fueron prohibidos. No solo los que apoyaron

a la República, cuyos dirigentes fueron recluidos en prisiones y campos de concentración,

o ejecutados. También se permitían los partidos de derecha, ni siquiera los que en su día

habían apoyado la sublevación. Solo se permitió la Falange, pero es significativo que se

prohibiera a la prensa definirla como partido y que pasara a ser denominada Movimiento

Nacional. Sin embargo, Franco no solo se sirvió de la Falange, sino que buscó a sus

colaboradores entre grupos ideológicos o corporativos distintos, que constituyeron lo que

a falta de otro nombre se conoce como “familias del régimen”.

La Falange no tenía ya nada que ver con el partido de José Antonio Primo de Rivera.

Muerto este en la Guerra y marginados los viejos dirigentes, los Estatutos confirieron a

Franco la jefatura única y el partido se convirtió en cantera de dirigentes y cuadros para

la dictadura. Sus organizaciones, como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina o

la Organización Sindical, dominaban la vida económica y social. En los primeros años

los falangistas ocuparon los cargos más significativos, pero la derrota de las potencias

fascistas en la II Guerra Mundial hizo que poco a poco su presencia en los Gobiernos

fuera disminuyendo.

Los militares formaban otra de las familias. Muchos de los jefes sublevados fueron

colaboradores directos de Franco tras la guerra, entre ellos el hombre que permaneció

más tiempo junto al dictador, Carrero Blanco. Otros, sin embargo, se distanciaron y

fueron apartados del poder por su prestigio o sus posiciones críticas cerca de la monarquía

o falange. En todo caso los militares no formaron nunca un grupo de presión, ya que

Franco cuidó siempre de mantener al Ejército en un papel subordinado a su persona

Los católicos procedían de asociaciones de la Iglesia o, más tarde, del Opus Dei.

Suministraron cuadros y dirigentes, en general con un alto nivel de formación técnica.

Además, obispos y prelados participaron en las Cortes franquistas y en el Consejo del

Reino. Solo a raíz del Concilio Vaticano II, 1962, se produjo un distanciamiento

progresivo entre la jerarquía eclesiástica y la Dictadura. Ello no impidió que miembros

del Opus se mantuvieran en el poder hasta la muerte del dictador.

También los monárquicos colaboraron. Los carlistas tuvieron un papel secundario.

Otros, partidarios de la restauración de la monarquía creían que, terminada la guerra, la

Dictadura dejaría paso a Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, exiliado en Portugal. Pero

Franco se negó a dejar el poder. Sin embargo, y pese al enfrentamiento con Juan de

Borbón, muchos monárquicos colaboraron con el régimen y ocuparon puestos clave, de

forma especial en el cuerpo diplomático.

Todas estas familias eran ficticias. Franco, que carecía de una ideología política clara,

elegía a sus colaboradores al margen de etiquetas. Para hacer carrera se precisaba lealtad

personal, prudencia y carencia de mayores ambiciones. El dictador evitó siempre que

nadie acaparara demasiado poder y recelaba de quienes mostraban criterios propios.

Además, buscó siempre equilibrar la participación de los diferentes grupos en el Gobierno

y en los altos cargos del sistema.

Suele dividirse la evolución política del franquismo en cuatro periodos. La posguerra,

que se prolonga durante los cuarenta, caracterizada por el aislamiento; Los cincuenta,

ruptura del aislamiento; la etapa del desarrollismo económico de los sesenta; y la fase de

crisis y hundimiento del régimen en los setenta.

La evolución del régimen estuvo muy condicionado por la política externa. En 1939 el

Gobierno firmó el acuerdo de asociación al Eje Berlín-Roma-Tokio. En septiembre, al

estallar la II Guerra Mundial, España se convirtió en aliada de las potencias fascistas y

los falangistas adquirieron una clara primacía en el Gobierno, con Serrano Súñer al frente.

Su línea totalitaria impregnó la acción política y la información de la prensa sobre los

triunfos alemanes en los inicios de la guerra.

En octubre de 1940, una vez que los alemanes arrasaron Francia, se produjo la entrevista

de Hendaya entre Franco y Hitler. El encuentro fue un fracaso rotundo: ni Franco aceptó

la propuesta alemana de cambiar su posición oficial de “no beligerancia” y entrar en la

guerra, ni Hitler aceptó las pretensiones de Franco de obtener territorios en África como

compensación por su intervención. Eso no impidió el envío en 1941 de la División Azul,

una unidad de voluntarios, para apoyar la ofensiva de las tropas nazis contra la URSS.

Pero a partir del verano de 1942, las derrotas alemanas hicieron necesario un cambio de

orientación. Serrano Súñer abandonó el Gobierno y la diplomacia española inició un

progresivo giro hacia los aliados. Los alardes fascistas de la propaganda se fueron

suavizando hasta desaparecer, y al final de la guerra incluso se autorizó el uso de

aeródromos españoles a los aviones aliados.

