mentos simbólicos que son válidos para el grupo, fundamen-

talmente, a través del lenguaje, que el líder conoce y sabe uti-

lizar, son la clave del éxito, cuando se parte de las condicio-.

nes descritas que le otorgan la fidelidad.

Ahora bien, en el marco de la nueva realidad del mundo

rural, teniendo en cuenta el tejido social del que se nutre el

sindicalismo agrario ^es posible la penetración del modelo

de sindicalismo institucionalizado y burocrático que las rela-

ciones sociales de producción imponen desde la perspectiva

europeísta?, ^puede existir un sindicalismo capaz de penetrar

este tejido social, con unas estructuras económicas en las que

la producción de bienes cada vez pierde más centralidad? No

es fácil responder a estas cuestiones, pero si en las sociedades

urbanas el movimiento sindical está retrocediendo debido al

nuevo marco de las relaciones laborales cada vez más preca-

rias o más corporativistas, en el mundo rural andaluz pione-

ro en la desregulación no tiene por qué ser más fácil.

2.3. Las politicas estructurales como instrumentodel Estado: efectos sobre el MTA y la divisiónde los trabajadores

Lo que hemos venido exponiendo hasta ahora, en cierta

forma lleva implícito como los movimientos internos de la

demanda de trabajo y la posibilidad de llevar a cabo ajustes

entre la oferta y la demanda de FT, ha estado muy vinculado,

en primer lugar, a las necesidades de los centros económicos

de fuera de la región y en segundo término, a las posibilida-

des de adaptación de las distintas comarcas a los requeri-

mientos de los mismos.La vocación agropecuaria tradicional de las comarcas

andaluzas se ha visto modificada por la necesidad de adaptar-

se al sistema de mercado. Estos cambios habidos empiezan a

hacerse perceptibles ya desde los años cincuenta-sesenta: «la

revolución verde», parece actuar a consecuericia de la aper-

166

tura política del franquismo, la política de desarrollo polari-

zado lleva al gran éxodo rural y tiene como consecuencia

más significativa, un encarecimiento de la mano de obra agrí-cola. Paralelamente se organiza un pseudosindicato, que si

bien es impulsado por el régimen, permite a las organizacio-

nes obreras ir tomando posiciones desde la clandestinidad, altiempo que se inicia en este marco la negociación colectiva e

incluso la Seguridad Social.La política agraria se utiliza como instrumento de «desa-

rrollo» con dos vertientes, que, aunque se tratan de compati-bilizar, se hacen contradictorias por los métodos y la ideolo-

gía pseudosocial aplicada.La política agraria fomenta, por una parte, la «moderni-

zación», lo que lleva implícito mecanización a ultranza y

sobre todo abaratamiento de los costos de producción, queen el capítulo de la financiación de la FT tiene sus mayores

cargas. Para ello se lanza una línea de créditos y subvencio-

nes que financian el combustible y la compra de maquinaria.

Las grandes cooperativas de servicios franquistas jugaron un

papel importante en este proceso de modernización, pues através de ellas se canalizó mucho dinero para la mecaniza-

ción del campo (42). Es el período de la gran reconversión

del campo andaluz, que afecta principalmente a las campiñas

cerealistas (43) .De otro lado, se sigue una política «social» de colonización.

Se ha señalado ya que papel jugaron este tipo de asentamien-

tos, situados estratégicamente en las grandes zonas de regadío.

Las zonas en las que se llevan a cabo las obras de regadíose constituyen en zonas inmigratorias, como hemos señalado.

La afluencia de inmigrantes crea problemas de vivienda y

marginación, que el régimen solventa con un plan de vivien-

das baratas, de escasa calidad, a través de «La obra sindical

(42) Haubert, M. y Gavira, L.: Cooperativismo ..., op. cit.(43) Ver Romero, C. y Pérez, F.: «La agricultura en la crisis econo-

mica: el caso del secano andaluz», op. cit.

167

del Hogar», fundamentalmente, a instancias de los grandes

propietarios del lugar, interesados en que los trabajadores no

emigren a las ciudades (44). Sin embargo, el avance de la

mecanización que supuso la política de modernización y la

sustitución de cultivos que requerían abundante mano de

obra, como el algodón y la remolacha, por otros más renta-

bles económicamente, hacen que tras el cierre de la espita

migratoria aumenten fuertemente los desequilibrios entre laoferta y la demanda de FT en estas zonas.

En las zonas de Sierra Morena, a partir de los setenta, se

consolida el proceso de los cercamientos, favorecido por la

política de subvenciones, con lo que cada vez más se verá dis-minuida la demanda de FT.

En la transición democrática lo más relevante respecto a

la política de estructuras, es la instrumentalización de la ley

de Fincas Manifiestamente Mejorables y la política de Con-

centración Parcelaria, por parte del IRYDA (Instituto de

Reforma y Desarrollo Agrario), mediante la que se pretendían

adecuar las estructuras agrarias a las necesidades de una agri-

cultura competitiva. Los resultados, no obstante, fueron bas-tante pobres.

La llegada de la autonomía regional hace que se planteen

objetivos políticos específicos en el campo del desarrollo y de

la política agraria. Sin embargo, la yuxtaposición del proceso

de iniciación de la Autonomía con la incorporación de Espa-

ña a la CEE, hace que se produzcan una serie de interferen-

cias en el mismo, que dificultan la evaluación del significado

de estos dos hechos separadamente.

(44) Hay una abundante información al respecto en los ayunta-mientos andaluces afectados y en los archivos de la «Obra sindical delHogar» en los que se hace constar el temor de los grandes propietariosa que por causa de la masiva emigración a las ciudades no dispusierande mano de obra suficiente para labrar los campos. Ver al respectoGavira, L.: «El hábitat marginal en la provincia de Sevilla» , en Evolucióndel paisaje y ordenación del territorio en Andalucía Occidental. Zona Test.Publ. MOPU-CEOTMA y Casa de Velázquez. Madrid, 1985.

