acuerdos can, alba, alca, mercosur
TRANSCRIPT
PACTO ANDINO
La Comunidad Andina es una organización subregional con personería
jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
y compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).
Ubicados en América del Sur, los cinco países andinos agrupan a más de 113
millones de habitantes en una superficie de 4.710.000 kilómetros cuadrados, cuyo
Producto Bruto Interno ascendía en el 2000 a 270 mil millones de dólares.
Objetivos
Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son: promover el
desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad,
acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y
social, impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a la
formación gradual de un mercado común latinoamericano y procurar un
mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes.
Antecedentes
Los antecedentes de la Comunidad Andina se remontan al 26 de mayo de
1969, cuando un grupo de países sudamericanos del área andina suscribieron el
Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, con el propósito de
establecer una unión aduanera en un plazo de diez años.
A lo largo de casi tres décadas, el proceso de integración andino atravesó por
distintas etapas. De una concepción básicamente cerrada de integración hacia adentro,
acorde con el modelo de sustitución de importaciones, se reorientó hacia un esquema
de regionalismo abierto.
Impulso político
La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso dentro
del nuevo modelo, impulsó la integración y permitió alcanzar los principales
objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la liberación del comercio de
bienes en la Subregión, la adopción de un arancel externo común, la armonización de
instrumentos y políticas de comercio exterior y de política económica, entre otros.
El grado de avance alcanzado por la integración y los nuevos retos derivados
de los cambios registrados en la economía mundial, plantearon la necesidad de
introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto de carácter institucional como
programático, lo que se hizo por medio del Protocolo de Trujillo y el Protocolo de
Sucre, respectivamente.
Reformas institucionales
Las reformas institucionales le dieron al proceso una dirección política y
crearon la Comunidad Andina (CAN) y el Sistema Andino de Integración (SAI). Las
reformas programáticas ampliaron el campo de la integración más allá de lo
puramente comercial y económico.
A partir del 1 de agosto de 1997 inició sus funciones la Comunidad Andina
con una Secretaría General de carácter ejecutivo, cuya sede está en Lima (Perú). Se
formalizó también el establecimiento del Consejo Presidencial Andino y del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores como nuevos órganos de orientación y
dirección política. La Comisión comparte su facultad legislativa con el Consejo de
cancilleres y está facultada a celebrar reuniones ampliadas con los ministros
sectoriales.
El Sistema Andino de Integración (SAI) es el conjunto de órganos e
instituciones que trabajan estrechamente vinculados entre sí y cuyas acciones están
encaminadas a lograr los mismos objetivos: profundizar la integración subregional
andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el
proceso.
LOGROS DE LA COMUNIDAD ANDINA
• Una Zona de Libre Comercio en funcionamiento desde 1993 en Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela, a la que viene incorporándose Perú.
• Un arancel externo común vigente desde el 1 de febrero de 1995 con un nivel
promedio de 13,6%.
• La liberación de los servicios de transporte en sus diferentes modalidades.
• El incremento, 47 veces, de las exportaciones intrasubregionales que crecieron de
111 millones de dólares, en 1970, a 5 167 millones de dólares en 2000.
• El incremento del componente manufacturero de los productos que comercializan
los andinos entre sí, al pasar de 48 por ciento, en 1970, a 86 por ciento, en el 2000.
• El aumento, en 20 veces de la inversión extranjera acumulada, al pasar de 3400
millones de dólares en 1970 a 69 500 en el 2000.
• La creación y fortalecimiento del orden jurídico andino con la adopción de nuevas
normas comunitarias, cuya característica más importante es la supranacionalidad.
• Avances en la armonización de instrumentos y políticas económicas: normas para
prevenir y corregir las distorsiones a la competencia, las normas para la calificación
de origen, técnicas y sanitarias, nomenclatura común, valoración, entre otras, además
de regímenes comunes de inversión extranjera, propiedad intelectual, etc.
• La incorporación en la estructura orgánica del Sistema Andino de Integración del
Consejo Presidencial Andino y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, como órganos de dirección del proceso.
• El acceso preferencial de los productos de los países andinos a la Unión Europea y a
Estados Unidos.
• La creación por los Presidentes Andinos, en su IX cumbre, del Consejo Asesor de
Ministros de Hacienda, Finanzas, Bancos Centrales y responsables de Planeación
Económica de la Comunidad Andina con el encargo de avanzar en la armonización de
políticas macroeconómicas.
• La firma de un acuerdo marco, el 16 de abril de 1998, entre la Comunidad Andina y
el Mercosur para la creación de una Zona de Libre Comercio que entrará en vigencia
el 1 de Enero del 2000.
• La participación conjunta, con vocería única, en las negociaciones para el Area de
Libre Comercio de las Américas(ALCA).
• Relanzamiento de los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral que cuentan
ahora con nuevos mecanismos y un programa de trabajo que permitirán su mayor
participación en la toma de decisiones del proceso.
• La aprobación de un Marco General de Principios y Normas para la Liberalización
del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina que permitirá la libre circulación
de los servicios, a más tardar en el 2005.
• El fortalecimiento del Sistema Andino de Integración (SAI) con la aprobación, por
los ministros de Salud de la Subregión y de Chile, de la adscripción del Convenio
Hipólito Unanue al SAI.
• La firma de un convenio entre la Comunidad Andina y Estados Unidos para el
establecimiento del Consejo Andino-Estadounidense que impulsará las exportaciones
y atraerá inversiones.
• La aprobación de los Lineamientos de Política Exterior Común.
• La suscripción del Entendimiento de Cooperación en materia de Comercio e
Inversiones entre la Comunidad Andina y Canadá, por medio del cual las partes se
comprometieron a intensificar y fortalecer sus relaciones.
• La aprobación de las Normas que regulan el proceso de integración y liberalización
del comercio de servicios de las telecomunicaciones en la Comunidad Andina.
• El compromiso de los presidentes andinos de establecer el mercado común a más
tardar el año 2005.
• La aprobación, por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de los
lineamientos de la Política Exterior Común con miras a proporcionar a la CAN una
mayor presencia internacional y propiciar su articulación y convergencia con los
demás procesos de integración de América Latina y el Caribe.
• La aprobación, por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores la
Comunidad Andina, de la Política Comunitaria para la Integración y Desarrollo
Fronterizo, como un componente esencial del fortalecimiento y consolidación del
proceso de integración.
• La suscripción de un nuevo convenio de complementación automotor, que permitirá
aprovechar mejor el mercado andino y sentar las bases para un mayor desarrollo del
sector en la subregión.
• La puesta en marcha de las negociaciones entre los países de la Comunidad y el
Triángulo Norte centroamericano para la suscripción de un Acuerdo de Preferencias
Arancelarias, al celebrarse una primera reunión entre los países integrantes de ambas
partes en la que se reitera la voluntad de firmarlo en el más breve plazo.
• La aprobación en la XII Cumbre Presidencial Andina de un conjunto de directrices
para el establecimiento del Mercado Común -incluidos los lineamientos de acción y
un programa anual 2000-2001 para alcanzar ese objetivo-, así como para la ejecución
de la política exterior común, el desarrollo de la agenda social y otros aspectos de la
integración.
• La suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena "Compromiso de
la Comunidad Andina por la Democracia", por medio del cual Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela establecen como "condiciones esenciales" para la
cooperación y la integración "la plena vigencia de las instituciones democráticas y el
estado de derecho" y acuerdan que sus disposiciones se apliquen en caso de
producirse una ruptura del orden democrático en cualquiera de los Países Miembros.
• La aprobación y puesta en vigencia de Acuerdos de Alcance Parcial de
Complementación Económica entre la Comunidad Andina y Brasil y entre la CAN y
Argentina, en 1999 y en el 2000, respectivamente, que permitieron dar un paso más
hacia la constitución de una zona de libre comercio entre ambos bloques.
• La Comunidad Andina y el Mercosur asumieron, en la Cumbre Sudamericana de
Brasilia del 2000 el compromiso de concluir a finales del 2001 las negociaciones del
Acuerdo de Libre Comercio.
• La adopción de un nuevo régimen común sobre propiedad industrial, considerado
como uno de los más desarrollados del hemisferio, que adecua la norma a lo
estipulado en la materia en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
• Creación y puesta en funcionamiento de la Facultad de Integración de la
Universidad Andina Simón Bolívar.
• Suscripción del Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez, foro idóneo
de participación tripartita -gobiernos, empresarios y trabajadores- para fomentar la
integración socio-laboral en la Comunidad Andina.
• Aprobación del Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas
Ilícitas y Delitos Conexos, que comprende los aspectos sobre prevención,
interdicción, reducción de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, así como el control
del desvío de precursores químicos, del lavado de activos y de tráfico de armas,
municiones y explosivos.
• Se dan pasos de trascendental importancia para la libre circulación de personas con
la creación del Pasaporte Andino, a más tardar en el 2005, y el reconocimiento de
Documentos Nacionales de Identificación que permitirá a los nacionales de los países
andinos viajar como turistas dentro de la subregión, simplemente portando esos
documentos.
• Impulso decisivo a la integración y el desarrollo fronterizo con la aprobación de
normas comunitarias que disponen la creación de creación de Zonas de Integración
Fronteriza (ZIF) y de Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la
subregión andina.
• Aprobación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con lo
que se fortalece el sistema comunitario de solución de controversias y se agiliza,
moderniza y hace más eficaces los procesos de este órgano del SAI.
CRONOLOGÍA
26-5-1969 Suscripción del Acuerdo de Cartagena.
13-2-1973 Adhesión de Venezuela al Acuerdo de Cartagena.
30-10-1976 Retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena.
28-5-1979 Suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia.
25-10-1979 Creación del Parlamento Andino.
12-11-1979 Creación del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
19-5-1983 Entra en vigencia el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia.
12-5-1987 Suscripción del Protocolo de Quito.
17-12-1989 Presidentes aprueban Diseño Estratégico en Galápagos.
22-5-1990 Creación del Consejo Presidencial Andino.
29-11-1990 Presidentes adelantan plazos para formar Zona de Libre Comercio.
17-5-1991 Presidentes aprueban política de cielos abiertos y profundizar integración.
5-12-1991
Presidentes aprueban Acta de Barahona por medio de la cual disponen la adopción de
un arancel externo común (AEC) con base en 4 niveles.
27-8-1992 Suspensión temporal, por parte de Perú, de sus obligaciones respecto al
Programa de Liberalización.
31-1-1993 Entra en pleno funcionamiento la Zona de Libre Comercio para Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela.
26-11-1994 Aprobación del Arancel Externo Común por medio de la Decisión 370.
1-2-1995 Entra en vigencia Arancel Externo Común.
5-10-1995 Presidentes aprueban, en Quito, Nuevo Diseño Estratégico.
10-3-1996 Presidentes aprueban Protocolo de Trujillo.
3-8-1996 La Comisión del Acuerdo de Cartagena aprueba, mediante Decisión 395, el
marco regulatorio para el establecimiento, operación y explotación del Sistema
Satelital "Simón Bolívar".
25-6-1997 Se aprueba Protocolo de Sucre.
30-7-1997 Se logra acuerdo para la incorporación gradual de Perú a la Zona Andina
de Libre Comercio (Decisión 414)
1-8-1997 Entra en funcionamiento la Secretaría General de la Comunidad Andina.
15-1-98 I Reunión de Representantes Máximos de los Organos e Instituciones que
integran el Sistema Andino de Integración.
2 y 3-3-1998 Primera Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Hacienda y
Finanzas,Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica de la
Comunidad Andina.
19-3-1998 Los Países Andinos participan, por primera vez a través de una vocería
única, en las negociaciones para el ALCA, obteniendo la presidencia de tres de nueve
grupos de negociación.
16-4-1998 Se suscribe en Buenos Aires el Acuerdo Marco para la creación de una
Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y Mercosur.
11-6-1998 Se aprueba el Marco General de Principios y Normas para la
Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina.
26-8-1998 Suscripción del Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador y del Convenio de
Aceleración y Profundización del Libre Comercio entre el Perú y Ecuador.
30-10-1998 Los países de la Comunidad Andina y Estados Unidos suscriben un
Acuerdo relativo al establecimiento del Consejo Andino-Estadounidense sobre
Comercio e Inversión.
23 al 27-5-1999 La XI Cumbre Presidencial Andina fija las prioridades para
profundizar la integración en el próximo lustro y los jefes de Estado se comprometen
a establecer el Mercado Común a más tardar el 2005.
24-5-1999 El Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales
y Responsables de Planeación Económica de la Comunidad Andina se compromete,
en su III reunión, alcanzar la estabilidad económica de los países miembros y
converger, para ello, a metas inflacionarias menores al 10%.
25-5-1999 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprueba los
Lineamientos de la Política Exterior Común y dispone el establecimiento de las
prioridades.
25-5-1999 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprueba la
Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo y dispone su
instrumentación
31-6-1999 Suscripción del Entendimiento de Cooperación en materia de Comercio e
Inversiones entre la Comunidad Andina y el Gobierno de Canadá en Otawa.
16-8-1999 Entra en vigencia, por dos años, el Acuerdo de alcance parcial de
complementación económica Nª 39 entre los gobiernos de las repúblicas de
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina, y
el Gobierno de la República Federativa del Brasil, que fuera suscrito el 12 de agosto
de 1999.
16-9-1999 Los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela suscriben un nuevo
Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor y disponen su
entrada en vigencia a partir del 1º de enero del 2000.
2/3-3-2000 Los países de al Comunidad Andina y del Triángulo Norte
centroamericano (Guatemala, el Salvador y Honduras) celebran su primera reunión de
negociación de un Acuerdo de Preferencias Arancelarias.
23/24-3-2000 Realización del III Foro Empresarial Andino, en Lima, con la
participación de cerca de un millar de representantes del sector privado.
