7ª época, año 4, número 13, julio-septiembre 2012

Boletín del Archivo General de la Nación7a época, año 4, núm. 13, julio-septiembre 2012

San Martín Lachilá y San Andrés Sabachi; Ejutla. Oax., 1791

Archivo General de la Nación, Catálogo de mapas, planos e ilustraciones, Tierras, vol. 1185, exp. 6, f. 137 bis. (0951)

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Tabla de contenido

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Galerías de la historia

PresentaciónFausta Gantús Inurreta y Alicia Salmerón Castro

Una vieja práctica, un nuevo derecho. La resistencia al pago del diezmo en el Arzobispado de México (1823)Carlos Alberto Ortega González

Don Simplicio (1845-1847): un espacio de intermediación entre el pueblo y las autoridades políticasAlejandra Sánchez Archundia

Derrota de los monarquistas, o sean verdaderos anarquistas.Las disputas en la prensa y la suspensión de las elecciones del 2 de diciembre de 1849 en la ciudad de México Regina Tapia Chávez

Confl ictos políticos y prensa.El enfrentamiento por el poder gubernamental, Campeche, 1888Fausta Gantús Inurreta

“Dar pan al pueblo, antes que silabario”. Francisco Bulnes y el lugar de la educación en la transformación socialAlicia Salmerón Castro

Reseñas

Iván Escamilla González, Los intereses malentendidos. El Consulado de comerciantes de México y la monarquía española, 1700-1739Por Matilde Souto Mantecón

Israel Arroyo, La arquitectura del Estado mexicano. Formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857Por Cecilia Noriega Elío

Florencia Gutiérrez, El mundo del trabajo y el poder político. Integración, consenso y resistencia en la Ciudad de México a fines del siglo xixPor María Dolores Lorenzo

María Dolores Lorenzo Río, El Estado como benefactor. Los pobres y la asistencia pública en la ciudad de México, 1877-1905 Por Mario Barbosa Cruz

Portales de la archivística

Elementos de sustentabilidad del Archivo General de Notarías del Distrito Federal.Un acercamiento a sus fondos documentales Luis Fernando Díaz Ávalos

Biodeterioro y control de plagas en archivos y acervos documentalesSandra Joyce Ramírez Muñoz

documentos del Archivo General de la Nación

Imagen de portadaSan Martín Lachilá y San Andrés Sabachi; Ejutla. Oax., 1791María Inés Ortiz Caballero

Un cabecilla insurgente desconocidoLa región de San Agustín de las Cuevas,Tlalpan, en el conflicto de emancipación, 1811Guillermo Sierra Araujo

Normas para la entrega de originales

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GALERÍAS de la historia

11Legajos, número 13, julio-septiembre 2012

La sección “Galerías de la Historia” del presente número de Legajos está integrada por un conjunto de estudios que recorren momentos de la historia del largo siglo xix mexicano desde diferentes perspectivas –social, cultural, política, intelectual. Archivos eclesiásticos y de gobierno, prensa periódica y obras de autor del siglo antepasado constituyen las fuentes para una incursión en temas de resistencia social e intermediación política, para una exploración de tácticas de lucha partidista y de debates en torno a la soberanía del pueblo, la representación y la educación popular.

Sin dialogar necesariamente entre sí y sin proponerse el análisis de temáticas siquiera cercanas, los cinco artículos que integran la presente sección están atravesados por una preocupación por lo social, lo cultural y lo político. Ordenados cronológicamente, el primero de ellos se acerca a formas de resistencia entre los causantes del impuesto del diezmo en el Arzobispado de México, justo en los años de la década de 1820, cuando comienza a introducirse en las prácticas cotidianas un derecho moderno. Desde la perspectiva de la historia cultural, el segundo artículo sigue el rastro al esfuerzo de mediación entre algunos grupos sociales y el gobierno realizado por el periódico Don Simplicio, en el contexto de la crisis política de fi nales de la década de 1840. Siempre desde la prensa y en años inmediatos, el tercer artículo analiza el debate que rodeó la suspensión de las elecciones del ayuntamiento de México en 1849, y el paradójico júbilo que el acontecimiento despertó entre los defensores del principio del sufragio popular. La prensa periódica, en tanto cabeza de partido, y sus tácticas políticas son el objeto de estudio del cuarto artículo, centrado en el análisis de un caso: el de las estrategias desarrolladas en 1888 por rotativos campechanos para el ataque/defensa de un gobernador recién electo. Cierra la sección “Galerías de la Historia” el análisis del provocador discurso de Francisco Bulnes en contra de la escuela universal. A contracorriente de las

Presentación

12 Legajos, número 13, julio-septiembre 2012

ideas ilustradas que impregnaron las políticas educativas durante el siglo xix, el escepticismo de Bulnes acerca de las posibilidades de la educación lo llevó a poner por delante los esfuerzos en favor del desarrollo económico del país, al margen y por sobre la apuesta educativa.

Complementa esta sección de “Galerías de la Historia” un conjunto de cuatro reseñas breves de obras académicas aparecidas de manera reciente y elaboradas por destacados especialistas en los temas que toca cada una de ellas.

En la integración de las secciones referidas hemos colaborado investi-gadores consolidados, doctorandos y estudiantes de maestría. Con este concurso, los autores participamos del importante esfuerzo que realizan hoy día nuestras academias por trabajar y publicar juntos, investigadores con diferentes niveles de experiencia y jóvenes en proceso de formación, todos comprometidos con la exploración de temas nuevos y propuestas analíticas fi nas.

Fausta Gantús Inurreta y Alicia Salmerón Castro


Una vieja práctica, un nuevo derecho. La resistencia al pago del diezmo

en el Arzobispado de México (1823)

Carlos Alberto Ortega González*

Resumen

El diezmo fue un impuesto que gravaba 10% del total de la producción bruta agropecuaria. Era, además, la fuente de ingreso económico más importante del clero secular. En el Arzobispado de México, durante las primeras décadas del siglo xix, la recaudación decimal descendió notablemente. Una de las principales causas del descenso fue el incumplimiento de pago de los causantes. Para contrarrestar los efectos de este comportamiento, las autoridades exactoras recurrían a diversas medidas de coacción, entre ellas la demanda judicial. En este trabajo se trata el juicio entre un grupo de causantes y la catedral metropolitana por el pago del diezmo de lanas peladas en 1823-1824. Es una aproximación a un tipo de resistencia fi scal que era menos recurrente pero muy efectiva: la evasión legal del impuesto. A grandes rasgos, se trata de un esfuerzo por comprender tal fenómeno conjuntando elementos históricos y económicos, así como la consideración de otros de índole jurídica.

Palabras clave: diezmo, resistencia fi scal, confl icto judicial. Abstract

The tithe was a tax that collected 10% of the total gross agricultural production. In addition, it was the most important source of income for the secular clergy. In the Archbishopric of Mexico, during the fi rst decades of the nineteenth century, the decimal collection dropped considerably. One of the main causes for this decrease was the fail-ure of payment by those obliged to do so. To counteract the effects of this behavior, the authorities turned to different means to force compliance, such as judicial lawsuits.

* Estudiante de Doctorado en Historia, El Colegio de México.


Introducción

Todo sistema contributivo cuenta con procedimientos disuasorios o coercitivos para conseguir el pago de impuestos. Los primeros buscan incentivar el cumplimiento fi scal a cambio de una acción benéfi ca, como la reducción de la cuota tributaria o la concesión de plazos extendidos de pago. Los segundos se fundamentan en la advertencia y/o amonestación para evitar un posible acto de evasión, así como en un conjunto de sanciones aplicables a todo contribuyente que transgreda las normas fi scales.

Pero, ¿cómo incide un impuesto en la conducta de los contribuyentes? Los comportamientos fi scales pueden tener connotaciones positivas o negativas, todo depende del ángulo de observación. Si el causante cumple sus obligaciones tributarias es posible decir que hay un efecto positivo, tanto para él como para el sistema contributivo. Entre ambos habría una atmósfera de concordia. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el causante considere al impuesto como un componente pernicioso para su economía o que el sistema tributario sea demasiado coactivo. Entonces, el causante podría incumplir sus obligaciones tributarias, desatando un efecto negativo.

Sin embargo, la división entre lo positivo y lo negativo reduce la posibilidad de calibrar y defi nir los efectos de un impuesto en la sociedad. La tarea es mucho más compleja. No sólo el factor económico está en juego, también factores políticos, sociales y culturales tienen una participación vital. La coerción y el incumplimiento expresan la existencia de un confl icto, de interacciones sociales antagónicas.

En los albores del siglo xix, el diezmo era un impuesto que obligaba a los productores agropecuarios a pagar la décima parte de la producción bruta anual obtenida de sus tierras. En el Arzobispado de México la recaudación

This article reviews the lawsuit between a group of tithe debtors and the metropolitan cathedral concerning the payment for peeled-wool in 1823-1824. It is an attempt to study a type of fi scal resistance that was less utilized but more effective: the legal evasion of taxes. Broadly speaking, it is an effort to comprehend such a phenomenon by combining historic and economic elements, as well as considering other aspects of legal nature.


decimal constituía una importante forma de obtener ingresos para el mantenimiento de la fábrica material y la fábrica espiritual de la catedral metropolitana.1 Para llevar a cabo la recolección del diezmo, la catedral contaba con un sistema de recaudación y administración tan efectivo que, se podría decir, no había resquicio alguno por donde se presentaran pérdidas signifi cativas. En 1810, el sistema contributivo del Arzobispado de México funcionaba casi de manera perfecta; el diezmo líquido2 alcanzó una cifra nunca antes registrada en los años anteriores: 596,404 pesos.3 Sin embargo, con el estallido del movimiento independentista novohispano, la recaudación decimal cayó notablemente debido, en gran parte, a la desarticulación del sistema mismo y a las manifestaciones de resistencia fi scal. Un año antes de la consumación de la independencia de México, la cantidad a repartir fue de 459,324 pesos, lo que demuestra la presencia de un momento difícil en la recolección.4 En 1821, la crisis de recolección llegó a su punto más álgido, el diezmo líquido fue de 71,181 pesos, cantidad que hubiera podido duplicarse si la coyuntura política no hubiera mellado la administración de las colecturías más importantes del arzobispado.5

Entre 1822 y 1833 –este último año es el del cese del pago obligatorio del diezmo–,6 la recaudación decimal experimentó un gradual descenso que las autoridades exactoras no pudieron detener, aun con la aplicación de medidas coercitivas radicales.7 Durante este periodo, la tasa de crecimiento

1 La fábrica material comprendía los gastos de mantenimiento y construcción de la catedral metropolitana y la fábrica espiritual los gastos de culto.2 El diezmo líquido o líquido repartible era la cantidad de dinero que se repartía al final del año entre el obispo (25%), el cabildo catedral (25%), el gobierno civil (11.1%), la mesa capitular (22.2%), y la fábrica material y el hospital (8.3%). El total repartido provenía de la gruesa decimal (total neto de la recaudación decimal obtenida de todas las colecturías), una vez que a ésta se descontaban los gastos de administración.3 accmm, Contaduría, caja 9, exp. 14. 4 Ídem.5 Las colecturías de mayor importancia, por su contribución, eran Toluca, Cuautitlán, Tacuba, Chalco, Texcoco y Querétaro.6 Octubre 27 de 1833. Bando. Contiene la circular de la Secretaría de Justicia, del mismo día, que incluye la ley de igual fecha. “Cesa la obligación civil de pagar diezmos. Art. 1. Cesa en toda la República la obligación civil de pagar el diezmo eclesiástico, dejándose a cada ciudadano en entera libertad para obrar en esto con arreglo a lo que su conciencia le dicte”. Dublán y Lozano, Legislación, t. 2, p. 577. 7 Antes de la consumación de la independencia, la Corona compartía con la Iglesia la distribución del diezmo, pues desde 1534 se había establecido que el rey recibiría los novenos reales. Con base en este acuerdo, la Corona tenía que participar también en la recaudación decimal. Así, dos potestades, la eclesiástica y la temporal, se unieron para cobrar y coaccionar


anual tuvo un descenso de 3.7%. La evidencia de la caída es más clara al comparar el trienio (1822-1824), donde el promedio de recaudación anual fue de 206,666 pesos, con el trienio fi nal (1831-1833) en el cual se registraron en promedio 122,221 pesos por año.

Los datos dan cuenta de una crisis fi scal. ¿Cuáles serían las causas de tal fenómeno? Los factores que incidieron en la caída son variados y guardan, algunos de ellos, vínculos muy cercanos: la disminución de la producción debido a la destrucción de las unidades productivas –por su abandono o por ocupación militar–; los efectos perniciosos del clima y la falta de mano de obra; los levantamientos armados, resultado de las diversas crisis políticas ocurridas durante el periodo; la intervención de las autoridades civiles en la recaudación decimal, etcétera.

No obstante, en situaciones donde las unidades productivas no habían interrumpido sus actividades de producción, en lapsos de bonanza comercial o en circunstancias ajenas a las tragedias climatológicas, el factor de mayor peso en el descenso recaudatorio fue la resistencia fi scal de los causantes. En efecto, esta conducta fue un grave problema para las autoridades exactoras durante la guerra de independencia novohispana y en las primeras décadas del México independiente. Fue, además, un factor que transformó notablemente la relación entre las autoridades de la catedral metropolitana y los causantes, porque mientras el poder de coacción de las primeras se debilitaba paulatinamente, la resistencia social de los segundos se intensifi caba en el contexto de una cada vez mayor confrontación entre el poder civil y el poder eclesiástico.

La resistencia fi scal se manifestó de diversas formas a lo largo y ancho del territorio diocesano de México. Entre las formas de resistencia más comunes se encontraban la morosidad, consistente en el pago retrasado del diezmo; la ocultación de los productos, práctica muy utilizada por hacendados y pegujaleros; el impago voluntario, que en ocasiones se hacía en forma explícita ante las autoridades fi scales; el pago con productos de baja calidad (sobre todo, semillas y ganado); la venta de los productos antes

a los causantes. Después de 1821, el gobierno civil acogió la facultad de la Corona respecto a los diezmos. Los diferentes gobiernos en turno se encargaron de gestionar la administración del diezmo junto con las diferentes catedrales de México.


de la recolección; y la resistencia pública declarada, generalmente manifi esta de manera comunitaria, muy frecuente entre los pueblos de indios.

La contraparte de la resistencia fue la coacción. Las autoridades exactoras disponían de un abanico de posibilidades para obligar el pago del diezmo o sancionar a los diezmeros que incumplieran sus obligaciones fi scales. Entre las más comunes se hallaban: la amonestación, la excomunión, el requerimiento forzado del pago o la interposición de un juicio, que podía terminar con el embargo de los bienes del deudor.

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El objetivo de este trabajo es analizar el confl icto judicial entre las autoridades exactoras y los causantes por el incumplimiento de pago del diezmo. Se trata también de una aproximación a la resistencia fi scal, motivo principal de la crisis de la recaudación decimal en la diócesis de México después de 1821. Mi hipótesis descansa en el argumento siguiente: la resistencia al pago del diezmo por parte de los causantes estudiados estuvo determinada por factores económicos, pero también por los instrumentos jurídicos disponibles en un momento. Una época de transición entre el régimen monárquico hispano y los gobiernos liberales mexicanos. Estos dos factores jugaron un papel importante en la confi guración del confl icto y, por ende, en la posición de los grupos antagónicos.

Como objeto de estudio tomaré el caso de los peladores de lanas, un grupo de causantes establecidos en la ciudad de México y de características especiales dentro del sistema contributivo eclesiástico estudiado, quienes se resistieron a satisfacer el pago del diezmo, confrontando abiertamente a las autoridades exactoras, específi camente a las eclesiásticas. En 1823 y 1824 este grupo de contribuyentes llevó su rebeldía a las últimas consecuencias, a través de una estrategia de defensa jurídica nunca antes utilizada en las controversias judiciales relativas a la administración decimal: lograron consumar un acto de resistencia apelando a un nuevo derecho.

Los peladores de lanas no intentaron transgredir la norma, mucho menos la costumbre. Se enfrentaron a las autoridades fi scales de manera pública y abierta, sin quebrantar los preceptos jurídicos. Este grupo no era menor en tamaño y contaba con el poder –económico y político– para atraer a


otros grupos sociales que respaldaran su postura. Sin embargo, sus actos de resistencia no devinieron en una revuelta social (con una muchedumbre enfurecida), en los términos que George Rudé la defi ne: grupos de hombres asociados en bandas, “infl amados tanto por el recuerdo de derechos consuetudinarios o la nostalgia de pasadas utopías como por afl icciones actuales o por esperanzas de progreso material y administran una ruda pero efi caz ‘justicia natural’ destruyendo maquinarias o asaltando mercados […]”.8 Los peladores de lanas encarnan, en todo caso, una tradición de movilización propia de antiguo régimen, donde las manifestaciones de inconformidad estaban determinadas por la injusticia y la necesidad.

Los peladores de lanas eran comerciantes y labradores al mismo tiempo. Comerciantes porque participaban en el mercado a través de la compra y venta de ganado proveniente de otros lugares, así como con los productos de sus propias haciendas. Por eso, también eran labradores, como se aplicaba tal término a ellos en su época: “el que vivía en pueblo y, aunque no se ocupara en la labranza, tenía el traje y las costumbres de los labradores, aquel que poseía una hacienda de campo y la cultivaba”.9 Por supuesto, el trabajo en la hacienda incluía la crianza de ganado. Su vínculo con el ámbito rural era fuerte.

Por su parte, las autoridades eclesiásticas y los jueces que tomaron partido en el juicio apelaron a la norma y a la costumbre para inclinar la balanza a su favor. Desde su perspectiva, los peladores de lanas eran transgresores de una práctica totalmente interiorizada en la sociedad novohispana. Por ello, realizaron lo común en este tipo de circunstancias: llevaron el caso hacia el marco de la justicia corporativa, la instituida por las autoridades de la catedral.

ii

A principios de 1822, los jueces hacedores10 entregaron a las autoridades

8 Rudé, Multitud, p. 14.9 Nuevo Tesoro Lexicográfico [En línea] Disponible: <http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.> (27 de junio de 2012).10 Los jueces hacedores laboraban en la haceduría, la oficina principal encargada de dirigir la administración y distribución del diezmo dentro de catedral. Los hacedores eran comisionados del cabildo catedral y delegados del obispo; su función era despachar cualquier asunto relativo


de la Regencia sus quejas sobre la resistencia de los causantes a pagar el diezmo, pertenecientes al territorio de la diócesis de México.11 Se ordenó a los jueces civiles, por medio de edictos impresos, auxiliar a los colectores de los distintos diezmatorios12 en el cobro de los diezmos causados en ese año y los rezagos de los años anteriores.13 El efecto de esta medida fue la aplicación de mecanismos coercitivos más rígidos y, por ende, el aumento de los ingresos decimales en 1823 (el diezmo líquido fue de 360,280 pesos), sobre todo porque se lograron recuperar los atrasos causados durante los últimos años de la guerra de independencia. En este sentido, es insoslayable considerar un mayor grado de efi cacia de las autoridades eclesiásticas en el cobro del diezmo.

Si bien la recolección de la renta decimal en las colecturías del arzobispado de México había mejorado sustancialmente, las manifestaciones de resistencia al pago del diezmo no dejaron de presentarse. En la ciudad de México, lugar donde se encontraba la colecturía de lanas peladas, la recolección decimal se tornó complicada debido a esa resistencia. Tal colecturía, más que una demarcación, era una ofi cina encargada del cobro del diezmo producto de la lana trasquilada de los borregos sacrifi cados en los rastros o casas de matanza de la ciudad. El colector recogía el producto correspondiente al diezmo o su equivalente en dinero, el cual remitía anualmente a la contaduría de la catedral metropolitana. Cabe mencionar que, para calcular el monto y evitar posibles fraudes, el colector contabilizaba la entrada de borregos introducidos a la ciudad entre el mes de octubre y el sábado de gloria inmediato. Él tenía la obligación de cobrar y administrar los diezmos causados y que se causaren en la colecturía de su cargo. Su principal tarea, entonces, era recolectar la renta decimal en las unidades productoras/declarantes pertenecientes a su demarcación. Acudía a

a la renta decimal, cobrar libranzas y aprobar las cuentas. Debían tener un conocimiento amplio de los diezmatorios. La haceduría era un tribunal eclesiástico. Los jueces hacedores tenían la facultad para dictar derecho, así como para imponer sanciones a todo aquel causante que no cumpliera con sus obligaciones fiscales o al colector de diezmos que incumpliera con su labor. accmm, Haceduría, libro 9.11 agn, Bienes Nacionales, vol. 134, exp. 5. 12 Espacialmente la recolección del diezmo estaba organizada por colecturías o diezmatorios, también conocidos como administración o distrito de recolección. El territorio fiscal de la diócesis de México entre 1810 y 1833 estaba compuesto por 25 colecturías, a saber: Acapulco, Apam, Chalco, Coyoacán, Cuautitlán, Cuautla de Amilpas, Cuernavaca, Huichapan, Ixmiquilpan, Ixtlahuaca, Ocuituco, Otumba, Pachuca, Querétaro, San Felipe del Obraje, San Juan del Río, Santiago Tianguistengo/Lerma, Tacuba, Taxco, Temascaltepec, Tenancingo, Tepecoacuilco, Texcoco, Toluca y Tulancingo.13 agn, Justicia Eclesiástica, vol. 13, p. 355.


las propiedades, donde solicitaba al causante la manifestación de la producción anual, tanto agrícola como pecuaria. A partir de las cantidades inscritas en la manifestación se calculaba el total de los productos correspondientes a la renta decimal, ya fuera en especie o en dinero.14

Los ingresos por concepto de lanas peladas disminuyeron notablemente en 1822, y en 1823 fueron nulos. La tendencia a la baja en la recaudación de dinero por concepto de lanas peladas era una realidad desde la segunda mitad de la década anterior (véase gráfi ca 1).

14 accmm, Haceduría, libro 10.15 Quiroz, Entre el lujo, pp. 154-155.

Gráfica 1. Dinero recaudado por concepto de lanas peladas, 1816-1823.

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1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823

pesos

Fuente. accmm, Clavería, Libros 12-16, 91, 94-96.

Sin tomar en cuenta 1823, entre 1816 y 1822, el promedio recuadado por año fue de 2,163 pesos; la tasa de crecimiento anual se ubicó en − 21.7%. La razón principal de este descenso se halla en las difi cultades del colector para cobrar el diezmo durante la guerra de independencia. Desde 1810, el abastecimiento de ganado en la ciudad de México fue muy difícil. El problema era grave, ya que borregos y reses entraban muertos en la capital, por tanto eran desechados inmediatamente para evitar cualquier brote de enfermedad. En 1812, el desabasto se agravó, en ese año las cantidades de borregos introducidos en la capital apenas rozaban 30% de la demanda urbana; el abasto de reses era todavía peor, pues las cabezas disponibles sólo cubrían 13%.15 Aunque la recaudación de dinero por concepto de


lanas peladas se mantuvo sin mayores fl uctuaciones entre 1817 y 1821, las cantidades de dinero ingresadas en las arcas de la catedral metropolitana fueron bajas si tomamos en cuenta que, durante este lapso de tiempo, el promedio de la recaudación fue de 2,243 pesos, cifra que representa un diferencia de − 54.7% comparada con la registrada en 1816, que fue de 4,954 pesos.

Debido al estado de guerra, los borregos no podían ingresar en la ciudad de México, por lo tanto, se quedaban en los alrededores de las colecturías de Querétaro, Ixmiquilpan y San Juan del Río, y en las haciendas más próximas a la capital, ubicadas en las colecturías de Cuautitlán, Tacuba y Coyoacán. Ante este panorama, la recolección era realizada por los colectores de los diezmatorios mencionados y no por el colector de lanas, lo que provocó un desajuste en la administración del diezmo y en la contabilidad de los ingresos.16

En vista de lo anterior, se entiende que el desabasto de ganado fuera la razón principal del descenso en la recolección de lanas hasta antes de 1823. Pero, ¿por qué no hubo ingresos en ese año? La respuesta es simple: los causantes no pagaron el diezmo. Empero, la búsqueda de elementos para entender este comportamiento implica un análisis detallado del caso. ¿Por qué no pagaron? ¿Cuáles son los motivos que explicarían el abrupto cambio en la conducta fi scal de estos causantes? ¿Cómo articularon su resistencia al pago? ¿Por qué antes de 1823 no manifestaron algún comportamiento de rechazo a la renta decimal, al menos no tan evidente como para incumplir totalmente sus obligaciones fi scales? ¿Cuáles fueron los elementos que defi nieron el confl icto entre los causantes y las autoridades exactoras?

Los peladores de lanas eran Ramón de Urrutia, Miguel de Gortari, Ignacio Galíndez, Manuel de Vivanco, Eusebio Martínez, conde de Pérez Gálvez, conde del Jaral del Barrio, Miguel Gortari, Juan Rubayo y Cipriano del Hoyo.17 Este grupo de hombres formaba una corporación comercial encargada de distribuir y matar el ganado, vacuno y ovejuno, para el consumo de la ciudad de México. Los animales eran abastecidos por comerciantes especializados, gente dedicada a criar el ganado y a transar con otros criadores. En teoría, estos comerciantes pagaban una comisión a

16 accmm, Haceduría, libro 10.17 aham, Cabildo, caja 4, exp. 11.


los matanceros y peladores de lanas por su trabajo, el cual no se limitaba al sacrifi cio de los animales, también debían encargarse de la distribución de los cueros, lanas y subproductos. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las veces la función de abastecedor y comisionado (matancero o pelador) recaía en una misma persona. Por ejemplo, en 1812 el marqués del Jaral era dueño de la casa de matanza San Mateo-marqués del Jaral, donde se mataba el ga nado que él mismo comercializaba. Semejante situación se repetía con el conde Pérez de Gálvez.18 Para el año estudiado, no hay sufi ciente evidencia sobre la vigencia de esta práctica aunque, en vista de la reducida diferencia temporal, es posible que no haya sufrido modifi cación alguna.

El lugar destinado al sacrifi cio de los animales era llamado casa de matanza. El grupo analizado era dueño de una, ubicada en la calle Real, al poniente de la ciudad de México. Éste es un dato importante, sabemos por el estudio de Enriqueta Quiroz que comúnmente las casas de matanza tenían un solo dueño.19 En el caso aquí considerado tenemos una asociación; esta circunstancia representa una variante para los fi nes de este trabajo. La formación del grupo quizás obedeció a cuestiones económicas.20 Sin embargo, ¿qué motivó a competidores de un mismo mercado a asociarse? Más allá de las motivaciones comerciales, probablemente los peladores de lanas buscaron estar juntos debido a que compartían los mismos intereses materiales, los mismos fi nes de defensa y del ataque contra otros grupos antagonistas en la lucha por conquistar el mercado o nuevos espacios políticos. La cohesión, sería –veremos líneas adelante– indispensable para gestar su resistencia contra las autoridades fi scales. La prestación de ayuda entre ellos fue determinante.

El 12 de agosto de 1823, el colector Nicolás de la Vega requirió a los peladores de lanas el pago del diezmo correspondiente al periodo

18 Quiroz, Entre el lujo, p. 155.19 En el año de 1812 en la ciudad de México había siete casas de matanza con sus propios dueños, que trabajaban con regularidad: las casas de Antonio Bossoco, San Mateo-marqués del Jaral, Pérez Gálvez, del marqués de Aguayo, de Gabriel Yermo, de Ángel Pedro Puyade y de Pedro Muguerza. Idem.20 Los efectos de la guerra de independencia en el abasto de la carne seguramente fueron adversos a la economía de los peladores de lana. En 1812 los siete dueños mencionados en la cita anterior distribuyeron en conjunto 73,459 borregos para el consumo de la ciudad de México. Tal cifra es reducida, ya que antes de 1810 había abastecedores capaces de introducir a la capital entre 50,000 y 55,000 cabezas de ganado ovejuno. Ibíd., p. 153.


comprendido entre octubre de 1822 y el sábado de gloria del año siguiente, advirtiéndoles que de no hacerlo estarían defraudando a la santa iglesia. La respuesta de los causantes al colector de lanas peladas fue enviada cuatro días después; en su escrito arguyeron que “su intención no era defraudar a la iglesia”, pero que no estaban dispuestos a pagar el diezmo porque ellos eran sólo “consumidores” y, como tales, estaban exentos del pago. Quienes debían pagar el diezmo eran los criadores de ganado y no ellos, ya que “el ganado que ha[bían] matado en [su] casa ha[bía] sido a comisión”. Para consolidar su posición, los peladores sentenciaron que “dicho pago no nac[ía] de un deber impuesto por el derecho canónico, ni civil, ni tampoco por convenio que [hubiesen] celebrado”.21

El argumento de los causantes provocó la molestia del colector, ya que su fundamentación, netamente jurídica, lo incapacitaba para realizar el cobro del diezmo. Para conseguir el pago requerido, Nicolás de la Vega recurrió al poder de autoridades de mayor jerarquía. Esta decisión implicaba poner en marcha un juicio.

En vista de que el confl icto se trasladaría al ámbito judicial, la presencia de un árbitro o juez era indispensable para resolver (o simplemente mediar) entre los peladores y el colector. En términos simmelianos nos encontramos ante la formación de una tríada: un tercer miembro se une al grupo, haciendo posible una gran variedad de nuevos papeles sociales.22 Este tercer elemento toma mayor relevancia en el contexto del confl icto, ya que no sólo actuó como juez sino también como parte.

Antes de centrarnos en el juicio es importante explicar brevemente en qué consistía el orden jurídico de antiguo régimen. Sin tal explicación sería incomprensible el tejido de todos los argumentos jurídicos expuestos por los actores y la naturaleza del proceso.

A grandes rasgos, el orden jurídico de antiguo tenía una confi guración plural, conformado por órdenes diversos de contenidos normativos y legitimidades diferentes –aunque todos, en última instancia, remitían a un orden de origen divino.23 Cada uno de los contenidos normativos estaba

21 aham, Cabildo, caja 4, exp. 11.22 La teoría simmeliana del conflicto se encuentra desarrollada profusamente en: Simmel, “Sociology of Conflict. I”, 1904, pp. 490-525.23 Un orden divino que abarcaba todo lo existente, asignando a cada parte un lugar y devenir en el mundo. Por consiguiente, la idea de justicia no podía disociarse de la naturaleza, y ésta con dios.


formado por diferentes disposiciones aplicables a los diferentes cuerpos que conformaban la sociedad; “diversos grupos producían derecho y existían diversos derechos para diferentes grupos”.24

En el antiguo régimen, toda actividad política estaba insertada en un modelo jurisdiccional. La iurisdictio estaba asentada en la idea de autonomía funcional (vinculada estrechamente a la idea de autogobierno), la cual comprendía el poder de hacer leyes y estatutos, de construir magistraturas y, de un modo más amplio, juzgar confl ictos y dictar preceptos.25

Dentro de los márgenes de la administración de justicia en el antiguo régimen, la fi jación y resolución de problemas se hacía interpretando el orden establecido, es decir, se hacía a partir de la combinación de las dis-posiciones del derecho escrito, las nociones y prácticas compartidas, las costumbres del lugar y las circunstancias particulares del enjuiciado.26

De la explicación anterior se desprende un elemento fundamental. La costumbre, en las sociedades de antiguo régimen, era una forma de normar y dirimir cualquier confl icto. Pero no sólo eso, la costumbre, como señala E. P. Thompson, era el área de fricción, “toda vez que se la puede considerar tanto praxis como ley”.27 La transgresión de las prácticas consuetudinarias, aquellas que no se inscribían en ningún estatuto, normas sociales y usos que se hacían valer en la práctica, era fuente inagotable de desavenencias.

El juicio que aquí nos ocupa se conformó por tres partes: la catedral metropolitana (la actora), los peladores de lanas (la demandada) y la autoridad judicial, representada por los jueces hacedores. Estos últimos tomaron el papel de magistrados con facultades para dictar justicia. Ante ellos, las partes litigantes presentaron los autos propios del procedimiento judicial: demanda, contestación, pruebas, mociones, etcétera.

La controversia judicial se inició formalmente con la demanda presentada por la catedral metropolitana, el 10 de septiembre de 1823.28 El apoderado de la Iglesia, José Volante de Ocariz, basándose en dos sentencias de 1625

24 Speckman, “Justicia”, p. 190.25 Hespanha, Cultura, p. 68.26 Garriga, “Orden”, pp. 34-36; Speckman, “Justicia”, p. 190.27 Thompson, Costumbres, p. 116.28 En el expediente no hay un escrito de demanda como tal, es decir, la apertura del juicio se dio con la contestación del representante legal de la Iglesia, el cual retomó todos los requerimientos de pago elaborados por el colector. aham, Cabildo, caja 4, exp. 11.


y 1626 y en una resolución del Supremo Consejo del 8 de julio de 1818, conminaba a los peladores a satisfacer el “diezmo de las lanas y pellejos de cuantos carneros mat[aran] en el año” y que “[hicieran] las correspondientes manifestaciones y pago de lo que adeudaren […] sin más trámites porque [eso] sería [pelear] un juicio legalmente fenecido”.29

En la contrademanda, presentada el 18 de octubre, los peladores de lanas reiteraron que no les correspondía pagar el diezmo ya satisfecho, pues, argüían, que el criador (probablemente ellos mismos) ya lo había hecho en su momento. Según su argumento, el diezmo ya estaba pagado, por lo tanto era una injusticia pagar el doble por un mismo producto. Sin embargo, bien podrían haber pagado el diezmo de forma reducida para evitarse problemas con la Iglesia metropolitana, y, así, disminuir los efectos económicos de dicha acción.

Por ello, su defensa se fundamentó en tres argumentos mucho más sólidos: 1) la “inaplicabilidad” a su caso de las sentencias de 1625 y 1626, ya que éstas habían sido ejecutadas a los criadores del ganado, los cuales eran los mismos que se encargaban de pelar la lana. En otras palabras, el derecho que se les quería aplicar había sido dictado a otro tipo de sujeto jurídico; 2) Ellos solamente eran comisionados de un trabajo, por lo tanto la lana pelada no les daba ningún rendimiento o utilidad. Para ellos era injusto que se pagara “diezmo de frutos que no se perci[bían]; y 3) ellos no eran responsables por “la resistencia [de] los dueños de ganados en el pago o por la indolencia de los colectores en su cobro”.30

El representante de la Iglesia y los jueces hacedores respondieron el 11 de diciembre. El primero, sostuvo que la legislación era muy clara al referir que era obligatorio pagar diezmo de los productos derivados, por lo tanto, “no importa[ba] que [fueran] criadores o consumidores, si mata[ban] ganado deb[ían] pagar los esquilmos”.31 Los segundos señalaban que era costumbre pagar el diezmo de lanas, no importando quién fuera el dueño, sino quién la trasquilaba, siempre y cuando el borrego estuviera dentro de su propiedad. Incluso, en los casos donde el animal presentaba lana escasa, el diezmo se debía pagar a través de una tasación.32

29 Idem.30 Idem.31 Idem.32 Idem.


La Contaduría33 ratifi có la posición de los hacedores, el 21 de enero de 1824, a través de un certifi cado. En el documento se consignaba que “aunque se [hubiese] pagado el diezmo de lanas por parte de los criadores, los matanceros deb[ían] hacerlo porque los animales que entran a la ciudad tienen nueva lana, la cual les creció en el camino. Se deb[ía] pagar la lana que tienen en tiempo de matarse, sea por los dueños, administradores, comisionados o de cualquier otra denominación”. Ésta, remataban, era “una práctica inmemorial”. En esta afi rmación se encuentra una referencia clara del apego a la costumbre, fuente del derecho.34

No hubo respuesta alguna de los peladores de lanas a los escritos anteriores. Así, el 1º de febrero de 1824, los jueces hacedores dictaron la sentencia correspondiente, ordenando:

A cada uno de los tratantes matadores de carneros o dueños de la casa de matanza se les notifi que inmediatamente exhiban las manifestaciones juradas que se les tiene pedidas y el importe de ellas y en caso de resistencia se les estreche impartiéndose al efecto el correspondiente auxilio, que se pida a la potestad civil, con prevención al notario, que haya de hacer las notifi caciones de que no les admita respuesta, ni excepción alguna, pues cualquiera que ellos piensen alegar.35

La sentencia no signifi có el desenlace del confl icto. Los demandados jugaron su mejor carta y, con ello, dieron un ejemplo de resistencia fi scal extraordinaria, pues se aprovecharon de una inconsistencia jurídica para ganar el juicio. Los peladores de lanas arremetieron contra los jueces hacedores –y la Iglesia metropolitana– y dijeron que no acatarían la sentencia, porque los jueces hacedores habían cometido “una transgresión a las leyes

33 En la Contaduría de diezmos se llevaba a cabo el cálculo y repartimiento de las asignaciones en dinero procedentes de la gruesa decimal. Dos contadores dirigían sus actividades. Uno, el más experimentado, se encargaba de las cuentas de mayordomía, fábrica, aniversarios y demás obras pías; realizaba los informes correspondientes a dichos ramos, los repartimientos de rezagos y el ajuste semestral de los empleados de la iglesia. El otro contador se encargaba de glosar las cuentas de los colectores, llevaba el libro de cuentas particulares, realizaba las liquidaciones generales y, en materia decimal, hacía el ajuste anual para la formación del repartimiento de la gruesa. aham, Cabildo, caja 41, exp. 27; Mazín, Archivo, pp. 19-20.34 aham, Cabildo, caja 4, exp. 11..35 Idem.


constitucionales”.36 Para los peladores de lanas, los hacedores no “tenían jurisdicción” alguna para ejercer el derecho aludido “en virtud de estar extinguidos todos los tribunales especiales a excepción de incompetencia”.37

¿A qué se referían los demandados? En el expediente del juicio utilizado para la elaboración de este texto no hay referencia alguna que sostenga las objeciones señaladas. Sin embargo, hay indicios de que su alegato está vinculado con un decreto de corte liberal emitido el 9 de octubre de 1812, donde se reglamentaban las funciones de las audiencias y de los tribunales de primera instancia en los territorios de la monarquía hispana.38 El reglamento correspondía a lo previsto en los artículos 271 y 273 de la Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812,39 referentes al número de magistrados que constituirían las audiencias y a su lugar de residencia, y al establecimiento de partidos con sus respectivos jueces de letras, respectivamente.40

La supuesta inconstitucionalidad de la sentencia aludida por los demandados radicaba en la incompetencia de los jueces hacedores y la haceduría para conocer de causas civiles, en virtud de lo dictado en el capítulo ii fracción xxxii del decreto mencionado, donde se establecía que, aunque se conservaban los fueros eclesiástico y militar, cesarían “en el ejercicio de jurisdicción todos los demás jueces privativos de cualquier clase; y cuando negocios civiles y criminales ocurran en cada partido, se tratarán ante el juez letrado del mismo, y los alcaldes de los pueblos, como se previene en esta ley”.41

36 Idem.37 Idem.38 Dublán y Lozano, Legislación, t. 1, pp. 384 y ss.39 Constitución política de la monarquía española; Título V, De los tribunales, y de la administración de justicia en lo civil y lo criminal; Capítulo i, De los tribunales.En línea: < http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-politica-de-la-monarquia-espanola-promulgada-en-cadiz-a-19-de-marzo-de-1812-precedida-de-un-discurso-preliminar-leido-en-las-cortes-al-presentar-la-comision-de-constitucion-el-proyecto-de-ella--0/html/000d0672-82b2-11df-acc7-002185ce6064_217.htm> (Consulta: 24 de julio de 2012). 40 Un detallado análisis del “Reglamento de Audiencias y Juzgados inferiores” ha sido elaborado por Paz Alonso Romero, quien resalta como factores determinantes en el contenido del ordenamiento legal, la predominancia del mandato constitucional y la ordenación de la administración de justicia, dentro de los principios de igualdad y uniformización fijados en la Constitución gaditana. Alonso, Orden, pp. 315-323.41 Dublán y Lozano, Legislación, t. 1, p. 393.


Esta sustentación jurídica se refuerza con la fracción xxxiii, en la cual se consignaba la supresión de las causas y pleitos pendientes conocidos por los juzgados especiales. Ahora, quienes debían conocer de esos asuntos eran los jueces de primera instancia de los pueblos, también conocidos como los jueces letrados de partido.42 En este sentido, probablemente los demandados declararon la “inconstitucionalidad” de la sentencia bajo el supuesto jurídico de que el confl icto por el diezmo debía ser dirimido por un juez letrado de primera instancia, en tanto a éste le correspondiera todo asunto dentro del ámbito civil.

Los peladores de lana utilizaron los instrumentos jurídicos tradicionales del antiguo régimen, es decir, se abrigaron a una norma, como muchas de las que existían en ese tiempo. Sin embargo, la novedad se halla en la utilización de una norma jurídica liberal. En los primeros años del México independiente, el recurso a la Constitución de 1812 y a los decretos de las Cortes generales y extraordinarias fue una constante, ya que el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba aceptaban ese conjunto jurídico mientras se concretara la nueva Constitución mexicana.43 Así lo sostiene Ivana Frasquet, autora que ha detectado esta circunstancia en la instalación de la diputaciones provinciales, la formación de los cuerpos armados, la organización de la policía urbana y la cuestión de la propiedad de la tierra (desvinculación de mayorazgos y tierras en manos muertas), entre otros.44

Según lo anterior, cabe la posibilidad de que en materia judicial se presentara una situación semejante. Sin embargo, no debe deducirse la prevalencia de los ordenamientos jurídicos liberales sobre los cuerpos jurídicos del antiguo régimen. Se trata, en todo caso, de percibir el uso del derecho en un contexto de cambio político y social, donde interactuaban tanto las disposiciones legales que atendían a nuevas circunstancias y el derecho español precedente a la independencia.

Aunado a lo anterior, es necesario señalar la importancia de una variante introducida por la Constitución de 1812 en cuanto a la administración de justicia: se privilegió la observancia de las normas procesales. Fernando Martínez afi rma que el minucioso seguimiento de una serie de formalidades

42 Ibíd., p. 394.43 Frasquet, “Liberalismo”, p. 151.44 Ibíd., pp. 152-161.


procesales como la competencia jurisdiccional, la contradicción y audiencia de parte, así como la publicidad de todos los trámites procesales, se “elevaban a criterio de rectitud”, dando un matiz diferente a la justicia. Con la Constitución gaditana, señala el autor, “las formas procesales no constituían mera garantía de justiciable a cualquier autoridad sino también criterio de verdad y presupuesto del acierto en los fallos.45

En este sentido, el alegato de la supuesta “inconstitucionalidad” de la sentencia, radicaría también en la “transgresión” de las normas procesales por parte de los jueces hacedores.