168

Las nuevas perspectivas de mercado dan lugar a unaafluencia de inversiones en el sector, que se manifiestan en larápida introducción de «la nueva agricultura» litoral y, en losúltimos años, en la introducción de cultivos intensivos encapital como, por ejemplo, el espárrago o la flor cortada, enlas zonas de regadío, que han hecho que se revitalice lademanda de FT. No obstante, al constituirse estas zonas cos-

teras como nuevos núcleos de inmigración, han surgido enlas mismas problemas de infraestructuras y viviendas adecua-das, que aún no se han resuelto.

Una vez expuestas someramente las grandes líneas políti-cas que han afectado al empleo, trataremos de analizar enqué ha consistido el programa político regional, para pasar aesbozar las medidas de la CEE en materia de política agraria

que afectan al MTA en relación al territorio.La actuación política regional en este sector se basa ini-

cialmente en dos niveles: la asunción de competencias enmateria de política agraria, que llevaría a plantearse el temade la Reforma Agraria y un plan de desarrollo global que semanifestaría en la Ley del Plan Económico para Andalucía(PEA) 19841986, que tendría su continuación en sucesivosplanes de desarrollo económico (Plan Andaluz de Desarrollo

Económico (PADE) 1987-90 y 1991-94).Sin embargo, el cambio del presidente del gobierno autó-

nomo en julio de 1990, ha marcado también dos etapas dife-renciadas en el modo de entender la política económica.Este cambio se ha visto reflejado tanto en el último PADE,orientado fundamentalmente a la atracción de inversionesforáneas en enclaves territoriales (45), frente a la apuesta

(45) Respecto a la orientación real del apoyo a la inversión verMarchena, M. y Gómez, M. A.: «Ordenación del territorio e incentivosregionales. El caso de Andalucía», lieuzsta de Estudios Regionales, n.4 30.A1 respecto de la articulación del territorio a través del Plan de Carrete-ras existente en 1984$6 y el giro en el del 1987 ver a Márquez, C.: Reais-ta de Estudios Regionales, n.° 27.

169

que se hacía en el PEA de ir acortando la dependencia de la

economía andaluza de las dinámicas económicas de fuera dela región, como en la política sectorial agraria. En este sectorel cambio ha significado la puesta en marcha de un proceso

de concertación con las organizaciones profesionales y sindi-cales en el sector agroalimentario en noviembre de 1990, queentre otras cŭestiones, termina definitivamente con el plan-teamiento de Reforma Agraria que se había venido aplican-do, reformulándolo en un sentido totalmente distinto del

que dio lugar a la ley de 1984. Este proceso de concertaciónabierto ha dado lugar a un acuerdo con una vigencia de 1992a 1994, que será el eje de la política agraria autonómica enlos próximos años (46).

El proceso de concertación se organizó en torno a cuatromesas que han versado sobre: Las acciones estructurales y en

especial la Reforma Agraria; la situación actual de la agricul-tura y la ganadería; la industria, la comercialización y la cali-dad agroalimentaria; la investigación, la experimentación,extensión y formación agraria.

No se abordó el problema de los asalariados agrarios y elPER en ninguna mesa, a pesar de que los sindicatos propu-

sieron una mesa sobre este tema, ante lo que se argumentópor parte de la Consejería de Agricultura que era competen-cia de otras administraciones. Sin embargo, las movilizacio-nes promovidas por las organizaciones sindicales para cam-

biar el actual sistema de subsidio en mayo de 1992, han lleva-do a un acuerdo de apertura de una nueva mesa de negocia-ción para abordar este tema, aunque fuera del marco de laconcertación agroalimentaria.

(46) Después de la redacción de este capítulo, ha tenido lugar en1993, la elaboración del documento de «Bases para el Desarrollo RuralAndaluz» por parte de un equipo de técnicos por encargo de la Juntade Andalucía. Este documento, poco preciso en cuanto opciones con-cretas a desarrollar y a medios económicos para llevarlas a cabo, parececentrar la atención en materia de política estructural en el medio ruralandaluz, por el momento.

170

Los objetivos del acuerdo según se definen en el mismo

eran los siguientes:

1.° Aumentar las rentas de los agricultores andaluces, la

conservación del medio natural y la mejora de la cali-

dad de vida en el medio rural.

2.° Estos objetivos estarán condicionados por la reforma

de la Política Agraria Común y la constitución del Mer-

cado Unico Europeo, que incidirán necesariamente en

la situación actual y futura de la agricultura andaluza.

3.° Conseguir una serie de objetivos dinámicos concreta-

dos en el tiempo que permiten alcanzar los fines del

primer objetivo:

- Redefinir el conjunto de actuaciones de Reforma

Agraria para acomodarlas a la nueva situación de la

agricultura y del mundo rural.- Conservar y mejorar la calidad del medio ambiente

rural, fomentando el desarrollo forestal.

- Potenciar fórmulas de desarrollo rural integral,

fomentando en especial la agricultura ecológica, el

agroturismo y los productos artesanales.

- Coparticipar junto con otros sectores productivos para

que a medio-largo plazo, se reduzca el paro rural.

- Ir adecuando las producciones agrarias andaluzas a

la demanda del mercado nacional, comunitario e

internacional.- Reestructurar o reconvertir a medio plazo los secto-

res agrarios andaluces en crisis.- Sanear a medio plazo la cabaña ganadera andaluza.

- Buscar un equilibrio entre las producciones agra-rias y el complejo agroalimentario, dentro del obje-

tivo del PADE 1991-94, de potenciación de la indus-

tria andaluza.- Impulsar la comercialización de los productos agroali-

mentarios andaluces, su acceso a los mercados y la

mejora de la calidad y presentación de los mismos.

171

- Definir fórmulas de actuación conjunta de los sec-

tores públicos y privados para aumentar el desarro-llo tecnológico de la industria andaluza.

