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ACUERDOS DE PAZ:UN COMPROMISO PARA EL CAMBIO

DIRECTORIO

Dr. Sergio Fernando Morales AlvaradoProcurador de los Derechos Humanos

Licda. María Eugenia de SierraProcuradora Adjunta I

Licda. Dunia Tobar de LealProcuradora Adjunta II

Lic. Pedro Edmundo AsencioSecretario General

© Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, 2005 12 avenida 12-72, zona 1, Ciudad PBX: (502) 2424-1717 www.pdh.org.gt Denuncias: 1555

Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente.

09.03.04.04 G918 Guatemala. Procurador de los Derechos Humanos

Acuerdos de Paz : un compromiso para el cambio. -- Guatemala : PDH, 2006. 276 p. ; 28 cm.

1. Iniciativas de paz – América Central 2. Proceso de paz – Guatemala 3. Acuerdos de pazI.t

Edición y diseño de portada e interiores:Unidad de Comunicación Alternativa

Impreso en: Talleres Gráficos Ranher10a. ave. 8-38, zona 1, CiudadTel.: 2232-5721

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de:

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN 7

PERSONAJES 11

El proceso de paz en América Central. Por qué fue posible 13Marco Vinicio Cerezo Arévalo

Los Acuerdos de Paz: un compromiso para el cambio en Guatemala 25Álvaro Arzú Irigoyen

Los Acuerdos de Paz en Guatemala, diez años después de su suscripción 33Pablo Monsanto

A diez años de distancia: aproximación a una evaluación crítica del estado actual de los 37Acuerdos de PazRicardo Rosales Román (Carlos Gonzáles)

Teresa Bolaños de Zarco (semblanza) 45Luis Morales Chúa

ACUERDOS DE PAZ 55

Acuerdo de Oslo 57

Acuerdo de México 59

Acuerdo de Querétaro 63

Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 67

Acuerdo global sobre derechos humanos 71

Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamientoarmado 79

Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientosa la población guatemalteca 87

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Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala

Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas 91

Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria 105

Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática 125

Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego 139

Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral 145

Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria NacionalGuatemalteca a la legalidad 155

Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación delos Acuerdos de Paz 165

Acuerdo de Paz firme y duradera 189

Decreto número 52-2005, Ley marco de los Acuerdos de Paz 193

ANEXOS 197

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 199

Pacto Fiscal para un futuro con paz y desarrollo 245

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PRESENTACIÓN

Guatemala se acerca al décimo aniversario de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, acontecimiento de trascendencia histórica nacional ocurrido el 29 de diciembre de 1996.

Con ese motivo y como un aporte para mantener viva la llama de los ideales de una paz con justicia y desarrollo, el Procurador de los Derechos Humanos publica este volumen que incluye el conjunto de los Acuerdos de Paz y los testimonios de algunos de los actores del proceso que llevó a la finalización del conflicto armado interno.

En estas páginas se encontrará el texto y el contexto, no la frialdad de los compromisos refrendados por los actores del proceso de paz, sino aportes y perspectivas de la historia viva de quienes contribuyeron a hacerla parte de nuestra realidad actual. Historia cuya recreación es indispensable para captar los alcances y límites de ese conjunto de obligaciones morales y políticas asumidas con el propósito de construir un país distinto.

Los Acuerdos de Paz constituyen un hito en la historia contemporánea de Guatemala, no sólo porque permitieron concluir una confrontación fratricida que causó un indecible dolor y destrucción, de los que todavía no nos recuperamos.

También permitieron poner fin a una política de Estado de violación de los derechos humanos, cuya práctica hizo no poco aporte a esa dura costra de insensibilidad ante la violencia y el sufrimiento de los demás, que lamentablemente está tan extendida en nuestra sociedad contemporánea.

Gracias a los Acuerdos de Paz, el país dejó atrás una larga historia de intolerancia política y hoy Guatemala tiene un sistema pluripartidista del cual no está excluida ninguna corriente de pensamiento, ni se ejerce la represión estatal contra nadie por adherirse a un determinado partido político.

Ésos son sólo algunos de los logros más visibles del proceso.

Muy diferente es el balance que puede hacerse de los principales compromisos sustantivos asumidos. Los Acuerdos de Paz forman un programa de transformación económica, social, cultural y política que debería permitir superar las causas estructurales que provocaron el conflicto armado. Ese programa o no se ha cumplido o se encuentra en un nivel inicial de desarrollo.

El problema está en que mientras la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz señalan un curso programático para dejar atrás la situación socioeconómica que sirvió de sustrato al conflicto armado interno, el modelo económico seguido por el país desde mediados de la década de los 80 empuja en sentido contrario. En 25 años el país ha vivido una tortuosa, prolongada e inacabada transición económica, que no termina de cumplir su oferta de crecimiento y desarrollo, inducida por la invisible e insensible mano del mercado.

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Ese modelo no permite superar el lastre de la pobreza que frena ulteriores posibilidades de desarrollo económico y social. Por el contrario, hay evidencias de que la pobreza ha empeorado y se ha acentuado el carácter desigual y excluyente del magro crecimiento económico.

El Banco Mundial documenta que en Guatemala el consumo y el ingreso están altamente concentrados. Un quinto de la población realiza el 54 por ciento del consumo y tiene el 62 por ciento del ingreso. En cambio, el 60 por ciento de la población realiza solamente el 26 por ciento del consumo total y obtiene el 19.6 por ciento del ingreso total.

Ésa es la realidad que debemos reconocer en un balance somero y por eso se hace tan necesario persistir en la labor de difusión de ese programa de transformaciones que el país necesita, para superar aquellos problemas estructurales que siguen siendo factores de inestabilidad social y política en el país.

La difusión de los acuerdos se convierte, también, en un imperativo institucional desde que fueron elevados a la condición de compromisos de Estado cuando, en agosto de 2005, el Congreso de la República aprobó el Decreto 52-2005 Ley Marco de los Acuerdos de Paz.

Como se sabe, el objetivo de la Ley Marco es precisamente normar, regular y orientar el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos, como parte de los deberes constitucionales del Estado de proteger a la persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

El Procurador de los Derechos Humanos tiene, por su mismo mandato constitucional, una importante función en la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en virtud de que todos ellos se refieren a la construcción de una nueva forma de convivencia social, basada en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, desde una visión integral.

La labor verificadora del Procurador de los Derechos Humanos en materia de Acuerdos de Paz es transversal en su agenda de trabajo. La institución toda, de un modo o de otro, cumple tareas de supervisión y, por eso mismo, una de sus prioridades ha sido el fortalecimiento institucional, extendiendo su presencia a la totalidad del territorio nacional.

Desempeña la verificación de los Acuerdos de Paz no como un actor externo, como era el caso de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (Minugua), sino como protagonista e implicado en la vivencia cotidiana de los mismos, desde la perspectiva de sus funciones naturales, sustentadas en la Constitución y las leyes de la República y en el marco del sistema internacional de protección de los derechos humanos.

En esa calidad participa actualmente en el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, creado por la Ley Marco, como observador, y ha iniciado la presentación periódica de informes temáticos sobre el cumplimiento e institucionalización de los Acuerdos de Paz.

Asimismo, para coordinar el cumplimiento de sus múltiples responsabilidades en esta materia, se auxilia de su Unidad de Seguimiento de los Acuerdos de Paz, que cuenta con personal de tiempo completo para esta labor.

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Presentación

El trabajo de esta unidad ha sido posible sostenerlo durante más de 18 meses gracias a la solidaridad de la cooperación del gobierno alemán BMZ, administrada por las Naciones Unidas, a través del proyecto “Fortalecimiento de la institucionalidad de la paz con énfasis en el rol del Procurador de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia y la superación de la discriminación racial” (FORPAZ).

Además, para fortalecer su trabajo con la opinión y contribuciones de personalidades que se han distinguido por su participación y aportes al proceso de paz, se constituyó, en agosto de 2005, el Consejo Consultivo del Procurador de los Derechos Humanos en materia de Acuerdos de Paz.

Esa breve relación del quehacer institucional en relación con los Acuerdos de Paz explica de manera suficiente por qué se hace esta nueva edición, cuyo propósito adicional es dotar de un instrumento de trabajo y consulta para los defensores de los derechos humanos, esto es, para un amplísimo número de personas comprometidas con los ideales de una Guatemala distinta, justa, desarrollada, respetuosa de su diversidad humana, orgullosa de su multiculturalidad y su plurilingüismo.

Dr. Sergio Fernando Morales AlvaradoProcurador de los Derechos Humanos

PERSONAJESPERSONAJES

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1) El proceso de paz se planteó como parte de una con-vicción: sin paz no hay estabilidad, sin estabilidad no hay democracia y, en consecuencia, no hay desarrollo.

En el contexto de la Guerra Fría y después del éxito de la revolución cubana, a finales de la década de los 70 y principios de los 80, se desarrolló una hipótesis sobre la dificultad para que otros movimientos armados en Centro América tuvie-ran éxito y se consolidaran, partiendo de la afir-mación de que no serían “tolerados” por los Estados Unidos de América (EUA), en un espacio considerado por los militares estadounidenses como “su patio de atrás”, con la cercanía del Canal de Panamá, punto estratégico vital para la seguridad y el comercio de los países del mundo occidental. Esta hipótesis planteaba la posibilidad de un ataque o una invasión americana, con cualquier justificación, en el país en que se diera; de acuerdo con nuestros informes, provenientes de Europa, la alternativa estaba contemplada dentro de los planes de contingencia del país del norte, invasión que o prologaría el conflicto, o alejaría las posibilidades de una salida pacífica y de un espacio político que garantizara un proceso democrático en los países centroamericanos, en cualquiera de los escenarios que se planteaban; esta convicción se ratificó después del triunfo sandinista en Nicaragua, el cual provocó una reacción paranoica en los sectores conservadores de nuestros países, particularmente en los EUA, donde la teoría del dominó de Henry Kisinger aún era considerada como posible.

A partir de esta convicción, en el partido Demo-cracia Cristiana y en otros sectores democráticos, que estaban en contra del sistema, pero no comprometidos directamente con la lucha arma-da, se desarrolló un movimiento que se denominó “La resistencia prolongada por la democracia”,

EL PROCESO DE PAZ EN AMÉRICA CENTRAL. POR QUÉ FUE POSIBLE

Marco Vinicio Cerezo Arévalo

proyecto que tenía como objetivos las siguientes acciones:

a) convertirse en un movimiento alternativo al movimiento de la lucha armada, que pudiera unificar los esfuerzos que estaban haciendo otros grupos políticos y sociales en la búsqueda de un espacio político propio, que se escapara de la extrema polarización y preparara las bases de un movimiento electoral para el momento en que se abriera un espacio político de participación, sin entrar en conflicto con los grupos armados y sin discutir las razones de su lucha;

b) abrir una puerta de acceso a los sectores dentro del ejército que entendieran las dificultades estratégicas y tácticas de seguir manteniendo una guerra interna, dirigida por un gobierno militar, que podría está condenando al ejército a una derrota política, al aislamiento total y, en consecuencia, a la posterior derrota militar como sucedió en el caso de Somoza;

c) tener la capacidad de resistir semi clandesti-namente dentro del país, para evitar el asesinato de sus dirigentes, denunciando los crímenes come-tidos, adquiriendo popularidad por mantenerse adentro actuando públicamente y creando una organización básica que pudiera crecer en el momento en que se abriera el proceso;

d) montando una red internacional que contri-buyera con esta actividad, prestigiando el movi-miento y dando certeza que existía una alternativa civil, no militar, en la oposición, para dirigir el gobierno de la República, cuando salieran los militares y que no pudiera ser considerada insurgente o “enemiga” ideológica de los EUA, aunque rechazara su política y, por lo tanto, no podría ser atacada de frente por los grupos

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represivos del gobierno, sin la acusación de la comunidad internacional, pues se trataba de una oposición “pacífica”, alejada de la polarización de la Guerra Fría y sin adoptar posición en este tema; por el contrario, adhiriéndose a los valores políticos de la cultura occidental de democracia y pluralismo.

Estos objetivos se cumplieron en buena medida y esto permitió alcanzar las metas que el movi-miento se había impuesto:

a) prestigiarse internacionalmente, con el apoyo de los países amigos, en los lugares donde se dis-cutía el destino de Centro América y lograr que se escucharan los planteamientos, sin criticar explícitamente al movimiento armado pues se le miraba como un aliado político en el mediano plazo o, por lo menos, como un interlocutor váli-do para iniciar la búsqueda de la paz por la vía del diálogo;

b) sensibilizar a oficiales del ejército para que se dieran cuenta de que un cambio en su actitud y el rechazo a seguir apoyando los gobiernos de los generales y los fraudes electorales los desprestigiaba institucionalmente, además de ser usados como instrumentos de ambiciones personales y que el “movimiento político” no era enemigo del ejército como tal, sino de las actitudes “políticas” adquiridas por sus oficiales generales, lo que permitía confiar en que la institución sería respetada aun en un cambio de dirección en el gobierno y al encaminarse hacia la democracia;

c) obtener un grupo de apoyo en el Senado y en la casa de representantes estadounidenses, para propiciar y apoyar el trabajo de cabildeo a nivel del departamento de Estado.

Es importante indicar que entre los países que apoyaron este movimiento estaban, fundamen-talmente, Venezuela, México, Panamá y Brasil, o sea los países del Grupo de Contadora en América Latina, y Alemania, Italia, España, Gran Bretaña y Bélgica especialmente, en Europa, quienes no sólo apoyaban moralmente, sino que también

con información oportuna, las movilizaciones internacionales y el trabajo interno a través de sus partidos políticos. De igual forma hay que reconocer el apoyo de varias organizaciones estadounidenses, como el Council on Hemis-pheric Affairs (COHA) dirigido por Larry Birnes, la Washington Office on Latinoamerica (WOLA) constituida por diversas iglesias protes-tantes de los EUA, que al principio dudaban de nuestro compromiso con la lucha pero que posteriormente nos dieron el beneficio de la duda y nos respaldaron en todas aquellas accio-nes positivas, dirigidas a denunciar los regímenes represivos de la región.

Hubo muchos otros grupos que respaldaron estas acciones, directa o indirectamente, así como mu-chos guatemaltecos que vivían desde hacía varios años en los EUA, que se comprometieron con el movimiento para conformar con voluntariado y prácticamente sin recursos, el grupo de apoyo a “La resistencia prolongada por la democracia”; entre otros se pueden mencionar los nombres de Oscar Padilla, Ángel Araujo, Carlos Anleu y Francisco Villagrán, sin dejar de lado los volun-tarios y voluntarias estadounidenses, estudiantes universitarios y pasantes que apoyaban el movi-miento en las organizaciones mencionadas, en respaldo al respeto de los derechos humanos en nuestros países, y el decisivo apoyo de senadores estadounidenses como Edward (Ted) Kennedy, Christopher Dod, Lutter, por mencionar sólo algu-nos y muchos de sus asesores o lobbyists como Bruce Cameron, y periodistas como el costarricense Jaime Fonseca.

Este movimiento, pacífico, que rechazaba el movimiento armado por razones estratégicas y por principio —rechazo a la violencia como método—, sin ánimo de pelear espacios o protagonismos con otras fuerzas políticas, con una ideología pluralista*, pagó su cuota de sangre en el proceso

* En el que convergieron dirigentes nacionales y locales, de tendencias demócrata cristiana, social demócrata, socialista, y liberal democrática como Alejandro Maldonado y Álvaro Arzú, integrantes del Partido

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Personajes

a pesar de anunciarse pacífico, por los antiguos contactos con los movimientos sociales después vinculados con la guerrilla o simplemente porque eran considerados peligrosos para la “seguridad nacional”. Más de 300 demócrata cristianos y cientos de otros dirigentes fueron asesinados o secuestrados y muchos otros se fueron al exilio.

Pero sin entrar en más detalles de cómo se montó, se preparó y entrenó a la gente que participó en el movimiento para resistir, que será motivo de otros documentos más históricos que analíticos, es importante señalar que dejó muchísimas ex-periencias que posteriormente sirvieron para elaborar y desarrollar la estrategia nacional e internacional que condujo al planteamiento de los procesos de paz; entre otras experiencias, este proceso enseñó que no podría alcanzarse ningún objetivo sin el apoyo de la comunidad internacional, especialmente si el objetivo se distanciaba o no coincidía con los objetivos de la política estadounidense.

Pero se deben mencionar otras lecciones verda-deramente importantes, por ejemplo:

a) Que todo movimiento, para ganarse la confianza de los actores de un proceso, debe desprenderse de su actitud partidista, aceptar la participación plural y reconocer que sólo los movimientos que involucran a una gran cantidad de sectores pue-den transformar situaciones difíciles o cambiar tendencias negativas en positivas.

b) Que lo que derrotó a los gobiernos autoritarios fue su falta de flexibilidad ante las exigencias y los movimientos contestatarios en la población civil, lo que creaba una situación de inestabilidad y desconfianza, que propiciaba la fuga de capitales y desmotivaba la inversión: la represión crea un clima de desconfianza e inseguridad.

c) Una situación económica que afecta direc-tamente incluso a los sectores económicamente satisfechos o aquellos con tradicional estabilidad económica, léase la clase media, provoca que ésta, al no sentirse segura o verse muy afectada por la inseguridad y en su capacidad adquisitiva, desarro-lle inconformidad y transmita inestabilidad, dre-nando respaldo al Estado y al gobierno de turno. Fenómeno que ha sido recurrente a lo largo de la historia de nuestros países.

d) Un gobierno que se queda sin la clase media y sin los sectores populares está condenado a caer, pero es importante señalar que primero se pierde a la clase media y después a los sectores populares. Esta experiencia la pudimos comprobar ya en el gobierno, y al alejarse la clase media se pierden las elecciones en las áreas urbanas o el respaldo hacia el gobierno, que es lo mismo.

e) Los acuerdos que se logran en el proceso de llegada al poder, deben mantenerse al estar en el gobierno; normalmente los partidos que se sienten ganadores, legal o ilegalmente, tienden a despreciar a sus aliados cuando están en el gobierno y ello lo lleva a quedarse sin la base popular y el apoyo de la dirigencia de la clase media y, al perder sustento, caen o por la fuerza o por las elecciones.

2) No puede haber estabilidad, democracia y desarrollo en un país si está en una región en conflicto; el proceso debía ser regional y la solución, buena para todos.

Las lecciones aprendidas en la etapa de “La resis-tencia prolongada por la democracia”, fueron muy importantes para el futuro, especialmente en el orden regional, pues es imposible que exista y subsista la estabilidad y la democracia (bases para el desarrollo) en una región en conflicto. Por ello se planteó que debía tratarse de implementar el movimiento de resistencia por la democracia en los otros países del área, empezando con Napoleón Duarte, involucrado directamente en todo el proyecto, pese a estar en el gobierno salvadoreño (a estas alturas ya había sido llamado a formar parte de la Junta de Gobierno), y se empujó a la gente de Nicaragua para que, con

Nacional Reformador (PNR), independientes, antiguos “revolucionarios” como Rafa Télles, simpatizantes del movimiento del 44, simpatizantes del Frente Unido de la Revolución (FUR), de Manuel Colom Argueta y del Partido Revolucionario Auténtico (PRA), de Alberto Fuentes Mohr, quienes habían sido asesinados.

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este mismo planteamiento, dejara de apoyar a los movimientos “contras” o a los sandinistas y abriera la posibilidad de un diálogo con ellos para ganarse su confianza y demostrarles que no era un movimiento pro estadounidense sino pro sostenimiento de los logros alcanzados y pro proceso de paz.

Este trabajo, dirigido a demostrar que el problema no era estar a favor de los EUA o de la Unión Soviética, rompió la desconfianza de los sandinistas (que se sentían acosados), y demostró que existía la posibilidad de una tercera posición, por Centro América, para conseguir la paz sin ponerse a favor de ninguno de los países hegemónicos, pues esa posición no traía ningún beneficio. Para ejemplificar esta verdad, se hizo famosa la frase “la guerra no es un buen negocio para Centroamérica, pues nosotros ponemos los cadáveres y ellos venden las bombas.”

En el curso del proceso nos dimos cuenta que a ninguno le convenía sostener las posiciones que se había visto forzado a aceptar por presiones o condicionamientos internacionales. Ni siquiera Honduras sabía como manejar la situación en la que se encontraba comprometido, con la base estadounidense de Palmerolas y los campamentos “contras” en su frontera sur y al norte de Nicaragua y en Costa Rica a lo largo del río San Juan. Todos coincidieron entonces que la única manera de enfrentar su propio problema era una decisión de carácter regional; hasta Costa Rica empezaba a tener problemas serios derivados del conflicto regional, tales como la migración nicaragüense, los campamentos “contras” dirigidos por el Comandante Cero que ya se había separado de la dirigencia sandinista y comandaba el “Frente Sur”, quitándole la posibilidad de ser realmente neutral en el conflicto. Por su parte, Napoleón Duarte tenía al ejército estadounidense dirigiendo el salvadoreño y la guerra interna significaba un drenaje constante de su presupuesto y el endeu-damiento ante los EUA en los programas de asistencia militar.

Por supuesto, los sandinistas tenían la presión de la guerra en dos frentes, con una asistencia

limitada proveniente de la Unión Soviética y de Cuba y con la amenaza constante de una invasión estadounidense justificada por la asistencia que aquellos le daban al Frente Farabundo Martí de El Salvador, a través del Golfo de Fonseca. Por nuestra parte, teníamos la ventaja de no tener bases estadounidenses en nuestro territorio, pero un ejército que aunque muy nacionalista, poderoso, radical y omnipresente en la política nacional, por un lado y una guerrilla con pre-sencia en todo o buena parte del territorio por el otro, por lo que para abrir un espacio de participación política, se necesitaba de la credi-bilidad internacional y de un contexto regional que nos situara en un proceso que en el mediano plazo se volviera irreversible.

Por lo tanto, a pesar de lo que parecía ser una situación difícil y casi irresoluble en lo local y complicada internacionalmente, en virtud de la agudización del conflicto este-oeste, desde nuestro punto de vista se estaban dando las condiciones para proponer y plantear una salida alternativa a la guerra, cuya condición sine qua non era que se resolvieran los problemas que cada uno tenía y que al mismo tiempo nos volviera protagonistas de nuestro propio destino histórico.

Para que fuera posible proponer un proyecto de esa naturaleza, en principio era fundamental tener un papel protagónico en el contexto, es decir, llegar al gobierno de la República con legitimación popular y sin compromisos con los factores de poder que hasta el momento habían estado involucrados en el conflicto, pero con el suficiente beneficio de la duda hacia nosotros y el movimiento en general, que permitiera por lo menos neutralizarlos y, en la mejor de las condiciones, cooptar su apoyo o, mejor dicho, cooptar el apoyo de grupos importantes de estos sectores, que nos miraran como el menor de los males que pudieran sucederles en los diversos escenarios que se presentaban.

Las condiciones para que se produjera esta opor-tunidad se presentaron después del golpe de Estado de marzo de 1982. Recordemos un poco la situación de la región: aparte de Costa Rica,

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Personajes

donde fungía como presidente Monge, que era considerada la “Suiza de América”y que tenía muchos años de democracia, el primer país que había iniciado el proceso democrático en la región era Honduras, donde ya se había electo democráticamente por lo menos un presidente en esta etapa histórica y los gobiernos militares habían dado paso a la democracia sin grandes problemas ni contratiempos, aunque el ejército seguía teniendo una influencia muy grande en la política nacional y, a través de él, los EUA. El Salvador había roto con los “gobiernos militares tradicionales” resultado de fraudes electorales y había instaurado un gobierno militar de nuevo tinte, con signos “revolucionarios”, que planteaba la reforma agraria entre otros puntos de un programa de cambios; al verse acosado internacionalmente acudió a Napoleón Duarte para darle legitimidad a la Junta de Gobierno. En Nicaragua, a partir de 1978 y después de la caída de Somoza, habían accedido al poder político los sandinistas y el presidente era Daniel Ortega, quien se había declarado marxista y había optado por acercarse a Cuba y a la Unión Soviética. En Guatemala, el último presidente de los gobiernos autoritarios y fraudulentos de los generales era Romeo Lucas García, probablemente uno de los presidentes más incapaces y represivos de la historia del país; su presidencia había sido el último intento de algunos grupos civiles del Partido Revolucionario de dirigir a los generales en la senda de la democracia, por supuesto, sin éxito.

Con este objetivo se había electo como vicepre-sidente al doctor Francisco Villagrán Kramer, con la esperanza de que él pudiera dirigir al presidente Lucas, a quien se le consideraba popu-lista. A los dos años de una represión no prevista, el vicepresidente se vió obligado a renunciar y, con ello, el final de una esperanza basada en argumentos y no en hechos; los siguientes años, del 80 al 82, se desarrolló una campaña de represión sin precedentes, que pudo haber debilitado a la guerrilla en términos militares y aterrorizado al país, pero que creó las condiciones para una derrota política del ejército, debido al aislamiento internacional, al deterioro de la

economía y a la pérdida del sustento político del gobierno.

Esto fue reconocido en un documento de análisis de su situación estratégica, elaborado por la G2 (la dirección de inteligencia del ejército) en los años ochenta, donde se recomendaba evitar los fraudes electorales y abrir un espacio político de participación electoral para evitar la unidad de la población en contra del ejército, además de otras medidas dirigidas a resolver problemas sociales tradicionales y asistir económicamente a las poblaciones ubicadas en las áreas de conflicto, para disminuir el apoyo a la guerrilla, resolviendo problemas de prestación de servicios, como primer paso para organizar a la población en patrullas de defensa local, que posteriormente se convirtieron en las “Patrullas de Autodefensa Civil”.

Nosotros tuvimos acceso a este documento y, entonces, se planteó una estrategia electoral para las elecciones presidenciales de 1982, diri-gida a organizar a los partidos políticos no com-prometidos en la lucha armada, cualquiera que fuera su ideología, para oponerse a los partidos de Gobierno, no aceptar el apoyo al nuevo candidato militar y, en su caso, denunciar el frau-de electoral que seguramente sería planteado a favor del general Guevara, candidato oficial. Esta estrategia no dejó de causar problemas al interior de los partidos políticos, pues había dirigentes políticos que preferían optar por los acuerdos con los generales, al creer que no existía la posibilidad de romper la unidad interna del ejército y resistir la presión para apoyar al candidato oficial, ejercida por medio de la corrupción o la amenaza. Estas diferencias de criterios se manifestaron en las elecciones internas de los partidos y en las decisiones de las estrategias políticas adoptadas en las asambleas partidarias. En el partido Democracia Cristiana la discusión se planteó entre un grupo de dirigentes de acuerdo con llegar a compromisos con los generales y otro integrado por la dirigencia más identificada con el partido, con la participación de una nueva generación de dirigentes, quienes

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creían firmemente en que la oposición electoral forzaría al resquebrajamiento interno del gobierno y del ejército que lo apoyaba y, así, lograr la apertura de un espacio político para empujar un proceso efectivo de democratización. Igual sucedió en otros partidos políticos, pero por suerte las mayorías internas condujeron a que las decisiones se tomaran para unificar a estos partidos, surgiendo la candidatura de Alejandro Maldonado en la oposición, representando a los partidos de centro izquierda, pero también otros partidos, como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) antiguo aliado de los generales y la Central Auténtica Nacionalista (CAN) presen-taron candidatos separados del plan del gobierno de turno.

El proyecto de la oposición tuvo éxito, se produjo lo esperado, un fraude electoral a favor del general Guevara, la denuncia de la oposición, el rechazo de la comunidad internacional con excepción de la embajada americana, que prefería la certeza que les daban los presidentes militares, la movilización en las calles en rechazo al fraude y en consecuencia el clima adecuado para que se produjera el golpe de estado del 27 de marzo de 1982, llegando a la jefatura de Estado al frente de una junta militar encabezada por el general Efraín Ríos Montt, el general Maldonado Schaad y el coronel Gordillo, quienes posteriormente fueron removidos de la junta cuando Ríos Montt se proclamó presidente de la República, encabezando un movimiento de oficiales jóvenes.

Durante catorce meses, Ríos Montt dirigió el gobierno con una política denominada “Fusiles y Frijoles”, que en el fondo era la continuación de una política de enfrentamiento total con la guerrilla, aun cuando esto afectara a la población civil local, lo que causó, según organizaciones internacionales, genocidio y violación a los derechos humanos. Pero se diferenció en el sentido de que se produjo una apertura política relativa, se suspendió la persecución contra los partidos y se inició una campaña de alimentos y servicios en las áreas de conflicto para la población afectada.

El general Efraín Ríos Montt quiso prolongarse en el poder, sin contar con los partidos políticos y sin abrir el espacio electoral, lo que iba en contra de la estrategia del ejército, lo que condujo a otro golpe de Estado en agosto de 1983, llegando a la jefatura de Estado el general Oscar Humberto Mejía Víctores, quien inicia el proceso de apertura política, el diálogo con los partidos y el establecimiento de la legislación electoral que sienta las bases del sistema y la fijación de fechas para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, que en el curso de un año elaboraría y pondría en vigencia la actual Constitución de la República e inicia el proceso democrático que hoy vivimos. Durante ese año se organiza el Tribunal Supremo Electoral, se convoca a elecciones generales y en una votación y participación sin precedentes, llega a la presidencia el autor de este documento.

3) Las razones de la guerra eran locales pero también derivadas de un conflicto mundial: el conflicto este-oeste; había que aislarse del conflicto mundial y enfrentar las razones locales.

En las elecciones de 1985, la diferencia entre el candidato ganador y el segundo era tan grande que no dejaba duda acerca de quien sería electo; más bien, la gente dudaba que el ejército le entre-gara la presidencia a uno de sus mayores críticos y opositores. De hecho, las denuncias en contra de los crímenes y los compromisos del gobierno con los asesinatos de políticos importantes, como Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, habían sido hechas por el entonces secretario general de la Democracia Cristiana, quien además había sufrido varios atentados en su contra. Otros consideraban que si se entregaba el poder se haría sobre la base de un compromiso de no tocar al ejército, como había sucedido en tiempo del licenciado Julio César Méndez Montenegro.

Nada de esto pasó y, por lo contrario, el Jefe de Estado, general Mejía Víctores, no sólo no condicionó la entrega del poder sino que la facilitó aceptando constituir una comisión de transición encabezada por otro oficial del ejército

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Personajes

y abogado, el entonces secretario general de la presidencia, y el mismo Mejía Víctores prestó una valiosa asesoría al presidente electo acerca de asuntos militares, como el Estado de Fuerza, la situación de la guerrilla y, por supuesto, sobre el funcionamiento del ejército, sus características y algunos de los problemas que se habían dado en los últimos años cuando la institución armada se hizo cargo oficialmente del gobierno, a partir del golpe de Estado de 1982.

Una de las cosas más sobresalientes fue el hecho de no haber presionado al presidente electo para que nombrara en el Estado Mayor Presidencial a los oficiales que ellos querían, sino que los principales, los tres primeros oficiales y el Jefe de la Guardia Presidencial fueron escogidos entre los oficiales más destacados del momento y, pos-teriormente, se escogieron los oficiales subalter-nos, usando criterios de profesionalismo militar, carrera, calidades personales y trayectoria limpia de acusaciones de cualquier tipo, lo que no era difícil de lograr en una institución donde cierta información está debidamente registrada. No se puede negar que hubo una buena cantidad de oficiales de alta y de baja que colaboraron en las sugerencias y la asesoría al presidente en el perío-do previo a la toma de posesión.

El siguiente paso fue la selección del ministro de la Defensa, el jefe de Estado Mayor Presidencial y el viceministro de la Defensa, pues con ellos debía discutirse el nombre de los jefes de los principales servicio del Estado Mayor; la cuestión era fundamental pues sólo estableciendo un balance adecuado entre los oficiales superiores para que constituyeran un cuerpo de oficiales muy comprometidos con el fundamentalismo militar, con comprensión de la política por su nivel y experiencia, pero más comprometidos con la estrategia nacional que con la política personal y los intereses de grupo, que nunca son totalmente inevitables, se podría constituir un equipo que comprendiera el plan del presidente para iniciar el proceso de paz que tenía en mente, que se había venido gestando pero que aún era un plan personal no sometido a discusión alguna.

Las ideas básicas del plan de paz eran: alejarse del conflicto este-oeste y, por lo tanto, de los soviéticos, pero también de los estadounidenses; hacerlo regional y, por lo tanto, no excluir a nadie, ni a los sandinistas que se habían declarado marxistas y que se afiliaban a Cuba y a la Unión Soviética; y, hacerlo institucional, llevándolo más allá de la coyuntura, acercándolo a la región, pero en la línea de Contadora, es decir, acercándose al sur y alejándose del norte y el este-oeste. Empezaron así a vislumbrarse estas ideas en la elaboración del discurso de toma de posesión y, por supuesto, empezaron a inquietar a los diversos asesores entre los que se repartieron partes incompletas del mismo, para trabajarlo sin que ninguno tuviera un ejemplar completo que permitiera comprender la dimensión del planteamiento y se filtraran las propuestas.

Por otro lado, había una enorme expectativa sobre el discurso; recordemos que era el primer gobierno electo democráticamente en muchas dé-cadas, que accedía a la presidencia sin el apoyo directo o la intermediación de ninguno de los poderes fácticos, que durante años habían con-trolado el poder político y económico del país: ni el empresariado, ni la embajada americana ni el ejército habían respaldado la fórmula, solamente la habían tolerado, pero en el corazón de todos ellos había otro candidato y otros partidos.

El problema era la expectativa de la comunidad internacional y los sectores más progresistas, civilistas y de “izquierda”que habían apoyado la fórmula o de los sectores liberales de la iz-quierda norteamericana. Todos ellos esperaban un discurso como no se había escuchado hacía muchos años, en el cual se atacara al ejército, se le disolviera, se planteara una reforma agraria ra-dical, o cosas de este tipo; otros esperaban que se amenazara o se advirtiera a la guerrilla. Desde el punto de vista del presidente electo, un discurso así no era adecuado para ese momento histórico ni era necesario; debía ser un discurso emotivo, que hiciera planteamientos hacia el futuro pero que contuviera una propuesta espectacular que llenara las expectativas no sólo del momento sino

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históricas y que pareciera algo necesario aunque difícil de alcanzar dadas las circunstancias que se vivían en la región.

El discurso fue alegórico: haciendo un llamado a reconstruir la casa, a trabajar todos juntos superando las diferencias del pasado, invitando a la reconciliación, recordando los sufrimientos y las luchas, pero haciendo votos porque no se repitiera jamás. Pero el planteamiento impactante fue la propuesta del plan de paz y la invitación a los presidentes centroamericanos a tener un almuerzo conjunto para establecer un mecanismo que nos condujera a la paz a través del diálogo y al establecimiento de una institución que le diera vida y seguimiento a este propósito en el futuro, el Parlamento Centroamericano.

La noticia del día siguiente fue la reunión de los presidentes centroamericanos, entre quienes ya habían habido incidentes, especialmente entre Napoleón Duarte y Daniel Ortega, que en la ceremonia del Teatro Nacional, para la toma de posesión, no habían querido estar juntos, creando un problema diplomático que después se resolvió. Por supuesto se hizo un trabajo de cabildeo para lograr el almuerzo conjunto y se tuvieron que dar muchas excusas y hacer otras reuniones con otras personalidades que habían asistido, para que no se sintieran desplazadas o tratadas incorrectamente desde el punto de vista diplomático.

Hecho este planteamiento, se comprenderá por-que era tan importante tener en los mandos del ejército oficiales que comprendieran que la política tiene exigencias muy peligrosas y deli-cadas, que pueden ir mas allá que los temas de carácter militar que no pueden ser tan flexibles como los temas políticos, aunque la política sea, según Klausewitz, la continuación de la guerra por otros medios.

4) El plan de paz implicaba un proyecto de mediano y largo plazo, es decir, una visión de estadista, un proyecto histórico y un compromiso con la nación y las convicciones; sólo así adquiriría fuerza moral y se asentaría en la población.

Los presidentes de la época y sus equipos tenían estas características; asumieron el compromiso histórico a pesar de las facturas que podrían pagar en el corto plazo. Por ello el almuerzo tuvo éxito, y aunque el plan podía parecer imposible dadas las diferencias ideológicas y los enfrentamientos que ya existían en las fronteras Honduras-Nicaragua y El Salvador-Nicaragua, la sola posibilidad de eliminar una guerra regional generalizada convenció a todos de que valía la pena intentarlo. Era un tema que nadie podía rechazar considerarlo pues sería condenado por la comunidad internacional que todos nece-sitaban, aunque en el fondo creyeran que era di-fícil y prácticamente imposible de conseguirlo.

Las decisiones que se produjeron y se tomaron fue-ron sencillas pero comprometían a los presidentes en un proceso, era necesario salir de la reunión con decisiones, para que se convirtieran en un exitoso primer paso. Por Costa Rica participó el vicepresidente del doctor Monge, quien no había podido llegar por razones personales; es importante hacer constar que Monge apoyó el proyecto, todo el tiempo. Había que esperar un mes para la toma de posesión del presidente Azcona Hoyo, quien ya había sido electo y hacer la reunión en junio de ese mismo año en Esquipulas. Este tema les preocupó un poco por las instalaciones y el tamaño del pueblo, que además estaba muy cerca de la frontera de El Salvador y Honduras, lo que preocupaba a Daniel Ortega, pues tenía problemas con ambos países, pero lo aceptó en principio para discutirlo posteriormente y sólo llegó a aceptarlo cuando observó que la posición era sólida con el ejército y que había un compromiso, lo que avaló la comunidad internacional.

¿Por qué se escogió Esquipulas, en ese entonces un pequeño pueblo cercano a la frontera? Por-que anualmente es visitado por millares de guatemaltecos el 15 de enero, día del señor de Esquipulas y, regularmente, por devotos a los milagros del Cristo Negro, en tanto símbolo de fe; pero esa devoción no sólo es en Guatemala, sino a lo largo de toda Centroamérica, como se descubrió en nuestros viajes por la región. El lugar

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era fácil de asegurar, pues era pequeño, tenía un aeropuerto adecuado que podía mejorarse fácilmente, pero fundamentalmente era una inspiración y un símbolo espiritual que enviaba un mensaje de paz y reconciliación a los pueblos centroamericanos; el único problema era la falta de instalaciones, por lo que se decidió acudir a la única institución que tenía las instalaciones adecuadas para una reunión de ese tamaño: la iglesia católica. Ésta tenía dos centros de oración y reflexión, por lo que acudimos al obispo de Zacapa, monseñor Rodolfo Quezada Toruño, con jurisdicción sobre el área y la población de Esquipulas, él comprendió de inmediato la importancia de la reunión después de haber hecho las consultas correspondientes a las ór-denes encargadas de los lugares mencionados. Posteriormente, monseñor fue propuesto pa-ra presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación.

Es importante indicar que en el curso de estos meses los encargados de protocolo y seguridad de los presidentes establecieron una serie de requisitos para la reunión, que implicaba por lo menos los siguientes aspectos:

a) discreción y aislamiento, pues no se sabía cuál sería el resultado de las conversaciones y no se quería que se supiera su contenido, para que las posiciones de cada uno se mantuvieran en privado y no fueran motivo de comentario público o tema de presión para los grupos o gobiernos que no querían que las cosas caminaran, excepto en función de sus propios intereses;

b) seguridad, en diversos órdenes, tanto en cuanto a la pura seguridad física de los presidentes, como a la filtración de información, fotografías, grabaciones o montaje de falsas imágenes de comportamiento;

c) presiones extrañas a la voluntad de los presi-dentes, lo que implicaba aislamiento total, con servicios adecuados, en horarios adecuados. Esto lo brindó a la perfección el claustro del convento de Esquipulas a la par de la basílica, donde no se permitía la presencia de nadie ajeno a los presi-

dentes, excepto a la hora de los servicios, por lo que los presidentes gozaron de aislamiento y soledad total durante dos días, hasta el día en que se presentaron los acuerdos y se brindó un almuerzo a todos los asistentes y colaboradores, en conferencia de prensa, donde se anunció el acuerdo que pasaría a ser conocido como Esquipulas I. En esta reunión ya estuvieron presentes todos los presidentes que suscribirían el histórico acuerdo de Esquipulas II: José Azcona, Napoleón Duarte, Daniel Ortega, Oscar Arias y Vinicio Cerezo (de hecho, la foto que identifica los acuerdos de Esquipulas es una foto de esta reunión en el convento).

Los resultados sorprendieron a todo el mundo porque ratificaban las partes importantes del proceso, que posteriormente se desarrollarían en el acuerdo de Esquipulas II, un año después: a) la decisión de darle seguimiento a las conversaciones en búsqueda de la paz; b) la voluntad de participar todos en este diálogo y crear los equipos de trabajo para elaborar un proyecto de acuerdo que contemplara los pasos necesarios y los temas fundamentales para conseguir la paz; c) la decisión de desarrollar este trabajo en forma sistemática para estar listos para la próxima reunión que se realizaría en Guatemala un año después; y, d) seguir en estas reuniones el espíritu de Contadora, pero hacer del proceso un proceso estrictamente regional, donde los centroamericanos fuéramos los actores principales del drama y de la solución, para ser sujetos de nuestra historia y no objetos de la historia de otros.

El éxito dependió de la continuidad del pro-ceso y su seguimiento a pesar de las diferencias ideológicas de quienes lo firmaron y los suce-dieron, pues los presidentes tenían las mismas características de compromiso político e histórico con el pueblo y con el destino de sus respectivos países. Esta actitud le dio al proceso una fuerza propia y se convirtió en una política de Estado, compartida por todos los partidos y los sectores de la sociedad, por convicción, por fuerza moral, por opinión pública o por presión internacional, pero el punto de partida fue Esquipulas I, esa

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reunión entre presidentes, en un momento en que nadie creía que sería posible, en un convento, en un lugar santo, en una población símbolo de la fe. Allí en Esquipulas probablemente se escribió una de las páginas más importantes de la historia moderna de Centroamérica, porque a pesar de lo que querían las grandes potencias se sentaron las bases de una paz firme y duradera en un territorio en conflicto.

Esquipulas II fue realmente un acuerdo sin precedentes, por su contenido, sus procedi-mientos, su proyección hacia el futuro y su reconocimiento del pasado, pero el punto de partida fue Esquipulas I, donde los presidentes con todas sus diferencias, sin conocerse, sin tener antecedentes de algo similar, aislados del mundo, sin asesores cercanos, sin presencia extranjera, sientan las bases de un futuro propio, diseñado y decidido por ellos. Realmente no hay precedente similar en Centroamérica y, como pudimos ver después, en otras partes del mundo, porque como se reconoció recientemente en una reunión en la Universidad de Toledo, España, a principios de este año, no sólo se logró con estos acuerdos la paz, sino que ésta se consolidó y dio paso a otros procesos políticos que se institu-cionalizaron permanentemente, por lo que se ha planteado usarlos como ejemplo, para otros conflictos regionales.

5) En resumen, tres aciertos históricos: a) una convicción básica sobre los requerimientos de la democracia y el desarrollo; b) la solución debía ser regional y alrededor de los intereses propios y no ajenos; y, c) se trataba de un proceso de mediano y largo plazo y no de un fenó-meno coyuntural, es decir una política de Estado.

El proceso de paz es probablemente la única política de Estado exitosa en nuestro país y en la región como conjunto; demostró que cuando los dirigentes políticos de una época no convierten un proyecto en un proyecto partidario, sectorial o gremial sino que lo hacen colectivo, llevan a la población, a todos los sectores y a todos los dirigentes a comprometerse con él, porque ad-quiere una fuerza propia, una fuerza moral que lo convierte en un movimiento de ideas, de

pensamientos y de acción que lo hacen trascender en el tiempo.

Daniel Ortega abrió el proceso de paz en Nicaragua y perdió las elecciones, pero Violeta de Chamorro, quien lo sucede, le da seguimiento al plan de paz; Napoleón Duarte, demócrata cristiano, en El Salvador, lo suscribe, y Freddy Cristiani, su sucesor, del partido Arena, opositor por excelencia, lo concreta y le da seguimiento; y en Guatemala le dan seguimiento tres presidentes y diez años después se concreta. Las razones están en las convicciones, en que se convirtió en una política de Estado compartida y prestigiada y que la comunidad internacional identificó como positiva y adecuada, manteniendo su presión en esta dirección.

De Esquipulas I a Esquipulas II pasó poco más de un año, durante el cual se llevaron a cabo muchas reuniones de presidentes, todas ellas fueron precedidas por políticos y técnicos capaces, comprometidos con el proceso, sin cuyo aporte los acuerdos no se hubieran concretado en documentos, de manera que también hay que dedicarles un reconocimiento histórico. De igual forma, es el resultdo de un gran trabajo de cabildeo de los vicepresidentes y cancilleres de la región, quienes prepararon el ambiente y resolvieron las diferencias para que los acuerdos los hicieran los presidentes.

En todas las reuniones estuvieron todos los presidentes de Centroamérica, excepto en una convocada por el presidente Arias cuando propuso que se suscribiera un documento llamado “Oración por la paz”, en la que no fue convocado Daniel Ortega, mas ante la decisión del resto de concretar acuerdos sólo con la presencia de todos, el presidente Arias lo aceptó y se superó la posibilidad de un enfrentamiento con Nicaragua.

Lugares como Esquipulas en Guatemala, Playa del Sol en El Salvador, Montelimar en Nicaragua, San José en Costa Rica, Tela en Honduras y la ciudad de Guatemala, donde se firmó Esquipulas II (el procedimiento para lograr una paz firme y

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duradera), deberán ser recordados como lugares históricos para el futuro de la región.

Históricamente es un logro de los dirigentes políticos centroamericanos, pero también es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se toman en cuenta los elementos básicos de una política de Estado: permanencia y continuidad, conveniencia para todos y, si es necesario, de carácter regional, porque esto las vuelve prestigiosas. Ahora bien, ninguna política exitosa es el resultado de la casualidad pura, o sólo de la buena suerte, sino el fruto de largos años de experiencia, elaboración y consistencia; ésta es la lección que nos deja el proceso de paz, eso es lo que falta ahora, para darle continuidad a los Acuerdos de Paz, que se están convirtiendo en la

agenda de un sector y no de la sociedad, no un sueño compartido ni una política de Estado.

Tal vez ha llegado el momento de un Esquipulas III para atender la agenda pendiente de la paz, dirigida a resolver las enormes desigualdades económicas y sociales que aún existen y que también fueron causa del conflicto, avanzar en el respeto de los derechos humanos, en el desarrollo humano y terminar con las discriminaciones étnicas, de género, de posición social y de edad. Enfrentar las transformaciones que exige la ver-dadera agenda de la paz firme y duradera a que aspiran los acuerdos y habría que forjarla.

Guatemala, mayo de 2006, en ocasión de celebrar los 20 años de Esquipulas I

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INTRODUCCIÓN

1. El 29 de diciembre de 2006 se cumplen diez años de la firma de la paz. Parece simple decirlo, y muchos lo evalúan sólo como un hecho histórico. Sin embargo, para los que tuvimos la excepcional oportunidad de vivir ese momento, dirigiendo los destinos del país, este acontecimiento que marcó la vida política de los guatemaltecos y de la historia de Guatemala, aún nos llena de entusiasmo y de orgullo.

2. Atendiendo la invitación que el señor Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Sergio Morales Alvarado, me formulara, comparto con ustedes en forma breve, mis experiencias y mi visión de los Acuerdos de Paz. Me interesa mucho que la juventud sea el principal grupo objetivo de esta iniciativa, pues corresponde a los jóvenes no repetir los errores que se cometieron en Guatemala durante el enfrentamiento armado y que provocaron sufrimiento a los ciudadanos, especialmente los menos favorecidos.

3. Sin ser exhaustivo, la síntesis que traslado, abarca tres capítulos: el primero, una breve reseña histórica de cómo se llegó a la firma de la paz; el segundo hace un breve repaso de los elementos conductores que iniciaron la transformación del país; y, finalmente, en el tercer capítulo se resumen algunas dificultades encontradas y desafíos a futuro.

CAPÍTULO I

1. Antecedentes

4. La década de los años 80 fue para la región centroamericana una época turbulenta, de terribles acontecimientos que se tradujeron en

una escalada armamentista, alimentada por el conflicto ideológico entre las dos grandes po-tencias mundiales de entonces. Estados Unidos apoyaba a fuerzas militares irregulares contra el gobierno sandinista en Nicaragua, y la Unión Soviética, a su vez, daba soporte a las guerrillas en Guatemala y El Salvador.

5. Conforme pasaba el tiempo y se recrudecían los combates de uno y otro bando, muchas personas se vieron afectadas, población que no tenía nada que ver con el conflicto ideológico y que se desplazaron por todo el territorio centroamericano, primero, y por otros países fuera del área, después. Sólo en Guatemala, se calcula que más de un millón de personas aún vive fuera del país por esas razones.

6. En 1983, los países limítrofes a Centro Amé-rica (México, Venezuela, Colombia, y Panamá) conformaron el Grupo de Contadora, con la finalidad de promover una solución pacífica para los problemas regionales, al margen de las soluciones de las grandes potencias, y responder de manera ejemplar a una triple preocupación: a saber, poner fin a los terribles sufrimientos que padecían las poblaciones centroamericanas a causa de los conflictos militares de sus países; defender el derecho de cada uno de ellos a la independencia, y contribuir a la solución de una crisis cuyas repercusiones implicaban graves riesgos para la paz en el mundo. Desde el momento de su fundación, los miembros de Contadora estaban preocupados sobre la posibilidad de una intervención militar en Nicaragua y una eventual confrontación de los Estados Unidos con la Unión Soviética en la región.

7. El Grupo de Contadora promovió un acuerdo entre los diferentes actores con el propósito de reducir las posibilidades de un conflicto

LOS ACUERDOS DE PAZ: UN COMPROMISO PARA EL CAMBIO EN GUATEMALA

Álvaro Arzú Irigoyen

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armado a gran escala, y mediante la realización de una serie de consultas y negociaciones entre los gobiernos de América Central, los Estados Unidos, el Grupo de Contadora, el Grupo de Apoyo a Contadora (creado 1985 por Argentina, Brasil, Perú y Urugay), y representantes de grupos irregulares que operaban en varios países de la región.

8. El 12 de enero de 1986, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo a Contadora se reunieron en Caraballeda, Venezuela, con el propósito de elaborar y firmar “Un mensaje de paz, seguridad y democracia en América Central”, declaración que fue apoyada por los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Como parte fundamental de las recomendaciones de Contadora, se previó crear las condiciones pa-ra el diálogo con los grupos opositores, una vez que éstos hubieran depuesto las armas, por medio de comisiones nacionales de reconciliación.

9. La segunda etapa del proceso de paz comenzó en 1987. El papel estelar jugado por Contadora pasó a los presidentes centroamericanos. El presidente costarricense, Oscar Arias presentó en febrero de 1987 a la comunidad internacional una iniciativa de paz llamada por los medios de comunicación “El Plan Arias”. Éste fue aprobado por el resto de los presidentes centroamericanos y respaldado por el Grupo de Río, el Grupo de Contadora, el Grupo de Apoyo, la ONU y la OEA. Debe mencionarse, además, que el presidente Arias fue ganador del Premio Nóbel de la Paz en diciembre de 1987 por este hecho.

10. El Plan Arias tuvo como intención fundamental alcanzar un acuerdo regional de seguridad y reducir la violencia política en cada uno de los países centroamericanos. El valor de este plan estriba en que fue una iniciativa regional que incluyó las conversaciones con las guerrillas y otros grupos armados que operaban en América Central, la reconciliación regional, una amnistía política, la democratización de la región, el cese de cualquier apoyo extranjero o

doméstico a los movimientos insurgentes, un llamados a elecciones libres y la no agresión de un Estado sobre otro.

12. La Comisión Internacional de Verificación e Implementación (CIVS, por sus siglas en inglés) fue creada en Caracas en agosto de 1987. Sus miembros fueron los presidentes de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo y los Secretarios Generales de la ONU y la OEA.

13. En el marco de la apertura democrática, y receptivo a los acontecimientos regionales, el gobierno de Guatemala participó y suscribió el procedimiento para establecer la paz firme y duradera que los presidentes centroamericanos aprobaron en agosto de 1987. Allí quedaron plasmados los principios que más adelante fueron medulares en el proceso de paz guatemalteco, tales como: la búsqueda de la paz a través de la negociación política y la reconciliación nacional; el fortalecimiento de los procesos democráticos; la desmovilización de los grupos irregulares y su incorporación a la vida política del país; y el principio de paz duradera, integral e inseparable de la democracia y el desarrollo.

14. En los subsiguientes años, amplios sectores del país se pronunciaron a favor de la necesidad de desarrollar un proceso de negociaciones que tuviera como objetivo final la búsqueda de la paz por medios políticos, el perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa, sentar las bases para consolidar el desarrollo y progreso del país, y asegurar la convivencia democrática y la consecución del bien común.

15. Esto llevó a que maduraran las condiciones para el inicio de un proceso de negociaciones con los grupos armados rebeldes, que permitió construir el marco general que le dio coherencia a los demás temas señalados para el proceso de negociaciones.

16. En el Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos,

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conocido como Acuerdo de Querétaro, suscrito en México el 25 de julio de 1991, entre el gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), ambas partes reconocieron que Guatemala requiere de medi-das que aseguren el desenvolvimiento de la de-mocratización en lo político, económico, social y cultural; también se estableció “que el forta-lecimiento de la democracia funcional y par-ticipativa requiere, entre otros aspectos: • la preeminencia de la sociedad civil;• el desarrollo de la vida institucional democrática; • el funcionamiento efectivo del Estado de

Derecho; • eliminar para siempre la represión política,

el fraude e imposición electoral, las asona-das y presiones militares y las acciones des-estabilizadoras antidemocráticas;

• el respeto irrestricto de los derechos humanos; • la subordinación de la función de las fuerzas

armadas al poder civil; • el reconocimiento y respeto a la identidad y

derechos de los pueblos indígenas; • el acceso y goce de todos los guatemaltecos a

los beneficios de la producción nacional y re-cursos de la naturaleza con base en principios de justicia social;

• el efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno; y

• garantizar y promover la participación, en forma directa e indirecta, de la sociedad civil en general en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de gobierno.

17. La finalización de la confrontación armada era un paso necesario para consolidar el proceso de transición hacia la democracia como sistema político, y el fin de la exclusión y la marginación, promoviendo el respeto a la diversidad cultural, étnica y lingüística de todos los guatemaltecos.

18. La negociación política de la paz, al igual que ha ocurrido en todas las experiencias similares, fue esencialmente un proceso entre partes, aunque en el caso de Guatemala involucró formalmente a expresiones organizadas de la sociedad. La etapa siguiente, la del postconflicto, mediante

la integración de las comisiones derivadas de los Acuerdos de Paz, lejos de significar que el diálogo se haya interrumpido, ha representado su ampliación e institucionalización.

19. Debe mencionarse, finalmente, que el objetivo central de las negociaciones de paz en Guatemala no fue la finalización per se del enfrentamiento armado interno, sino la condición previa para comenzar a resolver la problemática nacional por medios políticos, y emprender un esfuerzo nacional de largo alcance para renovar el contrato social, consolidar las instituciones democráticas, avanzar hacia la concordia nacional y superar las divisiones políticas, étnicas, culturales y lin-güísticas que han frustrado el desarrollo del país.

CAPÍTULO II

Experiencias del gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000)

20. Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, se llegó al final de la negociación política entre las partes confrontadas y se puso fin al enfrentamiento ar-mado. En consecuencia, se inició un nuevo pe-ríodo conocido como postguerra, que en sí mis-mo constituye una etapa cualitativamente más avanzada y profunda dentro del proceso de de-mocratización.

21. Tras la firma de la paz se inició el proceso de resolución de las causas estructurales que pro-vocaron la confrontación de más de 30 años y se abrió la posibilidad de que, a través del cum-plimiento de los más de 474 compromisos asumidos en los acuerdos, se sienten las bases para lograr transformaciones estructurales indispensables en beneficio de la población guatemalteca.

22. La suscripción del acuerdo final en 1996, con que inició la etapa de implementación de todos los anteriormente suscritos, también viabilizó el comienzo de un gran esfuerzo de negociación política que permitió la convergencia de amplios sectores del país en un esfuerzo de

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reconciliación y reconstrucción nacional. Es en esta participación multisectorial donde radica el sentido de la construcción de la paz, proceso vital para consolidar la estabilidad política y económica en Guatemala.

Elementos que iniciaron las grandes transformaciones

23. Los Acuerdos de Paz conforman el diagnóstico más acertado de nuestro pasado reciente y una expresión de lo que aspiramos ser en un futuro no muy lejano: una sociedad que, basada en la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad y el respeto a los derechos, propicie el progreso, la eliminación de la exclusión y la pobreza, y promueva el respeto a la diversidad cultural, étnica y lingüística e ideológica de todos los guatemaltecos.

24. Los Acuerdos de Paz son elementos estra-tégicos de transformaciones fundamentales para construir una Guatemala diferente, pro-fundamente democrática y comprometida con el desarrollo integral y sostenible de la población.

25. Los Acuerdos de Paz dieron como resultado la estructuración de una agenda nacional, orientada a la superación de la crisis social, política, económica, étnica y cultural, así como las consecuencias del enfrentamiento armado. Esta agenda de la paz contiene los temas más elementales para construir una sociedad democrática, con desarrollo y justicia social. Los Acuerdos de Paz no apuntan, ciertamente, a la resolución de todos los problemas nacionales, pero pueden crear las bases para el desarrollo de procesos de democratización más avanzados, porque expresan inquietudes de amplios sectores sociales del país.

Acuerdos de Paz: lo cumplido

26. En este documento se trasladan algunos de los principales compromisos asumidos, que se cumplieron durante el gobierno que presidí. Es importante mencionar que lo que se ha

denominado como Agenda de la Paz, en realidad es un “plan nacional de grandes transformaciones, que le permitan a Guatemala transitar hacia el siglo XXI, para dejar atrás su oprobiosa condición de país atrasado, excluyente, antidemocrático y profundamente antisolidario.

27. Los compromisos que debía cumplir el gobierno de la República, quedaron plasmados en el Acuerdo de cronograma para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (179 compromisos). No obstante, la metodología seguida para dar cumplimiento a los mismos fue agruparlos en cuatro macroáreas. Un breve resumen se presenta a continuación.

a. Eje de reasentamiento, incorporación de URNG y reconciliación nacional

28. Los compromisos cumplidos en este eje tuvieron un cumplimiento calificado y certi-ficado por la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz (MINUGUA) de bastante bue-no. Entre otras razones, porque la primera fase del cronograma, que abarcaba los primeros 90 días calendario, cubría aspectos operativos del desarme e incorporación de la URNG. Entre otros compromisos cumplidos, se pueden men-cionar los siguientes:• desmovilización y desarme de cerca de 3,000

efectivos de la URNG;• incorporación de la URNG a la legalidad, que

constituye el objetivo político específico del proceso de paz; así como la constitución de su partido político y la creación de la Fundación Guillermo Toriello;

• conclusión del retorno de 42,000 refugiados en México;

• reasentamiento de 10,000 desplazados inter-nos (población desarraigada que no migró al exterior);

• documentación de 48,000 guatemaltecos• promulgación de la Ley de Reconciliación

Nacional (Decreto No. 145-96 del Congreso de la República, el 18 de diciembre de 1996);

• bases para el diseño del Programa Nacional de Resarcimiento;

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• creación de la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público; y

• establecimiento de la institucionalidad de la paz con espacios de participación ciudadana: comisiones de la paz (paritarias, no paritarias y especiales), Foro de la Mujer, Comisión de Acompañamiento, mesas departamentales de concertación, Secretaría de la Paz, Secretaría de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena, etc.

b. Eje de desarrollo humano integral

29. Los compromisos contenidos en esta área corresponden básicamente a las metas de gasto social sectorial, que se reflejan en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la pobla-ción y tienen un impacto directo sobre el bienestar y el crecimiento económico, y el desarrollo social del país. El gobierno, en concordancia con los Acuerdos de Paz, priorizó la inversión social en su política de gasto público para mejorar los indicadores de educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social de los guatemaltecos, lo cual se evidencia en los resultados siguientes: • incremento sostenido del gasto público en

educación y salud;• inicio del diseño de la reforma educativa con

amplia participación de la sociedad civil;• ampliación de la cobertura educativa y

reducción de la tasa de analfabetismo;• incremento de la población con acceso a

servicios de salud;• disminución de la mortalidad infantil y

materna; y• mayor interlocución de representantes de po-

blación indígena con instituciones estatales

c. Eje de desarrollo productivo sostenible

30. La decisión política del gobierno de cumplir con lo negociado en los Acuerdos de Paz desembocó en el diseño y la puesta en marcha de una estrategia integral en el área rural. Ésta se encamina a facilitar el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, brindarles seguridad jurídica y favorecer la resolución de sus conflictos. Esta estrategia se ha materializado en los siguientes progresos:

• apoyo prioritario al desarrollo rural y el acceso a la tierra, sin descuidar la capacitación y las políticas que favorezcan un crecimiento dinámico de la inversión, de las exportaciones y de la economía en su conjunto;

• Creación del Fondo de Tierras (FONTIERRAS);

• creación de la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA);

• creación de BANRURAL con democra-tización de su capital accionado (cooperativas, indígenas, Estado, ciudadanos, trabajadores);

• modernización y descentralización del Regis-tro de la Propiedad; y

• administración del Impuesto Único sobre la Inmuebles (IUSI) por un número importante de municipalidades.

d. Eje de modernización del Estado democrático y participación

31. En el ámbito de la modernización, descen-tralización y desconcentración del sector público, las acciones encaminadas a generar los cambios estratégicos en el modelo político del Estado se materializaron en las siguientes acciones:• respeto a los derechos humanos y exclusión

de Guatemala de la lista de países con pro-blemas en materia de derechos humanos;

• reconocimiento de la responsabilidad del Estado en casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

• reformas del sistema de administración de justicia: implementación de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial;

• reforma de la administración pública, ini-ciando con el propio Organismo Ejecutivo;

• creación del Servicio Público de Defensa Penal;• fortalecimiento de la seguridad pública y

ciudadana;• reestructuración de la política de seguridad

interna y de defensa nacional;• creación y funcionamiento de la Policía

Nacional Civil con más de 18,000 agentes;• creación de la Secretaría de Análisis Estratégico

(Ley del Organismo Ejecutivo 1997);

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• reducción de los efectivos del ejército en 33 por ciento (desmovilización de 15,000 efectivos aproximadamente);

• disolución de la Policía Militar Ambulante (cerca de 3,000 elementos);

• supresión de los comisionados militares y desaparición legal de las Patrullas de Autodefensa Civil;

• aumento de la recaudación tributaria (pasan-do de 7.94 en 1995, a 9.55 en 2000, como porcentaje del Producto Interno Bruto), así como las reformas asociadas tales como la del Código Tributario, del Código Penal, de la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, etc.;

• Creación de la Superintendencia de Admi-nistración Tributaria (SAT);

• Ley de Supresión de Privilegios Fiscales, así como la eliminación de algunas exenciones contenidas en las leyes del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA); e

• instalación de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal como instancia multisectorial para definir una política fiscal de mediano y corto plazo.

CAPÍTULO III

Renovacion del proceso de paz y algunas lecciones aprendidas

32. Tres años en la implementación de los Acuerdos de Paz fueron insuficientes para poder realizar las grandes transformaciones que requieren éstos. Sin embargo, el gobierno que presidí dio inicio con los cambios en el modelo de Estado, en la transformación productiva, en el patrón de inversiones públicas y en las políticas de defensa, seguridad y participación ciudadana.

33. Lo que se pudo observar es que la imple-mentación de los acuerdos suscritos permitió a los distintos sectores de la población tomar conciencia de que la construcción de la paz es un proceso complejo y difícil, aunque sus dificultades nunca serán comparables con los horrores de la guerra vivida a lo largo de más de tres decenios.

34. Por otra parte, la finalización de las nego-ciaciones el 29 de diciembre de 1996 constituye el acontecimiento más trascendental de la his-toria reciente del país, toda vez que vino a crear el mejor ambiente posible para desplegar los esfuerzos hacia el desarrollo integral de la nación guatemalteca, con base en metas de corto, me-diano y largo plazo claramente definidas en los Acuerdos de Paz.

35. Más allá de dichas metas, no debe perderse de vista que el objetivo de la paz es la reconciliación nacional, y ésta se logra si todos los actores sociales y la población están dispuestos a superar viejos agravios para construir las condiciones que les permitan trabajar unidos. En este contexto, los Acuerdos de Paz constituyen una evidencia histórica de que la sociedad guatemalteca sí puede identificar objetivos comunes y hacerlos realidad, cuando su orientación básica es realmente el interés colectivo.

36. Al mismo tiempo, representan un conjunto de compromisos complejos y globalizadores que encierran un proyecto de nación que, para con-vertirse en realidad, requiere del involucramiento activo de toda la sociedad guatemalteca a través de su trabajo esforzado y constante.

37. Los acuerdos son a la vez una promesa y un compromiso, pero su realización sólo es viable a través de un proceso largo en el que no existen milagros sino logros progresivos, dentro de una ardua y larga tarea de construcción de un nuevo modelo de convivencia social, en la cual todos los guatemaltecos son responsables. Si bien es muy probable que las cosas nunca ocurran a la medida de lo que soñaron los artífices de la paz, es un hecho indiscutible que se puede hacer una Guatemala cada día mejor tras la superación de la guerra.

38. Otro factor a considerar es que los acuerdos constituyeron una enseñanza para el presente y el futuro, al hacer prevalecer la negociación sobre la violencia y la razón sobre los rencores, lo que permitió superar situaciones conflictivas a través del diálogo y la concertación, que demostraron

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Personajes

ser la vía adecuada e insustituible para resolver conflictos y encontrar soluciones. Es por ello que ahora se hace necesario que en todos los sectores, y a todos los niveles, se inicie un esfuerzo constante para la búsqueda de consensos, si en realidad se pretende que Guatemala sea una genuina democracia.

39. En todo caso, la perspectiva temporal indica que consolidar la democracia y lograr el desarrollo socioeconómico supone un desafío

de largo plazo, cuyo punto de partida está en la ejecución de los compromisos de paz.

40. En este proceso reviste gran importancia el papel que han desempeñado y seguirán desempeñando los países amigos a través de su cooperación, la cual ha permitido a Guatemala estrechar y mejorar sus vínculos con la comunidad internacional.

Guatemala, 5 de abril de 2006

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Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Dura-dera, el 29 de diciembre de 1996, concluye el proceso que buscó poner fin a uno de los en-frentamientos armados más prolongados en América Latina: la guerra interna en Guatemala. Dos miembros de la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, organización política guerrillera que negociara la paz por parte de las fuerzas revolucionarias en armas, han fallecido: Ricardo Ramírez De León, comandante Rolando Morán, y Rodrigo Asturias, comandante Gaspar Ilom, a quienes es preciso rendir un justo reconocimiento por su ejemplo de combatividad revolucionaria. Ellos estarán siempre presentes en la conciencia del pueblo de Guatemala, porque se han ganado el derecho de ser un referente necesario de los revolucionarios de todas las generaciones que luchan por la cons-trucción de una sociedad libre de pobreza, de extrema pobreza, de desigualdad y marginación social y política, y que luchan por una Guatemala antiimperialista y soberana, capaz de construir su propio modelo de desarrollo basado en una na-ción integrada, con reconocimiento y respeto de la identidad y derechos políticos, económicos, so-ciales y culturales de los pueblos maya, garífuna y xinca, dentro de la unidad.

Los sectores más reaccionarios de la nación en las diferentes etapas de la historia contemporánea, han pretendido divulgar que el conflicto interno en Guatemala tuvo su origen en la estrategia del movimiento comunista internacional que, según ellos, pretendía expandirse en todo el mundo e intervenir en el soberano derecho del Estado de Guatemala de defenderse. Dentro de esa

lógica, los gobiernos de turno de ese período, con el apoyo y aval de los Estados Unidos, formularon la propaganda que buscaba crear conciencia en la población para rechazar a las fuerzas revolucionarias y justificar, por supuesto, estrategias y prácticas represivas contra las fuerzas revolucionarias y la población.

A nueve años de la firma del acuerdo citado y quince años después del derrumbamiento del campo socialista y de la consolidación de las po-líticas neoliberales en el mundo impulsadas por las naciones capitalistas desarrolladas, las pre-carias condiciones de vida de la mayoría de gua-temaltecos y guatemaltecas se han agudizado. El Estado ha entrado en crisis de gobernabilidad y las políticas imperialistas se han impuesto, aten-tando contra la propia soberanía de la nación.

El país vive uno de los períodos más convul-sionados de su historia, miles de hombres y mujeres mueren de manera violenta sin que el Estado tenga la capacidad de capturar y juzgar a los responsables, mucho menos atacar las causas económicas y sociales. Las mafias organizadas, al amparo de un Estado rebasado, se han ense-ñoreado y controlan estratégicos sectores del sis-tema productivo, y, lo que es más grave, las polí-ticas públicas han tomado distancia en la atención a los problemas sociales y económicos que afectan a más del 80 por ciento de la población.

LA RUTA RECORRIDA

Los Acuerdos de Paz, además de haberse cons-tituido en un referente para conocer e inter-pretar la historia de nuestro país, establecen las bases para la construcción de una nueva so-ciedad que supere, fundamentalmente, las cau-sas que originaron la guerra interna y que per-sisten de manera significativa en las entrañas

* Signatario de los Acuerdos de Paz, secretario general del partido Alianza Nueva Nación (ANN) y diputado al Congreso de la República.

LOS ACUERDOS DE PAZ EN GUATEMALA, DIEZ AÑOS DESPUÉS DE SU SUSCRIPCIÓN

Pablo Monsanto*

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de la sociedad, poniendo en riesgo los esfuerzos por construir la tan ansiada democracia real, funcional y participativa.

El país, nueve años después de la firma de los Acuerdos de Paz, experimenta un fuerte rezago en el cumplimiento de las metas en ellos establecidas. Sobre el particular, abundan las denuncias de la sociedad civil y la comunidad internacional, por lo cual se está afectando la imagen de nuestra nación, ha disminuido la corriente de los flujos de los fondos de la cooperación internacional y se han sembrado grandes dudas en los inversionistas para operar en Guatemala.

Para nadie es un secreto que los indicadores de pobreza desnudan la cruda realidad social: el 76 por ciento de la población indígena en Guatemala se sitúa en la línea de pobreza, y el 27 por ciento en la línea de pobreza extrema. Según el último censo de población y habitación, hacen falta más de un millón 500 mil viviendas para que todas las familias tengan un lugar donde vivir; y, año con año, a esta cifra se suman 50 mil viviendas más. El sistema de salud no está respondiendo a las crecientes demandas de la población y los niveles de analfabetismo son una limitante para que la población, especialmente la rural, se incorpore a los procesos de desarrollo económico que demanda la economía globalizada.

La fuerza de trabajo, de manera significativa, adolece de la calificación necesaria para consti-tuirse en un elemento generador de producción y productividad. A esta realidad se suma la vul-nerabilidad del sistema de justicia en materia laboral, que da cabida a relaciones de producción basadas en la explotación extrema de la masa trabajadora de la ciudad y el campo.

El histórico problema con pocas señales de cambios de fondo, que ha identificado las relaciones de producción en el agro, se caracteriza por una alta concentración de las tierras cultivables en pocas manos. Miles de campesinos demandan la formulación de políticas públicas que les permitan el acceso a tierras con calidad para el cultivo, con seguridad jurídica y la puesta

en marcha de programas que garanticen el ansiado desarrollo rural con equidad y justicia.

Los pueblos indígenas, componente fundamental y determinante de nuestra nacionalidad, perma-necen sometidos a prácticas excluyentes por par-te del Estado, los indicadores de desarrollo hu-mano revelan el mayor nivel de rezago en éstos y el reconocimiento de su identidad y derechos es un discurso político que no se expresa en rea-lidades sentidas y auténticas.

La mujer guatemalteca de todas las edades y condiciones económicas y sociales, padece dis-criminación y marginación, y el nivel de opor-tunidad para insertarse en la vida económica, social y política continúa estando a la zaga de los hombres.

El sistema político, a pesar de las reformas a la ley específica, no ha creado las condiciones para avanzar en la auténtica participación de todos los sectores de la población en igualdad de condiciones. El sistema electoral ha permitido que los tradicionales grupos de poder económico mantengan el control del Estado.

El ejército nacional, al amparo de la Consti-tución Política de la República y de leyes que privilegian sus intereses, continúa siendo un po-der real y ocupa espacios y funciones que no le corresponden.

Los índices de la violencia, la inseguridad ciu-dadana y la impunidad con que actúan las ma-fias enquistadas en las estructuras del Estado mis-mo, conducen al país a verdaderos estadios de ingobernabilidad.

La ruta recorrida por los Acuerdos de Paz ha sido escabrosa. Los partidos de la izquierda guatemalteca, los sectores organizados de la sociedad civil, diversas instancias internacionales y gobiernos de países amigos, han exigido de manera sistemática a los gobiernos de turno posteriores a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, asumir responsablemente la aplicación de políticas y reformas al sistema jurídico, que le den viabilidad

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Personajes

a todos los compromisos asumidos en la mesa de negociaciones de los Acuerdos de Paz.

Nueve años transcurridos después de la firma del último acuerdo, el balance de cumplimiento es desalentador, y los efectos de la irresponsabilidad de los gobiernos se reflejan en las condiciones de vida de la población y en la pérdida de capacidades del Estado para garantizar la gobernabilidad en el país dentro de un marco de democracia y justicia

LA RUTA POR RECORRER

Se hace necesario destacar la promulgación y publicación del Decreto No. 52-2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, a finales del año 2005, porque el mismo establece normas y mecanismos que rigen y orientan el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Tal como lo enfocan los considerandos del citado decreto, la agenda nacional derivada de los Acuerdos de Paz es un proceso complejo y de largo plazo, que requiere de voluntad para cumplir con los compromisos adquiridos y del involucramiento de los Orga-nismos del Estado y de las diversas fuerzas sociales y políticas nacionales. Es justo reconocer que la agenda de la paz, con la promulgación del Decreto No. 52-2005, recibe un fuerte soporte legal que, aunado a otros esfuerzos políticos, debe acelerar procesos demandados por la población en lo social, lo económico y lo político.

La agenda de los Acuerdos de Paz compromete al Estado a superar la legislación que se está generando en el actual Congreso de la República. Ésta evidencia, con cada acuerdo que promulga, que responde a la estrategia neoliberal que bus-ca crear las condiciones para que el capital tras-nacional se instale sin ninguna restricción en el interior del Estado y la nación.

Se deben tomar acciones políticas contundentes sobre la base de los Acuerdos de Paz, para que se deje de legislar en función de liberar los mercados del Estado y en beneficio de los sectores de poder económico. A ello responden los decretos legislativos que dan vía libre a los tratados de libre comercio, a la especulación financiera y a la

estructuración de la plataforma que permite que las políticas públicas se concreticen en rentables negocios para el capital transnacional y para el nacional articulado a éste.

Resulta importante considerar que la confor-mación del Estado en Guatemala y la tendencia que revela, sobre todo en los últimos diez años, no es la de reducirse o minimizar su papel en la conducción de la nación; por el contrario, lo que se visualiza es que se está consolidando un Estado que juega cada vez con mayor protagonismo, un papel determinante en crear las condiciones ins-titucionales y legales para facilitar el ingreso y la instalación sin restricciones del capital transna-cional y su articulación con la burguesía nacional. Las economías empobrecidas como la de Guate-mala, están frente al imperialismo que no invade militarmente, que no somete sus territorios y que no gobierna desde su centro de poder como dominio de tipo colonial. Este imperialismo se instala en estas economías como una fuerza integral transformadora de todas las instituciones del Estado, el cual asume el papel de crear las condiciones legales e institucionales, tales como: • Liberalización total de los flujos de mercancías.• Liberalización total de inversiones y de flujos

financieros.• Garantía soberana a la inversión.• Reglas que den estabilidad a la operación.• Libertad total de movimientos financieros de

corto plazo.• Liberalización del mercado laboral.• Compresión de los costos salariales.• Cambio en la estructura impositiva.• Privatización de empresas estatales.

Las intenciones del Congreso de la República, al pretender decretar la Ley General de Conce-siones con claros beneficios para el capital extran-jero, entra dentro de esta lógica imperial y se constituye en un engranaje más de la estrategia de cooptación del Estado en beneficio del capital privado nacional e internacional. Es por ello que la lucha no es únicamente contra una ley en particular, llámese esta DR-CAFTA o Ley General de Concesiones; la lucha es contra una

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fuerza política que se instala en el país y que conforma un Estado “fuerte” en beneficio de sus intereses económicos.

El impulso de la agenda de los Acuerdos de Paz debe crear los mecanismos para superar el hecho de que el comercio exterior continúe con-dicionando los intereses de la oligarquía agroex-portadora, concentradora de la propiedad de la tierra, y condicionando la estrechez del mercado interno, producto de la precariedad de los ingre-sos de la mayoría de la población. Dentro de este régimen de propiedad y concentración de la tierra, únicamente se puede hablar de inversión y comercio exterior en beneficio de los grupos de poder económico.

Por las características mismas del sistema capitalis-ta y en el caso particular de los monopolios que controlan la economía de los Estados Unidos de América, el comercio exterior se convierte en su principal instrumento y mecanismo de salida a sus bastos excedentes de producción de mercancías. No resulta casual, entonces, la lucha por el control de los mercados mundiales y por las principales fuentes de materias primas, empleando todo tipo de estrategias, incluso, el chantaje, la amenaza y hasta las intervenciones militares.

El proceso de negociación del CAFTA, que res-pondió a una estrategia de exclusión en el debate de los más representativos sectores de la sociedad civil, ha dado como resultado el acuerdo comercial entre Centroamérica y la economía más poderosa del planeta, que se enmarca dentro de las características descritas y que ha provocado un fenómeno de incertidumbre en la población centroamericana y en los principales agentes económicos.

El gobierno y el Congreso de la República deben comprometerse a generar un proceso responsable que dé viabilidad a la Agenda de la Paz. Que se declare de urgencia nacional el debate sobre los mecanismos legislativos y las políticas públicas que le den viabilidad a los Acuerdos de Paz.

Las organizaciones, sociedad civil y partidos políticos deben articular acciones para la confor-

mación de un amplio frente de lucha que nos lance unidos a la conformación de un nuevo Estado, que sustente su funcionamiento en la defensa de la independencia política y económica del país y en la lucha contra toda forma de imposición económica y política por parte de potencias extranjeras. Un Estado que establezca una sólida alianza con los bloques continentales que se enfrentan a nuevas formas de colonialismo y de penetración de capitales que comprometen la independencia y la soberanía nacional. Dentro de esta línea de trabajo, debemos cerrar filas a efecto de que se abran de manera objetiva los espacios para la puesta en práctica de los más amplios derechos y libertades democráticas.

El Estado de Guatemala debe abordar de forma responsable e inmediata su protagonismo en la conducción del desarrollo socioeconómico del país, y cerrar los espacios para que la concepción del “rentable negocio” envuelva todas las esferas de las políticas públicas. Debe enfrentar de manera directa el problema del régimen de tenencia y distribución de la tierra, que afecta a la mayoría campesina que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Está llamado a efectuar transformaciones en la agricultura, a liquidar los restos del feudalismo, a impulsar programas estatales de industrialización estratégica, a acabar con el analfabetismo, a elevar el nivel de vida material y cultural del pueblo y a invertir en programas de calificación masiva de la fuerza de trabajo y productiva del país.

Son loables los esfuerzos que realiza la Procura-duría de los Derechos Humanos para impulsar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y la denuncia que realiza en el campo nacional e internacional por la falta de voluntad política y acciones concretas y viables para impulsar su cumplimiento por parte del gobierno de la República y de sus instituciones. Se valora, de manera muy particular, la publicación de los Acuerdos de Paz que hace y que busca reforzar la cultura de paz en los guatemaltecos y guate-maltecas y fortalecer la conciencia nacional para exigir su cumplimiento.

Guatemala, junio de 2006

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El 29 de diciembre próximo se cumplirá el X aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera suscrito entre el gobierno de la República de Guatemala y la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Culminaba así un largo, complicado y exitoso proceso de negociación para la búsqueda de la paz por medios políticos, tal como quedó definido en el Acuerdo de Oslo convenido entre la delegación de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), con el pleno respaldo del gobierno de la República de Guatemala, y la delegación de la URNG, con el pleno respaldo de su Comandancia General.

1) Importancia del Acuerdo de Oslo y la realización de las reuniones convenidas con los distintos sectores de la sociedad civil

El Acuerdo de Oslo se firmó el 29 de marzo de 1990 en la capital de Noruega. En el mismo se convino: a) la realización de una reunión entre representantes de los partidos políticos del país legalmente inscritos y representantes de la URNG; b) celebrar las reuniones que fueran necesarias entre la URNG y representantes de los sectores populares, religiosos y empresariales del país, así como otras entidades guatemaltecas polí-ticamente representativas; y, c) luego de realizadas las reuniones convenidas, acordar el inicio de las conversaciones directas entre representantes del gobierno de la República y la Comandancia General de la URNG, encaminadas a lograr la solución política del enfrentamiento armado interno.

Me refiero en especial al Acuerdo de Oslo porque delínea y programa la realización de las reuniones a celebrarse previo al inicio de las conversaciones directas entre el gobierno de la República de Guatemala, por una parte y, por la otra, la Comandancia General de la URNG. De acuerdo con lo convenido en Oslo, se celebraron cinco reuniones.

1. La primera reunión tuvo lugar en Madrid, España, entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 1990. Como resultado de esta reunión, sostenida entre la Instancia de Partidos Políticos de Guatemala y la URNG, se aprobó el Acuerdo de El Escorial en el que lo más importante y destacado que las partes signatarias convinieron se puede resumir en los tres puntos siguientes: “ratificar en su totalidad el Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos”; “impulsar la incorporación de

A DIEZ AÑOS DE DISTANCIA:APROXIMACIÓN A UNA EVALUACIÓN CRÍTICA DEL

ESTADO ACTUAL DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Ricardo Rosales Román (Carlos Gonzáles)*

* El autor del presente artículo nació en la ciudad de Guatemala en 1934. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes del Instituto Nacional Central para Varones (1951–1952). Hizo estudios de derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y llegó a ser representante de los estudiantes de dicha facultad ante el Consejo Superior Universitario de la USAC (1959–1961). Fue presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) (1962–1963). Fue secretario general del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) (1972–1997), partido al que ingresó en septiembre de 1953, y miembro de la Comandancia General de la URNG (1989–1998). Es signatario de los Acuerdos de Paz. Actualmente es secretario del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales, Económicos y Políticos “Alfonso Bauer Paiz” (CIEHSEP “ABP”). Colabora en el diario La Hora como columnista de opinión. Luchó en la clandestinidad desde 1968 hasta 1996, período durante el cual se le conoció como “Carlos Gonzáles”. Su participación política revolucionaria inició en 1950.

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todas las fuerzas, sectores políticos y sociales, en la definición del conjunto de los cambios institucionales que permitan alcanzar la vigencia plena de los derechos ciudadanos, políticos, de organización y expresión”, y “la necesidad de impulsar un proceso de revisión y reforma institucional, con el compromiso de promover la reforma de la Constitución Política de la República”.

2. La segunda reunión se celebró en Ottawa, Canadá, el 1 de septiembre de 1990. A ésta asistió la dirigencia de la URNG y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comer-ciales, Industriales y Financieras (CACIF). Esta reunión tiene la particularidad y se caracteriza porque no concluyó con un acuerdo o documento conjunto. Sus resultados están contenidos, por un lado, en la Declaración de URNG de Ottawa y, por el otro, en el Comunicado del CACIF de Ottawa. En ambos es fácil advertir las diferencias existentes entre ambas partes.

La URNG, por su parte, valora como positivo el hecho de que se haya realizado esta reunión, en un ambiente constructivo de mutuo respeto. Dejó constancia, además, de su propósito de continuar con esta comunicación.

Por su lado, la cúpula empresarial expresó en su comunicado —como no podía ser de otra manera y oficiosamente— “que concurrió a esta reunión con la mayor buena fe, confianza y mejor voluntad, con el propósito de lograr la erradicación de la violencia.” No dejó de consignar, sin que viniera al caso, que “expresó a la dirigencia de la URNG que, para lograr solucionar los problemas socio-económicos que aquejan a nuestra población, es condición indispensable que los mismos sean tratados y solucionados dentro del marco constitucional y jurídico del país.” Además, y a no ser por su manera prepotente de proceder y arrogancia, incluyó en su documento que el propósito expresado por la URNG “de dar su aporte a la construcción de una Guatemala donde se respete la libertad del hombre en todas sus manifestaciones, y se garanticen plenamente sus derechos... se pueda realizar inmediatamente,

ya que la paz para Guatemala no puede esperar más.” El CACIF reconoció que “durante la conversación surgieron discrepancias” y no pudo abstenerse de dejar constancia que esperaba “que la dirigencia de la URNG” encaminara “su voluntad y trabajo a construir una Guatemala pacífica, más próspera y más rica para lograr el bienestar de los ciudadanos.”

3. En Quito, Ecuador, del 24 al 26 de septiembre de 1990, tuvo lugar la tercera de las reuniones convenidas en el Acuerdo de Oslo. En esta oportunidad, la URNG se reunió con el sector religioso de Guatemala. Como resultado se suscribió la Declaración de Quito en la que am-bas partes dejaron constancia y expresan que “el Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos, firmado en Oslo, Noruega, el 30 de marzo de 1990, ha permitido viabilizar un proceso encaminado a la creación de un consenso nacional en la búsqueda de soluciones a la crisis que afecta al país.”

En la Declaración de Quito, suscrita el 26 de septiembre, el sector religioso de Guatemala con-signó que: “apoya todos los medios políticos que los otros sectores acepten para alcanzar la paz”; “no puede haber una paz genuina y auténtica sin el absoluto respeto a los derechos humanos” y “la situación de Guatemala tiene sus propias causas... y su solución puede alcanzarse a tra-vés del diálogo sincero y los medios políticos y pacíficos.”

La URNG, por su parte, dejó constancia de lo siguiente: que “acoge con respeto y simpatía la declaración del sector religioso ante la situación crítica que vive el país y su voluntad de contribuir a encontrarle una solución política al conflicto armado”, y que “reconoce el esfuerzo de las dife-rentes expresiones religiosas al desarrollo de una conciencia que fomente la búsqueda de soluciones auténticas a la problemática de Guatemala.”

Cabe destacar al respecto que el sector religioso de Guatemala, además, acogió “con beneplácito la decisión de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) de utilizar los medios

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Personajes

políticos y pacíficos para solucionar los problemas de Guatemala”, y formuló “sus mejores votos para que las futuras reuniones culminen con el mayor de los éxitos y faciliten que, a la mayor brevedad posible, se inicien las conversaciones directas entre el Gobierno y el Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), para un desarrollo integral socialmente justo, que garantice la consecución de la paz firme y duradera en Guatemala”.

4. Del 23 al 25 de octubre de 1990 tuvo lugar en la población de Metepec, Puebla, México, la reunión entre el Sector Sindical y Popular y la Comandancia General de la URNG, que vendría a ser la cuarta de las reuniones convenidas en Oslo. El día 25, ambas partes suscribieron la Declaración de Metepec, en la que el sector sindical y popular, entre lo más importante, declara que: “cree que es posible alcanzar la reconciliación nacional y construir la paz mediante la participación activa y el aporte de todos los guatemaltecos”; se adhiere y ratifica expresamente el Acuerdo de Oslo; “la grave crisis general que atraviesa el país y sus manifestaciones de profundas raíces, son los factores que desestabilizan a la sociedad en su conjunto y determinan la ausencia de paz en Guatemala”; y “la paz justa y duradera será producto de cambios en las estructuras para erradicar la injusticia social y las secuelas que sufre Guatemala.”

La URNG, por su parte, reiteró “su compromiso de concretar y continuar en la práctica el proceso iniciado en Oslo” y manifestó que: “no se trata únicamente de ponerle fin al conflicto armado interno sino de resolver, con la contribución y participación de todos, las causas estructurales e históricas que le dieron origen y que ahora se han agravado”; “existe la oportunidad de construir el camino para solucionar la situación de atraso, miseria, ignorancia, opresión, discriminación y explotación que sufre nuestro pueblo”; y que “la solución política debe partir de dos elementos fundamentales: a) sentar las bases para el perfeccionamiento de una democracia representativa, real, funcional y participativa, y b) iniciar un proceso serio para resolver las causas

históricas, políticas, sociales y económicas que dieron origen a la confrontación.”

Ambas partes coincidieron en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente “con participación y representatividad de todos los sectores nacionales, para tratar las reformas constitucionales que permitan eficazmente el perfeccionamiento de la democracia y la garantía de que la misma tenga una naturaleza real y participativa.”