¿Por qué en una sociedad regulada todavía por un orden jurídico surgido de la tradición o dependiente del criterio del juez, la defensa de los peladores de lana se apoyó en una norma emitida por un órgano legislativo? ¿Por qué las autoridades de la catedral metropolitana no pudieron revertir los efectos de esa acción?

Para comprender este fenómeno es indispensable atender a un proceso que, si bien en 1824 comenzaba a tomar forma –un proceso que arranca con la ruptura política con el régimen monárquico español y que es resultado de una revolución liberal–, se desarrollaría gradualmente hasta encontrar su forma defi nitiva al fi nal del siglo xix: el establecimiento de la ley como la absoluta, única y exclusiva fuente del derecho.46 Si bien el tránsito del derecho, entendido como un objeto de la justicia, hacia una concepción en que se entiende más bien como instrumento de control social, fue largo y, no pocas veces contradictorio, el caso de los peladores de lana es ilustrativo de cómo la concepción de la cultura jurídica comenzaba a tener ciertos cambios en los inicios de la era del México independiente.

En una temporalidad y espacio donde la justicia se basaba en un pluralismo jurídico conformado por leyes expedidas por el rey, la costumbre, el derecho canónico y los derechos locales y temporales, cualquier intento de evasión fi scal “legal” implicaba el uso apropiado de tales elementos. Para la Iglesia

45 Martínez, “Potestad”, pp. 248-249.46 Una tesis sugerente sobre este complicado proceso es presentada por Jaime del Arenal, quien sostiene que el derecho durante casi todo el siglo xix conservó una amplia y compleja gama de ordenamientos jurídicos vigentes de origen no estatal, los cuales convivieron con las medidas emanadas por los órganos legislativos con el objetivo de apropiarse del monopolio del derecho. Esta contraposición de ordenamientos jurídicos tendería paulatinamente a inclinarse hacia la óptica legalista del derecho, caracterizada por la supremacía legislativa, el constitucionalismo y la codificación. Arenal, “Discurso”, pp. 303-322.


no sólo los peladores habían quebrantado la norma escrita, sino también la costumbre de que los matanceros o peladores tenían la obligación de pagar diezmo; una práctica llevada a cabo durante siglos. En contraste, los demandados apelaron a un nuevo derecho para no pagar la renta decimal. Un derecho surgido dentro de un contexto liberal y revolucionario.

Conclusión

El caso analizado muestra cómo la resistencia al pago del diezmo en el Arzobispado de México se ubicaba, en ocasiones, dentro de los linderos de la formalidad. El alegato legal usado por los demandados defi nió una nueva estrategia para evitar el pago del impuesto sin sufrir consecuencias económicas y sociales (o simbólicas, pues la conciencia de los peladores de lanas, en su calidad de fi eles católicos, quedó intacta ya que no transgredieron el orden divino, pues sus argumentos tuvieron un sustento jurídico válido).47

La resistencia presentada por los peladores de lanas fue comunitaria; difícilmente una acción individual hubiese tenido el mismo efecto. Éstos formaban un grupo con afi nidades comunes perteneciente a un sector de la élite económica de la ciudad de México. Por lo tanto, el grupo contenía una naturaleza igualitaria, la cual facilitaba cualquier tipo de acción, incluyendo la resistencia.

La aproximación al juicio reveló la importancia del uso y aplicación del derecho en los confl ictos entre corporaciones. En este sentido, es importante destacar que no sólo los peladores de lana o los sectores acomodados tenían la posibilidad de entablar una lucha por medio de elementos jurídicos. Toda manifestación de inconformidad o rispidez social, generalmente, se dirimía ante el magistrado competente. Leticia Reina identifi có esta práctica en las protestas de los campesinos del siglo xix; éstos pedían constantemente la revisión de los linderos de sus propiedades y la restitución de sus tierras ante las autoridades locales, estatales e, inclusive, federales.48

47 La pena de mayor gravedad dentro el terreno simbólico pero con grandes repercusiones sociales, era la excomunión. La imposición de este castigo no requería de un juicio aunque tampoco lo excluía. En el caso analizado, los demandados evitaron la privación de los sacramentos al seguir los procedimientos dictados por la justicia corporativa, la instituida por la catedral metropolitana.48 Reina, Las rebeliones, 1980, p. 31.


El confl icto por el pago del diezmo no se desvaneció en el momento en que los peladores de lana dejaron sin argumentos a la Iglesia con su argucia jurídica. Por el contrario, es probable que haya tomado otras vías de manifestación y haya transitado a otros espacios y temporalidades. El caso estudiado, sin duda, no debe colocarse fuera de un proceso de interacción social mucho más amplio y complejo. Un análisis sobre las redes sociales de los peladores de lana podría reforzar nuestra comprensión del proceso como un acto grupal y de resistencia comunitaria; también podría mostrarnos cómo estas formas de resistencia se reprodujeron en otras latitudes en función de los lazos comerciales, políticos o familiares que unían a los diferentes grupos sociales dentro del Arzobispado de México. Siempre podrá complementarse el estudio de casos como el aquí analizado con investigaciones más comprensivas y otros recursos metodológicos. De cualquier manera, el acercamiento a este proceso judicial permite mostrar el manejo de recursos legales como una forma de resistencia comunitaria frente a obligaciones fi scales en un momento coyuntural muy preciso: el fi n de la dependencia política de España y la adopción, aún lenta, de nuevas ideas y prácticas jurídicas de carácter liberal.

Fuentes referidas

Archivos

aham Archivo Histórico del Arzobispado de Méxicoaccmm Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de Méxicoagn Archivo General de la Nación

Bibliografía

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Resumen En el siglo xix mexicano, los letrados consideraron el uso de la palabra escrita como una forma de participación política, particularmente como una manera de conformar opinión pública e incidir en ella. Don Simplicio (1845-1847), bisemanario satírico redactado por Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Vicente Segura, es una muestra de ello. Sus redactores, desde un discurso liberal que comenzaba a ordenar la realidad política mexicana (con un lenguaje que incluía las propuestas de construcción de la ciudadanía, participación electoral y un nuevo tipo de legalidad), y asumiéndose como portavoces del pueblo, procuraron desempeñarse como intermediarios entre la gente común y las autoridades políticas de la capital y del país. Así, Don Simplicio tomó parte en el proceso político en marcha en aquellos años: el de la construcción del Estado-nación mexicano. Lo hizo ofreciendo un espacio de formación y de expresión política directa para el “pueblo”, particularmente, a través de su sección de remitidos.

Palabras clave: prensa periódica, intermediación, opinión pública.

Abstract

In the nineteenth-century of Mexico, intellectuals considered the use of the written word as a form of political participation, mainly as a way to form public opinion and infl uence it. Don Simplicio (1845-1847), a twice-weekly satirical publication written by Guillermo Prieto, Ignacio Ramirez and Vicente Segura is an example of this. The editors, using a liberal discourse which was beginning to order the Mexican political reality (with a language that included proposals for

Don Simplicio (1845-1847): un espacio de intermediación entre el pueblo

y las autoridades políticas

Alejandra Sánchez Archundia*

* Estudiante de Maestría en Historia, ffyl-unam.


El siglo xix en México, el de la formación del Estado-nación, fue un proceso en el que emergieron nuevos espacios y nuevos actores en la dimensión de lo público. Fue un siglo de cambios y ampliación de los canales de participación política y social, que se manifestaron también en las prácticas culturales. Nuevas generaciones de escritores participaron en la forja de una nueva organización mexicana, en particular de un pensamiento moderno, liberal. De la mano de un proceso mediante el cual los individuos se involucraban de un modo más directo en los asuntos públicos, adoptaron, resignifi caron y difundieron, por ejemplo, conceptos como el de ciudadanía y representación.

Como bien reconoce Benedict Anderson, los periódicos y los folletos jugaron un papel de primer orden en la construcción del Estado moderno y en la creación de una idea de nación.1 Desde las publicaciones periódicas, los letrados participaron en la conformación de un espacio de acción política que, a menudo, incluiría, entre otros aspectos, un diálogo y comunicación para y con el público. De esta manera, los redactores ejercerían una labor de intermediación entre sus posibles lectores –la “parte pensadora de la nación”, a quienes ellos mismos identifi caban como el “pueblo”–2 y las

1 Vid. Anderson, Comunidades, pp. 102-122. 2 Al término “pueblo”, que emplearemos con liberalidad en este artículo, le damos el significado que se le asignaba en la época, cuando por pueblo se entendía a la “parte pensadora de la nación”, diferenciada de los vagos y desocupados, pues “pueblo no es populacho.” Don Simplicio, septiembre 16 de 1846, p. 4. La ortografía de los textos originales fue respetada en todas las citas. Así, el pueblo que se apela en Don Simplicio estaba integrado por los hombres responsables y honrados, vinculados al mundo del trabajo, como artesanos, agricultores y pequeños comerciantes. En relación con los sirvientes domésticos, fue justo en el año de 1847, con las reformas a la Constitución de 1824, que pudieron gozar de los derechos ciudadanos por primera vez. Esto significó que dejaran de ser vistos, al menos legalmente, como individuos dependientes y sumisos a las decisiones de su amo para convertirse en personas capaces de involucrarse en los asuntos públicos por cuenta propia. Agradezco a Francisco Javier Beltrán Abarca esta última observación.

the construction of citizens, electoral participation and a new type of legality) and assuming themselves as spokesmen of the citizenship, wished to achieve the role of intermediaries between ordinary people and the political authorities of the capital and of the nation. Thus, Don Simplicio participated in the political process in progress during those years: the construction of the Mexican nation-state. It accomplished this by offering a space of formation and of direct political expression mainly for the “people” through its section of announcements.


autoridades –gobierno local y nacional. En este marco, el bisemanario satírico Don Simplicio (1845-1847) es un ejemplo de cómo el manejo de la letra impresa se concibió como una forma de participación política. Don Simplicio se propuso incidir en la opinión pública y abrir un lugar de diálogo con algunos sectores sociales. Sus redactores, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Vicente Segura –autollamados “los simples” o “simplicios”, si bien los tres eran personas destacadas y, al menos dos de ellos, miembros de la clase política–3 consideraban que los escritores públicos eran como dirigentes “por ventura [de] la opinión del pueblo y con sus luminosos escritos muestran el sendero á los gobernantes y enseñan á los hombres sus derechos”.4

Este artículo tiene el objetivo de explicar algunos de los recursos que utilizaron los redactores de Don Simplicio para “dirigir” opinión y dialogar con sus lectores. Con este propósito haremos un análisis del discurso que difundían. Nuestra intención es mostrar cómo “los simples” colaboraron en la construcción del Estado-nación al abrir un espacio de formación, de intermediación e, incluso, de participación política para sus lectores. Con el estudio de caso de Don Simplicio buscamos explicar cómo, a través del discurso dirigido al pueblo –entendido como hemos decidido usar el término aquí, como la “parte pensadora de la nación”– y a las autoridades, hicieron de su publicación un espacio de mediación. Por ello se pone especial atención en la sección de remitidos del bisemanario, que consideramos prueba de esta intención de diálogo; en todo caso, los remitidos satíricos elaborados muy probablemente por “los simplicios” fueron tomados en cuenta en ese sentido.

La mediación de la prensa. Breve revisión historiográfi ca

Laura Suárez de la Torre ha subrayado que la función “mediática” de los periódicos se realiza a través de los escritores y de los propios editores-impresores, ambos comúnmente vinculados a la autoridad –ya sea como

3 Por ejemplo, en 1846 Ignacio Ramírez fungió como secretario en el gobierno de Francisco Olaguíbel, en el Estado de México. Al poco tiempo, Guillermo Prieto se incorporó al Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Herrera. 4 Don Simplicio, diciembre 5 de 1846, p. 2.


funcionarios públicos o como voceros de los grupos políticos.5 Por su parte, el estudio del cotidiano El Sol (1823-1832), realizado por Laurence Coudart, muestra cómo los periódicos funcionaban como mecanismos mediáticos que, vía el impreso, participaban en la formación de un espacio público y en la creación de una comunidad “nacional”.6 Con esta preocupación por su lugar de intermediación, este estudio da especial atención a secciones como los remitidos del periódico, que instaban a la participación activa de los lectores.

En términos generales, Laurence Coudart señala que, para legitimarse como espacio público en un escenario político, el periódico tomaba la palabra en nombre del público; se consideraba a sí mismo “como medio de comunicación, un medium, un intermediario que transmite distintos mensajes, no siempre de manera directa”. Una de sus funciones era la de brindar una suerte de “servicio” que lo erigía “como un intermediario, un mediador indispensable que permite al lector defenderse públicamente”. Al desarrollarse como espacio de amparo, al que agregaríamos de negociación, los periódicos promovían su papel colectivo y se afi rmaban como voceros del público, al mismo tiempo que se instituían en “verdaderos centros de sociabilidad y comunicación”, en “esfera pública”. De esta forma, el diario construía una comunidad, cohesionada por la noción de “utilidad común”, o sea de “bien común”,7 muy presente en los años que estudiamos. La autora señala además que, en los diarios de la época, “la noción de público se encuentra ligada de manera específi ca a la de nación” –referida ésta a un sector de la población y a un determinado espacio–, un público selecto, escogido, y que frecuentemente no incluía a los sectores populares.

De manera más específi ca y referida ya, en concreto, a Don Simplicio, la historiadora Cérida Webster señala que esta publicación periódica desempeñó un papel de carácter social, pues fungió como intermediaria

5 Laura Suárez incluye también a la población no alfabetizada, si bien ésta puede llegar a contar con la práctica de la lecto-escritura junta o por separado. Suárez, “La construcción”, p. 142; Constructores, pp. 16, 20.6 En este trabajo Coudart aborda el poco atendido problema de la recepción de la prensa, pues considera que se debe a la falta de datos y estadísticas confiables, por un lado; por otro, en este periodo, la amplitud de los tirajes y de las suscripciones, aunque no reflejan forzosamente las realidades de la lectura, sigue siendo desconocida. Coudart, “En torno”, pp. 67-107.7 Ibidem, pp. 69, 73-74, 80.


entre la sociedad y las autoridades. Al proponerse exponer y difundir ideologías, generar opinión pública y “entretener a través de la sátira política”,8 prestó “una función de servicio a su comunidad”. En efecto, fue “un medio efi caz para transmitir ideas, noticias, peticiones y sugerencias y que además era leído por ese sector social que tomaba las decisiones”.9 En este punto, desde luego, consideramos que, si por política se entiende una forma de organizar la vida colectiva,10 la intermediación no puede disociar lo social de lo político. De hecho, la intermediación es una noción que incluye factores sociales, políticos y también económicos “en la que se intenta la conciliación de intereses contrarios para dar unidad y dirección, en medio de la diversidad, al cuerpo social”. Asimismo, la política está relacionada íntimamente con el poder que se ejerce en una sociedad dada y en el marco de un territorio determinado; por ende, “es un acervo de conocimientos tocantes a la realidad social y la aplicación de ellos a situaciones concretas”.11

Teniendo en cuenta estas consideraciones, presentamos a continuación la función de intermediación realizada por Prieto, Ramírez y Segura en Don Simplicio.

La intermediación de “los simples”

En el bisemanario, “los simplicios” expresaron su deseo de involucrar a sus lectores en los asuntos públicos, para así participar en la formación de un pueblo activo, fuente de legitimidad política. Ésta era una forma de legitimar la participación del periódico en los debates públicos, pero también la de favorecer un diálogo entre dos tipos de lectores potenciales: el pueblo y la autoridad política. Don Simplicio se propuso llevar a cabo una labor de mediación, que en la práctica tomó forma a partir del discurso dirigido por los redactores hacia las autoridades –las detentadoras del poder político–, la cuales manifestaron, en algunos casos, algún tipo de respuesta.

Por su parte, la participación del público lector –de ese pueblo invitado a manifestarse– en las páginas de Don Simplicio es más difícil de testimoniar, puesto que existen pocas evidencias de ello en el cuerpo total del periódico. 8 Webster, “Don Simplicio y el proyecto”, p. 65. 9 Ibidem, pp. 65-66. 10 Bobbio, Teoría, p. 7.11 Borja, “Política”, p. 1106.


No obstante, existe un género discursivo en el que es posible identifi car indicios de dicha participación: los remitidos. Los redactores propiciaron la interlocución entre el pueblo y las autoridades, recordándoles a estas últimas que tenían el deber de procurar el bien de los gobernados. Al mismo tiempo, al pueblo le comunicaron los derechos y las obligaciones que tenían que demandar y cumplir para la mejor organización de la sociedad.

El diálogo y la intercomunicación presente en el discurso “simpliciano” se entiende cuando se tiene en cuenta la dinámica del proceso comunicativo, es decir, el intercambio constante entre el hablante y el oyente.12 Sin embargo, entendemos que la intermediación se da más allá del contenido textual, pues tiene un lugar en el plano de la realidad y en el momento de la enunciación. Además de ocupar un lugar en la comunicación discursiva, tiende a generar reacciones de respuesta, que es la esencia del diálogo.13 El hablante –en este caso Don Simplicio– espera desde el principio su contestación y su comprensión activa: todo el enunciado se construye en vista de una respuesta.14 Entonces la intermediación propicia el diálogo entre el pueblo y las autoridades, como lo expresa el breve proemio de un remitido publicado en el bisemanario: “Dicen que ahora hay libertad de hablar, y á mi se ha antojado charlar con vd. un poquito, contándole algo de lo que por aquí sucede, y preguntándole algunas cosillas: todo, si vd. me lo permite.”15

“Los Simples”: entre el pueblo y las autoridades

Don Simplicio se imprimía en la capital nacional, en el taller de Santa Clara número 23 (ubicado en los primeros cuadros de la ciudad de México) y vio la luz en una coyuntura particularmente crítica para el país: la del

12 Entendemos que la comunicación discursiva es un proceso complejo, multilateral y activo que debe estudiarse desde la realidad del momento de la enunciación y la nuestra, evitando caer en representaciones demasiado esquemáticas que carezcan de contacto con la realidad. Bajtín, op. cit., p. 257; Coudart, op. cit., p. 70. 13 A pesar de que Lombardo reconoce las tesis de Henry Lepidus y María del Carmen Ruiz Castañeda respecto a que las reacciones que busca el periodismo polémico son provocar respuestas, la discusión y el intercambio de formas de pensar en espera de un diálogo social muestra que ello no es imperativo, aunque quienes participan en la elaboración de los periódicos deseen incidir en el marco social que les corresponde. Lombardo, Siglo, p. 14. 14 Bajtín, op. cit., pp. 281-287. 15 Don Simplicio, 23 de diciembre de 1846.


enfrentamiento militar entre México y Estados Unidos a causa del confl icto con Texas y, en general, de la política expansionista norteamericana. En México la sucesión de gobiernos no cesaba. Unitarios y federalistas se hacían la guerra: la presidencia de Mariano Paredes y Arrillaga, iniciada a fi nales de 1845, terminó con el pronunciamiento en La Ciudadela, en agosto de 1846, encabezada por el también militar Mariano Salas, abanderado federalista. De igual manera, la república, como sistema de gobierno, volvía a discutirse a raíz de la conspiración monárquica en que estuvo envuelto Paredes y de la defensa y promoción del monarquismo hecha por El Tiempo (1846), publicado por Lucas Alamán.

El año de 1847, en particular, ya con Antonio López de Santa Anna de regreso del exilio, estuvo caracterizado por las batallas más cruentas entre mexicanos y norteamericanos. En México, la guerra terminó por socavar la esperanza de los primeros años de vida independiente, pues resultó totalmente perdida. No obstante, mientras duró, se buscó hacerle frente a partir de esfuerzos de cohesión social y política: los periódicos emitieron múltiples discursos mediante los que instaban a atender la política interna y la unión política para enfrentar la guerra. Don Simplicio se sumó a estos esfuerzos y, en general, a aquellos que buscaron fortalecer una postura responsable frente al contexto adverso.

En este sentido, uno de los objetivos de los redactores “simplicianos” fue dar una formación cívica a sus lectores. Este público lector incluía a personas preocupadas por los asuntos públicos, así como a funcionarios de gobierno. La construcción de la ciudadanía implicaba alentar al pueblo a la defensa de los intereses públicos y privados, pero también a “la difusión de prácticas, símbolos e imaginarios” que podían provocar enfrentamiento y discusión entre los grupos políticos y con el gobierno. Los redactores de Don Simplicio buscaron hacer funcionar ese espacio público en el que tomaban forma prácticas políticas y culturales que, como bien apunta Rosalina Ríos, “no consisten únicamente en las elecciones”.16 Buscaron hacerlo recurriendo a una de las nuevas prácticas republicanas: la libertad de expresión.17

Mediante la letra impresa, los “simplicianos” buscaron construir un

16 Ríos, Formar ciudadanos, p. 20. 17 Ibidem., p. 87.


puente de comunicación entre el pueblo y las autoridades, un puente que siempre entrañó un fi n político. Cada uno de los redactores del bisemanario imprimió un matiz particular a este esfuerzo. Ignacio Ramírez, por ejemplo, apeló a la teoría política, a partir de la cual elevó su crítica hacia las autoridades por desatender las necesidades del pueblo y tratar de distraerlo con discursos en vez de mejoras materiales tangibles. Vicente Segura y, sobre todo, Guillermo Prieto, por su parte, hicieron gala de su sensibilidad por la problemática social, de manera que sus textos buscaron un acercamiento especial a la realidad de la vida en la capital del país.

En síntesis, la intermediación “simpliciana” se caracterizó por aludir a un pueblo “selecto”, compuesto de personas a las que intentaron formar como ciudadanos responsables, instándolas a tener una activa participación política. En este sentido cobran relevancia los remitidos,18 porque signi-fi caban una vía para concretizar ese interés por los asuntos públicos. Ejercer la escritura era una forma de participación política. En su intención por ser portavoces de los intereses del pueblo, los redactores desarrollaron un discurso para que éste se sintiera refl ejado e identifi cado.

Al asumir como suya la obligación de guiar y formar al pueblo, “los simplicios” se valieron del utillaje ideológico del liberalismo. También supieron utilizar y sacar provecho del estilo del periódico, puesto que rescataron el formato del panfl eto, rico en sátira y en géneros discursivos, cuya circulación entre la clase letrada tuvo bastante éxito. El estilo satírico o “jocoserio” (como ellos mismos lo llamaban), fue el sello característico de Don Simplicio y estuvo presente en la gran mayoría de los textos publicados en el periódico. Éste pudo haber sido atractivo a diversos públicos, incluidos sectores populares, aunque su precio era de un real por ejemplar, lo que lo convertía en un producto poco accesible para la mayoría de la población (un peso equivalía a ocho reales), si bien no descartamos la práctica de la lectura en voz alta.

18 Para un amplio análisis de los remitidos publicados en El Sol, vid. Martínez Domínguez, “Voces del ‘público’: Los comunicados de El Sol (julio 1829-diciembre 1832)”, tesis de licenciatura en historia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Morelos, 2006.


¿Participación del pueblo en Don Simplicio? Los remitidos

Uno de los puentes de comunicación entre redactores, pueblo y autoridades políticas eran los remitidos de los periódicos. Esta sección de la prensa constituía un espacio de intermediación por excelencia, pues –en teoría– estaba exclusivamente destinado a la participación de los lectores. En principio, los remitidos permitían el ejercicio de derechos ciudadanos.19

En el análisis de Coudart sobre las cartas publicadas en El Sol se destaca la naturaleza y la evolución de algunas prácticas periodísticas, si bien bajo la advertencia de que las cartas no refl ejan la totalidad de los lectores, sino sólo una parte del público que escribe al periódico, “o sea a unos miembros activos de la sociedad cuya representatividad [el medio impreso] ignora”.20 Al establecer y mantener un cierto “foro” en sus columnas, “el periódico establece unos valores y una práctica de convivencia que no sólo introduce la noción de comunidad, sino que otorga también una impresión de complicidad, por lo menos a través de un fenómeno de eco”, el cual se puede identifi car en la difusión de un vocabulario propio del bagaje conceptual liberal. Aunque un concepto pueda tener múltiples interpretaciones, el uso de un “término se vuelve, además de un ‘signo de reconocimiento’, una palabra de uso corriente, y que se trata de un primer paso, sin duda fundamental, en el largo camino de la construcción nacional y, eventualmente, de un cierto liberalismo”.21

El “fenómeno de eco” (parte de la recepción del discurso), se percibe particularmente en los numerosos seudónimos con los cuales los autores fi rman su carta (El Liberal; El Amigo de la ley; El Ciudadano, etc.). “Estos sobrenombres establecen en sí mismos un diálogo, una dinámica que juega un papel semejante al de un engranaje”.22 Postulados como libertad, igualdad, democracia y otras bondades del régimen republicano, fueron incluidas en el contenido de tales misivas.23

19 Ríos, op. cit., p. 109. 20 Coudart, “En torno...”, p. 71. 21 Ibidem, p. 88. 22 Coudart añade un par de advertencias sobre los remitidos, como el desconocimiento de la selección de las cartas para publicación y los arreglos o correcciones efectuadas por la redacción del periódico y aquellas que pudieron haber sido inventadas por los redactores. Ibidem, pp. 87-88. 23 Ríos, op. cit., p. 113.


En términos semejantes leímos los remitidos publicados en Don Simplicio, ubicándolos en el marco de su intermediación. Lo hicimos con base en una muestra representativa de 78 remitidos, publicados en 51 de los 110 números del periódico.24 Siguiendo a Coudart, sugerimos la posibilidad de que, en Don Simplicio, los remitidos hayan sido escritos por los propios redactores del bisemanario. Del conjunto total de remitidos inferimos que sólo 28 deben haber sido enviados realmente por el público, lo que se colige si se toma en cuenta su contenido y estilo serio. En efecto, las breves introducciones que los remitentes añadían a sus misivas, por ejemplo, suplicando su inserción en el periódico para dar la publicidad posible a la aclaración de un rumor e incluso agradecer el préstamo de un servicio a falta de paga material hacen pensar en que los textos fueron escritos por lectores ajenos a la redacción del periódico.25 Los 50 remitidos restantes guardan estrecha semejanza con el tono utilizado a menudo en los escritos “simplicianos”, es decir, la sátira se vuelve forma y contenido, utilizada incluso en los seudónimos de los fi rmantes. El remitido que insertamos a continuación corresponde al año de 1846 y, por el estilo en que está escrito, nos inclina a creer que fue inventado por los redactores del periódico. Se trata de la denuncia realizada, en principio, por parte de unos arrieros acerca de un problema bastante tratado en la época, que era el de la inseguridad de los caminos:

Sr. Don Simplicio.- Con vd. hablo: tire de la borda á su andante, y si no obedece, háblele en caló, ó vea lo que hace: ¡cáspita! Poco faltó para que me derribara con todo y mi mula fl aca, porque como estoy cogitabundo y metafísico, no reparé en que venia yo trasuntado en las ataharrias de mi recua. Ese modo de cabalgar que vd, tiene, no es el del progreso; porque ¡á quien le ocurre acoplarse en un animal, mirando éste para atrás y el cristiano para adelante, ó al revés!

24 Al final del trabajo presentamos como anexo una lista con los remitidos publicados en Don Simplicio durante su aparición. 25 Escrito por José María Beristáin y fechado en 8 de octubre, el remitido habla de la bondad del doctor Ladislao Pascua para procurar su atención casi agotados ya todos los medios de curación; ya que debido a su pobreza no puede pagarle visitas ni gastos pagándolos incluso el médico. “En prueba, pues, de mi agradecimiento, y como la única remuneración que puedo darle, suplico á vdes. se sirvan insertar estas líneas en su periódico, para que el público tenga conocimiento de un hecho que honra tanto el talento médico del Sr. Pascua, como la bondad de su corazón”. Don Simplicio, octubre 10 de 1846.


Pero tratemos de un asunto, ya que se presenta la ocasión: dígales vd. á sus amos, que denuncien á las autoridades las tropelías, injusticias, y otras cosas peores, que hacen ciertos señores con nosotros los arrieros, y por eso no queremos entrar á la ciudad; pero sin embargo, viene hasta este parage de los Ahuehuetes á estorcionarnos. No se le olvide, amigo. Adiós.26

Aunque se aprecia la unión de un reclamo particular (el de los arrieros) con una crítica a la situación política, el uso del foro público “simpliciano” para externar la denuncia, nos permite pensar en las posibilidades de diálogo que se podían tener por medio del periódico con las autoridades encargadas de hacer frente a dicha cuestión. Aunque atendemos la precaución de Coudart para conceder autenticidad al texto como remitido, también recurrimos a la autora para señalar que en la posible fi cción se estuviese validando el propio periódico a través de la participación del público lector o escucha que en este caso es un portavoz “genérico” de los afectados directamente: los arrieros.27

Como dijimos, también existen indicios que nos hacen pensar que los lectores enviaron, por iniciativa propia, remitidos al bisemanario. Para sustentar esta idea, acudimos a la advertencia de 1847 que hace El Calavera respecto a los futuros remitidos que el público pudiera hacer llegar a la sección llamada “Chismografía”:

que los que no estén escritos en estilo burlesco o satírico (pero siempre decoroso), ó no los publicaremos ó nos tomaremos la libertad de refundirlos á nuestro modo, ó por último los daremos por suplemento.28

Dado que el bisemanario compartió el estilo jocoserio con Don Simplicio, es probable que en este último hubiera podido operar también un requisito similar, si bien no encontramos una petición explícita como la que mostramos de su autonombrado compadre.

26 Don Simplicio, julio 29 de 1846, p. 3. El énfasis es nuestro. 27 Existen otros remitidos que caracterizan lo que los redactores o bien los autores estarían entendiendo como la voz de grupos sociales con exigencias propias (aún satirizadas) como los mineros o incluso los “salvajes”. Vid. D. Simplicio, enero 24 de 1846, p. 3; D. Simplicio, abril 18 de 1846, p. 4; Don Simplicio, noviembre 18 de 1846, p. 3; Don Simplicio, diciembre 2 de 1846, p. 3. 28 El Calavera, enero de 1847, p. 4.


Por su parte, Don Simplicio advierte a sus suscriptores de algunas consideraciones sobre el envío y publicación de sus misivas:

insertamos en este número algunos de los remitidos que se han dignado dirigirnos varios de nuestros suscritores, y les suplicamos disimulen la tardanza, porque así lo ecsije el tamaño de nuestro periódico: sucesivamente insertaremos varios de los que aun ecsisten en esta redacción, y tienen los requisitos legales.29

Llama la atención que en el número en que se publicó este aviso hay tres remitidos satíricos que, por su estilo, parecen escritos por “los simples”. Uno de ellos está fi rmado por Márcos Bomba, quien critica a los redactores de El Tiempo por ser unos “pedagogos monarquistas”. El segundo fue enviado por “Un Bobo”, quien hace un par de preguntas a Don Simplicio sobre las contradicciones que entraña el sistema monárquico. Y el tercero, suscrito por Buffon,30 comparte sus anotaciones de “historia natural” sobre los oportunistas políticos.31 Parece claro que la intención de Prieto, Ramírez y Segura es invitar al uso de este espacio de intermediación y enfatizar, mediante el uso de este recurso de fi cción, que en verdad parte del público lo ha hecho así.

No obstante, también se publicaron remitidos escritos en un tono más serio y formal. Hacia noviembre de 1846, “los simples” anotarían a los suscriptores que “el recargo de material y el miedo que asiste á Don Simplicio de enseriarse, lo priva en este número del placer de insertar un remitido de varias señoritas poblanas, que respira patriotismo. Sin embargo, y atendiendo al interés de los remitentes, D. Simplicio ofrece dedicarles mayor atención en los números posteriores”.32 Aunque se trata de un remitido que aborda el contexto bélico y la disculpa pudo tener el propósito de generar expectativas del público, efectivamente fue insertado en el siguiente número. Se trata de la exposición de Antonia Soto de Jácome, presidenta de una junta “patriótica”

29 D. Simplicio, marzo 4 de 1846, p. 4. El subrayado es nuestro. 30 Ibidem, pp. 2-3. 31 En este artículo se caracterizó como animales a tales oportunistas políticos. En este sentido, Helia Bonilla señala que en Don Simplicio se trató discursivamente el tópico del gato, muy presente en los símbolos de caricatura decimonónica, que refiere al oportunismo y al “equilibrismo” político. Bonilla, Calavera, p. 116. Vid. Don Simplicio, febrero 10 de 1847, p. 2. 32 “Promesa”, Don Simplicio, noviembre 4 de 1846, p. 4.


de mujeres (que anuncia su unión a otra organización femenina poblana previamente constituida, no especifi cada) ofreciendo “prestar los servicios que les son dados á su sexo”, mismos que, aunque no aclara, pensamos radican en prestar su auxilio para asistir a los heridos en la guerra.33

Otro de los remitidos que nos parece realmente enviado a la redacción “simpliciana” y que conserva el estilo jocoserio, tiene la autoría de Ponciano Arriaga bajo el semianagrama de “Poncio Garriga”.34 En su misiva, este autor comentaba a “los simples”, a manera de carta a un familiar, la difícil situación que se vivía en San Luis Potosí, en el marco de las acciones de guerra.35 La peculiaridad de la comunicación es que personifi có a la Asamblea departamental –o lo que de ella quedaba, tras los vaivenes revolucionarios–, a la manera de una mujer viuda y rica, que “con un ojo llora y con otro repica”, lo que fue una manera de explicar los coqueteos con las distintas facciones políticas que se iban sucediendo en San Luis, ya que “todo cámbia aquí y allí, / Menos en el Potosí”.36

El estilo serio de otro remitido resultó tan elocuente e importante, que los redactores le dieron espacio en el periódico como “Alcance”. En él se trataba la reprobable actuación del prefecto del Distrito de Cuernavaca, el Sr. Lozano, cuyo despotismo perjudicaba a los habitantes de su jurisdicción y a sus deberes como funcionario público. Así, el remitente, que fi rmó como “M.A.”, denunciaba las tropelías del prefecto, a quien indirectamente le recordaba que si:

quiere seguir en la carrera pública, es necesario que sea fi el observador de las

33 Don Simplicio, noviembre 7 de 1846, p. 4. Las cursivas son nuestras.34 En la amplia relación de posibles colaboradores de Don Simplicio, basándose en el diccionario de seudónimos de María del Carmen Ruiz, Cérida Webster consigna a Ponciano Arriaga por el envío del remitido que señalamos. Webster, op. cit., pp. 3, 58-69; Ruiz, Diccionario, pp. 77, 647. 35 Arriaga, según asienta Ruiz Castañeda, dirigió en San Luis Potosí el periódico El Estandarte de los Chinacates en 1847. Ruiz, op. cit., p. 77. Aunado a ello, Prieto narra que en el repliegue en Querétaro de algunas facciones políticas durante la guerra en 1847, Ponciano Arriaga, Pradel y Gabino Bustamante, así como Villanueva don Pío “gozaban particular estimación como redactores del periódico que defendía la guerra.” Prieto, Memorias, p. 426. Si bien no necesariamente se trataba de la misma publicación, queremos enfatizar la probable cercanía que había entre Arriaga y Prieto. Además, en un remitido publicado en julio de 1846, los redactores “simplicianos” señalaron que la poesía enviada por unos militares (contenida en tal misiva) había llegado gracias a sus corresponsales en San Luis. Pensamos entonces que pudo tratarse de algún nexo con el propio Arriaga. 36 Don Simplicio, agosto 29 de 1846, pp. 2-3.


leyes, procurando los bienes materiales de los pueblos, único deber de una autoridad, y única fé política que debe obtener, para ser grande y respetado, sujetándose a sus atribuciones.

El autor subrayó también ser:

muy penoso tener que hablar contra una autoridad ó contra un funcionario público; pero cuando éstas cometen tropelías á pretesto de ser autoridad, no pueden pasar desapercibidas del conocimiento público y de las autoridades superiores para que pongan el remedio necesario.37

En este caso, la concepción del espacio de intermediación “simpliciano” cobró un sentido práctico, primero como denuncia y, después, como vía factible para corregir los desperfectos del gobierno local.

Un remitido más que conjuga el tono satírico con el estilo formal fue enviado por “Cazoletas”, quien se autonombró como suscriptor de Don Simplicio. Éste se propuso hablar de los abusos cometidos por los gobernantes mexicanos, las divisiones partidistas y el oportunismo como los gérmenes de lo que consideraba el estado ruinoso de la nación. Para ello, recurrió al uso de tres fábulas (género de corte aleccionador y de importante peso histórico): la primera aludía a dos grullas y un ratón; la segunda, a unos frailes eternamente enemistados; y la tercera a una viuda bastante suspicaz. Al terminar las historias, el autor se dirigió a los redactores para expresar que:

la intención que me anima para emplear este papel, no es otro sino el bien general de mis semejantes, y el vehemente deseo que siempre me ha animado del engrandecimiento y progresos de nuestro suelo.38

Así, y después de señalar “Cazoletas” que, aunque el aspirantismo ha sido uno de los gérmenes causantes de la extrema situación que vive el país, las fallas y los abusos cometidos por los primeros magistrados que han dirigido los destinos de la república podrían olvidarse hoy, siempre y cuando éstos hombres prestaran los urgentes servicios que demandaba la patria. Entonces,

37 Don Simplicio, noviembre 25 de 1846, p. 2. El subrayado es nuestro.38 Ibid., septiembre 5 de 1846, pp. 2-3.


dirigiéndose a sus conciudadanos, el remitente propone la formación de una sola familia mexicana para la defensa de la integridad del territorio, esperando además felices resultados del futuro congreso:

si desde la alta hasta la última clase del estado, se unen en las próximas elecciones á formarlo de hombres desprendidos enteramente de todo interés personal, prefi riendo al común de la sociedad.39

Finalmente, apela al sentimiento patriótico de los ciudadanos al decirles:

interesémonos por la creación de la milicia nacional, para que ésta unida á nuestro ejército, compuesto de hombres enteramente libres, acaben de elevar á nuestra nación al rango de las naciones ilustradas.40

No es fortuito que tanto la forma como el contenido del mensaje guardaran estrechas semejanzas con el discurso utilizado a menudo por los redactores “simplicianos”, sobre todo el relativo al alistamiento y participación en la guardia nacional, lo que abre amplias posibilidades de que el remitido fuera una invención suya.

Observamos, pues, que una de las maneras de instar a la práctica de la ciudadanía, de actuar como pueblo según las ideas liberales y, en este caso, del credo “simpliciano”, fueron los remitidos. Los que a todas luces fueron creaciones de los redactores del periódico tuvieron el objetivo de realizar la promoción para levantar la voz y expresar sus opiniones, incomodidades y necesidades. Los que efectivamente fueron enviados y, según los ejemplos aquí citados, implicaron la colaboración activa de una parte del pueblo en benefi cio del bien común –una participación mínima si se quiere, pero no por ello menos signifi cativa–, tienen un signifi cado especial dado el desarrollo en ciernes de las empresas editoriales en la década de 1840. Insertar en sus columnas un comunicado muchas veces tenía el objeto de entablar “una polémica razonada y decente” entre los lectores potenciales, como fue en el caso de un comerciante de bergantines para la guerra.41

39 Idem. 40 Idem. 41 Don Simplicio, diciembre 19 de 1846.


No sería extraño que dicho pueblo activo fuera producto de la lenta pero paulatina ampliación del círculo de lectores –en el que incluso un público popular tendría acceso a la prensa, aunque siempre estaba la limitación impuesta básicamente por su costo, entre otras causas–, en gran medida gracias a redactores como Prieto, Segura y Ramírez, quienes tuvieron un papel de intermediarios. Al realizar tareas “de mediación, de desciframiento e interpretación de lo escrito, al agregar un nivel suplementario tanto a la calidad de la difusión como a la recepción de lo impreso”,42 “los simples” nos mostrarían implícitamente que “los grupos sociales no son tan herméticos y que existen distintos intercambios o infl uencias culturales”.43 Asimismo, además del “efecto de eco” en la difusión del liberalismo, señalado por Coudart, la ponderación de la práctica política según los valores heredados del antiguo régimen y patentes aún en los lenguajes liberales habría de hacerse manifi esta en algunos remitidos presentados aquí.

Consideraciones fi nales

Los redactores de Don Simplicio, quienes reconocían al pueblo como la fuente de legitimidad del novel Estado-nación, le ofrecieron herramientas conceptuales y promovieron prácticas cívicas sustentadas en la idea del bien común. De manera muy especial, le brindaron también, desde las páginas de su bisemanario, un espacio de intermediación. A través del discurso “simpliciano”, indagamos las recomendaciones que los redactores hicieron al pueblo para ejercer su calidad ciudadana, por ejemplo, estar informado del acontecer político para así poder exigir a las autoridades, a quienes también suponían receptores de su periódico, la correcta dirección de los negocios públicos del país.

La labor de intermediación que ejercieron Prieto, Segura y Ramírez entre el pueblo y las autoridades políticas a través del periódico trasladó, en cierta medida, las voces del espacio público físico al espacio público impreso, al establecer un diálogo –implícito en el periódico– que seguramente tuvo más efectos que los esbozados aquí. En cierta manera, los remitidos pudieron ser manifestaciones de la participación política del pueblo y de las

42 Coudart, “Difusión”, pp. 349-351. 43 Coudart, “En torno...”, p. 77.


propias autoridades, sobre todo cuando creemos que éstos fueron enviados realmente a la redacción de Don Simplicio. Cuando no fue de esta forma, los redactores, al inventar algunos remitidos, ofrecieron sus páginas como un espacio de intermediación, de expresión, diálogo e interlocución que podía ser empleado por los posibles lectores, muchos de ellos ciudadanos en ciernes. A su vez, el crear este conducto de comunicación brindó a los redactores del bisemanario la posibilidad de hacerse presentes en la escena política; les brindó un reconocimiento que se tradujo en un impulso a sus carreras políticas mismas, pues efectivamente, en los años siguientes, Prieto, Ramírez y Segura tuvieron puestos en la administración pública.

La intencionalidad política de la intermediación de “los simples”, entendiendo ésta como algo más integral respecto a la vida en comunidad, abarcó una gama amplia de ámbitos de interés, que al mismo tiempo nos abre la perspectiva de lo que para los letrados decimonónicos comenzaba a ser la vida pública. La Iglesia, que había ocupado un papel fundamental en la organización política y social, comenzaría a reconfi gurar su función en relación con el emergente Estado-nación, por lo que el reto de este último para las primeras décadas del siglo xix consintió, entre otras cosas, en formar a un pueblo ciudadano, distinto del religioso y creyente formado siglos atrás.