- Elevar la actual formación de los agricultores anda-luces.

- Facilitar la inversión en el sector agroalimentario

mediante el acceso de los agricultores andaluces a

líneas de financiación privilegiadas establecidas o

que se establezcan entre la Administración Autóno-ma y las entidades financieras.

Como consecuencia de todo lo anterior se ha llegado auna serie de acuerdos para realizarlos conjuntamente la Con-

sejería de Agricultura y Pesca y las organizaciones firmantes,para lo que la citada Consejería ha dispuesto de 671 millones

de su presupuesto, lo que no parece que permita grandescosas, si no se articula con las iniciativas de las demás entida-

des públicas y privadas puestas en marcha en el medio rural.

No vamos a entrar en la descripción detallada de cada

uno de los acuerdos tomados en las mesas de negociación,

será la puesta en marcha de los mismos y sus resultados lo

que podrá dar elementos de juicio sobre ellos. Considerare-mos, no obstante, en el apartado siguiente qué significa

como punto de partida los acuerdos tomados en relación a la

Reforma Agraria y al desarrollo rural integrado y cómo se

insertan en la evolución seguida por las políticas en estasmaterias.

2.3.1. Politica de Reforma Agraria

La «cuestión agraria» en Andalucía se esgrimía como uno

de los símbolos de identidad de la región, de ahí que ya se

plantee la realización de una Reforma Agraria (RA) en el

artículo 12 del Estatuto de Autonomía, entendiéndola como

«una respuesta global a la transformación, modernización y

desarrollo de las estructuras agrarias e instrumento de una

172

política de crecimiento, pleno empleo y corrección de los

desequilibrios territoriales» (47).Las deficiencias estructurales del sector agrario y su vin-

culación con el subdesarrollo y la pobreza que se da en laregión, lleva a que se presente la RA como un instrumento

necesario para modernizar el sector y para zanjar una cues-

tión cargada de simbolismo ideológico (48), como es en

Andalucía el acceso a la propiedad de la tierra de los obrerosagrícolas desposeídos. No obstante, esta necesidad histórica

se ha cuestionando desde distintas perspectivas políticas (49).

Es cierto que el devenir histórico hace que hoy día sea

ésta una cuestión sumamente compleja (50) . Las exigenciasde la agricultura moderna rebasan los límites del sector,

(47) IARA: «Ley y Reglamento de Reforma Agraria». Consejería deAgricultura y Pesca. Sevilla, 1985.

(48) Ver al respecto Moreno Navarro, I.: «Reforma Agraria e iden-tidad andaluza. Implicaciones simbólicas del problema de la tierra enAndalucía», en Nación Andaluza, n.° 2-3, pp. 91-96. Curbelo hace alu-sión también a la redefinición de la conciencia regional crítica dice«Para las regiones periféricas no puede merecer la pena aceptar elpapel marginal que se les asigna en el proceso de reestructuración dela economía nacional, lo que llevaría a intentar políticas económicasalternativas (centrales a un regionalismo «crítico») cuyas bases deapoyo más sólido estarán en aquellos sectores que están marginados odirectamente afectados por la políáca nacional, introduciendo el obje-tivo de la equidad como consustancial al proceso de desarrollo», en Cre-

cimiento y equidad, op. cit.(49) FASAGA: «Reforma agraria y modernidad: hoy, caminos

opuestos». FASAGA Andalucía, n.° 2, 1985, p. 7.(50) La literatura suscitada en torno a la Reforma Agraria ha sido

muy abundante, sin embargo, en este trabajo no se va a profundizar entodos los matices recogidos por esta literatura, se tratará solamente dehacer una introducción sobre los aspectos socioeconómicos que hanrodeado la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en Andalucía queafectan a los obreros agrícolas. López Ontiveros, A. en «La problemáti-ca de la Reforma Agraria Andaluza hoy», ponencia presentada en elIII Coloquio de Geografía de Jarandilla de la Vera (Cáceres) en mayode 1985, publ. en Projiiedad y^rroblema de la tierra en Andalucía, Editoria-les Andaluzas Unidas, 1986, pp. 151-183, hace un recorrido por las dis-tintas posiciones y justificaciones que se han dado a la Reforma Agraria.

173

adquiriendo cada vez mayor peso las nuevas tecnologías y el

sector financiero que media en el acceso a las mismas. Todoello hace que, tras la progresiva liberalización de precios,

sujetos ahora a las directrices que marca la CEE, el sector se

vea abocado a una reconversión salvaje, en la que aumentar

la productividad de los factores que intervienen en la pro-ducción se convierte en objetivo prioritario para poder com-

petir en los mercados internacionales. En consecuencia, se

agudiza el proceso iniciado en algunas grandes explotacio-nes, ya en los años sesenta, de cambiar el factor trabajo por

capital; se racionalizan más los procesos de organización del

trabajo, se cambia la orientación productiva, encaminándolamás hacia producciones que tengan facilidad para la comer=

cialización y requieran menos fuerza de trabajo.

En este entramado económico los pequeños y medianosagricultores tienen muy difícil la subsistencia, de ahí que

desde sectores de la Administración se intenten potenciar lasasociaciones de estos pequeños propietarios mediante sub-

venciones y ayudas.Los grandes propietarios son, no obstante, los más bene-

ficiados en este proceso, ya que dada la concentración de tie-

rras que se da en este grupo social, éstos se pueden permitirminimizar los riesgos al más bajo coste. Muchos de estos pro-

pietarios poseen rentas procedentes de otros sectores y man-tienen la explotación, sacando beneficios considerables, sin

necesidad de optimizar la utilización de los recursos. Enmuchos casos, la explotación agrícola se convertía en una

inversión sólo por la plusvalía que alcanzaba el factor tierra,

que llegaba a ser independiente de su papel productivo,planteándose como un seguro contra la inflación que permi-

tía blanquear el dinero procedente de otras actividades (51) ,con lo que el precio en el mercado de la tierra alcanzaba arti-

ficialmente valores cada vez más elevados.

