acta 22-2018 · judicial el área legal ha asumido nuevos roles y ... oficinista del tribunal de...

ACTA 22-2018 Día: miércoles 04 de julio de 2018

Lugar: Sala de Reuniones del CPJ Hora: 10:30 a.m.

________________________________________________________________________________________________ Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza,

Maimón y Estero Hondo, D. N. • Tel.: 809-533-3191 • Email: [email protected]

1

ACTA 22-2018

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy miércoles cuatro (4) de julio del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 10:30 a.m., el Consejo del Poder Judicial, órgano constitucional, reunido en su Sala de Reuniones, sita en el sexto piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de su Presidente Mariano Germán Mejía y los consejeros Sara I. Henríquez Marín, Etanislao Radhamés Rodríguez F, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo, con la asistencia de Edgar Torres Reynoso, Secretario General, CONOCIÓ en reunión ordinaria, sobre los siguientes puntos:

1. Informes del Presidente del Consejo del Poder Judicial.

2. Informes Consejeros del Poder Judicial.

3. Se hace constar que se pasa para la firma el Acta 18/2018 de fecha 16 de mayo de 2018.

4. Participación de la Licda. Gloria Cecilia Cuello Suero, Directora General Técnica y de la Licda. Melissa Álvarez Pichardo, Encargada de la División legal, sobre una propuesta de reestructuración de la División Legal del Poder Judicial.

Esta participación es sobre el oficio DL-189, de fecha 29 de junio de 2018, suscrito por la Licda. Melissa Álvarez Pichardo, Encargada de la División legal, el cual dice textualmente:

“Distinguidos Miembros del Consejo:

Cortésmente les saludo, en ocasión de presentarles la situación actual de la División Legal de la Dirección General Técnica respecto a sus labores.

Como es de su conocimiento el área legal es un órgano de apoyo de todas las áreas administrativas dentro del organigrama del Consejo del Poder Judicial. Desde antes de la creación del

Consejo del Poder Judicial mediante la Constitución del año 2010 esta área se sitúa en el organigrama con jerarquía de División. No obstante, con la integración del Consejo del Poder Judicial el área legal ha asumido nuevos roles y responsabilidades que son de su atribución y que ha realizado con el compromiso de lograr servir de forma idónea al sistema de justicia.





2

Actualmente esta División en la práctica posee dos áreas de trabajo: un área de consultoría y un área de litigio. Ambas áreas constituidas por abogados ayudantes poseen labores y responsabilidades marcadas y distintas de cualquier otro perfil de abogado ayudante que labora en el Poder Judicial.

El área de consultoría realiza las siguientes funciones:

Asesorar legalmente a las diferentes áreas sobre procesos, proyectos, leyes y programas que se susciten.

Redactar y someter a la consideración al Consejo del Poder Judicial propuestas de proyectos de leyes, resoluciones, decretos, reglamentos y otras disposiciones legislativas y ejecutivas, así como los proyectos cuando las circunstancias indiquen la necesidad o conveniencia de hacerlo.

Participar en las comisiones para las cuales sea designado.

Estudiar las leyes y resoluciones aprobadas por las cámaras legislativas relativas al Poder Judicial.

Conservar cronológico en su archivo copias de todas las consultas e informes que rinda y de toda la correspondencia que despache.

Analizar y redactar contratos, acuerdos interinstitucionales nacionales e internacionales, recursos de reconsideraciones de servidores judiciales administrativos, opiniones legales, comisiones rogatorias, exhortos, resoluciones, reglamentos, consultas, leyes y otros.

Realizar informes sobre documentos legales, proyectos, propuestas, entre otros.

Tramitar y dar seguimiento a exhortos y comisiones rogatorias solicitadas por organismos o poderes judiciales internacionales, por ante los tribunales nacionales correspondientes.

Recuperar, a través de acuerdos, valores transferidos a empleados de manera irregular.





3

Desarrollar el proyecto del Plan Titulación de los Inmuebles del Poder Judicial, ya sea a través de compras, donaciones, permutas, de cara a la normativa vigente.

El área de litigios que fue creada por el Consejo del Poder Judicial la mediante Acta No. 34/2016 de fecha 16 de septiembre de 2016 y rectificada por el Acta No. 44/2016 de fecha 7 de diciembre de 2016, tiene como funciones principales:

Responder los asuntos de interés jurídico de la Institución a solicitud del Consejo del Poder Judicial.

Representar al Poder Judicial en los mandatos que le otorgue el Consejo del Poder Judicial.

Defensa de los intereses en todo tipo de procedimientos judiciales, de la jurisdicción civil, penal, contencioso – administrativo u otros.

Elaborar los escritos de los casos jurisdiccionales asignados a su cargo.

Gestión y reclamación de todo tipo de derechos, deudas u obligaciones, demandas y recursos en representación del Poder Judicial.

Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos correspondientes a la Unidad de Litigio.

Elaborar informes legales de todos los casos y asuntos que le sean asignados.

Mantener actualizado los registros de los casos jurisdiccionales y mandatos que le sean asignados.

Visitar a los tribunales en los que se encuentren los casos

jurisdiccionales a nivel nacional.

Que como puede observarse en los anexos de esta comunicación se han realizado estudios desde las áreas correspondientes de la División de Estudios de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial y la Dirección de Planificación y Proyectos de la Dirección General Técnica, en los que muestran el rol y el





4

crecimiento de carga laboral que ha tenido la División Legal y en los que incluso han determinado que es necesario adiciones de plazas.

En ese sentido muestro un cuadro sumario de las labores de los primeros 6 meses del año 2018 sobre las solicitudes que se han requerido de la División legal:

Estudios de actos, documentos casos jurisdiccionales,

(Unidad de Litigio)

157

Expedientes contenciosos apoderados ante los tribunales

(Unidad de Litigio)

85

Tramites, elaboración, entre otros de Acuerdos y

Convenios

10

Comisiones Rogatorias 166

Proyecto de regularización de inmuebles dependencias

del Poder Judicial a nivel Nacional

46

Análisis/ elaboración/ redacción de normativas,

manuales, leyes, reglamentos, otros.

22

Opiniones legales e informes 104

Recurso de Reconsideración 13

Contratos (personal, servicio, alquiler, permanencia,

compra)

134

Cuentas por pagar y cobrar 8

Declaraciones Juradas de Vehículos del Poder Judicial 4

Documentación de Resoluciones Disciplinarias 8

Rescisiones 3

Reflejando un total de 760 requerimientos. Este recuadro concierne solo al 2018 sin contabilizar el 2017 con el que aún se trabajan situaciones legales de casos litigiosos, seguimientos de operaciones inmobiliarias, transacciones





5

contractuales y otros asuntos legales que como son de su conocimiento requieren tiempo para desarrollar las transacciones jurídicas e investigativas correspondientes y sin contabilizar las asistencias informales que otorgamos a las distintas áreas como apoyo de sus operaciones.

Que asimismo, el abogado litigante, que es una figura de abogado distinta a cualquier otra en el en tren judicial por la caracterización de su trabajo y ser quien representa en el día a día a la Institución, jueces, altos funcionarios y demás servidores judiciales administrativos debe poseer una recategorización para que esta posición desafiante sea atractiva a los fines de que los mismos puedan competir con cualquier contraparte y mantener al área legal de abogados compuestos con la mejor preparación que pueda adquirir el Poder Judicial.

Es necesario considerar que es el Poder Judicial el Poder del Estado idóneo para poseer la consultoría más capacitada de todas las demás instituciones de la administración pública y cualquier oficina legal privada; tarea difícil de cumplir cuando las competencias del perfil requerido son aún mayores que las de abogados que pertenecen a una División y no aun área superior.

El Poder Judicial como órgano constitucional del Estado y uno de sus únicos tres Poderes, posee al igual que el Poder Ejecutivo y el Legislativo un área legal para responder por sus consultorías legales con la preponderancia necesaria para representar ante cualquier instancia jurisdiccional a sus órganos.

Que la disponibilidad financiera a situar a la División Legal en otra categoría superior podría ser evaluada para este 2018 sobre lo que posiblemente fuera aprobado en la reestructuración del POA 2018 que al momento se encuentra bajo estudio en la Dirección de Planificación y Proyectos y que lo restante sería colocado para el POA del año 2019.

Que en ese sentido, esta área legal requiere de recategorización a los fines de poseer en documentación lo que actualmente posee en la práctica:

- Una responsabilidad sobre los temas legales del Consejo del





6

Poder Judicial;

- Poder responder a todas sus demás dependencias con la carga e importancia que amerita; y

- Una representación por la parte litigiosa ante los terceros que quieren vulnerar y accionar en contra el Poder Judicial.

Por tales motivos, a los fines de fortalecer el área legal del Poder Judicial y mejorar el soporte brindado, solicito que esta División en base a los estudios realizados, responsabilidad

atribuida y carga laboral sea categorizada a rango de Dirección bajo el nombre de Consultoría Jurídica, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud y con respecto al nombre se aprueba que sea denominada Dirección Legal.

5. Oficio RRHH-098-18, suscrito por la licenciada Luz Muñoz, Encargada de Recursos Humanos en la Jurisdicción Inmobiliaria, el cual dice: “Muy cortésmente, remitimos ante ese honorable Consejo la solicitud de permiso especial de la colaboradora Vanessa M. Ricardo Cabrera, Oficinista del Tribunal de Tierras Jurisdicción Original de Puerto Plata, quien solicita un permiso especial con o sin disfrute de sueldo para viajar a los Estados Unidos desde el 27 de julio de 2018 hasta el 11 de agosto del 2018. Dicha solicitud es realizada a los fines de darle entrada a su visa americana ya que es uno de los requisitos del consulado americano según expone en oficio anexado.

Cabe destacar que la colaboradora ingresó bajo la modalidad de contratada por el Plan de Mora Judicial, por lo que somos de opinión no favorable por el tiempo de contratación de la misma” (NRD 2018-006723), DECIDIÉNDOSE aprobar el permiso.

6. Oficio RRHH-087-18 de fecha 11 de mayo de 2018, suscrito por la Lic. Luz Muñoz, Encargada de RRHH JI, el cual dice: “Muy cortésmente, remitimos ante ese honorable Consejo la solicitud de permiso especial de la colaboradora Bertilia Tejeda, Conserje de la Gerencia Administrativa, quien solicita un permiso especial con o sin disfrute de sueldo para permanecer en San Martin desde el 10 de mayo del 2018 hasta el 10 de agosto del 2018. Dicha solicitud es realizada a los fines de culminar el proceso de residencia, el cual no pudo ser completado por la colaboradora mientras se encontraba de vacaciones, adjunto Oficio d/f 08/05/2018” (NRD 2018-010360), DECIDIÉNDOSE otorgarle la licencia por la totalidad del periodo, con un mes con disfrute.





7

7. Oficio CDC Núm. 0436/18 de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “Les remitimos el oficio señalado en el anexo, sobre la solicitud de licencia por espacio de un (1) año del Mag. Federico Fernández, con el fin de realizar estudios en los Estados Unidos de América, en lo relativo a la Ley No. 141-15 del 7 de agosto de 2015, sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

En relación a esta solicitud, les informamos que no tenemos objeción en que sea otorgada esta licencia, pero la política de la Institución es que sea un mes con disfrute de sueldo y el resto sin disfrute” (NRD 2018-011612), DECIDIÉNDOSE aprobar la licencia por un año, con seis meses con disfrute de salario. Debiendo el magistrado firmar un acuerdo compromiso de que debe concluir el estudio. Se hace constar el voto disidente de la magistrada Sara I. Henríquez Marín con respecto al tiempo otorgado con disfrute de salario.

8. Oficio DRP/1382/2018 de fecha 04 de junio de 2018, suscrito por Yunior R. Ramos Báez, Encargado División de Registro de Personal, el cual dice: “Mediante la presente remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Sra. Ramona Celenia Soto Martínez, Oficinista del Centro de Citaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, solicita una licencia especial sin disfrute salarial por un período de un (1) mes y dieciséis (16) días, desde 09/08/2018 hasta 25/09/2018, a los fines de viajar a los Estados Unidos de Norteamérica en compañía de su nieto menor de edad, quien está bajo su custodia y tiene una condición especial de salud.

En tal sentido, exponemos breves datos de su historial laboral, con la finalidad de considerar:

La Sra. Soto Martínez ingresó al Poder Judicial en fecha 14/02/2001

No han sido suspendida ni se encuentran bajo ningún proceso disciplinario.

En su última Evaluación del Desempeño del año 2016, obtuvo un índice de 85, con un resultado sobre el promedio.

No ha ingreso a la Carrera Judicial Administrativa.

Le restan sus 18 días de vacaciones de este año.





8

Ha sido favorecida con varias licencias especiales, a los fines de viajar a los Estados Unidos, a saber:

Acta Tiempo Tipo Tramite

N/A Desde 24/05/2010 hasta 21/07/2010

Sin disfrute de sueldo

A los fines de viajar a los Estados Unidos a cuidar a su hija.

N/A Desde 05/12/2011 hasta 16/12/2011

Con disfrute de sueldo

Para cuidar a su esposo quien estaba hospitalizado.

18/2015 Desde 03/08/2018 hasta 04/09/2018

Sin disfrute de sueldo

A los fines de viajar a los Estados Unidos por motivos familiares.

43/2015 Desde 22/12/2015 hasta 30/12/2015

Sin disfrute salarial

A los fines de viajar a los Estados Unidos a finalizar asuntos migratorios relativos a su nieto

22/2016 Desde 25/07/2016

hasta 05/09/2016

Sin disfrute

salarial

A los fines de

viajar a los Estados Unidos en compañía de su nieto.





9

21/2017 Desde 07/08/2017 hasta 04/09/2017

Sin disfrute salarial

A los fines de viajar a los Estados Unidos.

Según la política vigente sobre licencias especiales se establece como requisito, entre otros, que el empleado favorecido con una licencia especial mayor a treinta (30) días, luego de su reintegro, no será beneficiado con otra licencia en un período de un (1) año.

Luego de lo expuesto anteriormente, somos de opinión que la licencia especial le sea rechazada y que disfrute sus dieciocho (18) días de vacaciones” (NRD 2018-008874), DECIDIÉNDOSE aprobar la licencia, con disfrute de salario.

9. Oficio DRP/1387/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, suscrito por Yunior R. Ramos Báez, Encargado División de Registro de Personal, el cual dice: “Mediante la presente remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Sra. Sonia Marte Mazueta, Oficinista del Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes de Sanchez Ramírez, solicita un permiso de estudio con disfrute de salario, de dos (2) días a la semana por un período de once (11) meses desde el 11/09/2018, a los fines de ingresar al programa para aspirante a Ministerio Público en la Escuela Nacional del Ministerio Público.

Exponemos breves datos de su historial laboral, con la finalidad de considerar:

La Sra. Marte Manzueta ingresó al Poder Judicial en fecha 15/09/2010.

No ha sido suspendida ni tuvo proceso disciplinario en el último año.

En su última Evaluación del Desempeño del año 2016, obtuvo un índice de 93.3, con un resultado Sobre el promedio.

Ingreso a la Carrera Judicial Administrativa en fecha 13/01/2016.

Le restan sus 20 días de vacaciones del 2018.





10

Luego de lo expuesto somos de opinión que dicha licencia especial le sea otorgada sin disfrute de salario por el período completo, tal como se les ha otorgado a todos los aspirantes a Ministerio Público (NRD 2018-010509), DECIDIÉNDOSE sobreseer el conocimiento de este punto.

En ese sentido, se aprueba:

a) Solicitar a la Escuela Nacional del Ministerio Público que nos informe cuáles días imparte clases, talleres o eventos que requiera la presencia física del participante en los diferentes programas que imparte la Escuela Nacional del Ministerio Público.

b) Que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial informe a este Consejo del Poder Judicial cuáles licencias y en cuáles condiciones se han aprobado licencias similares para participar en la Escuela Nacional del Ministerio Público.

c) Se comisiona a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial a los fines de que una vez recibida todas las informaciones presente una propuesta.

10. Oficio DRP/1447/2018 de fecha 11 de junio de 2018, suscrito por Yunior R. Ramos Báez, Encargado División de Registro de Personal, el cual dice: “Mediante la presente remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Sra. Rocio del Carmen Martínez Sánchez, Oficinista de la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, solicita un permiso de estudio por un período de tres (3) meses con disfrute de sueldo y un (1) año sin disfrute desde el 11/06/2018, a los fines de ingresar al Cuarto Concurso de Oposición para Aspirante a Fiscalizadores (as).

Exponemos breves datos de su historial laboral, con la finalidad de considerar:

La Sra. Martínez Sánchez ingresó al Poder Judicial en fecha 28/10/2008.

No ha sido suspendida ni tuvo proceso disciplinario en el último año.

En su última Evaluación del Desempeño del año 2017, obtuvo un índice de 86.34, con un resultado Sobre el promedio.





11

Luego de lo expuesto somos de opinión que dicha licencia especial le sea otorgada sin disfrute de salario (NRD 2018-011511), DECIDIÉNDOSE sobreseer el conocimiento de este punto.

En ese sentido, se aprueba:

a) Solicitar a la Escuela Nacional del Ministerio Público que nos informe cuáles días imparte clases, talleres o eventos que requiera la presencia física del participante en los diferentes programas que imparte la Escuela Nacional del Ministerio Público.

b) Que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial informe a este Consejo del Poder Judicial cuáles licencias y en cuáles condiciones se han aprobado licencias similares para participar en la Escuela Nacional del Ministerio Público.

c) Se comisiona a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial a los fines de que una vez recibida todas las informaciones presente una propuesta.

11. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.

12. Oficio DRP/1446/2018 de fecha 08 de junio de 2018, suscrito por Yunior R. Ramos Báez, Encargado División de Registro de Personal, el cual dice: “Mediante la presente remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Sra. Jeisy L. Reyes Tejada, Abogada Ayudante de la División Legal, solicita una extensión de licencia especial por noventa y ocho (98) días, con efectividad al 1/8/2018 (fecha a partir de la cual vence la licencia especial otorgada por un período de un (1) año desde 1/8/2017, Acta núm. 23-2017, d/f 5/7/2017), a fines de licencia por maternidad (pre y post natal) con disfrute de sueldo. Además, solicita que al vencimiento de esta extensión por noventa y ocho (98) días le sea acogida su renuncia de la institución. En tal sentido, exponemos breves datos de su historial laboral, con la finalidad de considerar:

La Sra. Reyes Tejada ingresó al Poder Judicial en fecha 15/02/1999

No han sido suspendida ni se encuentran bajo ningún proceso disciplinario.





12

En su última Evaluación del Desempeño del año 2016, obtuvo un índice de 87.86, con un resultado sobre el promedio.

Ingresó a la Carrera Judicial Administrativa.

Ha sido favorecida con varias licencias especiales, a los fines de viajar a los Estados Unidos, a saber:

Acta Tiempo Desde Hasta Tipo Trámite

ACTA NUM.07/2016

Un (1) año

1/8/2016 31/7/2017 3 meses con disfrute y 9 sin disfrute

Proceso de obtención de residencia.

ACTA NUM. 23/2017

Un (1) año

1/8/2017 31/7/2018 Prórroga Validación de su título universitario, en consecuencia no ha conseguido trabajo.

Según la política vigente sobre licencias especiales se establece como requisito, entre otros, que las licencias especiales solo podrán ser prorrogadas en una ocasión.

Luego de lo expuesto anteriormente, somos de opinión que dicha solicitud le sea rechazada” (NRD 2018-010541), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación de rechazo.


14. Oficio CDC Núm. 0431/2018, de fecha 08 de junio de 2018, suscrito por la licenciada Mariloy Diaz Rodríguez, en funciones de Directora





13

General de Administración y Carrera Judicial, el cual dice: “Les remitimos para su ponderación, la solicitud de permiso y viáticos para imprevistos del Mag. Justiniano Montero, Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien ha sido seleccionado para participar en el curso Acceso a la Justicia y Reforma del Sector de Justicia, que será celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a realizarse del 9 al 13 de julio del corriente.

En ese sentido, en virtud de que se trata de un viaje oficial y de que existe disponibilidad económica para este fin, según correo anexo de la Dirección Presupuestaria y Financiera, recomendamos que se le otorgue el permiso y los viáticos correspondientes, según la política institucional, incluyendo los días de vuelo que serán el 8 y 14 de julio del corriente” (NRD 2018-012157), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

15. Comunicación de fecha 19 de junio de 2018, suscrito por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Coordinador de la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia, el cual dice: “Cortésmente, le envío un saludo, y tenemos a bien solicitarle la tramitación correspondiente para la erogación de la suma de Cuatrocientos Euros con 00/100 (€400.00), para el pago del Prof. Adrian Todoli Signes, Catedrático de la Universidad de Valencia, quien vendrá a impartir el curso sobre “Economía Colaborativa y nuevas formas de trabajo”, el día 10 de agosto de 2018, en el auditorio de la Procuraduría General de la República, organizado por esta Unidad Academia en conjunto con la Sección de Jóvenes Juristas (SJJ) de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Dicho valor será desembolsado de los fondos asignados a esta Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia para tales fines y aprobados en el presupuesto general de esta institución” (NRD 2018-013450), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

16. Oficio DA Núm. 004305-2018, de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por la licenciada Hernileidys M. Burgos, Directa Administrativa, el cual dice: “Anexo remitimos el estado de cuenta al 20 de junio de 2018, detallando las facturas que aún están pendientes de pago de parte de la Procuraduría General de la República, correspondiente a la proporción de los gastos compartidos entre esa institución y el Consejo del Poder Judicial, ascendente a RD$27,843,859.83 (Veintisiete millones ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos con 83/00), según el resumen siguiente:





14

Agradecemos que dentro de los pagos mensuales que realiza la Procuraduría, pueda irse prorrateando la cuenta pendiente a fin de concluir con su pago en un tiempo prudente, ya que como es de su conocimiento nuestra institución funciona con déficit presupuestario y

estos fondos nos son necesarios para cumplir con nuestras obligaciones” (NRD 2018-004305), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación y que se hagan los acercamientos necesarios a fines de lugar.

17. Oficio No. 766-18 de fecha 20 de junio de 2018, suscrito por la Dra. Rosabel Castillo R., Directora Nacional de Registro de Títulos, el cual dice: “Aprovechamos la ocasión para saludarles, y a la vez me permito solicitarles la autorización correspondiente para que la Licda. Jenny Evelyn Lantigua Lora, Registradora de Títulos de San Cristóbal, asista a la actividad citada en el asunto, que será celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala, los días del 09 al 13 de julio del año en curso.

Los ejes fundamentales de este seminario tratan sobre la colaboración interadministrativa y coordinación del catastro y registro como base del mantenimiento catastral mediante la exposición de la experiencia Española en el mantenimiento de los datos catastrales y el nuevo sistema de coordinación catastro y registro establecido en España, tanto en sus aspectos organizativos y legislativos, como en aquellos aspectos instrumentales: herramientas informáticas y servicios que hacen posible dicha colaboración. Debatir sobre su aplicación en los países latinoamericanos y, mediante el estudio de casos prácticos, reflexionar sobre los posibles problemas y soluciones que podrían darse en nuestros países.

El costo del evento lo hemos calculado como sigue:

Descripción Costo

Vuelo US$788.90

CONCEPTO MONTO

COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ 1,899,140.00

SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO 980,355.81

RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR 6,480.00

ELECTRICIDAD TRIBUNALES ZONA NORTE Y SUR 20,304,086.02

AGUA PJ. SANTIAGO (COORAASAN) 4,653,798.00

TOTAL 27,843,859.83





15

Imprevistas (7 días x US$57.00)*

US$399.00

Total US$1,187.90

Estos montos son estimativos, pues el costo del vuelo puede incrementar según se acerca la fecha del evento.