Fuentes referidas

Hemerografía

El Calavera, 1847El Ferrocarril, 1871 El Siglo Diez y Nueve, 1871Don Simplicio, 1845-1847

Bibliografía

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Anexo. Remitidos publicados en Don Simplicio (1845-1847)*

Fecha Autor Título Tema

Enero 24 de 1846

Un indio de Cosumel Separación de Yucatán

Marzo 4 de 1846

Márcos Bomba

“Un cañonazo por un garrotazo”

Monarquismo

Un Bobo “Preguntas sueltas”

Monarquismo y El Tiempo

Buffon “El hombre pez” Monarquismo y el oportunismo político

Marzo 7 de 1846 N. “La bella unión”

Monarquismo y El TiempoCoplas

Marzo 25 de 1846 Pablo

MonarquismoCuadernillo de principios republicanos. Bonilla/ D. Francisco Manuel Sánchez de Tagle.

Abril 1o de 1846

Márcos Bomba

“Letrilla dedicada al R. Padre Goriot”

MonarquismoVersos

Abril 11 de 1846 J. N. Pereda Vindicación de Juan N.

Almonte

Abril 18 de 1846

Fray Simplicio

“Sábado de gloria”

Monarquismo y El Tiempo

El Sacristán de Tepito

“Sr. Don Simplicio”

Crítica a la iglesia.- panteones y sacristanes

Abril 22 de 1846

Fr. Gerundio Goriot

“Señor D. Fr. Simplicio”

Monarquismo y antiguo régimen

Julio 4 de 1846

Robespier Pantoja

Monarquismo vs. federalismo

Canuto Modesto de Pisaquedito

Monarquismo y antiguo régimen

Julio 18 de 1846 [Sin fi rma] “Una escena en

Matamoros” Ejército

* Las celdas sombreadas señalan los remitidos que inferimos –por su estilo y contenido– fueron enviados realmente por personas del público lector: 28, de un total de 78, en los 49 números que contuvieron estos materiales.



Julio 22 de 1846

Inocencio Simplon

“Una escena en Matamoros” Ejército

Julio 29 de 1846 Un Arriero

Situación políticaInseguridad en los caminos

Agosto 5 de1846

Banderilla “El capitán y el asistente”

Crítica al numeroso ejército

Cándido Pantalla Situación del país

Agosto 15 de 1846 [Sin fi rma]

Suscripción en favor de viudas e hijos de soldados muertos en la Guerra vs. EUA

Agosto 26 de 1846

Lúcas Balderas

Controversia Diario del GobiernoGuerra vs. EUA

Agosto 29 de 1846

Poncio Garriga

Situación en San Luis Potosí

Septiembre 5 de 1846

Cazoletas Monarquismo

[Sin fi rma] “Miscelánea Luzbelina” Situación del país

Lucifer “Diálogo“. Situación del país

Pitillas pié quebrado “Juguetillo” Monarquismo

Septiembre 9 de 1846 El Familiar Federación

Septiembre 19 de 1846

Luis Gutiérrez

Aclaración de información. Contador de diezmos en Cabildo de Morelia

Ignacio Ramírez

Manifi esto del Ayuntamiento de Querétaro

Septiembre 23 de 1846 Zacarías

Sátira sobre la conveniencia de la federación



Septiembre 30 de 1846 Froilán

“Carta de un pasante de abogado a su querida”

Sátira sobre la administración del país. Comparación con el matrimonio

Octubre 3 de 1846

El Desgraciado

“Carta de un desgraciado a D. Simplicio”

Sátira sobre la situación política

El Familiar Crítica a los liberales puros

Froilán Guerra vs. EUA Suscripción patriótica

*JoséNoche de San Bartolomé (Francia)Sobre el clero voluble

Octubre 7 de 1846 J. I. B

Guerra vs. EUADefensa del gral. Pedro Ampudia

Octubre 10 de 1846

José María Beristáin

Agradecimiento público al Dr. Ladislao Pascua

Octubre 21 de 1846

Luis G. Gordoa

Sobre que no fue autor de El Tiempo

J. J. R. “El Padre Goriot”

Sátira vs. Agustín Franco, redactor de El Tiempo

Octubre 24 de 1846

Un Mazatleco

Situación política en Mazatlán

Octubre 28 de 1846

Armadillo Situación política en México

Los sacamuelas

Sobre la administración de justicia

Octubre 31 de 1846

El Recluta “Canción. El guardia nacional”

Guerra vs. EUACanción patriótica

M.A.Abuso de autoridad de un prefecto en Cuernavaca



Noviembre 7 de 1846

Antonia de Soto y Jácome

Guerra vs. E.U.Junta patriótica de mujeres poblanas

Prisciliano Zerecero

Sobre la guardia nacionalAclaración de información a Don Simplicio

Noviembre 14 de 1846 El Sacristán “Préstamo del

clero” Crítica al clero

Noviembre 18 de 1846

Unos mineros

“Colegio de Minería”

Sobre la manutención del Colegio de Minería

Antonio Gil Hernández Sobre la guerra vs. EUA


Banderilla Crítica a las defi ciencias del ejército

[Sin fi rma]

“Respuesta al artículo que se halla en el periódico D. Simplicio, núm. 40 titulado: Préstamo del clero. Correspondencia particular”

Préstamos del cleroCrítica a Don Simplicio


T.Al gobierno de la ciudad de MéxicoSobre compostura de calles.

*M. A. J.

“Alcance al núm. 43 del día 25 de noviembre de 1846”

Comunicado remitido, referente a los actos del Sr. Lozano, prefecto de Cuernavaca

Diciembre 2 de 1846

Pancho Veracruz

Guerra vs. EUASátira del ejército en Veracruz

El Cangrejo Proyecto para ampliar calles



Diciembre 5 de 1846

Leonardo Fortuño, Pedro Rodríguez

Guerra vs. EUA Patriotismo militar

Diciembre 9 de 1846

Froilán “Salmo”Sátira sobre la situación políticaAdministración de justicia

Varios imparciales

Reivindicar al administrador principal de la renta de tabacos

Diciembre 16 de 1846

Petronilo Cal y canto del Peñasco [a Froilán]

“Correspondencia particular”

Sátira sobre la situación política

Diciembre 19 de 1846 F. Reibaud

Aclaración de un contrato de compra de bergantines


*Un Toluqueño

Guerra vs. EUADisputas facciosas

Diciembre 26 de 1846 *[Sin fi rma] Refl exión sobre la

situación del país


José González de la Torre

“Ternezas simplicianas”

Guerra vs. EUAVersos de una función en benefi cio del hospital de sangre

Enero 2 de 1847

Juan Barvedillo

Aclaración al Monitor RepublicanoRumores

Enero 6 de 1847 [Sin fi rma]

[No se incluye, pero se dice en la sección que se ha recibido uno del Sr. Lic Peza, en aclaración de una controversia]



Enero 13 de 1847

Un suscritor Aclaración de crónica del congreso

Agrages“Correspondencia simpliciana”

Guerra vs. EUAPertrechos en Veracruz

Enero 20 de 1847 M. J. “A Don

Simplicio”Versos sobre el congreso

Febrero 3 de 1847

Mariano Concha Moreno

Aclaración sobre participación en una sesión del congreso

Febrero 20 de 1847

[Sin fi rma] “Honor militar” Sobre la deserción de dos militares

Márgaro Aserrín Sobre participación

Febrero 24 de 1847

Gil Alambrijo

Sátira y versos al Diario del Gobierno

Abril 10 de 1847

Un Queretano

Crítica al reconocimiento de un militar por Gómez Farías

Abril 17 de 1847

Unos Mexicanos (por su mal)

Crítica a la clase política

Márgaro Aserrín

“Letrilla simpliciana”

Guerra vs. EUA Discurso llamando a la guerra

Varios amigos del Ejército

Guerra vs. EUAPatriotismo militar

Abril 21 de 1847

Juan Quintana

Aclaración sobre supuesta deserción militar

V. Guerra vs. EUAPatriotismo militar

Un mexicano


Derrota de los monarquistas, o sean verdaderos anarquistas.

las disputas en la prensa y la suspensión de las elecciones del 2 de diciembre

de 1849 en la ciudad de México *

Regina Tapia Chávez**

Resumen

Seguimiento del debate en la prensa capitalina en los meses de noviembre y diciembre de 1849 con respecto a la fi gura de Lucas Alamán, su rechazo a la idea y al ejercicio de la soberanía popular, además de su visión sobre el movimiento insurgente de 1810. Todo esto como fondo de una disputa mayor entre la idea de una monarquía en contra del modelo republicano que se seguía en México en aquel momento. Se sugiere en el texto que todo esto sirvió como preparación para que un “grupo de ciudadanos” acudiera al Congreso la noche del primero de diciembre de ese año solicitando la suspensión de las elecciones para renovar el Ayuntamiento capitalino, presidido por Alamán, buscando evitar un fraude que perpetuaría al sector conservador en el poder de la ciudad.

Palabras clave: Lucas Alamán, soberanía popular, monarquismo/republicanismo.

Abstract

This article analyzes the debate in the press in the capital during the months of November and December of 1849 regarding the fi gure of Lucas Alamán, his rejection of the idea and the exercise of popular

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto “Hacia una historia de las prácticas electorales en México, siglo XIX”, financiado por el conacyt a través de su programa de Ciencia Básica.

** Estudiante de Doctorado en Historia. El Colegio de México/ Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa


En noviembre y los primeros días de diciembre de 1849 se dio un acalorado debate en la prensa capitalina, muy particularmente entre dos diarios, El Universal y El Monitor Republicano. La discusión giró en torno de dos temas básicamente: la fi gura de Lucas Alamán, como hombre y como político; y su oposición a la soberanía popular. Todo esto signo de la existencia de una supuesta corriente monarquista comandada por él, que se oponía a la existencia de la República mexicana y que buscaba la instauración de un sistema de gobierno conservador –teniendo como piloto el Ayuntamiento de la capital del país, del que Alamán era presidente, percepción basada en su hegemonía electoral no sólo en la ciudad, sino también por sus importantes triunfos en las cámaras desde 1848.

A simple vista, este debate parece desembocar en el asalto al Congreso la noche del primero de diciembre de aquel año, cuando un grupo de ciudadanos se presentó ante los diputados ahí reunidos solicitando la suspensión de las elecciones que debían llevarse a cabo al día siguiente. En estos comicios se renovaría a la mitad de los miembros del Ayuntamiento de la ciudad de México. A continuación trato de establecer la conexión entre la polémica en la prensa y la cancelación del proceso electoral local, poniendo de manifi esto algunos elementos ideológicos y de cultura política de la época que se revelan en este contexto.

i. El fantasma de la soberanía popular. Monarquía vs. república

Es preciso, para entrar en materia, hablar del trayecto histórico de la idea de una monarquía en México, para así entender por qué es relevante el estudio

sovereignty, besides his vision of the insurgent movement in 1810. All this as the background of a major dispute between the project of a monarchy against the republican model that Mexico followed in that moment. It is suggested in the article that all of this served as preparation for a “group of citizens” to go to the Congress the night of December 1st. of that year demanding the suspension of the elections to renew the municipal council of the capital, chaired by Alamán, in order to avoid the fraud that would perpetuate the conservative sector in power of the city.


del conservadurismo para hacer una historia social de lo político en este país. Como explica Erika Pani, el estudio de estos temas, por algún tiempo abordados por la historiografía de forma maniquea, partidista y sesgada, ha ido abriéndose paso con el propósito de “normalizar nuestra mirada sobre conservadores y conservadurismos, sobre ‘la derecha’, para desentrañar las complejidades de la dinámica política, los parámetros de la coyuntura; para descubrir lo que estaba en juego”.1 Otra ventaja de estas nuevas miradas sobre el conservadurismo tiene que ver con un enfoque sobre su valor como “una tendencia crítica de la experiencia política, racional, administrativa y opuesta a los excesos populares”.2 Justo radica ahí lo más importante en este asunto, que concierne al tema aquí tratado, y es la medida en que este espectro de lo conservador en la política mexicana del siglo xix se ve o no en la sociedad y en el comportamiento político de los habitantes de la ciudad de México en particular.

Aquí es donde entra la provocativa visión que ha tenido Elías Palti sobre el nudo entre la existencia de una República Mexicana decimonónica, la propuesta conservadora y el refl ejo social de la política. Un sistema de gobierno basado en la representación, y por la tanto en la idea de la soberanía popular, resultaba aberrante para algunos mexicanos que convivían con las ideas monarquistas y conservadoras en aquella época, entre ellos un importante personaje en esta historia, Lucas Alamán. La cuestión es que se percibía que la imposición de un sistema institucional republicano rompía con la evolución orgánica del devenir político del país. Una nación que venía de una tradición monárquica tendría que continuar por ese camino para no corromper su desarrollo histórico. En esta visión, aunada a las diferencias y las ambiciones políticas, se jugaba la forma en que la sociedad debía integrarse a la cosa pública. El “pueblo” no podía ser gobernante y gobernado a la vez.3 Las fronteras entre súbdito y ciudadano tenían que ser más claras, y para Alamán, en particular, ahí estaba la explicación del caos que había vivido México desde su independencia. Complicado por el hecho de tratarse de gobiernos emanados de procesos revolucionarios

1 Pani, “Las fuerzas”, p. 21.2 Hernández López, “La reacción”, p. 267.3 Este planteamiento ha sido desarrollado por Elías Palti en varias de sus publicaciones. Ver la introducción a La política; su estudio “Lucas Alamán”; y el capítulo iii de La invención.


–y partiendo de la bastardía del surgido a partir de la emancipación de España– se había acabado “el respeto, el amor y la sumisión a los jueces y gobernantes”, lo cual había generado un problema de obediencia. Ya nadie, se lamentaba Alamán, se creía obligado a someterse a la autoridad.4

Este preámbulo no es gratuito. Aquí se ponen sobre la mesa los grandes tópicos del debate en la prensa sobre y alrededor de la suspensión de las elecciones de diciembre de 1849: Alamán, la soberanía popular y la persistencia de la república. Pero quizá al centro se encuentren, sobre todo, la cuestión del pueblo soberano –base de los sistemas representativos– y las elecciones –su herramienta de ejercicio privilegiada– y, con ellos, una interesante paradoja: la suspensión de los comicios en este episodio, justamente en pos de la defensa de la representación.

Desde hacía algunos años, en diferentes expresiones, el fantasma del monarquismo rondaba la política mexicana, incluso desde el ámbito internacional. Esta cuestión tomó cierta fuerza en la década de 1840.5 En el episodio de la “intriga” de 1846, Salvador Bermúdez de Castro–plenipotenciario español en México y supuesto orquestador del proyecto monárquico gestado desde el Ministerio de Estado y la propia reina Isabel II– aseguraba en la correspondencia con su gobierno que contaba “con el apoyo incondicional de dos hombres de primer orden: el general Mariano Paredes y Arrillaga [...] y Lucas Alamán”, que según las propias palabras del representante de la Corona española, era “hombre de un talento verdaderamente superior, cuya inclinación a la monarquía era indiscutible”.6

Tanto fue así, que juntos Bermúdez y Alamán fundaron el periódico El Tiempo para darle difusión a las ideas políticas conservadoras, y según el plenipotenciario español, promover la posibilidad de instauración de una monarquía en México. El confl icto armado con el país del norte y toda una serie de problemas entre los actores de la conspiración impidieron que los planes de España se llevaran a cabo, y el “sueño” de traer un monarca

4 Ideas expresadas en El Universal. Citado por Palti, “Lucas Alamán”, p. 313.5 Figueroa y Villavicencio, “La intriga”. De acuerdo con los autores, Salvador Bermúdez de Castro llegó a México en 1845 para echar a andar un plan para lograr los deseos de la reina de España Isabel II de que México se convirtiera en una “monarquía moderada, encabezada por un príncipe de la Casa Real de España”, p. 200. Antes de esto tenemos la famosa “carta monárquica” de José María Gutiérrez de Estrada, reproducida por Palti, La política, p. 61 y ss.6 Figueroa y Villavicencio, “La intriga”, pp. 200-201. Los autores citan un despacho de Bermúdez a Francisco Martínez de la Rosa, Primer Secretario del Despacho de Estado, de agosto de 1845.


europeo se enterró por un tiempo. Sin embargo, esto no signifi có que el ímpetu por impulsar lo que hoy llamamos conservadurismo se detuviera.

Ya en los años posteriores a la guerra con los Estados Unidos, los conservadores venían ganando puestos en la política nacional y local. Desde que el sector conservador había decidido organizarse en un partido y fundar un nuevo periódico –El Universal– para difundir sus ideas, quedaba claro que buscaban posicionarse en la política nacional. Justo en 1849, estos esfuerzos empezaron a dar sus primeros frutos ganando el control del Ayuntamiento de la capital mexicana en julio, y desde el año anterior habían logrado la “mayoría en el Congreso”.7 Esto tenía muy nerviosos a los sectores “liberales”, ya que estaban convencidos de que los miembros conservadores del cuerpo citadino, en cuyas manos estaba la organización de los comicios que se realizarían en diciembre, manipularían el proceso para que quienes resultaran electos compartieran también esta ideología y perpetuar así el posicionamiento conservador en la capital.

Algunos de los principios que defi nían esta postura ideológica fueron enunciados por uno de estos hombres, Francisco de Paula Arrangoiz, también miembro del “Ayuntamiento Alamán”. Arrangoiz decía que este grupo político estaba compuesto por “hombres deseosos de alcanzar una perfecta administración de justicia, el imperio de la ley, la conservación de los principios morales, sociales y religiosos, sin los cuales no puede haber ni propiedad, ni seguridad, ni libertad, ni ninguna clase de orden público”.8 Como expresaron en sus escritos, estos hombres consideraban especialmente despreciable el encono con el que se manejaba la política desde las posturas de los partidos y las facciones, sin privilegiar el bienestar y el progreso de la nación entera. Como se había expresado desde años antes en las páginas de El Tiempo, la búsqueda era lograr la imparcialidad en el gobierno y el orden en la administración, ahí es donde la monarquía podría funcionar como regulador y conciliador lejos de las pasiones partidistas y faccionarias. Ideas infl uenciadas por el liberalismo doctrinario, opuesto al doceañista.9 El propio Alamán en su Historia de Méjico argumentó en contra de la adopción sin crítica del modelo representativo gaditano en los diferentes intentos constitucionales en México.10

7 Rodríguez Piña, “Rafael”, p. 162.8 Citado en Figueroa Esquer, “Las espadas”, p. 28.9 El Tiempo, 21 de febrero de 1846. Citado por Figueroa y Villavicencio, “La intriga”, p. 219.10 Alamán, Historia, t. iv, pp. 166-179.


Como puede verse, a pesar de que Alamán se convirtió en el centro de las críticas, y probablemente fue el más protagónico de sus miembros, sí estamos hablando de un grupo importante, y quizá de un movimiento, que trató a toda costa de tomar el control de la política nacional que creía a la deriva por culpa de los liberales republicanos, y cuya situación ya se había revelado dramática con los sucesos ocurridos entre 1846 y 1848.

II. Lucas Alamán. El hombre y el político a juicio

Así, en los meses fi nales de 1849, este personaje, en ese momento con el poder administrativo de la ciudad en sus manos y ya electo para el Congreso a partir del año siguiente, fue puesto en el ojo del huracán de la opinión pública como persona, como político y como escritor. Se le expuso para ser juzgado por sus ideas, sus acciones y casi por su existencia. Incluso, se insinuaba que se encontraba fuera de la ley al tener un juicio pendiente por su responsabilidad en lo que la prensa llamó el “asesinato” de Vicente Guerrero. También se le acusó de vivir de las “rentas” que le otorgaba el “pueblo” que él tanto despreciaba.

Como han señalado algunos autores, la inclinación de Alamán por una ideología política conservadora pudo estar enraizada en la creencia de que en México se había cometido el error de querer instaurar un sistema de gobierno ajeno a la realidad social. Es decir, al imponerse un sistema institucional como el republicano, se trastocó “el curso evolutivo natural de la sociedad mexicana, introduciendo una fi sura histórica, que se encontraba en la base de una crisis que no habría de cerrarse hasta que no se resolviera esa contradicción entre el ‘sistema político artifi cial’ y la ‘nación real’”.11

Esta afi rmación coloca en el centro el elemento primordial de la disputa ideológica pública, y el problema fi losófi co fundamental que separaba a los que se ha identifi cado como los dos grandes grupos políticos del diecinueve mexicano. No es un confl icto en torno al liberalismo en sí, sino a una opción política: alejarse o acercarse a la experiencia del pasado. Tanto el joven Alamán de 1827,12 como uno más amargo hacia 1850,13 mantuvo la defensa 11 Palti, “Lucas Alamán”, p. 303.12 Es muy interesante la exposición que hizo en la Cámara de Diputados ese año como apoderado del Duque de Terranova. Lucas Alamán, pp. 119-159.13 Año en el que posiblemente escribió el último tomo de su Historia.


de conservar cierta historicidad en lo legal, lo institucional, lo ideológico. Y en esta lógica, la soberanía y el ejercicio de la autoridad se colocaron como primordiales. Parecía que la prioridad para los gobiernos mexicanos debía ser el orden, la obediencia, la organización. Para ello, tendría que retirarse esa gran contradicción: el soberano no podía ser el súbdito. El pueblo tenía que desaparecer del esquema del ejercicio del poder.

iii. Soberanía electoral que decide no elegir. Lo nacional, lo local y el pueblo

Así, llegamos a 1849 en la ciudad de México. En ese año debían llevarse a cabo dos elecciones que competían a lo local, en un esfuerzo por normalizar los procesos de elección de ayuntamientos en el distrito y territorios. A raíz de la guerra contra los Estados Unidos, y la reciente vuelta al federalismo en medio de este confl icto armado, se había perdido la regularidad en el nombramiento de nuevos regidores y síndicos de la corporación local. De esta manera, en el cuarenta y nueve se buscaba reajustar esta situación teniendo, primero, una elección en julio donde se designarían los miembros del ayuntamiento por completo, es decir, 16 regidores y dos síndicos; y otro en diciembre donde se sustituirían la mitad de ellos para, a partir de entonces, renovar ocho de los primeros y un síndico al fi nal de cada año.14

Fue justo en esa elección de julio cuando se nombró lo que se ha llamado el “Ayuntamiento Alamán”. Estaba compuesto por hombres conocidos por sus ideas conservadoras y miembros de la más selecta élite de la ciudad. Además del presidente Lucas Alamán, lo componían los regentes Francisco de Arrangoiz y Bersábal, Joaquín Velázquez de León, Manuel Ruiz de Tejada, Faustino Galicia, Luis Hidalgo Carpio, Ramón Alfaro, Agustín Sánchez de Tagle, Manuel Diez de Bonilla, Francisco Peláez de Mendoza, Francisco Rodríguez Puebla, Miguel Hidalgo y Terán, Antonio Malo, Agustín Moncada, Antonio Morán; y los síndicos, los licenciados José María de la Piedra y Mariano Esteva y Ulibarri.15 En la elección del primer

14 Las normas de la renovación se establecían siguiendo la ley del 12 de julio de 1830. Cartel de Pedro Jorrín a los habitantes de la ciudad de México del 29 de mayo de 1849. ahdf, Fondo Ayuntamiento, Sección Elecciones Ayuntamiento, vol. 863, exp. 44, doc. 2.15 Zamacois, Historia, t. xiii, p. 314.


domingo de diciembre se sustituiría a la mitad de ellos, y en las semanas anteriores a esto empezó a hablarse de la posibilidad de que los miembros del Ayuntamiento en funciones orquestaran un fraude para que se eligieran integrantes de su mismo grupo político.

De esta manera, en medio de estos rumores, del ambiente de polémica por una serie de escritos en contra de Alamán y de las ideas conservadoras –y su defensa desde las páginas de El Universal–, en un movimiento político sin precedentes, un “grupo de ciudadanos” se presentó a la sesión del Congreso el día anterior a las elecciones proponiendo suspenderlas: esgrimió el argumento de que el proceso estaba condenado a ser fraudulento. Estos ciudadanos, según reportó un sector de la prensa, entregaron a los diputados una representación, es decir, una petición por escrito que algunos de los legisladores “hicieron suya”, pasaron al Senado, y que sirvió como base para un acuerdo de seis puntos, publicado el 2 de diciembre de 1849, en el que, en efecto, se decretaba la suspensión de las elecciones y se determinaba el nombramiento de los nuevos miembros de la corporación local.16

Para el análisis de estos acontecimientos es preciso detenernos en algunas de las variables que los cruzan. Por un lado, en el funcionamiento del sistema electoral y la forma en que en éste se entrecruzaba el confl icto de competencias entre el Ayuntamiento, el Gobierno del Distrito Federal y el poder nacional. También en la medida en que el tribunal de la opinión pública, aquí representado por la prensa, podía o no infl uir en el desenvolvimiento de acciones políticas específi cas, y cuánto ahí se representaban posturas ideológicas distintas para fi nes pragmáticos. Finalmente, quizá, el punto donde se cruzaron ambas problemáticas: si la soberanía residía en el pueblo y su instrumento eran las elecciones, ¿por qué el “pueblo” y sus representantes decidieron anular esa herramienta?, ¿qué tan arraigada en la cultura política estaba la idea del fraude que se sintieron impotentes ante la posibilidad de que se diera? y ¿cuánto cálculo político estuvo involucrado? Porque lo que se logró con esto fue, básicamente, tener una ciudad acéfala por un año.

En lo que respecta al primer punto, es posible ver en los testimonios documentales con los que contamos para estudiar los procesos electivos,

16 He estudiado este episodio en cuanto a “motín” político en el capítulo cuarto de mi tesis doctoral, de próxima defensa en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.


que el nivel primario de cada elección era el más complicado de organizar y llevar a cabo. En el caso de la ciudad de México, los miembros del cuerpo capitalino debían nombrar ciudadanos, sin pago, para hacer las labores de empadronamiento, distribución de boletas, establecimiento de mesas y conteo de votos. Para fi nales del año que ocupa este estudio, el sistema electoral vigente para ayuntamientos en el Distrito Federal y los territorios –entidades que compartían legislación– establecía un sistema indirecto en dos grados. Esto quiere decir que los ciudadanos con derecho al voto acudirían a las urnas el día establecido para elegir un Colegio Electoral que, a su vez, elegiría a los ocho regidores y al síndico que debían renovarse en ese momento.17

Hago esta aclaración porque desde mediados de noviembre se había dado un debate interno entre el Ayuntamiento, el gobernador del Distrito Federal y el poder político nacional, representado por José María Lacunza, en ese momento ministro de Relaciones. Efectivamente, los miembros del cuerpo capitalino, alegaban que, dado que se habían llevado a cabo elecciones locales tan recientemente como julio de ese mismo año, no era necesario nombrar un nuevo Colegio Electoral y que posiblemente el mismo designado apenas unos meses atrás podría hacer los nombramientos requeridos. Tanto el gobernador Pedro María Anaya como el ministro Lacunza se negaron.18 Creo que este antecedente fue importante pieza de toque para los términos en que se daría un simultáneo debate en la prensa y la forma en que empezaron a circular rumores de un intento de manipulación de los resultados por parte de los regidores en funciones. No resulta difícil inclinarse a pensar que, en efecto, las vicisitudes que implicaba organizar de nuevo elecciones primarias animó a los capitulares a solicitar que se conservara el Colegio Electoral de julio. Tampoco resulta imposible, sin embargo, sospechar motivos distintos, vinculados quizá con la posibilidad de que los mismos electores que nombraron al Ayuntamiento en funciones, cuyos miembros eran conocidos hombres de ideas conservadoras, continuarían esta tendencia en la renovación de diciembre.

17 La ley vigente era la del 12 de julio de 1830. García Orozco (comp.), Legislación, p. 46.18 Las comunicaciones escritas entre estas dependencias de gobierno se encuentran en el ahdf, Fondo Ayuntamiento y Gobierno del Distrito Federal, Sección Elecciones Ayuntamiento, vol. 863.


Pasando al siguiente punto, debe resaltarse la preponderancia de la prensa, de indiscutible importancia para el estudio de la política en el diecinueve mexicano. Para donde volteamos los periódicos capitalinos parecen protagonizar, orquestar o, al menos, hacer visibles todas las disputas. Eran además un instrumento para difundir las actividades de las instituciones políticas. Todo esto tiene eco en la percepción que la propia prensa tenía de sí misma, la manera en que se consideraba “una ofi cina pública”19 y, por lo tanto, parte sustancial del funcionamiento de la comunidad política, donde no sólo los colegas miembros del cuerpo de publicistas podía emitir su opinión, sino que estaba abierta para todas las personas que quisieran enviar un remitido o pagar un inserto. Además, desde todos los colores del espectro de lo político se autodenominaban portadores de la voz que transmitía el sentir del pueblo de México, además de obvios cronistas de lo que ocurría en la república.

La guerra entre publicaciones a fi nales de 1849 tuvo varios tintes. Los dos principales temas fueron el propio Lucas Alamán y su rechazo a la soberanía popular, pretexto que los periódicos liberales usaron para anteponer estas ideas a la necesidad de conservación de la república y de sus instituciones basadas, justamente, en la soberanía del pueblo. Pero más allá de los editoriales y los artículos de análisis, también es posible ver intenciones informativas (y desinformativas) por parte de los distintos títulos en circulación en el momento. Por ejemplo, El Universal y otros periódicos de los que tenemos referencia indirecta, como El Tío Nonilla, publicaban constantes notas sobre los logros del Ayuntamiento de 1849 y la forma en que estaban contribuyendo al engrandecimiento no sólo de la ciudad sino del país;20 sin embargo, ni El Monitor Republicano ni el más “moderado” El Siglo Diez y Nueve reportaban sus actividades, mucho menos emitían algún juicio de valor.

En el terreno de lo ideológico y la intriga política, la “riña” periodística se dio entre El Monitor y El Universal. El Siglo Diez y Nueve se mantuvo bastante al margen hasta el momento de la suspensión de las elecciones,

19 El Monitor Republicano, 6 de noviembre de 1849.20 Desde los trabajos de “nivelación de la ciudad” (por ejemplo El Universal, 28 de noviembre de 1849), a la organización de la “exposición anual de productos nacionales” (también en El Universal, 1 de diciembre de 1849. Ahí mismo se reprodujo la nota del Tío Nonilla firmada por el Conde de la Cortina. Igualmente la citó Zamacois, Historia, t. xiii, p. 302).


cuando entonces sí tomó partido y festejó dicho acontecimiento. También tuvieron una importante participación La Palanca y El Globo, aunque de ella tenemos sólo referencias y reproducciones de algunos de sus números para este episodio.

Todo parece haber empezado con un suplemento publicado en El Monitor Republicano titulado “Don Lucas Alamán y el pueblo soberano”.21 Este primer ataque frontal contra Alamán –publicado como anónimo y al que él respondió con una demanda judicial, tras rastrear al autor– no sólo lo acusaba de ser contrario a la idea y ejercicio de la soberanía popular, sino que, al fi nal, denunciaba su responsabilidad en el asesinato de Vicente Guerrero y sugería que no podía tomar posesión de su nombramiento al Congreso, por tener un juicio pendiente. El argumento era que su absolución había sido una farsa y algunos de los magistrados –como Andrés Quintana Roo– estaban todavía interesados en continuar el procedimiento en su contra.

Como adelanté, la respuesta de Alamán no se hizo esperar y así lo publicó El Universal en una nota titulada “Denuncia”, solo tres días después de la aparición del suplemento de El Monitor.22 El Universal informaba que Alamán había iniciado una causa civil en contra de Pedro Castañeda, autor del artículo declarado ya por un juez como “difamatorio”. La noticia incluía la dirección particular del demandado y advertía la posibilidad de que se encontrara oculto para evitar el proceso. Los redactores denunciaban cómo, desde su punto de vista, algunos periodistas desenfrenados se entregaban a las pasiones, sin reparar en la forma en que con ello desmoralizaban al pueblo, y hacían quedar a los mexicanos como unos “degradados” ante los ojos del mundo. Propugnaron incluso por una legislación más severa para cuidar lo que se publicaba y sugirieron que las autoridades persiguieran a quienes escribían cualquier cosa sin reparar en la responsabilidad social que conllevaba expresar ideas ante la opinión pública.

Dos días más tarde, en respuesta a las palabras de El Universal, El Monitor Republicano publicó una columna editorial llamada “Escritos difamatorios”.23

Respondía, en particular, a la exigencia del periódico “conservador” quien le exigía una reprimenda al autor de “Lucas Alamán y el pueblo soberano”.

21 Fue publicado como un inserto en El Monitor Republicano el 1 de noviembre de 1849. 22 El Universal, 4 de noviembre de 1849.23 El Monitor Republicano, 6 de noviembre de 1849.


El editorial respondía que Pedro Castañeda no era su colega, que El Monitor tenía derecho a publicar inserciones pagadas y que, además, sus redactores contaban con todas las columnas del periódico para expresarse ellos mismos y que, por lo tanto, no necesitaban “recurrir a los suplementos ni alcances”. No entró en la discusión acerca de si las palabras de Castañeda eran o no “difamatorias”. Sin embargo, sí aclaró que El Universal no era ningún santo y que en sus páginas se habían publicado calumnias contra personajes públicos como Guillermo Prieto. Por esas calumnias, decía, El Universal había tenido que disculparse y, sin embargo, seguía llamándose “veraz, circunspecto y justo”. Unas semanas después, El Monitor publicó una nueva respuesta a la “Denuncia” de El Universal, esta vez en un inserto con el mismo formato de “Lucas Alamán y el pueblo soberano”. No queda claro si esta nueva nota titulada “Dos palabras al Universal sobre Don Lucas Alamán” fue escrita otra vez por Pedro Castañeda o no. En este inserto simplemente se reafi rma lo dicho en el del primero de noviembre. En esta ocasión, El Universal respondió sólo con una pequeña nota en su última página del 30 de noviembre de 1849, asumió la autoría de Castañeda y dijo que más adelante aclararía lo que realmente había pasado.

Este debate, telón de fondo de la suspensión electoral, fue posiblemente atizado por la publicación de una serie de artículos en El Universal intitulados “El grito de Dolores. Vindicación de la historia y de la independencia de México”.24 Esta serie presentaba la particular visión de Alamán sobre la independencia, la que conocemos por su Historia de Méjico y en la que se cuestiona el que la insurgencia de 1810 hubiera sido legítima y provechosa. Aquélla había sido una insurgencia, decía, perpetuada por “un cura de un pueblo, acusado anteriormente por sus opiniones en materia de fe”, cuyos primeros soldados fueron “criminales sacados de la prisión” y sus “primeras víctimas” los amigos del cura.25 En esta tónica en los artículos se relataban los eventos, pero principalmente se sostenía que, cuando se lleva a cabo una revolución, el gobierno que de ella surge carece de legitimidad, idea desarrollada con más profundidad en la Historia de Méjico y que toca, inclusive, al gobierno de Agustín de Iturbide.26

24 Publicados el 23, el 28 y el 30 de noviembre de 1849 en El Universal.25 El Universal, 28 de noviembre de 1849.26 Esto ha sido analizado con detenimiento por Elías Palti. Ver Palti, “Lucas Alamán”, p. 312.


Estos artículos también provocaron una acalorada reacción de El Siglo Diez y Nueve, en particular de la pluma José María Tornel. El Siglo y Tornel sufrían en el momento fuertes ataques de El Universal por el cabildeo que el primero hacía en favor de la candidatura del segundo para que quedara en el Congreso de 1850. En términos generales, el periódico de Alamán acusaba al general de ser un revolucionario profesional, dispuesto a unirse a cualquier pronunciamiento que se le presentara enfrente. El rechazo a cualquier sistema emanado de una revolución que sostenían los artículos de El Universal sobre la insurgencia de 1810, se sumaba así a las críticas a Tornel que este periódico estaba haciendo. Tornel respondió a las entregas del “Grito de Dolores” con verdadero fervor. Incluso entró en temas tan escabrosos, aun para los más “radicales” –que Tornel no lo era, claro– como la reivindicación del papel histórico del pueblo.27

Previo a las elecciones, particularmente el último día de noviembre y el primero de diciembre de 1849, aparecieron en los periódicos expresiones de preocupación sobre lo que podía ocurrir en los comicios del día 2. En realidad, según registro localizado en el Archivo Histórico del Distrito Federal, desde las semanas anteriores había empezado a expresarse cierta inquietud acerca del día de los comicios, sobre todo con respecto a la seguridad, que al parecer era un problema constante en las jornadas electorales –la inseguridad implicaba, además, un problema de competencias, pues el Ayuntamiento debía solicitar al gobernador del distrito apoyo para garantizarla. De hecho, un día antes de la fecha programada para las elecciones, Lucas Alamán envió un remitido tanto a El Universal como a El Siglo Diez y Nueve para reproducir una carta que dirigió al gobernador Anaya suplicándole se guardara el orden, sobre todo con el antecedente de que la semana anterior se había dado un alarmante enfrentamiento entre la “Policía secreta y […] algunos cuerpos de la Guardia Nacional”, un tipo de confl icto que además se venían repitiendo desde hacía algunas semanas.28

El Monitor Republicano fue notablemente más directo. En su edición del primero de diciembre publicó una sucinta nota en la que decía:

27 El artículo es titulado “Polémica. Artículos sobre el Universal”, El Siglo Diez y Nueve, 4 de diciembre de 1849.28 Tanto en El Siglo Diez y Nueve como en El Universal, 1 de diciembre de 1849.


a pesar de los manejos que los monarquistas han estado poniendo en juego para completar su obra en la nueva elección de regidores, esperemos que el pueblo no se deje engañar, y que solo nombre a ciudadanos que a su honradez unan el amor al republicanismo, la federación y la paz. Esta debe ser la orden del día, para todo el que desee nuestra prosperidad futura.29

En defi nitiva, había tensión en el aire. Incluso El Universal ese mismo día, en su sección “Notas sueltas” publicó una curiosa noticia intitulada “Elecciones del Distrito”. En lla aseguraba que un “diputado de la situación” había dicho en una “reunión de amigos y compinches, que el actual congreso nada determinará sobre las elecciones del Distrito, porque así conviene al partido a que pertenece”, y terminaba diciendo “nosotros que al pasar por la calle de Plateros en donde tenía lugar esta conversación, oímos la especie, la publicamos para el conocimiento del público”.30 Como si con esto sugiriera que había cierta inquietud en las cámaras y que la negación de un plan, posiblemente, daba cuerpo a los rumores en el aire sobre un involucramiento de parte del Poder Legislativo.

Una vez terminado el preámbulo de la suspensión, el 2 de diciembre, todos estos diarios dieron su versión del asunto. Trascendió –y esto también quedó asentado en la documentación ofi cial emitida por el Ayuntamiento– que desde la mañana del día primero se había fi jado en las esquinas “una especie de proclama” invitando al pueblo a acudir a la sesión de la cámara.31

Es decir, hubo una cierta planeación de este evento. Incluso se reportó que había corrido el rumor durante todo ese día de un posible ataque a la imprenta de El Universal.

Ya sobre los acontecimientos de la noche, hay una serie de puntos de divergencia, a la hora de relatar lo ocurrido, que resultan francamente llamativos. El principal es la cuestión de cuántos ciudadanos –y quiénes, en el sentido más general de la pregunta, es decir, qué tipo de personas eran– acudieron a la cámara a entregar la “representación” pidiendo que se 29 El Monitor Republicano, 1 de diciembre de 1849.30 El Universal, 1 de diciembre de 1849.31 Ibid., 2 de diciembre de 1849. Cabe decir que a pesar de que en el expediente del ahdf se menciona el cartel y se indica que está anexado, no se encuentra físicamente por lo que no sé a ciencia cierta qué decía. Sólo queda la opinión que de él dieron los periodistas de este diario quienes dijeron simplemente que excitaba las pasiones populares y que en él se prodigaban “furibundos mueras y amenazas feroces”.


cancelaran las elecciones. El Universal habló primero de “varios individuos”, luego reportó que se trató de 35 “hombres”, dato repetido décadas después por Niceto de Zamacois en su Historia.32 Por su lado, El Siglo Diez y Nueve –una vez más, sospechoso de dar un golpe político en su benefi cio–33 reportó la participación de “varios ciudadanos”; y El Monitor dijo que “la exposición estaba suscrita por un considerable número de ciudadanos”.34

Empecemos por la clara oposición individuos/hombres de El Universal, frente al unísono ciudadanos de los diarios liberales. Queda clara la valoración que unos y otros dieron a los involucrados en el acto. Ni hablar de que la publicación conservadora no reparó en usar califi cativos para denostar la acción, como el decir que el “populacho que inundaba las galerías”, que la iniciativa había provenido de los “enemigos del orden”,35 que aquel había sido un “día de júbilo para los revoltosos y mal intencionados”.36 Esto frente a la nota de El Monitor, intitulada “Alegría” en la que habla de cómo, después de la resolución de las cámaras, quienes habían concurrido a las galerías, “gritaron que viviera el gobierno, y que muriera D. Lucas Alamán: mucha gente decente y del pueblo, con música y cohetes recorrieron las calles de la capital”.37

El Siglo Diez y Nueve, que se mantuvo en el debate previo bastante al margen de la discusión, una vez dados los acontecimientos, sí se pronunció a favor de la iniciativa ante la cámara y de la suspensión de las elecciones. En su editorial del 5 de diciembre, emitió una interesante defensa del “derecho al representar” de los ciudadanos que acudieron al Congreso contra una “infl uencia” injusta del Ayuntamiento en las elecciones. Tal era un derecho legal. Es decir, la premisa se entendió bajo las circunstancias de lo ocurrido.38 Tan fue celebratorio el tono de esta nota y tan ilustrativo del ambiente del momento que, de su encabezado, tomé la cita que da título a

32 Lo primero el 2 de diciembre y la cifra de 35 el día 3. Zamacois, Historia, p. 313.33 El Universal, 3 de diciembre de 1849. En la primera plana de ese día, en un largo editorial titulado “Tentativas revolucionarias” se exponía que dos de los diputados que “hicieron suya” la representación eran redactores de El Siglo Diez y Nueve. No era la primera vez (1844), ni sería la última (1855) que el diario y su personal se verían implicados en movimientos político-populares de este tipo. 34 Ambos diarios del 2 de diciembre de 1849.35 El Universal, 3 de diciembre de 1849.36 Ibid., 2 de diciembre de 1849.37 El Monitor Republicano, 2 de diciembre de 1849. 38 El Siglo Diez y Nueve, 5 de diciembre de 1849.


este artículo: los monarquistas fueron derrotados y ellos son los verdaderos “anarquistas”, quienes buscaban el desorden y la desaparición del sistema.