(51) Sumpsi, J. M. y otros: «El mercado y los precios de la tierra»,Pape[es deEconomíaEspareola, n.° 16, 1983.

174

Por consiguiente, para los obreros se agudiza el dobleproceso de expulsión, señalado ya en 19i5 en el magníficotrabajo realizado por A. Ortí (52): expulsión del mercado de

la tierra, de un lado, y del mercado de trabajo de otro. Laprecariedad del empleo se acentúa, cada vez hay menosobreros fijos y, para los eventuales aumenta la estacionalidaddel trabajo y el paro.

En esta tesitura, desde todos los sectores se argumentaque sobran obreros en el sector y que la agricultura nopuede dar una solución definitiva al paro existente (53).Sin embargo, por un lado, las cifras absolutas de obreros semantienen en las estadísticas y por otro, algunos empresa-rios del Valle del Guadalquivir dicen haberse visto obligados

a arrancar plantaciones de espárragos y melocotones porno disponer de mano de obra suficiente, al coincidir estascampañas con la de recolección de fresa. ^Qué ocurreentonces? ... ^Qué sentido tiene plantear una RA en esteentramado?

(52) Orti, A.: «Crisis del modelo neocapitalista y reproducción delproletariado rural (Represión, resurrección y agonía final de la con-ciencia jornalera)», en Sobre agricultores y campesinos. Estudios de Socio-logía Rural en España. Coordinado por Sevilla, E., publ. por el MAPA,1984, pp. 167-250.

(53) Los empresarios dicen que «los problemas se solucionaráncuando el conjunto de la economía crezca y genere puestos de trabajono agrarios para absorber a la población que abandone su actividad»,FASAGA, op. cit. ... Los sindicatos del campo (CC.00. y UGT) denun-cian el fraude existente en el sector y piden un censo depurado deobreros agrícolas, participar en la elaboración de medidas para equipa-rar a los trabajadores del REA con el Régimen General de la SeguridadSocial y formación profesional de los jornaleros a fin de que puedanadaptarse a las nuevas tecnologías. Diario «El Independiente», Madrid,16 de agosto de 1989. ... Los investigadores de tendencia economicista,desde los años sesenta vienen anunciando la desaparición de los obre-ros agrícolas: Barón, E.: «El final del campesinado». Edit. Zero/ZYX;Tamames, R.: «Estructura económica de España». Edit. Guadiana depublicaciones, 1971; Naredo, J. M.: «La evolución de la agricultura enEspaña (Desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tra-dicionales), Edit. Estela, 1971 ...

175

2.3.1.1. Desarrollo de la Ley de Reforma Agŭ-aria

Las circunstancias no hacían fácil el planteamiento de

una RA: había que continuar con la «modernización» delsector, hacer cumplir el papel sócial que tenía la tierra y pre-servar el medio ambiente, todo ello en el marco de una eco-

nomía neoliberal y sin un apoyo claro por parte de la Admi-nistración Central del Estado, tal y como se manifestó en ladura batalla por las transferencias a la autonomía del IRYDA

y del ICONA(Instituto para la Conservación de la Naturale-za) y la dimisión del primer presidente autonómico. Real-mente, la delimitación clara de competencias autonómicaspara legislar en materia de expropiación no ha existido hasta

que no se han iniciado los conflictos derivados de las actua-ciones en aplicación de la Ley de Reforma Agraria (LRA) .Ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 demarzo de 1987 (37/1987) sobre el recurso de inconstitucio-

nalidad interpuesto contra la LRA, la que ha delimitado cla-ramente la legitimidad de la Comunidad Autónoma paralegislar sobre el tema y reconoce con absoluta nitidez que lafunción social de la propiedad es un elementó inseparable

del derecho de propiedad (54).A pesar de lo arduo de la tarea, el Gobierno Andaluz

aprueba la Ley 8/1984 de 3 de julio sobre Reforma Agra-

ria y el Reglamento para la aplicación de la misma median-te el Decreto 276/ 1984 de 30 de octubre. Esta ley, sinembargo, sólo cuenta con el apoyo de los socialistas anda-

luces, ningún otro sector de la sociedad andaluza respaldael proyecto.

Para analizar cuales han sido los objetivos, contenidos yalcance del programa de LRA en el contexto de la políticaeconómica para Andalucía, partiremos en principio, de la

exposición que hace de los mismos J. M. Sumpsi, inspiradordel procedimiento técnico y ejecutor de la misma, en un

(54) Memoria del IARA, 1987. Dactilografiada.

176

artículo escrito siendo Director General de Estructuras Agra-

rias en Andalucía (55); el autor señala los objetivos siguientes:

1. Selección de los empresarios a través de un programa

intervencionista que lleve a cabo una serie de medidasque posibiliten el mejor aprovechamiento de los

recursos, penalizando con sanciones impositivas y

expropiatorias a los que no hagan un adecuado uso

de los recursos naturales.

2. Redistribución de la tierra, permitiendo el acceso de

la clase trabajadora y pequeños campesinos al uso de

este factor de producción.

3. Fomento del empleo, utilizando el concepto de renta-

bilidad social.

4. Consideración de planteamientos conservacionistas

como parte integrante de la racionalidad en el aprove-

chamiento de los recursos.

5. Introducción de los criterios de planificación comarcal.

6. Creación de un sector cooperativista potente en la

esfera de la producción agraria.

Para poder llevar a cabo estos objetivos, se crea un órga-no administrativo específico, destinado a la realización de

estas tareas: el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) .Debido a imperativos constitucionales y a que hasta la pri-

mera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LRA no

se delimitan las competencias de la Comunidad Autónoma

en materia expropiatoria, se mantienen los supuestos expro-

piatorios contenidos en la Ley de Fincas ManifiestamenteMejorables y la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, si bien

se hace un desarrollo legislativo posterior, que sí es compe-

(55) Sumpsi, J. M.: «La Reforma Agraria en Andalucía». BoletínEconómico de la Junta de Andalucía, n.4 3, Publ. Consejería de Econo-mía, Planificación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía. 4.Q tri-mestre de 1983/1.° de 1984, p. 61.