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, los costó de

participación ascienden a unos US$1,187.90 dólares, que pueden ser cargados a las tasas por servicios de la Jurisdicción Inmobiliaria en el renglón de capacitaciones” (NRD 2018-014309), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

18. Oficio CDC Núm. 0409/18 de fecha 8 de junio de 2018, suscrito por Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Les remitimos el oficio señalado en el anexo, en relación a la situación salarial de la Mag. Jakayra Veras García, quien su traslado a una posición de menor jerarquía salarial, afectó los beneficios marginales aprobados mediante Resolución 25 del 6/10/17, lo cual ya fue conocido y decidido en su Acta Núm.16/2018 d/f 2/05/18, (SGCPJ Núm. 01171/2018, NRD 2018-005945).

Al mismo tiempo solicita que le sea reactivada la compensación de RD$7,000.00 mensuales, que le fue retirada en el mes de noviembre de 2017, en virtud de que reside en Santiago y tiene que trasladarse a Puerto Plata a realizar sus funciones.

En relación a esta solicitud les informamos que la referida compensación le fue reajustada con la aplicación de la Resolución 25 antes señalada, por lo cual recomendamos acogernos a la Ley No. 821 del 21 de noviembre de 1927, de Organización Judicial y sus modificaciones, Gaceta Oficial No. 3921, que dice:

Art. 3.- (Mod. por la Ley 962 de 1928, G.O. 3978). Todos los funcionarios judiciales están obligados a residir en el lugar en donde ejerzan sus funciones; y los empleados en el lugar en donde esté la oficina en que presten sus servicios; y todos a cumplir fielmente con los deberes de su cargo y a observar buena conducta (NRD 2018-010335), DECIDIÉNDOSE rechazar la solicitud de la magistrada.





16

19. Oficio CDC Núm. 0433/2018 de fecha 11 de junio de 2018, suscrito por Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Les remitimos para su ponderación, el oficio señalado en el anexo, mediante el cual el Mag. Eduardo de los Santos solicita ayuda económica para participar en el “Curso sobre independencia judicial y responsabilidad” que se realizará en el Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID), en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 2 al 6 de julio de 2018.

En relación a esta solicitud, en virtud de que el referido magistrado ha sido beneficiado con la ayuda que tenemos estipulada para estos fines (ver correo anexo), recomendamos que se le otorguen los viáticos para imprevistos incluyendo los días de vuelo. (NRD 2018-011432), DECIDIÉNDOSE archivar porque fue decidido en un Acta anterior.

20. Oficio DGHCJA Núm. 551/2018 de fecha 15 de junio de 2018, suscrito por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “Cortésmente, sometemos para su consideración el oficio d/f 23/05/2018, suscrito por la Sra. Jorgelina Rodríguez, viuda del fenecido Sr. Carlos Féliz, quien fuera Juez de Paz de Salinas, Barahona, donde solicita la prórroga de la ayuda económica que recibe mensualmente, por un monto de RD$5,444.45. Esta ayuda fue aprobada en el año 2002 mediante Acta 15/2002, por un período de doce (12) meses, y ha venido prorrogándose, siendo su última aprobación mediante Acta 18/2017 d/f 31/05/2017 la cual venció el mes de mayo 2018.

Es importante señalar que en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la institución. Sin embargo, dejamos a consideración de ese honorable Consejo la decisión a tomar (NRD 2018-011256), DECIDIÉNDOSE remitir a la Comisión Permanente de Seguridad Social.

21. Oficio DGHCJA Núm. 561/2018 de fecha 15 de junio de 2018, suscrito por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Cortésmente, en atención a la solicitud de incentivo académico suscrita por la Servidora Judicial Administrativa Mayrobi Rosina Gómez Soto, Oficinista del Tribunal de Tierras Jurisdicción Original de San Cristóbal, sometemos a su consideración el referido beneficio, a saber:





17

La Sra. Gómez Soto, quien ingresó al Poder Judicial el 02/07/2014, solicita el incentivo académico para realizar una Maestría en Derecho Inmobiliario.

Es importante señalar que el solicitante no tiene abierto ningún proceso disciplinario, y en su evaluación del desempeño obtuvo una puntuación de 80.10, con una calificación promedio.

La institución cuenta con disponibilidad financiera para la ejecución de la presente solicitud de RD$40,000.00

Dejamos a consideración de ese Honorable Consejo la decisión a tomar (NRD 2018-011387), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

22. Oficio UMV/1137-18, de fecha 22 de junio de 2018, suscrita por el licenciado Rafael Suarez C., Encargado de la Unidad de Mantenimiento de Vehículos y le señor Manuel Sierra Fabián, Encargado de la Sección de Transportación, el cual dice: “Cortésmente, por medio de la presente, solicitamos la corrección o nota aclaratoria sobre el oficio del Consejo SGCPJ Núm.: 0868/2018, correspondiente a la autorización de las reparaciones mecánicas y de pintura, para la Jeepeta Toyota Fortuner, año 2008, color Dorado, propiedad de la Institución y asignado al Mag. Amauris Antonio Pimentel Fabián, Juez Presidente Cámara Penal Corte de Apelación de La Vega, en virtud de que la placa especificada en el mismo es (EG0191) placa incorrecta, debiendo decir (EG01791) placa correcta, para los fines de lugar.

Nota: El oficio origina SGCPJ Núm.: 0868/2018, reposa en el documento de pago No. UMV/1005-18, NRD. 2018-010772, pago a Centro Automotriz Duran correspondiente a la Reparación Mecánica de dicho vehículo” (NRD 2018-012099 y 2018-002870), DECIDIÉNDOSE rectificar el acta.

23. Comunicación de fecha 22 de junio de 2018, suscrito por el licenciado Edgar Torres Reynoso, Secretario General del Consejo del Poder Judicial, la cual dice: “Mediante la presente, con respecto al oficio CDC Núm. 00463/2018, de fecha 15 de junio de 2018, suscrito por la licenciada Mariloy Diaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, el cual dice textualmente:

“Oficio DGHCJA Núm. 00463/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, suscrito por la licenciada Mariloy Diaz Rodríguez, Directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “En ocasión del proyecto de Innovación Tecnológica del Poder Judicial, solicitamos la





18

contratación de un consultor informático, con la finalidad de dar apoyo en los proyectos concernientes a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para la consolidación y fortalecimiento del sistema de gestión de la justicia.

A continuación, los principales objetivos de esta contratación:

1. Apoyar al Poder Judicial en su proceso de mejora y uso de las TIC aplicadas al Poder Judicial.

2. Proponer planes y proyectos que mejoren e impacten el uso de las

TIC en el Poder Judicial, de cara a mejorar su desempeño y brindar un mejor servicio al ciudadano.

3. Preparar las especificaciones técnicas requeridas para incorporar el uso de las TIC al Poder Judicial.

4. Evaluar, acorde a las políticas internas establecidas, las propuestas que sean sometidas vinculadas al tema de TIC.

5. Dar seguimiento a los proyectos aprobados para garantizar su éxito en el proceso de implantación.

6. Coordinar con el personal interno el proceso de instalación y uso de las TIC a ser implantadas.

7. Proponer políticas y procedimientos para uso interno que consoliden los avances logrados y garanticen su permanencia en el futuro.

8. Apoyar cualquier otro tema vinculado a las TIC que sea requerido”.

Proponemos disponer la contratación del Ing. Darwin Muñoz, como consultor, mediante un contrato con una duración trimestral, renovable de manera automática, un pago mensual de $US8,500.00 dólares más impuestos, los cuales pueden ser pagados en pesos dominicanos a la tasa del día del pago. El Consejo del Poder Judicial en sesión de fecha 20 de junio de 2018, según consta en su acta 20/2018, decidió remitir el caso a la Dirección Presupuestaria y Financiera, para fines de opinión de disponibilidad económica”.

En ese sentido, le remitimos la certificación de disponibilidad económica, por un período de 3 meses marcada con el oficio número DPF-OF-000339-2018, de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por el





19

licenciado José A. Tapia Beltré, Director de la Dirección Presupuestaria y Financiera, ascendente a un monto de un millón seiscientos treinta y dos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,632,000.00)” (NRD 2018-013287), DECIDIÉNDOSE hacer constar que fue aprobado previamente por los consejeros del Poder Judicial.

24. Comunicación de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el magistrado Justiniano Montero Montero, Comisionado del Poder Judicial Dominicano de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, la cual dice: “Cortésmente les saludo, en ocasión de comunicarles que ya han sido publicadas por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial las bases del XII Concurso Internacional de Trabajo Monográfico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial, bajo el tema: “La Prudencia” en su página web. El mismo será llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, teniendo fecha límite de entrega el 30 de septiembre de 2018.

Como en cada entrega, el Poder Judicial Dominicano realiza una fase nacional del concurso a fin de elegir el o los mejores candidatos/as para participar en el concurso a nivel internacional. En este sentido, se hace necesaria la selección de los jueces/juezas que integrarán el jurado para la evaluación de los monográficos depositados, para lo cual tenemos a bien proponer:

El Magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, Juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y quien presidirá el jurado.

El Magistrado Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, Consejero del Poder Judicial.

El Magistrado Edynson Francisco Alarcón Polanco, Juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El Magistrado Pedro Marcial Ramirez Salce, Juez de la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Nacional.

Asimismo, aprovechamos para hacer de su conocimiento que en el 2016 la República Dominicana obtuvo por unos de nuestros participante el primer lugar a nivel internacional, más una mención especial de otro participante, premiso que fueron entregados con la presencia de los ganadores el pasado mes de julio de 2018 durante la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana” (NRD 2018-014602),





20

DECIDIÉNDOSE aprobar la conformación de la comisión. Se hace constar la inhibición del consejero Etanislao Radhames Rodríguez.


26. Se conoció el oficio No. 349-2018, de fecha 25 de junio de 2018, suscrito por la magistrada Francisca Gabiela García de Fadul, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el cual dice: “Luego de un cordial saludo, me dirijo a ustedes a los fines de solicitarle me concedan una cita dentro de su apretada agenda, a la mayor brevedad posible, para tratar asunto de sumo interés” (NRD 2018-014621).

27. Se conoció el oficio CG-043 de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por EL Lic. Arsenio Reyes Rodríguez, Contralor General, el cual dice: “Cortésmente, y en atención a las Actas de referencia procedimos a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas de ese Honorable Consejo, respecto a la entrega bajo inventario de los Cuerpos del Delito de todos los Palacios de Justicia a Nivel Nacional. A tales efectos les presentamos los resultados de la entrega realizada en el Palacio de Justicia de Valverde Mao, donde desarrollamos una ardua labor durante el período del 28/05/2018 al 08/06/2018, realizando el inventario a un total de 715 Procesos Judiciales, conteniendo diversos tipos de Cuerpos del Delito, los cuales fueron entregados y recibidos satisfactoriamente por el Ministerio Público, según se puede observar en los oficios de Decomiso anexos al presente informe.

Es oportuno hacer de su conocimiento, que esta Contraloría General está inmersa en las coordinaciones de lugar respecto a los demás Palacio de Justicia que contengan Cuerpo del Delito, para el Descargo correspondiente al Ministerio Público” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-012386).

28. Se conoció el oficio CG-041 de fecha 06 de junio de 2018, suscrito por EL Lic. Arsenio Reyes Rodríguez, Contralor General, el cual dice: “Cortésmente, y en atención a las Actas de referencia procedimos a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas de ese Honorable Consejo, respecto a la entrega bajo inventario de los Cuerpos del Delito de todos los Palacios de Justicia a Nivel Nacional. A tales efectos les presentamos los resultados de la entrega de los Cuerpos del Delito que





21

se encontraban ubicados en el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros, desarrollando una ardua labor durante el período del 02/05/2017 al 28/03/2018, realizando el inventario a un total de 3,633 procesos, conteniendo diversos tipos de cuerpos del delito, los cuales fueron entregados y recibidos satisfactoriamente por el Ministerio Público, según se puede observar en los oficios de Decomiso y Descargo de referencia y anexos al presente informe.

Es de lugar hacer de su conocimiento, que esta Contraloría General está inmersa en las coordinaciones de lugar respecto a los demás Palacio de Justicia que contengan Cuerpo del Delito, para el Descargo correspondiente al Ministerio Público” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-011435).

29. Se conoció el oficio CG-042 de fecha 06 de junio de 2018, suscrito por EL Lic. Arsenio Reyes Rodríguez, Contralor General, el cual dice: “Cortésmente, y en atención a las Actas de referencia procedimos a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas de ese Honorable Consejo, respecto a la entrega bajo inventario de los Cuerpos del Delito de todos los Palacios de Justicia a Nivel Nacional. A tales efectos les presentamos los resultados de la entrega de los Cuerpos del Delito que se encontraban ubicados en la Jurisdicción Penal de la Provincia de Santo Domingo, desarrollando una ardua labor durante el período del 19/02/2018 al 13/03/2018, realizando el inventario a un total de 1,348 Procesos Judiciales, conteniendo diversos tipos de Cuerpos del Delito, los cuales fueron entregados y recibidos satisfactoriamente por el Ministerio Público, según se puede observar en los oficios de Decomiso de referencia y anexos al presente informe.

Es oportuno hacer de su conocimiento, que esta Contraloría General está inmersa en las coordinaciones de lugar respecto a los demás Palacio de Justicia que contengan Cuerpo del Delito, para el Descargo correspondiente al Ministerio Público” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-011441).

30. Oficio DA/0745/2018, de fecha 18 de junio de 2018, suscrito por la licenciada Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, el cual dice: “Le remitimos el oficio S/N, de fecha 06 de junio, suscrito por el Dr. Miguel Surun Hernandez y la Dra. Ruddy Alcántara, Presidente y Coordinadora del Consejo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, respectivamente, mediante el cual solicitan la donación de equipos de oficina (computadoras, impresoras, fax, escritorios, sillas, sillones, abanicos, archivos, materiales para el trabajo de oficina y demás), para mejorar necesidades económicas, sociales, educativas y





22

de salud de abogados dominicanos del Distrito Nacional y Seccionales de las Provincias, como una forma de colaborar con el compromiso social de esa institución” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-012051), DECIDIÉNDOSE informarle que lamentablemente no tenemos disponibilidad de bienes para donación.

31. Oficio SGCPJ Núm. 1659/2018, de fecha 25 de junio de 2018, suscrito por el licenciado Edgar Torres Reynoso, Secretario General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Mediante la presente les solicitamos al Consejo del Poder Judicial la rectificación del Acta 20/2018 de fecha miércoles 20 de junio de 2018, con respecto al punto en el cual se conoció el oficio 0560/2018 suscrito por Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, sobre la reducción del presupuesto para la construcción del Tribunal de Niños, Niñas, y Adolescentes del Distrito Judicial de Sánchez Ramirez, el cual estaba pautado para realizarse en un monto de RD$44,543,913.75.

Realizamos esta solicitud debido a que en la referida acta se consignó que la reducción ascendía a un monto de RD$42,543,913.75 siendo lo correcto el monto de RD$42,764,851.70 lo que representa un ahorro para la Institución de RD$1,779,062.05.

Esta rectificación obedece a un error mecanográfico en la colocación del monto en la Agenda del día miércoles 20 de junio de 2018” (NRD 2018-014243), DECIDIÉNDOSE rectificar el acta.

32. Ayuda memoria “Taller Regional: ¿Más presos o más justicia?” del 20 al 22 de agosto de 2018, San José, Costa Rica.

Objetivo: Ilanud estima necesario abrir un espacio que reúna a actores regionales vinculados al sistema penal para conocer, analizar y debatir sobre desafíos y prácticas exitosas que permitan mejorar las condiciones de los centros penitenciarios de Latinoamérica.

Organizado por: Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal (ILANUD).

Fecha y Lugar del evento: del 20 al 22 de agosto de 2018 en San José, Costa Rica.

Los organizadores solo disponen de un (1) cupo para cubrir los gastos a un participante de nuestra Institución.

Candidatos propuestos por la ENJ:





23

Mag. Adalgisa Castillo, Jueza de Ejecución de la Sanción del Distrito Nacional.

Mag. Rubén Darío Cruz Uceta, Juez de la Ejecución de la Pena de Santiago.

Qué subvencionarán los organizadores al participante designado?

Boleto Aéreo

Alojamiento

Alimentación

Qué debe cubrir esta Institución a el/la participante?

Viáticos para imprevistos (Incluir los días de vuelo).

Traslados internos

Informaciones adicionales:

Para quienes deseen participaran cubriendo sus gastos:

Costo Inscripción U$500.00

Incluye: Hospedaje por 3 noches, desayunos, Coctel de Inauguración, Traslados desde y hasta el aeropuerto en San José, Costa Rica, Alimentación y material de apoyo.

No incluye la Cena del martes 21 de agosto de 2018 ni el Pasaje Aéreo.

Fecha límite de inscripción: lunes 09 de agosto de 2018.

Anexos:

Carta de Invitación d/f 11 junio de 2018. Ilanud.

Correo Electrónico ENJ d/f 28 de junio de 2018, con propuesta de participantes.

Nota: Para dominicanos con pasaporte oficial no requieren visado, pasaporte regular puede acceder con visado americano vigente” (NRD 2018-014820), DECIDIÉNDOSE sobreseer el conocimiento de este





24

asunto. Se comisiona al Secretario General a los fines de indagar sobre este asunto.

33. Comunicación de fecha 15 de junio de 2018, suscrito por la magistrada Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Juez de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, la cual dice: “Respetuosamente nos dirigimos ante su alta investidura, a los fines de solicitar autorización para dividir nuestro periodo vacacional correspondiente al año 2018, en cuatro periodos.

Motiva nuestra solicitud, el hecho de que ya en este año, y por motivos familiares y personales, nos vimos precisados a tomar dos periodos de cinco días laborables cada uno, restándonos veinte días que quisiéramos dividir en dos, en atención a que familiares residentes en el exterior nos visitarán en dos periodos distintos y nos han invitado a compartir con ellos en el interior del país.

Es la primera vez que realizamos la presente solicitud, conscientes de las disposiciones existentes al respecto, en ese sentido, ruego considerar que la misma se encuentra fundamentada en nuestro marcado interés de afianzar los valores de nuestros hijos a través de la integración familiar” (NRD 2018-013472), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

34. Comunicación Núm. 24-2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrita por el magistrado Justiniano Montero Montero, Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dice: “Pláceme saludarles, solicitamos encarecidamente que el inventario de boletines y gacetas judiciales y otros materiales didácticos que reposan en los archivos de esta Corte de Apelación (salón de deliberaciones), según inventario instrumentado por la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, sean trasladados al CENDIJD, a fin de salvaguardarlos y poder darles el uso adecuado, puesto que se exponen a un progresivo deterioro, combinado con el hecho de que en el caso de los libros, Enciclopedia Dalloz, eran varios tomos y solamente queda uno solo, lo cual es lamentable que sucedan cosas similares.

En espera de su cooperación y comprensión, sobre todo tomando en cuenta de que esos boletines judiciales y prontuario de gacetas judiciales, constituyen una memoria histórica; otra opción, es que pudieran ponerse a disposición dl Archivo General de la Nación o de la Biblioteca Nacional. Resaltamos estas opciones, por el hecho de que





25

hemos solicitado en varias ocasiones el traslado sin respuesta alguna del CENDIJD, que no sea la indiferencia.

Esta situación, la encontramos al llegar a la Presidencia de la Corte” (NRD 2018-012101), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

35. Se conoció la comunicación de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por el Lic. Rafael Camilo Amarante, Presidente, y la Dra. Engracia Velázquez Fuentes, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Empleados Jubilados y Pensionados del Poder Judicial, el cual dice: “Es propicia la ocasión para informarles sobre el acto de apertura de la segunda Mesa Regional Este.

Las mesas regionales han sido creada con la finalidad de que todos los jubilados y pensionados del poder judicial estén integrados, y a la vez colaboren y participen dentro de las diferentes comunidades, según sus capacidades y experiencias.

Se conformaron cinco mesas regionales, una en el Distrito Nacional, dos en el Cibao, una en la región este, y una en la región sur. Esta última fue exitosamente realizada el día 27 de abril del corriente año, en la ciudad de Azua.

Esta vez corresponde dicha actividad en la Región Este la que tendrá lugar a las 10:00 de la mañana, del día viernes 29 del mes en curso en el Club del Cuerpo de Bomberos (frente al Palacio de Justicia) de El Seibo, por lo que de manera complacida les invitamos a participar en el referido evento” (NRD 2018-014338).

36. Oficio DRP/1416/2018 de fecha 07 de junio de 2018, suscrito por Yunior R. Ramos Díaz, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales del la Justicia el cual dice: “Mediante la presente solicitamos la destitución por abandono de labores de los alguaciles ordinarios descritos a continuación:

Nombre Tribunal Fecha de ingreso

Leury Luis Pérez Corniel Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de de Duarte

11/01/2011





26

Luis Manuel Matias Segundo Juzgado de la Instrucción de Duarte

10/06/2013

Roberto Antonio Duarte Cámara Penal de la Corte de Apelación de Duarte

27/09/2010

Jose Antonio Henríquez Vargas

Primer Juzgado de la Instrucción de Duarte

23/01/2012

Jose Alexander Rosario Jesurun

Cámara Penal de la Corte de Apelación de Duarte

12/12/2011

Según Oficio No. 00003-2018, suscrito por la Licda. Luisa E. Fernández Rodríguez, Supervisora de la Unidad de Citaciones, Notificaciones y Comunicaciones Judiciales del Departamento Judicial de Duarte, los Ministeriales nunca se han presentado al Centro.

Esta División ha intentado comunicarse con los ministeriales sin obtener resultados positivos.

Hacemos la presente tramitación en virtud del inciso 11 del artículo 91 del Reglamento de Carrera Administrativa Judicial, que establece: “Son faltas graves, que dan lugar a destitución, lo siguiente: Dejar de asistir al trabajo durante tres días consecutivos, injustificadamente, incurriendo en abandono del cargo” (NRD 2018-011421), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación y destituirlos por abandono de labores.

37. Oficio DRP/1451/2018 de fecha 14 de junio de 2018, suscrito por Yunior R. Ramos Díaz, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales del la Justicia el cual dice: “En atención a la solicitud de reingreso realizada por el Sr. Samuel Alexis Rodríguez Pérez, de 36 años de edad, informamos que laboró para el Poder Judicial desde 01/12/2005 hasta 19/12/2013, cuando presentó renuncia; desempeñó el cargo de Mensajero Interno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de la Unidad de Servicios Administrativos y Logísticos de la Jurisdicción Inmobiliaria.





27

En el expediente del Sr. Rodríguez Pérez, reposa tres medidas disciplinarias, motivo por el cual somos de opinión de que su solicitud de reingreso debe ser rechazada” (NRD 2018-010166), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación de rechazo.

38. Oficio DRP/1713/2018 de fecha 14 de junio de 2018, suscrito por Yunior R. Ramos Díaz, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales del la Justicia el cual dice: “En atención a la solicitud de reingreso realizada por el Sr. Samuel Alexis Rodríguez Pérez, de 36 años de edad, informamos que laboró para el Poder Judicial desde 01/12/2005 hasta 19/12/2013, cuando presentó renuncia; desempeñó el cargo de Mensajero Interno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de la Unidad de Servicios Administrativos y Logísticos de la Jurisdicción Inmobiliaria.

En el expediente del Sr. Rodríguez Pérez, reposa tres medidas disciplinarias, motivo por el cual somos de opinión de que su solicitud de reingreso debe ser rechazada“ (NRD 2018-012706), DECIDIÉNDOSE archivar este punto, debido a que se evidencia que está repetido en el punto anterior.

