coaliciones regionales de desarrollo en américa latina
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COALICIONES REGIONALES DE DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA
Claudia Serrano Directora Ejecutiva
Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural – Rimisp Santiago de Chile, Abril 2011
Introducción
En busca de mayor eficiencia fiscal y profundización democrática, la mayoría de los
países de América Latina iniciaron en las últimas décadas procesos de
descentralización que han sido profusamente examinados y que se coincide en evaluar
como incompletos o insuficientes. Sin embargo, en años recientes el proceso enfrenta
un nuevo impulso. Comienza a entenderse con mayor claridad que la descentralización
no es solo un asunto de administración y provisión de servicios públicos, sino
principalmente un proceso de orden político, social y económico que va más allá de lo
administrativo, cuya principal fortaleza o razón de ser, es su capacidad de potenciar
dinámicas de desarrollo endógeno, con identidad y recursos propios de los territorios.
Esto supone administraciones eficientes volcadas a la innovación y al emprendimiento,
asociación y articulación público privada y coordinación de acciones y medidas en
torno a objetivos comunes propiamente territoriales – locales.
Estas ideas nos acercan a los conceptos que se tratan en este artículo, el que plantea
que el fortalecimiento de los procesos de descentralización requiere mirar con mayor
atención a los actores territoriales y apoyar a las fuerzas endógenas capaces de
generar dinámicas económico -‐ sociales inclusivas y sustentables. Entre esas fuerzas,
un papel estratégico corresponde a las coaliciones territoriales de desarrollo que
activan los actores para alcanzar objetivos vinculados al desarrollo de los territorios.
Estudios sobre el desarrollo económico territorial en América Latina han generado
evidencia que demuestra que el crecimiento económico y el progreso social que se ha
venido experimentando en años recientes, conllevan una marcada segregación
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territorial. Hay territorios, que normalmente se asocian con grandes ciudades y con
zonas poseedoras de recursos naturales, que concentran el emprendimiento, la
innovación, los negocios y el progreso. Otros territorios se caracterizan por el rezago,
la pobreza y la ausencia de procesos productivos dinámicos. Si este es el modelo, no
habría otro camino sino aceptar fenómenos de fuerte dualidad con zonas
empobrecidas y postergadas y zonas modernas y dinámicas. Sin embargo, el análisis
territorial de los procesos económicos en curso, también informa sobre la presencia de
territorios donde se rompe esta dicotomía y se exhibe dinamismo económico e
inclusión social, entendida como disminución de los niveles de pobreza y mejoras en
materia de desigualdad. Estos casos no son frecuentes.
Este texto se instala en un ámbito particular de esta discusión. Plantea que los
procesos de descentralización en América Latina deben abrirse con más decisión a los
temas económicos del desarrollo. Sostiene, asimismo, que es imprescindible dar paso
a actores territoriales capaces de sustentar estas dinámicas para que actúen en forma
intencionada y estratégica en el marco de una agenda territorial de desarrollo, y que
estos actores asociados en forma implícita o explícita constituyen coaliciones
territoriales llamadas a liderar nuevas oportunidades. Agrega que el estímulo a las
coaliciones territoriales, no solo forma parte de la agenda de descentralización y
desarrollo territorial, sino que es un nicho novedoso y prometedor para encauzar la
cooperación descentralizada.
El documento se organiza en cuatro secciones, excluyendo la introducción. La primera
ofrece una puesta al día en torno al proceso de descentralización en curso en América
Latina e incorpora la discusión sobre desarrollo económico territorial. La segunda
sección se extiende en torno al concepto de Coaliciones de Desarrollo y la tercera
sección analiza las potencialidades de la cooperación internacional en torno a las
coaliciones. La cuarta y última sección presenta conclusiones y propuestas.
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1. Panorama del proceso de descentralización en América Latina
El proceso de descentralización en América Latina se ha venido desplegando durante
las últimas dos décadas con un amplio grado de acuerdo entre todas las vertientes
políticas. Se estima que colabora a una mejor asignación de los recursos públicos, una
provisión más eficiente de los servicios, permite tomar decisiones más sintonizadas
con las necesidades de las personas y contribuye a un proceso político más
democrático y ciudadano. Sin embargo, los analistas también coinciden en señalar que
ha sido un proceso incompleto, sobre el cual no existen los acuerdos políticos que
impulsen el efectivo traspaso de poder y que no ha dado pruebas suficientes de ser
una respuesta efectiva en materia de eficiencia y eficacia de la gestión pública (UCLG,
2008), (De la Cruz, Pineda y Pöschl, 2010).
En América Latina, el proceso de descentralización surge en el marco de las
recomendaciones de racionalidad fiscal de los años 80. Esos tiempos y esos
argumentos han quedado atrás. Las preguntas que hay que formularse hoy día dicen
relación con el aporte que la descentralización y regionalización hacen a las
necesidades de los países respecto de lograr armonizar itinerarios de crecimiento con
inclusión social, en países de grandes desigualdades, y en un contexto internacional de
exigentes requisitos de competitividad. Por ello hay que abordar en forma más
decidida las seis principales restricciones de los procesos de descentralización en
curso.
• Falta de convicción
América Latina, al tiempo que avanza gradual y sostenidamente en un proceso de
descentralización, no ha instalado en el plano político y discursivo una suerte de
convicción de que las capacidades localizadas en los territorios pueden constituir una
clara diferencia en materia de emprendimiento. Sin embargo, son justamente las
exigencias de la globalización y la competitividad las que ponen nuevamente en
discusión el desarrollo regional y la descentralización del Estado como un imperativo
del proceso.
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Las economías latinoamericanas están mostrando buenos resultados, pero nada
asegura que ello se deba efectivamente a aumentos de productividad y no a cambios
en el sistema internacional de precios de los recursos naturales o productos
escasamente elaborados. Para sostener y ampliar las oportunidades de desarrollo, es
necesario tener en cuenta las dinámicas territoriales en la línea de estimular los
encadenamientos productivos en entornos de aglomeración que permiten mejorar la
productividad por medio de la innovación y la calificación de recursos humanos. Tener
claridad sobre esta visión del desarrollo territorial contribuye a generar una convicción
que hoy se aprecia errática: se toman medidas, se asumen reformas, se asignan
cometidos, pero sin que ello implique una concepción estratégica respecto del aporte
al desarrollo económico y social de los procesos de descentralización y regionalización.