9 y 10-6-2000 Celebración de la XII Cumbre del Consejo Presidencial Andino, en la
que los mandatarios andinos suscriben una Declaración política y el Acta de Lima
con dos anexos (Anexo 1: Acciones indicativas para la conformación del Mercado
Común Andino y Anexo 2: Programa de Acción 2000-2001 para el establecimiento
del Mercado Común).
10-6-2000 Los cancilleres andinos culminan la suscripción del Protocolo Adicional al
Acuerdo de Cartagena "Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia", el
cual entrará en vigencia una vez que sea aprobado por los congresos y hayan sido
depositados en la Secretaría General de la CAN los respectivos instrumentos de
ratificación.
1-8-2000 Entra en vigencia el Acuerdo de alcance parcial de complementación
económica entre los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países
miembros de la Comunidad Andina, y el de Argentina, que fuera suscrito el 29 de
junio de 2000.
1-9-2000 Reunión de los Presidentes de América del Sur, durante la cual los Jefes de
Estado de la Comunidad Andina y el Mercosur decidieron iniciar negociaciones para
establecer, en el plazo más breve posible y antes de enero de 2002, una zona de libre
comercio entre ambos bloques.
14-9-2000 La Comisión de la CAN aprueba, por medio de la Decisión 486, un nuevo
Régimen Común sobre Propiedad Industrial y dispone su entrada en vigencia a partir
del 1 de diciembre de 2000.
27-4-2001 Los Representantes del MERCOSUR y de la Comunidad Andina (CAN)
se reúnen en Asunción, Paraguay, con el objetivo de retomar las negociaciones
tendientes a la concreción de una Zona de Libre Comercio entre ambos bloques.
22-6-2001 En el marco del XIII Consejo Presidencial Andino, fueron aprobados el
Plan Andino de Cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos
conexos(Decisión 505) y las normas comunitarias para facilitar la libre circulación de
personas (Decisiones 503 y 504) y promover el desarrollo fronterizo (Decisiones 501
y 502), entre otras.
24-6-2001 Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aprueban
el Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez, que entrará en vigencia
cuando todos los países miembros hayan culminado su proceso de ratificación.
POLÍTICA EXTERIOR
La Política Exterior Común (PEC) de la Comunidad Andina se ha constituido
en el instrumento idóneo para lograr una mayor presencia e influencia internacional,
fortalecer la identidad y cohesión de la CAN, participar activamente en el proceso de
integración latinoamericana, desarrollar y consolidar la democracia y del Estado de
Derecho y promover el desarrollo sostenible de la Subregión, entre otros objetivos.
Para ello, utiliza diferentes modalidades, como la adopción de posiciones
comunes, acciones conjuntas y vocerías únicas; la coordinación regular entre las
Misiones Diplomáticas y Representaciones de los países miembros ante terceros
países y en organismos internacionales y eventuales representaciones diplomáticas
conjuntas.
Su acción abarca las áreas: 1) Política: Unidad Regional, Relaciones
extraregionales, Democracia y derechos humanos, Fortalecimiento del
multilateralismo, Seguridad y fomento de la confianza, Desarrollo sostenible, Drogas,
Corrupción, Terrorismo y Tráfico ilícito de armas; 2) Económica: Integración
regional; Promoción del libre comercio, Acceso preferencial, Cooperación
internacional, Promoción comercial y de las inversiones, Comercio de bienes y
servicios, Inversión extranjera, Financiamiento internacional, Propiedad Intelectual,
Agricultura, Energía y Transportes; y 3) Socio-cultural: Identidad andina, Desarrollo
social y Patrimonio cultural.
El Acuerdo de Cartagena, en su parte preambular, subraya la voluntad de los
Países Miembros de sentar las bases que permitan avanzar hacia la formación de una
comunidad subregional y que la integración es un mandato histórico, político,
económico, social y cultural de los países andinos para preservar su soberanía e
independencia.
En 1979, a partir del Mandato de Cartagena, aprobado por los presidentes
andinos con ocasión del décimo aniversario de la suscripción del Acuerdo de
Cartagena, los Cancilleres de los Países Miembros empezaron a actuar conjuntamente
en la escena internacional, dando inicio a un proceso de concertación política que
tuvo importantes resultados, en apoyo a la consolidación de los procesos de transición
democrática que se desarrollaban en esos momentos en varios países
latinoamericanos.
El reconocimiento que suscitaron estas políticas estimuló a los gobiernos para
que firmaran en Lima, en noviembre de 1979, el instrumento constitutivo del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino, cuya primera atribución era
la de formular la Política Exterior conjunta.
En 1980, los Presidentes firmaron en Riobamba, Ecuador, la Carta de
Conducta que estableció el carácter democrático que debe regir el ordenamiento
político subregional, así como su compromiso con el respeto a los derechos humanos
como norma fundamental de conducta interna de los Países Miembros.
Crisis y relanzamiento
La crisis de los años 80 en América Latina significó para el proceso de
integración andina una parálisis casi total, de la que no se sustrajo el novel
mecanismo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el éxito
de la experiencia andina fue ejemplar en el sentido que inspiró la conformación del
Grupo de Contadora, al que se le sumó luego el Grupo de Apoyo de Lima.
En el Manifiesto de Cartagena de Indias, aprobado en 1989, los Presidentes
andinos encargaron al Consejo de Cancilleres el examen, conjuntamente con la
Comisión integrada por los Ministros de Comercio Exterior o Integración, de la
marcha del proceso de integración y la preparación de la Agenda de las Reuniones
Cumbres, a fin de facilitar la adopción de las grandes decisiones del proceso de
integración.
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores fue finalmente
incorporado al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena a través del
Protocolo de Trujillo de 1996, con capacidad de adoptar Decisiones de carácter
vinculante y con el mandato de: "Formular la política exterior de los Países Miembros
en los asuntos que sean de interés subregional, así como orientar y coordinar la acción
externa de los diversos órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración".
En el Protocolo de Sucre, suscrito en junio de 1997, se consagró
definitivamente la Política Exterior Común. Un año más tarde, en el X Consejo
Presidencial Andino celebrado en Guayaquil, los Jefes de Estado instruyeron al
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que establezca una agenda de
política exterior que sirva de base para la "definición de una política exterior y una
estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el
contexto internacional". La reunión del año siguiente en Cartagena propulsó su puesta
en marcha.
En efecto, los Países Miembros de la Comunidad Andina consideran que la
integración constituye un mandato histórico, político, económico, social y cultural de
sus países a fin de preservar su soberanía e independencia. Igualmente, como se había
explicado anteriormente, el Acuerdo de Cartagena, norma suprema de la integración
andina, se fundamenta en los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y
democracia y, entre cuyos objetivos están, el de disminuir la vulnerabilidad externa y
mejorar la posición de los países en el contexto económico internacional.
Es así como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores decidió,
en mayo de 1999, formular una Política Exterior Común a través de la Decisión 458
que establece los "Lineamientos de la Política Exterior Común (PEC)" y comprende
sus principios, objetivos, criterios, mecanismos, modalidades y áreas de acción. Ella
se constituye en un instrumento necesario para elevar el grado de cooperación política
y marcar el inicio de una nueva etapa en el proceso de integración andino. La Política
Exterior Común debe contribuir a fortalecer la identidad y cohesión de la Comunidad
Andina, a proporcionar una mayor presencia e influencia internacional y su
articulación y convergencia con los demás procesos de integración existentes en
América Latina y el Caribe.
Principios de la PEC
La PEC se fundamenta en los siguientes valores compartidos:
El respeto a los principios y normas del derecho internacional consagrados en
la ONU y OEA
La identidad común andina
La paz y seguridad subregional e internacional y la solución pacífica de
controversias
La vigencia del orden democrático fundado en la participación ciudadana y en
la justicia social
La defensa y promoción de los derechos humanos
La solidaridad y la cooperación entre los países andinos
El desarrollo social y económico de los Países Miembros
La consolidación de la integración latinoamericana
Objetivos
Sus objetivos son:
La defensa y promoción de la identidad, de los valores y de los derechos e
intereses comunes
El fortalecimiento de la paz y seguridad
El incremento de la capacidad de negociación internacional
La consolidación y profundización del proceso de integración
La integración latinoamericana y el fomento de la estabilidad, la paz y la
solidaridad de la región
El reforzamiento del multilateralismo y la democratización de las relaciones
internacionales
El desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así
como la promoción y el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales
La erradicación de la pobreza extrema, el fomento de la participación
ciudadana y el mejoramiento persistente en el nivel de vida de la población
andina
La promoción del desarrollo sostenible de la Subregión y la preservación del
medio ambiente a nivel internacional
La lucha contra el problema mundial de la droga
El combate de la corrupción, la lucha contra el terrorismo y otras formas de
crimen organizado
Criterios de la PEC
La Política Exterior Común se guía por los siguientes criterios básicos:
1. Responde a los intereses comunes andinos, rescata experiencias pasadas y
guarda coherencia con las políticas exteriores nacionales de los Países
Miembros.
2. Comprende aspectos políticos, económicos, comerciales y socio-culturales y
es la expresión de un proceso de integración cada vez más profundo que se
proyecta internacionalmente.
3. Su formulación y ejecución se rige por la gradualidad, integralidad y
flexibilidad.
Mecanismos de la PEC
La Política Exterior Común se formula y ejecuta a través del Consejo
Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la
Reunión de Viceministros de Relaciones Exteriores o de Funcionarios de Alto Nivel.
La Comisión de la Comunidad Andina ejecuta las acciones de la política exterior
comunitaria en el ámbito de sus competencias, en coordinación con el Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Modalidades de acción de la PEC
Las modalidades de acción comprenden la adopción de posiciones comunes,
acciones conjuntas y vocerías únicas, incluyendo la concertación de votaciones y
candidaturas. Asimismo, comprende la coordinación regular entre las Misiones
Diplomáticas y Representaciones de los Países Miembros ante terceros países y en
organismos internacionales y, eventuales representaciones diplomáticas conjuntas.
Áreas de acción
Las áreas de acción son la política, económica y socio-cultural. En lo político,
están comprendidas la unidad regional, las relaciones extraregionales, democracia y
derechos humanos, fortalecimiento del multilateralismo, seguridad y fomento de la
confianza, desarrollo sostenible, drogas, corrupción, terrorismo y tráfico ilícito de
armas.
En lo económico, abarca la integración regional, la promoción del libre
comercio, el acceso preferencial, la cooperación internacional, la promoción
comercial y las inversiones, el comercio de bienes y servicios, la inversión extranjera,
el financiamiento internacional, la propiedad intelectual, agricultura, energía y
transportes.
En lo socio-cultural, están la identidad andina, el desarrollo social y el
patrimonio cultural.
Corresponde a los gobiernos de los Países Miembros ejecutar la Política
Exterior Común. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores establece
las prioridades de la Política Exterior Común y coordina su ejecución a través de la
Secretaría Pro Témpore del Consejo, a cargo de la Cancillería andina del país que
ejerce la presidencia anual de la Comunidad Andina, con el apoyo técnico de la
Secretaría General.
En febrero de 2000 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
aprobó, mediante la Decisión 475, la "Directiva No. 1" por la que se fijan los criterios
y pautas para la programación y ejecución de la PEC. En abril del mismo año se
reglamentó su seguimiento a través de la Decisión 476, conforme a las prioridades
establecidas por el Consejo. Ese seguimiento está a cargo de un funcionario de alto
nivel designado por cada Cancillería andina, que tiene por función coordinar la
ejecución de las acciones y negociaciones de la agenda de la Política Exterior Común
en su respectivo país y sus labores específicas están determinadas por la misma
Decisión.
Principales Desarrollos y logros de la PEC
En cuanto a las relaciones regionales, la Comunidad Andina ha venido
negociando en bloque con el Mercosur. Primeramente concluyó acuerdos de
preferencias arancelarias con Argentina y Brasil y actualmente negocia la formación
de una Zona de Libre Comercio. En lo político, los Cancilleres andinos participaron
conjuntamente en la reunión ministerial de La Paz, el 17 de julio del 2001, en la cual
se institucionalizó el diálogo y la cooperación política entre la Comunidad Andina,
Mercosur y Chile.
Uno de los logros más importantes ha sido la de mantener una posición y
vocería única en cada uno de los grupos de negociación para el establecimiento del
Area de Libre Comercio de las América. En lo concerniente a las relaciones con los
Estados Unidos de América, la Comunidad Andina ha participado en bloque en el
marco del Consejo de Comercio e Inversiones entre las partes. Igualmente y en lo que
tiene que ver con al mecanismo de preferencias comerciales otorgadas por ese país a
los países andinos en reconocimiento a la lucha contra el flagelo de las drogas
(ATPA), la Comunidad Andina ha venido gestionando intensamente ante el ejecutivo,
legislativo y sector privado norteamericanos, la renovación, ampliación e
incorporación de Venezuela a este importante mecanismo.
Con Canadá se logró acordar el establecimiento de un Consejo de Comercio e
Inversiones y actualmente se negocia un acuerdo de preferencias arancelarias que
serían otorgadas por ese país del tipo del ATPA.
Asimismo, se espera concluir las negociaciones de un acuerdo de preferencias
comerciales con el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y se han
seguido ampliando los contactos con SIECA y Caricom.
Con la Unión Europea se mantiene una relación muy estrecha, tanto en lo
político como económico, que busca además avanzar hacía un acuerdo de asociación,
de conformidad con la propuesta de la Comunidad Andina. Para ello primeramente se
acordaron los términos de referencia de un estudio, a cargo de la Secretaría General
de la Comunidad Andina y la Comisión Europea, que permitirá conocer el estado
actual de las relaciones entre ambos bloques.
Asimismo, los países andinos gestionan conjuntamente la renovación y
ampliación del SGP Andino de preferencias comerciales, otorgadas por la Unión
Europea en reconocimiento a la lucha contra las drogas ilícitas.