Terminada la Guerra, un decretó reorganizó la Administración Central del Estado, agosto

1939. Se fijaron los ministerios y se autorizó al Jefe de Estado a aprobar decretos-ley sin

previa deliberación del Gobierno. El régimen franquista se caracterizó por la permanente

función constituyente del jefe de estado. Entre 1938 y 1946 se aprobaron las cinco

primeras leyes que organizaron al nuevo estado.

El Fuero de los Trabajadores, 1938, copiada de la Carta del Trabajo fascista de 1927,

prohibía el sindicalismo de clase y otorgaba el control de las relaciones laborales a la

Organización Sindical, el sindicato vertical y corporativo de Falange. Las condiciones de

trabajo pasaban a ser reguladas por el Estado.

La Ley Constitutiva de las Cortes, 1942, establecía unas Cortes elegidas por sufragio

indirecto por las llamadas corporaciones (familia, municipio y sindicato), y por el propio

Franco. Las Cortes franquistas no representaban en ningún caso la soberanía nacional,

por cuanto el Caudillo conservaba plena potestad legislativa.

En 1945 se aprobaron dos nuevas leyes orgánicas. El Fuero de los Españoles era una

especie de declaración de derechos y deberes que reafirmaba el carácter tradicionalista y

católico del sistema. Su objetivo real era enmascarar la imagen autoritaria del régimen en

el momento en que comenzaba su aislamiento internacional. Por su parte, la Ley de

Referéndum Nacional permitía al jefe de Estado convocar un plebiscito para que el

pueblo aprobara directamente una ley.

Por último, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 1946, definía al régimencomo

un reino y autorizaba a Franco a proponer su propio sucesor.

En 1945, la posición de la Dictadura se hizo difícil. Tras la victoria, los dirigentes aliados

denunciaron el apoyo de Franco a Alemania e Italia durante la guerra. La postura de

bloqueo frente a España fue creciendo y en febrero de 1946 la Asamblea de la ONU votó

en contra de la entrada de España en sus organismos. Días después, EEUU, Francia y

Reino Unido firmaron una declaración pública sugiriendo la retirada de embajadores y en

junio el Consejo de Seguridad de la ONU declaraba al régimen español como una

amenaza potencial a la paz internacional.

El bloqueo económico y diplomático determinó que la autarquía, que hasta entonces había

sido una opción voluntaria, se convirtiera ahora en una necesidad, agravándose la

situación económica aún más y prolongándose las secuelas de hambre y miseria. Sólo la

importación de petróleo estadounidense y el envío masivo de trigo por el Gobierno

argentino, permitieron la supervivencia del régimen. Fue Argentina, bajo el gobierno

dictatorial de Perón, uno de los pocos países que mantuvo su embajador y su alianza con

España. Aunque EEUU, por su parte, intentaba evitar la ruptura total con un país que

podía ser clave en la recién iniciada Guerra Fría.

En el interior, la Dictadura intentó lavar su imagen. Aumentó la influencia de la Iglesia y

el número de ministros católicos en detrimento de los falangistas. La ley de Referéndum

Nacional y la Ley de Sucesión, antes comentadas, hacían prever cambios. Sin embargo,

las relaciones con los monárquicos se fueron enfriando conforme se afirmaba la voluntad

de continuidad de Franco. La publicación del Manifiesto de Lausana, 1945, en el que Juan

de Borbón declaraba su apoyo a una transición democrática, con Cortes constituyentes y

una amplía amnistía, llevó al borde de la ruptura. Pero los contactos nunca se rompieron

del todo y los monárquicos permanecieron siempre en las esferas de poder.

A partir de 1948, la situación internacional comenzó a girar a favor del régimen. El inicio

de la Guerra Fría hizo que las potencias occidentales cerraran los ojos antes el carácter

totalitario del franquismo para incorporar a España a la alianza anticomunista. La máxima

de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. La presión diplomática se fue difuminando

y comenzaron a levantarse las restricciones comerciales, al tiempo que se producían

declaraciones favorables al fin del aislamiento. En 1950, cuando ya se habían iniciado

negociaciones con EEUU y el Vaticano, la ONU levantó la recomendación de retirada de

embajadores y autorizó la entrada de España en organismos internacionales.

El acontecimiento decisivo en la ruptura del aislamiento fue la firma del acuerdo con

EEUU, que permitió la instalación de bases norteamericanas en España, 1953. A EEUU

le interesaba contar con varios aeropuertos y bases navales que facilitaran a su flota el

control del Mediterráneo. España buscaba ayuda financiera a toda costa. Las

negociaciones fueron complicadas, pero finalmente en septiembre de 1953 se firmó el

tratado hispano-estadounidense. El acuerdo militar fijaba el establecimiento durante diez

años, prorrogables, de cuatro bases de utilización conjunta, Torrejón de Ardoz, Zaragoza,

Morón y la naval de Rota, y numerosas instalaciones de radar y seguimiento. Aunque

teóricamente quedaban bajo soberanía española, en la práctica estuvieron siempre en

manos de los militares estadounidenses.