39. Oficio DRP/1448/2018 de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por Yunior R. Ramos Díaz, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales del la Justicia el cual dice: “En atención al oficio citado en la referencia, remitimos para su homologación las rescisiones de los contratos, en virtud de que cesaron los motivos que dieron origen a su ingreso, quedando sin efecto las designaciones provisionales, según reportes de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, a saber:

COD. INGRESO NOMBRE CARGO DEPENDENCIA DISTRITO JUD. EFECTIVO

21142 25/04/2018 Yorjani Cedeño Oficinista

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia La Altagracia 07/06/2018

20908 26/01/2018 Mili E. Zapata Conserje Juzgado de Paz Boca Chica 13/06/2018

(NRD 2018-012220), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.





28

40. Oficio DGHCJA Núm. 513/2018 de fecha 04 de junio de 2018, suscrito por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Cortésmente, en atención a la aprobación de inclusión en el seguro médico de Servidores Judiciales Interinos, d/f. 14/02/2018, según consta en el SGCPJ Núm. 0484/2018, Acta No. 07/2018, solicitamos la rectificación, en virtud de que dicha aprobación no especifica de cuáles Servidores Interinos se trata, pues tenemos Servidores aprobados por diferentes periodos de tiempo.

En ese sentido, solicitamos la rectificación para que se establezca que dicho beneficio sea para aquellos que sean designados y realicen labores por más de tres (3) meses en la Institución.

El descuento del 2% establecido como aporte para el seguro médico será aplicado y entrará en vigencia cuando el Servidor complete el proceso de ingreso al mismo.

Dejamos a consideración de ese Honorable Consejo la decisión a tomar“ (Dominium 556032), DECIDIÉNDOSE devolver para fines de estudio, a los fines de que se presente una propuesta que contemple un seguro de salud provisional durante el período probatorio, independientemente de lo supere o no.



43. Oficio DGHCJA Núm. 535/2018 de fecha 14 de junio de 2018, suscrito por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Cortésmente, en atención al Oficio SGCPJ Núm. 0786/2018, de fecha 22/03/2018 mediante la cual consta el acta Núm. 012/2018, decidió “la adición de una (1) plaza de oficinista para la Unidad de Atención a Usuarios del Despacho Judicial Penal de Santiago”.





29

En ese sentido solicitamos la rectificación del acta Núm. 12/2018, para que diga: “la adición de una (1) plaza de oficinista para la Unidad de Atención a Usuarios del Centro de Servicios Secretariales de las Salas de Familia, Santiago”.

Por lo antes expuesto, dejamos a consideración de ese honorable Consejo la decisión a tomar” (Dominium 541063), DECIDIÉNDOSE rectificar el acta.

44. Oficio DIFNAG/157/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, suscrito por la Licda. Iluminada Gonzalez Disla, Directora Familia, Niñez, Adolescencia y Género, el cual dice: “Por medio de la presente remitimos a ese honorable Consejo del Poder Judicial y sometemos a su consideración la “Propuesta de Política de Niñez y Adolescencia del Poder Judicial”, una iniciativa de ésta Dirección con la colaboración del Movimiento Asturiano por la Paz (MASPAZ) y el auspicio del Ayuntamiento de Gijón España, cuyo objetivo es diseñar un instrumento orientador que permita el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, sin discriminación y poder garantizarles la respuesta a sus necesidades jurídicas para el fortalecimiento de la democracia.

Esta política fue elaborada por una consultora experta en niñez, con experiencia con políticas de infancia. Procediéndose a realizar una recopilación doctrinal y de marco jurídico nacional e internacional, que permitiera una base para el desarrollo de las líneas de acción de la política, además se realizaron entrevistas con jueces y juezas de la jurisdicción de niñez, a través de un cuestionario que permitiría conocer su visión en torno a la problemática y cómo podríamos encauzar el esquema de dicha política.

Posteriormente, se realizó una revisión y validación de dicha propuesta con los magistrados/as de la jurisdicción de niñez. Al finalizar dicho proceso, enviamos el documento al Mag. Víctor José Castellanos Estrella, quien validó y lo consideró pertinente”, (Visto por el Dr. Justiniano Montero Montero) (Dominium 556679) Nota de la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial: Este caso fue sobreseído mediante Acta 10/2018 y remitido copia a los consejeros, DECIDIÉNDOSE sobreseer y colocar para la próxima sesión.

45. Oficio DL-199 de fecha 18 de junio de 2018, suscrito por la Licda. Melissa Álvarez Pichardo, Encargada División Legal, presentando informe y recomendaciones sobre el acto Núm. 700/6/2018 de fecha 07 de junio de 2018, mediante el cual Freddy Peña notifica al Consejo





30

del Poder Judicial y a la Lic. Melissa I. Álvarez P., intimación y puesta en mora para entrega de valores, el cual dice textualmente:

“Honorables Consejeros:

En ocasión de la notificación del acto de referencia, mediante el cual, el Lic. Freddy Peña, pone en mora al Consejo del Poder Judicial y a la Encargada de la División Legal de la Dirección General Técnica, para que dentro de un plazo de un día franco proceda con la entrega de RD$1,779,000.00, luego del examen del mismo, y de las demás piezas que conforman el expediente relativo al embargo retentivo practicado por los señores Florencio Paulino y Juan Adalberto Franjul, sobre los valores depositados por el Lic. Freddy Peña, como garantía para participar en venta en pública subasta, tenemos a bien expresar lo siguiente:

Requerimientos del Lic. Freddy Peña:

a.Entrega de RD$1,779,000.00 retenidos en virtud de embargo retentivo declarado nulo mediante sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

El Lic. Freddy Peña alega que el Consejo del Poder Judicial retiene sin fundamento legal alguno, los valores embargados mediante el acto 074/2015, toda vez que dicho embargo retentivo fue anulado mediante sentencia de la Suprema Corte de Justicia Núm. 1285 de fecha 28 de junio de 2018, por lo que con dicha retención, el Consejo del Poder Judicial incurre en enriquecimiento ilícito.

La Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones de Corte de Casación, no examina el fondo del asunto litigioso, sino que su función se circunscribe al examen de las violaciones procesales que pudieran viciar la sentencia objeto de recurso; que en el caso en particular, la decisión recurrida (Sentencia Núm. 857/2015, de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de fecha 30 de octubre de 2015) se emitió en ocasión del recurso de apelación contra la ordenanza en referimiento Núm. 381/2015 de fecha 26 de marzo de 2017, que rechaza solicitud de levantamiento de embargo retentivo y ordena su reducción de RD$2,200,000.00 a RD$1,200,000.00; es decir, que la demanda primigenia no versaba sobre el fondo de la





31

validez del embargo retentivo, sino sobre una solicitud sometida ante el Juez de los referimientos.

Que ciertamente, la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia 857-2015, por falta de ponderación y respuesta del petitorio principal sobre el cual se basó el recurso de apelación y envía el conocimiento del mismo a la Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el cual no ha sido conocido a la fecha actual.

En consecuencia, el efecto producido por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Núm. 1285 de fecha 28 de junio de 2017, es que actualmente, esté pendiente de conocimiento el recurso de apelación contra la ordenanza en referimiento Núm. 381/2015, que ordenó la reducción del embargo; no obstante haberse decidido de manera definitiva la demanda en validez del embargo retentivo, mediante sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional Núm. 035-16-0540 de fecha 15 de abril de 2016, la cual adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, luego de que fuera pronunciado el descargo puro y simple a favor del Lic. Freddy Peña, del recurso de apelación incoado por Florencio Paulino y Juan Adalberto Franjul.

Cabe destacar que la sentencia Núm. 035-16-0540 de fecha 15 de abril de 2016, que validó el embargo retentivo trabado mediante acto Núm. 074/2015, ordenó al Consejo del Poder Judicial, en su calidad de tercer embargado, realizar el pago en manos de los señores Florencio Paulino Cuello y Juan Adalberto Franjul de león, la suma adeudada hasta la concurrencia del crédito principal.

Que a su vez, el crédito principal tiene su origen en la sentencia Núm. 1055/2009, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha 30 de septiembre de 2009, en virtud de la cual se acoge la demanda en rescisión de contrato y reparación de daños y perjuicios incoada por Florencio Paulino Cuello y Juan Adalberto Franjul de León contra el Lic. Freddy Peña, condenando a éste último al pago de RD$600,000.00, más el 1% de interés mensual, calculado a partir de la interposición de la demanda, es decir, desde el 03





32

de octubre de 2008, fecha en que fue notificado el acto Núm. 337/2008 contentivo de la referida demanda.

Que en cumplimiento de la sentencia Núm. 035-16-0540, en fecha 18 de agosto de 2017, el Consejo del Poder Judicial procedió a realizar el pago de la deuda principal ascendente a RD$600,000.00 en manos de los señores Florencio Paulino Cuello y Juan Adalberto Franjul, mediante cheque del Banco de Reservas Núm. 20789643, por lo que a la fecha, de la totalidad de RD$1,779,000.00 resta una diferencia de RD$1,179,000.00, la cual se encuentra retenida hasta que sean liquidados los intereses adeudados por Freddy Peña y precisado el monto a pagar por el Consejo del Poder Judicial en manos de los embargantes.

b.Respuesta a la solicitud de fecha 26 de de febrero de 2018.

Que mediante instancia depositada ante la Dirección General Técnica en fecha 26 de febrero de 2018, el Lic. Freddy Peña solicita que le sea requerida al Dr. Nicanor Rodríguez, la reposición de la suma de RD$600,000.00, pagados por el Consejo del Poder Judicial de manera extemporánea, por haberse anulado la sentencia que validó el embargo retentivo trabado mediante acto Núm. 74/2015 y que se levante el segundo embargo retentivo ilegal y sin crédito exigible o requerirle al Dr. Nicanor Rodríguez el levantamiento del mismo, en virtud de la referida sentencia de casación.

Que sobre los efectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Núm. 1285, ha quedado establecido ut supra, que la misma anuló la decisión emitida en ocasión del recurso de apelación de la ordenanza en referimiento suscitado en ocasión del embargo retentivo en cuestión, y no de la demanda en validez.

Que además, resulta improcedente obtemperar a dicho

requerimiento, toda vez que el pago realizado en manos de los señores Florencio Paulino Cuello y Juan Adalberto Franjul, se hizo en cumplimiento de un mandato judicial; por lo que, las impugnaciones de las que pudiera ser objeto, debieron incoarse por esa misma vía, a los fines de que se ordenara el levantamiento del embargo.





33

Que en virtud de lo anterior, el Consejo del Poder Judicial responde a la referida comunicación, emitiendo la declaración afirmativa de fecha 25 de mayo de 2018, mediante la cual se da constancia de la reserva de RD$600,000.00 a favor del Lic. Freddy Peña.

Conclusión y opinión:

Por las razones anteriormente expuestas, recomendamos la emisión de una comunicación al Lic. Freddy Peña, mediante la cual se le informe que para el levantamiento del embargo retentivo y liberación de los fondos restantes, deberá proceder con su solicitud por la vía jurisdiccional y notificar la sentencia a intervenir al Consejo del Poder Judicial, toda vez que este órgano no tiene facultad para liberar los fondos, si no le es ordenado mediante decisión judicial (NRD-2018-013413)”, DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

46. Oficio DPYP No. 113 de fecha 14 de junio de 2018, suscrito por la Licda. Cristiana Fulcar P., Directora de Planificación y Proyecto, el cual dice: “Muy cortésmente, remitimos a ese Honorable Consejo del Poder Judicial las modificaciones al Plan Operativo del año 2018 para fines de aprobación. Estas se fundamentan en decisiones emanadas de ese Consejo, disponiendo cambios o inclusión de nuevos proyectos; la situación económica de la institución y en el análisis de la ejecución de los proyectos, realizado por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, la Dirección General Técnica, la Dirección Presupuestaria y Financiera y esta Dirección de Planificación y Proyectos, así como las reclasificaciones consensuadas con las demás direcciones.

Los fondos de los proyectos y actividades contenidos en esta modificación del POA 2018 han sido ajustados tomando en cuenta la ejecución hasta el pasado mes de mayo, las fechas de inicio, la duración y el plan de implementación de los mismos, teniendo como resultado que el monto general del presupuesto del POA modificado ascendería a RD$1,947,128,866.99 (mil novecientos cuarenta y siete millones ciento veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos dominicanos con 99/100), para una reducción con respecto al POA aprobado de un 19%, equivalente a RD$447,890,734.39.

Los cambios más relevantes en esta modificación del POA son la reducción del presupuesto en 52 proyectos, el aumento de los presupuestos de 20 proyectos, la eliminación de 40 y la adición de 8





34

nuevos, los cuales están contenidos en el documento anexo, “Relación de Modificaciones”.

Igualmente, las partidas relacionadas con gastos fijos o corrientes fueron sistematizadas en el documento Compromisos de Gastos Fijos del año 2018, adjunto al POA, con el propósito de transparentar el presupuesto real del plan operativo, evitar que las partidas de gastos fijos sean sometidas a los procesos que siguen los proyectos y actividades del POA y que el presupuesto de este último solo esté compuesto por proyectos y actividades de modernización y mejora institucionales.

En cuanto a los montos pendientes de ejecutar RD$190,732,900.90 (17%) corresponden a la Dirección General de Administración y Carrea Judicial, RD$256,867,989.59 (23%) a la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, RD$512,569,772.65 (47%) a la Dirección Administrativa y RD$141,443,611.41 (13%) a las demás Direcciones.

Estas modificaciones en el POA 2018 no incluyen los proyectos de la Administración General de la Jurisdicción Inmobiliaria ni de la Escuela Nacional de la Judicatura” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-012742).

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL PRIORIZADO

AÑO 2018

PROYECTOS POR DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 21/05/2018 *Datos suministrados por la Dirección Financiera

CÓDIGO

LÍNEA DE

ACCIÓN PROYECTOS/ACTIVIDADES

ESTIMACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (EN RD$)

Recursos Presupuestarios

Monto Ejecutado/Opinado

/Comprometido

Total Recursos Disponibles





35

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 40,000,000.00 28,725,348.74 11,274,651.26

18-SCJ-01

3.2.1

Fortalecimiento de la gestión de las Salas de la Suprema Corte de Justicia (Unidad Académica de la SCJ).

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

18-SCJ-02

Programa de actividades de los Jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

2,000,000.00 44,478.00 1,955,522.00

18-SCJ-03

2.2.3 Plan de Descongestión de la 1era. Sala de la Suprema Corte de Justicia.

20,000,000.00 18,938,441.84 1,061,558.16

18-SCJ-04

2.2.3 Plan de Descongestión de la 2da. Sala de la Suprema Corte de Justicia.

15,000,000.00 6,742,428.90 8,257,571.10

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 14,300,000.00 9,309,960.28 4,990,039.72

18-CPJ-01

5.1.1 Implementación del Plan Comunicacional del Poder Judicial.

6,000,000.00 1,538,416.68 4,461,583.32

18-CPJ-02

1.2.2 Digitalización de Expedientes de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia .

1,000,000.00 4,771,543.60 -3,771,543.60

18-CPJ-03

2.1.1

Implementación del Casillero Judicial electrónico para las notificaciones y citaciones judiciales.

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

18-CPJ-04

4.1.3 4.2.1

Implementación Gestor Administrativo del Consejo del Poder Judicial en el Distrito Nacional, Prov. Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y San Pedro de Macorís.

500,000.00 500,000.00 0.00

18-CPJ-05

Centro de Citaciones y Notificaciones de la Suprema Corte de Justicia (incluye pago de alguaciles).

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00





36

18-CPJ-06

4.1.2 3.2.3 2.5.2

Participación de jueces, consejeros y demás servidores judiciales en eventos internacionales (pasajes y viáticos).

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

18-CPJ-07

3.2.1

Mejora de las Capacidades Técnicas y de Gestión del Personal Administrativo del Consejo del Poder Judicial.

300,000.00 0.00 300,000.00

18-CPJ-08

3,3,3 Plan de difusión del Reglamento Disciplinario.

1,000,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

191,786,277.60 1,053,376.70 190,732,900.90

18-DGCJ-

01 2.2.3

Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial.

40,000,000.00 756,455.65 39,243,544.35

18-DGCJ-

02

2.1.1 2.1.2 2.3.3

Digitalización de expedientes activos en los Despachos Penales (30 digitalizadores y viáticos para implementadores).

14,285,969.20 149,750.60 14,136,218.60

18-DGCJ-

03 2.5.1

Fortalecimiento de los auxiliares de la justicia (levantamiento para base de datos, carnetización, otros).

0.00 0 0.00

18-DGCJ-

04 4.3.2

Diseño de mecanismo para la implementación del Sistema de Escalafón Judicial y Sistema de Provisión de Cargos Judiciales (financiamiento parcial de AECID).

441,000.00 0.00 441,000.00

18-DGCJ-

05 1.1.1

Creación Corte de Reestructuración y Liquidación del Distrito Nacional. [3 meses]

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

06 1.1.1

Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia del Distrito Nacional. [3 meses]

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

07 1.1.1

Creación 3 salas de Primera Instancia Tribunal Administrativo en el Distrito Nacional. [3 meses]

0.00 0.00 0.00





37

18-DGCJ-

08 1.1.1

Puesta en funcionamiento de 1 (un) tribunal colegiado de manera fija en Santo Domingo Este (Los Mameyes).[4 meses]

5,005,509.33 0.00 5,005,509.33

18-DGCJ-

09 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Sala Civil de la Jurisdicción de Niños Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Oeste (Acta núm. 25/2017).[6 meses]

5,084,644.00 0.00 5,084,644.00

18-DGCJ-

10 1.1.1

Puesta en funcionamiento de 2 Salas Penales de la Jurisdicción de Niños Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Oeste (Acta núm. 25/2017).[6 meses]

8,953,288.00 0.00 8,953,288.00

18-DGCJ-

11 1.1.1

Puesta en funcionamiento de 1 (un) tribunal colegiado en Santo Domingo Norte (Villa Mella). [6 meses]

6,728,264.00 0.00 6,728,264.00

18-DGCJ-

12 1.1.1

Puesta en funcionamiento de Cámara Penal de Santo Domingo Norte (Villa Mella). [6 meses]

4,452,644.00 0.00 4,452,644.00

18-DGCJ-

13 1.1.1

Puesta en funcionamiento de Tribunal de la Instrucción de Santo Domingo Norte (Villa Mella). [6 meses]

4,303,966.00 0.00 4,303,966.00

18-DGCJ-

14 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Norte (Villa Mella). [6 meses]

3,915,606.00 0.00 3,915,606.00

18-DGCJ-

15 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Sala Civil (Asuntos de Familia) de Santo Domingo Norte (Villa Mella). [6 meses]

5,084,644.00 0.00 5,084,644.00

18-DGCJ-

16 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Sala Civil de la Jurisdicción de Niños Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Norte (Villa Mella). [4 meses]

4,100,429.33 0.00 4,100,429.33

18-DGCJ-

17 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Sala Penal de la Jurisdicción de Niños Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Norte (Villa Mella).[4 meses]

3,984,250.33 0.00 3,984,250.33





38

18-DGCJ-

18 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo de Santo Domingo (Boca Chica). Acta núm.34/2017 del CPJ. [4 meses]

3,768,429.33 0.00 3,768,429.33

18-DGCJ-

19 1.1.1

Puesta en funcionamiento de Tribunal Colegiado de Santo Domingo (Boca Chica). [4 meses]

4,995,509.33 0.00 4,995,509.33

18-DGCJ-

20 1.1.1

Puesta en funcionamiento de Cámara Penal de Santo Domingo (Boca Chica). [4 meses]

3,468,429.33 0.00 3,468,429.33

18-DGCJ-

21 1.1.1

Puesta en funcionamiento de Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo (Boca Chica). [4 meses]

3,369,310.67 0.00 3,369,310.67

18-DGCJ-

22 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo (Boca Chica). [4 meses]

3,077,070.67 0.00 3,077,070.67

18-DGCJ-

23 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Sala Civil (Asuntos de Familia) de Santo Domingo (Boca Chica). [4 meses]

4,100,429.33 0.00 4,100,429.33

18-DGCJ-

24 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Sala Civil de la Jurisdicción de Niños Niñas y Adolescentes de Santo Domingo (Boca Chica). [4 meses]

4,100,429.33 0.00 4,100,429.33

18-DGCJ-

25 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Sala Penal de la Jurisdicción de Niños Niñas y Adolescentes de Santo Domingo (Boca Chica). [4 meses]

4,100,429.33 0.00 4,100,429.33

18-DGCJ-

26 1.1.1

Puesta en operación del Tribunal Superior Administrativo de la Región Norte (en Santiago). [6 meses]

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

27 1.1.1

Creación Corte de Reestructuración y Liquidación de Santiago. [6 meses]

0.00 0.00 0.00





39

18-DGCJ-

28 1.1.1

Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. [6 meses]

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

29 1.1.1

Adición de 2 jueces en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís (incluye 2 abogados ayudantes y 3 oficinistas).[7 meses]

5,625,244.00 0.00 5,625,244.00

18-DGCJ-

30 1.1.1

Puesta en funcionamiento del Tribunal Colegiado de Higüey.[5 meses]

5,795,608.33 0.00 5,795,608.33

18-DGCJ-

31 2.3.1

Adición de (4) jueces para la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal (incluye 3 Oficinistas y 2 abogados ayudantes).[7 meses]

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

32 2.3.1

Adición de (4) jueces para la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata (inclye 3 Oficinistas y 2 abogados ayudantes).

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

33 2.2.2

Puesta en funcionamiento del Tribunal Superior de Tierras de Azua. [6 meses]

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

34 2.2.2

Puesta en funcionamiento de la Oficina de Registro de Títulos de Azua. [6 meses]

4,631,364.00 0.00 4,631,364.00

18-DGCJ-

35 1.1.1

Puesta en funcionamiento del Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes de Azua. [4 meses]

4,039,936.00 0.00 4,039,936.00

18-DGCJ-

37

1.1.1

División del Tribunal de Ejecución del Departamento Judicial de Santiago y que

dichas funciones sean realizadas por un Juez de Paz. [7 meses]

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

38 1.1.1

Habilitación del Tribunal Ejecución de la Pena correspondiente al Departamento Judicial de San Cristóbal con sede en Baní. [7 meses]

4,453,873.33 147,170.45 4,306,702.88





40

18-DGCJ-

39 1.1.1

Puesta en funcionamiento del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Hato Mayor. [7 meses]

5,320,038.00 0.00 5,320,038.00

18-DGCJ-

40 1.1.1

Puesta en funcionamiento del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana. [7 meses]

3,648,412.33 0.00 3,648,412.33

18-DGCJ-

41 1.1.1

Adición de un Juez miembro a la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. [7 meses]

1,797,705.00 0.00 1,797,705.00

18-DGCJ-

42 1.1.1

5ta. Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo. [7 meses]

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

43 1.1.1

Puesta en funcionamiento de manera definitiva el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata. [7 meses]

3,564,553.33 0.00 3,564,553.33

18-DGCJ-

44 1.1.1

Puesta en funcionamiento Tribunal especializado en Asuntos de Familia en San Cristóbal [7 meses].

5,530,341.33 0.00 5,530,341.33

18-DGCJ-

45 1.1.1

Puesta en funcionamiento de la Sala Civil de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional [6 meses].

0.00 0.00 0.00

18-DGCJ-

46

Puesta en funcionamiento de los tribunales móviles, incluye alquiler furgones, dietas, almuerzo, alquiler de generadores eléctricos)

2,500,000.00 0.00

18-DGCJ-

47

Centros de Notificaciones adhoc.