5. En Atlixco, Puebla, México, el 27 y 28 de octubre de 1990, se celebró la quinta reunión programada. Esta vez, la Instancia de Acadé-micos, Cooperativistas, Empresarios, Pobladores y Profesionales de Guatemala se reunió con la Comandancia General de la URNG y suscribieron la Declaración de Atlixco.

En este documento, la Instancia declara que: es “necesario propiciar mecanismos efectivos de reconciliación nacional que viabilicen el logro de una paz firme y duradera, en el marco de los acuerdos de Esquipulas II y de la Constitución Política de la República de Guatemala”; ratifica y se adhiere expresamente al Acuerdo de Oslo a “fin de lograr el perfeccionamiento de una democracia real y participativa”; y asume que “el logro del bien común debe ser la meta a seguir dentro de un marco de respeto al derecho de toda persona”.

La URNG constató que “la amplitud de la respuesta que ha tenido el proceso de diálogo” con los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca “extiende al máximo” el intercambio y conocimiento “para la constitución de un con-senso nacional que, con su fuerza de opinión, signifique una verdadera alternativa, viable y sana, para la democratización de Guatemala”. Asimismo, que los puntos de coincidencia que “es necesario buscar” habrán de constituir “la fórmula y plataforma para hacer de nuestro país una nación que, nutriéndose de su patrimonio humano, histórico, cultural y material, propor-cione prosperidad y bienestar a todos los guate-maltecos, con justicia, derecho y paz.”

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Las dos partes dialogantes coincidieron, además, en su voluntad de “impulsar todos aquellos mecanismos que permitan avanzar en el proceso democrático y la erradicación de los problemas económicos, políticos y sociales que aquejan a la mayoría de los guatemaltecos.”

Luego de transcrito lo anterior, resulta fácil destacar la importancia del Acuerdo de Oslo en tanto punto de partida del proceso nego-ciador y porque las partes programaron y se comprometieron a la realización de las reuniones a celebrarse previo al inicio de las conversaciones directas entre el gobierno y la Comandancia General de la URNG.

El Acuerdo de Oslo es importante, además, por-que: primero, los encuentros celebrados, el inter-cambio de opiniones y discusiones sostenidas, los documentos suscritos y la relación y acer-camiento logrado entre la Comandancia y los representantes de los partidos políticos, de los sectores populares, religiosos, empresariales y otras entidades políticamente representativas, marca la diferencia del proceso de paz en Guatemala de los que tuvieron lugar en la región a partir de los Acuerdos de Esquipulas II; segundo, estos encuentros habrían, igualmente, de contribuir a definir el rumbo general a seguir en el curso de las conversaciones directas entre el gobierno de la República y la URNG; y, tercero, le permitirían a la Comandancia confirmar la viabilidad y realismo de sus esfuerzos por lograr una paz firme y duradera a través de medios políticos.

Sin embargo, no todo estaba delineado y defi-nido. Se puede decir que el Acuerdo de Oslo cons-tituyó el primer y más importante paso hacia la búsqueda de la paz en Guatemala. Habrían de darse dos pasos más para que la perspectiva y ulterior desarrollo del proceso quedara mejor configurado y definido.

2) Definición del temario general, contenido sustantivo e integralidad del proceso y de los acuerdos a suscribir

La primera reunión directa entre el gobierno y la URNG con la participación de la CNR y el obser-

vador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se instaló en México, D.F., el 24 de abril de 1991 y culminó el día 26 con la firma del histórico Acuerdo de procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos, cuya importancia radica en que es en éste donde las partes convienen el temario general, con el fin “de llegar a acuerdos políticos para lograr la paz firme y duradera, que pongan fin pronto y definitivamente al enfrentamiento armado interno en Guatemala”, tal como quedó consignado en su numeral 6. Los once temas convenidos entonces fueron los siguientes: democratización; derechos humanos; fortaleci-miento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática; identidad y derechos de los pueblos indígenas; reformas constitucionales y régimen electoral; aspectos socioeconómicos y situación agraria; reasentamiento de las pobla-ciones desarraigadas por el enfrentamiento arma-do interno; bases para la reincorporación de la URNG a la vida política del país; arreglos para el definitivo cese de fuego; cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos; y firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y desmovilización.

De estos once, la Comandancia conceptualizó que ocho de ellos eran de carácter sustantivo y los tres restantes de carácter operativo. Esta concep-tualización es otra de las características propias del proceso de paz en Guatemala: definió su contenido y, a su vez, le dio integralidad a los acuerdos.

Tres meses después, las partes se volvieron a encontrar en Querétaro, México. Esta reunión se celebró el 25 de julio de 1991 y durante la misma se suscribió el Acuerdo Marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos y que, a manera de continuación y desarrollo del Acuerdo de México del 26 de abril de 1991, se suscribió a fin de definir el objetivo final del proceso de negociaciones consistente en la búsqueda de la paz por medios políticos, el perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa, y “acordar las bases sobre las cuales se consolide el desarrollo y progreso del país para asegurar así la convivencia democrática y la consecución del bien común.”

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Personajes

En aquel momento, las partes estuvieron de acuerdo en que “el fortalecimiento de la democracia funcional y participativa requiere: a) la preeminencia de la sociedad civil; b) el desarrollo de la vida institucional democrática; c) el funcionamiento efectivo de un estado de Derecho; d) eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral, las asonadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas; e) el respeto irrestricto de los derechos humanos; f) la subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil: g) el reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas; h) el acceso y goce de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza que debe basarse en principios de justicia social; e i) el efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno.”

3) Reinicio del proceso de paz y acuerdos suscritos

Se puede decir, entonces, que con lo ya resuelto y definido se apuntalaba el contenido sustantivo del temario general acordado y lo integral del proceso y sus acuerdos. Habrían de transcurrir cuatro años más para que las negociaciones culminaran. El gobierno del presidente Serrano Elías fue depuesto e institucionalmente sustituido por el presidente Ramiro De León Carpio. Luego de las elecciones generales de 1995 tomó posesión de la Presidencia de la República el electo presidente Álvaro Arzú Irigoyen y con cuyo gobierno habría de culminarse el proceso de paz con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

Entre la firma del Acuerdo de Querétaro (26 de abril de 1991) y el reinicio y continuación de las conversaciones por la paz (10 de enero de 1994), habría de transcurrir un período de cerca de tres años. A causa de la situación que se creó a raíz de la salida del gobierno de Serrano Elías, el proceso de negociaciones prácticamente se suspendió y, en cierta forma, por la falta de voluntad y decisión política de quien le sucedió en el cargo. Con el gobierno del presidente De León Carpio se llegaron a suscribir cuatro acuerdos: uno de ellos operativo y los otros tres de carácter sustantivo.

1. El 10 de enero de 1994, en México, D.F., se firmó el Acuerdo de calendarización de las negociaciones para una paz firme y duradera en Guatemala y, el 29 de marzo, en México, D.F., quedó suscrito el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. El 17 de junio de ese mismo año, se suscribió en Oslo, Noruega, el Acuerdo para el reasentamiento de las comunidades desarraigadas por el conflicto armado. Ocho días después, el 23 de junio, se logró arribar y aprobar el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. El 31 de marzo de 1995, en México, D.F., ambas partes convinieron en suscribir el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas.

2. A finales de 1995 tienen lugar en el país las elecciones generales. El 14 de enero de 1996 to-ma posesión del cargo el presidente Álvaro Arzú Irigoyen. La Comandancia General de la URNG y el gobierno de Arzú Irigoyen lograron suscribir, además del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, cinco acuerdos: tres sustantivos y dos operativos.

El 6 de mayo de 1966 se firmó en México, D.F., el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Igualmente en México, D.F., el 19 de septiembre del mismo año, se suscribió el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. En Oslo, Noruega, se firmó el 4 de diciembre el Acuerdo sobre el cese al fuego definitivo. El 7 de diciembre, en Estocolmo, Suecia, se suscribió el Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. En Madrid, España, con fecha 12 de diciembre, se firmó el Acuerdo sobre bases para la reincorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. En horas de la mañana del 29 de diciembre y en la ciudad de Guatemala, se suscribió el Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Y, para finalizar, en el Palacio Nacional de la Cultura de la capital guatemalteca, se culminó el proceso de conversaciones por la paz en Guatemala, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

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A grandes rasgos, es así como se desarrolla el proceso de paz y se arriba a la firma de los acuerdos que se aprueban después de discusiones a fondo sobre los temas motivo de tratamiento.

Si me he detenido en los tres acuerdos iniciales del proceso es porque: primero, las reuniones y encuentros que sostiene la URNG con los sectores representativos de la sociedad civil y que fueron convenidas y programadas en el Acuerdo de Oslo, constituyeron el fundamento sustantivo del proceso y que sucesivamente ha-brían de plasmarse en los acuerdos aprobados pero, además, porque contribuyeron a definir el contenido del temario general y el procedimiento a observar por las partes para la búsqueda de la paz por medios políticos, tal como se aprobó en el Acuerdo de México. Y, segundo, porque es en el Acuerdo de Querétaro donde se define el carácter y contenido integral del proceso y de los acuerdos a suscribirse, y las partes convienen en que se trata de un proceso de negociaciones cuyo objetivo final supone alcanzar la paz por medios políticos, institucionalizar una democracia funcional y participativa, y sentar las bases del desarrollo y progreso del país, la convivencia democrática y la consecución del bien común.

4) Estado actual de los Acuerdos de Paz y cómo luchar por su real y efectiva implementación y cumplimiento

Es a partir de aquí que procede aproximarse a una evaluación crítica acerca del estado actual de los Acuerdos de Paz y formular un planteamiento inicial a fin de garantizar su real y efectivo relanzamiento, implementación y cumplimiento sobre nuevas y actualizadas bases.

Lo primero a referir es que no comparto ni he sido de la opinión de hacer una evaluación cuantitativa del estado de los acuerdos. Con esa forma de proceder, se empezó a afectar su contenido y carácter integral y a dispersar su implementación, cumplimiento y verificación. La dispersión de lo acordado se acentuó a partir de que cada sector de la sociedad se apropió de

uno u otro acuerdo sin tener en cuenta que su implementación, cumplimiento y verificación de uno de ellos sólo debería haberse hecho en la medida en que se verificara la implementación y cumplimiento de los demás, en su conjunto y no por separado.

La sectorización y dispersión de los acuerdos es lo que en gran parte ha venido a afectar su implementación, cumplimiento y verificación y es a causa de ello que, después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, lo acordado y suscrito se desnaturaliza, se trunca la continua-ción del proceso y, en consecuencia, de la cons-trucción de la paz.

De esta situación quienes más se benefician son los sectores de poder económico y financiero dominante que, desde un principio, cuestionaron el proceso, se opusieron a él, “exigían” que la paz se firmara de inmediato y que —en su deliberado propósito por hacer a un lado el contenido y sustancia de lo que se habría de acordar—, debía comenzar con el desarme y cese de las acciones militares por parte de la insurgencia. Es decir, fueron estos sectores los que desde el primer momento se propusieron “alcanzar la paz” a partir de la rendición incondicional de la Comandancia General de la URNG.

Esos sectores, y quienes lo secundan, así como los sucesivos gobiernos después de diciembre de 1996, no sólo renunciaron a la construcción de una paz firme y duradera en el país y, a falta de su contraparte histórica —que igualmente tiene mucha responsabilidad en ello—, son los principales responsables de que: 1) la situación del país actualmente esté como si el conflicto armado interno no se hubiera resuelto por medios políticos, 2) que la paz no se hubiera firmado y 3) que no se contara con una plataforma nacional y social para “hacer de nuestro país una nación que, nutriéndose de su patrimonio humano, histórico, cultural y material, proporcione prosperidad y bienestar a todos los guatemaltecos, con justicia, derecho y paz”, como se dice en la Declaración

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Personajes

de Atlixco o como lo planteó la URNG en su documento Una paz justa y democrática: contenido de la negociación, de mayo de 1992.

En el país, por supuesto, después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, se han dado importantes cambios que no hay que subestimar pero tampoco absolutizar. Uno de ellos es que ya no se está en presencia de una política contrainsurgente de Estado y, aunque no haya mejoras sustanciales para la libre organización, movilización y lucha social, no se puede hablar de un Estado policíaco, represivo y terrorista, como tampoco dejar de llamar la atención sobre la persistencia de atropellos, desalojos y asesinatos de campesinos, líderes sociales y políticos que recuerdan el período inicial del enfrentamiento armado interno cuando las autoridades hablaban de una lucha entre la izquierda “terrorista” y la derecha recalcitrante y sus organizaciones paramilitares --la “Mano Blanca”, la “Nueva Organización Anticomunista (NOA)”, o el CADEG, por ejemplo--, verdadero eufemismo con el que oficialmente se escondió por algún tiempo lo que en realidad empezaba a suceder en el país.

En lo institucional, es cierto, se puede hablar acerca de que los procesos electorales continúan dándose sin mayores perturbaciones y de esa misma manera se da la alternabilidad en el gobierno. Sin embargo, ello no quiere decir que se haya avanzado en la institucionalización de una democracia real, funcional y participativa, en el fortalecimiento institucional y financiero del Estado y que se cuente con una política de Estado que en materia de salud, educación, seguridad, empleo, productividad y desarrollo, empiece a ponerle fin a las carencias y pésimas condiciones y calidad de vida prevalecientes especialmente en el campo. La tenencia, uso, explotación y propiedad de la tierra es el problema cardinal en nuestro país y sólo podrá resolverse a partir de la entrega de la tierra a quienes la trabajan y acabar con el latifundio ocioso y el minifundismo improductivo.

No puede hablarse, tampoco, en el predominio del poder civil y que las funciones del ejército en una sociedad democrática correspondan al contenido y definición a que arribaron las partes cuando se negoció este acuerdo. La discri-minación y exclusión social tienden a acentuarse y, en tales condiciones, los pueblos mayas con-tinúan marginados de la toma de decisiones y par-ticipación y, en forma imperceptible y peligrosa, podrían estar siendo víctimas de un proceso de transculturación que tiende a acabar con su propia identidad nacional y los interculturalice.

Cualitativamente hablando, el proceso de construcción de una paz firme y duradera en Guatemala está estancado, no hay avances sig-nificativos en su conjunto y todo indica que la situación y realidad económica, social, política e institucional en la que se encuentra el país no tiende a mejorar. Al contrario, se acentúa cada vez más. Esto no tendría porque estarse dando si los Acuerdos de Paz hubieran sido imple-mentados, cumplidos y verificados en su inte-gralidad y no por separado. El hecho de que se les haya institucionalizado como “compromisos de Estado”, en mi opinión, viene a dispersarlos y sectorializarlos aún más, desvirtuando su contenido sustantivo e integral.

Se trata, entonces, en condiciones cada vez más adversas para la estabilidad, la paz y la gober-nabilidad del país, de retomar los acuerdos, insisto, en su integralidad y contenido sustantivo, y que sean las organizaciones del movimiento social en su conjunto las que los hagan suyos, luchen por su implementación y cumplimiento en tanto plataforma programática que sienta las bases de solución de los agudos y graves problemas por los que atraviesa actualmente nuestro país. En las condiciones actuales se trata, en conclusión, de un relanzamiento nacional y social de lo que ya está acordado y que sea el movimiento social el que se constituya en el abanderado de la lucha por construir la paz y trabajar por el desarrollo del país, salvaguardar nuestra independencia y soberanía nacional, los recursos naturales y el medio ambiente.

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En el entorno internacional actual, una Guate-mala distinta y mejor es posible. Para lograrlo se cuenta con el contenido integral y sustantivo de los Acuerdos de Paz, cuyo proceso para arribar a su aprobación y suscripción constituye el hecho

más importante y trascendental en la historia del país a partir de 1954.

Guatemala, 6 de junio de 2006

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Personaje importante en la historia de Guatemala, el 7 de septiembre de 1987 aceptó la propuesta del presidente Vinicio Cerezo Arévalo –hecha por conducto del ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Cabrera– para formar parte de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), cuyo trabajo consistiría en acercar al gobierno de la República y al movimiento guerrillero, unificado en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), a la mesa de negociaciones para terminar con el conflicto armado interno que, para ese entonces, llevaba veinticuatro años de existencia y causaba un terrorífico desangramiento en la población guatemalteca y diezmaba a los grupos intelectuales, sindicales, estudiantiles y políticos, de tendencias democráticas, particularmente izquierdistas y, en términos generales, a los que habían tenido papeles destacados durante los diez años de la revolución que comenzó en 1944 y concluyó en 1954. Cuando la guerra finalmente terminó, en diciembre de 1996, unas 200 mil personas habían perecido, la mayor parte asesinadas por las fuerzas de seguridad institucionales y las paramilitares, que también eran oficiales, durante sucesivos gobiernos militares en sentido estricto, con un oficial del ejército a la cabeza, y militares con apariencia de civiles, o un civil como gobernante. Los muertos en combates armados fueron, en realidad, relativamente pocos y las cifras no han sido reveladas.

Para situar a Teresa Bolaños Sánchez de Zarco en el correspondiente marco de la situación política y militar que prevalecía en el año citado, es necesario hablar un poco de cómo era, cómo pensaba; de su situación social y económica, y del porqué el gobierno nacional había tomado la decisión de concederle la distinción de ciudadana notable en un aparato de negociación que habría de jugar un papel decisivo en la devolución de la paz a Guatemala.

Ella tenía entonces 66 años de edad y lucía plena de salud física y mental. Era alegre, gustaba de viajes, fiestas familiares, recepciones privadas, gubernativas y diplomáticas. También hacía gala de una franqueza poco usual. Su inteligencia natural le permitía abordar con pensamiento lógico, en el más alto grado, sus situaciones personales y las nacionales. Y siempre, o casi siempre, salió bien de las situaciones difíciles que le correspondió afrontar.

Era, pues, una mujer talentosa, que nunca había participado en partidos políticos pero con una actitud política de defensa frente al avance del socialismo en el mundo, inspirado en la Unión Soviética.

Había nacido en Santa Ana, El Salvador, donde la familia Bolaños es muy conocida por su posición económica y porque su padre, el doctor Alberto Bolaños, era una figura destacada del gremio de abogados salvadoreños, y había desempeñado, entre otros, los cargos de ministro de Gobernación y presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Teresa, una vez terminada la educción secundaria, en un colegio privado dirigido por religiosas, se había incorporado al bufete de abogacía y notariado de su padre, donde trabajó como secretaria personal ad honorem, y esa relación fue para ella su universidad. Era, en efecto, una trabajadora competente, minuciosa, limpia en sus trabajos de oficina, y dotada de una energía inagotable; debió ser de gran utilidad en el bufete paterno, hasta que decidió escapar del ambiente hogareño, abordó un barco y fue a residir en un barrio de Nueva York, donde trabajó por algún tiempo como obrera de fábrica.

En alguna oportunidad me contó que se había fugado de la casa familiar para no cumplir el

TERESA BOLAÑOS DE ZARCO

(SEMBLANZA)Luis Morales Chúa

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compromiso de casarse con un joven millonario salvadoreño al que ella apodaba “El Pálido”, del cual finalmente se había decepcionado; historia sentimental que relata en su libro titulado ¿Cuentos quieres niña bella?.

Fue en ese centro de trabajo donde conoció a Isidoro Zarco Alfasa, un hombre de negocios radicado en Guatemala, país al que había llegado procedente de Panamá, donde nació. Por esos años él era propietario del almacén Corine, especializado en artículos femeninos y situado en la sexta avenida de la zona uno, y en función de su negocio viajaba frecuentemente a Nueva York. Un día llegó a la fábrica donde Teresa trabajaba, la vio y se enamoró. Y todo terminó en matrimonio, un excelente matrimonio que sólo la muerte disolvió.

Zarco era miembro de la comunidad judía de Guatemala y tanto éste como los otros datos personales que, muy a la ligera menciono, son determinantes para explicar de alguna manera la participación de Teresa en la CNR, cuyo gran éxito consistió en sentar frente a frente a una delegación oficial del gobierno de Guatemala y los comandantes de la guerrilla, algo impensable hasta entonces, porque el anticomunismo dominante, que había calado hondo en las fuerzas armadas de nuestro país, no concebía otra salida al conflicto interno que la derrota militar de los guerrilleros, lo cual no consiguió en las casi cuatro décadas de enfrentamiento. Los guerrilleros tampoco pudieron acercarse a las puertas de la conquista del poder, por lo que se produjo un estancamiento en el que ninguna de las partes en guerra podía avanzar. Fenómeno que se ha visto en casi todos los movimientos guerrilleros de fin del siglo pasado.

Isidoro Zarco era anticomunista, antiguerrillero y, sin ser político de partido, adoptaba actitudes derechistas. Su columna periodística “Problemas y soluciones” da testimonio de ello. Sin embargo, nunca perdió sus sentimientos favorables a la Revolución de Octubre de 1944 y mantuvo una amistad leal con el doctor Juan José Arévalo Bermejo, primer presidente revolucionario (1945-

1950) quien, después del derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz Guzmán en 1954, salió al exilio y sus colaboradores y simpatizantes fueron perseguidos. Aquellos que después de la debacle todavía gritaban en lugares públicos “¡Viva Arévalo!”, si eran sorprendidos por la policía, uniformada o secreta, eran llevados directamente a la cárcel. Los nombres de ese ex presidente, tanto como el de Árbenz, continuaron siendo los símbolos de la revolución del 44, que puso fin a la dictadura militar, de 14 años de duración, del general Jorge Ubico Castañeda.

Era una situación tensa, todo el tiempo, en todos los confines de Guatemala, y mencionar la posibilidad de negociaciones con los movimientos guerrilleros para pactar con ellos, entrañaba peligro de muerte.

Uno de los primeros que trabajó públicamente en ese esfuerzo fue el embajador de Guatemala en España, Danilo Barillas, carismático líder de una facción del partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Poco tiempo después de retornar al país fue sorprendido en la vía pública, en una parada de autobuses. Miembros de un escuadrón de la muerte se le acercaron y lo mataron.

Barillas se había reunido en Madrid con líderes de la guerrilla, no sin antes obtener la venia de sus superiores, y el castigo que le esperaba fue la muerte. Fue uno de los muchos políticos guatemaltecos que abrieron brecha en el camino de las negociaciones por la paz.

El 28 de enero de 1970, Isidoro Zarco, en ese tiempo subdirector del diario Prensa Libre, a eso de las 12:30 horas salió de su oficina, nos despedimos y se dirigió a la salida del edificio. Cruzó la calle para abordar su automóvil y partió rumbo al sur, donde residía. Al pasar por la Ciudad de los Deportes, unos doscientos metros antes del puente, se le apareó un automóvil en el que viajaban varios hombres armados y abrieron fuego contra él. No tuvo la menor oportunidad de defenderse ni de escapar. Siempre viajaba solo, sin guardaespaldas.

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Personajes

Inmediatamente, el gobierno, varios grupos polí-ticos y los medios de comunicación social dieron por sentado que los autores del hecho habían sido guerrilleros. El hecho nunca se investigó o, si se investigó, no se divulgaron los resultados.

De manera que, para ciertos políticos ultraderechistas de aquellos tiempos, cualquier persona podía participar en negociaciones con los insurgentes, pero, nunca, la viuda del periodista Zarco. ¿Cómo podía ser eso posible?

Al recibir la llamada telefónica del canciller Cabrera, la señora de Zarco se sorprendió y principió a llamar a sus amigos de confianza, comenzando con sus socios en Prensa Libre. Les contó y les pidió opinión. Primero visitó en su casa al periodista Álvaro Contreras Vélez y éste la felicitó. Luego se dirigió a la oficina del director general de Prensa Libre, Pedro Julio García, quien elogió el suceso, tuvo hacia ella palabras de aliento y la estimuló a trabajar con entusiasmo en la Comisión.

Después, se dirigió a mi oficina. Yo era, entonces, subdirector y editorialista de Prensa Libre. Y, sin saber lo que había conversado con sus socios, la escuché, como siempre, con mucha atención, y cuando hizo una pausa y me preguntó qué pensaba yo de todo eso, le dije, entre otras cosas, que el destino la colocaba directamente en camino a la puerta de entrada a la historia de los grandes acontecimientos políticos de Guatemala. Me contó que había aceptado en principio, pero se había reservado el derecho de confirmar su decisión para otro día. Añadió que se sentiría mejor en su nueva misión, si yo prometía ayudarla y asesorarla (durante muchos años me tuvo como su consejero), y respondí positivamente, sin pensarlo dos veces. Sostuvimos una larga conversación, le di mis puntos de vista en torno a la situación en el país y en el mundo, y le expresé mi firme y profunda convicción de que el derramamiento de sangre en Guatemala sólo podría ser detenido mediante negociaciones políticas, tal como lo habían expresado los gobernantes centroamericanos al suscribir el

Acuerdo de Esquipulas II, que es la base en que se fundamentaron los primeros intentos de negociación entre el gobierno y el movimiento insurgente que, al final de cuentas, fue el más prolongado de Centroamérica.

Ella relata parte de esa conversación en su voluminoso libro titulado La culebra en la corbata (p. 16) que es una pormenorizada crónica, en la que puntualiza fechas y horas de todas las sesiones de las negociaciones de paz, hasta el momento en que la CNR se disolvió, el 5 de julio de 1993. Para entonces, ya había logrado lo más importante. En cinco años de trabajo intenso había cumplido la tarea que el gobierno y los guerrilleros le habían encomendado. Una delegación oficial que incluía oficiales de alto rango del ejército y una comisión de la URNG, integrada por varios de sus comandantes, estaban en torno a una mesa, conversando y firmando acuerdos. Mi firma aparece en algunos de ellos, como asesor jurídico de la Comisión.

Pero, volviendo a Teresa –es necesario relatar aquí algo que ella hizo público a su tiempo– tuvo que vencer resistencias de personas y grupos que mantenían actitudes intransigentes, contrarias a las negociaciones de paz, y favorecían la represión que, a final de cuentas, dejaría un saldo de más de 200 mil muertos, la gran mayoría asesinados.

Una tarde recibí la visita de uno de ellos y me dijo:

–Te vengo a ver cumpliendo un encargo de varios amigos. Pensamos que voz podés influir en La Tere –así le llamaban amigos y familiares– para que se retire inmediatamente de la Comisión Nacional de Reconciliación, porque hay quienes están muy enojados con ella, con la Comisión, con el gobierno, y le pueden hacer daño. La conversación duró varios minutos y le dije que no intentaría atemorizarla ni inducirla a renunciar a la CNR, porque yo me contaba entre quienes la habían alentado a aceptar. Pero que le transmitiría el mensaje.

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Así lo hice y, tal como lo suponía, me respondió que ya le habían dicho esas cosas personalmente y por teléfono, pero estaba decidida a correr el riesgo. Lo que a la señora de Zarco sobraba, era valor, un valor razonable y razonado. Sin embargo, aceptó tomar más precauciones de seguridad, por si acaso.

¿Valor? Sí. Cuando los grupos ultraderechistas conspiraban para derrocar al presidente Jacobo Árbenz Guzmán, en los años 53-54 en más de una oportunidad ayudó a sus amigos; no por conspiradores y complotistas, sino porque eran sus amigos. En su casa escondió, durante sema-nas, armas de fuego que uno ellos le pidió guardar “por unos días”. –Las tuve metidas bajo la cama –me dijo– hasta que, gracias a Dios, llegaron por ellas y se las llevaron. Entonces sentí gran alivio.

Cuando el político salvadoreño José Napoleón Duarte (antes de ser presidente de su país) era perseguido por las fuerzas de seguridad de El Salvador, huyó a Guatemala y obtuvo refugio temporal en casa de los Zarco Bolaños. Duarte era un demócrata cristiano que había sido víctima de una golpiza. A su llegada a Guatemala todavía presentaba una mancha amoratada alrededor de un ojo.

Tanto ella como su esposo no vacilaban en arriesgar su seguridad por ayudar a sus amigos. Sin ser políticos, repito. Isidoro Zarco y yo fuimos sacados de nuestras casas en las primeras horas del sábado 30 de marzo de 1963, y llevados al Primer Cuerpo de la Policía Nacional, porque nos habíamos concertado para publicar –en primera plana– una fotografía de la entrevista hecha en un lugar secreto al ex presidente de Guatemala doctor Juan José Arévalo, quien pocas horas antes había entrado clandestinamente al país para encabezar un movimiento político en el que participaría como candidato a la presidencia de la República.

Quien hizo la entrevista fue el periodista Zarco y el mérito periodístico es todo suyo. Mi trabajo consistió en tener el hecho en reserva hasta unos

momentos antes que principiara la impresión del diario. Después el jefe de talleres, Oswaldo Romero, y varios trabajadores seleccionados por él, cambiarían la primera plana y colocarían la fotografía y la información. No sabían de qué se trataba. Todo salió a la perfección. Y fue la nota periodística que derrumbó a un gobierno; sin que ésa fuera la intención.

Y es que dos días antes, el ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia, había emitido una declaración tonante afirmando que las fuerzas armadas por ningún motivo permitirían que el exiliado ex presidente retornara el país. De modo que la entrevista tenía para la población el mensaje de que Arévalo había desafiado al ejército. Isidoro Zarco estaba consciente de ello.

Los acontecimientos se precipitaron. El gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado por su ministro de la Defensa, quien suspendió la Constitución de la República, disolvió el Con-greso, sustituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y unas 200 personas fueron detenidas en sus residencias, antes del amanecer. Entre ellas estaban numerosos legisladores, los designados a la presidencia de la República, fun-cionarios públicos, líderes políticos, Zarco y yo.

Fui bastante afortunado, porque estuve detenido apenas tres horas y me dejaron libre por orden de un alto oficial del ejército, familiar cercano del nuevo gobernante. Isidoro Zarco, en cambio, permaneció en prisión todo el día.

Cuando salí, en la puerta del cuartel de Policía vi, sentado en el piso a Jacobo Zarco Alfasa, hermano de Isidoro. Al verme se incorporó, nos saludamos y tuvimos una muy corta conversación. Me dio la impresión de haber llorado y me pareció asustado.–¿Has visto a mi hermano? –me preguntó.–Sí. Lo tienen en una celda.–¿Hablaste con él? ¿Cómo está?–No está afligido, sino indignado. Nunca pensó que él pudiera ser llevado a prisión. Pero, ya ves, nunca se sabe

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Personajes

–¿No lo han maltratado? Porque, hay rumores...–No te preocupés. De rumores el país está lleno. Todos los detenidos están bien. Ninguno ha sido maltratado. Siguen vivos. Y tené paciencia. Si yo he salido, él también saldrá. Los periodistas haremos todas las gestiones del caso para que cese su detención.

Así fue. Pero, siempre he pensado que las mejores gestiones para lograr la libertad de Isidoro Zarco fueron las de su esposa.

Jacobo, un hombre ya entrado en años y pasado de libras, nunca más se sintió seguro en Guatemala. Y luego del asesinato de su hermano decidió abandonar este país para siempre. La señora de Zarco le dio dinero para los pasajes y le entregó un cheque para que subsistiera en su nuevo destino, en tanto él podía arreglar su situación. Jacobo tenía pensado dirigirse a Turquía.

El doctor Arévalo retornó al exilio. El general Ydígoras Fuentes fue expulsado a El Salvador y las fuerzas armadas, por primera vez en la historia de Guatemala, asumieron los poderes del Estado, pasando por encima del procedimiento tradicional de nombrar una junta militar. Y el ministro de la Defensa principió a gobernar.

Tiempo después la señora de Zarco escribiría unas líneas impresionantes (pensadas en relación al asesinato de su esposo); en momentos trágicos, quemantes, en los que tenía que decidir si continuaba viviendo en este país o si escapaba al extranjero, lo cual podía hacer con todas las comodidades del mundo. Tenía familiares y amigos en muchos países. Decir muchos, no es exagerar. En este caso, es la verdad. A cualquier aeropuerto que llegaba, amigos o parientes suyos llegaban a recibirla y ponían a sus órdenes automóviles y residencias. La atendían como un gran personaje, admirado y querido.

Pero, animada siempre de un espíritu indepen-diente y libre –como cuando, siendo jovencita escapó de su familia en El Salvador y se fue a vivir a Nueva York– casi siempre declinaba esos ofrecimientos y se alojaba en hoteles.

En cuanto a las amenazas recibidas cuando principió a trabajar en la CNR, y a los reclamos de algunos de sus amigos, son aplicables las líneas que ella estampó en su libro:

“Si escuchamos los consejos bien intencionados de los amigos y familiares, nos confundimos más porque nadie se pone de acuerdo, y sus opiniones no concuerdan con nuestros deseos y temores. Es la encrucijada de la vida que no podemos desestimar, precisamente porque la vida es la que está en juego, no solo la nuestra, está también la de nuestros hijos” (Op. cit. p. 65).

Seguidamente expresa que, en esos momentos, una persona solamente tiene dos opciones: la del valor y la del miedo. Y ella escogió la primera:

“Y no se trata solamente de aceptar esa opción –confiesa–, sino de aceptarla con todos los condicionamientos que conlleva. Cuando habla-mos de valor estamos asumiendo que nos obli-gamos a llevar una vida normal, sin psicosis, sin sobresaltos y, lo más importante, sin transmitir el menor signo de temor a otras personas. En otras palabras, tenemos que saturar nuestro espíritu de una fe inquebrantable, y de una especie de inconsciencia para poder sobrellevar la carga.”

El mensajero enojado que me pedía intentar hacerla desistir de su involucramiento en las negociaciones de paz nunca volvió a visitarme, ni me habló por teléfono, como yo esperaba que lo hiciera. Pero, hechos que ocurrieron días después, revelaron que él estaba en lo cierto y que obraba de buena fe.

La señora de Zarco fue invitada a una reunión de amigos para conversar sobre “asuntos impor-tantes”. Pero se trató de una encerrona. Los asuntos importantes se reducían a una sola cosa: que se apartara de las negociaciones de paz. Y su respuesta fue no. Volvió a su casa, preocu-pada, pero sin miedo, y siguió adelante en la Comisión.

Un viernes, poco antes de la medianoche, al retornar a su casa –el 1 de septiembre de

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1989– vio que sobre la calle, a corta distancia de su residencia, estaba siendo estacionada una camioneta de color rojo, con vidrios polarizados, lo que le llamó la atención y, al doblar la esquina, sobre la avenida y enfilar a su casa, frente al portón de entrada, estaba parqueada otra camioneta parecida, también con los vidrios polarizados, y ella ordenó a su piloto seguir de largo. Y un poco más adelante notó un tercer vehículo, de características parecidas a los anteriores.

Pensó lo peor, según relataría al día siguiente. La noche en mención, como casi siempre, la acompañaban dos guardias de seguridad, además del conductor, y tuvo el atrevimiento de ordenar dos pasadas más frente a la residencia, y todos observaron que los tres vehículos misteriosos seguían sin moverse y pudieron ver personas en su interior.

Pudo equivocarse porque, según pienso, la ha-brían seguido si es que pretendían secuestrarla o matarla; pero, no era para tomar las cosas a la ligera. Pocos días antes habían sido asesinados el ex embajador guatemalteco en España Danilo Barillas y el prominente hombre de negocios Ramiro Castillo Love; crímenes que en su mo-mento estremecieron a la opinión pública nacio-nal e internacional. Hubo tantos asesinatos en agosto que ese mes fue denominado “agosto negro”.

Pocos días después, siguiendo recomendaciones de algunos amigos, la señora de Zarco tomó un avión rumbo al Canadá, anticipando un viaje que ya tenía planeado tiempo atrás.

No obstante que de lo ocurrido fueron infor-mados altos funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional, nunca se tuvo información alguna del resultado de las pesquisas. Pero eso no era de extrañar, eran días en los que los funcionarios civiles carecían de poder frente a los grupos armados clandestinos, cuya organización era impresionante, avasalladora.

SU PAPEL EN LA COMISIÓN

La figura señera de todo el proceso de negociación fue, sin duda alguna el obispo de Zacapa, monseñor Rodolfo Quezada Toruño. Talentoso, erudito, amistoso y con una enorme competencia moral y visionaria para desempeñar el cargo de conciliador. Desde un principio despertó respeto y confianza de los representantes de las partes en pugna: el gobierno y los guerrilleros; de los representantes de numerosos sectores sociales que fueron invitados a participar en las conversaciones; de los gobiernos amigos; de la comunidad internacional; del Vaticano y, también, de los periodistas.

Monseñor Quezada fue leal al compromiso adquirido y persistió en el empeño, sin rendirse a las presiones ni a la intriga, hasta que la CNR resolvió disolverse. Para entonces el proceso de paz ya era irreversible. El conciliador había logrado colocar frente a frente en torno a la mesa de negociaciones al gobierno y los guerrilleros.

En todo momento, la casi totalidad de los miembros de la Comisión se colocó firme en torno al conciliador. Y la señora de Zarco no faltó a ese gesto de solidaridad y patriotismo.

Ella se había convertido, desde el principio de la gran batalla moral en favor de la paz, en un soporte de los trabajos de la Comisión. Pero, en particular fue de gran ayuda para el conciliador. Era la perfecta organizadora de los viajes de los integrantes de la Comisión y ayudaba a resolver problemas que se presentaban en el camino. Lo hacía con buena voluntad, alegría, responsabilidad y acierto.

Estaba poseída de un dinamismo, más propio de la juventud que de sus más de seis décadas de vida. Tenía 66 años cuando la Comisión principió sus funciones y se dedicó a trabajar en ella a tiempo casi completo, muchas veces en olvido de sus actividades empresariales, sociales y de sus inquietudes personales.

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Personajes

Bajo el lema de que en la vida se deben sumar amigos y no restar, mantuvo relaciones muy cordiales y respetuosas con las personas que participaron en las negociaciones. Y se ganó la confianza de funcionarios públicos guatemaltecos, representantes de la comunidad internacional y, muy especialmente, de la Organización de las Naciones Unidas. A tal punto, que de los miembros de la CNR fue la única persona que recibió tanto la condecoración del gobierno de la República como las muestras de reconocimiento de la URNG. La Orden del Quetzal le fue entregada en una ceremonia pública, protocolaria y muy publicitada. La otra tuvo lugar en un acto sencillo, reservado, en el hotel Casa Blanca, de la ciudad de México. Rodrigo Asturias, el comandante Gaspar Ilom, líder de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), le colocó la insignia de comandante que él llevaba siempre en la solapa de su saco.

La señora de Zarco se convirtió –detalle muy poco conocido– en la única persona que ha recibido dos veces la Orden del Quetzal. Una, cuando esa distinción fue otorgada y entregada a los propietarios de Prensa Libre en el salón de recepciones del Palacio Nacional. La otra, como miembros de la CNR; el acto, esta vez, se desarrolló en la Casa de la Reconciliación, inmueble comprado con dinero donado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol y Solei, en respuesta a gestiones de la señora de Zarco. Pujol era el líder que había dominado la escena política de Cataluña durante los pasados cincuenta años. Fue un partidario sincero del proceso de paz guatemalteco, que mucho debe al gobierno y al pueblo de España y a los catalanes.

Años después, el presidente de la Generalitat hizo algo insólito por la señora de Zarco. La invitó a hacer la presentación mundial del libro La culebra en la corbata, en el salón de ceremonias del palacio de gobierno, en Barcelona.

Como invitado asistí a ese acto, lo mismo que miembros de la familia Zarco Bolaños y personalidades de Barcelona, y observé entonces

la alta estima que en esa parte de Europa se tenía por la ciudadana notable de la CNR.

¿CÓMO ES Y QUÉ DICE ESE LIBRO?

Consta de 656 páginas en las que el lector encuentra una crónica completa del desarrollo de las negociaciones de paz, desde el principio hasta el día en que la CNR se disolvió.

No es una novela, como podría pensarse al leer el título. Es una relación pormenorizada cronológicamente de las sesiones, con perfecto sentido secretarial, toques periodísticos, fechas, horas, nombres, lugares, discusiones, resoluciones, intrigas, referencias al golpe de Estado del presidente Serrano Elías; los momentos críticos del proceso, sus estancamientos, que desesperaban al conciliador pero no lo amilanaban.

El libro es una cátedra de cómo pueden ser perpetuados en una obra literaria los acon-tecimientos históricos reales.

Relata, además, en diálogos tensos y emotivos, los momentos cuando ella y el ciudadano notable suplente fueron sacados de las negociaciones, por haber gestionado y obtenido nombramientos de embajadores itinerantes del gobierno de Guatemala, presidido en esos momentos por el ingeniero Serrano Elías.

No es, repito, una novela. Es algo más. Es una guía histórica para comprender las negociaciones que condujeron a la firma de los Acuerdos de Paz.

DOS DESPEDIDAS INESPERADAS

La señora de Zarco relata en el libro citado que los comandantes guerrilleros experimentaban molestia por la presencia en la Comisión del abogado Permuth, y él les reciprocaba la misma dosis de antipatía. Pero, a los guerrilleros les fue servido en bandeja de plata un motivo para deshacerse de él.

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El ministro de Relaciones Exteriores nombró a Mario Permuth, a la señora de Zarco y al concilia-dor embajadores itinerantes. Monseñor declinó del nombramiento, estimando que eso interferiría con la neutralidad que él estaba obligado a mantener en el curso de las negociaciones, mientras que los otros aceptaron la designa-ción y, el 17 de septiembre de 1992, fueron juramentados por el canciller Gonzalo Menéndez Park en una ceremonia reservada en su despacho del palacio nacional. El acto transcendió a los periódicos; la URNG reaccionó sin tardanza y expresó su descontento por considerar que era una maniobra del presidente de la República, Serrano Elías, para desestabilizar la Comisión y torpedear el proceso de paz.

Así que la señora de Zarco y el abogado Permuth no pudieron participar más en las reuniones. Su trabajo había concluido.

Serrano había formado parte de la CNR en representación de los partidos políticos de oposición, y yo no pensé que estuviese en sus planes destruir el proceso de paz. Creía que instalado en el más alto puesto administrativo y político de la nación, lo impulsaría con fuerza y decisión política; pero, confieso que me equivoqué.

Cuando el proceso de paz se estancó tuve una conversación con él en su despacho del palacio nacional, con motivo del reconocimiento que el gobierno hacía a Rigoberta Menchú por haber obtenido el Premio Nóbel de la Paz, acto de Serrano que ella recibió más con enojo que con alegría, porque ese homenaje llegaba con mucho retraso, pues mandatarios de otros países, incluido el de México, se habían adelantado varios días al de Guatemala.

Le dije al presidente Serrano que el proceso de paz podía ser sacado en un dos por tres del atolladero, si él imitaba al presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, quien en una situación parecida había tomado un helicóptero y viajado al corazón de la selva a dialogar con los guerrilleros salvadoreños

del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y después a las Naciones Unidas para continuar esas conversaciones hasta terminarlas.

–¡Ah... –me respondió– usted lo que quiere es que los chafas me boten!

Lo derrocaron, de todos modos, ocho meses después –el 1 de junio de 1993– pero, por moti-vos distintos al proceso de paz. El ejército actuó en acatamiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad según la cual el presidente Serrano había transgredido normas de la Constitución Política de la República al dar un golpe de Estado –el 25 de mayo de ese mismo año–; suspender parcialmente la Carta Magna, derogar 20 artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; disolver el Congreso de la República; dejar sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia; nombrar nuevos magistrados, darles posesión de sus cargos; y suspender las funciones de la Corte de Constitucionalidad, todo lo cual constituía un rompimiento del orden constitucional. Además, ordenó a la policía capturar al Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Car-pio, quien escapó peliculescamente y burló a los agentes que habían rodeado su residencia y pretendían sacarlo por la fuerza.

Colaboré después, a sacarlo de la casa de Eduardo Taracena de la Cerda, situada en la zona 1, donde se había refugiado, y lo tuve una hora más o menos en mi oficina de Prensa Libre, donde se le hizo una entrevista y se le fotografió, antes de trasladarlo a la sede de la Asociación de Periodistas de Guatemala, para que conversara con corresponsales extranjeros.

Con el golpe de Estado y el posterior derro-camiento del mandatario, quien fue puesto en un avión y enviado fuera del país, quedaban sin efecto los nombramientos de los dos embajadores itinerantes miembros de la CNR.

El ministro de la Defensa Nacional relató después que cuando las fuerzas armadas comunicaron

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Personajes

al presidente que debía acatar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y restituir la vigencia de la Constitución, el ingeniero Serrano no aceptó la orden y prefirió abandonar la presidencia.

FE EN LA PAZ

La señora de Zarco nunca perdió su fe en que la paz era muy buena para Guatemala; y en el epílogo de su libro dice: “Desde el tiempo transcurrido de la autodisolución de la CNR hasta el actual, al final del túnel se ven luces; pero, por haber perdido completamente el contacto con el proceso (de paz) no sé si son de bengala, artificiales, si la firma de un acuerdo está a punto de diluirse como una gota de agua en el océano o si realmente vamos rumbo a esa paz que tanto perseguimos durante estos años que ya pasaron.

No sé cuándo, cómo y dónde será firmado el acuerdo final. Pero, cuando eso suceda, me colocaré mentalmente en primera fila y aplaudiré con entusiasmo a los firmantes. Lo que pueda venir después, es otra historia”.

AGONÍA Y MUERTE

El acuerdo para una paz firme y duradera fue firmado el 29 de diciembre de 1996, en uno de los patios del Palacio Nacional. El mandatario Álvaro Arzú presidió la ceremonia y la señora de Zarco estuvo físicamente ahí, aunque no en primera fila se contó entre los invitados de honor.

El acto de la firma del acuerdo de paz fue uno de los más solemnes que han tenido lugar en ese edificio, por muchos años sede del Gobierno de Guatemala.

Por el gobierno de Guatemala firmaron: Gustavo Porras Castejón; general de brigada Otto Pérez Molina, Raquel Zelaya Rosales y Richard Aitkenhead Castillo. Por la URNG, los guerrilleros Ricardo Ramírez de León (coman-

dante Rolando Morán); Jorge Ismael Soto García (comandante Pablo Monsanto); Ricardo Rosales Román (Carlos Gonzales) y Jorge Edilberto Rosal Meléndez.

Finalmente firmó el Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali.

La señora de Zarco siguió muy activa en las tareas periodísticas a nivel nacional e internacional. En junio de 1998 viajó a Moscú para participar en una conferencia de la Asociación Mundial de Periódicos. Había sido invitada a dictar una conferencia acerca de la libertad de expresión.

Semanas antes de su viaje yo le había obsequiado varios libros sobre historia, política y literatura rusas. Era una gran lectora y aficionada al arte (en su casa tenía dos pianos, uno de media cola, en la planta baja, y otro vertical, en su estudio).

Partió llena de entusiasmo rumbo a Moscú y se había hecho el propósito de visitar otras ciudades de la inmensa Rusia.

Pero ni siquiera tuvo oportunidad de leer su conferencia. Cuando menos lo pensaba la atenazaron dolores muy fuertes. La examinaron médicos rusos y le aconsejaron volver a Guatemala cuanto antes. Quiso pasar por Madrid, donde tenía familiares y amigos. Y del avión bajó en silla de ruedas. ¡Ella, que era toda actividad, alegre y creativa; que tres meses antes había estado en una fiesta organizada en honor de la Sociedad Americana de Prensa, en San Juan, Puerto Rico, y bailado con dos o tres periodistas norteamericanos con quienes había hecho amistad en anteriores asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Fue examinada nuevamente en Madrid y la recomendación profesional fue la misma: volver a casa; así que continuó el viaje. Aquí los médicos descubrieron que los dolores eran causados por un cáncer, ya extendido por todo su sistema óseo.

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Tuvo la mejor asistencia médica que pueda ser ofrecida en nuestro país y espiritualmente fue confortada todo el tiempo que luchó, con valor y serenidad, contra la enfermedad, por monseñor Rodolfo Quezada Toruño y un sacerdote de la Nunciatura Apostólica.

Murió el 24 de diciembre de 1998, poco después del mediodía.

Fue una mujer católica, llena de fe y esperanza hasta su último suspiro. Espiritualmente fue preparada para dar el paso al más allá. Ahora sus restos reposan a pocos metros de la calle principal del Cementerio General, de la ciudad de Guatemala, en un mausoleo que es réplica a escala de una capilla existente en Santa Ana, El Salvador, donde pasó su niñez y parte de su juventud.

ACUERDOS DE PAZACUERDOS DE PAZ

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ACUERDO DE OSLO

Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos Noruega, 29 de marzo de 1990

En la ciudad de Oslo, Noruega, la delegación de la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala (CNR), actuando con pleno respaldo del Gobierno de la República de Guatemala y en la función reconciliadora que le asigna el Acuerdo de Esquipulas II, y la delegación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con pleno respaldo de su Comandancia General, reunidos del 26 al 30 de marzo de 1990, con la voluntad expresa de encontrar caminos de solución pacífica a la problemática nacional por medios políticos, y reconociendo ambas partes que este objetivo es básico para lograr la reconciliación entre los guatemaltecos y para superar la problemática nacional, acuerdan iniciar un proceso serio que culmine con el logro de la paz y el perfeccionamiento de una democracia funcional y participativa en Guatemala.

De común acuerdo, ambas delegaciones proce-derán a ejecutar:

GESTIONES DE BUENOS OFICIOS

Ajustada al espíritu del Acuerdo de Esquipulas II, la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), gestionará la viabilización y el mantenimiento de las actividades a que se refiere este acuerdo para la búsqueda de la paz, interponiendo sus buenos oficios nombrando, de común acuerdo con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), como conciliador a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR).

Las funciones del Conciliador serán las de proponer inciativas a todas las partes, gestionar y mantener acciones de diálogo y negociación, dinamizando este proceso y resumiendo las posiciones convergentes y divergentes que entre

las partes puedan darse, teniendo la facultad de proponer iniciativas y soluciones con el objeto de que puedan ser discutidas y acordadas; y todas aquellas otras funciones para el correcto cumplimiento de su cometido.

La Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), acuerdan solicitar al señor Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Dr. Javier Pérez de Cuéllar, observar las actividades a desarrollarse y constituirse en garante del cumplimiento de los Acuerdos y compromisos adquiridos mediante este documento.

ACTIVIDADES A REALIZARSE

Ambas delegaciones convienen en establecer actividades que generen las condiciones en las cuales la paz y el perfeccionamiento de la democracia puedan lograrse plenamente.

a) Celebrar una reunión entre representantes de los partidos políticos de la República de Guatemala y representates de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La Comisión Nacional de Recon-ciliación (CNR) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), de común acuerdo establecerán las condiciones para que este encuentro se realice. Las partes harán los esfuerzos necesarios para que la reunión se efectúe en la segunda quincena de mayo de 1990.

b) La Comisión Nacional de Reconciliación

(CNR), de común acuerdo con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), creará los mecanismos que permitan

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celebrar, de preferencia en el mes de junio de 1990, las reuniones necesarias entre la aURNG y representates de los sectores populares, religiosos y empresariales del país, así como otras entidades políticamente representativas, a efecto de encontrar los caminos de solución a los problemas nacionales.

c) En la fecha que será fijada de común acuerdo por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), serán celebradas conversaciones encaminadas a lograr la solución política del enfrentamiento armado interno, entre representantes —con capacidad de decisión— del Gobierno de la República, el Ejército de Guatemala y la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guate-malteca (URNG). La Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) participará en estas reuniones para los efectos de constatación y

verificación, en conformidad con las funciones que le asigna el Acuerdo de Esquipulas II.

Firmado en la ciudad de Oslo, el veintinueve de marzo de 1990

Por la Delegación de la Comisión

Nacional de Reconciliación

Jorge Serrano Elías Mario Permuth

Eduardo P. Villatoro Secretario Ejecutivo de la CNR

Por la Delegación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

Luis Becker Guzmán Francisco Villagrán Muñoz

Jorge E. Rosal

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El Gobierno de la República de Guatemala, la Comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), al concluir la primera reunión para la búsqueda de la paz por medios políticos, agradecen la generosa hospitalidad y el apoyo que el gobierno y pueblo de México han brindado al proceso guatemalteco de paz durante la reunión realizada en esta ciudad los días 24, 25 y 26 de este mes, la cual ha culminado hoy con la firma de este histórico Acuerdo de México.

ACUERDO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA DE LA PAZ POR MEDIOS POLÍTICOS

Con el propósito de alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de Esquipulas II, del 7 de agosto de 1987, y de poner fin al enfrentamiento armado interno y conseguir la reconciliación de todos los guatemaltecos, de conformidad con el Acuerdo de Oslo del 30 de marzo de 1990, las delegaciones del gobierno de Guatemala y de la (URNG) acuerdan llevar a cabo conversaciones bajo la conciliación del presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, en virtud del acuerdo de Oslo y bajo observación del representante del Secretario General de las Naciones Unidas, doctor Francesc Vendrell.

1. El gobierno de Guatemala y la Unidad Revo-lucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se comprometen a llevar a cabo un proceso de negociación que permita, en el menor tiempo posible, la firma de un acuerdo de paz firme y duradera en el cual se consignen los acuerdos políticos, su implementación y ejecución por las partes, y los términos de veriticación de su

cumplimiento por parte de la Comisión Nacional de Reconciliacion (CNR), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias internacionales que designen las partes de común acuerdo.

2. En las negociaciones participarán el Conci-liador, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, el representante del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Doctor Francesc Vendrell, en calidad de observador, los Asesores del Conciliador y del Observador, y las delegaciones del Gobierno de la República de Guatemala y de la URNG. Los miembros de la Comisiån Nacional de Reconciliación participaran en las reuniones, con el propósito de constatar y verificar el cumplimiento de los acuerdos. El Gobierno de Guatemala y la URNG podrán contar con asesores, los cuales deben ser guatemaltecos y acreditar previamente ante el Conciliador.

3. Con el fin de acelerar y asegurar el éxito del proceso, el gobierno y la URNG convienen en realizar las negociaciones por medio de reuniones directas entre las partes, con participación del Observador. Podrán también celebrarse reuniones indirectas entre las partes, a través del Conciliador y en presencia del Observador, con sus respectivos asesores, si así lo juzgan conveniente.

4. El gobierno y la URNG se comprometen a estar debidamente representados durante las negociaciones, por delegados de alto nivel para negociar y asumir acuerdos políticos con apego al marco constitucional vigente y de conformidad con los Acuerdos de El Escorial.

5. El Conciliador, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, puede

ACUERDO DE MÉXICO

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convocar, según estime pertinente, a los diversos sectores que participaron en las reuniones con la URNG celebradas en el transcurso de 1990, en virtud del Acuerdo de Oslo, para informarles del avance de las negociaciones en la búsqueda de la paz firme y duradera y de la problemática del país.

6. El Gobierno de la República de Guatemala y la URNG convienen en no abandonar uni-lateralmente el proceso de negociación y en rea-lizarlo de manera continua dentro del marco de estas normas de procedimiento hasta agotar la agenda correspondiente, y se comprometen a actuar de buena fé, en un ambiente de irrestricto respeto mutuo y reiteran su voluntad expresa de llegar a acuerdos políticos para lograr la paz firme y duradera, que pongan fin pronta y definitivamente al enfrentamiento armado en Guatemala.

7. Las reuniones serán del conocimiento público y las discusiones se desarrollarán en forma privada y discreta. A las reuniones tendrán acceso los medios de comunicación durante los períodos que de mutuo acuerdo determinen las delegaciones. Ni las partes, ni los participantes darán unilateralmente información sobre la fase de negociación, salvo que existiere acuerdo en contrario. Cuando las partes hubieren llegado a acuerdos de trascendencia, el Conciliador dará lectura a los comunicados oficiales preparados para conocimiento público. Por su parte, el Observador mantendrá informado al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de las negociaciones.

8. El Conciliador, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, conducirá las reuniones de acuerdo a las normas de debate usuales. No se levantarán actas ni minutas de las reuniones, ni se harán grabaciones de las mismas. Los acuerdos a que se llegue se formalizarán en documentos discutidos y aprobados por las partes y serán firmados por el Conciliador,

el Observador, los delegados de las partes y los miembros de la Comisión Nacionat de Reconciliación.

9. Según el Acuerdo de Oslo, las funciones del Conciliador son: proponer iniciativas a las partes, gestionar y mantener acciones de diálogo y negociación, dinamizando este proceso y resumiendo las posiciones convergentes y divergentes que entre las partes puedan darse, teniendo la facultad de proponer iniciativas y soluciones con el objeto de que puedan ser discutidas y acordadas; y todas aquellas otras funciones para el correcto cumplimiento de su cometida.

En este contexto, corresponde también al Conciliador, además de las atribuciones contenidas en otros puntos de este documento:a) convocar a las reuniones acordadas;b) ser depositario de los documentos que

resulten de la negociación y extender copias certificadas de los mismos a las partes;

c) asignar a sus asesores; yd) disponer de recesos de las reuniones.

TEMARIO GENERAL PARA LA NEGOCIACIÓN 1. Democratización, Derechos Humanos. 2. Fortalecimiento del Poder Civil y función del

ejército en una sociedad democrática. 3. Identidad y derechos de los pueblos

indígenas. 4. Reformas Constitucionales y régimen electoral. 5. Aspectos socioeconómicos. 6. Situación agraria. 7. Reasentamiento de las poblaciones desarrai-

gadas por el enfrentamiento armado.8. Bases para la incorporación de URNG a la

vida política del país. 9. Arreglos para el definitivo cese del fuego 10. Cronograma de la implementación, cum-

plimiento y verificación de los acuerdos 11. Firma del acuerdo de paz firme y duradera, y

desmovilización.

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Acuerdos de Paz

Por el Gobierno de la República de Guatemala

Manuel E. Conde Orellana, Secretario General de la Presidencia de la República

Ing. Manolo Bendfeldt Alejos, Ministro de Desarrollo

General de Brigada y Lic. Edgar Augusto Godoy Gaitán,

Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional General de Brigada José D. García Samayoa,

Comandante de la Brigada Militar Guardia de Honor General de Brigada Mario René Enríquez M.,

Comandante de la Zona Militar No. 22, Playa Grande, Quiché

Lic. Ernesto Viteri Echeverría, Consejero Específico de la Presidencia de la República

Rúben Amílcar Burgos Solís, Consejero Específico de la Presidencia de la República

José Luis Asensio Aguirre, Asesor de la Presidencia de la República

Por la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca (URNG)

Comandancia General Comandante Gaspar llóm

Comandante Pablo Monsanto Comandante Rolando Morán

Carlos GonzálezSecretario CC del PGT

Comisión Político Diplomática Dr. Francisco Villagrán Muñóz

Lic. Miguel Ángel Sandoval Dr. Luis Becker Guzmán

Señora Luz Méndez

Por la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR)

Señora Teresa Bolaños de Zarco

Lic. Mario Permuth Listwa Lic. Otiverio García Rodas

Lic. Luis Morales Chúa, Asesor

Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, Conciliador, Presidente de la CNR

Por la Organización de las Naciones Unidas

Dr. Francesc VendrellRepresentante del Secretario General

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Con el propósito de alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de Esquipulas II del 7 de agosto de 1987 y de conformidad con el Acuerdo de Oslo del 30 de marzo de 1990, las delegaciones del Gobierno de la República de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), habiendo continuado las negocia-ciones bajo la conciliación del Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación Monseñor Rodolfo Quezada Toruño en virtud del acuerdo de Oslo con la participación de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y bajo la observación del representante del Secretario general de las Naciones Unidas, doctor Francesc Vendrell y dejando constancia por este medio de los acuerdos a que han llegado en relación al tema Democratización del Acuerdo del temario general, aprobado en la Ciudad de México el 26 de abril del corriente año. Consideran que:

1. Las fuerzas políticas y los diversos sectores que conforman la sociedad guatemalteca se han manifestado por la consecución de la paz, la democracia y la justicia social.

2. El Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guate-malteca (URNG) han convenido en desarrollar un proceso de negociaciones que tiene como objetivo final la búsqueda de la paz por medios políticos, el perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa y acordar bases sobre las cuales se consolide el desarrollo y progreso del país para asegurar así la convivencia democrática y la consecución del bien común.

3. El tratamiento del tema de la democratización permite construir el marco general que inscriba

de manera coherente los demás temas señalados para el proceso de negociaciones.

4. Guatemala requiere de medidas que aseguren el desenvolvimiento de la democratización en lo político, económico, social y cultural. El Gobierno de la República de Guatemala reconoce su responsabilidad de aplicar medidas que respondan a los intereses de la población y que aseguren la democratización del país.

5. Los procedimientos y los acuerdos resultantes de la discusión del temario general, aprobados en México, son fundamentales para el proceso del perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa, por lo que el Conciliador debe informar del contenido de los mismos al pueblo de Guatemala, de manera objetiva y equitativa.

6. Los acuerdos políticos a que lleguen el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) deben reflejar las legítimas aspiraciones de todos los guatemaltecos y conducir a medidas institucionales, y a proponer reformas constitucionales ante el Congreso de la República, dentro del marco y espíritu de la Constitución Política de la República de Guatemala y de los Acuerdos de Oslo, el Escorial y México.

En consecuencia, el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) Acuerdan: I. Que el fortalecimiento de la democracia fun-cional y participativa requiere: a. La preeminencia de la sociedad civil. b. El desarrollo de la vida institucional democrática.

ACUERDO DE QUERÉTARO

Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticosQuerétaro, México, 25 de julio de 1991

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c. El funcionamiento efectivo de un estado de derecho.

d. Eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral, las aso-nadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas.

e. El respeto irrestricto de los derechos humanos.

f. La subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil.

g. El reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas.

h. El acceso y goce de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza que debe basarse en principios de justicia social.

i. El efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno.

II. Que la democratización requiere garantizar y promover la participación, en forma directa o indirecta, de la sociedad civil en general en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas del Gobierno en los diferentes niveles administrativos, reconociendo el derecho de todos los grupos sociales constitutivos de la Nación, a desarrollarse en relaciones de trabajo justas y equitativas, en sus formas propias culturales y de organización, en un pleno respeto a los derechos humanos y a la ley.

III. Que el presente Acuerdo debe ser divulgado ampliamente al pueblo de Guatemala y en particular a los sectores dialogantes en las reuniones que se produjeron en cumplimiento del acuerdo de Oslo y el Diálogo Nacional, debiendo ser informados por el Conciliador para procurar su adecuada comprensión.

IV. Este acuerdo se consignará y formará parte del Acuerdo de Paz firme y duradera y servirá de marco para el tratamiento de los demás temas de negociación con las peculiaridades y especificidades que a cada uno corresponde.

Querétaro, Qro., México, 25 de julio de 1991


Licenciado Manuel Conde Orellana

Secretario General de la Presidencia de la República Ingeniero Manolo Bendfeldt Alejos Ministro de Desarrollo Urbano y Rural

Licenciado Fernando Hurtado Prem Ministro de Gobernación

General de Brigada Mario René Enríquez Morales

Comandanate de la Brigada Militar Coronel DEM Marco A. González Taracena

Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional

Ingeniero Rubén Amílcar Burgos Solís Consejero Específico de la Presidencia de la República

General de Brigada José Domingo García Samayoa

Sub-jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional Coronel DEM Julio A. Balconi Turcios

Comandante de la Policía Militar Ambulante Licenciado Ernesto Viteri Echeverría

Consejero Específico de la Presidencia de la República Señor José Luis Asensio Aguirre Asesor del Presidente de la República


Guatemalteca (URNG)

Comandante Gaspar Ilom Comandante

Pablo Monsanto Comandante

Rolando Morán

Comisión Político Diplomática Doctor Francisco Villagrán Muñoz

Luis Becker Guzmán Licenciado Miguel Ángel Sandoval

Mario CastañedaAsesor

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Acuerdos de Paz

Por la Comisión Nacional de Reconciliación

Señora Teresa Bolaños De Zarco Licenciado Alfonso Cabrera Hidalgo

Licenciado Mario Permuth ListwaOliverio García Rodas

Monseñor Rodolfo Quezada Toruño Conciliador

Por la Organización de las Naciones Unidas

Doctor Francesc Vendrell

Representante del Secretario General de las Naciones Unidas

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Las delegaciones del Gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, habiéndose reunido en la ciudad de México del 6 al 9 de enero de 1994 bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas y como huéspedes del Gobierno de México, llegaron al siguiente acuerdo sobre el marco para la reanudación del proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de paz firme y duradero:

I. TEMARIO DE LA NEGOCIACIÓN

Las partes negociarán sobre el conjunto de los puntos del temario general del Acuerdo de México. En cada punto, las partes decidirán conjuntamente el alcance de sus compromisos, los cuales estarán todos sujetos a verificación. El Gobierno y la URNG se comprometieron a estar debidamente representados durante las negociaciones por delegados de alto nivel a fin de asumir acuerdos políticos acordes al marco constitucional, sin limitar su facultad de llegar a acuerdos sobre reformas institucionales y constitucionales.

II. MODERACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES BILATERALES

Las partes acordaron solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que designe un Representante para que asuma la función de Moderador de las negociaciones bilaterales entre el Gobierno y la URNG. Las partes acuerdan que el Moderador pueda proponer todas las iniciativas encaminadas a agilizar la firma de un acuerdo de paz firme y duradero.

III. SOCIEDAD CIVIL

Ambas partes reconocen el aporte de los sectores que, como resultado del Acuerdo de Oslo, participaron en las reuniones de El Escorial, Ottawa, Quito, Metepec y Atlixco con la URNG. Dichas reuniones dieron impulso al proceso de negociación en Guatemala. Su participación y aportes contribuyeron a hacer posible el inicio de la negociaciones directas entre el Gobierno y la Comandancia de la URNG.

Las partes coinciden en que la sociedad guatemalteca continúe teniendo un papel esencial en la consecución de la paz y en el proceso de reconciliación.

Sin perjuicio de otros mecanismos y foros, temporales o permanentes, encaminados a favorecer la reconciliación nacional, las partes acordaron promover la creación de una Asamblea, abierta a la participación de todos los sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca, siempre y cuando acrediten su legitimidad, representatividad y legalidad. Esta Asamblea funcionará durante el período de la negociación y tendrá las siguientes funciones.

i) Discutir la temática sustantiva de la negociación bilateral, es decir, los puntos del ii) al vii) del Temario General del Acuerdo de México, con miras a formular posiciones de consenso.

ii) Transmitir al Moderador de las Naciones Unidas, al Gobierno de Guatemala y a la URNG, recomendaciones u orientaciones formuladas como resultado de sus delibe-raciones. Dichas recomendaciones u orien-

ACUERDO MARCO PARA LA REANUDACIÓN DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE GUATEMALA Y LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA

México, D.F., 10 de enero de 1994

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taciones no serán vinculantes y estarán encaminadas a facilitar el entendimiento entre las partes. La Asamblea discutirá la temática sustantiva de acuerdo a un calendario ajustado a los plazos establecidos de las negociaciones bilaterales y no podrá retrasar el desarrollo del proceso de negociación bilateral.

iii) Conocer los acuerdos bilaterales sobre la temática sustantiva concluidos por las partes y avalar estos acuerdos para darles el carácter de compromisos nacionales, lo que facilitaría su implementación. Sin embargo, si por alguna razón u otra no se avala un acuerdo bilateral, este acuerdo mantendrá su vigencia.

Las partes acordaron solicitar a la Conferencia Episcopal de Guatemala que nombre el Presidente de la Asamblea, tomando en consideración para dicho cargo al conciliador, Monseñor Quezada Toruño. El Presidente de la Asamblea contará con la asistenica de un comité organizador. El comité organizador estará integrado por representantes de cada uno de los sectores que participaron en el proceso de Oslo, más representantes de los sectores mayas.

El Presidente de la Asamblea tendrá las siguientes funciones:

i) Convocar a la asamblea; ii) Organizar sus deliberaciones con la asistencia

del Comité Organizador; iii) Promover la formulación de recomendaciones

de consenso sobre los puntos de la temática sustantiva;

iv) Transmitir al Moderador de las Naciones Unidas y a las partes las recomendaciones u orientaciones que resulten de las deliberaciones de la Asamblea y participar en sesiones especiales de la mesa bilateral convocadas con este fin de común acuerdo por las Partes;

v) Recibir del Moderador de las Naciones Unidas los acuerdos bilaterales sobre temas sustantivos firmados por las partes, darlos a conocer a la Asamblea y promover su aval por la misma.

IV. PAPEL DE LOS PAÍSES AMIGOS

Las partes solicitan a los Gobiernos de Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela que integren un grupo de amigos del proceso de paz guatemalteco. Los países amigos, debidamente informados sobre el avance y contenido de las negociaciones entre las partes, tendrán las siguientes funciones:

i) Apoyar con sus gestiones al Representante del Secretario General de las Naciones Uni-das para agilizar el proceso de negociación.

ii) Dar mayor seguridad y firmeza a los com-promisos adquiridos por las partes en su calidad de testigos de honor de los acuerdos a los que se llegue dentro del proceso de negociaciones, cuando las partes lo soliciten.

V. PROCEDIMIENTOS

i) Divulgación: Las partes convienen que las negociaciones bilaterales se desarrollen dentro de la más estricta reserva para asegurar que las mismas se lleven a cabo en un ambiente de confianza y de seriedad. Acuerdan que la única información pública sobre su desarrollo será aquella que proporcione el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas. A efecto de la coordinación con las labores de la Asamblea, el Moderador y el Presidente de la Asamblea establecerán arreglos adecuados para permitir intercambios de información que no vulneren la reserva necesaria para los trabajos de la mesa bilateral.

ii) Marco temporal: Las partes manifiestan su compromiso de llegar a un acuerdo de paz firme y duradero en el plazo más breve posible en el transcurso del año 1994. En este contexto se comprometen a dar pruebas de la flexibilidad necesaria para una negociación exitosa del temario general.

iii) En el marco de sus esfuerzos para agilizar el proceso de negociación, las partes reconocieron la conveniencia de recurrir a todas las medidas que favorezcan las aproximaciones y acuerdos entre ellas, y se declaran dispuestas

69

Acuerdos de Paz

a responder a las solicitudes que presente el Moderador al respecto.

VI. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN

La verificación es un elemento fundamental para garantizar que se cumplan y respeten los acuerdos. En consecuencia, las partes reiteran que todos lo acuerdos deben ir acompañados de mecanismos de verificación apropiados, nacionales e internacionales. La experiencia y la autoridad de las Naciones Unidas confieren a la verificación internacional por dicha organización un alto grado de fiabilidad. Ambas partes convienen en solicitar a las Naciones Unidas la verificación por este organismo del conjunto de los acuerdos tanto en aspectos sustantivos como operativos.

México, D.F., a 10 de enero de 1994

Por el gobierno de la República de Guatemala

Héctor Rosada Granados

General Marco Antonio González T. Mario Permuth Litswa

General Víctor Manuel Argueta V. Max Kestler Farnes

Coronel Víctor Manuel Ventura A. Antonio Arenales Forno Ernesto Viteri Echeverria

Por la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca

Comandancia generalComandante Gaspar Ilom Comandante

Pablo Monsanto Comandante

Rolando Morán

Comisión Político Diplomática

Luis Becker Guzmán Miguel Ángel Sandoval

Mario Vinicio Castañeda Asesor

Por las Naciones Unidas

Jean Arnault

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PREÁMBULO

Teniendo en cuenta las disposiciones constitu-cionales vigentes en materia de derechos hu-manos y los tratados, convenciones y otros ins-trumentos internacionales sobre la materia de los que Guatemala es parte,

Considerando la voluntad del Gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para que el acuerdo de derechos humanos y de verificación inter-nacional se aplique en consonancia con las cita-das disposiciones constitucionales y tratados internacionales;

Teniendo presente el compromiso del Gobierno de Guatemala de respetar y promover los derechos humanos, conforme al mandato constitucional;

Considerando igualmente que la Unidad Revo-lucionaria Nacional Guatemalteca asume el com-promiso de respetar los atributos inherentes a la persona humana y de concurrir al efectivo goce de los derechos humanos;

Reconociendo la importancia de las instituciones y entidades nacionales de protección y promo-ción de los derechos humanos, así como la conveniencia de fortalecerlas y consolidarlas;

El Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en adelante “las Partes”, acuerdan:

I. COMPROMISO GENERAL CON LOS DERECHOS HUMANOS

1. El Gobierno de la República de Guatemala reafirma su adhesión a los principios y normas

orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar.

2. El Gobierno de la República de Guatemala continuará impulsando todas aquellas medidas orientadas a promover y perfeccionar las normas y mecanismos de protección de los derechos humanos.

II. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Las Partes consideran que cualquier compor-tamiento que limite, restrinja o atente contra las funciones que en materia de derechos humanos tienen asignados el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, socava principios funda-mentales del Estado de derecho, por lo que dichas instituciones deben ser respaldadas y fortalecidas en el ejercicio de tales funciones.

2. En lo que respecta al Organismo Judicial y al Ministerio Público, el Gobierno de la República de Guatemala reitera su voluntad de respetar su autonomía y de proteger la libertad de acción de ambos frente a presiones de cualquier tipo u origen, a fin de que gocen plenamente de las garantías y medios que requieran para su eficiente actuación.

3. En lo referente al Procurador de los Dere-chos Humanos, el Gobierno de la República de Guatemala continuará apoyando el trabajo del mismo para fortalecer dicha institución, respaldando su accionar y promoviendo las reformas normativas que fueren necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y

ACUERDO GLOBAL SOBRE DERECHOS HUMANOS México, D.F., 29 de marzo de 1994

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responsabilidades. El Gobierno de la República de Guatemala apoyará las iniciativas tendientes a mejorar las condiciones técnicas y materiales con que pueda contar el Procurador de los Derechos Humanos para cumplir con sus tareas de investigación, vigilancia y seguimiento de la plena vigencia de los derechos humanos en Guatemala.

III. COMPROMISO EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD

1. Las Partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. El Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos.

2. El Gobierno de la República de Guatemala promoverá ante el Organismo Legislativo, las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para la tipificación y sanción, como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el Gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad.

3. Ningún fuero especial o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

IV. COMPROMISO DE QUE NO EXISTAN CUERPOS DE SEGURIDAD ILEGALES Y APARATOS CLANDESTINOS; REGULACIÓN DE LA PORTACIÓN DE ARMAS

1. Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos.

2. El Gobierno de la República de Guatemala reitera el compromiso de continuar la depu-ración y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Asimismo, expresa la necesidad de continuar adoptando e implementando medidas eficaces para regular en forma precisa la tenencia, portación y uso de armas de fuego por particulares de conformidad con la ley.

V. GARANTÍAS PARA LAS LIBERTADES DE ASOCIACIÓN Y DE MOVIMIENTO

1. Ambas Partes coinciden en que las libertades de asociación, movimiento y locomoción son derechos humanos internacional y constitucio-nalmente reconocidos, que deben ejercerse de acuerdo con la ley y tener plena vigencia en Guatemala.

2. Al Procurador de los Derechos Humanos, en ejercicio de sus atribuciones, corresponde constatar si miembros de los comités voluntarios de defensa civil han sido obligados a pertenecer a los mismos contra su voluntad o si han violado los Derechos Humanos.

3. El Procurador de los Derechos Humanos, ante las denuncias que se le presenten, realizará de inmediato las investigaciones que sean necesarias. Para la finalidad anterior, luego de informar públicamente sobre la necesidad de que dichos comités sean voluntarios y respetuosos de la ley y los derechos humanos, efectuará consultas en las poblaciones cuidando de que, en tal caso la voluntad de los miembros de los comités se exprese libremente y sin presión alguna.

4. Sobre la base de las transgresiones a la voluntariedad o al orden jurídico que fueren comprobadas, el Procurador adoptará las deci-siones que considere pertinentes y promoverá las acciones judiciales o administrativas corres-pondientes, para sancionar las violaciones a los derechos humanos.

5. El Gobierno de la República unilateralmente declara que no alentará la organización, ni armará

73

Acuerdos de Paz

nuevos comités voluntarios de defensa civil, en todo el territorio nacional, siempre y cuando no existan hechos que los motiven. Por su parte, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca valora la declaración unilateral del Gobierno como una positiva expresión de voluntad para alcanzar la paz y facilitará los propósitos de dicha declaración.

6. Los vecinos afectados acudirán al alcalde municipal, quien al mismo tiempo convocará a una reunión pública y llamará al Procurador de los Derechos Humanos para que verifique, por todos los medios a su alcance, tanto la voluntariedad como la decisión de los vecinos.

7. Ambas partes convienen en que otros aspectos de los comités voluntarios de defensa civil, se abordarán posteriormente cuando se traten otros puntos del temario general.

8. Las Partes reconocen la labor educativa y divulgativa realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y solicitan incluir en la misma la información sobre el contenido y los alcances del presente acuerdo.

VI. CONSCRIPCIÓN MILITAR

1. La conscripción para el servicio militar obli-gatorio no debe ser forzada, ni motivo de violación a los Derechos Humanos y, por lo mismo, man-teniendo su carácter de deber y derecho cívico, debe ser justa y no discriminatoria.

2. Con ese fin, por su parte el Gobierno de la República de Guatemala continuará adoptando e implementando las decisiones administrativas necesarias y promoverá, lo antes posible y en el espíritu de este acuerdo, una nueva ley de servicio militar.

VII. GARANTÍAS Y PROTECCIÓN A PERSONAS Y ENTIDADES QUE TRABAJAN EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Las Partes coinciden en que todos los actos que puedan afectar las garantías de aquellos individuos o entidades que trabajan en la promoción y tutela de los derechos humanos, son condenables.

2. En tal sentido, el Gobierno de la República de Guatemala tomará medidas especiales de protección, en beneficio de aquellas personas o entidades que trabajan en el campo de los derechos humanos. Asimismo, investigará oportuna y exhaustivamente las denuncias que se le presenten, relativas a actos o amenazas que los pudieren afectar.

3. El Gobierno de la República de Guatemala, reitera el compromiso de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos.

VIII. RESARCIMIENTO Y/O ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

1. Las Partes reconocen que es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Dicho resarcimiento y/o asistencia se harán efectivos a través de medidas y programas gubernamentales, de carácter civil y socioeconómico, dirigidos en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición económica y social.

IX. DERECHOS HUMANOS Y ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO

1. Mientras se firma el acuerdo de paz firme y duradera, ambas Partes reconocen la necesidad de erradicar los sufrimientos de la población civil y de respetar los derechos humanos de los heridos, capturados y de quienes han quedado fuera de combate.

2. Estas declaraciones de las Partes no cons-tituyen un acuerdo especial, en los términos del artículo 3 (común), numeral 2, párrafo 2, de los Convenios de Ginebra de 1949.

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X. VERIFICACIÓN INTERNACIONAL POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

1. Las Partes reafirman la decisión expresada en el acuerdo marco del 10 de enero de 1994 para que todos sus acuerdos deban ir acompañados de mecanismos de verificación apropiados, nacionales e internacionales, y que estos últimos estén a cargo de la Organización de las Naciones Unidas.

2. En este contexto, las Partes acuerdan solicitar al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas la organización de una misión de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del acuerdo. La misión será un componente de la verificación global del acuerdo de paz firme y duradera que las Partes se comprometieron a firmar en el plazo más breve posible en el transcurso del presente año.

3. Las Partes reconocen la importancia del papel que compete a las instituciones nacio-nales encargadas de la vigencia, observancia y garantía de los derechos humanos, tales como el Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos, y recalcan en particular el papel de este último.

4. Las Partes convienen en solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que la misión de verificación del acuerdo se establezca teniendo en cuenta lo siguiente:

Funciones

5. En la verificación de los derechos humanos, la misión cumplirá las siguientes funciones:a) Recibir, calificar y dar seguimiento a las

denuncias sobre eventuales violaciones de los derechos humanos.

b) Comprobar que los organismos nacionales competentes efectúen las investigaciones que sean necesarias de manera autónoma, eficaz y de acuerdo con la Constitución Política

de la República de Guatemala y las normas internacionales sobre derechos humanos.

c) Pronunciarse sobre la existencia o inexis-tencia de la violación a los Derechos Hu-manos con base a los elementos de juicio que pueda obtener en el ejercicio de las facultades contenidas en el párrafo 10, incisos a), b), c) y d), tomando en consideración las investigaciones que realicen las instituciones constitucionales competentes.

6. En la verificación de los otros compromisos contenidos en el presente acuerdo, la misión determinará su cabal cumplimiento por las Partes.

7. De acuerdo con el resultado de sus actividades de verificación, la misión hará recomendaciones a las Partes, en particular sobre medidas nece-sarias para promover la plena observancia de los derechos humanos y el fiel cumplimiento del conjunto del presente acuerdo.

8. Se crearán instancias bilaterales de diálogo entre la misión y cada una de las Partes para que éstas formulen observaciones sobre las recomendaciones de la misión y para agilizar la toma de las medidas arriba mencionadas.

9. La misión informara regularmente al Secre-tario General de las Naciones Unidas, quien informará a las instancias competentes de este organismo. Copias de estos informes se remitirán a las Partes.

10. La misión esta facultada para: a) Asentarse y desplazarse libremente por todo

el territorio nacional; b) Entrevistarse libre y privadamente con

cualquier persona o grupo de personas para el debido cumplimiento de sus funciones;

c) Realizar visitas libremente y sin previo aviso cuando lo estime necesario para el cumplimiento de sus funciones, a las dependencias del Estado así como a los campamentos de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca;

75

Acuerdos de Paz

d) Recoger la información que sea pertinente para el cumplimiento de su mandato.

11. La misión podrá dirigirse a la opinión publica a través de los medios masivos de comunicación para difundir información relacionada con sus funciones y actividades.

12. En la verificación de la observancia de los derechos humanos, la misión otorgara particular atención a los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de la persona, a la libertad individual, al debido proceso, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la libertad de asociación y a los derechos políticos.

13. La misión tendrá en cuenta en el desarrollo de sus funciones la situación de los grupos sociales más vulnerables de la sociedad y a la población directamente afectada por el enfrentamiento armado (incluyendo los desplazados, refugiados y retornados).

14. Las actividades de la misión se referirán a hechos y situaciones posteriores a su instalación.

15. A los efectos de la ejecución del compromiso general con los derechos humanos (capítulo 1 del presente acuerdo), las Partes entienden por derechos humanos los que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, incluidos los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre la materia de los que Guatemala es parte.

Cooperación y apoyo a las instancias nacionales de protección de los derechos humanos

16. Las Partes coinciden en reconocer la necesidad de que la verificación internacional contribuya a fortalecer los mecanismos constitucionales permanentes y a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales nacionales de protección de los derechos humanos. Con el propósito de respaldarlas, la misión de verificación tendrá la capacidad para:

a) Cooperar con las instituciones y entidades nacionales en todo lo necesario para la efectiva protección y promoción de los derechos humanos y en particular propiciar programas de cooperación técnica y realizar actividades de fortalecimiento institucional;

b) Ofrecer su apoyo al Organismo Judicial y sus organismos auxiliares, al Ministerio Público, al Procurador de los Derechos Humanos y a la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos para contribuir al perfeccionamiento y consolidación de instan-cias nacionales de protección de los derechos humanos y del debido proceso legal;

c) Promover la cooperación internacional téc-nica y financiera requerida para fortalecer la capacidad del Procurador de los Derechos Humanos y de otras instituciones y entidades nacionales para el cumplimiento de sus funciones en materia de derechos humanos;

d) Contribuir al fomento de una cultura de observancia de los derechos humanos en cooperación con el Estado y las diversas instancias de la sociedad.

Duración y estructura de la misión

17. La misión se establecerá inicialmente por un año y su mandato podrá ser renovado.

18. La misión de verificación estará dirigida por un jefe, nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, quien contará con los funcionarios y expertos internacionales y nacio-nales de diversas especialidades que le sean ne-cesarios para el cumplimiento de los propósitos de la misión. El Gobierno de Guatemala y la misión suscribirán el acuerdo de sede correspondiente, de conformidad con la Convención de Viena sobre privilegios e inmunidades diplomáticas de 1946.

Puesta en marcha de la misión de verificación internacional

19. Teniendo en cuenta su voluntad de promover los derechos humanos en el país, así como el hecho que las disposiciones del presente acuerdo

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reflejan derechos constitucionales ya recogidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, y considerando el papel de la misión internacional de fortalecimiento de las instituciones y enti-dades nacionales de protección de los derechos humanos, en particular el Procurador de los Derechos Humanos, las Partes reconocen la conveniencia que, a título excepcional, la verifi-cación del acuerdo de los derechos humanos empiece antes de la firma del acuerdo de paz firme y duradera.

20. Siendo que la misión de verificación iniciará sus funciones antes que finalice el enfrentamiento armado, y por lo tanto mientras subsisten operaciones militares, la misión concertará los arreglos de seguridad necesarios.

21. Las Partes acuerdan solicitar de inmediato al Secretario General de las Naciones Unidas que envíe a la brevedad una misión preliminar para que prepare, en coordinación con las Partes, el establecimiento de la misión al más breve plazo, así como para una evaluación de los requerimientos financieros y técnicos indispensables para la verificación del acuerdo de derechos humanos.

Cooperación de las Partes con la misión de verificación

22. Las Partes se comprometen a brindar su más amplio apoyo a la misión y, en tal sentido, se obligan a proporcionarle toda la cooperación que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones, en particular, velar por la seguridad de los miembros de la misión y de las personas que le presenten denuncias o testimonios.

23. La verificación internacional que lleve a cabo la misión se efectuará dentro del marco de las disposiciones del presente acuerdo. Cualquier situación que se presente en relación a los alcances del acuerdo se resolverá a través de las instancias de diálogo previstas en el párrafo 8.

XI. DISPOSICIONES FINALES

Primera: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción por las Partes.

Segunda: El presente acuerdo formará parte del acuerdo de paz firme y duradera.

Tercera: Copia del presente acuerdo será remi-tida por las Partes al Secretario General de las Naciones Unidas y al Procurador de los Derechos Humanos.

Cuarta: El presente acuerdo será ampliamente difundido a escala nacional, utilizando el idioma castellano e idiomas indígenas. De esta función quedan encargados el Procurador de los Derechos Humanos y las Oficinas del Gobierno que sean pertinentes.

México, D. F., el 29 de marzo de 1994


Héctor Rosada Granados General Carlos Enrique Pineda Carranza

Antonio F. Arenales Forno General Julio Arnoldo Balconi Turcios

Mario Permuth General José Horacio Soto Salán

Ernesto Viteri Echeverría

Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

Comandancia General

Comandante Pablo Monsanto

Comandante Gaspar Ilom

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Acuerdos de Paz

Comandante Rolando Morán Carlos Gonzáles


Luis Felipe Becker Guzmán Francisco Villagrán Muñoz

Miguel Ángel Sandoval Vásquez

Mario Vinicio Castañeda Paz Asesor


Marrack Goulding Secretario General Adjunto

Jean Arnault Moderador

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PREÁMBULO

Reiterando su compromiso de poner fin al enfrentamiento armado mediante un proceso de negociación que establezca las bases de una paz firme y duradera en Guatemala,

Considerando la dimensión traumática na-cional que asumió el desarraigo durante el enfrentamiento armado en el país, en sus com-ponentes humano, cultural, material, sicológico, económico, político y social, que ocasionó violaciones a los derechos humanos y grandes sufrimientos para las comunidades que se vieron forzadas a abandonar sus hogares y formas de vida, así como para aquellas poblaciones que per-manecieron en dichas áreas,

Considerando el compromiso del Gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca de contribuir constructivamente, junto con el resto de la sociedad guatemalteca, a trabajar por una solución duradera y facilitar el proceso de reasentamiento de la población desarraigada, en un marco de justicia social, democratización y desarrollo nacional sostenible, sustentable y equitativo,

Considerando que el reasentamiento de estas poblaciones desarraigadas debe constituir un factor dinámico del desarrollo económico, social, político y cultural del país y, por consiguiente, un componente importante de una paz firme y duradera,

Reconociendo el papel indispensable de la parti-cipación de las poblaciones afectadas en la toma de decisiones relativas al diseño y ejecución de una estrategia efectiva de reasentamiento,

Teniendo en cuenta los planteamientos y propuestas de consenso elaboradas sobre este

tema por la Asamblea de la Sociedad Civil, que incluye las demandas específicas de las organizaciones representativas de los distintos grupos de desarraigados,

Reiterando que el presente Acuerdo, como los que se vayan firmando sobre los demás puntos del temario de la negociación, forma parte del Acuerdo de Paz firme y duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último, con la excepción prevista respecto de la comisión técnica mencionada en la sección V del presente Acuerdo y en el numeral 4 de la misma sección.

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante “las Partes”) acuerdan:

I. DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE REASENTAMIENTO DE LAS POBLACIONES DESARRAIGADAS POR EL ENFRENTAMIENTO ARMADO Definiciones

1. Para los propósitos del presente Acuerdo, se agrupa dentro del término “población desarraigada” al conjunto de las personas que, desarraigadas por motivos vinculados con el enfrentamiento armado, viven en Guatemala o en el exterior e incluyen, en particular, los refugiados, los retornados y los desplazados internos, tanto dispersos como agrupados, incluyendo las Comunidades de Población en Resistencia.