• Atribuciones y autonomía
La descentralización del Estado requiere autonomía por parte de los niveles
descentralizados para poder actuar como gobierno con atribuciones y capacidad
efectiva de acción. Sin autonomía, lo que se observa es delegación de
responsabilidades, con mayor o menor control, desde el nivel central del Estado. Esta
autonomía pasa por la delegación de atribuciones, la descentralización fiscal, la
calidad institucional y mayor capacidad de gestión de los cuadros técnicos y
profesionales, aspectos que no son independientes los unos de los otros y que en
conjunto remiten a la visión de actores públicos y privados competentes y a cargo de
asuntos relevantes para el desarrollo de los territorios, la provisión de servicios y
bienes públicos y la calidad de vida de la población.
• Descentralización fiscal
La literatura sobre descentralización fiscal en AL coincide en señalar que la capacidad
de generar ingresos propios de los niveles descentralizados es limitada, especialmente
en el caso de los gobiernos intermedios, y que no están claros los incentivos para que
municipios y departamentos o regiones, asuman responsabilidades claras en materia
de recaudación. El nivel local municipal dispone de recursos propios derivados de
impuestos territoriales pero no tiene atribuciones sobre fijación de tasas. Las finanzas
locales descansan, en importante medida, en el sistema de transferencias fiscales en el
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marco de un modelo agente principal en el que las señales que entrega el principal -‐
Estado al agente -‐ gobierno local, no son siempre adecuadas (Marcel, 2010). Estas
restricciones limitan la autonomía y cuestionan el principio de que los votantes
ciudadanos podrán influir con su voto en una política local sintonizada con las
necesidades locales y más eficiente en la localización de recursos públicos.
• Duplicidad de funciones y competencias
El modelo de competencias y la combinación eficiente y complementaria de
atribuciones y responsabilidades entre distintos niveles de gobierno es un asunto que
los modelos de descentralización en curso no han logrado resolver. Existe una amplia
situación de duplicidad y solapamiento entre distintos niveles de gobierno y se observa
que, aún cuando se norman traspasos, el nivel central se resiste a dejar ir
responsabilidades que le fueron propias y mantiene parte de ellas. En términos
generales, al nivel nacional corresponde el diseño de la política de desarrollo, materias
de seguridad, relaciones exteriores y grandes obras que trascienden el interés
específico de determinadas regiones; al nivel regional corresponde por excelencia la
planificación y el ordenamiento territorial, el fomento e innovación productiva, la
inversión en infraestructura y, dependiendo de los países, responsabilidades en
educación, salud, vivienda y equipamiento urbano. En el nivel local, se sitúan los
servicios sociales con características de proximidad, atención primaria de salud
educación, asistencia social, equipamiento comunitario. No existe un modelo per se,
cada país debe especificar con la mayor claridad posible el ámbito que es propio de los
niveles nacional, regional y local, qué responsabilidades son deseables a cada nivel y
cuál es el mecanismo de financiamiento e incentivos que garanticen calidad y
eficiencia.
Este es un asunto que influye sobre la legitimidad de la gestión de los gobiernos
subnacionales de cara a la ciudadanía: se requiere claridad en las atribuciones
específicas de los niveles descentralizados y en el modelo de distribución
competencias que inspira el proceso, de modo que los actores de los distintos niveles
de gobierno y los ciudadanos conozcan el diseño y el papel que están llamados a
representar.
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• Ciudadanía y participación
Los procesos de descentralización no nacieron por demanda o clamor regionalista y no
han sido eficaces para activar mecanismos participativos, de diálogo cívico y de
participación en la toma de decisiones. Es un proceso que no nació de la mano de
dinámicas vitales de participación ciudadana y que reclama atención, como han hecho
algunos países que han instalado legislaciones específicas sobre esta materia (Bolivia,
Perú). Al investigar sobre procesos locales territoriales en los países, se observa que
son numerosas las experiencias de gestión participativa y emprendimientos locales, la
más conocida y pionera, los presupuestos participativos de Porto Alegre. Sin embargo,
la literatura sobre descentralización señala que la participación ha tenido un alcance
limitado y que no se verifican dinámicas ciudadanas efectivas a la hora de interactuar
con las autoridades y entre sí para influir en la toma de decisiones que efectivamente
incidan en el derrotero de los territorios. En parte estas carencias se relacionan con las
limitaciones mencionadas anteriormente. Los límites en materia de autonomía,
atribuciones y capacidad fiscal de los gobiernos intermedios y local influyen para hacer
poco relevante y significativa una participación ciudadana con sentido estratégico, por
lo que es frecuente que esta permanezca en una escala y ámbito de acción de modesto
alcance. Por ello, la discusión sobre el sentido y aporte que descansa en coaliciones
territoriales de desarrollo es relevante a la discusión sobre descentralización.
• Las personas
No todas las respuestas provienen, sin embargo, de la coherencia de los modelos de
descentralización, una parte de ellas descansa en la convicción política localizada en
los territorios. Aunque es cierto que malos diseños y malas medidas pueden impedir
que las cosas puedan cambiar, no son las medidas ni los diseños institucionales los que
harán la diferencia, sino las convicciones, capacidades y emprendimientos regionales y
sobre esta materia un ámbito crucial que no ha sido analizado con similar entusiasmo
a los temas ya planteados, es el de los recursos humanos, talento y creatividad
localizados en los territorios.
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En países de fuerte impronta centralista, se piensa muchas veces que el genio, la
capacidad y la audacia están restringidos a la élite localizada en la capital, lo que tiene
una doble realidad: el hecho empírico de la concentración del talento en la capital, y la
creencia extendida de que en las regiones no hay grandes capacidades profesionales,
técnicas, políticas o comunicacionales. Este es un círculo vicioso: en parte ocurre y en
parte se piensa que es así, como un orden normal de las cosas, y así se consagra una
dinámica que deja a las regiones y provincias en un deslucido segundo plano.
Las medidas orientadas a generar incentivos para formar, atraer y retener capital
humano altamente calificado en regiones contienen un potencial transformador de
insospechado impacto, porque están destinadas a aumentar la inteligencia y masa
crítica regional que permitirá que sucedan cosas que no están aún en la agenda. La
idea es que, en sociedades relativamente cerradas, con itinerarios conocidos, el
surgimiento de nuevos liderazgos fortalecidos y auto-‐organizados que adopten
conductas impredecibles, modificará los balances políticos actuales, generará nuevos
requisitos de rendición de cuentas a una comunidad más exigente, y se dará curso a
nuevos emprendimientos.