Con la Federación de Rusia y China se han suscrito sendos acuerdos que
permitirán ampliar el diálogo y la cooperación política y se han seguido fortaleciendo
los contactos conjuntos con APEC y ASEAN.
A nivel multilateral, la Comunidad Andina ha seguido coordinando posiciones
en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, así como en foros
internacionales como el del Grupo de Río entre otros.
Los avances de la Política Exterior Común fueron resaltados por los jefes de
estado de la subregión en la XII reunión del Consejo Presidencial Andino, realizada
en Lima el mes de junio de 2000. En esa ocasión encomendaron al Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores continuar ejecutando las acciones y
negociaciones consideradas prioritarias en la agenda de trabajo de la PEC e
identificar acciones concretas de cooperación entre los Países Miembros que permitan
reforzar la lucha contra el problema mundial de la droga y la corrupción, fortalecer la
seguridad y el fomento de la confianza e impulsar la vigencia de los derechos
humanos y la profundización de la democracia en la subregión".
Los mandatarios reiteraron, además, que las negociaciones internacionales que
desarrolle la Comunidad Andina con países y grupos de países deben responder al
principio del regionalismo abierto y situarse dentro del marco y las prioridades de la
Política Exterior Común Andina.
Un tema importante que debe ser resaltado son los desarrollos que en materia
de seguridad se han producido en la Comunidad Andina. En esa dirección, un
antecedente inmediato es la "Declaración de Galápagos: Compromiso Andino de Paz,
Seguridad y Cooperación", que data del 16 y 17 de diciembre de 1989.
En la Declaración descrita los países andinos, a través de sus mandatarios,
acordaron la adopción de medidas de fomento de la confianza en los campos de la
cooperación política, económica y militar; de procedimientos prácticos para evitar o
superar incidentes fronterizos; el intercambio de informaciones y encuentros
regulares entre las Fuerzas Armadas; la coordinación de políticas para la lucha contra
el narcotráfico y el terrorismo; la cooperación de las Fuerzas Armadas en proyectos
de desarrollo de interés común; la celebración de reuniones de Altos mandos
Militares para evaluar la aplicación de estas medidas; la promoción conjunta de la
consecución de los objetivos y el cumplimiento de los compromisos establecidos en
el Tratado de Tlatelolco y en el Tratado para la No Proliferación de Armas Nucleares;
la promoción de iniciativas regionales para una respuesta a la relación entre desarme
y desarrollo; acordar medidas conjuntas ante la adopción de medidas coercitivas por
terceros; la compatibilización de los planes nacionales de desarrollo con los
requerimientos de la seguridad ecológica y la concertación de posiciones comunes en
foros; lograr la seguridad alimentaria regional y establecer mecanismos para atender
situaciones de emergencia; colaborar en la prevención y represión del terrorismo,
tráfico ilícito de armas y actos de piratería aérea y concertar acciones conjuntas en
foros internacionales sobre esta temática.
Por otro lado, en la Cumbre Sudamericana de Brasilia del 1 de septiembre de
2000, los presidentes expresaron que la paz, la democracia y la integración
constituyen elementos indispensables para garantizar la seguridad y el desarrollo en la
región y, en concordancia con los instrumentos internacionales vigentes en la
Comunidad Andina y el Mercosur, Chile y Bolivia, acordaron crear una Zona de Paz
Sudamericana encargando a sus Cancilleres la adopción de las medidas necesarias
para poner en práctica esta decisión.
Igualmente decidieron estimular la profundización del diálogo sobre seguridad
en América del Sur, teniendo en cuenta incluso los aspectos humano, económico y
social de la cuestión.
Tomando como antecedentes estos avances y sus propias posiciones
internacionales promovidas en foros regionales y de Naciones Unidas, los presidentes
andinos decidieron, en la reunión del XIII Consejo Presidencial Andino de Valencia,
Venezuela, el 23 y 24 de junio de 2001, encomendar al Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores que, con el apoyo de la Secretaría General, elabore los
lineamientos para una Política Comunitaria de Seguridad y Fomento de la Confianza,
teniendo presente el objetivo de establecer una zona andina de paz. Dichos
lineamientos serán presentados al próximo Consejo Presidencial Andino y deberán
basarse en la Declaración de Galápagos y tener en cuenta las recomendaciones
contenidas en las Declaraciones de Santiago y San Salvador.
En esa dirección y prosiguiendo con el desarrollo de esta temática, en la
Declaración Ministerial de La Paz sobre la Institucionalización del Diálogo Político
Comunidad Andina-Mercosur y Chile, reunión que tuviera lugar en la ciudad de La
Paz, Bolivia, el día 17 de julio de 2001, los cancilleres de la Comunidad Andina, el
Mercosur y Chile, convencidos de que la paz y la seguridad en la región debían ser
fortalecidas, así como de que el fomento de la confianza, la solución pacífica de
controversias y el rechazo al uso o amenaza del uso de la fuerza constituyen
compromisos compartidos, formularon las "Bases para un Proyecto sobre la creación
de una Zona de Paz y de Cooperación Suramericana", que figura en el Anexo Nro. 1
de la mencionada Declaración.
Avances recientes de la PEC
En la reunión del XIII Consejo Presidencial Andino realizada en Valencia,
República Bolivariana de Venezuela, los días 23 y 24 de junio, los Jefes de Estado
concordaron en la necesidad de impulsar la ejecución de la Política Exterior Común,
a fin de fortalecer y acrecentar la presencia y capacidad de negociación internacional
de la Comunidad Andina. Reafirmaron su compromiso con el regionalismo abierto y,
en ese sentido, su disposición a fortalecer los vínculos económicos y políticos con
otros grupos subregionales, regionales e intrarregionales.
Las directrices presidenciales en esta materia se refieren, entre otras, a la
intensificación de la coordinación y el trabajo conjunto de Embajadas y
Representaciones en el exterior; sobre la próxima celebración de la Conferencia
Ministerial de la OMC; en torno al inicio del diálogo político entre la Comunidad
Andina, Mercosur y Chile; alrededor de la renovación, ampliación e inclusión de
Venezuela en la Ley de Preferencias Comerciales Andinas otorgadas por los Estados
Unidos de América para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos; sobre el
seguimiento de una estrategia comunitaria en el marco de las Cumbres de las
Américas; a la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias Andino otorgado
por la Unión Europea para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos y, el
apoyo a la negociación de un acuerdo de asociación entre ambos bloques.
A través de la Decisión 499, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores actualizó, a la luz de la experiencia, los criterios y pautas para la ejecución
de la Política Exterior Común establecidos en la Directiva No. 1 aprobada mediante
la Decisión 475.
En ese sentido se dispuso que la agenda de la Política Exterior Común sea
aprobada anualmente por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
que además se desarrolle un sistema efectivo de comunicación así como consulta e
intercambio de información a fin de garantizar el cumplimiento de la agenda de la
Política Exterior Común y para considerar situaciones o asuntos que requieran
atención prioritaria.
Igualmente se dispuso que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores pueda encomendar a las Misiones Diplomáticas y Representaciones
Permanentes andinas, la realización de cualesquiera de las modalidades operativas
para la ejecución de la agenda de la Política Exterior Común, a través de un
mecanismo descrito en el acápite 4 del Capítulo IV de la Decisión.
Finalmente establece la Decisión, que las Embajadas andinas ante los Estados
Unidos de América y la Unión Europea, así como las Representaciones Permanentes
andinas ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos, la Organización Mundial de Comercio y ante los Organismos
Internacionales con sede en Ginebra y Viena, establezcan un mecanismo de reuniones
de coordinación, intercambio de información y de opinión sobre los temas de la
agenda de la Política Exterior Común en sus respectivos ámbitos de competencia, con
una frecuencia al menos trimestral, y mantengan permanentemente informado al
Consejo, a través de la Secretaría Pro Témpore, sobre tales reuniones, incluyendo sus
iniciativas y recomendaciones sobre nuevos temas de coordinación y concertación.
Con la promulgación de la Resolución 528 del 13 de julio de 2001, la Secretaría
General unificó los textos de las decisiones 475 y 499 que conforman la "Directiva No
1 sobre la Política Exterior Común".
Gracias a este marco jurídico, la Comunidad Andina se viene abocando
durante el periodo 2001-2002 a cumplir con los objetivos de la PEC en sus diversas
áreas de acción como son la cooperación política, la agenda social, la integración
sudamericana, las relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China y
las posiciones conjuntas en la ONU y la OMC, entre otras.
Centroamérica
La Comunidad Andina (CAN) tiene el propósito de establecer un
relacionamiento amplio con el Mercado Común Centroamericano (MCCA), esquema
de integración que agrupa a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica.
Con miras a profundizar sus relaciones, la CAN y el MCCA han llevado
adelante aproximaciones de carácter técnico a partir de mayo de 1997, lo cual ha
permitido incrementar el intercambio de información entre sus Secretarías.
Desde marzo del 2000, la CAN está negociando la suscripción de un acuerdo
de complementación económica con tres países del MCCA: Guatemala, El Salvador y
Honduras, que conforman el denominado "Triángulo Norte".
En la reunión que celebraron en noviembre del 2000, ambas partes acordaron
realizar un intercambio del listado consolidado de productos de interés, con las
preferencias solicitadas y ofertadas por los países miembros, el cual se hizo efectivo
en mayo del 2001.
Es importante señalar que actualmente solo Colombia y Venezuela tienen
firmados Acuerdos de Alcance Parcial con los tres países centroamericanos, en los
cuales otorgan preferencias para varios productos pero no reciben ninguna
preferencia de estos países.
Desde el año 1991 hasta el 2000, con excepción de 1998, se puede observar
una tendencia creciente y sostenida en el intercambio comercial de la Comunidad
Andina con el Mercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua)
En el 2000, dicho intercambio alcanzó la cifra récord de los 1 354 millones de
dólares, de los cuales 1 262 millones corresponden a las exportaciones y 92 millones
a las importaciones de la Comunidad Andina desde ese mercado.
Estados Unidos es el principal socio comercial de los países miembros de la
Comunidad Andina. El 47 por ciento de las exportaciones de la CAN en el 2000 se
destinaron a Estados Unidos y el 32 por ciento de sus importaciones tuvieron origen
en ese mercado.
En los últimos años la Comunidad Andina y Canadá han realizado esfuerzos
para estrechar los lazos de amistad y cooperación y para fortalecer sus relaciones
económicas y comerciales.
La Unión Europea es el segundo socio comercial de la Comunidad Andina y
el segundo inversionista extranjero.
Las relaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea se sustentan
actualmente en cuatro pilares, tal como señalaron los Presidentes andinos en su
reunión de Sucre-Bolivia de abril de 1997 y como reiteraron en la reunión de
Guayaquil, en abril de 1998.
La Comunidad Andina y la Federación de Rusia han establecido un
mecanismo de diálogo político y cooperación que les permitirá fortalecer y ampliar
sus relaciones de amistad, entendimiento mutuo, cooperación económica y científico-
técnica, así como sus lazos culturales.
La Comunidad Andina y la República Popular China firmaron, en marzo del
2000, el "Acuerdo para el establecimiento de un mecanismo de consulta política y
cooperación", con el fin de fortalecer sus lazos de cooperación e intercambio
comercial, empresarial y tecnológico y el diálogo en campos multilaterales
internacionales.
Tratados y Protocolos
Acuerdo de Cartagena
Protocolo de Sucre
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(Modificado por el Protocolo de Cochabamba)
Tratado Constitutivo del Parlamento Andino 1979
Tratado Constitutivo del Parlamento Andino 1997
Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez
Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena "Compromiso de la Comunidad Andina
por la democracia"
Convenios
Convenio de Complementación en el Sector Automotor
ALBA
¿Qué es la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe?
La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) es una
propuesta de integración diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del
capital trasnacional y persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes y
servicios e inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social y, por lo tanto, expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos.
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas
cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes
entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos compensatorios
para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a
las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la
integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo
nuevo espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e
identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y
presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. El desafío es impedir la
dispersión en las negociaciones, evitando que las naciones hermanas se desgajen y
sean absorbidas por la vorágine con que viene presionándose en función de un rápido
acuerdo por el ALCA.
El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los
acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y
regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una
creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al
despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo
político, económico, social y militar en América Latina y El Caribe. Hoy más que
nunca, hay que relanzar la unidad latinoamericana y caribeña. El ALBA, como
propuesta bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los movimientos, de las
organizaciones y campañas nacionales que se multiplican y articulan a lo largo y
ancho de todo el continente contra el ALCA. Es, en definitiva, una manifestación de
la decisión histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para demostrar que Otra
América es Posible.
¿Cómo queda el desarrollo endógeno en el ALBA?
La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a poner medidas para
reducir el arancel y eliminar las trabas al comercio y a la inversión. Es libre comercio
entendido en estos términos solo beneficia a los países de mayor grado de
industrialización y desarrollo. De hecho, abundan los estudios científicos en los que
se demuestra de manera irrefutable que la aplicación de las pautas actuales de la
globalización y sus expresiones hemisféricas o regionales ha dado al traste con las
aspiraciones de un verdadero desarrollo endógeno en cualquiera de los países del
continente.
Los grandes acuerdos de integración deberían quedar por el contrario
supeditados a los objetivos del desarrollo endógeno. La escasa diversificación de la
oferta regional hoy existente sentencia desde ya que el ALCA no podrá ser la
oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo en que se armonice el crecimiento
económico con una creciente calidad de vida y grado de bienestar para nuestros
pueblos.
Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si estas se basan en la
industria maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a
dudas que no podrá generar el efecto multiplicador sobre los encadenamientos
sectoriales, no habrá un efecto multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni
mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que se necesitan para derrotar
la pobreza y la exclusión social.