2. Se entiende por reasentamiento el proceso legal de retorno, ubicación e integración de las poblaciones y personas desarraigadas en su lugar

ACUERDO PARA EL REASENTAMIENTO DE LAS POBLACIONES DESARRAIGADAS POR EL ENFRENTAMIENTO ARMADO

Oslo, 17 de junio de 1994

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de origen u otro de su elección en el territorio guatemalteco, de conformidad con la Constitución política de la República de Guatemala. Principios

Las Partes convienen que la solución global a la problemática de la población desarraigada debe guiarse por los siguientes principios:

1. La población desarraigada tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guate-malteco. En tal virtud, el Gobierno de la República se compromete a asegurar las condiciones que permitan y garanticen el retorno voluntario de las personas desarraigadas a sus lugares de origen o al sitio que ellas elijan, en condiciones de dignidad y seguridad.

2. El respeto irrestricto a los derechos humanos de la población desarraigada constituye una condición esencial para el reasentamiento de esta población.

3. Las poblaciones desarraigadas merecen una atención especial, por las consecuencias que el desarraigo tuvo en ellas, mediante la ejecución de una estrategia global de carácter excepcional que asegure, en el plazo más breve su ubicación en condiciones de seguridad y de dignidad y su libre y plena integración a la vida social, económica y política del país.

4. Las poblaciones desarraigadas deben participar en la toma de decisiones relativas al diseño, la ejecución y la fiscalización de la estrategia global de reasentamiento y sus proyectos específicos. Este principio de participación se extiende a las poblaciones que residen en las áreas de reasentamiento en todos los aspectos que les conciernen.

5. La estrategia global sólo será posible en la perspectiva de un desarrollo sostenible, sustentable y equitativo de las áreas de reasentamiento, que beneficie a todas las poblaciones y personas que radiquen en ellas, en el marco de un plan de desarrollo nacional.

6. La ejecución de la estrategia no es discriminatoria y propicia la conciliación de los intereses de las poblaciones reasentadas y de las poblaciones que radican en las áreas de reasentamiento. Objetivos

La estrategia global de reasentamiento tiene como objetivos:

1. Garantizar a la población desarraigada el pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fun-damentales, en particular de aquellos derechos y libertades que fueron afectados en el proceso de desarraigo.

2. Reintegrar las poblaciones desarraigadas, social, económica y políticamente marginadas, creando las condiciones que les permitan constituirse en un factor dinámico del proceso de desarrollo económico, social, político y cultural del país.

3. Priorizar la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, que afectan con particular gravedad las áreas del desarraigo y que corresponden en gran medida a las áreas de reasentamiento.

4. Desarrollar y fortalecer la democratización de las estructuras del Estado, garantizando el ejercicio por las poblaciones desarraigadas de sus derechos y deberes constitucionales a todos los niveles comunal, municipal, departamental, regional y nacional.

5. Promover una auténtica reconciliación favoreciendo en las áreas de reasentamiento y a nivel nacional una cultura de paz basada en la participación, la tolerancia mutua, el respeto recíproco y la concertación de intereses.

II. GARANTÍAS PARA EL REASENTAMIEN-TO DE LA POBLACIÓN DESARRAIGADA

En concordancia con las iniciativas y actividades ya realizadas en materia de reasentamiento, y en particular la Carta de Entendimiento entre el Gobierno y la Alta Comisionada de las Naciones

81

Acuerdos de Paz

Unidas para los Refugiados y el Acuerdo del 8 de octubre de 1992 entre el Gobierno y las comisiones permanentes, con su mecanismo de verificación ad hoc, las Partes convienen lo siguiente:

1. El pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales es esencial para la seguridad y la dignidad de los procesos de reasentamiento, las Partes reiteran su decisión de cumplir cabalmente el Acuerdo global so-bre derechos humanos, vigente desde el 29 de marzo de 1994, promoviendo con especial vigilancia el respeto de los derechos humanos de los desarraigados como uno de los sectores vulnerables que merecen particular atención.

2. Hacer particular énfasis en la protección de las familias encabezadas por mujeres así como de las viudas y de los huérfanos, que han sido más afectados.

3. Tener en cuenta los derechos de las diversas comunidades indígenas, mayoritariamente mayas, especialmente en cuanto al respeto y promoción de sus formas de vida, identidad cultural, costumbres, tradiciones y organización social.

4. Preocupadas por la seguridad de los que se reasientan o radican en zonas afectadas por el enfrentamiento, las Partes reconocen la necesidad de proceder a la remoción urgente de todo tipo de minas o artefactos explosivos implantados o abandonados en esas áreas, y se comprometen a prestar toda su cooperación para estas actividades.

5. En vista del esfuerzo de las comunidades desarraigadas para mejorar el nivel de educación de su población y de la necesidad de apoyar y dar continuidad a ese proceso, el Gobierno se compromete a: 5.1 Reconocer los niveles educativos formales e

informales que hayan alcanzado las personas desarraigadas utilizando para este fin procedimientos rápidos de evaluación y/o certificación;

5.2 Reconocer los estudios no formales de los promotores de educación y de salud y otorgarles, mediante la correspondiente evaluación, las equivalencias.

6. Las Partes solicitan a la UNESCO la elabo-ración de un plan específico para apoyar y dar continuidad a los esfuerzos de educación de las poblaciones en las áreas de reasentamiento, incluyendo la continuidad de los esfuerzos realizados por las comunidades desarraigadas.

7. La ausencia de documentación personal de la mayoría de la población desarraigada incrementa su vulnerabilidad, limita su acceso a servicios básicos y el ejercicio de sus derechos civiles y ciudadanos. Ello requiere de soluciones urgentes. En consecuencia, las Partes coinciden en la necesidad de las siguientes medidas: 7.1 Para facilitar la documentación de las

personas desarraigadas a la mayor brevedad, el Gobierno con la cooperación de la comunidad internacional acentuará sus esfuerzos para agilizar los mecanismos necesarios tomando en cuenta, cuando corresponda, los registros propios de las comunidades desarraigadas;

7.2 La revisión del decreto 70-91, la ley temporal de reposición e inscripción de partidas de nacimiento de registros civiles destruidos por la violencia para establecer un régimen adecuado a las necesidades de todas las poblaciones afectadas con procedimientos de registro que agilicen de manera gratuita tales trámites. Para tales efectos se tomará en cuenta la opinión de los sectores afectados. La documentación e identificación personal se realizará lo antes posible;

7.3 Dictar las normas administrativas necesarias para agilizar y asegurar que los hijos de los desarraigados nacidos en el exterior sean inscritos como nacionales de origen en cumplimiento del artículo 144 de la Constitución de la República;

7.4 Para la ejecución de este programa de documentación, el Gobierno solicitará la cooperación de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.

82


8. Un elemento esencial para el reasentamiento es la seguridad jurídica en la tenencia (entre otros, uso, propiedad y posesión) de la tierra. Al respecto, las Partes reconocen la existencia de un problema general que afecta en particular a la población desarraigada. La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra tiene una de sus manifestaciones principales en la dificultad para ofrecer los medios de prueba sobre los derechos correspondientes. Ello deriva, entre otros factores, de problemas registrales, de la desaparición de los archivos del Instituto Nacional de Transformación Agraria, de la debilidad institucional de los organismos especializados y de las municipalidades; de la vigencia de derechos sustentados en esquemas consuetudinarios de tenencia y medición; de la existencia de segundos ocupantes o de la cancelación de derechos sobre la base de la aplicación improcedente de las disposiciones relativas al abandono voluntario.

9. En el caso particular del abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el Gobierno se compromete a revisar y promover las disposiciones legales que eviten considerarlo como abandono voluntario y ratifica la imprescriptibilidad de los derechos de tenencia de la tierra. En este contexto, promoverá la devolución de las tierras a los poseedores originarios y/o buscará soluciones compensatorias adecuadas.

10. Conforme a la observancia de los derechos políticos, cabe respetar las formas organizativas de las poblaciones desarraigadas conforme al marco constitucional con el fin de fortalecer el sistema de organización comunal y que estas poblaciones sean agentes de desarrollo y puedan manejar los servicios e infraestructura propia. Es importante integrar los nuevos asentamientos de poblaciones reasentadas al régimen municipal.

11. Las Partes reconocen la labor humanitaria de las organizaciones no gubernamentales y las iglesias que apoyan los procesos de reasentamiento. El Gobierno velará por su seguridad.

12. El Gobierno se compromete a fortalecer su política de protección de los nacionales

en el exterior, especialmente de la población desarraigada que reside en el extranjero por causas vinculadas al enfrentamiento armado. Asimismo asegurará el reasentamiento voluntario de esta población en condiciones de seguridad y de dignidad, en relación a las personas desarraigadas que deseen permanecer en el exterior. El Gobierno llevará a cabo las gestiones y negociaciones necesarias con los países receptores a fin de garantizarles su situación migratoria estable.

III. INTEGRACIÓN PRODUCTIVA DE LAS POBLACIONES DESARRAIGADAS Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE REASENTAMIENTO Las Partes coinciden en que una estrategia global de reasentamiento supone la integración productiva de la población desarraigada en el marco de una política de desarrollo sostenible, sustentable y con equidad en las áreas y regiones de reasentamiento que beneficie al conjunto de las poblaciones que allí residen. Esta política de integración productiva se basará en los siguientes criterios y medidas:

1. Las áreas de reasentamiento son predominan-temente rurales. La tierra, recurso finito, cons-tituye una de las alternativas para la integración económica y productiva. Se requieren proyectos de desarrollo agrícola sustentable que ofrezcan a la población los medios para romper el círculo vicioso entre pobreza y degradación de los recursos naturales y, en particular, permitan la protección y el aprovechamiento productivo y ecológicamente viable de las áreas frágiles.

2. Para la identificación de tierras que podrían servir para el asentamiento de los desarraigados que no las poseyeran y desean adquirirlas, el Gobierno se compromete a: 2.1 Realizar la revisión y actualización de

los registros catastrales y de la propiedad inmueble;

2.2 Realizar los estudios que permitan identificar e individualizar todas las tierras estatales, mu-

83

Acuerdos de Paz

nicipales y privadas con opción de compra. Dichos estudios deberán incluir información sobre la ubicación, régimen legal, adquisición, extensión, linderos y aptitud agrícola de las tierras mencionadas;

2.3 Los estudios deberán ser terminados a más tardar a la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

3. Dentro de los criterios de selección de tierras para los asentamientos, se tomarán en cuenta las potencialidades agroecológicas del suelo, su precio, la sustentabilidad de los recursos naturales y los servicios existentes.

4. El desarrollo de esas áreas en condiciones de justicia, equidad, sostenibilidad y sustentabilidad implica, además de las actividades agrícolas, la generación de empleos y de ingresos provenientes de la agroindustria, la industria y los servicios, conforme a esquemas apropiados al medio rural y a la preservación de los recursos naturales. Para ello es imprescindible el desarrollo de la infraestructura básica, de comunicación, electri-ficación y la productiva. La inversión pública se de-berá orientar prioritariamente con ese propósito y se establecerá un marco de incentivos a la inversión para el desarrollo rural en las áreas consideradas.

5. Para lograr un mejoramiento de la calidad de la vida, los objetivos del desarrollo rural deben incluir: i) seguridad alimentaria local e infraestructura básica de servicios a las poblaciones: vivienda, saneamiento, agua potable, almacenamiento rural, salud y educación; ii) incremento de la producción y de la productividad y promoción de mercados locales y regionales de productos e insumos agrícolas, agroindustriales y artesanales; iii) generación de empleos e ingresos; iv) uso sostenible y sustentable de los recursos naturales disponibles mediante ordenamiento de recursos a nivel de área.

6. Los proyectos y actividades de integración productiva relacionados con la estrategia global de reasentamiento tendrán en cuenta los siguientes criterios:

6.1 Considerar los niveles regionales y locales de las áreas de reasentamiento, y la utilización de instrumentos de ordenamiento territorial para favorecer el uso de los recursos conforme a su mejor potencial;

6.2 Contar con la capacidad de respuesta de la población, sus niveles de organización y sus expectativas, fomentando una creciente participación organizada e informada;

6.3 Promover la regularización y titulación de las tierras y de los derechos de agua, para proporcionar el necesario marco de seguridad en el usufructo de esos recursos naturales básicos;

6.4 Promover el desarrollo de las organizaciones y de las instituciones locales y regionales que permitan la concertación de intereses y la planificación racional del uso de los recursos disponibles;

6.5 Considerar objetivos sucesivos de desarrollo, a partir de un primer e inmediato objetivo de seguridad alimentaria y adecuada nutrición para las familias y comunidades;

6.6 Promover mercados locales y regionales de productos e insumos, así como el desarrollo de mecanismos adecuados de comercialización para los productos agrícolas, agroindustriales y artesanales;

6.7 Incluir el establecimiento de la infraestructura básica de servicios a las poblaciones: vivienda, saneamiento, agua potable, almacenamiento rural, salud y educación;

6.8 Considerar el mejoramiento y/o la puesta en marcha de servicios permanentes y competentes de apoyo técnico a todas las organizaciones y proyectos, incluyendo el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que seleccionen las poblaciones para facilitar la ejecución de sus proyectos;

6.9 Mejorar y/o establecer servicios rurales de asistencia financiera y crediticia apropiados a las necesidades y posibilidades de las poblaciones involucradas;

6.10 Realizar programas de capacitación destinados a diversificar y ampliar la capacidad de producción y gestión de los beneficiarios.

84


7. El Gobierno se compromete a poner en marcha y fomentar los esquemas concertados de planificación para el desarrollo en las áreas de reasentamiento, y asegurar que las poblaciones tengan acceso a ellos en su condición de vecinos y habitantes.

8. El Gobierno se compromete a eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto a facilitar el acceso a la tierra, a la vivienda, a créditos y a participar en los proyectos de desarrollo. El enfoque de género se incorporará a las políticas, programas y actividades de la estrategia global de desarrollo.

9. La solución de cada uno de los problemas que supone el reasentamiento y el desarrollo de las áreas afectadas debe tener como punto de partida el estudio y diseño de las condiciones de reasentamiento así como la consulta, la opinión y la participación organizada de los desarraigados y de las comunidades residentes.

10. El desarrollo institucional de los muni-cipios es fundamental para el proceso de de-sarrollo democrático y para la integración de las poblaciones marginadas. El Gobierno se compromete a intensificar el fortalecimiento administrativo, técnico y financiero de los gobiernos y organizaciones locales a través de programas de formación, capacitación profesional y empleo. Fortalecerá asimismo el sistema de organización comunal para que las comunidades sean sus propios agentes de desarrollo y manejen los sistemas de servicios e infraestructura, así como para la representación en su gestión política, jurídica y económica.

11. El Gobierno se compromete asimismo a profundizar los esquemas de descentralización de la administración pública y a elevar su capacidad de ejecución, trasladando gradualmente el poder de decisión, de manejo de los recursos y la administración de los servicios a la comunidad y a los gobiernos locales.

IV. RECURSOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1. Las Partes reconocen que la solución de los problemas del reasentamiento de la población desarraigada es de responsabilidad compartida por toda la sociedad guatemalteca y no sólo del Gobierno. Amplios sectores de la sociedad guatemalteca tendrán que conjugar sus esfuerzos para garantizar su éxito.

2. Por su parte, el Gobierno se compromete a situar y movilizar recursos nacionales, de ma-nera congruente con los esfuerzos de estabili-zación macroeconómica y modernización de la economía; a reorientar y focalizar el gasto público en función del combate a la pobreza y el reasentamiento de la población desarraigada.

3. Las Partes reconocen que el conjunto de tareas relacionadas con la atención al reasentamiento de la población desarraigada, tiene una amplitud y complejidad tales que requieren un fuerte apoyo de la comunidad internacional que complemente los esfuerzos internos del Gobierno y de los diversos sectores de la sociedad civil. En caso que no se logre ello, el compromiso del Gobierno se limitaría a sus posibilidades financieras.

V. ARREGLOS INSTITUCIONALES 1. La aplicación de los compromisos contenidos en la estrategia global de reasentamiento se realizará a través de la modalidad de ejecución de proyectos específicos.

2. Con esa finalidad las Partes convienen en la creación de la Comisión Técnica para la ejecución del Acuerdo sobre reasentamiento, que estará integrada por dos representantes designados por el Gobierno, dos representantes designados por las poblaciones desarraigadas y dos representantes de los donantes cooperantes y agencias de cooperación internacional. Estos dos últimos con carácter consultivo. La Comisión elaborará su reglamento interno.

85

Acuerdos de Paz

3. La Comisión se constituirá dentro de los sesenta días posteriores a la firma del presente Acuerdo y a ese efecto el Gobierno de Guatemala emitirá el decreto gubernativo correspondiente.

4. La Comisión a partir de su instalación y hasta la entrada en vigor del presente Acuerdo, efectuará las evaluaciones y estudios necesarios dirigidos a identificar y analizar las necesidades y demandas de la población desarraigada, así como a formular los proyectos que correspondan a los distintos compromisos contenidos en la estrategia definida por el presente Acuerdo. Para la realización de dichos estudios, análisis y formulación de proyectos la Comisión podrá contar con el apoyo técnico de personal especializado, correspondiente.

5. Una vez culminada la fase de estudios y a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Comisión tendrá por funciones la priorización y aprobación de los proyectos, así como la supervisión de su ejecución, la asignación de los fondos financieros requeridos en cada caso y la captación de recursos técnicos y financieros. Las Partes convienen que la ejecución de la estrategia deberá responder a los criterios de lucha prioritaria contra la pobreza, eficiencia en la gestión, participación de las poblaciones beneficiarias y transparencia en la ejecución del gasto.

6. Con la finalidad de asegurar la ejecución de la estrategia de reasentamiento, las Partes convienen en la creación de un Fondo para la ejecución del Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, que se conformará sustantivamente con aportes de la comunidad internacional. Se solicitará al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la administración de los recursos financieros de cada uno de los proyectos a ejecutar.

VI. DISPOSICIÓN FINAL De conformidad con el Acuerdo Marco del 10 de enero de 1994, el presente Acuerdo está sujeto a verificación internacional por las Naciones Unidas.

Oslo, 17 de junio de 1994 Por el Gobierno de la República de Guatemala

Héctor Rosada Granados Antonio Arenales Forno

Mario Permuth General Carlos Enrique Pineda Carranza General Julio Arnoldo Balconi Turcios

General José Horacio Soto Salán Amilcar Burgos Solís


Comandancia General Comandante Rolando Morán

Comandante Gaspar Ilom Comandante Pablo Monsanto

Carlos Gonzáles

Comisión Política Diplomática


Miguel Ángel Sandoval Luz Méndez Gutiérrez

AsesoresMario Vinicio Castañeda

Miguel Ángel Reyes Jorge Rosal



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Considerando que la historia contemporánea de nuestra patria registra graves hechos de violencia, de irrespeto de los derechos fundamentales de la persona y sufrimientos de la población vinculados con el enfrentamiento armado;

Considerando el derecho del pueblo de Guate-mala a conocer plenamente la verdad sobre estos acontecimientos cuyo esclarecimiento contri-buirá a que no se repitan estas páginas tristes y dolorosas y que se fortalezca el proceso de democratización en el país;

Reiterando su voluntad de cumplir cabalmente con el Acuerdo global sobre derechos humanos del 29 de marzo de 1994;

Reiterando su voluntad de iniciar a la brevedad un nuevo capítulo en la historia nacional que como culminación de un amplio proceso de negociación ponga fin al enfrentamiento armado, contribuyendo a sentar las bases para una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos entre los guatemaltecos;

Considerando, en este contexto, la necesidad de promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, una condición indispensable para una paz firme y duradera;

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente: El establecimiento de una Comisión con las siguientes características:

FINALIDADES

I. Esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado.

II. Elaborar un informe que contenga los resul-tados de las investigaciones realizadas y ofrezca elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido durante este período abarcando a todos los factores, internos y externos.

III. Formular recomendaciones específicas enca-minadas a favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. La Comisión recomendará, en particular, medidas para preservar la memoria de las víctimas, para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para fortalecer el proceso democrático.

PERÍODO

El período que investigará la Comisión será a partir del inicio del enfrentamiento armado hasta que se suscriba el Acuerdo de paz firme y duradera.

FUNCIONAMIENTO

I. La Comisión recibirá antecedentes e infor-mación que proporcionen las personas o insti-tuciones que se consideren afectadas así como las Partes.

ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA QUE HAN CAUSADO SUFRIMIENTOS A LA

POBLACIÓN GUATEMALTECA

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II. Corresponde a la Comisión aclarar plenamente y en detalle estas situaciones. En particular, analizará con toda imparcialidad los factores y circunstancias que incidieron en dichos casos. La Comisión invitará a todos los que puedan estar en posesión de información pertinente a que presenten su versión de los hechos, la no comparecencia de los interesados no impedirá que la Comisión se pronuncie sobre los casos.

III. Los trabajos, recomendaciones e informe de la Comisión no individualizarán responsabilidades, ni tendrán propósitos o efectos judiciales.

IV. Las actuaciones de la Comisión serán reservadas para garantizar la secretividad de las fuentes así como la seguridad de los testigos e informantes.

V. Al estar constituida, la Comisión hará pú-blica, su constitución y sede, por todos los me-dios posibles, e invitará a los interesados a que depositen su información y testimonios.

INTEGRACIÓN

La Comisión contará con tres miembros, estos serán:

I. El actual moderador de las negociaciones de paz, cuya designación se solicitará al Secretario General de las Naciones Unidas;

II. Un miembro, ciudadano de conducta irreprochable, designado por el moderador, de común acuerdo con las Partes;

III. Un académico elegido por el moderador, de común acuerdo con las Partes, de una terna propuesta por los rectores universitarios.

La Comisión contará con el personal de apoyo que considere necesario, con las cualidades requeridas, para el cumplimiento de sus funciones.

INSTALACIÓN Y DURACIÓN

La Comisión se integrará, instalará y empezará a funcionar a partir del día de la firma del

Acuerdo de paz firme y duradera. Los trabajos de la Comisión durarán un período de seis meses contados a partir de su instalación, prorrogables por seis meses más, si así lo decide la Comisión.

INFORME

La Comisión redactará un informe que será entregado a las Partes y al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo hará público. El hecho que no se haya podido investigar todos los casos o situaciones presentados a la Comisión no restará validez al informe.

COMPROMISO DE LAS PARTES

Las Partes se comprometen a colaborar con la Comisión en todo lo que fuera necesario para el cumplimiento de su mandato. Se comprometen, en particular, a crear previa la integración de la Comisión y durante su funcionamiento las condiciones indispensables para que la misma pueda llenar las características establecidas en el presente Acuerdo.

VERIFICACIÓN INTERNACIONAL

De conformidad con el Acuerdo Marco del 10 de enero de 1994, el cumplimiento del presente Acuerdo está sujeto a verificación internacional por las Naciones Unidas.

MEDIDAS DE EJECUCIÓN INMEDIATA DESPUÉS DE LA FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO

Las Partes acuerdan solicitar al Secretario General el nombramiento a la brevedad del moderador de las negociaciones para ser miembro de la Comisión. Después de su nombramiento, este último será facultado para hacer desde ya todas las gestiones necesarias para preparar el buen funcionamiento de la Comisión una vez integrada e instalada de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo.

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Acuerdos de Paz

Oslo, 23 de junio de 1994 Por el Gobierno de la República de Guatemala


Mario Permuth General Carlos Enrique Pineda Carranza General Julio Arnoldo Balconi Turcios

General José Horacio Soto Salán Amilcar Burgos Solis


Guatemalteca

Comandancia General Carlos Gonzáles

ComandanteGaspar Ilom Comandante

Rolando Morán

ComandantePablo Monsanto

Comisión Política Diplomática



Asesores

Mario Vinicio Castañeda Miguel Ángel Reyes

Jorge Rosal



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Considerando

Que el tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala,

Que los pueblos indígenas incluyen el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, y que el pueblo maya está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común,

Que a raíz de su historia, conquista, colonización, desplazamientos y migraciones, la nación gua-temalteca tiene un carácter multiétnico, pluri-cultural y multilingüe,

Que las partes reconocen y respetan la identidad y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco, como componentes de dicha unidad,

Que los pueblos indígenas han sido particu-larmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que, como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social,

Que esta realidad histórica ha afectado y sigue afectando profundamente a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y participación política, y entorpeciendo la configuración de una unidad nacional que refleje, en su justa medida y con su plenitud de valores, la rica fisonomía plural de Guatemala,

Que en tanto no se resuelva este problema de la sociedad guatemalteca, sus potencialidades

económicas, políticas, sociales y culturales jamás podrán desenvolverse en toda su magnitud, y ocupar en el concierto mundial el lugar que le corresponde por su historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos,

Que en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación sólo si se reconocen en todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo, en todo sentido,

Que todos los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos, y que el presente acuerdo busca crear, ampliar y fortalecer las estructuras, condiciones, oportunidades y garantías de participación de los pueblos indígenas, en el pleno respeto de su identidad y del ejercicio de sus derechos,

Que la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, y las agencias y programas de su sistema, la Organización de los Estados Americanos y otros organismos e instrumentos internacionales, ha reconocido las aspiraciones de los pueblos indígenas para lograr el control de sus propias instituciones y formas de vida como pueblos,

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante “las partes”) acuerdan lo siguiente:

I. IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

1. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la cons-trucción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos,

ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

México, D.F. a 31 de marzo de 1995

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culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos.

2. La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen y, a su vez, los hacen reconocerse como tal. Tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación, son elementos fundamentales: a) La descendencia directa de los antiguos

mayas; b) Idiomas que provienen de una raíz maya

común; c) Una cosmovisión que se basa en la relación

armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida, y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita por medio de la tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel determinante;

d) Una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una concepción artística y estética propia, una memoria histórica colectiva propia, una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una concepción de la autoridad basada en valores éticos y morales; y

e) La autoidentificación.

3. La pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya, que incluyen los Achi, Akateco, Awakateko, Chorti, Chuj, Itza, Ixil, Jakalteco, Kanjobal, Kaqchikel, Kiche, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi, Q’eqchi, Sakapulteko, Sikapakense, Tectiteco, Tz’utujil y Uspanteco, no han alterado la cohesión de su identidad.

4. Se reconoce la identidad del pueblo maya así como las identidades de los pueblos garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación guatemalteca, y el Gobierno se compromete

en promover ante el Congreso de la República una reforma de la Constitución Política de la República en este sentido.

II. LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

A. Lucha contra la discriminación legal y de hecho

1. Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un recono-cimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica.

2. Por su parte, con miras a erradicar la discri-minación en contra de los pueblos indígenas, el Gobierno tomará las siguientes medidas:

a) Promover ante el Congreso de la República la tipificación de la discriminación étnica como delito;

b) Promover la revisión ante el Congreso de la República de la legislación vigente para derogar toda ley y disposición que pueda tener implicación discriminatoria hacia los pueblos indígenas;

c) Divulgar ampliamente los derechos de los pueblos indígenas por la vía de la educación, de los medios de comunicación y otras instancias; y

d) Promover la defensa eficaz de dichos derechos. Con este fin, promover la creación de defensorías indígenas y la instalación de bufetes populares de asistencia jurídica gratuita para personas de bajos recursos económicos en las municipalidades donde predominan las comunidades indígenas. Asimismo, se insta a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a las demás organizaciones de defensa de los derechos humanos a que presten una atención especial a la defensa de los derechos de los pueblos maya, garífuna y xinca.

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Acuerdos de Paz

B. Derechos de la mujer indígena

1. Se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. El Gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas:a) Promover una legislación que tipifique el

acoso sexual como delito y considere como un agravante en la definición de la sanción de los delitos sexuales el que haya sido cometido contra una mujer indígena;

b) Crear una Defensoría de la Mujer Indígena, con su participación, que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social; y

c) Promover la divulgación y fiel cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

2. Se insta a los medios de comunicación y organizaciones de promoción de los derechos humanos a cooperar en el logro de los objetivos del presente literal.

C. Instrumentos internacionales

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

1. El Gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República un proyecto de ley que incorpore las disposiciones de la Convención al Código Penal.

2. Siendo Guatemala parte de la Convención, se compromete a agotar los trámites tendentes al reconocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tal como lo establece el artículo 14 de dicha Convención.

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo)

3. El Gobierno ha sometido al Congreso de la República, para su aprobación, el Convenio 169

de la Organización Internacional del Trabajo y, por lo tanto, impulsará su aprobación por el mismo. Las partes instan a los partidos políticos a que agilicen la aprobación del Convenio.

Proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas

4. El Gobierno promoverá la aprobación del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en las instancias apropiadas de la Organización de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas de Guatemala.

III. DERECHOS CULTURALES 1. La cultura maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca y, junto con las demás culturas indígenas, constituye un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca.

2. Por lo tanto, es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, a diferencia del pasado, la política educativa y cultural debe orientarse con un enfoque basado en el reconocimiento, respeto y fomento de los valores culturales indígenas. Con base a este reconocimiento de las diferencias culturales, se debe promover los aportes e intercambios que propicien un enriquecimiento de la sociedad guatemalteca.

3. Los pueblos maya, garífuna y xinca son los autores de su desarrollo cultural. El papel del Estado es de apoyar dicho desarrollo, eliminando los obstáculos al ejercicio de este derecho, tomando las medidas legislativas y administrativas necesarias para fortalecer el desarrollo cultural indígena en todos los ámbitos correspondientes al Estado y asegurando la participación de los indígenas en las decisiones relativas a la planificación y ejecución de programas y proyectos culturales mediante sus organismos e instituciones propias.

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A. Idioma

1. El idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura, siendo en particular el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos y valores culturales. En este sentido, todos los idiomas que se hablan en Guatemala merecen igual respeto. En este contexto, se deberá adoptar disposiciones para recuperar y proteger los idiomas indígenas, y promover el desarrollo y la práctica de los mismos.

2. Para este fin, el Gobierno tomará las siguientes medidas: a) Promover una reforma de la Constitución

Política de la República que liste el conjunto de los idiomas existentes en Guatemala que el Estado está constitucionalmente comprometido en reconocer, respetar y promover;

b) Promover el uso de todos los idiomas indígenas en el sistema educativo, a fin de permitir que los niños puedan leer y escribir en su propio idioma o en el idioma que más comúnmente se hable en la comunidad a la que pertenezcan, promoviendo en particular la educación bilingüe e intercultural e instan-cias tales como las Escuelas Mayas y otras experiencias educativas indígenas;

c) Promover la utilización de los idiomas de los pueblos indígenas en la prestación de los servicios sociales del Estado a nivel comunitario;

d) Informar a las comunidades indígenas en sus idiomas, de manera acorde a las tradiciones de los pueblos indígenas y por medios adecuados, sobre sus derechos, obligaciones y oportunidades en los distintos ámbitos de la vida nacional. Se recurrirá, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación masiva en los idiomas de dichos pueblos;

e) Promover los programas de capacitación de jueces bilingües e intérpretes judiciales de y para idiomas indígenas;

f) Propiciar la valorización positiva de los idiomas indígenas, y abrirles nuevos espacios en los medios sociales de comunicación y transmisión

cultural, fortaleciendo organizaciones tales como la Academia de Lenguas Mayas y otras instancias semejantes; y

g) Promover la oficialización de idiomas indígenas. Para ello, se creará una comisión de oficialización con la participación de representantes de las comunidades lingüísticas y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala que estudiará modalidades de oficialización, teniendo en cuenta criterios lingüísticos y territoriales. El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República una reforma del artículo 143 de la Constitución Política de la República de acuerdo con los resultados de la Comisión de Oficialización.

B. Nombres, apellidos y toponimias

El Gobierno reafirma el pleno derecho al registro de nombres, apellidos y toponimias indígenas. Se reafirma asimismo el derecho de las comunidades de cambiar los nombres de lugares donde residen, cuando así lo decida la mayoría de sus miembros. El Gobierno tomará las medidas previstas en el capítulo II, literal A, del presente acuerdo para luchar contra toda discriminación de hecho en el ejercicio de este derecho.

C. Espiritualidad

1. Se reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como la de los demás pueblos indígenas.

2. El Gobierno se compromete a hacer respetar el ejercicio de esta espiritualidad en todas sus manifestaciones, en particular el derecho a practicarla, tanto en público como en privado por medio de la enseñanza, el culto y la observancia. Se reconoce asimismo la importancia del respeto debido a los guías espirituales indígenas así como a las ceremonias y los lugares sagrados.

3. El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República una reforma al artículo 66 de la Constitución Política de la República a fin de

95

Acuerdos de Paz

estipular que el Estado reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos maya, garífuna y xinca.

D. Templos, centros ceremoniales y lugares sagrados

1. Se reconoce el valor histórico y la proyección actual de los templos y centros ceremoniales como parte de la herencia cultural, histórica y espiritual maya y de los demás pueblos indígenas.

Templos y centros ceremoniales situados en zonas protegidas por el Estado como arqueológicas

2. De conformidad con la Constitución Política de la República, forman parte del patrimonio cultural nacional los templos y centros ceremoniales de valor arqueológico. Como tales, son bienes del Estado y deben ser protegidos. En este contexto, deberá asegurarse que no se vulnere ese precepto en el caso de templos y centros ceremoniales de valor arqueológico que se encuentren o se descubran en propiedad privada.

3. Se reconoce el derecho de los pueblos maya, garífuna y xinca de participar en la conservación y administración de estos lugares. Para garantizar este derecho, el Gobierno se compromete a impulsar, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legales que aseguren una redefinición de las entidades del Estado encargadas de esta función que haga efectivo este derecho.

4. Se modificará la reglamentación para la protección de los centros ceremoniales en zonas arqueológicas a efecto que dicha reglamentación posibilite la práctica de la espiritualidad y no pueda constituirse en un impedimento para el ejercicio de la misma. El Gobierno promoverá, conjuntamente con las organizaciones espiritua-les indígenas, un reglamento del acceso a dichos centros ceremoniales que garantice la libre práctica de la espiritualidad indígena dentro de las condiciones de respeto requeridas por los guías espirituales.

Lugares sagrados

5. Se reconoce la existencia de otros lugares sagrados donde se ejerce tradicionalmente la espiritualidad indígena, y en particular maya, que deben ser preservados. Para ello, se creará una comisión integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas, y de guías espirituales indígenas para definir estos lugares así como el régimen de su preservación.

E. Uso del traje

1. Debe ser respetado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. El Gobierno toma-rá las medidas previstas en el capítulo II, literal A, del presente acuerdo para luchar contra toda discriminación de hecho en el uso del traje indígena.

2. Asimismo, en el marco de una campaña de concientización a la población sobre las culturas maya, garífuna y xinca en sus distintas manifestaciones, se informará sobre el valor espiritual y cultural de los trajes indígenas y su debido respeto.

F. Ciencia y tecnología

1. Se reconoce la existencia y el valor de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas, así como también los conocimientos de los demás pueblos indígenas. Este legado debe ser recuperado, desarrollado y divulgado.

2. El Gobierno se compromete a promover su estudio y difusión, y a facilitar la puesta en práctica de estos conocimientos. También se insta a las universidades, centros académicos, medios de comunicación, organismos no gubernamentales y de la cooperación internacional a reconocer y divulgar los aportes científicos y técnicos de los pueblos indígenas.

3. Por otra parte, el Gobierno posibilitará el acce-so a los conocimientos contemporáneos a los pueblos indígenas e impulsará los intercambios científicos y técnicos.

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G. Reforma educativa

1. El sistema educativo es uno de los vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales. Debe responder a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, los valores y sistemas educativos mayas y de los demás pueblos indígenas, el acceso a la educación formal y no formal, e incluyendo dentro de las currícula nacionales las concepciones educativas indígenas.

2. Para ello, el Gobierno se compromete a impulsar una reforma del sistema educativo con las siguientes características: a) Ser descentralizado y regionalizado a fin de que

se adapte a las necesidades y especificidades lingüísticas y culturales;

b) Otorgar a las comunidades y a las familias, como fuente de educación, un papel protagónico en la definición de las currícula y del calendario escolar y la capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros a fin de responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales;

c) Integrar las concepciones educativas maya y de los demás pueblos indígenas, en sus componentes filosóficos, científicos, artísti-cos, pedagógicos, históricos, lingüísticos y político-sociales, como una vertiente de la reforma educativa integral;

d) Ampliar e impulsar la educación bilingüe inter-cultural y valorizar el estudio y conocimiento de los idiomas indígenas a todos los niveles de la educación;

e) Promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de vida de las comunidades, a través del desarrollo de los valores, contenidos y métodos de la cultura de la comunidad, la innovación tecnológica y el principio ético de conservación del medio ambiente;

f) Incluir en los planes educativos contenidos que fortalezcan la unidad nacional en el respeto de la diversidad cultural;

g) Contratar y capacitar a maestros bilingües y a funcionarios técnicos administrativos indí-genas para desarrollar la educación en sus

comunidades e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con los representantes de comunidades y organizaciones indígenas en el proceso educativo;

h) Perseguir el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la educación que corresponde a toda la población, especialmente en las comunidades indígenas donde se muestran los más bajos niveles de atención educativa, generalizando su cobertura y promoviendo modalidades que faciliten el logro de estos objetivos; e

i) Incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación, a fin de que una parte sustancial de este incremento se asigne a la implementación de la reforma educativa.

3. En el contexto de la reforma educativa, se tendrá plenamente en cuenta las distintas experiencias educativas mayas, se seguirá impulsando las Escuelas Mayas y se consolidará el Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural para los pueblos indígenas y la Franja de Lengua y Cultura Maya para toda la población escolar guatemalteca. Asimismo se promoverá la creación de una Universidad Maya o entidades de estudio superior indígena y el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Maya.

4. Para facilitar el acceso de los indígenas a la educación formal y no formal, se fortalecerá el sistema de becas y bolsas de estudio. Asimismo se corregirá aquel material didáctico que exprese estereotipos culturales y de género.

5. Para realizar el diseño de dicha reforma, se constituirá una comisión paritaria integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.

H. Medios de comunicación masiva

1. Al igual que el sistema educativo, los medios de comunicación tienen un papel primordial en la defensa, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales. Corresponde al Gobierno, pero también a todos los que trabajan e intervienen en el sector de la comunicación,

97

Acuerdos de Paz

promover el respeto y difusión de las culturas indígenas, la erradicación de cualquier forma de discriminación, y contribuir a la apropiación por todos los guatemaltecos de su patrimonio pluricultural.

2. Por su parte, a fin de favorecer el más amplio acceso a los medios de comunicación por parte de las comunidades e instituciones mayas y de los demás pueblos indígenas, y la más amplia difusión en idiomas indígenas del patrimonio cultural indígena, en particular maya, así como del patrimonio cultural universal, el Gobierno tomará en particular las siguientes medidas: a) Abrir espacios en los medios de comunicación

oficiales para la divulgación de las expresiones culturales indígenas y propiciar similar apertura en los medios privados;

b) Promover ante el Congreso de la República las reformas que sean necesarias en la actual ley de radiocomunicaciones con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación. Promover asimismo la derogación de toda disposición del ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo de su identidad; y

c) Reglamentar y apoyar un sistema de programas informativos, científicos artísticos y educativos de las culturas indígenas en sus idiomas, por medio de la radio, la televisión y los medios escritos nacionales.

IV. DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

A. Marco constitucional

El Gobierno de la República se compromete a promover una reforma de la Constitución Política de la República que defina y caracterice a la Nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe.

B. Comunidades y autoridades indígenas locales

1. Se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las de-más comunidades indígenas en lo político, eco-nómico, social, cultural y espiritual. Su cohesión y dinamismo han permitido que los pueblos maya, garífuna y xinca conserven y desarrollen su cultura y forma de vida no obstante la dis-criminación de la cual han sido víctimas.

2. Teniendo en cuenta el compromiso consti-tucional del Estado de reconocer, respetar y promover estas formas de organización propias de las comunidades indígenas, se reconoce el papel que corresponde a las autoridades de las comunidades, constituidas de acuerdo a sus normas consuetudinarias, en el manejo de sus asuntos.

3. Reconociendo el papel que corresponde a las comunidades, en el marco de la autonomía municipal, para el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, y en particular con relación a la educación, la salud, la cultura y la infraestructura, el Gobierno se compromete a afirmar la capacidad de dichas comunidades en esta materia.

4. Para ello, y para propiciar la participación de las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afecten, el Gobierno promoverá una reforma al Código Municipal.

5. Dicha reforma se promoverá de acuerdo con las conclusiones que la comisión de reforma y participación, establecida en el presente capítulo, literal D, párrafo 4, adoptará sobre los siguientes puntos, en el contexto de la autonomía municipal y de las normas legales reconociendo a las comunidades indígenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias, mencionadas en el presente capítulo, literal E, párrafo 3:

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a) Definición del estatus y capacidades jurídicas de las comunidades indígenas y de sus auto-ridades constituidas de acuerdo a las normas tradicionales;

b) Definición de formas para el respeto del derecho consuetudinario y todo lo relacionado con el hábitat en el ejercicio de las funciones municipales, tendiendo en cuenta, cuando sea el caso, la situación de diversidad lingüística, étnica y cultural de los municipios;

c) Definición de formas para promover la equi-tativa distribución del gasto público, inclu-yendo el porcentaje del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado trasladado anualmente a las municipalidades, entre las comunidades indígenas y no indígenas, inte-grantes del municipio, fortaleciendo la capa-cidad de dichas comunidades de manejar recursos y ser los agentes de su propio desarrollo; y

d) Definición de formas para la asociación de comunidades en la defensa de sus derechos e intereses y la celebración de acuerdos para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo comunal y regional.

C. Regionalización

Tomando en cuenta que procede una regio-nalización administrativa basada en una profun-da descentralización y desconcentración, cuya configuración refleje criterios económicos, socia-les, culturales, lingüísticos, y ambientales, el Gobierno se compromete a regionalizar la admi-nistración de los servicios educativos, de salud y de cultura de los pueblos indígenas de con-formidad con criterios lingüísticos; asimismo se compromete a facilitar la participación efectiva de los representantes de las comunidades en la gestión educativa y cultural a nivel local a fin de garantizar su eficiencia y pertinencia.

D. Participación a todos los niveles

1. Se reconoce que los pueblos indígenas han sido marginados en la toma de decisiones en la vida política del país, haciéndoseles extremadamente

difícil, si no imposible, su participación para la libre y completa expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos.

2. En este contexto, se reitera que los pueblos maya, garífuna y xinca tienen derecho a la crea-ción y dirección de sus propias instituciones, al control de su desarrollo y a la oportunidad real de ejercer libremente sus derechos políticos, reconociendo y reiterando asimismo que el libre ejercicio de estos derechos les da validez a sus instituciones y fortalece la unidad de la nación.

3. En consecuencia, es necesario institucionalizar la representación de los pueblos indígenas en los niveles local, regional y nacional, y asegurar su libre participación en el proceso de toma de decisión en los distintos ámbitos de la vida nacional.

4. El Gobierno se compromete a promover las reformas legales e institucionales que faci-liten, normen y garanticen tal participación. Asimismo se compromete a elaborar dichas reformas con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, mediante la creación de una comisión paritaria de reforma y participación, integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.

5. Sin limitar el mandato, la comisión podrá considerar reformas o medidas en los siguientes ámbitos: a) Mecanismos obligatorios de consulta con los

pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar los pueblos maya, garífuna y xinca;

b) Formas institucionales de participación individual y colectiva en el proceso de toma de decisión tales como órganos asesores, consultivos y otros que aseguren la interlocución permanente entre los órganos del Estado y los pueblos indígenas;

c) Instituciones de representación indígenas que velen por los intereses de los pueblos indígenas a nivel regional y/o nacional, con estatutos que aseguren su representatividad y

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Acuerdos de Paz

atribuciones que garanticen la debida defensa y promoción de dichos intereses, incluyendo su potestad propositiva ante los organismos ejecutivo y legislativo; y

d) Garantizar el libre acceso de los indígenas en las distintas ramas de la función pública, promoviendo su nombramiento en puestos dentro de las administraciones locales, regionales y nacionales, cuyo trabajo concierne más directamente a sus intereses o cuya actividad se circunscribe a áreas predominantemente indígenas.

E. Derecho consuetudinario

1. La normatividad tradicional de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un elemento esencial para la regulación social de la vida de las comunidades y, por consiguiente, para el mantenimiento de su cohesión.

2. El Gobierno reconoce que tanto el descono-cimiento por parte de la legislación nacional de las normas consuetudinarias que regulan la vida comunitaria indígena como la falta de acceso que los indígenas tienen a los recursos del sistema jurídico nacional han dado lugar a negación de derechos, discriminación y marginación.

3. Para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, el Gobierno se compromete a promover ante el organismo legislativo, con la participación de las organi-zaciones indígenas, el desarrollo de normas legales que reconozcan a las comunidades indí-genas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias, siem-pre que éstas no sean incompatibles con los dere-chos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

4. En aquellos casos donde se requiera la intervención de los tribunales, y en particular en materia penal, las autoridades correspondientes deberán tener plenamente en cuenta las normas tradicionales que rigen en las comunidades. Para

ello, el Gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas: a) Proponer, con la participación de represen-

tantes de las organizaciones indígenas, disposiciones legales para incluir el peritaje cultural y desarrollar mecanismos que otor-guen atribuciones a las autoridades comu-nitarias para que señalen las costumbres que constituyen su normatividad interna; y

b) Impulsar, en coordinación con las univer-sidades de Guatemala, las asociaciones profe-sionales y las organizaciones indígenas, un programa permanente para jueces y agentes del Ministerio Público sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos indígenas, en especial en el reconocimiento de sus normas y mecanismos que regulan su vida comunitaria.

5. Para asegurar el acceso de los indígenas a los recursos del sistema jurídico nacional, el Gobierno se compromete a impulsar servicios de asesoría jurídica gratuita para personas de bajos recursos económicos y reitera su obligación de poner gratuitamente a disposición de las comunidades indígenas intérpretes judiciales, asegurando que se aplique rigurosamente el principio que nadie puede ser juzgado sin haber contado con el auxilio de interpretación en su idioma.

6. El Gobierno propiciará, en cooperación con las organizaciones indígenas, las universidades del país y las asociaciones profesionales correspondientes, el estudio sistemático y detenido de los valores y procedimientos de la normatividad tradicional.

F. Derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas

1. Los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas incluyen tanto la tenencia comunal o colectiva, como la individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades, sin

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perjuicio de su hábitat. Es necesario desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, titulación, protección, reivin-dicación, restitución y compensación de estos derechos.

2. La desprotección de los derechos relativos a la tierra y recursos naturales de los pueblos indígenas es parte de una problemática muy amplia que se debe entre otras razones a que los campesinos indígenas y no indígenas difícilmente han podido legalizar sus derechos mediante titu-lación y registro. Cuando excepcionalmente han podido legalizar sus derechos, no han tenido acce-so a los mecanismos legales para defenderlos. Al no ser exclusiva de la población indígena, aunque ésta ha sido especialmente afectada, esta problemática deberá abordarse al tratarse el tema “Aspectos socioeconómicos y situación agraria”, como parte de las consideraciones sobre reformas en la estructura de la tenencia de la tierra.

3. Sin embargo, la situación de particular desprotección y despojo de las tierras comunales o colectivas indígenas merece una atención especial en el marco del presente acuerdo. La Constitución de la República establece la obligación del Estado de dar protección especial a las tierras de cooperativas, comunales o colectivas; reconoce el derecho de las comunidades indígenas y otras a mantener el sistema de administración de las tierras que tengan y que históricamente les pertenecen; y contempla la obligación del Estado de proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.

4. Reconociendo la importancia especial que para las comunidades indígenas tiene su relación con la tierra, y para fortalecer el ejercicio de sus derechos colectivos sobre la tierra y sus recursos naturales, el Gobierno se compromete a adoptar directamente, cuando es de su competencia, y a promover cuando es de la competencia del organismo legislativo o de las autoridades municipales, las medidas abajo mencionadas, entre otras, que se aplicarán en consulta y coordinación con las comunidades indígenas concernidas.

Regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas

5. El Gobierno adoptará o promoverá medidas para regularizar la situación jurídica de la posesión comunal de tierras por las comunidades que carecen de títulos de propiedad, incluyendo la titulación de las tierras municipales o nacionales con clara tradición comunal. Para ello, en cada municipio se realizará un inventario de la situación de tenencia de la tierra.

Tenencia de la tierra y uso y administración de los recursos naturales

6. El Gobierno adoptará y promoverá las medidas siguientes: a) Reconocer y garantizar el derecho de acceso a

tierras y recursos que no estén exclusivamente ocupados por las comunidades, pero a las que éstas hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia (servidumbres, tales como paso, tala, acceso a manantiales, etc., y apro-vechamiento de recursos naturales), así como para sus actividades espirituales;

b) Reconocer y garantizar el derecho de las comunidades de participar en el uso, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras;

c) Obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa la realización de cualquier proyecto de explotación de recursos naturales que pueda afectar la subsistencia y el modo de vida de las comunidades. Las comunidades afectadas deberán percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades; y

d) Adoptar, en cooperación con las comunidades, las medidas necesarias para proteger y preservar el medio ambiente.

Restitución de tierras comunales y compensación de derechos

7. Reconociendo la situación de particular vul-nerabilidad de las comunidades indígenas,

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Acuerdos de Paz

que han sido históricamente las víctimas de despojo de tierras, el Gobierno se compromete a instituir procedimientos para solucionar las reivindicaciones de tierras comunales formuladas por las comunidades, y para restituir o compensar dichas tierras. En particular, el Gobierno adoptará o promoverá las siguientes medidas: a) Suspender las titulaciones supletorias para

propiedades sobre las cuales hay reclamos de derechos por las comunidades indígenas;

b) Suspender los plazos de prescripción para cualquier acción de despojo a las comunidades indígenas; y

c) Sin embargo, cuando los plazos de prescrip-ción hayan vencido anteriormente, establecer procedimientos para compensar a las comuni-dades despojadas con tierras que se adquieran para el efecto.

Adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas

8. El Gobierno tomará las medidas necesarias, sin afectar la pequeña propiedad campesina, para hacer efectivo el mandato constitucional de proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.

Protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas

9. Para facilitar la defensa de los derechos arriba mencionados y proteger las comunidades eficazmente, el Gobierno se compromete a adoptar o promover las siguientes medidas: a) El desarrollo de normas legales que reconoz-

can a las comunidades indígenas la adminis-tración de sus tierras de acuerdo con sus nor-mas consuetudinarias;

b) Promover el aumento del número de juzgados para atender los asuntos de tierras y agilizar procedimientos para la resolución de dichos asuntos;

c) Instar a las facultades de ciencias jurídicas y sociales al fortalecimiento del componente de derecho agrario en las currícula de estudio, incluyendo el conocimiento de las normas consuetudinarias en la materia;

d) Crear servicios competentes de asesoría jurí-dica para los reclamos de tierras;

e) Proveer gratuitamente el servicio de intérpre-tes a las comunidades indígenas en asuntos legales;

f) Promover la más amplia divulgación dentro de las comunidades indígenas de los derechos agrarios y los recursos legales disponibles; y

g) Eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto a facilitar el acceso a la tierra, a la vivienda, a créditos y a participar en los proyectos de desarrollo.

10. El Gobierno se compromete a dar a la ejecu-ción de los compromisos contenidos en este literal F la prioridad que amerita la situación de inseguridad y urgencia que caracteriza la problemática de la tierra de las comunidades indígenas. Para ello, el Gobierno establecerá, en consulta con los pueblos indígenas, una comisión paritaria sobre derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, para estudiar, diseñar y proponer los procedimientos y arreglos institucionales más adecuados. Dicha comisión será integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.

V. COMISIONES PARITARIAS Con respecto a la composición y el funcionamiento de la comisión de reforma educativa mencionada en el capítulo III, literal G, párrafo 5, la comisión de reforma y participación mencionada en el capítulo IV, literal D, párrafo 4, y la comisión sobre derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, mencionada en el capítulo IV, literal F, párrafo 10, las partes acuerdan lo siguiente: a) Las comisiones estarán integradas por igual

número de representantes del Gobierno y de representantes de las organizaciones indígenas;

b) El número de miembros de las comisiones se fijará en consultas entre el Gobierno y los sectores mayas miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil;

c) Los sectores mayas miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil convocarán a las organi-

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zaciones mayas, garífunas y xincas interesadas a participar en dichas comisiones para que designen los representantes indígenas en las comisiones;

d) Las comisiones adoptarán sus conclusiones por consenso;

e) Las comisiones determinarán su funciona-miento con base en los mandatos definidos en el presente acuerdo; y

f) Las comisiones podrán solicitar la asesoría y cooperación de organismos nacionales e internacionales pertinentes para el cum-plimiento de sus mandatos.

VI. RECURSOS Teniendo en cuenta la importancia de las medidas contenidas en el presente acuerdo, el Gobierno se compromete a hacer todos los esfuerzos necesarios para movilizar los recur-sos indispensables para la ejecución de sus compromisos en dicho acuerdo. Además del Gobierno, amplios sectores de la comunidad nacional pueden tener un papel activo en promover el respeto de la identidad de los pueblos indígenas y el pleno ejercicio de sus derechos. Se insta a dichos sectores a que contribuyan con los recursos a su alcance al cumplimiento del presente acuerdo en los ámbitos que les corresponden. La cooperación internacional es indispensable para complementar los esfuerzos nacionales con recursos técnicos y financieros, en particular en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-2004).

VII. DISPOSICIONES FINALES 1. De conformidad con el Acuerdo Marco, se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas verifique el cumplimiento del presente acuerdo, sugiriéndole que, en el diseño del mecanismo de verificación, tenga en cuenta las opiniones de las organizaciones indígenas.

2. Los aspectos de este acuerdo que correspondan a los derechos humanos que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, incluidos los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre la materia de los que Guatemala es parte, tienen vigencia y aplicación inmediatas. Se solicita su verificación por la Misión de verificación de los derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala (MINUGUA).

3. El presente acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y, salvo lo acordado en la disposición anterior, entrará en vigencia en el momento de la firma de este último.

4. Se dará la más amplia divulgación del presente acuerdo, tanto en español como en los principales idiomas indígenas, para lo cual se solicitará la cooperación financiera internacional.

Nota: Los planteamientos contenidos en el documento de consenso de la Asamblea de la Sociedad Civil sobre el presente tema que corresponden más directamente a puntos pen-dientes del temario de la negociación serán dis-cutidos en su oportunidad.

México, D.F. a 31 de marzo de 1995



Mario Permuth Rubén Amilcar Burgos Solís

General de Brigada Carlos Enrique Pineda Carranza

General de Brigada Julio Arnoldo Balconi Turcios

General de Brigada José Horacio Soto Salán Manuel Salazar Tetzagüic

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Acuerdos de Paz


Comandancia General

Comandante Gaspar Ilom Comandante Pablo Monsanto Comandante Rolando Morán

Carlos Gonzáles


Luis Felipe Becker Guzmán Francisco Villagran Muñoz


Asesores Mario Vinicio Castañeda

Miguel Ángel Reyes


Gilberto Bueno Schlittler-Silva Director de la Unidad de Guatemala


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Considerando

Que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioecónomico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población,

Que ello es necesario para superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, desigualdad y mar-ginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país, y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad,

Que el desarrollo socioeconómico requiere de justicia social, como uno de los cimientos de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para responder a las demandas sociales de la población,

Que en el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica y que favorezca la resolución de conflictos,

Que tanto para el aprovechamiento de las potencialidades productivas de la sociedad guatemalteca como para el logro de una mayor justicia social, es fundamental la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades, y en particular en la definición de las políticas públicas que les conciernen,

Que el Estado debe democratizarse para ampliar estas posibilidades de participación y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios y como promotor

de la concertación social y de la resolución de conflictos,

Que el presente Acuerdo busca crear o fortalecer los mecanismos y las condiciones que garanticen una participación efectiva de la población y recoge los objetivos prioritarios de la acción gubernamental para sentar las bases de este desarrollo participativo,

Que la aplicación del presente Acuerdo debe propiciar que todas las fuerzas sociales y políticas del país enfrenten en forma solidaria y responsable las tareas inmediatas de la lucha contra la pobreza, la discriminación y los privilegios, construyendo así una Guatemala unida, próspera y justa que permita una vida digna para el conjunto de su población,

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:

I. DEMOCRATIZACIÓN Y DESARROLLO PARTICIPATIVO

A. Participación y concertación social

1. Para profundizar una democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico y social debe ser democrático y participativo y abarcar: a) la concertación y el diálogo entre los agentes

del desarrollo socioeconómico, b) la concertación entre estos agentes y las instan-

cias del Estado en la formulación y aplicación de las estrategias y acciones de desarrollo, y

c) la participación efectiva de los ciudadanos en la identificación, priorización y solución de sus necesidades.

ACUERDO SOBRE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y SITUACIÓN AGRARIA

México, D.F., 6 de mayo de 1996

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2. La ampliación de la participación social es un baluarte contra la corrupción, los privilegios, las distorsiones del desarrollo y el abuso del poder económico y político en detrimiento de la sociedad. Por lo tanto, es un instrumento para erradicar la polarización económica, social y política de la sociedad.

3. Además de constituir un factor de democra-tización, la participación ciudadana en el desarro-llo económico y social es indispensable para el fomento de la productividad y del crecimiento eco-nómico, para una mayor equidad en la distribución de la riqueza y para la calificación del potencial humano. Permite asegurar la transparencia de las políticas públicas, su orientación hacia el bien común y no intereses particulares, la protección efectiva de los intereses de los más vulnerables, la eficiencia en la prestación de los servicios y, por ende, el desarrollo integral de la persona.

4. En este espíritu, y en congruencia con los acuerdos ya firmados sobre reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado e identidad y derechos de los pueblos indígenas, las Partes coinciden en la importancia de crear o fortalecer mecanismos que permitan que los ciudadanos y los distintos grupos sociales ejerzan efectivamente sus derechos y participen plenamente en la toma de decisiones sobre los diversos asuntos y actos que les afecten o interesen, con plena conciencia y cumpliendo responsablemente con las obligaciones sociales en lo personal y colectivamente.

5. Fortalecer la participación social requiere ofrecer mayores oportunidades a la población organizada en la toma de decisiones socioeconómicas. Esto supone admitir y propiciar todas las formas de organización de la población en las que tengan expresión los diferentes intereses. Requiere, en particular, garantizar plena y efectivamente los derechos de los trabajadores urbanos y rurales y de los campesinos a participar como entes organizados en los procesos de concertación con el sector empresarial o a nivel nacional. Para estos fines, es necesaria la emisión de

disposiciones legales y administrativas ágiles para el otorgamiento de la personalidad jurídica u otra forma de reconocimiento legal a las organizaciones que lo soliciten.

6. Esto supone además de un importante esfuerzo para promover una cultura de la concertación y la capacitación de las organizaciones empresariales, laborales y otras para que aumente su capacidad propositiva y negociadora y puedan asumir efectivamente los derechos y las obligaciones inherentes a la participación democrática.

Concertación

7. La concertación social a los niveles nacional, departamental, comunal y de unidades productivas rurales y urbanas es esencial para estimular y estabilizar la dinámica económica y social. Las estructuras del Estado deben adaptarse para llevar a cabo este papel de concertación y conciliación de intereses, a fin de poder operar con eficacia y eficiencia en pro de la modernización productiva y de la competitividad, de la promoción del crecimiento económico y de la eficiente prestación universal de servicios sociales básicos.

Participación a nivel local

8. Teniendo en cuenta que los habitantes de un departamento o municipio, empresarios, traba-jadores, cooperativistas o autoridades represen-tativas de las comunidades, pueden definir mejor las medidas que los benefician o los afectan, se debe adoptar un conjunto de instrumentos que institucionalicen la descentralización de la deci-sión socioeconómica, con transferencia real de recursos económicos gubernamentales y de capa-cidad para discutir y decidir localmente la asig-nación de los recursos, la forma de ejecutar los proyectos, las prioridades y las características de los programas o de las acciones gubernamentales. De esta forma, los órganos gubernamentales podrán basar sus acciones en las propuestas que emanen de la conciliación de intereses entre las diferentes expresiones de la sociedad.

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Acuerdos de Paz

9. Mediante el presente acuerdo, el Gobierno se compromete a tomar un conjunto de medidas encaminadas a incrementar la participación de la población en los distintos aspectos de la gestión pública, incluyendo las políticas de desarrollo social y rural. Este conjunto de reformas debe permitir sustituir estructuras que generan conflictividad social por nuevas relaciones que aseguren la consolidación de la paz, como expresión de la armonía en la convivencia, y el fortalecimiento de la democracia, como proceso dinámico y perfectible, en el que se pueda constatar un avance en la participación de los distintos grupos sociales en la definición de las opciones políticas, sociales y económicas del país.

10. Para fortalecer las capacidades de participación de la población y al mismo tiempo la capacidad de gestión del Estado, el Gobierno se compromete a:

Comunidades a) Promover una reforma al Código Municipal

para que los alcaldes auxiliares sean nombrados por el alcalde municipal, tomando en cuenta las propuestas de los vecinos en cabildo abierto;

Municipios b) Propiciar la participación social en el marco

de la autonomía municipal, profundizando el proceso de descentralización hacia los gobiernos municipales, con el consiguiente reforzamiento de sus recursos técnicos, administrativos y financieros;

c) Establecer y ejecutar a breve plazo, en concertación con la Asociación Nacional de Municipalidades, un programa de capacitación municipal que sirva de marco para los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional en la materia. Dicho programa enfatizará la formación de un personal municipal especializado en la ejecución de las nuevas tareas que correspondan al municipio como resultado del proceso de descentralización, con énfasis en las tareas de ordenamiento territorial, catastro, plani-ficación municipal, administración finan-ciera, gestión de proyectos y capacitación de

las organizaciones locales para que puedan participar efectivamente en la resolución de sus necesidades;

Departamentos d) Promover ante el Congreso una reforma de

la ley de Gobierno de los Departamentos de la República, a fin de que el gobernador departamental sea nombrado por el Presidente de la República tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no gubernamentales de los consejos departamentales de desarrollo;

Regiones e) Regionalizar los servicios de salud, de educación

y de cultura de los pueblos indígenas y asegurar la plena participación de las organizaciones indígenas en el diseño e implementación de este proceso;

Sistema de consejos de desarrollo urbano y rural f) Teniendo en cuenta el papel fundamental de

los consejos de desarrollo urbano y rural para asegurar, promover y garantizar la participación de la población en la identificación de las prioridades locales, la definición de los proyectos y programas públicos y la integración de la política nacional de desarrollo urbano y rural, tomar las siguientes medidas: i) Restablecer los consejos locales de

desarrollo; ii) Promover una reforma de la Ley de Consejos

de Desarrollo Urbano y Rural para ampliar el espectro de sectores participantes en los Consejos Departamentales y Regionales de Desarrollo;

iii) Asegurar el debido financiamiento del sistema de consejos.

B. Participación de la mujer en el desarrollo económico y social

11. La participación activa de las mujeres es imprescindible para el desarrollo económico y social de Guatemala y es obligación del Estado promover la eliminación de toda forma de discriminación contra ellas.

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12. Reconociendo la contribución, insuficien-temente valorada, de las mujeres en todas las esferas de la actividad económica y social, parti-cularmente su trabajo en favor del mejoramien-to de la comunidad, las Partes coinciden en la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo económico y social, sobre bases de igualdad.

13. Con este fin, el Gobierno se compromete a tomar en cuenta la situación económica y social específica de las mujeres en las estrategias, planes y programas de desarrollo, y a formar el personal del servicio civil en el análisis y la planificación basados en este enfoque. Esto incluye: a) Reconocer la igualdad de derechos de la

mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, en la producción y en la vida social y política y asegurarle las mismas posibilidades que al hombre, en particular para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras y otros recursos productivos y tecnológicos;

Educación y capacitación b) Garantizar que la mujer tenga igualdad de

oportunidades y condiciones de estudio y capacitación, y que la educación contribuya a desterrar cualquier forma de discriminación en contra suya en los contenidos educativos;

Vivienda c) Garantizar a las mujeres el acceso, en igualdad

de condiciones, a vivienda propia, eliminando las trabas e impedimentos que afectan a las mujeres en relación al alquiler, al crédito y a la construcción;

Salud d) Implementar programas nacionales de salud

integral para la mujer, lo cual implica el acceso a servicios apropiados de información, prevención y atención medica;

Trabajo e) Garantizar el derecho de las mujeres al trabajo, lo que requiere:

i) Impulsar por diferentes medios la capacita-ción laboral de las mujeres;

ii) Revisar la legislación laboral, garantizando la igualdad de derechos y de oportunidades para hombre y mujeres;

iii) En el área rural, reconocer a las mujeres como trabajadoras agrícolas para efectos de valoración y remuneración de su trabajo;

iv) Legislar para la defensa de los derechos de la mujer trabajadora de casa particular, especialmente en relación con salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones sociales, y respeto a su dignidad;

Organización y participación f) Garantizar el derecho de organización de las

mujeres y su participación, en igualdad de condiciones con el hombre, en los niveles de decisión y poder de las instancias local, regional y nacional;

g) Promover la participación de las mujeres en la gestión gubernamental, especialmente en la formulación, ejecución y control de los planes y políticas gubernamentales;

Legislación h) Revisar la legislación nacional y sus regla-

mentaciones a fin de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en la parti-cipación económica, social, cultural y política, y dar efectividad a los compromisos guber-namentales derivados de la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

II. DESARROLLO SOCIAL

14. Corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social. En la bús-queda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, tales como el desempleo y el empobrecimiento, y que, al contrario, se maximicen los beneficios del crecimiento económico para todos los Guatemaltecos. En la búsqueda del bienestar de

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Acuerdos de Paz

todos los guatemaltecos, la política social debe propiciar el desarrollo económico, mediante su impacto en la producción y la eficiencia.

15. El crecimiento económico acelerado del país es necesario para la generación de empleos y su desarrollo social. El desarrollo social del país es, a su vez, indispensable para su crecimiento económico y una mejor inserción en la economía mundial. Al respecto, la elevación del nivel de vida, la salud de sus habitantes y la educación y capacitación constituyen las premisas para acceder al desarrollo sustentable en Guatemala.

Responsabilidades del Estado

16. El Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las iniquidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como mediante la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Asimismo, el Estado tiene obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación alguna, de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. La superación de los desequilibrios sociales históricos que ha vivido Guatemala y la consolidación de la paz requieren de una política decidida por parte del Estado y del conjunto de la sociedad.

Inversiones productivas

17. El desarrollo socioeconómico del país no puede depender exclusivamente de las finanzas públicas ni de la cooperación internacional. Reclama del incremento de inversiones productivas generadoras de empleos debidamente remunerados. Las partes exhortan a los empresarios nacionales y extranjeros a que inviertan en el país, considerando que la suscripción de un acuerdo de paz firme y duradera y su puesta en práctica son componentes esenciales de la estabilidad y transparencia que requieren la inversión y la expansión económica.

Producto interno bruto

18. Por su parte, el Gobierno se compromete a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto a una tasa no menor del 6% anual, que permita una política social avanzada. Se compromete, al mismo tiempo, a una política social cuyo objetivo sea el bienestar de todos los guatemaltecos, con prioridad en la salud, la nutrición, la educación y capacitación, la vivienda, el saneamiento ambiental y el acceso al empleo productivo e ingresos dignos.

Papel rector del Estado

19. Para cumplir con este objetivo y el papel rector del Estado en la política social, el Gobierno se compromete a: a) Aplicar y desarrollar el marco normativo

para garantizar la concreción de los derechos sociales y para la prestación de los servicios sociales por medio de entidades públicas y, cuando sea necesario, por entidades mixtas o privadas; asimismo deberá supervisar su cabal cumplimiento;

b) Fomentar y garantizar la participación, de acuerdo al marco normativo, de todos los sectores sociales y económicos que puedan cooperar en el desarrollo social, y en particular en el acceso integral a los servicios básicos;

c) Asegurar una prestación eficiente de servicios por el sector público, teniendo en cuenta que la obligación del Estado es asegurar el acceso de la población a servicios de calidad.

20. Para responder a las demandas urgentes de la población, el Gobierno se compromete a: a) Aumentar de manera significativa la inversión

social, en particular en salud, educación y trabajo;

b) Reestructurar el presupuesto en beneficio del gasto social;

c) Priorizar los sectores de la sociedad más necesitados y las áreas del pais más despro-vistas, sin desatender a los otros sectores de la sociedad;

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d) Mejorar la administración de los recursos e inversiones públicos, mediante su descen-tralización, desconcentración y desburocra-tización, reformando los mecanismos de ejecución presupuestaria asegurando su auto-nomía en las decisiones y el manejo finan-ciero a fin de garantizar su eficiencia y trans-parencia, y fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y auditoría.

A. Educación y capacitación

21. La educación y la capacitación cumplen papeles fundamentales para el desarrollo económico, cultural, social y político del país. Son esenciales para una estrategia de equidad y unidad nacional; y son determinantes en la modernización económica y en la competitividad internacional. Por ello, es necesaria la reforma del sistema educativo y su administración, así como la aplicación de una política estatal coherente y enérgica en materia educativa, de manera que se alcancen los siguientes objetivos:a) Afirmar y difundir los valores morales y

culturales, los conceptos y comportamientos que constituyen la base de una convivencia democrática respetuosa de los derechos humanos, de la diversidad cultural de Guatemala, del trabajo creador de su población y de la protección del medio ambiente, asi como de los valores y mecanismos de la participación y concertación ciudadana social y política, lo cual constituye la base de una cultura de la paz;

b) Evitar la perpetuación de la pobreza y de las discriminaciones sociales, étnicas, hacia la mujer y geográficas, en particular las debidas a la brecha campo-ciudad.

c) Contribuir a la incorporación del progreso técnico y científico, y, por consiguiente, al logro de crecientes niveles de productividad, de una mayor generación de empleo y de mejores ingresos para la población, y a una provechosa inserción en la economía mundial.

22. En atención a las necesidades en materia de educación, el Gobierno se compromete a:

Gasto educativo a) Aumentar significativamente los recursos

destinados a la educación. Como mínimo el Gobierno se propone incrementar, para el año 2000, el gasto público ejecutado en educación en relación al producto interno bruto en 50% respecto al gasto ejecutado en 1995. Estas metas se revisarán al alza en función de la evolución de la situación fiscal;

Adecuación de los contenidos educativos b) Adecuar los contenidos educativos a los

objetivos enunciados en el numeral 21. Esta adecuación recogerá los resultados de la Comisión de Reforma Educativa establecida en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas;

Cobertura c) Ampliar urgentemente la cobertura de los

servicios de educación en todos los niveles, y específicamente la oferta de educación bilingue en el medio rural, mediante: i) La incorporación de la población de edad

escolar al sistema educativo, procurando que completen los ciclos de preprimaria y primaria y el primer ciclo de educación secundaria; en particular, el Gobierno se compromete a facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años de edad, a por lo menos tres años de escolaridad, antes del año 2000;

ii) Programas de alfabetización en todos los idiomas que sean técnicamente posibles, con la participación de las organizaciones indígenas capacitadas para este objetivo; el Gobierno se compromete a ampliar el porcentaje de alfabetismo a un 70% para el año 2000;

iii) Programas de educación, capacitación y tecnificación de adultos.

Capacitación para el trabajo d) Desarrollar, con metodologías adecuadas y

eficientes, programas de capacitación en las comunidades y empresas para la reconversión y actualización técnica de los trabajadores, con énfasis en pobladores de áreas marginadas y

111

Acuerdos de Paz

de las comunidades rurales, con el apoyo de los sectores que puedan cooperar con este empeño;

Capacitación para la participación social e) Capacitar a las organizaciones sociales a nivel

municipal, regional y nacional para la par-ticipación en el desarrollo socioeconómico, incluyendo lo relativo a la gestión pública, a la responsabilidad tributaria y a la concer-tación;

Programa de educación cívica f) Elaborar y ejecutar un programa de educación

cívica nacional para la democracia y la paz que promueva la defensa de los derechos humanos, la renovación de la cultura política y la solución pacífica de los conflictos. En este programa se solicitará la participación de los medios de comunicación social;

Interacción comunidad-escuela y participación comunitaria g) Para favorecer la incorporación de los niños al

sistema educativo y su retención, hacer efectiva la participación de las comunidades y de los padres de familia en los distintos aspectos del servicio de educación y capacitación (con-tenidos educativos, nombramiento de los maestros, calendario escolar, entre otros);

Apoyo financiero h) Desarrollar programas de becas, bolsas de

estudio, apoyos económicos y otro tipo de incentivos que posibiliten la continuidad en la formación educativa de estudiantes necesitados;

Capacitación de administradores educativos i) Desarrollar programas de capacitación per-

manente para maestros y administradores educativos;

Comisión consultiva j) Para la elaboración y realización de la reforma

de la educación a cargo del Ministerio de Educación, se integrará una comisión consultiva adscrita al Ministerio, integrada

por participantes en el proceso educativo, incluyendo a una representación de la Co-misión de Reforma Educativa prevista por el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Educación superior e investigación k) La educación superior del Estado, cuya direc-

ción, organización y desarrollo le corresponde con exclusividad a la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un factor clave pa-ra alcanzar el crecimiento económico, la equidad social, la difusión de la cultura y el incremento del acervo tecnológico de la nación. El Gobierno de la República se compromete a entregar puntualmente a la Universidad de San Carlos la asignación pri-vativa que por mandato constitucional le corresponde. Respetuosos de la autonomía de la Universidad de San Carlos, las Partes exhortan a las autoridades de la máxima casa de estudios para que favorezcan todas las iniciativas que incrementen su aporte al desarrollo del país y consoliden la paz. El Gobierno se compromete a corresponder y atender esos aportes y esas iniciativas. Parti-cularmente se valora el desarrollo de sus centros regionales y de sus programas de ejer-cicio profesional supervisado, con énfasis en las áreas de mayor pobreza. De la misma forma, exhortan a los sectores empresariales a que dediquen crecientes esfuerzos a la investigación tecnológica aplicada y a la formación de recursos humanos, estrechando sus vínculos de intercambio con la Universidad de San Carlos.

Promotoras y promotores de educación l) En cumplimiento del Acuerdo de Reasenta-

miento de las Poblaciones Desaraigadas por el Enfrentamiento Armado y del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, deberá incorporarse a las promotoras y promotores de educación de las comunidades al sistema nacional de educación, y respetarse los contenidos educativos propios de las comunidades indígenas y de las poblaciones desarraigadas.

112


B. Salud

23. Las Partes coinciden en la necesidad de impulsar una reforma del sector nacional de salud. Dicha reforma debe ser orientada hacia el efectivo ejercicio por la población del derecho fundamental a la salud, sin discriminación alguna, y el efectivo desempeño por el Estado, dotado de los recursos necesarios, de su obligación sobre salud y asistencia social. Entre los lineamientos de dicha reforma están los siguientes:

Concepción a) Basarse en una concepción integral de la

salud (prevención, promoción, recuperación y rehabilitación), una práctica humanista y solidaria que enfatice el espíritu de servicio, aplicado a todos los niveles del sector público de salud del país;

Sistema nacional coordinado de salud b) Es atribución del Ministerio de Salud la

formulación de políticas que permitan el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud. Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, concertar con instituciones públicas, incluyendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, privadas y no gubernamentales que intervienen en este sector, la puesta en práctica de las acciones que permitan universalizar el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud;

Población de bajos recursos c) Crear las condiciones para garantizar el

acceso efectivo a servicios de salud de calidad a la poblacion de bajos recursos. El Gobierno se compromete a aumentar los recursos destinados a la salud. Como mínimo, el Gobierno se propone que el gasto público ejecutado en salud en relación al producto interno bruto, para el año 2000, sea incrementado en 50% respeto del gasto ejecutado en 1995. Esta meta será revisada al alza en función de la evolución de la situación fiscal;

Prioridades de atención d) Dar prioridad a la lucha contra la desnu-

trición, al saneamiento ambiental, la salud preventiva, las soluciones de atención prima-ria, especialmente la maternoinfantil. El Gobierno se compromete a presupuestar por lo menos 50% del gasto público en salud a la atención preventiva, y se compromete a reducir la mortalidad infantil y materna, antes del año 2000, a un 50% del índice observado en 1995. Asimismo, el Gobierno se compromete a mantener la certificación de erradicación de la poliomielitis y alcanzar la del sarampión para el año 2000;

Medicamentos, equipos e insumos e) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia

Social revisará las normas y prácticas vigentes en materia de producción y comercialización de medicamentos, equipos e insumos, y promoverá las medidas que aseguren el abastecimiento, abaratamiento y calidad de los mismos. Para el caso de los medicamentos básicos o genéricos de mayor demanda en el sector público, se estudiarán y aplicarán modalidades de compra que aseguren transparencia en la negociación comercial, calidad y bajo precio de los medicamentos para garantizar la prestación eficiente de servicios;

Medicina indígena y tradicional f) Valorandose la importancia de la medicina

indígena y tradicional, se promoverá su estudio y se rescatarán sus concepciones, métodos y prácticas;

Participación social g) Fomentar la participación activa de las

municipalidades, las comunidades y las organizaciones sociales (de mujeres, indígenas, sindicales, cívicas, humanitarias, entre otras) en la planificación, ejecución y fiscalización de la administración de los servicios y programas de salud, entre otros, a través de los sistemas locales de salud y los consejos de desarrollo urbano y rural;

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Acuerdos de Paz

Descentralización y desconcentración administrativa h) La organización descentralizada de los dis-

tintos niveles de atención debe asegurar la existencia de programas y servicios de salud a nivel comunal, regional y nacional, base del sistema nacional coordinado de salud.

C. Seguridad social

24. La seguridad social constituye un mecanismo de solidaridad humana con el cual se contribuye al bienestar social y se sientan las bases para la estabilidad, el desarrollo económico, la unidad nacional y la paz. De acuerdo a la Constitución Política de la República, la aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma. Las Partes consideran que deben tomarse medidas correspondientes a efecto de ampliar su cobertura, mejorar sus prestaciones y la amplitud de sus servicios con calidad y eficiencia. Para ello, hay que considerar: a) Garantizar una gestión administrativa plena-

mente autónoma del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en aplicación del prin-cipio constitucional de coordinación con las instituciones de salud, en el marco del sistema nacional coordinado de salud;

b) De acuerdo con el convenio de OIT ratificado por Guatemala, la seguridad social debe comprender programas de asistencia médica y prestaciones relacionadas con enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivencia, accidentes de trabajo, enfermedades profe-sionales, empleo y familiares;

c) Fortalecer y garantizar la aplicación de los principios de eficiencia, universalidad, unidad y obligatoriedad, en el funcionamiento del Instituto;

d) Fortalecer la solvencia financiera del Instituto mediante un sistema de control tripartito de contribuciones;

e) Promover nuevas formas de gestión del Instituto con la participación de sus sectores constitutivos;

f) Hacer efectiva la inserción del Instituto en el sistema coordinado de salud;

g) Crear condiciones que faciliten la incorpora-ción plena de todos los trabajadores a la seguridad social.

D. Vivienda

25. Se reconoce la necesidad de llevar a cabo, de acuerdo con el mandato constitucional, una política de fomento con prioridad en la construcción de vivienda popular mediante sistemas de financiamiento adecuados, a efecto de que el mayor número de familias guatemaltecas la disfrute en propiedad. Para ello, el Gobierno se compromete a:

Planificación a) Llevar a cabo una estrecha articulación con

políticas de ordenamiento territorial, en particular planificación urbana y protección ambiental, que permita el acceso de los pobres a la vivienda con servicios y en condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental;

Normas b) Actualizar las normas de salubridad y seguridad aplicables a la construcción y supervisar su cumplimiento; coordinar con las municipalidades del país para que existan normas homogéneas, claras y sencillas para la construcción y supervisión, persiguiendo la buena calidad y adecuada seguridad de la vivienda;

Oferta c) Promover una política de incremento de la

oferta de vivienda en el país que contribuya al mejoramiento del acceso a soluciones habitacionales en propiedad o en alquiler a los sectores de menores recursos de la población;

d) Incentivar la oferta de servicios, soluciones habitacionales y material de construcción de calidad y costo adecuados; en este contexto, aplicar normas antimonopolio en la producción y comercialización de materiales y servicios de construcción de conformidad con el artículo 130 de la Constitución;

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Financiamiento y facilidades e) Poner en práctica acciones de política monetaria

que permitan reducir significativamente el costo del crédito;

f) Promover y facilitar el mercado de valores para la adquisición de vivienda, incluyendo la hipoteca de primero y segundo grados, facilitar la compraventa de títulos-valores emitidos con motivo de las operaciones de vivienda, incluyendo acciones comunes y preferenciales de empresas inmobiliarias, bonos y cédulas hipotecarias, certificados de participación inmobiliaria, letras complementarias, pagarés y otros documentos relacionados con el arren-damiento con promesa de venta;

g) Diseñar y aplicar un mecanismo de subsidio directo a la demanda de vivienda popular, en beneficio de los más necesitados. Para ello, fortalecer el Fondo Guatemalteco para la Vivienda a fin de que mejore su capacidad de otorgar recursos financieros para la población pobre y en extrema pobreza;

Participación h) Estimular la creación y fortalecimiento de

sistemas de participación comunitaria, tales como cooperativas y empresas autogestionarias y familiares, que aseguren la incorporación de los beneficiarios en la ejecución de los planes y construcción de viviendas y servicios;

Regularización i) Promover la legalización, acceso y registro

de terrenos, no solamente alrededor de la ciudad de Guatemala, sino también para el desarrollo urbano en las cabeceras y municipios del país, así como la ejecución de proyectos habitacionales en aldeas y fincas, especialmente para vivienda rural;

Compromiso nacional j) En vista de la magnitud y urgencia del proble-

ma habitacional, se deben movilizar los esfuer-zos nacionales al respecto. El Gobierno se compromete a dedicar a la política de fomento de la vivienda el equivalente de no menos del 1.5% del presupuesto de ingresos tributarios, a partir de 1997, con prioridad al subsidio de

la demanda de soluciones habitacionales de tipo popular.

E. Trabajo

26. El trabajo es fundamental para el desarrollo integral de la persona, el bienestar familiar y el desarrollo socioeconómico del pais. Las relaciones laborales son un elemento esencial de la participación social en el desarrollo socioeconómico y de la eficiencia económica. En este sentido, la política del Estado en materia de trabajo es determinante para una estrategia de crecimiento con justicia social. Para llevar a cabo dicha política, el Gobierno se compromete a:

Política económica a) Mediante una política económica orientada

a incrementar la utilización de mano de obra, crear las condiciones que permitan al-canzar niveles crecientes y sostenidos de ocu-pación, reduciendo fundamentalmente el subempleo estructural y permitiendo elevar progresivamente el ingreso real de los tra-bajadores;

b) Propiciar medidas concertadas con los distin-tos sectores sociales, tendientes a incrementar la inversión y la productividad, en el marco de una estrategia general de crecimiento con estabilidad y equidad social;

Legislación laboral tutelar c) Promover, en el curso del año 1996, los cambios

legales y reglamentarios que hagan efectivas las leyes laborales y sancionar severamente sus infracciones, incluyendo aquellas referentes al salario mínimo, el no pago, retención y retraso de salarios, las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y el ambiente en que deba prestarse;

d) Desconcentrar e incrementar los servicios de inspección laboral que fortalezcan la capa-cidad de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales de derecho interno y las derivadas de los convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, prestando particular atención a la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales de

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Acuerdos de Paz

mujeres, trabajadores agrícolas, migrantes y temporales, trabajadores de casa particular, menores de edad, ancianos, discapacitados, y demás trabajadores que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección;

Capacitación laboral e) Instaurar un proceso permanente y moderno

de capacitación y formación profesional que garantice la formación a todo nivel y el correspondiente incremento de la pro-ductividad, a través de un proyecto de ley que norme la formación profesional a nivel nacional;

f) Promover que los programas de capacitación y formación profesional a nivel nacional atiendan a por lo menos 200,000 trabajadores antes del año 2000, con énfasis a quienes se incorporan a la actividad económica y de quienes requieren de adiestramento especial para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral;

Ministerio de Trabajog) Fortalecer y modernizar el Ministerio de

Trabajo y Previsión Social garantizando su papel rector en las políticas gubernamentales relacionadas con el sector del trabajo y su eficaz desempeño en la promoción del empleo y de la concertación laboral. Para el efecto, le corresponde:

Participación, concertación y negociación i) Promover la reorientación de las relaciones

laborales en las empresas impulsando la cooperación y la concertación traba-jadores-empleadores que procuren el desarrollo de la empresa para beneficio común, inclusive la posible participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas empleadoras de los mismos;

ii) Agilizar los procedimientos para el reco-nocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones laborales;

iii) Para el caso de trabajadores agrícolas aún sujetos a contratación mediante contra-tistas, se propondrán reformas tendientes

al reconocimiento jurídico, ágil y flexible de formas asociativas que permiten negociar dicha contratación; y

iv) Promover una cultura de la negociación y, en particular, la capacitación de los interlocutores para dirimir disputas y concertar acciones en beneficio de las partes involucradas.

III. SITUACIÓN AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

27. La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales. La transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad.

28. Dentro de la problemática del desarrollo rural, la tierra tiene un carácter central. Desde la conquista hasta nuestros días, los acontecimientos históricos, a menudo trágicos, han dejado secuelas profundas en las relaciones étnicas, sociales y económicas alrededor de la propiedad y de la explotación del recurso tierra. Han llevado a una situación de concentración de recursos que contrasta con la pobreza de la mayoría, lo cual obstaculiza el desarrollo del país en su conjunto. Es indispensable subsanar y superar este legado, promover un agro más eficiente y más equitativo, fortaleciendo el potencial de todos sus actores, no solamente en el ámbito de las capacidades productivas sino también en la profundización de las culturas y los sistemas de valores que conviven e intercambian en el campo guatemalteco.

29. Estos cambios permitirán que el país aproveche efectivamente las capacidades de sus habitantes, y, en particular, la riqueza de las

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tradiciones y culturas de sus pueblos indígenas. Que aproveche asimismo el alto potencial de desarrollo rural que debe a su riqueza en recursos naturales (agrícolas, forestales, biogenéticos e hídricos), y al potencial économico de la explotación agrícola, industrial, comercial y turística de dichos recursos naturales.

30. La resolución de la situación agraria es un proceso complejo que abarca múltiples aspectos de la vida rural, desde la modernización de las modalidades de producción y de cultivo, hasta la protección del ambiente, pasando por la seguridad de la propiedad, la adecuada utilización de la tierra y del trabajo, la protección laboral y una distribución más equitativa de los recursos y beneficios del desarrollo. Se trata también de un proceso social cuyo éxito no reposa sólo sobre el Estado sino también sobre una convergencia de esfuerzos por parte de los sectores organizados de la sociedad, conscientes que el bien común requiere romper con los esquemas y prejuicios del pasado y buscar formas nuevas y democráticas de convivencia.

31. Corresponde al Estado un papel fundamental y urgente en este proceso. Como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios, como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos, es esencial que el Estado aumente y reoriente sus esfuerzos y sus recursos hacia el campo, e impulse en forma sostenida una modernización agraria en la dirección de una mayor justicia y de una mayor eficiencia.

32. Los acuerdos ya firmados sobre derechos humanos, sobre reasentamiento de las poblacio-nes desarraigadas por el enfrentamiento arma-do y sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas contienen compromisos que cons-tituyen elementos indispensables de una estra-tegia global en favor del desarrollo rural. Es en congruencia con estas disposiciones que el Gobierno se compromete, mediante el presente Acuerdo, a impulsar una estrategia integral que abarque los múltiples elementos que conforman la estructura agraria y que incluyen la tenencia

de la tierra y el uso de los recursos naturales; los sistemas y mecanismos de crédito; el proce-samiento y la comercialización; la legislación agraria y la seguridad jurídica; las relaciones laborales; la asistencia técnica y la capacitación; la sostenibilidad de los recursos naturales y la organización de la población rural. Dicha estrategia incluye los siguientes elementos:

A. Participación

33. Movilizar las capacidades propositivas y constructivas de todos los actores involucrados en el agro, ya se trate de las organizaciones de los pueblos indígenas, de asociaciones de pro-ductores, de los empresarios, de los sindicatos de trabajadores rurales, de las organizaciones campesinas y de mujeres o de las universidades y centros de investigación del país. Para ello, además de lo dispuesto en otros capítulos del presente Acuerdo, el Gobierno se compromete a: a) Fortalecer la capacidad de las organizaciones

rurales, tales como Empresas Campesinas Asociativas, cooperativas, asociaciones campesinas, empresas mixtas y empresas autogestionarias y familiares, de participar plenamente en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les conciernen y crear o reforzar las instituciones del Estado, especialmente las del sector público agrícola, activas en el desarrollo rural a fin de que propicien esta participación, promoviendo en particular el pleno acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Ello fortalecerá la eficiencia de la acción estatal y su congruencia con las necesidades de las áreas rurales. Se promoverá, en particular, la participación en los consejos de desarrollo como instrumento de elaboración participativa de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial;

b) Fortalecer y ampliar la participación de organizaciones campesinas, mujeres del campo, organizaciones indígenas, cooperativas, gremiales de productores y organizaciones no gubernamentales, en el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, como el principal mecanismo de consulta, coordinación y

117

Acuerdos de Paz

participación social en la toma de decisiones para el desarrollo rural y en particular para el cumplimiento del presente capítulo.