177

tencia de la Comunidad Autónoma, en el que se hacen modi-

ficaciones en cuanto a la tramitación, procedimiento y agili-

zación del proceso. No obstante, parece que no fue muy afor-

tunada la construcción jurídica realizada, pues a este respec-

to la ley encuentra muchos problemas para su posterior desa-rrollo, teniendo lugar la casi paralización del proceso de

actuaciones: una sentencia del Tribunal Constitucional obli-

ga en 1986 a modificar el Reglamento que la regula, tenién-

dose que aprobar uno nuevo en diciembre de ese mismo

año. A partir de ese momento, los recursos contra las actuacio-nes seguidas se multiplican, la falta de un decidido apoyo polí-

tico, de previsión en lo que se refiere al procedimiento admi-nistrativo y la complicación administrativa a la que los jueces

someten cada recurso, hacen navegar cada actuación en un

mar de burocracia interminable, costosa en tiempo y recursos.

La complejidad técnica de la ley tampoco favorece la

dinámica en la aplicación de la misma. La falta de una buena

base estadística y de estudios actualizados de las estructuras ylos sistemas agrarios, ha llevado a veces a actuar de forma

precipitada. Por otra parte, los problemas técnicos suscitados

a la hora de establecer índices objetivos que homologuen la

situación de los empresarios en cada comarca y la aplicación

de los. mismos, ha hecho que la Administración pierda algu-nos recursos planteados por los empresarios.

Por lo que se refiere a la función social de la propiedad

que debe hacer cumplir la ley, contemplada asimismo en laConstitución, enlaza con la filosofía del aprovechamiento

pleno de los recursos, teniendo aquí cabida el objetivo con-

servacionista y de generación de empleo. Sin embargo en

este punto hay que hacer una serie de consideraciones:

- La optimización de los recursos sólo se aplica a la

explotaciones de más de 300 Ha de secano y su equi-valente en regadío y monte (50 Ha de regadío 0 750

Ha de monte) en la comarca en la que se aplica la

ley. Este planteamiento implica que las explotaciones

que no alcanzan estas dimensiones sí cumplen con la

178

función social definida. Pero la realidad demuestra

que esto no es cierto, pues existen un número impor-tante de explotaciones medianas y pequeñas que porlas características socioeconómicas de los propieta-rios (a veces sólo se diferencian de los grandes en

que su parcela de control del mercado de tierra y tra-bajo es más limitada) tampoco hacen un uso adecua-do de los recursos y, por consiguiente, no cumplencon la función social que debe tener la tierra según

la Constitución.

- Otra observación sobre el concepto de la funciónsocial que se utiliza, deriva del concepto de legitimidad

de la propiedad del que se parte. Esta legitimidadparte del derecho positivo de la sociedad moderna enel sentido weberiano, olvidando los aspectos históricosy simbólicos de la cuestión agraria, puesta de relievepor numerosos investigadores (56). Para la mayoría delos obreros agrícolas la gran propiedad (tener más tie-

rra de la que consideran que necesita para vivir bien elempresario y su familia) no es «legítima» en el sentidomoral de justicia social que para este colectivo aúntiene este término. De ahí que, a pesar de la intuiciónde la complejidad que actualmente supone el serempresario, y dependiendo de una posición ideológicamás o menos reivindicativa de acuerdo con sus circuns-

tancias personales-familiares y de la vinculación con laactividad agraria, se plantee la necesidad y la legitimi-dad del «reparto», ya sea en lotes familiares o en

empresas asociativas.

(56) Investigadores como Calero, J. M. en Movimientos sociales en

Andalucía (1820-1936), Siglo XXI Edit., 1976; Bernal, A. M. en La ^iropie-

dad de la tiena y las luchas agrarias andaluzas, Edit. Ariel, 1974; Martínez

Alier, J. en Za estabilidad del latifundio, Edit. Ruedo Ibérico, 1966; More-no, I. en op. cit.; Ortí, A. en op. cit.; ... entre otros, han realizado estu-dios que ponen en evidencia las implicaciones históricas y simbólicasque ŭene la ŭerra para los obreros agrícolas.

179

- La política de intensificación, de la que parte esta ley

como medio de obtener una mejor distribución de latierra en Andalucía, se contradice con la realidad his-tórica. Un análisis cuantitativo realizado por Calatra-

va J. y Navarro L. (1988) (5i) sobre la relación de estosdos parámetros en Andalucía para el período intercen-

sal de 1960 a 1982, en el que se ha puesto en regadíouna superficie de tierras difícilmente superable por la

actual ley, revela que en este período la concentración

de la tierra se ha mantenido casi igual e incluso ha

aumentado un poco. También señalan los autores, queexiste una relación estadísticamente significativa, entre

la evolución de la distribución de la tierra entre 1960 y

1982 y el nivel de depresión socioeconómica de las

comarcas. Lo que supone que la brecha entre áreasdesfavorecidas y prósperas cada vez se va abriendo más

y tiene en la estructura de la propiedad un elemento

diferenciador más. Detectan que la mejora de la distri-bución de •la tierra que correspoñde a fuertes incre-

mentos en la superficies regadas de algunas comarcas y

a altos grados de intensificación, si bien es significativa,

apenas es perceptible en cuanto a impacto real sobrelas estructuras agrarias. Concluyen la ponencia alu-

diendo a la necesidad de una política de estructuras

agrarias que incida sobre las estructuras a medio-largo

plazo y no conceda a la mejora de la distribución de latierra un papel de efecto secundario y marginal, tal y

como se ha hecho con la ley de Reforma Agraria

actualmente vigente en Andalucía. Según los autores,

la mejor distribución de la tierra es lo que permitiríaracionalizar su uso, con la consiguiente mejora del

(57) Calatrava, J. y Navarro, L.: «Efectos de la intensificación decultivos sobre la distribución de la tierra en Andalucía: Reflexionessobre un análisis cuantitativo». Ponencia presentada en el XX Congre-so Internacional de Economistas Agrarios, Buenos Aires, 1988.