En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la solidaridad. Se
trata de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los separan de
los países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de los cambios en
las condiciones de competencias imperantes, sino también de la solidaridad entre los
pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de corregir estas asimetrías. Solo así
un área de libre comercio podrá ser una oportunidad para todos (una alianza ganar-
ganar).
La agricultura en el ALBA: mucho más que un sector productor de mercancías
La exigencia de reducción de las políticas proteccionistas y de los masivos
subsidios que otorgan los principales países industrializados no puede convertirse en
una exigencia generalizada de liberalización de comercio de productos agrícolas. Para
muchos países de América Latina y El Caribe la actividad agrícola fundamental para
la supervivencia de la propia nación. Las condiciones de vida de millones de
campesinos e indígenas se verían muy afectados si ocurre una inundación de bienes
agrícolas importados, aún en los casos en los que no exista el subsidio.
Hay que dejar en claro que la producción agrícola es mucho más que la
producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento
básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del
territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver
directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo
tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier
producto.
El Articulo 305 de la Constitución dé la República Bolivariana de Venezuela
indica: “El estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del
desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaría de la
población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el
ámbito nacional el acceso oportuno y permanente a estos por parte de los
consumidores.
La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la
producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las
actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA producción de alimentos es de
interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales
fines el Estado dictara las medidas de orden financiero, comercial, transferencia
tecnológica, tenencia de la tierra infraestructura, capacitación de mano de obra y otras
que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e
internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola”. Parte
importante de la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos se concentra en la
población que habita las zonas rurales que subsiste con base en la actividad agrícola o
actividades alrededor de la agricultura.
Esa población es finalmente la más castigada con el des-balance de partida
para la negociación de la agricultura y lo seria más si se excluyen de la negociación
los aspectos que más la perjudican.
La seguridad alimentaria de la que gozan los países desarrollados del
hemisferio, que hoy se nos niega a los países en desarrollo al querer limitar el margen
de acción para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de políticas de apoyo
sistemático a la agricultura con la cual consiguen distorsión en los precios en los
mercados mundiales. Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de juego aún
permanecería desnivelado: La infraestructura y el aparato productivo y tecnológico
establecido y operado en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas
todavía nos dejan en desventaja.
Por todas estas razones, la situación sobre las negociaciones sobre la
agricultura para el ALCA constituye un objeto más de preocupación de gran
trascendencia para Venezuela.
Para el inicio de las negociaciones en 1998, la declaración ministerial de San
José estableció claramente entre los objetivos de las negociaciones para este sector
importante de la producción el de “eliminar los subsidios a las exportaciones
agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio”, y el de “identificar otras
prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que
tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y
someterlas a una mayor disciplina”.
También se acordó por consenso en la misma oportunidad que “Las
negociaciones se iniciarían simultáneamente en todas las áreas temáticas. El inicio, la
conducción y el resultado de las negociaciones del ALCA se deberán tratar como
partes de un compromiso único (single undertaking) que incluya los derechos y
obligaciones mutuamente acordados”.
Sin embargo desde el inicio de la negociación de los textos para el proyecto de
tratado, los EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el marco del ALCA los
subsidios a las exportaciones de productos agrícolas y las ayudas internas que
distorsionan el comercio y la producción de productos agrícolas, con inclusión de las
medidas con efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones.
Se expresa allí la doble moral de las grandes potencias que exigen a los países
en vías de desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para promover el
desarrollo de sus aparatos productivos mientras que por otro lado aplican ruinosos
subsidios a favor de sus aparatos productivos. La insistencia en tal posición, a todas
luces contraría los principios y objetivos pautados para emprender la conformación
del ALCA, principios y objetivos que compartimos y nos alentaron a participar en la
negociación.
Este tema fue motivo de un gran debate en la última Reunión Ministerial
celebrada en Quito, en cuya declaración finalmente todos los países reconocieron “la
importancia de la agricultura para las economías de la región, cuyo tratamiento
integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA contribuirá a generar
empleo a reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social”, por lo cual reafirmaron
“el compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las exportaciones
que afectan el comercio de productos agrícolas en el Hemisferio y el desarrollo de
disciplina para ser adoptadas para el tratamiento de todas las otras prácticas que
distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen
efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones agrícolas”, señalando en
particular “que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de países, de los
resultados de las negociaciones de acceso a mercados en agricultura en el ALCA
dependerán del progreso que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de
la agenda agrícola.”
Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por este Comité de
Negociaciones Comerciales en su reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de
Negociación sobre Agricultura “intensificar los debates sobre todos los temas de su
agenda, en particular los referidos a los subsidios a las exportaciones y a todas las
otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo
aquellas que tiene efectos equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas,
sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al tenor de los mandatos de las
declaraciones de Buenos Aires y Quito”.
Del desarrollo de las reuniones efectuadas desde noviembre del año pasado,
puede deducirse claramente la insistencia de la negativa de los Estados Unidos a
comprometerse con la no reintroducción de los subsidiasen las exportaciones
agrícolas, a trabajar en la regulación de las condiciones de los créditos, garantías de
créditos y programas de seguro a las exportaciones agrícolas y a trabajar para la
disminución y disciplinamiento de las ayudas internas a la agricultura.
Entre tanto, para la negociación sobre la eliminación de los aranceles agrícolas
se han establecido plazos perentorios que han obligado a muchos países a realizar un
esfuerzo importante para cumplirlos. Lamentablemente los países que han cumplido
con puntualidad estas entregas de oferta para demostrar su voluntad de negociar la
agricultura hoy se sienten burlados ante la negativa de los Estados Unidos de eliminar
los subsidios que otorgan a su agricultura en el marco del ALCA.
La situación indicada muestra un gran des-balance de gran magnitud en la
negociación y una perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el
estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es aceptable un des-balance de
tal naturaleza. No es aceptable que la agricultura se circunscriba exclusivamente a la
eliminación de los aranceles por parte de los países en vías de desarrollo mientras las
principales potencias se niegan a eliminar los subsidios y ayudas internas.
Como se sabe, los EEUU destinan centenares de miles de millones de dólares
anualmente para sostener sus exportaciones y la producción de su agricultura,
ocasionando fuerte distorsiones en el precio de los productos agrícolas en los
mercados mundiales. Aunque se eliminen las barreras arancelarias para las
exportaciones latinoamericanas, es imposible competir con esos precios subsidiados.
De esa forma se impide o dificulta el acceso efectivo de los países latinoamericanos a
los mercados del hemisferio. Los productos subsidiados compiten deslealmente en
nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se hace mucho mayor
al eliminar nuestros aranceles. Es así como se nos quitan mercados en terceros países
para los productos agrícolas que pudiéramos de otra forma exportar.
Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que
disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son
instrumentos de política para apalear los efectos perversos de las distorsiones de los
precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las
negociaciones de acceso a los mercados.
Solamente el enorme contraste en el tamaño de las economías que integran el
continente, nos sitúa en desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados
significa muy poco para la expansión de la agricultura de los países desarrollados,
solo una pequeña fracción de aumento o desvió de las exportaciones hacia nuestros
países significa una conmoción de precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento
para una parte importante de nuestra población.
Si los países desarrollados no quieren eliminar los subsidios y las medidas de
efectos equivalente y no quieren disminuir sustancialmente y disciplinar las ayudas
por temor a la perdida de sus mercados en el mundo, fuera del continente y proponen
hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito multilateral, no se nos puede pedir que
nosotros les demos ahora en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para
ser equitativos no queda otro camino que también negociar el acceso a los mercados
para los productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego de que
conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las potencias agrícolas del
Orbe hayan acordado sobre la eliminación de sus subsidios y las medidas de efecto
equivalente y sobre la disminución y disciplinamiento de sus ayudas internas,
podremos con responsabilidad determinar hasta que punto podremos otorgar mayor
acceso a nuestros mercados.
¿Derechos de propiedad intelectual o derechos de los pueblos a medicamentos y
alimentos de buena calidad?
La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa más
nítidamente la oposición de intereses entre las grandes corporaciones internacionales
y los países pobres del Sur, especialmente las poblaciones campesinas y aborígenes.
Apelando a lo que fueron denominados “asuntos relacionados con el
comercio”, se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual
en condiciones muy desventajosas para los países el Sur. A pesar de la resistencia
inicial, los países del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de
protección de la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de
propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas.
En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los países industrializados
del Norte y el Sur, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas científico-
tecnológicas. El régimen internacional de definición y protección de la propiedad
intelectual esta orientado a acentuar este des-balance. Protege aquello en lo cual los
países más fuertes tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin protección
aquello en lo cual los países y pueblos del Sur tienen una indudable ventaja: en la
diversidad genética de sus territorios y en el conocimiento tradicional de los pueblos
campesinos y aborígenes.
Antes de estas negociaciones más de 50 países no tenían regimenes legales de
protección de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados
internos podían ser surtidos por medicamentos genéricos a precios muy inferiores a
los ofrecidos por las empresas dueñas de las patentes.
La comparación de los precios de los medicamentos en la India con países en
los cuales existe la protección de patentes farmacéuticas, indica que en éstos los
precios son hasta 41 veces más altos. La industria farmacéutica de la India es una
industria floreciente de más de 20 mil empresas, produce medicamentos de alta
calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de ingresos y desempeña
además un papel importante en la generación de empleo.
Esto ha comenzado a cambiar en La india y en el resto del mundo en forma
acelerada y radical. Los acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización
Mundial de Comercio obligan a todos los países después de un período de gracia para
los países “menos desarrollados” a establecer regímenes de patentes que garanticen la
protección estricta de la propiedad intelectual.
Así pues, los días de los medicamentos genéricos están contados. Como
consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las
compañías farmacéuticas pueden eliminar la competencia y cobrar precios más allá
de la posibilidad de pago de millones de personas.
A partir de diversos estudios se ha calculado que ocurrirían no solo aumentos
significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino
igualmente una notoria reducción del consumo: amplios sectores de la población
quedarían excluidos del acceso a medicamentos comerciales.
El caso de Egipto es ilustrativo: la introducción de patentes en los
medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces, comparado con
los medicamentos sin patentes. Se tenderá igualmente a la quiebra de medianas y
pequeñas empresas farmacéuticas y al incremento de los niveles de monopolización
de la actividad por las grande trasnacionales.
En la actualidad 80 % de las patentes sobre alimentos modificados
genéricamente están en manos de 13 trasnacionales, y las 5 compañías agroquímicas
más grandes controlan casi todo el mercado global de semillas.
Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas formas de
vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por
parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están cambiando
aceleradamente los patrones de producción campesinos en escala global. Los
campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez más dependientes de la
compra de costosos insumos de las transnacionales.
La “libertad de comercio” impuestas crecientemente por los intereses de estas
transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta conduciendo hacia una
reducción de la variedad genética de muchos de los principales cultivos alimenticios.
Esta reducción de la diversidad genética, asociada a una visión ingenieril de la
agricultura, basada en un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del proceso
productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de
agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y regenerativa de
los sistemas ecológicos.
Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de
patentes -basados en la expropiación no reconocida de los conocimientos y/o recursos
de otros que han sido otorgados. Muchas de estas patentes han sido particularmente
escandalosas como la de ingredientes activos del árbol de neem que han sido
ampliamente utilizados para muy diversas aplicaciones en la India durante centenares
de años.
Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos críticos para el presente
y futuro de la humanidad que están siendo afectados por los acuerdos de derecho a la
propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más dinámicos de concentración del
poder y acentuación de las desigualdades que caracteriza las actuales tendencias
hegemónicas de la globalización.
¿Cómo enfrentar la liberalización, desregulación y privatización de los
servicios?
En el ALCA se propone un conjunto de normas multilaterales que,
aparentemente, ordenaran el comercio internacional de servicios. Pero lo que
realmente se pretende es la liberalización, desregulación y privatización progresiva de
los servicios esenciales para la sociedad y que suponen una obligación de los estados
y gobiernos con sus ciudadanos.
Este proceso de liberalización abarcaría toda la amplia gama de servicios que
podamos imaginar en materia de salud, educación, seguridad social, agua potable,
transporte, correo, servicios municipales, medio ambiente, cultura, recursos naturales,
etc. De esta forma se restringiría de una vez y para siempre la intervención del Estado
a través de medidas gubernamentales que regulen el comercio de servicios: desde los
limites a la legislación laboral y la protección del consumidor, incluyendo
regulaciones, directrices, subvenciones, calificaciones y pautas para otorgar permisos;
hasta los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades
económicas o medidas sobre el contenido cultural.
Una vez mas se manifiesta aquí la tesis del libre mercado las cuales postulan
que una mayor apertura de los mercados potenciaría las posibilidades de los países en
desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que demandan sus
ciudadanos.
La historia reciente de Venezuela y América Latina es la de una violenta ola
de privatizaciones de servicios tales como el transporte aeronáutico, las
telecomunicaciones o la electricidad. Las consecuencias de esta entrega de servicios
al mercado están a la vista de todos: prácticas monopólicas u oligopólicas y la
consiguiente alza en los precios y disminución de su calidad; destrucción de millares
de empleos; y, desmantelamiento y dilapidación de los recursos públicos en procesos
de privatizaciones amañados.
En el ALCA se pretende extremar estos procesos de liberalización y
privatización al incluir también los servicios esenciales que suponen una obligación
del Estado con sus ciudadanos. Estos servicios pasarían a ser suministrados por
empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos en simples consumidores
que, al no disponer de los recursos para pagar por estos servicios, quedarían excluidos
de su consumo y disfrute.
Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el ALCA serían las
grandes multinacionales que convertirían los servicios públicos de todo el mundo en
mercados privados. Y los perjudicados serían los de siempre: los sectores más
empobrecidos y de máxima exclusión social. Las grandes empresas de fines
lucrativos accederían a los recursos públicos y lograrían desmantelar las regulaciones
existentes. Para los países en vías de desarrollo esto se traduciría en el
desmantelamiento total y absoluto de los servicios públicos.
La severa crítica a la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido eco
enana parte importante de la sociedad. Engañada, esta acepta que los servicios en
manos del Estado mejorarían si se entregaran al mercado. Nadie niega la necesidad de
mejorar la eficacia de los servicios públicos, pero la panacea no es su liberalización y
privatización. La solución esta en derrotar a los evasores de impuestos que se
apropian de los recursos financieros necesarios para mejorar su calidad y, por su
puesto, mejorar su gestión para asegurar el acceso masivo en condiciones de
igualdad. Lo que resulta inadmisible es que se manipule su situación de deterioro para
justificar procesos de privatización que le facilita a las trasnacionales la apropiación
de servicios públicos esenciales.
Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica según la cual la
liberalización de los servicios desencadenaría una mayor competitividad que
contribuiría a mejorar la eficacia en la prestación de los servicios; un mayor grado de
desarrollo de los mismos y finalmente un ahorro a favor de los consumidores. Pero
después de más de una década de apertura, liberalización y privatizaciones, esta claro
que el objetivo es la generación de más beneficios para las grandes corporaciones
trasnacionales que se han ido apropiando de estos servicios en una escala global a
costa de excluir de servicios públicos a millares de personas en todo el mundo que no
puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de
liberalización, desregulación y privatización que limiten la capacidad del estado y del
gobierno para diseñar y ejecutar políticas en defensa del derecho de nuestros pueblos
a tener acceso a servicios esenciales de buena calidad y buenos precios.
Con el argumento de que los subsidios distorsionan los precios del mercado y
que deben ser los mecanismos del mercado –es decir las leyes de la oferta y la
demanda- los que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea la
liberalización y privatización de los servicios públicos.
Cualquiera de los tres casos supondría la eliminación de millones de personas
del disfrute de servicios públicos esenciales para la sobre vivencia humana.
Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios públicos son para satisfacer
las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico. Por lo
tanto, su prestación no puede estar gobernada por criterios de rentabilidad sino de
interés social.
De hecho, representan uno de los derechos sociales más significativos
alcanzado por los pueblos a lo largo de la historia y son indispensables para corregir
las desigualdades sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios públicos
debe regirse por las necesidades sociales del individuo y no por su capacidad de pago.
La liberalización de los servicios en el ALCA traería consecuencias
catastróficas si se exige la aplicación del “Trato Nacional”. Esto quiere decir que se
deben dar a las trasnacionales las mismas preferencias que se otorgan a las pequeñas
empresas y cooperativas nacionales. No se podrá dictar ninguna medida que de
preferencias a la producción local o que discriminen a empresas extranjeras. Otro
aspecto al que se le debe prestar mucha atención es al de “Acceso a mercados” ya que
aquí se obliga a los países a no poner ningún tipo de barrera al ingreso al mercado
nacional de cualquier proveedor de servicios del extranjero en los sectores que ha
liberalizado. Así pues, los gobiernos no podrán instrumentar medidas que
condicionen el comercio de servicios. Las transnacionales quieren llevarnos a jugar
en su propia cancha para que, en lugar de reclamar soberanía y justicia en la
prestación de los servicios esenciales para la población, no sumemos a facilitar
“acceso a mercados” como si fuera el clamor de nuestra gente.
Fondos compensatorios para la corrección de asimetrías en el ALBA
Para la construcción del ALBA Venezuela propone la creación de los Fondos
Compensatorios o de Convergencia Estructural con el objetivo de reducir de manera
significativa las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las naciones y entre
sectores productivos, asignándole a dicho mecanismo metas sociales y económicas
precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de seguimiento.
Este mecanismo requiere una definición inicial que permita medir las
asimetrías existentes en la región. Venezuela propone el inicio del debate partiendo
de la base que el identificar una definición concreta de “economía mas pequeña”
facilitara la concreción de una o varias estrategias para lograr superar los obstáculos
generados con las asimetrías existentes. Es por ello que se ha identificado un grupo de
variables económicas y sociales que buscan distinguir de forma no discrecional las
economías que requieren ser asistidas para lograr competir en condiciones favorables
para los países en el área de libre comercio.
De esta forma en la construcción del ALBA, las diferencias en los niveles de
desarrollo y el tamaño de las economías participantes, además de plantearse por las
razones arriba expuestas como un asunto de la mayor prioridad, deberían incluir:
• La generación de instrumentos a través de los cuales se busque no solo que los
países “en desarrollo” puedan acceder al ALBA, sino que además principalmente
esos países pueden mejorar sus conducciones productivas y competitivas,
atenuándose las disparidades que caracterizan su funcionamiento económico interno y
las grandes distancias que lo separan de las grandes economías desarrolladas del
hemisferio.
• Una definición clara respecto a las economías que serán objeto de trato especial y
diferenciado. Hasta ahora la referencia a “los niveles de desarrollo y el tamaño” se
basa en el concepto de “Economías más pequeñas”, el cual remite a la dimensión de
los participantes, sin que estén definidos los criterios que se utilizaran al respecto. En
el ALBA, dicha dimensión y el acceso o no al trato especial y diferenciado estaría
determinada por variable como población, superficie, producción global y dotación
de recursos. Pero también incluirá otros indicadores referidos al grado de desarrollo y
a limitaciones estructurales de las economías: Composición de las exportaciones y
vulnerabilidad externa; nivel de desarrollo industrial; ingreso per.-cápita promedio y
variaciones respecto a ese promedio; pobreza y pobreza extrema, etc.
• Una identificación de trato especial y diferenciado no solo hacia la totalidad de
cada una de las economías, sino también hacia el interior de cada una de ellas, de
modo que dicho trato pueda dirigirse a las regiones y sectores que más lo necesitan.
De esa manera los recursos que se canalizan para atender a las disparidades se
vincularían directamente con los sectores intra-nacionales a los que irían dirigidos,
asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y transparencia, así como una
reducción de las trabas administrativas asociada al uso de dichos recursos proveniente
de los mencionaos mecanismos.
A diferencia del ALCA donde lo que esta previsto es una mayor
profundización de las diferencias que hoy existen, la propuesta del ALBA incluye
propuestas y mecanismos concretos para superar las grandes disparidades entre los
países y el interior de muchos de ellos. La atención a este problema ocupa un lugar
predominante en la naturaleza de este proyecto alternativo de integración
latinoamericana y caribeña.
PRINCIPIOS RECTORES DEL ALBA
De la Integración Neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América Latina
y el Caribe.
“Jamás hubo en América de la independencia a acá, asunto que requiera más
sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso,
que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos
invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las
naciones americanas de menos poder...”. José Martí
1. La integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las inversiones.
2. La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) es una propuesta que
centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
3. En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial a los derechos
humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física.
4. En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos subsidios
de los países industrializados no puede negar el derecho de los países pobres de
proteger a sus campesinos y productores agrícolas.
5. Para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las condiciones
de vida de millones de campesinos e indígenas se verían irreversiblemente afectados
si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los
cuales no exista subsidio.
6. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es la
base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio,
define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con la
seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países la agricultura es, más bien, un
modo de vida y no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica.
7. ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, a saber:
a. La pobreza de la mayoría de la población;
b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países.
c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales.
d. El peso de una deuda impagable.
e. La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y de las rígidas
reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y político.
f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología
que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y,
g. Prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una verdadera
democracia, tales como la monopolización de los medios de comunicación social.
8. Enfrentar la llamada Reforma del Estado que solo llevó a brutales procesos de
desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión pública.
9. Como respuesta a la brutal disolución que éste sufrió durante más de una década de
hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del Estado con base en la
participación del ciudadano en los asuntos públicos,
10. Hay que cuestionar la apología al libre comercio per se, como si sólo esto bastara
para garantizar automáticamente el avance hacia mayores niveles de crecimiento y
bienestar colectivo.
11. Sin una clara intervención del Estado dirigida a reducir las disparidades entre
países, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al
fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles.
12. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica
definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los organismos
internacionales.
ALCA
El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es el nombre oficial con
que se designa la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN ó TLC) a todos los países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe,
excepto Cuba. Las negociaciones comenzaron inmediatamente después de la entrada
en vigor del TLC en 1994 y se espera que concluyan en 2005. Los Estados Unidos
están presionando para que se adelante la fecha a 2003.
Durante la I Cumbre de las Américas, celebrada en Diciembre de 1994 en
Miami, los Presidentes de los 34 países democráticos de América acordaron iniciar la
promoción y constitución del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con
el propósito de conformar una zona de libre de comercio que abarque todo el
Continente y favorezca la eliminación progresiva de las barreras comerciales y de
inversión en la región.
Los países participantes en las negociaciones del ALCA son todos los
miembros activos de la Organización de Estados Americanos (34), ellos son: Antigua
y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente
y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Los países miembros del ALCA, consideran que el ALCA se establecerá en
forma definitiva en el año 2005, sin embargo sus características finales se
determinarán mediante de negociaciones de los representantes oficiales de los
gobiernos respectivos.
Según Silvano Gelleni, Presidente del Comité de Comercio Exterior de
Conindustria, (2001), El ALCA:
“Es la asociación de los 34 países del Continente Americanos, que pretende
promover el libre intercambio de bienes y servicios entre ellos, con la
desgravación progresiva de losaranceles de importación, hasta llevarlos a
cero”.
1. FIN ORIENTADOR Y PRINCIPIOS
FIN ORIENTADOR
El Fin Orientador del ALCA es el logro de mayor bienestar y progreso para
todos los ciudadanos americanos, como parte de una visión integral del futuro
político, económico y social del Continente.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.
o Preservar y fortalecer la comunidad democrática de las Américas.
o Promover la prosperidad a través de la integración económica y el
libre comercio.
o Erradicar la pobreza y la discriminación en el hemisferio.
o Garantizar el desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente para
las generaciones futuras.
PRINCIPIOS RECTORES DE LAS NEGOCIACIONES.
o Las decisiones se adoptarán por consenso; Las negociaciones estarán
regidas por el principio de transparencia;
o El ALCA será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y se
elaborará sobre la base de estas disciplinas cuando ello sea posible y
pertinente;
o El ALCA constituirá un compromiso único (Single – Undertaking);
o El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y
subregionales y los países pueden negociar o aceptar las obligaciones
derivadas del ALCA en forma individual, o como miembros de grupos
de integración subregionales; y Se prestará particular atención a las
necesidades de las economías más pequeñas.
2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.
El ALCA es dirigido y encausado por los Ministros responsables del
Comercio Exterior de los 34 países. A cada reunión de Ministros precede un Foro
Empresarial como un espacio promotor de la participación activa de los sectores
productivos y empresariales.
La Estructura del ALCA ha sido determinada por sus miembros. Asegura una
amplia representación geográfica de los países participantes; prevee la rotación de la
Presidencia del proceso, la Sede de las negociaciones, y los Presidentes y
Vicepresidentes de los Grupos de Negociación de los otros Comités y Grupos.
La Presidencia de las Negociaciones: Rota cada 18 meses. Como Presidente
del Proceso del ALCA fueron designados, sucesivamente, los siguientes
países: Canadá, Argentina, Ecuador y Brasil y los Estados Unidos en forma
conjunta.
Los Ministros responsables del Área de Comercio tienen a su cargo la
supervisión final de las negociaciones.
Los Viceministros responsables del Área de Comercio, integrados en un
Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), tienen un papel decisorio en la
administración de las negociaciones del ALCA. El Comité se reúne, como
mínimo dos veces al año en diferentes países.
Para el tratamiento de diferentes temas específicos, existen Grupos de
Negociación del ALCA que poseen mandatos específicos de los Ministros y
del CNC.
A estos Grupos de Negociación se suman tres Comités, en el marco de las
negociaciones:
o El Grupo Consultivo sobre Economías más pequeñas sigue la
evolución de las negociaciones evaluando las in quietudes, intereses y
necesidades de las economías más pequeñas y formula
recomendaciones al CNC.
o El Comité de Representantes del Gobierno en la participación de
la Sociedad Civil vela por la transparencia del proceso de negociación
y la comprensión y apoyo del público en general. Fue creado también
para facilitar la participación de la Comunidad Empresarial y de
Grupos de Trabajadores, protección del medio ambiente, académicos y
otros grupos.
o El Comité conjunto de Expertos del Sector Público y Privado
sobre Comercio Electrónico se encarga de estudiar las estrategias
para ampliar los beneficios del mercado de comercio electrónico en el
hemisferio y el manejo de este tema en el marco de las negociaciones.
Están establecidos nueve Grupos de Negociación en las áreas de: Acceso a
Mercados; Servicios; Inversión; Compras del Sector Público; Solución de
Controversias; Agricultura; Derechos de Propiedad Intelectual; Subsidios;
Antidumping y Derechos Compensatorios; Política de Competencia. Los
Grupos de Negociación se reúnen regularmente a lo largo del año.
Existe un Grupo de Expertos Ad-Hoc, creado en Toronto, que tiene el
propósito de informar al CNC sobre la implementación de medidas de
facilitación de negocios relacionadas con asuntos aduaneros.
2.1.- Apoyo Técnico, Analítico y Financiero.
El ALCA cuenta con un apoyo técnico, analítico y financiero de un Comité
Tripartito, integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).
2.2.- Sede de las Negociaciones.
La Sede de las negociaciones es de carácter rotativo. Se han designado tres
países anfitriones: Estados Unidos (Miami), desde Mayo de 1998 a Febrero de 2001;
Panamá (Ciudad de Panamá), desde Marzo de 2001 a Febrero de 2003; y México
(Ciudad de México), desde Marzo de 2003 a Diciembre de 2004.