6,058,950.40 0.00

18-DGCJ-

48 Charlas de Ética 1,500,000.00 0.00





41

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y CARRERA JUDICIAL ADMINISTRATIVA

691,859,132.39 434,991,142.80 256,867,989.59

18-DGH-01

4.3.2 Concurso de Aspirantes a Juez de Paz.

300,000.00 300,000.00 0.00

18-DGH-02

2.2.4 Adición de 50 plazas de Juez Suplente de Jueces de Paz.

25,000,000.00 140,000.00 24,860,000.00

18-DGH-03

2.2.4

Designación de 36 Jueces de Paz egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura (solo beneficios) .

8,398,080.00 8,164,800.00 233,280.00

18-DGH-04

2.3.1 Proyección de Creaciones y Adiciones de Plazas del año 2018. [8 mese]

276,464,886.64 53,595,966.16 222,868,920.48

18-DGH-05

4.3.2 Evaluación del Desempeño de los Jueces miembros del Sistema de Carrera Judicial.

430,000.00 0.00 430,000.00

18-DGH-06

4.3.4

Perfeccionar el Sistema de Evaluación del Desempeño para los servidores judiciales (administrativo y Jueces): mérito y antigüedad (financiamiento de AECID).

910,500.00 0.00 910,500.00

18-DGH-07

4.3.4 Readecuación del módulo de Evaluación del Desempeño en el Sistema Eikon

0.00 0.00 0.00

18-DGH-08

4.3.4

Implementación del Programa Piloto de mejora del proceso de evaluación del desempeño del personal administrativo.

575,000.00 0.00 575,000.00

18-DGH-09

4.3.4

Talleres sobre la modificación al proceso de evaluación del desempeño de los jueces miembros del Sistema de Carrera Judicial.

0.00 0.00 0.00





42

18-DGH-10

Instalación de Consultorios Médicos en los Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, La Vega, San Juan y Puerto Plata.

5,160,000.00 0.00 5,160,000.00

18-DGH-11

3.2.4 Fortalecimiento de la División de Estudios de Recursos Humanos.

417,609.25 0.00 417,609.25

18-DGH-12

4.1.1

Fotalecimiento y reestructuración de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa.

875,000.00 0.00 875,000.00

18-DGH-13

2.1.1 2.1.4

Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro de los Protocolos, Testamentos y Poderes de Notarios.

0.00 0.00 0.00

18-DGH-14

2.1.1 2.1.4

Desarrollo de Mejoras al Sistema Gestor de Auxiliares Judiciales.

0.00 0.00 0.00

18-DGH-15

4.1.3 Digitalización de Pruebas Psicométricas.

200,000.00 640,000.00 -440,000.00

18-DGH-16

2.3.1

Reclasificación jerárquica de Divisiones a Departamentos según el Estudio de Categorización de Puestos.

2,665,621.50 0.00 2,665,621.50

18-DGH-17

4.1.3 Ampliación del Archivo de personal elegible a Nivel Nacional.

50,000.00 0.00 50,000.00

18-DGH-18

3.3.1 Programa de Difusión del Sistema de Integridad Institucional.

0.00 60,000.00 -60,000.00

18-DGH-19

Mejora en la cobertura del seguro de salud para servidores judiciales.

263,939,085.00 263,939,085.00 0.00

18-DGH-20

Carnetización de los empleados a nivel nacional.

0.00 0.00 0.00





43

18-DGH-21

Bono Escolar (Incremento a la partida).

29,700,000.00 29,700,000.00 0.00

18-DGH-22

Bono Navideño. 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

18-DGH-23

Programa de Seguridad Social de los servidores judiciales (bono de compensación de empleados pensionados por antigüedad, enfermedad y otros).

20,000,000.00 25,291,323.65 -5,291,323.65

18-DGH-24

Actividades Culturales y Deportivas (incluye uniformes y equipos deportivos).

1,100,000.00 147,446.80 952,553.20

18-DGH-25

Incremento de dietas a los miembros del Coro del Poder Judicial (en un 100%).

799,500.00 0.00 799,500.00

18-DGH-26

Ajuste Salarial al Departamento de Infraestructura Física.

1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

18-DGH-27

3.3.1

Inducción a los Servidores Judiciales Administrativos de nuevo ingreso y concienciación sobre el Código de Comportamiento Ético (incluye a los Alguaciles Ordinarios).

335,000.00 223,419.75 111,580.25

18-DGH-28

4.3.2 3.2.3

Entrenamiento Especializado y Taller sobre Gestión por Competencias al personal de la Divisiones de Evaluación del Desempeño y de Reclutamiento y Selección de Personal.

438,850.00 12,331.00 426,519.00

18-DGH-29

3.2.3

Programa de Apoyo al Desarrollo Académico de los Servidores Judiciales Administrativos.

3,000,000.00 1,167,970.00 1,832,030.00

18-DGH-30

Mejora en la cobertura del seguro dental para servidores judiciales.

6,000,000.00 0.00 6,000,000.00





44

18-DGH-31

Mejora en la cobertura del seguro de vida para servidores judiciales.

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

18-DGH-32

Implementación Proyecto de pasantías en los tribunales/Dependencias administrativas

10,000,000.00 21,608,800.44 -11,608,800.44

18-DGH-33

Implementación de la orden al mérito Judicial

600,000.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

737,805,000.00 225,235,227 512,569,772.65

18-ADM-01

1.3.1 Construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.

0.00 0.00 0.00

18-ADM-02

1.3.1 Construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte.

100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

18-ADM-03

1.3.1 Construcción del Tribunal de N.N.A del Distrito Judicial de Azua (Acta No.2717-CPJ).

45,000,000.00 0.00 45,000,000.00

18-ADM-04

1.3.1

Construcción del Tribunal de N.N.A del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez.(Acta No. 1760 CPJ).

45,000,000.00 45,000,000.00 0.00

18-ADM-05

1.3.1 Construcción Juzgado de Paz Las Terrenas.

0.00 0.00 0.00

18-ADM-06

1.3.1 Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble.

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00





45

18-ADM-07

1.3.1 Construcción del Juzgado de Paz de Sabana Buey.

8,000,000.00 7,519,888.92 480,111.08

18-ADM-08

1.3.1 Construcción del Juzgado de Paz de Imbert.

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

18-ADM-09

1.3.1 Construcción del Juzgado de Paz de Pepillo Salcedo.

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

18-ADM-10

1.3.1 Construcción del Juzgado de Paz de Pimentel.

0.00 0.00 0.00

18-ADM-11

1.3.1 Construcción del Juzgado de Paz de Guananico (Acta No.1762 CPJ).

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

18-ADM-12

1.3.1 Construcción del Juzgado de Paz de Jánico.

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

18-ADM-13

1.3.1 Construcción del Juzgado de Paz de Duvergé (Acta No. 1763 CPJ).

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

18-ADM-14

Climatización del Archivo General del Poder Judicial.

60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

18-ADM-15

Anaqueles del Archivo General del Poder Judicial.

40,000,000.00 5,000,000.00 35,000,000.00

18-ADM-16

Cámaras de Seguridad, detectores de metales y sistema contra incendios del Archivo General del Poder Judicial.

15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

18-ADM-17

Digitalización del Archivo General del Poder Judicial.

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00





46

18-ADM-18

Mobiliario del Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas de Gazcue.

50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

18-ADM-19

1.3.1

Habilitación de 1 planta eléctrica, 4 ascensores y climatización del Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas de Gazcue.

45,800,000.00 40,000,000.00 5,800,000.00

18-ADM-20

1.3.2

Acondicionamiento del local de la Calle Santiago Esq. Socorro Sánchez, para el traslado de la

Dirección de Planificación y Proyectos.

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

18-ADM-21

1.3.2

Acondicionamiento del local de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional para el traslado de la DIFNAG y del Centro de Mediación Familiar y la Coordinación de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos.

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

18-ADM-22

1.3.2

Acondicionamiento del local de la Calle Moisés García #18 para la Escuela Nacional de la Judicartua.

0.00 0.00

18-ADM-23

Compra de Ascensores para mejorar el acceso en diferentes Palacios de Justicia (Ciudad Nueva, Edificios Las Cortes del D.N, Puerto Plata, Santiago, Moca y La Vega.

22,500,000.00 0.00 22,500,000.00

18-ADM-24

1.3.2

Reparaciones diversas e impermeabilización de edificaciones del Poder Judicial a nivel nacional: Mantenimiento e Ingeniería.

50,000,000.00 28,905,543.43 21,094,456.57

18-ADM-25

1.3.2

Reposición de mobiliario en los Departamentos y Distritos Judiciales del Poder Judicial a nivel nacional: escritorios y sillas.

14,500,000.00 - 14,500,000.00

18-ADM-26

1.3.2

Equipamiento de acondicionadores de aire para las remodelaciones o adiciones, en las diferentes dependencias del Poder Judicial.

25,000,000.00 25,000,000.00 0.00





47

18-ADM-27

Compra de Plantas Eléctricas en diferentes Palacios de Justicia.

12,000,000.00 9,000,000.00 3,000,000.00

18-ADM-28

4.1.3 Compra de Planta Eléctrica para el Palacio de Justicia de Santiago.

12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

18-ADM-29

1.3.1 Plan Nacional de Reorganización de Archivos Judiciales (3ra. Fase).

2,000,000.00 309,795.00 1,690,205.00

18-ADM-30

4.1.3

Sistematización del proceso de asignación y análisis de expedientes de la División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras.

605,000.00 0.00 605,000.00

18-ADM-31

Proyecto para adecuación de pagos a suplidores de servicios.(Acta No. 1779 CPJ).

0.00 2,500,000.00 -2,500,000.00

18-ADM-32

Compra de 2 Autobuses para mejorar el servicio de Transportación del Poder Judicial.

0.00 0.00 0.00

18-ADM-33

4.1.1 Reestructuración organizativa y funcional de la Dirección Administrativa

0.00 0.00 0.00

18-ADM-34

3.2.1

Programa de reforzamiento de las capacidades técnicas para el personal de la Dirección Administrativa.

0.00 0.00 0.00

18-ADM-35

Reparación Ascensores edificio SCJ y CPJ

5,000,000.00 5,000,000.00

18-ADM-36

Cámaras de Seguridad a Nivel Nacional

7,000,000.00 7,000,000.00

18-ADM-37

Detectores de Metales para los PJ a nivel nacional

2,500,000.00 2,500,000.00





48

18-ADM-38

Cableado del palacio de justicia de las Jurisdicciones Especializadas

15,000,000.00 15,000,000.00

18-ADM-39

Equipos de informática del Palacio de Justicia de las Jurisdicciones Especializadas

30,000,000.00 30,000,000.00

18-ADM-40

Equipos de sonidos y Audivisuales del Palacio de Justicia de las Jurisdicciones Especializadas

6,500,000.00 6,500,000.00

18-ADM-41

Contratación compañía seguridad del Palacio de Justicia de las Jurisdicciones Especializadas

2,000,000.00 2,000,000.00

18-ADM-43

Contratación compañía Limpieza del Palacio de Justicia de las Jurisdicciones Especializadas

600,000.00 600,000.00

18-ADM-44

Construcción del Juzgado de Paz de Sosua.

13,000,000.00 13,000,000.00

18-ADM-45

Compra del local de 900m2 en la Av. Bolivar esq. C/ Cervantes.

45,000,000.00 45,000,000.00

18-ADM-46

1.3.1 Readecuación de la Secretaría de la Corte Civil y Comercial del Distrito Nacional.

1,300,000.00 1,300,000.00

18-ADM-47

1.3.1

Remodelación del local de la Jurisdicción Civil del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo Este (Presidencia, 1era., 5ta. y 4ta. Sala de Familia)

1,500,000.00 1,500,000.00

DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 400,000.00 - 400,000.00

18-FIN-01

4.1.3 Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Disponibilidad Financiera.

0.00 0.00 0.00

18-FIN-02

4.1.3

Adaptación del Sistema Softland para la Dirección Financiera (incluye la Dirección de Planificación y Proyectos).

400,000.00 0.00 400,000.00





49

DIRECCIÓN DE FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y GÉNERO

8,577,500.00 4,335,600.00 4,241,900.00

18-DIF-01

1.4.2 1.4.3

Concurso abriendo espacios a la igualdad (enfocados en temas discapacidad).

0.00 350,000.00 -350,000.00

18-DIF-02

1.4.2 1.4.3

Fortalecimiento e Iniciativas de las subcomisiones de género.

650,000.00 650,000.00 -

18-DIF-03

1.4.2 1.4.3

Sensibilización a jueces, juezas, secretarios penales sobre el observatorio de justicia y género y el manual operativo.

355,000.00 355,000.00 -

18-DIF-04

1.2.1 1.2.3

Sensibilización sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y acceso a la justicia.

800,000.00 800,000 -

18-DIF-05

1.2.1 1.2.3

Capacitación a los servidores judiciales en perspectiva de género, argumentación jurídica, herramientas del proceso penal en género. Financiamiento de AECID.

470,000.00 0.00 470,000.00

18-DIF-06

1.2.1 1.2.3 1.4.3

Pubicación de la Política para personas con discapacidad y Difusión y capacitación sobre la política de personas con dispacidad. Financiamiento de AECID.

352,500.00 0.00 352,500.00

18-DIF-07

1.4.3

Difusión y capacitación sobre la política de personas con dispacidad. Financiamiento de AECID

0.00 -

18-DIF-08

1.4.2 1.4.3

Instalación de salas de lactancia en Edificio SCJ-CPJ, Jurisdiccion Inmobiliaria del D.N. y Palacios de Santiago y San Juan de la Maguana.

760,000.00 760,000 -





50

18-DIF-09

1.3.3

Instalación y puesta en funcionamiento del centro entrevistas a personas en condición de vulnerabilidad víctimas o testigos de delitos, provistos de cámara gesell, en Barahona.

0.00 - -

18-DIF-10

1.3.3

Instalación y puesta en funcionamiento del centro entrevistas a personas en condición de vulnerabilidad víctimas o testigos de delitos, provistos de cámara gesell en San Juan de la Maguana.

3,000,000.00 600 2,999,400.00

18-DIF-11

1.4.3

Apoyo a los Jueces de control de ejecución de la sanción en sus atribuciones frente a los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

220,000.00 220,000 -

18-DIF-12

1.4.3

Proyecto "Sí Se Puede". Actividades de Apoyo a los adolescentes de los Centros de Privación de Libertad de Cristo Rey y Villa Consuelo del Tribunal de Control de la Ejecución de las Sanciones de la Persona Adolescente del Distrito Nacional.

800,000.00 500,000.00 300,000.00

18-DIF-13

1.4.2 1.4.3

Video de Inducción a la Perspectiva de Género.

0.00 0.00 -

18-DIF-14

1.2.3 Publicación y lanzamiento de la Política de Niñez.

300,000.00 300,000 -

18-DIF-15

1.2.1 1.2.3

Orientación Vial para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 63/2017).

400,000.00 400,000 -

18-DIF-16

1.4.2 1.4.3

Análisis de las Sentencias Judiciales sobre Violaciones e Incesto en la Rep. Dom (Financiamiento de AECID). Cont. 470,000.00

- 470,000.00

18-DIF-17

1.3.3

Instalación y puesta en funcionamiento del centro entrevistas a personas en condición de vulnerabilidad víctimas o testigos de delitos, provistos de cámara gesell, en San Francisco de Macorís.

0.00 -





51

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PRESIDENCIA 1,620,000.00 20,000 1,600,000.00

18-COE-01

5.2.2 Celebración de los actos del Día del Poder Judicial 2019.

600,000.00 0.00 600,000.00

18-COE-02

5.2.2 Expo Conozca los Símbolos Judiciales (II fase)

0.00 0.00 0.00

18-COE-03

5.1.1 Edición y reimpresión del folleto "Conozca los Símbolos Judiciales".

20,000.00 20,000.00 0.00

18-COE-04

5.2.2 Edición e impresión del folleto "Conozca el Consejo del Poder Judicial".

0.00 0.00 0.00

18-COE-05

5.2.2 5.1.1

Difusión cápsulas Informativas sobre El Poder Judicial.

0.00 0.00 0.00

18-COE-06

Material Promocional y Bibliográfico Institucional

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES 7,805,000.00 6,659,511 1,145,489.43

18-DPC-01

1.2.5 Actualización del auditorio y salón de prensa del Poder Judicial (2da fase).

0.00 0.00 0.00

18-DPC-02

2.1.4

Actualización de Sistema de Captura de Audio en treinta (30) salas de Audiencias a nivel nacional.

5,060,000.00 5,060,000.00 0.00

18-DPC-03

2.2.4

Expansión del Proyecto de Implementación del Sistema de Captura de Audio en Diez (10) Salas de Audiencias.

745,000.00 745,000.00 0.00





52

18-DPC-04

5.2.1 Elaboración de 4 documentales del Poder Judicial.

440,000.00 440,000.00 0.00

18-DPC-05

5.2.1 Elaboración de 6 ediciones del periódico El Judicial con una tirada de 6,500 ejemplares.

800,000.00 264,290.00 535,710.00

18-DPC-06

5.1.3 Agasajo a los medios de comunicación por el Día Nacional del Periodista.

0.00 150,220.57 -150,220.57

18-DPC-07

5.1.3 Agasajo navideño a la prensa que cubre el Poder Judicial.

500,000.00 0.00 500,000.00

18-DPC-08

5.1.3 Talleres y cursos de capacitación a periodistas que cubren la fuente de la justicia.

170,000.00 0.00 170,000.00

18-DPC-09

5.1.3 Encuentros con ejecutivos de medios de comunicación.

- 0.00 0.00

18-DPC-10

Album fotográfico digital del Poder Judicial

90,000.00 0.00 90,000.00

COORDINACIÓN DE MÉTODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

10,802,459.00 17,935.00 10,784,524.00

18-CRC-01

2.4.1

Fortalecimiento del Servicio de Mediación Familiar y Comunitaria del Poder Judicial como modelo de buena práctica, garantizando el acceso equitativo a la justicia y el respeto de los derechos humanos en la República Dominicana (financiamiento parcial del Ayuntamiento de Gijón).

967,583.00 1800.00 965,783.00

18-CRC-02

2.4.1 3.2.3

Prácticas y Pasantías para formación de mediadoras/es.

0.00 0.00 0.00





53

18-CRC-03

2.4.1

Proyecto Piloto para puesta en funcionamiento Centro de Conciliación Laboral de los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. [9 meses]

2,189,340.00 0.00 2,189,340.00

18-CRC-04

2.4.1 Puesta en funcionamiento piloto del Centro de Conciliación Laboral en Santiago. [8 meses]

1,891,780.00 0.00 1,891,780.00

18-CRC-05

2.4.1 Puesta en funcionamiento Centro de Conciliación Laboral del Distrito Nacional. [8 meses]

1,450,328.58 0.00 1,450,328.58

18-CRC-06

2.4.1

Puesta en funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación de Santiago. [6 meses]

4,303,427.42 16,135.00 4,287,292.42

18-CRC-07

2.4.1

Ampliación de los servicios de mediación y conciliación a las materias penal, familia, civil y comercial del Distrito Nacional.

0.00 0.00 0.00

18-CRC-08

3.2.3 Curso / Diplomado en mediación y conciliación para servidores judiciales.

0.00 0.00 0.00

18-CRC-09

2.4.1 Anteproyecto de Ley de Mediación y Conciliación de la República Dominicana.

0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA / DIVISIÓN LEGAL 4,320,000.00 7,810,000.00 (3,490,000.00)

18-DGT-01

3.3.2 Plan Titulación Inmuebles del Poder Judicial (Continuación Cuarta Fase).

0.00 - 0.00

18-DGT-02

4.1.2

Participación del Poder Judicial Dominicano en el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC).

510,000.00 510,000.00 0.00

18-DGT-03

4.1.3

Participación del Poder Judicial Dominicano en la XIX y XX Cumbre Judicial Iberoamericana.

1,550,000.00 1,550,000.00 0.00

18-DGT-04

3.3.1

Participación del Poder Judicial Dominicano en la Comisión Iberoamericana de Etica Judicial (CEIJ).

150,000.00 1,700,000.00 -1,550,000.00





54

18-DGT-05

3.2.3 2.2.4 2.5.2

Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed).

410,000.00 410,000.00 0.00

18-DGT-06

3.3.2 Documentar los inmuebles en uso del Poder Judicial para regularizar su estatus.

0.00 130,000.00 -130,000.00

18-DGT-07

2.2.4 2.1.2

Proyecto Armonización de la Legislación Penal y la Lucha contra el Crimen Organizado en Centroamérica y República Dominicana y SICA.

200,000.00 510,000.00 -310,000.00

18-DGT-08

3.3.2 Plan Titulación Inmuebles del Poder Judicial (Continuación Tercera Fase).

1,500,000.00 3,000,000.00 -1,500,000.00

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

191,475,000.00 114,300,175.00 77,174,825.00

18-DTI-01

2.1.4

Proyecto Innovación Digital Judicial (Automatización de los sistemas de gestión de tribunales). Plan Piloto.

60,000,000.00 800,000.00 59,200,000.00

18-DTI-02

2.1.4

Actualización de la Infraestructura Tecnológica, Adquisición de Materiales y Accesorios para el mantenimiento de redes a nivel nacional (Computadoras, UPS, impresoras, escaners) (Reemplazos y Adiciones).

80,200,000.00 80,340,000.00 -140,000.00

18-DTI-03

2.2.4 4.1.3

Actualización y Mantenimiento de Centrales Telefónicas a Nivel Nacional (incluye los Palacios de Justicia de Gazcue y Santiago-15.0 MM solicitados por al Dirección Administrativa-).

25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

18-DTI-04

Instalación de Centrales Telefónicas en los nuevos locales de la Dirección de Género, Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección de Planificación y Proyectos y Cordinación de Métodos de Resolución de Conflictos.

0.00 2,500,000.00 -2,500,000.00





55

18-DTI-05

2.3.1

Renovación y pagos de contratos de mantenimientos, licenciamiento de software y Seguridad (Microsoft, Softland y Eikon).

16,550,000.00 16,550,000.00 0.00

18-DTI-06

2.1.4 2da. Etapa de Actualización de Servidores Informáticos en 4 localidades del Poder Judicial.

400,000.00 400,000.00 0.00

18-DTI-07

2.1.4

Fondo para Mantenimiento y Seguridad del Centro de Datos del Edificio CPJ-SCJ (incluye el

sistema de Climatización).

6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

18-DTI-08

2.3.1 1.2.5

Implementación de herramienta de ofimática libre office en un (1) Departamento Judicial.

250,000.00 10,175.00 239,825.00

18-DTI-09

2.1.4

2da. Etapa Desarrollo Sistema único de Gestión de Tribunales (Jurisdicciones Penal, Civil, Laboral y NNA).

625,000.00 1,250,000.00 -625,000.00

18-DTI-10

4.1.3 Implementación de un Sistema de Gestión para la Dirección Administrativa.

0.00 100,000.00 -100,000.00

18-DTI-11

2.3.3

Implementación de un sistema de gestión automatizado en la Jurisdicción Penal de San Cristóbal, como componente tecnológico del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal.

0.00 600,000.00 -600,000.00

18-DTI-12

2.1.4

2da. Etapa de la Implementación del Sistema de Gestión para la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia.

50,000.00 50,000.00 0.00

18-DTI-13

2.1.4 Integración Archivo Nacional de Sentencias con los Boletines Judiciales.

0.00 0.00 0.00

18-DTI-14

1.2.5 Actualización licencias de Adobe Creative (Solicitado por CENDIJD).

500,000.00 500,000.00 0.00

18-DTI-15

1.2.5

Actualización Licencias de Software: Suite Creative Adobe (Solicitado por la Dirección de Prensa y Comunicaciones).

200,000.00 200,000.00 0.00





56

18-DTI-16

2.3.1 1.3.1

Reestructuración de la Dirección de Tecnologías de la Información (Creación de plazas de Soporte Técnicos, cambio de denominación y funciones de las divisiones).