El acuerdo económico se concretó en 1.180 millones de dólares en ayudas de todo tipo:

asistencia técnica, construcción de las bases, créditos y excedentes de productos agrarios

y bienes de equipo norteamericanos. La disparidad entre ambos acuerdos es clara, aunque

es cierto que el segundo, si bien no suponía un gran esfuerzo para EEUU, si resultó

decisivo para sacar a España de su grave situación y terminar con la escasez de alimentos.

Ese mismo año se firmó un nuevo Concordato entre el Vaticano y el Estado española,

una reafirmación de la alianza entra la Iglesia y el Franquismo, que suponía un nuevo

respaldo internacional.

En 1956, por último, España reconocía la independencia de Marruecos, e iniciaba el

proceso descolonizador del Protectorado, siguiendo las recomendaciones de la ONU.

El fin del aislamiento y los primeros síntomas de recuperación coincidieron con una

importante crisis política: los graves incidentes entre estudiantes antifranquistas y

miembros del sindicato estudiantil falangista, agudizaron las tensiones existentes entre

falangistas y católicos. Franco procedió a remodelar el Gobierno, 1957, del que salieron

los representantes más radicales del falangismo y algún ministro católico como Ruiz

Giménez. Sin embargo, los cambios fundamentales se produjeron en los ministerios

económicos, con la llegada de varios ministros procedentes del Opus Dei, apoyados por

Carrero Blanco, mano derecha de Franco. La Ley de Principios del Movimiento

Nacional, 1958, reafirmaba la vinculación del franquismo con los valores slaidas de la

Guerra civil, pero era suficientemente ambigua en los matices como para que todas las

familias pudieran aceptarla.

La década terminaba de forma positiva para el régimen. La entrada en el FMI y el Banco

Mundial, unidas a la vista del presidente americano Eisenhower a España, 1959, sirvieron

para generar euforia y reforzar la imagen de Franco.

2. Primer Franquismo (1936-1959): evolución socioeconómica

Después de la Guerra Civil, España era un país arruinado demográfica y económicamente.

El sistema productivo estaba deshecho y la producción agrícola deprimida. El hambre se

extendió a la gran mayoría de la población. El nuevo régimen tuvo que recurrir al

racionamiento. Para afrontar la situación, las autoridades optaron por un régimen de

autarquía económica y de intervención del Estado. El modelo era el del fascismo italiano,

tan admirado entonces por los falangistas, según el cual un país no podía gozar de

independencia política si no era económicamente autosuficiente.

Una serie de decretos implantaron el sistema intervencionista. Se fijaron precios y se

obligó a entregar al Estado todo excedente de cosecha (Servicio Nacional del Trigo).

Cualquier inversión industrial quedó sujeta a licencia previa y se reconvirtieron fábricas

para producir bienes de primera necesidad. Se fundó el Instituto Nacional de Industria en

1941, para privilegiar a los sectores acordes con las prioridades del régimen y se canalizó

a través del Estado cualquier permiso de importación o exportación.

Pero los dirigentes franquistas carecían de objetivos económicos claros. Sobre un sector

productivo arrasado y con una enorme deuda, la lentitud de la burocracia y la falta de una

política financiera seria mantuvieron hundido el mercado interior. El sector agrario volvió

a superar el 50% de la renta nacional, lo que suponía una clara regresión económica. El

estallido de la II Guerra Mundial y el alineamiento de España con las potencias del Eje

dificultaron aún más la situación.

Las consecuencias fueron nefastas. Las cosechas eran muy pobres, inferiores a las de

1936, en parte porque los bajos precios fijados por el Gobierno llevaron a muchos

agricultores a abandonar el cultivo del cereal. Los índices de producción industrial

permanecieron igualmente hundidos, como la renta nacional y la renta per cápita.

Una parte importante de los bienes esenciales de consumo pasaron a depender del

mercado negro, estraperlo. Era la única forma de sortear los controles y los precios

oficiales y también es la única vía de supervivencia para mucha gente. Gracias a él una

minoría se enriqueció a costa de la pobreza general y al amparo de unas autoridades

permisivas cuando no implicadas. La corrupción se extendió a todos los sectores: manejo

de divisas, licencias de importación y exportación, construcción o fabricación en régimen

de monopolio de productos y suministros al Estado.

El fracaso de la política autárquica era ya claro, incluso para los propios jerarcas del

franquismo que defendían el modelo en 1950. El giro en la política económica se inicia

con el cambio de Gobierno en 1951. Se decretó una liberalización parcial de precios,

comercio y circulación de mercancías. Sus efectos y los de una buena cosecha permitieron

terminar con el racionamiento, 1952. Se inició entonces una expansión económica, con

cifras de crecimiento anual impensables solo unos años atrás. En 1954 se superaban las

cifras de renta por habitante de 1935 y el sector industrial comenzó a crecer, al tiempo

que disminuía proporcionalmente el peso del sector agrario en la renta nacional. Al

crecimiento contribuyeron las ayudas estadounidenses, que comenzaron a llegar en 1951.