No deja de ser llamativo que, en principio, y si seguimos a los periodistas liberales-republicanos, se haya celebrado esta ocasión con júbilo, como un triunfo para el pueblo, un triunfo de la soberanía popular. Así fue aplaudido: en la voz de unos, por haber hecho uso de su derecho a representar; en la voz de otros, por haber logrado la pervivencia del gobierno republicano. Sin embargo, hay que advertir, la paradoja de que estos logros se hayan dado a través de la suspensión de las elecciones, uno de los grandes derechos conquistados por las revoluciones liberales para la causa del pueblo soberano.

Lo anterior me lleva a pensar no tanto en el funcionamiento del sistema electoral y los problemas del voto indirecto que prevalecía entonces para la elección del ayuntamiento de la ciudad de México, sino en la percepción de la utilidad que podía tener el ejercicio de este derecho, sobre todo pensando en los manejos políticos que parece haber habido atrás de este episodio. Si la orquestación del “asalto” a estas elecciones vino de los diputados liberales o de alguien más, como sugiere Zamacois de Mariano Arista o, incluso, de José María Lacunza, de lo que fi nalmente habla todo esto es de una clase política convencida de la inminencia de un fraude, o de la poca capacidad de los ciudadanos para decidir por su mejor destino –en este caso una república representativa. Por el otro lado, si la solicitud de suspender las elecciones fue acaso una iniciativa ciudadana, también resulta profundamente desalentador, pues revela una idea acerca de los derechos políticos. Entonces surge una pregunta fundamental: la irregularidad electoral, la manipulación y el fraude desde el poder, la aplicación ad hoc de la ley, ¿formaron parte de las culturas políticas vigentes en estas primeras décadas de experiencia republicana?

Y aquí se plantea el cuestionamiento clave que cruza estas refl exiones: ¿cuánto tuvo que ver la campaña de la prensa contra Lucas Alamán en la suspensión de las elecciones? Porque, efectivamente, la prensa polemista lo presentó como el enemigo de la causa popular, el asesino del héroe insurgente, el detractor de la lucha independentista frente al tribunal de la opinión pública, justo en la antesala de la renovación del ayuntamiento capitalino. Alamán apareció entonces en las páginas de los periódicos como el


hombre que no creía en el voto, que no creía en el mandato del pueblo y que, sin embargo y de manera paradójica, vivía de los puestos obtenidos a través del voto popular. La respuesta a esta cuestión es que esa campaña pudo haber tenido un peso en los acontecimientos de principios de diciembre de 1849. El oportunismo de estas discusiones públicas en la prensa, el intercambio El Monitor- El Universal con respecto al asunto de la muerte de Guerrero y la soberanía popular, el de El Siglo- El Universal sobre la insurgencia de 1810, en las semanas anteriores a las elecciones parecen poco casuales.

El caso analizado en estas páginas parece plantearnos lo siguiente: la instrumentalidad de la prensa en este tipo de cálculos políticos, la vinculación entre facción política-publicación-puesto público, más un elemento de temporalidad exacta (por no llamarlo “madruguete”), nos presentan un bosquejo del savoir faire político, casi un manual de cómo obtener resultados a corto plazo en las altas esferas del ejercicio del poder decimonónico. La gran interrogante que los registros a la mano nos impiden despejar es qué lectura se hizo de estas polémicas en la prensa, qué visión se tenía de la utilidad de las elecciones, cómo se entendía la soberanía del pueblo, cómo se veía la relación de los ciudadanos con los representantes en las cámaras, qué percepción se tenía del alcance de una representación escrita. Es decir, cómo los ciudadanos participantes de la cosa pública se involucraron en estos procesos que leemos, quizá con cinismo, como orquestados, oportunistas y completamente ajenos a la sociedad que los sostuvo.

Fuentes referidas

Archivosahdf Archivo Histórico del Distrito Federal

HemerografíaEl Monitor Republicano, 1849El Siglo Diez y Nueve, 1849El Universal, 1849

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Conflictos políticos y prensa.El enfrentamiento por el poder gubernamental,

Campeche, 1888*

Fausta Gantús Inurreta**

Resumen

A través de un estudio de caso centrado en el confl icto poselectoral ocurrido en Campeche en 1888, mismo que condujo a la renuncia del gobernador José Ferrer, en este artículo se busca mostrar que los periódicos constituyeron el espacio que permitía a los actores políticos constituirse y organizarse como partidos y, desde sus páginas, defi nir y verifi car sus tácticas y estrategias de lucha. En este sentido, evidencia la manera en que la prensa sirvió para articular y manifestar las rivalidades entre los partidos políticos, al tiempo que evidenció también las formas en que las facciones se constituían y reconstituían en función de las alianzas estratégicas, especialmente en coyunturas electorales. En este análisis se revela cómo la prensa campechana producida en el contexto del enfrentamiento de grupos de poder local se tradujo en una fuerza que actuó y modifi có el escenario político.

Palabras clave: prensa periódica, elecciones, estrategias partidistas.

Abstract Through a case study centered on the post-electoral confl ict which occurred in Campeche in 1888, and ended in the resignation of Governor Jose Ferrer, this article attempts to show that the newspapers became a space that allowed political actors to form and

* Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto “Hacia una historia de las prácticas electorales en México, siglo xix”, financiado por el Conacyt a través de su programa de Ciencia Básica.Agradezco a Alicia Salmerón y Martha Santillán su valiosa lectura y enriquecedores comentarios a una versión preliminar de este texto.

** Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.


Introducción

En el marco de la esfera pública, durante la segunda mitad del siglo xix en México la prensa representó el más importante espacio de expresión y articulación de personas y grupos en las luchas por el control gubernamental y el poder político.1 Campeche no fue la excepción de esta dinámica. Considero que desde su erección como estado de la federación, ocurrida en 1863, y particularmente a partir del triunfo de los liberales sobre los conservadores, los periódicos fueron la arena en la que se confrontaron las principales causas y partidos personalistas que dominaron el escenario local, especialmente los dos más importantes: el garciísmo y el barandismo, por Pablo García y los hermanos Pedro y Joaquín Baranda, respectivamente.2

1 Los estudios sobre la prensa en México son amplios y diversos y se han multiplicado considerablemente en las últimas décadas. Abarcan desde estudios de caso hasta revisiones generales, permiten observar realidades locales, regionales y nacionales –y en algunos casos internacionales–, así como diferentes etapas y periodos –desde la Nueva España hasta la actualidad–. Incluyen una variada gama de temáticas: opinión pública, dinámicas políticas, mediaciones, redes, circulación, representaciones, corrientes ideológicas, personajes –los que hacen la prensa y de quienes se ocupa la misma–, los periódicos como objetos de estudio, en fin, la lista es larga. Los acercamientos se elaboran lo mismo desde la historia política, que la cultural, la social o la económica, entre muchas otras perspectivas de análisis. Por todo ello, para los fines de este artículo, resultaría muy difícil elaborar una síntesis que diera cuenta del proceso y desarrollo de la historiografía sobre el tema.2 En el caso de Campeche, prácticamente no se cuenta con estudios que aborden la historia de la prensa o indaguen sobre el papel de la misma en la historia local y los pocos existentes son básicamente recuentos, catálogos y acercamientos descriptivos o con escasa profundidad analítica. Entre los trabajos sobre el tema se cuentan las publicaciones pioneras de Juan de D. Pérez Galaz, La introducción de la imprenta en Campeche, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1942 y Reseña histórica del periodismo en Campeche, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1943. Después hay una gran laguna y en las últimas tres décadas se han producido algunas tesis de licenciatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche, han visto la luz algunos artículos en revistas de divulgación y se

organize as parties and, from its pages, to defi ne and verify tactics and strategies of combat. In this sense, it reveals that the press served to manifest and articulate the rivalry between the political parties, at the same time that it evidenced the ways in which the factions were constituted and reconstructed in function of strategic alliances, especially in electoral situations. In this analysis it is shown how the press of Campeche which developed in the context of the struggle of local power groups was transformed into a force that acted and modifi ed the political scene.


En primer lugar, es necesario señalar que a lo largo de los años los estudiosos de la prensa hemos insistido en el carácter combativo que ésta tuvo en la centuria decimonónica, hemos mostrado los vínculos entre los periódicos y los partidos políticos y hemos insistido en su importancia como órganos de expresión de los mismos. Sin embargo, vale la pena arriesgar la hipótesis de que los periódicos constituyeron, en realidad, el espacio que permitía a los actores políticos constituirse y organizarse como partidos y, desde sus páginas, defi nir y verifi car sus tácticas y estrategias de lucha, esto es, la prensa fue la cabeza misma de los partidos.

En este tenor, considero que el periodismo campechano me permite descubrir y analizar vetas y matices que amplían o profundizan en el conocimiento de la prensa, su uso, sentido y repercusiones. En efecto, a lo largo de estas páginas me propongo mostrar y demostrar, mediante un estudio de caso centrado en el año 1888, cómo la prensa campechana sirvió para articular y manifestar las rivalidades entre los partidos, al tiempo que evidenció también las maneras en que las facciones se constituían y reconstituían en función de las alianzas políticas, especialmente en coyunturas electorales. En tal sentido, me interesa seguir la pista a la forma en que a través de los periódicos se expresaron las contradicciones habidas dentro de un mismo grupo, las diferencias que las provocaban y los enfrentamientos entre los integrantes de un mismo partido.

Si bien la importancia de la prensa como objeto y actor histórico no se discute en la actualidad, en donde aún hay profundos debates entre los estudiosos es en lo que respecta al poder que los impresos periódicos tenían, en lo referente a su impacto y preponderancia, esto es, ¿en qué sentido y en qué medida podían actuar o infl uir sobre el entorno que los generaba y los sujetos a los que involucraba? En esta línea de análisis y refl exión inscribimos nuestra preocupación por revelar, y aquí radica el aporte principal de este estudio, que la prensa campechana producida en el contexto del enfrentamiento de grupos de poder local –relacionados con fuerzas regionales y nacionales, y en el marco del gobierno porfi rista que buscaba consolidar alianzas que le permitieran afi anzar su dominio–, se tradujo en una fuerza que modifi có

editó el libro de Damían E. Can Dizb, La Restauración, vocero de la vida cotidiana en Campeche durante la Intervención francesa 1864-1865, Campeche, Instituto de Cultura de Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 2002.


el escenario político. Esto es, sostenemos que la prensa sirvió a personas y grupos como instancia de presión para dar cauce a sus ambiciones y que a través de ella se consolidaron planes y estrategias de acción y que, en casos extremos, como el aquí estudiado, orilló a la toma de ciertas decisiones políticas que afectaron la vida pública, como es el caso de la renuncia del primer magistrado del estado que abordaremos en este artículo.

Así, a través del estudio de los posicionamientos y los enfrentamientos entre tres periódicos publicados en la ciudad de Campeche en el año de 1888, El Giro y La Opinión Pública, opositores, y El Estado de Campeche, ofi cialista, procuraremos analizar el papel que en esta entidad jugó la prensa como agente promotor de intereses partidistas en el marco de la búsqueda por el control gubernamental.3 Partimos del supuesto de que la prensa operó como un espacio de confrontación y expresión de la lucha facciosa y en tal sentido no pretendía tener un amplio alcance poblacional sino un acotado pero importante impacto político, que tenía como correlato la generación y proyección de ciertas ideas y opiniones sobre el imaginario de los grupos medios y, fundamentalmente, de las élites.

La situación política, los periódicos y sus redactores

Al acercarse el fi n del periodo de gobierno de Joaquín Baranda, correspondiente al cuatrienio 1883-1887, y como había sucedido en los últimos años, las elecciones volvieron a representar momentos de gran tensión en el ambiente político. Baranda, quien se desempeñaba también como ministro de justicia en el gabinete de Porfi rio Díaz, había sido sustituido de manera interina por Juan Montalvo y Baranda durante la mayor parte del tiempo de su mandato, ambos personajes estaban unidos por lazos de interés y, especialmente, de sangre.

Durante la administración de Montalvo se habían recrudecido las diferencias políticas con el grupo conformado por Eduardo Berrón Barret y otros personajes como Marcelino Castilla, ex gobernador ligado al barandismo antes de su ascenso al poder y que, una vez en la gubernatura,

3 Si bien en el trabajo recurriremos a otros periódicos, tanto de la entidad como de otros lugares, el acento está puesto en el discurso y posicionamiento de los títulos apuntados.


rompió sus lazos y formó su propio partido personalista; y Prudencio Rosado, íntimamente asociado con la fi gura de Castilla, además de Felipe Guerrero, Eduardo Baqueiro y, presumiblemente, un barandista de larga data, Salvador Dondé. Los confl ictos con Berrón detonaron en 1886, en el marco del proceso electoral de junio para renovar la legislatura estatal. Paralelamente, tuvo lugar un levantamiento armado, en el que los sublevados atacaron el arsenal naval resguardado en el poblado de Lerma, en las inmediaciones de la capital. Aunque algunos historiadores señalan que tal movimiento aparentemente no tuvo relación con las elecciones, se supuso que al mismo estuvieron ligados Berrón y Castilla.4 Poco antes, Berrón Barret también se había pronunciado en contra del gobierno de Juan Montalvo, acusándole de infame y arbitrario a través de algunos impresos publicados en la ciudad de Mérida, en el vecino estado de Yucatán.

En 1887 la fi gura de Baranda y el partido barandista dominaban el ambiente local, aunque en un escenario no exento de oposición que provocaba constantes inquietudes y cierta inestabilidad política. Los cuestionados comicios dieron el triunfo a Pedro Montalvo, sobrino del anterior gobernador, pero renunció a los pocos días argumentando problemas de salud que le impedían cumplir con el desempeño del cargo y tuvo que celebrarse un nuevo proceso. Desconocemos si efectivamente una afección le impidió asumir sus funciones, pero es probable que en realidad hayan sido factores políticos que involucraran a los gobiernos estatal y federal los que determinaran su renuncia. La siguiente elección para ocupar el puesto para el periodo 1887 a 1891, fue ganada por José Trinidad Ferrer, médico de profesión, considerado como un personaje situado al margen de los intereses de los dos partidos dominantes, de quien se esperaba que lograra armonizar las diferencias y mantener el equilibrio y la paz en la entidad. Sin embargo, se produjeron diferencias entre Ferrer y el partido barandista y debido a las presiones que este grupo desplegó en el ámbito político y en el periodístico el gobernador se vio obligado a renunciar el 24 de abril de 1888, tras siete meses de gestión.5

Para el mes de abril de 1888, cuatro periódicos dominaban la escena

4 Sobre el caso pueden consultarse Negrín Muñoz, Campeche, p. 210.5 Lo sustituyó Onecíforo Durán, quien gobernó durante algunos meses y organizó las siguientes elecciones.


local; situados del lado del gobierno se encontraban el Periódico Ofi cial y El Estado de Campeche; como críticos u opositores estaban La Opinión Pública y El Giro. Para los fi nes de este análisis sólo nos ocuparemos de tres de ellos, dejando de lado al primero, el Periódico Ofi cial, por estimar que su labor estaba de antemano determinada por su condición de órgano ofi cial del gobierno, lo que lo obligaba a la defensa a ultranza de las autoridades. Los otros periódicos ofrecen, en cambio, la posibilidad de seguir los vaivenes de la política local, los posicionamientos de personas y grupos, así como la discusión de los temas que dominaban en la agenda pública.

En primer término, ligado al ofi cialismo, asumiendo la defensa de José Ferrer y su administración, se encontraba el periódico El Estado de Campeche, que se anunciaba como un “Semanario de política y variedades” y se declaraba el órgano del Partido Liberal Porfi rista. Impreso en gran formato, se publicaba los domingos y se imprimía en la tipografía “El Fénix” de José María Marcín. Sus redactores eran Juan H. Brito, Rafael Perera E., Prudencio P. Rosado y Eduardo Heredia Lapierre. En el último mes del gobierno de Ferrer las páginas de esta publicación sirvieron para defender la actuación del mandatario y contestar los ataques de la prensa opositora.

En el lado de la oposición al gobierno estudiaremos a La Opinión Pública, que se defi nía como un “Periódico político y literario”, el cual constituía el órgano del Partido Liberal del Estado de Campeche. Impreso en gran formato, se publicaba semanalmente y se imprimía en la tipografía Comercio 68. Su redactor fi rmaba como “El Novelo”, seudónimo detrás del cual se encontraba Enrique Novelo. De los demás miembros del equipo de redacción no tenemos ninguna información. Con gran ahínco desde las páginas de este semanario se efectuó una crítica tenaz en contra de la administración de Ferrer y de quienes se estimaban sus aliados en tanto se elaboraba la defensa y exaltación del barandismo y, en especial, de Joaquín Baranda. Este periódico asumía el mismo nombre que el de una publicación que había surgido años atrás, en 1881, durante la administración de Arturo Shiels, y había estado destinada a la crítica del régimen gubernamental y, en especial, a la del pasado régimen castillista.6

El otro periódico opositor al gobierno de José Ferrer, y objeto central

6 Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, p. 165.


de nuestro interés, fue El Giro, que se pretendía un “Periódico político y de variedades”, impreso en formato pequeño, se publicaba los domingos y se imprimía también en la tipografía Comercio 68. Como sus redactores aparecían Roberto Medina Jiménez y Antonio Cárdenas Valladares. Surgió con una fi nalidad muy clara, la de presionar al gobierno de Ferrer para obligarlo a renunciar y a ello dedicó sus escasos cuatro números, publicados en el mes de abril de 1888. En sus páginas, como en las de La Opinión Pública, se hizo el elogio de los hermanos Baranda –Pedro y Joaquín– y se destacaron los méritos, importancia e infl uencia del partido barandista en el estado. Como solía suceder en la prensa, los redactores de El Giro se asumían como los defensores y la voz del pueblo.7 Este pequeño semanario combinaba en sus páginas la crítica razonada con la satírica.

Respecto de los redactores de los periódicos destaca el hecho de que algunos son personajes conocidos, con trayectoria anterior o posterior a su participación en la prensa, en tanto que de otros apenas se tienen escasos datos. Juan H. Brito en 1886 formó parte del equipo que dirigía el periódico El Sarpullido, cuyo objetivo al parecer era hacer crítica al gobierno de Juan Montalvo, en esa empresa compartió la dirección con Rafael Perera y entre sus redactores se encontraba Eduardo Heredia Lapierre, al lado de quienes colaboraría dos años más tarde en El Estado de Campeche haciendo la defensa del gobierno de José Ferrer. Por su parte Prudencio P. Rosado, ligado a Manuel Castilla, quien tras dejar la gubernatura ordenó las cosas para que pudiera sustituirlo de manera interina en 1880, se desempeñó también como presidente de los Tribunales de Justicia. Si bien en 1888 colaboró en la redacción de El Estado de Campeche que apoyaba al gobierno de Ferrer y denostaba al barandismo, tan sólo cuatro años más tarde, en 1892, como integrante del “Club 2 de Abril”, suscribiría el voto de gracia que esta agrupación otorgaría a la denominación de la capital del estado como “Campeche de Baranda”8 y participaría como orador, en representación del

7 El Giro, 8 de abril de 1888.8 En 1892, tras la muerte de Pedro Baranda, militar y político de gran influencia en el ámbito local y nacional y uno de los principales caudillos en el proceso de erección del estado de Campeche, para rendirle homenaje en el seno del congreso se promovió la iniciativa para denominar a la capital de la entidad como “Campeche de Baranda”. Sobre el tema véase Raúl Pavón Abreu (recop.), Documentos relativos a la denominación de “Campeche de Baranda”, Campeche, H. Ayuntamiento de Campeche, 1991.


H. Ayuntamiento, en la ceremonia para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento de Pedro Baranda efectuada en 1893. Algo similar ocurrió con Eduardo Heredia Lapierre quien en 1892, como integrante de la misma organización, el “Club 2 de Abril”, en la sección correspondiente al Carmen, suscribió el referido voto.

En el lado de los redactores barandistas destaca Enrique Novelo9

quien, a partir de su incursión periodística en La Opinión Pública, participó activamente en la vida política y administrativa de la entidad. Desde las páginas de su publicación hizo franca oposición al gobierno de Ferrer al tiempo que defendía al partido de los Baranda. Un par de décadas más tarde, entre 1901 y 1902 dirigió el Periódico Ofi cial del Estado. Entre 1890 y 1900 ocupó diversos cargos públicos en el Ayuntamiento (séptimo regidor, 1890; segundo regidor, 1891; síndico, 1892-1898; y presidente, 1899-1900); fue diputado por el partido de El Carmen en tres ocasiones, de 1890 a 1896 y en dos por el de Campeche, de 1896 a 1900, sumando un total de cinco participaciones en el recinto legislativo. En 1892, como miembro del Congreso, fi rmó el dictamen y el decreto mediante el cual la capital del estado sería denominada “Campeche de Baranda”. Se desempeñó como jefe político del Partido de Campeche de 1900 a 1901. Confl ictos políticos derivados del regreso del garciísmo al poder lo obligaron a abandonar el estado, por lo que se trasladó a la ciudad de Mérida donde falleció años más tarde.

De los redactores de El Giro se sabe poco, pero es importante el dato sobre Antonio Cárdenas Valladares quien dos años atrás, en 1886, formó parte del cuerpo de redacción del periódico El Sarpullido, desde cuyas páginas se atacaba a la administración montalvista fuertemente ligada al barandismo. Sin embargo, en 1888 hizo oposición al gobierno de José Ferrer y a sus antiguos camaradas, Juan H. Brito, Rafael Perera y Eduardo Heredia, defendiendo al partido de los Baranda. De Roberto Medina Jiménez sólo se conoce su participación en este semanario y el hecho de que durante esta aventura periodística se desempeñaba como jefe de la Biblioteca del Estado.10

9 Nació en Ciudad del Carmen, Campeche. En 1888 obtuvo el grado de doctor en medicina por el Instituto Campechano, donde posteriormente impartió cátedra. Fue autor del Himno Campechano.10 El Estado de Campeche, 15 de abril de 1888.


Como podemos observar en este breve acercamiento a estos personajes del periodismo local, las posiciones políticas estuvieron marcadas, en muchas ocasiones, por el continuo movimiento de fi liaciones. Así las lealtades se modifi caban y los autores se adscribían a uno u otro bando, asumiendo la defensa de quien antes atacaran o viceversa. Lo que resulta evidente es que el escenario político era un mosaico complejo, saturado de matices, en el que se ponían en locución intereses varios, compromisos diversos, pasiones y presiones, negociaciones y acuerdos, en fi n, una gama amplia de procederes que es necesario considerar para comprender las dinámicas políticas y a sus actores.

La elección de Ferrer y la prensa local

La disputa por el proceso electoral de 1887 representó una interesante coyuntura de la política local. Daniel Cosío Villegas señala que el triunfo de Ferrer fue obra de Porfi rio Díaz en su pretensión de dominar la política de toda la geografía nacional y arrebatarle el control de la entidad a Joaquín Baranda.11 Sin embargo, ¿cómo se explicaría que contando con el apoyo de Díaz, Ferrer se viera obligado a renunciar a los pocos meses de iniciada su gestión? ¿Sería, en todo caso, una muestra de que el poder del presidente, pese a la elaboración historiográfi ca tradicional que destaca la omnipresencia de Díaz, tenía límites cuando pretendía imponerse a dinámicas locales bien establecidas y, en este sentido, el éxito del barandismo sobre Ferrer constituiría una clara derrota del poder federal? Si bien no se podrá dar respuesta en este trabajo a este cuestionamiento, porque no cuento con los elementos necesarios para ello, queda apuntada la hipótesis de que los sucesos ocurridos en la coyuntura electoral de 1887-1888, incluidas las renuncias de dos gobernadores, fue algo más que un simple enfrentamiento entre grupos locales. En efecto, considero que este episodio enmascara el enfrentamiento entre el poder central y los poderes regionales en el marco de las defi niciones y redefi niciones del federalismo y que constituye también un ejemplo de las tácticas y las estrategias desplegadas por los distintos grupos y actores involucrados en el afán de imponer sus ambiciones y proyectos y hacerse del control político y gubernamental. 11 Cosío Villegas, Historia, p. 53.


En el análisis de las fuerzas políticas que condujeron a Ferrer a la gubernatura, a favor de la opinión de Cosío Villegas abona el hecho de que varios periódicos yucatecos se dieran a la tarea de defender la causa del nuevo gobernador, aunque ese factor tampoco resulta extraño si se considera que desde hacía algunos años el Médico residía en la capital yucateca, donde había sido elegido para representar a la entidad como senador en 1886.12 Por otra parte, el hecho de que la prensa yucateca se ocupara de los vaivenes de la política campechana no era novedoso, así había ocurrido desde la separación13 y había continuado durante el barandismo, como muestra valga recordar que en 1878, La Revista de Mérida criticaba la intervención del gobierno de Castilla en el proceso electoral.14 Más importante aún, la prensa yucateca estaba interesada en todo lo relativo al barandismo pues con el ascenso y consolidación de la fi gura de Joaquín Baranda, en su calidad de ministro del gabinete presidencial, era sabido que su voz, y la de algunos de sus parientes, era escuchada por el general Díaz cuando de un asunto de la política peninsular se trataba.15 La posición magisterial de Baranda provocaba que la misma prensa capitalina participara del juego de la política local–campechana–, su persona y su ascendente sobre la vida peninsular fueron objeto de constantes notas, caricaturas y artículos periodísticos a todo lo largo de la etapa en la que estuvo en el poder.16

Para el historiador Negrín Muñoz, fue la legislatura local la que le puso difi cultades a Ferrer, negándole reconocimiento a las designaciones por él realizadas, al tiempo que lo estigmatizaba como un “gobernante ajeno a las verdaderas aspiraciones de los campechanos”.17 En este sentido, las acciones

12 Tomado de La Letra de Cambio, periódico yucateco, y reproducido por El Estado de Campeche, 15 de abril de 1888.13 Tras la independencia, Campeche perteneció al estado de Yucatán hasta 1857 cuando tuvo lugar un movimiento electoral que devino separatista y que con el apoyo de Benito Juárez se consolidó en 1863 gracias al decreto presidencial ratificado por el Congreso. Sierra, Gantús, Villanueva, Campeche, pp. 140-14114 La Nueva Era, 18 de junio de 1878, citado en Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, p. 159.15 “De 1882 a 1901, la decisión política de los asuntos de Yucatán, Tabasco y Campeche, fueron consultados a Don Joaquín, dada su preponderante situación con el viejo dictador”. Trejo, Quintana y Sandoval, Historia, p. 136.16 Desde antaño, en 1878, El Monitor Republicano tomaba partido a favor de Baranda y hacía la crítica al régimen de Castilla en tanto el Diario Oficial de la República, desde la trinchera contraria, defendía al gobierno. En 1881, desde las páginas de La República, Ignacio Manuel Altamirano se ocupaba de analizar la política local, en particular lo referente a la impartición de justicia. Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, pp. 158 y 168.17 Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, p. 179.


emprendidas por el Congreso en contra de la administración del gobernador pueden ser entendidas como la clara expresión de las diferencias partidistas pues en el recinto legislativo dominaba la presencia de los barandistas. Así lo confi rma El Giro, tratando otro tema, cuando asienta que “la H. Legislatura [está] (compuesta de Barandistas)”.18 Así cobraría sentido lo apuntado en el Periódico Ofi cial respecto a que el gobernador Ferrer se había visto obligado a renunciar “por no haber podido vencer las resistencias que [le habían] opuesto”.19

De otro lado, el seguimiento de la prensa de la época permite observar que a Ferrer se le consideraba, por una parte, como un personaje situado al margen de los dos principales partidos políticos, el liberal porfi rista, y el liberal del estado de Campeche o barandista, y, por lo mismo, su candidatura representó la posibilidad de un acuerdo mínimo entre ambos grupos, así lo estimaban los redactores del periódico yucateco La Letra de Cambio y lo repetían los ofi cialistas de El Estado de Campeche cuando afi rmaban que:

Procediose á nueva elección de Gobernador y todos creyeron que se presentaría otra lucha; pero los dos partidos que contendieron en la anterior, sin fusionarse, escogieron por candidato al Sr. Ferrer, como el más apropósito para conciliar los ánimos bastante exaltados por desgracia. Electo Gobernador por unanimidad de votos, dos comisiones compuestas de personas muy respetables de los bandos que se hicieron cruda guerra cuando la elección del Sr. Montalvo, pasaron á esta ciudad con el objeto de llevar al Sr. Ferrer á tomar posesión de su alto destino. Cada uno de los dos bandos quedó con la creencia de que el nuevo Gobernador le debía su elevación al Poder.20

El Giro, periódico situado del lado del barandismo y en franca campaña opositora al gobierno de Ferrer, le reclamaba el haber estado íntimamente ligado al partido barandista al momento de su ascenso al Poder Ejecutivo y haberlo traicionado al llegar al mismo:

Nos parece una ilusión. Nos parece un sueño estar viendo que el hombre

18 El semanario atacaba a uno de los redactores de El Estado de Campeche evidenciando que había solicitado a ese órgano la dispensa de derechos. El Giro, 22 de abril de 1888.19 Periódico Oficial, 24 de abril de 1888. 20 Tomado de La Letra de Cambio, periódico yucateco, y reproducido por El Estado de Campeche, 15 de abril de 1888.


que ayer era amigo leal y sincero, sea capaz hoy de olvidar su credo político y sacrifi car a sus amigos en el altar de su presunción y deslealtad. Las personas de quienes ha recibido solamente benefi cios, quienes le mataron el hambre y lo salvaron de la miseria no encuentran en él sino al verdugo?

Hoy comprendemos perfectamente que su única mira consistía en ser Gobernador […] porque apenas vio realizada su aspiración se olvidó de los compromisos adquiridos y de la mucha gratitud que debía profesar a los Sres. Baranda.21

Y otros más, también desde la oposición, como El Eco del Comercio, de Mérida, y La Opinión Pública, asumían también que era al barandismo a quien debía Ferrer su asunción a la gubernatura:

pues considerándolo amigo de los Sres. Baranda, con buenos sentimientos, […] considerando, digo, que el Doctor estaba inspirado en esos sentimientos, bastó la indicación que el Sr. Gral. Baranda hizo, para que nos fi járamos en él para elegirlo gobernador, para que ese gran partido á una voz lo proclamara.22

Ello explicaría las ligas de Ferrer con el barandismo, o al menos con cierto sector de él, como puede colegirse del hecho de haber conservado en sus puestos a funcionarios abiertamente asociados con ese partido.

Lo que resulta claro de esta discusión es que el papel que desempeñaba la prensa y los argumentos que se esgrimían en la lucha facciosa eran los mismos que los usados desde años atrás, de los cuales se había valido repetidamente el barandismo. En efecto, cuando en 1877 Marcelino Castilla rompió con Joaquín Baranda, los periódicos afectos a este último se dieron a la tarea de señalar que a él debía su ascenso al poder, al tiempo que desestimaban la fuerza del nuevo partido castillista y descalifi caban sus acciones, así lo hacía en 1878 La Revista de Mérida y lo repetía La Nueva Era de Campeche.23 Cabe destacar que el hecho de que la crítica se hiciera fuera de la entidad y se retomara en los periódicos locales, constituía muy probablemente una estrategia para legitimar el argumento.

21 El Giro, 8 de abril de 1888. Cursivas en el original.22 Tomado de El Eco del Comercio y reproducido por La Opinión Pública, 1 de abril de 1888.23 La Nueva Era, 18 de junio de 1878.


¿Quiénes son los porfi ristas auténticos?

Otro punto de la discusión entablada entre los tres miembros de la prensa campechana, de los que nos venimos ocupando, en la difícil coyuntura de marzo-abril de 1888, lo constituyó el tema de la auténtica militancia porfi rista. Si bien los tres periódicos se encontraban confrontados en lo relativo a los intereses de la política local, en cambio coincidían en su alineación con la política federal porfi riana apoyando la candidatura de Díaz para la Presidencia de la República. En especial La Opinión Pública y El Estado de Campeche se esforzarían por mostrarse afectísimos seguidores del general,24 el primero lo llamaría “progresista y benemérito general”,25 en tanto el segundo lo denominaría “valiente caudillo de la libertad, benemérito general”. Ninguno de los tres mencionaría el hecho de que se trataba de una reelección con lo cual el caudillo violentaba y traicionaba las bases del Plan de Tuxtepec y del triunfo revolucionario.

En efecto, no sólo apoyaban sin ambages ni críticas la candidatura de Díaz sino que a través de las páginas de sus publicaciones ambos grupos se disputaban también la legitimidad de su fi liación porfi rista. La Opinión Pública diría de los redactores y colaboradores de El Estado de Campeche que eran porfi ristas de reciente conversión y, especialmente, denunciaría que sus manifestaciones de adhesión eran “falsas demostraciones de simpatía que á última hora y por fi nes meramente particulares y bien conocidos se han determinado á hacer al Benemérito Sr. Gral. Díaz”.26 Y agregaba que ellos y los miembros del “Club liberal porfi rista de Campeche”,27 al que pertenecían Eduardo Berrón y Salvador Dondé, entre otros, tenían poco

24 En cada número, bajo el encabezado, se insertaba la leyenda: “‘La Opinión Pública’, órgano del Partido Liberal del Estado de Campeche, postula para presidente de la República en el próximo cuatrienio, al Progresista y Benemérito General Porfirio Díaz”. La Opinión Pública, véanse, 28 de marzo, 1, 10 y 17 de abril de 1888.25 En cada número aparecía la leyenda, “‘El Estado de Campeche’, órgano del partido liberal-porfirista, interpretando la opinión del pueblo, postula para Presidente de la República en el próximo cuatrienio al valiente caudillo de la libertad, benemérito general Porfirio Díaz”. El Estado de Campeche, véanse 25 de marzo, 2, 8, 15 y 22 de abril de 1888.26 La Opinión Pública, 27 de marzo de 1888.27 La mesa directiva del Club Liberal Porfirista de Campeche estaba integrada por Salvador Dondé, como presidente, Eduardo Berrón B., como vicepresidente, Adolfo Alomía G., secretario, Rafael Perera E., Prosecretario, Juan de la Cabada Campos, vocal primero, Eduardo Lavalle, vocal segundo, y Policarpo Sales, tesorero. El Estado de Campeche, 25 de marzo de 1888.


de liberales y menos de porfi ristas.28 Y para cerrar el círculo reclamaba a El Estado de Campeche que “alardea de ser porfi rista neto y disputa á sus contrarios la pluma del porfi rismo” pero al mismo tiempo, “al hacerlo, lastima á personas que al lado del General Díaz, gozan de gran confi anza y elevadísimas consideraciones”, aludiendo así a sus ataques en contra de Baranda. Continuaba señalándoles al periódico y al gobernador: “¿Creen Ferrer y su círculo acabado de sacar de la nada, que van á marcar al Gral. Díaz con sus protestas de amor que carecen de antecedentes?” Y concluía advirtiéndoles “¿Creen que van á inmortalizarse porque son reeleccionistas, ahora que por fortuna para la República, la reelección es un hecho? No es tan cándido D. Porfi rio, que sabe muy bien quiénes son los leales y quiénes son los oportunistas que le queman incienso para obtener ventajas personales”.29

Por su parte los redactores de El Estado de Campeche responderían a los de La Opinión Pública recordando viejas fi liaciones y posicionamientos políticos al señalar que:

El partido político que hoy representamos está compuesto en su totalidad de aquellos individuos que secundaron en este Estado el levantamiento de Tuxtepec en contra del gobierno Lerdista, representado en esta entidad por el partido barandista. Recuerde el colega que el Sr. Baranda se negó a reconocer el Plan de Tuxtepec, y, sepa también, por si lo ignora, que el Sr. Baranda era simpatizador de aquella celebérrima contra-revolución fraguada con el objeto de oponerse al Sr. General Porfi rio Díaz.30

A estas acusaciones sobre la legitimidad de la militancia porfi rista de Joaquín Baranda retrucaría La Opinión Pública:

Censura Ferrer en su periódico con frases rudísimas y llenas de veneno al Sr. Ministro Baranda, porque siendo Gobernador de Campeche en tiempo del Sr.

28 “El primero de dichos Sres. ha partido últimamente para la capital de la República, con el carácter de portapliegos de la reunión que se ha dado en llamar ‘Club Liberal Porfirista de Campeche’ y que tiene tanto de liberal y porfirista, como nosotros de reaccionarios ó de Chinos”. La Opinión Pública, 27 de marzo de 1888. 29 La Opinión Pública, 17 de abril de 1888.30 El Estado de Campeche, 2 de abril de 1888.


Lerdo, combatió con todas sus fuerzas á la revolución porfi rista y defendió heroicamente al gobierno con quien estaba ligado por vínculos de amistad y deberes de política. Esta conducta la encuentra Ferrer extraña y censurable, porque en su organización fi siológica no residen los elementos de la lealtad: porque si hoy se levantara contra D. Porfi rio una revolución tan poderosa como fué la de Tuxtepec, en vez de hundirse con D. Porfi rio, se pronunciaría en favor de los revolucionarios. Esta consecuencia que sacamos, se deduce lógicamente de la increpación que, por haber sido lerdista leal y viril se hace á D. Joaquín Baranda.31

La encarnada lucha entre los grupos por demostrar la autenticidad de su fi liación porfi rista delata dos cosas. Por un lado, la importancia que la política centralista tenía sobre el federalismo, al tiempo que constata que para entonces la cercanía con Díaz se consideraba un elemento fundamental en la defi nición de los pesos y contrapesos locales; por el otro, sirve de pretexto para el ataque mutuo, para exhibir los errores de los enemigos y exaltar las virtudes de los propios, trasluciendo las redes de intereses que dominaban en el escenario de la política local.

El juego político para derrocar a un gobernante

El recurso de valerse de la prensa para hacer política, atacar enemigos, exaltar amigos, fue una recurrente en la vida pública campechana; cuando en 1888 Baranda y sus partidarios crearon nuevos y se valieron de los viejos periódicos para atacar al gobierno de Ferrer ya tenían experiencia en esa labor. En efecto, una década atrás, en 1877, cuando Marcelino Castilla accedió al gobierno del Estado y rompió sus nexos con el barandismo creando su propio partido personalista, el castillismo, “los personeros de don Joaquín no cesaron en sus críticas, ataques personales y aun sublevaciones contra el nuevo régimen. […] Como en el pasado, los confl ictos que enfrentó don Marcelino ocurrieron en periodos de acción electoral y como en el pasado, se discutieron a través de notas pagadas en los periódicos de la capital del país, de Mérida y de la propia ciudad amurallada”.32

31 La Opinión Pública, 17 de abril de 1888.32 Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, p.157.


En la nueva coyuntura los viejos métodos volverían a aplicarse con éxito. En efecto, en el último mes de su administración al gobierno de Ferrer le hicieron una feroz oposición los periódicos barandistas El Giro y La Opinión Pública, con la fi nalidad, velada o abierta, de servir de elementos de presión para obligarlo a renunciar.

Cualquier asunto del pasado o del presente, cualquier elemento personal o partidista que pudiera servir para atacar a los del bando contrario era usado en la guerra periodística. En ese contexto, en el enfrentamiento que en 1888 libraban a través de la prensa los grupos rivales salió a relucir un suceso ocurrido un par de años atrás, en 1886, en razón de que al gobernador se le ligaba con miembros del grupo que en aquel momento hacían la oposición al gobierno de Montalvo y que estuvieron detrás del movimiento. En junio de aquel año, los confl ictos electorales con motivo de la renovación de la legislatura estatal provocaron que se exaltaran los ánimos y se presentaran hechos violentos, la oposición denunciaba que la propaganda de sus candidatos era arrancada por gente del gobierno, en tanto las autoridades señalaban que los opositores se valían de la aplicación de acciones fraudulentas.

El otro desorden [el primero fue una protesta por la moneda del níquel], acaecido el 6 de Junio del año pasado [1886], y al cual le dieron con meditada exageración proporciones de una gran revolución, no fue más que una locura de unos cuantos (de los muchos descontentos del Gobierno) que en su afán de contrarrestar los elementos que dicho Gobierno tenía preparados para ganar por la fuerza ese día la elección, necesitaban una arma para su defensa y se la fueron a proporcionar acometiendo sigilosamente el arsenal de Lerma. Este incidente, que nosotros somos los primeros en condenar, pero del cual estaban ajenos los principales opositores que vivían en la ciudad, presentó a los directores del Sr. Montalvo [alude a los hermanos Baranda] la mejor oportunidad para pintar a aquellos a los del Gobierno general como sus implacables enemigos, y les brindó un buen pretexto para perseguirlos y encarcelarlos.33

En efecto, las cosas llegaron a su extremo más radical cuando ocurrió el

33 Romero, El Señor, p. 23.


levantamiento armado, con el que se relacionó a personajes como Berrón, Rosado y Castilla, todos contrarios al barandismo y que fue conocida como la rebelión del arsenal, los inconformes tomaron el poblado de Lerma asaltando el “depósito de armas y pertrechos de guerra del arsenal naval”.34 Si, como señala Romero, en el momento en que tuvieron lugar, las autoridades se valieron de ese suceso para perseguir y encarcelar a sus opositores, ahora, en el marco de la presente confrontación, les servía de fundamento para desestimar la honorabilidad y credibilidad de sus oponentes.

Bajo el título de “El escándalo de anoche”, los redactores de La Opinión Pública aprovechaban para sacar a colación el tema y señalar los nexos del gobernador con ese grupo, de tal suerte que parecía que el doctor Ferrer era cómplice de los desmanes que, supuestamente, aquéllos protagonizaban bajo la protección de su administración:

Con el pretexto de las fi estas que deben tener efecto mañana en celebración del glorioso asalto de Puebla, reuniéronse en la casa del Sr. Berrón todos aquellos pájaros que hicieron su botín en el “Arsenal Porfi rio Díaz” y los demás que forman la comparsa Berrón-Dondé. Se ignora que clase de conciliábulo hubo allí; pero lo que sí se publicó fue el estado de embriaguez en que recorrieron las calles de la ciudad esos bichos, hasta altas horas de la noche, alarmando á las familias con sus gritos salvajes.

Es seguro que el buen Doctor supo lo ocurrido y no obstante la Sra. Policía… pues, ni se movió.