B. Acceso a tierra y recursos productivos

34. Promover el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio. Para ello, el Gobierno tomará las siguientes medidas:

Acceso a la propiedad de la tierra: fondo de tierras a) Crear un fondo fideicomiso de tierras dentro

de una institución bancaria participativa para la asistencia crediticia y el fomento del ahorro preferentemente a micro, pequeños y medianos empresarios. El fondo de tierras concentrará la potestad del financiamiento público de adquisición de tierras, propiciará el establecimiento de un mercado transparente de tierras y facilitará el desarrollo de planes de reordenamiento territorial. La política de adjudicación del fondo priorizará la adjudicación de tierras a campesinos y campesinas que se organicen para el efecto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica y ambiental;

b) Para asegurar que sus beneficios lleguen a los sectores más necesitados, el Fondo de Tierras contará con un departamento especial de asesoría y gestión para atender a las comunidades y organizacions campesinas;

c) El fondo se conformará inicialmente con las siguientes tierras: i) Tierra de baldíos nacionales y de fincas

registradas a nombre de la nación; ii) Tierras nacionales entregadas en forma

irregular en zonas de colonización, especialmente en el Petén y la Franja Transversal del Norte, que el Gobierno se compromete a recuperar mediante acciones legales;

iii) Tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está destinando al Fondo Nacional para la Tierra y el Fondo Nacional para la Paz para tal finalidad;

iv) Tierras que se adquieran con donativos de Gobiernos amigos y organizaciones no gubernamentales internacionales;

v) Tierras que se adquieran con préstamos de organismos financieros internacionales;

vi) Tierras ociosas que se expropien de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución;

vii) Tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de excesos de tierras que pudieran resultar en las propiedades privadas al comparar la medida real con la superficie registrada en el registro de la propiedad inmueble y que corresponden al Estado;

viii) Tierras que pudiera adquirir el Estado en aplicación del artículo 40 del Decreto 1551;

ix) Tierras que el Estado pudiera adquirir por cualquier título;

x) Donaciones de todo tipo. d) El Gobierno promoverá y promulgará una ley que regule todas las actividades del Fondo de Tierras. Dicha ley establecerá, entre otros, los objetivos, funciones, mecanismos de financiamiento y adquisición y adjudicación, origen y destino de las tierras. Para 1999, se evaluará si las adjudicaciones han logrado sus objetivos y, si fuera necesario, se modificará la operatividad del programa de adjudicaciones; Acceso a la propiedad de la tierra: mecanismos financieros e) Propiciar la creación de todos los mecanismos

posibles para desarrollar un mercado activo de tierras que permita la adquisición de tierras para los campesinos que no la poseen o la poseen en cantidad insuficiente a través de transacciones de largo plazo a tasas de interés comerciales o menores y con un mínimo o sin enganche. En particular, propiciar la emisión de valores hipotecarios, con garantía del Estado, cuyo rendimiento sea atractivo para el mercado privado y particularmente para las instituciones financieras;

Acceso al uso de recursos naturales f) Para 1999, haber otorgado a pequeños y

medianos campesinos legalmente organiza-

118


dos, en concesiones de manejo de recursos naturales, 100,000 hectáreas dentro de áreas de uso múltiple para fines de manejo forestal sostenible, administración de áreas protegidas, ecoturismo, protección de fuentes de agua y otras actividades compatibles con el uso potencial sostenible de los recursos naturales de dichas áreas;

g) Promover y apoyar la participación del sector privado y las organizaciones comunitarias de base en proyectos de manejo y conservación de recursos naturales renovables a través de incentivos, subsidios directos focalizados o mecanismos de financiamiento en con-diciones blandas, en consideración de los beneficios no monetarios que dichos proyec-tos aportan a la colectividad nacional. En consideración del beneficio que constituye para la comunidad internacional el manejo sostenible y la conservación del patrimonio forestal y biogenético del país, el Gobierno promoverá activamente la cooperación inter-nacional con este empeño;

Acceso a otros proyectos productivos h) Desarrollar proyectos productivos sostenibles,

especialmente orientados a aumentar la pro-ductividad y la transformación de productos agropecuarios, forestales y pesqueros, en las zonas más pobres del país. En particular, para el período 1997-2000, en las zonas de mayor índice de pobreza, garantizar la ejecución de un programa de Inversiones del sector público agropecuario en las cadenas productivas vin-culadas a la agricultura, silvicultura y pesca por un monto global de 200 millones de quetzales;

i) Impulsar un programa de manejo de recursos naturales renovables que incentive la producción forestal y agroforestal sostenible, así como proyectos de artesanía, pequeña y mediana industria que den valor agregado a productos del bosque;

j) Impulsar oportunidades productivas rela-cionadas con procesamiento agroindus-trial, comercialización, servicios, artesanía y turismo, entre otros, buscando la generación de empleo y un justo ingreso para todos;

k) Impulsar un programa de desarrollo eco-turístico, con amplia participación de las co-munidades debidamente capacitadas.

C. Estructura de apoyo

35. Además de un acceso más equitativo a los recursos productivos, una estructura agraria más eficiente y más justa supone el desarrollo de una estructura de apoyo que permita que los campesinos tengan creciente acceso a facilidades de comercialización, información, tecnología, capacitación y crédito. Además de los compromisos de inversión social, particularmente en salud, educación, vivienda y trabajo, estipulados en el capítulo sobre desarrollo social, el Gobierno se compromete a:

Infraestructura básica a) Conducir la inversión pública y generar un

marco que estimule la inversión privada hacia el mejoramiento de la infraestructura para la producción sostenible y comercialización, especialmente en áreas de pobreza y pobreza extrema.

b) Elaborar un programa de inversiones para el desarrollo rural con énfasis en infraestructura básica (carreteras, caminos rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento ambiental) y de proyectos productivos por un monto de 300 millones de quetzales anuales para el período 1997-1999.

Crédito y servicios financieros c) Iniciar a más tardar en 1997 las operaciones del

fondo de tierras y promover simultáneamente las condiciones que permitan a los pequeños y medianos campesinos acceder a recursos de crédito, de forma individual o colectiva y de una manera financieramente sostenible. En particular, con el apoyo del sector empresarial y de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, se propiciará el fortalecimiento de agencias locales de ahorro y crédito, tales como asociaciones, cooperativas y otras, que permitan la canalización de crédito y el ofrecimiento de servicios financieros a pequeños y medianos empresarios en forma

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Acuerdos de Paz

eficiente y ajustada a las necesidades y con-diciones locales.

Capacitación y asistencia técnica d) Fortalecer, descentralizar y ampliar la cober-

tura de los programas de capacitación, espe-cialmente aquellos destinados a mejorar la capacidad de gestión empresarial a distintos niveles en el área rural, incorporando como vehículos de esta acción al sector privado y a las organizaciones no gubernamentales.

e) Desarrollar programas de asistencia técnica y capacitación para el trabajo que incrementen la calificación, diversificación y productividad de la mano de obra en el área rural.

Información f) Desarrollar un sistema de recopilación, siste-

matización y difusión de información agro-pecuaria, forestal, agroindustrial y de pesca, que permita al pequeño productor contar con información para sus decisiones en materia de cultivos, insumos, cosechas, precios y comercialización.

Comercialización g) Para facilitar el procesamiento y la comer-

cialización de la producción campesina y la generación de mayor empleo rural, desarrollar un sistema de centros de acopio y zonas francas.

D. Organización productiva de la población rural

36. La organización de la población rural es un factor determinante para que los habitantes del campo se conviertan en verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. Reconociendo el papel fundamental de la pequeña y mediana empresa en la lucha contra la pobreza, la generación de empleo rural y la promoción de un uso más eficiente de la tierra, es necesario promover una organización más eficiente de los pequeños productores para que puedan, en particular, aprovechar la estructura de apoyo descrita en el numeral 35. Para ello, el Gobierno se compromete a:

a) Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa agrícola y rural, fortaleciendo sus diversas formas de organización, tales como Empresas Campesinas Asociativas, cooperativas, asocia-ciones campesinas, empresas mixtas y empre-sas autogestionarias y familiares.

b) Afrontar el problema del minifundio mediante: i) Una política firme y sostenida de apoyo a

los minifundistas para que se conviertan en pequeños empresarios agrícolas, mediante acceso a capacitación, tecnología, crédito y otros aportes; y

ii) Promover, si los minifundistas lo desean, una concentración parcelaria en aquellos casos en que la conversión en pequeñas empresas no sea posible debido a la dispersión y tamaño de las propiedades.

E. Marco legal y seguridad jurídica

37. Guatemala requiere de una reforma del marco jurídico del agro y de un desarrollo institucional en el área rural que permita poner fin a la desprotección y el despojo que han afectado a los campesinos y, en particular, a los pueblos indígenas; que permita la plena integración de la población campesina a la economía nacional; y que regule el uso de la tierra en forma eficiente y ecologicamente sostenible de acuerdo a las necesidades del desarrollo. Con este fin y tomando en cuenta en todos los casos las disposiciones del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno se compromete a:

Reforma legal a) Promover una reforma legal que establezca

un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra. Dicha reforma deberá simplificar los procedimientos de titulación y registro del derecho de propiedad y demás derechos reales, así como simplificar los trámites y procedimientos administrativos y judiciales;

b) Promover la creación de una jurisdicción agra-ria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República;

120


c) Promover una revisión y adecuación de la legislación sobre tierras ociosas de manera que cumpla con lo estipulado en la Constitución y regular, incluyendo incentivos y sanciones, la subutilización de las tierras y su uso incompatible con la utilización sostenible de los recursos naturales y la preservación del ambiente;

d) Proteger las tierras ejidales y municipales, en particular limitando estrictamente y de manera pormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier título a particulares;

e) En cuanto a tierras comunales, normar la participación de las comunidades para asegurar que sean éstas las que tomen las decisiones referentes a sus tierras;

Resolución expedita de los conflictos de tierra f) Establecer y aplicar procedimientos judiciales o

no judiciales ágiles para dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos naturales (en particular arreglo directo y conciliación), teniendo en cuenta los compromisos del Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarrai-gadas por el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, establecer proce-dimientos que permitan: i) Definir fórmulas compensatorias en caso

de litigios y reclamos de tierra en los que agricultores, campesinos y comunidades en situación de extrema pobreza han resul-tado o resultaren desposeidos por causas no imputables a ellos;

ii) Restituir o compensar, según el caso al Estado, las municipalidades, comunidades o personas cuyas tierras hayan sido usur-padas, o que con abuso de autoridad hayan sido adjudicadas de manera anómala o injustificada;

g) Regularizar la titulación de las tierras de las comunidades indígenas y de los beneficiarios del Instituto Nacional de Transformación Agraria que poseen legítimamente las tierras otorgadas;

Institucionalidad

h) Para 1997, haber puesto en marcha una dependencia presidencial de asistencia legal y resolución de conflictos sobre la tierra con cobertura nacional y con funciones de asesoría y asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas para hacer valer plenamente sus derechos y, entre otras, las siguientes: i) Asesorar y dar asistencia legal a los cam-

pesinos y trabajadores agrícolas y/o a sus organizaciones cuando así lo soliciten;

ii) Intervenir en controversias sobre tierras a solicitud de parte para lograr soluciones justas y expeditas;

iii) En el caso de litigios judiciales, otorgar asesoría y asistencia legal gratuita a los campesinos y/o sus organizaciones que lo soliciten;

iv) Recibir denuncias sobre abusos que se cometan en contra de las comunidades, de las organizaciones campesinas y de los campesinos individuales y hacerlas del conocimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y/o de cualquier otro mecanismo de verificación nacional o internacional.

G. Registro de la propiedad inmueble y catastro

38. Con base en lo dispuesto en el numeral 37, el Gobierno se compromete a promover cambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sosteni-ble y de actualización fácil y obligatoria. Asimismo, el Gobierno se compromete a iniciar, a más tardar en enero de 1997, el proceso de levantamiento de información catastral y saneamiento de la información registro-catastral, empezando por zonas prioritarias, particularmente para la aplicación del numeral 34 sobre acceso a tierras y otros recursos productivos.

H. Protección laboral

39. El Gobierno se compromete a promover una mejor participación de los trabajadores rurales

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Acuerdos de Paz

en los beneficios del agro y una reorientación de las relaciones laborales en el campo. Pondrá particular énfasis en la aplicación a los trabajadores rurales de la política laboral definida en el capítulo correspondiente del presente acuerdo. Una política de protección laboral enérgica, combinada con una política de capacitación laboral, responde a una exigencia de justicia social. Es también necesaria para atacar la pobreza rural y estimular una transformación agraria hacia un uso más eficiente de los recursos naturales y humanos. En virtud de ello, el Gobierno se compromete a: a) Asegurar la vigencia efectiva de la legislación

laboral en las áreas rurales; b) Prestar atención urgente a las prácticas

abusivas de las cuales son víctimas los traba-jadores rurales migrantes, mozos colonos y jornaleros en el contexto de la contratación por intermediario, medianía, pago en especie y uso de pesas y medidas. El Gobierno se compromete a adoptar sanciones admi-nistrativas y/o penales, contra los infractores;

c) Promover las reformas de los trámites de reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones campesinas, con miras a agilizar y simplificar dicho reconocimiento, aplicando el convenio 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales de 1975.

I. Protección ambiental

40. La riqueza natural de Guatemala es un valioso activo del país y de la humanidad, además de un valor cultural y espiritual esencial para los pueblos indígenas. El país cuenta con una diversidad biogenética y forestal cuya explotación irracional pone en riesgo un entorno humano que facilite el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es entendido como un proceso de cambio en la vida del ser humano, por medio del crecimiento económico con equidad social y métodos de producción y patronos de consumo que sustenten el equilibrio ecológico. Este proceso implica respeto a la diversidad étnica y cultural, y garantía a la calidad de vida de las generacioens futuras.

41. En este sentido, y en congruencia con los principios de la Alianza Centroaméricana para el Desarrollo Sostenible, el Gobierno reitera los siguientes compromisos: a) Adecuar los contenidos educativos y de

los programas de capacitación y asistencia técnica a las exigencias de la sostenibilidad ambiental;

b) Dar la prioridad al saneamiento ambiental en la política de salud;

c) Articular las políticas de ordenamiento territorial, y en particular la planificación urbana, con la protección ambiental;

d) Promover programas de manejo sostenible de los recursos naturales, generadores de empleo.

J. Recursos

42. Para financiar las medidas arriba mencionadas, y en consideración del carácter prioritario de la modernización del agro y del desarrollo rural, el Gobierno se compromete a incrementar los recursos del Estado destinado a ello, mediante, en particular:

Impuesto territorial a) Promover para el año 1997 la legislación y los

mecanismos para la aplicación, en consulta con las municipalidades, de un impuesto territorial en las áreas rurales de fácil recaudación por dichas municipalidades. El impuesto, del cual serán exentas las propiedades de pequeña superficie, contribuirá a desestimular la tenencia de tierras ociosas y la subutilización de la tierra. Estos mecanismos en su conjunto no deberán incentivar la deforestación de tierras de vocación forestal.

Impuesto sobre tierras ociosas b) Establecer una nueva escala impositiva para el

impuesto anual sobre tierras ociosas, que fije impuestos significativamente más altos a las tierras ociosas y/o subutilizadas de propiedad particular.

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IV. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL

A. Modernización de la administración pública

43. La administración pública debe convertirse en un instrumento eficiente al servicio de las póliticas de desarrollo. Para ello, el Gobierno se compromete a:

Descentralización y desconcentración a) Profundizar la descentralización y la descon-

centración de las facultades, responsabilidades y recursos concentrados en el Gobierno central con el objeto de modernizar y hacer efectiva y ágil la administración pública. La descentralización debe asegurar la transferencia del poder de decisión y recursos adecuados a los niveles apropiados (local, municipal, departamental y regional) para atender en forma eficiente las demandas del desarrollo socioeconómico y fomentar una estrecha interacción entre los órganos estatales y la población. Ello implica: i) Promover una reforma de la Ley del Orga-

nismo Ejecutivo y de la Ley de Gobernación y Administración de los Departamentos de la República y, en particular, del Decreto 586 de 1956, a fin de permitir la simplificación, descentralización y desconcentración de la administración pública;

ii) Promover la descentralización de los sistemas de apoyo, incluyendo el sistema de compras y contrataciones, el sistema de recursos humanos, el sistema de información y estadísticas y el sistema de administración financiera.

Fiscalización nacional b) Reformar, fortalecer y modernizar la Contra-

loría General de Cuentas.

Profesionalización y dignificación de los servidores públicos

44. El Estado debe contar con un personal calificado que permita el manejo honesto y

eficiente de los recursos públicos. Para ello, es necesario: a) Establecer la carrera de servicio civil; b) Tomar las medidas legales y administrativas

para asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Probidad y Responsabilidades;

c) Promover la sanción penal por actos de corrup-ción y mal manejo de recursos públicos.

B. Política fiscal

45. La política fiscal (ingresos y egresos) es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo social, que es esencial en la búsqueda del bien común. Asimismo, la política fiscal es fundamental para el desarrollo sostenible de Guatemala, afectado por los bajos índices de educación, salud, seguridad ciudadana, carencia de infraestructura y otros aspectos que no permiten incrementar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía guatemalteca.

Política presupuestaria

46. La política presupuestaria debe responder a la necesidad de un desarrollo socioeconómico con estabilidad, para lo cual se requiere de una política de gasto público enmarcada en los siguientes principios básicos: a) Prioridad hacia el gasto social, el financia-

miento de la prestación de servicios públicos y la infraestructura básica de apoyo a la pro-ducción y comercialización;

b) Prioridad a la inversión social en salud, educación y vivienda, al desarrollo rural, a la promoción del empleo y al cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos de paz. El presupuesto debe contemplar suficientes recursos para el fortalecimiento de los organismos y de las instituciones que garantizan el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos;

c) Ejecución eficiente del presupuesto, con énfasis en su descentralización, desconcentración y fiscalización.

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Acuerdos de Paz

Política tributaria

47. La política tributaria debe concebirse en forma que permita la recaudación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas del Estado, incluyendo los fondos requeridos para la consolidación de la paz, dentro de un sistema tributario que se enmarque en los siguientes principios básicos: a) Ser un sistema justo, equitativo y globalmente

progresivo, conforme al principio constitucio-nal de la capacidad de pago;

b) Ser universal y obligatorio; c) Estimular el ahorro y la inversión.

48. Asimismo, el Estado debe asegurar eficacia y transparencia en la recaudación tributaria y la administración fiscal, a fin de fomentar la confianza de los contribuyentes en la gestión estatal y eliminar la evasión y defraudación fiscal.

Meta de recaudación tributaria

49. Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para hacer frente a las tareas urgentes del crecimiento economico, del desarrollo social y de la construccion de la paz, el Gobierno se compromete a que, antes del año 2000, la carga tributaria en relación al producto interno bruto se haya incrementado en, por lo menos, un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995.

Compromiso fiscal

50. Para avanzar hacia un sistema tributario justo y equitativo, el Gobierno se compromete a atacar el factor más grave de injusticia e inequidad en materia tributaria, a saber la evasión y defraudación fiscal, especialmente en el caso de quienes debieran ser los mayores contribuyentes. Con miras a erradicar los privilegios y abusos, eliminar la evasión y la defraudación fiscal, así como aplicar un sistema tributario globalmente progresivo, el Gobierno se compromete a:

Legislación

a) Promover una reforma al Código Tributario que establezca mayores sanciones a la evasión, la elusión y la defraudación tributarias, tanto para los contribuyentes como para los funcio-narios encargados de la administración fiscal;

b) Promover una reforma de la legislación tribu-taria con miras a eliminar las disposiciones que faciliten la evasión fiscal;

c) Evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias con miras a eliminar los abusos;

Fortalecimiento de la administración tributaria d) Fortalecer los mecanismos existentes de

fiscalización y recaudación tales como control cruzado, número de identificación tributaria y crédito fiscal por retención del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado;

e) Simplificar y automatizar las operaciones de la administracion fiscal;

f) Garantizar la correcta y rápida aplicación o devolución del crédito fiscal y sancionar severamente a quienes no reitengran al fisco el impuesto al valor agregado retenido;

g) Crear un programa especial dirigido a los gran-des contribuyentes con el objeto de garantizar que cumplan debidamente sus obligaciones tributarias;

h) Poner en funcionamiento estructuras admi-nistrativas que específicamente atiendan los programas de recaudación y fiscalización del presupuesto de ingresos y la aplicación de la leyes tributarias correspondientes;

i) Fortalecer la capacidad de los municipios de cumplir con sus atribuciones en la recaudacion de recursos;

Participación j) Propiciar que el sistema de consejos de

desarrollo urbano y rural contribuya a la definición y seguimiento de la política fiscal, en el marco de su mandato de formulación de las políticas de desarrollo;

Educación cívica k) Dentro de los programas de educación, conti-

nuar promoviendo el conocimiento, respeto y cumplimiento de las obligaciones tributarias como parte de la convivencia democrática.

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Cumplimiento de la política fiscal

51. El incumplimiento de las obligaciones tributarias priva al país de los recursos necesarios para atender los rezagos sociales que afectan la sociedad guatemalteca. El Gobierno se compromete a aplicar sanciones ejemplares a quienes, de distintas maneras, defrauden al fisco; asimismo, a llevar a cabo la modernización y fortalecimiento de la administración fiscal, así como la priorización del gasto hacia la inversión social.

V. DISPOSICIONES FINALES

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último.

Segunda. En atención a que el presente Acuerdo responde al interés de los guatemaltecos, el Gobierno iniciará de inmediato las acciones de programación y planificación que le permitan cumplir con los compromisos de inversión contenidos en el mismo.

Tercera. De conformidad con el Acuerdo Marco, se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que verifique el cumplimiento del presento acuerdo.

Cuarta. Se dará la más amplia divulgación al pre-sente acuerdo, para lo cual se soliticita la coope-ración de los medios de comunicación y los centros de enseñanza y de educación.

México, D.F. a 6 de mayo de 1996


Gustavo Porras Castejón

Raquel Zelaya Rosales General de Brigada Otto Pérez Molina

Richard Aitkenhead Castillo


Comandancia General

Comandante Pablo Monsanto Comandante Rolando Morán

Comandante Gaspar Ilom Carlos Gonzáles


Marrack Goulding

Secretario General Adjunto Jean Arnault

Moderador

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Considerando:

Que la paz descansa sobre la democratización y la creación de estructuras y prácticas que, en el futuro, eviten la exclusión política, intolerancia ideológica y polarización de la sociedad guatemalteca,

Que es indispensable superar carencias y debilidades en las instituciones civiles, a menudo inaccesibles a la mayoría de la población, y la prevalencia de lógicas y comportamientos que han ido en detrimento de las libertades y los derechos ciudadanos,

Que la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera ofrece una oportunidad histórica de superar las secuelas de un pasado de enfrentamiento armado e ideológico para reformar y cimentar una institucionalidad acorde con las exigencias del desarrollo de la nación y de la reconciliación del pueblo guatemalteco,

Que, con la participación activa y permanente de la ciudadanía a través de las organizaciones, fuerzas políticas y sectores sociales del país, esta renovación de la institucionalidad debe abarcar desde las autoridades locales hasta el funcionamiento de los organismos del Estado, para que todos los que son depositarios del poder público cumplan su cometido al servicio de la justicia social, de la participación política, de la seguridad y el desarrollo integral de la persona,

Que reviste una importancia fundamental fortalecer el poder civil, en tanto expresión de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la función legislativa, reformar la administración de la justicia y garantizar la seguridad ciudadana, que, en conjunto, son decisivas para el goce de

las libertades y los derechos ciudadanos; y que dentro de una institucionalidad democrática, corresponde al Ejército de Guatemala la función esencial de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del país,

Que, conjuntamente con los acuerdos ya firmados, el presente Acuerdo busca crear condiciones para una auténtica conciliación de los guatemaltecos basada en el respeto a los derechos humanos y a la diversidad de sus pueblos, y en el empeño común por resolver la falta de oportunidades sociales, económicas y políticas que socavan la convivencia democrática, y limitan el desarrollo de la nación,

Que la implementación del presente Acuerdo beneficiará al conjunto de la ciudadanía, consolidará la gobernabilidad del país y afianzará la legitimidad de las instituciones democráticas en beneficio del pueblo de Guatemala,


I. EL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO

1. A fin de profundizar el proceso democrático y participativo de manera que se fortalezca el poder civil, se hace indispensable la mejora, modernización y fortalecimiento del Estado y su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo.

2. Conforme al artículo 141 de la Constitución Política de la República, la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Las Partes coinciden en que la mejora, la modernización y el fortalecimiento de los

ACUERDO SOBRE FORTALECIMIENTO DEL PODER CIVIL Y FUNCIÓN DEL EJÉRCITO EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

México, D.F., 19 de septiembre de 1996

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Organismos del Estado exigen el pleno y total respeto del principio de independencia, separación y no subordinación entre ellos.

3. Al mismo tiempo, es necesario que los tres Organismos asuman en forma articulada las responsabilidades que implica para cada uno el deber del Estado de garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El poder público, al servicio del bien común, debe ser ejercido por todas las instituciones que integran el Estado de modo que impida que cualquier persona, sector del pueblo, fuerza armada o política pueda arrogarse su ejercicio.

II. EL ORGANISMO LEGISLATIVO

4. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por sufragio universal y secreto. Está llamado a jugar un papel fundamental en la representación de la sociedad guatemalteca, pues la democracia requiere de un Organismo donde se asuma en forma institucional y de armónica integración de intereses, la situación de conjunto del país.

5. Para fortalecer la legitimidad del Organismo Legislativo, éste tiene que cumplir a cabalidad con las siguientes responsabilidades: a) La función legislativa en beneficio del pueblo

de Guatemala; b) El debate público de los asuntos nacionales

fundamentales; c) La representatividad del pueblo; d) Las responsabilidades que le corresponden de

cara a los otros Organismos del Estado.

6. Las Partes coinciden en que es necesario mejorar, modernizar y fortalecer el Organismo Legislativo. Para ello convienen solicitar a la Presidencia del Congreso de la República la conformación de una instancia multipartidaria. Dicha instancia trabajará vinculada a aquellas comisiones legislativas que tengan asignadas funciones relacionadas al seguimiento a los

acuerdos de paz firme y duradera, y al proceso de modernización y fortalecimiento del Congreso de la República. Su agenda, mínima y no limitativa priorizará los siguientes aspectos: a) La revisión de la Ley de Régimen Interior del

Congreso para hacer posible la agilización del juego parlamentario, permitiendo que el Congreso de la República, como Organismo del Estado, responda a lo que de él plantea la Constitución Política y la opinión ciudadana, y asimismo facilitarle el cumplimiento de un proceso ágil en la formación de la ley, en las etapas que corresponden a su iniciativa, discusión y aprobación;

b) La utilización regular de los medios de con-trol constitucional sobre el Organismo Ejecutivo con vistas a que se expliciten sufi-cientemente las políticas públicas; se veri-fique la consistencia programática; se trans-parente la programación y ejecución del presupuesto de la nación; se examine y evalúe la responsabilidad de los Ministros de Estado y de otros altos funcionarios en cuanto a sus actos u omisiones administrativas; se realice un seguimiento de la gestión de gobierno a manera de cautelar el interés general de la población y, al mismo tiempo, la preservación de la legitimidad de las instituciones;

c) Las medidas legislativas necesarias para forta-lecer la administración de la justicia;

d) Las reformas legales o constitucionales para mantener fijo el número de diputados al Congreso;

e) La reforma del artículo 157 de Constitución de manera que los diputados no puedan ser reelectos más de dos veces en forma consecutiva, de forma de no impedir la carrera parlamentaria pero a la vez permitir la renovación de nuevos liderazgos políticos en el Congreso;

f) El fortalecimiento del trabajo de las comi-siones, en especial la de Asesoría Técnica;

g) La redefinición de las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en orden a realizar un adecuado seguimiento de las resoluciones y recomendaciones de los informes producidos por el Procurador de los Derechos Humanos y otras entidades

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Acuerdos de Paz

públicas reconocidas, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.

7. Las Partes acuerdan solicitar a la Presidencia del Congreso de la República que dicha instancia parlamentaria se integre en un período no mayor de tres meses después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, y que sus trabajos estén concluidos y trasladados a consideración del pleno a más tardar un año después de su constitución.

III. SISTEMA DE JUSTICIA

8. Una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales. Este sistema y, dentro de él, la marcha de los procesos judiciales, adolecen de fallas y deficiencias. La obsolescencia de los procedimientos legales, la lentitud de los trámites, la ausencia de sistemas modernos para la administración de los despachos y la falta de control sobre los funcionarios y empleados judiciales, propician corrupción e ineficiencia.

9. La reforma y modernización de la admi-nistración de justicia deben dirigirse a impedir que ésta genere y encubra un sistema de im-punidad y corrupción. El proceso judicial no es un simple procedimiento regulado por códigos y leyes ordinarias, sino el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley.

10. Una prioridad a este respecto es la reforma de la administración de justicia, de manera que se revierta la ineficacia, se erradique la corrupción, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización.

11. Para todo lo anterior, el Gobierno se compro-mete a adoptar, cuando sea de su competencia,

y promover ante el Congreso de la República, cuando sea de la competencia de este último, las siguientes medidas:

Reformas constitucionales

12. Promover ante el Congreso de la República la reforma de los siguientes artículos de la Constitución Política:

Capitulo IV - Organismo judicial Sección Primera: DISPOSICIONES GENERALES a) Artículo 203: El artículo debe contener una

referencia inicial a las garantías de la admi-nistración de justicia y, como tal, incluir: el libre acceso y en el propio idioma; el respeto por el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país; la defensa de quien no puede pagarla; la imparcialidad e independencia del juzgador; la solución razonada y pronta de los conflictos sociales y la apertura a mecanismos alternativos de resolución de conflictos;

b) En párrafo aparte debe recogerse el contenido actual del artículo 203, sintetizado;

c) Artículos 207, 208 y 209: Deben referirse a la Ley de la Carrera Judicial, estableciendo como sus contenidos: - Derechos y responsabilidades de los jueces,

dignidad de la función y adecuado nivel de remuneraciones;

- Sistema de nombramiento y ascenso de jueces con base en concursos públicos, que busquen la excelencia profesional;

- Derecho y deber de formación y perfeccionamiento en la función;

- Régimen disciplinario, con garantías, procedimientos, instancias y sanciones pre-establecidas, así como el principio de que un juez/magistrado no puede ser investigado y sancionado sino por quien tiene funciones jurisdiccionales;

d) Artículo 210: La garantía contenida en el segundo párrafo debería eliminarse, puesto que su contenido será absorbido por los tres artículos anteriores. El presente artículo debe referirse sólo a los servidores del Organismo Judicial que no son jueces o magistrados.

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Reformas legales

13. Promover ante el Congreso de la República las siguientes reformas legales:

Carrera judicial a) Establecer la Carrera Judicial prevista por el

artículo 209 de la Constitución Política, de conformidad con los contenidos del presente acuerdo;

Servicio público de Defensa Penal b) Establecer el Servicio Público de Defensa

Penal para proveer asistencia a quienes no puedan contratar servicios de asesoría profe-sional privada. Será un ente con autonomía funcional e independiente de los tres Organismos del Estado, que tenga la misma jerarquía en el proceso que el Ministerio Público y que alcance efectiva cobertura nacional;

Código Penal c) Promulgar una reforma del Código Penal

en la que se dé prioridad a la persecución penal de aquellos delitos que causan mayor daño social, tome en cuenta las diferencias culturales propias del país y sus costumbres, garantice plenamente los derechos humanos y tipifique como actos de especial gravedad las amenazas y coacciones ejercidas sobre funcionarios judiciales, el cohecho, soborno y corrupción, los cuales deberán ser severamente penalizados.

Iniciativas y medidas administrativas

14. Ejercer las iniciativas y tomar las medidas administrativas necesarias para: a) Dotar al Organismo Judicial y al Ministerio

Público de mayores recursos financieros para avanzar en su modernización tecnológica y para ampliar su cobertura al interior del país, introducir el funcionamiento multilingüe del sistema de justicia en concordancia con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y aplicar un eficiente

plan de protección a testigos, fiscales y colaboradores de la justicia. En este sentido, el Gobierno se propone incrementar, para el año 2000, el gasto público efectivo destinado al Organismo Judicial y al Ministerio Público, en relación el producto interno bruto (PIB) en 50% respecto al gasto destinado en 1995;

b) Proveer de los recursos necesarios al Servicio Público de Defensa Penal para que pueda constituirse e iniciar sus actividades a partir del año 1998.

Comisión de fortalecimiento de la justicia

15. Asimismo, las Partes convienen en que, en el término de treinta días posteriores a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el Presidente de la República promoverá la integración de una Comisión encargada de producir en un plazo de seis meses, y mediante un debate amplio en torno al sistema de justicia, un informe y un conjunto de recomendaciones susceptibles de ser puestas en práctica a la mayor brevedad. Dicha Comisión, que contará con la asesoría de la Misión de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos y de cumplimiento de los compromisos del Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala (MINUGUA), deberá incluir a representantes calificados de las diversas instituciones públicas y entidades sociales y privadas con participación y/o conocimiento en la temática de justicia.

16. El trabajo de la Comisión se hará de acuerdo a una agenda mínima y no limitativa que privilegie los temas siguientes:

Modernización a) La forma de separar adecuadamente las

funciones administrativas de las jurisdic-cionales en el Organismo Judicial y en el Ministerio Público, a fin de liberar a juz-gadores y fiscales de tareas que recargan su labor e impiden su dedicación plena a las tareas que les son propias; un sistema que deberá introducir en ambas instituciones una administración moderna y eficiente;

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Acuerdos de Paz

b) La distribución adecuada de los recursos financieros disponibles para avanzar hacia el fortalecimiento del sistema, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar el uso de los recursos;

c) La formulación de contenidos básicos de un proyecto de ley de Servicio Civil de Organismo Judicial;

Acceso a la justicia d) Con la participación de las organizaciones

de los pueblos indígenas, dar seguimiento a los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas respecto a la forma de administrar justicia por parte de dichos pueblos, con miras a facilitar un acceso simple y directo a la misma por parte de grandes sectores del país que no logran llegar al sistema de justicia o comparecen ante él en condiciones disminuidas;

Agilización e) La generalización progresiva de la oralidad en

los procesos judiciales, para hacer extensivos los beneficios de la misma a aquellas áreas que aún no cuentan con ella, y la garantía de la inmediación del juez en todos los procesos;

f) La ampliación y el reconocimiento de meca-nismos alternativos de resolución de con-flictos;

Excelencia profesional g) Hacer un diseño de un sistema de selección y

nombramiento de Magistrados de la Corte de Apelaciones a través de concursos públicos;

h) El fortalecimiento de la Escuela de Estudios Judiciales y de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, como lugares centrales en la selección y formación continua de jueces, magistrados y fiscales;

Actores no estatales i) La incorporación activa en la temática de la

reforma judicial de aquellas entidades que no integran el sistema estatal de justicia y cuyo papel resulta decisivo para dicha reforma.

IV. ORGANISMO EJECUTIVO

Para el fortalecimiento del poder civil y la modernización del Organismo Ejecutivo, el Gobierno se compromete a adoptar, cuando sea de su competencia, y promover ante el Congreso, cuando sea de la competencia de este último, las siguientes medidas:

A. Agenda de seguridad

18. La seguridad es un concepto amplio que no se limita a la protección contra las amenazas armadas externas, a cargo del Ejército, o a la protección contra las amenazas al orden público y la seguridad interna, a cargo de la Policía Nacional Civil. El conjunto de los Acuerdos de Paz de Guatemala plantea que la paz firme y duradera requiere el respeto a los derechos humanos, y al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca, el desarrollo económico del país con justicia social, la participación social, la conciliación de intereses y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

19. Dentro de este concepto, la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado son inseparables del pleno ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y deberes políticos, económicos, sociales y culturales. Los desequilibrios sociales y económicos, la pobreza y la pobreza extrema, la discriminación social y política, la corrupción, entre otros, constituyen factores de riesgo y amenazas directas para la convivencia democrática, la paz social y, por ende, el orden constitucional democrático.

20. Para ayudar al Organismo Ejecutivo a implementar este concepto de seguridad integral, las Partes consideran conveniente el funcionamiento de un Consejo Asesor de Seguridad. El Consejo será integrado por personalidades destacadas que sean representativas de la diversidad económica, social, profesional, académica, étnica, política y cultural de Guatemala. Dichas personalidades serán seleccionadas por el Presidente de la

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República de manera que el Consejo pueda cumplir a cabalidad con su función de estudiar y presentar estrategias ampliamente consensuadas para responder a los riesgos prioritarios que enfrente el país y hacer las recomendaciones correspondientes al Presidente de la República.

B. Seguridad pública

Policía Nacional Civil

21. La protección de la vida y de la seguridad de los ciudadanos, el mantenimiento del orden público, la prevención e investigación del delito y una pronta y transparente administración de justicia no pueden garantizarse sin la debida estructuración de las fuerzas de seguridad pública. El diseño de un nuevo modelo y su implementación son una parte fundamental del fortalecimiento del poder civil.

22. En consecuencia, es necesario e impostergable la reestructuración de las fuerzas policíacas existentes en el país en una sola Policía Nacional Civil que tendrá a su cargo el orden público y la seguridad interna. Esta nueva policía deberá ser profesional y estar bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Para ello, el Gobierno se compromete a adoptar, cuando sea de su competencia, y promover ante el Congreso de la República, cuando sea de la competencia de este último, las siguientes medidas:


23. La reforma de la Constitución establecerá en los siguientes términos las funciones y principales características de la policía:

“La Policía Nacional Civil es una institu-ción profesional y jerarquizada. Es el único cuerpo policial armado con competencia nacional cuya función es proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las per-sonas, prevenir, investigar y combatir el delito, y mantener el orden público y la seguridad interna. Conduce sus acciones con estricto apego al respeto de los

derechos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles. La ley regulará los requisitos y la for-ma de ingreso a la carrera policial, promociones, ascensos, traslados, sancio-nes disciplinarias a los funcionarios y empleados incluidos en ella y las demás cuestiones inherentes al funcionamiento de la Policía Nacional Civil.”

Reformas legales

24. Presentar un proyecto de ley de seguridad y fuerza pública que norme el funcionamiento del sistema policial de Guatemala de acuerdo con la reforma constitucional y las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.

25. Se promoverá la emisión de una nueva Ley de Orden Público en consonancia con los principios democráticos y el fortalecimiento del poder civil. Todo exceso en la aplicación de la nueva ley será debidamente sancionado. Las limitaciones que en interés del mantenimiento del orden público la ley establezca en ningún caso deben permitir excesos que contravengan la vigencia general de los derechos humanos ni facultarán a las autoridades a limitar otros derechos que los consignados en el artículo 138 de la Constitución.

Organización

26. La organización de la policía tendrá las siguientes características: a) Constituir un órgano policial único bajo la

dirección del Ministerio de Gobernación; b) Estar jerárquicamente estructurada con una

cadena de mando y responsabilidades debi-damente establecidas;

c) Hacer presente el carácter multiétnico y pluricultural de Guatemala en el reclu-tamiento, selección, capacitación y despliegue del personal policial;

d) Contar con los departamentos especializados necesarios para cumplir con sus funciones; entre otros, combate al narcotráfico y el contrabando, control fiscal, aduanal, registro y control de armas, información e investigación

131

Acuerdos de Paz

criminal, protección del patrimonio cultural y del medio ambiente, seguridad fronteriza, tránsito y seguridad vial.

Carrera policial

27. Establecer la carrera policial de acuerdo con los siguientes criterios: a) Disponer que todos los integrantes de la nueva

estructura policial deberán recibir formación en la Academia de la Policía, en donde se les proporcionará una alta preparación profesional, una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos y a la democracia, y de obediencia a la ley;

b) Reglamentar debidamente las políticas de reclutamiento y administración de personal. La carrera policial preverá la obligación de los agentes de prestar sus servicios dentro de la institución por un mínimo de dos años;

c) Disponer que los integrantes de la policía reciban salarios dignos y apropiados a su función y medidas adecuadas de previsión social.

Academia de la Policía

28. El ingreso a la carrera policial, los ascensos y la especialización dentro de ella tendrá lugar a través de la Academia de la Policía, que debe garantizar la objetividad de la selección, la igualdad de oportunidades entre los aspirantes y la idoneidad de los seleccionados para su desempeño como policías profesionales.

29. Corresponde a la Academia de la Policía formar al nuevo personal policial a nivel de agentes, inspectores oficiales y mandos superiores, y reeducar a los actuales, proveyéndola de los recursos suficientes para cumplir su misión. El entrenamiento básico de los policías tendrá una duración mínima de seis meses.

Funcionamiento

30. El Gobierno se compromete a impulsar un plan de reestructuración policial y seguridad

pública con base en el presente Acuerdo, para lo cual se solicitará el apoyo de la cooperación internacional y de la MINUGUA, tomando en consideración los estándares internacionales en esta materia. Este plan de reestructuración contará con los recursos necesarios para el despliegue nacional de un personal profesional, tomando en cuenta todas aquellas especialidades de una policía nacional civil moderna y contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Para finales del año 1999, una nueva fuerza de Policía Nacional Civil estará funcionando en todo el territorio nacional, bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación, contando con un mínimo de 20.000 agentes para cumplir con los presentes compromisos y las tareas específicas que les sean asignadas;

b) Se fortalecerán, en particular, las capacidades de la policía en materia de información y de investigación criminal, a fin de poder colaborar eficazmente en la lucha contra el delito y una pronta y eficaz administración de justicia, con énfasis en la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial;

c) Se fortalecerá la cooperación entre la Policía Nacional Civil y las policías municipales, dentro de sus facultades respectivas;

d) Se establecerá un procedimiento de transición para la aplicación de lo dispuesto en el inciso a) de este numeral, a manera de asegurar el efecto positivo de los elementos egresados de la Academia sobre el conjunto de la Policía Nacional Civil;

e) Las comunidades participarán a través de sus representantes en la promoción de la carrera policial, la propuesta de candidatos que llenen los requisitos correspondientes y el apoyo a los agentes a cuyo cargo estará la seguridad pública a nivel local;

f) El Gobierno se propone que el gasto público ejecutado en seguridad pública con relación al PIB, para el año 2000, sea incrementado en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995.

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Cooperación internacional

31. Las Partes exhortan a la comunidad internacional a otorgar la cooperación técnica y financiera que sea requerida para la implementación inmediata de todas las medidas que conduzcan a la modernización y profesionalización del sistema de seguridad pública en Guatemala.

Empresas privadas de seguridad

32. El Gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República una ley que regule el funcionamiento y los alcances de dichas empresas, con miras a supervisar su actuación y la profesionalidad de su personal, y asegurar en particular que las empresas y sus empleados se limiten al ámbito de actuación que les corresponde, bajo el estricto control de la Policía Nacional Civil.

Tenencia y portación de armas

33. De conformidad con el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, y para hacer frente a la proliferación de armas de fuego en manos de particulares y la falta de control sobre su adquisición y uso, el Gobierno de la República se compromete a promover la reforma de la Ley de Armas y Municiones a efecto de: a) Hacer más restrictiva la tenencia y portación

de armas que se encuentran en manos de particulares, de conformidad con lo previsto por el artículo 38 de la Constitución;

b) Otorgar responsabilidad sobre la materia al Ministerio de Gobernación. Lo referente a la tenencia y portación de armas ofensivas se considerará en casos muy excepcionales y calificados, y para ello se deberá contar con la opinión del Ministerio de la Defensa.

34. En concordancia con esta ley, el Gobierno se compromete a: a) Hacer efectivo el sistema de registro de las

armas en circulación y la identificación de sus propietarios.

b) Transferir los registros que actualmente se encuentran en depósito en el Departamento de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa al Ministerio de Gobernación, con la verificación de la MINUGUA, en un proceso que concluirá a finales de 1997.

C. Ejército

35. La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera constituye un cambio fundamental con relación a las condiciones que han prevalecido en Guatemala a lo largo de más de tres décadas. Este cambio involucra positivamente a las instituciones del Estado y entre ellas, de manera particular, al Ejército de Guatemala. La misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación. Las medidas concretadas en el presente Acuerdo adecúan su doctrina, medios, recursos y despliegue a sus funciones y a las prioridades de desarrollo del país.


36. El Gobierno se compromete a promover las siguientes reformas a la Constitución de la República: a) Artículo 244. Integración, organización y funciones

del Ejército. El Ejército de Guatemala es una institución permanente al servicio de la Nación. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deli-berante. Tiene por función la defensa de la sobe-ranía del Estado y de la integridad del territorio. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia;

b) Artículo 219. Tribunales militares. Los tribunales militares conocerán de los delitos y faltas tipificados en el Código militar y en los reglamentos correspondientes. Los delitos y faltas del orden común cometidos por militares serán conocidos y juzgados por la

133

Acuerdos de Paz

jurisdicción ordinaria. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares;

c) Artículo 246. Cargos y atribuciones del Presidente en el Ejército. Sustituir el párrafo primero por lo siguiente: “El Presidente de la República es el Comandante General del Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del Ministro de la Defensa Nacional, ya sea éste civil o militar”.

Marco legal

37. Se promoverán las reformas a la Ley Constitutiva del Ejército que se deriven de las reformas a la Constitución Política de la República, así como las que se deriven de los acuerdos de paz.

Doctrina del Ejército

38. Debe formularse una nueva doctrina militar de acuerdo con las reformas previstas en el presente Acuerdo. La doctrina estará orientada al respeto de la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar, a la defensa de la soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio del país y al espíritu de los acuerdos de paz firme y duradera.

Tamaño y recursos

39. El tamaño y recursos del Ejército de Guatemala estarán acordes con las necesidades del cumplimiento de sus funciones de defensa de la soberanía y de la integridad del territorio, y con las posibilidades económicas del país.

Sistema educativo

40. Se continuará haciendo las reformas necesarias en los reglamentos correspondientes a fin de que el sistema educativo militar sea congruente, en su marco filosófico, con el respeto a la Constitución de la República y demás leyes, con una cultura de paz y convivencia democrática, con la doctrina

definida en el presente Acuerdo, con los valores nacionales, el desarrollo integral del ser humano, el conocimiento de nuestra historia nacional, el respeto a los derechos humanos, la identidad y derechos de los pueblos indígenas, así como la primacía de la persona humana.

Armas y municiones

41. El Gobierno adoptará las políticas más adecuadas para la adquisición de armas y equipo bélico de acuerdo a las nuevas funciones del Ejército. Deberá considerarse el funcionamiento de la Fábrica de Municiones a efecto de que pueda cubrir las necesidades de las fuerzas de seguridad pública civil.

Reconversión

42. Las instituciones, instalaciones y dependencias educativas, financieras, de salud, comerciales, asistenciales y de seguros de carácter público que correspondan a las necesidades y funciones del Ejército de Guatemala deben funcionar en las mismas condiciones en que operan las otras instituciones similares y sin fines lucrativos. Todos los egresados de los Institutos Adolfo V. Hall pasan a formar parte de las reservas militares del país. El Ejército de Guatemala les asignará programas para el efecto. El Gobierno dispondrá convenientemente de la frecuencia de televisión asignada al Ejército de Guatemala.

Servicio militar y social

43. Es procedente continuar con la práctica del alistamiento militar en forma voluntaria, mientras el Gobierno de Guatemala, con base en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, adopta las decisiones administrativas necesarias y el Congreso de la República aprueba una ley de Servicio Cívico, que incluirá el Servicio Militar y el Servicio Social; esta ley deberá conllevar el cumplimiento de un deber y un derecho constitucional, que no sea forzado ni violatorio de los derechos humanos, sea universal y no discriminatorio, reduzca el tiempo de servicio y ofrezca opciones a los ciudadanos.

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44. En base a estos principios generales, el Gobierno se compromete a promover la ley antes mencionada, cuyo proyecto se formulará en base a lo entendido y logrado por el equipo paritario de trabajo que en la actualidad trata el tema.

D. Presidencia de la República


45. El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República las siguientes reformas a la Constitución Política de la República: a) Con relación a las funciones del Presidente

de la República, incluir la siguiente: “Cuando los medios ordinarios para el mantenimiento del orden público y la paz interna resultaren rebasados, el Presidente de la República podrá excepcionalmente disponer del Ejército para este fin. La actuación del Ejército tendrá siempre carácter temporal, se desarrollará bajo la autoridad civil y no implicará limitación alguna en el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Para disponer estas medidas excep-cionales, el Presidente de la República emitirá el acuerdo correspondiente. La actuación del Ejército se limitará al tiempo y las modalidades estrictamente necesarios, y cesará tan pronto se haya alcanzado su cometido. El Presidente de la República mantendrá informado al Congreso sobre las actuaciones del Ejército, y el Congreso podrá en cualquier momento disponer el cese de estas actuaciones. En todo caso, dentro de los quince días siguientes a la terminación de éstas, el Presidente de la República presentará al Congreso un informe circunstanciado sobre la actuación del Ejército”;

b) Reformar el artículo 246 titulado “Cargos y atribuciones del Presidente en el Ejército” suprimiendo la frase del literal b) de dicho artículo, que dice:

“Puede, asimismo, conceder pensiones extraordinarias”;

c) Reformar el artículo 183 titulado “Funciones del Presidente de la República” suprimiendo el inciso r) y modificando el texto del inciso t) de la siguiente manera:“Conceder pensiones extraordinarias”.

Seguridad del Presidente y del Vicepresidente

46. Para garantizar la seguridad del Presidente, la del Vicepresidente y sus respectivas familias, y el apoyo logístico a las actividades que desarrolla la Presidencia de la República, el Presidente de la República, en uso de las facultades que la ley le confiere y para sustituir el Estado Mayor Presidencial, organizará a su criterio la entidad correspondiente.

E. Información e inteligencia

Organismos de inteligencia del Estado

47. El ámbito de actividades de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional estará circunscrito a la función del Ejército definida en la Constitución y las reformas contempladas en el presente Acuerdo. Su estructura y recursos deben limitarse a este ámbito.

48. Se creará un Departamento de inteligencia civil y análisis de información que dependerá del Ministerio de Gobernación y será responsable de recabar información para combatir el crimen organizado y la delincuencia común por los medios y dentro de los límites autorizados por el ordenamiento jurídico y en estricto respeto a los derechos humanos. El Departamento de inteligencia civil y análisis de información no podrá estar integrado por ciudadanos que tengan limitaciones en sus derechos civiles o políticos.

49. Para informar y asesorar al Presidente de la República a manera de anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta naturaleza para el Estado democrático, se creará una Secretaría de análisis estratégico

135

Acuerdos de Paz

bajo la autoridad directa de la Presidencia de la República. Dicho organismo será estrictamente civil y podrá tener acceso a información a través de fuentes públicas y a la que recaben el Departamento de inteligencia civil y análisis de información del Ministerio de Gobernación y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. No tendrá la facultad de realizar investigaciones encubiertas propias.

50. La Secretaría de análisis estratégico, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Departamento de inteligencia civil y análisis de información del Ministerio de Gobernación respetarán estrictamente la separación entre funciones de inteligencia e información y las operaciones a que ellas dan lugar. La responsabilidad de actuar operativamente para enfrentar las amenazas corresponderá a las entidades ejecutoras pertinentes del Gobierno.

51. El Gobierno asume el compromiso de impedir que existan redes o grupos que no correspondan a las funciones asignadas a las dependencias de inteligencia y análisis citadas en los numerales 47, 48 y 49.

52. Con miras a evitar cualquier abuso de poder y garantizar el respeto de las libertades y los derechos ciudadanos, el Gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República: a) Una ley que establezca las modalidades de

supervisión de los organismos de inteligencia del Estado por una Comisión específica del Organismo Legislativo;

b) Una ley que regule el acceso a información sobre asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, establecidos en el artículo 30 de la Constitución, y que disponga procedimientos y niveles de clasificación y desclasificación.

Archivos

53. Toda información existente en archivos del Estado estará sujeta a que se cumpla

estrictamente con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política. Aprobadas las reformas constitucionales previstas en el presente Acuerdo, los archivos, fichas o cualquier otra forma de registro estatal relacionados con seguridad interna serán transferidos al Ministerio de Gobernación. Los archivos, fichas o cualquier registro estatal relacionados con la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio serán transferidos al Ministerio de la Defensa. Dichos Ministerios serán responsables del manejo de esta información.

54. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política, el Gobierno promoverá la tipificación del delito por tenencia de registros y archivos ilegales de información política sobre los habitantes de Guatemala.

F. Profesionalización del servidor público

55. Conforme al artículo 136 de la Constitución Política, debe garantizarse el derecho de los guatemaltecos a optar a cargos públicos. Sin embargo, no podrán desempeñarlos quienes no reúnan condiciones de capacidad, honradez y probidad. Al respecto, y en concordancia con lo establecido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el Gobierno priorizará las siguientes acciones: a) Modernizar la administración pública, hacien-

do públicos los mecanismos de selección y clasificación del personal de todas las dependencias del Organismo Ejecutivo y revisando su integración de manera que los empleados y funcionarios llenen los criterios de honradez y capacidad;

b) Establecer la Carrera de Servicio Civil; c) Promover una efectiva aplicación de la

legislación de probidad y responsabilidades; d) Fortalecer y modernizar la Contraloría de

Cuentas; e) Promover la sanción penal de actos de

corrupción y mal manejo de recursos públicos.

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V. PARTICIPACIÓN SOCIAL

56. El fortalecimiento del poder civil pasa por el fortalecimiento de la participación social, aumentando las oportunidades y la capacidad de participación de la ciudadanía.

57. En particular, la participación social a nivel de las comunidades contribuye al respeto del pluralismo ideológico y la no discriminación social, facilita una participación amplia, organizada y concertada de los ciudadanos en la toma de decisiones, y que ellos asuman sus responsabilidades y compromisos en la búsqueda de la justicia social y de la democracia.

58. Para fortalecer esta participación comunitaria, y en congruencia con los acuerdos ya suscritos, el Gobierno reitera su compromiso de descentralización de la administración pública, cuyo objetivo es movilizar toda la capacidad del Estado en beneficio de la población y establecer con ésta un mejor nivel de relaciones. Ello requiere, entre otras medidas: a) Fortalecer los gobiernos municipales y

asegurar el efectivo funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo. Ello implica mejorar la relación entre estas instancias y la comunidad, mediante el reforzamiento de las prácticas democráticas por parte de las autoridades; asimismo implica mejorar la relación entre dichas instancias y la administración central;

b) Establecer, en particular, los Consejos Locales de Desarrollo. Para ello, deberán asimilase a estos Consejos las diversas expresiones sociales creadas para el mejoramiento de las poblaciones, tales como instituciones propias de las comunidades indígenas, los comités pro mejoramiento u otras que de manera no excluyente canalizan la participación de los vecinos en el proceso de desarrollo de sus comunidades y de los municipios a que pertenecen, y que sean reconocidos y registrados por sus respectivas autoridades municipales;

c) Crear, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los

Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el conjunto de condiciones para que se desarrollen las organizaciones locales representativas de la población. En particular, el Gobierno reitera el compromiso adquirido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria de fortalecer la participación social a través de diversas formas de información y educación relativas a la defensa de los derechos humanos, la renovación de la cultura política y la solución pacífica de los conflictos. Asimismo, reafirma su voluntad de capacitar a las organizaciones sociales para la participación en el desarrollo socioeconómico.

VI. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL FORTALECIMIENTO DEL PODER CIVIL

59. Para fortalecer las oportunidades de parti-cipación de las mujeres en el ejercicio del poder civil, el Gobierno se compromete a: a) Impulsar campañas de difusión y programas

educativos a nivel nacional encaminados a concientizar a la población sobre el derecho de las mujeres a participar activa y decididamente en el proceso de fortalecimiento del poder civil, sin ninguna discriminación y con plena igualdad, tanto de las mujeres del campo como de las mujeres de las ciudades;

b) Tomar las medidas correspondientes a fin de propiciar que las organizaciones de carácter político y social adopten políticas específicas tendientes a alentar y favorecer la participación de la mujer como parte del proceso de fortalecimiento del poder civil;

c) Respetar, impulsar, apoyar e institucionalizar las organizaciones de las mujeres del campo y la ciudad;

d) Determinar que en todas las formas de ejercicio del poder, se establezcan y garanticen oportunidades de participación a las mujeres organizadas o no.

60. Las partes valoran el trabajo que realizan a nivel nacional las diversas organizaciones de mujeres y las exhortan a unificar esfuerzos para

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Acuerdos de Paz

dar su aporte en el proceso de implementación de los acuerdos de paz firme y duradera, particularmente de aquellos compromisos más directamente relacionados con las mujeres.

VII. ASPECTOS OPERATIVOS DERIVADOS DE LA FINALIZACIÓN DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO

Comités voluntarios de defensa civil (CVDC)

61. El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República la derogación del decreto de creación de los CVDC y le propondrá que ésta entre en vigor el día de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. La desmovilización y desarme de los CVDC concluirá en un plazo de 30 días después de la derogación del decreto. Los CVDC, incluyendo aquellos que se desmovilizaron con anterioridad, cesarán toda relación institucional con el Ejército de Guatemala y no serán reconvertidos de manera que se restituya esta relación.

Policía militar ambulante

62. Las Partes convienen la disolución de la Policía Militar Ambulante en el término de un año a partir de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, cuando concluirá la desmovilización de sus efectivos.

Reducción en efectos y presupuesto del Ejército

63. A partir de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, en consonancia con la nueva situación y la definición de funciones del Ejército de Guatemala contenidas en el presente Acuerdo, el Gobierno de la República iniciará un proceso progresivo, que concluirá en lo siguiente: a) Reorganizar el despliegue de las fuerzas

militares en el territorio del país, durante el año 1997, disponiendo su ubicación en función de la defensa nacional, cuidado de fronteras y protección de la jurisdicción marítima, territorial y del espacio aéreo;

b) Reducir los efectivos del Ejército de Guatemala en un 33%, durante el año 1997, tomando

como base su tabla de organización y equipo vigente;

c) Reorientar el uso y distribución de su presupuesto hacia las funciones constitu-cionales y la doctrina militar a que hace referencia el presente Acuerdo, optimizando los recursos disponibles de forma tal de alcanzar en el año 1999 una reducción respecto al gasto destinado en 1995, de un 33% en relación con el PIB. Esto permitirá liberar recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para la atención de los programas de educación, salud y seguridad ciudadana.

Entrenamiento militar

64. El Gobierno llevará a cabo la adaptación y transformación del contenido de los cursos creados en el contexto del enfrentamiento armado, con funciones contrainsurgentes, de modo que sean congruentes con el nuevo sistema educativo militar y se garantice la dignidad de los participantes, la observancia de los derechos humanos, y su vocación de servicio al pueblo.

Programas de reinserción

65. El Gobierno se compromete a diseñar y ejecutar después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera programas que permitan la reinserción productiva de los miembros del Ejército que sean desmovilizados en virtud del presente Acuerdo, salvo aquellos que hayan sido sentenciados por la comisión del algún delito. Estos planes concluirán en un plazo de un año. El Gobierno impulsará los planes para la obtención de los fondos correspondientes.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

Primera. De conformidad con el Acuerdo Marco, se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas verifique el cumplimiento del presente Acuerdo.

Segunda. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará

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en vigencia en el momento de la firma de este último.

Tercera. Se dará la más amplia divulgación al presente Acuerdo.

Ciudad de México, 19 de septiembre de 1996


Gustavo Porras Castejón

Raquel Zelaya Rosales Richard Aitkenhead Castillo

General de Brigada Otto Pérez Molina Coronel de Infanteria Morris Eugenio de León Gil


Comandancia General

Comandante Rolando Morán

Comandante Pablo Monsanto

Comandante Gaspar Ilom

Carlos Gonzá les



139

Considerando

Que el cese al fuego definitivo es el producto de la conclusión de los acuerdos sustantivos del proceso de paz y que está relacionado también con los acuerdos operativos sobre “Bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a la vida política del país” y “Cronograma para el cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz”, por lo que la desmovilización escalonada de las fuerzas de la URNG prevista en el presente Acuerdo debe darse simultáneamente con el inicio del cumplimiento de los compromisos contenidos en los acuerdos de paz;

Que el Gobierno de la República reitera que la incorporación de URNG a la vida política y legal del país, en condiciones de seguridad y dignidad, constituye un factor de interés nacional, por cuanto está directamente relacionado con el objetivo de la conciliación, del perfeccionamiento de un sistema democrático sin exclusiones, y con el aporte de todos los guatemaltecos a la construcción de un país próspero, de un sistema socioeconómico justo y equitativo y de una nación pluricultural, multiétnica y multilingüe;

Que el contenido de los acuerdos de paz expresa consensos de carácter nacional, por cuanto han sido avalados por los diferentes sectores representados en la Asamblea de la Sociedad Civil y fuera de ella, y que, por tanto, el cumplimiento progresivo de los acuerdos de paz constituye una agenda nacional que debe satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos, al tiempo que une los esfuerzos de todos en aras de esos objetivos comunes;

Que el Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego atestigua la decisión de la organización político-

militar de la URNG de incorporarse como fuerza política a la legalidad, así como ser copartícipe, conjuntamente con el Gobierno y la sociedad civil en la construcción de la paz, del desarrollo y del bien común;

Que en esta etapa negociadora, el Gobierno de la República y las fuerzas más representativas de la sociedad guatemalteca han desempeñado un importante papel en la creación del clima de confianza existente entre las partes, las cuales reconocen como factor importante el apoyo de la comunidad internacional al proceso de negociación;


A. CESE AL FUEGO

Concepto

1. El cese al fuego consiste en el cese de todas las acciones insurgentes de parte de las unidades de la URNG y el cese de todas las acciones de contrainsurgencia por parte del Ejército de Guatemala.

Vigencia

2. El cese al fuego definitivo será vigente a partir de las 00:00 horas del día “D”, fecha en que deberá estar instalado y con capacidad de funcionamiento el mecanismo de verificación de las Naciones Unidas. Dicha fase debe finalizar a más tardar el día “D+60”, con la desmovilización de la URNG.

3. Las Partes se comprometen a mantener la situación actual de cese de actividades militares

ACUERDO SOBRE EL DEFINITIVO CESE AL FUEGO

Oslo, Noruega, 4 de diciembre de 1996

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ofensivas por parte de la URNG y cese de actividades contra insurgentes por parte del Ejército de Guatemala hasta el día “D”.

4. Las Naciones Unidas informarán a las Partes sobre la instalación del mecanismo de verificación con la mayor antelación posible, a fin de que se fije el día “D”.

Despliegue de la Verificación

5. Del día “D-10” al día “D”, las Naciones Unidas desplegarán sus efectivos y equipos para efectuar la verificación del cese al fuego en los lugares establecidos por las Partes en los anexos del presente Acuerdo.

Lugares a verificar

6. Para los efectos de la verificación, durante el período de cese al fuego, habrá representantes de las Naciones Unidas en las unidades militares del Ejército de Guatemala designadas en el anexo C y en los puntos de concentración de la URNG designados en el anexo A del presente Acuerdo.

Prohibición de actividades de propaganda política

7. Durante el desplazamiento y en los puntos de concentración, las fuerzas concentradas no podrán efectuar propaganda ni acción política fuera de los puntos de concentración.

B. SEPARACIÓN DE FUERZAS

Conceptos

8. Desplazamiento de las unidades del Ejército de Guatemala: el desplazamiento consiste en establecer espacios sin la presencia de ningún tipo de fuerzas del Ejército de Guatemala. Estos espacios deben garantizar la seguridad y la logística que se proporcione a la URNG facilitando la verificación por parte de las Naciones Unidas.

9. Concentración y desarme de los efectivos de la URNG: la concentración de los efectivos de la URNG se hará en los puntos acordados por las Partes. Su tamaño será determinado por la cantidad de efectivos a concentrar y deberá permitir la estancia temporal en condiciones adecuadas.

Distancia de separación

10. Después de acordados los puntos de concentración para los efectivos de la URNG y efectuada la reubicación de las unidades militares del Ejército de Guatemala designadas en el anexo C, la distancia entre éstas y los puntos de concentración deberá ser como mínimo de 6 kilómetros, a efecto de garantizar el desarrollo del proceso sin ningún incidente. Los puntos de concentración de la URNG deberán ubicarse de preferencia a distancias no menores de 20 kilómetros de la línea de la frontera.

Zona de seguridad

11. Alrededor de cada punto de concentración se establecerá una zona de seguridad de 6 kilómetros de radio, donde no podrá haber unidades militares del Ejército de Guatemala, Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC) ni efectivos de la URNG.

12. A estas zonas sólo podrán acceder las unidades de verificación de las Naciones Unidas. Las actividades policiales podrán realizarse previa coordinación con la verificación de las Naciones Unidas.

Zona de coordinación

13. Alrededor de cada zona de seguridad se establecerá una zona de coordinación de 6 kilómetros adicionales, donde los desplazamientos de las unidades militares del Ejército de Guatemala y de los CVDC sólo podrán hacerse previa coordinación con la Autoridad de Verificación de Naciones Unidas.

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Acuerdos de Paz

Establecimiento de puntos de concentración y rutas de desplazamiento

14. Los puntos de concentración y rutas de desplazamiento están contenidos en los siguientes anexos al presente Acuerdo: a) Anexo A: Puntos de concentración de uni-

dades de URNG; b) Anexo B: Rutas de desplazamiento de las

unidades de URNG hacia los puntos de concentración;

c) Anexo C: Desplazamiento y ubicación de unidades militares del Ejército de Guatemala sujetas a verificación.

Información sobre efectivos y armamento

15. La URNG proporcionará a las Naciones Unidas información detallada sobre el número de efectivos, listado de personal, inventario de armas, explosivos, minas y toda la información necesaria sobre la existencia de campos minados, municiones y demás equipo militar, tanto en mano como depositado. Asimismo el Ejército de Guatemala proporcionará la información actualizada sobre el número de efectivos que movilizarán los comandos militares del Ejército de Guatemala designados en el anexo C. Ambas partes deberán entregar dicha información a la verificación a más tardar el día “D+15”.

16. Las Partes se comprometen a entregar a la Autoridad de Verificación, dentro del plazo establecido de común acuerdo con ellas, toda información complementaria o adicional reque-rida por dicha Autoridad.

Inicio de desplazamiento

17. Las Unidades del Ejército de Guatemala designadas en el anexo C iniciarán su desplazamiento a partir del día “D+2” al día “D+10” o, de ser posible, antes.

18. Los efectivos de la URNG inciarán su desplazamiento hacia los puntos de concentración

designados en el anexo A a partir del día “D+11” al día “D+21” o, de ser posible, antes. Serán acompañados en estos desplazamientos por la misión de verificación.

19. Las Partes comunicarán a la Autoridad de Verificación de Naciones Unidas, no más tarde del día “D-10”, el programa completo de desplazamientos de sus respectivas fuerzas (composición, ruta a seguir, inicio del desplazamiento y toda otra información que permita dar cumplimiento a la verificación).

Efectivos a concentrarse

20. Los efectivos que la URNG debe concentrar son los siguientes: a) Integrantes de los diferentes frentes guerrilleros

o su equivalente en cada organización de la URNG que incluyen estructuras de mando, políticas, seguridad, inteligencia, logística, servicios médicos, fuerza permanente y unidades menores;

b) Los elementos armados organizados en grupos denominados como fuerza guerrillera local, de resistencia y similares en cada una de las organizaciones de la URNG y que hayan sido creadas para el apoyo de combate;

c) Los elementos armados organizados en grupos que actúan en frentes urbanos y suburbanos de las diferentes organizaciones de la URNG.

Limitaciones a efectivos concentrados de la URNG

21. Los elementos concentrados de la URNG se compromenten a no abandonar los puntos de concentración sin consentimiento y verificación de las Naciones Unidas. Podrán hacerlo desarmados y acompañados por representantes de la verificación, previa coordinación con el Gobierno de Guatemala, en los casos previstos en los incisos siguientes: a) Atención médica; b) Para entregar depósitos clandestinos con

armas, municiones y equipo ubicados en cualquier lugar;

142


c) Para señalar las áreas que se encuentren minadas con explosivos;

d) Cualquier otro motivo de carácter humanitario individual o de grupo;

e) Para realizar consultas con otros puntos de concentración o grupos de trabajo.

Verificación de comandos militares del Ejército de Guatemala designado en el anexo C

22. Los comandos militares del Ejército de Guatemala designados en el anexo C del presente documento estarán sujetos a programas de verificación por parte de las Naciones Unidas durante el proceso del cese al fuego, debiendo informar con antelación sobre sus movimientos a la Autoridad de Verificación, cuando éstos estén previstos realizarlos dentro de las zonas de coordinación.

Limitación del espacio aéreo

23. Entrará en vigor el día “D” y deberá quedar restringida la utilización del espacio aéreo de la siguiente forma: a) Estarán prohibidos los vuelos militares sobre

las zonas de seguridad, excepto por desastre o calamidad pública, en cuyo caso deberán informarlo previamente a la Autoridad de Verificación de las Naciones Unidas;

b) Los vuelos militares sobre las zonas de coordinación estarán permitidos previa in-formación a la Autoridad de Verificación de las Naciones Unidas.

Desarme de la URNG

24. El desarme consiste en el depósito, registro y entrega a las Naciones Unidas de todo tipo de armas ofensivas y defensivas, municiones, explosivos, minas y demás equipo militar complementario que se encuentre en poder de los efectivos de la URNG, tanto en mano, como en campos minados o en depósitos clandestinos en cualquier lugar.

Control de armamento

25. Del día “D+11” al día “D+42” en los puntos de concentración de la URNG las armas, municiones y demás equipo militar deberán ser depositados en lugares especiales designados por las Naciones Unidas, salvo el equipo y arma individual de los combatientes mientras permanezcan en dichos lugares.

26. Cada depósito contará con dos cerraduras; una llave estará en poder de las Naciones Unidas y la otra la tendrá el responsable de la URNG de cada campamento. Las Naciones Unidas verificarán periódicamente el inventario de cada depósito.

C. DESMOVILIZACIÓN

Concepto

27. Implica la finalización de las estructuras militares de la URNG en los puntos de concentración acordados. La incorporación de la URNG a la vida política del país se hará de conformidad con el Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país, el cual está sujeto a la verificación de las Naciones Unidas.

Operatividad

28. La desmovilización escalonada de los combatientes de la URNG y su incorporación dentro de un marco de legalidad, a la vida civil, política, socioeconómica e institucional del país será en base a lo establecido en el Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país y en función de la aplicación del Acuerdo sobre cronograma de cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. La desmovilización se hará en la forma siguiente: a) del día “D+43” al día “D+48”: un 33% b) del día “D+49” al día “D+54”: un 66% c) del día “D+55” al día “D+60”: un 100%

143

Acuerdos de Paz

Apoyo logístico

29. Para el apoyo logístico al proceso de cese al fuego y de desmovilización, se establecerá una Comisión bajo la coordinación de las Naciones Unidas integrada por representantes de la URNG y del Gobierno de Guatemala. El número de integrantes de la Comisión se fijará en función de las necesidades.

Entrega de armas y municiones

30. Previa la desmovilización del último grupo de combatientes, y a más tardar el “D+60”, la URNG deberá entregar a Naciones Unidas todas las armas y equipo militar de sus efectivos, en mano o en depósito.

D. VERIFICACIÓN

31. Se entiende por verificación internacional por las Naciones Unidas la comprobación en el lugar, del cumplimiento por ambas partes, de los compromisos adquiridos en el presente Acuerdo.

Inicio de la verificación

32. La verificación dará inicio el día “D” cuando empiece a regir el cese al fuego, de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo, sin que esto restrinja el cumplimiento de la función constitucional del Ejército de Guatemala en el resto del territorio nacional.

Coordinación y seguimiento

33. Para los efectos de la coordinación y seguimiento, las Partes se comprometen en designar, a distintos niveles, responsables que aseguren el enlace con la Autoridad de Verificación.

E. DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo formará parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último.

Oslo, 4 de diciembre de 1996

Por el Gobierno de Guatemala

Gustavo Porras Castejón Raquel Zelaya Rosales

Richard Aitkenhead Castillo General de Brigada Otto Pérez Molina


Guatemalteca

Comandante Rolando Morán Comandante Pablo Monsanto

Carlos Gonzáles Jorge Rosal


Jean Arnault

Moderador

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I. REFORMAS CONSTITUCIONALES

Considerando que la Constitución en vigor desde 1986 plantea la responsabilidad del Estado, como organización jurídico-política de la sociedad, de promover el bien común y la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; y plasmó, como preocupación central, impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho;

Considerando que en el Acuerdo de Oslo del 30 de marzo de 1990, la delegación de la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala (CNR), actuando con pleno respaldo del Gobierno de Guatemala, y la delegación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con pleno respaldo de su Comandancia General, consignaron su voluntad expresa de encontrar caminos de solución pacífica a la problemática nacional por medios políticos;

Considerando que el 24 de abril de 1991 se inició el proceso de negociación directa entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), asumiendo las Partes el compromiso de que los acuerdos políticos reflejarían las legítimas aspiraciones de todos los guatemaltecos y se establecerían con el apego al marco constitucional vigente y de conformidad con los acuerdos de El Escorial, en el cual la URNG y los partidos políticos del país se comprometieron a promover las reformas de la Constitución Política de la República que fuesen necesarias para la reconciliación de todos los guatemaltecos, la finalización del enfrentamiento armado interno

y la solución pacífica de la problemática nacional por medios políticos; y el irrestricto respeto y aplicación de la ley;

Considerando que las reformas constitucionales contenidas en el presente Acuerdo constituyen bases sustantivas y fundamentales para la reconciliación de la sociedad guatemalteca en el marco de un Estado de derecho, la convivencia democrática, la plena observancia y el estricto respeto de los derechos humanos, la erradicación de la impunidad y, a nivel nacional, la institucionalización de una cultura de paz basada en la tolerancia mutua, el respeto recíproco, la concertación de intereses y la más amplia participación social a todos los niveles e instancias de poder;

Considerando que las referidas reformas contribuirán a la estabilidad política, al fortalecimiento del poder civil y la redefinición convenida de las funciones del Ejército para esta nueva etapa histórica del país que se inicia con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera;

Considerando que las referidas reformas sistematizan y desarrollan, además, el espíritu y la letra de los compromisos suscritos en lo institucional, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo étnico, en lo referente a los derechos humanos, su estricta observancia y la lucha contra la impunidad;

Considerando que en lo nacional tiene significación fundamental el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, así como de sus deberes;

ACUERDO SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y RÉGIMEN ELECTORAL

Estocolmo, Suecia, 7 de diciembre de 1996

146


Considerando que las reformas constitucionales acordadas son un histórico paso que en lo institucional garantiza y asegura la construcción de una paz justa y la estabilidad democrática por medios políticos e institucionales y en el marco de la Constitución Política de la República;

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, (URNG), en adelante “las Partes”, acuerdan lo siguiente:

1. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República el proyecto de reformas constitucionales contenidas en las secciones A y B del presente Acuerdo 60 días después de su entrada en vigencia.

2. Las reformas constitucionales propuestas cuyo texto no está expresamente redactado y para las cuales no se identifica el número del artículo correspondiente, se entiende que su ubicación y redacción corresponde al Organismo Legislativo.

3. Las Partes solicitan al Congreso de la República la emisión o modificación de la legislación ordinaria que sea preciso, para adecuarla a lo convenido por las Partes en los Acuerdos de Paz y a las reformas constitucionales contenidas en el presente Acuerdo. Asimismo, si fuera el caso, acordar otras reformas constitucionales o legales que fueran necesarias para mantener la consistencia y congruencia con las reformas propuestas por las Partes.

A. Reformas constitucionales contenidas en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas

4. En este Acuerdo se prevé reconocer constitucionalmente la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, y desde tal perspectiva, la necesidad de definir y caracterizar al Estado guatemalteco como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. No se trata solamente de reconocer la existencia de

distintos grupos étnicos y su identidad, como lo hace actualmente la Constitución en el artículo 66, sino reconocer que la conformación misma de la sociedad, sin perjuicio de su unidad nacional y del Estado, está caracterizada de aquella manera, lo que implica, además, el reconocimiento de la especificidad de la espiritualidad indígena como componente esencial de su cosmovisión y de la trasmisión de sus valores, y la oficialización constitucional de los idiomas indígenas, como uno de los pilares sobre los que se sostiene la cultura nacional y como medio de la adquisición y trasmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos y valores culturales.

Identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca

5. Promover ante el Congreso de la República que en la Constitución Política se reconozca expresamente la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, dentro de la unidad de la nación guatemalteca.

Listado de los idiomas existentes en el país

6. Promover ante el Congreso de la República una reforma de la Constitución Política a fin de que en ella conste la lista del conjunto de idiomas existentes en la República y que el Estado está obligado a reconocer, respetar y promover, mediante su inclusión en el artículo 143 de la Constitución Política.

Oficialización de los idiomas indígenas

7. Promover ante el Congreso de la República, de acuerdo con los resultados de la Comisión de Oficialización que establece el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, las reformas necesarias de la Constitución Política que derivaren del trabajo de la mencionada Comisión.

Espiritualidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca

8. Promover ante el Congreso de la República la reforma del artículo 66 de la Constitución Política a fin de estipular que el Estado reconoce, respeta

147

Acuerdos de Paz

y protege las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos Maya, Garífuna y Xinca.

Definición y caracterización de la nación guatemalteca

9. Promover ante el Congreso de la República una reforma del artículo 140 de la Constitución Política a fin de definir y caracterizar a la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe.

B. Reformas constitucionales incluidas en el Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática

10. En el marco de la modernización de las instituciones del Estado, el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática prevé reformas constitucionales relativas al Congreso de la República, al Organismo Judicial, a las funciones del Presidente de la República y al Ejército de Guatemala. No se trata de impulsar medidas casuísticas, sino de reformular la concepción misma de los órganos e instituciones del Estado con miras al fortalecimiento de la democracia, en armonía con tendencias constitucionales modernas.

Congreso de la República

11. En lo que respecta al Congreso de la República, las condiciones actuales han motivado el planteamiento por parte de distintos sectores sociales, relativo al número de diputados, de tal manera que, sin perjuicio de su representatividad como típica expresión de la democracia, no exceda de un número razonable predeterminado. Además, dicha representatividad plantea la necesidad de la renovación también razonable de los diputados, por lo que se ha previsto su no reelección por más de dos períodos consecutivos.

Número fijo de diputados

12. Promover ante el Congreso de la República una reforma del Artículo 157 de la Constitución Política de la República con el objeto de mantener fijo el número actual de diputados al Congreso de la República.

13. Se debe promover, además, la reforma del mismo artículo de manera que conste que los diputados no puedan ser reelectos más de dos veces en forma consecutiva, a fin de no impedir la carrera parlamentaria pero a la vez permitir la renovación de nuevos liderazgos políticos en el Congreso.

Administración de justicia

14. La pureza y la eficiencia de la función judicial cumplen la tarea de garantizar las reglas de las relaciones sociales, garantía que solamente puede operativizarse mediante la seguridad manifestada en los derechos sustantivos prescritos en la ley, en la resolución justa de las controversias, en la sujeción universal a las normas procesales, en el castigo a los transgresores y en la reparación de los daños causados.

15. De ahí la importancia del fortalecimiento de la función jurisdiccional que, en el marco constitucional referente a las garantías generales de la administración de justicia, haga realidad el libre acceso a la misma, con independencia de la capacidad económica. Considerando de manera específica la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe del país; la imparcialidad e independencia del juzgador; la solución razonada y pronta de los conflictos sociales; la apertura a mecanismos alternativos de resolución de los mismos; una carrera judicial que busque la excelencia profesional de los juzgadores, a quienes debe reconocérseles adecuadamente la dignidad de su función, así como derechos y responsabilidades inherentes a su formación y perfeccionamiento, sin perjuicio de un régimen disciplinario que, con respeto al derecho de defensa y al debido proceso, garantice un

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adecuado ejercicio de la función judicial, con poder sancionador atribuido exclusivamente al propio Organismo Judicial.

Garantías para la administración de justicia

16. Promover ante el Congreso de la República una reforma del Artículo 203 de la Constitución Política de la República en la que conste una referencia inicial expresa a las garantías de la administración de justicia y, como tal, incluir: a) el libre acceso a ella y en el propio idioma; b) el respeto por el carácter multiétnico, pluri-

cultural y multilingüe del país; c) la defensa de quien no puede pagarla; d) la imparcialidad e independencia del juz-

gador; e) la solución razonada y pronta de los conflictos

sociales; y, f) la apertura de mecanismos alternativos de

resolución de conflictos.

En adición, en párrafo aparte debe recogerse el contenido actual del artículo 203, sintetizado.

Carrera judicial

17. Promover ante el Congreso de la República la reforma de los artículos 207, 208 y 209 de la Constitución Política y que en ellos se haga referencia a la Ley de la Carrera Judicial, estableciendo como sus contenidos los siguientes: a) Derechos y responsabilidades de los jueces,

dignidad de la función y adecuado nivel de remuneraciones;

b) Sistema de nombramientos y ascensos de jueces con base en concursos públicos, que busquen la excelencia profesional;

c) Derecho y deber de formación y perfec-cionamiento en la función;

d) Régimen disciplinario, con garantías, pro-cedimientos, instancias y sanciones prees-tablecidas, así como el principio que un juez magistrado no puede ser investigado y sancionado sino por quien tiene funciones jurisdiccionales.

Servidores del Organismo Judicial

18. Promover ante el Congreso de la República la reforma del Artículo 210 de la Constitución Política de la República de manera que la garantía contenida en el segundo párrafo del mismo se elimine, puesto que su contenido sería absorbido por los tres artículos anteriores. El presente artículo debe referirse sólo a los servidores del Organismo Judicial que no son jueces o magistrados.


19. Promover ante el Congreso de la República el establecimiento de un artículo de la Constitución Política de la República que defina, en los siguientes términos, las funciones y principales características de la Policía Nacional Civil:

“La Policía Nacional Civil es una ins-titución profesional y jerarquizada. Es el único cuerpo policial armado con competencia nacional cuya función es proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las per-sonas, prevenir, investigar y combatir el delito, y mantener el orden público y la seguridad interna. Conduce sus acciones con estricto apego al respeto de los dere-chos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles. La ley regulará los requisitos y la for-ma de ingreso a la carrera policial, pro-mociones, ascensos, traslados, sancio-nes disciplinarias a los funcionarios y empleados incluidos en ella y las demás cuestiones inherentes al funcionamiento de la Policía Nacional Civil”.

Ejército de Guatemala

20. En una sociedad democrática, las funciones típicas del ejército se relacionan con la defensa de la soberanía y la integridad del territorio; toda otra función resulta atípica y extraordinaria; el ejercicio de otras funciones no puede enmarcarse más que en orden a la sujeción al poder legíti-

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Acuerdos de Paz

mamente constituido, al igual que toda otra ins-titución gubernamental, precedida de la decisión y acompañada del control al respecto por parte de los poderes del Estado legítimamente constituidos y en el ámbito de sus competencias específicas. De ahí que cualquier función extraordinaria del ejército debe ser decidida por el Presidente de la República, como Jefe del Estado y como Comandante General del Ejército, a la vez que sometida al control interorgánico atribuido al Congreso de la República.

21. Por otra parte, al igual que a los restantes ministros de Estado, al Ministro de la Defensa le competen funciones de decisión política que no están necesariamente vinculadas con perfiles personales de conocimientos estrictamente téc-nicos, por lo que no se justifica la exigencia actual de que sea necesariamente militar. En armonía con una moderna concepción de la organización jurisdiccional, es necesario también readecuar la jurisdicción privativa militar en materia penal, limitándola a los delitos y faltas estrictamente militares.

Integración, organización y funciones del Ejército

22. Promover ante el Congreso de la República una reforma del Artículo 244 de la Constitución Política de la República de manera que quede como sigue:

“Artículo 244. Integración, organización y funciones del Ejército. El Ejército de Gua-temala es una institución permanente al servicio de la Nación. Es único e in-divisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Tiene por función la defensa de la so-beranía del Estado y de la integridad del territorio. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia”.

Funciones del Presidente de la República

23. Promover ante el Congreso de la República una reforma del Artículo 183 de la Constitución

Política de la República que incluya lo siguiente: “Suprimir el inciso (r) del citado artículo y modificar el texto del inciso (t) del mismo, dejándolo como a continuación se transcribe: “Conceder pensiones extraordinarias”.

24. Con relación a las funciones del Presidente de la República se está de acuerdo en promover la inclusión en el artículo 183, de lo siguiente:

“Cuando los medios ordinarios para el mantenimiento del orden público y la paz interna resultaren rebasados, el Presidente de la República podrá excepcionalmente disponer del Ejército para este fin. La actuación del Ejército tendrá siempre carácter temporal, se desarrollará bajo la autoridad civil y no implicará limitación alguna en el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Para disponer estas medidas excepcio-nales, el Presidente de la República emitirá el Acuerdo correspondiente. La actuación del Ejército se limitará al tiempo y las modalidades estrictamente necesarios, y cesará tan pronto se haya alcanzado su cometido. El Presidente de la República mantendrá informado al Congreso sobre las actuaciones del Ejército, y el Congreso podrá en cualquier momento disponer el cese de estas actuaciones. En todo caso, dentro de los quince días siguientes a la terminación de éstas, el Presidente de la República presentará al Congreso un informe circunstanciado sobre la actuación del Ejército”.

Cargos y atribuciones del Presidente en el Ejército

25. Promover ante el Congreso de la República la reforma por supresión de la oración final del literal b) del Artículo 246 de la Constitución Política de la República, que dice: “Puede asimismo, conceder pensiones extraordinarias”.

26. Además, promover la sustitución del párrafo primero del citado artículo constitucional redactándose de la manera siguiente:

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“El Presidente de la República es el Comandante General del Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del Ministro de la Defensa Nacional, ya sea éste civil o militar”.

Tribunales militares

27. Promover ante el Congreso de la República una reforma total del Artículo 219 de la Constitución Política de la República de manera que quede como sigue:

“Artículo 219. Tribunales militares. Los tri-bunales militares conocerán de los delitos y faltas tipificadas en el Código militar y en los reglamentos correspondientes. Los delitos y faltas del orden común cometidos por militares serán conocidos y juzgados por la jurisdicción ordinaria. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares”.

II. RÉGIMEN ELECTORAL

Considerando:

Que las elecciones constituyen el instrumento esencial para la transición que vive Guatemala hacia una democracia funcional y participativa;

Que para ello, Guatemala dispone, con el Tribunal Supremo Electoral, de una institución independiente y de reconocida imparcialidad y prestigio que constituye un factor fundamental para garantizar y fortalecer el régimen electoral;

Que es necesario elevar la participación ciudadana en los procesos electorales y superar los fenómenos de abstención para afianzar la legitimidad del poder público y consolidar una democracia pluralista y representativa en Guatemala;

Que los niveles de participación electoral se deben a múltiples factores sociales y políticos que incluyen el impacto de las instituciones civiles sobre la vida cotidiana de los guatemaltecos, la

capacidad de los partidos políticos para responder a las expectativas de la población, el grado de participación organizada de la ciudadanía en la vida social y política, y su nivel de formación cívica, aspectos todos que el conjunto de los acuerdos de paz ya firmados busca fortalecer;

Que los procesos electorales adolecen de deficiencias específicas que dificultan el goce efectivo del derecho al voto, y que incluyen la falta de documentación confiable de los ciudadanos, la ausencia de un padrón electoral técnicamente elaborado, la dificultad de acceso al registro y a la votación, las carencias en la información y la necesidad de una mayor transparencia de las campañas electorales;

Que el presente Acuerdo aspira a promover las reformas legales e institucionales que corrijan dichas deficiencias y limitaciones y, conjuntamente con los demás acuerdos de paz, a contribuir a perfeccionar el régimen electoral en tanto instrumento de transformación democrática;

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante “Las Partes”) acuerdan lo siguiente:

Comisión de Reforma Electoral

1. Reconociendo el papel que corresponde al Tribunal Supremo Electoral en la custodia y el perfeccionamiento del régimen electoral, las Partes convienen en solicitarle, mediante el presente Acuerdo, que conforme y presida una Comisión de Reforma Electoral encargada de publicar un informe y un conjunto de recomendaciones sobre la reforma electoral y las modificaciones legislativas correspondientes.