Fueron muy inferiores a las del Plan Marshall que recibieron otros países europeos, pero

para la economía española, prácticamente descapitalizada, significaron un aporte

decisivo. Los créditos americanos permitieron aumentar las importaciones de bienes de

equipo, imprescindibles para el desarrollo industrial.

Pero la prosperidad era sólo aparente. Los presupuestos seguían siendo deficitarios y la

balanza comercial también, lo que condujo al país al borde de la bancarrota. La fuerte

inflación, además, entorpecía la expansión. A partir de 1955 se reprodujeron las huelgas

y protestas.

3. El segundo franquismo (1960-1975): evolución política

Quienes pensaban que la mejoría económica abriría el camino a la apertura política, se

equivocaron. El régimen no dio la menor señal de querer variar el férreo control político

y la restricción total de las libertades.

Las consecuencias fueron inmediatas. En primer lugar se inició un proceso de

distanciamiento entre la Iglesia y el régimen. Miembros de la jerarquía eclesiástica

comenzaron a denunciar la situación de los trabajadores y a insistir en la labor de

apostolado social y dejaron de lado los viejos valores del nacional-catolicismo.

A pesar de todo, el régimen intentaba mejorar su imagen y demostrar un talante aperturista

con la entrada en el Gobierno de nuevos ministros (1962), como Manuel Fraga, Laureano

López Rodó o Gregorio López Bravo, estos dos últimos ligados al Opus Dei.

Aprovechando el crecimiento económico se aprobaron varias leyes de modernización,

entre ellas La Ley de Prensa, 1966. Aunque se presentó como el establecimiento

definitivo de la libertad de prensa, en la práctica la censura siguió funcionando. Ese

mismo año un referéndum convertido en auténtico plebiscito a favor de Franco aprobó la

Ley Orgánica del Estado, 1966, última de las leyes fundamentales.

Finalmente, Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de Franco “a título de Rey”,

1969. La continuidad en el régimen parecía asegurada. Sin embargo, esos cambios no

pudieron evitar la creciente oposición en fábricas y universidades.

A partir de 1970 los Gobiernos fueron cada vez más débiles. Estallaron escándalos de

corrupción, el más grave de ellos el asunto MATESA, un caso de subvenciones a la

exportación concedidas a una empresa fraudulenta que salpicaba a varios ministros. La

oposición universitaria y obrera desbordaba al régimen, que solo supo responder con la

represión, la aplicación de estados de excepción, interrogatorios y torturas por la Brigada

Político Social y enjuiciamiento en el Tribunal de Orden Público. El llamado proceso de

Burgos, 1970, contra 16 miembros de ETA, 9 de los cuales fueron condenados a muerte

determinó el momento más crítico. Las protestas, la presión internacional y el secuestro

por parte de ETA del cónsul alemán en Bilbao, hicieron finalmente claudicar a Franco,

que conmutó las penas por las de cadena perpetua.

Además, el envejecimiento de Franco suscitó el debate sobre la continuidad del

franquismo. Dentro del régimen se produjo una ruptura entre los aperturistas, partidarios

de reformar el sistema para ir acercándolo progresivamente a un modelo parlamentario,

y los sectores más inmovilistas, opuestos a cualquier cambio, por mínimo que fuera, y

que serían denominados como el “búnker”. La represión se acentuó a partir de 1973 contra

los dirigentes sindicales (proceso 2001), al tiempo que se detenía a miembros de FRAP y

ETA.

Franco aceptó separar por primera vez la jefatura del Estado y la del Gobierno. Nombró

presidente del mismo a Carrero Blanco, quien formó un gabinete con mayoría de

miembros del Opus y de franquistas puros, entre ellos Carlos Arias Navarro, nuevo

ministro de Gobernación, y que había destacado por la dura represión practicada como

director general de seguridad. El objetivo era atajar la creciente protesta en las calles y

preparar el futuro relevo en la jefatura del Estado. Pero el nuevo Gobierno no tuvo tiempo

de actuar. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco moría víctima de un atentado de

ETA. El magnicidio, que hizo crecer la imagen de ETA en ciertos sectores de la

oposición, fue un golpe durísimo para Franco, que perdía a su hombre de máxima

confianza en un momento en que acusaba ya síntomas de debilidad física y moral.

El “búnker” consiguió imponer a Arias Navarro como sustituto. Este formó un gabinete

de franquistas puros, pero con algunos ministros aperturistas como Pío Cabanillas. Su

discurso programático, que incluía vagas promesas de apertura y un estatuto de

asociaciones políticas, fue recibido con ciertas esperanzas (el espíritu de Febrero), pero

pronto demostró su talante represivo con la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich

en 1974.