2.3.- Secretaría de Administración.
Es una Secretaría de carácter Administrativo y está localizada en la misma
Sede de las reuniones de los Grupos de Negociación.
3.- FASE PREPARATORIA E INICIACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES.
Vista la Estructura y Organización del ALCA es necesario conocer como se
efectuó el proceso de preparación, su desarrollo y el inicio de las negociaciones.
3.1.-Fase Preparatoria.
Primera Cumbre de las Américas: Celebrada en Miami – Estados Unidos –
Diciembre 1994.
El proceso de preparación del ALCA comenzó en el mes de diciembre de
1994 en la Primera Cumbre de las Américas, cuando los líderes democráticamente
electos de 34 países del hemisferio occidental, reunidos en Miami, resolvieron
“empezar a construir el ALCA inmediatamente, en donde las barreras al
comercio y a la inversión serían gradualmente eliminadas”.
El ALCA fue una de las veintitrés iniciativas de la Cumbre. Las iniciativas de
la Cumbre de Miami tienen como meta expandir prosperidad a través de la
integración económica y el libre comercio; erradicar la pobreza y la discriminación en
el hemisferio; y asegurar el desarrollo sostenible mediante la protección del medio
ambiente.
3.1.2.- Primera Reunión Ministerial de Comercio y Primer Foro Empresarial de
las Américas.
La Primera Reunión de los Ministros de Comercio posterior a la Cumbre de
Miami se realizó en Denver en Junio de 1995. Allí, se establecieron Grupos de
Trabajo en las áreas de: Acceso a Mercados; Procedimientos Aduaneros y Reglas de
Origen; Inversiones; Normas y Barreras Técnicas al Comercio; Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias; Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios; y el Grupo de
Trabajo sobre Economías más pequeñas.
El Primer Foro Empresarial de las Américas se realizó en forma
simultánea con la Reunión Ministerial de Denver. Este Foro es una reunión de
representantes del Sector Privado del Hemisferio Occidental que se reúnen para
intercambiar información y examinar y discutir el proceso del ALCA.
3.1.3.- Segunda Reunión Ministerial de Comercio. Cartagena – Colombia-
Marzo, 1996.
En la Segunda Reunión Ministerial realizada en Cartagena, Colombia, los
Ministros avanzaron en los Trabajos Preparatorios.
Reafirmaron su compromiso de finalizar el proceso en el año 2005 y realizar
“Avances Concretos” para el final del siglo. Se crearon cuatro Grupos de Trabajo en
las áreas de Compras del Sector Público, Derechos de Propiedad Intelectual,
Servicios y política de Competencia. Los Ministros reiteraron su compromiso de
procurar activamente formas de crear oportunidades para facilitar la integración de las
pequeñas economías y aumentar su nivel de desarrollo. Se convocó a todos los
Grupos de Trabajo a asumir este compromiso, así como a tomar en cuenta las
sugerencias específicas del Grupo de Trabajo de las Economías más pequeñas.
El Segundo Foro Empresarial de las Américas se realizó del 18 al 21 de
marzo de 1996, inmediatamente antes de la Reunión Ministerial. Durante el mismo,
se organizaron Talleres de Trabajo sobre temas específicos relacionados con el
proceso del ALCA y se remitieron propuestas del Sector Privado a los Ministros de
Comercio.
3.1.4.- Tercera Reunión Ministerial de Comercio. Belo Horizonte, Brasil, Mayo,
1997.
En esta Tercera Reunión se creó un Comité Preparatorio integrado por los 34
Viceministros responsables del Área de Comercio, con el cometido de “intensificar
sus esfuerzos a fin promover un consenso y completar las recomendaciones
sobre los puntos pendientes, a ser sometidos a nuestra decisión en la Reunión de
San José”, y considerar como transformar los Grupos de Trabajo en Grupos de
Negociación. Se creó el Doceavo Grupo de Trabajo en Solución de Controversias.
Los Ministros señalaron la necesidad de crear una Secretaría Administrativa
Temporal para apoyar las negociaciones del ALCA.
A tales efectos, se encargó un Estudio de Factibilidad al Comité Tripartito
(OEA, BID, CEPAL).
En la Reunión Ministerial de Belo Horizonte también se acordó crear un sitio
en la Red INTERNET para publicar todos los documentos públicos del proceso del
ALCA. La Página Web Oficial del ALCA, que es administrada por el Comité
Tripartito, contribuye a la transparencia del proceso y a la divulgación de la
información sobre el ALCA al público en general.
3.1.5.- Cuarta Reunión Ministerial de Comercio. San José, Costa Rica, Marzo,
1998.
En esta reunión los Ministros recomendaron que las negociaciones fueran
lanzadas durante la Segunda Reunión Cumbre de las Américas, a realizarse en
Santiago, Chile en Mayo de 1998.
Reiteraron el compromiso de que el ALCA tome en cuenta la Agenda
Económica y Social acordada en la Cumbre de Miami. Se reafirmó el compromiso de
contar con progresos concretos en el año 2000 y se solicitó al CNC que acordara
medidas específicas de facilitación del comercio a ser adoptadas antes del fin del
siglo.
Se establecieron nueve Grupos de Negociación, y se creó una Secretaría
Administrativa Temporal, cuya Sede rotará entre tres países.
En la Declaración Ministerial de San José se acordaron doce principios y seis
objetivos generales.
Los Ministros también acordaron la estructura inicial de las negociaciones
basadas en los principios del ALCA.
Y definieron que las negociaciones tendrán lugar en la Secretaría
Administrativa Temporal cuya Sede estará dividida entres tres países. Durante la
primera etapa de las negociaciones las reuniones serán en Miami. En la Primavera de
2001 la Secretaría se transferirá a Panamá y las negociaciones se terminaran en la
Ciudad de México.
La Estructura y la Declaración de Principios adoptados en San José guía las
negociaciones. Además de la formación de aquellos Grupos Negociadores en áreas y
disciplinas a ser negociadas como parte del ALCA, se establecieron tres Grupos No –
Negociadores.
El Grupo Consultivo sobre Economías más pequeñas se estableció con la
finalidad de formular recomendaciones al CNC relativas al tratamiento de los
intereses e inquietudes de las economías más pequeñas y continuar con las
negociaciones en cada Grupo Negociador.
Se encargó al Comité Conjunto del Sector Público y Privado sobre Comercio
Electrónico formular recomendaciones de ampliar los beneficios del Mercado
Electrónico.
Finalmente, se creó un Comité de Representantes Gubernamentales sobre la
Participación de la Sociedad Civil para promover la presentación de las diferentes
gamas de puntos de vista de representantes del Sector Comercial y otros sectores de
la producción, el Sector Laboral, Grupos Medioambientalistas y Académicos y de
otros sectores de la Sociedad Civil en materia comercial. En el sitio en INTERNET
del ALCA se hizo pública una invitación a la Sociedad Civil a expresar sus puntos de
vista. Además, se encargó al Comité recibir, analizar y someter la información
compilada a consideración de los Ministros.
3.2.- Iniciación de las Negociaciones.
3.2.1.- Segunda Cumbre de las Américas. Santiago, chile – Abril de 1998.
Las negociaciones para el establecimiento de un Área de Libre Comercio de
las Américas fueron lanzadas en la Segunda Cumbre de las Américas.
“Hoy nosotros dirigimos nuestros Ministros responsables de Comercio para empezar
negociaciones para el ALCA, en concordancia con la Declaración Ministerial de San
José de marzo de 1998.
Reafirmamos nuestra determinación de concluir las negociaciones del ALCA
a más tardar en el año 2005, y hacer un progreso definitivo a finales de siglo. El
Acuerdo será balanceado, comprensivo, congruente con la OMC y constituirá un
compromiso único (Single –Undertaking)”.
3.2.2.- Quinta Reunión Ministerial de Comercio. Toronto, Canadá – Noviembre.
1999.
Esta reunión se concentró en los progresos concretos que deberían alcanzarse
para el año 2000. En cumplimiento de este mandato, los Grupos de Trabajo
remitieron a los Ministros esquemas anotados de sus respectivos capítulos. Se pidió a
los Grupos Negociadores que elaboraran un texto borrador de sus respectivos
capítulos antes del próximo Ministerial en Abril de 2001, y que el CNC comenzará
las discusiones sobre la Estructura General de un Acuerdo del ALCA.
Los Ministros acordaron una serie de medidas de facilitación de negocios; de
las cuales ocho son Medidas de Facilitación de Negocios Referentes a Asuntos
Aduaneros.
Los Ministros expresaron su reconocimiento al Fondo Multilateral de
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo por identificar recursos de
asistencia técnica para facilitar la implementación de estas medidas. Las medidas
restantes son medidas de transparencia destinadas a dar mayor difusión a los
procedimientos y regulaciones de forma tal de ampliar la comprensión del público en
general.
En la Declaración Ministerial de Toronto, los países del ALCA asumieron una
posición conjunta con respecto a las negociaciones multilaterales sobre agricultura
acordando: trabajar con el objetivo de que, las próximas Negociaciones sobre
Agricultura de la OMC, se acuerden la eliminación de los subsidios a las
exportaciones de productos agrícolas; trabajar para obtener el más pronto
cumplimiento de todos los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de Agricultura de
la Ronda Uruguay y trabajar por obtener el más pronto cumplimiento de todos los
compromisos asumidos bajo el Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay y
trabajar por obtener disciplinas sobre prácticas y medidas que distorsionan el
comercio en las próximas Negociaciones Multilaterales sobre Agricultura de la OMC.
Así mismo, resolvieron comunicar el contenido de estos Acuerdos al Consejo General
de la OMC.
Se solicita al Comité Tripartito la difusión de una Base de Datos de Educación
en materia de Comercio en el sitio del ALCA en INTERNET. Así mismo, se solicitó
al Comité que explorara las posibilidades de asistencia técnica para facilitar la
organización de un inventario de medidas que afectan el comercio de servicios y de
asistencia técnica a los países a establecer encuestas y puntos de contactos nacionales.
También se solicitó a los Gobiernos del ALCA que, a través del Grupo Consultivo
sobre Economías más Pequeñas, identificará posibles fuentes de asistencia técnica
relativas al comercio.
Los Ministros tomaron nota de la recepción de los documentos presentados
por la Sociedad Civil, que serán estudiados a través del Comité de Representantes de
Gobiernos sobre la Sociedad Civil, y de las contribuciones recibidas en el Foro
empresarial de las Américas.
3.2.3.- Sexta Reunión Ministerial de Comercio. Buenos Aires, Argentina – Abril,
2001.
Los Ministros reafirmaron su compromiso de crear un Área de Libre
Comercio de las Américas y reafirmaron los principios y objetivos del ALCA
declarados en la Primera Cumbre de las Américas. En Buenos Aires los Ministros
adoptaron una serie de decisiones claves para el proceso de negociación del ALCA:
Recibieron formalmente el primer borrador de un Acuerdo ALCA e
instruyeron a los Grupos de Negociación a “intensificar los esfuerzos para
resolver las divergencias existentes y alcanzar consenso, con miras a eliminar
los corchetes de los borradores de texto, en la mayor medida posible”.
Instruyeron al CNC a elaborar una segunda versión del borrador de Acuerdo
ALCA para su consideración en la próxima Reunión Ministerial, que se
realizará en Octubre de 2002.
Establecieron fechas límites para las negociaciones. Así mismo,
recomendaron a los Mandatarios que, en la Tercera Cumbre de las Américas,
fijaran lineamientos para asegurar que las negociaciones del ALCA
concluyan, a más tardar, en enero de 2005, y procurar su entrada en vigencia
no más allá de diciembre de 2005.
En una decisión sin precedentes, acordaron hacer público el borrador de
Acuerdo ALCA en los cuatro idiomas oficiales.
Fijaron fecha límite para las negociaciones de acceso a mercados. Instruyeron
al Grupo de Negociación de Acceso a Mercados a presentar recomendaciones
sobre métodos y modalidades para la negociación arancelaria antes del 01 de
abril de 2002, a fin de iniciar negociaciones a más tardar, el 15 de mayo de
2002.
Crearon un Comité Técnico de Asuntos Institucionales para decidir la
Estructura General del Acuerdo ALCA.
Decidieron que el Comité de Negociaciones Comerciales continuara
examinando y brindando asesoramiento sobre el tratamiento de las diferencias
en los niveles de desarrollo de las economías del Hemisferio; incluyendo a las
economías más pequeñas.
Tomaron nota de los progresos alcanzados en la implementación de las
medidas de facilitación de negocios aprobadas en la Reunión Ministerial de
Toronto e instaron a los países a continuar trabajando con miras a
implementar plenamente estas medidas.
Se obligaron a incrementar sus actividades con respecto a medidas que
contribuyan a la transparencia y la participación de la Sociedad Civil.
3.2.4.- Tercera Cumbre de las Américas. Quebec, Canadá – Abril, 2001.
Los Mandatarios confirmaron que las negociaciones para el Acuerdo ALCA
concluirán a más tardar en enero de 2005. Se procurará su entrada en vigor lo antes
posible y, en todo caso, no más allá de diciembre de 2005.
Destacaron la importancia de asegurar la plena participación de todos los países “con
el fin de crear oportunidades para la plena participación de las pequeñas economías e
incrementar sus niveles de desarrollo”.
4.- OPINIONES RELATIVAS A LA CONVENIENCIA O NO DEL ALCA.
4.1.- Por qué oponerse al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
El proyecto ALCA es una propuesta de sectores empresariales y
gubernamentales de EUA, con el objeto de recuperar el terreno perdido en
determinadas áreas geográficas de América Latina, respecto de la UNION
EUROPEA (UE) y eventualmente Japón y China y también respecto de Brasil y
MERCOSUR. Asimismo, es parte de un proyecto general y de largo alcance para
crear condiciones que permitan perfeccionar la hegemonía de EUA a nivel mundial.