Enfoque territorial del desarrollo
El enfoque territorial del desarrollo buscar comprender qué define y constituye a los
territorios para potenciarlos como unidades de desarrollo económico social capaces de
incorporar a su gente en mejoras económicas y sociales sostenidas (Schejtman y
Berdegué, 2004). Los territorios son espacios socio territoriales con determinados
atributos geográficos y ambientales en los cuales se sintetizan, transforman y
reinterpretan las características físicas naturales, las prácticas de los actores, las
dinámicas de mercado y la presencia institucional. A un contexto físico y geográfico, se
asocia una impronta social cultural, un imaginario. Forman parte de esta construcción
social las percepciones, creencias y valores que orientan la acción social y permiten
administrar las oportunidades. En esta lógica, los territorios son un campo social en el
que se producen relaciones de conflicto y de cooperación, se interpretan las
interacciones, se gestan comportamientos colectivos, se toman posiciones y se
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articulan estrategias e ideas de futuro en un contexto determinado. Es un espacio
localizado de construcción, conflicto, negociación y emprendimiento.
Incorporar la lógica territorial implica analizar las características actuales y potenciales
de los territorios, la estructura productiva y los eslabonamientos posibles, con miras a
generar mecanismos y procedimientos orientados a apoyar procesos de
transformación productiva. De esta forma, es un enfoque que pone atención sobre
activos, actores y procesos intencionados de desarrollo. El concepto de activos se
refiere a dotaciones materiales y no materiales que constituyen recursos que
posibilitan emprendimientos. Se pueden distinguir diferentes tipos de activos: a)
activos físico – territoriales, recursos naturales, infraestructura, localización geográfica;
b) activos económicos, acceso a mercados, características del sector productivo,
inversión privada, mercado laboral, innovación productiva, c) activos culturales,
identidad, patrimonio cultural, tradiciones, saberes, d) activos sociales, actores, redes,
organizaciones, liderazgos, coaliciones, e) activos institucionales, por ejemplo,
existencia de proyecto político regional, liderazgo de la autoridad territorial, apertura
de las instituciones públicas al trabajo territorial, etc.
Por su parte, las dinámicas económicas y sociales que ocurren en los territorios
permiten apreciar la participación de distinto tipo de actores a) en el ámbito público,
el gobierno regional o local y los funcionarios y agentes que actúan en el terreno por
mandato de agencias públicas, b) actores económicos, empresarios, productores,
gremios, asociaciones, c) actores sociales, organizaciones sociedad civil, ONGs,
universidades, etc.
En el campo social descrito, resulta clave la capacidad de los actores de establecer una
visión de futuro y una agenda común. Esta es, como se expone en la siguiente sección,
una dimensión central de las oportunidades de los territorios: la lectura, interpretación
y disposición a acciones innovadores por parte de actores que desarrollan capacidades
de alianza y emprendimiento y constituyen coaliciones territoriales.
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2. Coaliciones Territoriales
Estudios territoriales
La preocupación por conocer el peso y relevancia que tiene las coaliciones territoriales
en los procesos de desarrollo surge de los estudios sobre desarrollo económico
territorial llevados adelante por Rimisp. Este centro inició el año 2009 un estudio sobre
Dinámicas Territoriales Rurales en A.L. que reunió información censal y de encuestas
de ingreso de hogares de 11 países en busca de respuesta a la pregunta: ¿existen
territorios en los cuales se observe crecimiento económico, disminución de pobreza y
disminución de desigualdad?, en otras palabras, ¿se observan procesos territoriales de
desarrollo económico con características de inclusión social? Este trabajo permitió
mapear los cambios en ingreso o consumo, incidencia de pobreza y distribución del
ingreso o del consumo en 10 mil municipios (o sus equivalentes) y entregó los
siguientes resultados:
En el 32% de los municipios se producen dinámicas de crecimiento con reducción de
pobreza. Se trata de lugares donde vive el 24% de la población, que dan cuenta de que
el dinamismo económico tiene consecuencias de bienestar también para los hogares
más pobres. Sin embargo, las dinámicas de crecimiento con reducción de la
desigualdad son mucho menos frecuentes: solo el 13% de los municipios, donde vive el
10% de la población, lo que indica que el desafío de la distribución del ingreso, es
considerablemente más complejo que el de la reducción de la pobreza pues afecta,
tarde o temprano, equilibrios de poder. El estudio, en definitiva, entrega dos
resultados fuertes para los interesados en políticas de desarrollo: los logros macro en
crecimiento económico esconden problemas no resueltos de desigualdades: hay zonas
que no experimentan crecimiento alguno y otras que, si bien logran mejorar su
rendimiento económico, no logran mejoras en materia de equidad. Existen casos, sin
embargo, en los cuáles se produce el resultado virtuoso: crecimiento, disminución de
pobreza y disminución de desigualdad. Es decir, se puede lograr un desarrollo de
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amplia base social que rompa el patrón excluyente que caracteriza al crecimiento de
América Latina.
Para determinar qué factores impulsan estos procesos que combinan dinamismo
económico y equidad social, los profesionales de Rimisp contactaron a una amplia red
de investigadores localizados en los 11 países estudiados, quienes realizaron 19
estudios de caso en igual número de territorios que tenían en común haber
experimentado crecimiento económico, pero diferían en cuanto al grado de reducción
de pobreza y resultados redistributivos. El estudio agregó mayor potencial explicativo a
algunas de las hipótesis iniciales y reforzó la idea de que cuando se está en busca de
desarrollo con inclusión, y no solo de crecimiento económico, son relevantes, además
de los criterios de dotación inicial (tales como: recursos naturales, conectividad e
infraestructura, base productiva, núcleos urbanos o metropolitanos, estructura
productiva y de propiedad), los procesos y dinámicas sociales y políticas, entre las
cuales la presencia de coaliciones territoriales de desarrollo es un factor que
contribuye a hacer la diferencia. El estudio territorial de Rimisp encuentra territorios
"exitosos" que se caracterizan por tener ventajas comparativas basadas en factores de
producción o en su geografía, pero también encuentra éxito cuando las condiciones
iniciales no son las más favorables, y al revés, ningún éxito donde las condiciones
iniciales deberían conducir a mejores resultados. Por ejemplo, se encontraron casos
exitosos en el nordeste brasileño y fracasos en el Sur del país. En Perú y Ecuador,
contrario a lo que está internalizado en el sentido común, se encontraron éxitos en la
sierra y fracasos en la costa. Las conclusiones del estudio señalan: “puede ser que las
ventajas comparativas sean decisivas en la capacidad de crecer, pero para crecer con
inclusión social se necesita algo más que tierra, clima, capital financiero, capital
humano o buena localización” (Rimisp, documentos del proyecto Dinámicas
Territoriales Rurales, 2011).