Se produjo entonces un grave enfrentamiento con la Iglesia. La tensión había aumentado

desde que el cardenal Enrique Tarancón, abiertamente antifranquista, dirigía la

Conferencia Episcopal. En marzo de 1974 una homilía del obispo de Bilbao, Añoveros,

en la que aludía a la personalidad distinta del País Vasco, provocó una amenaza de

expulsión por parte del Gobierno. El Vaticano contestó a su vez con la amenaza de

excomulgar a Franco. Este optó por ordenar a Arias que cediera, pero la ruptura con la

Iglesia era ya completa.

En julio de 1974, Franco fue hospitalizado por motivos de salud, y durante algunos días

cedió sus poderes al príncipe Juan Carlos. El declive físico del dictador era ya evidente.

Tras el verano de 1975 los acontecimientos se precipitaron. Varios miembros de ETA y

FRAP fueron juzgados y doce de ellos condenados a muerte. En medio de

manifestaciones en todas las capitales europeas y de una lluvia de peticiones de

clemencia, el 27 de septiembre cinco de los condenados fueron ejecutados. La oleada de

manifestaciones internacionales contra la dictadura fue respondida con una gran

concentración en la plaza de Oriente.

La agitación de aquellos días acabó por agotar a Franco, que cayó enfermo el día 13. Fue

entonces cuando estalló el conflicto en el Sáhara español. Hassan II de Marruecos

amenazó con lanzar una invasión popular hacia el territorio español si el Gobierno de

Madrid no lo cedía al reino marroquí. La llamada Marcha Verde puso al ejército en estado

de máxima tensión, y obligó al príncipe Juan Carlos a realizar un viaje relámpago al

Sáhara. Finalmente, el 18 de noviembre, el Gobierno capituló y mediante el Acuerdo

Tripartito de Madrid entregó el Sáhara español a Marruecos y Mauritania, violando el

compromiso y mandato de la ONU, que había encargado a España la tutela del territorio

hasta su independencia. Dos días después, el 20 de noviembre, Franco moría tras mes y

medio de larga y dura enfermedad.

4. Segundo franquismo (1960-1975): evolución socioeconómica

La crítica situación económica condujo al Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica,

1959. Plan de estabilización económica. Era un plan de estabilización típico, diseñado

según las indicaciones del FMI y del Banco Mundial, que aceptaron financiarlo con

créditos.

Se trataba de liberalizar la economía, mediante la supresión de trabas burocráticas, el

recorte del gasto público y la apertura al exterior. El plan se inició con una serie de

medidas restrictivas. Para reducir el gasto del Estado se suprimieron organismos

burocráticos, se recortó el presupuesto y se subió el precio de los servicios públicos.

También se liberalizaron los precios protegidos, aumentaron los tipos de interés y se

restringieron los créditos bancarios. Al mismo tiempo se devaluó la peseta, fijando un

tipo de cambio más realista. También quedaron liberalizadas las inversiones extranjeras,

salvo en algunos sectores estratégicos. Consecuencia inmediata fue la entrada masiva de

capitales de las multinacionales en sectores clave, como el energético.

Los resultados fueron inmediatos. Entre 1959 y 1960 se produjo, como era previsible, un

fuerte parón económico: caída de salarios, de precios y del consumo. Pero se consiguieron

los objetivos de reducción del déficit y de acumulación de capitales, y a partir de 1961 se

comenzó el proceso de relanzamiento. La economía española creció a un ritmo altísimo,

que se basó sobre todo en el aumento del sector industrial y de servicios, y propició un

profundo cambio en la sociedad española.

La expansión industrial se basó en los bajos salarios y en la masiva llegada de inversiones

extranjeras. También la tecnología procedía del extranjero: las importaciones de bienes

de equipo y de energía, sobre todo petróleo, crecieron de forma rápida, por lo que la

economía española pasó a depender por completo del exterior. El crecimiento de la

industria produjo una intensa emigración de mano de obra campesina hacia las grandes

ciudades. Otros muchos buscaron trabajo en Europa. el resultado fue el alza de salarios

en el campo, al disminuir la oferta de mano de obra, lo que a su vez impulsó la

mecanización de las tareas agrícolas y la consiguiente demanda de bienes industriales por

parte del sector agrario. Así, modernización agrícola y despoblamiento del interior fueron

fenómenos paralelos.

La balanza de pagos dejó de ser deficitaria, en buena parte gracias a las divisas obtenidas

por la entrada masiva de turistas, que llegaron a cubrir el 80 por 100 del déficit comercial.

A la moneda de los turistas se sumaron las inversiones extranjeras y las aportaciones de

los emigrantes, que enviaban buena parte de sus ganancias en Europa para el

mantenimiento de sus familias.