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

18-DTI-17

3.2.3 Capacitación técnica para recursos humanos de la DTI.

700,000.00 1,000,000.00 -300,000.00

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 31,007,859.00 6,759,555.00 24,248,304.00

18-DPP-01

2.3.3

Continuación Implementación del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal en San Cristóbal (Equipos/ Capacitación práctica/Organización y Montaje Secretaría General, remanente de infraestructura).

4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

18-DPP-02

1.2.1 1.2.2 1.2.3

Implementación del Centro de Información y Orientación Ciudadana del Palacio de Justicia de San Cristóbal.

1,062,800.00 1,062,800.00 0.00

18-DPP-03

2.3.3

Implementación de la Secretaría General de la Jurisdicción Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago.

8,475,000.00 1,710.00 8,473,290.00

18-DPP-04

2.3.3

Determinación de la estructura administrativa y propuesta de implementación y adquisición de equipos tecnológicos del Modelo de Gestión del Tribunal Superior Administrativo en el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas de Gazcue.

800,000.00 1,295.00 798,705.00

18-DPP-05

2.3.3

Diagnóstico y propuesta de implementación de la Secretaría General de la Jurisdicción Civil y Comercial de La Vega.

30,000.00 0.00 30,000.00

18-DPP-06

1.3.1

Adecuaciones físicas y mobiliario del Modelo de Gestión Penal del Distrito Judicial de Sanchez Rámirez.

1,300,000.00 0.00 1,300,000.00





57

18-DPP-07

2.3.3

Determinación de la estructura administrativa y propuesta de implementación de la Secretaría General de los Tribunales de Reestructuración y Liquidación del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas de Gazcue.

30,000.00 0.00 30,000.00

18-DPP-08

2.3.3

Diagnóstico y Propuesta de reestructuración de la Secretaría General de las Salas de Familia del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas de Gazcue.

30,000.00 0.00 30,000.00

18-DPP-09

2.3.3

Diagnóstico y propuesta de estructuración de la Secretaría General de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas de Gazcue.

30,000.00 0.00 30,000.00

18-DPP-10

1.2.1 1.2.2 1.2.3

Diagnóstico y propuesta de Implementación del Centro de Información y Orientación Ciudadana delPalacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas de Gazcue (incluye adquisición de equipos).

153,000.00 0.00 153,000.00

18-DPP-11

1.2.1 Señalización del Palacio de Justicia de Gazcue/Edif. Cervantes.

650,000.00 0.00 650,000.00

18-DPP-12

2.3.3

Estructuración y Puesta en Funcionamiento de la Secretaría General de la Jurisidiccion de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santo Domingo.

5,150,000.00 0.00 5,150,000.00

18-DPP-13

2.3.3

Elaboración del Diagnóstico para la implementación del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal en San Pedro de Macorís.

25,000.00 0.00 25,000.00

18-DPP-14

1.2.4

Actualización de los Procesos del CENDIJD que impacta directamente la entrega del servicio a los usuarios.

0.00 - 0.00

18-DPP-15

2.1.2

Impresión del Manual de Procedimientos de la Gestión Jurisdiccional de los tribunales civiles y comerciales.

500,000.00 0.00 500,000.00





58

18-DPP-16

4.1.3

Centro de Contacto del Poder Judicial (incluye costos de instalación y personal por 6 meses).

0.00 0.00 0.00

18-DPP-17

4.1.3 Libro Digital Web de Estadísticas Judiciales.

4,550,000.00 4,550,000.00 0.00

18-DPP-18

2.1.1

Implementación de Herramienta "Power BI" para la publicación de datos Estadísticos.

0.00 0.00 0.00

18-DPP-19

1.2.1 Actualización de la señalización de los Palacios de Justicia de la Región Sur.

500,000.00 500,000.00 0.00

18-DPP-20

4.1.4 Elaboración del Plan Operativo 2019 del Poder Judicial.

40,000.00 40,000.00 0.00

18-DPP-21

4.1.4 Elaboración del Presupuesto 2019 del Poder Judicial.

40,000.00 40,000.00 0.00

18-DPP-22

4.1.4 Elaboración del Plan de Compras 2019.

20,000.00 0.00 20,000.00

18-DPP-23

2.1.4

Actualización de equipos informáticos de la Dirección de Planificiación y Proyectos (1 computadora, 6 laptops, 2 proyectores, 2 escaners, 1 Cámara digital, 1 grabadora digital, 2 impresoras blanco y negro y 1 Impresora a color).

350,000.00 0.00 350,000.00

18-DPP-24

2.3.3 2.3.1

Fortalecimiento del equipo de implementación y seguimiento a los modelos de gestión de los despachos judiciales (Incluye:creación 4 plazas, mobiliarios, equipos ) y reajuste salarial al equipo de implementadores de Modelos de Gestión.

2,278,309.00 0.00 2,278,309.00

18-DPP-25

2.2.4

Estudio sobre la Efectividad del Código Procesal Penal en cada una de sus etapas. Financiamiento de AECID.

0.00 70,000.00 -70,000.00

18-DPP-26

3.2.1 Capacitaciones solicitadas por la Dirección de Planificación y Proyectos.

493,750.00 493,750.00 0.00

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN JUDICIAL DOMINICANO (CENDIJD)

5,883,639.00 4,602,100.00 1,281,539.00





59

18-CEN-01

3.2.3

Desarrollo de un Programa de Capacitación para los Servidores Judiciales sobre el Protocolo Único de Atención a Usuarios. Fianciamiento de AECID.

470,000.00 300,000 170,000.00

18-CEN-02

1.2.1 1.3.2

Fortalecimiento de los Centros de Información y Orientación Ciudadana.

335,000.00 335,000 0.00

18-CEN-03

3.2.3 Capacitación del personal de los Centros de Información y Orientación Ciudadana.

250,000.00 250,000 0.00

18-CEN-04

4.1.3 Optimización del Sistema Informático de consultas y estadísticas del CIOC.

0.00 - 0.00

18-CEN-05

1.2.1

Habilitación del servicio de Información y Orientación en los Palacios de Justicia el Seybo, Espaillat (Moca) y en Neyba.

1,165,000.00 177,100 987,900.00

18-CEN-06

4.1.1

Propuesta para la creación de la Coordinación de los Centros de Información y Orientación Ciudadana a nivel Institucional.

0.00 - 0.00

18-CEN-07

Nivelación de los puestos de Información y Orientación Ciudadana.

1,000,000.00 - 1,000,000.00

18-CEN-08

1.2.2 Centro de Contacto del Poder Judicial (Continuación del Diagnóstico).

0.00 - 0.00

18-CEN-09

3.1.1 3.1.2 3.1.3

BiblioJuez (expansión a nivel nacional y rediseño de interface).

475,000.00 700,000 -225,000.00

18-CEN-10

3.1.1

Expansión del Sistema de Tratamiento de Decisiones Judiciales del Poder Judicial y su Difusión en Internet: Segunda Etapa (Archivo Nacional de Sentencias).

270,000.00 270,000 0.00

18-CEN-11

1.2.5

Sistematización del Marco Jurídico Nacional de Mayor Relevancia en la Impartición de Justicia (Primera Fase).

698,639.00 - 698,639.00

18-CEN-12

1.2.5 Reestructuración del Espacio Web de Jurisprudencia y Legislación.

70,000.00 70,000.00 0.00





60

18-CEN-13

1.2.2 Adaptación de la página Web orientadas a las personas con discapacidades específicas.

250,000.00 500,000.00 -250,000.00

18-CEN-14

1.2.2

Fortalecimiento de las publicaciones de compilaciones institucionales (Contratación de Editor).

400,000.00 0.00 400,000.00

18-CEN-15

1.2.2 Reprodución de Publicaciones Impresas y Digitales.

500,000.00 2,000,000.00 -1,500,000.00

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 3,050,000.00 1,570,000 1,480,000.00

18-DPPU-

01 2.2.4

Análisis de sentencias y resoluciones de la jurisdicción civil y comercial, año 2015.

560,000.00 560,000.00 0.00

18-DPPU-

02 2.2.4

Análisis de Sentencias de la Jurisdicción Civil - Responsabilidad civil por accidentes de tránsito (Año 2015).

280,000.00 0.00 280,000.00

18-DPPU-

03 3.2.1

Análisis sobre la especialización de los jueces del Poder Judicial de la República Dominicana.

100,000.00 0.00 100,000.00

18-DPPU-

04 5.2.1

Revista "Justicia y Razón" - Edición No. 15 y 16.

850,000.00 850,000.00 0.00

18-DPPU-

05 2.1.2

Implementación de Indicadores Jurisdiccionales.

160,000.00 160,000.00 0.00

18-DPPU-

06

1.1.2 4.1.3

Delimitación de criterios para la gestión Judicial Nacional.

200,000.00 0.00 200,000.00

18-DPPU-

07

Valoración de la sociedad al sector justicia, como eje de independencia (Obtener fondos internacionales adicionales).

900,000.00 0.00 900,000.00

18-DPPU-

08 2.2.4

Propuesta para la modificación y armonización de la Resolución núm. 296-05, Reglamento Juez de Ejecución de la Pena.

0.00 0.00 0.00

18-DPPU-

09

2.1.1 2.1.4

Implementación de medidas relativas al Módulo de inscripción de los Contratos Prenda sin Desapoderamiento en los Juzgados de Paz a través del Gestor Judicial.

0.00 0.00 0.00





61

CONTRALORIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2,000,000.00 101,596 1,898,404.00

18-CON-01

3.3.2 Plan Anual de Auditoría. 2,000,000.00 101,596.00 1,898,404.00

INSPECTORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 4,437,000.00 23,065.00 4,413,935.00

18-INS-01

3.3.2 3.3.1

Plan de Inspecciones Ordinarias y Extraordinarias 2018

1,600,000.00 20,545.00 1,579,455.00

18-INS-02

3.2.3 3.2.1

Curso Especializado para Inspectores Judiciales. Financiamiento de AECID.

0.00 0.00 0.00

18-INS-03

3.3.2

Reproducción y difusión de Manual, reglamento y guía de la Inspectoría General del Poder Judicial. Financiamiento de AECID.

337,000.00 2,520.00 334,480.00

18-INS-04

3.3.2 Mejora de la Inspectoría General

2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

SUB-TOTAL 1,947,128,866.9

9 845,514,592.44

1,101,614,274.55

(Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-012742), DECIDIÉNDOSE devolver el oficio a los fines de que realicen recomendación sobre estos casos:

División del Tribunal de Ejecución del Departamento Judicial de Santiago y que dichas funciones sean realizadas por un Juez de Paz. [7 meses]

Juzgado de Paz de Sabana Iglesia;

Asimismo, se comisiona al consejero Etanislao Radhames Rodríguez a los fines trabajar estos puntos con la Dirección de Planificación y Proyectos y realizar las recomendaciones al efecto.

47. Se conoció el oficio Núm. 5051, de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por la licenciada Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, el cual dice: “La suscrita, Lic. Cristiana





62

Rosario, en calidad de Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia, de la manera más respetuosa tiene a bien hacer de su conocimiento los resultados del Sistema de Atención al Usuario eFlow durante el mes supra indicado y el número de usuarios del sistema de justicia que han sido atendidos. Durante este mes podemos destacar los aspectos más importantes como un total general de 5,208, con un aumento de 293 visitas en relación a las recibidas en el mes de enero un total de 4,915 AT; con un tiempo promedio atención de 7 minutos, 48 segundos; tiempo promedio de espera de 13 minutos, 13 segundos y un promedio de 260 usuarios por día, durante 20 días de labor, considerando que el miércoles laboramos hasta el medio día y que los días jueves 29 y viernes 30 la institución suspendió sus labores por Semana Santa (Anexo Circular DGHACJ Núm. 21 de fecha 22/03/2018).

En cuanto al reporte Servicio - Sucursal – Horario, muestra que los momentos de mayor auge en las visitas recibidas oscilan entre las 9:00 am y 3:00 pm.; con un total de 794 usuarios a las 11:00 a.m. el cual nos indica el mayor flujo (Ver cuadro anexo). Puntualizamos que este número de personas es el promedio del mes.

Podemos resumir el informe de categoría de trámite general destacando que fueron emitidas 456 certificaciones de documentos, consultados físicamente 293 expedientes; otras consultas y trámites: 1,193; documentos depositados: 1,797; solicitudes de juramentación de Abogados: 332; retiro de documentos: 797 y depósitos de documentos relativos a Revisión Constitucional: 31; para un total general de 4,899 trámites completos.

Estas informaciones relativas a los trámites realizados pueden ser vistas en los reportes:

1. Reporte • Servicios Sucursal: Este reporte muestra el total de asistencia que se brinda en la secretaria, el tiempo promedio de atención y espera durante el mes.

2. Reporte • Servicios – Hora: Este reporte muestra por hora las asistencias brindadas en el área, el tiempo promedio de atención y espera del mes.

3. Reporte • Trámites Sucursal: Este reporte muestra el total de asistencia brindada por cada tipo de tramite (Trámite = Servicio) que brinda la secretaria, el tiempo atención y espera del mes.





63

4. Reporte • Trámites – Hora: Este reporte muestra el total de asistencia brindada por hora de cada tipo de trámite (Trámite = Servicio) que brinda la secretaria, el tiempo promedio atención y espera del mes.

Glosario

EM: Emitidos

ES: Espera

AT: Atendidos

CA: Cancelados

TE: Tiempo Espera

TA: Tiempo Atención

TR: Tiempo Respuesta

Con el propósito de mejorar cada día los servicios brindados, se despide” (NRD 2018-).



50. Oficio CDC núm. 0391/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, suscrito por Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “Les remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Lic. Iluminada González rinde un informe sobre situaciones del Centro de Entrevistas para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Víctimas o Testigos de Delitos.





64

En el mismo se anexa para que se pondere la implementación, el formato e instructivo para homogenizar en todos los centros, el acta de entrevistas por un lado, y por el otro, evitar que se confundan los roles del Centro de Entrevistas, que es exclusivamente administrativo y no jurisdiccional” (NRD 2018-012180), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

51. Oficio CDC núm. 0438/2018, de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “Les remitimos para su consideración, el informe señalado en el anexo, sobre la factibilidad de fijación de plazas en la Corte de Trabajo de la Prov. de Santo Domingo; el cual, luego de verificar la carga de trabajo y el personal con la que cuenta y las funciones que realizan los mismos, concluye que el pesonal actual es suficiente para manejar la carga laboral que ingresa a esa Corte” (NRD 2018-011598), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.




55. Se conoció el oficio IG núm. 406/2018, de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de marzo de 2018 por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Azua;





65

y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora, se trasladó a las oficinas que alojan el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Azua, pudiendo verificar lo siguiente:

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Azua, actualizó el Libro digital hasta el mes de mayo del año en curso.

Esta unidad inspectora comprobó que el tribunal falló un total de

sesenta y ocho (68) expedientes en el mes de marzo de 2018, se procedió a solicitar los decisiones para su validación y verificación de las cuales se pudo certificar la existencia de cuarenta y dos (42) decisiones las cuales correspondían al día a día. Todas las sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para a mora judicial, este tribunal cuenta con una (01) persona para el trabajo de la mora judicial, William Manuel Matos Núñez (Oficinista), el cual, luego de realizar la verificación pertinente, se comprobó que está trabajando con los expedientes pendientes de digitación de años anteriores, actualización del Libro digital y expedientes del día a día del tribunal”.

56. Se conoció el oficio IG núm. 407/2018, de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de marzo de 2018, por el Juzgado de Paz de Las Charcas, Distrito Judicial de

Azua; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora, se trasladó a las oficinas que alojan el Juzgado de Paz de Las Charcas, Distrito Judicial de Azua, pudiendo verificar lo siguiente:





66

El Juzgado de Paz de Las Charcas, Distrito Judicial de Azua, reportó un total de nueve (09) expedientes del mes de marzo de 2018, los cuales estaban pendientes de digitación de años anteriores y corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que fueron validados.

Esta unidad inspectora comprobó que el tribunal no tenía disponibles las decisiones correspondientes al día a día del tribunal del mes de marzo de 2018, ya que la Magistrada Lissa Melina Veras Rivas, quien conoció los procesos durante ese mes, no ha pasado por el tribunal a revisar y firmar las decisiones, quien se encuentra designada en la Oficina de Atención Permanente de Azua. Todas las sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por la Jueza y el secretario.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para la mora judicial, esta sala no cuenta con persona para el trabajo de la mora judicial, debido a que la señorita Pilar Rodríguez Martínez (Oficinista), le fue rescindida su contratación el día veintiséis (26) de enero del año en curso”.

57. Se conoció el oficio IG núm. 412/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de febrero de 2018 por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito (Sala I) de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora, se trasladó a las oficinas que alojan el Juzgado de Paz Especial de Tránsito (Sala I) de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

El Juzgado de Paz Especial de Tránsito (Sala I) de San Pedro de Macorís, reportó un total de ocho (08) Resoluciones del mes de febrero de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que fueron validados.





67

Se comprobó que las ocho (08) Resoluciones del mes de febrero de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las resoluciones que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para a mora judicial, esta sala cuenta con una (01) persona para el trabajo de la mora judicial, la señora Zading Aponte Santana, la cual, luego de realizar la verificación pertinente, se comprobó que está trabajando la mora judicial” (NRD 2018-010012).

58. Se conoció el oficio IG núm. 413/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de febrero de 2018 por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito (Sala I) de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora, se trasladó a las oficinas que alojan el Juzgado de Paz Especial de Tránsito (Sala I) de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

El Juzgado de Paz Especial de Tránsito (Sala I) de San Pedro de Macorís, reportó un total de cuarenta (40) Resoluciones del mes de marzo de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que fueron validados.

Se comprobó que las cuarenta (40) Resoluciones del mes de marzo de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las

resoluciones que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para a mora judicial, esta sala cuenta con una (01) persona para el trabajo de la mora judicial, la señora Zading Aponte Santana, la cual, luego de





68

realizar la verificación pertinente, se comprobó que está trabajando la mora judicial” (NRD 2018-010019).

59. Se conoció el oficio IG núm. 414/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de febrero de 2018 por el Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora, se trasladó a las oficinas que alojan el Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

El Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís, reportó un total de doscientos treinta y nueve (239) Sentencias y Resoluciones del mes de febrero de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que todas fueron validadas.

Se comprobó que las doscientos treinta y nueve (239) Sentencias y Resoluciones del mes de febrero de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las Resoluciones y Sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para a mora judicial, este juzgado cuenta con tres (03) personas para el trabajo de la mora judicial, las señoras Brenda Maireny Puente Díaz (trabaja archivos y extinciones de expedientes con mora), Miguelis Patricia Ortega Núñez y Celia N. Meléndez Candelario (trabajan

asuntos del día a día) y Yanelsi De Los Santos Báez (se encuentra de licencia post parto)” (NRD 2018-010026).

60. Se conoció el oficio IG núm. 416/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de





69

comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de febrero de 2018 por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala I) de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora se trasladó a las oficinas que alojan la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala I) de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala I) de San Pedro de Macorís, reportó un total de veintiocho (28) sentencias del mes de febrero de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que todas fueron validadas.

Se comprobó que las veintiocho (28) Sentencias del mes de febrero de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las Sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para a mora judicial, esta sala cuenta con tres (03) personas para el trabajo de la mora judicial, los señores Danauris González Romero (Abogado Ayudante) y Michel Joan Abreu González y Zamantha Aquino Pérez (Oficinistas), los cuales, luego de realizar la verificación pertinente, se comprobó que están trabajando la mora judicial” (NRD 2018-010291).

61. Se conoció el oficio IG núm. 417/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de

comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de enero de 2018 por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.





70

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora se trasladó a las oficinas que alojan la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís, reportó un total de veintiséis (26) sentencias del mes de enero de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que todas fueron validadas.

Se comprobó que las veintiséis (26) Sentencias del mes de enero de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las Sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para a mora judicial, esta sala cuenta con una (01) persona para el trabajo de la mora judicial, la señora Mildred Lorena Flores Isambert (Oficinista), la cual, luego de realizar la verificación pertinente, se comprobó que está trabajando la mora judicial” (NRD 2018-010300).

62. Se conoció el oficio IG núm. 418/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de febrero de 2018 por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad

inspectora se trasladó a las oficinas que alojan la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís, reportó un total de veintisiete (27) sentencias del mes de febrero de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que todas fueron validadas.





71

Se comprobó que las veintisiete (27) Sentencias del mes de febrero de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las Sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.


63. Se conoció el oficio IG núm. 419/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de febrero de 2018 por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora se trasladó a las oficinas que alojan el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, reportó en el mes de febrero de 2018, diecinueve (19) expedientes, de los cuales ocho (08) son Contencioso y los once (11) restantes Administrativos, los cuales NO corresponden a expedientes con mora judicial, sino del día a día.

Esta unidad inspectora comprobó que el tribunal falló un total de

diecinueve (19) expedientes en el mes de febrero de 2018, los cuales son del día a día del tribunal. Todas las sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para a mora judicial, esta sala cuenta con dos (02) personas para el trabajo





72

de la mora judicial, las señoras Laura Evangelista Alejo (Abogada Ayudante) y Anyelis Miosotys Pérez Mercedes (Oficinista), las cuales, luego de realizar la verificación pertinente, se comprobó que están trabajando la mora judicial” (NRD 2018-010350).

64. Se conoció el oficio IG núm. 421/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada; b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de febrero de 2018 por la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora se trasladó a las oficinas que alojan la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

La Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, reportó veinticuatro (24) decisiones del mes de febrero de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que fueron validadas.

Se comprobó que las veinticuatro (24) sentencias del mes de febrero de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las Sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para la mora judicial, esta sala cuenta con dos (02) personas para el trabajo de la mora judicial, Lisset Rosario Díaz (Abogada Ayudante) (está trabajan expedientes que constituyen mora judicial) y Kelvin A. Jiménez (Oficinista) (al momento del levantamiento se encontraba de permiso)”

(NRD 2018-010405).

65. Se conoció el oficio IG núm. 422/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada;





73

b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de marzo de 2018 por la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora se trasladó a las oficinas que alojan la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

La Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, reportó veintisiete (27) decisiones del mes de marzo de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que fueron validadas.

Se comprobó que las veintisiete (27) sentencias del mes de marzo de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las Sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.

En cuanto a la verificación del desempeño del personal contratado para la mora judicial, esta sala cuenta con dos (02) personas para el trabajo de la mora judicial, Lisset Rosario Díaz (Abogada Ayudante) (está trabajan expedientes que constituyen mora judicial) y Kelvin A. Jiménez (Oficinista) (al momento del levantamiento se encontraba de permiso)” (NRD 2018-010413).

66. Oficio IG núm. 423/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones se procedió a realizar una visita de conocimiento a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, a través del correo electrónico de fecha dos (04) de abril de 2018, donde se solicita “Lo acontecido con relación al personal asignado para el Plan de Mora al Tribunal antes indicado, el cual aún no cuenta con computadoras para realizar sus

labores”; a raíz de la solicitud que le fuere enviada por Ramón Alberto Almonte Barry, Juez de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, al Mag. Justiniano Montero Montero. El Inspector comisionado a tales fines procedió a realizar las diligencias pertinentes, por lo que, le informaremos de los hallazgos:





74

En fecha seis (06) de abril de 2018, Ramón Alberto Almonte Barry, Juez de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, indicó que remitió el correo previamente plasmado en fecha veintisiete (27) de marzo de 2018, en virtud de que le asignaron tres (03) empleados/as por un período de seis (06) meses para el Plan de Mora, a saber: Zamantha Aquino Pérez (llegó al tribunal en fecha veintiuno (21) de marzo de 2018); Michael Joan Abreu González (llegó en fecha veintiséis (26) de marzo de 2018) y Danauris González Romero (en fecha dos (02) de abril de 2018) y a dicha fecha el personal no tenía computadoras asignadas.