Indiscutiblemente las oportunidades de desarrollo de los territorios están fuertemente
influenciadas por las grandes tendencias mundiales, intensificadas por la globalización.
Las sociedades en los territorios enfrentan un conjunto de restricciones y
oportunidades que no resultan de sus propias decisiones, sino de las reglas que
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estructuran el desarrollo general. Pero este no es un axioma, sino un dato del contexto
frente al cual las sociedades territoriales deben buscar en sí mismas sus fortalezas
competitivas y establecer un poder de interacción con el entorno mayor, ya sea el
entorno nacional del cual forman parte, o el entorno de la globalización.
El estudio de dinámicas territoriales destaca la presencia e interacción a lo largo del
tiempo de siete elementos que operan entre sí para impulsar las dinámicas de
desarrollo económico territorial con inclusión social. Ellos son: a) capital natural y
servicios ambientales; b) estructura agraria; c) vínculos con mercados dinámicos; d)
estructura productiva; e) ciudades intermedias; f) inversión pública en bienes públicos;
g) coaliciones sociales.
Sobre este último y relevante criterio, los estudio confirman que las dinámicas
territoriales "exitosas" serían el resultado de la presencia y acción de coaliciones
sociales capaces de construir instituciones formales e informales que favorecen
determinadas formas de acceso y uso de los activos del territorio (Rimisp, 2008). Estas
coaliciones se configuran en torno a dos elementos: (a) tienen arraigo en asuntos de
orden económico, estructura productiva y procesos de producción o distribución de
beneficios económico sociales y (b) tienen un componente político de gestión de poder
e influencia e interpelan a actores estatales territoriales para llevar adelante sus
propósitos.
Ámbito teórico del concepto de coaliciones sociales
El término coaliciones se refiere a alianzas o acuerdos entre varias partes para alcanzar
objetivos comunes. Puede tratarse de alianzas entre partidos políticos, países o
empresas que se ponen de acuerdo para realizar una acción conjunta. El término se
utiliza como referencia a asuntos de orden internacional y alineamientos estratégicos
de política exterior (coalición de países); de orden económico para referirse a acuerdos
comerciales o productivos; y principalmente, como un concepto de la ciencia política
que refiere alianzas entre partidos y sectores políticos. Más allá de estas ideas
generales, el término coaliciones no tiene una larga tradición y firme asentamiento en
las ciencias sociales, menos desde la perspectiva que se aborda en este documento: la
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de coaliciones territoriales de desarrollo. Ello es a la vez una restricción y una
oportunidad, pues el concepto deberá buscar y construir su propio potencial
explicativo.
Tanaka, abordó la tarea de generar un marco conceptual adecuado para el estudio y
comprensión de las coaliciones sociales y los procesos políticos en los territorios
(Tanaka, 2011). Afirma que, si bien no existe un marco conceptual en torno a la idea de
coaliciones sociales territoriales, tres grandes cuerpos de literatura propios de la
ciencia política entregan aportes. El primero pone atención sobre la formación de
coaliciones entre partidos o grupos políticos y su campo de acción preferente es la
lógica de alianzas electorales y de gestión parlamentaria, perspectiva que se aleja del
interés del estudio de las coaliciones territoriales.
Un segundo enfoque pone énfasis en aspectos estructurales y bases materiales de
corte clasista, en el sentido de su participación en las estructura económica y social y
en las ventajas o desventajas derivadas de las posiciones de clase, las que determinan
el campo de acción cultural y política en el que se mueven los actores. Aquí se localizan
los conflictos entre propietarios y no propietarios, élites reformistas e innovadoras,
que explican el desempeño de los actores sociales y políticos y su lógica de alianzas.
Esta interpretación forma parte de una poderosa escuela de pensamiento que
interpreta grandes ciclos de la historia de la humanidad y está bien representada por
Barrington Moore en su clásico libro “Orígenes sociales de dictadura y democracia”
que examina el desempeño político de actores sociales ubicados en posiciones de
clase: campesinos, terratenientes, élites industriales.
El tercer conjunto de ideas se enmarca en las teorías de la acción colectiva que
estudian a actores cuyas motivaciones pueden o no estar relacionadas con asuntos de
orden económico. Estas teorías relevan la experiencia de conflicto de los individuos
respecto de asuntos específicos que los afectan y frente a los cuales tienen posiciones
y propuestas para un orden social mejorado. La motivación de estos actores tiene un
fuerte componente de respeto y reconocimiento de su identidad, reivindicación de
derechos negados y percepción de vulnerabilidad o necesidades insatisfechas. La
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acción colectiva se mueve en un registro que va desde apelaciones culturales relativas
al orden social y la crítica a la sociedad de consumo, hasta reivindicaciones específicas
y planteamiento de propuestas para instalar los cambios buscados. A diferencia del
enfoque clasista, la acción colectiva no se sitúa en el conflicto capital-‐trabajo, sino en
conflictos de orden socio cultural (Touraine, 1973). Es muy amplia la variedad de
acciones colectivas, desde los grandes movimientos sociales que han marcado cambios
culturales y políticos, el más importante el movimiento emancipatorio de las mujeres,
a las acciones de base local que se activan en el marco de las experiencias locales. En
este caso, si bien las corrientes culturales y sus correspondientes posiciones en torno
al sujeto, la identidad, el orden social y la calidad de vida están presentes, también lo
están en fuerte medida las acciones motivadas por necesidades insatisfechas y la lucha
por mejoras concretas. Se trata entonces de un conjunto de actores de base no
clasista, motivados por su realidad y particular experiencia, los que actúan en un
campo que combina aspectos culturales y valóricos y reivindicaciones concretas por
soluciones en materias que afectan la vida personal y colectiva en sus entornos
concretos.