180

nivel de bienestar de los agricultores, el acercamientode las estructuras de propiedad agraria andaluza a las

que se dan en la CEE y sobre todo, cumplir con elimperativo histórico de justicia social, que permitiría a

la tierra cumplir su verdadera función de bien social,corrigiendo desajustes estructurales seculares.

- También habría que añadir al concepto de funciónsocial la preservación de los recursos y está bastanteclaro que este no ha sido un factor suficientemente

considerado, pues el tipo de modernización preconiza-da no sólo no preserva, sino que destruye los recursos.Como prueba de ello nos remitimos a los niveles de

degradación de suelos de las campiñas, de salinización

y contaminación de agua, paisajes ... señalados ya en elprimer capítulo.

La introducción de criterios de planificación territorial en

la LRA es otro de los fines que se persiguen con esta ley (58).

Sin embargo, resulta bastante diñcil entender los parámetrosseguidos para determinar el perímetro de las comarcas sobrelas que se pretende actuar. En 1989 existen diez comarcas

declaradas de Reforma Agraria en Andalucía: Antequera(Málaga), Osuna-Estepa y La Vega (Sevilla), Vega de Córdoba(Córdoba), Medina-Sidonia y La Campiña (Cádiz), Los Mon-

tes (Granada), Condado-Campiña (Huelva), Los Velez (Alme-

ría) y Vega de Andújar y Campiñas Bajas (Jaén).Las unidades territoriales, en la mayor parte de los casos,

no son homologables con ninguna de las comarcalizacionesal uso ya sean agrícolas o no. Son bastantes las comarcas en

las que no se respetan los límites municipales, lo que dificul-ta las actuaciones, pues dado que el municipio es la célula

administrativa más pequeña para la realización de estadísti-cas y la recogida de información, hacer una comarcalización

para actuar sobre las estructuras socioeconómicas que no

(58) Sumpsi, J. M., op. cit., nota 28.

181

tenga en cuenta este marco, acarrea un número importante

de complicaciones. Sin embargo parece que los criteriosseguidos para la elección de comarcas en realidad obedecemás a motivos políticos que técnicos, lo que les resta eficacia.Sobre todo si se quiere plantear la coordinación con otrosorganismos de la Administración, lo que parece necesariopara lograr el desarrollo, la eficacia en la distribución de

recursos y la mejora de la calidad de vida de los habitantes.La formación de un importante sector cooperativo al que

se le dotaría de las tierras procedentes de las expropiaciones yde la compra por oferta voluntaria, es otro de los objetivos de la

LRA. La base de la financiación para llevarlas a cabo se estable-cía en una dotación de cinco mil millones de ptas. anuales (ladotación presupuestaria del IARA ha ido bajando relativamen-te en los últimos años (59)). Se pensaba que con este presu-puesto se podría actuar, basándose en que los efectos indirectos

de la LRA acarrearían una disminución en el precio de la tie-rra, cosa que como se ha señalado, no sólo no ha ocurrido,sino que se ha elevado artificialmente (60). Sin embargo elIARA, á pesar de los recortes presupuestarios, no ha podido

aplicar la totalidad de los recursos disponibles para este fin,efectuándose las siguientes adquisiciones:

Superf cie Precio Presupuesto

Año (Ha) mil ptas./Ha Disponible Utilizado

Agric. Forest. Agric. Forest. (millones) (%)

1986 363 7.946 286,4 48,1 2.240 21,71987 2.965 9.254 594,3 38,1 3.577 59,11988 1.676 12.988 622,8 53,3 2.229 58,8

Fuente: Memorias anuales del IARA.

(59) Según las Memorias anuales del IARA el presupuesto gestiona-do por este organismo en 1986 y 1987 supone el 3,3% y el 2,8% respec-tivamente del total de Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

(60) Ha habido que esperar a la entrada en vigor de la reforma dela Política Agraria Común (PAC) para que la tierra situada en zonas nointensivas baje de precio.

182

Las causas de este distanciamiento de los objetivos presupues-tarios se atribuyen a las rigideces del mercado de la tierra, faltade ofertas adecuadas para un asentamiento, el retraso en la ges-

tión de los expedientes y los problemas jurídicos que se manifies-tan en la mayor parte de los expedientes de adquisición.

El segundo canal de financiación con el que se cuenta son

los cánones obtenidos en concepto de renta de la tierra enaños posteriores a las actuaciones. Tampoco ha sido una víamuy próspera, por el escaso número de colonos asentadosanualmente y las dificultades que tienen estos colonos parahacer efectivos los pagos. Por último, se señala que la vía dearrendamiento forzoso seguida en la expropiación hace que

no sea costosa. Esta es una vía que aún no se ha estrenado. En1989 sólo ha habido decreto de actuación para las ŭomarcas

de Osuna-Estepa y Vega de Córdoba. No obstante, las expro-piaciones (unas 5 ó 6), están pendientes de la sentencia delTribunal Constitucional, según recurso presentado a finalesde 198i, que decidirá si estas expropiaciones se hacen deforma inmediata o previa intimación de los afectados (61). En

el caso de la comarca de Antequera, queda vigente el Plan deObras, pero las restantes actuaciones derivadas de la aplica-ción del Reglamento de 1984, han quedado sin vigencia, deahí que se esté replanteando una nueva calificación como

comarca de Reforma Agraria.El planteamiento oficial de fortalecer el sector cooperati-

vo ha dado lugar a la proliferación de cooperativas de trabajodel campo, que se han formado con la esperanza de accedera la tierra, aunque sea como arrendatarios de tierras de nomuy buena calidad (62). Así, mientras en el bienio 1980-1981sólo se inscriben en el directorio de cooperativas 18 cooperati-vas de explotación comunitaria de la tierra con 194 socios (63),

(61) En el momento de publicación de este libro las expropiacio-nes son un capítulo cerrado.