¿Estarían de acuerdo?35

De esa forma se procuraba exhibir a esos personajes como proclives a los desmanes y las prácticas subversivas contrarias al orden constitucional y moral. Y mayor era la descalifi cación cuando se insinuaba que se usaba la conmemoración del 2 de abril, batalla que hiciera célebre a Díaz, como pretexto para cometer excesos relacionados con la ingesta de alcohol. En igual tenor, el mismo suceso les servía a los barandistas para cuestionar la autenticidad del posicionamiento político asumido por los miembros

34 Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, p. 176.35 La Opinión Pública, 1 de abril de 1888.


del grupo opositor: “¿Son porfi ristas los que hace poco más de un año asaltaron el ‘Arsenal Porfi rio Díaz’ y se entregaron á actos de vandalismo que los pusieron bajo la acción de los tribunales?”36 En síntesis, el objetivo era generar la idea de que aquellos hombres no conocían el respeto a la ley ni a las autoridades de ningún orden, que sólo los movía el interés personal y su deseo de obtener el control del estado.

En la misma línea, parte de la estrategia para confrontar al partido contrario era cuestionar a sus miembros, de tal suerte que resultaban comunes los ataques a los correligionarios opositores. Tomemos como ejemplo el caso de Salvador Dondé, de vieja fi liación barandista, resultó electo senador por Yucatán en 1886, con ello, y su larga trayectoria política, se perfi laba como uno de los más fuertes candidatos para suceder a Baranda en el gobierno del estado. Pero no fue así, en su lugar se optó por apoyar a Pedro Montalvo. Al parecer éste fue el motivo que llevó a Dondé a aliarse con Berrón en 1888 para formar un nuevo partido y defender el gobierno de Ferrer. Así lo dejaban ver los redactores de La Opinión Pública, cuando afi rmaban que:

los fi nes ostensibles de los Sres. Dondé y socios son bastante claros para esta sociedad: el oculto de D. Salvador tal vez no se haya traspirado, pero nosotros afi rmamos sin vacilar que no puede ser otro que el de pescar una credencial de Diputado ó Senador, ya que no pudo atrapar el Poder Ejecutivo de este Estado. Al tener esa pretensión, está en su derecho.37

Procurando exhibirlo como un individuo movido solamente por la ambición de obtener un cargo público, se buscaba poner en entredicho la honorabilidad de la acción política del propio Dondé, así como del grupo opositor al que se le asociaba.

Otros temas que se sacaron a relucir para demeritar a Ferrer fue, por una parte, el de cuestionar su calidad de ciudadano y, por otra, el de recordar su colaboración con el imperio francés. En el caso de la política tratada y discutida a través de la prensa, la problemática en ocasiones rebasaba los límites territoriales del estado y se involucraban en la discusión algunos

36 La Opinión Pública, 17 de abril de 1888.37 Ibid., 27 de marzo de 1888.


miembros de la prensa yucateca, integrada por representantes del sector oligárquico siempre ligado a los intereses campechanos, tal es el caso, por ejemplo, de La Reelección. A los planteamientos que hicieron los redactores de La Opinión Pública a los de El Estado de Campeche cuestionando “si el Sr. Ferrer se había rehabilitado de los derechos de ciudadano mexicano por haber obtenido el empleo de Cónsul y una carta de súbdito español”, los de La Reelección respondieron en defensa del gobernador y, sin proponérselo, ofrecieron nuevas armas a sus adversarios al aclarar “que el Sr. Doctor Ferrer sirvió en la época del llamado imperio en su profesión de médico”.38 Ese argumento sirvió para que el periódico barandista contraatacara señalando que con esa afi rmación “se ha venido á aclarar, que si no carece de los derechos de ciudadano posee el título de traidor á la patria”. Y sostenían:

Porque ¿qué otro califi cativo pueden dar nuestros antagonistas al que ha coadyuvado á la cimentación del gobierno de la corona, con cuyo peso inclinó el águila del Anáhuac su altiva cabeza?

Por más que se nos pretenda sostener, que ‘el sacerdocio de la medicina no tiene vallas y que el que es apostol de ella no renuncia en ningún caso prestar sus servicios humanitarios,’ es completamente inverosímil, porque el contingente pedido al Sr. Ferrer por el Gobierno imperial, no fue por motivos de epidemia, ni extraordinarios, sino en tiempos normales en que como otros muchos médicos, podía no haber accedido, ni aceptado.

Esto es, en el concepto de que hubiese sido llamado y obligado; pero no fue así, sino que él solicitó colocarse para percibir alguna asignación y por su afi ción á aquel dominio efímero.39

Y para rematar su diatriba en contra de Ferrer y reafi rmar su poco apego al liberalismo y al republicanismo y destacar sus nexos con el imperio, afi rmaban:

El Sr. Ferrer era afi cionado al imperio, como hemos dicho antes, por cuyo motivo no rehusó servir y sirvió con gusto y satisfacción.

Nosotros que conocemos muy de cerca al actual Gobernador de Campeche

38 Ibid., 27 de marzo de 1888.39 Idem.


y hemos oído expresar sus verdaderos sentimientos, podemos afi rmar, que la corona imperial le agrada; que la palabra libertad le choca y que como han dicho los señores redactores de “La Reelección” en su declaración franca, condenatoria y ofi ciosa, es, por sus antecedentes, traidor á la patria.40

El tema de la inhabilidad política por haber colaborado con el régimen imperial fue un argumento muy socorrido en la guerra de facciones. En su momento sirvió al gobernador Pablo García para anular elecciones y deponer funcionarios, especialmente a Joaquín Blengio, en 1866. Sirvió a los Baranda para abrir proceso y lograr que García fuera destituido de su cargo como gobernador en 1870.41 Volvía a traerse a colación de nueva cuenta, ya no para que sirviera como elemento en un proceso judicial, porque la amnistía general concedida por el gobierno federal la hacía improcedente, pero sí para que sirviera como elemento de juicio moral de sus conciudadanos. Porque lo que la hacía abominable, en consideración de los redactores, era el hecho de que había colaborado de manera espontánea y que lo que había detrás era una profunda asociación del gobernante con el imperio.

Además de recurrir a la mención de los defectos de carácter y a los posicionamientos asumidos en el pasado, también se valieron de la denuncia de la supuesta incapacidad de José Ferrer para gobernar.

Las ofertas hechas en Septiembre han sido olvidadas por completo, ninguna medida se ha dictado para proteger la industria que tanto lo necesita, como que es la base de la riqueza de un Estado; la instrucción pública a la cual, según su mensaje al Congreso, debió haber dedicado toda su atención, se encuentra durmiendo en espera de tan prometidas reformas, las cuales no solo, no vienen, sino que, las actuales son desatendidas poniendo de este modo grandes trabas al progreso y a la civilización. Y para que se vea hasta qué punto nos asiste la razón bástanos decir que la Biblioteca del Instituto Campechano, la única del Estado, se encuentra cerrada hace ocho días por su demora en reponer al últimamente destituido.

Veremos en Agosto qué cuenta da de sus actos el retrógrado Gobierno, de qué manera disfrazará los negocios públicos para poder engañar al pueblo […]42

40 Idem.41 Si bien desde 1867 se presentó un proyecto solicitando se otorgara la amnistía general a quienes habían colaborado con el imperio, ésta sólo se concedió hasta 1870.42 El Giro, 15 de abril de 1888.


Se le acusaba de no ocuparse de la administración, de descuidar sus obligaciones, de entorpecer con su negligencia la buena marcha de los negocios públicos, además de aplicar un claro nepotismo. A tales acusaciones respondían los aliados del gobierno señalando que “el país entero está satisfecho de los primeros pasos dados por la Administración del Señor Ferrer, por que sus actos son ajustados á la ley, hasta la exageración, son conocidos del pueblo Campechano, y la parte sensata y desapasionada de éste, que es la mayor, le hace cumplida justicia”.43

La guerra de declaraciones y aseveraciones enrarecía el ambiente, no es fácil con base sólo en las notas periodísticas tener una idea clara de la situación y menos aún esclarecer si alguno de ellos ofrecía una versión más fi dedigna de la realidad que el otro, lo que queda claro es que el juego político evidenciaba las redes de intereses que subyacían, mostrando cómo se movían las personas y se modifi caban las alianzas en la búsqueda de la apropiación del control de la vida pública de la entidad que parecía ser el único objetivo de esas encarnizadas luchas.

Como uno de los señalamientos más importantes en detrimento de la persona de Ferrer y de su actuación al frente del gobierno, se puso énfasis en acusarlo de permitir, cuando no propiciar, el fraude en las elecciones.

Ya se rumoraba que no se reducían á simples cambios de personas los actos del Gobernador Ferrer, sino que llegaban hasta á cometerse verdaderos delitos, como puede califi carse el hecho de romperse las documentaciones de la última elección municipal de algunas localidades, sustituyéndolas con otras; y en la de Tinún después de haber aprobado y publicado en el Periódico ofi cial la relación de los electos, porque no convenían á uno de sus adláteres, ordenó al Jefe Político de Hecelchakán no les diera posesión y se la diera á los que le convenía á los intereses de su amigo. Estas, Sr. Editor, no son falsedades, queda probado el cargo con el “Periódico Ofi cial”, que publicó el nombre de las personas electas, que no son las que hoy desempeñan esos cargos. Si esto no es un atentado, que venga Dios y que lo diga!!!44

43 El Estado de Campeche, 22 de abril de 1888.44 La Opinión Pública, 1 de abril de 1888.


Esas acusaciones estaban fi rmadas por T. M. Z., y publicadas originalmente en El Eco del Comercio, periódico yucateco. Otra vez eran las elecciones el punto de confl icto.

Y si todo lo señalado no era sufi ciente presión sobre el gobernador, otra acusación repetida fue la de malversación de fondos.

Otro cargo de consecuencias trascendentales son sus órdenes á la Tesorería del Estado. El nuevo Macbeth no hace caso de las observaciones del Tesorero y derrocha al empobrecido Erario á su gusto, verifi cando gastos que no están en el presupuesto, alterando partidas y haciendo, sin la autorización de la Legislatura, cargos en una, porque fue agotada la que lo autoriza. El Corte de Caja el mes de Enero es la prueba de lo que digo: el presupuesto acabado de publicar, autoriza un gasto de doce mil pesos para la Guardia Nacional, y en ese solo mes se gastaron dos mil y pico!45

Y los propios redactores de La Opinión Pública continuaban haciendo el supuesto balance de la administración de Ferrer y al caso señalaban:

El Ejecutivo, pues extralimitándose de sus facultades, ha dispuesto de mil cua tro-cientos cuatro pesos treinta y tres centavos, que unidos á los un mil novecientos del mes de Enero hacen una semana de más de tres mil pesos en dos meses; á este paso, podrá el Ejecutivo distraer de las cajas del erario veinte y tantos mil pesos en el año y ceca de cien mil pesos en los cuatro años de su periodo constitucional.

Debemos esperar que el Dr. Ferrer contenga sus excesos, porque indudablemente llevará al país al abismo. La mala administración de los caudales públicos es uno de los mayores males que un Gobernante puede causar. A nombre del pueblo excitamos al Sr. Ferrer á que abandone la tortuosa senda que recorre porque ella conduce á muchos peligros.46

Así se proyectaba entre los lectores la idea de que el gobernador era un personaje corrupto que usaba del presupuesto a su libre albedrío en perjuicio del desarrollo de la entidad y, por tanto de los ciudadanos a

45 La Opinión Pública, 1 de abril de 1888.46 Ibid., 10 de abril de 1888.


quienes gobernaba. Todos los supuestos difundidos en torno a la fi gura y la administración de Ferrer permitían generar un vasto universo de rumores que difundían entre la población.

A tales acusaciones respondía por un lado el órgano ofi cial de prensa, pero igualmente el ofi cialista El Estado de Campeche que podía hacerlo en tono más encendido y, sobre todo, podía atacar cuestionando la actuación de los miembros del partido barandista cuando estuvieron al frente de la administración:

Los ingratos oposicionistas al gobierno local, fi rmes en su idea de desacreditarlo, continúan, con vizcaína tenacidad, dando al público la infame versión de que el Sr. Ferrer malversa los fondos públicos.

Esta versión, como todas las que deben el ser á los papeles de la oposición, carece absolutamente de fundamento […]

[…] en estas operaciones del tesoro no ha habido despilfarro ni abuso, sino que por el contrario el presupuesto se ha satisfecho religiosamente; y no se forme el corte de caja que ocasionó el punto en cuestión causa que, convertida en arma de partido, sirva para hacer inmerecidas recriminaciones á un gobierno cuya notoria honradez contrasta admirablemente con el derroche y despilfarro de la pasada administración, en prueba de lo cual hacemos las siguientes preguntas á los apologistas del Sr. Montalvo y socios.

¿Qué fi n tuvieron los afamados y tan cacareados $50,000 que anticipó el Sr. Nieves, en pago de contribuciones? ¿Qué se hicieron de los ladrillos que debieron de invertirse en la conclusión del Parque Sn. Román? ¿Los $12,000 y pico que se gastaron en comisiones para las elecciones de diputados en Junio de 86 fueron legales? y muchas más que les haremos tan pronto como contesten éstas.47

Si bien se cuestionaba el desempeño, la honradez, la rectitud de los barandistas al frente del gobierno y se les revertían las acusaciones, éstas no tenían el mismo peso por hacerse en un momento posterior al de los hechos, en cambio los ataques a la fi gura de Ferrer tenían una infl uencia directa en la medida que era él quien se encontraba desempeñando el cargo.

Por si todo lo apuntado no resultaba sufi ciente para amedrentar al

47 El Estado de Campeche, 15 de abril de 1888.


gobernante, en algunos casos se llegaba hasta a las amenazas veladas. Aunque aparentemente sin conexión con la política, el tema del contrabando resulta, sin embargo, un factor relevante para comprender algunos aspectos de la esfera pública local, e íntimamente relacionado se encuentra el tema del control de las aduanas.48 En 1878, en el marco de las disputas entre barandistas y castillistas, José Rivas, contador de la aduana marítima, por tanto empleado federal, reconocido miembro del grupo de los Baranda, fue acusado y denunciado por participar en el tráfi co de contrabando.49 La familia Ferrer, poseedora de una importante casa naviera y comercial se había visto envuelta en supuestas actividades ligadas al contrabando, aunque no habían sido comprobadas. Quizá por ello La Opinión Pública provocaba a sus colegas de El Estado de Campeche al señalarles:

Querido colega: Ya que con vuestra envidiable curiosidad habeís descubierto el color con que deben indicarse las casas de juego, os suplicamos averiguéis y nos digais cuál es el color más propio para marcar las casas contrabandistas, pues puede suceder que llegue alguna de ellas á nuestra noticia y las tengamos que señalar con toda claridad, á fi n de que no vayan á ser frecuentadas por los empleados del fi sco.50

Si bien el contrabando había existido siempre y había sido solapado por las propias autoridades gubernamentales,51 muchas veces ligadas con las casas navieras y comerciales por múltiples intereses, en esta ocasión se usaba como un arma de ataque para exhibir la debilidad del gobernador, pues se sugería sus posibles nexos, o al menos los de su familia, con actividades ilícitas.

Finalmente, uno de los reclamos más repetidos y constantes fue el de haber traicionado al barandismo. Para ello se resaltaba la importancia que el

48 Cabe recordar que en 1857 Pedro Baranda Quijano en su calidad de diputado federal, y al parecer animado por su amigo Manuel Ferrer, miembro de la familia poseedora de la casa naviera y comercial Ferrer y Roxac, gestionó y consiguió que se le otorgara el cargo de administrador de la aduana marítima del puerto campechano. A ello se opuso Felipe Ibarra y de León, propietario también de una casa naviera, creyendo que la amistad de Baranda favorecería sus rivales comerciales, por lo que en su calidad de presidente del Ayuntamiento solicitó la anulación del cargo. Alberto Valadés Inchausti, Pedro Baranda y Quijano, México, 1968, reproducido en Pavón Abreu (recop.), Documentos, p. 199. 49 La Nueva Era, 3 de enero de 1879, citado en Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, p. 160.50 La Opinión Pública, 10 de abril de 1888.51 Romero, El Señor, p. 15.


partido había tenido en su triunfo y por tanto la deuda que Ferrer tenía con los Baranda, así como el haber incumplido sus promesas. Según sostenía La Opinión Pública “el Dr. Ferrer, como el Lic. Montalvo, pertenecían (aquél ya no) al partido campechano, como pudiera llamarse al gran partido Barandista”.52 Y también afi rmaba “¿hallará político, consecuente, digno, que el Gobernador Ferrer intente deturpar al mismo General Baranda, á quien debe su exaltación al Gobierno de Campeche?”53

En tanto, declaraban contundentemente los redactores de El Giro en su último número que “para el progreso de Campeche son necesarios los Baranda”.54 En su opinión “el único círculo que contaba con la voluntad popular y el único capaz de hacer la felicidad de nuestro país”55 era el barandista, al cual Ferrer había vuelto la espalda.

A tales acusaciones y señalamientos retrucaban los redactores de El Estado de Campeche que la ascensión al gobierno no la debía Ferrer a los Baranda sino al Club liberal-porfi rista de Campeche.56 Y expresaba que con el nuevo gobierno se aspiraba a “acabar de una vez con un gobierno dinástico”, al que, entre otras cosas, acusaba de nepotismo.57 Enfatizaban la independencia del gobernador que supo “hacerse sordo á los halagos y amenazas de algunos prohombres infl uyentes en la política, que tuvieron la peregrina idea de querer convertirlo en dócil instrumento de sus más arbitrarias maquinaciones”.58

Finalmente, en la tarea de derrocar al gobierno, al menos uno de los periódicos opositores lo expresaba parte fundamental de su objetivo. Los redactores de El Giro declaraban abiertamente que “cuando emprendimos la publicación de este periódico nuestra única norma fue dar a conocer los gravísimos errores políticos que venía cometiendo nuestro Gobernador y ayudar con nuestros débiles esfuerzos al partido Barandista”.59 La labor desarrollada tenía un claro fi n, se buscaba exhibir las debilidades del gobierno para cercarlo y orillarlo a dimitir del cargo. Aunque atribuida a

52 La Opinión Pública, 1 de abril de 1888.53 Ibid., 17 de abril de 1888.54 El Giro, 29 de abril de 1888.55 Idem.56 El Estado de Campeche, 25 de marzo de 1888.57 Idem.58 Ibid., 15 de abril de 1888. Cursivas en el original.59 El Giro, 29 de abril de 1888.


las fuerzas populares, a la acción del pueblo campechano, la renuncia del mandatario fue celebrada como un triunfo del periódico, así lo expresaban a través de sus páginas los periodistas afectos a los hermanos Baranda: “hoy que hemos visto coronadas nuestras aspiraciones, hoy que hemos visto realizarse el panorama mas hermoso con la renovación del Poder Ejecutivo, no podemos menos que estar poseídos de la mas grata satisfacción porque se prepara para nosotros una brillante era de prosperidad y de progreso”.60

El periódico fue creado para atacar al régimen y concluyó su edición tras haber visto alcanzado el objetivo.

La derrota de Ferrer y su grupo era abiertamente atribuida al partido opositor, así El Giro concluía su publicación expresando “nos despedimos del pueblo campechano y felicitamos al partido Barandista por el espléndido triunfo que ha obtenido”.61 En síntesis, podríamos decir que “como Ferrer no mostró la docilidad que esperaban los grupos de poderosos, éstos no dejaron de criticarlo y él, avizorando días con problemas, prefi rió la renuncia y se retiró a la vida privada”.62

Por último, un aspecto que vale la pena señalar es que si bien las prácticas represivas parecen haber sido bastante comunes en la entidad en años anteriores, en la coyuntura que analizamos no hubo noticias de actos violentos contra la prensa. Sólo dos años atrás, en diciembre de 1886, circuló “un impreso anónimo en que se denunciaban persecuciones en contra de la imprenta Marcín, así como de los redactores de El Eco de la Prensa y El Cachi-Diablo, clausurados por el régimen”.63 Eran esas viejas prácticas relacionadas con el periodismo y la libertad de imprenta, pues unos años atrás José María Regil, en cuya imprenta se había publicado el Manifi esto al pueblo campechano de José María Blengio en el cual expresaba su posición contraria al gobierno, fue detenido y condenado bajo el argumento de que con tal acto violaba la ley de imprenta.64 Una década atrás, en 1878, en el contexto electoral, “algunos aspirantes perdedores de las diputaciones fueron apresados por publicar un impreso contra el régimen y poco después

60 Idem.61 El Giro, 29 de abril de 1888.62 Sierra, Breve, p. 133.63 Negrín Muñoz, Campeche, pp.120-121.64 La Nueva Era, 14 de junio de 1878, citado en Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, p. 158.


fueron liberados. En septiembre de ese mismo año, la Imprenta del Pueblo, poco antes adquirida por Blengio, fue asaltada, inutilizadas las prensas y robados los tipos; en la imprenta se editaba el periódico opositor La Lealtad”.65

Si bien durante el gobierno de Ferrer no se aplicaron tales prácticas represivas sí, en cambio, se recurrió a la presión a través de la manipulación de los empleos: los redactores de El Giro hacían del conocimiento de sus lectores que había sido destituido de su cargo “un empleado del Instituto por ser redactor de este periódico” considerando como motivo el hecho de “que acusa los malos actos del gobierno”.66 Y a través de una décima satírica reconvenía al gobernante:

El “Giro” costó el destinoDe un empleado de un Colegio,Cuidado Doctor egregio,Mucho cuidado Don Trino.Modere su desatinoQue el “Giro” habla sin empacho,Es chiquito pero macho,Y si callar su trompetaPretende Usted con galleta,El “Giro” le dá gazpacho.67

También manifestaron que en su calidad de estudiantes del Instituto habían recibido amenazas por parte del rector:

A pesar de las insistencias del “Estado de Campeche” para que digamos la verdad pelada a nuestro enervado Gobernante sin que se nos perjudique, últimamente hemos recibido una amenaza del C. Rector del Instituto, en que se nos promete dejaremos de ser estudiantes del mismo si seguimos ocupándonos de política.68

65 La Nueva Era, 30 de agosto y 24 de septiembre de 1878, citado en Negrín Muñoz (comp.), Campeche, textos, p. 159.66 El Giro, 15 de abril de 1888.67 Idem.68 Ibid., 22 de abril de 1888.


Igualmente perdió su cargo como catedrático Enrique Novelo.69 Mientras Novelo sostuvo que se trató de una acción emprendida por el gobierno de Ferrer en contra suya, los ofi cialistas señalaron que la destitución obedeció a la “falta de conocimientos y poca aptitud” del periodista en su carácter de profesor.70

Más allá de ataques y descalifi caciones mutuos de los protagonistas, lo que resulta claro es que el gobierno de Ferrer no contaba ni con la experiencia ni con la fuerza que le permitiera instrumentar acciones represivas para intimidar a sus opositores.

Consideraciones fi nales

La arena periodística constituyó el espacio abierto y declarado de confrontaciones de los grupos y actores políticos que dominaban la vida pública en Campeche al fi nalizar la década de los ochenta. El seguimiento del caso de la renuncia del gobernador Ferrer evidenció el papel que desempeñó la prensa como instrumento primordial tanto en las tácticas desplegadas en el enfrentamiento entre las principales fuerzas políticas locales como en la estrategia para establecer y consolidar alianzas con grupos regionales y nacionales. Pero, especialmente, la coyuntura electoral y poselectoral nos sirvió para entrever el uso asignado y el poder atribuido a la prensa y para medir su capacidad de intervención y sus reales alcances sobre el escenario estatal.

Otro aspecto demostrado a lo largo de estas páginas es que las discusiones entabladas a través de la prensa permiten constatar que tanto el periodismo como la política campechana decimonónica sólo pueden comprenderse en el marco de las alianzas, de los equilibrios de poder establecidos entre los grupos que dominaban la esfera pública. En tal sentido, las composiciones y recomposiciones de los partidos personalistas exhiben los vaivenes de las asociaciones, los vínculos y las enemistades establecidas entre los miembros de la élite y los grupos hegemónicos, permitiendo seguir el hilo del entramado de la política local.

Respecto de las estrategias para controlar a la prensa, resulta claro que

69 El Estado de Campeche, 25 de marzo de 1888. 70 Idem.


si bien no se emprendieron campañas represivas violentas, sí persistió el impulso de reprimir a los miembros del periodismo opositor como alternativa para silenciar su labor, legítima o no, de críticos del gobierno. Esto es, la administración de Ferrer no desplegó una sistemática y exitosa represión porque carecía de la fuerza, de la experiencia y del respaldo necesario –hacia dentro y hacia fuera de la entidad–, el suyo era, sin duda, un gobierno débil.

Lo que se puede afi rmar es que, en la coyuntura estudiada, la prensa aglutinó y sirvió a los fi nes del partido barandista para imponer su dominio sobre la política local y aún, habrá que demostrarlo en posteriores estudios, posiblemente para poner freno a las pretensiones del mismo Presidente de la República. Por supuesto, es necesario considerar otros elementos para explicar la derrota de Ferrer, pero, sin duda, el poder de los impresos fue determinante. En la coyuntura analizada la campaña sistemática desplegada desde las páginas del periódico condujo a la renuncia del gobernante. A ello coadyuvó el hecho de que la exhibición pública lesionaba profundamente la credibilidad y la legitimidad de los expuestos y permitía afi rmar el poder de quienes emitían las críticas.

Aunque es una tarea aún pendiente, los atisbos al universo de los impresos me permiten corroborar que la prensa constituía la forma de hacer política, el núcleo desde el cual los partidos se constituían, organizaban y desplegaban sus campañas; que la prensa era protagonista central, el instrumento para hacer política y marcar el rumbo de la administración pública, como es posible observar en el caso analizado en estas páginas. Si bien habrá que probarlo en investigaciones posteriores, el estudio aquí desarrollado deja entrever que el uso de la prensa por parte del partido barandista constituyó un método del que se valieron en diversas y repetidas ocasiones para actuar en la vida política.

Fuentes referidas

Hemerografía

El Estado de Campeche, 1888El Giro, 1888


La Opinión Pública, 1888Periódico Ofi cial, 1888

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“Dar pan al pueblo, antes que silabario”. Francisco Bulnes y el lugar de la educación en la transformación social*

Alicia Salmerón Castro**

Resumen

El artículo analiza y discute las ideas de Bulnes en torno a la educación, así como su valoración, ya con la revolución mexicana enfrente, de las políticas de instrucción pública del régimen porfi riano. En particular, se abordan aquí algunos de los juicios de Bulnes sobre la instrucción popular y la enseñanza superior a partir de dos libros suyos especialmente escépticos frente a las posibilidades de progreso de los pueblos hispanoamericanos y, como siempre, muy críticos de la participación de las masas en la política y la cultura: El porvenir de las naciones hispanoamericana y El verdadero Díaz y la revolución. El punto de partida de los cuestionamientos de Bulnes a la instrucción popular fue un fuerte determinismo biológico y social. Desde ahí puso en duda las posibilidades de la instrucción para moldear el “carácter” de un pueblo como el mexicano; también esgrimió la necesidad de transformar la base material del conjunto social antes de tocar a su ilustración.

Abstract

The article analyzes and discusses the ideas of Bulnes regarding edu-cation, as well as its value, when the Mexican Revolution was facing the public instruction politics of the Porfi rian regime. Particularly, it claims some of the opinions of Bulnes about popular instruction and higher education based on two of his books which are especially skeptical about the possibilities of progress in the Hispano-American

* Este artículo fue publicado en la revista Ensayos Pedagógicos. Revista del Posgrado en Pedagogía, unam. Año 1, núm. 1, enero-junio de 2005, cuyo único número publicado fue este primero y que, desafortunadamente, nunca circuló.

** Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.


El Estado como promotor de progreso y la educación como instrumento privilegiado para el mejoramiento de la sociedad son postulados de origen ilustrado que han atravesado siglos. Con todos los matices del caso, desde el siglo xviii hasta hoy día, estas propuestas han constituido el fundamento de la educación como función pública. La confi anza de la Ilustración en la racionalidad del ser humano y en su capacidad para moldear la realidad concedieron a la educación un valor transformador; y el Estado moderno asumió su impartición en pos de un desarrollo material y de la formación de ciudadanos. Aunque la marcha de las sociedades ha puesto en evidencia el peso de una gran variedad de factores que condicionan el desenvolvimiento social –factores ajenos a la acción individual y racional–, a principios del siglo xxi, seguimos concediendo un alto valor a los programas educativos y continuamos encomendando su dirección al Estado. En el camino, desde luego, estas propuestas han sido reformuladas desde diferentes perspectivas y han debido salvar un sinnúmero de resistencias.

La evidencia del peso que tienen factores estructurales y conductas irracionales en los procesos de transformación social ha dado pie, desde el siglo xix, a importantes cuestionamientos en torno de las posibilidades de la educación y a los alcances sociales que debe tener, así como al empeño que el Estado ha de poner en ella. En México, en particular, hacia fi nales del porfi riato se escucharon opiniones en este sentido; se hicieron presentes críticas a un programa educativo liberal de signo democrático –que tenía como fundamento una propuesta de instrucción básica obligatoria, laica y gratuita– justo en los momentos en que el Estado, tras un penoso proceso de consolidación, comenzaba a darle un impulso considerable. Entonces se levantaron voces que reclamaban, por ejemplo, cambios en las condiciones materiales del pueblo de manera previa a su instrucción o que, desde concepciones profundamente

nations, and as always, very critical about the participation of the masses in politics and culture. The starting point of the doubts which Bulnes had concerning popular instruction was a strong belief in bio-logical and social determinism. From that standpoint, he put in doubt the possibilities of an instruction for molding the “character” of a people such as the Mexican; he also put forward the necessity to transform the material base of society.


elitistas de la sociedad, cuestionaban la pertinencia misma de la educación popular.1 Entre los exponentes de estas posiciones, destaca un importante político e ideólogo porfi rista: Francisco Bulnes (1847-1924).

En las siguientes páginas haré un breve seguimiento de algunas de las ideas de Bulnes en torno de la educación; también de su valoración, ya con la Revolución mexicana enfrente, de las políticas de instrucción pública del régimen porfi riano. Las ideas de este escritor sobre el tema no representan un discurso sistemático ni constituyen el trasfondo ideológico de las políticas de gobierno porfi rianas. Sin embargo, el estudio de posiciones extremas, como las que Bulnes expresó en un determinado momento, permite poner en evidencia la diversidad de opiniones presentes en una época y, por este camino, acercar a una mejor comprensión de un fenómeno tan complejo como el educativo. Por lo demás, la recuperación de refl exiones sobre este tema, incluyendo al pensamiento más conservador al respecto, tiene un interés histórico fundamental en un país con los retos del nuestro en este campo. Porque, efectivamente, el problema del lugar de la educación en la transformación de la sociedad y de la política es una cuestión no resuelta todavía en el México de nuestros días.

I. Francisco Bulnes político y escritor

Francisco Bulnes no fue un pedagogo ni tuvo nunca en sus manos la responsabilidad de las políticas educativas, pero representó una fi gura de gran peso en la opinión pública de su época. Aunque fue delegado a los Congresos Nacionales de Instrucción Pública de 1889 y 1890, y catedrático de escuelas preparatoria y superior, su desempeño como diputado federal y asesor de algunas secretarías de Estado se concentró más bien en temas hacendarios y de fomento económico. Sin embargo, como autor de libros y como redactor de prensa tocó todos los temas a debate en la alta política de su tiempo, el de la instrucción pública, entre ellos.

1 Entre las voces que reclamaban transformaciones materiales antes que intelectuales había posiciones tan diversas como las de un positivismo ortodoxo –Francisco Cosmes y Agustín Aragón– o las de un catolicismo social –Trinidad Sánchez Santos. Bazant, Historia de la educación, pp. 81-82. Laura Moya analizan el peso que varios autores de la época otorgaron a determinismos geográficos y raciales por sobre factores culturales, camino por el que otros se acercaron también a algunas otras opiniones en esa dirección. Moya, La nación como organismo.


Diputado federal por casi dos décadas –orador y polemista excepcional– y publicista de los más leídos hacia la segunda mitad del porfi riato, Francisco Bulnes fue un ideólogo del régimen y personaje identifi cado con el poderoso grupo de los “científi cos”. Habría que advertir, empero, que su gusto por el escándalo y su tendencia a llevar sus opiniones a límites extremos lo mantuvieron distante de otros connotados “científi cos” y, en particular, de Justo Sierra, el Secretario de Instrucción Pública de 1905 a 1911. Pero aun si Bulnes gustaba de exponer razones provocadoras, servía bien al sistema; y si presentaba con chocante desfachatez sus prejuicios acerca de muchos temas, este exitoso escritor expresaba, de todos modos, creencias y actitudes presentes en su época.

El autor porfi riano hablaba desde una posición profundamente con-servadora, desde un pensamiento infl uido por un positivismo europeo receloso de los programas democráticos. En particular, abordaré aquí algunos de sus juicios sobre la instrucción popular y la enseñanza superior; lo haré a partir de dos libros suyos especialmente escépticos frente a las posibilidades de progreso de los pueblos hispanoamericanos y, como siempre, muy críticos de la participación de las masas en la política y la cultura: El porvenir de las naciones hispanoamericanas y El verdadero Díaz y la revolución.2 El primero escrito en 1899, tras el triunfo de Estados Unidos en la guerra hispanoamericana, año de gran desánimo para las hispanistas élites porfi rianas;3 el segundo en 1920, tras el derrumbe del régimen al que Bulnes había dedicado toda su vida y con una revolución popular enfrente que le aterraba.

El punto de partida de los cuestionamientos de Bulnes a la instrucción popular fue un fuerte determinismo biológico y social. Desde ahí puso en duda las posibilidades de la instrucción para moldear el “carácter” de un pueblo como el mexicano; también esgrimió la necesidad de transformar la base material del conjunto social antes de tocar a su ilustración. Por otra parte, advirtió un par de “peligros” para la estabilidad del país asociados

2 Bulnes, El porvenir de las naciones; y El verdadero Díaz.3 Frente al conflicto cubano-español, gran parte de las élites porfirianas habían tomado el partido de la metrópoli española; Bulnes había apoyado la independencia de la isla. De cualquier manera, la intervención norteamericana en 1898 había traído el desánimo de todos: había puesto en evidencia la superioridad militar y económica del vecino del norte por sobre España y por sobre los países de América Latina. Algunos, como el Bulnes de El porvenir de las naciones, vieron ese golpe como un signo más de la superioridad de raza y de carácter de los pueblos anglosajones. Sobre el tema puede verse: Jiménez Marce, La pasión por la polémica, pp. 42-43.


a una educación masiva. Uno de éstos tenía que ver con la alfabetización popular, la que en su opinión sólo franqueaba el paso a los publicistas agitadores –a la “demagogia”– y, con ellos, a la revolución. El otro peligro era el de la democratización de las escuelas superiores lo que, sostenía, en condiciones de atraso económico de una nación, se traducía en desempleo y frustración; se traducía en malestar social y subversión.

II. Determinismos raciales y de orden sociocultural

“Los benefi cios de la instrucción como estimulante supremo de la actividad social y como elemento de educación no se discuten ya. Son tan considerables que el ideal es que no haya en el país una sola persona excluida de ellos”, decía Francisco Bulnes en 1889, en el marco del Congreso Nacional de Instrucción Pública celebrado ese año en la ciudad de México.4 El tribuno apoyaba el carácter obligatorio de la instrucción primaria y lo hacía con argumentos que ponían por delante imperativos de orden natural. Al margen de una idea de justicia social o de cualquier otro argumento de carácter “metafísico”, Bulnes defendía la instrucción pública como una exigencia quasi biológica: la sociedad era un organismo vivo que orientaba su marcha hacia el progreso y si instruir era “comunicar a las unidades constitutivas del organismo social las fuerzas que exigen para realizar el progreso y la vida”, entonces la instrucción pública era una necesidad social.5

Francisco Bulnes defendía en aquel momento la instrucción básica obligatoria; lo hacía armado del discurso positivista en boga entre los intelectuales y políticos de su generación. Ésta era una fi losofía cientifi cista que concebía a la sociedad como un organismo natural sujeto a leyes ajenas a la voluntad humana; entre estas leyes estaba la del progreso y, si éste requería de la instrucción básica de todos sus miembros, como Bulnes señalaba entonces, tal instrucción era una exigencia de la naturaleza. Sin embargo, habría que advertir que el positivismo europeo representado por Comte y Spencer, de gran impronta en las élites mexicanas de fi nales del siglo xix, era más bien escéptico de las posibilidades transformadoras de la educación popular. Augusto Comte, en particular, había postulado una pedagogía

4 Debates del Congreso, p. 68.5 Ibidem, p. 69.


conservadora: criticó con severidad una “metafísica cartesiana”, de acuerdo con la cual se consideraba a la inteligencia capaz de modifi car conductas y de la que se derivaba la idea de las posibilidades del perfeccionamiento humano por la vía de la educación.

De acuerdo con el fi lósofo francés, la fi siología daba cuenta de una tendencia de la acción humana que obedecía a impulsos espontáneos – dictados por inclinaciones y sentimientos–, tendencia dominante en su actuar e independiente del desarrollo de la inteligencia. Tal era la naturaleza humana; una naturaleza difícil de modifi car. Así las cosas, el ejercicio intelectual podía desarrollar facultades que orientaran la conducta sólo en el caso de hombres superiores; y como la mayoría de las personas era más bien mediocre, las posibilidades de una educación generalizada eran limitadas. Ésta debía concentrar sus esfuerzos en la formación de una élite de hombres excepcionales. De esta manera, aunque Comte no rechazaba la instrucción popular, le concedía exclusivamente una función de integración social –de fomento de la “armonía social”.6

Herbert Spencer, por su parte, había dedicado especial atención al tema de la educación básica e, incluso, había escrito un tratado pedagógico al respecto. La naturaleza humana, sostenía en aquel texto, era “más modifi cable por una buena educación adquirida temprano”.7 Pero él tampoco era un entusiasta partidario de la escuela universal. Sus teorías acerca de la lucha por la vida y la supervivencia del más apto se contraponían, de manera evidente, con los principios igualitarios en que descansaban las ideas de democracia y de educación popular. Más aún, el extremo individualismo de la fi losofía de Spencer y su posición a favor de un Estado mínimo podían ser leídos como una resistencia al Estado-docente y, por tanto, a la instrucción pública obligatoria.8

En realidad, Francisco Bulnes tampoco fue nunca un defensor

6 Comte, August, Cours de philosophie positive, Lección 45, t. 3, pp. 404-446. El pensamiento específicamente educativo de Comte se prestaba más, como de hecho se vio en México, a la reforma de la educación superior. Pero más allá de lo que el filósofo francés pensaba sobre las posibilidades transformadoras de la educación, él postuló siempre la necesidad de un Estado fuerte y paternalista. Esta idea principal permitió a algunos sostener, desde el positivismo, la propuesta de la escuela universal. No fue el caso de Bulnes, pero sí el de Justo Sierra. Hale, La transformación, pp. 331 y ss, 352 y ss.7 Spencer, La educación, p. 20.8 Hale, La transformación, pp. 331-333.


convencido de la educación básica obligatoria. Aun si habló en su favor en 1889, unos años antes había manifestado sus reservas al respecto y, sobre todo, desde muy temprano, había dejado clara su vocación antidemocrática.9 Así, una década después de aquel Congreso Nacional de Instrucción Pública, seguramente sintiéndose más cómodo con sus ideas y con su sitio en la política, expresó de manera abierta su profundo escepticismo frente a las posibilidades de la instrucción popular. Efectivamente, para la década de 1890, Bulnes podía considerarse mejor respaldado ideológica y políticamente que en años anteriores: el positivismo se consolidaba ya como una fuerza predominante en el pensamiento social en México y los “científi cos” afi anzaban sus posiciones en el aparato político nacional.

Comte y Spencer fueron presencias constantes en la obra de Bulnes, pero su libro de 1899 parece haber estado acompañado además y, quizá incluso de más de cerca, de la lectura de otros autores franceses como Hyppolite Taine, Ernest Renan y Gustave Le Bon. Uno de los ejes de El porvenir de las naciones hispanoamericanas es justo el tema de la raza, preocupación propia del pensamiento social de la época y concepto central para Taine, el principal exponente de la historiografía positivista en Francia, así como para Renan, fi lósofo algo más distante del positivismo, pero representante también de posiciones deterministas y profundamente antidemocráticas.

Para el escritor porfi rista la raza remitía a un concepto de orden biológico marcado de manera principal por una dieta milenaria y por el medio geográfi co. La raza latinoamericana era la del maíz, inferior a la europea, alimentada con un mejor cereal: el trigo; era también la raza de un trópico poco estimulante. Sólo el consumo de trigo por un tiempo prolongado, afi rmaba Bulnes, podría mejorar las capacidades intelectuales, políticas, 9 En 1881, Bulnes se había manifestado en contra de la conveniencia de extender la instrucción primaria a los grupos indígenas, pero el propio Sierra, para quien el problema indígena era una cuestión de educación y de nutrición, le había respondido entonces con energía. Bulnes y Sierra tenían serias diferencias en relación con el tema de la instrucción básica. Otros reconocidos “científicos” como Rosendo Pineda, de origen indígena él mismo, confiaban como Sierra en la educación como el camino para sacar adelante a la raza indígena. Meneses, Tendencias educativas, p. 306; Debates del Congreso, p. 206ss. Para un rápido contrapunteo entre las propuestas sobre la instrucción básica de Sierra y de Bulnes puede verse Sáez Justo Sierra, pp. 224-231. Por lo que toca a la postura exclusivista de Bulnes, manifiesta desde temprano, habría que decir que, al iniciar la década de 1880, Bulnes fue redactor de La Libertad, el periódico que justificó un gobierno autoritario al momento mismo del ascenso de Porfirio Díaz y desde donde se diseñó el programa antidemocrático que animaría la acción política de los “científicos”. Véase Hale, La transformación, cap. II.


militares… de los pueblos hispanoamericanos.10 De esta manera, el factor alimenticio, que no la educación, estaba en la base de la transformación de toda sociedad. Para este autor, la raza tenía un lugar fundamental en la organización y el desarrollo social. Pero además de las determinantes raciales, El porvenir de la naciones estaba dispuesto a reconocer otras de orden sociocultural, también poderosas: las relativas al “carácter” de un pueblo. Sólo que éstas tampoco eran modifi cables por la acción consciente y racional del hombre.