Dicho personal fue asignado al Tribunal en virtud de una reunión que sostuvieron los Magistrados Ramón A. Almonte Barry y Yumiris Twitt Santana con el Director General de Administración y Carrera Judicial, Magistrado Justiniano Montero Montero, a finales del año 2017, y que los formularios de solicitud fueron llenados respectivamente en fechas veintidós (22) y veintiséis (26) de enero, y ocho (08) de febrero de 2018, en respuesta a correos que recibió el Magistrado de la Licda. Ercira Ramírez, quien labora para la División de Reclutamiento y Selección de Personal.

Según las declaraciones del Magistrado Ramón A. Almonte Barry, el jueves cinco (05) de marzo de 2018, la Licda. Haroline M. Disla Rosario, se comunicó vía telefónica con él y le informó que el martes diez (10) de abril estarán llegando las computadoras a la Cámara Civil.

Para ir trabajando sus asignaciones, la abogada ayudante Danauris González Romero, se ha tenido que valer de su laptop personal, mientras que Zamantha Aquino Pérez y Michael Joan Abreu González, se alternan en la computadora del salón de audiencias, en los días y horarios que no se están celebrando.

Al ser entrevistada la Licda. Haroline M. Disla Rosario, Encargada del Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial, en fecha veinte (20) de abril de 2018, la misma expresó textualmente: “Por motivo de la logística de División de Estudios de Recursos Humanos sobre la validación del presupuesto que tomó alrededor de un (01) mes y medio (1/2) del Plan de Mora, los expedientes de la Cámara Civil y Comercial de San Pedro de Macorís, conjuntamente con 8-10 expedientes más que estaban a la espera de que nos dieran el visto bueno de parte de Estudios para enviarlos. En ese sentido fueron validadas las competencias del personal y al tratarse de la Cámara Civil de iniciar el proyecto en este año por la separación de la Cámara y dividir la mora, se procedió a la adición de personal, pero no se validaron los equipos.





75

Los expedientes se fueron directamente a Reclutamiento y allá tampoco se percataron de la situación. Una vez el Mag. de la Cámara Civil indicó el incidente, se procedió al envío de las pcs.

El soporte técnico de la Oficina de Tecnologías de San Pedro de Macorís, Allwin P. Camacho Marine, le indicó a esta Unidad Inspectora que los equipos fueron recibidos por él el día nueve (09) de abril de 2018, y que fueron instalados en el Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial en fecha diecinueve (19) de abril de 2018, debido a que al momento de la llegada de los equipos, él le estaba dando apoyo a los auditores de la Contraloría del Consejo del Poder Judicial, quienes para ese momento estaban realizando una auditoría en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

Se pudo constatar que real y efectivamente a la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, le fueron asignados los empleados Zamantha Aquino Pérez, Michel Joan Abreu González y Danauris González Romero, para trabajar los expedientes en mora, pero al momento de tomar posesión de sus puestos en fechas veintiuno (21) y veintiséis (26) de marzo y dos (02) de abril de 2018, respectivamente, no habían sido enviadas al tribunal las computadoras que utilizarían; verificándose la llegada de dichos equipos en fecha nueve (09) de abril de 2018 y siendo instalados en fecha diecinueve (19) del mismo mes y año.

La encargada del Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial, Licda. Haroline M. Disla Rosario, reconoció que los equipos no llegaron a tiempo al Tribunal, debido a que se procedió a la adición de personal para la Mora, pero no validó los equipos, y los expedientes se fueron directamente a la División de Reclutamiento, donde tampoco fue advertida dicha situación.

Luego de la exposición de nuestras diligencias, dejamos a la soberana apreciación de las autoridades, todo lo que antecede y las decisiones a tomar en este caso” (NRD 2018-010422), DECIDIÉNDOSE remitir a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial para fines de opinión.

67. Se conoció el oficio IG núm. 424/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Le remitimos el informe consignado en el anexo, a raíz de sus instrucciones, con el fin de validar el formulario de Plan de Lucha contra la Mora Judicial, a fin de comprobar lo siguiente: a) La veracidad de la información suministrada;





76

b) Confirmación de las labores del personal del Plan de Mora Judicial; c) Cantidad de expedientes fallados en el día a día del mes de marzo de 2018 por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís; y d) Que las sentencias plasmadas en el formulario estén disponibles al público y en mora judicial.

A los fines de validar todas las informaciones requeridas, la unidad inspectora se trasladó a las oficinas que alojan la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís, pudiendo verificar lo siguiente:

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (Sala II) de San Pedro de Macorís, reportó un total de veinte (20) sentencias del mes de marzo de 2018, las cuales corresponden a expedientes con mora judicial, de modo que todas fueron validadas.

Se comprobó que las veinte (20) Sentencias del mes de marzo de 2018, validadas, correspondían a la mora judicial. Todas las Sentencias que fueron verificadas durante el proceso de validación se encontraban disponibles al público, las mismas estaban debidamente firmadas y selladas por el Juez y la secretaria.




70. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE





77

ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.



73. Oficio DGHCJA Núm. 539/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Cortésmente, en atención al correo electrónico d/f 18/5/2018 referente al seguimiento de las brigadas regionales de mantenimiento, en la cual se solicita trasladar al Señor Porfirio Hernández Medina de la Unidad de Servicios y Mantenimiento hacia la Unidad de Obras del Departamento de Infraestructura debido a las funciones que realiza y a su carrera, emitimos opinión técnica al respecto:

“Verificamos que el Señor Porfirio Hernandez Medina es Supervisor(a) de Mantenimiento y se encuentra realizando funciones relativas a la coordinación de las instalaciones, mantenimiento y reparaciones de los aires acondicionados de la institución. De la misma forma, validamos que con el SGCPJ NÚM.: 2010/2017 d/f 18/8/2017 el Consejo del Poder Judicial aprueba la creación del puesto de Ingeniero en Climatización para que el mismo se encargue de la coordinación y dirección de la instalación, mantenimiento y reparación de unidades de enfriamiento del Poder Judicial. Debido a esto entendemos que el Departamento de Infraestructura debe evaluar las competencias e idoneidad del Sr. Hernández para que rinda una labor efectiva y en atención a este criterio recomendar sus nuevas funciones”.

Por lo antes expuesto, dejamos a consideración de ese honorable Consejo la decisión a tomar (NRD 2018-011970), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación de evaluar al Sr. Porfirio Hernández.

74. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA





78

RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.

75. Oficio CERR. 008/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, suscrito por el Mag. Etanislao Radhamés Rodríguez, Mag. Fernando Fernández Cruz, Licda. Noemi Paredes, en representación de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, y la Licda. Melissa Álvarez, Encargada División Legal, Comisión de Estudio de Recursos de Reconsideración, el cual dice: “Por medio de la presente tenemos a bien referirnos a la segunda solicitud de recurso de reconsideración realizada por el señor Eugenio Pimentel Calzado, en fecha 17 de enero de 2018, mediante el cual solicita ser restituido a su puesto de trabajo.

Vistos los siguientes hechos:

1) 1° de julio de 2011: Nombramiento.

El señor Eugenio Pimentel Calzado fue nombrado en fecha 1° de julio de 2011 como Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

2) 11 de noviembre de 2011: Primera Denuncia.

Denuncia interpuesta por el Lic. Juan Ricardo Cordero Alcántara y el Dr. Pedro Marcelino García, en representación del Lic. Marcial Antonio Cordero Alcántara, por lo siguiente: “resulta que en fecha 02/11/11, según lo redacta en su querella presentada ante el Ministerio Público del Ensanche Luperón, un grupo de personas desconocidas todas, a eso de las 7:00 p.m., justo al cerrar de su negocio de muebles y camino a su casa, le interceptaron bloqueándole el tránsito, el paso en la calle Este casi esquina Nicolás de Ovando del mencionado ensanche, produciendo la detención abrupta, sorpresiva y temeraria del referido conductor e incluso encañonándole con armas de fuego, lo que para él lo interpretaba como un atraco o secuestro, reaccionando de manera pacífica y obediente ante la turba o gran cantidad de hombres, pues para su sorpresa una parte del grupo se monta sobre su vehículo, que estaba encendido después de apearlo o desmontarlo violentamente, y encañonando con armas de fuego, dejándolo a pie, fruto de que se llevaron el mencionado vehículo, a los pocos minutos de haberse ido en la jeepeta robada, se devuelven cuando apenas la víctima hablaba por el celular en el mismo lugar de los eventos sucedidos y le entregan un acto de alguacil de un supuesto embargo ejecutivo con la incautación del referido vehículo”.





79

3) 22 de junio de 2012: Informe División Oficiales de la Justicia.

El informe de investigación remitido bajo el oficio DOJ.02.128.12, de fecha 22 de junio de 2012, respecto de la denuncia interpuesta por el Lic. Marcial Cordero concluyó que: “Los ministeriales Carlos Manuel Metivier Mejía y Eugenio Pimentel Calzado no han cometido faltas disciplinariamente.”

4) 13 de agosto de 2012: Archivo de la denuncia.

Respecto de la denuncia interpuesta por el el Lic. Marcial Cordero, el

Consejo del Poder Judicial, mediante el Acta Núm. 34/2012 de fecha 13 de agosto de 2012, “aprobó la recomendación realizada por la Comisión Permanente de Oficiales de la Justicia, de archivar definitivamente la denuncia, debido a que en los resultados de la investigación hecha a los ministeriales, se concluye que no han cometido faltas sancionables disciplinariamente.”

5) 30 de septiembre de 2012: Segunda Denuncia.

Denuncia interpuesta por las Licdas. María Mercedes Gonzalo y Nerky Patiño, en representación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A (EDE-ESTE), por lo siguiente: “El alguacil Eugenio Pimentel, Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, instrumentó el acto de alguacil No. 319/2012, en fecha 20 de julio del año 2012, y desapoderó a empleados de Ede-Este, sin cerciorarse de que el crédito de RD$3,500,000.00 establecido en la sentencia No. 3155, no es cierto, ni líquido ni exigible.”

6) 11 de enero de 2013: Informe de la División de Oficiales de la Justicia.

El informe de investigación respecto de la denuncia de las Licdas. María Mercedes Gonzalo y Nerky Patiño, remitido bajo el oficio DOJ.02.30.13 de fecha 11 de enero de 2013 concluyó que: “son faltas del ministerial Eugenio Pimentel Calzado: 1. No concluir el proceso verbal de embargo conservatorio Núm. 318 de fecha 20 de julio de 2012. 2. Instrumentar un embargo ejecutivo en ausencia de mandamiento de pago y de un título ejecutivo”.

7) 31 de octubre de 2013: Tercera Denuncia.

Denuncia interpuesta por los señores Ramón Tobías Gómez Aquino y Emilia Santana, mediante la cual expresan: “Que mediante el Proceso





80

Verbal de Embargo Ejecutivo marcado con el No. 451/13 del 18 de octubre del 2013 instrumentado por el ministerial Eugenio Pimentel Calzado, Ordinario de la Sala Tercera de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito, fue embargado ejecutivamente el vehículo de motor que es descrito a continuación: marca Nissan, color gris, placa No. G257394, a nombre del denunciante Ramón Tobías Gómez Aquino; Atendido: Que dicho embargo fue ejecutado a persecución e interés del señor Lorenzo Beato Frías, sin que estuviera provisto de un título ejecutorio, de conformidad con lo establecido por la Ley, lo cual viola variadas disposiciones legales…”.

8) 26 de diciembre de 2013: Cuarta Denuncia.

Denuncia interpuesta por el Licdo. José Luis Peña, en representación de los señores Américo Enrique Ortiz y Albania Ortiz por lo siguiente: “Que en fecha nueve (9) del mes de diciembre del presente año el ministerial Eugenio Pimentel C., Alguacil Ordinario de la 4ta Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1194014-4, procedió mediante acto No. 511-2013, a realizar proceso verbal de embargo ejecutivo sobre los bienes propiedad del Sr. Américo Enrique Ortiz, consistente en dos (2) vehículos, el primero un vehículo marca Toyota Tundra, color negro, placa L238196, y un vehículo Mitsubishi Montero, color negro, placa G058394. Atendido: A que el ministerial Eugenio Pimentel, actuó de manera salvaje e indebida en la realización del embargo ejecutivo, acompañado de una turba paramilitar, con pistola en mano, amedrentando al personal que se encontraba vigilando el local que se encontraban los dos (2) vehículos”.

9) 13 de enero de 2014: Quinta Denuncia.

Denuncia interpuesta por los Licdos. David Potter y Jesús Ruperto, donde solicitan: “Que se cite por esta vía al ministerial Eugenio Pimentel, Alguacil Ordinario de la 4ta Sala Penal del D.N., en virtud del supuestamente acto de entrega voluntaria del vehículo una jeepeta, marca Hyundai, modelo Tucson, año 2012, color blanco, chasis No. KMHJT81BBCU373385, placa No. G265860, propiedad de la señora Aracelis De León y la suma de RD$43,000.00 pesos oro dominicanos, en fecha 14 de noviembre de 2013.”

10) 11 de marzo de 2014: Informe de la División de Oficiales de la Justicia.





81

El informe de investigación respecto de la denuncia interpuesta por los Licdos. David Potter y Jesús Ruperto, remitido bajo el oficio DOJ.02.119.14 de fecha 11 de marzo de 2014, concluyó que: “El ministerial Eugenio Pimentel Calzado no ha cometido faltas sancionables disciplinariamente.”

11) 12 de marzo de 2014: Informe de la División de Oficiales de la Justicia.

El informe de investigación respecto de la denuncia interpuesta por los señores Ramón Tobías Gómez Aquino y Emilia Santana, remitido bajo el oficio DOJ.02.120.14 de fecha 12 de marzo de 2014 concluyó, que: “El ministerial debió actuar con prudencia y procurar conocer la situación real del título que pretendía utilizar para su ejecución.”

12) 8 de abril de 2014: Informe de la División de Oficiales de la Justicia.

El informe de investigación respecto de la denuncia interpuesta por los señores Américo Enrique Ortiz y Albania Ortiz, remitido bajo el oficio DOJ.02.170.14 de fecha 8 de abril de 2014 concluyó de la siguiente manera: “No obstante el descargo materializado de los efectos del proceso verbal de embargo Núm. 511/2013 del ministerial Eugenio Pimentel Calzado, son faltas violatorias a los principios de legalidad, responsabilidad y transparencia: a) Hacerse acompañar de uniformados sin la debida autorización. b) No establecer de forma precisa el domicilio del guardián designado en el proceso verbal de embargo Núm. 511 d/f 9/12/2013.”

13) 2 de julio de 2014: Apoderamiento Comisión Disciplinaria Administrativa.

El Consejo del Poder Judicial, mediante el Acta Núm. 26/2014 de fecha 2 de julio de 2014, “aprobó la recomendación realizada por la Comisión Permanente de Oficiales de la Justicia de apoderar a la Comisión Disciplinaria Administrativa sobre el caso del ministerial Eugenio Pimentel Calzado, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en virtud del informe realizado por la División de Oficiales de la Justicia, a raíz de la denuncia presentada por los señores Ramón Tobías Gómez y Emilia Santana, en el cual se determinó que debió actuar con prudencia y procurar conocer la situación real del título que pretendía utilizar para la ejecución de un embargo”.





82

14) 28 de julio de 2014: Archivo de la denuncia.

El Consejo del Poder Judicial, mediante el Acta Núm. 30/2014 de fecha 28 de julio de 2014, “aprobó la recomendación realizada por la Comisión Permanente de Oficiales de la Justicia, de archivar definitivamente la denuncia formulada por los Licdos. David Potter y Jesús Roberto, en representación de la Sra. Aracelis De León, contra el ministerial Eugenio Pimentel Calzado, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en virtud al informe de investigación realizado por la División de Oficiales de la Justicia, en el cual se determinó que el referido ministerial no ha cometido faltas sancionables disciplinariamente.”

15) 22 de diciembre de 2014: Sexta Denuncia.

Denuncia interpuesta por el señor Rosendo de Jesús Touriñán Sánchez, representado por los Licdos. Laura María Castellanos Vargas, Angelina Biviana Riveiro Disla y Jenry Romero Valenzuela por los siguiente: “Que en fecha 2 de diciembre del 2014, por medio del acto marcado con el número 590/14, instrumentado por el Ministerial Eugenio Pimentel C…fue embargado el vehículo matrícula número 05129310 tipo jeep, marca Chevrolet, modelo Tahoe, color negra, placa número G257378, chasis número 1GNFK23059R102924, del año 2009. Que dicho embargo se realiza en ejecución de la sentencia No. 874/2014, de fecha 26 del mes de septiembre del 2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y del acto No. 255/2014, de fecha 27 del mes de noviembre del 2014, del ministerial Edward A. Samboy Uribe, Alguacil de Estrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, contentivo de notificación de la mencionada sentencia. Que la mencionada sentencia no tenía la autoridad de la Cosa Irrevocablemente Juzgada, ya que la misma había sido recurrida en casación en fecha 2 de diciembre del 2014. Que en adición a lo antes establecido la sentencia en cuestión no contenía condenación de forma personal contra el señor Rosendo de Jesús Touriñán Sánchez. Que todo lo antes expuesto será probado por medio de la certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, donde se comprueba que el vehículo -antes descrito- es propiedad del señor Rosendo de Jesús Touriñán Sánchez. Que a pesar del señor Rosendo de Jesús Touriñán Sánchez probarle al alguacil actuante que ese vehículo era de su propiedad, y que él no era condenado en la sentencia ejecutada, el alguacil hizo caso omiso a nuestro requeriente y prosiguió con dicho embargo”.

16) 18 de febrero de 2015: Séptima Denuncia.





83

Denuncia interpuesta por los Licdos. José D. Rosario y Ezequiel Taveras C. en representación del señor Domingo Antonio Méndez, donde expresan lo siguiente: “Resulta: A que en fecha veintisiete (27) del mes de enero del año dos mil quince (2015) la Sra. Juana Cruceta De León, por intermedio de su abogado constituido y apoderado y mediante el acto No. 017/14 del Ministerial Eugenio Pimentel C., Ordinario de la 4ta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se practicó un embargo Ejecutivo, sobre unos bienes muebles que será descrito más adelante, propiedad de los Sres. Domingo Méndez, Altagracia Meléndez y Wendy M. Méndez Santos, afectando con dicha acción los bienes propios de cada uno de los denunciantes ajenos a un proceso, por demás grave. Resulta: A que, mediante dicho embargo Ejecutivo se embargan los vehículos que se describen a continuación: 1. Tipo de vehículo Jeep, marca Mitsubishi, modelo Montero XLS, año de fabricación 2001, color Blanco, registro y placa No. G083076, el cual según la matrícula No. 5459291, es propiedad del Sr. Domingo Méndez, según se puede evidenciar a la presentación de la Certificación emitida por la DGII. 2. Jeep marca Mitsubishi, modelo V97WLYHYQL, año de fabricación 2008, color Blanco, registro y placa No. G165285, propiedad de la Sra. Wendy M. Méndez Santos. 3. Jeep marca Chevrolet, modelo Equinox, año de fabricación 2006, color Blanco, registro y placa No. G202093, el cual según la matrícula No. 5539022 es propiedad de la Sra. Altagracia Meléndez Báez. Resulta: A que dicho embargo se realizó al amparo de las sentencias Civiles descritas a continuación: 1. Sentencia No. 2408, expediente No. 549-08-02927, de fecha veintiséis (26) de Agosto de dos mil nueve (2009), emitida por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo. 2. Sentencia No. 093, Expediente No. 545-09-00456 de fecha treinta y uno (31) de marzo del dos ml diez (2010), emitida por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. 3. Sentencia No. 1022 de fecha veintiséis del mes de septiembre del dos mil catorce (2014), emitida por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Resulta: A que, cada una establece la situación jurídica procesal y las conclusiones a las que llegaron los Jueces después de examinada las acciones y como se puede observar, en la primera excluye al Sr. Domingo Méndez; y por ende lo exime de oficio de cualquier responsabilidad civil, por las razones establecidas en dichas sentencias.”

17) 19 de mayo de 2015: Informe de la División de Oficiales de la Justicia.





84

El informe de investigación referente a la denuncia interpuesta por los Licdos. José D. Rosario y Ezequiel Tavares, en representación del señor Domingo Méndez,, remitido bajo el oficio DOJ.02.212.15 de fecha 19 de mayo de 2015, concluyó que: “El ministerial Eugenio Pimentel Calzado, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, practicó un embargo sobre bienes que al momento de la ejecución, no eran propiedad de su requerida.”

18) 7 de julio de 2015. Informe de la División de Oficiales de la Justicia.

El informe remitido mediante oficio DOJ.01.43.15 de fecha 7 de julio de 2015, relativo a la denuncia del señor Rosando de Jesús Touriñán Sánchez, representado por los Licdos. Laura María Castellanos Vargas, Angelina Biviana Riveiro Disla y Jenry Romero Valenzuela, concluyó de la siguiente manera: “no obstante el desinterés manifestado por el denunciante, es falta del ministerial Eugenio Pimentel Calzado, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que contraviene con los principios de legalidad y prudencia del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, embargar un vehículo propiedad del señor Rosendo de Jesús Touriñán Sánchez, quien no figura obligado en el título ejecutorio que sustentó su actuación”.

19) 10 de agosto de 2015: Remisión a la Comisión Disciplinaria.

El Consejo del Poder Judicial mediante Acta Núm. 33/2015 de fecha 10 de agosto de 2015 “aprobó la recomendación de la Comisión Permanente de Oficiales de la Justicia, de apoderar a la Comisión Disciplinaria Administrativa, sobre el caso del Ministerial Eugenio Pimentel Calzado, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien ingresó a la institución en julio de 2011 y tiene cuatro denuncias anteriores, en virtud al informe de investigación realizado por la División de Oficiales de la Justicia, a raíz de la denuncia formulada por los señores José D. Rosario y Ezequiel Tavares, en representación del señor Domingo Méndez, donde se presume que este cometió falta al ejecutar un embargo sobre bienes que no eran propiedad de su requerida.”

20) 19 de octubre de 2015: Remisión a la Comisión Disciplinaria.





85

El Consejo del Poder Judicial mediante Acta Núm. 42/2015 de fecha 19 de octubre de 2015 “aprobó la recomendación de la Comisión Permanente de Oficiales de la Justicia de apoderar a la Comisión Disciplinaria Administrativa sobre el caso del Ministerial Eugenio Pimentel Calzado, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien ingresó a la institución en el 2011 y tiene cinco (5) denuncias anteriores en su historial; en razón de que según resultado de la investigación realizada a raíz de la denuncia del señor Rosando de Jesús Touriñán Sánchez representado por los Licdos. Laura María Castellanos Vargas, Angelina Biviana Riveiro Disla y Jenry Romero Valenzuela, se presume que dicho ministerial cometió faltas al embargar un vehículo propiedad de una persona que no estaba obligada en el título ejecutorio que sustenta su actuación.”

21) 4 de agosto de 2016: Recomendación Comisión Disciplinaria.

La Comisión Disciplinaria de los Servidores Administrativos del Poder Judicial, mediante el Acta CD 0124-12-15 de fecha 4 de agosto de 2016 recomendó al Consejo del Poder Judicial: “Destituir al señor Eugenio Pimentel Calzado, por faltas al practicar embargo sobre bienes que no eran propiedad de su requerida, ejecutar embargo de vehículos, sin que estuviera provisto de un título ejecutorio, embargar con actitud de manera indebida y acompañarse de uniformados a mano armada sin la debida autorización, faltas graves en el ejercicio de sus funciones ministeriales violentando la Resolución Núm. 14379-08, emitida por la Procuraduría General de la República; el artículo 66 incisos 2, 7, 10 y 14 de la Ley Núm. 327-98 de Carrera Judicial, así como el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial en sus principios de Conciencia Funcional e Institucional, Cortesía, Disciplina, Integridad, Legalidad, Prudencia y Responsabilidad.”