A partir de 1963 el Gobierno intentó regular el crecimiento mediante los llamados Planes

de Desarrollo. Se trataba de conseguir, en periodos de tres años, una serie de objetivos

de crecimiento en sectores clave, mediante incentivos fiscales y ayudas estatales. Se

crearon los polos de desarrollo para promocionar la instalación de nuevas industrias y así

generar empleo en zonas deprimidas. Pero el resultado fue decepcionan, porque no se

cumplieron los objetivos previstos.

En conjunto, el crecimiento económico entre 1961 y 1973 fue elevado y constante, y

significó una profunda transformación del tejido productivo y la apertura al exterior. Pero

hay que señalar que el crecimiento fue posible gracias a la expansión de la economía

mundial, y especialmente europea, de aquellos años. Gracias a ella hubo inversiones

extranjeras y divisas a través del turismo, así como de empleo para los emigrantes

españoles. De la misma forma, la crisis de la economía mundial de 1973, derivada del

alza de los precios del petróleo, afectó ya de forma profunda a España, deteniendo

bruscamente el escenario.

Gracias al crecimiento económico, la sociedad española comenzó a experimentar cambios

significativos. El primero de ellos tuvo que ver con la emigración masiva de la población

rural. La principal corriente se dirigió hacia las grandes ciudades, en busca de empleo en

la industria: Barcelona y Madrid recibieron más de medio millón de inmigrantes durante

la década de 1960, mientras Valencia, Bilbao y Alicante superaban los 100.000. La

segunda gran corriente se dirigió hacia Europa: más de un millón de trabajadores tuvo

que emigrar a los países europeos desarrollados, sobre todo Francia, Alemania, Suiza y

Bélgica. Allí desempeñaron los empleos que los trabajadores nativos rechazaban. La

emigración exterior sirvió para reducir las enormes cifras de paro real que la economía

española generaba.

El crecimiento acentuó los desequilibrios en el reparto de la riqueza, tanto personales

como regionales. Los bajos salarios y la existencia de un sistema fiscal regresivo y

fraudulento mantuvieron el nivel de vida de los trabajadores muy por debajo del existente

en Europa. La riqueza se concentró en las áreas urbanas, contribuyendo a atraer la

emigración y a acentuar el empobrecimiento rural. En 1963, se modificó el sistema de

prestaciones sociales y sanitarias. Su crecimiento, que recayó fundamentalmente sobre

las cotizaciones de los trabajadores, permitió extender la red de hospitales y cubrir

prestaciones por enfermedad, jubilación y desempleo, aunque en cuantías muy cortas y

marcadamente insuficientes. De hecho, el sistema hospitalario permaneció masificado y

tecnológicamente atrasado. El gasto público en España era escaso y caótico.

El elevado crecimiento urbano hizo que las grandes ciudades se convirtieran en áreas

metropolitanas y absorbieran suburbios y pueblos periféricos. A finales de la década de

1960 se calcula, pese a todo, que había un déficit de un millón de viviendas. Eso no

impedía los grandes negocios especulativos, tanto en las zonas ricas (centro de las

ciudades, zonas turísticas) como en los suburbios, donde se construían barrios enteros sin

infraestructuras ni equipamientos sociales y urbanos.

Hacia 1970 la luz eléctrica llegaba ya a casi todo el país. Una gran parte de los hogares

tenían teléfono y electrodomésticos como el frigorífico, la televisión o la lavadora. Un

25% de las familias tenían coche propio, SEAT 600, y el veraneo en las zonas playeras

comenzaba a ser también corriente entre las clases medias. La sociedad de consumo había

llevado a un cambio de mentalidad profundo. Mientras la clase dirigente, ultracatólica y

conservadora, se encastillaba en los valores del franquismo, el resto del país, y sobre todo

las generaciones más jóvenes, evolucionaba hacia posiciones muy distintas. Síntoma de

ello era la progresiva relajación de la asistencia a actos religiosos, la introducción de

nuevos hábitos de relación social y sexual, o la aceptación de las modas hábitos y

movimientos culturales que llegaban de fuera.

5. La oposición política el régimen (1939-1975)

Después de la Guerra Civil la mayoría de los exiliados huyó hacia Francia, y más tarde el

estallido de la guerra europea les dispersó hacia América Latina. Otros se sumaron a la

resistencia contra los nazis y miles de ellos acabaron en los campos de concentración o

fueron entregados a las autoridades franquistas por los alemanes. Muchos comunistas

emigraron a la URSS.

El Gobierno de la República en el exilio confiaba en una victoria de las democracias y en

que éstas acabarían con la Dictadura de Franco, lo que permitió mantener una cierta

unidad de acción. Pero en 1945 llegó la decepción, al quedar patente la decisión de las

potencias de no intervenir en España. La condena de 1946 reavivó algo las esperanzas,

pero a partir de 1949 el régimen franquista empezó a remontar el aislamiento, y la entrada

en la ONU en 1955 acabó por hundir las expectativas. Los sucesivos gobiernos en el

exilio, instalados en México, fueron debilitándose, conforme desaparecía la vieja

generación de dirigentes republicanos. El alejamiento respecto de los militantes

clandestinos en el interior era, además, cada vez mayor.