El concepto de “carácter” de Bulnes, cercano al manejado por Renan en La reforma intelectual y moral de Francia y al de “alma” nacional del sociólogo francés Le Bon, remitía a un conjunto de creencias sólidas de las que dependían los sentimientos y la voluntad de una comunidad para alcanzar sus objetivos.11 El carácter era moldeado por creencias, tradiciones, hábitos e instituciones en periodos muy largos de tiempo; tan largos que escapaban al control de una acción voluntaria y, por tanto, a todo esfuerzo por forjar ese carácter o modifi carlo mediante la educación. Así, decía Bulnes:

si se puede cambiar pronto de ideas, es muy difícil cambiar de carácter o adquirirlo. Un individuo, mientras más ilustrado, más facilidad tiene de adquirir ideas; pero aunque se proponga cambiar de carácter no lo consigue. Según los sociólogos más observadores, un pueblo que sabe leer y se encuentra sometido sin interrupción a la acción de la prensa, puede en veinticinco años cambiar de ideas y necesita aproximadamente de mil años para adquirir o cambiar de carácter.12

En el caso de pueblos “inferiores”, insistía, las ideas hacían poca mella: “Mientras una idea, según el sociólogo Le Bon, tarda por lo menos veinticinco años para formar un ligero sentimiento en el cuerpo de una nación civilizada, en los bárbaros no lo crea ni en un siglo.”13 Los pueblos hispanoamericanos pertenecían, para Bulnes, a esta segunda categoría; “civilizados” eran los europeos y estadounidenses y, por excelencia, el

10 Para una revisión del concepto de raza en Bulnes: Marichal y Vargas, “Introducción”.11 Bulnes, El porvenir de la naciones, p. 293. 12 Ibidem, p. 294. 13 Ibidem, p. 303.


pueblo sajón. El carácter de este último –descripción más que cercana a la de Renan– estaba fundado en la libertad y la propiedad; en una sociedad sin privilegios de cuerpos ni instituciones tradicionales; formada por individuos poco demandantes para con el Estado y poco dependientes de él. Los anglosajones y norteamericanos eran pueblos ricos, al interior de los cuales los individuos buscaban el bienestar de cada uno “por él mismo y por medio de la mayor independencia del Estado”.14 Los pueblos latinos, en cambio, eran lo opuesto.

Los países hispanoamericanos pertenecían al mundo latino; y los pueblos latinos, aun siendo ricos como Francia, eran “impotentes para el gobierno propio”. Aunque amaran la libertad, no tenían la independencia ni la fuerza de voluntad necesarias para gobernarse por sí mismos.15 Antes que esforzarse demasiado, preferían creer en una religión protectora o en la fortuna:

Tales pueblos creen en todo; en los billetes de lotería, en la intervención divina para tener hijos varones, en la virgen de Lourdes, de Monserrate, de Covadonga, de Guadalupe, en la soberanía del pueblo para la felicidad de las naciones, en la meteorología de los calendarios, en su patriotismo, en el derecho internacional, en toda clase de milagros, en toda clase de oraciones cívicas o sagradas para hacer prodigios; creen en su grandeza, en sus virtudes, en sus riquezas, en todo lo que es necesario para no tener juicio, ni pensamiento científi co, ni aspiraciones posibles, ni porvenir nacional. […] Lo que necesitan los pueblos latinos es no creer, dudar hasta de su existencia, registrarse, escudriñarse… [necesitan] tener por ideal siquiera dos siglos de enfriamientos y de estudios matemáticos.16

Pero si la falta de voluntad y el exceso de credulidad eran rasgos latinos –Renan los había apuntado ya como características del modo de ser francés–,17 el “carácter” de los pueblos hispanoamericanos era aún más débil, marcado en sentido negativo por tradiciones propias y por su alcoholismo.

La tradición estaba relacionada de manera estrecha con una estructura

14 Renan, La réforme, pp. 167,170; Bulnes, El porvenir, p. 295. Es necesario advertir que Bulnes no citó expresamente a Renan, como sí lo hizo con los demás autores referidos.15 Bulnes, El porvenir de las naciones, pp. 295, 317-318. 16 Ibidem, p. 285.17 Renan, La réforme, p. 167.


económico-social. En América Latina, continuaba Bulnes, esta última había estado dominada durante siglos por una organización corporativa, cerrada y sofocante, en donde los deseos individuales no tenían lugar. Estos países habían sido por muy largo tiempo y, algunos lo eran todavía, “imperios de castas”:

La casta es un cercado, y dentro de él hay todavía una jaula, y dentro de esta jaula un departamento; la fi nca rural, y dentro de este departamento un cofre de inanición, la familia. Dentro de tantas rejas e instituciones se aparenta vivir […] Todo individuo es miembro forzoso y permanente de tal familia, de tal serie, de tal círculo, de tal agujero, de tal fi la, de determinada casta… […] La ocupación, el arte, la profesión son hereditarios, trasmitidos por herencia como el alcoholismo o la sífi lis. La inteligencia es como una sarna que estorba y que se debe extirpar.18

Estructuras como esas, afi rmaba Bulnes, “duran intactas hasta cincuenta siglos, pero cuando terminan, sus individuos son un bagazo inservible para la civilización.”19 Una tradición hispanoamericana paternalista, gremial, caciquil… había formado, en su opinión, pueblos serviles.

Ahora bien, aunque el panorama social de América Latina aparecía tan terrible, Bulnes no era realmente fatalista, como tampoco lo era el positivismo. Finalmente, ésta era una ideología que tenía al progreso como ley fundamental. Menos entusiasta que un liberalismo que apostaba todo a la capacidad racional del hombre, la fi losofía positivista confi aba, de todos modos, en la acción humana, siempre que ésta atendiera a las leyes de la naturaleza. Así, al margen de la raza y del carácter, para Bulnes era posible identifi car caminos hacia adelante. La sociología parecía darle la clave: existía una correspondencia natural –y por tanto necesaria– entre estructuras económicas y desarrollo político y cultural; la modifi cación de las primeras daba la pauta para impulsar lo siguiente y comenzar a revertir esa tradición que tanto pesaba sobre nuestros pueblos.20 El motor de la historia era, así, la economía; la marcha del progreso en todos sus

18 Bulnes, El porvenir de las naciones, p. 314.19 Ibidem, p. 316.20 Comte y Spencer apuntaban el factor económico como determinante fundamental del


ámbitos se subordinaba a la modernización de las fi nanzas, la producción y el comercio. Hispanoamérica podría aspirar al progreso si dedicaba sus esfuerzos al desarrollo económico, antes de abrir espacios políticos y culturales para amplios grupos sociales. Este nuevo determinismo estuvo en la base de la justifi cación de gobiernos antidemocráticos comprometidos con proyectos de crecimiento económico desde el siglo xix; en él se apoyó Bulnes para su justifi cación de la dictadura “progresista” de Porfi rio Díaz y en él sustentó también su argumentación en contra de la escuela universal.21

III. El analfabetismo como medio de control social y político

“[…] dar pan al pueblo, antes que silabario, antes que apetitos suicidas de estrellarse contra un medio económico que aún no permite el estado popular, fuera de los antros de la barbarie”.22 Esto decía Francisco Bulnes en 1920, pero al menos desde 1899 venía afi rmando la misma idea.23 El desarrollo material del país, apuntaba, era condición previa indispensable para la ilustración de un pueblo. Y llevando el postulado al extremo, sostenía que la instrucción popular, en el marco de una estructura económica y social atrasada, resultaba incluso contraproducente: provocaba descontento, desorden, y abría las puertas a la demagogia.

Para Bulnes, introducir instituciones democráticas en estructuras tradicionales era antinatural y, como siempre que se violentaban las leyes de la naturaleza, sobrevenía la anarquía. La escuela universal era una institución democrática y, por lo tanto, en su opinión, resultaba ajena a un país dominado por el latifundio y el cacicazgo como era el México de su tiempo. Antes de pretender cambiar la mentalidad de un pueblo, decía, habría que cambiar sus formas de producción y hacer progresar la economía. Hacer otra cosa era un error:proceso social aunque, con la intención de provocar a las izquierdas, Bulnes prefería citar en este punto a Carlos Marx.21 Para una revisión de la justificación bulnesiana del gobierno autoritario: Salmerón, “Sobre el Díaz-estadista”.22 Bulnes, El verdadero Díaz, p. 244. La frase utilizada por Bulnes retomaba una similar expresada años atrás por otro escritor mexicano contemporáneo suyo, Francisco Cosmes: “Dad primero pan al pueblo, luego el libro”. Cosmes era redactor del periódico La Libertad, en cuyas páginas sostuvo una polémica con Justo Sierra sobre este tema. La polémica tuvo lugar en 1883. Citado en Sáez, Justo Sierra, p. 226.23 Bulnes, El porvenir de las naciones, p. 100.


En los países democráticos sanos, antes de democratizar la enseñanza, se ha democratizado la propiedad raíz. Sólo a los demócratas de medio pelo, como los latinoamericanos, se les ha ocurrido hacer democracia con latifundismo.24

El ideólogo porfi riano advertía que enseñar a leer a un pueblo servil como el mexicano, acostumbrado desde la época colonial a “creer y agacharse”, a “callar y obedecer”,25 era convertirlo en presa fácil de la prensa demagógica, lista a capitalizar el menor descontento y capaz de manipular a las masas a partir de programas idealistas, irrealizables. La demagogia, explicaba, era precisamente ese “relámpago de autoridad producido por un choque deslumbrador de utopías y palabras que ilumina siempre el caos de siniestras anarquías”.26 La mejor manera de mantener al pueblo lejos del alcance de los demagogos era, en su opinión, mediante la ignorancia.

De esta manera, para Bulnes, el analfabetismo era un medio de control social y político. Desde luego, había otros: los cuerpos represivos –la policía y el ejército– y, aun, la religión. Todos eran “elementos conservadores” fundamentales de una sociedad.27 Sin menospreciar la necesidad de una policía y unas fuerzas armadas profesionales, Bulnes advertía que todo gobierno debía ser especialmente cuidadoso con sus programas desfanatizadores y de instrucción popular. Cuando se liberaba a las masas de sus creencias religiosas y, peor aún, se les enseñaba a leer, sólo se conseguía que se inconformaran con su lugar en la estructura social y que, “aleccionadas” por una prensa irresponsable, se rebelaran contra el gobierno.28 Efectivamente, continuaba, sin posibilidades reales de que participaran todavía de un desarrollo económico y de sus benefi cios, instruirlas sólo facilitaba el que la demagogia explotara más fácilmente sus vanas aspiraciones. Para Bulnes, si científi camente era imposible elevar el nivel de vida de un pueblo –y dadas las condiciones económicas de México, tal era el caso, en su opinión–, todo reclamo en esa dirección carecía de sentido. El ideólogo porfi rista, como buen reaccionario, eludía toda discusión acerca de la legitimidad de las aspiraciones y reclamos populares.

24 Bulnes, El verdadero Díaz, p. 262.25 Ibidem, p. 56.26 Bulnes, El porvenir de las naciones, p. 39.27 Ibidem, pp. - 243-244, 419 y ss, 427.28 Ibidem, p. 357.


Para Francisco Bulnes, la prensa era uno de los representantes por excelencia de la demagogia y el gran enemigo de los países pobres con pueblos alfabetizados. En sociedades donde la mayoría de sus miembros sabía leer, la prensa gobernaba; en los contados casos en que sus redactores atendían a los principios de la ciencia, su guía resultaba educativa. Sin embargo, continuaba, la prensa gobernaba siempre según era su público y, en naciones atrasadas y de carácter débil como México, ganaba lectores apelando a sus sentimientos más bajos y ofreciéndoles utopías irrealizables. Por ese camino, sólo traía desgobierno.29

La lectura cientifi cista de la política postulaba la necesidad de una “cabeza racionalista” que gobernara por la ciencia.30 Esta cabeza estaba representada por élites de hombres excepcionales e ilustrados, con un conocimiento de las leyes sociales que los capacitaba para dirigir a la nación por el camino del progreso. Pero un gobierno de las minorías, sostenía Bulnes, sólo era posible sobre la base de la ignorancia de las mayorías; de modo que la ignorancia de las clases populares era factor fundamental de gobernabilidad.31 Las masas instruidas irrumpían en la política y traían siempre consigo la anarquía. No había gobierno posible con las “masas humildes”, “salvajes” e “incivilizadas”, postulaba, y la mejor manera de mantenerlas ajenas a los asuntos públicos era mediante el analfabetismo. Bulnes seguía de cerca, una vez más, al ultraconservador Gustave Le Bon, sociólogo preocupado por la psicología de las masas, quien proponía, precisamente, proscribir la instrucción popular para detener la incursión de las “multitudes” en la política.32 Para fi nes del siglo xix, en México como en Francia, el sufragio popular era un derecho sobre el que la sociedad política no aceptaba marcha atrás, pero las políticas educativas siempre podrían ayudar a la “administración” de las masas. Tal era la propuesta de Le Bon, tan bien recibida por Bulnes.

Francisco Bulnes sentía un profundo desprecio por los grupos populares, así como un gran temor de sus acciones. Expresiones como

29 Ibidem, p. 301.30 La expresión es de Renan, con quien Bulnes coincidía plenamente también en este punto. Renan, La réforme, p. 159.31 Bulnes, El porvenir de las naciones, pp. 286-287.32 Le Bon cita al propio Spencer y a Taine como reticentes ante los “peligros” de una instrucción pública “mal dirigida”. Le Bon, Psicología, pp. 74-81.


“La plebe mientras no odia es fea, pero inocente […] Pero cuando la demagogia la adula, la plebe mata”,33 se encuentran de manera recurrente en su discurso. Para este autor, como para todos los conservadores de su época, la participación de las masas en la política evocaba el terror de la Revolución francesa y el radicalismo de la Comuna de 1848. De hecho, Bulnes utilizaba el término “jacobino” –la fi gura central de la Revolución francesa, estudiada a profundidad y descalifi cada por Taine–, como sinónimo de “demagogo”. Desde luego, para fi nales del siglo xix y principios del xx, Bulnes identifi caba de igual manera el “peligro” popular con las ideologías socialistas y anarquistas; y después de 1917, también con el “bolchevismo”.34

En 1899, Bulnes advertía la “amenaza” de la escuela universal; en 1920, acusó ya a esta institución de haber participado en el derrumbe del régimen porfi rista y en los desórdenes de la Revolución mexicana. Prensa y alfabetización eran corresponsables de la tragedia mexicana, sostenía. En su opinión, también lo eran las escuelas normalistas: fábricas de demagogos que, reclutados entre los propios grupos populares, sólo sabían enseñar la pereza y el servilismo, incitar al socialismo y a la desintegración social.35

Al término de la lucha armada, El verdadero Díaz hacía un recuento de algunos de los maestros normalistas que habían alentado el movimiento revolucionario y que habían llegado a jefes. Entre ellos se contaban: Otilio Montaño, Braulio Hernández, Luis Cabrera, Manuel Chao, Alberto Carrera Torres, Federico Gurrión, Antonio J. Villarreal, Práxedis Guerrero y David Berlanga.36 Efectivamente, estos y muchos otros maestros habían destacado en las fi las de la revolución; las escuelas normalistas habían recibido alumnos de origen popular y, en vísperas del movimiento armado, se habían constituido en centros de agitación política.

La escuela había politizado a algunos sectores de la sociedad. Bulnes identifi caba bien el fenómeno. Aunque quizás más la Normal que la escuela primaria y de manera casi exclusiva en las ciudades,37 la instrucción pública tuvo su parte en la transformación de la cultura política de una época y, por

33 Bulnes, El porvenir de las naciones, p. 289.34 Ibidem, pp. 26, 78-79, 85-87, 130, 174, 214-215, 370-376, 384, 389.35 Bulnes, El verdadero Díaz, p. 243.36 Ibidem, p. 265. Para Taine, como Bulnes bien sabía, el “pedagogo es el rey de la revolución, y la escuela el temple del pueblo jacobino”. Citado por Ozouf, “Taine”.


ese camino, invitó al cuestionamiento de un régimen tan vertical como el porfi riano. Como bien lo ha señalado François-Xavier Guerra, el gobierno de Díaz transmitió, por la vía de una educación liberal, aspiraciones democráticas que minaron las bases mismas de su autoridad.38 Pero si la alfabetización y las escuelas normalistas habían traído consigo reclamos ciudadanos, habían participado también en el desarrollo económico. La experiencia europea había dado cuenta ya de la estrecha relación entre el avance de la alfabetización y el crecimiento industrial: en el viejo continente, los países más instruidos se habían abierto a la industrialización antes que otros; habían mostrado las posibilidades de una población alfabetizada para el manejo de máquinas y para atender a las exigencias psicológicas de la vida moderna.39

Bulnes reconocía el progreso material porfi riano, aun si le negaba a la escuela todo crédito en él. Para fi nales del siglo xix, el régimen se enorgullecía de la integración de un mercado interno, de la creación de un sistema bancario nacional, de la captación de grandes inversiones de capital y del advenimiento de una revolución industrial. Ahora bien, según la propia argumentación de Bulnes, a tal avance hubiera debido corresponder una apertura en los programas de instrucción pública; sólo que nunca consideró que tal momento hubiera llegado. Por el contrario, en 1899 era más crítico de la educación básica obligatoria que antes. El ideólogo porfi rista no era consecuente; su discurso representaba un esfuerzo justifi cador más que explicativo. Al margen de desarrollos económicos, se resistiría hasta el fi nal a la escuela universal: privaban su temor al pueblo, sus construcciones acerca de la inferioridad de la raza y del carácter del mexicano y su rechazo profundo a todo proyecto democrático.

37 El analfabetismo en vísperas de la revolución alcanzaba todavía a 80% de los habitantes del país, mientras el número de escuelas normalistas rebasaba ya los cuarenta. La población alfabetizada era fundamentalmente urbana y 40% del total se concentraba en el Distrito Federal. Bazant, Historia de la educación, p. 83 y ss; Vázquez, Nacionalismo y educación, pp. 66-68, 98.38 Guerra, México: del antiguo, t. 1, pp. 426-444.39 Léon, “L’enseignement technique”, pp. 291-306.


IV. Educación superior: privilegio de las élites

La concepción elitista de la educación de Francisco Bulnes se manifestó en sus consideraciones acerca de la instrucción básica y normal; desde luego, también se hizo patente en sus señalamientos acerca de la educación superior. Sin comprometerse con una refl exión sistemática acerca de las escuelas superiores o de la universidad, el ideólogo porfi rista advirtió el mismo “peligro” apuntado para el caso de la escuela primaria: el de su masifi cación. Bulnes era celoso del carácter selectivo de las instituciones de enseñanza superior y lo puso de manifi esto al expresar su preocupación por el “exceso” de profesionistas en México y el desequilibrio social que tal situación podría conllevar.

Los argumentos esgrimidos por Bulnes para mantener el carácter elitista de la educación superior descansaron, como en el caso de la escuela primaria, en limitaciones impuestas por un pobre desarrollo económico. De acuerdo con Bulnes, todo gobierno aglutinaba elementos de orden tradicional, económico e intelectual. La relación entre los tres variaba de una sociedad a otra, pero el mejor régimen era aquel en que dominaban los dueños del capital y hacían segunda los intelectuales. Estos últimos, representados por sus “clases” profesionistas, eran fundamentales para la acertada dirección de la política y la economía; pero los intelectuales, por sí mismos, no producían riqueza material, de modo que debían cuidar que su número guardara una sana proporción con los elementos económicos. Violar tal proporción podría crear un peligroso desajuste social y una situación insostenible para el erario público.40

Las fuerzas económicas en América Latina, continuaba, eran escasas y demandaban pocos profesionistas; el Estado, entonces, se había convertido en el mayor empleador de abogados, ingenieros, administradores… en el subcontinente. En principio, las clases medias intelectuales le habían dado fortaleza y había facilitado su consolidación, pero la capacidad del Estado para absorber a los egresados de las escuelas superiores también tenía un límite. Cuando este límite se alcanzaba, aseveraba Bulnes, quienes iban quedando fuera del presupuesto eran presa de la frustración; al tiempo se

40 Bulnes, El porvenir de las naciones, pp. 322-325.


convertían en agitadores sociales. Los profesionistas hispanoamericanos desempleados y sin riquezas propias, decía el autor de El porvenir de las naciones, se iban convirtiendo en representantes de un “socialismo de levita” que sólo maquinaba contra los gobiernos establecidos, buscaba conquistar el poder seduciendo a las clases populares y provocaba guerras civiles.41 El problema, insistía Bulnes, era que su número resultaba excesivo:

abundante al grado de poder satisfacer toda la demanda de Europa y de los Estados Unidos, y sobrar para Asia y África si llegan a necesitar. Nuestras únicas fuerzas de gobierno consisten en una amplia clase profesional, que inunda la América y que probablemente no cabría en el río Amazonas, compuesta de millares de abogados, de generales, de médicos, de periodistas y de pordioseros de levita que acusan siempre como servicio mejor haber salvado a su patria por haber participado del pillaje de alguna revolución o de muchas.42

El México de principios de siglo tenía cerca de 13,000 profesionistas, con una población de trece millones y medio de habitantes y una revolución industrial en sus haberes.43 La cifra no parecía excesiva. Bulnes exageraba: en 1900, en México, había un estudiante por cada 2,400 habitantes; en Francia, ese mismo año, la cifra era de un estudiante por cada 1,384 habitantes y, en Estados Unidos, era de un estudiante por cada 380 habitantes.44 La comparación de México con estos dos países podría parecer poco pertinente, considerando las diferencias económicas que los separaban, pero pone en evidencia la exageración de la afi rmación de Bulnes acerca de la desproporción en la formación de profesionistas en relación con los países más desarrollados. Era verdad que en 1900 había 5,600 alumnos inscritos en las escuelas superiores –casi una tercera parte del número de profesionistas registrados entonces en el país–, pero este número representaba una matrícula apenas un poco mayor a la registrada a principios del porfi riato.

41 Ibidem, p. 331; El verdadero Díaz, p. 254.42 Bulnes, El porvenir de las naciones, p. 324.43 El número de profesionistas en 1900 era de 12,709, los que comprendían: abogados, notarios, médicos, dentistas, farmacéuticos, parteras, veterinarios, ingenieros, arquitectos, maestros de obras, agentes de negocios, corredores y profesores. Bazant, “La República Restaurada”, p. 209.44 Gerbod, “L’enseignement”, pp. 307-318.


México no parecía ser presa de una “sobreproducción” de profesionistas.45 Sin embargo, tampoco podemos soslayar el hecho de que las empresas de capital extranjero traían muchas veces a sus propios ingenieros y administradores; también que médicos y abogados tenían poca demanda entre los grupos más numerosos de la sociedad. De esta manera, el tema de las opciones de trabajo para los egresados de las escuelas superiores era una cuestión que preocupaba, efectivamente, a los políticos de la época. En 1903, el Consejo Superior de Instrucción Pública discutió el problema: consideró la necesidad de reducir el número de estudiantes para evitar el desempleo y el descontento social a él aparejado; también discutió la posibilidad de adaptar el tipo de formación profesional a los requerimientos del desarrollo económico. Optó por este último camino, por transformar planes de estudio y, en 1907, Justo Sierra declaraba la existencia de un buen equilibrio entre oferta y demanda de profesionistas.46

Francisco Bulnes había apuntado el tema en 1899. Desde entonces consideraba que había una sobreoferta de profesionistas, sólo que en aquel momento, el problema le había parecido manejable: bastaba con que el Estado continuara dando “de comer a sus abundantes clases medias profesionales, trabajen o no, sin dejarse devorar por ellas, entretanto el desarrollo industrial puede obligarlas a comer en cambio de trabajo útil a la sociedad.”47 Sin embargo, dos décadas más tarde, el panorama desde el que Bulnes escribía había cambiado radicalmente: había tenido lugar una violenta revolución popular. Su valoración del empeño puesto por el Estado para “aplacar el famelismo de la sobrante clase media revolucionaria”48 era también distinta.

En El verdadero Díaz, Bulnes analizó las causas de la revolución; entre otras, él contaba una política de ahorro público que se había traducido en la contracción de empleos. Hacia el fi nal del siglo, decía, se había detenido el crecimiento del aparato estatal, con funestas consecuencias para la estabilidad política del país: el Estado había dejado de contratar a los jóvenes profesionistas y éstos, insatisfechos con su situación, se habían dedicado a

45 En 1878 había 4,881 alumnos inscritos en las escuelas superiores de todo el país; en 1900 se registraron 5,611 alumnos. González Navarro, Estadísticas sociales, p. 52. 46 Bazant, Historia de la educación, pp. 220-223.47 Bulnes, El porvenir de las naciones, p. 339.48 Ibidem, p. 361.


revolucionar. Así, el principal error de la política gubernamental en relación con la clase media intelectual había sido, para Bulnes, el de cruzarse de brazos frente a su desempleo. Pero el Estado no sólo debió haber continuado su política de crecimiento, que sostenía ya con la revolución enfrente, sino que el gobierno debió haber atajado la “sobreproducción” de profesionistas.

En 1920, Bulnes opinaba –como lo habían hecho algunos miembros del Consejo Superior de Instrucción Pública en 1903– que para hacer frente al problema del exceso de profesionistas, debió haberse disminuido su “procreación”, es decir, debió haberse reducido la matrícula de las escuelas superiores.49 En este punto, el escritor quiso establecer un paralelismo con el ejército, cuyo número se reducía siempre que representaba un gasto innecesario y una carga demasiado pesada para el erario público. Según Bulnes, podría haberse aplicado una medida equivalente, en especial en relación con los abogados, los profesionistas más numerosos y más dados a depender del Estado. Sólo que, continuaba:

desgraciadamente, a ningún estadista mexicano se le ha ocurrido reducir la producción de abogados en la nación, sino que, por el contrario, las mujeres han logrado autorización para desempeñar la carrera de abogados.50

Paralelismo poco claro. Lo que los diferentes gobiernos liberales, el de Díaz incluido, habían hecho en su momento en relación con el ejército había sido licenciar tropas, no dejar de “producirlas”; peor aún, cuando los gobiernos decimonónicos redujeron ejércitos y las fuerzas licenciadas encontraron difi cultad para reinsertarse en las diversas actividades económicas, habían traído consigo bandolerismo y guerras y, quizá, hasta habían “producido” nuevos ejércitos. Así las cosas, el soldado licenciado podría asociarse más con el profesionista desempleado que con el joven que no había alcanzado la enseñanza superior. En todo caso, si reducir el número de miembros del

49 En 1920, Bulnes apuntó otra medida que hubiera ayudado a contrarrestar, al menos en parte, la contracción del empleo en la esfera de la burocracia estatal: el “desazolve” de la administración pública mediante pensiones de retiro que garantizaran la renovación de los empleados del gobierno; por este camino, los jóvenes egresados de las escuelas superiores hubieran podido tomar el lugar de los viejos y ambos hubieran quedado satisfechos. Bulnes, El verdadero Díaz, pp. 38-43, 252-253.50 Ibidem, p. 252.


ejército tenía algo que ver con acortar las matrículas de las escuelas profesionales sería sólo por la vocación exclusivista de Bulnes que demandaba por igual un ejército de élite que una educación superior selectiva.51 Efectivamente, el trasfondo de la preocupación de Bulnes por las posibilidades de desarrollo de los profesionistas jóvenes era una concepción profundamente elitista de la educación superior. Esta posición se puso de manifi esto, con toda claridad, en su valoración de la Escuela Nacional de Agricultura.

A diferencia del resto de las escuelas superiores que dependían del ramo de Instrucción Pública –dirigido a lo largo de una década por Justo Sierra–, la Escuela de Agricultura dependía de la Secretaría de Fomento y contaba con un programa de becas para personas sin recursos provenientes del campo. Bulnes criticaba los programas por instruir en el dominio de técnicas que, en su opinión, eran inaplicables en un campo tan atrasado como el mexicano; pero recriminaba aún con más fuerza el que esa institución abriera sus puertas a hijos del “peladaje y del medio peladaje rural”.52 Para el porfi rista, este último era un acto despreciable a la vez que peligroso, pues decía: “cuando un puericio de las capas inferiores de la sociedad asciende por la cultura intelectual y el refi namiento ético a las capas superiores” y luego es rechazado por ellas, como sucedía casi siempre, entonces regresaba a las fi las de donde había salido y se levantaba con furia en contra de quienes lo habían rechazado.53 Para Bulnes, las escuelas superiores no eran lugar para miembros de sectores populares; abrirles sus puertas representaba un peligro para la estabilidad nacional.

En su momento, la amenaza de desempleo sobre los egresados de las escuelas superiores había sido un tema de discusión importante y había atraído la atención del gobierno porfi rista. En 1920, el asunto ya no estaba a debate; la reconstrucción del país requería de muchos profesionistas y la revolución impulsaría una política educativa y cultural abierta a amplios grupos sociales. Pero Bulnes se resistía a la nueva tendencia. Su estudio sobre las causas de la caída del régimen anterior insistía en los “peligros” de la democratización de la educación superior; rechazaba la universidad

51 Sobre la idea del ejército de Bulnes véase Salmerón, Alicia, “Sobre el Díaz-estadista”.52 Bulnes, El verdadero Díaz, pp. 255-256.53 Ibidem, p. 255. Efectivamente, el origen social de los estudiantes de la Escuela de Agricultura y su cercanía con los problemas del campo los llevaron a tomar el partido de la revolución. Al respecto véase Garciadiego, Rudos contra científicos.


abierta a sectores de diferentes orígenes sociales y repudiaba su lugar como espacio favorable a la movilidad social. Abogó entonces por el repliegue de las instituciones de enseñanza superior, por acentuar su carácter selectivo. La postura de Bulnes iba a contracorriente no sólo del empuje revolucionario en México, sino de la tendencia que, en la práctica, venía privando en el mundo occidental desde 1870: la de un crecimiento acelerado de la población estudiantil a nivel superior. En Francia y en Estados Unidos, por ejemplo, entre 1870 y 1900, las escuelas profesionales habían multiplicado su matrícula por tres y por 6.5 veces, respectivamente.54 Aunque la democratización de la universidad en Europa y en el país vecino del norte tardaría todavía algunas décadas, la orientación en ese sentido era clara, pero Bulnes vivía asustado de la posibilidad de que un pueblo “mediocre” irrumpiera en las instituciones de enseñanza superior mexicanas y de que por este camino se alteraran jerarquías sociales establecidas.

La adecuación de las políticas de educación superior al mercado de trabajo es, antes como hoy, una necesidad real. También es verdad que la escuela universal posee fuerza politizadora. Por otra parte, la alfabetización sin disfrute de benefi cios económicos puede ser subversiva, al igual que los profesionistas desempleados pueden convertirse en “agitadores” sociales. Podemos convenir con Bulnes en todo esto. Sin embargo, pretender servirse del analfabetismo como instrumento de control social y mantener la universidad como institución de élite para garantizar la continuidad de un régimen son postulados no sólo cuestionables desde perspectivas liberales y democráticas presentes en su momento, sino que, a principios del siglo xx, eran planteamientos ciegos a los nuevos tiempos, incluso desde una perspectiva conservadora.

Tratar de evitar los reclamos ciudadanos por la vía del analfabetismo constituye no sólo una postura retrógrada, sino una apuesta poco realista en el contexto de un desarrollo económico como el que caracterizó al porfi riato. La industrialización de algunas regiones del país, la ampliación de los mercados y el crecimiento de la actividad económica provocaron transformaciones en la estructura social porfi riana, cambios que se

54 Habría que advertir, desde luego, que el aumento de la matrícula universitaria en Francia y Estados Unidos guardaba una estrecha relación con un importante crecimiento poblacional. Gerbod, “L’enseignement supérieur”, pp. 307-318.


tradujeron, para principios de siglo, en reclamos de espacios políticos por parte de los grupos sociales emergentes. En esas condiciones, el analfabetismo representaba una pobre barrera para detener a las nuevas fuerzas sociales; en cambio, la prensa podía funcionar como un medio de incidir en la acción de esos grupos sociales. De hecho, en México, los luchadores sociales supieron servirse de ella para invitar a la revolución; los ultraconservadores de otras latitudes lo hicieron en favor de proyectos autoritarios.

El gran fenómeno político del siglo xx fue el de la incursión de las masas en la política. Tal fue el signifi cado de la Revolución mexicana, de la Revolución rusa de 1917 y de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo entonces cerrarse a un canal de comunicación tan importante como el de la letra impresa para tratar con grupos sociales que emergían con tal fuerza? Ni siquiera un gobierno reaccionario podía dar la espalda a tal realidad. Los regímenes autoritarios en el siglo xx –Mussolini y Hitler; también Stalin y Mao–, lejos de negar el silabario a las “multitudes”, harían de él un instrumento más para manipularlas; lejos de intentar negar el lugar de los grupos populares en la vida política, como Bulnes, formarían partidos de masas para controlarlos. La escuela universal se convirtió en una exigencia del mundo moderno, incluso para quienes se oponían a toda reforma democrática.

Si al abrir el siglo xx el analfabetismo era inefi ciente como instrumento de control social, también parecía inútil la resistencia del ideólogo porfi rista a una democratización de la enseñanza superior. En el contexto de un crecimiento económico como el porfi rista, pretender la contracción de la oferta educativa superior parecía torpe. Y no sólo por lo que tocaba a las necesidades mismas del crecimiento económico, sino por las del propio régimen: obligado cada vez más por la fuerza de las transformaciones económicas y sociales, a ensanchar sus bases de apoyo para sostenerse en el poder. Tales propuestas revelaban la miopía de un viejo conservador, incapaz de entender los retos de los nuevos tiempos. Las propuestas cientifi cistas que Bulnes ofreció en materia educativa no ayudaban a encontrar caminos para garantizar estabilidad política y social, sólo traducían un esfuerzo justifi cador. Finalmente, tal fue el sentido del discurso bulnesiano: el de la justifi cación de los privilegios de unas élites gobernantes y de un régimen autoritario.


Fuentes referidas

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------------------, Historia de la educación durante el porfi riato, México, El Colegio de México, 1993.

Bulnes, Francisco, El porvenir de las naciones hispanoamericanas, [1899], México, El Pensamiento Vivo de América, 1953

---------------------, El verdadero Díaz y la revolución, México, Hispano-Mexicana, 1920.

Debates del Congreso Nacional de Instrucción Pública, México, Imprenta de “El Partido Liberal”, 1889.

Garciadiego, Javier, Rudos contra científi cos: la Universidad Nacional durante la revolución mexicana, El Colegio de México / unam, 1996.

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Vázquez, Josefi na Zoraida, Nacionalismo y educación en México, México, El Colegio de México, 1975.

RESEÑAS


Hoy en día la historiografía colonialista está desplazando el foco de atención hacia el fi nal del siglo xvii y el principio del xviii. Es el periodo menos conocido de la historia virreinal y se está descubriendo que fue cuando comenzaron a gestarse los cambios que se han atribuido a los más conocidos reinados borbónicos de Fernando vi y Carlos iii. En esto radica la primera gran virtud del libro de Iván Escamilla: estudiar esas décadas poco conocidas desde la guerra de

Sucesión hasta el inicio de la guerra del Asiento. El tema conductor del libro es el proceso ambivalente protagonizado por el Consulado de México en ese periodo, una de las fi guras corporativas más conspicuas y, por ello, una de las primeras que comenzó a resentir los cambios impulsados por la nueva corte borbónica, un proceso que exhibió como nunca antes “la contradicción irreconciliable entre los intereses de la metrópoli y la colonia” (p. 16). El autor se propuso y cumplió analizar el desempeño del Consulado en el proceso de reforma del imperio español; estudiar los mecanismos de negociación, las prácticas políticas y las relaciones económicas del Consulado con otras instituciones e instancias de poder en México y España; exhibir el contexto internacional y el nuevo sistema de relaciones entre los Estados europeos; analizar los conceptos de monarquía, imperio, comercio y reforma y, por último, rescatar y valorar la actuación de varias fi guras importantes del mundo de la política y el comercio coloniales.

Los intereses malentendidos

Por Matilde Souto Mantecón*

Iván Escamilla González, Los intereses malentendidos. El Consulado de comerciantes de México y la monarquía española, 1700-1739, México, unam-Instituto de Investigaciones Históricas, 2011.

* Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.


Uno de los aspectos más acertados y novedosos de esta obra es el análisis de temas económicos a partir de enfoques culturales e ideológicos. Para demostrarlo, baste mencionar el uso que hace de los sermones y prédicas como fuente para estudiar la política económica. Así, el análisis político de un tema económico estudiado a través de los sermones, alcanza en la obra no sólo una gran profundidad, sino una riqueza sorprendente pues, parafraseando a Escamilla, el autor dejó hablar a quienes, como los predicadores, tenían el encargo de modelar con la palabra el espíritu público de aquella época. En relación con nuevos instrumentos de análisis para la historia política y económica, destaca también otro recurso poco usual, la iconografía, utilizada en el libro para cumplir con el objetivo de resaltar una de las personalidades de la política y la economía de la Nueva España: en la portada (un espacio que se emplea poco para poner énfasis en el contenido de la obra) exhibió el escudo de armas del virrey Casafuerte. Otro de los recursos utilizados de modo muy sugerente para el análisis político-económico es el de la historia intelectual, concretamente a partir del pensamiento del oidor Juan Manuel Oliván Rebolledo. Asimismo, un aspecto sobresaliente es la inserción de la historia virreinal en la historia imperial europea. Entre los aspectos menos conocidos de la historia del comercio colonial mexicano está la participación que en él tuvieron los ingleses, un tema que ha sido estudiado con cierta extensión en la historiografía anglosajona, muy poco en la española, pero que casi no ha recibido atención en la historiografía mexicana. Éste es quizá el primer estudio amplio sobre la participación de la Compañía Real Inglesa, la South Sea Company, escrito en México y desde la perspectiva mexicana. Por todo lo anterior, la obra de Escamilla marcará un hito en la historiografía colonial.


A través del análisis de los momentos constituyentes que tuvieron cabida durante la primera mitad del siglo xix, este volumen de historia constitucional mexicana de Israel Arroyo se inscribe en una nueva manera de acercarse a los textos fundamentales que, lejos de atenerse al examen de la norma, los considera como punto de llegada de procesos políticos y sociales que vienen de tiempo atrás. Este libro se suma así a la obra

de aquellos autores que buscan explicar los complejos contextos en que se estructura un orden jurídico; una historiografía interesada por las dinámicas sociales y políticas de una época, por la cultura y las prácticas políticas.

Se trata de una investigación sólida y original de la historia política de las primeras décadas de la vida independiente de México. En su propósito por entender el sentido de los congresos y sus “productos constitucionales”, analiza la actividad política generada antes, en torno y dentro de ellos en sus diferentes niveles: el doctrinal (debates en congresos y en prensa); el institucional (convocatorias, planes, constituciones, leyes secundarias); y las prácticas políticas (conformación de grupos políticos en los congresos, proyectos y estrategias de alianzas). De esta manera, logra ofrecernos una visión de conjunto de procesos y acontecimientos que la historiografía nos ha presentado, con demasiada frecuencia, de manera aislada; nos procura un cuadro completo del devenir constitucional del periodo de construcción del Estado nacional mexicano: 1821-1857.

Israel Arroyo, La arquitectura del Estado mexicano. Formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, México, Instituto Mora / BUAP, 2011.

La arquitectura del Estado mexicano

Por Cecilia Noriega Elío*

* Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.


Esta obra de Arroyo está dividida en dos grandes partes, cada una con unidad propia, y aunque ambas se complementan entre sí, pueden leerse independientemente una de la otra. La primera es una historia de las formas de gobierno en el México de la primera mitad del siglo xix, que pone el énfasis en la centralidad del republicanismo en la etapa formativa del Estado mexicano. Este republicanismo —versus el monarquismo— se presenta como tema medular de los esfuerzos de construcción nacional en México, al lado de los otros elementos que tocan a las formas de gobierno: confederalismo-federalismo-centralismo.

A partir de la defi nición de las formas de gobierno en tensión durante la primera mitad del siglo xix, La arquitectura del Estado mexicano propone la existencia de dos momentos constitucionales para el periodo. El primero de 1821 a 1837, que arranca con fuertes tensiones entre monarquismos moderados –borbonistas e iturbidistas–, pero en el cual irrumpe pronto y con fuerza un republicanismo fundacional, dividido a su vez en torno de tres proyectos: federalista, confederalista y unitario. El segundo momento, que abarca de 1837 a 1857, está marcado por el peso de los debates y proyectos sobre las formas de gobierno que tuvieron lugar en la década de 1840. Central es el Constituyente de 1842, destacado por su defensa del republicanismo frente al monarquismo; también por su esfuerzo por superar el confederalismo en favor de un diseño constitucional federalista. En él tuvo lugar un salto cualitativo en la concepción republicana: se pasó de la república de los estados/departamentos a la república de los individuos, es decir, que los comicios presidenciales se hicieron vía electores por departamento, sin pasar por las legislaturas estatales. Los procesos que atraviesan este momento son los que cristalizarán en el Constituyente de 1856-1857. Pero si bien en 1857 triunfó la república y un federalismo unicameral, también se reactivaron los debates en torno de la forma de gobierno y se reabrió la puerta al monarquismo.

La segunda parte del libro es una historia de la representación política en México en el mismo periodo. A partir de una perspectiva de análisis que privilegia la institución y las prácticas electorales en su relación con los proyectos monárquicos o republicanos, Arroyo examina el funcionamiento de las asambleas legislativas y la experiencia electoral mexicana de la primera mitad del siglo xix. Muestra cómo, desde muy temprano, los


congresos tomaron distancia de Cádiz en favor de una representación con amplios poderes; cómo “se trascendió el mandato imperativo y se adoptó la idea de independencia de los representantes de la nación”; cómo se diseñó una división electoral propia, que pasó de “los criterios con predominio territorial” a los de población, lo que sólo se pudo llevar a la práctica después de 1857. Explica el funcionamiento de un sistema electoral de ciudadanía amplia que, hasta 1857, marchó de la mano de métodos de elección restrictivos, un régimen indirecto en diversos grados, con todas las limitaciones que imponía al ciudadano para llegar a ser elector. La historia de los procesos que llevaron a estas defi niciones habla, dice el autor, de la existencia de “ciudadanos terrenales”, no de “ciudadanos imaginados”, como ha propuesto Fernando Escalante.

Así, La arquitectura del Estado mexicano no sólo es una obra que contribuye con creces al conocimiento de la historia política, jurídica y cultural del xix mexicano, sino que muestra las posibilidades teóricas y metodológicas con que puede enriquecerse este tipo de estudios.