22) 12 de octubre de 2016: Destitución.

El Consejo del Poder Judicial en su sesión del 12 de octubre, según consta en su Acta Núm. 37/2016, decidió “destituir al señor Eugenio Pimentel Calzado, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por faltas al practicar embargo sobre bienes que no eran propiedad de su requerida, ejecutar embargo de vehículos sin que estuviera provisto de un título ejecutorio, embargar con actitud, de manera indebida y acompañarse de uniformados a mano armada sin la debida autorización, faltas graves en el ejercicio de sus funciones ministeriales, violentando el artículo 66 incisos 2, 7, 10 y 14 de la Ley Núm. 327-98





86

de Carrera Judicial, la Resolución Núm. 14379-08, emitida por la Procuraduría General de la República; así como el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial en sus principios de Conciencia Funcional e Institucional, Cortesía, Disciplina, Integridad, Legalidad, Prudencia y Responsabilidad”.

23) 13 de diciembre de 2016: Interposición de Recurso de Reconsideración.

El señor Eugenio Pimentel Calzado interpuso en fecha 13 de diciembre de 2016 un recurso de reconsideración, en virtud del cual solicita lo siguiente: “Primero: Que se acoja como bueno y válido el presente Recurso de Reconsideración a favor del Ex Alguacil Eugenio Pimentel Calzado, por dicho pedido ser justo y basado en argumentos de peso y fundamento legal. Segundo: Que los Honorables Jueces del Consejo del Poder Judicial, tengan a bien reconsiderar el Oficio No. DRP/441/2016 de fecha 14/11/2016 y ordenar la restitución del ministerial Eugenio Pimentel Calzado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1194014-4, Ex Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Tercero: En caso de que no se restituya de manera inmediata al ministerial Eugenio Pimentel Calzado, que se re-abran nuevamente las investigaciones, que dieron lugar a su destitución, relacionado con las querellas antes mencionadas en el presente Escrito de Reconsideración”.

24) 23 de agosto de 2017: CPJ confirmó destitución.

El Consejo del Poder Judicial en su sesión celebrada el miércoles 23 de agosto de 2017, según consta en su Acta Núm. 29/2017, decidió: … “Único: Acoger el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Eugenio Pimentel Calzado en cuanto a la forma, por haber sido interpuesto de acuerdo a las normas que rigen la materia; y en cuanto al fondo rechazar el recurso de reconsideración y confirmar la decisión anterior sobre destitución, por haberse comprobado la comisión de faltas que justifican su destitución.”

25) 17 de enero de 2018: Segundo recurso de reconsideración.

El señor Eugenio Pimentel Calzado interpuso un segundo recurso de reconsideración, en virtud del cual solicita lo siguiente: “…que este honorable Consejo del Poder Judicial tenga a bien revisar la medidas impuesta al ministerial Eugenio Pimentel Calzado… y por vía de consecuencia dejar sin efecto dicha sanción por consecuencia restituir





87

a su puesto de trabajo… que si este Consejo del Poder Judicial entiende de lugar la colaboración de una nueva sección permitiéndole que el destituido ser escuchado por el Pleno.”

Resulta que:

La solicitud realizada por el Sr. Eugenio Pimentel Calzado en fecha 17 de enero de 2018 corresponde a un segundo recurso, el cual fue interpuesto bajo las mismas circunstancias y ante el mismo órgano que dictó la decisión respecto de su recurso de reconsideración anterior, de fecha 13 de diciembre de 2016.

Por tales motivos recomendamos:

Único: Declarar inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Eugenio Pimentel Calzado en base al principio non bis in idem, por ser dicho recurso interpuesto por segunda vez y el Consejo del Poder Judicial decidir sobre el mismo mediante Acta Núm. 29/2017 de fecha 23 de agosto de 2017” (Dominium 531471/521792), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.


77. Oficio CPIM-061/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al consejo la aprobación del oficio DI/259/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Carlos M. de la Cruz, Encargado del Departamento de Infraestructura Física del Poder Judicial, remitiendo la solicitud para fines de gestión de aprobación mediante el fondo de “reparaciones Diversa de Edificaciones a Nivel Nacional e Impermeabilidad de Techos del Poder Judicial”, por el presupuesto anexo para la “Habilitación Sala de Lactancia en el Palacio de Justicia de Santiago”, por un monto ascendente a RD$135,810.90 (ciento treinta y cinco mil ochocientos diez pesos con 90/100)” (NRD 2018- ), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.





88

78. Oficio CPIM-062/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al consejo la aprobación oficio DI/189/2018 de fecha 12 de abril de 2018, suscrito por el Ing. Carlos M. de la Cruz, Encargado del Departamento de Infraestructura Física del Poder Judicial, remitiendo la solicitud para fines de gestión de aprobación mediante el fondo de “Instalación de Tres Salas de Lactancias en Diversa Áreas del Poder Judicial del POA 2018, Línea de Acción 1.4.2. y 1.4.3”, el presupuesto anexo para la “Construcción del Centro de Lactancia en el Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana”, por un monto ascendente a RD$135,712.50 (ciento treinta y cinco mil setecientos doce pesos con 50/100) (NRD 2018- ), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

79. Oficio CPIM-062/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al consejo la aprobación oficio DI/189/2018 de fecha 12 de abril de 2018, suscrito por el Ing. Carlos M. de la Cruz, Encargado del Departamento de Infraestructura Física del Poder Judicial, remitiendo la solicitud para fines de gestión de aprobación mediante el fondo de “Instalación de Tres Salas de Lactancias en Diversa Áreas del Poder Judicial del POA 2018, Línea de Acción 1.4.2. y 1.4.3”, el presupuesto anexo para la “Construcción del Centro de Lactancia en el Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana”, por un monto ascendente a RD$135,712.50 (ciento treinta y cinco mil setecientos doce pesos con 50/100) (NRD 2018- ), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

80. Oficio CPIM-063/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al consejo la aprobación oficio DI/258/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Carlos M. de la Cruz, Encargado del Departamento de Infraestructura Física del Poder Judicial, remitiendo la solicitud para fines de gestión de aprobación mediante el fondo de “Reparación Diversas de





89

Edificaciones a Nivel Nacional e Impermeabilizante de Techos del Poder Judicial”, el presupuesto anexo para la “Construcción de Dispensario Médico en el Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana”, por un monto ascendente a RD$132,195.00 (ciento treinta y dos mil ciento noventa y cinco pesos con 00/100) (NRD 2018- ), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

81. Oficio CPIM-064/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al consejo la aprobación oficio DI/254/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Carlos M. de la Cruz, Encargado del Departamento de Infraestructura Física del Poder Judicial, remitiendo la solicitud para fines de gestión de aprobación mediante el fondo de “Reparación Diversas de Edificaciones a Nivel Nacional e Impermeabilizante de Techos del Poder Judicial”, el presupuesto anexo para la solicitud de aprobación presupuesto para la “Adecuación de área del cuarto Juzgado de la Instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva”, por un monto ascendente a RD$559,903.79 (quinientos cincuenta y nueve mil novecientos tres pesos con 79/100) (NRD 2018- ), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

82. Oficio CPIM-065/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al Consejo la aprobación de manera excepcional, en virtud a que ya los Jueces han sido designados.

Oficio DI/283/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Carlos M. de la Cruz, Encargado del Departamento de Infraestructura

Física del Poder Judicial, remitiendo la solicitud para fines de gestión de aprobación mediante el fondo de “Reparación Diversas de Edificaciones a Nivel Nacional e Impermeabilizante de Techos del Poder Judicial”, el presupuesto anexo para la “Adecuación de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste”, por un monto ascendente a RD$365,017.11 (trescientos sesenta y cinco mil diecisiete pesos con 11/100) (NRD 2018- ), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.





90

83. Oficio CPIM-066/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al consejo la aprobación oficio DI/281/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Carlos M. de la Cruz, Encargado del Departamento de Infraestructura Física del Poder Judicial, remitiendo la solicitud para fines de gestión de aprobación mediante el fondo de “Reparación Diversas de Edificaciones a Nivel Nacional e Impermeabilizante de Techos del Poder Judicial”, el presupuesto anexo para la “Remozamiento del Despacho del Magistrado Presidente de la Corte Penal y Oficinas Penales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”, por un monto ascendente a RD$914,757.75 (novecientos catorce mil setecientos cincuenta y siete pesos con 75/100) (NRD 2018- ), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

84. Oficio CPIM-057/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al Consejo la aprobación del oficio suscrito por la Licda. Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa del Poder Judicial, remitiendo el oficioAG-2018-086, suscrito por la Dra. Soraya Vargas E. Administradora General de la Jurisdicción Inmobiliaria del presupuesto para la readecuación de las oficinas de Registro de Títulos y del Tribunal de Jurisdicción Original de Samaná, las cuales necesitan trabajos de pintura, laminación de puertas, iluminación , habilitación de baños, entre otros, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales para un mejor rendimiento del personal.

El costo para esta readecuación será cargado a la actividad 4.6.6 "Adecuaciones de las localidades de la JI a nivel nacional", del POA 2018 de la JI. Por un monto de RD$147,994.87 (NRD 2018-007249) , DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

85. Oficio CPIM-059/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el





91

oficio citado en la referencia, recomendando acoger la solicitud suscrito por el Ing. Carlos M. De La Cruz M., Encargado del Departamento de Infraestructura Física, solicitando la aprobación del presupuesto mediante el fondo de "Reparaciones Diversas de Edificaciones a Nivel Nacional e Impermeabilizante de Techos del Poder Judicial", para la ejecución de la "Remodelación del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís", por un monto ascendente a RD$311,267.75 (trescientos once mil doscientos sesenta y siete pesos con 75/100) (NRD 2018-006093), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

86. Oficio CPIM-060/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando al Consejo la aprobación, de la propuesta del alquiler del local ubicado, en la calle San Antonio No. 51 de la ciudad de Hato Mayor el cual alojara al Tribunal de Niños, Niñas, Adolescentes de Hato Mayor. El monto al que aspira el propietario del local es de RD$20,000.00 mas ITBIS, con tres depósitos de RD$20,000.00 por adelanto (NRD 2018-), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

87. Oficio CPIM-056/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio en la referencia, recomendando la aprobación del presupuesto para la adecuación de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ascendiente a un monto de RD$651,542.28” (NRD 2018-010810), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

88. Oficio CPIM-057/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por

Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio en la referencia, recomendando al Consejo la aprobación del oficio suscrito por la Licda. Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa del Poder Judicial, remitiendo el oficio AG-2018-086, suscrito por la Dra. Soraya Vargas E. Administradora General de la





92

Jurisdicción Inmobiliaria del presupuesto para la readecuación de las oficinas de Registro de Títulos y del Tribunal de Jurisdicción Original de Samaná, las cuales necesitan trabajos de pintura, laminación de puertas, iluminación, habilitación de baños, entre otros, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales para un mejor rendimiento del personal.

El coto para esta recaudación será cargado a la actividad 4.6.6 “Adecuaciones de las localidades de la JI a nivel nacional”, del POA 2018 de la JI, por un monto de RD$147,994.87” (NRD 2018-005279), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

89. Oficio CPIM-058/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 15 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio en la referencia, recomendando al Consejo la aprobación del oficio suscrito por el Ing. Carlos M. de la Cruz M., Encargado del Departamento de Infraestructura Física, solicitando la aprobación del presupuesto mediante el fondo de “Reparaciones Diversas de Edificaciones a Nivel Nacional e Impermeabilizante de Techos del Poder Judicial”, para la “Adecuación de Área del Primer Juzgado de la Instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva”, por un monto ascendente a RD$498,316.25 (cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos dieciséis pesos con 25/100)” (NRD 2018-007244), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

90. Oficio CPIM-047/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 9 de abril del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, se recomienda al Consejo devolver a la Administración General de la JI para fines de revaluar la contratación de los servicios del mantenimiento general preventivo de los jardines

exteriores de esa Sede Central. Adjunta aprobación de la disponibilidad económica de RD$318,600.00 con impuestos incluidos, para el servicio que será cada dos meses, por un año.

Dicho importe será cargado a la actividad 1.8.5, pagos y reembolsos por servicios de basura, jardinería, agua y fumigación a nivel nacional del POA-2018” (Dominium 556535), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.





93

91. Oficio CPIM-048/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 9 de abril del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, recomendando rechazar la comunicación suscrita por el Sr. Carmelo Cedeño Mejía, recibida el 20 de abril del presente año, propietario del local que aloja el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Romana, de fecha de contrato de 30/sept./2018, el cual nos hace formal oferta de venta del mismo por el valor de QUINCE MILLONES DE PESOS (RD$15,000.000.00).

La precitada Dirección señala en el mes de julio del año 2016, esta propuesta de venta se le había ofrecido al Poder Judicial, en la cual la División Legal emitió su opinión al respecto sobre cuales documentos debía acompañar dicha propuesta, ya que los depositados, avalan que los sucesores señores Santana Mejía y Carmelo Cedeño, son arrendatarios del referido inmueble, de acuerdo a la certificación del Ayuntamiento Municipal de La Romana. Este local paga en la actualidad una renta mensual de RD$15,555.56, impuestos incluidos” (NRD-2018-005219), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

92. Oficio CPIM-049/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 9 de abril del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, acoger recomendación de la Dirección Administrativa. También se recomienda comisionar al Consejero Leonardo Recio Tineo conversar con el Presidente del Colegio de Abogados a fin de reiterarle nos sea cedido dicho espacio que poseen en el Palacio de Justicia de la Provincia Sánchez Ramírez, le sea facilitado el espacio que ocupa actualmente la conserjería como cocina y comedor de los empleados del Palacio, a la luz de un supuesto acuerdo que arribado con las autoridades de esa jurisdicción.

En ese sentido, y en razón de que no contamos con espacio disponible y que el espacio que requieren no puede ser cedido, la Dirección Administrativa solicita que se le reitere al Doctor Surun, el requerimiento del espacio que posee el Colegio Dominicano de Abogados de Cotuí, el cual será utilizado para habilitar el Despacho de un Juez de la Cámara Penal de dicha localidad (NRD-2018-003497), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.





94

93. Oficio CPIM-050/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 9 de abril del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, se recomienda al Consejo acoger el presupuesto para la adecuación de los despachos de los Jueces del Tribunal Colegiado de Monte Plata, por un monto ascendente a RD$120,833.64, cantidad que ha de ser cargada al fondo de “Reparaciones Diversas de Edificaciones a Nivel Nacional e Impermeabilizante de Techos del Poder Judicial” (NRD-2018-005600), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

94. Oficio CPIM-051/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 9 de abril del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, se recomienda al Consejo acoger el presupuesto para la remodelación de Baños Públicos del Segundo y Tercer Nivel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva", por un monto ascendente a RD$ 1,370,617.50 (un millón trescientos setenta mil seiscientos diecisiete pesos con 50/100)” (NRD-2018-006898), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

95. Oficio CPIM-052/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 9 de abril del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, se recomienda al Consejo la aprobación del presupuesto para la ejecución de "Impermeabilización de Techos en el Palacio de Justicia de El Seibo", por un monto ascendente a RD$ 873,193.58 (ochocientos setenta y tres mil ciento noventa y tres pesos con 58/100) (NRD-2018-006872), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

96. Oficio CPIM-053/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 9 de abril del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, se recomienda al Consejo acoger la recomendación de la Dirección Administrativa de solicitud aumento de





95

alquiler, suscrita por el señor Felix Mejía Sosa, propietario del local que aloja los Tribunales del Municipio de Santo Domingo Oeste, donde solicita la elaboración de un nuevo contrato, estableciendo así una duración de tres (03) años y un aumento del treinta (30%). Este local paga actualmente una mensualidad de RD$ 400,417.30 impuestos incluidos. Cabe señalar que la Dirección Presupuestaria y Financiera informo que ese requerimiento no está contemplado en el POA del año en curso, por lo que esta Dirección Administrativa es de opinión, salvo mejor parecer, la no aprobación de dicho aumento, por los motivos antes expuestos.

También se recomienda designar al Consejero Leonardo Recio Tineo, la Lcda. Hernileidys Burgos y al Ing. Carlos De La Cruz, para gestionar o comprar un terreno para ubicar el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste (NRD-2018-006207), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

97. Oficio CPIM-053/2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por Marino Germán Mejía y Leonardo Recio Tineo, Comisión Permanente de Ingeniería y Mantenimiento, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 9 de abril del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el oficio citado en la referencia, se recomienda al Consejo la aprobación de la propuesta de alquiler de dos locales que serían utilizados para alojar el Equipo Multidisciplinario, el cual presta servicios al Tribunal de Primera Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes, a raíz de que el local actual donde operan es muy pequeño y en el mismo trabajan cuatro (04) personas, más los mobiliarios resultando inadecuado el entorno de laboral. Del levantamiento realizado por la Licda. Flabis María Sánchez, Encargada de Niñez y Adolescencia, sugiere que los locales en cuestión sean utilizados uno para sala de juego o espera, y el otro para oficina del Equipo Multidisciplinario y archivos.

El señor Tomás Vicente, propietario de los locales solicita el monto de RD$10,000.00 impuestos aplicado, más dos (02) depósitos por el mismo monto por concepto de alquiler” (Dominium 545395), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

98. Oficio DGHCJA Núm. 473/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, remitiendo opinión en atención al levantamiento realizado en la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, sobre las funciones que se encuentran realizando los





96

pasantes asignados a diferentes unidades de dicha Secretaria, sometemos la opinión técnica que indica lo siguiente:

“Según requerimiento, validamos que en la Secretaria General SCJ se encuentran nueve (9) pasantes, distribuidos atendiendo a la carga laboral de las Unidades de la siguiente manera: cinco (5) pasantes en la Unidad de Registro y Trámite, dos (2) en la Unidad de Digitalización y dos (2) en el área de Archivo.

En virtud de esto, procedimos a realizar un análisis a la carga laboral de manera general, con base en las estadísticas del año 2017 y el periodo enero-abril 2018, las cuales evidencian un promedio de casos por día de 209.34 y 239.03 respectivamente. Por lo que, vista la carga laboral por Unidad (ver anexo), entendemos favorable la adición de una (1) plaza de Oficinista a los fines de que se encargue de ofrecer asistencia oportuna a los usuarios vía telefónica, así como la designación de siete (7) Servidores Judiciales Interinos por periodo de un (1) año.

Estas plazas quedarán distribuidas de la siguiente manera: un (1) Oficinista para la Unidad de Atención al Usuario, cinco (5) Oficinistas SCJ para la Unidad de Registro y Trámite y dos (2) Digitalizadores para la Unidad de Digitalización. Estas designaciones representan un impacto en nómina de RD$316,743.80 mensuales y RD$4,151,713.60 anuales por concepto de salario y beneficios, según detalle en cuadro anexo. Sin embargo, es importante indicar lo expresado en el SGCPJ Núm. 0477/2018, d/f. 15/02/2018, que dispone: “La suspensión de las creaciones de nuevas plazas, debido a la situación presupuestaria de la Institución” (NRD-2018-008868). Nota de la Secretaría General del CPJ: La Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos en su sesión del día 19 de junio de 2018 decidió recomendar al Consejo del Poder Judicial acoger la opinión, DECIDIÉNDOSE crear las plazas y que éstas sean cubiertas con el proceso de selección y reclutamiento aprobado a tales fines.

99. Oficio CPSJI-020-/2018, de fecha 23 de mayo de 2018, suscrito por Mariano Germán Mejía, Consejero Presidente y Fernando Fernández Cruz, Consejero Miembro, Comisión Permanente de Seguimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 14 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el caso citado en la referencia, DECIDIÓ acoger la recomendación para su aprobación en el Consejo del Poder Judicial. La solicitud está plasmada en el oficio AG-2018-091 de fecha 25 de abril de 2018, suscrito por la





97

Licda. Soraya Vargas Encarnación, Administradora General de la Jurisdicción Inmobiliaria, el cual dice: “Para que sea sometida a la consideración del Consejo el Poder Judicial, tenemos a bien remitir oficio del Director General de Catastro Nacional, Ing. Claudio Silver Peña, mediante el cual solicita diez (10) Licencias adicionales de usuarios del Sistema de Oficina Virtual, anteriormente SIRCEA, con fines de que su personal trabaje directamente desde las oficinas de Catastro, sin tener que esperar en la Salas de Consulta de la JI. Actualmente Catastro cuenta con una licencia” (NRD-2018-006424), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

100. Oficio CPSJI-022-/2018, de fecha 23 de mayo de 2018, suscrito por Mariano Germán Mejía, Consejero Presidente y Fernando Fernández Cruz, Consejero Miembro, Comisión Permanente de Seguimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 14 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el caso citado en la referencia, DECIDIÓ recomendar al Consejo del Poder Judicial, la aprobación de la propuesta de gestionar la asignación del organismo competente de 27 militares para la seguridad de la Jurisdicción Inmobiliaria en 20 provincias; los incentivos previamente aprobados por los reglamentos que serán cubierto por tasas por servicios” (Dominium 549025), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

101. Oficio CPSJI-019-/2018, de fecha 23 de mayo de 2018, suscrito por Mariano Germán Mejía, Consejero Presidente y Fernando Fernández Cruz, Consejero Miembro, Comisión Permanente de Seguimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria, el cual dice: “Por medio del presente, esta Comisión Permanente, mediante reunión celebrada el 14 de mayo del presente año, aprobó remitir al Pleno del Consejo del Poder Judicial el caso citado en la referencia, DECIDIÓ acoger la recomendación para su aprobación en el Consejo del Poder Judicial, la solicitud Fiduciaria Popular, S.A., para la exoneración del pago de Tasas por Servicios de la JI, para el fideicomiso para viviendas de bajo costo “Residencial Higüéy City Home”, con RNC No. 3-31-55786-4, que consta de 62 edificios para un total de 944 unidades habitacionales, cuya ubicación se encuentra en la Carretera Higüéy-Yuma, Km. 02, municipio de Higüéy, Prov. La Altagracia, República Dominicana.

La Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana, en su Art. 131, dice que los fideicomisos para la construcción creados para el desarrollo de proyectos de





98

viviendas de bajo costo debidamente calificados, quedarán exentos del pago de un 100% de los impuestos descritos a continuación:

d) Impuestos sobre la construcción, tasas, derechos, cargas y arbitrios establecidos en la Ley que crea un sistema de elaboración de Reglamentos Técnicos para la preparación y ejecución de proyectos de obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y remas afines y su Reglamento de Aplicación, así como cualquier otra legislación que se haya creado o por crear, que afecte la construcción con el cobro de impuestos tasas, derechos, cargas o arbitrios, incluyendo cualquier otros impuestos sobre los servicios de construcción y otros ¿conexos brindaos para el beneficio del proyecto.

e) Impuestos sobre el traspaso de bienes inmuebles y registro de operaciones inmobiliarias en general” (NRD-2018-003916), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.

TEMAS LIBRES:

102.EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.

103. Oficio CDC Núm. 0360/18 de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “En relación a lo solicitado por el Colegio de Abogados de la Rep. Dominicana, Seccional Pedernales, les remitimos el informe sobre la factibilidad de creación de una Cámara Penal y un Tribunal Colegiado en el Distrito Judicial de Pedernales, realizado por la Dirección de Planificación y Proyectos, según documentos anexos.