Esta discusión teórica conduce a situar la comprensión de las dinámicas de las
coaliciones territoriales en torno a tres planos. El primero toma en cuenta que los
estudios territoriales han puesto su mirada sobre procesos económicos en curso para
detectar oportunidades de desarrollo social inclusivo y entiende, por tanto, que el
desempeño político de los actores impulsados desde sus posiciones económicas es un
buen punto de partida para comprender la lógica de alianzas que lleva al surgimiento
de coaliciones territoriales. El segundo, incorpora argumentos que se han esgrimido
largamente para debatir a las teorías de base materialista señalando que la cultura, el
imaginario y la interpretación subjetiva en el plano de las ideas constituye un poderoso
motor de la conducta y acción política. Este argumento ha acentuado su poder
explicativo a medida que avanzan la globalización y la revolución incesante de las
comunicaciones, que obliga a pensar que los actores tienen mayor diversidad de
referencias y contextos que las derivadas de su posición en el proceso productivo. El
tercer plano proviene de las teorías de la acción colectiva que suma a estos procesos a
actores de base no clasista. En síntesis, el punto de partida para la comprensión y
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diseño de acciones que potencien el papel de las coaliciones territoriales conduce a
observar la base material y económica de los actores, el imaginario en el que se
desempeñan y la reivindicación o apelación que motiva su capacidad de alianza. Los
pasos siguientes son establecer la amplitud de actores incorporados, determinar cuál
es su campo de acción, capacidad organizativa, horizonte temporal, nivel de
formalización, impronta territorial y capacidad de gestión política.
Entenderemos como coaliciones territoriales a la configuración de alianzas de mediano
plazo entre actores diferentes sobre asuntos de orden económico y productivo de
ámbito territorial. Tanaka se refiere a acciones convergente de actores diferentes en
torno a una dinámica de crecimiento (Tanaka 2011). Estos actores buscan incidir sobre
determinados cursos de acción, prácticas, decisiones y políticas para ejercer poder e
influencia sobre las dinámicas económicas y sociales en los territorios y alterar la
distribución del poder.
Las coaliciones se mueven entre lo político y lo discursivo. Se configuran en el marco
de un entendimiento común y de una suerte de afinidad estratégica que permite
movilizar a actores y recursos y activar procesos que tendrían tiempos más lentos, o
nunca ocurrirían, de no existir este marco de entendimiento. Si bien existen
coaliciones de carácter conservador, cuyo foco es preservar el orden establecido, las
coaliciones territoriales de desarrollo potencian oportunidades de cambio social y
alternativas transformadoras.
Es importante diferenciar a las coaliciones de los grupos de interés y de las
organizaciones. Estas alianzas reúnen a actores diversos que no encontrarían en sus
propios contextos motivos para actuar en común entre sí. Tienen vocación de poder
pero no se constituyen como organización, sino como una movilización cultural y
política, elaboran un discurso en torno a ciertas ideas del progreso económico y el
desarrollo, y ejercen influencia y presión social para llevar adelante esa idea. Detrás de
estas acciones hay oportunidades y beneficios, pero las coaliciones no actúan en la
reivindicación inmediata o puntual, sino en una visión de conjunto más elaborada de
mediano o largo plazo.
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Su modo de actuar variará en relación a sus atributos y a la particular realidad
territorial en la que les corresponda desempeñarse, pudiendo expresarse de manera
más bien discursiva, como un implícito pero omnipresente sobre entendido entre
actores que comparten principios y creencias y que se sitúan en determinado ethos
cultural y político, a coaliciones con orgánicas más explícitas. En todo caso, difícilmente
las coaliciones llegarán a ser políticamente más organizadas sino son también
coaliciones discursivas.
Asumiendo el interés específico por coaliciones que actúan en el plano de las
dinámicas económicas territoriales, dos son los criterios determinantes de su potencial
impacto: (a) la capacidad de acción política y (b) el arco de actores (y su carácter) que
participan en la coalición. Respecto al primer criterio, las coaliciones variarán entre
aquellas con claros afanes políticos y manejo en el idioma del poder, y aquellas con
fortalezas en el plano de las ideas y los consensos. Respecto del segundo criterio,
variarán en relación a la diversidad y características de los actores que las conforman.
Un atributo que es razonable suponer de las coaliciones territoriales es su capacidad
de generar un espacio de entendimiento que trascienda el interés específico de un
actor, por poderoso que esta sea. Estas alianzas tienen capacidad actual o potencial de
sumar a actores que no figuran en la primera línea de los espacios de influencia para
formar parte de proyectos reformistas y modernizadores, en la medida que estos
actores logran participar de un discurso más abarcativo. El propio ejercicio de
incorporación de los más débiles tiene un componente ciudadano que abre espacios
para el diálogo sobre asuntos públicos de interés común. Lo mismo aplica desde la
perspectiva de género. No es neutral la participación de hombres y mujeres. Las
mujeres participan vitalmente de los procesos territoriales, pero no se las ve en las
definiciones cruciales ni en las y gestiones estratégicas surgidas en el marco de las
coaliciones.
Las coaliciones están marcadas de manera contradictoria por la amplitud de sus
participantes. Cuanto más amplia, más imprecisos los propósitos dado que deben
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satisfacer a un mayor número de actores mientras que, cuando más parecido es el
elenco, mayores posibilidades de acotar propósitos y obtener mejores márgenes de
satisfacción por los resultados que se alcancen. La contradicción es inherente a la idea
de alianza entre actores diferentes.
Las coaliciones enfrentan desafíos internos, tensiones, conflictos, contradicciones, que
hacen necesario optimizar los ámbitos de acuerdo y gestionar los desacuerdos para
procesar, sin generar quiebres o pérdida de coherencia, las diferencias que habrán
entre actores que no son homogéneos. El gran desafío, es tener la capacidad de
acercar posiciones para formar sentidos comunes alternativos a los dominantes y abrir
paso a nuevos cursos de acción con potencial de emprendimiento.
El desempeño de los actores al interior de las coaliciones marcará su estilo y
posiblemente el alcance de logros. La capacidad propositiva e innovadora, la calidad
de emprendedores y gestores de nuevas ideas y proyectos, será fundamental en su
capacidad de modificar cursos de acción y llevar adelante el proyecto. A su vez, la
vocación de poder, la capacidad de asumir vocería, cabildeo y protagonismo también
importa a la hora de gestionar los propósitos de la alianza.