(62) Ver «Un caso de desarrollo basado en las grandes actuacionespúblicas».

(63) Haubert, M. y Gavira, L., op. cit.

183

en el censo de 1985 se recogen un total de 160 cooperativas y

2.283 socios (64) . La escasez de este tipo de empresas hasta laaplicación de la LRA se explica por la política seguida hasta

ese momento por el IRYDA, que las ha fomentado fundamen-

talmente en zonas de concentración parcelaria, prácticamente

inexistente en Andalucía Occidental (esto explica que en 1970

de las 339 Cooperativas de Explotación Comunitaria (CEC)existentes en España, sólo 4 correspondieran a esta región).

Hasta la fecha no ha habido expropiaciones efectivas,

aún cuando hace ya cinco años que han empezado las actua-

ciones de LRA y aunque se pretendía publicar de cuatro acinco decretos de actuación comarcal anualmente (65). Por

tanto, la política de RA se ha aplicado, más que en las comar-

cas declaradas de RA, en las áreas afectadas por las grandes

obras de puesta en regadío, ya sean las declaradas por laComunidad Autónoma o las heredadas del anterior IRYDA, y

también en algunas fincas compradas por oferta voluntaria.

En aplicación de la LRA hasta septiembre de 1989, se han

asentado 34 empresas asociativas en la Comunidad, a las que

se les ha dotado de una superficie de 697.91 Ha de regadío,4.512 Ha de secano y 656 Ha de monte.

A las cooperativas asentadas no se les ha dotado en abso-

luto de «todos los instrumentos necesarios para que sean

explotaciones modelo», se han abandonado a su suerte, pen-sando que el acceso a créditos concertados y algún que otro

cursillo sobre gestión son instrumentos suficientes para salir

adelante, olvidando todo lo que se refiere a seguimiento,

ayuda para resolver las cuestiones derivadas de su proceden-cia social, tanto en el campo de la formación como de la inte-

gración interna y exterior del grupo cooperativo, ... etc. Es el

voluntarismo de algunos técnicos de las distintas administra-

(64) Censo de Entidades Asociativas Agrarias de Andalucía (Avan-ce). Tomo II. Consejería de Agricultura y Pesca. Consejería de Trabajoy Seguridad Social. Junta de Andalucía, 1985.

(65) Sumpsi, J. M., op. cit.

184

ciones como Extensión Agraria, Federaciones de Cooperati-

vas ..., entre otros agentes privados no exentos de intereses

especuladores, lo que hasta ahora va salvando la situación.

Todo ello a sabiendas de que del éxito o fracaso de las coope-

rativas depende el de la LRA (66).

Dada la complejidad de la ley «en la que se ponen enjuego intereses decisivos de grupos contrapuestos, deben

ocupar un lugar destacado los mecanismos que garanticen la

participación en su aplicación. Esta es la intención de la crea-

ción de las Juntas Provinciales con los correspondientes gru-

pos de trabajo comarcales» (67). Hay que señalar que en el

reglamento de 1984 derogado por el Tribunal Constitucio-

nal, los sindicatos no participaban en los grupos de trabajocomarcales. Las Juntas Provinciales por su parte, han tenido

un papel poco relevante, siendo utilizadas en muchos casos

por el sector empresarial para establecer estrategias que

retrasen el proceso de actuaciones. Los sindicatos obreros,que tienen la misma participación que las organizaciones

profesionales según el nuevo Reglamento, ante la compleji-

dad de la ley, los escasos recursos técnicos de que disponen y

la profunda desconfianza que les provoca la LRA, tampoco

han desempeñado el papel que cabría esperar, siendo sus

actuaciones al respecto más testimoniales que eficaces. Aun-que no se puede olvidar el escaso interés que ha mostrado la

Administración por lograr la participación de estos teóricos

aliados, representantes de los beneficiarios inmediatos de la

aplicación de la LRA.

El carácter tecnocrático de esta ley, la hace a todas luces

bastante lejana a la realidad cotidiana de los trabajadores delcampo andaluz, que muestran su desconfianza en que llegue

algún día a aplicarse. Una encuesta realizada por una empre-

sa consultora en 1986 pone de manifiesto que el 42,7% des-

conocen por completo la ley de RA, el 40,4% dice haber

(66) Sumpsi, J. M., op. cit.(67) Sumpsi, J. M., op. cit.

185

oído o leído sobre ella, pero sin conocimiento preciso, el

11,8% cree saber algo sobre ella y sólo el 5,0% cree conocer-la con certeza (68). Estas cifras son confirmadas por las

entrevistas que hemos realizado en esta investigación a jorna-leros cabezas de familias. En estas entrevistas observamos

además, que el mayor o menor conocimiento de la ley tienerelación con el nivel de implantación de organizacionesobreras, así en municipios deprimidos de la sierra y en los de

la costa de Huelva de pequeña propiedad alejados de losfocos de lucha obrera, la cifra de los que conocen la ley es desólo un 21%, en tanto que en zonas de tradición obrera delMarco de Jerez oscilan entre un 74% y un 65%, son precisa-mente estos últimos, los que presentan un grado mayor dedesconfianza hacia la misma.

Por último, la voluntad política que presupone el inspira-dor de la actual LRA al Gobierno Autonómico, se ha puestoen entredicho tras la evolución seguida en el curso de aplica-ción de la misma: se disminuyen los recursos humanos y finan-

cieros destinados a la LRA, se hacen pactos a nivel de políticaeconómica global con la CEA sin participación de los sindica-tos, falta decisión en la instrumentalización de los medios a sualcance ... etc. En definitiva todo ello no refleja más que elcontrasentido que supone la aplicación de una LRA con tintes

sociales en el marco de una política económica neoliberalcomo la seguida por el gobierno andaluz, continuación de lapolítica planteada a nivel estatal y a nivel de la CEE.