2. Integrarían esta Comisión, además de su Presidente nombrado por el Tribunal Supremo Electoral, un representante y su suplente por cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria, y dos miembros y sus respectivos suplentes que a su juicio designe el Tribunal Supremo Electoral. La Comisión podría contar

151

Acuerdos de Paz

con todo el apoyo y asesoría que considere necesario.

3. Se recomienda que dicha Comisión quede integrada a más tardar tres meses después de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y que sus trabajos concluyan en un plazo máximo de seis meses a partir de su constitución. Para alcanzar sus objetivos, la Comisión debería propiciar un debate amplio y pluralista en torno al régimen electoral guatemalteco.

4. Como agenda mínima y no limitativa, la Comisión abarcaría, para la modernización del régimen electoral, los siguientes temas: a) Documentación; b) Empadronamiento; c) Votación; d) Transparencia y publicidad; e) Campaña de información; f) Fortalecimiento institucional.

Propuestas básicas

5. Con relación a estos temas, las Partes acuerdan, en congruencia con los esfuerzos para fortalecer los procesos electorales, plantear a la consideración de la Comisión de Reforma Electoral las siguientes propuestas básicas:

Documentación

6. En vista que la falta de documentación confiable es un obstáculo para la realización de las distintas etapas del proceso electoral, las Partes ven la conveniencia de instituir un documento único de identidad con fotografía que sustituya a la actual cédula de vecindad y que, en el marco de la identificación para todos los actos de la vida civil, sirva también para los procesos electorales. La emisión de dicho documento estaría a cargo del Tribunal Supremo Electoral a través del Registro de Ciudadanos, para lo cual se promoverían las reformas correspondientes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y al Código Civil.

7. Como un aporte para las próximas elecciones generales, sería de gran importancia y utilidad

que todos los ciudadanos utilicen el nuevo documento único de identidad.

Empadronamiento

8. Teniendo en cuenta la necesidad de per-feccionar en forma permanente el padrón elec-toral, cuyo establecimiento y actualización están a cargo del Tribunal Supremo Electoral, las Partes consideran conveniente que la Comisión de Reforma Electoral analice cómo hacer efectivo el control sistemático de defunciones y de traslados de lugar de residencia.

9. Con miras a definir, dentro de cada municipio, circunscripciones electorales con padrón electo-ral propio cuando fuera necesario para facilitar la votación, se propone que la Comisión reco-miende la reforma de la Ley Electoral y de Parti-dos Políticos para que el padrón electoral se base en el lugar de residencia.

10. La Comisión de Reforma Electoral debería examinar cómo facilitar el acceso de los ciuda-danos a los centros de registro y que el Tribunal Supremo Electoral disponga de los recursos para ampliar su cobertura en el área rural.

11. Tomando en cuenta las nuevas funciones del Ejército de Guatemala, contenidas en el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, y considerando el objetivo compartido por las Partes de propiciar la más amplia participación ciudadana en los procesos electorales, se invita a que la Comisión analice la conveniencia de otorgar en el futuro a los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo, el derecho político de ejercer el voto en los procesos electorales guatemaltecos.

Votación

12. Es necesario facilitar el acceso de los ciuda-danos a los centros de votación. Para el efecto, las partes proponen que, en base a los padrones electorales, el Tribunal Supremo Electoral, en consulta con los partidos políticos, defina

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los lugares en que se instalarán los centros de votaciones en el interior de los municipios donde existan importantes núcleos de población distantes de la cabecera municipal y que resulten asimismo accesibles a los fiscales de los partidos y observadores electorales. Los centros de votación deberían corresponder a una circunscripción electoral municipal con su propio padrón y, con ello, evitar eventuales problemas que pudieran darse, derivados de un padrón municipal común a todos los centros de votación.

13. Es necesario que la Comisión de Reforma Electoral estudie y proponga los cambios legislativos y/o administrativos que facilite la participación de los trabajadores migrantes internos en los procesos electorales, que en la actualidad coinciden con la época de migración laboral estacional.

Transparencia y publicidad

14. Para favorecer la transparencia de la postulación de los candidatos por las asambleas de los partidos políticos, conviene garantizar que se haga del conocimiento de todos los afiliados las convocatorias y realización de las asambleas generales de los partidos políticos. La Comisión de Reforma Electoral podría examinar si la verificación del cumplimiento de las convo-catorias y realización de las asambleas de los partidos podría hacerla de oficio el Registro de Ciudadanos o la conveniencia de promover las reformas legales para que el Tribunal Supremo Electoral pueda supervisar con efectividad las convocatorias y la instalación de las asambleas de los partidos políticos, asi como sus resultados.

15. Para asegurar la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y que la preferencia de los electores no sea suplantada por la capacidad de inversión económica, las Partes consideran que el Tribunal Supremo Electoral debería tener la facultad para determinar el techo de gastos en propaganda electoral de cada candidato presidencial en los medios masivos de comunicación. Se recomienda examinar las

posibilidades de proporcionar y facilitar la utiliza-ción de tiempos y espacios en los medios de comunicación en forma gratuita y en igualdad de condiciones para cada partido.

16. Los partidos y los candidatos deberían quedar obligados a presentar los libros de cuentas y los informes que les sean requeridos por el Registro de Ciudadanos para comprobar la procedencia lícita de los recursos. Para el cómputo de los gastos de propaganda deberían incluirse, a precios de mercado, las donaciones de propaganda que los partidos reciban durante la campaña electoral.

17. Procedería también promover una reforma al Código Penal a efecto de tipificar el delito de aceptación de financiamiento electoral ilícito, estableciendo que incurre en tal delito quien percibiere o autorizare la percepción de dichos aportes destinados al financiamiento de organizaciones políticas o a campañas electorales. La reforma establecería las sanciones penales correspondientes.

Campañas de información pública

18. La activa y cada vez mayor participación de los ciudadanos en los procesos electorales es una garantía para la legitimidad y representatividad de las autoridades electas. El logro de este objetivo se facilitaría si se realizan campañas permanentes de educación, motivación e información a los ciudadanos. La Comisión de Reforma Electoral estudiaría la posibilidad de llevar a cabo campañas de información con las siguientes características: a) Divulgar la importancia del derecho de los

ciudadanos a elegir y ser electos; b) Estimular y promover el empadronamiento

oportunamente; c) Informar sobre la manera de votar, los

documentos a presentar en las mesas y centros de votación y horas para hacerlo;

d) Informar sobre cómo organizarse en Comités Cívicos o afiliarse a partidos políticos.

19. Para la efectividad de estas campañas se debería tener en cuenta la importancia que

153

Acuerdos de Paz

tiene la utilización de los distintos idiomas de los pueblos indígenas conforme lo convenido en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas.

Fortalecimiento institucional

20. Para el fortalecimiento del régimen elec-toral, las Partes coinciden en solicitar a la Comisión de Reforma Electoral el diseño de un programa de modernización del Registro de Ciudadanos. Dicho programa, con las accio-nes correspondientes de capacitación y profe-sionalización del personal involucrado, permitiría automatizar la información e integrarla en redes coordinadas para la depuración efectiva de los padrones electorales, su mantenimiento y su actualización.

21. Teniendo en cuenta el papel del Tribunal Supremo Electoral en la reforma electoral propuesta en el presente Acuerdo, las Partes consideran conveniente que la Comisión de Reforma Electoral analice los recursos que requiere este Tribunal para su eficiente funcionamiento, y en particular sus funciones permanentes en materia de registro, empadronamiento y campañas de información a la ciudadanía. El Organismo Ejecutivo, por su parte, considerará el análisis de la Comisión de Reforma Electoral sobre dichos recursos y tomará las medidas a su alcance a fin de fortalecer el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral.

III. DISPOSICIONES FINALES

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia el día de la firma de este último.

Segunda. De conformidad con el Acuerdo Marco, se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas verifique el cumplimiento del presente Acuerdo.

Tercera. Se dará al presente Acuerdo la más amplia divugación.

Estocolmo, 7 de diciembre de 1996


Gustavo Porras Castejón General de Brigada Otto Pérez Molina

Raquel Zelaya Rosales Richard Aitkenhead Castillo


Guatemalteca

Carlos González Comandante Rolando Morán Comandante Pablo Monsanto

Jorge Rosal


Jean Arnault

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Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954;

Considerando que frente a una situación de injusticia social y económica, incluyendo prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, y la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales, asiste a los pueblos el derecho a buscar las transformaciones democráticas necesarias;

Considerando que el conjunto de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) representan una nueva y promisoria perspectiva para la vida democrática del país mediante nuevas formas de participación política y de institucionalidad;

Considerando que la construcción de una nación democrática, multiétnica, pluricultural y multilingüe, con justicia social, requiere de la participación equitativa de todos los ciudadanos y ciudadanas, en un marco de pleno pluralismo político e ideológico;

Reconociendo que la sociedad guatemalteca necesita desarrollar condiciones que hagan posible la conciliación y la gobernabilidad sostenida;

Considerando que el proceso de negociación para la búsqueda de la solución política al enfrentamiento armado interno lleva implícito

para su culminación el establecimiento de una serie de medidas para la incorporación de la URNG a la legalidad;

Reconociendo la determinación de la URNG de convertir sus fuerzas político militares en un partido político debidamente acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional;

Reconociendo que la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad, en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales, en un marco de seguridad y dignidad, constituirá un factor dinámico para el desarrollo y profundización del proceso democrático, la recomposición del tejido social en Guatemala, la conciliación y el establecimiento de la paz firme y duradera;

Llamando al Estado en su conjunto, a todos los sectores de la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a que acompañen y contribuyan a la realización del proceso de incorporación de la URNG;

El Gobierno de Guatemala y la URNG (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:

I. DEFINICIONES

1. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos. 2. El proceso de incorporación de los miembros de la URNG se iniciará con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y deberá desembocar en su

ACUERDO SOBRE BASES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

GUATEMALTECA A LA LEGALIDAD

Madrid, España, 12 de diciembre de 1996

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incorporación sostenible a la vida ciudadana del país. El proceso de incorporación comprenderá dos fases: una de incorporación inicial, que durará un año calendario a partir del día “D+60”; y otra posterior de incorporación definitiva, de mediano plazo, en la que se provean los apoyos necesarios para consolidarla.

Fase de incorporación inicial

3. La fase de incorporación inicial comprende dos regímenes en función de la situación de los miembros de la URNG: a) El régimen aplicable a los integrantes de

los distintos frentes guerrilleros y a otros combatientes, de acuerdo a la definición del párrafo 20 del Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Este régimen comprenderá dos etapas: i) Desmovilización: esta etapa tendrá una

duración de dos meses y se entiende como la finalización de las estructuras militares de la URNG en los puntos de concentración acordados. Durante dicha etapa, se prevé la provisión de servicios tales como documentación provisional, capacitación y orientación vocacional, con miras a facilitar la incorporación posterior de los desmovilizados. La Autoridad de Verificación entregará a la Comisión Especial de Incorporación la lista definitiva de los desmovilizados establecida en los puntos de concentración a más tardar el día “D+30”.

ii) Inserción: esta etapa se inicia al estar concluida la desmovilización (“D+60”) y finalizará un año después. Tiene como finalidad básica la atención de emergencia a ex-combatientes y la creación de condi-ciones que hagan factible el tránsito soste-nible a la fase de incorporación definitiva. Las condiciones mínimas, no limitativas, a lograrse en esta fase son las siguientes:

- Dotación de insumos y servicios propios de una situación de emergencia;

- Inicio de programas de capacitación e incorporación laboral;

- Constitución de los mecanismos finan-cieros dirigidos a obtener los recursos necesarios para iniciar la fase de incor-poración definitiva;

- Identificación de los programas sociales y económicos gubernamentales dirigidos al conjunto de la población que puedan dar atención a los ex-combatientes, y a los miembros de estructuras internas de la URNG quienes se incorporarán en la fase de incorporación definitiva, en condiciones similares a las de otros beneficiarios de dichos programas.

b) El régimen aplicable a los demás miembros de la URNG, integrantes de la estructura política interna y guatemaltecos integrantes de la estructura internacional de apoyo que no sean sujetos al proceso de desmovilización. Se prevé la provisión del apoyo necesario para su integración a la vida legal y, en función de situaciones individuales, otros servicios encaminados a facilitar su incorporación a la vida productiva. La URNG remitirá la lista de los integrantes no-desmovilizados beneficiarios de este régimen a más tardar el día “D-15” a la Autoridad de Verificación. Dicha Autoridad, a su vez, la remitirá a la Comisión Especial de Incorporación cuando ésta se constituya.

4. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a hacer lo necesario para el cumplimiento de la etapa de incorporación inicial y solicitan para ello el apoyo de la coo-peración internacional. Para llevar a cabo el programa, subprogramas y proyectos corres-pondientes, se establecerá una Comisión Espe-cial de Incorporación con la participación del Gobierno de Guatemala, de la URNG así como de los donantes y cooperantes, estos últimos con carácter consultivo. Para asegurar la plena participación de los beneficiarios en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos y programas que les conciernen, se creará una Fundación para la incorporación que estará directamente involucrada en las distintas etapas de la misma.

157

Acuerdos de Paz

Fase de incorporación definitiva 5. Después de un año del Día “D+60”, los beneficiarios de ambos regímenes podrán acceder a servicios de más largo plazo que ofrezca el Gobierno, incluyendo asistencia financiera, asesoría técnica, legal y laboral, educación, capacitación y proyectos productivos, destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca. Los proyectos específicos adicio-nales para los miembros de la URNG estarán bajo la responsabilidad de la Fundación para la incorporación. Las Partes invitan a la cooperación internacional a que brinde su apoyo técnico y financiero para asegurar el éxito de la fase de incorporación definitiva.

Programa de incorporación

6. Se entiende por programa de incorporación de la URNG el conjunto de medidas y disposi-ciones legales, políticas, económicas y de seguri-dad, así como subprogramas y proyectos que deben asegurar el éxito del proceso de incor-poración. Dicho programa se realizará de acuer-do a los objetivos y principios mencionados a continuación.

II. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

Objetivos

7. El programa de incorporación buscará esta-blecer las mejores condiciones para la incor-poración de los miembros de la URNG a la vida legal, política, social, económica y cultural del país en un marco de seguridad y dignidad.

8. La fase de incorporación inicial buscará dotar a los miembros de la URNG, y en particular a los ex-combatientes, de los medios necesarios para iniciar su incorporación sostenible a través de actividades productivas, de educación, de capacitación u otras. La utilización adecuada de estos medios es responsabilidad de los beneficiarios.

9. La fase de incorporación definitiva buscará proveer a los miembros de la URNG, y en parti-cular a los ex-combatientes, del apoyo necesario para consolidar su incorporación. Al mismo tiempo, el programa de incorporación buscará ser un factor de desarrollo para el país y un elemento de concordia nacional.

Principios

10. El Gobierno de Guatemala se compromete a garantizar las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad, y promover las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer posible la realización del programa de incorporación.

11. La URNG se compromete a hacer todo lo posible para la exitosa incorporación del conjunto de sus miembros a la vida social, económica y cultural, a través de la ejecución del programa. 12. El programa considerará como sectores de atención prioritaria y específica a los ex-combatientes, las mujeres, los jóvenes y los discapacitados.

13. Teniendo en cuenta la variedad de situaciones personales que presentan los miembros de la URNG que se incorporan a la vida legal, el programa se aplicará en forma flexible y adaptada a estas necesidades.

14. Para asegurar esta flexibilidad, se impulsarán subprogramas y proyectos diseñados, adminis-trados y ejecutados con la plena participación de los beneficiarios, de conformidad con los arreglos institucionales establecidos en el presente Acuerdo.

15. Cada vez que sea pertinente, y en particular en los casos de proyectos productivos, se asegurará que el programa tenga un impacto positivo sobre las comunidades donde se realice y que su diseño y aplicación se haga en consulta con ellas.

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III. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN

16. El programa de incorporación de la URNG se desarrollará en base a los componentes listados a continuación:

A. Area jurídica

Ley de Reconciliación Nacional

17. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional cuyo objetivo será, de acuerdo al espíritu y contenido de los Acuerdos de Paz, promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.

Derecho a la verdad

18. Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliación Nacional encargará a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, el diseño de los medios encaminados a hacer posible el conocimiento y reconocimiento de la verdad histórica acerca del período del enfrentamiento armado interno, a fin de evitar que tales hechos se repitan. La Ley establecerá la obligación de todo organismo o entidad del Estado de prestar a la Comisión los apoyos que ésta requiera para llevar a cabo su tarea, según las finalidades especificadas en el Acuerdo correspondiente.

Derecho a reparación

19. Con base en el principio de que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar, la Ley

dispondrá que una entidad estatal tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La entidad encargada tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Extinción de la responsabilidad penal

20. Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad.

Delitos políticos

21. En relación con la figura legal indicada en el párrafo anterior, la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos en el enfrentamiento armado interno, hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley, y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, y contra la administración pública, comprendidos en los artículos 359, 360, 367, 368, 375, 381, 385 a 399, 408 a 410, 414 a 416, del Código Penal, así como los contenidos en el Título VII de la Ley de Armas y Municiones. En estos casos, el Ministerio Público se abstendrá de ejercer la acción penal y la autoridad judicial decretará el sobreseimiento definitivo.

Delitos comunes conexos

22. En relación a la misma figura legal indicada en el párrafo 19, la Ley de Reconciliación Nacional declarará igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos cometidos en el enfrentamiento armado, entendiéndose por tales aquéllos que directa, obje-tiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin

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Acuerdos de Paz

personal. Los delitos comunes que se entienden conexos con los políticos señalados en el párrafo anterior corresponden a aquéllos tipificados en los artículos 214 a 216, 278, 279, 282 a 285, 287 a 289, 292 a 295, 321, 325, 330, 333, 337 a 339, 400 a 402, 404, 406 y 407, del Código Penal.

Otras extinciones de la responsabilidad penal

23. Para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado interno, la Ley de Reconciliación Nacional contendrá disposiciones específicas y equivalentes a las anteriores, en el sentido de que declararán la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos, cuando directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con dicha finalidad, siempre que no fuere probado que no existe relación entre el hecho delictivo y la finalidad preceptuada.

Restricciones

24. Las disposiciones contenidas en la referida Ley de Reconciliación Nacional, que declaren la extinción de la responsabilidad penal, en ningún caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal, de acuerdo al derecho interno o a los tratados internacionales ratificados o suscritos por Guatemala.

Procedimiento

25. Tratándose de los delitos comunes conexos, el correspondiente procedimiento judicial estará enmarcado por las garantías del debido proceso, será expeditivo y contradictorio, y constará de las siguientes etapas: i) Cuando el Ministerio Público o una autoridad

judicial conociere de alguno de los delitos refe-ridos en el párrafo anterior, trasladará inmedia-tamente el asunto a la Sala de la Corte de Ape-laciones que tenga competencia sobre el mismo, en razón de su jurisdicción. La Sala dará traslado

al agraviado previsto como tal en el Artículo 117 del Código Procesal Penal, al Ministerio Público y al sindicado, mandando oirlos dentro del plazo común de diez días hábiles.

ii) Transcurrido dicho plazo, la Sala dictará auto razonado declarando procedente o no la extinción y, en su caso, el sobreseimiento definitivo, para lo cual tendrá un plazo de cinco días hábiles. Si transcurrido el plazo de traslado a las partes, la Sala estimare necesario contar con otros elementos para resolver, convocará inmediatamente a una audiencia oral, con participación exclusiva de las partes, en la cual recibirá las pruebas pertinentes, oirá a los comparecientes o a sus abogados y dictará inmediatamente auto razonado declarando procedente o no la extinción y, en su caso, el sobreseimiento definitivo. La audiencia oral deberá realizarse dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo del traslado a las partes. Entre la citación y la audiencia, deberán mediar por lo menos tres días hábiles.

iii) El auto de la Sala sólo admitirá el recurso de apelación que se interponga dentro del plazo de tres días contado a partir de la última notificación, por cualquiera de los legítimamente interesados, por escrito y con expresión de agravios. Otorgada la apelación, se elevará inmediatamente las actuaciones a la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema, la que resolverá sin más trámite dentro del plazo de cinco días, confirmando, revocando o modificando el auto apelado. Lo resuelto por la Corte Suprema no admitirá recurso alguno.

26. Durante el procedimiento, no se decretará medidas de coerción, tales como auto de procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión. Los presuntos responsables, imputados o sindicados, podrán ser representados durante el incidente por sus abogados.

27. Concluido el procedimiento, se remitirá certificación de todas las actuaciones a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

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Desmovilización

28. Para el cumplimiento del proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, pactado en el Acuerdo sobre definitivo cese al fuego, la Ley de Reconciliación Nacional esta-blecerá la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos comprendidos en los artículos 398, 399, 402 y 407 del Código Penal, y 87, 88, 91 a 97 c) de la Ley de Armas y Municiones, que cometieren dichos miembros hasta el día en que concluyan su desmovilización, conforme a los tér-minos, condiciones y plazos convenidos en el refe-rido Acuerdo. La fecha de conclusión de dicha desmovilización será informada oficialmente por la Autoridad de Verificación de las Naciones Unidas.

Documentación

29. Como consecuencia de las condiciones en que se ha desenvuelto el enfrentamiento armado interno, una gran parte de miembros de la URNG carecen de documentación personal. Este hecho limita el ejercicio de sus derechos y deberes civiles y ciudadanos. Para facilitar una inmediata solución a este problema, el Gobierno de la República se compromete a promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan a la Ley de Documentación Personal de la Población Desarraigada por el Enfrentamiento Armado Interno (Decreto 73-95). Dichas reformas, a la vez de solucionar los problemas de las poblaciones desarraigadas en esta materia, deberán constituir la solución a la carencia de documentación personal de los miembros de la URNG. Se solicitará al Congreso de la República que conozca y resuelva este asunto durante los dos meses posteriores a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

Documentación provisional

30. En tanto finalicen los trámites necesarios para la emisión de documentación personal definitiva, se solicitará a la Misión de Verificación la emisión de documentación temporal para los

desmovilizados y demás beneficiarios del Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG.

Otra documentación

31. Se agilizarán los trámites para la nacionalización de los hijos de guatemaltecos miembros de la URNG nacidos en el extranjero.

Otras disposiciones legales

32. El Gobierno se compromete a promover ante el Congreso las reformas legales que hagan posible el pleno cumplimiento del presente Acuerdo.

B. Área política

33. Las Partes se comprometen a propiciar un clima de tolerancia, apertura y pluralidad que genere espacios para la conciliación y el entendimiento.

34. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los miembros de la URNG, al igual que todo ciudadano, gozarán del pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales (entre otros, organización, movili-zación, libertad de residencia, participación política), comprometiéndose ellos al cumplimiento de todos sus deberes y obligaciones.

35. El Gobierno de la República considera que la transformación de la URNG en un partido político debidamente acreditado ante los organismos respectivos constituye un aporte al fortalecimiento del Estado de derecho y al afianzamiento de una democracia pluralista.

C. Área de seguridad

36. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física. El respeto de este compromiso deberá ser especialmente verificado por la instancia internacional de verificación.

161

Acuerdos de Paz

Dicha instancia podrá proveer acompañamiento temporal a los miembros de la URNG cuando el caso lo amerite.

37. El Gobierno prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG.

D. Área socioeconómica

38. En el área socioeconómica, el programa de incorporación abarcará los siguientes ámbitos:

Orientación vocacional y capacitación laboral

39. Los miembros de la URNG dispondrán de asesoría y orientación vocacional durante la fase de desmovilización y posteriormente si fuera necesaria. Una vez se acuerde el tipo de actividad económica a que se dedicarán, podrán contar con programas específicos de capacitación técnica y laboral.

Educación

40. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas necesarias para el reconocimiento, homologación, valida-ción y legalización de los estudios formales y no formales realizados por los miembros de la URNG, mediante mecanismos adecuados de eva-luación y nivelación.

41. Durante el período de incorporación ini-cial, se iniciarán subprogramas específicos de alfabetización, postalfabetización y capacitación técnica intensiva.

42. Como parte de los subprogramas de incor-poración, los miembros de la URNG podrán ser acreedores de becas, bolsas de estudio o cualquier otro mecanismo de apoyo para la continuidad de sus estudios, con la cooperación del Gobierno.

43. Las Partes solicitan la cooperación interna-cional para la implementación de estas disposi-ciones sobre educación, para lo cual se tomará

en cuenta las recomendaciones técnicas que formulará la Fundación para la incorporación.

Vivienda

44. Durante la fase de incorporación inicial, la Comisión Especial de Incorporación promoverá condiciones de alojamiento apropiadas para los miembros de la URNG que lo requieran para llevar a la práctica los subprogramas y proyectos que les corresponden, con especial énfasis en las necesidades de los desmovilizados. Antes de la finalización de la fase de incorporación inicial, la Comisión Especial de Incorporación prestará especial atención a garantizar el acceso a techo a los desmovilizados que se incorporan en el medio rural y a otorgar adecuadas facilidades de crédito a los que se incorporan en el medio urbano.

Salud

45. En la etapa de desmovilización, se realizará una revisión médica de los combatientes instalados en los puntos de concentración. Se tomarán las acciones necesarias para atender los casos identificados por la revisión en los campamentos o a nivel local. La Comisión Especial de Incorporación asegurará el acceso a los otros niveles de referencia de los pacientes que lo necesiten. Este subprograma se realizará con la cooperación del equipo de salud de la URNG y en consulta con él.

Proyectos económicos y productivos

46. Las Partes coinciden en que la incorporación de los miembros de la URNG a la vida ciudadana requiere de su activa participación productiva, en condiciones de dignidad, desarrollo y legalidad. Para ello, las Partes coinciden en la necesidad de que la Comisión Especial de Incorporación y la Fundación para la incorporación apoyen proyectos de desarrollo productivo y generación de empleo en las áreas urbanas y rurales, que contribuyan al cumplimiento del presente Acuerdo.

47. La orientación de estos proyectos debe estar en consonancia con lo previsto en el Acuerdo sobre

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aspectos socióeconómicos y situación agraria. Los proyectos de desarrollo productivo se realizarán en congruencia con los planes y las necesidades de las comunidades donde se llevarán a cabo, y en consulta con ellas.

48. El Gobierno de la República, de acuerdo a su capacidad financiera y al apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional, proveerá los recursos necesarios para la puesta en marcha de estos proyectos. Facilitará el acceso a los medios productivos, asesoría téc-nica, crédito y redes de comercialización en las mismas condiciones que para proyectos simi-lares. Asimismo, se compromete a tomar las medidas necesarias para facilitar y reconocer en el marco de la ley las formas organizativas que se requieren para el impulso de estas actividades económicas. Los programas relacionados con tierras, individuales o colectivas, se tramitarán a través del Fondo de Tierras, en igualdad de con-diciones con otros solicitantes.

E. Área cultural

49. Considerando que un importante porcentaje de los miembros de URNG son de origen maya, las partes coinciden en señalar que el programa de incorporación debe realizarse en concordancia con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

F. Subprogramas especiales

Subprograma de discapacitados

50. Como consecuencia del enfrentamiento armado interno, existe un sector de la población discapacitado, considerado entre los más vulnerables y afectados por el conflicto, el cual requiere de una atención específica y prioritaria dentro del programa previsto en el presente Acuerdo.

51. Su incorporación presenta un mayor grado de complejidad debido al impacto personal y social de su discapacidad. Por ello, proyectos específicos deberán proveer la atención

profesional adecuada para su rehabilitación y el acceso al estudio y capacitación para hacer realidad su incorporación social y productiva en condiciones de vida digna.

Asesoría jurídica

52. El programa de incorporación contemplará la asistencia jurídica a los miembros de la URNG para apoyarlos en los aspectos jurídicos relacionados con su incorporación.

Reunificación familiar

53. Las Partes convienen en adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.

54. El Gobierno de la República se compromete a colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en lo relativo al tema de los detenidos y desaparecidos de la URNG y a aportar todos los elementos, medidas pertinentes e información que conduzcan a la recuperación de los restos de miembros de la URNG, incluyendo sus combatientes caídos en combate.

IV. ARREGLOS INSTITUCIONALES

Incorporación inicial

55. Esta fase será financiada con recursos del Gobierno de la República y contribuciones de la comunidad internacional.

56. Las Partes convienen en la creación de la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo.

57. La Comisión se constituirá dentro de los quince días posteriores a la firma del Acuerdo de

163

Acuerdos de Paz

Paz Firme y Duradera, y a ese efecto el Gobierno de Guatemala emitirá el decreto gubernativo correspondiente.

58. A partir de su instalación, la Comisión tendrá por funciones la coordinación del programa de incorporación y la toma de decisiones acerca de las asignaciones financieras para los subprogramas y proyectos que lo integran, así como la captación de recursos técnicos y financieros. Las Partes convienen que la ejecución del programa deberá responder a los objetivos y principios del presente Acuerdo.

59. Para dar cumplimiento a sus funciones, la Comisión Especial deberá estructurar, mediante un reglamento específico que se aprobará en un plazo no mayor de 30 días a partir de su instalación, la organización de sus responsabilidades de coordinación, de gestión financiera y de toma de decisiones acerca de los subprogramas y pro-yectos derivados de este Acuerdo; asimismo, la Comisión Especial definirá los mecanismos financieros adecuados, incluyendo la posibilidad de fideicomisos, en consulta con los donantes y cooperantes, que faciliten un ágil y eficaz cumplimiento del programa de incoporación.

Incorporación definitiva

60. Los proyectos específicos adicionales para los miembros de la URNG estarán bajo la responsabilidad de la Fundación para la incorporación. La URNG se compromete a constituir dicha Fundación durante los 90 días posteriores a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. El Gobierno se compromete a facilitar los trámites de constitución de la Fundación. Las Partes invitan a la cooperación internacional a que brinde su apoyo técnico y financiero para asegurar el éxito de la fase de incorporación definitiva.

V. DISPOSICIONES FINALES

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último, salvo las disposiciones específicas que hayan entrado en vigor con anterioridad.

Segunda. De conformidad con el Acuerdo Marco, las partes solicitan al Secretario General de las Naciones Unidas verifique el cumplimiento del presente Acuerdo.

Tercera. Se dará la más amplia divulgación al presente Acuerdo.

Madrid, 12 de diciembre de 1996


Gustavo Porras Castejón General de Brigada Otto Pérez Molina

Richard Aitkenhead Castillo Raquel Zelaya Rosales


Guatemalteca

ComandantePablo Monsanto

ComandanteRolando Morán Carlos Gonzales

Jorge Rosal


Jean Arnault

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Considerando Que el proceso de negociación ha dado como resultado una agenda de alcance nacional orientada a la superación de las raíces de la conflictividad social, política, económica, étnica y cultural, así como de las consecuencias del enfrentamiento armado,

Que la implementación de dicha agenda constituye un proyecto complejo y de largo plazo que requiere la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y el involucramiento de los distintos Organismos del Estado, así como de las diversas fuerzas sociales y políticas nacionales,

Que este empeño nacional supone una estrategia de implementación que priorice con realismo el cumplimiento gradual de los distintos aspectos de los acuerdos de paz en función del establecimiento de las bases políticas, institucionales, financieras y técnicas de su cumplimiento,

Que entre las bases políticas del proceso de implementación figura, en particular, el funcionamiento de las distintas comisiones generadas por los acuerdos, y otras instancias que permitan una concertación efectiva en la construcción de la paz, Que el cronograma contenido en el presente Acuerdo ofrece un marco temporal que busca viabilizar este esfuerzo nacional, así como su acompañamiento por la comunidad internacional, de acuerdo a estos criterios de realismo y amplia concertación,

Que la aplicación de los acuerdos se verá facilitada por la creación de un mecanismo

de acompañamiento y por la verificación internacional, cuyo propósito es dar, en su conjunto, mayor certeza, flexibilidad y confianza en el proceso de implementación,

Que el cumplimiento del Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz debe propiciar que todas las fuerzas sociales y políticas conjuguen sus esfuerzos para abrir un nuevo capítulo de desarrollo y convivencia democrática en la historia del país,

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:

I. PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

1. El cronograma de cumplimiento y verificación contenido en el presente Acuerdo constituye una guía para la implementación en el tiempo de aquellos compromisos contenidos en los acuerdos de paz cuyo cumplimiento puede, en este momento, ser calendarizado con confiabilidad. En este sentido, cuatro tipos de compromisos no están recogidos en el cronograma, y son los siguientes: a) Los de carácter general y/o permanente, tales

como el compromiso general del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos;

b) Los específicos supeditados a reformas cons-titucionales, cuya implementación depende de la aprobación de dichas reformas por el Congreso de la República, y de la posterior consulta popular;

c) Los específicos cuya ejecución está sujeta a consulta previa, en particular aquellos cuyas modalidades de cumplimiento dependen

ACUERDO SOBRE EL CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN

DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Guatemala, 29 de diciembre de 1996

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de las recomendaciones de las Comisiones Paritarias y otras comisiones establecidas por los acuerdos de paz; y

d) Los específicos cuyo cumplimiento depende del cumplimiento de otras acciones calen-darizadas.

2. Corresponderá a la Comisión de Acompaña-miento, creada en virtud del presente Acuerdo, decidir la calendarización posterior de los com-promisos a que se refieren los literales b), c) y d); y recalendarizar los compromisos plasmados en el cronograma cuando fuera necesario para viabilizar el adecuado cumplimiento de los acuerdos de paz.

Estrategia

3. El cronograma se divide en tres fases: la primera cubre un período de 90 días a partir del 15 de enero de 1997; la segunda cubre el período hasta el final de 1997; y la tercera comprende los años 1998, 1999 y 2000. La estrategia de implementación durante las tres fases responde a los siguientes criterios: a) Atender la calendarización ya establecida en

los acuerdos; b) Avanzar en forma simultánea en la imple-

mentación de todos los acuerdos; c) Tener en cuenta con realismo los recursos hu-

manos y materiales disponibles en cada fase; d) Escalonar en el tiempo la ejecución de los

componentes fundamentales de los acuerdos, buscando evitar una dispersión de los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales para su implementación;

e) Poner énfasis, al inicio del proceso de cumplimiento de los compromisos, en el establecimiento de los mecanismos de con-sulta previstos por los acuerdos, cuando dichos mecanismos existen, y de las bases institucionales, legales o financieras del cum-plimiento de dichos compromisos;

f) Propiciar la participación efectiva de los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades, y en particular en la definición de las políticas públicas que les conciernen. En consecuencia, calendarizar aquellas acciones

sujetas a la concertación social prevista en los acuerdos en función de los resultados de dicha concertación; y

g) En vista del papel central que tiene para el cumplimiento de los compromisos contenidos en los acuerdos de paz, el fortalecimiento de la recaudación tributaria y la priorización del gasto público hacia la inversión social, las partes han convenido en incluir en el apéndice la programación de metas intermedias anuales, en relación al Producto Interno Bruto, en materia de aumento de la carga tributaria, del incremento en la ejecución del gasto público para las áreas de educación, salud, seguridad ciudadana, sistema de justicia y de la reducción del gasto de defensa para los próximos años. Se incluye en dicho apéndice, a manera indicativa, las metas de crecimiento económico para el período 1997-2000.

Contenido de las fases

4. Con base a estos criterios, el énfasis principal, pero no exclusivo, de cada fase se aplica a los contenidos siguientes: a) El cronograma de los primeros 90 días pone

énfasis en: i) Preparar el cumplimiento de los acuerdos

de mediano y largo plazo, en particular mediante el establecimiento de las comi-siones previstas por los acuerdos y la elabo-ración y presentación de programas de acción en distintas áreas cubiertas por los acuerdos;

ii) Realizar las acciones de corto plazo calen-darizadas en los acuerdos de paz, en parti-cular los procesos de cese al fuego y de incorporación de la URNG. Las acciones calendarizadas sobre la base del Día “D”, están sujetas a que las condiciones para el inicio del proceso de cese al fuego estén reunidas; y

iii) Llevar a cabo otras acciones relacionadas con las consecuencias del enfrentamiento armado, como el diseño del programa de resarcimiento a las víctimas y la continuación de la atención a los refugiados y desplazados;

167

Acuerdos de Paz

b) El cronograma del resto del año 1997, además del énfasis aplicado en el literal a), incluye lo siguiente: i) Nuevos programas de acción e inversión

sociales y productivas; ii) Modernización y descentralización del

Estado; iii) Reforma de la Administración Pública; iv) Estrategia global de desarrollo rural; v) Política fiscal; y vi) Reestructuración de la política de segu-

ridad interna y de defensa nacional; c) El cronograma para los años 1998, 1999 y 2000,

además de los contenidos de los párrafos a) y b), desarrolla las acciones correspondientes a los resultados de las comisiones paritarias y las demás comisiones previstas por los acuerdos. Promueve, en particular, la agenda legislativa derivada de los acuerdos de paz en cuatro áreas: la reforma del Código Penal y el marco legal de la modernización de la administración de justicia; la temática de la tenencia y uso de la tierra; la adaptación de la legislación y de la institucionalidad al carácter multiétnico, multicultural y multilingüe de Guatemala; y las reformas al régimen electoral guatemalteco.

5. Corresponderá a la Comisión de Acom-pañamiento calendarizar las medidas que se deriven de las reformas constitucionales cuando dichas reformas estén aprobadas.

Ejecución del Cronograma

6. Para ejecutar el Cronograma, las partes han ordenado el conjunto de los compromisos contenidos en los acuerdos en cuatro ejes temáticos: a) Eje de reasentamiento, incorporación de la

URNG y reconciliación nacional; b) Eje de desarrollo humano integral; c) Eje de desarrollo productivo sostenible; y d) Eje de modernización del Estado democrático,

incluyendo el fortalecimiento de las capa-cidades de participación y concertación de las distintas expresiones de la sociedad civil.

7. En cada eje se agruparán los programas, subprogramas y proyectos correspondientes. El Gobierno ha decidido que la coordinación técnica de su acción en la implementación de los ejes corresponderá a la Secretaría Técnica de la Paz.

8. Reiterando que la aplicación de los acuerdos de paz debe propiciar que todas las fuerzas sociales y políticas del país enfrenten en forma solidaria y responsable las tareas inmediatas de la lucha contra la pobreza, la discriminación y los privilegios, el Gobierno está comprometido en impulsar la realización de dichas acciones con la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad.

9. Las Partes hacen un llamado a los diversos sectores de la sociedad guatemalteca para que asuman un papel protagónico en la realización de la agenda de desarrollo plasmada en los acuerdos. Asimismo, llaman a la comunidad internacional a que siga acompañando los esfuerzos nacionales, en particular durante las fases iniciales del proceso de cumplimiento, mientras Guatemala fortalece sus capacidades propias en recursos humanos, institucionales y financieros.

II. CRONOGRAMA DE LOS 90 DÍAS A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 1997

A. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos

Resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos

10. Establecer la entidad estatal que tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y presentar un programa de resarcimiento.

B. Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado

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Documentación

11. Promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan a la ley de docu-mentación personal de la población desarraigada por el enfrentamiento armado interno (Decreto 73-95). Dichas reformas, a la vez de solucionar los problemas de las poblaciones desarraigadas en esta materia, deberán constituir la solución a la carencia de documentación personal de los miembros de la URNG. Se solicitará al Congreso de la República que conozca y resuelva este asunto durante los dos meses posteriores a la presentación de la iniciativa correspondiente.

Identificación de tierras para el reasentamiento de los desarraigados

12. Presentar los estudios existentes sobre las tierras estatales, municipales y privadas con opción de compra (ubicación, régimen legal, adquisición, extensión, linderos y aptitud agrícola), para propósitos de reasentamiento de población desarraigada.

Remoción de minas

13. Ejecutar un programa para remover todo tipo de minas, teniendo en cuenta que tanto el Ejército de Guatemala como la URNG proporcionarán a las Naciones Unidas información detallada so-bre explosivos, minas y la existencia de campos minados.

Fondo para reasentamiento de la población desarraigada

14. Crear el Fondo para la ejecución del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado.

Plan de educación para la población desarraigada

15. Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la presentación del plan específico de educación de la población desarraigada.

Reasentamiento de la población desarraigada

16. Acelerar las negociaciones en marcha entre el Gobierno, los refugiados y los desplazados para asegurar el retorno voluntario de las personas desarraigadas a sus lugares de origen o al sitio que ellos elijan, en condición de dignidad y seguridad.

C. Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de las Violaciones de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca

Comisión de Esclarecimiento Histórico

17. La Comisión se integrará y definirá la fecha de su instalación e inicio de su funcionamiento. Los trabajos de la Comisión durarán un período de seis meses contados a partir de su instalación, prorrogables por seis meses mas, si así lo decide la Comisión.

D. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

Comisión de Oficialización

18. Crear la Comisión de Oficialización de Idio-mas Indígenas con la participación de repre-sentantes de las comunidades lingüísticas y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que estudiará modalidades de oficialización, teniendo en cuenta criterios lingüísticos y territoriales.

Comisión para los Lugares Sagrados

19. Crear la Comisión para la definición de los lugares sagrados, integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas, y de guías espirituales indígenas para definir estos lugares así como el régimen de su preservación.

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Acuerdos de Paz

Comisión Paritaria de Reforma Educativa

20. Crear la Comisión Paritaria para el diseño de una reforma educativa que responda a la diversidad cultural y étnica de Guatemala, integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.

E. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

Revisión de leyes laborales

21. Presentar un informe sobre los cambios legales y reglamentarios realizados en 1996 con el objeto de hacer efectivas las leyes laborales y sancionar severamente sus infracciones, incluyendo aque-llas referentes al salario mínimo, el no pago, retención y retraso de salarios, las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y el ambiente en que deba prestarse, así como los cambios legales y reglamentarios que requieren ser promovidos a partir de 1997.

Ampliación del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario

22. Fortalecer y ampliar la participación de organizaciones campesinas, mujeres del cam-po, organizaciones indígenas, cooperativas, gremiales de productores y organizaciones no gubernamentales, en el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA), como el principal mecanismo de consulta, coordinación y participación social en la toma de decisiones para el desarrollo rural.

Dependencia sobre tierras

23. Poner en marcha la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra con cobertura nacional y con funciones de asesoría y asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas para hacer valer plenamente sus derechos.

Información catastral

24. Iniciar el proceso de levantamiento de información catastral en áreas pilotos.

Programa de educación cívica

25. Presentar un programa de educación cívica nacional para la democracia y la paz que promueva la defensa de los derechos humanos, la renovación de la cultura política y la solución pacífica de los conflictos.

Programa de inversiones para el desarrollo rural en el período 1997-1999

26. Elaborar y presentar un programa de inversiones para el desarrollo rural con énfasis en infraestructura básica (carreteras, caminos rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento ambiental) y de proyectos productivos por un monto de Q 300 millones para el año 1997.

Legislación y fortalecimiento de la administración tributaria

27. Presentar un informe sobre:a) las reformas al Código Tributario y al resto

de la legislación realizadas en 1996 con miras a eliminar las disposiciones que facilitan la evasión fiscal y establecer mayores sanciones a la evasión, la elusión y la defraudación tributaria,

b) las medidas realizadas para garantizar la correc-ta y rápida aplicación o devolución del crédito fiscal y sancionar severamente a quienes no reintegran al fisco el IVA retenido, y

c) las medidas adicionales que se consideren necesarias.

28. Promover y presentar las iniciativas corres-pondientes para fortalecer la institucionalidad para la recaudación y fiscalización tributaria.

Foro de la mujer

29. Propiciar la convocatoria de un foro de la mujer sobre los compromisos relativos a los

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derechos y participación de la mujer, plasmados en los acuerdos de paz.

F. Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática

Instancia multipartidaria legislativa

30. Solicitar a la Presidencia del Congreso de la República que se integre la instancia multipartidaria, con el propósito de mejorar, modernizar y fortalecer el Organismo Legislativo conforme a la agenda propuesta en el Acuerdo.

Comisión de Fortalecimiento de la Justicia

31. El Presidente de la República promoverá la integración de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia encargada de producir en un plazo de seis meses, y mediante un debate amplio en torno al sistema de justicia, un informe y un conjunto de recomendaciones susceptibles de ser puestas en práctica a la mayor brevedad de conformidad con la agenda propuesta en el Acuerdo.


32. Promover y presentar la iniciativa legal que norme el funcionamiento de la nueva Policía Nacional Civil.

Academia de Policía

33. Tomar la disposición que los integrantes de la nueva estructura policial deberán recibir formación en la Academia de Policía, en donde se les proporcionará una alta preparación profesional, una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos y a la democracia, y de obediencia a la ley.

Desmovilización de los Comités Voluntarios de Defensa Civil

34. Concluir, 30 días después de la derogación del decreto de creación de los Comités Voluntarios

de Defensa Civil, la desmovilización y desarme de los mismos.

G. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral


35. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República el Proyecto de Reformas Constitucionales contenidas en las secciones A y B del Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral.

Comisión de Reforma Electoral

36. Solicitar al Tribunal Supremo Electoral que conforme y presida una Comisión de Reforma Electoral encargada de publicar un informe y un conjunto de recomendaciones sobre la reforma electoral y las modificaciones legislativas correspondientes. Se recomienda que dicha Comisión quede integrada a más tardar tres meses después de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, con los representantes que indica el Acuerdo. Asimismo, se recomienda que los trabajos de la Comisión concluyan en un plazo de seis meses a partir de su constitución.

H. Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego

Vigencia

37. El cese al fuego definitivo entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del día “D”, fecha en que deberá estar instalado y con capacidad de funcionamiento el mecanismo de verificación de las Naciones Unidas. Dicha fase debe finalizar a más tardar el día “D+60”, con la desmovilización de la URNG.

38. Las Partes se comprometen a mantener la situación actual de cese de actividades militares ofensivas por parte de la URNG y cese de actividades contrainsurgentes por parte del Ejército de Guatemala hasta el día “D”.

171

Acuerdos de Paz

39. Las Naciones Unidas informarán a las partes sobre la instalación del mecanismo de verificación con la mayor antelación posible, a fin de que se fije el día “D”.

Despliegue de verificación

40. Del día “D-10” al día “D”, las Naciones Unidas desplegarán sus efectivos y equipos para efectuar la verificación del cese al fuego en los lugares establecidos por las partes en los Anexos del Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego.

Lugares a verificar

41. Para los efectos de la verificación, durante el período de cese al fuego, habrá representantes de Naciones Unidas en las unidades militares del Ejército de Guatemala designadas en el anexo C y en los puntos de concentración de la URNG designados en el anexo A del Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego.

Prohibición de actividades de propaganda política

42. Durante el desplazamiento y en los puntos de concentración, las fuerzas concentradas no podrán efectuar propaganda ni acción política fuera de los puntos de concentración.

Zona de seguridad

43. Alrededor de cada punto de concentración se establecerá una zona de seguridad de 6 kilómetros de radio, donde no podrá haber unidades militares del Ejército de Guatemala, Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC) ni efectivos de la URNG.

44. A estas zonas sólo podrán acceder las unidades de verificación de Naciones Unidas. Las actividades policiales podrán realizarse previa coordinación con la verificación de las Naciones Unidas.

Zona de coordinación

45. Alrededor de cada zona de seguridad se establecerá una zona de coordinación de

6 kilómetros adicionales, donde los despla-zamientos de las unidades militares del Ejército de Guatemala y de los CVDC sólo podrán hacerse previa coordinación con la Autoridad de Verificación de las Naciones Unidas.

Información sobre efectivos y armamento

46. La URNG proporcionará a las Naciones Unidas información detallada sobre el número de efectivos, listado de personal, inventario de armas, explosivos, minas y toda la información necesaria sobre la existencia de campos minados, municiones y demás equipo militar, tanto en mano como depositado. Asimismo el Ejército de Guatemala proporcionará la información actualizada sobre el número de efectivos que movilizarán los comandos militares del Ejército de Guatemala designados en el anexo C del Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego. Ambas partes deberán entregar dicha información a la verificación a más tardar el día “D-15”.

47. Las Partes se comprometen a entregar a la Autoridad de Verificación, dentro del plazo establecido de común acuerdo con ellas, toda información complementaria o adicional reque-rida por dicha Autoridad.

Inicio de desplazamiento

48. Las Unidades del Ejército de Guatemala designadas en el anexo C del Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego, iniciarán su desplazamiento a partir del día “D+2” al día “D+10” o, de ser posible, antes.

49. Los efectivos de la URNG iniciarán su desplazamiento hacia los puntos de concentración designados en el anexo A del Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego, a partir del día “D+11” al día “D+21” o, de ser posible, antes. Serán acompañados en estos desplazamientos por la misión de verificación.

50. Las Partes comunicarán a la Autoridad de Verificación de las Naciones Unidas, no más tarde del día “D-10”, el programa

172


completo de desplazamientos de sus respectivas fuerzas (composición, ruta a seguir, inicio del desplazamiento y toda otra información que permita dar cumplimiento a la verificación).

Limitación del espacio aéreo

51. Entrará en vigor el día “D” y deberá quedar restringida la utilización del espacio aéreo de la siguiente forma: a) Estarán prohibidos los vuelos militares sobre

las zonas de seguridad, excepto por desastre o calamidad pública, en cuyo caso deberán informarlo previamente a la Autoridad de Verificación de las Naciones Unidas.

b) Los vuelos militares sobre las zonas de coor-dinación estarán permitidos previa infor-mación a la Autoridad de Verificación de las Naciones Unidas.

Control de armamento

52. Del día “D+11” al día “D+42” en los puntos de concentración de la URNG las armas, municiones y demás equipo militar deberán ser depositados en lugares especiales designados por las Naciones Unidas, salvo el equipo y arma individual de los combatientes mientras permanezcan en dichos lugares.

Operatividad

53. La desmovilización escalonada de los comba-tientes de la URNG y su incorporación dentro de un marco de legalidad, a la vida civil, política, socioeconómica e institucional del país estará acorde a lo establecido en el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad y en función de la aplicación del Acuerdo sobre Cronograma de Implementación, Cumplimiento y Verificación de los acuerdos de paz. La desmovilización se hará en la forma siguiente: a) del día “D+43” al día “D+48”: un 33%; b) del día “D+49” al día “D+54”: un 66%; c) del día “D+55” al día “D+60”: un 100%.

Comisión de Apoyo Logístico

54. Para el apoyo logístico al proceso de cese al fuego y de desmovilización, se establecerá una Comisión bajo la coordinación de las Naciones Unidas integrada por representantes de la URNG y del Gobierno de Guatemala. El número de integrantes de la Comisión se fijará en función de las necesidades.

Entrega de armas y municiones

55. Previa la desmovilización del último grupo de combatientes y a más tardar el “D+60”, la URNG deberá entregar a las Naciones Unidas todas las armas y equipo militar de sus efectivos, en mano o en depósito.

Inicio de la verificación

56. La verificación dará inicio el día “D” cuando empiece a regir el cese al fuego, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego, sin que esto restrinja el cumplimiento de la función constitucional del Ejército de Guatemala en el resto del territorio nacional.

Coordinación y seguimiento

57. Para los efectos de la coordinación y seguimiento, las Partes se comprometen en designar, a distintos niveles, responsables que aseguren el enlace con la Autoridad de Verificación.

I. Acuerdo sobre Bases para la Incorpo-ración de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad

Fase de incorporación inicial

58. La etapa de desmovilización tendrá una duración de dos meses y se entiende como la finalización de las estructuras militares de la URNG en los puntos de concentración

173

Acuerdos de Paz

acordados. Durante dicha etapa, se prevé la provisión de servicios tales como documentación provisional y capacitación y orientación vocacio-nal, con miras a facilitar la incorporación poste-rior de los desmovilizados. La Autoridad de Verificación entregará a la Comisión Especial de Incorporación la lista definitiva de los desmovilizados establecida en los grupos de concentración a más tardar el día “D+30”.

59. La URNG remitirá la lista de los integrantes no sujetos a concentración beneficiarios de la fase de incorporación inicial a más tardar el día “D-15” a la Autoridad de Verificación. Dicha Autoridad, a su vez, la remitirá a la Comisión Especial de Incorporación cuando ésta se constituya.

Documentación provisional

60. Solicitar a la Misión de Verificación la emisión de documentación temporal para los desmovilizados y demás beneficiarios del Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad.

Seguridad de URNG

61. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física y prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG. El respeto de este compromiso deberá ser especialmente verificado por la instancia internacional de verificación. Dicha instancia podrá proveer acompañamiento temporal a los miembros de la URNG cuando el caso lo amerite.

Orientación vocacional y capacitación laboral

62. Los miembros de la URNG dispondrán de asesoría y orientación vocacional durante la fase de desmovilización y posteriormente, si fuera necesaria. Una vez se acuerde el tipo de actividad económica

a que se dedicarán, podrán contar con programas específicos de capacitación técnica y laboral.

Salud

63. Realizar en la etapa de desmovilización una revisión médica de los combatientes instalados en los puntos de concentración. Se tomarán las acciones necesarias para atender los casos identificados por la revisión en los campamentos o a nivel local. La Comisión Específica de Incorporación asegurará el acceso a los otros niveles de referencia de los pacientes que lo necesiten. Este subprograma se realizará con la cooperación del equipo de salud de la URNG y en consulta con él.

Asesoría jurídica

64. Iniciar la asistencia jurídica a los miembros de la URNG para apoyarlos en los aspectos jurídicos relacionados con su incorporación.

Reunificación familiar

65. Iniciar las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.

Comisión Especial de Incorporación

66. Crear la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, coo-perantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo. La Comisión se constituirá dentro de los 15 días posteriores a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, y a ese efecto el Gobierno de Guatemala emitirá el decreto gubernativo correspondiente.

Reglamento de la Comisión Especial de Incorporación

67. La Comisión Especial deberá estructurar, mediante un reglamento específico que se

174


aprobará en un plazo no mayor de 30 días a partir de su instalación, la organización de sus responsabilidades de coordinación, de gestión financiera y de toma de decisiones acerca de los subprogramas y proyectos derivados del Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad; asimismo, la Comisión Especial definirá los mecanismos financieros adecuados, incluyendo la posibilidad de fideicomisos, en consulta con los donantes y cooperantes, que faciliten un ágil y eficaz cumplimiento del programa de incorporación.

Fundación para la Incorporación

68. La URNG se compromete a constituir la Fundación para la Incorporación. El Gobierno se compromete a facilitar los trámites de constitución de la Fundación.

J. Otros compromisos

Divulgación

69. Dar la más amplia divulgación al conjunto de los acuerdos de paz.

III. CRONOGRAMA DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

A. Acuerdo global sobre derechos humanos

Resarcimiento

70. Poner en vigencia el programa de resarci-miento y/o asistencia a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y promover la legislación pertinente, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Esclare-cimiento Histórico.

Conscripción militar

71. Ver “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una

Sociedad Democrática”, párrafo 129 del presente Acuerdo.

Regulación de la portación de armas

72. Ver “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática”, párrafos 130 y 131 del presente Acuerdo.

Fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos

73. Apoyar las iniciativas tendientes a mejorar las condiciones técnicas y materiales con que pueda contar el Procurador de los Derechos Humanos para cumplir con sus tareas de investigación, vigilancia y seguimiento de la plena vigencia de los derechos humanos en Guatemala.

B. Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado

Identificación de tierras para el reasentamiento de los desarraigados

74. Realizar los estudios adicionales que permitan identificar las tierras estatales, municipales y privadas con opción de compra para propósito de reasentamiento de la población desarraigada.

Reasentamiento

75. Concluir la programación y/o resolución de los procesos de retorno y traslado para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas con base en la libre voluntad y decisión manifestada por ellas.

Documentación

76. Intensificar el proceso de documentación personal de toda la población que carezca de ella, particularmente de las poblaciones desarraigadas y miembros de la URNG, incluyendo la inscripción en el Registro de Ciudadanos de los

175

Acuerdos de Paz

hijos de desarraigados y miembros de la URNG nacidos en el exterior.

Integración productiva de la población desarraigada

77. Realizar programas de integración productiva en el marco de una política de desarrollo sostenible y sustentable, y con equidad, en las áreas y regiones de reasentamiento. Ver Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, párrafos 102, 103 y 106 del presente Acuerdo.

Resolución expedita de los conflictos de tierra

78. Ver “Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria”, párrafo 108 del presente Acuerdo.

Esquemas concertados de planificación para el desarrollo


Implementación del plan de educación

80. Reconocer los niveles educativos formales e informales de las personas desarraigadas y reco-nocer los estudios no formales de los promotores educativos y de salud.

Fortalecimiento de los gobiernos y organizaciones locales


C. Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca

Comisión de Esclarecimiento Histórico

82. Funcionamiento de la Comisión y decisión de ésta de prorrogar su mandato o rendir su informe.

D. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

Comisión Paritaria para la Reforma y Participación

83. Crear la Comisión Paritaria de Reforma y Participación, integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.

Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra

84. Crear la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los pueblos indígenas, integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.

Defensoría de la mujer indígena

85. Crear una defensoría de la mujer indígena, con su participación, que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social.

E. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para asegurar la participación de la población

86. En congruencia con los Acuerdos sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno se compromete prioritariamente a (i) restablecer los Consejos Locales de

Desarrollo, (ii) promover una reforma a la Ley de Consejos

de Desarrollo Urbano y Rural para ampliar el espectro de los sectores participantes en los Consejos Departamentales y Regionales de Desarrollo, y

(iii) asegurar el debido financiamiento del Sis-tema de Consejos, a fin de promover la participación de la población en la identi-ficación de las prioridades locales, la definición de los proyectos y programas públicos y la integración de la política nacional de desarrollo urbano y rural.

176


Capacitación municipal

87. Establecer y ejecutar, en concertación con la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), un programa permanente de capaci-tación municipal que sirva de marco para los esfuerzos nacionales y la cooperación inter-nacional en la materia.

Participación de la mujer en el desarrollo económico y social

88. Teniendo en cuenta los resultados del foro previsto en el párrafo 29 del presente Acuerdo, dar seguimiento a los compromisos relativos a la mujer contenidos en los acuerdos de paz.

Comisión Consultiva para la Reforma Educativa

89. El Ministerio de Educación integrará la Comisión con los participantes del proceso educativo, incluyendo una representación de la Comisión de Reforma Educativa prevista en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Educación y capacitación extraescolar

90. Formular e iniciar programas de educación, capacitación y tecnificación extraescolar, así como programas de capacitación en comunidades y empresas y, en el área rural, programas destinados a mejorar la capacidad de gestión empresarial y a incrementar la calificación, diversificación y pro-ductividad de los recursos humanos.

Educación cívica

91. Preparar y producir los materiales necesarios para la ejecución del programa de educación cívica nacional para la democracia y la paz que promueva la defensa de los derechos humanos, la renovación de la cultura política y la solución pacífica de los conflictos.

Programa de apoyo a estudios

92. Desarrollar y difundir a nivel nacional programas de becas, bolsas de estudio, apoyos

económicos y otro tipo de incentivos que posi-biliten la continuidad en la formación educativa de estudiantes necesitados.

Capacitación de docentes y administradores

93. Desarrollar programas de capacitación perma-nente para maestros y administradores educativos.

Aporte a la Universidad San Carlos

94. Entregar puntualmente a la Universidad San Carlos la asignación privativa que por mandato constitucional le corresponde.

Compra de medicamentos

95. Estudiar y aplicar modalidades de compra que aseguren la transparencia en la negociación comercial, calidad y bajo precio de los medica-mentos, básicos o genéricos, de mayor demanda en el sector público.

Gasto público en vivienda

96. Asignar a la política de vivienda el equivalente a no menos del 1.5% de los ingresos tributarios contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 1998, con prioridad en el subsidio de la demanda de soluciones habitacionales populares, fortaleciendo para ello al Fondo Guatemalteco de la Vivienda (FOGUAVI) y al Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI).

Participación comunitaria en vivienda

97. Facilitar la creación y fortalecimiento de siste-mas de participación comunitaria, tales como cooperativas y empresas autogestionarias y familiares, que aseguren la incorporación de los beneficiarios en la ejecución de los planes, construcción de viviendas y prestación de servicios.

Revisión de leyes laborales

98. Promover los cambios legales y reglamentarios contenidos en el informe sobre leyes laborales solicitado en el párrafo 21 del presente Acuerdo.

177

Acuerdos de Paz

Inspección laboral

99. Desconcentrar e incrementar servicios de inspección laboral que fortalezcan la capacidad de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales de derecho interno y las derivadas de los convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala.

Organización de trabajadores

100. Agilizar los procedimientos para el recono-cimiento de la personalidad jurídica de las organi-zaciones laborales y para el caso de trabajadores agrícolas sujetos a contratación mediante contra-tistas, se propondrán reformas tendientes al reconocimiento jurídico ágil y flexible de for-mas asociativas que permiten negociar dicha contratación. Política económica

101. Propiciar medidas concertadas con los distintos sectores sociales tendientes a incremen-tar la inversión y la productividad, en el marco de una estrategia general de crecimiento con estabilidad y equidad social.

Programa de inversiones del sector público agropecuario

102. Iniciar la ejecución de un programa de inversiones del sector público agropecuario en las cadenas productivas vinculadas a la agricultura, silvicultura y pesca.

Programa de inversiones para el desarrollo rural

103. Iniciar la ejecución del programa de inver-siones para el desarrollo rural, con atención espe-cial a las zonas de reasentamiento de población desarraigada y de mayor índice de pobreza, con énfasis en infraestructura básica (carreteras, ca-minos rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento ambiental) y proyectos pro-ductivos, por un monto de Q300 millones para 1997.

Fondo de Tierras

104. Promover y presentar ante el Congreso de la República una iniciativa de ley para la constitución del Fondo de Tierras. Dicha ley establecerá, entre otros los objetivos, funciones, mecanismos de financiamiento y adjudicación, origen y destino de las tierras. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria indica que las operaciones del fondo de tierras deberán iniciarse a más tardar en 1997.

Fideicomiso

105. El Fondo de Tierras creará un fideicomiso dentro de una institución bancaria participativa para la asistencia crediticia y el fomento del ahorro preferentemente a micro, pequeños y medianos empresarios. Crédito y servicios financieros

106. Promover las condiciones que permitan a los pequeños y medianos campesinos acceder a recursos de crédito de forma individual o colectiva, y de una manera financieramente sostenible. En particular, con el apoyo del sector empresarial y de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, se propiciará el fortalecimiento de agencias locales de ahorro y crédito, tales como asociaciones, cooperativas y otras, que permitan la canalización del crédito y el ofrecimiento de servicios financieros a pequeños y medianos empresarios en forma eficiente y ajustada a las necesidades y condiciones locales.

Jurisdicción agraria y ambiental

107. Promover la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judi-cial, teniendo en cuenta las disposiciones del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pue-blos Indígenas.

Resolución expedita de los conflictos de tierra

108. Teniendo en cuenta los compromisos del Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los

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Pueblos Indígenas, y las recomendaciones de la Comisión Paritaria sobre Derechos relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, el Gobierno se compromete a establecer e iniciar la aplicación de procedimientos ágiles para dirimir litigios sobre tierras y otros recursos naturales (en particular arreglo directo y conciliación). Además, estable-cerá procedimientos que permitan definir fórmu-las compensatorias en caso de litigios y reclamos de tierra en los que agricultores, campesinos y comunidades en situación de extrema pobreza han resultado o resultaren desposeídos por causas no imputables a ellos. En este marco, la población desarraigada merecerá especial atención.

Registro y catastro

109. Promover los cambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria.

Impuesto territorial

110. Promover la legislación y los mecanismos para la aplicación, en consulta con las munici-palidades, de un impuesto territorial en las áreas rurales de fácil recaudación por dichas municipalidades. El impuesto, del cual estarán exentas las propiedades de pequeña superficie, contribuirá a desestimular la tenencia de tierras ociosas y la subutilización de la tierra. No deberá incentivar la deforestación de tierras con vocación forestal.

Administración fiscal

111. Fortalecer los mecanismos existentes de fiscalización y recaudación tales como control cruzado, número de identificación tributaria y crédito fiscal por retención del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado.

112. Tener en funcionamiento un programa especial dirigido a los grandes contribuyentes con el objeto de garantizar que cumplan debidamente sus obligaciones tributarias.

113. Evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias con miras a eliminar los abusos.

114. Poner en funcionamiento estructuras administrativas que específicamente atiendan los programas de recaudación y fiscalización del presupuesto de ingresos y la aplicación de las leyes tributarias correspondientes.

115. Simplificar y automatizar las operaciones de la administración fiscal.

Normas para la elaboración y ejecución del presupuesto

116. A partir de 1997, incorporar anualmente en las normas y lineamientos para la formulación del anteproyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, la prioridad hacia el gasto social, los servicios públicos básicos y la infraestructura física de apoyo a la producción y el fortalecimiento de los organismos de derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Profesionalización y dignificación de los servidores públicos

117. Promover y presentar las iniciativas de ley para: a) Establecer la carrera de servicio civil; y b) Asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley

de Probidad y Responsabilidades.

Fiscalización

118. Reformar, fortalecer y modernizar la Contraloría General de Cuentas.

Modernización del Organismo Ejecutivo

119. Promover y presentar ante el Congreso de la República: a) Una reforma de la Ley del Organismo

Ejecutivo; y b) Una reforma de la Ley de Compras y Con-

trataciones para promover la descentralización de los sistemas de apoyo a la administración pública.

179

Acuerdos de Paz

F. Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática

Estudios judiciales

120. Fortalecer la Escuela de Estudios Judiciales y la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, como lugares centrales en la selección y formación continua de jueces, magistrados y fiscales.

Servicio Público de Defensa Penal

121. Presentar al Congreso de la República las iniciativas de ley necesarias para establecer el Ser-vicio Público de Defensa Penal con el objeto de proveer asistencia a quienes no pueden contratar servicios de asesoría profesional privada.

Consejo Asesor de Seguridad

122. Instalar el Consejo Asesor de Seguridad.

Secretaría de Análisis Estratégico

123. Crear la Secretaría de Análisis Estratégico para informar y asesorar al Presidente de la República a manera de anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenazas de distinta naturaleza para el Estado democrático.

Supervisión de los organismos de inteligencia del Estado

124. Promover y presentar una ley que establezca las modalidades de supervisión de los organismos de inteligencia del Estado por una comisión específica del Organismo Legislativo.

Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información del Ministerio de Gobernación

125. Crear un Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información que dependerá del Ministerio de Gobernación y será responsable de recabar información para combatir el crimen

organizado y la delincuencia común por los medios y dentro de los límites autorizados por el ordenamiento jurídico y en estricto respeto a los derechos humanos.


126. Promover las iniciativas y tomar las acciones necesarias para establecer la carrera policial.

127. Promover las acciones y programas que permitan el fortalecimiento de las Academia de Policía para que ésta esté en capacidad de formar al nuevo personal policial a nivel de agentes, inspectores, oficiales y mandos superiores, y actualizar a los que están en servicio.

128. Definir los procedimientos que permitan que el ingreso a la carrera policial, los ascensos y la especialización dentro de ella tengan lugar a través de la Academia de Policía.

Ley de Servicio Cívico

129. Promover ante el Congreso de la República la Ley de Servicio Cívico, que incluirá el servicio militar y el social, en base a lo acordado por el equipo paritario de trabajo que en la actualidad trata el tema.

Tenencia y portación de armas

130. Promover y presentar ante el Congreso de la República la reforma a la Ley de Armas y Municiones.

Registros de Armas y Municiones

131. Transferir los registros que actualmente se encuentran en depósito en el Departamento de Control de Armas y Municiones del Ministerio de Defensa al Ministerio de Gobernación.

Reconversión del Ejército

132. Hacer funcionar a las instituciones, insta-laciones y dependencias educativas, financieras, de salud, comerciales, asistenciales y de seguros

180


de carácter público que correspondan a las necesidades y funciones del Ejército de Guatemala en las mismas condiciones en que operan las otras instituciones similares y sin fines lucrativos. Todos los egresados de los Institutos Adolfo V. Hall pasarán a formar parte de las reservas militares del país. Disponer convenientemente de la frecuencia de televisión asignada al Ejército de Guatemala.

Disolución de la Policía Militar Ambulante

133. Disolver y desmovilizar la Policía Militar Ambulante.

Reorganización y despliegue de fuerzas militares

134. Reorganizar el despliegue de fuerzas militares en el territorio del país, disponiendo su ubicación en función de la defensa nacional, cuidado de fronteras y protección de la jurisdicción marítima territorial y del espacio aéreo.

Reducción del Ejército

135. Reducir los efectivos del Ejército de Guatemala en un 33% tomando como base su tabla de organización y equipo vigente.

Reinserción de miembros desmovilizados del Ejército

136. Poner en vigor programas que permitan la reinserción productiva de los miembros del Ejército que sean desmovilizados.

G. Acuerdo sobre Bases para la incorporación de la URNG a la legalidad

Programa de incorporación

137. Cumplir el programa de incorporación de la URNG a la legalidad en sus diferentes aspectos, incluyendo educación, alfabetización, vivienda, proyectos económicos productivos y reunificación familiar.

IV. CRONOGRAMA 1998, 1999 Y 2000

A. Acuerdo sobre Reasentamiento de Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado

Protección de nacionales en el exterior

138. Fortalecer la política de protección de los nacionales en el exterior, especialmente de la población desarraigada que reside en el extranjero, y llevar a cabo las gestiones necesarias con los países receptores a fin de obtener para esta población una situación migratoria estable.

Comercialización

139. Ver “Acuerdo sobre Aspectos Socioeco-nómicos y Situación Agraria” (párrafo 167 del presente Acuerdo).

B. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

Uso de idiomas indígenas y capacitación bilingüe

140. En concordancia con los resultados de la Comisión de Oficialización de idiomas indígenas, promover la utilización de los idiomas de los pueblos indígenas en la prestación de los servicios sociales del Estado a nivel comunitario y promover la capacitación bilingüe de jueces e intérpretes judiciales de y para idiomas indígenas.

Templos, centros ceremoniales y lugares sagrados

141. En congruencia con los resultados de la Comisión sobre Lugares Sagrados, impulsar con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legales que aseguren una redefinición de las entidades del Estado encargadas de la conservación y administración de los templos y centros ceremoniales de valor arqueológico, así como la modificación de la reglamentación para la protección de centros ceremoniales con valor

181

Acuerdos de Paz

arqueológico en beneficio de la espiritualidad Maya.

Ley de Radiocomunicaciones

142. Promover y presentar ante el Congreso de la República reformas a la Ley de Radioco-municaciones con el objeto de facilitar frecuencias para proyectos indígenas.

Normatividad consuetudinaria

143. Con la participación de las organizaciones indígenas, y teniendo en cuenta los resultados de las Comisiones Paritarias sobre Reforma y Participación y sobre los Derechos relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, promover ante el Congreso de la República las acciones necesarias para responder a los compromisos de la sección E del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

C. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

Gasto público en educación

144. Incrementar, para el año 2000, el gasto público ejecutado en educación en relación con el producto interno bruto en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995.

Escolaridad

145. Facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años de edad, a por lo menos tres años de escolaridad, antes del año 2000.

Alfabetismo

146. Ampliar el porcentaje de alfabetismo a un 70% para el año 2000.

Contenido educativo

147. Para el año 2000, adecuar los contenidos educativos de acuerdo con la Reforma Educativa.

Capacitación y formación profesional

148. Promover que los programas de capacitación y formación profesional a nivel nacional atiendan a por lo menos 200,000 trabajadores antes del año 2000, con énfasis en quienes se incorporan a la actividad económica y en quienes requieren de adiestramiento especial para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral.

Educación cívica

149. Ejecutar el programa de educación cívica nacional para la democracia y la paz que promue-va la defensa de los derechos humanos, la renova-ción de la cultura política y la solución pacífica de los conflictos.

Gasto público en salud

150. Aumentar para el año 2000, el gasto público ejecutado en salud con relación al producto interno bruto en un 50% respecto al gasto ejecutado en 1995 y presupuestar por lo menos 50% del gasto público en salud a la atención preventiva.

Mortalidad infantil y materna

151. Reducir la mortalidad infantil y materna, antes del año 2000, a un 50% del índice observado en 1995.

Erradicación de la poliomielitis y del sarampión

152. Mantener la certificación de erradicación de la poliomielitis y alcanzar la del sarampión para el año 2000.

Descentralización y desconcentración de servicios de salud

153. Poner en marcha la organización descentra-lizada de los distintos niveles de atención para asegurar la existencia de programas y servicios de salud a nivel comunal, regional y nacional, base del sistema nacional coordinado de salud.

182


Seguridad Social

154. Adoptar las medidas necesarias para ampliar la cobertura del Régimen de Seguridad y Social, mejorar sus prestaciones y la amplitud de sus servicios con calidad y eficiencia.

Ordenamiento territorial

155. Llevar a cabo una estrecha articulación de las políticas de vivienda con políticas de ordenamiento territorial, en particular planifi-cación urbana y protección ambiental, que per-mita el acceso de los pobres a la vivienda con servicios y en condiciones de higiene y soste-nibilidad ambiental.

Gasto público en vivienda

156. Dedicar anualmente a la política de fomento de la vivienda el equivalente a no menos del 1.5% de los ingresos tributarios contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, con prioridad al subsidio de la demanda de soluciones habitacionales de tipo popular.

Financiamiento y facilidades para la adquisición de vivienda

157. Promover y facilitar el mercado de valores para la adquisición de viviendas, incluyendo la hipoteca de primero y segundo grados, facilitar la compraventa de títulos-valores emitidos con motivo de las operaciones de vivienda, incluyendo acciones comunes y preferenciales de empresas inmobiliarias, bonos y cédulas hipotecarias, certificados de participación inmobiliaria, letras complementarias, pagarés y otros documentos relacionados con el arrendamiento con promesa de venta.

Oferta de vivienda

158. Incentivar la oferta de servicios, soluciones habitacionales y material de construcción de calidad y costos adecuados.

Normas

159. Aplicar normas antimonopolio en la pro-ducción y comercialización de materiales y servicios de construcción. Actualizar las normas de salubridad y seguridad aplicables a la cons-trucción y supervisar su cumplimiento. Coordi-nar con las municipalidades del país para que existan normas homogéneas, claras y sencillas para la construcción y supervisión, persiguiendo la buena calidad y adecuada seguridad.

Protección de trabajadores rurales

160 Adoptar sanciones administrativas y/o pena-les contra los responsables de prácticas abusivas contra los trabajadores rurales migrantes, mo-zos colonos y jornaleros, en el contexto de la contratación por intermediario, medianía, pago en especie y uso de pesas y medidas.

Capacitación laboral

161. Promover y presentar una iniciativa de ley que norme la formación profesional a nivel nacional.

Tenencia de la tierra

162. Promover y presentar ante el Congreso de la República una iniciativa de ley que establezca un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra.

Modernización del Sistema de Registro y Catastro

163. Haber iniciado el funcionamiento del Sistema de Registro y Catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sosteni-ble y de actualización fácil y obligatoria.

Regularización de la titulación de tierras

164. Regularizar la titulación de las tierras de las comunidades indígenas y poblaciones desarraigadas, así como de los beneficiarios del

183

Acuerdos de Paz

Instituto Nacional de Transformación Agraria que poseen legítimamente las tierras otorgadas. En cuanto de tierras comunales, normar la parti-cipación de las comunidades para asegurar que sean éstas las que tomen las decisiones referentes a sus tierras.

Tierras ociosas

165. Promover una revisión y adecuación de la legislación sobre tierras ociosas de manera que cumpla con lo estipulado en la Constitución, y regular, incluyendo incentivos y sanciones, la subutilización de las tierras y su uso incompatible con la utilización sostenible de los recursos naturales y la preservación del ambiente. Esta revisión debe incluir una nueva escala impositiva para el impuesto anual sobre tierras ociosas, que fije impuestos significativamente más altos a las tierras ociosas y/o subutilizadas de propiedad particular.

Evaluación de las adjudicaciones del Fondo de Tierras

166. Evaluar en 1999 si las adjudicaciones del Fondo de Tierras han logrado sus objetivos y, si fuera necesario, modificar la operatividad del programa.

Desarrollo rural

167. Desarrollar un sistema de recopilación, sistematización y difusión de información agrope-cuaria, forestal, agroindustrial y de pesca, así como un sistema de centros de acopio y zonas francas. Apoyar el fortalecimiento de las diversas formas de organización de la micro, pequeña y mediana empresa agrícola y rural, y favorecer la concentración parcelaria de los minifundistas si así lo desean.

Concesiones de manejo de recursos naturales

168. Para 1999, haber otorgado a pequeños y medianos campesinos legalmente organizados, en concesiones de manejo de recursos naturales, 100,000 hectáreas dentro de áreas de uso

múltiple para fines de manejo forestal sostenible, administración de áreas protegidas, ecoturismo, protección de fuentes de agua y otras actividades compatibles con el uso potencial sostenible de los recursos naturales de dichas áreas.

Programa de inversiones del sector público agro-pecuario

169. Ejecutar el programa de inversiones del sector público agropecuario en las cadenas productivas vinculadas a la agricultura, silvicultura y pesca por un monto acumulado de Q200 millones.

Programa de manejo de recursos naturales renovables

170. Impulsar un programa de manejo de recursos naturales renovables que incentive la producción forestal y agroforestal sostenible, así como proyectos de artesanía, ecoturismo, y pequeña y mediana industria que den valor agre-gado a productos del bosque.

Programa de inversiones para el desarrollo rural

171. Continuar con el programa de inversiones para el desarrollo rural con énfasis en infra-estructura básica (carreteras, caminos rurales, elec-tricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento ambiental) y de proyectos productivos por un monto de Q300 millones anuales.

Sistema tributario

172. Establecer y presentar una metodología que permita evaluar la progresividad global del sistema tributario acorde con los principios básicos establecidos en el Acuerdo sobre Aspectos Socioecómico y Situación Agraria.

Carga tributaria

173. Tomar las acciones y promover las inicia-tivas necesarias para lograr, antes del año 2000, aumentar la carga tributaria en relación al pro-ducto interno bruto en por lo menos un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995.

184


Descentralización y desconcentración de la adminis-tración pública

174. Promover y presentar ante el Congreso de la República una reforma a la Ley de Gobernación y Administración de los Departamentos de la República a fin de permitir la simplificación, descentralización y desconcentración de la admi-nistración pública, proponiendo además que el gobernador departamental sea nombrado por el Presidente de la República, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no gubernamentales de los Con-sejos Departamentales de Desarrollo.

Modernización de la administración pública

175. Descentralizar los sistemas de apoyo, inclu-yendo el de compras y contrataciones, el de recursos humanos, el de información y esta-dística, el de administración financiera y el de recaudación.

Código municipal

176. Promover una reforma al Código Muni-cipal para propiciar la participación de las comu-nidades indígenas en la toma de decisiones sobre los asuntos que les afecten y para que los alcal-des auxiliares sean nombrados por el alcalde municipal, tomando en cuenta las propuestas de los vecinos en cabildos abiertos.

D. Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática

Código Penal

177. En congruencia con los resultados de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, promover y presentar ante el Congreso de la República una reforma al Código Penal para alcanzar los siguientes objetivos: (a) La tipificación de la discriminación étnica

como delito; (b) La tipificación del acoso sexual como delito;

(c) La adecuación del Código Penal a las dispo-siciones de la Convención Internacional pa-ra la Eliminación de Toda Forma de Discri-minación Racial; y

(d) Dar prioridad a la persecución penal de aquellos delitos que causan mayor daño social; tomar en cuenta las diferencias culturales propias del país y sus costumbres; garantizar plenamente los derechos humanos; y tipificar como actos de especial gravedad las amenazas y coacciones ejercidas sobre funcionarios judicia-les, el cohecho, soborno y corrupción, los cuales deberán ser severamente penalizados.

Participación de la mujer

178. Realizar una evaluación de los avances en la participación de la mujer y, sobre esta base, elaborar el plan de acción correspondiente.

Gasto público para el sistema de justicia

179. Incrementar, para el año 2000, el gasto público destinado al Organismo Judicial y al Ministerio Público, en relación con el producto interno bruto, en 50% respecto al gasto destinado en 1995.

180. Proveer de los recursos necesarios al Servicio Público de Defensa Penal para que pueda constituir-se e iniciar sus actividades a partir del año 1998.

Ley de Orden Público

181. Promover y presentar una iniciativa de una nueva Ley de Orden Público en consonancia con los principios democráticos y el fortalecimiento del poder civil.

Archivos

182. Promover y presentar las iniciativas de ley para la tipificación del delito por tenencia de registros y archivos ilegales de información política sobre los habitantes de Guatemala.

Empresas privadas de seguridad

183. Promover y presentar una iniciativa de ley que regule el funcionamiento y los alcances de las empresas privadas de seguridad, con miras

185

Acuerdos de Paz

a supervisar su actuación y la profesionalidad de su personal, y asegurar en particular que las empresas y sus empleados se limiten al ámbito de actuación que les corresponde, bajo el estricto control de la Policía Nacional Civil.


184. Tener en funcionamiento la Policía Nacional Civil para finales de 1999 en todo el territorio nacional, contando con un mínimo de 20,000 agentes.

Seguridad pública

185. Haber incrementado para el año 2000 el gasto público ejecutado en seguridad pública con relación al producto interno bruto, en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995.

Ley Constitutiva del Ejército

186. Promover y presentar las reformas a la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, en función de la entrada en vigencia de las reformas constitucionales propuestas, a fin de adecuarla con el contenido de los acuerdos de paz.

Presupuesto del Ejército

187. Reorientar el uso y distribución del presupuesto del Ejército de Guatemala hacia las funciones constitucionales y la doctrina militar a que hace referencia el presente Acuerdo, optimi-zando los recursos disponibles de forma tal de alcanzar, en el año 1999, una reducción respecto al gasto destinado en 1995, de un 33% en relación con el producto interno bruto.

E. Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad

Fase de incorporación definitiva

188 Después de un año del día “D+60”, los beneficiarios podrán tener acceso a servicios de más

largo plazo que ofrezca el Gobierno, incluyendo asistencia financiera, asesoría jurídica, legal y laboral, capacitación y proyectos productivos, destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones con el resto de la población guatemalteca. Los proyectos específicos adicionales para los miembros de la URNG estarán bajo la responsabilidad de la Fundación para la incorporación. Las Partes invitan a la cooperación internacional a que brinde su apoyo técnico y financiero para asegurar el éxito de la fase de incorporación definitiva.

V. COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

Definición

189. La Comisión de Acompañamiento del cumplimiento de los Acuerdos de Paz es la instancia político-técnica que actúa como referente de la Secretaría Técnica de la Paz.

Integración

190. La Comisión de Acompañamiento estará integrada de la siguiente manera: (a) Una representación paritaria de las Partes en

las negociaciones de paz; (b) Cuatro ciudadanos de diversos sectores, quie-

nes serán invitados para integrar la Comisión de común acuerdo por las partes en las nego-ciaciones de paz;

(c) Se solicitará al Congreso de la República que designe entre sus miembros un representante para integrar dicha Comisión; y

(d) El Jefe de la misión de verificación interna-cional, con voz pero sin voto.

191. Esta Comisión se constituirá en el curso del mes de enero de 1997.

Objetivo

192. Participar e involucrarse en el cumplimiento de los acuerdos de paz para lograr un proceso efectivo y el alcance oportuno de los compromisos adquiridos.

186


Funciones

193. Corresponden a la Comisión las siguientes funciones: (a) Analizar, con criterios políticos y técni-

cos, los avances y dificultades en la aplica-ción y ejecución del Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verifica-ción de los Acuerdos de Paz;

(b) Conocer previamente los proyectos de ley convenidos en los Acuerdos de Paz y que el Ejecutivo elaborará en cumplimiento de los mismos, para contribuir a que dichos pro-yectos correspondan al contenido de los acuer-dos de paz;

(c) Mantener comunicación, a través de la Secretaría Técnica de la Paz, con instancias de Gobierno que tengan responsabilidades en los ejes de trabajo definidos en el crono-grama, para informarse sobre el avance de los mismos;

(d) Calendarizar y recalendarizar las metas y las acciones de acuerdo a las necesidades del cumplimiento del cronograma y de la efectiva marcha del proceso de paz;

(e) Mantener comunicación y recibir informes de la instancia de verificación internacional;

(f) Brindar apoyo a la gestión dirigida a la obtención de fondos para la ejecución de los compromisos contenidos en los acuerdos de paz; y

(g) Elaborar y emitir informes periódicos sobre los avances y dificultades del proceso de cum-plimiento del cronograma y de los acuerdos de paz, y de los trabajos a su cargo.

Metodología de trabajo

194. La Comisión desarrollará su trabajo en sesiones regulares, tomará sus decisiones por consenso y elaborará su reglamento de trabajo y funcionamiento en los 30 días siguientes a su constitución.

195. Anualmente, sus integrantes harán una evaluación de su trabajo, a efecto de proponer las modificaciones que estimen necesarias para

el mejor aprovechamiento del funcionamiento de la Comisión de Acompañamiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

VI. VERIFICACIÓN INTERNACIONAL

196. Las Partes coinciden en que la verificación internacional es un factor imprescindible para dar mayor certeza al cumplimiento de los acuer-dos firmados y fortalecer la confianza en la con-solidación de la paz.

197. En concordancia con el Acuerdo Marco para el reinicio de las negociaciones del 10 de enero de 1994 y las solicitudes hechas en todos los acuerdos firmados desde entonces, las Partes solicitan al Secretario General de las Naciones Unidas el establecimiento de una misión de verificación de los acuerdos incluidos en el Acuerdo de Paz Firme y Duradera (en adelante “la Misión”) que tenga las siguientes características.

Derechos humanos

198. La actual Misión de las Naciones Unidas de Verificación de Derechos Humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (MINUGUA), con sus funciones y facultades propias, será un componente de la Misión mencionada en el párrafo anterior.

Funciones

199. Las funciones de la Misión incluirán: a) Verificación

i) Sobre la base del cronograma contenido en el presente Acuerdo y de las modi-ficaciones sobre el mismo que las Partes pudieran acordar en el futuro, verificar el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz Firme y Duradera;

ii) Evaluar la implementación y los avances de los programas y proyectos derivados de los acuerdos, en función del cumplimiento de los compromisos adquiridos;

187

Acuerdos de Paz

iii) Sobre la base de sus actividades de veri-ficación, formular oportunamente las recomendaciones necesarias para evitar o corregir cualquier incumplimiento;

iv) Informar regularmente al Secretario Gene-ral de las Naciones Unidas y, por su inter-medio, a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, sobre el proceso de cum-plimiento de los acuerdos;

b) Buenos oficios v) Contribuir, en particular a través de la

Comisión de Acompañamiento, a resolver las dificultades que puedan surgir en el cumplimiento de los acuerdos depaz, incluyendo divergencias entre las Partes en la interpretación de los acuerdos firmados y otras diferencias que puedan entorpecer su cumplimiento;

c) Asesoría vi) A solicitud de parte, proporcionar la

asesoría y los apoyos técnicos puntuales que fueran necesarios para facilitar el cumplimiento de los compromisos sus-critos. Con la anuencia de las Partes, proporcionar asimismo asesoría y apoyos técnicos puntuales a otras entidades in-volucradas en el cumplimiento de los acuerdos de paz, si dichas entidades lo re-quieren;

d) Información pública vii) Informar a la opinión pública sobre el

cumplimiento de los acuerdos de paz, in-cluyendo los resultados de la verificación y las actividades de la Misión.

Facultades

200. Para el cumplimiento de dichas funciones, la Misión podrá asentarse y desplazarse libremente por todo el territorio nacional, entrevistarse libre y privadamente con cualquier persona o entidad, y obtener la información que sea pertinente.

Duración y estructura

201. Las Partes solicitan que el mandato de la Misión sea acorde a la duración del Cronograma para la

Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, que es de cuatro años, y se ajuste a las tareas que derivan de este cronograma.

202. La Misión podrá contar con los funcionarios y expertos internacionales y nacionales idóneos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Podrá obtener el concurso y cooperación de los organismos internacionales cuyo mandato es pertinente para las materias cubiertas por los acuerdos de paz.

Cooperación

203. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a facilitar a la Misión la verificación de sus compromisos respectivos.

204. El Gobierno se compromete a brindar toda la cooperación que la Misión requiera para el cumplimiento de sus funciones.

VII. DISPOSICIONES FINALES

Primera. El presente Acuerdo formará parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último.

Segunda. De conformidad con el Acuerdo Marco firmado el 10 de enero de 1994, se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas la verificación del presente Acuerdo.

Tercera. Se dará la más amplia difusión al presente Acuerdo.