El contexto que aporta el plano territorial a estos procesos es relevante. Se trata de
actores cuya identidad se construye en relación a asuntos del lugar, que son
portadores de proyectos o ideas sobre procesos que ocurren y ocurrirán en ese
territorio, que es el mismo donde habitan y trabajan otros actores que también tienen
interpretaciones y están dispuestos a determinadas acciones. Allí donde estas ideas
logran concurrir a una interpretación compartida respecto de procesos que importan
para la vida de las personas, sus colectivos y sus emprendimientos, se forman
coaliciones.
Así como el entenderse como actor territorial (ser de allí) genera un contexto
compartido propicio para que se generen puntos de interés en común, también esa
misma pertenencia constituye un espacio de conflicto y disputa cuando se ocupan
posiciones dispares (propietarios tradicionales versus nuevos emprendedores, o versus
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pequeños productores, o versus asalariados del campo), o entre actores que no se
posicionan ni constituyen de acuerdo a su posición material y económica, sino a sus
experiencias particulares. Los territorios no son lugares que llamen de por sí a la unión
y a la armonía, son lugares de negociación y conflicto.
La coherencia que en principio descansa en el marco de un territorio debe expresarse y
operar en juego con el entorno mayor, el que también forma parte del contexto de
oportunidades y restricciones que están a disposición de los actores y las coaliciones.
El ámbito territorial no es un refugio que contenga y acoja respecto de un entorno
mayor que puede ser amenazante, sino una unidad socio espacial desde la cual se
interactúa con el ámbito nacional y global.
No solo actúan concertados o en alianza los actores territoriales, sino también los
llamados actores extraterritoriales. Los estudios sobre desarrollo territorial han
detectado la importancia de estas coaliciones que se proponen intervenir de
determinada manera en un territorio porque encuentran allí ventajas productivas pero
que están disociados de la impronta territorial. El problema acá no es la presencia de
actores de afuera, lo que no es negativo en sí mismo, e incluso puede ser un factor que
impulse los cambios, sino la constitución coherente de coaliciones sin apego ni arraigo
sobre procesos en curso, más allá del propósito estrictamente productivo. Estas
coaliciones tienen el riesgo de operar como explotadoras de los recursos naturales,
aún cuando generen empleo y aumento del producto, y no colaborarán a procesos
más extensos de generación de valor consecuentes con una visión amplia de las
oportunidades económicas territoriales.
Papel del Estado
El Estado y las políticas públicas tienen efecto sobre la constitución y desempeño de las
coaliciones de variadas maneras. En primer lugar, el marco institucional, la existencia
de reglas claras y conocidas y la confianza social en la estabilidad y marco legal y
jurídico de los procesos es un atributo insustituible para estimular la inversión, el
emprendimiento y la colaboración con miras a buenos resultados futuros. En segundo
lugar, la existencia y coherencia de los procesos de descentralización. En tercer lugar,
18
las políticas públicas, en particular las relacionadas con infraestructura y conectividad
son imprescindibles como base material de dinámicas productivas. En cuarto lugar,
toda el área de fomento, innovación, desarrollo tecnológico suele ser una asociación
entre políticas públicas y emprendimientos privados. Por último, la políticas sociales y
de enfrentamiento a la pobreza, que permiten el adecuado desarrollo de las
comunidades y el acceso a servicios básicos son, por su parte, insustituibles. Todo lo
anterior constituye un enjambre de procesos, actores, marcos institucionales, grupos
de interés y competencia política, que influirán sobre las capacidades de acción de las
coaliciones y sobre las dinámicas en marcha en los territorios.
Un papel particularmente significativo corresponde a los niveles intermedios de
gobierno, los que están sintonizados y cercanos a los procesos territoriales y a la
ciudadanía, para actuar en dos dimensiones complementarias: mitigar, equilibrar o
redistribuir cuando se producen ineficiencias de mercado y/o se generan rezagos y
exclusiones, y fomentar, estimular y potenciar cuando se visualizan oportunidades. Los
gobiernos intermedios están llamados a desempeñar un papel estratégico en el
estímulo a la colaboración público privada y la gestión de coaliciones de desarrollo
territorial de las cuales pueden directamente formar parte o, indirectamente,
estimular y potenciar.
Entendiendo que las coaliciones tienen un sentido político y aspiran a ejercer poder en
determinados cursos de acción, es más que probable que interactúen de modo
sistemático y frecuente con el Estado y aún es posible que, dependiendo de las
dinámicas en curso, los gobiernos intermedios y locales tengan desempeños relevantes
en la construcción y potenciamiento de las coaliciones, pero es imprescindible tener
muy claro que las coaliciones no pueden usurpar ni quieren ocupar el papel del Estado.
Deberán entonces administrar esta relación evitando clientelismo y dependencia. Otro
elemento que deberán tener en cuenta y gestionar, es su relación con los distintos
niveles de gobierno, nacional, intermedio y local. Si su referencia es principalmente el
Estado central para resolver a ese nivel asuntos de escala territorial, se estará en
presencia de debilidades en el proceso de descentralización y de las dinámicas
19
territoriales endógenas. Este es un tipo de dinámica que va en contra del
fortalecimiento territorial.
Son muchas las preguntas que pueden hacerse respecto del desempeño y alcance las
coaliciones territoriales, tanto con un afán de comprensión y conocimiento de las
dinámicas en curso en los procesos de descentralización y desarrollo territorial, como
con un afán de aportar a potenciar el impacto de sus acciones, en el entendido que se
trata de coaliciones orientadas hacia propósitos de desarrollo económico territorial
que tienen positivos impactos en materia de disminución de pobreza y desigualdad.
¿Es posible actuar para generar coaliciones territoriales?; ¿es posible promover y
apoyar la acción de coaliciones territoriales?; ¿cuáles serían los mecanismos para ello?;
¿es posible intervenir para modificar la constitución y prácticas de las coaliciones
territoriales?; ¿se puede incidir para que coaliciones de base clasista se tornen más
abarcativas?; ¿qué papel le cabe al gobierno intermedio en estos procesos?; ¿qué tipo
de políticas públicas o de cooperación pueden ayudar al surgimiento y promoción de
coaliciones que impulsen dinámicas de crecimiento, disminución de pobreza y
disminución de desigualdad?