El proyecto ALCA propicia replicar a nivel de las Américas, el esquema de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).
Esto es, liberalizar el comercio de mercancías (bienes y servicios), eliminando
o reduciendo intervenciones (regulaciones) estatales, provinciales y municipales e
incrementando en forma inversamente proporcional el rol de las corporaciones
privadas a nivel de las transacciones de bienes y de servicios.
El credo del ALCA es otorgar absoluta libertad para el desplazamiento de los
capitales, sin restricciones respecto de su ingreso, permanencia o resultados; así como
la vigencia del criterio de la “reciprocidad” (tratan como iguales a economías que son
desiguales), en detrimento de la “preferencialidad” (concesión de trato especial y
diferenciado a países de menor desarrollo económico relativo).
4.1.1.- AGENDA DEL ALCA: los nuevos y los viejos temas
EUA y Canadá están interesados en los “nuevos temas” del comercio
internacional: inversiones, servicios, compras gubernamentales, derechos de
propiedad intelectual y solución de controversias.
MERCOSUR (principalmente Brasil) está interesado en los “viejos temas”,
específicamente lo relacionado con acceso a mercados; subsidios, recursos
antidumping y medidas compensatorias; y agricultura.
4.1.2.- ¿Por qué oponerse a este Proyecto ALCA?
1) EUA prioriza la reducción o eliminación arancelaria, porque su arancel de
importación promedio es uno de los más bajos de las Américas. Sin embargo, sus
políticas extra o para- arancelarias son un obstáculo para que muchos bienes
exportados por países latinoamericanos accedan a su mercado.
2) El gobierno de EUA se rehusa a negociar dentro del ALCA “viejos temas” como
subsidios agrícolas y mecanismos antidumping, so pretexto de que se estarían
negociando en la OMC. Con este criterio, tampoco correspondería negociar sobre
derechos de propiedad intelectual, porque este “tema nuevo”, está en la agenda de
negociación de la OMC.
3) Su propuesta incluye la reproducción del Capítulo XI del TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMERICADEL NORTE (NAFTA, siglas en inglés), sobre
inversión extranjera que prohíbe los “requisitos de desempeño” (un gobierno
nacional, provincial o municipal, no puede exigir a un inversor extranjero radicado o
que aspire a radicarse en su jurisdicción que transfiera tecnología; que cree puestos de
trabajo; que utilice insumos o servicios de producción nacional; que limite la
repatriación de capitales o la remesa de utilidades o dividendos; etc.) y concede a los
inversionistas la facultad de demandar ante tribunales extranjeros a los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales que dicten normas que “socaven sus
ganancias”.
4) Propicia la derogación o modificación de los regímenes de compra nacional,
provincial y municipal para que las firmas extranjeras participen en “pie de igualdad”
con las domésticas en licitaciones, concursos o contrataciones que excedan
determinado monto.
5) La iniciativa de EUA sobre derechos de propiedad intelectual excede el nivel de
acuerdos alcanzados en la OMC (TRIPs).
Si es aprobada, las corporaciones farmacéuticas tendrán facultades para oponerse a la
producción de medicamentos a precios más bajos, comprometiendo la continuidad de
planes de salud.
6) La remoción de cualquier restricción al ingreso, permanencia y expansión de las
empresas del sector servicios, incluyendo las entidades financieras.
7) En las negociaciones sobre servicios, la pretensión es desregular los servicios de
educación, aguas, salud, etc. Por ejemplo, si una firma de EUA (Disneyworld) abre
una escuela primaria en Argentina y consigue que un grupo de padres manden allí sus
hijos, automáticamente se la habilitaría sin mayores controles sobre los “contenidos
educativos”, con el consiguiente despojo de la identidad nacional.
8) El Tesoro de EUA protege y subsidia la producción y exportación de la agricultura,
en desmedro de países como la Argentina.
9) Existirían sólo 3 (bienes, servicios y capitales) de las 4 libertades de una ZONA
DE LIBRE COMERCIO, se excluiría la movilidad de la mano de obra.
10) No existe en el sistema jurídico de EUA el equivalente al ius gentium del derecho
romano, aplicable dentro del Imperio tanto a los ciudadanos como a los extranjeros.
Sí existe la imposición de leyes de EUA con alcance extra-territorial que aspiran a
convertirse en el “nuevo derecho internacional” (Helms-Burton; Torricelli; DAmato,
etc.)
A diferencia de la Roma Imperial, que desarrolló la capacidad productiva
local de sus provincias y les aseguró el acceso al mercado Imperial, el ALCA
producirá, en nombre del libre comercio, la esterilización de las industrias de
América Latina.
El ALCA condenaría a los países de América Latina a la exclusiva
producción de materias primas o al establecimiento de verdaderas “repúblicas
maquilladoras”, acarreando más injusticia y exclusión sociales. (Alberto J. Sosa - 19
de febrero del 2002).
4.2.- ALCA: ¿conviene o no a Venezuela?
El Gobierno maneja el tema de la creación del Área de Libre Comercio de las
Américas con mucha prudencia, pues lleva consigo riesgos y oportunidades que no
son despreciables. Una discusión internacional arranca hoy (13-09-2002) en el CIED.
El Presidente Hugo Chávez inauguró la primera conferencia internacional
Venezuela ante el ALCA: Riesgos y Oportunidades, que organiza el Ministerio de
Producción y Comercio con el objetivo de promover la discusión entre los sectores
involucrados (comercio, industria, trabajadores, sociedad civil, Gobierno, etcétera),
respecto de la conveniencia o no de la inserción de nuestro país en el Área de Libre
Comercio de las Américas.
Tomando en cuenta la discreción con la cual el Gobierno ha manejado el tema
y los temores que cobijan principalmente los sectores industrial y agrícola del país,
ante la posibilidad de que se produzca una avalancha de importaciones a partir del
año 2005, cuando comiencen a reducirse los aranceles y como preámbulo a esa
discusión que se extenderá hasta el día 14-09-2002, en la sede del CIED, Eduardo
Porcarelli, Viceministro de Comercio (e) de ese despacho, hizo un detallado análisis
de lo que serían las ventajas y desventajas para Venezuela de integrarse a esa zona de
libre comercio.
Ventajas:
Permitiría a los productores nacionales a los que el mercado nacional les
queda pequeño, tener acceso a mercados en el hemisferio a los cuales
actualmente no tienen entrada, por ejemplo, el Caribe y Centroamérica.
Mayor apertura de nuestros productos dirigidos a EE UU y Canadá, pues se
consolidaría el sistema de preferencias arancelarias, que hoy día necesita de la
renovación en el Parlamento estadounidense.
La obligación y necesidad de elevar los niveles de competitividad de nuestros
productores y exportadores, en condiciones de equidad. Aunque este aspecto
tiene un lado polémico.
Garantizaría un marco jurídico importante claro, preciso y transparente, que
asegure un mayor nivel de previsibilidad en las relaciones comerciales que se
establezcan entre los países que integran el acuerdo.
Sector importador: un mercado mucho mayor en el cual importar y una gama
mayor de productos con los cuales comerciar.
Consumidor: tendrá un mercado con mayores productos para escoger, de
mejor calidad y precio. Pero hay que tomar en cuenta que por la búsqueda de
un menor precio no se debe sacrificar la industria nacional.
Desventajas:
Desaparición de sectores y empresas: en la región hay economías más grandes
y desarrolladas que la venezolana, consectores industriales, agropecuarios y
comerciales más competitivos que el nuestro. Por tanto, la apertura y
obligación de elevar la competitividad en cada sector y producto, no puede
hacerse bajo condiciones iguales para todos, sino de equidad. De lo contrario,
se corre el riesgo de que desaparezcan muchas empresas.
Desempleo: con el cierre de empresas vendría un mayor desempleo en los
países y por tanto, caería también el consumo.
En la actual etapa de negociación del ALCA se discute la posibilidad de
otorgar un trato diferencial a cada país, tomando en cuenta el tamaño y nivel de
desarrollo de su economía, con lo cual se eliminarían parte de las desventajas del
ALCA.
El factor tiempo también es fundamental para reducir los riesgos. En esta
etapa de acordar las condiciones que regirán en la zona de libre comercio, las cuales
deben ser de estricto cumplimiento por parte de todos los países, luego de que entren
en vigencia- se deben acordar unas condiciones de gradualidad temporal en la
reducción arancelaria por productos. La propuesta que se discute es que algunos
productos puedan tener arancel cero en 2005, cuando entraría en vigencia el ALCA,
pero otros tendrá plazos de 5, 10 ó más años para abrirse totalmente a la competencia
internacional.
A través de ese plazo, los sectores y empresas de cada país tendrían la
oportunidad de evaluar si pueden alcanzar los niveles de competitividad exigidos por
el ALCA, o si, por el contrario, deberían reconvertirse o dedicarse a otra actividad
productiva o de servicio.
Es importante destacar que el ALCA no sólo involucra el intercambio de
mercancías, sino también de servicios y la consolidación de inversiones.
Igualmente se puede citar que Venezuela no es el único país que muestra
rechazo al ALCA, respecto del tema del ALCA, en Brasil no hay buena acogida. En
una consulta popular que hicieron la iglesia, los sindicatos y otros sectores, se
confirmó que la población no estaría dispuesta a aceptar el libre comercio.
4.3.-Posición del Sector Industrial en los Acuerdos de Integración.
4.3.1.- Venezuela ante el ALCA: Riesgos y Oportunidades.
4.3.1.1.- Venezuela: Situación Actual.
Deterioro de Gobernabilidad Política.
Costo país: competitividad de la Moneda, Alta Carga Tributaria, Fraude
Aduanero / Efectividad de las Aduanas, Deficiencia en Infraestructura /
Servicios, Debilidad en manejo de los incentivos, Costo de Transacciones con
el Gobierno, Devaluación IVA a los exportadores.
5.3.1.2.- La Importancia de los Acuerdos de Integración:
Facilitan el acceso al mercado.
Contribuyen a la competitividad.
Participación de Venezuela en: Integración con Países más desarrollados - ALCA:
a) Incluye economías poderosas y organizadas (EEUU y Canadá); b) Tema del trato
especial y diferenciado resulta fundamental; c) Exclusión de Venezuela provocaría el
aislamiento comercial; d) Debe contarse con condiciones especiales según el nivel de
desarrollo.
5.3.1.3.- Propuesta de Conindustria en relación a la Integración con países más
desarrollados.
El mayor riesgo para el país es la construcción de una desfavorable
negociación.
La solución a este riesgo es la organización y disciplina en el proceso y en los
equipos de negociación:
1) Que el equipo gubernamental desarrolle un proceso de consultas continuas.
2) Conindustria está desarrollando una estrategia de consulta con todos los sectores
(hemos invitado a participar al sector oficial).
3) Especial atención en la profundización del tratamiento especial y diferenciado.
Para Conindustria el Acuerdo del ALCA debe contemplar condiciones equitativas
según los niveles de desarrollo de los países participantes y según la sensibilidad de
los sectores productivos, por lo tanto debe establecer reales y eficientes condiciones
de equidad que hagan evidente el trato especial y diferenciado.
5.- REUNIÓN MINISTERIAL DE COMERCIO. QUITO, ECUADOR. 01 DE
NOVIEMBRE DE 2002.
En esta reunión se trataron los siguientes aspectos:
Segundo Borrador de Acuerdo del ALCA.
Informe del Comité de Representantes Gubernamentales sobre la
participación de la Sociedad Civil en el ALCA.
Informe del Comité Conjunto de Expertos del Gobierno y del Sector Privado
sobre comercio electrónico.
Pautas o lineamientos para el tratamiento de las diferencias en los niveles de
desarrollo y tamaño de las economías.
Documento sobre métodos y modalidades de negociación.
MERCOSUR
El Mercado Común del Sur o Mercosur (en portugués Mercado Comum do
Sul, Mercosul; en guaraní Ñemby Ñemuha) es un bloque comercial cuyos propósitos
son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre
los países que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre
sus países miembros y asociados.
Sus Estados Partes son Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay. Cabe
mencionarse que el 4 de julio de 2006 se ha suscrito un Protocolo de Adhesión
mediante el cual Venezuela se constituye como Estado Parte. No obstante este
instrumento de adhesión aún no ha entrado en vigor debido a que a la fecha no ha
sido ratificado por todos los parlamentos de los firmantes, por lo que su vinculación
legal al bloque sigue siendo como Estado Asociado. Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú también tienen estatus de estado asociado.
Los países miembros consideran que su fecha de creación fue el 30 de
noviembre de 1985, fecha de la Declaración de Foz de Iguazú que puso en marcha el
proceso. Sin embargo, el nombre le fue asignado el 26 de marzo de 1991 por el
Tratado de Asunción, en tanto que su existencia como persona jurídica de Derecho
Internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 16 de diciembre
de 1994, pero que recién entró en vigencia el 15 de diciembre de 1995. El Protocolo
de Ouro Preto estableció un arancel externo común y desde 1999 existe una zona
libre de aranceles entre sus integrantes con la sola excepción del azúcar y el sector
automotriz. La Unión Aduanera se encuentra aún en proceso de construcción. El
Mercosur es el mayor productor de alimentos del mundo.
Con base en el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 17 de diciembre de 1994 y
vigente desde el 1 de enero de 1995, el Mercosur tiene una estructura institucional
básica compuesta por:
1. El Consejo del Mercado Común (CMC), órgano supremo del Mercosur,
creado en 1991.
2. El Grupo Mercado Común (GMC), órgano ejecutivo, creado en 1991.
3. El Parlamento del Mercosur, constituido en 2005, comenzó a sesionar el 7 de
mayo de 2007 en reemplazo de la Comisión Parlamentaria Conjunta.