El libro de Florencia Gutiérrez es una oportunidad para mirar el amplio espectro de las relaciones sociales y políticas desde diversos escenarios. Con una clara exposición, la autora consigue un logrado acercamiento a la realidad histórica concreta a través de conceptos centrales para el análisis social y nos muestra aspectos novedosos de la cultura política de las clases trabajadoras en la capital mexicana al elaborar refl exiones complejas del mundo del trabajo.

El libro está dividido en tres partes; cada una por separado plantea problemas particulares que se van articulando de manera original a partir de una metodología crítica y rigurosa. En la primera parte, la autora explora la integración y la subordinación de los grupos de trabajadores urbanos con las autoridades; en la segunda parte se adentra en las diversas formas del descontento de los grupos populares para explorar motines, negociaciones y consensos; por último, de manera sugerente, estudia la resistencia cotidiana de los trabajadores frente a los embates de la moralidad y el decoro que las élites de fi nales del siglo xix buscaron imponer sobre “la gente común”.

Los usos políticos del vínculo entre las organizaciones de trabajadores y el poder son para Florencia Gutiérrez el contexto en el que se construye un peculiar discurso de clase que, para coexistir con el gobierno imperante, integra preceptos liberales, prácticas cívicas que exaltan los valores republicanos en singulares comparsas que “armonizan” y resignifi can manifestaciones populares en favor de la maquinaria electoral porfi riana.

Florencia Gutiérrez, El mundo del trabajo y el poder político. Integración, consenso y resistencia en la Ciudad de México a fines del siglo xix. México, El Colegio de México, 2011.

El mundo del trabajo y el poder político

Por María Dolores Lorenzo*

* El Colegio Mexiquense


Uno de los aciertos metodológicos del trabajo de Gutiérrez es la intersección de campos de la historia política, social y cultural. Las prácticas políticas, las experiencias y los cánones ideológicos son referentes para repensar el mutualismo y sus luchas en el universo del trabajo a fi nales del siglo xix. Entre otras aportaciones, me interesa destacar cómo de manera muy lograda, Florencia Gutiérrez, al escudriñar en los discursos de los grupos populares, destaca la hispanofobia como parte de una ideología inherente en la toma de las calles, en los motines y en las protestas de los trabajadores de la capital. En defensa de las condiciones materiales de vida y con una fuerte carga ideológica del liberalismo decimonónico, los españoles fueron identifi cados con “el lastre” de un pasado colonial y, como propietarios de comercios y de fábricas, la violencia dirigida hacia este grupo de extranjeros protagonizó el encono y los actos violentos de la muchedumbre durante los gobiernos de Porfi rio Díaz y Manuel González.

Para los estudiosos del porfi riato ésta es una referencia obligada, pues se inscribe en refl exiones generales sobre el periodo y brinda a su vez respuestas originales y complejas. Por ejemplo, explora aspectos centrales en la construcción de la hegemonía del poder y plantea cómo el poder político negocia la subordinación de los trabajadores en favor de ventajas mutuas; asimismo da cuenta, con lujo de detalle, de tres sucesos signifi cativos para los grupos populares en el periodo: el motín del níquel (1883), la conversión de la deuda inglesa (1884-1885) y el movimiento antirreeleccionista de 1892. Florencia Gutiérrez, además, explora con agudeza la experiencia cotidiana de la gente común para analizar la resistencia de los trabajadores frente a los proyectos de modernización de Porfi rio Díaz.

En suma, este libro despierta el interés por una historia renovada del porfi riato y por un acercamiento más complejo al mundo del trabajo en México e invita a una mirada muy actual de la cultura política de los grupos populares urbanos del siglo xix.


Trabajos recientes de historia social se han propuesto investigar sobre sectores que no mantenían relaciones de confrontación permanente y que habían quedado invisibilizados por la historiografía anterior. Es el caso del libro de María Dolores Lorenzo que aborda la asistencia social con una mirada centrada en los actores involucrados. El porfi riato brinda el marco temporal y privilegiado para analizar la transición hacia una asistencia laica, la creciente infl uencia del gobierno

federal, el desplazamiento de los poderes locales y el fortalecimiento de una forma selectiva de asistir a los pobres, a los indigentes y a ciertos sectores elegidos como receptores de esta ayuda.

Uno de los aportes del trabajo tiene que ver con el estudio de las complejas interrelaciones de quienes confl uyen en la asistencia pública en la ciudad de México durante el porfi riato. Busca explorar los intereses de los benefactores y las motivaciones de los benefi ciarios para analizar un problema más complejo: la pobreza urbana y las formas de subsistencia de algunos sectores sociales de la capital, en particular los niños y los jóvenes.

El Estado como benefactor cuenta con seis capítulos. Inicia con una referencia a las imágenes proyectadas en la literatura acerca de la asistencia durante el siglo xix. Estas imágenes son el abrebocas para explicar el proceso de centralización de la asistencia y mostrar la complejidad del confl icto surgido entre el Estado porfi riano y el Ayuntamiento de México. Como ocurría con otros servicios, hay un cambio del discurso y una utilización

María Dolores Lorenzo Río, El Estado como benefactor. Los pobres y la asistencia pública en la ciudad de México, 1877-1905, México, El Colegio de México/El Colegio Mexiquense, 2011.

El Estado como benefactor

Mario Barbosa Cruz*

* uam-Cuajimalpa


creciente de argumentos de defensa de la utilidad pública como sustento para modernizar, transformar e intervenir. La centralización no sólo era un asunto administrativo, también signifi caba una modernización siguiendo los modelos de la época. Brindar asistencia, según la autora, era mostrarse civilizado y generoso ante los menesterosos y hacia parte de un discurso de legitimación de las élites.

El libro también aborda a los empleados de estas instituciones, quienes interactuaban con las autoridades y eran una bisagra entre los benefactores y los benefi ciarios. Relaciones clientelares, fuertes lazos de amistad y parentesco y una escasa movilidad en la oferta de empleo son visibles en cada institución, según el libro. Además, la autora muestra cómo el presidente Díaz colocaba a hombres de confi anza en los negocios prósperos relacionados con estos establecimientos, principalmente, el abasto de los hospicios y de los hospitales.

A pesar de que los benefi ciarios eran considerados indigentes o menesterosos, esta investigación señala que hacían parte de una población desamparada eventualmente. Los receptores de la benefi cencia se convir-tieron en una población privilegiada que tenía la oportunidad de aprender a leer, escribir y a gozar de una capacitación en diversos ofi cios. Lorenzo señala que, más que atender la pobreza extrema, la asistencia pública enfrentaba problemas personales y preparaba a los benefi ciarios para la vida laboral y para la disciplina de trabajo moderna. Por esta razón, la autora habla de una asistencia selectiva que excluía a ancianos y a madres con hijos, y se concentraba en atender a niños y jóvenes de ambos sexos. Es una mano de obra cautiva que trabajaba en estas instituciones como estrategia de subsistencia temporal y optaba por salir de ellas cuando ya no la necesitaba.

Sin duda, el libro de María Dolores Lorenzo es una investigación seria, bien documentada, que profundiza en terrenos inexplorados en un tema de gran interés para los estudiosos del porfi riato, de sus instituciones, de la pobreza urbana y de los confl ictos y mecanismos de reciprocidad en las relaciones sociales.

PORTALESde la archivística


Elementos de sustentabilidad del Archivo General de Notarías del Distrito Federal.

Un acercamiento a sus fondos documentales*

Luis Fernando Díaz Ávalos**

El patrimonio documental mundial se percibe como un todo,es decir, como el fruto a lo largo del tiempo de comunidades

y culturas que no coinciden necesariamente con los Estados nación actuales.

Memoria del Mundo: unesco

* Una versión de este trabajo se presentó en el V Encuentro de Archivos del Distrito Federal.

** Archivo General de Notarías del Distrito Federal

Resumen

Este artículo enfatiza la importancia de resguardar los acervos documentales de una institución como el Archivo General de Notarías del Distrito Federal, ahora mediante el uso de las nuevas tecnologías y acorde con la normatividad vigente. En este sentido, hace un recuento, desde su fundación y desarrollo en sus distintas sedes, de ese repositorio que se ha convertido en invaluable memoria notarial en México e Iberoamérica, ligando sus funciones a los objetivos propuestos por la unesco a través de su Programa Memoria del Mundo.

Palabras clave: notarías, acervo documental, sustentabilidad.

Abstract

This article emphasizes the importance of safeguarding the docu-mentary collection of an institution such as the General Archive of Notaries in Mexico City, by means of new technologies and accord-


Introducción

El Archivo General de Notarías del Distrito Federal constituye uno de los más importantes centros de documentación notarial a nivel nacional. El quehacer que desarrolla día a día, lo enriquece tanto en el ámbito gubernamental como en el de resguardo y protección de los miles de instrumentos notariales que se depositan defi nitivamente cada año, en sus fondos documentales. Por ello, hablar de sustentabilidad dentro de un archivo de tales magnitudes y relevancia, nos obliga a partir de las primeras defi niciones y preocupaciones que, a nivel internacional, impactaron y obligaron a considerar a los actores regionales sobre la importancia de sustentar un patrimonio documental, en este caso notarial, que cada año aumenta.

Desde sus primeros recintos, que sustentaron sus acervos documentales, el Archivo General de Notarías se ha preocupado por resguardar de una manera óptima los miles de actos jurídicos que conforman la memoria notarial de esta ciudad. Respaldada y sustentada esta protección a través de lineamientos jurídicos dictados por los órganos del Gobierno del Distrito Federal, mismos que se explicarán puntualmente.

Asimismo, el Archivo General de Notarías, al ser un archivo de trámite, concentración e histórico, toma todas la medidas pertinentes para dar un servicio y funcionalidad adecuados para tales fi nes. Si bien, cada uno de los servicios que ofrece son provistos gracias a la sustentabilidad de sus fondos documentales, la tarea de salvaguarda y protección de sus colecciones documentales queda plasmada en la ardua labor de investigación y catalogación de los instrumentos notariales que resguarda.

Mi propósito es mostrar los elementos que hacen sustentable al Archivo General de Notarías del Distrito Federal, también es de suma importancia proyectar el presente hacia un futuro a mediano y largo plazos, que indudablemente siga cumpliendo el objetivo primordial del propio

ing to present-day norms. In this regard, it reviews the establishment and development of the different headquarters of this depository that has become an inestimable notary collection in Mexico and Latin America, linking its functions to the objectives proposed by unesco in its Memory of the World Program.


archivo: garantizar la adecuada conservación, protección, sustentabilidad y restauración de cada uno de los fondos documentales que la integran, representando esto la presencia de la vida cotidiana de esta gran ciudad de México que por más de 450 años ha conservado la memoria notarial y que, por consiguiente, es relatora viva de las voces de miles de ciudadanos que han dejado sus más íntimos actos cotidianos a la posteridad, misma que se ha convertido en presente y debe llegar intacta hacia un futuro que poco a poco va llegando.

La sustentabilidad de un archivo muy particular

Quizás la defi nición más apropiada para entender a la sustentabilidad nos la ofrece la propia palabra a través de la Real Academia Española de la Lengua, que defi ne el término como: Conservar algo en su ser o estado.1 Partiendo de una enunciación tan abstracta, pero a su vez precisa, la sustentabilidad enfocada a un repositorio documental nos obliga a entender en primera instancia al archivo mismo. Vicenta Cortés Alonso, en su magna obra intitulada Archivos de España y América, lo defi ne como “una institución que nace con el Estado mismo. Nace como el resultado de la vida del individuo y de la sociedad, refl ejada en los documentos públicos o privados, que testimonian el paso de los hombres y sus agrupaciones, políticas, económicas, religiosas, etc., y que los perpetúan como entes históricos”.2

Ahora bien, teniendo una defi nición algo dura del término, es importante enfocar el concepto archivo hacia la dirección que lo hace sustentable: su propia vitalidad. Citando nuevamente a nuestra autora española, ella muy acertadamente nos indica que, “El Archivo, si queremos cumplir con nuestra misión, debe tratar de alejarse lo más que pueda de esta imagen de cementerio de reposo fi nal, de inoperancia. Debe irse convirtiendo, en cambio, en todos sitios –y, como resultado, ir transformando la idea que las gentes tienen de él–, en un ente vivo y útil, al que siempre podemos referirnos en nuestras necesidades de información y certifi cación”.3

1 Real Academia Española, Diccionario esencial de la lengua española, Espasa, Madrid, España, 2006, p. 1399.2 Vicenta Cortés Alonso, Archivos de España y América. Materiales para un manual, México, fce, 2007, Colección Tezontle, t. i, p. 83. 3 Ibídem, p. 51.


Ahora bien, al entender que la sustentabilidad de un archivo parte de la concepción de éste como un repositorio vivo, el trabajo de las diversas instituciones que se preocuparon por la conservación documental y que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo xx, y aún más puntualmente durante la última década del mismo, nos lleva a observar el interés que desató la importancia de conservar y sustentar el patrimonio documental contenido en los cientos de archivos o centros documentales alrededor del orbe. En el año de 1992 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco por sus siglas en inglés) creó el Programa Memoria del Mundo,4 el cual arroja tres objetivos fundamentales:

i. Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial mediante las técnicas más adecuadas.

ii. Facilitar el acceso universal al patrimonio documental.iii. Crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la

importancia del patrimonio documental.

Es así como este organismo internacional presta de forma sólida y con tun-dente las bases para la protección y sustentabilidad del patrimonio documental del mundo.5

La importancia de la conservación, resguardo, restauración y sustentabilidad de los archivos a nivel mundial y las medidas de vanguardia tomadas por la unesco son el antecedente en México para la publicación el 20 de febrero de 2004 en el Diario de Ofi cial de la Federación de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.6

4 Ray Edmonson, Memoria del Mundo. Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental, División de la Sociedad de la Información, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, edición revisada, 2002. Última visita a la página,1 de agosto de 2011: http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/memory-of-the-world-general-guidelines-to-safeguard-documentary-heritage/.5 A efectos, citando las directrices ya mencionadas del Programa Memoria del Mundo, la definición de patrimonio documental comprende varios elementos que son: movibles, consistentes en signos/códigos, sonidos y/o imágenes; conservables (los soportes son elementos inertes), reproducibles y trasladables. A su vez, anota, se considera que un documento consta de dos componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se consignan.6 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial


En 2008 se publicó en la Gaceta Ofi cial del D. F. la Ley de Archivos del Distrito Federal, que garantiza la protección, conservación, difusión y sustentabilidad de los archivos y fuentes documentales, patrimonio del Distrito Federal. Así pues, en su artículo 5º, fracción ii, se menciona el principio de procedencia, que consiste en “respetar la procedencia institucional productora de los fondos documentales. Los documentos de archivo procedentes de un ente público deberán mantenerse agrupados sin mezclarse con otros, respetando su organización y atribuciones”.7

En este orden de ideas, el Archivo General de Notarías adquiere un carácter propio, respaldado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley del Notariado para el Distrito Federal y los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Estas leyes y lineamientos serán abordados más adelante, pues es importante señalar los antecedentes históricos del Archivo General de Notarías del d. f., ya que a partir de sus orígenes, se podrá comprender su propia sustentabilidad.

Origen y sedes del Archivo General de Notarías del Distrito Federal

En 1901, durante el gobierno del general Porfi rio Díaz Mori, se creó el Archivo General de Notarías del Distrito Federal, por disposición de la nueva Ley del Notariado. En su artículo 91 se establecía “que en la Ciudad de México exista un Archivo General de las Notarías perteneciente al Distrito Federal”.8 La historiadora Lucila López de la Vega, en su artículo Los protocolos notariales como testimonio de la vida económica…, nos dice que, “[…] se estipuló que dicha institución [el Archivo] quedaría al mando de la Secretaría de Justicia y que sus funciones serían mantener los protocolos notariales que hasta ese momento se encontraban dispersos en los distintos

de la Federación el 20 de febrero de 2004. Última visita de la página, 1 de agosto de 2011: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=679839&fecha=20/02/2004.7 Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de octubre de 2008. Última visita a la página, 1 de agosto de 2011: www.aldf.gob.mx/archivo-3e05f84704f67c467c5a92827049ee6d.pdf.8 Ernestina Godoy Ramos, “La nueva sede del Acervo Histórico del Archivo General de Notarías en el ex convento de Corpus Christi”, en Corpus Christi: Sede del Acervo Histórico del Archivo General de Notarías, México, Gobierno del Distrito Federal, 2006, p. 206.


despachos de los Notarios de la época”.9 La primera sede de este Archivo se ubicó, nos menciona la historiadora, “en el ala poniente del antiguo edifi cio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, inmueble que hoy alberga las ofi cinas de la Jefatura de gobierno del Distrito Federal”.10

Pero antes de tener esta sede, es importante señalar que:

los protocolos y la documentación notarial fueron custodiados por los propios escribanos y posteriormente por notarios públicos o reales de la ciudad de México. En 1852 se hizo el primer intento por parte del Estado para que la Secretaría de Justicia resguardara los libros de los notarios. No obstante, durante el imperio de Maximiliano se decretó que éstos conservaran sus libros y los transfi rieran a sus sucesores en las notarías.11

También debe mencionarse que en el periodo virreinal, los escribanos debían guardar sus protocolos en sus propias escribanías, como se ha señalado, pues se corría el riesgo de que, como en el año de 1692, varios libros dispuestos en el cabildo, fueron abrasados por causa de un motín de indígenas que furiosos reclamaban por la escasez de maíz. En este singular hecho, don Carlos de Sigüenza y Góngora logró rescatar en medio del tumulto varios de estos libros.

A partir de 1901 se destina una sede especial para albergar los miles de protocolos de la producción notarial de las centurias anteriores. Al ser insufi ciente el espacio en la sede del Palacio del Ayuntamiento, conocido como Antigua Casa de la Diputación, se mudó a un inmueble de la calle República de Cuba. Al ocuparse por completo este inmueble, se decidió trasladar el Archivo General de Notarías a otro edifi cio ubicado en la calle Filomeno Mata, justo a un costado de la iglesia del Convento de Santa Clara. Posteriormente regresó a su sede original, en el edifi cio del Palacio del Ayuntamiento, para moverse después al edifi cio de la Aduana de Santo Domingo, frente a la plaza del mismo nombre en el corazón del Centro Histórico de la ciudad de México.

9 Lucila López de la Vega, “Los protocolos notariales como testimonio de la vida económica: el Archivo Histórico de Notarías de la ciudad de México”, en Boletín. Asociación Mexicana de Historia Económica, México, 2009, p. 62. 10 Ídem.11 Ernestina Godoy Ramos, op., cit., p. 266.


El nuevo emplazamiento del Archivo General de Notarías se ubicaría en las ofi cinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la calle de Villalongín, en la colonia Cuauhtémoc, fue la primera vez que salió del primer cuadro del Centro Histórico. De esta sede, pasó a ocupar el antiguo edifi cio del convento de La Enseñanza en la calle de Donceles 104, y durante 20 años, de 1968 a 1988, resguardó las escribanías y notarías públicas de esta ciudad capital.

Por último, el Archivo encontraría su actual sede en la calle Candelaria de los Patos, en donde se hizo una importante reclasifi cación de sus fondos documentales, al hacerse la distinción entre su acervo histórico y el acervo notarial contemporáneo. Debido a lo anterior, en 2005 se trasladó el primero de ellos a la sede que lo contiene actualmente, ubicada en Avenida Juárez 44, en el ex Templo de Corpus Christi.

Esta separación física del acervo histórico del contemporáneo de ninguna manera representó una ruptura; por el contrario, unifi có con más calidad la sustentabilidad de los protocolos notariales que componen esta parte del Archivo, al brindarles y proporcionarles un lugar específi co que permitiera una mejor conservación y custodia a la altura de un fondo tan importante como el histórico.

Los protocolos se salvaguardan en espacios óptimos y adecuados para la efi caz protección de cada uno de los instrumentos y diversidad de actos jurídicos que edifi can la memoria notarial y cotidiana de los habitantes de esta ciudad por más de 450 años. Asimismo, los fondos documentales albergados en la sede de Candelaria de los Patos en algún momento se volverán históricos, como ya lo veremos, y por ello, desde su entrada para guarda defi nitiva, se les proporciona una custodia que garantiza las mejores condiciones de conservación para cada uno de ellos.

Al brindar espacios óptimos a cada una de las partes que conforman el Archivo General de Notarías del Distrito Federal, se plantea con ello un efi caz manejo de cada uno de los fondos documentales y hace más pronta y expedita su consulta, trámites y conservación.


El Archivo General de Notarías del Distrito Federal: una mirada muy íntima

Como ya hemos visto, el Archivo de Notarías ha sufrido en varias ocasiones reubicaciones que lo obligan a replantear su sustentabilidad física; así como diversas adecuaciones de espacios que garanticen la conservación de los protocolos notariales, para que las generaciones actuales y venideras puedan usarlo como fuente de información actual e histórica.

La organización interna del Archivo General de Notarías compete a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 35, fracción xx que establece: “Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías, así como elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, prestar los servicios relacionados con éste”.12 A su vez, el Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal, en su fracción xiv referente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, artículo 114, indica que corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, “Conservar, administrar y vigilar el funcionamiento del Archivo General de Notarías”.13

Ahora bien, la Ley de Archivos de Distrito Federal, como ya se ha mencionado, en su capítulo ii referente a la Organización y Composición de los Sistemas Institucionales de Archivos, menciona en su artículo 12 que: “Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su normatividad, deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias, su respectivo Sistema Institucional de Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las directrices señaladas en la presente Ley y su Reglamento”.14

El artículo 13 de la misma ley indica que “El Sistema Institucional

12 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. Última visita a la página, 1 de agosto de 2011: www.aldf.gob.mx/archivo-3708e05e56681a0df4ffde0cd880e7ec.pdf13 Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de diciembre de 2008. Última visita a la página, 1 de agosto de 2011: www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/.../4/regIntAdminPubDF.pdf14 Ley de Archivos del Distrito Federal, op. cit.


de Archivos se integrará en cada ente público a partir de la composición siguiente: i. Componentes Normativos, y ii. Componentes Operativos. Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la operación del Sistema […]”.15 Haciendo una pausa en este punto, es pertinente anotar que son la Ley del Notariado y los Lineamientos del Archivo General de Notarías los que responden a este enunciado de la ley en cuestión, ya que norman de manera particular las actividades y asuntos propios de este repositorio documental, pues el de notarías contiene actos celebrados entre particulares que tienen efectos legales entre ellos o contra terceros.

Continuando en el mismo artículo 13 de la Ley de Archivos del d. f., se indica que, “Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los documentos del ente público”.16 En este caso son los protocolos que se resguardan en el Archivo General de Notarías los que dan la propia sustentabilidad al sistema, ya que son los entes que dan vuelta al engranaje archivístico, al contener todos los actos jurídicos requeridos por los usuarios para fi nes legales o de investigación jurídica e histórica, puesto que durante su larga vida, los protocolos son parte de un archivo de trámite, concentración e histórico.

Por último, en el mismo tenor de la Ley de Archivos del d. f., su artículo 14 menciona que “Los componentes normativos se integrarán por: i. La Unidad Coordinadora de Archivos; y ii. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (Coteciad)”.17

Al propósito del Coteciad, es pertinente mencionar que éste es un:

órgano técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente público, integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se consideren necesarias para promover y garantizar la correcta administración del documento y para la gestión de los archivos de cada institución.18

15 Idem. 16 Idem.17 Idem.18 Artículo 17 de la Ley de Archivos del Distrito Federal.


Así pues, esta serie de leyes y lineamientos internos son los que sustentan y dan vida al Archivo General de Notarías del Distrito Federal, fundamentan cada uno de sus fondos documentales y lo convierten en un repositorio invaluable de la memoria notarial en México e Iberoamérica.

El Archivo General de Notarías del d. f. garantiza la óptima y adecuada guarda defi nitiva de los protocolos que periódicamente recibe. Como lo indica el Artículo 95 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, pues:

El notario deberá guardar en la notaría, la decena de libros durante cinco años, contados a partir de la fecha de la certifi cación de cierre del Archivo a que se refi ere el artículo 91 de esta ley. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la expiración de este término, los entregará al citado Archivo junto con sus apéndices para su guarda defi nitiva, de lo que el notario informará al Colegio.19

Con respecto a la información resguardada en este repositorio documental, la Ley del Notariado en el artículo 239 nos dice que:

El Archivo es privado tratándose de documentos que no tengan una antigüedad de más de setenta años, de los cuales a solicitud de persona que acredite tener interés jurídico, de autoridades competentes y de notarios, podrán expedirse copias simples o certifi cadas, previo pago de los derechos que previene el Código Financiero del Distrito Federal.20

Ahora bien, con respecto a la información pública, la Ley del Notariado, artículo 240, establece que:

El Archivo es público tratándose de documentos cuya antigüedad sea de más de setenta años. No obstante lo anterior, se requiere para su consulta y dependiendo de la antigüedad de cada documento, el correspondiente pago de Derechos previsto en el Código Fiscal del d. f., autorización de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de la Dirección General Jurídica y de Estudios

19 Ley del Notariado para el Distrito Federal, séptima edición a cargo del notario Carlos Correa Rojo, abril de 2011, p. 59.20 Ley del Notariado del d. f.


Legislativos o la Jefatura del Archivo en su caso, así como la supervisión de un historiador designado por el Archivo.21

Aquí podemos notar que estas dos distinciones en cuanto a lo público y privado de la documentación resguardada por el Archivo General de Notarías hacen que la sustentabilidad de sus fondos documentales parta también de la antigüedad de ellos. Así pues, las actuales 250 notarías que se asientan en el Distrito Federal depositan sus protocolos, cuya antigüedad como hemos visto es menor a 70 años, en el inmueble ubicado en Candelaria de los Patos.

En este acervo se resguardan aproximadamente un millón y medio de libros de protocolos, que desde el año de 1940 hasta 2006 han depositado los notarios de esta ciudad con motivo del resguardo defi nitivo. Dividido en dos acervos: A y B. En el primero se concentran los protocolos de 1940 a 1985 y en el segundo, se ubican los protocolos de 1986 a 2006.

En ambos acervos, la conservación de los libros que contienen los miles de actos jurídicos, asentados ante la fe del notario público, son resguardados cuidadosamente, prestando una especial atención en su estado de conservación. Las instalaciones han sido adecuadas para tales fi nes. La sustentabilidad de un Archivo con tales dimensiones documentales obliga a reafi rmar el compromiso del resguardo que ameritan sus fondos; por ello se cuenta con un taller de restauración, equipado con todos los aditamentos necesarios para garantizar una protección integral de los libros que sufren algún tipo de deterioro, cubriendo así las necesidades de todos los acervos documentales que conforman el Archivo, donde se cumplen las medidas de sustentabilidad que conservan los documentos desde el siglo xvi al xxi.

Al ser un acervo privado, como ya hemos anotado, la documentación que es consultada o solicitada en reprografía tiene un control estricto de préstamo y manejo. Sólo los individuos que acrediten debidamente su poder jurídico pueden manipular los libros de protocolos con las medidas de seguridad más avanzadas.

También se cuenta con un área de custodia, en donde se resguardan los libros que contienen algún tipo de anomalía o irregularidad jurídica sujeta a examinación por las autoridades correspondientes.21 Idem.


El Acervo Histórico del Archivo General de Notarías del Distrito Federal resguarda lo que podríamos denominar Fondo de Origen. Su organización se encuentra dividida en dos grandes ramos, el fondo antiguo que contiene 5 mil 546 libros y el contemporáneo que cuenta con 20 mil 54, respectivamente. A su vez, el fondo antiguo está integrado por cinco secciones, las cuales son: Juzgados de Primera Instancia (comprende las jurisdicciones de Xochimilco, Tlalpan, Tacuba, Tacubaya, Iztapalapa, San Ángel, Coyoacán, Azcapotzalco y Chalco), Hacienda, Ayuntamiento y Notarías 3 a 752. La Sección Reservada está integrada por las Notarías 1 y 2 siendo 194 los libros que la conforman.22 El total de los libros de protocolo resguardados por este acervo histórico da un total de 25 mil 600 volúmenes.

Las joyas documentales que resguarda, llevan las fi rmas de los más importantes personajes de la historia patria. Nombres como Hernán Cortés, Carlos de Sigüenza y Góngora, sor Juana Inés de la Cruz, fray Servando Teresa de Mier, Benito Juárez, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Costilla, Leona Vicario, Agustín de Iturbide, Porfi rio Díaz, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Álvaro Obregón, etc. Por su riqueza documental es considerado uno de los repositorios en su tipo más importantes de Iberoamérica.

Para garantizar la conservación de sus fondos, contando con la colaboración del Colegio de Notarios del Distrito Federal y del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales realizó la ardua tarea de restauración, digitalización y catalogación del Fondo Reservado del Acervo Histórico del Archivo General de Notarías, cuyos documentos corresponden al siglo xvi, memoria invaluable de los primeros años de la vida virreinal en la ciudad de México.

Este proyecto concentró su atención en la preservación y digitalización de los protocolos notariales del siglo xvi, que hasta el momento se habían mantenido como fondo reservado, lo cual tuvo como primera labor evaluar el estado físico de la documentación de este fondo, para detectar los problemas que presentaba; posteriormente se organizó el mismo a través de la digitalización de los instrumentos notariales, con la fi nalidad de preservarlos y trabajar la catalogación mediante las imágenes.22 Lucila López de la Vega, op. cit., p. 63.


Este fondo digitalizado está organizado con una secuencia de categorías semánticas con datos del escribano, tipo de escritura, fecha y lugar del acto jurídico en cuestión, así como un resumen del documento y su estado de conservación. Gracias a este proyecto, este fondo actualmente es accesible a investigadores, académicos y público en general que acrediten el propósito de la consulta. Cabe resaltar que a través de este proyecto, el acervo histórico se pone a la vanguardia a nivel internacional, ya que cumple los objetivos de la Memoria del Mundo dictada por la unesco, que a través de sus tres primordiales directrices permite facilitar la preservación del patrimonio documental mundial mediante las técnicas más adecuadas, facilita el acceso universal al patrimonio documental y crea una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la importancia de esta herramienta que nos acerca al conocimiento de la historia de México. A su vez, cada investigador que consulte la base de datos creada a partir de la digitalización, colaborará en la difusión de los documentos mediante investigaciones académicas de alto nivel pertenecientes a instituciones universitarias nacionales e internacionales.

Pasos fi rmes: el futuro del Archivo General de Notarías del d. f.

El Archivo General de Notarías del Distrito Federal debe garantizar, como lo hace en la actualidad, su sustentabilidad a través de los diversos medios que lo conforman. Mediante la adecuada utilización de las leyes que lo protegen, hacen funcional y por ende, lo mantienen vivo, este repositorio documental tiene que mantener un alto perfi l de protección, resguardo y difusión de sus colecciones documentales. Asimismo, tendrá que introducir en algún momento la totalidad de sus fondos al mundo digital para responder con responsabilidad y visión global a las propuestas internacionales de conservación.

También es importante que a futuro se resguarden sus acervos documentales en un inmueble mayor que cumpla con todos los requerimientos necesarios para contener un archivo con tales dimensiones, con ello se obliga a dotar con la más avanzada tecnología sus instalaciones para prevenir el deterioro por el paso del tiempo y otros factores que lo afecten.


El camino de la sustentabilidad está trazado, todo el esfuerzo que se ha invertido no debe retroceder, al contrario, se tiene que enriquecer e ir siempre un paso adelante de las exigencias que día a día demanda el Archivo. El legado de miles de ciudadanos, hombres y mujeres que han dejado su memoria, su cotidianeidad, su huella por esta gran urbe, debe preservarse, sustentarse y difundirse para no perder las voces de un pasado que forman un presente y proyectan un futuro basado en la esencia que nos ha construido y dado identidad: la memoria escrita.


Biodeterioro y control de plagas en archivos y acervos documentales*

Sandra Joyce Ramírez Muñoz**

Resumen

La conservación de los documentos de archivo requiere tomar medidas preventivas contra el biodeterioro de los materiales, así como del conocimiento y aplicación de técnicas para el mejor tratamiento y control de las plagas. En este artículo se denuncian algunos de los agentes u organismos que causan el deterioro documental e incluso dañan la salud humana; se subraya como principal recomendación la higiene del lugar, del mobiliario y de las personas que manejan los acervos documentales.

Palabras clave: biodeterioro, conservación, tratamiento.

Abstract

The preservation of documents in archives requires taking preventive measures to eliminate the biodetetioration of the material, as well as to increase knowledge and application of techniques for optimum treatment and pest control. This article explains some of the agents or organisms that cause documentary damage and even cause harm to human health; its principal recommendation is the maintenance of cleanliness in the archive, in furniture, equipment and amongst the employees who work with documentary material.

* Una versión de este texto se presentó en la Reunión de Archivos del Gobierno del Distrito Federal celebrada en el Museo Tecnológico de la cfe en diciembre de 2011

** Laboratorio de Biodeterioro Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble-Instituto Nacional de Bellas Artes.


Introducción

Los archivos y acervos documentales están soportados en una gran diversidad de materiales sobre todo papel. Debido a esta situación son susceptibles al desarrollo de diversos organismos y pueden funcionar como refugio para algunos otros que pueden traer complicaciones al hombre, es por esto que el título de este artículo tiene dos vertientes: el biodeterioro y el control de plagas, este último es más común en diversos ámbitos inclusive en la casa.

El biodeterioro se puede defi nir como cualquier cambio indeseable en las propiedades de un material causado por las actividades vitales de los organismos vivos (Kumar y Kumar, 1999). Las actividades vitales integran tanto las acciones del organismo como la presencia de una gran diversidad de agentes biológicos que son los actores directos de este biodeterioro.

Esto implica una afectación directa sobre los materiales del archivo que deterioran los valores del objeto. Al mencionar cambio indeseable también se señala el daño hacia el valor del documento y no a su materialidad, esto puede explicarse con la presencia de una mancha originada por un hongo, que no deteriora el papel sino sólo cambia su color, pero al cambiar el color no permite leer el contenido del documento, por lo tanto lo está deteriorando.

Cuando nos referimos a una plaga, consideramos un organismo vivo (patógeno) que ocasiona alteraciones fi siológicas en otro, normalmente con síntomas visibles o daños económicos.

Esa defi nición implica una connotación antropocéntrica, o sea, que el daño está directamente relacionado con el hombre o con un bien del hombre. En este caso el organismo daña algo que para el humano es valioso en ese momento o algo que afecte la funcionalidad de su vida. Un ejemplo para entender esto son las arañas, la mayoría de éstas no se involucran directamente en un daño visible o síntoma para el hombre; sin embargo, se les considera una plaga y son tratadas como peste por el simple hecho de que a los humanos no les gusta su aspecto estético, o piensan que les van a picar, sin averiguar en realidad los hábitos del arácnido.

Esta situación marca la diferencia entre el biodeterioro y las plagas, ya que a éstas se les determina por una afectación al hombre y al biodeterioro por


afectar el documento o el archivo. Por esto cuando hablamos de un archivo o acervos documentales tenemos que referirnos en estos dos ámbitos, ya que vamos a tener agentes biológicos que deteriorar los documentos y otros que pueden afectar al usuario.

Componentes de conservación

A partir de esto podemos observar componentes importantes para la conservación de los archivos y acervos documentales; estos componentes implican el almacenamiento, el uso y el lugar geográfi co del que se está hablando, esto es que no es lo mismo contemplar un lugar cálido que uno templado, o un inmueble histórico que uno moderno, Sin embargo, estas cuestiones van a favorecer la conservación o pueden deteriorar el estado de los documentos así como la salud de los usuarios.

El primer caso que debemos tratar es el inmueble. Muchas de las plagas como las termitas se encuentran en edifi cios con ventanas o puertas de madera, se introducen en los acervos y pueden ocasionar muchos daños; otro ejemplo son las fi ltraciones de agua que pueden ocasionar el desarrollo de microorganismos.

El mobiliario puede propiciar el desarrollo de múltiples agentes biológicos, por sus materiales constitutivos; la madera es un material más propicio para algunos organismos que el metal; en otros casos el biodeterioro ocurre por la forma del almacenaje en el mobiliario. En muchos lugares del país no se cuenta con el mobiliario sufi ciente y esto hace que el que se tiene se sature. Este “amontonamiento” del material es propicio para los organismos, ya que las condiciones micro climáticas son distintas a la generalidad del cuarto y tienen mayor alimento para reproducirse. Este tipo de almacenamiento lo podemos comparar con un hotel de cinco estrellas para los organismos, ¿quién no está a gusto con tantas comodidades? Por tal motivo es más difícil el control y conservación en estos lugares.

Son muy importantes las guardas de los documentos, como las cajas que deben estar diseñadas por el tipo de documento, su tamaño, material, forma y estado de conservación, ya que en algunas colecciones podemos tener libros, papeles, carpetas, partituras e incluso fotografías.

El espacio es algo fundamental para los archivos. Por la falta de espacio,


se apilan cajas, se saturan estantes e inclusive se impide el acceso a los lugares por el amontonamiento, esto ocasiona una falta de limpieza y acumulación de polvo, el cual contiene muchas partículas donde se desarrollan los organismos. Es por esto que un archivo ordenado con espacio entre las diversas formas de almacenaje y acceso a todas las áreas es más fácil de conservar.

Lo anterior se refi ere al espacio físico que generan y ocupan los documentos; sin embargo, existen otros elementos que permiten que los agentes biológicos se instauren en los acervos; es decir, cuando un organismo tiene las condiciones de crecimiento y desarrollo sobre el bien cultural.

Así, el principal factor para que un agente se instaure en un documento es el material constitutivo de éste, que principalmente es la celulosa, pero no es sólo ésta sino que existe la pulpa de madera (lignina), hemicelulosa, aglutinantes, agua, tintas y soportes proteínicos que permiten la alimentación. Otras características propician la presencia de seres vivos como la humedad relativa, la temperatura, la aireación o la circulación del aire en el lugar, la presencia e incidencia de luz, el mobiliario y el estado del inmueble mencionado anteriormente.

Agentes biológicos

Con agente biológico nos referimos a un ser vivo que puede desarrollarse en el patrimonio cultural, puede estar asociado al refugio, alimentación o reproducción en este objeto, ocasionando alteraciones y deterioros por su presencia.

Estos agentes son de diversos tipos y en los archivos podemos encontrar microorganismos y artrópodos directamente en los documentos. Dentro de los microorganismos encontramos a las bacterias y hongos, principalmente.

Las bacterias forman el reino monera, son organismos procariotas unicelulares, esto es, que no presentan un núcleo defi nido en la célula sino que el adn está disperso en la célula. Algunas presentan cilios o fl agelos, que son elementos necesarios para su movilidad, en algunos casos pueden formar un tipo de espora, que les permite resistir a los cambios del ambiente, no tienen diferenciación sexual, se reproducen por división binaria o conjugación; en condiciones favorables pueden desarrollarse en


20 o 25 minutos; existen bacterias autótrofas y heterótrofas, fotosintéticas y quimio sintéticas, y otras clasifi caciones, que producen su alimento, de la luz, de la materia orgánica ya creada o de algún otro tipo de energía. La disciplina que estudia las bacterias es la bacteriología.

Los hongos eran considerado dentro de las plantas, pero realmente tienen procesos degradativos y no fotosintéticos por lo que se clasifi can en su propio reino, el fungi; presentan quitina en su pared, no contienen cloroplastos, su alimentación es de tipo heterótrofo, que se produce en general por la expulsión hacia el exterior de diversas enzimas que descomponen la materia orgánica del sustrato. Los productos obtenidos como resultado de la digestión externa son absorbidos por el hongo posteriormente. Es por esta razón que son de los más biodeteriorantes por las secreciones y exudados que depositan en el papel, por lo que a veces su daño es irreparable. Se pueden dividir en hongos imperfectos, como el moho del pan, o perfectos, como los champiñones. Presentan reproducción sexual y asexual, por lo que su reproducción se da en muy diversos ambientes; la disciplina que los estudia es la micología.

A los hongos es muy común encontrarlos como biodeteriorantes en soportes de papel o de origen celulósico, realizando alteraciones como acidólisis, alcalinización, reducciones enzimáticas, formación de pigmentos u oxidación, que son los mecanismos de deterioro en el papel, que necesitan muchas veces tratamiento especializado por restauradores.

Los microorganismos no se pueden ver a simple vista y en muchos casos lo que se observa en el documento son restos de ataques pasados como manchas rosas, moradas pero sin texturas y sin rastros de humedad; es por eso que para determinar si el documento tiene un ataque activo o latente de microorganismos es necesario un proceso de determinación en laboratorio. En el Laboratorio de Biodeterioro del Cencropam-inba, este proceso se realiza tomando una muestra con un hisopo estéril con un pequeño frotis del área o mancha, posteriormente, la muestra se inocula en diversos medios enriquecidos obteniendo, después de un periodo de incubación, el crecimiento de microorganismos; este crecimiento va a determinar la actividad, ya que de no crecer signifi ca que el microorganismo ya no está activo sobre el sustrato.

En caso de que exista crecimiento se procede a realizar laminillas para


la observación a través del microscopio. Con estas laminillas se puede determinar diversos géneros de hongos, así como bacterias Gram positivas y negativas.

En algunos casos es evidente la actividad y el daño del documento, sobre todo cuando los documentos estuvieron expuestos a grados de humedad altos, escurrimientos, inundaciones o almacenajes inadecuados, en este caso el grado de humedad, el olor, las texturas y la materia orgánica adherida es característica de una infestación activa.

Dentro de los artrópodos, los más comunes que encontramos son los insectos, que reciben ese nombre porque forman la clase insecta; sus características principales son: tienen exoesqueleto, tres regiones corporales: cabeza, tórax y abdomen, tres pares de patas, un par de antenas, un conjunto de piezas bucales que difi eren según los órdenes y sus hábitos alimenticios, un par de ojos compuestos, en la mayoría de los casos cuentan con dos pares de alas, y los insectos son los únicos invertebrados capaces de volar.

Los insectos a diferencia de los microorganismos realizan alteraciones de origen físico-mecánico en lugar de físico-químico, pero la gravedad del daño puede ser igual o mayor, ya que dentro de éstos se contempla una pérdida de material que en documentos a veces es irremplazable, estas alteraciones son: abrasión, fractura, perforaciones, debilitamiento, entre otras.