En principio, es posible colaborar a la generación de coaliciones promoviendo alianzas,
visualizando espacios estratégicos de interés común, aportando a fortalecer y dotar de
capacidades a actores más débiles para dialogar con autoridades y líderes. Es posible,
también, colaborar a una adecuada gestión de las coaliciones, aprendiendo de
prácticas y mecanismos para relevar los asuntos decisivos de la agenda territorial de
desarrollo, llegar a consensos sobre la interpretación y cursos de acción posibles,
establecer líneas fuertes de interés y trabajo para producir cambios. También es
adecuado plantearse un ejercicio sostenido, con los gobiernos intermedios, tendiente
a visualizar su papel como articulador y líder de las transformaciones territoriales.
20
3. Conceptualizando la cooperación descentralizada
De manera creciente se están desarrollando en América Latina distintas experiencias
de cooperación para el desarrollo directamente entre los niveles descentralizados,
desde las clásicas experiencias de hermanamiento, a las de asistencia técnica, apoyo
de expertos, diálogos temáticos, inversión en áreas específicas, generación de
capacidades en diversos campos, etc. Sin embargo, es poca la experiencia de
cooperación para fortalecer a actores del desarrollo y ninguna la experiencia para
identificar y estimular a coaliciones de actores territoriales que pueden desempeñar
un papel relevante para el desarrollo económico inclusivo en América Latina. Sin
embargo, aquí hay una potente oportunidad para abrir una nueva línea de trabajo que
tiene el potencial de apalancar seriamente hacia adelante los procesos de
descentralización y desarrollo regional en curso.
La cooperación descentralizada es un nuevo enfoque de cooperación que busca
establecer vínculos directos entre gobiernos subnacionales (regiones, gobiernos
autónomos, municipios, etc.) de países donantes y receptores de cooperación,
fomentando principalmente el papel participativo y activo de los agentes locales. En el
sentido más amplio de su definición, se entiende que la cooperación descentralizada
involucra a las organizaciones no gubernamentales, redes y sociedad civil (Bossuyt,
2009; Noferini, 2009). Es en este espacio donde la reflexión acerca del potencial
transformador de las coaliciones de desarrollo reclama una mirada atenta por parte de
gobiernos subnacionales que pueden cooperar intercambiando experiencias que
impulsen alianzas estratégicas con sentido territorial.
La cooperación descentralizada surge en los noventa como resultado de distintos
procesos de transformación política, económica y social en los países, la
democratización y descentralización, la creciente relevancia de las dinámicas políticas
y sociales de base territorial y la percepción de una falta de efectividad de la
cooperación centralizada. Esta nueva concepción de la cooperación se adopta a
principios de los 90 y hacia el 2000 evoluciona incorporando a actores no estatales
(sector privado, sindicatos, sociedad civil, autoridades locales, etc.,) en el diseño y
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ejecución de la cooperación al desarrollo. Entre los países que promueven este nuevo
enfoque de cooperación están España, Italia, Francia, Alemania y Bélgica. España
destaca por su experiencia con América Latina, habiendo creado varios mecanismos e
instrumentos para mejorar la articulación y eficacia de la ayuda, por ejemplo, los
Fondos de Cooperación y Solidaridad.
El enfoque de la cooperación descentralizada agrega flexibilidad y pertinencia a la
cooperación pues permite a gobiernos subnacionales que tienen afinidad, intereses
comunes y propósitos de colaboración, vincularse de una manera directa y
comprometida. Son diversas las potencialidades de estas iniciativas, entre las más
importantes a) su mayor cercanía con la ciudadanía y mayor participación de los
actores de la cooperación, lo que fomenta la cohesión social, tanto de los beneficiarios
receptores, como de la población donante que demuestra un compromiso de
solidaridad más visible e identificable, b) la factibilidad de compartir ámbitos de interés
derivados de la escala común de operaciones de gobierno local a gobierno local, de
territorio a territorio, de comunidad de residentes a comunidad de residentes, c) la
oportunidad de intercambiar en un modo de relación más horizontal y con más
compromiso efectivo con los procesos y sus resultados, lo que construye más
mecanismos de diálogo y cooperación sustantivo entre regiones, d) su capacidad de
movilizar recursos, e) su independencia respecto de la política exterior y relaciones
internacionales, lo que permite que junto con las comunidades locales se trabaje con
flexibilidad sobre estrategias de cooperación enfocadas a enfrentar problemas de
desarrollo.
Sin embargo, algunas de estas mismas características representan limitaciones que
restringen el despliegue y alcance de la cooperación descentralizada, por ejemplo, a)
problemas de descoordinación entre el trabajo realizado por la cooperación
descentralizada y la centralizada, los que provocan duplicidad de las acciones con
resultados de pérdida de eficacia; b) falta de voluntad política de los gobiernos
subnacionales, ya sea receptores como donantes, que algunas veces trabajan a favor
del clientelismo y la improvisación; c) excesiva dispersión en el destino de la
cooperación, es decir varios pequeños esfuerzos en el espacio y en el tiempo, d)
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heterogeneidad de instrumentos y procesos, según la fuente de cooperación
descentralizada y, por consiguiente, e) dificultades para acumular conocimiento y
aprendizaje sobre las experiencias, a la vez que f) restricciones en la posibilidad
expandir las buenas experiencias y limitar las menos eficientes.
Todas estas consideraciones hacen pensar que es posible y deseable optimizar el
espacio de colaboración que existe en la cooperación gobierno subnacional-‐gobierno
subnacional para apoyar iniciativas de desarrollo sustentables que reporten nuevos
emprendimientos y procesos económico sociales con mayores posibilidades de
inclusión social, teniendo en cuenta los problemas de desigualdad territorial que se
presentan en América Latina, a la vez que apoyar la ampliación de capacidades y
entrenamiento a los gobiernos.
4. Conclusiones y propuestas
Estudios en curso en América Latina sobre desarrollo territorial están registrando
evidencia respecto del papel de las coaliciones sociales entre los factores explicativos
de dinámicas de crecimiento económico con inclusión social. Esta capacidad puede,
aún en contextos en que la dotación de activos y la posición competitiva no sea
óptima, instalar ciclos innovadores que consiguen mejoras en el producto, el comercio
y la participación de ingresos.
Estos resultados no hacen sino resaltar un tema que comienza a plantearse con fuerza
al examinar los procesos de descentralización en marcha en A.L., la estrecha
vinculación entre la gestión de los gobiernos intermedios y locales de gobierno para el
desarrollo económico de los territorios. Si bien la descentralización surgió en los años
80 con un fuerte acento de eficiencia en la gestión de recursos públicos vinculado a la
hora actual hay consenso entre actores y analistas sobre la relevancia de centrarse en
materias estratégicas de mediano plazo, relacionadas con la capacidad de los
territorios de crecer y brindar mejores oportunidades a sus habitantes.