4. La Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM) y su
Presidente, creada en 2003. El Presidente de la CRPM representa al Mercosur
frente a terceros.
5. La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM), órgano encargado de la
gestión aduanera y arancelaria, creado en 1994.
6. El Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (TPRM), con sede en
Asunción, creado en 2002 e instalado en 2004.
Adicionalmente, el Mercosur cuenta con instancias políticas de menor
importancia decisoria, pero que ocupan un lugar destacado en su esquema orgánico.
1. El Foro Consultivo Económico-Social (FCES), organismo de participación de
las organizaciones de la sociedad civil, creado en 1994.
2. El Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur, para conflictos con el staff,
creado en 2003
3. La Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM) con sede en Montevideo,
creada en 1994.
4. La Comisión Sociolaboral (CSL) de composición tripartita (gobiernos,
empleadores y sindicatos), creada en 1997 e instalada en 1998.
5. El Grupo de Alto Nivel de Empleo (GANE), creado en 2004.
6. El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado en
2004.
7. El Instituto Social del Mercosur, creado en 2006.
8. El Foro de la Mujer, en el ámbito del FCES.
9. El Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP)
10. El Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR (FCCR)
El Mercosur cuenta también con instancias auxiliares no decisorias como los
Subgrupos de Trabajo (SGT) dependientes del GMC, los Comités Técnicos (CT)
dependientes del CCM, el Observatorio del Mercado de Trabajo (OMT) dependiente
del SGT10, y el Observatorio de la Democracia creado en 2006.
El Mercosur también funciona habitualmente mediante Reuniones de
Ministros (RM), Reuniones Especializadas (RE), Conferencias, y Reuniones Ad-hoc.
También existe un organismo oficial vinculado al Mercosur, aunque sin pertenecer a
su organigrama, denominado Mercociudades integrado por municipios de los países
miembros. Tiene su sede en Montevideo y está integrada por 123 ciudades donde
viven más de 75 millones de habitantes.5
Con una autonomía institucional similar existe la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), creada en 1991, e integrada por la
mayoría de las universidades públicas del Cono Sur, con 800.000 estudiantes y
80.000 docentes.6
En 2006 los ministros de Educación de Argentina y Brasil acordaron un sistema de
integración entre universidades de ambos países con el objetivo de fundar en el
mediano plazo la Universidad del Mercosur.
ESTRUCTURA JURÍDICA DEL MERCOSUR
El Mercosur funciona con una estructura jurídica en la que se combinan los
clásicos tratados, protocolos y declaraciones del Derecho Internacional, con normas
propias obligatorias dictadas por los órganos decisorios del bloque (derecho
comunitario), recomendaciones no obligatorias dictadas por los órganos auxiliares, e
incluso acuerdos de concertación social regional.
Decisiones, resoluciones y directivas
El Mercosur posee tres organismos decisorios:
el Consejo del Mercado Común (CMC), su órgano supremo, que dicta
Decisiones;
el Grupo Mercado Común (GMC) que dicta Resoluciones;
la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM), dicta Directivas.
Estos tres tipos de normas comunitarias dictadas por los organismos
decisorios del Mercosur, son de aplicación obligatoria para los países miembros
(Protocolo de Ouro Preto, artículo 42).
Ello ha generado un problema específico, que aunque con diferencias respecto
del sistema de internalización de normas que tiene cada uno, sobre el modo de
"internalizar" las normas del Mercosur a los ordenamientos jurídicos de cada uno de
las naciones que lo integran y el nivel de jerarquía que ocupan en la pirámide
jurídica.8 Para ello, en todos los casos se precisa de un acto jurídico de los países
miembros. Por esta razón, especialistas discuten si estas normas del Mercosur
constituyen realmente un derecho propio del Mercosur, lo que se conoce como
derecho comunitario, o se trata de normas de derecho internacional que precisan ser
ratificadas. Un gran sector ha optado por crear la categoría de derecho comunitario
derivado.
Las normas obligatorias del Mercosur se toman por unanimidad de todos los
países miembros y sin que falte ninguno (artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto).
TRATADOS Y PROTOCOLOS
Las normas de importancia extraordinaria para el Mercosur, se realizan como
tratados internacionales y por lo tanto necesitan ser ratificados por los parlamentos
nacionales. Toman la forma de protocolos complementarios del Tratado de Asunción,
que constituye la norma institucional básica del Mercosur.
Por tratarse de una norma complementaria de un tratado, los protocolos suelen tener
una tramitación más rápida para su ratificación parlamentaria en cada país.
Excepcionalmente, en algún caso, como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social
de 1997, se recurrió a la forma del tratado, y la tramitación para su ratificación
demoró 8 años.
DECLARACIONES PRESIDENCIALES
En algunos casos, los países miembros han recurrido a las declaraciones
presidenciales, como en el caso de la Declaración sobre Compromiso Democrático de
1996, o la Declaración Sociolaboral de 1998. Las declaraciones son actos firmados
por todos los presidentes que no necesitan ningún tipo de ratificación parlamentaria ni
acto de internalización. Se discute entre los juristas la validez de estas normas, con
gran variedad de puntos de vista.
RECOMENDACIONES Y DEMÁS ACTOS DE LOS ORGANISMOS
AUXILIARES
Los demás organismos del Mercosur producen recomendaciones a alguno de
los tres órganos decisorios, y solo se transforman en normas obligatorias, si son
aprobados y adoptan la forma de algunas de las alternativas tratadas en el punto
anterior.
Un caso especial lo constituyen las recomendaciones de la Comisión
Sociolaboral. Desde el punto de vista meramente formal no tiene diferencia alguna
con las recomendaciones realizadas por otros organismos del Mercosur. Pero debido
a su peculiar composición tripartita (gobiernos, empleadores y sindicatos), las
recomendaciones que realiza constituyen actos de consenso entre los tres sectores, lo
que hace de las mismas verdaderos actos de diálogo y concertación social regional. El
peso de ese consenso y el hecho de que los gobiernos están representados hace que su
aprobación se encuentre virtualmente asegurada.
INTERNALIZACIÓN DE LAS NORMAS DEL MERCOSUR Y EL DERECHO
COMUNITARIO
El modo en que se logra la aplicación efectiva de las decisiones, resoluciones
y directivas del Mercosur como derecho interno de cada país, y el rango jurídico que
ellas ocupan frente a las normas nacionales, ha generado un problema específico
conocido con el nombre de "internalización" de las normas supranacionales.
Los países miembros del Mercosur poseen diferentes mecanismos
constitucionales para "internalizar" las normas establecidas por el bloque y le asignan
diferentes rangos de supremacía frente a su derecho interno. En Argentina y
Paraguay, que han adoptado el sistema conocido como "monista", los tratados y
protocolos ratificados tienen valor superior a las leyes nacionales, y por lo tanto no
pueden ser derogados ni suplidos por estas. En Brasil y Uruguay, que han adoptado el
sistema conocido como "dualista", los tratados y protocolos tienen el mismo valor
que las leyes nacionales, y por lo tanto estas predominan sobre aquellos si son de
fecha posterior.
Por otra parte, las constituciones de los países miembros no tienen definido
con claridad el status jurídico de las normas obligatorias dictadas por los organismos
decisorios del Mercosur, ni sus condiciones de validez interna en cada estado.
En la práctica cada país ha elaborado procedimientos que permitan una rápida
incorporación de las normas mercosureñas como derecho interno, pero en ningún
caso hay una aplicación directa. Esto ha llevado a varios especialistas a sostener que
el derecho mercosureño no tiene la condición de derecho comunitario.
ESTADOS ASOCIADOS AL MERCOSUR
Tiene como estados asociados a Bolivia (1996), Chile (1996), Perú (2003),
Colombia (2004) y Ecuador (2004). Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador integran la
Comunidad Andina (CAN), bloque con el que el Mercosur también firmará un
acuerdo comercial.
El estatus de Estado asociado se establece por acuerdos bilaterales,
denominados Acuerdos de Complementación Económica, firmados entre el Mercosur
y cada país asociado. En dichos acuerdos se establece un cronograma para la creación
de una zona de libre comercio con los países del Mercosur y la gradual reducción de
las tarifas arancelarias entre el Mercosur y los países firmantes. Además de participar
en calidad de invitados a la reuniones de los organismos del Mercosur y efectuar
convenios sobre materias puntuales.
Chile formaliza su asociación al Mercosur el 25 de junio de 1996, durante la
X Reunión de Cumbre del Mercosur, en San Luis, Argentina, a través de la
suscripción del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile.
Bolivia formalizó su adhesión en la XI Reunión de Cumbre del Mercosur, en
Fortaleza (Brasil), el 17 de diciembre 1996, mediante la suscripción del
Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Bolivia. A fines de 2006
formalizó su pedido de admisión como miembro pleno del Mercosur.
Perú formaliza su asociación al Mercosur en el 2003 por la suscripción del
Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Perú (CMC Nº 39/03).
Colombia, Ecuador y Venezuela formalizan su asociación al Mercosur el 2004
mediante la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica
Mercosur-Colombia, Ecuador y Venezuela (CMC Nº 59/04).
Venezuela se integra como estado miembro, con plenos derechos y deberes, al
firmar el Protocolo de adhesión al Mercosur el 4 de julio de 2006. Entre el
2004 y 2006 Venezuela era estado asociado.
El Mercosur se concibe cómo un proyecto de integración a nivel América
Latina, por eso prevé la incorporación de más estados de la región, sea para el estatus
de estado asociado o estado miembro.
ACUERDOS CON OTROS BLOQUES REGIONALES
Existe un acuerdo con la Comunidad Andina, establecido en el Acuerdo de
Complementación Económica celebrado entre la Comunidad Andina y el Mercosur
del 6 de diciembre del 2002. Además de la cooperación económica también se
efectúa un diálogo político. Se abre también la posibilidad de entablar negociaciones
con cada uno de los estados integrantes del bloque andino.
En noviembre de 2005 el Congreso Colombiano ratificó un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con el Mercosur. En consecuencia, el acceso a Mercosur de
productos colombianos aumenta el peso político de Colombia en las negociaciones
que actualmente se llevan a cabo para un tratado de libre comercio (TLC) con los
Estados Unidos.
El 30 de diciembre de 2005, el presidente colombiano Álvaro Uribe firma la
Ley 1.000, para la creación de una zona de libre comercio entre la Comunidad
Andina y el Mercosur. Con este nuevo acuerdo, los productos colombianos
consiguieron un acceso preferencial al Mercosur, a la vez que Colombia obtuvo la
oportunidad de importar materias primas y bienes de capital de Mercosur a costos
más bajos según lo establecido en el TLC. Colombia también logró unas condiciones
de asimetría favorables que le permiten aplicar una desgravación gradual y progresiva
de las importaciones provenientes de las economías más grandes del Mercosur, como
Argentina y Brasil.
El 6 de abril de 2009 la Unión Aduanera de África Austral (SACU) firmó un
acuerdo comercial con el Mercosur, con miras de un futuro Tratado de Libre
Comercio entre los bloques, beneficiando sobre todo a Uruguay y Paraguay, en un
plan de subsanar el problema de las asimetrias entre los socios mayores y menores del
Mercosur.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ISRAEL
Los presidentes del Mercosur firmaron el 17 de diciembre de 2007, durante la
XXXIV Cumbre en Montevideo un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel. El
acuerdo con Israel, fue el primer TLC que el Mercosur firma desde su fundación en
1991, tras una negociación de dos años. «Es el primer tratado que firma el Mercosur
en bloque con otro país. Esta es una negociación que demoró tiempo en llevarse
adelante, pero que culminó felizmente», dijo en conferencia de prensa el canciller
uruguayo, Reinaldo Gargano.
La alianza comercial cubre el 90% del comercio, con un calendario de
desgravaciónes arancelarias progresivas de cuatro fases (inmediata, a 4, 8 y 10 años).
Estos aranceles se eliminarán a los diez años para los productos agrícolas e
industriales.
El volumen de intercambios entre estos socios, Mercosur–Israel, será en torno
a los 47.000 millones de dólares. Los principales productos que el bloque
sudamericano exporta a Israel son granos y cereales, bienes de capital y calzado,
mientras que Israel le provee de agroquímicos, software y productos tecnológicos.13
Se espera que este acuerdo sea beneficioso para ambas partes, que permita a los
exportadores del Mercosur incrementar sus ventas ahora limitadas por la desventaja
comparativa que representan los compromisos de Israel con otras naciones.
El acuerdo firmado no incluye a Venezuela, que se encuentra en proceso para
ingresar al Mercosur como socio pleno.
Una vez que entre en vigor el acuerdo de adhesión de Venezuela al bloque, el
país caribeño tendrá 270 días para analizar el tratado y deberá ser el Mercosur el que
consulte a Israel sobre su disposición para negociar la incorporación venezolana al
TLC.
LIBRE RESIDENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS
El Mercosur, Bolivia y Chile han establecido que todo su territorio constituye
un Área de Libre Residencia con derecho a trabajar para todos sus ciudadanos, sin
otro requisito que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales. Esta
área fue establecida en la Cumbre de Presidentes de Brasilia, mediante el Acuerdo
sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile
firmado el 6 de diciembre de 2002.
Si bien el Área de Libre Residencia y Trabajo no se asimila completamente a
la libre circulación de personas (donde no se requiere tramitación migratoria alguna),
los seis países han dado un gran paso adelante y establecido expresamente su
voluntad de alcanzar la plena libertad de circulación de las personas en todo el
territorio. Durante la cumbre realizada en San Miguel de Tucumán, los mandatarios
de los diferentes países, propusieron la libre circulación de personas dentro de todo el
continente sudamericano, sin necesidad de pasaporte, no solo a ciudadanos
integrantes del bloque.