Ciudad de Guatemala, 29 de diciembre de 1996


Gustavo Porras Castejón Richard Aitkenhead Castillo

Raquel Zelaya Rosales General de Brigada Otto Pérez Molina

188



Jorge E. Rosal Meléndez

Ricardo Ramírez de León (Comandante Rolando Morán)

Jorge Ismael Soto García (Comandante Pablo Monsanto)

Ricardo Rosales Román (Carlos González)


Jean Arnault

189

Considerando:

Que con la suscripción del presente Acuerdo se pone fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado en Guatemala, y concluye una dolorosa etapa de nuestra historia,

Que a lo largo de los últimos años, la búsqueda de una solución política al enfrentamiento ar-mado ha generado nuevos espacios de diálogo y entendimiento dentro de la sociedad guatemalteca,

Que de aquí en adelante empieza la tarea de preservar y consolidar la paz, que debe unir los esfuerzos de todos los guatemaltecos,

Que para ese fin el país dispone, con los acuerdos de paz, de una agenda integral orientada a superar las causas del enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo desarrollo,

Que el cumplimiento de estos acuerdos constituye un compromiso histórico e irrenunciable,

Que para conocimiento de las generaciones presentes y futuras, es conveniente recoger el sentido profundo de los compromisos de paz,

El Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) acuerdan lo siguiente:

I. CONCEPTOS

1. Los acuerdos de paz expresan consensos de carácter nacional. Han sido avalados por los diferentes sectores representados en la Asamblea de la Sociedad Civil y fuera de ella. Su cumplimiento progresivo debe satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y, a la vez, unir los esfuerzos de todos en aras de esos objetivos comunes.

2. El Gobierno de la República reafirma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar.

3. La población desarraigada por el enfrentamiento armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guatemalteco. El Gobierno de la República se compromete a asegurar su retorno y reasentamiento, en condiciones de dignidad y seguridad.

4. Es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno. Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido contribuirá a que se fortalezca el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país.

5. El reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de una nación de unidad nacional multiétnica, pluricultural y multilingüe. El respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, es la base de una nueva convivencia que refleje la diversidad de su nación.

6. La paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común, que responda a las necesidades de toda la población. Dicho desarrollo requiere de justicia social como uno de los pilares de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para atender las demandas sociales de la población.

ACUERDO DE PAZ FIRME Y DURADERA

Guatemala, 29 de diciembre de 1996

190


7. Es fundamental para lograr la justicia social y el crecimiento económico, la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores de la sociedad. Corresponde al Estado ampliar estas posibilidades de participación y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y proveedor de servicios básicos, como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos. Para ello el Estado requiere elevar la recaudación tributaria y priorizar el gasto público hacia la inversión social.

8. En la búsqueda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, como el desempleo y el empobrecimiento, y a optimizar los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. La elevación del nivel de vida, la salud, la educación, la seguridad social y la capacitación de los habitantes, constituyen las premisas para acceder al desarrollo sostenible de Guatemala.

9. El Estado y los sectores organizados de la sociedad deben aunar esfuerzos para la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural, que son fundamentales para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales.

10. El fortalecimiento del poder civil es una condición indispensable para la existencia de un régimen democrático. La finalización del enfrentamiento armado ofrece la oportunidad histórica de renovar las instituciones para que, en forma articulada, puedan garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El Ejército de Guatemala debe adecuar sus funciones a una nueva época de paz y democracia.

11. La incorporación de la URNG a la legalidad en condiciones de seguridad y dignidad constituye un factor de interés nacional, que

responde al objetivo de la conciliación y del perfeccionamiento de un sistema democrático sin exclusiones.

12. Las reformas constitucionales contenidas en los acuerdos de paz, constituyen la base sustantiva y fundamental para la conciliación de la sociedad guatemalteca en el marco de un Estado de derecho, la convivencia democrática, la plena observancia y el estricto respeto de los derechos humanos.

13. Las elecciones son esenciales para la transición que vive Guatemala hacia una democracia funcional y participativa. El perfeccionamiento del régimen electoral permitirá afianzar la legitimidad del poder público y facilitar la transformación democrática del país.

14. La implementación de la agenda nacional derivada de los acuerdos de paz, constituye un proyecto complejo y de largo plazo que requiere la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y el involucramiento de los Organis-mos del Estado y de las diversas fuerzas sociales y políticas nacionales. Este empeño supone una estrategia que priorice con realismo el cumpli-miento gradual de los compromisos, de forma tal que se abra un nuevo capítulo de desarrollo y convivencia democrática en la historia de Guatemala.

II. VIGENCIA DE LOS ACUERDOS DE PAZ

15. Al presente Acuerdo de Paz Firme y Dura-dera quedan integrados todos los acuerdos suscritos con base en el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, suscrito en la Ciudad de Querétaro, México, el 25 de julio de 1991 y a partir del Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, suscrito en la Ciudad de México el 10 de enero de 1994. Dichos acuerdos son: - El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos,

suscrito en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994;

191

Acuerdos de Paz

- El Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfren-tamiento Armado, suscrito en Oslo el 17 de junio de 1994;

- El Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, suscrito en Oslo el 23 de junio de 1994;

- El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1995;

- El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, suscrito en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1996;

- El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1996;

- El Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego, suscrito en Oslo el 4 de diciembre de 1996;

- El Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, suscrito en Estocolmo el 7 de diciembre de 1996;

- El Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad, suscrito en Ma-drid el 12 de diciembre de 1996;

- El Acuerdo sobre Cronograma para la Imple-mentación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, suscrito en la Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996.

16. Con excepción del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que está en vigencia desde su suscripción, todos los acuerdos integrados al Acuerdo de Paz Firme y Duradera cobran formal y total vigencia en el momento de la firma del presente Acuerdo.

III. RECONOCIMIENTO

17. Al culminar el histórico proceso de negocia-ción para la búsqueda de la paz por medios políticos, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca dejan constancia de su reconocimiento a los esfuerzos nacionales e internacionales que han coadyuvado

a la conclusión del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala. Resaltan el papel de la Comisión Nacional de Reconciliación, de la Conciliación, de la Asamblea de la Sociedad Civil, y de la Moderación de las Naciones Unidas. Valoran asimismo el acompañamiento del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz de Guatemala, integrado por la República de Colombia, el Reino de España, los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos, El Reino de Noruega y la República de Venezuela.

IV. DISPOSICIONES FINALES

Primera. El Acuerdo de Paz Firme y Duradera entra en vigencia en el momento de su suscripción.

Segunda. Se dará la más amplia divulgación al presente Acuerdo, en especial a través de los programas oficiales de educación.

Ciudad de Guatemala, 29 de diciembre de 1996


Gustavo Porras Castejón Raquel Zelaya Rosales

Richard Aitkenhead Castillo General de Brigada Otto Pérez Molina

Por la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca

Ricardo Ramírez De León (Comandante Rolando Morán)

Jorge Ismael Soto García (Comandante Pablo Monsanto)

Ricardo Rosales Román (Carlos Gonzáles)

Jorge Edilberto Rosal Meléndez


Boutros Boutros-Ghali

193

El Congreso de la República de Guatemala

Considerando:

Que el Estado de Guatemala está organizado para garantizar a sus habitantes el goce pleno de sus derechos y libertades.

Considerando:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala está organizado para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común y su deber, garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Considerando:

Que el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, sus-crito por el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el 29 de diciembre de 1996, crea las condiciones para desarrollar un conjunto de compromisos conte-nidos en los Acuerdos de Paz, cuyo cumplimiento debe satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y, a la vez, unir los esfuerzos de todos y todas en aras de esos ideales comunes.

Considerando:

Que la implementación de la agenda nacional derivada de los Acuerdos de Paz, es un proceso complejo y de largo plazo que requiere la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y el involucramiento de los Organismos del Estado

DECRETO NÚMERO 52-2005LEY MARCO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

y de las diversas fuerzas sociales y políticas nacionales, por lo que se hace necesario el proceso de renovación y fortalecimiento de la institucionalidad de la paz en su conjunto, que se basa en la importancia de preservar y desarrollar el espíritu y los contenidos de los Acuerdos de Paz y de dar un renovado impulso al proceso para su cumplimiento, en el marco de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Considerando:

Que para cumplir el propósito de ampliación y fortalecimiento de la participación social, la Comisión de Acompañamiento del Cumpli-miento de los Acuerdos de Paz, establecida en el Acuerdo sobre el Cronograma para la Imple-mentación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz y la CNAP creada por el Acuerdo Gubernativo 86-2004, han realizado un proceso participativo de consulta a los diversos actores sociales involucrados en el proceso de paz, habiendo alcanzado un consenso sobre la importancia y necesidad de plasmar en una ley específica las normas y mecanismos que garanticen la continuidad del proceso mismo y el seguimiento de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Por tanto:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Decreta:La siguiente:

Ley marco de los Acuerdos de Paz

194


CAPÍTULO I

Objeto de la ley

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto establecer normas y mecanismos que regulen y orienten el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes constitucionales del Estado de proteger a la persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, que debe cimentarse sobre un desarrollo participativo, que promueva el bien común y, que responda a las necesidades de la población. Artículo 2. Naturaleza. Es una Ley Marco que rige los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

CAPÍTULO II

Disposiciones generales

Artículo 3. Naturaleza jurídica. Se reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado, cuyo cumplimiento requiere de acciones a desarrollar por las instituciones públicas y por las personas individuales y jurídicas de la sociedad, en el marco de la Constitución Política de la República y de la ley.

Artículo 4. Gradualidad del proceso. El proceso para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz es dinámico y gradual, por lo que corresponde al Estado ejecutar e impulsar los cambios normativos, institucionales y de políticas públicas, implicados en los Acuerdos de Paz, a través de un proceso ordenado e integral que a la vez promueva la más amplia participación de la sociedad.

Artículo 5. Desarrollo y complementación. Por su naturaleza de Ley Marco, ésta es susceptible de

desarrollo y complementación a través de otras leyes.

CAPÍTULO III

Institucionalidad de la paz

Artículo 6. Creación. Se crea el Consejo Nacio-nal para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz -CNAP-. Es la instancia integrada por miembros designados de los tres Organismos del Estado, partidos políticos y la sociedad. El CNAP ten-drá autonomía e independencia funcional para dialogar, coordinar, consensuar, impulsar, pro-mover, orientar e incidir en las reformas legales, políticas, programas y proyectos derivados que contribuyan al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Artículo 7. Integración del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz. El Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz se integrará con miembros designados de la siguiente manera:a) El titular de la Secretaría de la Paz, en repre-

sentación del Gobierno de la República, co-mo parte signataria, quien a su vez ejercerá la Secretaría Técnica del CNAP.

b) Una persona, por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, como parte signa-taria.

c) Un miembro de la Junta Directiva del Orga-nismo Legislativo.

d) Por el Organismo Judicial, un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia con voz pero sin voto.

e) Una persona por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.

f) Una persona por el Ministerio de Finanzas.g) Una persona por cada uno de los partidos

políticos o coaliciones con representación en el Congreso de la República, con excepción del Partido Unidad Revolucionaria Nacio-nal Guatemalteca –URNG-, por estar repre-sentada en calidad de parte signataria.

h) Una persona por los pueblos indígenas, una representante de las mujeres y una por

195

Acuerdos de Paz

cada uno de los siguientes sectores: sindical, campesino, empresarial, organizaciones de derechos humanos y académico.

i) El Procurador de los Derechos Humanos o su representante, en calidad de observador, con voz pero sin voto.

j) Un observador de la Comunidad Internacional (Director Residente del PNUD) con voz pero sin voto.

Los períodos de ejercicio de los designados por los Organismos del Estado se regirán según las normas de cada uno de ellos. El período de los restantes miembros será de dos años y podrán reelegirse por un período más. Además del titular se deberá designar a un suplente.

Artículo 8. Funciones del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz. El Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz desempeñará las siguientes funciones:a) Supervisar y analizar los avances y dificultades

en la aplicación y la ejecución de los Acuerdos de Paz, así como promover acciones concretas para el fortalecimiento del proceso en su conjunto.

b) Opinar sobre los proyectos de ley que el Orga-nismo Ejecutivo elabore en cumplimiento a los Acuerdos de Paz, así como promover accio-nes concretas para el fortalecimiento del pro-ceso en su conjunto.

c) Mantener comunicación y relación de traba-jo permanente con el Organismo Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Paz, para la apro-bación de las políticas públicas y la ejecución de los programas y proyectos prioritarios para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

d) Mantener comunicación periódica con la Junta Directiva del Organismo Legislativo, para contribuir con su opinión respecto a las iniciativas derivadas de los compromisos de los Acuerdos de Paz.

e) Mantener comunicación con el Organismo Judicial, para contribuir al objetivo general de fortalecimiento del sistema de justicia, en el marco de impulso y ejecución de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz.

f) Mantener comunicación y solicitar informes a los distintos entes que dan seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, así como a las instancias nacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones interna-cionales que sistematizan información y reali-zan estudios o evaluaciones relativos al pro-ceso de paz.

g) Mantener comunicación periódica y relación de trabajo con las distintas instancias de la institucionalidad de la paz, para conocer las propuestas de consenso e impulsar conjun-tamente el cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz.

h) Brindar apoyo a la gestión dirigida a la obten-ción de fondos para la ejecución de los com-promisos contenidos en los Acuerdos de Paz.

i) Emitir informes periódicos sobre los avances y dificultades del proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz y desarrollar un amplio plan de comunicación social para transmitir a la opinión pública dichos resultados.

j) Crear las comisiones de apoyo, temporales o permanentes, que fueren necesarias para apo-yar su trabajo y/o fortalecer el proceso de paz.

k) Administrar el presupuesto que el Estado le asigne para su funcionamiento, por conducto de la Secretaría de la Paz, y gestionar fondos complementarios de otras fuentes, tanto nacionales como internacionales.

l) Elaborar sus reglamentos y definir sus procedimientos internos.

Las decisiones del CNAP se tomarán preferi-blemente por consenso; si ello no fuere posible se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de la totalidad de sus miembros.

Artículo 9. Presupuesto. El Congreso de la Repú-blica asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación el presupuesto necesario para el funcionamiento del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz –CNAP–, por conducto de la Secretaría de la Paz.

Artículo 10. Coordinación de participación social y consulta. Para fortalecer la participación y consulta de la sociedad civil en el proceso de

196


paz, se definirá el mecanismo respectivo para que la sociedad evalúe periódicamente y en forma conjunta con sus diversos sectores, el avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, promoviendo acciones concretas para el fortalecimiento del proceso en su conjunto.

Artículo 11. Integración. La Coordinación de participación social y consulta se integrará con sectores de la sociedad civil, tomando en consi-deración la legitimidad sectorial de los mismos desde la perspectiva étnica, territorial, temática, gremial, política, cultural y de género.

Artículo 12. Funciones. Las funciones princi-pales de la Coordinación de participación social y consulta son evaluar periódicamente el avan-ce en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, promover acciones concretas conjuntas con el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz para el fortalecimiento del proceso de paz en su con-junto, para lo cual deberá, entre otras:a) Reunirse regularmente, a convocatoria del

Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, dos veces al año, y extraordinariamente, cuando la coordinación lo juzgue necesario.

b) Dar seguimiento y analizar la ejecución de las políticas, programas y proyectos derivados de los Acuerdos de Paz.

c) Proponer iniciativas concretas para el abor-daje, tratamiento e impulso temático y/o terri-torial de las agendas pendientes derivadas de los Acuerdos.

d) Dar respaldo social al cumplimiento de los Acuerdos de Paz y a las acciones específicas que se requieran para el impulso de los mismos.

Las demás funciones operativas se regularán en el reglamento respectivo.

CAPÍTULO IV

Disposiciones transitorias y finales

Artículo 13. Integración del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz. Para la integración del

Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz establecida en el Acuerdo Gubernativo 86-2004 efectuará la convocatoria pública respectiva, dentro de los quince días a partir de la vigencia de la presente Ley. En el caso de la sociedad deberá establecerse un procedimiento abierto y democrático, que garantice su más amplia participación. El CNAP se instalará dentro de los noventa días contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Artículo 14. Reglamento. El Presidente de la República, dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, emitirá el reglamento de la misma, instrumento en el que se incluirán las normas de integración y funcionamiento del CNAP.

Artículo 15. Derogatoria. El Acuerdo Guberna-tivo 86-2004 de la Presidencia de la República quedará derogado en el momento en que se instale el nuevo Consejo Nacional de los Acuer-dos de Paz.

Artículo 16. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Emitido en el palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, el tres de agosto de dos mil cinco.

Jorge Méndez HerbrugerPresidente

Mauricio Noé de León CoradoSecretario

Luis Fernando Pérez MartínezSecretario

ANEXOSANEXOS

199Guatemala es un país de contrastes y contradic-ciones, situado en la mitad del continente americano, bañado por las olas del mar Caribe y del Pacífico. Sus habitantes conviven en una Nación de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, dentro de un Estado emergido del triunfo de las fuerzas liberales en Centroamérica. Guatemala ha tenido hermosas y dignas épocas desde el inicio de la cultura maya milenaria hasta nuestros tiempos; su nombre ha sido glorificado por su ciencia, sus obras, su arte, su cultura, por hombres y mujeres ilustres y humildes, honrados y de paz, por el Premio Nobel de Literatura y por el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, en Guatemala se han escrito páginas de vergüenza e infamia, ignominia y de terror, de dolor y de llanto como producto del enfrentamiento armado entre hermanos. Por más de 34 años, los guatemaltecos vivieron bajo la sombra del miedo, la muerte y la desaparición como amenazas cotidianas para el ciudadano común.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida mediante el Acuerdo de Oslo, del 23 de junio de 1994, para esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las

violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado. La Comisión no fue instituida para juzgar, pues para esto deben funcionar los tribunales de justicia, sino para esclarecer la historia de lo acontecido durante más de tres décadas de guerra fratricida.

Cuando los Comisionados integramos la CEH, cada uno por diferente camino y todos por azares de la vida, sabíamos en sus grandes líneas lo que había sucedido. Los dos Comisionados guatemaltecos vivimos toda la tragedia en suelo patrio y, en una u otra forma, la padecimos. Sin embargo, ninguno imaginó la dantesca magnitud de lo ocurrido.

Fue mandato de la Comisión dar respuesta a interrogantes que continúan vigentes en es-tos tiempos de paz: ¿Por qué un sector de la población recurrió a la violencia armada para alcanzar el poder político? ¿Qué explica los actos de violencia desmedida, de diverso signo e intensidad, cometidos por ambas partes en el enfrentamiento armado? ¿Por qué la violencia,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO

Mientras consume su cuota de vida, ¿cuántas verdades elude el ser humano?

Augusto MonterrosoMovimiento perpetuo

El silencio perdió su trayectoria

frente a una mano que abre las puertas a la voz.

Francisco Morales SantosAl pie de la letra

Que la historia que pasamos quede en las escuelas, para que no se olvide,

para que nuestros hijos la conozcan. Un testigo ante la CEH

Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer elbien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y

defiendan la viuda. Isaías 1,17

PRÓLOGO

200


especialmente la proveniente del Estado, afectó a la población civil, en particular al pueblo maya, cuyas mujeres fueron consideradas como botín de guerra y soportaron todo el rigor de la violencia organizada? ¿Por qué la niñez indefensa sufrió los actos de salvajismo? ¿Por qué en nombre de Dios se pretendió exterminar de la faz de la tierra a los hijos e hijas de Xmukane’, la abuela de la vida y de la creación natural? ¿Por qué esos actos, de barbarie ultrajante, no respetaron las reglas más elementales del derecho humanitario, la ética cristiana y los valores de la espiritualidad maya?

Hemos recibido miles de testimonios, hemos asistido con los sobrevivientes a momentos tan emotivos como las exhumaciones de sus seres queridos en los cementerios clandestinos; hemos escuchado a antiguos jefes de Estado, altos mandos del Ejército y de la guerrilla; hemos leído miles de páginas de documentos que nos han entregado muy diversas organizaciones de la sociedad civil. El Informe de la Comisión atiende todas las versiones y recoge lo que hemos oído, visto y leído sobre tantas atrocidades y brutalidades.

El propósito principal del Informe es dejar constancia del reciente pasado sangriento de Guatemala. Aunque muchos saben que el enfrentamiento armado causó muerte y destruc-ción, la gravedad de los reiterados atropellos que sufrió el pueblo todavía no ha sido asumida por la conciencia nacional. Las masacres que eliminaron comunidades mayas enteras pertenecen a la misma realidad que la persecución urbana de la oposición política, de líderes sindicales, de sacerdotes y catequistas. No se trata ni de alegatos pérfidos ni de fantasmas, sino de un capítulo auténtico de la historia de Guatemala.

Los autores del Acuerdo de Oslo pensaban que, a pesar del choque que puede sufrir la nación al mirarse en el espejo de su pasado, es necesario conocer y hacer pública la verdad. Esperaban que la verdad condujera a la reconciliación, aún más, que hacer frente a la verdad es camino indispensable para conseguir este objetivo.

Es indudable que la verdad beneficia a todos, víctimas y victimarios. Las víctimas, cuyo pasado ha sido degradado y manipulado, se verán dignificadas; los victimarios, por otro lado, podrán recuperar la dignidad de la cual ellos mismos se privaron, por el reconocimiento de sus actos inmorales y criminales.

Conociendo la verdad de lo sucedido será más fácil alcanzar la reconciliación nacional, para que los guatemaltecos podamos en el futuro vivir en una auténtica democracia, sin olvidar que el imperio de la justicia ha sido y es el clamor generalizado como medio para crear un Estado nuevo.

Sin embargo, nadie hoy puede asegurar si el inmenso desafío de la reconciliación a través de la verdad puede ser enfrentado con éxito. Se requiere sobre todo que los hechos históricos sean reconocidos y que se aprenda la lección enseñada por el sufrimiento de la Nación. El futuro de Guatemala depende en gran medida de las respuestas que el Estado y la sociedad sepan dar a las tragedias vividas por casi todos los guatemaltecos en carne propia.

La creencia errónea de que el fin justifica cualquier medio convirtió a Guatemala en un país de muerte y tristeza. Se debe recordar, de una vez por todas, que no existen valores que estén por encima de las vidas de los seres humanos y, en consecuencia, sobre la existencia y el bienestar de toda una comunidad nacional. El Estado no existe por sí mismo, existe como instrumento de organización mediante el que un pueblo cuida sus intereses fundamentales.

Miles son los muertos. Miles son los deudos. La reconciliación de quienes quedamos no es posible sin justicia. Miguel Angel Asturias, nuestro Premio Nobel, lo dijo: “Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no los cerrarán”.

Con tristeza y dolor hemos cumplido la misión encomendada. Ponemos el Informe de la CEH, esta memoria del silencio en manos de los

201

Anexos

guatemaltecos, hombres y mujeres de ayer y hoy, para que las nuevas generaciones conozcan las grandes calamidades y tragedias sufridas por este pueblo. Que las lecciones de este informe sirvan para reflexionar, escuchar y comprender al otro y para ser creativos en la paz.

Christian TomuschatComisionado

Otilia Lux de CotíComisionada

Alfredo Balsells TojoComisionado

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico quiere expresar su mayor reconocimiento a todo el pueblo de Guatemala, a las víctimas de la violencia del pasado, a sus familiares, a los testigos, a tantas personas que, por iniciativa personal y con el fin de contribuir a la reconciliación nacional a través del esclarecimiento de la histo-ria, han acudido y confiado en la CEH. Sin ellos, sin su asistencia, respaldo y confianza, nuestra delicada tarea difícilmente habría sido cumplida en su totalidad. Su permanente apoyo nos ha motivado e inspirado.

Las dos Partes firmantes del Acuerdo de Oslo, el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, crearon y facilitaron las condiciones, particular-mente con la contribución financiera del Gobier-no, para que la CEH pudiera instalarse y llevar a cabo las acciones derivadas de su mandato. El Congreso de la República ha contribuido cuantas veces ha sido requerido a facilitar el adecuado funcionamiento de la CEH. El Organismo Judi-cial respondió de forma positiva y nos tomó en debida cuenta.

Diversas organizaciones guatemaltecas de dere-chos humanos, ya desde el periodo preparatorio de la instalación, realizaron contribuciones extre-madamente valiosas al trabajo de la CEH. En general, las organizaciones de la sociedad civil guatemaltecas, desde las de derechos humanos, de víctimas, indígenas, de mujeres y de otros ám-bitos de actividad hasta las empresariales o de pro-

fesionales de diferentes especialidades, prestaron un apoyo permanente a la labor encomendada a esta Comisión.

Los medios de comunicación nacionales e inter-nacionales cumplieron ejemplarmente su fun-ción de información social, al haber seguido con la mayor atención y de forma respetuosa el trabajo de la CEH. Ello permitió a la sociedad guatemalteca estar al tanto en cada momento del avance de las tareas de la Comisión y recibir cuantos llamamientos o comunicados le fueron dirigidos.

Sin el respaldo político y moral, así como las contribuciones financieras de la comunidad internacional, la CEH no habría podido llevar a cabo el complejo trabajo realizado. Los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dina-marca, Estados Unidos de América, Italia, Ja-pón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña, Suecia, Suiza y la Unión Europea han aportado fondos que han permitido cubrir las necesidades presupuestarias. El Gobierno de los Estados Unidos de América realizó un muy significativo esfuerzo de desclasificación de documentos. El Gobierno de Argentina también hizo gestiones importantes en apoyo de la CEH. Una mención muy especial merece la Embajada de Noruega en Guatemala, que en todo momento estuvo atenta a las necesidades de la Comisión y tomó continuas acciones para que fueran atendidas.

La CEH expresa su más alto reconocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas, que, atendiendo la petición formulada por las Partes en el Acuerdo de Oslo, llevó a cabo todas las gestiones necesarias para preparar el buen funcionamiento de la Comisión y estableció un mecanismo, a través del Departamento de

AGRADECIMIENTOS

202


Asuntos Políticos, en virtud del cual la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) ha implementado como proyecto la Oficina de Apoyo de la CEH. La unops mostró una extraordinaria capacidad y flexibilidad en el manejo de tan complejo proyecto.

El Sistema de las Naciones Unidas realizó aporta-ciones de expertos y material que completaron las necesidades financieras. La Secretaría General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la UNOPS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia contribuyeron con expertos. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) apoyó logísticamente de manera muy significativa el trabajo de la Comisión.

Las ong internacionales prestaron asistencia ya desde la fase de instalación al trabajo de la Comisión, ofreciéndole asesoría técnica, facilitán-dole directamente información, sirviendo de canal

para la consecución de la misma, divulgando el trabajo de la Comisión y realizando valiosísimas gestiones para la obtención de información de otros gobiernos. La Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, mediante la asignación de un experto, la Fundación Ford, con una contribución financiera, y la Fundación Soros-Guatemala, mediante el préstamo de vehículos, han asistido significativamente a la CEH.

Los miembros de la CEH en absoluto habríamos podido cumplir con nuestro mandato si no hubié-ramos recibido la asistencia de todo el personal que ha integrado la Oficina de Apoyo bajo la res-ponsabilidad del Secretario Ejecutivo. Todo el personal, el Equipo Central, los responsables de las numerosas oficinas regionales, los investigadores, analistas, intérpretes, administradores y demás asistentes, guatemaltecos y de 31 nacionalidades más, nos apoyó con un admirable compromiso y generosa dedicación, trabajando en condiciones muy a menudo difíciles y bajo permanente presión.

A todos: ¡Muchísimas gracias!

El Informe de la CEH ha sido estructurado de conformidad con los objetivos y términos del mandato encomendado a ella por las Partes del proceso de paz de Guatemala, comprendidos en el Acuerdo concluido en Oslo (Noruega) el 23 de junio de 1994.

El Informe contiene en primer lugar una descripción del mandato y del procedimiento de trabajo, para, seguidamente, entrar en el examen de las causas y orígenes del enfrentamiento armado interno, las estrategias y mecanismos de la violencia y sus consecuencias y efectos. Más adelante se desarrollan las conclusiones. Otro capítulo está dedicado a las recomendaciones, que constituyen la tercera finalidad del mandato de la CEH. Por último, en anexos, se incluyen una

relación de los casos que ilustran los fenómenos del pasado, una breve descripción de todos y cada uno de los casos presentados a la Comisión y otros elementos que han sido utilizados en el cumplimiento del mandato.

El presente volumen, que tiene como objeto adelantar su distribución pública, contiene dos elementos centrales del Informe: las conclusiones y las recomendaciones.

Las conclusiones condensan los resultados de la investigación llevada a cabo durante casi un año y están fundamentadas en testimonios recibidos directamente por la CEH y gran cantidad de información proveniente de otras fuentes, inclui-das las Partes y otros gobiernos, así como de diver-sas fuentes secundarias. El análisis histórico y la

INTRODUCCIÓN

203

Anexos

información estadística de la base de datos de la CEH complementan lo anterior.

Las conclusiones están estructuradas en tres acápites complementarios entre sí: conclusiones de carácter general, conclusiones sobre los hechos constitutivos de violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia y conclusiones relativas al proceso de paz y reconciliación. Las conclusiones cuentan tam-bién con unos anexos para su más fácil lectura, que incluyen una cronología de los gobiernos y del enfrentamiento armado en Guatemala, mapas básicos e información estadística.

Las recomendaciones tienen como objetivo, según establece el mandato de la CEH, promover la paz y la concordia nacional en Guatemala. Se han estructurado entre medidas que se recomiendan para preservar la memoria de las víctimas, medidas para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos, medidas para fortalecer el proceso democrático y otras recomendaciones para favorecer la paz y la concordia nacional. Dentro de las medidas para preservar la memoria de las víctimas se incluyen recomendaciones de reparación a las víctimas.

I. LA TRAGEDIA DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO

1. Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17 % eran ladinos.1

2. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo en muertos y

desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas.

Las raíces históricas del enfrentamiento armado

3. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluye que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente exclu-yentes, antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial. Desde la independencia procla-mada en 1821, acontecimiento impulsado por las elites del país, se configuró un Estado auto-ritario y excluyente de las mayorías, racista en sus preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los intereses de los restringidos sec-tores privilegiados. Las evidencias, a lo largo de la historia guatemalteca, y con toda crudeza du-rante el enfrentamiento armado, radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social.

4. El carácter antidemócrático de la tradición política guatemalteca tiene sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes

CONCLUSIONES

1 A lo largo de estas conclusiones se presentan algunas cifras que corresponden únicamente a los casos docu-mentados por la CEH. Representan una muestra de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado interno.

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productivos, sentando con ello las bases de un régimen de exclusiones múltiples, a las que se sumaron los elementos de una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas y des-humanizadoras. El Estado se fue articulando paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esa estructura, garantizando la per-sistencia de la exclusión y la injusticia.

5. La ausencia de una política social eficaz por parte del Estado, con excepción de la época que abarca de 1944 hasta 1954, acentuó esta dinámica histórica excluyente. En muchos casos las políticas estatales durante el periodo reciente propiciaron las desigualdades o, como mínimo, su endémica debilidad institucional permitió que éstas se exacerbaran. Como muestra, durante los veinte años de mayor crecimiento económico en Guatemala (1960-1980), el gasto social del Estado fue el menor de Centroamérica y la carga tributaria fue a su vez la más baja.

6. Por su mismo carácter excluyente el Estado fue incapaz de lograr un consenso social en torno a un proyecto de nación que pudiera aglutinar al conjunto de la población. Concomitantemente renunció a su papel de mediador entre los intereses sociales y económicos divergentes, abriendo un vacío que facilitó la confrontación directa entre los sectores afectados. De especial preocupación para la CEH fue la manera en que las sucesivas Constituciones de la República y las garantías de los derechos humanos y cívicos explicitadas en ellas, se convirtieron en instrumentos formales, violados por diversas estructuras del mismo Estado.

7. El poder legislativo y los partidos políticos que en él participaron, también contribuyeron en distintos momentos a la creciente polarización y exclusión, dictando normas legales que legitimaron los regímenes de excepción y supresión de los derechos civiles y políticos, así como dificultaron o impidieron procesos de cambio. Se produjo una ausencia efectiva de mecanismos institucionales apropiados para

canalizar las inquietudes, reivindicaciones y propuestas de los distintos grupos de población. La falta de cauces para orientar constructivamente el disenso a través de fórmulas de mediación propias de los sistemas democráticos, consolidó aún más una cultura política confrontativa e intolerante y provocó una retroalimentación casi ininterrumpida de inestabilidad que impregnó todo el orden social.

8. Quedó así conformado un círculo vicioso donde la injusticia social provocó protesta y luego inestabilidad política, que permanentemente sólo tuvo dos respuestas: represión o golpe mili-tar. Frente a movimientos que proponían rei-vindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales, el Estado recurrió crecientemente a la violencia y el terror para mantener el control social. En este sentido la violencia política fue una expresión directa de la violencia estructural de la sociedad.

La represión sustituye a las leyes

9. La CEH ha concluido que, durante los años del enfrentamiento armado, la incapacidad del Estado guatemalteco para aportar respuestas a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales, usurpando sus funciones y prerrogativas. Se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de Inteligencia militar. Este sistema fue utilizado como la principal forma de control social por parte del Estado a lo largo del enfrentamiento armado interno, complementado por la colaboración directa o indirecta de sectores económicos y políticos dominantes.

La ineficacia de la justicia

10. El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción,

205

Anexos

el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales.

El cierre de los espacios políticos

11. Después del derrocamiento del Gobierno del coronel Jacobo Arbenz en 1954 tuvo lugar un acelerado proceso de cierre de espacios políticos, inspirado en un anticomunismo fundamentalista que anatematizó un movimiento social amplio y diverso, consolidando mediante las leyes el carácter restrictivo y excluyente del juego polí-tico. Estas restricciones a la participación política fueron pactadas por diversos sectores de poder fáctico del país y activadas por las fuerzas civiles y políticas de esa época. Este proceso constituye en sí mismo una de las evidencias más contundentes de las estrechas relaciones entre el poder militar, el poder económico y los partidos políticos surgidos en 1954. A partir de 1963, además de las restricciones legales, la creciente represión estatal contra sus reales o supuestos opositores fue otro factor decisivo en el cierre de las opciones políticas en Guatemala.

Las causas profundas del enfrentamiento armado

12. La CEH concluye que fenómenos coincidentes como la injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antide-mocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reduci-do los conflictos estructurales, constituyen los factores que determinaron en un sentido pro-fundo el origen y ulterior estallido del enfren-tamiento armado.

Guerra Fría, Doctrina de Seguridad Nacional y el papel de los Estados Unidos

13. La CEH reconoce que el avance de la sociedad y del Estado hacia la polarización, la militarización y la guerra intestina no sólo fueron efectos procedentes de la historia nacional. La Guerra Fría tuvo también influencia especial. La política anticomunista promovida por los Estados Unidos en el marco de sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de los partidos políticos de derecha y los diversos sectores de poder guatemaltecos, mientras aquel país se mostró dispuesto a brindar su respaldo a regímenes militares fuertes en su traspatio estratégico. En el caso guatemalteco se concretó en el plano militar mediante asistencia destinada a reforzar los aparatos de Inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra contrainsurgente, factores claves que incidieron en las violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado.

14. El anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) fueron parte de la estrategia antisoviética de los Estados Unidos en América Latina. En Guatemala asumieron primero un sentido antirreformista, luego antidemocrático y, en último término, contrainsurgente convertido en criminal. La Doctrina de Seguridad Nacional encontró terreno fértil en Guatemala en el pensamiento anticomunista ya arraigado en el país, donde dicho pensamiento se fundió desde los años treinta con una actitud de defensa de la religión, las tradiciones y los valores conservadores supuestamente amenazados por la expansión mundial del comunismo ateo. Hacia los años cincuenta esta actitud fue apoyada con fuerza por la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que condujo a calificar de “comunista” cualquier postura que contradijera su discurso, contribuyendo a dividir y confundir aún más a la sociedad guatemalteca.

El enemigo interno

15. Durante el periodo del enfrentamiento arma-do la noción de “enemigo interno”, intrínseca

206


a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada vez más amplia para el Estado. Esta doctrina se convirtió, a la vez, en razón de ser del Ejército y en política de Estado durante varias décadas. Mediante su investigación, la CEH recogió uno de los efectos más devastadores de esta política: las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por la CEH, incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos étnicos, pertenecientes al pueblo maya.

La Iglesia Católica

16. La Iglesia Católica transitó, en muy corto tiempo en la historia reciente de Guatemala, de una postura conservadora hacia posiciones y prácticas que, fundamentadas en el Concilio Vaticano Segundo (1962-1965) y la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), priorizaban el trabajo con los excluidos, los pobres y los marginados, promoviendo la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Estos cambios doctrinales y pastorales chocaron con la estrategia contrainsurgente que consideró a los católicos como aliados de la guerrilla y por tanto parte del enemigo interno, sujeto de persecución, muerte o expulsión. Por su lado, la guerrilla vio en la práctica de la llamada “teología de la liberación”, un punto de encuentro para extender su base social, buscando ganar la simpatía de sus adeptos. Un gran número de catequistas, delegados de la Palabra, sacerdotes, religiosas y misioneros fueron víctimas de la violencia y dieron su vida como testimonio de la crueldad del enfrentamiento armado.

La insurgencia guatemalteca, la lucha armada y la influencia cubana

17. La insurgencia guatemalteca, por su par-te, surgió como la respuesta de un sector de la población ante los diversos problemas estructurales del país. Frente a la injusticia,

la exclusión, la pobreza y la discriminación, proclamó la necesidad de tomar el poder para construir un nuevo orden social, político y económico. A lo largo del enfrentamiento ar-mado los grupos insurgentes asumieron las tesis de la doctrina marxista en sus diversas orien-taciones internacionales. Aunque tuvieron un tronco histórico común en el proscrito partido comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), varias organizaciones surgieron como resultado de una crítica al mismo, por su renuencia a seguir el camino de la lucha armada.

18. La influencia de Cuba y su exaltación de la lucha armada incidieron en estos procesos tanto en Guatemala como en el resto del continente latinoamericano. Sobre este punto, la CEH concluye que el apoyo político, logístico, de instrucción y entrenamiento que prestó Cuba a la insurgencia guatemalteca durante todo el periodo, supuso otro factor externo importante que marcó la evolución del enfrentamiento armado. En el contexto de un Estado crecientemente represivo, sectores de la izquierda, en concreto aquellos que seguían la ideología marxista, asumieron la perspectiva cubana de la lucha armada como vía única para la defensa de los derechos del pueblo y la toma del poder.

19. En la medida en que la represión estatal se intensificó y amplió la cobertura de sus potenciales víctimas, la tendencia rebelde que cifraba la solución política nacional en el triunfo de la guerrilla se vio fortalecida. Más que compartir un proyecto político-ideológico concreto, durante la mayor parte del enfrentamiento la cohesión de la insurgencia guatemalteca se definió en torno a la necesidad y primacía de la lucha armada casi como única solución.

20. Durante su investigación la CEH comprobó que el trabajo político de las organizaciones guerrilleras dentro de los diversos sectores de la sociedad fue orientado crecientemente a fortalecer su capacidad militar, en perjuicio del estilo de acción política propio de sectores democráticos. Asimismo, los intentos de otras fuerzas políticas

207

Anexos

para aprovechar los limitados espacios de participación legal fueron descalificados con radicalidad por algunos sectores de la insurgencia como “reformistas” o “disidentes”, mientras las personas que pretendían mantenerse al margen del enfrentamiento eran tratadas con profunda desconfianza y hasta como potenciales enemigos, contribuyendo también por este lado a la intolerancia política y la polarización.

Los enemigos de los grupos insurgentes

21. Además de la clara definición del Ejército como su enemigo, los grupos insurgentes inclu-yeron también en esta categoría a civiles, repre-sentantes del poder económico y político que consideraban afines a la represión, así como a personas de las que, en especial en las áreas rurales, se sospechaba que prestaban apoyo al Ejército o que ejercían un poder económico local. Entre los casos registrados por la CEH las acciones de los grupos insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia, entre hombres, mujeres y niños, incluyendo un 5% de las ejecuciones arbitrarias y un 2% de las desapariciones forzadas.

Más allá de las dos partes

22. Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores más visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación realizada por la CEH ha puesto de manifiesto la implicación de todo el Estado, unificando sus diversas instituciones y mecanismos coactivos. Asimismo se constata la responsabilidad y participación, bajo diferentes formas, de los grupos de poder económico, los partidos políticos, los universitarios y las iglesias, así como otros sectores de la sociedad civil.

23. Por ello, la CEH concluye que la explicación de fondo del enfrentamiento armado guatemalteco no puede reducirse a una lógica de dos actores armados. Tal interpretación no explica ni podría fundamentar la persistencia y la significación que tuvo la participación de los partidos políticos y fuerzas económicas en la génesis, desarrollo y

perpetuación de la violencia; ni los repetidos es-fuerzos organizativos y la constante movilización de sectores de la población que luchaban por alcanzar reivindicaciones económicas, políticas y culturales.

La respuesta represiva desproporcionada

24. La magnitud de la respuesta represiva del Esta-do, absolutamente desproporcionada en relación con la fuerza militar de la insurgencia, sólo pue-de entenderse en el marco de los profundos con-flictos sociales, económicos y culturales del país. Sobre la base de los resultados de su investigación, la CEH concluye que en el periodo 1978-1982 se produjo entre amplios sectores de la ciudadanía una creciente movilización social y oposición política a la continuidad del orden establecido, cuyas expresiones organizadas, en algunos casos, mantuvieron relaciones de diversa índole con la insurgencia. No obstante, en ningún momento del enfrentamiento armado interno los grupos guerrilleros tuvieron el potencial bélico necesario para constituir una amenaza inminente para el Estado. Los contados combatientes no pudieron competir en el plano militar con el Ejército de Guatemala, que dispuso de más efectivos, muy superior armamento, así como mejor entre-namiento y coordinación. También se ha cons-tatado que durante el enfrentamiento armado, el Estado y el Ejército conocían el grado de organización, el número de efectivos, el tipo de armamento y los planes de acción de los grupos insurgentes. De esta forma, fueron conscientes de que la capacidad militar de la insurgencia no representaba una amenaza concreta para el orden político guatemalteco.

25. La CEH concluye que el Estado magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia, práctica que fue acreditada en su concepto del enemigo interno. Incluir en un solo concepto a los opositores, demócratas o no; pacifistas o guerrilleros; legales o ilegales; comunistas y no comunistas, sirvió para justi-ficar graves y numerosos crímenes. Frente a una amplia oposición de carácter político, so-

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cioeconómico y cultural, el Estado recurrió a operaciones militares dirigidas a aniquilarla físi-camente o amedrentarla por completo, a través de un plan represivo ejecutado principalmente por el Ejército y los demás cuerpos de seguridad nacional. Sobre esta base la CEH explica por qué la vasta mayoría de las víctimas de las acciones del Estado no fueron combatientes de los grupos guerrilleros sino civiles.

La concentración territorial de las operaciones militares y sus víctimas

26. Con base en la información procesada por la CEH, se constatan diferencias relevantes en la concentración territorial de las operaciones militares y en el tipo de víctimas, dependiendo del periodo específico del enfrentamiento arma-do. En el periodo 1962-1970, las operaciones se concentraron en Oriente, la ciudad de Guatemala y la Costa Sur, siendo las víctimas fundamen-talmente campesinos, miembros de las organi-zaciones gremiales rurales, profesores y estudiantes universitarios y secundarios, y simpatizantes de la guerrilla. En los años 1971-1977 los operativos de la represión fueron más selectivos y dispersos; las víctimas incluyeron líderes comunitarios, dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes.

27. Durante el periodo más violento y sanguinario de todo el enfrentamiento armado (1978-1985) los operativos militares se concentraron en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, en la Costa Sur y la capital. Las víctimas fueron mayoritariamente población maya y en menor proporción ladinos. En el último periodo (1986-1996) las acciones represivas tuvieron un carácter selectivo, afectando casi por igual a población maya y ladina. Las Comunidades de Población en Resistencia constituyeron un objetivo prioritario de las operaciones militares en el área rural.

La niñez

28. La CEH constata con particular preocupación que gran cantidad de niños y niñas también

se encontraron entre las víctimas directas de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales, entre otros hechos violatorios de sus derechos elementales. Además, el enfrentamiento armado dejó un número importante de niños huérfanos y desamparados, especialmente entre la población maya, que vieron rotos sus ámbitos familiares y malogradas sus posibilidades de vivir la niñez dentro de los parámetros habituales de su cultura.

Las mujeres

29. La investigación de la CEH permitió deter-minar que aproximadamente una de cada cua-tro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia fueron mujeres. Murieron, fueron desaparecidas, tortu-radas y violadas sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política y social; otras fueron víctimas de las masacres y otras acciones indiscriminadas. Miles de mujeres perdieron a sus esposos, quedándose viudas y como único sostén de sus hijos, a menudo sin recursos materiales luego de la destrucción de sus casas y cultivos en las operaciones de tierra arrasada. Sus esfuerzos para reconstruir sus vidas y mantener sus familias merecen un reconocimiento particular.

30. A la vez la CEH reconoce que las mujeres, familiares de víctimas en su mayoría, han jugado un papel ejemplar en la defensa de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado, como impulsoras y dirigentes de diversas organizaciones de familiares de desaparecidos y de lucha contra la impunidad.

Los mayas como enemigo colectivo del Estado

31. En los años de exacerbación del enfrentamiento (1978-1983), con la ampliación de la base de apoyo y el ámbito de acción de la guerrilla, en varias regiones del país el Ejército identificó a los mayas como grupo afín a la guerrilla. En algunas ocasiones esta identificación se produjo en razón de la efectiva existencia de su apoyo a

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Anexos

los grupos insurgentes, así como de condiciones preinsurreccionales en áreas de limitada extensión en el interior del país. Sin embargo, la CEH ha llegado a precisar que, en la mayoría de los casos, la identificación entre las comunidades mayas y la insurgencia fue intencionadamente exagerada por el Estado que, apoyándose en tradicionales prejuicios racistas, se sirvió de esta identificación para eliminar las posibilidades presentes y futuras para que la población prestara ayuda o se incorporara a cualquier proyecto insurgente.

32. La consecuencia de esta manipulación, am-pliamente documentada por la CEH, fue la agresión masiva e indiscriminada a las comu-nidades, con independencia de su real involu-cramiento en la guerrilla, así como con indi-ferencia a su condición de población civil, no combatiente. Con las masacres, las operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no sólo se buscaba quebrar las bases sociales de la guerrilla, sino desestructurar ante todo los valores culturales que aseguraban la cohesión y la acción colectiva de las comunidades.

El racismo en la violencia

33. Mediante su investigación, la CEH también concluye que la innegable realidad del racismo como doctrina de superioridad expresada permanentemente por el Estado constituye un factor fundamental para explicar la especial saña e indiscriminación con que se realizaron las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas en el occidente y noroccidente del país, en particular entre 1981 y 1983, cuando se concentraron más de la mitad de las masacres y acciones de tierra arrasada en su contra.

El repliegue de la guerrilla

34. La CEH ha comprobado que la guerrilla aplicó una táctica de “propaganda armada” y de ocupación temporal de pueblos, para ganar partidarios o demostrar su fuerza; pero al

retirarse, dejaba a las comunidades indefensas y vulnerables. En muchos casos estas comunidades fueron luego atacadas por el Ejército, con un saldo muy elevado de muertos entre la población civil, especialmente en el pueblo maya. En algunos de ellos conocidos por la CEH, aldeas enteras fueron arrasadas por las fuerzas militares del Estado pocos días después del retiro de los grupos insurgentes que las ocupaban. En estos casos, aun reconociendo la clara y exclusiva autoría del Ejército como responsable de las violaciones masivas, la CEH tiene la convicción de que las acciones de la guerrilla incidieron para desencadenar estos hechos.

35. Frente a las operaciones de tierra arrasada y las masacres, que correspondían a una estrategia y a la planificación sistemática del Ejército, la guerrilla fue incapaz de proteger a la población que había simpatizado con sus propósitos o que la había apoyado. Esta incapacidad provocó en estos sectores un amplio sentimiento de abandono, decepción y rechazo.

La militarización

36. La CEH ha constatado que la militarización del Estado y la sociedad constituyó un objetivo estratégico definido, planeado y ejecutado institucionalmente por el Ejército de Guatemala, a partir de la Doctrina de Seguridad Nacional y su peculiar interpretación de la realidad nacional. La militarización presentó características diferentes a lo largo de los años del enfrentamiento armado. Empezó durante los años sesenta y setenta con el dominio que el Ejército impuso sobre las estructuras del poder ejecutivo. Luego asumió el ejercicio casi absoluto del poder mediante su penetración en todas las instituciones y espacios políticos, sociales e ideológicos del país durante media década en los años ochenta, hasta llegar —en la etapa final— a tener un control paralelo, semivisible, de bajo perfil, pero de alto impacto, en la vida nacional.

37. La militarización fue en su momento uno de los factores que alimentó e incentivó el

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enfrentamiento armado, al limitar profunda-mente las posibilidades del ejercicio de los derechos cívicos, para luego constituir una de las consecuencias más corrosivas del mismo. La militarización constituyó un soporte de la impunidad. Además, en un sentido amplio, debilitó el tejido institucional del país, redujo sus posibilidades de funcionamiento real y contribuyó a la deslegitimización del mismo, ya que durante años la población ha vivido con la certeza de que el Ejército detentaba el poder efectivo en el país.

La inteligencia militar

38. Basándose en la investigación realizada, la CEH también concluye que las estructuras de Inteligencia militar en Guatemala han jugado un papel determinante en la militarización del país. No se conformaron con ejercer las funciones habituales de los órganos de esta naturaleza en el marco de un Estado democrático de Derecho, que consisten en sistematizar e interpretar infor-mación trascendental para la seguridad del país. Más bien, el sistema de Inteligencia de Guatemala fue el eje conductor de una política de Estado que aprovechó el escenario, delimitado por el enfrentamiento armado, para controlar a la población, a la sociedad, al Estado y al propio Ejército. Este dominio exhaustivo se fundamentó en una estrategia político-militar y se llevó a la práctica activando mecanismos violatorios de los derechos humanos, así como la Constitución y las leyes de la República.

39. La CEH ha comprobado que el control ejercido por la Inteligencia militar dependía no sólo de sus estructuras formales, sino también de una amplísima red de informantes infiltrados en las organizaciones sociales, las comunidades y diversas instituciones del Estado. Por ese medio accedió a un cúmulo de información que le ha permitido manejar a otras estructuras del Ejército, así como manipular diversos intereses y entidades del Estado y de la sociedad civil guatemalteca. Uno de los objetivos de la incorporación de la Inteligencia en las instituciones estatales

fue multiplicar sus recursos de información y de guerra psicológica. A la vez, los órganos de Inteligencia infiltraron sus agentes en las organizaciones sociales, donde muchos activistas fueron luego víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

40. La investigación de la CEH ha corroborado que en Guatemala los servicios de Inteligencia militar realizaron operaciones no convencionales y de carácter irregular ajenas a cualquier orden o referencia legal. Sus operaciones ilegales fueron clandestinas, tanto en su preparación como en su desarrollo. El propósito de estas misiones fue garantizar el secreto de un trabajo para que no se pudiera determinar la autoría intelectual y material de los hechos, exculpar de toda responsabilidad a los agentes del Estado y asegurar así la inutilidad de cualquier investigación judicial y policial.

41. Dicha actividad clandestina se manifestó en la utilización de centros ilegales de detención, o “cárceles clandestinas”, que existieron en casi todas las instalaciones del Ejército de Guatemala, en muchas instalaciones policiales y hasta en casas y locales privados. En estos sitios a las víctimas no sólo se les arrebató su libertad de modo arbitrario, sino que casi siempre fueron objeto de interrogatorios acompañados de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En la mayoría de los casos los detenidos eran desaparecidos o ejecutados. En los pocos casos en que los detenidos eran liberados no medió ningún procedimiento judicial. En algunas ocasiones las víctimas eran obligadas a trabajar de manera ilegal y clandestina para el Ejército a cambio de su libertad parcial. Las oportunidades en que dichas personas fueron puestas a disposición de los tribunales competentes son excepcionales.

Los Kaibiles

42. La fuerza especial contrainsurgente del Ejér-cito, denominada Kaibiles, ha llamado podero-samente la atención de la CEH, al constatar los contenidos degradantes de su proceso de entrenamiento, que incluyó matar animales

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Anexos

para posteriormente comérselos crudos y beber su sangre para evidenciar valor. La extrema crueldad de estos métodos de entrenamiento, según los testimonios de que dispone la CEH, fueron puestos en práctica en diversos operativos llevados a cabo por estas tropas, haciendo cierto uno de los puntos del decálogo de sus miembros: “El Kaibil es una máquina de matar”.

La policía militarizada

43. La CEH concluye que la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, dos importantes fuerzas de seguridad del Estado, también cometieron numerosas y graves violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Hacia mediados de los años sesenta, estas fuerzas iniciaron su subordinación al control del Ejército, situación que se mantuvo a lo largo del enfrentamiento. Actuando con frecuencia bajo órdenes de estructuras del Ejército, los “detectives” y otras fuerzas policiales que se vestían de civil, se convirtieron en los principales agentes del terror estatal en la capital de Guatemala durante casi veinte años.

El terror

44. La CEH comprobó que a lo largo del enfrentamiento armado el Ejército diseñó e implementó una estrategia para provocar terror en la población. Esta estrategia se convirtió en el eje de sus operaciones, tanto en las de estricto carácter militar como en las de índole psicológica y las denominadas de desarrollo.

45. Las organizaciones guerrilleras cometieron hechos violentos de extrema crueldad que aterrorizaron a la población y dejaron secuelas importantes en la misma. Fueron las ejecuciones arbitrarias, sobre todo las cometidas frente a familiares y vecinos, las que agudizaron el clima de miedo, arbitrariedad e indefensión ya generalizado en la población.

46. El terror de Estado se intensificó en Guatemala a partir de 1966, cuando inició un

proceso cuyas etapas más agudas correspondieron a los periodos de máxima violencia y cuyos epicentros se ubicaron en los escenarios donde la represión fue más intensa. Una gran parte de las violaciones de los derechos humanos conocidas por la CEH, cometidas por el Ejército u otros cuerpos de seguridad, fueron perpetradas con ensañamiento y en forma pública, especialmente en las comunidades mayas del interior del país. Asimismo, al tomar en cuenta los métodos de entrenamiento de las fuerzas del Ejército —y en especial de los Kaibiles— la CEH ha determinado que la crueldad extrema fue un recurso utilizado con intención para generar y mantener un clima de terror en la población.

47. El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena causal y la ejecución efectiva de las atrocidades. Por estas razones, el terror no se extingue automáticamente cuando los niveles de violencia descienden, sino que tiene efectos acumulativos y perdurables, los cuales requieren tiempo, esfuerzo y experiencias de nuevo tipo para superarlos.

48. La investigación ha establecido que, más allá de la eliminación física de sus opositores, supuestos o reales, el terror de Estado se fomentó para dejar claro que quienes participaban en actividades reivindicativas, e incluso sus familiares, corrían el riesgo de perder la vida en medio de los mayores tormentos. Tuvo el objetivo de intimidar y callar al conjunto de la sociedad para aniquilar su voluntad de transformación, a corto e incluso largo plazo.

La criminalización de las víctimas

49. El Estado procuró también estigmatizar y culpabilizar a las víctimas y las organizaciones sociales, para transformarlas así en criminales en la imagen pública y por lo tanto en objetivos “legítimos” de la represión; lo pretendía al

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despojarlas de su dignidad como personas difundiendo a sangre y fuego la lección de que el ejercicio de los derechos cívicos podría ser castigado con la muerte. La CEH considera que este adoctrinamiento sistemático ha dejado huellas profundas en el subconsciente colectivo de la sociedad guatemalteca. El miedo, el silencio, la apatía y la falta de interés en la esfera de participación política son algunas de las secuelas más importantes que resultaron de la criminalización de las víctimas y suponen un obstáculo para la intervención activa de toda la ciudadanía en la construcción de la democracia.

La complicidad forzada en la violencia

50. La CEH concluye que entre los daños más drásticos del enfrentamiento se cuentan aquéllos que fueron consecuencias de haber obligado a amplios sectores de la población a convertirse en cómplices forzados de la violencia, en especial por su participación en las Patrullas de Autodefensa Civil (pac), estructuras paramilitares creadas por el Ejército en casi toda la República, a partir de 1981. La CEH ha conocido centenares de casos en que los civiles fueron obligados por el Ejército, bajo la amenaza de las armas, a violar a mujeres, torturar, mutilar cadáveres y matar. En estos casos, el recurso a la extrema crueldad fue utilizado por el Estado como medio de disgregación social. La participación forzada, de modo especial en las comunidades mayas, de gran parte de la población masculina mayor de 15 años en las pac, trastocó valores y patrones de conducta al normalizar la violencia como método para enfrentar situaciones de conflicto y al fomentar el desprecio por la vida de los otros.

El poder local arbitrario

51. Entraña un motivo de especial preocupación para la CEH el hecho que, en ciertos casos, se terminó creando victimarios civiles que luego, por convicción propia, cometieron atrocidades extremas contra sus propios vecinos, e incluso contra sus familiares cercanos. Se instituyó un poder armado sin controles que pudo actuar

de manera arbitraria en las aldeas, persiguiendo fines particulares y abusivos.

52. La convivencia entre víctimas y victimarios reproduce el clima de miedo y el silencio. Para las víctimas, la confrontación diaria con sus victimarios mantiene viva la memoria dolorosa de las violaciones. La CEH ha comprobado que un gran número de personas, por temor a represalias, sigue callando sus sufrimientos pasados y presentes, mientras la interiorización de los traumas impide un proceso de definitiva curación de las heridas.

El duelo alterado y los cementerios clandestinos

53. Los testimonios recibidos por la CEH dan fe de las múltiples circunstancias que, durante el enfrentamiento armado, impidieron a miles de guatemaltecos poder observar los ritos que normalmente acompañan la muerte y entierro de una persona, provocando un hondo dolor que persiste en los sectores de la población afectada. La desaparición forzada fue la práctica más per-niciosa en este sentido, por la incertidumbre que imponía acerca del paradero o destino de la persona. Asimismo, el clima de terror, la presencia militar y otras circunstancias que rodea-ban las masacres, la huida y la persecución en la montaña, hacían frecuentemente inviable el entierro de los muertos. Para todas las culturas y religiones presentes en Guatemala, es casi inconcebible no dar digna sepultura a los fallecidos: violenta los valores y la dignidad de todos. Para los mayas, este fenómeno cobra una importancia particular por la relevancia central que tiene en su cultura el vínculo activo que une a los vivos con los muertos. La falta de un lugar sagrado a donde acudir para velar por este nexo constituye una preocupación profunda que brota de los testimonios de muchas comunidades mayas.

54. La CEH ha concluido que los cementerios clandestinos y ocultos, así como el desasosiego que padecen muchos guatemaltecos, por no saber

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Anexos

qué pasó, ni siquiera dónde están sus familiares, delatan aún hoy una llaga abierta en el país. Representan un recuerdo permanente de los hechos violentos con que se negó la dignidad de sus seres queridos. Sanar las heridas particulares del duelo alterado implica la exhumación de las fosas secretas, así como la identificación final del paradero de los desaparecidos.

Las secuelas sociales de la tortura

55. La CEH concluye que el uso sistemático de la tortura implicó dos consecuencias colectivas fundamentales. En primer lugar, se formó y entrenó a expertos en las formas más eficientes y aberrantes de aplicar dolor sobre un ser humano para quebrarlo física y espiritualmente. En segundo lugar, la tortura se convirtió en algo “normal” dentro del trabajo rutinario de las estructuras militares y policiales del Estado, sobre todo entre los integrantes de Inteligencia, tolerado por la sociedad y los funcionarios judiciales.

La impunidad

56. La debilidad del sistema de justicia, ausente en extensas regiones del país antes del enfrentamiento armado, se acentuó cuando el poder judicial se plegó a los requerimientos impuestos por el modelo de seguridad nacional imperante. La CEH concluye que, al tolerar o participar directamente en la impunidad que daba cobertura material a las violaciones más elementales de derechos humanos, los órganos de justicia se volvieron inoperantes en una de sus funciones fundamentales de protección del individuo frente al Estado y perdieron toda credibilidad como garantes de la legalidad vigente. Permitieron que la impunidad se convirtiera en uno de los más importantes mecanismos para generar y mantener el clima de terror.

57. Estos factores se combinaron para impedir que en Guatemala existiera un Estado de Derecho. Asimismo crearon un arraigado escepticismo en la sociedad sobre el sentido de mejorar su sistema normativo y confiar en la administración de justicia

como una alternativa eficaz para construir una sociedad de personas igualmente libres y dignas. De ahí que una de las tareas más arriesgadas y complejas en la instauración de la paz consiste en regenerar su trama básica, volverla asequible y funcional para toda la ciudadanía y lograr que tanto los grupos sociales como los individuos canalicen sus demandas y conflictos a través de las instituciones competentes del Estado.

El debilitamiento de las organizaciones sociales

58. La CEH ha comprobado que a lo largo del enfrentamiento armado las organizaciones sociales fueron un objetivo primordial de las acciones represivas del Estado. Considerados parte del “enemigo interno”, fueron eliminados centenares de líderes y miembros de base adscritos a las más diversas agrupaciones. El saldo de esta coacción institucional fue el debilitamiento de la sociedad civil, afectando en la actualidad su capacidad de participación plena en los escenarios políticos y económicos del país. A su vez, la pérdida de profesionales, académicos y científicos, en suma, del “poder creativo” que murió o partió al exilio, no significó sólo un vacío abierto en una época determinada de la historia política y cultural del país, sino que supuso también la pérdida de una parte importante de la capacidad pedagógica e intelectual para educar a varias generaciones futuras del país.

59. Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de los diversos mecanismos activados durante el enfrentamiento armado por el Estado para destruirlas; mecanismos que continúan presentes en la memoria colectiva. Estigmatización, miedo, desconfianza y la percepción en ciertos sectores de que la firma de la paz no ha cambiado aún al Estado represivo, funcionan todavía como obstáculos, impidiendo la plena participación, aunque el proceso de paz y reconciliación nacional marca una alentadora reversión de esta tendencia.

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60. La actividad que desarrollaron miembros de la insurgencia en las organizaciones sociales también afectó a éstas no sólo porque su participación fue un factor más para que fueran reprimidas, sino también porque en muchos casos provocó divisiones, polarización y fuertes luchas en el seno de las organizaciones que terminaron debilitándolas. El verticalismo que la insurgencia llevó a las organizaciones sociales en que tuvo participación, coartó su libertad para tomar decisiones propias, asfixiando su autonomía y ampliando los efectos de las políticas represivas del Estado, de desestructuración de la oposición social y política del país.

La libertad de expresión coartada

61. La libertad de expresión va íntimamente vinculada al libre ejercicio de los derechos cívicos. Al cerrarse los espacios para la participación social y política, implícitamente se cerraron los espacios para la libertad de expresión. Durante el largo periodo del enfrentamiento armado, el simple hecho de pensar críticamente se constituyó en Guatemala en un acto peligroso, y escribir sobre ideas, hechos o acontecimientos de la vida política y social del país significó correr el riesgo de la amenaza, la tortura, la desaparición y la muerte. La opinión de los ciudadanos, escritores, artistas, poetas, políticos y periodistas, estuvo sujeta a los riesgos que la represión y la polarización ideológica les imponían al ejercer el derecho a expresarse. Aun habiendo gente que levantó su voz a pesar de los riesgos, debe señalarse que las grandes empresas periodísticas en general se adhirieron a los regímenes autoritarios, autocensurándose o tergiversando las realidades. El precio fue muy alto no sólo por el número de vidas humanas perdidas sino porque Guatemala se convirtió en un país silenciado, en un país incomunicado.

Vulneración de las comunidades mayas

62. La CEH concluye que las comunidades mayas también fueron convertidas en un objetivo militar durante los años más cruentos del enfrentamiento. Por el terror y la persecución, en ciertas regiones

y años los mayas se vieron obligados a ocultar su identidad étnica, exteriorizada en su idioma y su traje. Con la militarización de las comunidades se trastornó su ciclo de celebraciones y ceremonias, y se profundizó la progresiva clandestinización de sus rituales. La agresión estuvo dirigida a menoscabar elementos con profundo contenido simbólico para la cultura maya, como se preten-dió con la destrucción del maíz y el asesinato de ancianos. Estos hechos vulneraron elementos de la identidad de los mayas y trastocaron la trans-misión intergeneracional de la misma. Asimismo fue agredida la cultura por la utilización que hizo el Ejército de nombres y símbolos mayas para denominar fuerzas de tarea u otras de sus estructuras.

63. A partir de 1982 y como práctica generali-zada, las autoridades tradicionales mayas fue-ron sustituidas por delegados que procedían del ámbito castrense, como los comisionados militares y los jefes de PAC. En otros casos, el Ejército intentó controlar, cooptar e infiltrar las estructuras tradicionales de autoridades mayas que las vivían. Esta estrategia tuvo como efecto la ruptura de los mecanismos comunitarios y de la transmisión oral del conocimiento de la propia cultura, así como la vulneración de las normas y los valores mayas de respeto y de servicio a la comunidad. En su lugar se introdujeron prácticas de autoritarismo y uso arbitrario del poder.

64. La presencia guerrillera, especialmente median-te la instauración en algunas comunidades de sus propias estructuras de autoridad como las Fuerzas Irregulares Locales y los Comités Clandestinos Locales, así como los nuevos liderazgos que en éstas se generaron, también provocaron el despla-zamiento de las autoridades tradicionales y les restaron poder.

El desplazamiento forzado masivo

65. El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el periodo comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de una población

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Anexos

diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas, pero que también incluía un importante número de familias ladinas, en especial en el caso de las zonas de colonización cercanas a la frontera con México. El desplazamiento forza-do de la población civil en Guatemala destaca en la historia del enfrentamiento armado por su carácter masivo y su potencia destructora. Encarna la ruptura del tejido social en su for-ma más directa y desgarradora. Implica el des-membramiento de familias y comunidades, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conformaban su cohesión.

66. Las estimaciones sobre el número de desplazados va desde 500 mil hasta un millón y medio de personas en el periodo álgido (1981-1983), incluyendo las que se desplazaron internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en otro país. La variabilidad de estas cifras refleja la naturaleza cambiante del desarraigo. Unas 150 mil personas buscaron su seguridad en México. Cerca de la tercera parte de ellas se ubicó en campamentos y contó con el reconocimiento del estatus de refugiado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Otras 50 mil personas vivieron como refugiados dispersos en Chiapas, mientras el resto se arraigó en la capital mexicana o en otras ciudades de dicho país. Hubo también flujos menores de personas que se encaminaron hacia Honduras y Belice, así como a los Estados Unidos de América. No obstante, todos compartieron situaciones semejantes: la pérdida de familiares y la destrucción de sus bienes materiales, que a menudo abarcaba todo el patrimonio familiar acumulado durante generaciones, así como la alteración violenta del curso de sus vidas.

67. Mediante su investigación la CEH constató que la población que huía se vio forzada a desplazarse constantemente mientras permanecía en el país, en gran medida para eludir las operaciones militares dirigidas en su contra a pesar de su indefensión; en parte para buscar comida, agua y refugio. La persecución militar, el

constante movimiento y la amenaza de la muerte dificultaban enormemente la subsistencia. La vida a la intemperie, la desnutrición y los severos traumas emocionales por haber presenciado un sinnúmero de atrocidades, dejaron a la gente vulnerable, sobre todo los niños y ancianos, quienes murieron en gran número durante la huida y el desplazamiento.

El reasentamiento militarizado y la estigmatización de los desarraigados

68. A partir de 1983 la estrategia del Ejército frente a la población desplazada propuso lograr el control de la misma, recurriendo a la concesión de amnistías para el posterior reasentamiento de las personas en comunidades altamente mi-litarizadas. La organización de los pobladores en las PAC el nombramiento militar de los alcal-des y alcaldes auxiliares, la creación de las Coor-dinadoras Interinstitucionales para asegurar el control castrense sobre las instituciones estatales y sociales en todos los niveles jurisdiccionales, la ampliación de las actividades de Asuntos Civiles del Ejército (S-5), que se encargaron de las operaciones psicológicas de “reeducación” de la población, así como la construcción de aldeas modelos en las regiones más conflictivas, fueron los mecanismos más importantes para asegurar el dominio sobre los reasentamientos.

69. La CEH ha comprobado que la estigmatización de la población desarraigada promovida por el Estado fomentó y ha perpetuado en muchos casos la ruptura comunitaria. Al acusarlos de ser guerrilleros o trasmitir el mensaje de que eran los responsables de la conflictiva situación, se obstaculizó el regreso de los desarraigados a sus lugares de origen y se contribuyó a su marginación por parte de los sectores que permanecieron en las comunidades. Para los desplazados internos que fueron detenidos en el curso de operativos militares o que se presentaron a las autoridades para reintegrarse a sus comunidades, la situación fue aún más complicada, ya que muchas veces fueron aislados durante un tiempo en campamentos especiales o en los destacamentos

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militares, sometidos a interrogatorios e intensos procesos de reeducación.

El anonimato de los desplazados en la capital

70. En el caso de las personas que buscaron refugio en la capital, el temor a ser localizados y convertidos nuevamente en objetos prioritarios de la represión determinó que buscaran preservar su anonimato como estrategia de supervivencia, pues su lugar de origen, su nombre, y hasta la falta de documentos personales, podían resul-tar motivos de sospecha de vínculos con el mo-vimiento insurgente.

Resistencia e identidad de los desplazados

71. Los testimonios de los desplazados internos recibidos por la CEH revelan una actitud de resistencia al control militar y de defensa de la vida, no sólo en su sentido físico, sino también en lo referente a reguardar la propia identidad en sus dimensiones culturales y políticas. La experiencia de resistencia para preservar su identidad, adquirió una diversidad de formas y provocó importantes variaciones precisamente en ésta. La interacción con otros grupos étnicos, con habitantes de la ciudad, con personas de otros países, con otros sistemas educativos, con diferentes entornos naturales, además de las vivencias de la persecución y la muerte, transformaron ese elemento de relación que es la identidad, para producir una sociedad guatemalteca marcada por el enfrentamiento, pero también fortalecida potencialmente en la experiencia de la diversidad.

Los costos económicos del enfrentamiento armado

72. Basada en su investigación sobre los costos económicos del enfrentamiento armado, la CEH estima que, tan sólo durante los diez años comprendidos entre 1980 y 1989, se produjo una

serie de costos directos cuantificables, que en su conjunto fueron equivalentes a dejar de producir por completo en Guatemala durante casi 15 meses, al representar el 121% del Producto Interior Bruto (PIB) de 1990.

73. El mayor de estos costos (equivalentes al 90% del pib de 1990) resultó de la pérdida de potencial productivo por la muerte, desaparición o el desplazamiento forzado de personas que tuvieron que abandonar sus actividades laborales cotidianas o como secuela del reclutamiento de los pobladores para las Patrullas de Autodefensa Civil, en el Ejército o la guerrilla. La destrucción de capital físico, incluyendo bienes privados, comunitarios y de infraestructura, tales como puentes y torres eléctricas, también arrastró consigo cuantiosas pérdidas (más del 6% del pib de 1990). Este fenómeno implicó en muchas ocasiones la destrucción total de capital familiar, en su gran mayoría de familias mayas, sobre todo en el occidente y noroccidente de Guatemala.

74. Apoyándose en la investigación, la CEH concluye que el incremento del gasto militar que se produjo durante el enfrentamiento armado desvió las necesarias inversiones en salud y educación como destino de los recursos públicos, con el consiguiente abandono de la atención al desarrollo social. Esto aceleró el deterioro de las condiciones de salud y educación en las áreas más afectadas por el conflicto.

75. El enfrentamiento armado exacerbó también la tradicional debilidad del Estado al encarar la recaudación tributaria e intensificó la oposición del sector privado a las necesarias reformas fiscales. Esto quedó reflejado en el hecho de que, en el periodo comprendido entre 1978 y 1984, la carga tributaria disminuyó ininterrumpidamente, llegando en ese último año a un 7.1%, índice que marcó el nivel más bajo registrado en los últimos cincuenta años. Los efectos fueron decisivos: aumentó la brecha entre ingresos y gastos, encadenando una serie de desequilibrios macroeconómicos y debilitando aún más la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo.

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Anexos

76. La comparación del desempeño macroeco-nómico de Guatemala con otros países —prin-cipalmente Honduras y Costa Rica durante los ochenta— sugiere que, como consecuencia del enfrentamiento armado interno, se perdieron oportunidades de crecimiento económico que, sólo durante la década estudiada, eran equivalentes a alrededor de 14% del PIB de 1990. Asimismo hubo otros costos no cuantificables relacionados con la destrucción del capital humano y social del país que, además de las pérdidas económicas directas que representaron, comprometieron se-riamente el desarrollo futuro del Estado y de la sociedad guatemalteca. Lo expuesto permite a la CEH concluir que la sociedad en su conjunto, y no sólo las poblaciones directamente afectadas, ha tenido que asumir altos costos como conse-cuencia del enfrentamiento.

La solidaridad y la defensa de los derechos humanos

77. La CEH concluye que la represión no sólo generó terror, pasividad y silencio. Paralelamente y con altibajos en distintos momentos del en-frentamiento armado, surgieron respuestas in-dividuales y colectivas ante los efectos deshuma-nizadores y denigrantes de la violencia. Contra grandes obstáculos, las entidades que emergieron de este proceso se dedicaron a la defensa de la vida, aun cuando todavía implicaba convivir con la amenaza de la muerte. Con una composición mayoritaria de familiares de víctimas y las comu-nidades sobrevivientes, los fundamentos esen-ciales de estas nuevas agrupaciones fueron la solidaridad humana, la defensa de los derechos elementales de la persona y las aspiraciones de respeto a la dignidad y la justicia. A la vez con-tribuyeron a reivindicar el ejercicio de los dere-chos ciudadanos, dentro del propio marco legal del país.

78. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos desarrollaron trabajos deci-sivos para afirmar nuevos principios de con-vivencia y contribuir a la restauración del tejido social. Aunque emergieron desde los sectores más afectados por el enfrentamiento, sus reivin-

dicaciones trascendieron de inmediato a otros sectores más amplios de la sociedad. De modo especial durante los últimos años del enfren-tamiento armado, diversas agrupaciones cívicas, tomando en cuenta la profunda relación entre la impunidad de quienes ejercían la violencia sistemática y la persistente militarización de la sociedad, buscaron estrategias y acciones que arrebataran el espacio de poder y preeminencia del Ejército sobre la vida social y política guate-malteca. La CEH considera que todos estos esfuerzos fomentaron una nueva conciencia de la necesidad de la justicia, el respeto a las leyes y la plena vigencia de un Estado de Derecho como requisitos de la democracia.

El movimiento maya

79. A juicio de la CEH el movimiento maya se afirmó durante los últimos años del enfren-tamiento armado como un sujeto político funda-mental. En su lucha contra la exclusión que sufren desde la fundación del Estado, han realizado importantes contribuciones en el ámbito de la multiculturalidad y la paz. Estas proporcionan bases ineludibles para que la sociedad en su conjunto revise su historia y se comprometa en la construcción de un nuevo proyecto de nación que recoja su naturaleza multicultural y que sea incluyente, tolerante y orgulloso de la riqueza que suponen sus diferencias culturales

II. LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y SUS RESPONSABLES

Las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado

80. Los actos directamente imputables al Estado son los realizados por funcionarios públicos y agencias estatales. Adicionalmente, el Estado tiene responsabilidad directa por los actos de civiles en los que delegó de jure o de facto, potestad para actuar en su nombre, o con su consentimiento, aquiescencia o conocimiento. En esta situación se incluye a los comisionados militares, agentes

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de la autoridad militar según la ley, los patrulleros civiles en tanto actuaron organizados, orientados, obligados o con conocimiento de la autoridad militar, los dueños de fincas, por las funciones policiales que les otorgó el Código Penal de 1936, y cualquier otro tercero que actuó bajo dirección o con conocimiento de agentes estatales.

81. El Estado también ha de responder por las infracciones al deber jurídico de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, aunque no las hayan cometido directamente sus agentes ni hayan sido de su conocimiento originalmente.

82. Las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia atribuibles a actos del Estado alcanzan el 93% de los registrados por la CEH; dan cuenta de que las violaciones producidas por la represión estatal fueron reiteradas y que, aunque con diversas intensidades, se prolongaron en el tiempo de forma persistente, con especial gravedad del año 1978 al 1984, periodo en el cual se concentra el 91% de las violaciones conocidas por la CEH. Actuando solos o en combinación con otra fuerza, en un 85% de todas las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia registrados por la CEH, la violación es atribuida al Ejército y en un 18% a las Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas por la misma institución armada.

El anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional

83. Utilizando como fundamento y justificación la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, en nombre del anticomunismo, se cometieron crímenes como el secuestro y asesinato de todo tipo de activistas políticos, estudiantiles, sindicalistas o de derechos humanos, todos ellos catalogados como “subversivos”; la desaparición forzada de dirigentes políticos y sociales y de campesinos pobres; y la aplicación sistemática de la tortura.

84. Durante gran parte del enfrentamiento armado interno, los intentos de formar organizaciones de

defensa de los derechos humanos tuvieron como resultado la eliminación de sus dirigentes. En los años ochenta la aparición de nuevos grupos de defensores en diversas áreas fue recibida por el Estado con una intensa acción represiva, que dio lugar al asesinato o la desaparición de muchos de sus miembros. Las campañas dirigidas a desacre-ditar a este tipo de organizaciones, presentándolas como “subversivas”, fue una de las constantes de la represión.

Las masacres y la devastación del pueblo maya

85. La percepción, por el Ejército, de las comu-nidades mayas como aliadas naturales de la gue-rrilla, contribuyó a incrementar y a agravar las vio-laciones de derechos humanos perpetradas contra el pueblo maya, evidenciando un agresivo com-ponente racista, de extrema crueldad, llegando al exterminio masivo de comunidades mayas inermes a las que se atribuía vinculación con la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos, aplicando métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado.

86. Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobreviviencia. La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas.

87. Especial gravedad reviste la crueldad que la CEH pudo constatar en muchas actuaciones de agentes estatales, especialmente efectivos del Ejército, en los operativos en contra de comunidades mayas. La estrategia contrainsurgente no sólo dio lugar a la violación de derechos humanos esenciales, sino a que la ejecución de dichos crímenes se realizara mediante actos crueles cuyo arquetipo son las masacres. En la mayoría de las masacres se han evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron, acompañaron o siguieron a la muerte de las víctimas. El asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte en

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Anexos

muchas ocasiones golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la amputación o extracción traumática de miem-bros; los empalamientos; el asesinato de perso-nas rociadas con gasolina y quemadas vivas; la extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico; la abertura de los vientres de mujeres embarazadas y otras ac-ciones igualmente atroces constituyeron no sólo un acto de extrema crueldad sobre las vícti-mas, sino, además, un desquiciamiento que de-gradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones.

88. Durante el enfrentamiento armado también se violó el derecho a la identidad étnica o cultural del pueblo maya. El Ejército destruyó centros ceremoniales, lugares sagrados y símbolos culturales. El idioma y el vestido, así como otros elementos identitarios fueron objeto de represión. Mediante la militarización de las comunidades, la implantación de las pac y los comisionados militares, se desestructuró el sistema de autoridad legítimo de las comunidades, se impidió el uso de sus propias normas y procedimientos para regular la vida social y resolver conflictos; se dificultó, impidió o reprimió el ejercicio de la espiritualidad maya y la religión católica; se interfirió en el mantenimiento y desarrollo de la forma de vida y del sistema de organización social propio de los pueblos indígenas. El desplazamiento y el refugio agravaron las dificultades para la práctica de la propia cultura.

Las desapariciones

89. La CEH concluye que en Guatemala la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, en la casi totalidad de los casos, a operaciones de Inteligencia. Sus finalidades eran la desarticulación de los movimientos u organizaciones que el Estado identificaba proclives a la insurgencia, y extender el terror en la población. Las víctimas

de desapariciones fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantiles, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas y sacerdotes e, inclusive, militares o paramilitares que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo. Quienes perpetraron estas desapariciones forzadas violaron los derechos elementales de la persona humana.

Las ejecuciones arbitrarias

90. La CEH concluye que el Estado de Guate-mala incurrió reiterada y sistemáticamente en violaciones del derecho a la vida que este Infor-me denomina ejecuciones arbitrarias, agravadas en numerosos casos por la aplicación de extre-ma impiedad, como ocurrió, a modo de ejem-plo, en situaciones en las cuales los cuerpos fueron abandonados con evidentes señales de tortura, mutilaciones, múltiples impactos de bala o quemaduras. Los agentes de este tipo de violaciones fueron por lo general oficiales, especialistas y personal de tropa del Ejército, escuadrones de la muerte que funcionaron al amparo de la autoridad o integrados por sus agentes, también miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil o comisionados militares y, en algunos casos, particulares, específicamente dueños de grandes fincas, con el consentimiento o directa colaboración de autoridades estatales.

La violación sexual de las mujeres

91. Mediante la investigación, la CEH comprobó que la violación sexual de las mujeres, durante su tortura o antes de ser asesinadas, fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos y vulnerables. La mayoría de las víctimas de esta violación fueron mujeres mayas. Quienes sobrevivieron al crimen aún enfrentan dificultades por los traumas profundos derivados de esta agresión, a la vez que las comunidades mismas quedaron violentadas por esta práctica. La presencia de los hechos de violencia sexual en la memoria social de las comunidades, se convirtió en motivo de vergüenza colectiva.

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Los escuadrones de la muerte

92. Para la comisión de algunas de estas violaciones a los derechos humanos se recurrió a operaciones encubiertas. Para ejecutarlas, la institución mili-tar contaba con unidades clandestinas denomi-nadas “comandos o escuadrones especiales”, cuyos medios, vehículos, armamento, financia-ción e instrucción operacional eran propor-cionados por estructuras regulares del Ejército, especialmente la Inteligencia militar. La tarea de tales escuadrones no consistía sólo en perpetrar ejecuciones y secuestros, sino también en desarrollar acciones contrainsurgentes de guerra psicológica, propaganda e intimidación.

93. También utilizaron los denominados “escua-drones de la muerte” que en sus inicios fueron grupos criminales integrados por particulares que contaban con la tolerancia y encubrimiento de autoridades estatales. A la CEH le asiste la presunción fundada que, más tarde, varias de las acciones de esos grupos obedecieron a decisiones de mandos del Ejército y que su composición fue variando en el tiempo, al incor-porarse militares a ellos, hasta llegar, en algunos casos, a ser auténticas unidades militares clan-destinas destinadas, con el auxilio de civiles, a eliminar a los supuestos miembros, aliados o colaboradores de la “subversión”, cuyas listas eran elaboradas por la Inteligencia militar. Las sucesivas denominaciones de los más difundidos “escuadrones de la muerte”, tales como mano (Movimiento de Acción Nacionalista Organizado), también llamado la Mano Blanca por su símbolo gráfico, noa (Nueva Organización Anticomunista), cadeg (Consejo Anticomunista de Guatemala), Ojo por Ojo y Jaguar Justiciero, así como el esa (Ejército Secreto Anticomunista), no eran otra cosa que los nombres conyunturales de aquellas unidades militares clandestinas dedicadas a eliminar a los supuestos miembros, aliados o colaboradores de “la subversión”.

La denegación de justicia

94. Por su parte, los tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar, procesar, juzgar

y sancionar siquiera a un pequeño número de los responsables de los más graves crímenes contra los derechos humanos o de brindar protección a las víctimas. Esta conclusión es aplicable tanto a la justicia militar, encargada de investigar y sancionar los delitos cometidos por personal con fuero, como a la justicia ordinaria. Aquélla por formar parte del aparato militar comprometido en el conflicto y ésta por haber renunciado al ejercicio de sus funciones de protección y cautela de los derechos de las personas.

95. Actuaciones y omisiones del organismo judicial, tales como la denegación sistemática de los recursos de exhibición personal, la permanente interpretación favorable a la autoridad, la indiferencia ante la tortura de los detenidos y el establecimiento de límites al derecho a la defensa constituyeron algunas de las conductas que evidencian la carencia de independencia de los jueces, que fueron constitutivas de graves violaciones del derecho al debido proceso y de infracciones al deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Los contados jueces que, manteniendo su independencia, no abdicaron al ejercicio de su función tutelar, fueron víctimas de actos represivos, incluyendo el asesinato y las amenazas, sobre todo en la década de los ochenta.

96. La CEH concluye que en los procesos tramitados por los denominados Tribunales de Fuero Especial, de forma particular en lo relativo a numerosas sentencias que impusieron la pena de muerte, también se violó gravemente el derecho a la vida y el derecho al debido proceso de los ciudadanos que fueron consignados ante ellos por el Gobierno de Guatemala.

El reclutamiento militar forzado y discriminatorio

97. Durante todo el periodo del enfrentamiento armado interno el Ejército de Guatemala forzó ilegalmente a miles de jóvenes a incorporarse a sus filas y a participar directamente en las hostilidades. El reclutamiento forzado, de carácter discriminatorio en contra de la población maya,

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Anexos

incluyendo además a muchos menores de 15 años de edad, revistió el carácter de una violación a la libertad personal.

El orden jurídico afectado

98. La CEH concluye que los hechos referidos constituyen violaciones graves al Derecho In-ternacional de los Derechos Humanos, cuyos preceptos el Estado de Guatemala se compro-metió a respetar, desde que aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Los principios fundamentales de los derechos humanos han alcanzado la categoría de derecho internacional consuetudinario.

99. La gravedad de esta conclusión se acre-cienta por la circunstancia que algunas de esas violaciones, en particular las ejecuciones arbi-trarias, las desapariciones forzadas y la tortura, fueron reiteradas durante todo el enfrentamiento armado interno y, en algunas etapas del mismo, alcanzaron carácter sistemático, lo cual compro-mete gravemente la responsabilidad histórica de las autoridades del Estado de Guatemala ante su pueblo y la comunidad internacional.

100. En relación con el Derecho Internacional Humanitario, que contiene las reglas obligatorias para todo conflicto armado, incluidos los confli-ctos armados no internacionales, la CEH concluye que agentes del Estado de Guatemala, en su mayoría integrantes de su Ejército, incurrieron de forma flagrante en las prohibiciones establecidas por el artículo tercero común de los Convenios de Ginebra de 1949, en particular atentados contra la vida y la integridad corporal, mutilaciones, tratos crueles, torturas y suplicios; toma de rehenes; atentados a la dignidad personal y, especialmente, tratos humillantes y degradantes, incluyendo la violación sexual de las mujeres. Por lo tanto, el Estado de Guatemala, que estaba obligado jurídicamente a cumplir dichos prece-ptos y prohibiciones a lo largo de todo el confli-cto, es responsable de estas infracciones.

101. La CEH concluye que el Estado de Guate-mala, especialmente su Ejército, no dio cumpli-miento a la distinción que debe regir en todos los conflictos armados entre combatientes y no combatientes, es decir, entre quienes participan de modo directo en las hostilidades, recurriendo a las armas para defenderse o neutralizar al ene-migo, y la población civil que no interviene en las hostilidades, incluidos aquellos que original-mente hubieran participado en ellas pero ya no lo hacen por causa de herida, enfermedad o captura, o porque depusieron las armas.

102. Tampoco el Estado de Guatemala respetó la distinción entre objetivos militares y bienes civiles, procediendo a la destrucción, con grave daño para la población, de bienes privados o comunitarios que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización no constituían objetivos militares. La evidencia de la infracción a estos principios se encuentra en las múltiples operaciones de tierra arrasada y en los casos registrados de destrucción de bienes y trabajos colectivos de siembra y cosecha, lo cual fue consignado como objetivo específico en el Plan de Campaña Firmeza 83-1 del Ejército.

103. La CEH concluye que los hechos consignados en este Informe constituyen, además, violaciones graves a los principios comunes que unen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el Derecho Internacional Humanitario, los cuales han sido una reivindicación histórica de los pueblos, frente a inaceptables actos de bar-barie ocurridos en el siglo XX, que jamás debieran olvidarse ni repetirse.

104. Por último, la CEH concluye que todos estos hechos infringieron abiertamente los derechos garantizados por las diversas Constituciones que tuvo Guatemala durante el periodo del enfrentamiento armado interno.

La responsabilidad institucional

105. La mayor parte de las violaciones de los derechos humanos se produjo con conocimiento o

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por orden de las más altas autoridades del Estado. Evidencias de diversa procedencia (declaraciones de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, documentación desclasificada, datos de varias organizaciones, testimonios de personalidades guatemaltecas) concuerdan en que los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la G-2 y el Estado Mayor Presidencial, obtenían información sobre toda clase de personas y organizaciones civiles, evaluaban el comportamiento de éstas en sus respectivos campos de actividad, elaboraban las listas de los que debían ser reprimidos por su carácter supuestamente subversivo y procedían, según los casos, a su captura, interrogatorio, tor-tura, desaparición forzada, o a su ejecución.

106. Las responsabilidades de gran parte de estas violaciones alcanzan, en la línea de mando militar y de la responsabilidad política y administrativa, a los más altos grados del Ejército y de los sucesivos Gobiernos.