Muchos combatientes republicanos permanecieron hostiles al nuevo régimen desde el

final de la guerra. Se “echaron al monte”, e iniciaron por su cuenta una labor de

hostigamiento a las fuerzas del orden y del Ejército, a través de pequeñas partidas que se

refugiaban en las montañas del norte y del interior. Estaban dirigidas por anarquistas y

comunistas principalmente, y en 1944 el PCE organizó una entrada masiva de

guerrilleros, los maquis, por el Pirineo, que se saldó con un fracaso.

Las acciones de los guerrilleros (maquis) se intensificaron a partir de 1945: ocupación del

Valle de Arán, y obligaron a utilizar numerosos efectivos de la Guardia civil y del Ejército

para combatirlas. Poco a poco, las partidas fueron capturadas o exterminadas, al tiempo

que el desencanto cundía entre ellas por la decisión aliada de no intervenir en España. de

esa forma, hacia 1947 la guerrilla comenzó a declinar, y solo grupos muy aislados

continuaron algunos años refugiados en las montañas. En 1948 el PCE renunció a la

táctica guerrillera.

En el interior se mantuvo con dureza la represión contra los prisioneros republicanos. Los

campos de concentración de extendieron por todo el país, y los tribunales continuaron

juzgando, sentenciando y ordenando ejecuciones al amparo de la Ley de

Responsabilidades Políticas, 1939. Un ambiente de recelo y delación se extendió por

todos los rincones del país. Cualquier sospechoso de haber colaborado con la República

podía ser denunciado por los Jefes de Barrio o de Casa de la Falange. Se estableció un

clima de terror en las regiones agrarias del sur, en las cuencas mineras y zonas industriales

y en las grandes ciudades. Aun así, la CNT y el PCE, y en menor medida el PSOE,

consiguieron organizar algunas células de resistencia, pero los sucesivos dirigentes

enviados al interior acabaron en la cárcel o fusilados. Solo en 1945, ante la inminente

victoria aliada, se multiplicaron las acciones de propaganda y las emisiones de radio. En

1946 y 1947 se producen las primeras huelgas en varias ciudades, a las que el régimen

respondió con una durísima represión.

A partir de 1950 la lucha contra la Dictadura reapareció en el interior. Surgieron protestas

contra las subidas de precios, como las huelgas blancas, boicots, de 1951 en Barcelona,

País Vasco y Madrid contra las tarifas de los tranvías y las huelgas clandestinas contra

los bajos salarios. Su relativo éxito, en el contexto de violenta represión que reinaba en el

país, fortaleció a la oposición clandestina.

Mucho más importante fue el inicio de la protesta universitaria. El clima aperturista

propiciado por el ministro de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, permitió la aparición de

grupos de estudiantes católicos, en los que también se infiltraron algunos socialistas y

comunistas. Profesores y alumnos pedían mayor libertad, frente a la oposición del SEU.

La tensión estalló en febrero de 1956, cuando los falangistas, derrotados en las elecciones

de la Facultad de Derecho de Madrid, respondieron con violencia con el resultado de un

falangista muerto. Dos días de lucha en las calles provocaron una dura represión policial.

Fueron detenidos varios dirigentes estudiantiles y algunos intelectuales ex franquistas que

se habían solidarizado con ellos. La crisis obligó a dimitir a Ruiz Giménez y provocó un

cambio de Gobierno. Pero, sobre todo, demostró que había una nueva generación

dispuesta a oponerse a la Dictadura, cuyas posiciones estaban muy alejadas de la de los

dirigentes de la República en el exilio.

Pero por entonces, solo el PCE conservaba suficiente organización para influir en la lucha

clandestina dentro del país. Especialmente después de que en 1956, tras superar una fuerte

crisis interna, se renovó dando entrada a dirigentes más jóvenes que comenzaron a tejer

una red de activistas en el interior más firme que la tenida hasta el momento. El PCE pasó

a hegemonizar la lucha contra la Dictadura. El PSOE se mantuvo dividido. Los militantes

del interior disentían de la táctica de no colaborar con los comunistas impuesta por los

dirigentes del exterior. Los primeros veían como el PCE captaba apoyos y militancia

gracias a su trabajo de infiltración y a su disciplina interna. Otros grupos socialistas fueron

surgiendo, escindidos del PSOE.

Sólo al final de la Dictadura la oposición de sectores liberales, democristianos o

monárquicos adquirió alguna influencia, sobre todo en la prensa y en medios próximos al

propio régimen. En cuanto al antiguo movimiento republicano, prácticamente no tenía

peso como tal dentro de España.