Este informe concluye que en vista de la baja entrada de casos que recibe el Juzgado de Primera Instancia, es innecesaria la creación de una Cámara Penal en ese Distrito Judicial, pero se considera factible la creación del Tribunal Colegiado, ya que no afecta el funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia. En ese sentido, les informamos que mediante Resolución Núm. 102-2018-RADM-00023, de fecha 4 de abril de 2018, se constituyó el Tribunal Colegiado (ad-hoc) según el Acta Núm. 05-2015 de ese honorable Consejo, que autoriza a los Presidentes de Cortes”, DECIDIÉNDOSE dejar sin efecto la puesta en funcionamiento de los tribunales colegiados de la Cámara





99

104. SE APRUEBA según lo establecido en el artículo 156.5 de la Constitución de la República, trasladar al Mag. Leomar G. Cruz Quezada, hacia el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Santo Domingo Norte.

Asimismo, se aprueba que quede a cargo del Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, designar de manera interina un juez de paz mediante auto de designación hasta tanto el Consejo del Poder Judicial designe su titular.

105. SE APRUEBA asignarle el salario a la Dra. Sala Creales, el monto de RD$80,000.00. sujeto a disponibilidad económica

106. Oficio AG-2018-220, de fecha 3 de julio de 2018, suscrito por la Licda. Soraya Vargas Encarnación, Administradora General de la Jurisdicción Inmobiliaria, el cual dice:

“En vista de que el cierre del Sistema en la Dirección de Mensuras, produjo a Consultores Para El Desarrollo un atraso en el inicio de los módulos finales para los Tribunales, repercutiendo ello en costos, solicitan le sea pagado un adelanto de la parte correspondiente al cierre del Sistema de Recepción y Entrega de Tribunales.

El monto solicitado por CPED es de US$16,292.00, equivalente al 50% del monto correspondiente a los módulos de Recepción y Entrega de Tribunales, indicado en el cuadro adjunto, con un costo de US$33,146.00.

DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

107. Oficio CDC Núm. 0361/18 de fecha 17 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “Les remitimos su oficio señalado en el anexo, con nuestra solicitud de que se rectifique el Acta núm. 17/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, en relación a la propuestas de servicios odontológicos para Jueces, Funcionarios y Empleados, en





100

virtud de que la aprobación no especifica cuál de las dos presentadas fue la escogida”, DECIDIÉNDOSE informar que este Consejo del Poder Judicial escoge la propuesta realizada por PLADENT.

108. Oficio CDC Núm. 0498/18 de fecha 2 de julio de 2018, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, En funciones de Directora General, el cual dice: “ En atención a su requerimiento contenido en el oficio anexo, en relación a la plaza de Supervisor de Servicios de Transportación de la Jurisdicción Inmobiliaria, les remitimos la opinión económica de la Dirección Financiera, en la que nos informan que contamos con la debida disponibilidad de fondos para el período comprendido de Marzo-Diciembre 2018.

Al mismo tiempo, les remitimos la solicitud de incluir dentro del paquete salarial de esta plaza, la asignación de RD$10,000.00 mensuales de combustibles, en virtud de que esta posición requiere estar en movimiento constante y fuera de horario laboral, por la naturaleza de su trabajo, la cual dejamos a su consideración”, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

109. Comunicación de fecha 2 de julio de 2018, suscrita por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Coordinador de la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia, el cual dice:

“Honorable Magistrado:

Cortésmente le envío un saludo y a la vez tenemos a bien a solicitarle la tramitación correspondiente para la erogación, del monto que se detallará a continuación, para el pago de la participación en el curso en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España del 1ro. al 30 del mes de julio del presente año a favor del Magistrado Ramón Horacio González Pérez, Juez Presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Dicho monto será desglosado para cubrir:

Transporte aéreo ida y vuelta, ascendente a RD$87,988.00;

El pago de la matrícula en el curso especializado y el seminario en Cádiz, ascendente a EU$1,400.00 (euros) o su equivalente en pesos dominicanos, por transferencia bancaria a la cuenta entidad: Banco Sabadell, SWIFTCODE BSABESBB, IBAN: ES88 0081 7175 5200 0131 9432, Número de cuenta / Acount No.: 0081 7175 52 000 131 9432, Dirección: Avenida de Alarcos, 13,





101

CP: 13001 Ciudad Real. Beneficiario: Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (NIF: G13289806).;

US$300.00 (dólares norteamericanos), por concepto de viáticos;

Dicho monto será descontado y/o desembolsados de los fondos asignados a la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia para tales fines y aprobados en el Presupuesto General de esta Institución.

En ese sentido, cualquier costo adicional que sobresalga de los montos previamente establecidos deberá ser asumidos por el participante.

Esta comunicación dejaría sin efecto la aprobación de este honorable Consejo del Poder Judicial según consta en su Acta 20/2018 de fecha 20 de junio de 2018”, DECIDIÉNDOSE ratificar la aprobación.

110. Oficio DGHCJA Núm. 575/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por Kateryn Peralta Díaz, Directora en funciones de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice:

“Honorables Consejeros:

Cortésmente, en atención a la carga de trabajo diaria de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y al incremento de los casos complejos que actualmente de están trabajando, proponemos la designación de personal en dicha área bajo la modalidad de Servidor Judicial Interino. Estas designaciones serán por un período de tres (3) meses, a los fines de que no se genere un cuello de botella respecto al flujo del día a día.

Estas acciones implican un impacto en nómina de RD$228,076.80 mensuales y RD$738,624.60 anuales por concepto de salario y beneficios, según detalle en el cuadro anexo.

Es importante señalar que en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la institución. Dejamos a consideración de ese Honorable Consejo la decisión a tomar”,

DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud y que vengan de Corte de Apelación.

111. Oficio 473-2018-TOFC-00094 de fecha 29 de junio de 2018, suscrito por el magistrado Juan Aníbal Rodríguez Fernández, Juez Presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, el cual dice: “Honorables consejeros, Por este medio les informamos que fuimos seleccionados por





102

la Escuela Nacional de la Judicatura para participar en el curso “Sobre Trata de Personas para formación de formadores” que se llevará a cabo del día 9 de julio al 20 de julio del presente año en la Escuela del Poder Judicial de Costa Rica. Le informamos para los fines de lugar correspondiente”, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

112. Comunicación de fecha 20 de junio de 2018, suscrita por la magistrada Mirtha Felicia Duarte Mena, Juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dice: Quien suscribe, Mirtha Felicia Duarte Mena, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 056-00083264, Jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en su calidad de docente de la ENJ, seleccionada por la Escuela Nacional de la Judicatura, conjuntamente con el magistrado Juan Aníbal Rodríguez Fernández, Presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago; para participar en el Taller de Formación de Formadores para el combate de la Trata de Personas; que se efectuará en la Escuela Judicial de Costa Rica, los días 9 al 20 de julio del año 2018; con los auspicios de la oficina internacional de los derechos del niño (IBCR). Por tales motivos, solicito autorización del Consejo del Poder Judicial para participar en el referido congreso en representación de la Escuela Nacional de la Judicatura. Fecha de salida: 8/7/2018; Fecha de regreso: 21/7/2018”, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

113. Oficio DGHCJA Núm. 477/2018, de fecha 23 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, remitiendo opinión en atención al oficio No. 004, d/f. 09/01/2018, suscrito por la Licda. Ámbar M. Díaz Melo, secretaria General de la Jurisdicción Penal de Santiago, mediante el cual solicita la adición de personal en las diferentes unidades que componen dicho Despacho, debido al incremento de las labores y asignaciones que han surgido manteniendo el mismo personal, así como el informe realizado por la Dirección de Planificación y Proyectos sobre el funcionamiento del mismo, sometemos la opinión técnica que indica lo siguiente:

“Visto el requerimiento, realizamos el análisis correspondiente en la estructura de puestos y plazas activas del Despacho Penal de Santiago, actualmente cuenta con una (1) plaza de Abogado Ayudante vacante. Asimismo, indicamos que a raiz de la implementación del Plan de Descongestión de la Lucha contra la Mora Judicial, el Despacho Penal





103

tiene designados dos (2) Abogados Ayudantes y tres (3) Oficinistas (ver anexo).

En virtud del informe realizado por la Dirección de Planificación y Proyectos y el análisis realizado en el área, fueron consensuados los datos arrojados y se consideró favorable la adición de cinco (5) plazas de Oficinistas para el Despacho Penal de Santiago. Estas plazas estarían distribuidas de la siguiente manera: tres (3) plazas para la Unidad de Servicios a la Instrucción, en atención al inventario de expedientes que se lleva a cabo. Asimismo, dos (2) plazas para la Unidad de Audiencias, de las cuales una será para el fortalecimiento de dicha unidad debido a la carga laboral y la otra para asistir al Centro de Entrevistas de Santiago.

Estas adiciones representan un impacto en nómina de RD$136,431.92 mensuales y RD$1,916,383.04 anuales, por concepto de salario y beneficios, según detalle en cuadro anexo.

Sin embargo, es importante indicar lo expresado en el SGCPJ Núm. 0477/2018, d/f. 15/02/2018, que dispone: “La suspensión de las creaciones de nuevas plazas, debido a la situación presupuestaria de la Institución” (Dominium 551909 – 557903 / NRD-2018-002523) Nota de la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial: La Comisión Permanente de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos recomienda su aprobación al pleno del Consejo del Poder Judicial, según consta en su Acta 5-2018 del 19 de junio de 2018, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

114. Oficio CDC NÚM. 0488/18 de fecha 28 de junio de 2018, suscrito por la Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora General de Administración y Carrera Judicial en funciones, el cual dice: “En atención a la disposición del Consejo del Poder Judicial, mediante actas 15/2018 y 18/2018, que aprueban la actividad “Nuestro Compromiso Ético Institucional”, a realizarse con los fondos del Poder Judicial, hacemos de su conocimiento que consultada la Contraloría General de nuestra Institución, hemos solicitado la colaboración de la Escuela Nacional de la Judicatura, en la logística y financiamiento de la actividad para luego proceder al correspondiente reembolso de los gastos incurridos en la misma, dada la experiencia en el manejo de este tipo de actividades” , DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

115. Oficio CDC Núm. 503/2018 de fecha 3 de julio de 2018, suscrito por la Lic. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora en funciones de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, el cual dice:





104

“Les remitimos para su consideración, la propuesta del Instructivo para el pago de Compensación por Suplencias de Labores para aquellos jueces y funcionarios administrativos que se encuentran supliendo en un tribunal de mayor jerarquía o función administrativa, que ha sido previamente aprobado en la Resolución Núm. 25/2017. Esto, con el fin de evitar la duplicidad de erogación por suplencia de labores.

A saber:

Considerando: que el Consejo del Poder Judicial, mediante Acta Núm. 13/2018, comisionó a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, a los fines de preparar y presentar una propuesta sobre las compensaciones que pudieran ser otorgadas a los jueces de paz, presentando circunstancias y posibilidades.

Considerando: que mediante Resolución Núm. 25-2017, de fecha 6 de octubre de 2017, se establecieron los beneficios marginales de los jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Considerando: que el artículo primero numeral 3 de la Resolución Núm. 25-2017, establece que de conformidad a la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial, como beneficios marginales al salario de jueces y funcionarios, la erogación por “suplencia de labores, estimada sobre la base de la diferencia salarial a la posición cubierta, para tiempo mayor de dos (2) meses”.

Considerando: que en virtud de las suplencias de labores en tribunales de mayor jerarquía a los de su titularidad, se les debe reconocer la asignación del

beneficio, a los jueces de paz y los jueces de primera instancia.

Considerando: que es necesario para la aplicación de la Resolución Núm. 25-2017, un instructivo que regule la asignación de compensaciones de suplencias de labores a jueces y funcionarios del Poder Judicial.





105

Vista: el Acta Núm. 5-2017, mediante la cual el Consejo del Poder Judicial, aprueba el procedimiento de pago de viáticos, combustible y peaje por concepto de desplazamiento de jueces fijos que realizan suplencia en tribunales de localidades distintas de donde son titular, podría conllevar duplicidad de erogación por el concepto de suplencia de labores, por el ya aprobado en la Resolución Núm. 25-2017.

Considerando: que las Actas Núms. 15 y 23 del año 2016, mediante las cuales el Consejo del Poder Judicial, aprobó el otorgamiento de una compensación de RD$10,000.00 a jueces de paz que realicen suplencia en las Oficinas de Servicios de Atención Permanente en determinados Departamentos Judiciales; y en el entendido de que dicho pago realizado a los jueces por desempeñar dichas funciones, podría acarrear una disparidad en los beneficios marginales y diferencia salarial a percibir.

Visto lo expuesto anteriormente, SE APRUEBA:

PRIMERO: Aprobar el instructivo de aplicación para las compensaciones por suplencias de labores de jueces, estipulada en la resolución núm. 25-2017, del Consejo del Poder Judicial.

SEGUNDO: Disponer que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, quede bajo la coordinación y logística para la autorización de las compensaciones por suplencia de labores.

TERCERO: Disponer que los Presidentes de Corte de Apelación y/o Jueces Coordinadores, elaboren los autos de designación con fecha de inicio y fecha de termino, eliminando el concepto de “indefinido”. Dichos

autos tendrán como período máximo para designación hasta seis (6) meses. En los casos en que los jueces sean designados por el Consejo del Poder Judicial, deberá el Juez Presidente de Corte, elaborar un auto de designación homologando dicha designación y estableciendo fecha de término, que no supere el periodo antes aludido. Llegada la fecha de término, el Presidente de Corte podrá renovar dicha designación,





106

siempre y cuando el Consejo del Poder Judicial no disponga lo contrario.

CUARTO: Disponer que sean reconocidas las compensaciones pendientes por erogar correspondientes al periodo de la aprobación de la Resolución Núm. 25-2017, de fecha 06 de octubre de 2017 y se les conceda un plazo de 15 días, para gestionar su pago, luego de la aprobación de este instructivo.

Instructivo para el pago de Compensación por Suplencias de Labores, aprobado en la Resolución

Núm. 25-2017

Manual de procedimiento para pago de compensación por suplencia de labores a jueces y funcionarios del Poder Judicial que realicen suplencias de más de dos (2) meses en tribunales y/o posiciones administrativas de mayor jerarquía, según lo consigna la Resolución 25-2017, de fecha 06 de octubre de 2017, del Consejo del Poder Judicial.

1. GENERALES DEL PROCESO

Objetivo del proceso:

Regular el pago de las compensaciones por concepto de suplencia de labores a los jueces y funcionarios del Poder Judicial que hayan sido designados por el Consejo del Poder Judicial o por la Dirección de Gestión Humana a través de la División de Reclutamiento, y mediante autos del Juez Presidente de Corte de Apelación y/o Juez Coordinador correspondiente, dependiendo del caso, para realizar suplencia en otro tribunal y/o posiciones administrativas de mayor jerarquía a la de su titularidad; así como el otorgamiento de viáticos, combustible y peajes por desplazamiento por suplencias en localidades distintas a las de su titularidad.

Alcance:





107

Este instructivo de operación sólo es aplicable para el pago de compensación por suplencia de labores de aquellos jueces y funcionarios que hayan sido designados de manera interina en un tribunal de mayor jerarquía y áreas administrativas, para un máximo de (6) meses; y aquellas cuyo tiempo no supere los dos meses, que será regulado mediante el Acta No. 5/2017.

Manuales/Reglamentos/resoluciones y demás documentos relacionados:

No. Resolución 25/2017 Resolución que establece los beneficios marginales de jueces y funcionarios del Poder Judicial

Acta Núm. 5/2017: Procedimiento pago viáticos, combustible y peajes, desplazamientos jueces

Actas Núms. 15 y 23/2016: Compensación RD$10,000.00 Jueces de Paz en la Oficina 2016 de Servicios de Atención Permanente

Res. 2/2016: Reglamento para el manejo, control y administración del fondo de viáticos y dietas del Poder Judicial.

Políticas:

1. Solo será reconocido el pago de compensación de suplencia de labores a jueces y funcionarios fijos, cuando la designación supere el periodo de dos (2) meses.

2. Solo será otorgado el pago de viáticos, combustible y peajes, en designaciones que no superen los dos (2) meses de designación y para los demás casos será

aplicable la Resolución 25/2017, tomando en cuenta el lugar de designación, según lo que establece el Acta No. 5/2017 sobre pago de Pagos por Desplazamiento.

Unidades Operacionales Involucradas:

Dirección General de Administración y Carrera Judicial





108

Direccion de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa

Dirección Administrativa

Dirección Presupuestaria y Financiera

División de Registro de Personal

División de Reclutamiento y Selección de Personal

División de Nóminas

Tribunales del Poder Judicial

Insumos:

Auto de designación

Actas del Consejo del Poder Juridicial

Acción de Personal por Registro de Personal cuando sea aprobación del Consejo del Poder Judicial.

Formulario de movimientos interinos, División de Reclutamiento y Selección de Personal

Certificación emitida por la Secretaria del Tribunal y/o acción de personal en caso de funcionarios.

Formulario de actualización de datos de jueces.

Circunstancias y posibilidades que generan las Suplencias de Labores:

Circunstancias Posibilidades

Por vacante Diferencia Salarial

Beneficios del puesto

Por licencia médica que

superen los tres (3)

meses

Diferencia Salarial


Por licencia especial con

disfrute de salario,






109

hasta tres (3) meses de

salario

Por licencia especial sin

disfrute

Diferencia Salarial


Por proyecto aprobado

por el CPJ

Diferencia Salarial


Jueces Liquidadores e

Itinerantes


Habilitación de

tribunales

Diferencia Salarial


Oficina de Servicios de

Atención Permanente

Beneficios del Puesto

Suspensiones con

disfrute


Suspensiones sin

disfrute

Diferencia Salarial


Descripción del Proceso:

Juez/Responsable

del área solicitante

Actividad

Juez Presidente y/o

Juez Coordinador

División de Registro

de Personal

División de

Reclutamiento y

Selección de

Personal

Remite a la División de

Registro de Personal el auto

de designación y/o acción

de personal, en cinco (5)

días a más tardar a la

emisión del mismo,

mediante correo electrónico:

registropersonal@poderjudic

ial.gob.do; y de manera

física, en los casos de los

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]





110

funcionarios, para

conocimiento de esta

División.

Para fines de pago, la

secretaria del Tribunal

donde el juez o jueza realice

la función, deberá remitir la

certificación dando

constancia de dicha labor

realizada a más tardar a los

dos (2) días hábiles del mes

siguiente.

Nota: Los Jueces

Presidentes de Cortes y/o

Jueces Coordinadores,

deberán elaborar los autos

con fecha de inicio y término,

eliminando el concepto de

“INDEFINIDO”.

Los Autos de designación

deberán tener un periodo

máximo de seis (6) meses.

En los casos en que dichos

autos sean remitidos

posteriores al plazo antes

indicado, los mismos serán

devueltos/no tramitados.

En caso de los funcionarios,

será aplicado con la acción

del personal que genere la

suplencia por labores.

División de Registro

de Personal

Elaborará la acción de

personal, conteniendo el

auto de designación y





111

certificación del o la

secretario(a) del tribunal

donde el juez realice la

suplencia. Dicha

certificación debe

corresponder al mes

finalizado de la suplencia,

por lo que el pago no será

efectuado por adelantado.

En el caso de los

funcionarios

administrativos, bastará

con la designación realizada

por la División de

Reclutamiento y Selección

de Personal.

División de

Nóminas

Realizará el cálculo para

determinar la suplencia por

labores y lo remitirá a la

Dirección General de

Administración y Carrera

Judicial.

Plazo:

El cálculo será elaborado a

más tardar en 2 día

laborables.

Dirección General

de Administración y

Carrera Judicial

Remitirá a la Dirección

Presupuestaria y Financiera

para fines de emitir la

disponibilidad económica.

Plazo: La remisión para

fines de disponibilidad

económica, será la fecha de





112

recepción en la Dirección

General.

Dirección

Presupuestaria y

Financiera

Emitirá la disponibilidad

financiera, atendiendo a las

condiciones financieras de

la Institución, debiendo

devolver a la Dirección

General, para fines de

autorización.

Plazo: 1 día laborable.

Dirección General

de Administración y

Carrera Judicial

Luego de recibida la

disponibilidad, autorizará la

asignación de la

compensación por

suplencias de labores.

Remitiendo a la División de

Nómina para fines de

ejecución.

Plazo: 1 día laborable.

En virtud de lo señalado, dejamos a su consideración la decisión a tomar”, DECIDIÉNDOSE remitir copia a los consejeros.

116.EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.

117. Oficio CDC Núm. 511/2018de fecha 3 de julio de 2018, suscrito por la Lic. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora en funciones de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, el cual dice: “Hacemos de su conocimiento que, en atención al nuevo Reglamento de Registro de Actos Notariales y Equivalentes, nos reunimos con las áreas involucradas en este nuevo procedimiento, Dirección Financiera,





113

División Legal y Dirección de Tecnologías de la información, en ese sentido solicitamos aprobación de los siguientes puntos:

1. Habilitar una cuenta bancaria en el Banco de Reservas.

2. La redacción del manual y procedimiento que abarque algunos puntos no especificados en la Resolución 21/2018.

3. Convocar a notarios a nivel nacional a que actualicen su registro.

4. Que la base de datos de notarios que se tiene actualmente en la División de Registro de Personal sea habilitada para consulta a

nivel nacional, por parte de los tribunales.

5. Que la Dirección de Tecnologías de la Información priorice las adecuaciones de lugar en el sistema existente para auxiliares de la justicia y para el registro de los actos notariales.

6. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuanto a registro y notificación de actos auténticos.

Por lo antes expuesto solicitamos sea concedida una prórroga de un mes contando desde la aprobación de esta solicitud, para la entrada en vigencia de la resolución antes mencionada”, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.

118. Solicitud de la Lic. Saima Saibet Musse, Encargada Administrativa de Ventanilla Exprés, requiere le cubran la posición interina Gestor de Ventanilla Exprés para los asuntos Administrativos de Mensuras Catastrales, mediante acta núm. 43/2017, se aprueba designar una compensación por la suplencia de esta labor dicha suplencia la estaba realizando de manera interina el Sr. Joel Díaz Cod.13889, pero en fecha 19 de abril del año en curso se aprueba la desvinculación del Señor Díaz de la Institución. Es importante señalar que esta designación corresponde a la licencia especial por un periodo de 11 meses que se le otorgó a la Sra. Tracy Amaro y por el impacto que representa este servicio en la Jurisdicción Inmobiliaria se está solicitando que esta suplencia se mantenga, por lo que se está recomendando la consideración de Elizabeth del Carmen Carela Cód.: 17924 en la condición de Servidor Judicial Interino por un periodo de seis meses, la Sra., Carela actualmente se encuentra en condición contratada como Analista Jurídico por el Plan de Titulación Masiva”, DECIDIÉNDOSE designar a Elizabeth del Carmen Carela, en la condición de Servidor Judicial Interino por un período de seis meses.





114

119. Caso de Erasmo Paredes de los Santos, DECIDIÉNDOSE instruir a realizar los pagos pendientes por percibir, con categoría de Alguacil de Estrados de una Corte de Apelación.

120. SE APREUBA la designación interina del magistrado Alexis Arias Pérez como Juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal;

121. SE APRUEBA la designación interina de la magistrada Franchesca Potentini Rosario, como Juez de la Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Cristóbal.

122. SE APRUEBA dejar sin efecto la aprobación de este Consejo del Poder Judicial sobre el Concurso de Suplentes de Jueces de Paz, correspondiente al Acta 21/2018 de fecha miércoles 27 de junio de 2018 según se consignó en el oficio Núm. 1697/2018 suscrito por el Presidente y el Secretario General del Consejo del Poder Judicial.

Mariano Germán Mejía

Sara I. Henríquez Marín Etanislao Radhamés Rodríguez

Fernando Fernández Cruz Leonardo Recio Tineo

Edgar Torres Reynoso Secretario General

acta 22-2018 · judicial el área legal ha asumido nuevos roles y ... oficinista del tribunal de...

Documents