Dentro de los insectos más comunes en documentos están:

Orden Nombre común Material Características

Psocoptera Piojo de libro

Materia orgánica en descomposición o celulosa

Tamaño promedio: 2 mm, algunos sin alas

Thysanura Pescadito de plata

Aglutinante de la celulosa y celulosa

Tamaño variable de 6 mm a 1.5 cm, sin alas, la especie más común es lepisma


Orden Nombre común Material Características

Coleoptera: Dermestidae

Escarabajo alfombrero

Soportes proteínicos y otros animales muertos

Tamaño promedio: 6 mm, escarabajo con vellosidades en los élitros, mudas de larvas, diversas especies encontradas: attagenus, dermestes, trogoderma.

Coleoptera: Anobiidae Carcoma

Madera y elementos con celulosa

De 4 a 8 mm de tamaño, no es visible su cabeza, sólo ventralmente

Isoptera TermitasMadera y todo el material que se les atraviese para llegar a su comida

Diversas castas, los reproductores son alados, las obreras de cuerpo blando.

Dictyoptera Cucarachas Todo tipo de material orgánico

Diversos tamaños forman ootecas, cucarachas.

Existen otros agentes biológicos que podemos encontrar asociados, como las plagas o deteriorantes de los documentos: roedores, murciélagos, arácnidos entre los que se encuentran arañas y alacranes, principalmente; así como los ácaros, éstos son muy importantes, ya que son los causantes muchas veces de picor en las manos y reacciones alérgicas en personas, usualmente son microscópicos, se encuentran en el polvo y algunos son vectores de enfermedades. Sin embargo, muchas veces el picor y las molestias en un archivo son de origen psicosomático; hay que inspeccionar bien el archivo para reconocer si es por ácaros o por no querer trabajar.

Otros organismos que hemos encontrado en archivos pueden ser las chinches (hemíptera: cimicidae); sin embargo, éstas no están ahí por los documentos sino por los usuarios, ya que se alimentan de sangre, y no pueden sobrevivir sin ésta. Lo anterior es muy importante porque no sólo es lo que hay en un archivo sino lo que podemos llevar al archivo. En este caso un usuario lleva la chinche y el archivo puede servir de refugio ayudándole a conseguir otros huéspedes, por lo que hay que tener cuidado


en separar la ropa de calle y la del trabajo. Toma relevancia tanto la higiene del lugar como la de las personas que laboran ahí.

Control y tratamiento

Esta situación tiene como resultado que, para controlar las plagas y conservar los acervos, es necesario contemplar acciones que vayan un poco más allá de aplicar un insecticida; es decir, considerar un manejo integral de plagas.

Este manejo comienza con una revisión y monitoreo del lugar, que permitirán un diagnóstico de los daños e identifi car a los agentes biológicos, la conjunción de esto nos demandará proponer una solución, que puede ser de una aplicación o intervención directa o de medidas preventivas, en muchos casos será necesario la aplicación de ambas, ya que si no se modifi ca el medio del desarrollo de los organismos, las técnicas de erradicación son menos efi caces. Por último, se deben revisar y monitorear los procesos para saber si funcionaron o el problema persiste.

En las propuestas de solución tenemos las aplicaciones y medidas preventivas que en conjunto son el tratamiento. A éste lo podemos defi nir como los métodos para aminorar o “erradicar” la población de plagas; sin embargo, coloco entre comillas el erradicar, ya que es muy difícil hacerlo, más bien se busca que el desarrollo se controle o se bloquee. Todo tratamiento trata de romper alguno o varios de los puntos que permiten la instauración del organismo, esto es 1.- refugio, 2.- alimentación, 3.- reproducción. En nuestro caso, el refugio y la reproducción son los puntos más viables por modifi car, ya que si la alimentación es el papel, será imposible deshacernos de él, ya que es lo que pretendemos conservar.

Podemos clasifi car estos tratamientos como especializados, comerciales y preventivos. Los especializados son aquellos que se aplican directamente al documento, mantienen condiciones controladas, son realizados por personal califi cado, requieren de productos altamente tóxicos o con medidas estrictas de seguridad, y de periodos de tiempo prolongados.

Los tratamientos comerciales son realizados por empresas de fumigación o usuarios domésticos con productos urbanos y comerciales, son usualmente aplicados en áreas donde puede haber especies rastreras y


voladoras comunes u ocasionales. Y los tratamientos preventivos involucran la reparación de estructuras, limpieza, monitoreo, guardas y mobiliario correctos, medidas paliativas de amortiguamiento, donde podemos tener la limpieza, cambio de temperatura, aireación y aplicación local de insecticida.

Uno de los tratamientos más efi caces, con baja toxicidad y sin daños colaterales es la anoxia de desinfección, que se está realizando en el laboratorio de Cencropam, consiste en determinar los microorganismos que afectan los documentos, posteriormente se realiza una cámara especial con barrera al oxígeno, donde se aplica gas argón humedecido con desinfectante, el cual es introducido en la cámara para desplazar al oxígeno, en un tiempo mayor a 15 días, el documento queda desinfectado.

Sin embargo lo más utilizado en la actualidad y en la historia de la conservación-restauración, son los métodos químicos, entre éstos tenemos a los pesticidas, los cuales pueden ser clasifi cados por su naturaleza química (organofosforados, organoclorados, carbamatos, piretroides, etc.), por especifi cidad del organismo (hormiguicida, alguicida, fungicida, insecticida, rodenticida, bactericida, etc.), por su acción (por contacto, por inhalación, por ingesta, fumigantes) o por su formulación o uso (polvos humectables, concentrado emulsionable, fl ow, granulado, cebos, gel, fumígenos, micro encapsulados).

En México y en otras partes del mundo los pesticidas se clasifi can de acuerdo a la clase toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (oms), esta clase está determinada por la dosis letal realizada en ratas; sin embargo, una medida sencilla implementada es el uso de bandas de color que los pesticidas deben portar, y que indican su nivel de toxicidad. El que lleva color rojo es extremadamente tóxico, lo que implica que si se tiene una exposición al producto es muy probable la muerte, el de color amarillo es altamente tóxico, pero hay posibilidades de sobrevivir en el hospital; el de color azul es moderadamente tóxico y en ocasiones también se requiere de hospitalización; el de color verde es ligeramente tóxico y provoca síntomas como dolor de cabeza, y probablemente no sea necesaria la hospitalización.

Tanto los pesticidas que utilizan las empresas de fumigación como los aerosoles o polvos que se compran en el mercado deben tener estas bandas, que no advierten sobre la toxicidad al agente sino al ser humano, por lo que es mejor escoger siempre uno de menor toxicidad.


Existen algunos otros químicos que no están clasifi cados como pesticidas pero han sido usados como fungicidas y bactericidas como el agua oxigenada, hipoclorito de sodio, amonio, tributil estaño, fenol, timol, salicilanilidas. Actualmente en el laboratorio se está utilizando en los bienes culturales el citrik con resultados satisfactorios. Es importante, al seleccionar un método, checar cuatro aspectos: su efi cacia contra el agente que queremos controlar, la ausencia de interferencia en materiales, esto es que no haga más daño que el agente mismo, la baja toxicidad a la salud humana, medido con la banda indicadora y la baja contaminación ambiental. Muchas veces son muy efi caces algunos métodos, pero son altamente contaminantes al ambiente, suelo y agua, por lo que nuestra responsabilidad implica verifi car estos aspectos al seleccionar un producto químico.

Dentro de la efi cacia y la interferencia con los materiales de un producto debemos saber que están determinadas en cierta medida por las técnicas de aplicación, las cuales son muy diversas, como la aspersión, atomización, espolvoreación, fumigación, nebulización y trampas. Esto es debido a que cada una trabaja con partículas de distinto tamaño, así que la técnica debe ser seleccionada dependiendo del material o área a tratar.

Recomendaciones

En general, si en un archivo se realizan diversas medidas preventivas, podemos evitar la instauración del agente en la obra y tener un ambiente de trabajo libre de plagas, por lo que se recomienda como principio la limpieza del lugar, del material y de la persona.

La limpieza del lugar es recomendable que se realice aspirando, protegiendo los documentos; también el uso del trapo seco es importante, ya que si se emplea trapo húmedo y se limpian con él muchas superfi cies, se generan microclimas que potencializan el crecimiento de microorganismos. Algo importante es la limpieza frecuente de la mesa de trabajo. Usualmente, el espacio donde se trabaja el archivo debe ser limpiado cada vez que cambiamos de expediente o de cajas, así como cuando se termina la jornada o se comienza.

La limpieza del material comprende al documento mismo y al material con que lo limpiamos, esto se puede realizar con brocha y/o esponja, y es


primordial tener una buena aireación de los materiales. El uso de guantes y mascarilla es obligado cuando lo realizamos.

La limpieza de la persona implica lavarse las manos y la cara al término de cada jornada y entre descansos. Nunca se comer ni beber con la ropa de trabajo puesta ni en el área de trabajo; se debe cambiar diariamente el cubre bocas y manipularlo correctamente, lavar los guantes y cambiarlos en caso de deterioro, o usar desechables.

En conclusión los organismos cumplen funciones ecológicas en los diversos ámbitos; sin embargo, es necesario controlarlos, ya que desde la perspectiva de la conservación de archivos su presencia puede ser dañina, aunque su naturaleza sea bella.

Referencias bibliográfi cas

Curtis, H. y N. S. Barnes, Biología, 6ª ed., Médica Panamericana, 2000.Kumar, R. y Kumar A. V., Biodeterioration of stone in tropical environments, Los

Ángeles, GETTY Institute, 1999.Nieves, Valentín, “Biodeterioro de los bienes culturales. Materiales

orgánicos”, en: La Ciencia y el Arte. Ciencias experimentales y conservación del patrimonio histórico, Madrid, Instituto del Patrimonio Histórico Español, Ministerio de Cultura, 2008.

oms, Programa Internacional de Seguridad de Sustancias Químicas. Seguridad química; principios básicos de toxicología aplicada. La naturaleza de los peligros químicos, 2ª ed., Lima, CEPIS; 1997.

Pinniger, D., Pest Management in Museums, Archives and Historic Houses, Londres, Archetype Publications, 2004.

Ramírez M., S. J., “Coleópteros e isópteros que afectan la madera en bienes culturales en los museos de la ciudad de México: Las intervenciones, El Carmen y Franz Mayer”, Licenciatura en Biología, uam - Xochimilco, México, 2007.

Valgañón Violeta, Biología aplicada a la conservación y restauración, Madrid, Editorial Síntesis, 2008.

DOCUMENTOS DELARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN


Imagen de portadaSan Martín Lachilá y San Andrés Sabachi; Ejutla. Oax., 1791

Ma. Inés Ortiz Caballero*

Los pueblos de San Martín Lachilá y San Andrés Sabachi,1 son los protagonistas del mapa que ilustra la portada de Legajos números 13.

El paisaje aquí representado es el complemento del expediente de un litigio sobre la posesión de unas tierras en la jurisdicción de Oaxaca del marquesado del Valle promovido por los habitantes del pueblo de San Martín Lachilá contra los habitantes de San Andrés Sabache en el año de 1789.2

* Jefa del Departamento del Centro de Información Gráfica, Archivo General de la Nación.

1 San Martín Lachilá y San Andrés Sabachi; Ejutla, Oax., agn, Mapas, Planos e Ilustraciones, número 951.2 agn, Tierras, volumen 1185, expediente 6.


Esta obra cartográfi ca muestra más información de la que a simple vista podemos percibir. Se sabe que el mapa fue escrupulosamente dibujado por el perito agrimensor Tomás de San Germán, quien no sólo se preocupó por mostrar el arte de medir una superfi cie de tierra sino de trasladar su talento al papel. Tomás de San Germán delineó de forma minuciosa el río Atoyac, en los valles centrales de Oaxaca, donde muy cerca estaban establecidos los pueblos involucrados en el juicio.

La imagen muestra un panorama con unas edifi caciones vistas de escorzo, construidas sólo con tinta negra y fi nos trazos. Sobresale la arquitectura de las iglesias de cada uno de los pueblos, se observa un templo de una planta, muy detallado, con su portada y sus campanarios en San Andrés Sabache, igualmente, la menos aderezada iglesia de San Martín Lachilá, elementos que pueden simbolizar la consolidación y la jerarquía del catolicismo en los pueblos indios. El mapa también ilustra una serie de pequeñas chozas y árboles dibujados con puntual detalle, que a primera vista parecen iguales, empero, no lo son, cada trazo tuvo la intención de representar una escenario real y diferente; asimismo, podemos advertir que se cumplió el objetivo principal por el cual fue solicitada la elaboración de este mapa, es decir, delimitar los linderos correspondientes a cada pueblo.

El dibujo y la caligrafía de este agrimensor nos podrían indicar que recibió instrucción académica, pero más allá de ésta, deja ver su capacidad artística, pues plasmó una obra estéticamente encantadora. El mapa luce una armonía simétrica y una perspectiva bien concebida. La obra también nos dice que su autor estaba vinculado con la tradición y el pensamiento occidental; delatado por la rosa de los vientos que esbozó en su obra, pues no se encuentra ninguna reminiscencia de elementos prehispánicos.

Esta obra cartográfi ca fue el resultado del auto sobre la posesión de los parajes nombrados El Sabino y Quegulacachi promovido en agosto de 1789 ante el señor Antonio Mora y Peysal, corregidor de la provincia de Oaxaca, por Rafael Antonio de Rivera, agente de negocios, en favor y en nombre de la república común y naturales del pueblo de San Martín Lachilá y en contra de los naturales de San Andrés Sabache y su apoderado don Juan Joseph Villavicencio.

El proceso se llevó a cabo en el juzgado de la Real Audiencia de la ciudad de Antequera, se interrogó a los testigos más viejos de comunidades


vecinas, quienes bajo juramento y tras la señal de la Santa Cruz decían sus generales y si les constaba la posesión de las tierras desde inmemorial tiempo. Cada pueblo presentó a sus declarantes, sin necesidad de intérprete, pues hablaban y entendían perfectamente el idioma castellano. San Martín Lachilá presentó seis testigos, cinco indios y un mulato, este último con edad de 119 años, respondiendo a un interrogatorio de nueve preguntas; por su parte, San Andrés Sabache llamó a siete testigos, en su mayoría indios, teniendo el más anciano 80 años, quienes respondieron a un interrogatorio de cinco preguntas.3

El juicio siguió su curso entre alegatos y testimonios hasta que en febrero de 1791 el corregidor Mora y Peysal demandó que ambos pueblos nombraran de común acuerdo a un perito “para las diligencias de tanteo y mapa”,4 de esta forma fue nombrado don Tomás de San Germán.

Así, el día 17 de febrero de 1791, como a las seis y cuarto de la mañana, salieron del pueblo de San Andrés Sabache, el señor juez comisionado, asistido del escribano, en compañía de varias personas del mismo pueblo y el mismo don Tomás, caminando en dirección hacia el norte para llegar a un paraje donde se reunieron con el alcalde mayor de las cuatro villas del Estado y marquesado del Valle, acompañado de los habitantes de San Martín Lachilá; allí reunidos el perito agrimensor empezó a medir los linderos con un cordel de varias varas de longitud, con testimonio, acuerdo y consentimiento de los presentes. Don Tomás de San Germán señaló nueve puntos como referencia de los linderos de cada pueblo, indicando de acuerdo a los argumentos de los presentes que a San Martín le correspondía de la señal número 1 a la 5, con los nombres siguientes respectivamente: Mojón de Piedra amarilla, Cuiberra, el Sabino, Piedra amarilla de San Andrés y el Ocote.

Los números restantes, del 6 al 9 indicaban los linderos de San Andrés, nombrándolos respectivamente así: Las tres cruces de San Andrés, Echelotín de San Andrés, El Recibimiento y Guegovesech.

Una vez terminado el mapa fue presentado ante el juzgado para continuar con las diligencias. En agosto del mismo año, el corregidor don

3 Ibíd., fojas 14-30.4 Ibíd., foja 131.


Antonio de Mora y Peysal emitió la sentencia con fallo en favor de los naturales del pueblo de San Andrés Sabache, aduciendo que fueron quienes presentaron pruebas indudables y habán estado sembrando y cosechando por varios años:

“Declaro perteneciente en posesión y propiedad las tierras comprendidas bajo los linderos, Piedra amarilla, Guiberra, el Sabino, Cruces, Echelotin, el Recibimiento, Guegogosech designados en el mapa con las líneas desde el n. 1 hasta 9 en cuya posesión deberá ponerse y ampararse por el comisionado que al efecto se nombre”.5

Los habitantes de San Martín Lachilá apelaron la resolución, convirtiéndose en un juicio muy dilatado. Volvieron los alegatos sobre a quién le pertenecían esas tierras. La comunidad de San Andrés Sabache reclamaba que los de San Martín Lachilá faltaron a la promesa en la resolución del corregidor de no incomodar a sus habitantes y respetar las posesiones. Dicho juicio se extendió hasta agosto de 1795, y pasaba de manos de los representantes de la Real Audiencia de Nueva España en Oaxaca a las manos de los de la ciudad de México, sin embargo, hasta esa fecha no se llegó a una resolución defi nitiva.

Para concluir, cabe decir que tras un largo litigio entre dos comunidades del marquesado más vasto y rico de Nueva España, resultó una bella pieza cartográfi ca que ilustra un espacio y simboliza el derecho a la posesión de un territorio, tal como se relata en el manuscrito que ha llegado hasta nuestros días y ha permitido acercarnos a San Martín Lachilá y San Andrés Sabache a través de los ojos de don Tomás de San Germán.

5 Ibíd., foja 142.


Un cabecilla insurgente desconocidola región de San Agustín de las Cuevas,

Tlalpan en el conflicto de emancipación, 1811

Guillermo Sierra Araujo*

* * Jefe de Certificación de Documentos, Archivo General de la Nación.

1 Ver Eric Van Young en “Haciendo historia regional: consideraciones meto dológicas y teóricas”2 Ver Ignacio del Río en “Reflexiones en torno de la idea y la práctica de la Historia Regional”

Los ecos del confl icto de emancipación de principios del siglo xix tuvieron efectos más allá de las principales urbes del país; de hecho, las derivaciones de esos acontecimientos ocurrieron también en espacios geográfi cos no tan signifi cativos, aparentemente con nula trascendencia. La región de San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, es una población que abarca importantes procesos históricos desde el virreinato temprano hasta nuestros días, por lo tanto resulta un espacio obligado para especular acerca de lo ocurrido durante el tiempo que en este caso nos concierne: el espacio geográfi co en función de las estructuras sociales, principalmente en el caso de la historia regional mexicana, donde esos dos elementos necesariamente cuentan con cierta relación dirigida hacia los aspectos económicos.1 Ello tras la necesidad de ampliar la metodología sobre la historia de las regiones, aunque con esa propuesta sería indispensable aclarar que la fi gura de región no existe sino hasta que se toma en cuenta para aplicar una metodología.2

Asimismo, emergieron infi nidad de individuos populares anónimos excluidos que ni con el paso del tiempo lograron fi gurar en la ofi cialidad y hasta hoy carecen de historia; no obstante, se tiene noticia de su participación activa durante las acciones beligerantes de dicho periodo, ya sea representando liderazgos anónimos o simplemente al integrar una u otra agrupación en situación rebelde. Así como se logra abstraer la esencia de los hombres de contextos más generales, debemos incluirlos entonces en contextos particulares y viceversa, en una especie de equilibrio social para que puedan ser comprendidos íntegramente.


Al desarrollar estos dos asuntos, pretendo evidenciar otras situaciones regionales que obligadamente son componentes importantes en el contexto insurreccional decimonónico.

Los documentos que se revisaron cuentan con la argumentación plasmada en manuscritos emanados de las instituciones de poder, hoy en día ponderadas desde la perspectiva ofi cial. Se trata de expedientes elaborados por las autoridades y altas jerarquías en sus distintas fi guras, y contienen –según sus disertaciones– algunas de las situaciones practicadas desde puntos de vista militares, en protección aún de los últimos destellos de la administración novohispana; de ahí que sea ésta una base más donde podamos obtener fundamentos que aporten elementos atrayentes para el estudio de la insurgencia de principios del siglo xix. Dichos documentos se encuentran resguardados en los acervos del Archivo General de la Nación, entre otros grupos documentales: Infi dencias e Indiferente Virreinal con sus series: Operaciones de Guerra, Indiferente de Guerra, Intendencias e Impresos Ofi ciales.

San Agustín de las Cuevas. Territorio en confl icto

Los ejércitos insurgentes se levantaron en contra de España y la religión, con un objetivo que representaba la libertad, siguiendo desde un punto de vista hipotético el modelo de la revolución francesa, con ideales que evidentemente se respiraban en el ambiente de las jerarquías ilustradas y los sectores criollos. Con ello, no se pretende afi rmar que lo que sucedía en aquel México era algo autónomo del resto de América, pues las situaciones separatistas se llevaban a cabo en casi todo el continente con el impulso de lograr naciones liberadas.

Lo trascendental era ante todo el discurso con un patrón de lenguaje tradicionalista, imprimiendo en las esencias ciertas nociones autoritarias, ya que, como en otras instituciones coloniales, se especifi caba claramente el tipo de sociedad que se anhelaba, muy lejos de tolerar los movimientos alzados. Trescientos años de dominación aparentaban justifi car la ley y las pautas implantadas desde la península; por lo tanto, con esa obligada legitimidad dictada desde los preceptos de autoridad, la insurgencia y el pueblo llano resultaban ser los más perturbados.


En la ciudad de México, tomando en cuenta las representaciones de guerra, se desarrolló un amplio despliegue de información por medio de folletos en los que se expresaban los principios de la libertad y la defensa de la nación.3 A partir de ello, la asechanza se dejó percibir por todos los rincones del territorio, además de las poblaciones del sur de la ciudad, un atractivo económico expresado en Tlalpan y alrededores, en los cuales se desplegó una persecución importante, ya que este territorio era y sigue siendo un gran espacio carretero y paso comercial,4 por lo tanto, una zona elemental de desarrollo; por ello, es interesante conocer y hacer preguntas sobre los individuos que se desenvolvieron en las fi las insurgentes y que a partir de ello eran sorprendidos. Al mismo tiempo, es interesante advertir las condiciones de ambos bandos, y con ello saber cuáles eran los verdaderos alcances de las partes, ya que como se expresa en los documentos, diversos combatientes en rebeldía pasaban por esa zona sureña de la ciudad con el fi n de saquear, según los partes militares, y sostener de esa forma las tropas.

Fueron varios los grupos rebeldes que ocuparon vanguardias militares estratégicas en el sur, como en San Ángel, Coyoacán y Tlalpan, en San Agustín de las Cuevas, ejecutando maniobras de revueltas cada vez más extensivas, con el fi n de lograr la ocupación de la gran ciudad.5 La región de Tlalpan fue un refugio estupendo para que los insurgentes desarrollaran las actividades relacionadas con la empresa guerrillera, ya que como se afi rmó antes, ancestralmente se ha distinguido como un paso obligado y corredor mercantil, por lo tanto, una población que durante la primera y segunda décadas del siglo xix fue lacerada, principalmente en el aspecto económico.

Una cuestión interesante sería indagar si la lucha por la libertad de México era el propósito de la mayoría de los levantamientos. Cabría hacer varias suposiciones acerca de ello, ya que esas insurrecciones llevaban consigo, entre otras, la actividad del hurto, según las fuentes institucionales; sin embargo, también cabe la inquietud de evaluar el discurso de las autoridades en contra de la lucha de las poblaciones, por lo tanto, una descalifi cación evidente por parte de la tardía y caduca supremacía gubernamental. Ello

3 Timothy E. Anna, La caída del gobierno español en la ciudad de México, p. 87.4 Ver Catalina Rodríguez Lazcano y Fernando Rodríguez, Tlalpan, pp. 7-8.5 Aunque Timothy Anna explica en su obra que el fin era llegar a controlar la ciudad de México para lograr la independencia, las tropas dirigidas por Hidalgo no lo hicieron en 1810 y prolongaron la lucha hasta 1816 sin conseguirlo aún.


nos lleva a suponer que la población tlalpense en su mayoría, apoyaba a los bloques facciosos, ya que se trataba muchas veces de propios vecinos levantados para lograr la libertad.

Los asuntos que se tratan en los documentos defi nen las formas de administrar el dominio en América. Estos niveles de poder llevaban a cuesta el sostenimiento virreinal desde miradas diferentes con aplicaciones diversas de control. Con ello, se buscaba eliminar toda fi sura que el gobierno pudiera sufrir a partir de evidentes amenazas, mismas que en este caso manifestaban ya una clara visión de conciencia oprimida. Por ello, es indispensable sugerir ingredientes nuevos que distingan a sujetos históricos sin historia, a personajes que fueron trazados únicamente desde el punto de vista de los altos rangos gubernamentales religiosos y militares, y así reconstruir algunos acontecimientos de frente a esos documentos hechos desde aquellas clases, ya que las ideas que nos ofrecen nos ayudan a revivir y esbozar las personalidades de esos individuos que en su momento disidente decidieron que el camino para obtener la libertad de la nación era por medio de la guerra.

Los partes militares hechos por las autoridades marciales, entre ellos, los del subdelegado de Coyoacán, Cosme Ramón del Llano, tienen una riqueza en el contenido que es indispensable problematizar. Tomaremos como punto de referencia un manuscrito que se hizo desde la Hacienda de Coapa, construyendo uno de tantos perfi les que debieron haber abundado en el contexto de la guerra de Independencia. Éste es un parte militar que el comandante de Patriotas de Coyoacán realizó con el fi n de apresar a un “cabecilla” insurgente que pasó por el pueblo de San Agustín de las Cuevas. El comandante Cosme Ramón del Llano, en su curioso informe detalla de manera insufi ciente, algunos pormenores sobre el paso de este insurrecto (desconocido) por este lugar. A continuación el documento transcrito:

Ex[celentisi]mo S[eñ]or Como á las nueve de la noche se me a da[d]o aviso a entra[d]o en el Pueblo, de San Ag[usti]n de Las Cuevas, uno de los Capitan[e]s q[u]e entraron en Tulancingo cuio Nomb[r]e se ygnora. Su Filiac[io]n es la sig[uien]te. Su cuerpo regular Color quebra[d]o, Chato Quasi sin nariz[e]s [TACHADO: de] Como de cinq[uen]ta años Su pelo algo canoso Manga Morada Sombrero Negro de ala grande copa chica, toquilla redonda de liston


negro, cavallo Bayo bien tratado, Silla Baq[uer]a sin anquera, yo quedo a el cuid[ad]o aber si el dia de mañana doy con el. Se tomara[n] las probidencias q[u]e tenga por comb[enien]te p[ar]a ver si cae en las garitas de esa capital. D[io]s


gu[ard]e a S[u] E[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s Haz[ien]da de Coapa y junio 8/811 Cosme Ram[ó]n De Llano.6

6 agn, Indiferente Virreinal, Operaciones de Guerra, caja 3509, exp. 023, año de 1811.


7 Ídem.

Es indudable, según el parte, el conocimiento que se tenía de aquellos individuos recorriendo las poblaciones en busca de algo de comida, dinero y combatientes para la causa, y a pesar de la época, los sistemas considerados de inteligencia hablan de un desarrollo de observación minuciosa dirigida a los rebeldes. Este insurgente, según el informe, venía desde Tulancingo, y como señala el documento, ya estaba detectado por los militares como un combatiente en contra de la religión y del reino español. La advertencia era evidente, los pensamientos de libertad debieron resultar atractivos para la mayoría de las personas de las poblaciones, aunque no muy percibidos en su totalidad, de ahí el seguimiento escrupuloso del gobierno, pues la evolución y desarrollo ideológico en expansión podría resultar amenazante para la corona española y hegemonías.

Los apoyos gubernamentales llegaban para el consuelo del comandante Cosme Ramón del Llano. La respuesta al documento anterior llegó sin ser fi rmada, aunque debemos suponer que se trataba de superiores militares por las formas y la orden que se observa en ese remitente. En seguida la transcripción:

He recibido la carta de vuestra merced en que [TACHADO: me] al participarme la entrada en ese pueblo del cavecilla de insurgentes cuias señas detalla, ofrece solucion su aprencion: y haviendo yo tomado la provid[enci]a conducente al propio fi n en el caso de que se dirija á esa capital; lo aviso a vuestra merced en respuesta p[ar]a su intelig[enci]a. D junio 5/811.7

De esa forma, las persecuciones que debían dar a los rebeldes tomaban un aspecto y refuerzo institucional, no obstante, la crisis por la que se estaba pasando en casi todas las poblaciones del sur de la ciudad de México. De cualquier forma, los partes militares en el país, y en este caso en el sur de la ciudad, estaban saturados de datos que nos dan pistas de aquellos ignorados combatientes por la historia ofi cial del país.

Como defensa, en la propaganda realista se desplegaba un aparato informativo con el fi n de exhortar a la población de San Agustín de las Cuevas contra los rebeldes, ya que los llamados estaban bien dirigidos en


su contenido, como las descripciones que hacían sobre los horrores que aparentemente cometían los indígenas sin control. Con esa noción, también


8 Timothy Anna, op. cit., p. 87 y 88.9 agn, Indiferente Virreinal, Operaciones de Guerra, caja 2747, exp. 009, año de 1810. 10 Ídem.

se intentaba contrarrestar el poder de la imagen de la virgen de Guadalupe como protectora de los rebeldes.8

Tras esas incitaciones, es interesante advertir cómo las autoridades de San Agustín de las Cuevas estaban dispuestas a aglutinar el mayor número posible de gente para contraatacar a las guerrillas.9 Estos sistemas de contraguerrilla, debemos suponer, carecían de entrenamientos especiales; sin embargo, la vinculación ideológica de una nación en defensa debió obedecer a un dinámico discurso simbólico y tradicionalista, de pertenencia al territorio novohispano. En los documentos no se detallan las retribuciones otorgadas a la gente común, no se explica de dónde salían los pagos, si es que los había, lo que sí se sabe es la consigna de atacar y defender las tierras dominadas aún por el régimen. Las contraguerrillas eran organizadas por los subdelegados del sur de la ciudad de México, entre los que destacaban los de Coyoacán, Xochimilco, Chalco, Guadalupe, Tacuba, Texcoco y Mexicaltzingo, como se especifi ca en el siguiente fragmento:

En el momento que reciba vuestra merced esta orden saldrá de ese pueblo con el mayor número de gente honrada y armada que se pueda y se situará en la garita de esta capital del rumbo de ese mismo pueblo, para auxiliar a la tropa que se halla alli destacada con el fi n de impedir el paso de los insurgentes. Dios guarde a vuestra merced muchos años. Mexico 1° de Noviembre de 1810. Señor Subdelegado de Mexicalcingo.10

Un detalle importante que hay que destacar en este manuscrito es el de su apreciación hacia la “gente honrada”. Evidentemente aquí la honradez se relacionaba con la disertación de pertenencia a un sistema determinado, a los buenos pobladores que recibían los benefi cios del gobierno, los que en su momento intuyeron que era necesario seguir bajo las condiciones de vida implantadas. Éste es un problema de fondo en el que se manejan los valores gubernamentales totalmente relacionados con motivos religiosos y distinciones de castas en los razonamientos. La gente honrada en defensa de sus poblaciones era enaltecida y alabada, al menos en su orgullo, pues es


posible que con el paso del tiempo las veneraciones se realizaran al pie de los monumentos.

De la misma manera se expone en el manuscrito la incompetencia de las fuerzas militares al hacer el llamado para conformar la contraguerrilla. Ello nos habla también del poder que los insurgentes estaban obteniendo en las diversas poblaciones del sur de la ciudad de México, pues por todos lados la gente inconforme tomaba las armas del lado de los reformistas, seguramente sin percibir totalmente lo que se lograría algunos años más tarde.

A propósito de los llamados a la población, en octubre de 1812, en carta fi rmada por Joseph Zorrilla y Narro, se reprende al cura de San Agustín de las Cuevas por no haber dado la orden de tocar las campanas, además de permitir la entrada de insurgentes a esa población; tras ese razonamiento, se explicaba que al repicar las campanas habría una intención muy específi ca para ese tipo de situaciones, en las que el pueblo al escuchar el repique debería aglutinarse para repeler a los rebeldes. Los representantes eclesiásticos, en sospechoso contubernio con los insurgentes, objetaron tal escenario señalando que con el repique no harían más que alterar a los rebeldes y suponían más violentas irrupciones, lejos de aparecer como dudoso su comportamiento y crear suspicacias de apoyo insurgente.11

Acciones desesperadas ocurrían con el fi n de tranquilizar a los habitantes de los pueblos sitiados, los gobernadores de Tlalpan y aledaños sacaban fuerza de donde fuera para calmar e informar a los superiores. Los hombres armados eran dispuestos a lo largo de los pueblos en una especie de valla de protección:

…esta novedad me obligó a tomar inmediatamente todas las medidas oportunas y habiendo ocurrido con sus lanceros el Gobernador de estos naturales se ha logrado prender el motor de este alboroto, tranquilizando y aquietando a los demás vecinos sobresaltados con tan inesperada alarma…12

La disertación sobre la tranquilidad social era evidente, se necesitaba informar a la población (aunque debemos suponer que parcialmente)

11 agn, Indiferente Virreinal, Indiferente de Guerra, caja 6640, exp. 041, ff. 5-6v, año de 1812.12 Ibid., Operaciones de Guerra, caja 4353, exp. 003, ff. 1-1v, año de 1811.


y a su excelencia sobre los cursos e incursiones militares para mantener la serenidad de los sujetos de las poblaciones, como se demuestra en el siguiente fragmento dirigido al virrey Francisco Javier Venegas, el 16 de diciembre de 1811:

Queda a esta hora todo en tranquilidad; y se lo participo a Vuestra Excelencia para su superior inteligencia y de las resultas subcecivas que produzcan las investigaciones de este hecho daré oportunamente a Vuestra Excelencia aviso.

El virrey de la todavía tardía Nueva España otorgó indultos para las personas que se hubiesen arrepentido de sus actos subversivos, principalmente políticos y de enfrentamiento con el gobierno. El vínculo directo o indirecto con los grupos facciosos merecía graves escarmientos, según esa argumentación, ya que los espionajes y los contactos con la rebelión eran causa de sanciones fuertemente implantadas.

En 1816 aparece un formulario especial para todas aquellas personas que hubiesen decidido rehacer sus vidas y jurar fi delidad a la corona, por lo que varios eligieron la gracia del perdón posibilitando con ello el abandono de las armas.13 El formato impreso de indulto era otorgado por el rey y ahí se especifi caban algunos datos particulares de fi liación de los rebeldes como: su calidad, edad, natural de, vecino de, de estado, de ofi cio, cuerpo (dimensiones), estatura, ojos, pelo, nariz, barba y señas particulares.

México ----------- de ------------1816. Respecto á haberse presentado en solicitud de indulto con residencia en -------------. Por hallarse arrepentido de haber seguido el partido de los rebeldes, he venido en concederselo en nombre del Rey nuestro Señor, y en uso de mis facultades sin perjuicio de tercero, y mandado expedirle este Decreto para su seguridad y constancia. Calleja”.14

Pero es necesario especifi car que no todos los delitos eran reconocidos para otorgar el indulto. Por ejemplo, en un impreso ofi cial expedido por el virrey conde del Venadito, se informa que solamente recibirían esa gracia los que se hubiesen involucrado con identidades rebeldes y no los que ya teniendo

13 Ibid., Intendencias, caja 2995, exp. 029. 14 Ibid., Impresos oficiales, caja 3373, exp. 037, año de 1816.


delitos previos se pasaran al lado de los facciosos y luego solicitaran indulto.15 En otro bando expedido por el virrey Francisco Xavier Venegas, se especifi ca que se perdonaría a quienes delataran a las principales cabezas rebeldes de los grupos combatientes,16 y además se explica cuáles serían los castigos si se incurriere en violaciones a la ley y solicitasen el indulto; las armas de fuego y blancas deberían ser entregadas, de lo contrario serían

15 Ibid., caja 4707, exp. 011, año de 1820.16 agn, Infidencias, volumen 117, exp. 3, carpeta 2ª.


califi cados como cómplices rebeldes, las reuniones de más de tres personas quedarían prohibidas y la gente estaría vigilada, entre otras cosas, por realizar conversaciones sediciosas y por publicar pasquines o documentos que invitaran a la rebelión.

Regresando al documento que representa la parte medular de esta investigación, es preciso tomar en cuenta que todos los informes anteriormente expuestos son relativos a la población de San Agustín de las Cuevas, con toda esa cantidad de elementos que nos ofrece un espacio


geográfi co ubicado en un sitio estratégicamente particular, tanto para la vigilancia trazada por los militares realistas y el gobierno virreinal, como


para que los “cabecillas” rebeldes pudieran aprovechar y tener acceso. Es evidente que esa región en ese contexto de principios de la guerra independentista demostraba importantes crisis que se relacionaban con los aspectos políticos, económicos y sociales.

Los individuos de San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, necesariamente fueron componentes signifi cativos que colaboraron en su momento para la formación, primero de una población de suma trascendencia situada en el sur de la ciudad de México, y segundo, para refl exionar históricamente este periodo tan complicado desde el punto de vista que se quiera observar, aunque considerando ante todo el desarrollo y resultados del entorno social.

El “cabecilla” sin nombre que entró aquella noche en San Agustín de las Cuevas, simboliza a los hombres y mujeres que pugnaron por su libertad; lleva consigo una carga de mensajes interesantes, que con el icono de la gente del campo fueron considerados como agresores al gobierno. Este personaje desconocido defendió la libertad y la tierra, ello relacionado con su propia condición, así como de las propias instituciones novohispanas, impulsando los componentes que refl ejan la injusticia por un lado y, por otro, la manifestación y organización por un bien común que resultó afectado, por lo que las instancias fueron rebasadas y se pudo llegar hasta las últimas consecuencias: la guerra. Aunque es indispensable refl exionar este y muchos otros casos, y a partir de ello supongo algunos aspectos: la lucha, desde el punto de vista de la población común fue también un elemento de supervivencia dentro de un medio hostil; por ello, el hurto resultaba una forma de apropiación y subsistencia para algunos combatientes, lo cual trae consigo una perspectiva económica, como seguramente le ocurrió a nuestro anónimo actor, asimismo, la lucha por un programa político que logró difundirse entre las tropas facciosas, y por otro lado las consignas populares con contenido político y coyuntural. Este documento representa lo que muchos otros cabecillas de la época exploraron con sus propias experiencias de vida en controversia, y como comentamos anteriormente, no sólo por la Independencia de México, sino también por su cultura y su desarrollo en los entornos sociales.

Hoy en día cabe recapacitar sobre otro tipo de cuestionamientos con respecto a las fuentes de la emancipación, repensar estas historias sin perder de vista el diálogo que se crea entre el presente y el pasado, además de


vislumbrar nuevas preguntas que nos lleven a plantear y explicar otro tipo de argumentos.

Asimismo, considero que dentro de los estudios referentes al territorio de San Agustín de las Cuevas, Tlalpan y sus sujetos, especialmente los que atañen a la disciplina histórica, falta mucho por discutir y analizar para llegar a constituir un conocimiento con fundamentos teóricos e informativos y explicar tal proceso desde las perspectivas sociales.

Bibliografía

Del Río, Ignacio, “Refl exiones en torno de la idea y la práctica de la Historia Regional”, en: Guedea, Virginia (coord..), Perfi les y rumbos de la historia. Sesenta años de la investigación histórica en México, México, Instituto de Investigaciones Históricas- unam, Serie Divulgación núm. 7, 2007.

Rodríguez Lazcano, Catalina y Fernando Rodríguez, Tlalpan, México, Departamento del Distrito Federal, Colección: Delegaciones Políticas, 1984.

Timothy Anna, La caída del gobierno español en la ciudad de México, México, fce, 1981.

Van Young, Eric, “Haciendo historia regional: consideraciones meto-dológicas y teóricas”, en: Pérez Herrero, Pedro (compilador), Región e Historia en México. (1700-1850), Instituto Mora y Universidad Autónoma Metropolitana, uam, México, 1991.

Fuentes

Grupos Documentales del Archivo General de la Nación:

Indiferente Virreinal, series Operaciones de Guerra, Indiferente de Guerra, Intendencias e Impresos Ofi ciales.

Infi dencias


Exposicionesel archivo general de la nación

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▪ ▪ ▪ Exposición ▪ ▪ ▪

Sala de Banderas, Del 8 de noviembre de 2012 al 3 de mayo de 2013

19:00 hrs

Sería difícil comprender cabalmente el devenir del México actual sin tornar la mirada al mundo virreinal novohispano, una época fascinante y rica en expresiones, cambios e intercambios sociales, culturales, artísticos, científi cos, técnicos, económicos y políticos, que aún perviven como herencia material e inmaterial de la sociedad que les dio origen.

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imperio”

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Nueva España”

Agradeceremos confi rmar su asistencia al teléfono: 51 33 99 00, ext. 19306o al correo electrónico: [email protected]

▪ ▪ ▪ Coloquio ▪ ▪ ▪

8 de noviembre de 201210:00 hrs


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Legajos. Boletín del Archivo General de la Nación, 7a época, núm. 13,se terminó de imprimir en noviembre de 2012

en Tipográfi ca, S. A. de C. V.Se tiraron 500 ejemplares.

9 786079 531911

En este número:GALERÍAS DE LA HISTORIA

• Una vieja práctica, un nuevo derecho. La resistencia al pago del diezmo en el Arzobispado de México (1823) Carlos Alberto Ortega González

• Don Simplicio (1845-1847): un espacio de intermediación entre el pueblo y las autoridades políticas Alejandra Sánchez Archundia

• Derrota de los monarquistas, o sean verdaderos anarquistas. Las disputas en la prensa y la suspensión de las elecciones del 2 de diciembre de 1849 en la ciudad de México Regina Tapia Chávez

• Conflictos políticos y prensa.El enfrentamiento por el poder gubernamental, Campeche, 1888 Fausta Gantús Inurreta

• “Dar pan al pueblo, antes que silabario”. Francisco Bulnes y el lugar de la educación en la transformación social Alicia Salmerón Castro

PORTALES DE LA ARCHIVÍSTICA

• Elementos de sustentabilidad del Archivo General de Notarías del Distrito Federal. Un acercamiento a sus fondos documentales Luis Fernando Díaz Ávalos

• Biodeterioro y control de plagas en archivos y acervos documentales Sandra Joyce Ramírez Muñoz

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

• San Martín Lachilá y San Andrés Sabachi; Ejutla. Oax., 1791 María Inés Ortiz Caballero

• Un cabecilla insurgente desconocido la región de San Agustín de las Cuevas, Tlalpan en el conflicto de emancipación, 1811 Guillermo Sierra Araujo

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7ª época, año 4, número 13, julio-septiembre 2012

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