En el movimiento obrero adquirieron un protagonismo clave las Comisiones Obreras,

CCOO, surgidas en 1962 como alternativa al sindicalismo oficial del Movimiento. Poco

a poco su tenacidad y su capacidad de infiltración en el sindicato vertical, además de sus

éxitos en la mejora de las condiciones de trabajo, las convirtieron en el eje de la lucha

obrera. En los años finales del régimen eran el sindicato clandestino de referencia, y buena

parte de su dirección estaba conectada con el PCE. Otros sindicatos, como UGT y CNT,

también comenzaron a reconstruirse, pero su táctica de no infiltrarse en la Organización

Sindical del régimen limitó su implantación.

La oposición se fue articulando en movimientos de protesta de muy diverso tipo, a

menudo al margen de los partidos. La primera movilización fue la de los trabajadores. La

oleada de huelgas en las fábricas que se inicia a partir de 1962 tuvo su origen en las

dificultades que planteaba el desarrollo económico. Pero poco a poco, conforme se

extendía el clima de protesta y la represión, las motivaciones sindicales y políticas

pasaron a primer término. La toma de conciencia entre los trabajadores industriales fue

creciendo, al tiempo que los sindicatos de clase se extendían y coordinaban la lucha. En

1970 la movilización obrera afectaba ya a cientos de miles de trabajadores y resultó

decisiva en el hundimiento del régimen.

Lentamente surgió también la oposición nacionalista en el País Vasco y en Cataluña,

ajena en general a los viejos partidos de la República. En 1959 un grupo de jóvenes fundó

ETA, que rápidamente optó por la lucha armada como táctica para lograr la “liberación

nacional vasca”. Un año más tarde, en 1960, más de trescientos curas vascos firmaron

una carta protestando por la represión y exigiendo libertades públicas. Ese mismo año

fueron detenidos algunos catalanistas, acusados de distribuir panfletos antifranquistas en

catalán.

Otros frentes de oposición eran el movimiento estudiantil, cada vez más amplio y

organizado y los movimientos católicos de base. Desde mediados de la década de 1960

sectores influyentes de la Iglesia católica comenzaron a denunciar la situación de los

trabajadores y a insistir en la labor de apostolado social y ayuda a los necesitados, dejando

de lado los viejos valores del nacionalcatolicismo. El ascenso al papado de Juan XXIII y

su inesperada renovación de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II agudizaron las

tensiones, que irían agrandándose hasta llegar casi a la ruptura desde 1970. Además, un

sinfín de colectivos profesionales, asociaciones de vecinos y grupos de todo tipo

formaban un inmenso entramado de oposición colectiva contra el régimen franquista.

En 1962, semanas después de que España pidiera entablar negociaciones de adhesión a la

CEE, un centenar de españoles se reunía en Munich y aprobaba una declaración

recomendando la no admisión de España en tanto no se restauraran las libertades. En su

mayoría eran dirigentes liberales de derecha, pero el régimen respondió con enorme

dureza. La prensa franquista descalificó de forma virulenta el llamado “contubernio de

Munich”, mientras se multiplicaban las detenciones de dirigentes de la oposición.

La represión continuó al año siguiente, con la detención en Madrid del dirigente

comunista Julián Grimau, que, tras ser torturado y procesado sin garantía jurídica alguna,

fue ejecutado en abril de 1963 en medio de un gran escándalo internacional.

Pero estos cambios no pudieron evitar la creciente oposición en fábricas y universidades.

La agitación era especialmente importante en el País Vasco, donde las acciones de ETA

eran respondidas con una represión policial indiscriminada, lo que generó un gran apoyo

social alrededor de la organización armada. Tras el primer asesinato de ETA en 1968, se

estableció la jurisdicción militar para cualquier delito de contenido político o social. Ese

mismo año fue cerrada la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, y al año siguiente la

Universidad de Barcelona.

En 1973 se agudizó la contestación al régimen. Apareció una nueva organización armada,

el FRAP, que el 1 de mayo realizó su primer atentado en Madrid. La represión se acentuó

contra los dirigentes sindicales, proceso 1001, al tiempo que se detenía a miembros de

FRAP y ETA. Cinco de ellos serían ejecutados el 27 de septiembre de 1975.

Conclusión

Persiste la discusión sobre la naturaleza del régimen franquista. Lo que no se puede obviar

es que supone una anomalía dentro de la historia europea, pues pervive una dictadura con

raíces fascistas hasta 1975-77. Su existencia explica la Transición posterior y los

problemas identitarios con los que convive el país.

Aplicación didáctica

Bloque 3. La Historia. 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller. Es uno de los contenidos de la

PAEG. Se puede trabajar a través de la historia oral con sus abuelos.

Bibliografía

Casanellas, P. Morir matando. El franquismo ante la práctica armada. Madrid, Los libros

de la Catarata, 2014.

Molinero, C. y Ysàs, P. La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía,

1945-1977. Crítica, 2008.

Casanova, J., Espinosa, F. y otros: Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura

de Franco. 2003.

Tusell, J. Dictadura franquista y democracia. Crítica, 2005.

www.memoriahistorica.org