107. La excusa de que los mandos subalternos actuaban con un amplio margen de autonomía y descentralización, que explicaría que se co-metieran “excesos” y “errores” que no fueron ordenados por la superioridad, constituye un argumento sin sustentación de acuerdo con la investigación realizada por la CEH. El hecho notorio de que ningún jefe, oficial o mando medio del Ejército o de las fuerzas de seguridad del Estado fuera procesado ni condenado por sus acciones violatorias de los derechos humanos a lo largo de tantos años, refuerza la evidencia de que la mayor parte de tales violaciones fueron resultado de una política de orden institucional, que aseguró una impenetrable impunidad, la cual persistió durante todo el periodo investigado por la CEH.

Actos de genocidio

108. El marco jurídico adoptado por la CEH para analizar la eventual comisión de actos de genocidio en Guatemala durante el enfrentamiento armado interno es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9

de diciembre de 1948 y ratificada por el Estado de Guatemala en virtud del Decreto 704, el 30 de noviembre de 1949.

109. El artículo II de dicho instrumento jurídico define el delito de genocidio y sus requisitos en los términos siguientes:

“Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;b) Lesión grave a la integridad física o mental

de los miembros del grupo;c) Sometimiento intencional del grupo a con-

diciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los naci-mientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Sobre esta base, se definen dos elementos fun-damentales constitutivos del delito: la inten-cionalidad y que los hechos cometidos sean al menos uno de los cinco citados en el anterior artículo.

110. Luego de realizar un examen de cuatro regio-nes geográficas seleccionadas, (Maya-Q’anjob’al y Maya-Chuj, en Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán del Norte de Huehuetenango; Maya-Ixil, en Nebaj, Cotzal y Chajul, Quiché; Maya-K’iche’ en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, Quiché; y Maya-Achi en Rabinal, Baja Verapaz) la CEH puede confirmar que entre los años 1981 y 1983 el Ejército identificó a grupos del pueblo maya como el enemigo interno, porque consideraba que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla, en cuanto sustento material, cantera de reclutamiento y lugar para esconder sus filas. De este modo, el Ejército, inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional, definió un concepto de enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpatizantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto a los civiles de determinados grupos étnicos.

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Anexos

111. Considerando el conjunto de actos crimi-nales y violaciones de los derechos humanos correspondientes a las regiones y a las épocas señaladas, analizados al efecto de determinar si constituían delito de genocidio, la CEH con-cluye que la reiteración de actos destructivos dirigidos de forma sistemática contra grupos de la población maya, entre los que se cuenta la eliminación de líderes y actos criminales contra menores que no podían constituir un objetivo militar, pone de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a un determinado grupo étnico y evidencia que dichos actos fueron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a dichos grupos (Artículo ii, párrafo primero de la Convención).

112. Entre los actos dirigidos a la destrucción de los grupos mayas, identificados por el Ejército como enemigo, destacan “las matanzas” (Artículo II, letra a. de la Convención), cuya expresión más significativa fueron las masacres. La CEH constató que, en las cuatro regiones examinadas, entre 1981 y 1983, agentes del Estado perpetraron matanzas que constituyeron los eslabones más graves de una secuencia de operaciones militares dirigidas contra población civil no combatiente. De acuerdo con los testimonios y otros elementos de prueba recogidos, la CEH ha establecido que en tales matanzas con características de masacre participaron tanto fuerzas regulares como especiales del Ejército, al igual que patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares. En muchos casos los sobrevivientes identificaron a los responsables del destacamento del municipio más cercano como los jefes que comandaban estas operaciones.

113. El análisis de los diversos elementos utilizados por la CEH prueba que en los casos señalados el propósito de los autores fue matar al mayor número posible de miembros del grupo. Prácticamente en todas estas matanzas el Ejército llevó a cabo alguno de los siguientes actos preparatorios: convocó diligentemente a toda la población antes de darle muerte, o bien cercó la comunidad o aprovechó situaciones en las cuales la población estaba reunida, en celebraciones o en días de mercado, para ejecutar las matanzas.

114. En el estudio de lo acaecido en las cuatro regiones la CEH establece que, junto a las matanzas, que por sí mismas bastaban para eliminar a los grupos definidos como enemigos, efectivos del Ejército o patrulleros cometieron sistemáticamente actos de extrema crueldad, incluyendo torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuyo efecto fue aterrorizar a la población y destruir los fundamentos de cohesión social entre sus miembros, en especial cuando se obligaba a que éstos presenciaran o ejecutaran dichos actos.

115. La CEH concluye que, entre los actos per-petrados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas, tam-bién se cometieron múltiples acciones que cons-tituyeron “lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros de los grupos” mayas afectados (Artículo ii, letra b. de la Convención). El efecto de destruir la cohesión social del grupo, característico en estos actos, corresponde a la inten-ción de aniquilar física y espiritualmente al grupo.

116. La investigación realizada también compro-bó que las matanzas, especialmente aquellas que revistieron la forma de masacres indiscriminadas, fueron acompañadas por el arrasamiento de aldeas. El caso más notable es el de la región ixil, donde entre el 70% y 90% de las aldeas fueron arrasadas. También en el norte de Huehuetenango, Rabinal y Zacualpa se incendiaron aldeas enteras, se destruyeron los bienes y se quemaron trabajos colectivos de siembra o cosechas, quedando sin alimentos las poblaciones.

117. Por otra parte, en las cuatro regiones objeto de esta investigación especial, la población también fue perseguida durante su desplazamiento. La CEH ha establecido que en el área ixil se bom-bardeó a la población que se desplazaba. Asi-mismo, la población que era capturada o se entregaba voluntariamente continuaba siendo sometida a violaciones, a pesar de encontrarse bajo el absoluto control del Ejército.

118. La CEH concluye que, entre los actos señalados en los dos párrafos anteriores, hubo algunos que significaron el “sometimiento inten-

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cional del grupo a condiciones de existencia” que podían acarrear, y en varios casos acarrearon, “su destrucción física, total o parcial” (Artículo II, letra c. de la Convención).

119. El análisis de la CEH demuestra que en la ejecución de los hechos hubo una coordinación de las estructuras militares de nivel nacional, que permitía una actuación “eficaz” de los soldados y patrulleros en las cuatro regiones estudiadas. El Plan Victoria 82, por ejemplo, establece que “la misión es aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas”, el Plan de Campaña Firmeza 83-1 determina que el Ejército debe apoyar “sus operaciones con el máximo de elementos de las pac, para poder arrasar con todos los trabajos colectivos...”

120. Todo lo expuesto ha convencido a la CEH de que los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas no fueron actos aislados o excesos cometidos por tropas fuera de control, ni fruto de eventual improvisación de un mando medio del Ejército. Con gran consternación, la CEH concluye que muchas de las masacres y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de tales grupos respondieron a una política superior, estratégicamente planificada, que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente.

121. Frente a todas las opciones para combatir a la insurgencia el Estado optó por la que ocasionó el mayor costo de vidas humanas entre la población civil no combatiente. Negándose a otras opciones, como la lucha política para llegar a acuerdos con la población civil no combatiente que consideraba desafecta, el desplazamiento de la población de las áreas de conflicto o el arresto de los insurgentes, el Estado optó por el aniquilamiento de aquel que identificó como su enemigo.

122. En consecuencia, la CEH concluye que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya que residía en las cuatro regiones analizadas. Esta

conclusión se basa en la evidencia de que, a la luz de lo dispuesto en el Artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, hubo matanzas de miembros de los grupos mayas (Artículo II, letra a), lesiones gra-ves a su integridad física o mental (Artículo II, letra b) y actos de sometimiento intencional de los grupos afectados a condiciones de existencia que acarrearon o pudieron haber acarreado su destrucción física total o parcial (Artículo II, letra c). Se basa también en la evidencia de que todos esos actos fueron perpetrados “con la intención de destruir total o parcialmente” a grupos identificados por su etnia común, en cuanto tales, con independencia de cuál haya sido la causa, motivo u objetivo final de los actos (Artículo II, primer párrafo).

123. La CEH tiene información de que hechos análogos ocurrieron y se reiteraron en otras regiones habitadas por el pueblo maya.

La responsabilidad institucional

124. Sobre la base de la conclusión fundamental, de haber cometido genocidio, la CEH, aten-diendo al mandato de ofrecer elementos obje-tivos de juicio sobre lo acontecido durante el enfrentamiento armado interno, señala que, sin perjuicio de que los sujetos activos fueron los autores intelectuales y materiales del crimen, en los actos de genocidio cometidos en Guatemala existe también responsabilidad del Estado, debido a que, en su mayoría, fueron producto de una política preestablecida por un comando superior a sus autores materiales.

125. En relación con los crímenes genocidas la CEH concluye que el Estado de Guatemala incumplió su obligación de investigar y castigar los actos de genocidio cometidos en su territorio, vulnerando lo previsto en los artículos IV y VI de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los cuales prescriben que las personas que hayan cometido genocidio, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido.

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Anexos

126. En general, de las violaciones de los dere-chos humanos y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos se deri-va una ineludible responsabilidad del Estado de Guatemala. El Estado Mayor de la Defensa Nacional fue, dentro del Ejército, la máxima institución responsable de estas violaciones. Independientemente de las diversas personas que ocuparon dichos cargos, existe una responsabilidad política de los sucesivos Gobiernos. Por ello, deben quedar sujetos al mismo criterio de responsabilidad, el Presidente de la República como comandante general del Ejército y el Ministro de la Defensa Nacional, considerando que la elaboración de los objetivos nacionales de conformidad con la Doctrina de Seguridad Nacional fue realizada al más alto nivel de Gobierno. Se debe tener en cuenta, además, que hasta el año 1986 casi todos los presidentes fueron militares de alta jerarquía, con precisos conocimientos de la estructura militar y de sus procedimientos.

Los hechos de violencia cometidos por la guerrilla

127. Los grupos armados insurgentes que fueron parte en el enfrentamiento armado interno tenían el deber de respetar las normas mínimas del derecho internacional humanitario de los conflictos armados y los principios generales comunes con el derecho internacional de los derechos humanos. Sus altos mandos tenían la obligación de instruir a sus subordinados para que respetaran dichas normas y principios.

128. Los hechos de violencia atribuibles a la guerrilla representan el 3% de las violaciones registradas por la CEH. Esto contrasta con el 93% cometidas por agentes del Estado, en particular el Ejército.2 Este desacuerdo cuantitativo agrega nueva evidencia sobre la magnitud de la respuesta represiva del Estado. Sin embargo, a juicio de la CEH, esta disparidad no atenua la gravedad de

los atentados injustificables cometidos por la guerrilla contra los derechos humanos.

Las ejecuciones arbitrarias

129. Los grupos guerrilleros cometieron actos de violencia que conculcaron el derecho a la vida, mediante ejecuciones arbitrarias de miem-bros de la población civil o de particulares, inde-fensos algunos, que estuvieron vinculados al enfrentamiento, como comisionados militares y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, ejecuciones arbitrarias de miembros de sus propias organizaciones e incluso mediante masacres.

130. Las ejecuciones arbitrarias fueron decididas en diversos ámbitos de la estructura orgánica de la guerrilla, muchas veces con la participación de sus más altos jefes militares y en otras ocasiones a través de decisiones adoptadas en la esfera local, en presencia de algún delegado de los niveles superiores. Una parte de los testimonios recibidos por la CEH se refiere a ajusticiamientos públicos, y en otras oportunidades se efectuaron sin testigos para luego abandonar el cadáver de la víctima con alguna referencia a los motivos de dicha acción.

131. La mayor parte de los testimonios recibidos por la CEH se refieren a ejecuciones perpetradas como parte de acciones de propaganda armada. Algunas de estas ejecuciones arbitrarias, particu-larmente de miembros de las pac, comisionados militares y otros elementos afines, fueron producto del denominado “terror revolucionario”, consis-tente en acciones de represalia por su colaboración con el Ejército, fuera de todo combate regular. Se llegó, incluso, a realizar ejecuciones en presencia de una comunidad, con el propósito de generar terror y, de ese modo, forzar a la incorporación de los pobladores en el grupo guerrillero.

132. También fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias personas que integraban la denominada clase social dominante —fundamentalmente gran-des propietarios agrícolas y empresarios—, que la guerrilla incluía en su amplio concepto de enemigo.

2 En el restante 4% de las violaciones no fue posible reunir elementos de convicción sobre la responsabilidad, u operaron otros grupos.

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La “justicia revolucionaria”

133. Bajo la denominación de “fusilamientos”, la CEH registró algunas ejecuciones arbitrarias de integrantes de los mismos grupos insurgentes. Aplicando lo que se denominó “justicia revolucio-naria” se tomó en algunos casos la decisión de dar muerte a algunos combatientes por intentos de deserción, sospechas de colaborar con el enemigo y otras acusaciones similares. De cualquier modo, en estos casos se violó abiertamente el derecho a la vida y todos los principios del debido proceso.

Las masacres

134. Las masacres, es decir, las muertes colectivas de población en estado de indefensión, son parte de los hechos de violencia cometidos por la guerrilla en el desarrollo del conflicto, violando gravemente el derecho a la vida. La CEH tomó conocimiento de diversos actos de este tipo, ocurridos especialmente entre 1981 y 1982. Los registrados por la CEH son 32. La CEH dispone de información veraz en el sentido de que en algunas de estas masacres se habría dado muerte a mujeres y niños.

Desaparición forzada y secuestro

135. También se produjeron algunos casos de desaparición forzada de personas secuestradas por la guerrilla, de las cuales nunca más se volvió a tener noticias acerca de su paradero. Aun cuando la tortura no constituyó una práctica generalizada por los grupos insurgentes, la CEH recibió algunos testimonios en este sentido.

136. El secuestro de personas indefensas, con fines políticos o con el propósito de obtener un aporte económico a cambio de la libertad del secuestrado, fue empleado reiteradamente por la guerrilla. Estos secuestros estaban dirigidos contra personalidades del mundo político, diplomático o empresarial de Guatemala. En unos casos las personas secuestradas, entre éstas un embajador extranjero, fueron ejecutadas.

El reclutamiento forzado

137. La CEH concluye que la guerrilla reclutó forzadamente a civiles, incluso menores, incur-riendo con ello en atentados contra la libertad personal.

El orden jurídico afectado

138. A juicio de la CEH todas las situaciones descritas constituyen infracciones al artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. La guerrilla incurrió en graves atentados contra la vida y la integridad de las personas, toma de rehenes y condenas dictadas y ejecuciones efectuadas sin previo juicio; actos prohibidos, todos ellos, por el artículo 3 común, que los guer-rilleros estaban obligados a respetar a lo largo de todo el enfrentamiento armado.

139. La CEH concluye que los grupos guerrilleros no siempre dieron cumplimiento a la distinción que debe regir en todos los conflictos armados, entre combatientes y no combatientes, es decir, entre quienes participan directamente en las hostilidades y la población civil.

140. Tampoco la guerrilla acató las costumbres y leyes de la guerra que obligan a distinguir entre objetivos militares y bienes civiles, cometiendo atentados contra bienes privados o comunitarios que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización no contribuían a obtener una ventaja militar, causando con ellos daños injustificados a la población civil.

141. La CEH concluye que la guerrilla, al haber incurrido en todos los hechos de violencia a que se ha hecho referencia en este capítulo, además de infringir las normas del Derecho Internacional Humanitario, violó los principios comunes de éste con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La responsabilidad de la guerrilla

142. A la CEH le asiste la convicción de que gran parte de los hechos señalados se produjeron con conocimiento de los altos mandos militares de la

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Anexos

guerrilla, en algunos porque los hechos fueron la concreción de una estrategia político-militar deliberada y, en otros, porque se realizaron en cumplimiento de decisiones adoptadas al más alto nivel.

143. En consecuencia, la CEH concluye que de los atentados contra la vida de las personas y otras violaciones del derecho internacional huma-nitario, se deriva una ineludible responsabilidad de los rangos superiores de la estructura orgánica de la guerrilla.

Hechos de violencia cometidos por particulares

144. La CEH concluye que, en vinculación con el enfrentamiento armado, también ciudadanos particulares cometieron hechos de violencia en defensa de intereses propios, instigando estas acciones o participando directamente en ellas. Por lo común, los autores eran personas econó-micamente poderosas en el ámbito nacional o local.

145. En numerosos casos de violaciones de los derechos humanos cometidas en las zonas rurales hubo participación de grandes propietarios agrí-colas. Algunas de estas violaciones las perpetraron juntamente con agentes estatales para resolver con violencia conflictos con los campesinos. En otras ocasiones, si bien la ejecución directa estuvo a cargo de agentes o sicarios del Estado, el móvil fue proteger los intereses de dichos propietarios.

146. En el ámbito urbano, variadas violaciones de derechos humanos que afectaron a sindicalistas y asesores laborales, que fueron ejecutadas mate-rialmente por agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección, con su tolerancia o aquiescencia, derivaron de la estrecha colabo-ración entre poderosos empresarios y las Fuerzas de Seguridad; fueron cometidas para la protección de los intereses empresariales, en concordancia con políticas gubernamentales abiertamente antisindicales.

III. PAZ Y RECONCILIACIÓN

147. El Gobierno del presidente Alvaro Arzú Iri-goyen y la urng concluyeron a finales de 1996 un largo proceso de negociaciones que, contando con la participación de las Naciones Unidas, en calidad de moderador y con el respaldo de la comunidad internacional, culminó en la firma de los Acuerdos de Paz. Los Acuerdos establecen compromisos que representan un logro de incom-parable relevancia en la historia nacional de las últimas décadas.

148. Durante el largo proceso de búsqueda de una solución política, iniciado en 1987, la inten-sidad del enfrentamiento armado había dismi-nuido sensiblemente. Sin embargo, durante este periodo, la violencia, la impunidad y la militarización de la sociedad prevalecían aún en Guatemala. Considerando que existía la opo-sición de grupos hostiles al proceso de paz en razón de intereses diversos y la complejidad del contexto nacional, la CEH reconoce el admirable esfuerzo y valor de los hombres y mujeres que contribuyeron al logro de la firma de los Acuerdos después de nueve años de acercamiento y negociación entre las partes: los presidentes de la República durante este periodo y los funcionarios de las administraciones que participaron en la negociación y en la activación de las primeras iniciativas conciliatorias; la Comandancia de la urng; los ciudadanos que intervinieron en la Comisión Nacional de Reconciliación y la Asamblea de la Sociedad Civil, así como el sector religioso y, de modo especial, la Iglesia Católica. Se destaca también el aporte significativo de los representantes del Ejército a este proceso.

149. Asimismo el Congreso de la República ha aportado acuerdos alentadores de apoyo a la paz y reconciliación que requieren ser ampliados con base en las conclusiones y recomendaciones del presente Informe de la CEH. En este sentido destaca el Punto Resolutivo Número 6-98, aprobado por unanimidad, donde se estableció que:

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“la memoria histórica es parte de la cultura social y que esa misma debe ser inspiración de reconciliación y paz, para que los hechos acaecidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad guatemalteca... [y] Que en el año de 1980 un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar la Embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación”.

Asimismo, entre otros puntos, resolvió: “Solidarizarnos con los familiares de quienes dieron su vida por encontrar el camino para un mejor futuro y alcanzar la paz firme y duradera... [y] Exhortar a la sociedad guatemalteca a efecto de que conmemoremos estos acontecimientos que son parte de la historia de Guatemala...”

150. El enfrentamiento armado ha dejado heridas profundas en las personas, en las familias y en la sociedad entera. Por esta evidencia incontestable, hacer realidad los Acuerdos de Paz y llegar a una verdadera reconciliación nacional supone un

proceso largo y complejo. Profundizar el proceso de desmilitarización del Estado y de la sociedad, fortalecer el sistema de administración de jus-ticia, abrir mayores espacios de participación efec-tiva y asegurar la reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos son tareas inmediatas claves para facilitar la transición ple-na de Guatemala hacia la reconciliación y la vi-gencia de un Estado democrático de Derecho.

151. Para alcanzar la verdadera reconciliación y conseguir edificar una nueva nación democrática y participativa, que valore su carácter multiétnico y pluricultural, la sociedad entera deberá asumir, entre otras cosas, los compromisos del proceso de paz. Sin lugar a dudas se trata de un esfuerzo profundo y complejo que la sociedad guatemalteca adeuda a los miles de hombres y mujeres valientes que, reclamando el pleno respeto a los derechos humanos y al Estado democrático de Derecho, asentaron los cimientos de esta nueva nación. En primera fila, entre ellos, se encuentra monseñor Juan Gerardi Conedera.

152. Con humildad y profundo respeto la Comi-sión para el Esclarecimiento Histórico dedica su trabajo a la memoria de todos los muertos y demás víctimas que cobró la violencia fratricida durante más de tres décadas en Guatemala.

I. INTRODUCCIÓN

El Acuerdo de Oslo establece como una de las tres finalidades de la CEH la de “Formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. La Comisión recomendará, en particular, medidas para preservar la memoria de las víctimas, para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para fortalecer el proceso democrático”.

Por referencia explícita contenida en otros acuer-dos, tales como el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre el Cronograma

para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz y el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad, la CEH también debe formular recomendaciones sobre medidas de reparación a las víctimas del enfrentamiento armado.

La CEH ha considerado imprescindible articu-lar sus recomendaciones tomando en cuenta el contenido de los Acuerdos de Paz. El cum-plimiento riguroso de los Acuerdos, así como su divulgación masiva, son elementos indis-pensables para establecer los fundamentos de un Estado democrático de Derecho, por

RECOMENDACIONES

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Anexos

lo que la CEH estima necesario enfatizar y reiterar específicamente algunos compromisos contenidos en los Acuerdos.

La metodología de elaboración de las reco-mendaciones se ha basado en la articulación de los insumos provenientes de la investigación de la CEH con los de la sociedad civil a través de un amplio proceso de consulta social. El Foro Nacional sobre Recomendaciones, convocado por la CEH y celebrado el 27 de mayo de 1998, supuso la participación de 400 personas perte-necientes a 139 organizaciones de la sociedad civil y fue una fuente de reflexión y de propuestas de fundamental importancia para la CEH. Las necesidades y sugerencias expresadas en los testi-monios individuales directamente prestados ante la CEH y en el proceso de consulta social han sido una referencia constante para la formulación de este Capítulo.

La CEH está convencida de que el cumplimiento de las recomendaciones es necesario para que el mandato que se le ha encomendado en el marco del proceso de paz alcance sus objetivos. Para que así sea, se requiere contar con la participación y el trabajo conjunto de representantes del Estado y de la sociedad civil, ya que han de ser beneficiarios de las recomendaciones todos los guatemaltecos.

Sobre la base de lo anterior, la CEH presenta sus recomendaciones distribuidas en los siguientes apartados:

1. Medidas para preservar la memoria de las víctimas;

2. Medidas de reparación a las víctimas;3. Medidas orientadas a fomentar una cultura

de respeto mutuo y de observancia de los derechos humanos;

4. Medidas para fortalecer el proceso demo-crático;

5. Otras recomendaciones para favorecer la paz y la concordia nacional; y,

6. Entidad responsable de vigilar e impulsar el cumplimiento de las recomendaciones.

El enfrentamiento armado y la violencia vinculada a él no se han limitado tan sólo a dos partes. Tampoco las víctimas pertenecen exclusivamente a ciertos sectores. Casi todos los guatemaltecos han sido afectados por la violencia generalizada durante tan amplio periodo de tiempo. Por estos motivos, las recomendaciones están orientadas fundamentalmente a facilitar la unión de todos los guatemaltecos y a desterrar las seculares divisiones que han sufrido. La reconciliación es tarea de todos.

La CEH está convencida de que la construcción de una paz fundada en el conocimiento del pasado exige escuchar a las personas que han sido afectadas por el enfrentamiento armado y la violencia vinculada a él, ya no consideradas simplemente como víctimas sino como protagonistas de un futuro de concordia nacional.

La violencia y los horrores descritos en el Informe no deben dejar espacio a la desolación. Las futuras generaciones de guatemaltecos tienen derecho a un futuro mejor. Los guatemaltecos pueden y deben fortalecer un proyecto común de nación. Para asegurar una reconstrucción social fundada en una paz y una reconciliación duraderas, es imprescindible alcanzar una auténtica unidad nacional de la diversidad de pueblos que integran Guatemala. La CEH quiere contribuir con sus recomendaciones a fortalecer la esperanza del pueblo de Guatemala de que no se repita jamás la historia de violencia

II. MEDIDAS PARA PRESERVAR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

El Acuerdo de Oslo enfatiza la necesidad de recordar y dignificar a las víctimas del enfrentamiento fratricida entre guatemaltecos. La CEH considera que la memoria histórica, individual y colectiva, es el fundamento de la identidad nacional. La memoria de las víctimas es un aspecto fundamental de la memoria histórica y permite rescatar los valores y las luchas por la dignidad humana.

230


Sobre la base de estas consideraciones, y tomando en cuenta la petición de perdón formulada por el Presidente de la República el día 29 de diciembre de 1998 y la petición de perdón por un caso concreto hecha por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el día 19 de febrero de 1998, la CEH recomienda:

Dignidad de las víctimas

1. Que el Presidente de la República, en nombre del Estado de Guatemala y con el fin primordial de devolver la dignidad a la víctimas, reconozca ante la sociedad guatemalteca en su conjunto, ante las víctimas, sus familiares y sus comu-nidades, los hechos del pasado descritos en este informe, pida perdón por ellos y asuma las res-ponsabilidades del Estado por las violaciones de los derechos humanos vinculadas con el enfrentamiento armado interno, particularmente por las cometidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado.

2. Que el Congreso de la República emita una declaración solemne que reafirme la dignidad y honra de las víctimas y reivindique el buen nombre de todas ellas y sus familiares.

3. Que la ex Comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con el fin primordial de devolver la dignidad a la víctimas, pida perdón en forma pública y solemne ante la sociedad en su conjunto, ante las víctimas, sus familiares y sus comunidades y asuma las responsabilidades de la ex guerrilla por los hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento que han causado sufrimientos a la población guatemalteca.

Memoria de las víctimas

4. Que el Estado y la sociedad guatemalteca conmemoren a las víctimas mediante diferentes actividades realizadas en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales, imprescindiblemente, se han de incluir al menos las siguientes:

a) La declaración de un día conmemorativo de las víctimas (Día nacional de la dignidad de las víctimas de la violencia).

b) La construcción de monumentos y parques públicos en memoria de las víctimas a nivel nacional, regional y municipal.

c) La asignación de nombres de víctimas a centros educativos, edificios y vías públicas.

5. Que las conmemoraciones y ceremonias por las víctimas del enfrentamiento armado tomen en cuenta el carácter multicultural de la nación guatemalteca, a cuyo efecto el Gobierno y las instituciones del poder local han de promover y autorizar el levantamiento de monumentos y la creación de cementerios comunales acordes con las formas de memoria colectiva maya.

6. Que se rescate y se realce el valor de los lugares sagrados mayas violados durante el enfrentamiento armado, en concertación con las comunidades afectadas.

III. MEDIDAS DE REPARACIÓN

La CEH considera que la verdad, la justicia, la reparación y el perdón son los pilares de la consolidación de la paz y la reconciliación na-cional. Es, por tanto, responsabilidad del Estado guatemalteco elaborar y promover una política de reparación a las víctimas y sus familiares, cuyos objetivos prioritarios han de ser la dignificación de las víctimas, la garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado y el respeto de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Sobre esa base, la CEH recomienda:

Programa Nacional de Reparación

7. Que el Estado de Guatemala, mediante las correspondientes acciones del Gobierno y del Congreso de la República, cree y ponga en marcha con carácter de urgencia un Programa Nacional de Reparación a las víctimas de las violaciones

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Anexos

de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado y sus familiares.

8. Que, con esa finalidad, el Gobierno presente al Congreso de la República con la mayor urgencia un proyecto legislativo sobre reparación a las víctimas del enfrentamiento armado que impulse el Programa Nacional de Reparación. Dicho proyecto deberá contener los principios generales y medidas de reparación, la estructura del programa, las categorías de beneficiarios, los procedimientos para la identificación de beneficiarios y el mecanismo de financiación que se expresan seguidamente.

Principios y medidas

9. Que el Programa Nacional de Reparación com-prenda medidas individuales y colectivas inspi-radas en principios de equidad, participación social y respeto de la identidad cultural, entre las cuales necesariamente han de figurar:a) Medidas de restitución material para resta-

blecer, en lo posible, la situación existente an-tes de la violación, particularmente en el caso de la tierra.

b) Medidas de indemnización o compensación económica de los más graves daños y per-juicios como consecuencia directa de las viola-ciones de los derechos humanos y del derecho humanitario.

c) Medidas de rehabilitación y reparación psico-social que incluyan, entre otros, la atención médica y de salud mental comunitaria, así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.

d) Medidas de satisfacción y dignificación indivi-dual que incluyan acciones de reparación mo-ral y simbólica.

10. Que, dependiendo del tipo de hecho moti-vador, las medidas de reparación habrán de ser individuales o colectivas. Las medidas de reparación de tipo colectivo tendrán que llevarse a cabo de manera que faciliten la reconciliación entre víctimas y victimarios, sin generar su estig-

matización. Por ello, las medidas de reparación colectiva a deudos y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia colec-tivos han de ser cumplidas en el marco de proyectos orientados a la reconciliación con enfoque terri-torial, de modo que, además de propiciar la repa-ración, sus acciones y beneficios recaigan sobre la totalidad de la población del territorio, sin diferenciar entre víctimas y victimarios.

11. Que, para que la reparación sea uno de los principales fundamentos del proceso de recons-trucción y reconciliación nacional, la sociedad guatemalteca ha de participar activamente y como requisito necesario en la definición, ejecu-ción y evaluación del Programa Nacional de Reparación. Dicha participación ha de ser espe-cialmente significativa en el caso del pueblo maya, al que la violencia afectó de manera par-ticularmente grave. En el caso específico de las medidas de reparación colectiva es esencial que los beneficiarios participen en la definición de las prioridades.

Beneficiarios

12. Que han de ser los beneficiarios de las medi-das de reparación moral y material las víctimas, o sus familiares, de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario y de los hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado interno.

13. Que se consideren como víctimas, para los efectos del Programa, quienes padecieron direc-tamente en sus personas las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia vin-culados con el enfrentamiento armado interno.

14. Que en los casos en que proceda la indem-nización económica individual se ha de esta-blecer una priorización de los beneficiarios, tomando en cuenta la gravedad de la violación, la condición económica y la debilidad social de los mismos, con especial atención a las personas ancianas, viudas, menores de edad y a quienes se encuentren en otras situaciones de desamparo.

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15. Que la identificación de los beneficiarios del Programa se rija por criterios de transparencia, justicia, equidad, celeridad, accesibilidad y participación.

Estructura del Programa

16. Que la Junta Directiva del Programa esté integrada por nueve miembros: i) dos personas designadas por el Presidente de la República; ii) dos personas designadas por el Congreso de la República; iii) una persona designada por el Procurador de los Derechos Humanos; iv) un representante de organizaciones de víctimas; v) un representante de las organizaciones de derechos humanos; vi) un representante de las organizaciones mayas; y, vii) un representante de organizaciones de mujeres.

17. Que, con el fin de facilitar el proceso de designación de los representantes de organiza-ciones de víctimas, de derechos humanos, mayas y de mujeres, la persona designada por el Pro-curador de los Derechos Humanos convocará y facilitará los respectivos procesos sectoriales de designación.

18. Que la Junta Directiva del Programa ha de tener, entre otras, las siguientes funciones:

a) Recibir solicitudes individuales o colectivas de beneficiarios potenciales.

b) Calificar la condición de víctimas o familiares de víctimas de los beneficiarios potenciales, de acuerdo a las circunstancias del caso. Las víctimas de los casos contenidos en los anexos de casos de este Informe serán calificadas automáticamente como víctimas a efectos del Programa, sin necesidad de un estudio adicional del caso.

c) Calificar la condición socioeconómica de los beneficiarios potenciales previamente iden-tificados como víctimas.

d) Decidir quiénes, en base a lo anterior, son beneficiarios del Programa.

e) Decidir las medidas de reparación corres-pondientes.

Financiación

19. Que el Estado costee, poniendo en marcha la reforma tributaria globalmente progresiva establecida en los Acuerdos de Paz, el Programa Nacional de Reparación. Para ese efecto, resulta conveniente una reorientación de los gastos de inversión social y la disminución de los gastos militares. Estas acciones han de constituir sus fuentes principales de financiación.

20. Que el Estado, con el mismo fin, gestione la cooperación internacional de aquellos Estados que durante el enfrentamiento armado interno prestaron ayuda económica y militar a las Partes.

Periodo de vigencia

21. La vigencia del Programa Nacional de Reparación cubrirá el tiempo necesario para alcanzar sus objetivos y, en todo caso, no será inferior a diez años, tomando en cuenta el periodo que se fije para la presentación de las solicitudes y el tiempo necesario para la asignación y entrega de los beneficios.

Desaparición forzada

Dada la magnitud del fenómeno delictivo de la desaparición forzada desarrollado de forma reiterada en Guatemala durante el periodo del enfrentamiento armado, y tomando en cuenta que la desaparición forzada no sólo ocasiona a los familiares y allegados del detenido-desaparecido un dolor permanente ante la incertidumbre del destino de su ser querido, sino que también genera en los mismos una serie de problemas de carácter legal y administrativo que es necesario corregir para no prolongar el sufrimiento y las complicaciones que la desaparición ocasiona, la CEH recomienda, para que sea incluido en el Programa Nacional de Reparación:

Búsqueda de los desaparecidos

22. Que el Gobierno y el Organismo Judicial, con la colaboración activa de la sociedad civil,

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Anexos

inicien a la mayor brevedad investigaciones sobre todas las desapariciones forzadas de que se tenga conocimiento, utilizando los recursos jurídicos y materiales disponibles, para aclarar el paradero de los desaparecidos y, en el caso de haber muerto, entregar sus restos a sus familiares.

23. Que el Ejército de Guatemala y la ex Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca aporten cuanta información tengan en relación con desapariciones de personas acaecidas durante el periodo del enfrentamiento armado interno.

Petición: En relación con la búsqueda de los desaparecidos, se solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr), entidad internacional especializada en la materia, que preste su asesoría y apoyo técnico a los diversos organismos del Estado de Guatemala que deban tomar acciones al respecto.

Recomendaciones específicas sobre niños desaparecidos, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de sus familias

24. Que el Gobierno promueva con urgencia actividades orientadas a la búsqueda de niños desaparecidos que incluyan, al menos, las siguien-tes medidas:a) Creación de una Comisión Nacional de

Búsqueda de Niños Desaparecidos con la función de buscar niños desaparecidos, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de su familia y documentar su desaparición.Sugerencia y petición: Dicha comisión podría estar integrada por el Procurador de Derechos Humanos y representantes de ong nacionales de derechos humanos y de la niñez, con la asesoría y el apoyo técnico y financiero, según sus disponibilidades, de unicef, el cicr y las ONG internacionales especializadas en el te-ma de la niñez, a los que la CEH solicita su cooperación.

b) Promulgación de medidas legislativas en cuya virtud los juzgados y tribunales del Organismo Judicial y las entidades que tuvieron a su

cargo la protección de niños no acompañados permitan, a instancia de los interesados, el acceso a sus archivos, facilitando información relativa a la identidad, el origen étnico, la edad, los lugares de procedencia, la localización actual y el nombre actual de los niños dados en adopción o atendidos durante el enfrentamiento armado.

c) Una campaña de información masiva en español y en todos los idiomas indígenas, en todas las regiones del país y en los lugares de refugio en otros países, sobre las actividades y medidas que se pongan en marcha para la búsqueda de niños.

25. Que los medios de comunicación colaboren activamente en las iniciativas de búsqueda de niños desaparecidos.

26. Que el Gobierno promueva medidas legis-lativas extraordinarias que permitan que, en el caso de adopciones llevadas a cabo sin conocimiento o contra la voluntad de los padres naturales, las personas adoptadas, o sus familiares, puedan pedir la revisión de tal adopción. Dicha revisión deberá realizarse teniendo siempre en cuenta la opinión de quien en su momento fue adoptado y de manera que se promuevan entre la familia adoptante y la natural relaciones cordiales para evitar ulteriores traumas en la persona adoptada.

Reconocimiento del estatus jurídico de la ausencia por desaparición forzada

27. Que el Gobierno elabore y presente al Congreso de la República un proyecto de ley por el que se cree la institución jurídica de la declaración de ausencia por desaparición forzada, con fines de filiación, sucesión, reparación y demás efectos civiles relacionados con ella.

Política activa de exhumaciones

La CEH considera que la exhumación de los restos de las víctimas del enfrentamiento armado y la localización de los cementerios clandestinos y ocultos, dondequiera que se encuentren, es un

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acto de justicia y reparación en sí mismo y un paso fundamental para emprender el camino de la reconciliación. Es un acto de justicia porque es parte del derecho a conocer la verdad y contribuye a conocer el paradero de los desaparecidos. Es un acto de reparación porque permite dignificar a las víctimas y porque el derecho a enterrar a los muertos y a realizar ceremonias mortuorias propias de cada cultura es inherente a todos los seres humanos.

Sobre esa base, y tomando en cuenta el alto número de cementerios clandestinos a que se refiere el presente Informe, al igual que el de aquellos todavía desconocidos públicamente, la CEH recomienda:

28. Que el Gobierno prepare y desarrolle una política activa de exhumaciones y presente al Congreso de la República, con carácter de urgencia, un proyecto de Ley de Exhumaciones que establezca procedimientos ágiles y rápidos para las mismas y tome en cuenta las tres recomendaciones siguientes.

29. Que los procesos de exhumación se lleven a cabo con pleno respeto de los valores culturales y de la dignidad de las víctimas y sus familiares, entendiendo la exhumación no sólo como un tramite técnico-jurídico sino, sobre todo, como una medida de reparación individual y colectiva.

30. Que los cuerpos y restos de las víctimas sean entregados a sus familiares para darles un entierro digno acorde con la cultura propia de cada uno de ellos.

31. Que se promueva y apoye el trabajo de las organizaciones no gubernamentales especializadas en antropología forense y la investigación e identificación de restos humanos. Dichas organizaciones especializadas deben trabajar en contacto con el Procurador de Derechos Humanos, cuya oficina ha de ser la depositaria del banco de datos correspondiente.

Petición: Dado el costo financiero que supone esta actividad especializada, se solicita particular-

mente a la comunidad internacional su apoyo económico y asesoría técnica.

V. MEDIDAS PARA FORTALECER EL PROCESO DEMOCRÁTICO

V.1 Sistema de administración de justicia y formas tradicionales de resolución de conflictos

V.1.a Sistema de administración de justicia

En diversos apartados de los Acuerdos de Paz se hace referencia expresamente al Sistema de administración de justicia de Guatemala. Se refiere específicamente a él el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, que la califica como “una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco”. En cumplimiento de dicho acuerdo, la Comisión sobre el Fortalecimiento de la Justicia elaboró un informe final con sus recomendaciones.

La CEH, como resultado de sus investigaciones, también ha concluido que la debilidad y dis-función del sistema de administración de justicia ha contribuido decisivamente a la impunidad y a la inaplicación de la ley penal durante el periodo objeto del mandato de la CEH.

También como resultado de los Acuerdos de Paz, el Congreso de la República aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, a la que considera, en el artículo 1 de su parte dispositiva, “instrumento básico para la reconciliación de las personas involucradas en el enfrentamiento armado interno”.

Tomando en cuenta lo anterior, la CEH recomienda:

Compromisos de los Acuerdos de Paz

46. Que los poderes del Estado de Guatemala con-sideren de suma importancia el cumplimiento de los compromisos en materia de justicia contenidos

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Anexos

en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática y den estricto cumplimiento a las recomendaciones formuladas en su informe final por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, que la CEH asume y reitera como propias.

Ley de Reconciliación Nacional

47. Que los poderes del Estado cumplan y hagan cumplir en todos sus términos y en relación con el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco la Ley de Reconciliación Nacional, persiguiendo, enjuiciando y castigando los delitos cuya respon-sabilidad penal no se extingue en virtud de dicha ley, particularmente, según dispone su artículo 8, “los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.

48. Que, al aplicar la Ley de Reconciliación Nacional, los organismos correspondientes to-men en cuenta los diversos niveles de autoría y responsabilidad de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia, prestando parti-cular atención a los promotores e instigadores de dichos crímenes.

Derecho de habeas data

49. Que el Gobierno presente al Congreso de la República un proyecto de ley que regule de manera ágil y efectiva el derecho de habeas data como un mecanismo específico de amparo y haga operativo el derecho constitucional reconocido en el art. 31 de la Constitución a acceder a la información contenida en archivos, fichas o cualquier otra forma de registro estatal o privado, penalizando la elaboración, almacenamiento u ocultamiento de información sobre las personas, su filiación política o religiosa, militancia gremial o social y de cualquier otro dato relativo a la intimidad de las personas.

V.1.b Formas tradicionales de resolución de conflictos

La Comisión de Fortalecimiento de la Justicia ha incluido en su informe final una serie de recomendaciones que parten del hecho de que es “necesario proceder a la búsqueda de fór-mulas abarcativas de las formas tradicionales de resolución de conflictos y el sistema estatal de justicia, capaces de producir cierta comple-mentación entre ambos componentes”.

Según figura en el presente Informe, la CEH ha observado que el irrespeto de las formas tradicionales de resolución de conflictos y de las autoridades encargadas de aplicarlas, llegando incluso a la comisión de actos orientados a su eliminación, ha sido una característica casi constante desde el año 1980 hasta el final del enfrentamiento armado interno.

Tomando en cuenta todo lo anterior, y reiterando la necesidad de que se cumplan las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, la CEH recomienda especialmente:

Integración jurídica

50. Que se reconozca e integre el llamado dere-cho consuetudinario en el ordenamiento jurídico guatemalteco, formalizando y ordenando una relación armónica y respetuosa entre la justicia estatal y las formas tradicionales de resolución de conflictos, con sus principios, criterios, auto-ridades y procedimientos. Todo ello siempre que no se violen derechos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados interna-cionales en materia de derechos humanos.

Enseñanza

51. Que las universidades y las demás entidades docentes estatales que impartan, entre otras, la enseñanza del derecho incluyan en sus programas de estudios, con carácter de asignatura, el conocimiento del sistema normativo de las formas tradicionales de resolución de conflictos.

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52. Que el Ministerio de Educación apoye la publicación de materiales impresos para la enseñanza que contengan los avances de la investigación sobre las prácticas que constituyen el llamado derecho consuetudinario.

V.2 Primacía del poder civil y función de las Fuerzas Armadas

V.2.a Reformas legales

Tomando en cuenta las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Ejército durante el enfrentamiento armado, así como el notable debilitamiento del tejido social como consecuencia de la militarización, la CEH considera indispensable promover medidas legislativas que establezcan los principios fundamentales para la correcta relación Ejército-sociedad civil en un sistema democrático y la necesaria subordinación del Ejército al poder civil, la adecuación de la normativa militar y del cumplimiento de su mandato constitucional al respeto de los derechos humanos, el ejercicio de la disciplina dentro de la ley, la posición apartidaria de la institución militar y la limitación de sus tareas a la seguridad exterior.

La CEH toma también en cuenta el pernicioso efecto de las actividades de inteligencia militar en materia de derechos humanos y en las relaciones civiles-militares, al igual que las graves extralimitaciones cometidas en el pasado median-te comportamientos antidemocráticos y muy serias violaciones de los derechos humanos por fuerzas directamente vinculadas a tales servicios, a menudo a través de acciones encubiertas.

La CEH considera que la obediencia irreflexiva a todo tipo de órdenes ha constituido uno de los factores generadores de violación de los derechos humanos de mayor magnitud y peligrosidad.

Sobre la base de lo anterior, la CEH recomienda:

53. Que el Gobierno presente al Congreso de la República, sobre la base y como complemento

de lo establecido en el Acuerdo sobre Fortale-cimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, los proyectos de reforma legislativa necesarios de manera que se materialicen las recomendaciones que siguen a continuación del número 54 al 59.

Reforma de la Ley Constitutiva del Ejército

54. Que se suprima el Estado Mayor Presidencial y el Vicepresidencial, ya que tales estructuras no son necesarias en un Estado democrático.

Reformas de la legislación militar

55. Que se redacte y promulgue un Código Mi-litar de nueva concepción inspirado en criterios jurídicos, morales y doctrinales acordes con la Constitución Política de la República y las re-formas de la misma derivadas del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

56. Que se incluyan en el Código Militar los correctos conceptos de la disciplina y la obe-diencia debida sólo dentro de la ley, y nunca fue-ra de ella, ya contenidos en la Constitución de la República, eliminando la referencia en el vigente Código Militar al concepto de obediencia debida para todo tipo de órdenes.

57. Que se elimine la pena de muerte para los delitos militares de desobediencia.

Nueva legislación sobre organismos de inte-ligencia del Estado

58. Que el Gobierno presente al Congreso de la República los proyectos legislativos corres-pondientes que:a) definan con precisión las estructuras, tareas y

ámbitos de actuación de la Inteligencia civil y la militar, limitando ésta última a objetivos exclusivamente militares; y

b) establezcan con claridad mecanismos de control efectivo del Congreso sobre todos los aspectos del aparato de Inteligencia del Estado.

237

Anexos

59. Que se cumplan lo más pronto posible los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática en mate-ria de Inteligencia, en particular los relativos a la aprobación de la Ley de Modalidades de Supervisión de los Organismos de Inteligencia del Estado y de la Ley Reguladora del Acceso a la Información sobre Asuntos Militares o Diplo-máticos relativos a la Seguridad Nacional; la deli-mitación de las competencias de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de Defensa Nacio-nal, ajustándolas a las nuevas funciones del Ejér-cito; y la configuración del Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de la Información y de la Secretaría de Análisis Estratégico.

V.2.b Nueva doctrina militar

60. Que el Gobierno promueva una nueva Doctrina Militar del Ejército de Guatemala, a través de un proceso de reflexión interno y en consulta con las organizaciones de la sociedad civil, que establezca los principios básicos para la correcta relación entre el Ejército y la sociedad en un marco democrático y plural. Entre dichos principios básicos debe figurar, al menos, que:a) El Ejército tiene por función la defensa de la

soberanía e independencia del Estado y de la integridad del territorio. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia dentro de la ley.

b) El Ejército asume que la soberanía radica en el pueblo de Guatemala. En consecuencia, respeta cualesquiera reformas y cambios sociales que puedan surgir del ejercicio de dicha soberanía popular, ajustándose siempre a los cauces establecidos en la Constitución.

c) El Ejército basará tanto su normativa legal como su comportamiento real en el sistemático respeto de los Derechos Humanos.

d) El Ejército asume la subordinación al poder político, emanado de las urnas a través de los procedimientos establecidos en la Consti-tución.

e) El Ejército asume el respeto a la Constitución en todas sus partes.

f) El Ejército es apartidario. Permanece al mar-gen de los partidos y respeta a todas las fuer-zas políticas legalmente constituidas. Ninguna de ellas podrá ser perseguida, ni sometida a vigilancia o control en ninguna de sus acti-vidades desarrolladas en el ámbito de la lega-lidad.

g) El militar asume la limitación inherente a su carrera consistente en que, mientras perma-nezca en servicio activo, no podrá afiliarse ni ejercer militancia en ningún partido o sindicato, con objeto de preservar el carácter apartidario de la institución.

h) El militar podrá ejercer su derecho de voto personal, libre y secreto en los procesos electorales nacionales o locales. Sin embargo, mientras permanezca en servicio activo, no podrá manifestar sus preferencias partidarias en ningún acto público ni a través de ningún medio de comunicación social.

61. Que los valores básicos de la profesión militar han de cumplir con los siguientes conceptos y principios fundamentales:a) Que el profesional militar es un ciudadano al

servicio público de la defensa nacional;b) que la disciplina militar ha de estar basada en

el principio de obediencia estricta dentro de la ley, y nunca fuera de ella;

c) que el concepto de honor militar ha de ser inseparable del respeto de los derechos humanos; y,

d) que el espíritu de cuerpo ha de cumplir con una alta exigencia ética y estar basado en los principios de justicia y servicio público.

V.2.c Reforma de la educación militar

62. Que el Gobierno tome acciones para la revi-sión de los programas de estudios de los distintos centros docentes del Ejército de Guatemala, de manera que incluyan como materias funda-mentales asignaturas sobre los puntos enume-rados anteriormente.

63. Que el informe de la CEH se estudie como parte del pensum educativo de los centros docentes del Ejército de Guatemala.

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64. Que los distintos centros educativos del Ejército de Guatemala promuevan una depura-ción del cuerpo docente de manera que se apar-te de las funciones educativas a las personas mili-tares involucradas en el presente o el pasado en violaciones a los derechos humanos, exigiendo del profesorado el máximo rigor profesional y ético.

65. Que el profesorado civil de los centros docen-tes del Ejército de Guatemala esté integrado por personas de reconocida trayectoria democrática.

V.2.d Otras recomendaciones referentes al Ejército

Servicio cívico, militar y social

Tomando en cuenta que el reclutamiento militar forzado y discriminatorio ha sido una práctica abusiva y constante durante el enfrentamiento armado, que afectó sobre todo a las comunidades mayas, y la futura aprobación de la Ley de Servicio Cívico prevista por el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, que deberá regular el servicio militar y el servicio social, la CEH recomienda particularmente ante dicha ley:

66. Que las normas reguladoras del servicio militar respeten estrictamente el principio de igualdad frente a la ley en los mecanismos y proceso de reclutamiento.

67. Que se establezca y regule la objeción de conciencia para que aquellos jóvenes cuyas con-vicciones religiosas, éticas o filosóficas no les permitan empuñar las armas no se vean obli-gados a hacerlo, prestando, a cambio, otro tipo de servicio cívico a la comunidad.

68. Que aquellos jóvenes en edad militar que fueron víctimas de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado, en sí mismos o en miembros de su familia en primer grado de consanguinidad, queden exentos de cumplir el servicio militar y sean asignados directamente al servicio social.

Fuerzas especiales

69. Que, de conformidad con los principios ante-riormente expuestos en el ámbito de la doctrina y educación militar, se revisen drásticamente y en profundidad los programas de formación de fuerzas que fueron concebidas especialmente pa-ra la lucha contrainsurgente, tales como la llama-da Escuela Kaibil.

Respeto de los nombres y símbolos de la cultura maya

70. Que, con el fin de respetar el derecho a la identidad cultural del pueblo maya, gravemente violado durante el enfrentamiento armado, el Ejército renuncie al uso de nombres de profundo significado y simbología maya para designar a estructuras y unidades militares.

La defensa ciudadana de la paz

En un mundo en el que la paz nacional e internacional es responsabilidad de todos y en el que la tarea fundamental de los ejércitos ha de ser la defensa de la paz, la CEH recomienda:

71. Que el Ejército incluya entre sus prioridades la participación en iniciativas de paz y seguridad internacional bajo la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos.

72. Que los profesionales de la milicia se esfuercen en su responsabilidad de conseguir un Ejército de Guatemala al servicio de la paz y la ciudadanía y del que todos los guatemaltecos puedan sentirse orgullosos.

Petición: Se solicita a los gobiernos de aquellos países cuyos ejércitos han pasado por procesos de transición similares al que requiere el Ejército de Guatemala a que presten su cooperación técnica y financiera para facilitar el cumplimiento de las recomendaciones de este apartado V.2.

V.3 Seguridad pública

La reestructuración de las fuerzas de seguridad, su profesionalización y educación en el respeto de

239

Anexos

la ley, la democracia, los derechos humanos y en una cultura de paz, tal y como estipula el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, tie-nen como objetivo principal convertir la fun-ción policial en un auténtico servicio público a los ciudadanos. Esto conlleva el carácter exclu-sivamente civil de la institución policial y el respeto del carácter multiétnico de la nación guatemalteca en el reclutamiento, selección, capa-citación y despliegue de la policía.

Frente al desprestigio de las instituciones policiales del pasado por graves violaciones a los derechos humanos y la deficiente calidad del servicio de seguridad pública prestado a la comunidad, la nueva Policía Nacional Civil (PNC) deberá cumplir en su doctrina, desempeño profesional y formación las características de una policía profesional moderna acorde con los principios mínimos de una actuación policial respetuosa de los derechos humanos, las libertades públicas, el Estado de Derecho y la democracia contenidos en los instrumentos internacionales aplicables.Sobre esa base, y para garantizar el adecuado desarrollo de las funciones policiales en el futuro, la CEH recomienda especialmente:

Doctrina de las fuerzas de seguridad

73. Que la PNC, bajo la dirección del Ministerio de Gobernación, ponga en marcha un proceso de reflexión interna, en consulta con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de elaborar y definir la doctrina de las fuerzas civiles de seguridad, cuyos pilares han de ser:a) el servicio a la comunidad, sin discriminación

de ningún tipo y con respeto del carácter multiétnico de la nación guatemalteca;

b) el desarrollo del carácter civil de la policía y la desmilitarización de sus formas de orga-nización, trato jerárquico y régimen disci-plinario;

c) el pleno respeto de los derechos humanos y la consecuente investigación, persecución y sanción de las violaciones de derechos huma-nos en que puedan incurrir sus miembros;

d) el respeto de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho; y

e) la permanente capacitación y adiestramiento profesional de los policías en todos los niveles de las escalas jerárquicas.

Control interno

74. Que la Dirección de la pnc, bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación, tome las medidas pertinentes para garantizar la depuración del cuerpo policial de elementos que actuaron o actúen contra su doctrina de servicio y cree una nueva unidad de control o inspectoría interna, con competencia autónoma de investigación y sanción tanto sobre comportamiento profesional individual como institucional, abierta al Procu-rador de los Derechos Humanos y al público.

Participación de los pueblos indígenas

75. Que la Dirección de la PNC impulse medi-das que de forma real abran la puerta a la parti-cipación de los pueblos indígenas en el servicio de seguridad pública, tales como:a) la toma en consideración del bilingüismo co-

mo elemento favorable en la valoración acadé-mica del aspirante a policía y en la provisión de destinos;

b) la eliminación de requisitos discriminatorios en la convocatoria y el proceso de selección, adap-tando éstos a la realidad multiétnica del país;

c) la educación en la multiculturalidad y la convi-vencia intercultural en la Academia de la PNC; y

d) la organización del servicio policial de manera que los integrantes indígenas de la policía puedan utilizar su idioma en el contacto con la comunidad, construir relaciones con las instituciones y autoridades indígenas y res-petar formas de resolución de conflictos pro-pias de sus culturas.

Recursos

76. Que el Gobierno y el Congreso de la Repú-blica, al establecer el presupuesto de la nación, amplíen la dotación financiera de la Policía

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Nacional Civil, garantizando su adecuado adies-tramiento y equipamiento con medios modernos e instalaciones y condiciones de trabajo dignas.

Carácter civil de la PNC

77. Que la nueva Ley de Orden Público a que hace referencia el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Socie-dad Democrática tome en cuenta el carácter civil de la policía en casos de estado de emergencia de cualquier índole, no obligándola a colaborar en tareas propias del Ejército.

78. Que, en el caso de que no prosperen las refor-mas a la Constitución previstas en los Acuerdos de Paz, el Congreso tome acciones legislativas para separar las funciones del Ejército y de las de la policía, limitando la participación del Ejér-cito en tareas de seguridad pública al mínimo imprescindible.

VI . OTRAS RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA PAZ Y LA CONCORDIA NACIONAL

La CEH considera que para promover la paz y la concordia nacional es necesario conocer y enfrentar las causas del enfrentamiento armado y sus consecuencias, de manera que se ponga fin a la división social, étnica y cultural de Guatemala.

Son igualmente necesarias la participación social y la contribución de todos los guatemaltecos, sin discriminación, en las responsabilidades públicas.

Por otra parte, el informe de la CEH, si bien ha de constituir un referente fundamental en la inves-tigación histórica del pasado de Guatemala, no cierra en sí mismo la investigación y el análisis que los guatemaltecos deben realizar del enfrentamiento armado, de sus causas, del alcance de la violencia y de sus efectos. El informe de la CEH debe servir de plataforma para la continuación de la investigación. Sobre esa base, la CEH recomienda:

Investigación y análisis del pasado

79. Que el pueblo guatemalteco continúe en sus esfuerzos de investigación y análisis del pasado, de manera que, sobre el conocimiento del mismo, se consoliden las bases para evitar los errores que han provocado el enfrentamiento.

Participación política de los pueblos indígenas

La CEH, sin perjuicio de los demás compromisos establecidos en el Acuerdo sobre Identidad y Dere-chos de los Pueblos Indígenas, quiere reiterar la importancia de los compromisos asumidos por el Gobierno de promover la participación social y política de los indígenas y llevar a cabo la regionalización administrativa coherente con la identidad étnica. Por ello, recomienda en particular:

80. Que entre el funcionariado y demás personal empleado por los organismos del Estado se dé cabida, en suficiente número, a profesionales indí-genas con cualificación y experiencia profesional acordes con las exigencias de los diversos cargos.

81. Que, con el fin expresado en el párrafo anterior, el Estado establezca y financie un programa de becas para la formación y especialización de dichos profesionales indígenas.

Superación del racismo y la subordinación de los pueblos indígenas

Habida cuenta de que las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas de Guatemala, especialmente el pueblo maya, se han dado en condiciones de racismo, desigualdad y exclusión, y que estas condiciones constituyeron una de las causas históricas del enfrentamiento armado, se hacen necesarias medidas para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de los indígenas, respetar la multiculturalidad y promover las relaciones interculturales.

Sobre esa base, la CEH reitera la necesidad de:

241

Anexos

82. Que se cumpla en su integridad el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Reforma fiscal

Tomando en consideración el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y la necesidad de que todos los guatemaltecos contribuyan al desarrollo social y al mejor servicio público, la CEH reitera la importancia de:

83. Que el Gobierno promueva medidas ten-dentes a reforzar la movilización de los recursos nacionales, realizando con urgencia una reforma fiscal justa, equitativa y globalmente progresiva, según se ha establecido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

VII . ENTIDAD RESPONSABLE DE IMPULSAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

La CEH está convencida de que el cumplimiento de las recomendaciones es necesario para que el mandato que se le ha encomendado en el marco del proceso de paz alcance sus objetivos. Para que así sea, se requiere contar con la participación y el trabajo conjunto de representantes del Estado y de la sociedad civil de Guatemala, ya que han de ser beneficiarios de las recomendaciones todos los guatemaltecos sin distinciones.

Por este motivo, la CEH ha considerado apropiado recomendar el establecimiento de una entidad de seguimiento que apoye, impulse y vigile el cumplimiento de las recomendaciones y en el que el Estado y la sociedad civil estén representados. La consolidación de la paz y le reconciliación en Guatemala requieren que el Estado y la sociedad civil se acerquen y trabajen conjuntamente en objetivos comunes a todos.

Por otro lado, si bien la vigilancia y cumplimiento de las recomendaciones corresponde a los

guatemaltecos, resulta necesario que la comunidad internacional continúe apoyando los esfuerzos nacionales en pro de la consolidación de la paz y la reconciliación de todos los guatemaltecos.

Sobre esa base, la CEH considera necesario y, por ello, recomienda:

84. Que el Congreso de la República, por inicia-tiva de su Comisión de Derechos Humanos, apruebe en un plazo no superior a los 60 días a partir de la publicación del informe de la CEH y a través de la medida legislativa que corresponda, el establecimiento de la entidad responsable de apo-yar, impulsar y vigilar el cumplimiento de las reco-mendaciones de la CEH bajo el nombre de Fun-dación por la Paz y la Concordia (en adelante “la Fundación”), cuyo mandato, composición, proce-dimiento de designación, constitución, instalación, sede, periodo de vigencia, recursos humanos y materiales y financiación figuran a continuación.

Mandato

La Fundación tendrá como objetivo principal facilitar y viabilizar el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH, para lo que su mandato se desarrollará en cinco áreas principales de actividad:a) Cumplimiento directo de determinadas

recomendacionesb) Apoyo y asistencia al cumplimiento de

recomendacionesc) Vigilancia del adecuado cumplimiento de las

recomendacionesd) Promoción y apoyo de la investigación

históricae) Apoyo a la captación de fondos para la

financiación de proyectos para el cumpli-miento de recomendaciones.

Composición

La Fundación estará integrada por siete miembros, que serán nombrados por el periodo que fije la correspondiente disposición legal que la establezca. Su distribución será como sigue:

242


l Dos personas designadas por el Congreso de la República, que han de representar líneas políticas diferentes.

l Una persona designada por el Gobierno. l Una persona independiente y de reconocida

trayectoria democrática y compromiso con el proceso de paz.

l Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales guatemaltecas de derechos humanos y de víctimas.

l Un representante de las organizaciones mayas guatemaltecas.

La designación por las correspondientes instan-cias habrá de producirse no más tarde de dos meses a partir de la fecha de la resolución del Congreso.

Procedimiento de designación

El Congreso de la República y el Gobierno de-signarán respectivamente a las personas corres-pondientes. Se sugiere que la persona que designe el Gobierno sea quien ocupe la responsabilidad de la Secretaría de la Paz.

La personalidad independiente y de reconocida trayectoria democrática y compromiso con el proceso de paz será designada por el Secretario General de las Naciones Unidas, por el proce-dimiento que juzgue más apropiado.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de las organizaciones mayas serán designados por las organizaciones de cada sector, mediante un proceso de elección convocado y facilitado por la personalidad independiente designada por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Constitución

La Fundación deberá celebrar su reunión cons-titutiva inmediatamente después de haber sido designados sus miembros.

Instalación

La Fundación deberá quedar instalada y en funcionamiento a más tardar cinco meses después de haber sido integrada y constituida.

Periodo de vigencia

La Fundación tendrá un periodo de trabajo inicial de tres años a partir de la fecha de su instalación, prorrogables por el Congreso a la vista de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones.

Recursos humanos

El personal de la Fundación habrá de ser fun-damentalmente guatemalteco, buscando al efec-to personas capacitadas con experiencia en el trabajo de investigación y de defensa de los de-rechos humanos.

Recursos materiales

La CEH ha dejado instrucciones a la UNOPS para que ésta, en consulta con los donantes de la CEH y a la vista del proyecto de operación y presupuesto de la Fundación, determine los recursos materiales de oficina, computación y comunicaciones parte de los activos de la CEH cuya propiedad será transferida por la unops a la Fundación, en concepto de donación de la CEH.

Respaldo nacional e internacional

La Fundación habrá de buscar el respaldo nacional e internacional necesario para alcanzar los objetivos anteriormente expresados.

VIII. PETICIÓN A LAS NACIONES UNIDAS

La CEH solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que, a través de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en

243

Anexos

Guatemala (MINUGUA), preste, en el marco del mandato de la Misión, su concurso para que las recomendaciones anteriormente formuladas puedan ser cumplidas y alcancen sus objetivos.

La CEH también solicita al Secretario General que designe a la personalidad independiente

miembro de la Fundación y que, mediante la entidad de la ONU que considere más adecuada, establezca un mecanismo internacional de asistencia técnica a la Fundación y canalización de las donaciones que le haga la comunidad internacional.

245

La Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal –CSPF– como la instancia de apoyo a la Comi-sión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz –CAAP–, y con el apoyo de la Agencia Inter-nacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos –USAID–, ha realizado una serie de actividades encaminadas a promover y sensibilizar el tema del Pacto Fiscal entre la socie-dad guatemalteca durante el año 2003.

Como parte de estas actividades, se realizaran un ciclo de seminarios sobre el proceso de cumplimiento de los compromisos del Pacto Fiscal y los retos de la Política Fiscal para el período 2004-2007, con el propósito de que la sociedad guatemalteca disponga de información fiscal y a la vez los partidos políticos aprovechen la coyuntura de un período eleccionario para debatir en un tema de tanta trascendencia en el país, ya que el Pacto Fiscal es una guía para el financiamiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz y para que el Gobierno disponga de recursos para cumplir su papel constitucional.

Otra de estas actividades para promover el tema, consiste en la divulgación de temas relacionados con la política fiscal, por lo que nos permitidos poner a disposición de la sociedad guatemalteca la presente reimpresión del documento original del Pacto Fiscal, firmado el 25 de mayo de 2000 por mas de 130 organizaciones sociales del país, y asi promover su difusión y reiniciar el debate sobre el tema de la política fiscal.

Guatemala de la Asunción, julio de 2003. Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal

Miembros de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz –CAAP–

Catalina Sobernis Reyes Gobierno de Guatemala Eduardo Weymann, Gobierno de Guatemala Gregorio Chay, Unidad Revolucionaria Guatemalteca Enrique Corral, Unidad Revolucionaria Guatemalteca Rodolfo Orozco Velásquez, Ciudadano Notable Arnoldo Ortiz Moscoso, Ciudadano Notable Manuel Salazar Tetzaguic, Ciudadano Notable Victor Gálvez Borrell, Ciudadano Notable Tom Koenigs, Jefe de la Misión de Verificación Internacional MINUGUA

Secretariado Técnico de la CAAP

Mario Marroquín Krings, Gobierno de Guatemala Laura Hurtado, Unidad Revolucionaria Guatemalteca Peter Barwick, Misión de Verificación Internacional MINUGUA Edgar Cabnal, Asistente Especial

Miembros de la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal –CSPF–

Anaí Herrera Ramos Hugo Maúl Rivas Carlos Gil Guerra Humberto Pérez Montenegro Eduardo Velásquez Carrera Abel Cruz Calderón, Secretario Ejecutivo

PACTO FISCAL PARA UN FUTURO CON PAZ Y DESARROLLO

Guatemala de la Asunción, 25 de Mayo de 2000 Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal

PRESENTACIÓN

246


Las instituciones y organizaciones que suscri-bimos el Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo, dejamos constancia de nuestro reconocimiento a personas e instituciones que hicieron posible este trascendental acuerdo, cuyos efectos se proyectarán a las futuras generaciones de guatemaltecas y guatemaltecos.

Las distintas organizaciones participantes en el proceso de la definición del Pacto Fiscal, desean dejar expreso su reconocimiento a la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, por la conducción transparente de este proceso sin precedentes y de trascendencia histórica para Guatemala.

Reconocemos la labor profesional desarrollada por la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, expresada en el proceso de elaboración de la propuesta “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”, documento que estuvo en el centro de todo el proceso de concertación. Agradecemos el arduo trabajo de sus integrantes, Alma Quiñónez, Lizardo Sosa, Richard Aitkenhead y Arturo Montenegro; su Secretario Ejecutivo, Juan Alberto Fuentes; sus asesores y equipo de apoyo. Reconocemos el arduo trabajo realizado por el Equipo de Sistematización de las Ponencias, así como los sucesivos equipos que contribuyeron al análisis técnico, la asesoría y la redacción de los consensos sucesivos.

Reconocemos el enorme esfuerzo de estudio, análisis, elaboración de propuestas y actitud constructiva del conjunto de instituciones, organizaciones, coordinadoras de la sociedad civil y mesas departamentales de concertación y seguimiento de los Acuerdos de Paz participantes en este proceso.

Reconocemos y agradecemos la valiosa cooperación brindada por gobiernos de países amigos del proceso de paz de Guatemala y de la comunidad internacional, particularmente a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) por su activa participación, en el marco de su mandato, en el respaldo al proceso de concertación del Pacto Fiscal.

Valoramos la colaboración brindada al proceso de concertación del Pacto Fiscal por el ex Ministro de Finanzas Pedro Miguel Lamport; por la ex Ministra de Finanzas Irma Luz Toledo y por el actual Ministro, Manuel Maza Castellanos.

De igual manera, las instituciones que suscribimos este acuerdo sabremos valorar la contribución que el conjunto de organismos del Estado brinden al cumplimiento de los acuerdos del Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo, como base para hacer posible una nueva Guatemala justa, digna y próspera.

Guatemala de la Asunción, 25 de Mayo de 2000

RECONOCIMIENTOS

247

Anexos

Guatemala ha iniciado un período distinto de su historia. La firma de los Acuerdos de Paz abrió un nuevo capítulo en la vida de nuestro país. Fueron éstos los que abrieron la puerta al proceso de reforma del Estado; los que nos encaminan hacia la preeminencia del poder civil; los que crean condiciones para una mayor participación de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones nacionales; los que plantean y promueven el efectivo goce y ejercicio de los derechos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, incluidos los derechos de los pueblos indígenas; los que promueven las bases de la reconciliación; los que señalan que la superación de la secular situación de atraso y subdesarrollo económico y social es fundamental para una paz firme y duradera; los que establecen las bases para enfrentar, por cauces constructivos, los factores generadores de pobreza. En suma, los Acuerdos de Paz sientan las bases para que construyamos nuestro país con un sentido de nación.

El Pacto Fiscal constituye un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz. Implica acuerdos nacionales sobre el estilo de sociedad que se desea construir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas acerca de los temas de política fiscal. Dadas las grandes brechas sociales que existen en el país, el Pacto Fiscal implica asegurar suficientes recursos para el Estado, de manera que pueda contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los guatemaltecos y guatemaltecas puedan dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo. El Pacto Fiscal también implica contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante un equilibrio de los ingresos y gastos del Estado y permite definir una política fiscal

de largo plazo con visión de país, que reducirá la incertidumbre mediante la definición de reglas claras y estables.

Dentro del marco general establecido en la Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal se sustenta en los siguientes fundamentos económicos y políticos:

Visión de nación

Como establecen los Acuerdos de Paz, la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. La construcción de la unidad nacional demanda el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas que la componen y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco.

Visión del Estado

El Estado velará porque se consolide en el país un régimen económico y social que se funde en principios de justicia social. Creará las condiciones para que la economía nacional logre el desarrollo económico y social así como la adecuada utilización de los recursos naturales y el potencial humano. Asimismo, fomentará el pleno empleo en forma integrada, de tal manera que promueva la eficiencia económica y una mejora sustancial de los satisfactores básicos y de las condiciones de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.

El Estado deberá mejorar la calidad de las instituciones estatales, acercándolas más al servicio de la población, permitiendo de esta manera la concertación social a los niveles nacional, departamental, municipal y comunal. Esto coadyuvará a mejorar la eficiencia y eficacia de las unidades productivas, asegurando condiciones adecuadas para la modernización y el aumento de la competitividad de la economía

I. FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS BÁSICOS DEL PACTO FISCAL

248


nacional, la promoción del crecimiento econó-mico, y la eficiente prestación universal de servicios sociales básicos.

La política económica, y en particular la fiscal, promoverá procesos de inclusión socio económica.

Naturaleza de la política fiscal

La política fiscal se enmarca en los preceptos constitucionales relacionados con el régimen económico y social. Permite al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir, por medio del gasto social, a aliviar la situación de los sectores más empobrecidos.

Es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo sostenible, y la justicia social en la búsqueda del bien común. Asimismo, la política fiscal es uno de los mecanismos redistributivos del ingreso a través del Presupuesto Nacional, y por medio de un saneamiento sostenible de las finanzas públicas permite un escenario macroeconómico estable, promotor del empleo y activador de la inversión; a la vez que se constituye en satisfactora de las necesidades básicas, instrumento finan-ciero de la descentralización administrativa y del fortalecimiento de la participación civil en la toma de decisiones respecto a las obras y proyectos en el ámbito local.

El Pacto Fiscal debe ser visto como un proceso de largo plazo, el cual define las grandes líneas de acción, los principios rectores y los mecanismos de participación social, es decir, marca la direccionalidad a seguir, en la cuál se debe regir la política fiscal de largo plazo y con visión de nación.

Desarrollo y crecimiento

El objetivo fundamental del Estado es procurar el bienestar del ser humano y para lograrlo es importante asegurar el crecimiento económico

y el desarrollo social. El ser humano, en su integralidad material y espiritual, debe constituir el centro de la política económica, y en particular de la política fiscal, de tal manera que se pueda tener una vida larga, saludable, adquirir los conocimientos necesarios, tener acceso a los recursos y la tecnología y disfrutar de una vida decorosa. Para que sea sostenible, dicho bienestar debe sustentarse en la distribución equitativa del ingreso, el desarrollo económico social y político, el pleno respeto a los derechos humanos, a la identidad y derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género.

Se considera que la captación de recursos económicos es de vital importancia para darle estabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas sin desestimular la inversión. Para ello es necesario un crecimiento económico sostenido en el mediano y largo plazo, capaz de generar empleo productivo que le permita a los guatemaltecos y guatemaltecas cubrir sus necesidades básicas, y a su vez obtener el incremento de la competitividad y el estímulo y protección del ahorro y la inversión tanto nacional como extranjera. En ese sentido, es básico y fundamental hacer realidad el compromiso del gobierno enunciado en los Acuerdos de Paz, de adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento no menor del 6% anual que permita una política social avanzada.

Integralidad de la política económica

La política económica debe ser integral, coherente y coordinada con el resto de áreas de política pública, diseñada y administrada de forma global y con visión de largo plazo, dirigida al desarrollo económico y social.

Por otra parte, para que los esfuerzos nacionales se encaminen al desarrollo económico y humano, es fundamental que la comunidad internacional apoye el proceso de desarrollo del país, principalmente con una mayor apertura de sus mercados, a efecto de que puedan generarse fuentes de empleo estables, productivas y adecuadamente remuneradas.

249

Anexos

II. PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DEL PACTO FISCAL

1. E

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o m

anej

o en

tre

los

ingr

esos

tri

buta

rios

y e

l ga

sto

públ

ico

dent

ro d

e un

a vi

sión

de

med

iano

y la

rgo

plaz

o. E

l equ

ilibr

io

fisca

l se

alc

anza

rá p

rinc

ipal

men

te c

omo

resu

ltad

o de

un

aum

ento

de

la r

ecau

daci

ón t

ribu

tari

a y

no

de u

na d

ism

inuc

ión

del

gast

o pú

blic

o. E

l ga

sto

se r

egir

á ba

jo l

os p

rinc

ipio

s de

rac

iona

lizac

ión

y op

timiz

ació

n.

1. E

quili

brio

en

tre

los

ingr

esos

y

egre

sos

del

Est

ado

El

défic

it fis

cal

debe

rá s

ituar

se a

lred

edor

del

1%

an

ual d

el P

IB e

n el

per

íodo

200

1-20

03, a

segu

rand

o el

equ

ilibr

io e

ntre

los

ingr

esos

y e

gres

os d

el E

stad

o en

el

últim

o añ

o de

cad

a go

bier

no.

Prev

io a

una

ev

alua

ción

de

de

sem

peño

, du

rant

e el

pr

imer

tr

imes

tre

de c

ada

gobi

erno

, de

berá

n es

tabl

ecer

se

met

as d

e ba

lanc

e fis

cal.

2. S

uper

ávit

fisc

al

anua

l de

la c

uent

a co

rrie

nte

Ase

gura

r el p

erm

anen

te ex

ceso

de i

ngre

sos c

orri

ente

s so

bre

gast

os c

orri

ente

s de

l E

stad

o, a

nual

men

te y

si

n ex

cepc

ión,

es

un r

equi

sito

ind

ispe

nsab

le p

ara

alca

nzar

una

s fin

anza

s pú

blic

as s

anas

, equ

ilibr

adas

y

sost

enib

les.

El

supe

rávi

t en

la

cuen

ta c

orri

ente

es

la

base

pri

mor

dial

par

a pr

omov

er l

a in

vers

ión

públ

ica

en lo

s pr

oyec

tos

naci

onal

es p

rior

itar

ios.

2. S

uper

ávit

fisc

al

anua

l de

la c

uent

a co

rrie

nte

Se

aum

enta

rá

grad

ualm

ente

el

su

perá

vit

en

la

cuen

ta

corr

ient

e de

la

s fin

anza

s pú

blic

as,

aseg

uran

do q

ue a

lcan

ce n

o m

enos

de

un 3

% d

el

PIB

cad

a añ

o a

part

ir d

el a

ño 2

001,

par

a di

spon

er

de u

na f

uent

e só

lida

de r

ecur

sos

prop

ios

para

fin

anci

ar la

inve

rsió

n.

I. B

alan

ce fi

scal

Pri

ncip

ios

Com

prom

isos

250


1. E

l pod

er

trib

utar

io e

s in

here

nte

e in

sepa

rabl

e al

E

stad

o

El

pode

r tr

ibut

ario

es

la

fa

cult

ad

del

Est

ado

de

exig

ir t

ribu

tos

a pe

rson

as q

ue s

e en

cuen

tran

en

su

juri

sdic

ción

y ti

ene

su fu

ndam

ento

en

la so

bera

nía

del

Est

ado.

Los

pri

ncip

ios

cons

tituc

iona

les

que

limit

an

el

pode

r tr

ibut

ario

es

tabl

ecen

di

rect

rice

s pa

ra

el

legi

slad

or y

par

a la

adm

inis

trac

ión

públ

ica.

La s

ocie

dad

y lo

s or

gani

smos

del

Est

ado

prom

over

án

la le

gitim

idad

en

el e

jerc

icio

del

pod

er tr

ibut

ario

. Par

a el

lo e

l E

stad

o y

las

orga

niza

cion

es s

ocia

les

real

izar

án

acci

ones

par

a el

evar

la

conc

ienc

ia c

iuda

dana

sob

re

la i

mpo

rtan

cia

del

cum

plim

ient

o de

las

fun

cion

es

bási

cas d

el E

stad

o, d

el d

erec

ho d

el E

stad

o a

esta

blec

er

trib

utos

, y d

e la

obl

igac

ión

ciud

adan

a de

con

trib

uir

al

finan

ciam

ient

o de

los

gast

os p

úblic

os.

II. I

ngre

sos

del E

stad

o

Pri

ncip

ios

Com

prom

isos

1. E

l pod

er

trib

utar

io e

s in

here

nte

e in

sepa

rabl

e al

E

stad

o

2. L

a su

fici

enci

a

de r

ecur

sos

El h

echo

eco

nóm

ico

que

just

ifica

la t

ribu

taci

ón e

s la

ne

cesi

dad

de o

bten

er r

ecur

sos

para

el f

inan

ciam

ient

o so

sten

ible

de

l ga

sto

públ

ico

dest

inad

o a

aseg

urar

qu

e el

Est

ado

cum

pla

con

las

func

ione

s es

tabl

ecid

as

en l

a C

onst

ituci

ón P

olíti

ca d

e la

Rep

úblic

a y

en l

os

Acu

erdo

s de

Paz

.

Se a

segu

rará

que

la c

arga

tri

buta

ria

se h

aya

incr

emen

-ta

do e

n el

año

200

2, e

n po

r lo

men

os u

n 50

% c

on

resp

ecto

a l

a ca

rga

trib

utar

ia d

e 19

95.

Para

el

logr

o de

la

met

a tr

ibut

aria

del

12%

del

PIB

se

real

izar

á un

a so

la r

efor

ma

trib

utar

ia e

n el

tra

nscu

rso

del

año

2000

. A

dem

ás,

se p

rom

over

á y

pond

rá e

n pr

áctic

a un

pro

gram

a in

tegr

al d

e re

activ

ació

n ec

onóm

ica

que

estim

ule

el c

reci

mie

nto

y el

des

arro

llo so

cial

, en

cons

o-na

ncia

con

los

obj

etiv

os y

met

as e

stab

leci

dos

en l

os

Acu

erdo

s de

Paz

.

2. L

a su

fici

enci

a

de r

ecur

sos

3. L

a pr

iori

dad

de lo

s in

gres

os

trib

utar

ios

del

Est

ado

Den

tro

del c

onju

nto

de in

gres

os d

el E

stad

o, e

l rub

ro

de t

ribu

tos

es e

l que

le d

a vi

abili

dad

al a

cuer

do d

e la

so

cied

ad s

obre

las

fun

cion

es d

el E

stad

o, y

per

mite

n fin

anci

arla

s de

m

aner

a so

sten

ida.

Lo

s re

curs

os

trib

utar

ios

debe

n co

nstit

uir

la m

ás a

lta

prop

orci

ón d

e lo

s in

gres

os d

el E

stad

o.

A p

artir

del

año

200

1, c

omo

obje

tivo

a lo

grar

, lo

s in

gres

os tr

ibut

ario

s del

Est

ado

no p

odrá

n se

r men

ores

al

85%

de

los

ingr

esos

tot

ales

. C

ualq

uier

mon

to d

e in

gres

os n

o tr

ibut

ario

s qu

e ex

ceda

al

15%

de

los

ingr

esos

to

tale

s pr

ogra

mad

os

se

man

tend

rán

en

depó

sito

en

el F

ondo

Com

ún d

el E

stad

o, s

ujet

ándo

se

su u

tiliz

ació

n a

un p

rogr

ama

de g

asto

s qu

e at

iend

a la

s pr

iori

dade

s es

tabl

ecid

as e

n el

pre

sent

e Pa

cto

y lo

s lin

eam

ient

os d

el P

rogr

ama

Mul

tianu

al d

e In

vers

ión

3. L

a pr

iori

dad

de lo

s in

gres

os

trib

utar

ios

del

Est

ado

251

Anexos

Públ

ica,

tod

o en

con

cord

anci

a co

n lo

s ob

jetiv

os d

e es

tabi

lizac

ión

y cre

cim

ient

o, es

tabl

ecid

os en

el P

rogr

ama

Eco

nóm

ico

y Fi

nanc

iero

de

cort

o pl

azo.

4. A

sign

ació

n ef

icie

nte

de

recu

rsos

El

sist

ema

trib

utar

io d

ebe

coad

yuva

r a

la e

ficie

ncia

ec

onóm

ica.

Par

a el

lo d

ebe

evit

arse

, en

lo

posi

ble,

el

ot

orga

mie

nto

de

priv

ilegi

os,

exen

cion

es

y ex

o-ne

raci

ones

fis

cale

s, q

ue d

isto

rsio

nen

la a

sign

ació

n ef

icie

nte

de r

ecur

sos.

Se i

mpu

lsar

á la

con

form

ació

n gr

adua

l de

un

sist

e-m

a tr

ibut

ario

ef

icie

nte,

m

edia

nte

la

revi

sión

, en

el

año

200

0, d

e lo

s pr

ivile

gios

, ex

enci

ones

y e

xo-

nera

cion

es

fisca

les

exis

tent

es,

con

el

obje

to

de

elim

inar

los

grad

ualm

ente

. Los

pri

vile

gios

, exe

ncio

nes

y ex

oner

acio

nes

que

se m

ante

ngan

y a

quel

los

que

se

deci

da e

limin

ar d

e m

aner

a gr

adua

l, de

berá

n, a

par

tir

del a

ño 2

001,

y m

ient

ras

esté

n vi

gent

es, c

uant

ifica

rse

y re

gist

rars

e en

un

apar

tado

esp

ecia

l en

el P

resu

pues

to

Gen

eral

de

Ingr

esos

y E

gres

os d

el E

stad

o y

en l

a C

onta

bilid

ad d

el E

stad

o. A

tend

iend

o a

la s

ituac

ión

cam

bian

te d

e la

eco

nom

ía n

acio

nal

e in

tern

acio

nal

y pr

evia

cal

ifica

ción

de

la I

nsta

ncia

de

Segu

imie

nto

de I

mpl

emen

taci

ón d

el P

acto

Fis

cal,

podr

á, e

n si

tua-

cion

es e

xtra

ordi

nari

as y

suj

etas

a u

na e

valu

ació

n ec

o-nó

mic

a y

soci

al, c

onsi

dera

rse

la a

prob

ació

n de

nue

vos

priv

ilegi

os,

exen

cion

es

y ex

oner

acio

nes

fisca

les,

ev

itan

do er

osio

nar l

os in

gres

os tr

ibut

ario

s y d

efin

iend

o cl

aram

ente

la te

mpo

ralid

ad d

e la

s m

edid

as.

4. A

sign

ació

n ef

icie

nte

de

recu

rsos

5. P

rogr

esiv

idad

El

sist

ema

trib

utar

io

debe

se

r gl

obal

men

te

prog

resi

vo.

El s

istem

a tr

ibut

ario

deb

erá

dise

ñars

e de

tal

for

ma

que

sea

glob

alm

ente

pro

gres

ivo,

es

deci

r, qu

e la

car

ga

trib

utar

ia p

rom

edio

, (re

laci

ón in

gres

os tr

ibut

ario

s net

os/

PIB

cor

rien

te) a

umen

te e

n la

med

ida

en q

ue e

l ing

reso

de

los

cont

ribu

yent

es s

ea m

ayor

. Est

o sig

nific

a qu

e si

el

ingr

eso

de u

n tr

amo

de c

ontr

ibuy

ente

s es

may

or a

l de

ot

ro t

ram

o de

con

trib

uyen

tes,

la c

arga

tri

buta

ria

del

prim

er tr

amo

debe

rá se

r may

or q

ue la

car

ga tr

ibut

aria

del

se

gund

o. A

dem

ás s

e pr

ocur

ará

que

el s

istem

a tr

ibut

ario

re

spon

da p

ositi

vam

ente

al c

reci

mie

nto

econ

ómic

o.

5. P

rogr

esiv

idad

252


6. E

stab

ilida

d y

cert

eza

La e

stab

ilida

d de

las r

egla

s tri

buta

rias

redu

ce lo

s rie

sgos

de

cam

bios

impr

evis

tos o

arb

itrar

ios,

per

miti

endo

que

lo

s co

ntri

buye

ntes

pue

dan

prev

er e

l m

onto

de

sus

oblig

acio

nes

trib

utar

ias,

y q

ue e

l Est

ado

pued

a pr

ever

el

flu

jo d

e im

pues

tos

paga

dos,

con

lo q

ue a

umen

ta la

ef

icie

ncia

y e

fect

ivid

ad d

e la

s m

edid

as r

ecau

dato

rias

.

Para

cum

plir

con

el

com

prom

iso

de i

ncre

men

tar

la

carg

a tr

ibut

aria

en

el a

ño 2

002

al 1

2% d

el P

IB,

se

real

izar

á un

a so

la r

efor

ma

trib

utar

ia e

n el

tra

nscu

rso

del

año

2000

par

a el

per

íodo

200

0-20

04,

la c

ual

se

enm

arca

rá

en

los

prin

cipi

os

y co

mpr

omis

os

del

pres

ente

Pac

to.

Dic

ha r

efor

ma

se a

com

paña

rá c

on

med

idas

enc

amin

adas

a a

mpl

iar

la b

ase

trib

utar

ia.

Las

med

idas

adi

cion

ales

de

orde

n no

tri

buta

rio

que

aseg

uren

la

refo

rma

fisca

l in

tegr

al c

onte

nida

en

el

pres

ente

Pac

to se

impl

emen

tará

n a

lo la

rgo

del p

erío

do

2000

-200

3.

6. E

stab

ilida

d y

cert

eza

7. S

impl

icid

adLa

si

mpl

icid

ad

de

un

sist

ema

trib

utar

io

faci

lita

el

cum

plim

ient

o de

la

s ob

ligac

ione

s tr

ibut

aria

s y

cont

ribu

ye a

la

cohe

renc

ia d

el s

iste

ma

impo

sitiv

o en

su

con

junt

o.

Se p

repa

rará

e i

ntro

duci

rá,

a m

ás t

arda

r en

el

año

2003

, un

a pr

opue

sta

que

inte

gre

el c

onju

nto

de l

a le

gisl

ació

n tr

ibut

aria

en

un s

olo

decr

eto

legi

slat

ivo,

co

n el

obj

eto

de a

vanz

ar e

n la

sim

plifi

caci

ón d

e la

le

gisl

ació

n tr

ibut

aria

.

7. S

impl

icid

ad

1. C

umpl

imie

nto

de la

s ob

ligac

ione

s tr

ibut

aria

s

La

adm

inis

trac

ión

trib

utar

ia

debe

ve

lar

por

el

cum

plim

ient

o de

la

s ob

ligac

ione

s tr

ibut

aria

s de

l co

ntri

buye

nte1

y si

mpl

ifica

r lo

s pr

oced

imie

ntos

ad

min

istr

ativ

os

para

al

canz

ar

este

ob

jetiv

o.

La

adm

inis

trac

ión

trib

utar

ia

tam

bién

de

be

gara

ntiz

ar

un a

lto c

umpl

imie

nto

en e

l pa

go d

e lo

s im

pues

tos,

ac

orde

con

las

tas

as i

mpo

sitiv

as c

onte

mpl

adas

en

la

legi

slac

ión

trib

utar

ia.

La S

uper

inte

nden

cia

de l

a A

dmin

istr

ació

n Tr

ibut

aria

(S

AT

) man

tend

rá y

ref

orza

rá la

eva

luac

ión

perm

anen

te

de

sus

proc

edim

ient

os

de

cobr

o,

fisca

lizac

ión

y co

ntro

l d

e m

aner

a qu

e lo

s co

ntri

buye

ntes

cum

plan

co

n su

s ob

ligac

ione

s tr

ibut

aria

s. C

omo

part

e de

est

a ac

tivid

ad, l

a SA

T d

eber

á in

icia

r, a

part

ir d

el a

ño 2

000,

la

intr

oduc

ción

gra

dual

de

un s

iste

ma

de p

rese

ntac

ión

elec

trón

ica

de

decl

arac

ione

s y

de

real

izac

ión

de

pago

s a

trav

és d

el d

ébito

en

la c

uent

a ba

ncar

ia d

el

cont

ribu

yent

e.