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Para contribuir a los procesos de descentralización y desarrollo territorial en A.L. es
conveniente, sino imprescindible, fortalecer a los actores locales para impulsar
dinámicas endógenas de desarrollo. Para ello, un diseño estratégico consiste en
detectar y apoyar la gestión de coaliciones territoriales de desarrollo que tienen el
potencial de introducir nuevas dinámicas económicas y sociales que generen
innovación, emprendimientos y nuevos negocios susceptibles de ampliar el potencial
de participación de mayor contingente de productores y trabajadores en los
territorios.
Las coaliciones son alianzas entre actores diferentes con un sentido de mediano plazo.
Estos actores son, en importante medida, actores económico -‐ territoriales, pero
incluyen también a actores de identidad más difusa que tienen posiciones y
expectativas respecto de su participación en los procesos relevantes en los territorios.
Estas alianzas tienen un componente discursivo, una interpretación compartida y un
campo de entendimiento entre los actores, y un componente de gestión política y de
influencia para conseguir llevar adelante iniciativas y proyectos. En estas coaliciones se
localiza el capital político endógeno regional y de su capacidad transformadora
depende, en importante medida, la capacidad de despegar y lograr éxito de
innumerables territorios de A. L. que no logran crecer con inclusión social.
Un papel decisivo cabe, en estos procesos, al papel del Estado y la institucionalidad,
partiendo por el contexto sociopolítico, democrático y regulador. Pero es a nivel de los
gobiernos intermedios donde está instalado el desafío de colaborar para dar espacio a
coaliciones sociales con perspectiva transformadora. Si bien la articulación público
privada y la cooperación con el sector privado es un factor clave, según señalan todos
los estudios sobre gobernanza y desarrollo, lo que aquí se sugiere va un paso adelante,
proponiendo que el gobierno intermedio ponga especial atención para detectar y
tratar con actores que tienen capacidad de constituir y proyectar alianzas con sentido
estratégico. Esta es una tarea que se puede asumir de múltiples maneras:
• Colaborar a identificar actores con perspectiva transformadora
• Colaborar a potenciar conversaciones, marcos de entendimiento y articulación
entre actores que podrían participar de coaliciones con sentido estratégico
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• Colaborar a la construcción de actores con capacidades ampliadas, que poseen
claridad de sus intereses y que están dispuestos a generar espacios de
consenso y movilizar colectivamente recursos para la consecución de sus
objetivos.
• Colaborar a redefinir el papel de los actores al interior de las alianzas con el
objetivo de lograr puntos de encuentro y consenso
• Colaborar para hacer ver a los actores más fuertes y poderosos sobre la
necesidad, conveniencia y posibles ganancias de abrirse a la lógica de diálogo
territorial y co-‐participación con otros actores de asuntos de interés común
• Colaborar para empoderar a actores más débiles y postergados procurando
ampliar capacidades de liderazgo, participación y representación para
participar en alianzas en una lógica de colaboración entre actores
• Colaborar para instalar un nuevo marco de entendimiento entre coaliciones y
gobiernos regionales y locales.
• Contribuir a desarrollar y en los gobiernos locales y agencias públicas mayor
claridad respecto de su papel líder en el desarrollo económico inclusivo de los
territorios.
En definitiva, esta nueva lógica de trabajo no hace sino fortalecer a quienes,
localizados en los territorios, están llamados a desplegar sus talentos buscando nuevas
oportunidades. Esta perspectiva visualiza y empodera a los actores con potencial
transformador, los que están en la vanguardia y pueden liderar las innovaciones o
modificar cursos de acción y prácticas en un sentido de construcción de futuro.
Es conveniente destinar recursos y capacidades técnicas y profesionales a esta línea de
trabajo y la cooperación descentralizada constituye un agente preferente, porque su
mandato es similar al que está presente en la agenda de la descentralización y el
desarrollo territorial en A.L. Es posible y recomendable abrir una línea de trabajo
orientada a la ampliación de capacidades de los actores con influencia actual y
potencial en el territorio, pues ello apunta a incidir en la dinámica territorial. Actores
con capacidades ampliadas contarán con mejores perspectivas de articulación,
mayores posibilidades de participar activamente en el diseño y formulación de
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políticas y contribuirán de manera activa para forjar dinámicas de crecimiento
económico y social en el territorio.
REFERENCIAS
Bossuyt, Jean (2007) Políticas e Instrumentos de Apoyo a la Cooperación
Descentralizada por parte de los Estados Miembros de la Unión Europea y la Comisión
Europea: un Análisis Comparativo, en Anuario de la Cooperación Descentralizada,
Montevideo: OCD.
De la Cruz, Rafael; Pineda, Carlos y Pöschl Caroline (Ed.) (2010) La Alternativa Local.
Descentralización y desarrollo económico. Banco Interamericano de Desarrollo.
Marcel, Mario (2010) Modelos Alternativos de Descentralización y la Experiencia
Chilena, en La Alternativa Local. Descentralización y desarrollo económico. Banco
Interamericano de Desarrollo.
Noferini, Andrea (2009) Desarrollo, Cooperación Descentralizada y Gobernanza
Multinivel: Consideraciones para la Actualidad, en Anuario de la Cooperación
Descentralizada, Montevideo: OCD.
Rimisp (2008) Investigación Aplicada de Dinámicas territoriales rurales en América
Latina: Marco metodológico (Versión 2). Documento de Trabajo N° 2a. Programa
Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.
Schejtman, Alexander y Berdegué, Julio (2004). Desarrollo Territorial Rural. RIMISP, Documento elaborado para la División América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Departamento de Desarrollo Sustentable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Chile. Versión electrónica disponible en: http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/dtr1_desarrolloterritorialrural.pdf
26
Tanaka, Martín (2011) Coaliciones sociales y procesos políticos en los territorios. Propuesta inicial de marco conceptual. Ponencia presentada en El Encuentro Territorios en Movimiento, Marzo 2011. El Salvador. Touraine, Alain (1973) Production de la Societé. Paris. Seuil UCLG (2008) La Descentralización y la Democracia Local en el Mundo. Primer informe mundial de ciudades y gobiernos locales unidos. GRALE, Barcelona
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