III.

Adm

inis

trac

ión

trib

utar

ia

Pri

ncip

ios

Com

prom

isos

1. C

umpl

imie

nto

de la

s ob

ligac

ione

s tr

ibut

aria

s

1 El t

érm

ino

cont

ribu

yent

e in

cluy

e a

las

pers

onas

indi

vidu

ales

de

ambo

s gé

nero

s y

a la

s pe

rson

as ju

rídi

cas.

253

Anexos

2. E

fici

enci

a y

efic

acia

del

cob

roLa

adm

inis

trac

ión

trib

utar

ia d

ebe

faci

litar

el

cum

pli-

mie

nto

de l

as o

blig

acio

nes

trib

utar

ias

por

part

e de

l co

ntri

buye

nte,

alc

anza

r la

s m

etas

de

rec

auda

ción

al

men

or c

osto

pos

ible

y a

umen

tar

al m

áxim

o la

rec

au-

daci

ón r

eal

resp

ecto

a l

a re

caud

ació

n po

tenc

ial

de

cada

impu

esto

.

Com

o pa

rte

de u

na e

stra

tegi

a gl

obal

e i

nteg

ral

de

fisca

lizac

ión

y co

ntro

l de

los

con

trib

uyen

tes,

la

SAT

fo

rtal

ecer

á, a

par

tir d

el a

ño 2

000,

su U

nida

d E

spec

ífica

de

Con

trib

uyen

tes

Esp

ecia

les

(art

. 6,

pár

rafo

2 d

e la

Le

y O

rgán

ica

de l

a SA

T).

La e

stra

tegi

a gl

obal

deb

erá

incl

uir

mec

anis

mos

esp

ecia

les

para

am

plia

r la

bas

e tr

ibut

aria

, in

corp

oran

do

a la

ec

onom

ía

info

rmal

, la

cua

l de

berá

rea

lizar

se d

e m

aner

a gr

adua

l, a

trav

és

del

dise

ño e

im

plem

enta

ción

de

un

régi

men

que

to

me

en c

onsi

dera

ción

las

car

acte

ríst

icas

eco

nóm

icas

y

soci

ales

del

sec

tor,

así

com

o la

s pr

opue

stas

de

sus

orga

niza

cion

es r

epre

sent

ativ

as.

Para

red

ucir

los

cos

tos

y ha

cer

más

tr

ansp

aren

te l

a re

caud

ació

n, la

SA

T s

e co

mpr

omet

e, e

n el

tra

nscu

rso

del

año

2000

, a

esta

blec

er:

a) u

n si

stem

a de

cue

nta

corr

ient

e tr

ibut

aria

ad

ecua

do

y de

re

conc

iliac

ión

de c

uent

as q

ue p

erm

ita

cruz

ar l

a in

form

ació

n de

re

caud

ació

n pr

oven

ient

e de

los

ban

cos

reca

udad

ores

co

n la

pro

porc

iona

da p

or e

l B

anco

de

Gua

tem

ala;

y

b) n

uevo

s m

ecan

ism

os d

e pa

go q

ue f

acili

ten

el

cum

plim

ient

o de

las

oblig

acio

nes

trib

utar

ias.

2. E

fici

enci

a y

efic

acia

del

cob

ro

El M

inist

erio

de

Fina

nzas

Púb

licas

y la

SA

T p

rom

over

án

las m

odifi

caci

ones

lega

les q

ue se

an n

eces

aria

s par

a fac

ilita

r y

simpl

ifica

r la

adm

inist

raci

ón tr

ibut

aria

, ase

gura

ndo

así

el c

umpl

imie

nto

de l

as o

blig

acio

nes

trib

utar

ias

de l

os

cont

ribu

yent

es.

El

Min

iste

rio

Públ

ico

fort

alec

erá

las

acci

ones

de

pe

rsec

ució

n de

los

del

itos

fisca

les

y de

aqu

ello

s qu

e se

des

pren

dan

de l

as f

alse

dade

s co

nten

idas

en

las

decl

arac

ione

s ju

rada

s y

en l

os d

ocum

ento

s co

ntab

les

rela

tivos

al p

ago

de lo

s tr

ibut

os.

Se in

sta

al O

rgan

ismo

Judi

cial

a m

ejor

ar la

s ca

paci

dade

s de

las i

nsta

ncia

s jud

icia

les e

spec

ializ

adas

en el

juzg

amie

nto

de lo

s del

itos y

falta

s fisc

ales

.

254


3. S

iste

ma

de

adm

inis

trac

ión

just

a y

no a

rbit

rari

a

El s

iste

ma

de a

dmin

istr

ació

n de

be e

star

suje

to a

regl

as

que

evite

n ac

cion

es a

rbitr

aria

s o

cam

bios

impr

evis

tos,

de

m

aner

a qu

e el

co

ntri

buye

nte

teng

a cl

aras

su

s ob

ligac

ione

s.

Se s

ugie

re q

ue a

par

tir d

el a

ño 2

001,

la C

omis

ión

de

Fina

nzas

del

Con

gres

o co

ntra

te,

bian

ualm

ente

, un

a ev

alua

ción

ind

epen

dien

te d

el p

roce

so d

e pa

go d

e lo

s im

pues

tos,

de

la p

erce

pció

n de

ese

pro

ceso

por

pa

rte

del

cont

ribu

yent

e y

de c

asos

doc

umen

tado

s de

ab

uso

o ac

cion

es a

rbitr

aria

s. I

gual

men

te,

se

sugi

ere

divu

lgar

am

plia

men

te lo

s re

sult

ados

de

la e

valu

ació

n.

La S

AT

se

com

prom

ete

a po

ner

en p

ráct

ica

aque

llas

reco

men

daci

ones

que

sim

plifi

quen

el

cum

plim

ient

o de

las

oblig

acio

nes

trib

utar

ias.

A

par

tir d

el añ

o 20

00 la

SA

T se

com

prom

ete a

impu

lsar

: a)

cam

paña

s de

info

rmac

ión

mas

ivas

dir

igid

as a

dar

a

cono

cer

las

oblig

acio

nes

trib

utar

ias

más

im

port

ante

s de

los

con

trib

uyen

tes

y b)

un

prog

ram

a de

ate

nció

n y

educ

ació

n pa

ra e

l peq

ueño

con

trib

uyen

te c

on e

l fin

de

fac

ilita

r su

inc

orpo

raci

ón a

la

econ

omía

for

mal

y

lega

l.

3. S

iste

ma

de

adm

inis

trac

ión

just

a y

no a

rbit

rari

a

4. C

onfi

anza

en

el

con

trib

uyen

teSe

pr

esum

e qu

e el

co

ntri

buye

nte

cum

ple

sus

oblig

acio

nes

trib

utar

ias,

mie

ntra

s no

se

com

prue

be

lo

cont

rari

o.

Est

a co

nfia

nza

en

el

cont

ribu

yent

e co

mpr

ende

la

aplic

ació

n de

pro

cedi

mie

nto

de c

obro

so

bre

la b

ase

de la

bue

na fe

.

La S

AT

se

com

prom

ete,

a p

artir

del

año

200

0, a

to

mar

med

idas

par

a fa

cilit

ar s

us r

elac

ione

s co

n el

co

ntri

buye

nte,

inc

luye

ndo

el p

roce

so d

e in

scri

pció

n y

decl

arac

ión

del

cont

ribu

yent

e, a

sí c

omo

el p

ago

de s

us t

ribu

tos.

Par

a m

ante

ner

un r

egis

tro

trib

utar

io

unifi

cado

ac

tual

izad

o,

la

SAT

de

berá

in

cent

ivar

al

co

ntri

buye

nte

a qu

e m

ante

nga

actu

aliz

ada

su

info

rmac

ión

indi

vidu

al,

envi

ándo

le p

or c

orre

o y

de

man

era

sist

emát

ica,

info

rmac

ión

sobr

e su

s es

tado

s de

cu

enta

, fo

rmul

ario

s e

inst

ruct

ivos

. A

par

tir d

el a

ño

2000

se

gene

raliz

ará

el u

so d

e la

dec

lara

ción

jur

ada

para

la in

scri

pció

n, d

ecla

raci

ón y

pag

o de

impu

esto

s.

4. C

onfi

anza

en

el

con

trib

uyen

te

255

Anexos

5. P

erse

cuci

ón

y co

mba

te

coor

dina

do d

el

incu

mpl

imie

nto

trib

utar

io

La d

ebili

dad

en l

a ap

licac

ión

de l

as s

anci

ones

y l

a im

puni

dad

daña

n a l

a adm

inis

trac

ión

trib

utar

ia. D

eber

á ev

itar

se la

apl

icac

ión

de t

odo

tipo

de c

ondo

naci

ones

o

amni

stía

s.

La

adm

inis

trac

ión

trib

utar

ia

debe

rá

impo

ner

seri

os c

rite

rios

de

disc

iplin

a ad

min

istr

ativ

a in

tern

os y

ext

erno

s. E

n el

ám

bito

int

erno

, ev

itan

do

y sa

ncio

nand

o el

com

port

amie

nto

inde

bido

de

sus

func

iona

rios

y f

unci

onar

ias;

en

el e

xter

no, a

plic

ando

m

edid

as r

igur

osas

de

sanc

ión

a lo

s co

ntri

buye

ntes

ev

asor

es y

a a

quel

los

que

utili

cen

el fr

aude

de

ley

para

no

cum

plir

sus

obl

igac

ione

s tr

ibut

aria

s.

La i

nscr

ipci

ón y

dec

lara

ción

de

los

cont

ribu

yent

es

debe

rá b

asar

se e

n de

clar

acio

nes

jura

das.

Par

a as

egur

ar

la

pers

ecuc

ión

de

delit

os

de

perj

urio

, fa

lsed

ad

y ev

asió

n qu

e se

der

iven

de

fals

edad

es c

onte

nida

s en

la

s de

clar

acio

nes

jura

das

y en

las

con

tabi

lidad

es d

e lo

s co

ntri

buye

ntes

, se

prom

over

án la

s m

odifi

caci

ones

le

gale

s p

ara

agili

zar

la a

plic

ació

n de

las

san

cion

es

corr

espo

ndie

ntes

.Se

inst

a a

los

orga

nism

os d

el E

stad

o a

crea

r, po

r le

y y

dura

nte

el tr

ansc

urso

del

año

200

0, u

n en

te in

tegr

ado

que

ataq

ue a

la

econ

omía

sub

terr

ánea

y c

omba

ta l

a ev

asió

n fis

cal,

bajo

la

ju

risd

icci

ón

del

Min

iste

rio

Públ

ico,

que

inc

luya

a l

a Po

licía

Nac

iona

l C

ivil,

a l

a SA

T y

al O

rgan

ism

o Ju

dici

al.

A p

artir

del

año

2000

la S

AT

se co

mpr

omet

e a re

forz

ar su

es

trat

egia

de

fisca

lizac

ión

con

base

en:

la

aplic

ació

n de

cr

iteri

os p

ara

dife

rent

es s

egm

ento

s de

con

trib

uyen

tes,

el

cru

ce d

e in

form

ació

n, l

a ut

iliza

ción

de

la r

elac

ión

vent

as/c

ompr

as d

ecla

rada

s en

el I

VA

, el i

ncen

tivo

a la

re

ctifi

caci

ón v

olun

tari

a de

las

dec

lara

cion

es a

ntes

de

un a

just

e po

r la

SA

T, la

util

izac

ión

de u

n si

stem

a ág

il y

efic

az d

e co

ntro

l de

em

isió

n y

cont

rol

de f

actu

ras,

la

apl

icac

ión

de la

san

ción

de

clau

sura

tem

pora

l a lo

s es

tabl

ecim

ient

os d

e co

ntri

buye

ntes

que

no

cum

plan

la

s no

rmas

de

fact

urac

ión,

y l

a im

plan

taci

ón d

e un

si

stem

a ef

icaz

de

gest

ión

para

eva

luar

el

resu

ltad

o de

la

s fis

caliz

acio

nes.

Se re

com

iend

a a

los o

rgan

ism

os d

el E

stad

o no

oto

rgar

am

nist

ías

ni c

ondo

naci

ones

fisc

ales

.

5. P

erse

cuci

ón

y co

mba

te

coor

dina

do d

el

incu

mpl

imie

nto

trib

utar

io

256


6. I

nsti

tuci

onal

idad

y

prof

esio

naliz

ació

nLa

est

rate

gia

y la

s ac

cion

es a

ado

ptar

deb

en t

ener

un

cará

cter

ins

tituc

iona

l y

no d

eben

dep

ende

r de

las

pe

rson

as q

ue t

rans

itori

amen

te e

stán

a c

argo

de

su

impl

emen

taci

ón.

La a

dmin

istr

ació

n tr

ibut

aria

deb

e co

ntar

con

per

sona

l pr

ofes

iona

l, su

jeto

a u

n pr

oces

o co

ntin

uo d

e ca

paci

taci

ón q

ue g

aran

tice

la cr

edib

ilida

d,

la e

stab

ilida

d y

la g

estió

n ef

icie

nte

y ho

nest

a de

su

trab

ajo.

Dur

ante

el

añ

o 20

01

la

SAT

po

ndrá

en

vi

genc

-ia

y

divu

lgar

á am

plia

men

te

un

Cód

igo

de

Etic

a ap

licab

le a

sus

fun

cion

ario

s. L

a SA

T s

e co

mpr

omet

e a

aseg

urar

, dur

ante

el m

ism

o añ

o, a

que

en

el m

arco

de

su

regl

amen

to i

nter

no q

ue r

egul

a el

rég

imen

de

pers

onal

, se

im

puls

e un

a pr

áctic

a de

eva

luac

ión

de

dese

mpe

ño d

el p

erso

nal y

un

prog

ram

a m

ultia

nual

de

capa

cita

ción

. La

SAT

se

com

prom

ete

a pa

rtir

del

año

20

01 a

ela

bora

r y a

util

izar

un

conj

unto

de

indi

cado

res

anua

les

de d

esem

peño

ins

tituc

iona

l, in

cluy

endo

la

met

a de

rec

auda

ción

. La

met

a de

rec

auda

ción

deb

erá

ser p

úblic

a pa

ra d

arle

segu

imie

nto

al c

umpl

imie

nto

de

las

oblig

acio

nes

del S

uper

inte

nden

te d

e la

SA

T.

6. I

nsti

tuci

onal

idad

y

prof

esio

naliz

ació

n

7. E

stra

tegi

a si

stém

ica

y tr

ansp

aren

te

y se

guim

ient

o co

ntin

uo

La e

stra

tegi

a y

las

acci

ones

a a

dopt

ar d

eben

ten

er u

n ca

ráct

er i

nstit

ucio

nal

y no

deb

en d

epen

der

de l

as

pers

onas

que

tra

nsito

riam

ente

est

án a

car

go d

e su

im

plem

enta

ción

. La

adm

inis

trac

ión

trib

utar

ia d

ebe

cont

ar c

on p

erso

nal

prof

esio

nal,

suje

to a

un

proc

eso

cont

inuo

de

capa

cita

ción

que

gar

antic

e la

cred

ibili

dad,

la

est

abili

dad

y la

ges

tión

efic

ient

e y

hone

sta

de s

u tr

abaj

o.

En

cum

plim

ient

o al

art

ícul

o 46

del

Dec

reto

1-9

8, l

a SA

T in

clui

rá c

omo

part

e de

su

info

rme

anua

l al f

inal

de

cad

a añ

o fis

cal:

a) u

n pl

an a

nual

de

oper

acio

nes,

qu

e es

peci

fique

sus

obj

etiv

os y

met

as d

e ca

da a

ño,

incl

uyen

do l

as d

e in

spec

ción

, ge

stió

n, r

ecau

daci

ón

y pr

esen

cia

físic

a as

í co

mo

las

nece

sida

des

de

mod

ifica

cion

es le

gisl

ativ

as p

ara

apoy

ar la

eje

cuci

ón d

el

plan

; y b

) una

cua

ntifi

caci

ón y

eva

luac

ión

de la

eva

sión

y

del c

osto

de

reca

udac

ión

de c

ada

impu

esto

, ade

más

de

inc

luir

otr

os i

ndic

ador

es d

e la

efic

ienc

ia

de l

a ad

min

istr

ació

n tr

ibut

aria

, inc

luye

ndo

prop

uest

as p

ara

mej

orar

la, r

espe

tand

o la

con

fiden

cial

idad

est

able

cida

en

la C

onst

ituci

ón P

olíti

ca d

e la

Rep

úblic

a. E

l inf

orm

e se

pre

sent

ará

al C

ongr

eso.

A

par

tir d

el a

ño 2

001,

la

deci

sión

del

Con

gres

o de

apr

obar

lo o

impr

obar

lo, y

el

info

rme,

se

div

ulga

rán

ampl

iam

ente

, ap

rove

chan

do

todo

s lo

s m

edio

s de

com

unic

ació

n.Pa

ra f

acili

tar

el s

egui

mie

nto

de s

us m

etas

, la

SA

T s

e co

mpr

omet

e, d

uran

te e

l tr

ansc

urso

del

año

200

0, a

co

nstit

uir

una

base

úni

ca d

e da

tos

de c

ontr

ibuy

ente

s,

7. E

stra

tegi

a si

stém

ica

y tr

ansp

aren

te

y se

guim

ient

o co

ntin

uo

257

Anexos

con

info

rmac

ión

com

plet

a y

actu

aliz

ada,

so

bre

el

grad

o de

cu

mpl

imen

to

de

las

oblig

acio

nes

trib

u-ta

rias

, in

cluy

endo

liq

uida

cion

es

de

fisca

lizac

ión,

ev

oluc

ión

de l

a ca

rter

a de

mor

osid

ad y

est

ado

de

las

cobr

anza

s. A

par

tir d

el a

ño 2

002,

se

elab

orar

án

info

rmes

, m

onog

rafía

s y

seri

es

esta

díst

icas

ac

erca

de

l co

mpo

rtam

ient

o de

los

con

trib

uyen

tes,

cla

sific

a-do

s po

r gr

ado

de

cum

plim

ient

o,

dim

ensi

ón

econ

ómic

a, s

ecto

r de

act

ivid

ad e

inc

iden

cia

de l

os

impu

esto

s pa

gado

s, r

espe

tand

o la

s co

ndic

ione

s de

co

nfid

enci

alid

ad

esta

blec

idas

po

r la

C

onst

ituci

ón

Polít

ica

de la

Rep

úblic

a.

1. P

rior

idad

es c

lara

sLa

s pri

orid

ades

bás

icas

de g

asto

púb

lico

son

esta

blec

idas

po

r la

C

onst

ituci

ón

Polít

ica

de

la

Rep

úblic

a,

los

Acu

erdo

s de

Pa

z,

la

disc

usió

n pa

rtic

ipat

iva

de

la

soci

edad

, y

el

proc

eso

dem

ocrá

tico,

tr

ansp

aren

te

y pú

blic

o.

Dad

o un

co

ntex

to

de

nece

sida

des

insa

tisfe

chas

, el

gas

to p

úblic

o de

berá

can

aliz

arse

de

acue

rdo

con

prio

rida

des

clar

as.

Se c

umpl

irá

con

las

met

as d

e lo

s A

cuer

dos

de P

az e

n m

ater

ia d

e ga

sto

educ

ació

n, s

alud

, vi

vien

da,

just

icia

, se

guri

dad

y de

sarr

ollo

ru

ral,

esta

blec

idas

pa

ra

el

año

2000

. Se

asu

me

el c

ompr

omis

o de

im

puls

ar y

co

ncer

tar,

en e

l pri

mer

trim

estr

e de

cad

a go

bier

no, l

as

met

as s

ecto

rial

es d

e ga

sto.

IV. G

asto

púb

lico

Pri

ncip

ios

Com

prom

isos

1. P

rior

idad

es c

lara

s

2. V

isió

n de

nac

ión

de la

rgo

plaz

oE

l ga

sto

públ

ico

debe

enm

arca

rse

dent

ro d

e un

a vi

sión

de

desa

rrol

lo d

e la

rgo

plaz

o, c

omo

part

e de

un

proy

ecto

com

part

ido

de N

ació

n, p

ara

lo c

ual

debe

ob

edec

er a

cri

teri

os d

e pr

ogre

sivi

dad,

sol

idar

idad

y

equi

dad.

Ent

re e

l 20

01 y

200

4, e

l go

bier

no s

e co

mpr

omet

e a

form

ular

e

impl

emen

tar

un

Sist

ema

Nac

iona

l de

In

vers

ión

Públ

ica

que

utili

ce c

rite

rios

técn

icos

ex-

ante

y

ex-p

ost

para

asi

gnar

y e

valu

ar e

l ga

sto

públ

ico.

En

este

con

text

o se

for

mul

ará

y da

rá a

con

ocer

, a

part

ir

del a

ño 2

001,

un

Prog

ram

a M

ultia

nual

de

Inve

rsio

nes

Públ

icas

. Se

dará

a c

onoc

er, a

par

tir d

el a

ño 2

002,

el

prog

ram

a de

gas

to p

úblic

o m

ultia

nual

.

2. V

isió

n de

nac

ión

de la

rgo

plaz

o

258


3. A

just

e y

gast

o so

cial

El

gast

o so

cial

pri

orit

ario

no

debe

util

izar

se c

omo

mec

anis

mo

de a

just

e pa

ra n

ivel

ar l

as c

uent

as f

isca

les

en p

erío

dos

de c

risi

s o

rece

sión

.

En

caso

de

requ

erir

se u

n pr

ogra

ma

de a

just

e de

l gas

to

públ

ico,

el

gast

o so

cial

pri

orit

ario

no

dism

inui

rá,

en

térm

inos

rea

les

y co

mo

prop

orci

ón d

el P

IB.

3. A

just

e y

gast

o so

cial

4. C

ongr

uenc

ia

con

la p

rodu

cció

n na

cion

al

La

polít

ica

econ

ómic

a m

ante

ndrá

un

a re

laci

ón

cong

ruen

te e

ntre

el

gast

o pú

blic

o y

la p

rodu

cció

n na

cion

al,

com

o es

tabl

ece

la C

onst

ituci

ón P

olíti

ca d

e la

Rep

úblic

a en

el

artíc

ulo

119,

inc

iso

m. L

a po

lític

a ec

onóm

ica

y de

gas

to p

úblic

o de

berá

n se

r pr

eact

ivas

pr

ivile

gian

do

la

inve

rsió

n pr

oduc

tiva

sobr

e la

es

pecu

lativ

a.

Dur

ante

el

prim

er t

rim

estr

e de

cad

a go

bier

no,

se

fijar

án

met

as

glob

ales

de

ga

sto

públ

ico.

D

icha

s m

etas

est

arán

aco

rdes

al

nive

l de

ing

reso

s to

tale

s pr

ogra

mad

os,

basá

ndos

e C

onst

ituci

ón P

olíti

ca d

e la

R

epúb

lica

y en

los A

cuer

dos d

e Pa

z. S

e ga

rant

izar

á qu

e el

gas

to p

úblic

o se

a pr

ogre

sivo

, es

peci

alm

ente

en

lo

rela

tivo

al g

asto

soc

ial p

rior

itar

io. E

sto

sign

ifica

que

al

tram

o m

ás b

ajo

del n

ivel

de

ingr

eso,

le c

orre

spon

derá

un

a m

ayor

pro

porc

ión

del g

asto

.

4. C

ongr

uenc

ia

con

la p

rodu

cció

n na

cion

al

5.

Com

plem

enta

ción

en

tre

la in

vers

ión

públ

ica

y pr

ivad

a

Deb

en

busc

arse

re

laci

ones

de

co

mpl

emen

taci

ón

entr

e la

act

ivid

ad p

úblic

a y

priv

ada.

Tal

com

plem

en-

taci

ón n

o de

be n

eutr

aliz

ar,

limit

ar o

res

trin

gir

las

oblig

acio

nes

y el

pap

el r

ecto

r de

l E

stad

o, e

stab

leci

do

en l

a C

onst

ituci

ón P

olíti

ca d

e la

Rep

úblic

a y

en l

os

Acu

erdo

s de

Paz

.

Ent

re e

l año

200

1 y

2004

la in

vers

ión

públ

ica

no p

odrá

se

r in

feri

or a

l 4%

del

PIB

por

año

. Se

inst

a a

los

orga

-ni

smos

de

l E

stad

o a

refo

rzar

la

co

mpl

emen

taci

ón

entr

e la

inv

ersi

ón p

úblic

a y

priv

ada,

dán

dole

énf

asis

a

la e

jecu

ción

de

proy

ecto

s de

inv

ersi

ón p

úblic

a en

lo

s se

ctor

es d

e ju

stic

ia,

segu

rida

d, e

duca

ción

, sa

lud

y se

guri

dad

soci

al, i

nfra

estr

uctu

ra b

ásic

a y

vivi

enda

, rec

ur-

sos

natu

rale

s y

med

io a

mbi

ente

, acc

eso

a la

pro

pied

ad

de la

tier

ra y

pro

yect

os p

rodu

ctiv

os p

ara

aseg

urar

el u

so

efic

ient

e de

la m

ism

a, c

on b

ase

al A

cuer

do d

e A

spec

tos

Soci

oeco

nóm

icos

y S

ituac

ión

Agr

aria

y e

l A

cuer

do

de I

dent

idad

y D

erec

hos

de l

os P

uebl

os I

ndíg

enas

. El

gobi

erno

, en

cons

ulta

con

las u

nive

rsid

ades

, cen

tros

de

inve

stig

ació

n, s

ecto

res

empr

esar

iale

s, m

unic

ipal

idad

es,

cole

gios

pr

ofes

iona

les

y ot

ras

orga

niza

cion

es

de

la

soci

edad

civ

il, y

ant

es d

e qu

e te

rmin

e el

año

200

0, s

e co

mpr

omet

e a p

lant

ear p

ropu

esta

s sob

re la

s def

inic

ione

s de

ofe

rta

y de

man

da d

e in

vers

ión

públ

ica

y de

bie

nes

públ

icos

en

Gua

tem

ala.

Las

pro

pues

tas

se p

rese

ntar

án

en u

n fo

ro n

acio

nal p

ara

su v

alid

ació

n.

5.

Com

plem

enta

ción

en

tre

la in

vers

ión

públ

ica

y pr

ivad

a

259

Anexos

6. C

alid

ad y

pr

oduc

tivi

dad

del

gast

o pú

blic

o

Deb

en

busc

arse

re

laci

ones

de

co

mpl

emen

taci

ón

entr

e la

act

ivid

ad p

úblic

a y

priv

ada.

Tal

com

plem

en-

taci

ón n

o de

be n

eutr

aliz

ar,

limit

ar o

res

trin

gir

las

oblig

acio

nes

y el

pap

el r

ecto

r de

l E

stad

o, e

stab

leci

do

en l

a C

onst

ituci

ón P

olíti

ca d

e la

Rep

úblic

a y

en l

os

Acu

erdo

s de

Paz

.

Con

side

rand

o la

tra

scen

denc

ia d

e ev

alua

r el

impa

cto

del

gast

o, s

e ad

opta

rá e

n el

tra

nscu

rso

del

año

2001

, en

el

cont

exto

del

Sis

tem

a N

acio

nal

de I

nver

sión

Pú

blic

a, e

l Si

stem

a de

Ind

icad

ores

de

Ges

tión

que

perm

ita

eval

uar

la

efic

ienc

ia

y ef

icac

ia

del

gast

o,

incl

uyen

do s

us c

arac

terí

stic

as d

e pr

ogre

sivi

dad.

Com

o pa

rte

de l

a ev

alua

ción

se

debe

aba

rcar

el

exam

en d

el

impa

cto

econ

ómic

o y

soci

al, a

dem

ás d

e la

fact

ibili

dad

finan

cier

a, t

écni

ca y

adm

inis

trat

iva.

Las

asi

gnac

ione

s pr

esup

uest

aria

s deb

erán

real

izar

se to

man

do e

n cu

enta

la

s ev

alua

cion

es d

e es

tos

indi

cado

res.

6. C

alid

ad y

pr

oduc

tivi

dad

del

gast

o pú

blic

o

7. U

nida

d y

tran

spar

enci

aD

ebe

resp

etar

se la

uni

dad

de c

aja

del p

resu

pues

to, a

sí

com

o su

nat

ural

eza

glob

al, d

e m

aner

a qu

e in

cluy

a la

es

timac

ión

de to

dos

los

ingr

esos

a o

bten

er y

el d

etal

le

del

conj

unto

de

gast

os e

inv

ersi

ones

por

rea

lizar

. To

dos

los

gast

os c

uasi

fisca

les

debe

rán

cuan

tific

arse

, y

debe

rán

incl

uirs

e co

mo

una

cuen

ta e

spec

ial d

el p

resu

-pu

esto

nac

iona

l.

El

gobi

erno

pr

esen

tará

ci

fras

co

nsol

idad

as

de

ingr

esos

, ga

stos

y

oper

acio

nes

de

deud

a a

part

ir

del

año

2001

. Se

ins

ta a

los

otr

os o

rgan

ism

os d

el

Est

ado,

a l

as m

unic

ipal

idad

es,

entid

ades

aut

ónom

as,

sem

iaut

ónom

as y

des

cent

raliz

adas

, a

proc

eder

de

la

mis

ma

man

era.

Se

crea

rá,

en e

l tr

ansc

urso

del

año

20

00, u

na u

nida

d es

peci

aliz

ada

dedi

cada

a c

uant

ifica

r la

s op

erac

ione

s cu

asifi

scal

es d

el E

stad

o. E

sta

unid

ad

prep

arar

á y

hará

de

cono

cim

ient

o pú

blic

o un

info

rme

a pa

rtir

del

año

200

2, q

ue in

clui

rá la

s rec

omen

daci

ones

pa

ra s

u in

corp

orac

ión

en p

resu

pues

tos

futu

ros.

7. U

nida

d y

tran

spar

enci

a

1. L

a de

uda

no

es s

usti

tuta

de

los

ingr

esos

cor

rien

tes

del E

stad

o

La d

euda

deb

e se

rvir

par

a fin

anci

ar d

eseq

uilib

rios

tr

ansi

tori

os

entr

e el

to

tal

de

ingr

esos

y

gast

os

y co

nstit

uir

un in

stru

men

to d

e de

sarr

ollo

deb

idam

ente

su

perv

isad

o, c

ontr

olad

o y

regu

lado

por

el E

stad

o. L

a de

uda

debe

ser

com

plem

enta

ria

y n

o su

stitu

tiva

del

esfu

erzo

inte

rno.

El n

uevo

end

euda

mie

nto

públ

ico

neto

en

el p

erío

do

2001

-200

3 de

berá

situ

arse

alr

eded

or d

el 1

% d

el P

IB,

com

o pr

omed

io a

nual

. A

par

tir d

el 2

004,

el

nuev

o en

deud

amie

nto

públ

ico

se h

ará

com

patib

le c

on l

os

com

prom

isos

del

bal

ance

fisc

al.

V. D

euda

púb

lica

Pri

ncip

ios

Com

prom

isos

1. L

a de

uda

no

es s

usti

tuta

de

los

ingr

esos

cor

rien

tes

del E

stad

o

260


2. L

egal

idad

de

la a

prob

ació

n y

cont

rata

ción

de

la

deud

a pú

blic

a

La ge

stió

n pr

uden

te d

e la d

euda

deb

e est

ar ac

ompa

ñada

po

r un

a es

tric

ta o

bser

vanc

ia d

e lo

s re

quis

itos

que

esta

blec

e la

Con

stitu

ción

Pol

ítica

de

la R

epúb

lica

en

mat

eria

de

deud

a, t

oman

do e

n cu

enta

las

opi

nion

es

del P

oder

Eje

cutiv

o y

de la

Junt

a M

onet

aria

.

El

Min

iste

rio

de F

inan

zas

y el

Ban

co d

e G

uate

mal

a so

met

erán

anu

alm

ente

a c

onsi

dera

ción

del

Con

gres

o de

la

R

epúb

lica

la

apro

baci

ón

de

cupo

s pa

ra

la

cont

rata

ción

de

créd

ito y

la e

mis

ión

de o

blig

acio

nes.

Se

so

licit

ará

opin

ión

cons

ultiv

a a

la

Cor

te

de

Con

stitu

cion

alid

ad so

bre

la in

terp

reta

ción

del

art

ícul

o 17

1, i

ncis

o I,

y d

el a

rtíc

ulo

133

de l

a C

onst

ituci

ón

Polít

ica

de la

Rep

úblic

a so

bre

este

asp

ecto

.

2. L

egal

idad

de

la a

prob

ació

n y

cont

rata

ción

de

la

deud

a pú

blic

a

3. S

egui

mie

nto

y tr

ansp

aren

cia

de la

de

uda

públ

ica

El

gobi

erno

deb

e el

abor

ar y

div

ulga

r un

pro

gram

a m

ultia

nual

de

man

ejo

de l

a de

uda

públ

ica

para

el

perí

odo

com

plet

o de

su

man

dato

. D

ebe

incl

uirs

e to

da

deud

a pú

blic

a,

inte

rna

y ex

tern

a.

A

dem

ás,

las

gara

ntía

s ot

orga

das

por

el E

stad

o, j

unto

con

los

de

más

co

mpr

omis

os

impl

ícito

s de

de

uda

públ

ica,

o

de r

ecur

sos

de c

oope

raci

ón i

nter

naci

onal

(co

mo

com

prom

isos

de

cont

rapa

rte)

, deb

en se

r ide

ntifi

cada

s,

cuan

tific

adas

, ev

alua

das

técn

icam

ente

y s

er p

arte

del

pr

esup

uest

o na

cion

al.

A t

ravé

s de

una

uni

dad

conj

unta

, co

nfor

mad

a po

r el

B

anco

de

Gua

tem

ala

y el

Min

iste

rio

de F

inan

zas,

se

coor

dina

rán

las

oper

acio

nes

de m

erca

do a

bier

to y

el

ende

udam

ient

o pú

blic

o en

gen

eral

, así

com

o aq

uella

s ot

ras

acci

ones

que

inc

iden

en

el m

erca

do f

inan

cier

o.

Por

med

io d

e es

ta U

nida

d y

de m

aner

a si

mul

tane

a co

n la

pre

sent

ació

n de

l an

tepr

oyec

to d

e Pr

esup

uest

o G

ener

al d

e In

gres

os y

Egr

esos

de

cada

per

iodo

fisc

al, s

e ha

rá p

úblic

o el

pro

gram

a de

end

euda

mie

nto,

ser

vici

o y

amor

tizac

ión

de d

euda

púb

lica

y de

otr

as a

ccio

nes

afin

es, c

on e

l obj

eto

de d

ism

inui

r la

ince

rtid

umbr

e qu

e es

as o

pera

cion

es g

ener

an e

n lo

s m

erca

dos

finan

cier

os.

El M

inis

teri

o de

Fin

anza

s har

á púb

lico,

en la

liqu

idac

ión

anua

l de

l pr

esup

uest

o, l

os m

onto

s de

fin

anci

amie

nto

dire

cto

o in

dire

cto,

gar

antía

o a

val o

torg

ado

al s

iste

ma

finan

cier

o u

otro

s sec

tore

s de

la e

cono

mía

.

3. S

egui

mie

nto

y tr

ansp

aren

cia

de la

de

uda

públ

ica

4. P

rude

ncia

en

el e

ndeu

dam

ient

o di

rect

o de

lo

s go

bier

nos

mun

icip

ales

Se

inst

a a

los

gobi

erno

s m

unic

ipal

es

a ob

serv

ar

prud

enci

a en

la

co

ntra

taci

ón

de

prés

tam

os

con

banc

os

y en

tidad

es

finan

cier

as

auto

riza

das

para

op

erar

en

Gua

tem

ala.

Se

reco

mie

nda

adem

ás u

tiliz

ar

resp

onsa

blem

ente

est

a po

test

ad y

hac

erla

com

patib

le

con

su c

apac

idad

de

pago

.

Se i

mpu

lsar

án,

dent

ro d

e la

ref

orm

a pr

evis

ta e

n lo

s A

cuer

dos

de P

az a

l C

ódig

o M

unic

ipal

, lo

s ca

mbi

os

nece

sari

os

para

ap

unta

lar

el

uso

resp

onsa

ble

del

ende

udam

ient

o pú

blic

o y

arm

oniz

arlo

co

n el

tr

atam

ient

o co

nstit

ucio

nal.

En

el t

rans

curs

o de

l añ

o 20

00,

el I

nstit

uto

de F

omen

to M

unic

ipal

(IN

FOM

), en

con

junt

o co

n la

s m

unic

ipal

idad

es y

en

cons

ulta

4. P

rude

ncia

en

el e

ndeu

dam

ient

o di

rect

o de

lo

s go

bier

nos

mun

icip

ales

261

Anexos

con

la s

ocie

dad

civi

l, es

tabl

ecer

á un

a m

etod

olog

ía

com

ún q

ue t

ome

en c

uent

a cr

iteri

os e

conó

mic

os y

fin

anci

eros

par

a es

tabl

ecer

la c

apac

idad

de

pago

de

los

mun

icip

ios.

5. V

igila

ncia

y

cuan

tifi

caci

ón

de lo

s pa

sivo

s co

ntin

gent

es

Las c

ircu

nsta

ncia

s cam

bian

tes d

e la

eco

nom

ía n

acio

nal

e in

tern

acio

nal

just

ifica

n pr

ever

aq

uello

s pa

sivo

s co

ntin

gent

es

que

even

tual

men

te

pued

an

ejer

cer

pres

ión

sobr

e la

s fin

anza

s pú

blic

as.

La u

nida

d es

peci

aliz

ada

dedi

cada

a la

cua

ntifi

caci

ón d

e la

s ope

raci

ones

cuas

i fis

cale

s del

Est

ado

(com

prom

iso

7 de

l Gas

to P

úblic

o) m

ante

ndrá

en

estu

dio

perm

anen

te

la e

volu

ción

de

los

pasi

vos

cont

inge

ntes

.

5. V

igila

ncia

y

cuan

tifi

caci

ón

de lo

s pa

sivo

s co

ntin

gent

es

1. D

erec

hos

sobr

e

la p

ropi

edad

pú

blic

a

La p

ropi

edad

púb

lica

no d

ebe

esta

r su

jeta

al

acce

so

irre

stri

cto

ni a

la a

prop

iaci

ón il

egíti

ma.

El a

cces

o, u

so

y tr

ansf

eren

cia

de l

a pr

opie

dad

públ

ica

debe

ser

en

func

ión

soci

al y

est

ar e

nmar

cado

en

la C

onst

ituci

ón

Polít

ica

de la

Rep

úblic

a.

Se c

rear

á, a

ntes

del

año

200

3, l

egis

laci

ón e

spec

ífica

pa

ra e

stab

lece

r cl

aram

ente

el r

égim

en le

gal r

elat

ivo

al

acce

so, u

so y

pro

tecc

ión

de la

pro

pied

ad p

úblic

a. P

ara

ello

se

inst

a a

los

orga

nism

os d

el E

stad

o a

revi

sar

la

legi

slac

ión

exis

tent

e, l

a cu

al s

e in

tegr

ará

en u

na L

ey

Reg

ulad

ora

de B

iene

s de

l E

stad

o. A

dici

onal

men

te,

y si

fue

ra n

eces

ario

, se

em

itirá

leg

isla

ción

esp

ecífi

ca

para

los

bien

es d

el E

stad

o a

los

que

hace

ref

eren

cia

el

artíc

ulo

121

de la

Con

stitu

ción

Pol

ítica

de

la R

epúb

lica

y lo

s A

cuer

dos

de P

az.

Dic

ha l

egis

laci

ón d

eber

á se

r in

tegr

al y

gar

antiz

ar la

tran

spar

enci

a de

est

os p

roce

sos,

as

í co

mo

el a

cces

o gr

atui

to a

la

info

rmac

ión

bási

ca

rela

tiva

a la

s op

erac

ione

s re

laci

onad

as c

on l

os b

iene

s de

l Est

ado.

VI.

Pat

rim

onio

púb

lico

Pri

ncip

ios

Com

prom

isos

1. D

erec

hos

sobr

e

la p

ropi

edad

pú

blic

a

2. U

so d

e lo

s bi

enes

de

l Est

ado

con

base

en

el i

nter

és s

ocia

l

El

uso

de l

os b

iene

s de

l E

stad

o de

be a

decu

arse

a l

as

nece

sida

des

del c

onju

nto

de la

soc

ieda

d, to

man

do e

n cu

enta

los

int

eres

es d

e la

s ge

nera

cion

es p

rese

ntes

y

futu

ras.

A p

artir

del

año

200

1 el

org

anis

mo

ejec

utiv

o pr

esen

tará

al

Con

gres

o de

la

Rep

úblic

a un

inf

orm

e an

ual

sobr

e la

evo

luci

ón d

el p

atri

mon

io p

úblic

o, d

ándo

le a

mpl

ia

divu

lgac

ión.

2. U

so d

e lo

s bi

enes

de

l Est

ado

con

base

en

el i

nter

és s

ocia

l

262


3. R

espo

nsab

ilida

d an

te la

soc

ieda

dE

l E

stad

o y

sus

func

iona

rios

y

func

iona

rias

so

n re

spon

sabl

es

ante

la

so

cied

ad

de

la

corr

ecta

ad

min

istr

ació

n de

l pat

rim

onio

púb

lico.

El

orga

nism

o ej

ecut

ivo

solic

itar

á al

Con

gres

o de

la

Rep

úblic

a la

rev

isió

n, a

ntes

del

200

1, d

e la

Ley

de

Res

pons

abili

dad

y Pro

bida

d pa

ra as

egur

ar q

ue la

gest

ión

de l

as y

los

ser

vido

res

públ

icos

res

pete

la

inte

grid

ad

del

patr

imon

io p

úblic

o, s

ujet

ándo

les

a la

pos

ibili

dad

de r

espo

nder

con

su

patr

imon

io p

erso

nal

ante

cas

os

de m

erm

a de

l pat

rim

onio

púb

lico

y en

riqu

ecim

ient

o ilí

cito

. Se

inst

a al

Con

gres

o de

la R

epúb

lica

a pr

oced

er

a ta

l re

visi

ón.

El

Min

iste

rio

Públ

ico,

la

Con

tral

oría

G

ener

al d

e C

uent

as y

la

Proc

urad

uría

Gen

eral

de

la

Nac

ión

debe

n fo

rtal

ecer

las

acc

ione

s qu

e ga

rant

icen

la

apl

icac

ión

de s

anci

ones

par

a ca

stig

ar la

apr

opia

ción

in

debi

da d

e bi

enes

del

Est

ado.

3. R

espo

nsab

ilida

d an

te la

soc

ieda

d

4. I

nfor

mac

ión

y se

guim

ient

o de

l pa

trim

onio

Deb

e as

egur

arse

el

regi

stro

com

plet

o de

l pa

trim

onio

pú

blic

o. C

uand

o se

tra

ta d

e bi

enes

inm

uebl

es,

el

regi

stro

deb

e in

clui

r lo

s pl

anos

cor

resp

ondi

ente

s e

info

rmac

ión

sobr

e su

ubi

caci

ón p

reci

sa y

sob

re o

tras

ca

ract

erís

ticas

impo

rtan

tes.

Las

y lo

s ciu

dada

nos d

eben

te

ner

acce

so c

ompl

eto

y op

ortu

no a

la

info

rmac

ión

sobr

e el

pat

rim

onio

púb

lico.

El o

rgan

ism

o ej

ecut

ivo

se c

ompr

omet

e a

pres

enta

r, en

el

año

200

2, u

n ba

lanc

e ge

nera

l pre

limin

ar d

el E

stad

o so

bre

el p

atri

mon

io q

ue e

sté

bajo

su

adm

inis

trac

ión,

y

que

cons

tituy

a un

a fu

ente

rea

lista

y c

onfia

ble

del

mis

mo.

Con

bas

e al

art

ícul

o 12

1 de

la

Con

stitu

ción

Po

lític

a de

la R

epúb

lica,

se in

sta

a la

s mun

icip

alid

ades

a

actu

ar d

e ig

ual m

aner

a. S

e de

finir

á, e

n el

año

200

3,

la e

stru

ctur

a in

stitu

cion

al q

ue t

enga

com

o fu

nció

n la

pr

otec

ción

y r

egis

tro

de l

as p

ropi

edad

es d

el E

stad

o,

el m

ante

nim

ient

o de

un

recu

ento

act

ualiz

ado

del

patr

imon

io q

ue l

o co

mpo

ne y

su

inte

grac

ión

en u

n ba

lanc

e ge

nera

l, as

í com

o la

difu

sión

de

la in

form

ació

n re

sult

ante

, ap

rove

chan

do l

as c

apac

idad

es q

ue o

frec

e el

Sis

tem

a In

tegr

ado

de A

dmin

istr

ació

n Fi

nanc

iera

- Si

stem

a de

Aud

itorí

a G

uber

nam

enta

l (S

IAF-

SAG

).

4. I

nfor

mac

ión

y se

guim

ient

o de

l pa

trim

onio

5. I

mpu

esto

s co

mo

part

e de

l pa

trim

onio

del

E

stad

o

Los

ingr

esos

fis

cale

s y

mun

icip

ales

son

bie

nes

del

Est

ado.

Los

impu

esto

s no

reca

udad

os e

quiv

alen

a u

na

dism

inuc

ión

del p

atri

mon

io p

úblic

o. L

a pe

rson

a qu

e se

apr

opie

de

los

impu

esto

s in

frin

ge la

ley.

La S

AT

pre

sent

ará,

a p

artir

del

año

200

0, e

n lo

que

co

rres

pond

e a

los

ingr

esos

fis

cale

s, u

n in

form

e an

ual

sobr

e la

eva

sión

y d

efra

udac

ión

trib

utar

ia,

así

com

o re

com

enda

cion

es

para

el

imin

arla

; di

cho

info

rme

5. I

mpu

esto

s co

mo

part

e de

l pa

trim

onio

del

E

stad

o

263

Anexos

incl

uirá

ade

más

las

acci

ones

rea

lizad

as p

ara

com

batir

-lo

s. D

e ig

ual

form

a, s

e in

sta

a la

s m

unic

ipal

idad

es a

pr

esen

tar

un in

form

e si

mila

r en

lo q

ue s

e re

fiere

a lo

s in

gres

os m

unic

ipal

es.

1. E

tica

de

la

gest

ión

públ

ica

La

dim

ensi

ón

étic

a de

la

ge

stió

n pú

blic

a de

be

prev

alec

er e

n la

s ac

cion

es d

e to

da y

tod

o se

rvid

or

públ

ico,

con

el f

in d

e as

egur

ar q

ue s

ean

cong

ruen

tes

con

la b

úsqu

eda

del b

ien

com

ún.

Se i

nsta

a l

os o

rgan

ism

os d

el E

stad

o a

esta

blec

er,

en

el a

ño 2

002,

un

mec

anis

mo

inst

ituci

onal

par

a ev

alua

r el

des

empe

ño é

tico

de s

us fu

ncio

nari

os y

func

iona

rias

co

n ba

se e

n de

nunc

ias

y si

stem

as p

ropi

os d

e co

ntro

l. Se

im

puls

arán

pro

gram

as p

erm

anen

tes

de e

duca

ción

y

orie

ntac

ión

étic

a pa

ra la

s y

los

serv

idor

es p

úblic

os a

pa

rtir

del

año

200

1.

VII

. Eva

luac

ión

y co

ntro

l

Pri

ncip

ios

Com

prom

isos

1. E

tica

de

la

gest

ión

públ

ica

2. S

ujec

ión

a la

ley

La fu

nció

n pú

blic

a es

tá s

ujet

a a

la le

y. L

a le

y de

limit

a el

acc

iona

r de

las

y l

os

serv

idor

es

públ

icos

y e

s su

m

arco

de

acci

ón.

Se

inst

a a

los

orga

nism

os

del

Est

ado

a ej

ecut

ar

cont

inua

men

te,

a pa

rtir

del

año

200

1, p

rogr

amas

de

prof

undi

zaci

ón d

el c

onoc

imie

nto

de l

a le

y po

r pa

rte

de la

s y

los

serv

idor

es p

úblic

os.

2. S

ujec

ión

a la

ley

3. C

ontr

ol d

e la

ef

icie

ncia

y e

fica

cia

en e

l uso

de

los

recu

rsos

púb

licos

Los

recu

rsos

púb

licos

deb

en s

er t

rata

dos

com

o un

re

curs

o es

caso

. Po

r lo

tan

to,

los

prog

ram

as d

e ga

sto

públ

ico

debe

n cu

mpl

ir

obje

tivos

es

pecí

ficos

, co

n la

may

or c

alid

ad y

al

men

or c

osto

pos

ible

y c

on

orie

ntac

ión

de s

ervi

cio

a la

ciu

dada

nía,

por

lo

que

debe

n ex

istir

mec

anis

mos

de

eval

uaci

ón y

mon

itore

o de

su

efic

ienc

ia y

efic

acia

.

Se m

ante

ndrá

y s

e m

ejor

ará

el s

iste

ma

SIA

F-SA

G.

Asi

mis

mo,

se

fort

alec

erán

, en

el a

ño 2

001,

un

idad

es

técn

icas

par

a di

seña

r e

impl

emen

tar

sist

emas

par

a m

ejor

ar e

l uso

de

los

recu

rsos

púb

licos

y p

ara

lleva

r a

cabo

eva

luac

ione

s es

peci

aliz

adas

ex-

ante

y e

x-po

st d

el

gast

o pú

blic

o y

de p

roye

ctos

. Pa

ra la

s ev

alua

cion

es d

e pr

oyec

tos (

ex¬p

ost d

e ga

sto)

deb

erá

tom

arse

en

cuen

ta

el

Sist

ema

de

Indi

cado

res

de

Ges

tión

esta

blec

ido

para

el

efec

to.

Est

as u

nida

des

debe

rán

coor

dina

r su

s ac

tivid

ades

ent

re s

í y c

on la

Uni

dad

de a

seso

ría

fisca

l de

l Con

gres

o.

3. C

ontr

ol d

e la

ef

icie

ncia

y e

fica

cia

en e

l uso

de

los

recu

rsos

púb

licos

264


4. C

omba

te a

la

corr

upci

ón y

a la

im

puni

dad

El

com

bate

a

la

corr

upci

ón

y a

la

impu

nida

d de

be b

asar

se e

n a

sist

ema

lega

l qu

e ga

rant

ice

las

inve

stig

acio

nes

inde

pend

ient

es, e

l deb

ido

proc

eso

y la

ap

licac

ión

y cu

mpl

imie

nto

de la

s pe

nas.

En

el t

rans

curs

o de

l año

200

0 el

Est

ado

y la

soc

ieda

d gu

atem

alte

ca

asum

irán

co

mpr

omis

os

de

cará

cter

na

cion

al p

ara

com

batir

la im

puni

dad

y la

cor

rupc

ión

med

iant

e la

ado

pció

n de

pro

gram

as p

erm

anen

tes

de

prev

enci

ón,

así

com

o de

pro

gram

as d

e pr

omoc

ión,

qu

e in

cluy

an c

ampa

ñas

de e

duca

ción

, pa

ra f

avor

ecer

la

con

duct

a ét

ica

del

conj

unto

de

la s

ocie

dad.

El

orga

nism

o ej

ecut

ivo

fort

alec

erá

inst

ituci

onal

men

te la

s de

pend

enci

as e

ncar

gada

s de

com

batir

la c

orru

pció

n y

la im

puni

dad.

El g

obie

rno

se c

ompr

omet

e a

pres

enta

r un

in

form

e an

ual

sobr

e lo

s ca

sos

dete

ctad

os

de

corr

upci

ón.

Se s

ugie

re q

ue e

n el

año

200

1 se

eva

lúe

y en

su

caso

, rat

ifiqu

e la

Con

venc

ión

Mun

dial

con

tra

el S

obor

no y

la C

onve

nció

n In

tera

mer

ican

a co

ntra

la

Cor

rupc

ión.

4. C

omba

te a

la

corr

upci

ón y

a la

im

puni

dad

5. R

endi

ción

de

cuen

tas

La re

ndic

ión

de cu

enta

s es u

n in

gred

ient

e fun

dam

enta

l de

la d

emoc

raci

a. E

s ob

ligac

ión

de to

das

las

entid

ades

de

l E

stad

o re

ndir

cu

enta

s y

hace

rlo

de

man

era

opor

tuna

. La

ren

dici

ón d

e cu

enta

s de

be b

asar

se e

n la

ind

epen

denc

ia d

e po

dere

s y

en l

a ex

iste

ncia

de

orga

nism

os c

ontr

alor

es in

depe

ndie

ntes

.

Se i

nsta

al

Con

gres

o de

la

Rep

úblic

a a

inte

grar

una

co

mis

ión

mul

tipar

tidar

ia

espe

cífic

a pa

ra

cum

plir

co

n el

art

ícul

o 24

1 de

la

Con

stitu

ción

Pol

ítica

de

la

Rep

úblic

a, s

obre

la

apro

baci

ón o

im

prob

ació

n de

la

rend

ició

n de

cue

ntas

del

Est

ado

en e

l año

inm

edia

to

sigu

ient

e.

5. R

endi

ción

de

cuen

tas

6. T

rans

pare

ncia

e

info

rmac

ión

La i

nfor

mac

ión

es u

n bi

en p

úblic

o. T

odos

los

act

os

de l

a ad

min

istr

ació

n pú

blic

a so

n pú

blic

os.

Las

y lo

s ci

udad

anos

tie

nen

dere

cho

a ob

tene

r en

cua

lqui

er

mom

ento

, inf

orm

es, c

opia

s, re

prod

ucci

ones

y ce

rtifi

ca-

cion

es q

ue s

olic

iten

y la

exh

ibic

ión

de lo

s ex

pedi

ente

s qu

e de

seen

con

sult

ar.

El

Pres

upue

sto

Gen

eral

de

Ingr

esos

y G

asto

s de

l Est

ado

y su

eje

cuci

ón a

nalít

ica,

so

n do

cum

ento

s pú

blic

os,

acce

sibl

es a

cua

lqui

er c

iu-

dada

no y

ciu

dada

na q

ue q

uier

a co

nsul

tarl

os.

Deb

e ga

rant

izar

se,

asim

ism

o, l

a ca

lidad

y v

erac

idad

de

la

info

rmac

ión

esta

díst

ica

de c

arác

ter

fisca

l.

Para

gar

antiz

ar e

l lib

re a

cces

o de

las

y lo

s ci

udad

anos

a

la i

nfor

mac

ión

con

que

cuen

ta e

l go

bier

no,

se

com

prom

ete

a cr

ear e

n el

año

200

0 un

a co

mis

ión

para

el

abor

ar u

na p

ropu

esta

de

ley

sobr

e el

libr

e ac

ceso

a la

in

form

ació

n, q

ue d

esar

rolle

los

artíc

ulos

30

y 31

de

la

Con

stitu

ción

Pol

ítica

de

la R

epúb

lica.

6. T

rans

pare

ncia

e

info

rmac

ión

265

Anexos

7. U

nive

rsal

idad

de

la e

valu

ació

n de

la

adm

inis

trac

ión

públ

ica

Todo

ser

vido

r y

serv

idor

a pú

blic

os d

ebe

esta

r su

jeto

a

la e

valu

ació

n de

su

dese

mpe

ño.

Todo

ser

vido

r, se

rvid

ora,

fun

cion

ario

y f

unci

onar

ia p

úblic

os d

ebe

esta

r suj

eto,

en

cuan

to a

l pro

ceso

de

su n

ombr

amie

nto,

a

las

form

alid

ades

de

ley,

y e

n cu

anto

a s

u de

sem

peño

a

una

eval

uaci

ón p

erm

anen

te d

e la

mis

ma.

Se s

ugie

re a

l Con

gres

o de

la R

epúb

lica

la a

prob

ació

n,

ante

s de

l añ

o200

1, d

e un

a nu

eva

Ley

de S

ervi

cio

Civ

il,

que

esta

blez

ca

una

carr

era

de

serv

icio

qu

e pr

emie

el d

esem

peño

efic

az y

hon

rado

y q

ue c

astig

ue

la i

ncom

pete

ncia

y l

a co

rrup

ción

. E

sta

ley

debe

rá

cont

empl

ar la

exi

sten

cia

de s

iste

mas

de

eval

uaci

ón d

e la

adm

inis

trac

ión

públ

ica

basa

dos e

n el

cum

plim

ient

o de

regl

as, p

rinc

ipio

s étic

os, y

acu

erdo

s o c

ontr

atos

que

es

peci

fique

n la

obt

enci

ón d

e re

sult

ados

. E

n el

año

20

01, e

l org

anis

mo

ejec

utiv

o se

com

prom

ete

a el

abor

ar

el m

anua

l de

dese

mpe

ño d

e lo

s se

rvid

ores

púb

licos

.

7. U

nive

rsal

idad

de

la e

valu

ació

n de

la

adm

inis

trac

ión

públ

ica

8. A

udit

oría

soc

ial

La a

udito

ría

soci

al d

e la

ges

tión

públ

ica

es u

n de

rech

o de

tod

os l

as y

los

ciu

dada

nos.

Se

refie

re a

cre

ar l

as

cond

icio

nes

para

fac

ilita

r el

seg

uim

ient

o si

stem

átic

o de

los r

esul

tado

s por

par

te d

e la

s y lo

s ciu

dada

nos,

par

a ga

rant

izar

la e

quid

ad y

la e

ficac

ia d

e la

adm

inis

trac

ión

públ

ica.

La

audi

torí

a so

cial

no

es s

ustit

uta

de l

as

func

ione

s de

fis

caliz

ació

n qu

e le

co

mpe

te

a la

s in

stitu

cion

es

esta

tale

s co

rres

pond

ient

es,

las

cual

es

tam

bién

son

suj

etas

de

audi

torí

a so

cial

.

La

soci

edad

ci

vil

fort

alec

erá

las

rede

s cí

vica

s de

co

ntra

lorí

a so

cial

, a

nive

l ur

bano

y r

ural

, pa

ra d

arle

se

guim

ient

o al

gra

do e

n qu

e la

adm

inis

trac

ión

públ

ica

oper

a co

n eq

uida

d y

efic

acia

. La

s un

iver

sida

des,

ce

ntro

s de

inve

stig

ació

n, se

ctor

es e

mpr

esar

iale

s y o

tras

or

gani

zaci

ones

de

la s

ocie

dad

civi

l, se

com

prom

eten

a

real

izar

un

info

rme

anua

l a

part

ir d

el a

ño 2

001,

qu

e in

cluy

a en

tre

otro

s as

pect

os,

los

sigu

ient

es:

a) e

l im

pact

o de

la

corr

upci

ón s

obre

el

crec

imie

nto,

y b

) el

niv

el,

com

posi

ción

, pr

oduc

tivid

ad y

pro

gres

ivid

ad

del

gast

o pú

blic

o en

Gua

tem

ala,

com

pará

ndol

o co

n el

res

to d

e pa

íses

de

Am

éric

a La

tina.

El

gobi

erno

se

com

prom

ete

a fa

cilit

ar e

l ac

ceso

a l

a in

form

ació

n ne

cesa

ria,

a p

ropi

ciar

la

divu

lgac

ión

del

info

rme

y a

faci

litar

el

desa

rrol

lo d

e la

s re

des

civi

les

de a

udito

ría

soci

al.

8. A

udit

oría

soc

ial

266


1. E

l con

cept

o de

la

des

cent

raliz

ació

n fi

scal

La d

esce

ntra

lizac

ión

fisca

l con

sist

e en

la tr

ansf

eren

cia

de c

ompe

tenc

ias,

rec

urso

s y

capa

cida

des

entr

e do

s en

tes

autó

nom

os d

e ni

vel

jerá

rqui

co d

istin

to,

con

el

obje

to d

e m

ejor

ar la

pro

visi

ón y

cal

idad

de

los s

ervi

cios

pú

blic

os y

am

plia

r el

acc

eso,

ges

tión,

man

teni

mie

nto,

co

ntro

l ci

udad

ano,

so

sten

ibili

dad

y tr

ansp

aren

cia

de l

os m

ism

os.

Las

acci

ones

de

desc

entr

aliz

ació

n se

or

ient

arán

par

a re

duci

r la

s in

equi

dade

s te

rrito

rial

es.

A p

artir

del

año

200

0 el

gob

iern

o ce

ntra

l se

com

-pr

omet

e a

impu

lsar

las a

ccio

nes d

e de

scen

tral

izac

ión

y fo

rtal

ecim

ient

o de

los

gobi

erno

s lo

cale

s, q

ue d

eber

án

expr

esam

ente

co

ntem

plar

lo

s tr

es

elem

ento

s de

l pr

oces

o: c

ompe

tenc

ias,

rec

urso

s y

capa

cida

des.

VII

I. D

esce

ntra

lizac

ión

fisc

al

Pri

ncip

ios

Com

prom

isos

1. E

l con

cept

o de

la

des

cent

raliz

ació

n fi

scal

2. L

as c

ompe

tenc

ias

en m

ater

ia d

e de

scen

tral

izac

ión

fisc

al

Cua

ndo

el g

obie

rno

deba

cum

plir

con

la

func

ión

de

prov

eer

o fin

anci

ar b

iene

s y

serv

icio

s pú

blic

os, d

eber

á ha

cers

e al

niv

el d

e go

bier

no m

ás c

erca

no p

osib

le a

las

com

unid

ades

. La

defin

ició

n de

com

pete

ncia

s fis

cale

s pa

ra l

os d

istin

tos

nive

les

de g

obie

rno

(mun

icip

al,

depa

rtam

enta

l y

naci

onal

) se

har

á co

nfor

me

a es

te

prin

cipi

o. P

or o

tro

lado

, as

umir

com

pete

ncia

s, s

upo-

ne c

onta

r co

n lo

s re

curs

os y

con

las

cap

acid

ades

su

ficie

ntes

.

Se i

mpu

lsar

á en

el

año

2001

un

proc

eso

de r

evis

ión

de lo

s cu

erpo

s le

gale

s pa

ra p

oten

ciar

la d

eleg

ació

n de

co

mpe

tenc

ias

y as

egur

ar u

n or

den

jurí

dico

arm

ónic

o qu

e no

rme

las

com

pete

ncia

s a

dist

into

s ni

vele

s de

go

bier

no.

Ent

re

las

leye

s a

exam

inar

pu

eden

m

enci

onar

se,

entr

e ot

ras,

el

Cód

igo

Mun

icip

al,

el

Cód

igo

de S

alud

y la

Ley

del

Org

anis

mo

Eje

cutiv

o.

2. L

as c

ompe

tenc

ias

en m

ater

ia d

e de

scen

tral

izac

ión

fisc

al

3. C

orre

spon

denc

ia

entr

e re

curs

os y

ca

paci

dade

s en

la

desc

entr

aliz

ació

n fi

scal

La tr

ansf

eren

cia

de r

ecur

sos

desd

e el

gob

iern

o ce

ntra

l al

mun

icip

al o

la t

rans

fere

ncia

al g

obie

rno

mun

icip

al

de l

as f

acul

tade

s pa

ra a

dmin

istr

ar i

mpu

esto

s, d

eber

á ha

cers

e pa

ra e

nfre

ntar

com

pete

ncia

s as

igna

das

a es

e ni

vel.

Cua

ndo

sea

nece

sari

o, d

eber

á ac

ompa

ñars

e po

r el

aum

ento

de

las

capa

cida

des

a ni

vel

mun

icip

al.

La

desc

entr

aliz

ació

n no

alte

ra,

ni l

imit

a el

pri

ncip

io d

e un

idad

del

pre

supu

esto

nac

iona

l, ni

su

proc

eso

de

rend

ició

n de

cue

ntas

.

Se r

evis

ará

la l

egis

laci

ón r

elat

iva

al I

mpu

esto

Uni

co

Sobr

e In

mue

bles

, pa

ra

conv

ertir

lo

en

un

trib

uto

de

adm

inis

trac

ión

mun

icip

al.

El

proc

eso

debe

rá

esta

r ac

ompa

ñado

de

un a

segu

ram

ient

o de

que

el

plan

de

form

ació

n, c

apac

itac

ión

y as

iste

ncia

téc

nica

m

unic

ipal

impu

lsad

o po

r el I

NFO

M y

el M

inis

teri

o de

Fi

nanz

as,

asig

ne u

n lu

gar

apro

piad

o a

la a

dqui

sici

ón

de

capa

cida

des

de

los

gobi

erno

s m

unic

ipal

es

en

adm

inis

trac

ión

finan

cier

a y

trib

utar

ia.

El

INFO

M,

conj

unta

men

te c

on l

as m

unic

ipal

idad

es,

pres

enta

rá

en e

l pr

imer

tri

mes

tre

de c

ada

año

un i

nfor

me

al

3. C

orre

spon

denc

ia

entr

e re

curs

os y

ca

paci

dade

s en

la

desc

entr

aliz

ació

n fi

scal

267

Anexos

4. C

apac

idad

es

en m

ater

ia d

e de

scen

tral

izac

ión

fisc

al

Los

ciud

adan

os y

ciu

dada

nas

será

n pa

rtíc

ipes

del

pr

oces

o de

id

entif

icac

ión,

pr

iori

zaci

ón,

ejec

ució

n,

cont

rol y

man

teni

mie

nto

de lo

s pro

yect

os d

e in

vers

ión

públ

ica.

Con

el

ob

jeto

de

re

spal

dar

apro

piad

amen

te

la

part

icip

ació

n co

mun

itar

ia d

e lo

s fo

ndos

soc

iale

s, s

e im

puls

ará

en e

l año

200

0, la

rev

isió

n de

la e

stru

ctur

a ju

rídi

ca,

func

ione

s, á

reas

de

infl

uenc

ia y

per

tinen

cia

de lo

s fo

ndos

soc

iale

s. E

n fu

nció

n de

la c

oncl

usió

n de

di

cha

revi

sión

, el g

obie

rno

se c

ompr

omet

e a

tom

ar la

s m

edid

as le

gale

s pe

rtin

ente

s.

4. C

apac

idad

es

en m

ater

ia d

e de

scen

tral

izac

ión

fisc

al

Con

gres

o de

la R

epúb

lica

sobr

e el

mon

to y

des

tino

de

los r

ecur

sos p

rove

nien

tes d

e es

te im

pues

to d

el e

jerc

icio

fis

cal a

nter

ior.

268


El Foro Nacional para el Pacto Fiscal reconoce la necesidad de organizar la implementación y el seguimiento de sus acuerdos, de manera que existan los mayores niveles de certeza, transparencia y seguridad sobre su cumplimiento.

Considera fundamental que los correspondientes Organismos del Estado concernidos en la imple-mentación de los consensos obtenidos, actúen con total apego, coherencia y responsabilidad con lo acordado. El Estado, soberano en su funcionamiento jurídico, debe fundamentar su actuación en el bien común, el consenso y el interés social, aspectos inequívocamente presentes en el Pacto Fiscal. Ello constituye un imperativo moral y político.

En este sentido, el Foro Nacional para el Pacto Fiscal hace un vehemente llamado al Gobierno y al Congreso de la República, al Ministerio de Finanzas, a la Superintendencia de Administración Tributaria, al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad, al Organismo Judicial, la Contraloría General de Cuentas, el Banco de Guatemala y las Municipalidades, entre otros, a que presten el mayor apoyo, colaboración e impulso a los trascendentales compromisos adquiridos por amplio consenso nacional en el Pacto Fiscal.

En la perspectiva de darle continuidad y segui-miento preciso a los acuerdos del Pacto Fiscal, y reconociendo en ellos uno de los pilares fun-damentales del proceso de paz, el Foro Nacional para el Pacto Fiscal acuerda solicitarle a la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, que, en función de sus atribuciones, realice el seguimiento global al proceso que aquí se inicia, de acuerdo a la calendarización indicativa establecida en este documento (Anexo 1).

Para el logro efectivo de estos propósitos, la Comisión de Acompañamiento procederá inme-diatamente a instalar una Comisión de Seguimiento

del Pacto Fiscal, como instancia de apoyo, la cual deberá estar integrada con criterios de representatividad y de capacidad técnica, dominio de la problemática fiscal y de los acuerdos del Pacto, y con equilibrio de las distintas opiniones que se manifestaron a lo largo del proceso de concertación. Esta Comisión podrá crear equipos específicos de trabajo para dar seguimiento especializado a las temáticas concernidas dentro del Pacto y deberá informar permanentemente a la Comisión de Acompañamiento sobre el desarrollo de sus actividades. El Foro Nacional para el Pacto Fiscal recomienda que la primera tarea de esta Comisión sea elaborar una propuesta detallada de calendarización de los principios y compromisos del Pacto Fiscal.

De igual manera la Comisión de Acompañamiento, cuando sea necesario, a solicitud de una canti-dad representativa de las instituciones y orga-nizaciones participantes de este proceso, por iniciativa propia, o a solicitud de la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal, convocará al Foro Nacional del Pacto Fiscal, para el efecto de darle seguimiento a la política fiscal que se desprenda del presente Pacto.

Asimismo, el Foro Nacional para el Pacto Fiscal acuerda crear una Comisión de Estudio sobre el Marco Constitucional del Poder Tributario del Estado, la cual analizará, en un período de seis meses, los siguientes aspectos en los cuales aún no existen conclusiones ni acuerdos: l Normativa constitucional que regula el poder

Tributario del Estadol Normativa ordinaria para el poder tributario

del Estado y para la eficacia de la política en la materia

l Jurisprudencia en materia tributaria confor-mada a raíz de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad

l Alcances y limitaciones del Artículo 133 de la Constitución Política de la República,

III. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO FISCAL

269

Anexos

así como la forma en que se ha aplicado, estableciendo sus costos y beneficios.

Esta Comisión estará integrada por una represen-tación del Colectivo de Organizaciones Sociales y una representación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Para el buen desarrollo de su trabajo, la Comisión se apoyará en los Centros de Estudio e Investigación participantes del

Pacto Fiscal y los estudios técnicos que considere necesarios. Sus decisiones serán asumidas por consenso.

La Comisión presentará las conclusiones de sus estudios, en el mes de noviembre del 2000 al Foro Nacional del Pacto Fiscal, convocado por la Comisión de Acompañamiento, espacio en el cual serán analizadas para la correspondiente toma de acuerdos.

ANEXO 1: CALENDARIZACIÓN INDICATIVA DE LOS PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DEL PACTO FISCAL

Calendarización indicativa que será desarrollada con mayor precisión por la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal.

Durante el año 2000

II. Ingresos del Estado 1. Para el logro de la meta tributaria del 12% del

PIB en el año 2002, en el año 2000, se realizará una sola reforma tributaria, para el período 2000-2004. Dicha reforma se acompañará con medidas de ampliación de base tributaria.

2. Medidas adicionales de orden no tributario que aseguren la reforma fiscal integral se imple-mentarán a lo largo del período 2000-2003.

3. Poner en práctica un programa integral de reactivación económica.

4. Revisión y eliminación gradual de privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales.

5. Sólo en situaciones extraordinarias y sujetas a evaluación económica y social, podrá consi-derarse la aprobación de nuevos privilegios, evitando erosionar los ingresos tributarios y definiendo claramente la temporalidad.

III. Administración tributaria 6. La SAT deberá iniciar un sistema de

presentación electrónica de declaraciones y

de realización de pagos, a través del débito en la cuenta bancaria del contribuyente.

7. El MINFIN y la SAT promoverán las modificaciones legales necesarias para facilitar y simplificar la Administración Tributaria.

8. El Ministerio Público fortalecerá las acciones de persecución de los delitos fiscales.

9. Instar al Organismo Judicial a mejorar las capacidades de las instancias judiciales especializadas en el juzgamiento de los delitos y faltas fiscales.

10. La SAT fortalecerá a partir del 2000 su unidad especifica de contribuyentes especiales.

11. Establecer una estrategia global que incluya mecanismos especiales para ampliar la base tributaria, incorporando a la economía informal.

12. Establecer un sistema de cuenta corriente tributaria y de conciliación de cuentas.

13. Crear nuevos mecanismos de pago que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

14. La SAT se compromete a impulsar campañas de información masiva para dar a conocer las obligaciones tributarias más importantes.

15. Impulsar un programa de atención y educación para el pequeño contribuyente.

16. La SAT deberá analizar la posibilidad legal de generalizar el uso de la declaración jurada para la inscripción, declaración y pago de impuestos.

17. Coordinar acciones de los tres poderes del Estado para crear por ley un ente integrado

IV. ANEXOS

270


que ataque a la economía subterránea y combata la evasión fiscal, bajo la jurisdicción del Ministerio Público.

18. No se otorgarán amnistías ni condonaciones. 19. Reforzar la estrategia de fiscalización de la

SAT. 20. La SAT deberá presentar, a partir del año

2000, un informe anual sobre la evasión tributaria y recomendaciones para eliminarla. Igual informe deberán presentar las Municipalidades.

IV. Gasto público21. Cumplir con las metas de los Acuerdos de Paz

en materia de gasto público. 22. Antes de finalizar el año 2000 el Gobierno

en consulta con organizaciones de la sociedad civil, planteará propuestas sobre definiciones de oferta y demanda de inversión pública y de bienes públicos en Guatemala. Las propuestas se presentarán en un foro nacional.

V. Deuda pública 23. MINFIN y BANGUAT someterán anualmente

a consideración del Congreso de la República, la aprobación de cupos para la contratación de créditos y la emisión de obligaciones.

24. Solicitarán opinión a la Corte de Constitu-cionalidad sobre la interpretación de los artículos 171 inciso i) y 134 de la Constitución.

25. MINFIN y BANGUAT a través de una uni-dad conjunta coordinarán las operaciones de mercado abierto y el endeudamiento pú-blico en general.

26. Por medio de esta unidad se hará público el programa de endeudamiento, servicio y amortización de deuda pública. Esta unidad hará público en la liquidación anual del presupuesto los montos de financiamiento directo o indirecto, garantía o aval otorgado al sistema financiero u otros sectores de la economía.

27. El INFOM y las municipalidades establecerán una metodología común para determinar la capacidad de pago de los municipios.

28. Vigilancia y cuantificación de los pasivos con-tingentes, mediante la unidad especializada del Estado.

VII. Evaluación y control 29. El Estado y la sociedad civil adquirirán

compromisos de carácter nacional para combatir la impunidad y la corrupción.

30. El Gobierno de la República creará en el año 2000 una comisión para elaborar una propuesta de ley sobre el libre acceso a la información, que desarrolle los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República.

VIII. Descentralización fiscal 31. El Gobierno de la República impulsará las

acciones de descentralización, contemplando expresamente competencias, recursos y capacidades.

32. El Gobierno de la República promoverá la definición de la estructura jurídica de los fondos sociales.

33. Se revisará la legislación relativa al impuesto de la propiedad para convertirlo en un tributo de administración municipal.

Del 2001 al 2003

I. Balance fiscal 1. El déficit fiscal deberá situarse alrededor del

1% anual del PIB, asegurando el equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado en el último año de cada Gobierno. Previa evaluación de desempeño, durante el primer trimestre de cada Gobierno, éste deberá establecer metas de balance fiscal.

2. Aumentará gradualmente el superávit fiscal en la cuenta corriente de las finanzas públicas, asegurando un aumento no menor del 3% del PIB cada año.

II. Ingresos del Estado 3. El Estado y las organizaciones sociales realizarán

acciones para elevar la conciencia ciudadana sobre la importancia del cumplimiento de las funciones básicas del Estado.

271

Anexos

4. A partir del 2001 los ingresos tributarios del Estado no podrán ser menores al 85% de los ingresos totales.

5. Los excesos de ingresos no tributarios que exceda el 15% de los ingresos totales, se mantendrán en depósito en el fondo común del Estado. Su utilización queda sujeta a un programa de gasto que atienda las prioridades establecidas en el presente pacto.

6. El sistema tributario deberá diseñarse de tal forma que sea globalmente progresivo.

7. Incrementar la carga tributaria al 12% del PIB en el 2002.

8. A más tardar en el 2003 se preparará e introducirá una propuesta que integre el conjunto de la legislación tributaria en sólo decreto legislativo.

III. Administración tributaria 9. Se sugiere que la Comisión de Finanzas

del Congreso contrate bianualmente una evaluación independiente del proceso de pago de los impuestos, de la percepción del proceso por el contribuyente y de casos documentados de abuso o acciones arbitrarias.

10. La SAT se compromete a poner en práctica las recomendaciones que simplifiquen el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

11. La SAT pondrá en vigencia y divulgará un código de ética de sus funcionarios.

12. La SAT debe asegurar que en su reglamento interno de personal se impulse una práctica de evaluación de desempeño del personal y un programa multianual de capacitación.

13. La SAT utilizará un conjunto de indicadores anuales de desempeño institucional, incluyendo la meta de recaudación, que deberá ser pública, para darle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Superintendente.

14. La SAT incluirá en su informe anual: a) un plan anual de operaciones que especifique sus objetivos y metas; y b) una cuantificación y evaluación de la evasión y del costo de recaudación de cada impuesto. Divulgándose sus resultados.

15. A partir del 2002 la SAT elaborará informes, monografías y series estadísticas sobre el comportamiento de los contribuyentes.

IV. Gasto público 16. El MINFIN dará a conocer un programa

multianual de inversiones públicas y el programa de gasto público multianual.

17. Durante el primer trimestre de cada Gobierno, se fijarán metas globales de gasto público.

18. Entre el 2001 y el 2004, la inversión pública no podrá ser inferior al 4% del PIB por año.

19. Los tres poderes del Estado reforzarán la com-plementación de la inversión pública con la inversión privada.

20. Adoptar el sistema de indicadores de gestión del gasto público.

21. El Gobierno de la República presentará cifras consolidadas de ingresos, gastos y operaciones de deuda.

22. De igual forma deberán proceder los otros poderes del Estado y las municipalidades.

V. Deuda pública 23. Limitar el nuevo endeudamiento público

neto en el período 2001-2003, al 1% del PIB como promedio anual.

24. Conforme lo previsto en los Acuerdos de Paz, se impulsará la reforma al Código Municipal y los cambios necesarios para apuntalar el uso responsable del endeudamiento público de los gobiernos municipales en armonía con el tratamiento constitucional.

VI. Patrimonio público 25. Presentar al Congreso de la República un

informe anual sobre la evolución del patri-monio público.

26. Revisar la Ley de Responsabilidad y Probidad.27. El Gobierno de la República deberá pre-

sentar, en el 2002, un balance general pre-liminar del Estado, que constituya una fuente confiable de sus activos. En el 2003, se definirá la estructura institucional que tenga como función la protección y registro de las propiedades del Estado.

28. Crear en el 2003, una legislación específica para establecer el régimen legal relativo al acceso, uso y protección de la propiedad pública. La legislación existente se integrará en una Ley Reguladora de Bienes del Estado.

272


VII. Evaluación y control 29. Al finalizar el 2001, se aprobará una nueva

Ley de Servicio Civil. 30. En el 2001 se fortalecerán unidades técnicas

para evaluar especializadamente exante y expost el gasto público en el MINFIN y proyecto en SEGEPLAN, para ello se mejorará el Sistema Integrado de Administración Financiera-Sistema de Auditoría General (SIAF-SAG).

31. En el 2001 se evaluará y ratificará la Convención Mundial contra el Soborno y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

32. A partir del año 2001, se impartirán programas permanentes de educación y orientación éti-ca para los servidores públicos. En el 2002, los poderes del Estado deberán establecer un mecanismo institucional para evaluar el desempeño ético de sus funcionarios, con base en denuncias y sistemas propios de control.

VIII. Descentralización 31. En el 2001 se impulsará un proceso de

revisión de los cuerpos legales, para potenciar la delegación de competencias y asegurar un orden jurídico armónico. Entre las leyes a examinar se pueden mencionarse el Código Municipal, el Código de Salud y la Ley del Organismo Ejecutivo.

ANEXO 2: RESUMEN DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN DEL PACTO FISCAL2

l El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria estableció una serie de metas fiscales, por el lado del gasto y de los ingresos. En febrero de 1998, el Gobierno solicitó la postergación por dos años del cumplimiento de la meta tributaria del 12

% del PIB. Se produjo una intensa discusión entre la Comisión de Acompañamiento (CA) y el Gobierno por espacio de nueve meses, hasta que se decide, en octubre 98, hace 19 meses, la recalendarización para el 2002 de dicha meta, en el marco de una serie de compromisos del Gobierno de Guatemala que incluyeron: la ampliación indefinida del IEMA; la eliminación de la deducción del IVA con respecto al ISR; la reforma de decreto 40-98 (ley de zonas francas); la promoción del impuesto territorial; la contratación de verificadoras del comercio exterior; y el impulso de un proceso de concertación de un Pacto Fiscal, auspiciado por el Ministerio de Finanzas Públicas y la CA.

l De lo anterior sólo fue cumplido parcialmente la extensión temporal del IEMA y el inicio de la concertación del Pacto Fiscal a cargo de la CA. Ante el hecho político de este nuevo incumplimiento, el Pacto Fiscal cobró una dimensión mayor.

l La CA asumió con toda seriedad y respon-sabilidad el proceso de impulso del Pacto Fiscal y, después de haber propiciado la integración –como miembro ex oficio– del Ministro de Finanzas Públicas para este tema, inicia el proceso invitando a cuatro desta-cados profesionales guatemaltecos a formar la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal (CPPF): Alma Quiñonez, Arturo Montenegro, Richard Aitkenhead y Lizardo Sosa. Su integración se hizo con base en criterios de alta competencia técnica, credibilidad y pluralidad – equilibrio.

l La CA encomendó a la CPPF la preparación de una propuesta básica que sirviera como documento central de discusión para la concertación del Pacto Fiscal. La CPPF desarrolló un intenso trabajo desde marzo hasta el 29 de diciembre de 1999 para preparar el documento. Esto se hizo sobre la base de 10 estudios técnicos, un amplio proceso de discusión y consultas que incluyó consultas departamentales y sectoriales y sus propios aportes. El resultado fue el documento “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”, que ha servido de base de discusión a este proceso.

2 Presentación hecha por Arnoldo Noriega, Coordinador de la Comisión de Acompañamiento, en la plenaria inicial del Foro Nacional para el Pacto Fiscal el 22 de mayo de 2000.

273

Anexos

l Después del cambio de gobierno y de haberse reinstalado la CA con la participación de nuevos miembros gubernamentales y legis-lativos, la CA convocó a la diversidad de sec-tores e instituciones sociales, económicos, políticos y culturales del país a pronunciarse con respecto al mencionado documento “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”.

l La respuesta obtenida fue un contundente reflejo del interés despertado en la sociedad guatemalteca sobre el tema fiscal. La CA recibió 48 ponencias escritas, respaldadas y suscritas por 131 instituciones y organizaciones de toda la diversidad social y territorial de nuestro país.

l El volumen y la calidad de respuesta llevó a realizar un intenso e interesante trabajo de sistematización de las Ponencias, a cargo de un Equipo Técnico de Sistematización conformado a instancias de la CA. Se le encomendó que identificaran todas las convergencias y divergencias que se expresaran en torno al documento “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”. Desde ese momento, el propósito era dar prioridad al tratamiento de las divergencias en la búsqueda de producir nuevos niveles de acercamiento de posiciones.

l Gratamente, la sistematización técnica rea-lizada permitió identificar un promedio aproximado de un 75 % de convergencias o consensos entre las Ponencias. No obstante, la naturaleza del porcentaje restante de divergencias permitió identificar que en él residía el tipo, orientación y naturaleza de la política fiscal que saldría del Pacto Fiscal. Por ello, la identificación de las divergencias, estuvo acompañada de la identificación de las instituciones o agrupamientos que las sustentaban, con la finalidad de generar entre ellas un proceso de discusión y acercamiento de posiciones.

l Los temas de divergencia se referían a la definición, tipo y condiciones del equilibrio fiscal; la suficiencia de recursos, particu-larmente lo referido a la meta de la carga tributaria del 12 % con respecto al PIB; la llamada neutralidad de los impuestos, inclu-

yendo la eliminación de distinto tipo de privilegios fiscales; la estabilidad y certeza, particularmente sobre la temporalidad en la cual debería de promoverse una reforma tributaria seria y consistente; la congruencia con la producción nacional; la prohibición que pesa sobre el Banco de Guatemala para dar financiamiento o aval al gobierno de la República; así como el marco constitucional del poder tributario del Estado y el esencial concepto de la progresividad del sistema tributario.

l Alrededor de las divergencias sobre estos temas fueron identificados dos agrupa-mientos que, por razones distintas, tenían diferencias entre sí y con respecto a la pro-puesta de la CPPF. Por un lado, un grupo de instituciones empresariales; por otro, un grupo de instituciones académicas, sociales y de la sociedad civil. Una amplia gama de instituciones de diversa naturaleza que no presentaron Ponencia o en la que presentaron no manifestaron divergencias de fondo, no participaron en las primeras reuniones de búsqueda de nuevos acercamientos, precisamente por esa razón.

l La CA decidió involucrarse directamente en la búsqueda de acercamiento de posiciones, mediante la metodología de penduleo. Se desarrolló un rico, profundo y fructífero proceso de reuniones por separado –y luego conjuntamente- con los dos agrupamientos mencionados. Es necesario dejar constancia de que, en ambos grupos, la CA encontró una actitud altamente positiva, madura, constructiva, responsable y de genuino deseo de encontrar nuevos acuerdos. Si bien la CA empeñó sus mejores esfuerzos, los positivos resultados obtenidos hasta ahora no hubieran sido posibles sin que existiera esa actitud.

l Los resultados de esta etapa de acercamientos permitieron llegar a la conclusión de que los consensos madurarán en la totalidad de temas, aspecto que puede precisarse de la siguiente manera: a) el consenso sobre la mayoría de propuestas originales de la CPPF (75 %, según las Ponencias escritas); b) el consenso generado en desacuerdo con algunas

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propuestas orinales de la CPPF; c) los nuevos consensos alcanzados sobre los aspectos de fondo y de divergencias identificados en las Ponencias escritas; d) los consensos de procedimiento, para seguir tratando temas en cuyo contenido no se produjeron consensos (especialmente el marco constitucional del poder tributario del Estado y el análisis del artículo 133 de la Constitución) .

l Respecto al papel jugado por la Comisión de Acompañamiento puede señalarse lo siguiente: a) Su papel ha sido de impulsora y facilitadora

del proceso. b) Conscientemente ha desarrollado una

actuación de verticalidad en el ámbito de la ética política, de transparencia, de respeto, de promoción del diálogo y el entendimiento, de seriedad técnica y del más pleno compromiso con el proceso.

c) Ha empeñado sus mayores esfuerzos y credibilidad en el éxito de este proceso, asumiendo la responsabilidad de propiciar los espacios de información, comunicación, diálogo y promoción de acuerdos.

d) No prefiguró hasta los últimos detalles una metodología a priori, sino que, con base en conceptos y objetivos básicos claramente definidos desde el inicio, creativamente ha ido haciendo ajustes, definiendo con precisión nuevos pasos y tomando muy en consideración las propuestas de los sujetos del Pacto Fiscal, que son las instituciones concernidas.

e) Paralelamente mantuvo contactos y gestio-nes ante distintos funcionarios guber-

namentales y parlamentarios, en la vía de asegurar respeto, apoyo y coherencia con respecto al Pacto Fiscal.

f) La evaluación permanente del proceso, le permitió valorar a la CA que las posibilidades de consenso iban madurando considerablemente. Con base en ello, la CA comenzó a privilegiar el camino del consenso como la forma de toma de decisiones del Pacto Fiscal, aspecto que finalmente fue posible de realizar.

g) Constantemente, la CPPF y la CA reci-bieron una gran cantidad de interrogantes y cuestionamientos en torno a si el Pacto Fiscal entraría a considerar medi-das específicas en materia fiscal, parti-cularmente de carácter tributario. El con-cepto básico que ha mantenido el Pacto Fiscal ha sido que su alcance llega hasta la identificación y consensos sobre Principios y Compromisos, aspecto nada marginal, ya que establece las bases para la política fiscal de los próximos diez años.

h) No obstante, la CA –y el mismo proceso de concertación del Pacto Fiscal– ha insistido en señalar al gobierno y otros órganos del Estado la necesidad y el imperativo moral y político de que las medidas que se promuevan tengan la más absoluta coherencia con los Acuerdos de Paz y los Principios y Compromisos acordados. En refuerzo de lo anterior, el proceso de construcción de consensos ha evidenciado la necesidad de diseñar un sistema de implementación, seguimiento y garantías, que formará parte integral del Pacto Fiscal.

acuerdos de paz - un compromiso para el cambio - impresiÃ³n .pdf

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