Los acuerdos de la concertación agroalimentaria de 1991,al respecto de las actuaciones en materia de RA llevaban a la

reformulación de la misma. Para ello la Consejería se com-prometía a redactar un proyecto de reforma que sería eleva-

do al Consejo de Gobierno, cuyas líneas generales afectarána la normativa en vigor en las siguientes cuestiones:

(68) ALEF, Imagen y actitudes de los trabajadores del campo haciala Reforma Agraria. Estudio realizado para el IARA. Dactilografiado.Estudio realizado sobre 900 entrevistas distribuidas entre varias comar-cas de Reforma Agraria.

186

«a) Reformulación del concepto de eficacia de las explotaciones

agrarias, de su dimensionamiento y de la ^ireservación de los

recursos naturales.

b) Interrelacionar la competitividad con el empleo como ejes de lasactuaciones, fomentando los czcltivos con demanda en los mer-

cados y exigentes en mano de obra.

c) Flexibilizar los mecanismos de toma de decisiones sobre las

explotaciones, eaitando el automatismo existente.

d) Agilización y simplificación de los actuales mecanismos ope-

rativos, tanto técnicos como jurédicos.

e) Potenciación de actuaciones consensuadas fomento agrario

en planes de mejora.

f) Redefinición de la política de asentamientos».

En suma, parece que la RA se convertirá en el mecanismo

de readaptación de la agricultura andaluza a las exigenciasdel mercado internacional, perdiendo todo sentido la cues-tión histórica de la función social de la tierra, en razón de lalegitimación derivada de la necesidad de competitividad, poruna parte y dependencia política de Bruselas por otra.

2.3.1.2. Efectos derivados de la Declaración de comarca de RA

1iarn los munici1iios estudiados afectados por la inclusión

en la Comarca Valle del Guadalquivir

Respecto a los efectos que hasta el momento ha tenido laafectación por el decreto de RA, podemos distinguir varios

niveles:

- Obras realizadas dentro del «Plan de Obras» que estable-ce la ley para mejorar la infraestructura rural (funda-mentalmente saneamiento de caminos y redes de riego)

que en consecuencia demanda mano de obra asalariada.

- Creación de empresas asociativas que mejoren lasestructuras de industrialización y comercialización del

sector, y puestos de trabajo creados relacionados con la

187

puesta en funcionamiento de este tipo de empresas

que afecten al sector de obreros agrícolas. La Direc-

ción General de Política Agroalimentaria y AgriculturaAsociativa, paralelamente a la aprobación de la ley,

puso en marcha un programa destinado al fomento deeste tipo de empresas entre los agricultores de las

comarcas de RA, para lo que contaba con un técnico

en cada comarca de RA, encargado de detectar yfomentar iniciativas y dar a conocer una serie de crédi-

tos y subvenciones destinados a incentivar la instala-ción de centros de industriales y de manipulación para

mejorar la comercialización en las empresas asociati-

vas. Este apoyo técnico se mantuvo hasta 1987 y a par-tir de esa fecha, desaparecen los técnicos de las comar-cas, aunque se mantienen los decretos para incentivar

empresas asociativas. Según la información que hemosobtenido, para estos municipios estudiado se han lleva-

do a cabo las siguientes iniciativas (69):

• Fomento de un centro de manipulación hortofrutíco-la. La actuación ha consistido en el asesoramiento

sobre la fórmula cooperativa adoptada, cultivos,

comercialización, información sobre legislación vigen-te y decretos de ayudas. Colaboración en la solución de

problemas cotidianos y tramitación de documentación.• Formación de una SAT para la comercialización de

cereales y productos hortofrutícolas. La iniciativa haconsistido en la puesta en marcha de un almacén-seca

dero de cereales y un centro de manipulación hortofru-

tícola, para lo que se ha dado información sobre decre-tos de ayuda y se ha motivado a los socios más indecisos.

• Promoción de un centro de pasterización para una

SAT ganadera. Se ha dado información sobre ayu-

(69) Información procedente del informe «Situación de iniciativasagroindustriales en Vega de Sevilla. 31 marzo 1986». Dirección Generalde Política Agroalimentaria y Agricultura Asociativa. Dactilografiado.

188

das. Colaboración en la tramitación de ayudas y cré-ditos. Orientación técnica y comercial.

• Creación de 3 centros de manipulación para lacomercialización de productos hortofrutícolas y

correspondientes a una SAT y dos cooperativas. Seha dado información sobre ayudas, orientación téc-nica de la iniciativa y estímulo de los inversores.

- Fomento del empleo en el sector atendiendo a dospartes: el aumento del empleo en relación con la previ-sible intensificación de cultivos y el incremento delcooperativismo de trabajo asociado. Este es uno de losefectos más difíciles de interpretar debido a la yuxtapo-sición de factores que intervienen en el tema.

Debido a que en el momento de redacción de este capí-tulo no se había promulgado aún el decreto de actuación,sólo se puede estimar el empleo indirecto, perceptible a tra-vés de datos cualitativos procedentes de las entrevistas realiza-das con empresarios, sindicatos, técnicos de la Administra-

ción y obreros de la zona.No resulta fácil llegar a una conclusión clara, pues si bien

ha habido en la zona una mayor intensificación de cultivosque demandan un volumen elevado de mano de obra, funda-mentalmente debida a la proliferación de plantaciones deespárragos, es difícil establecer si la causa ha sido el hecho dela existencia de la ley o la rentabilidad y la facilidad para lacomercialización del cultivo, ya sea a través de los conciertoscada vez más frecuentes entre agricultores de la comarca eindustriales navarros, el asentamiento de estos industriales enla zona o debido a la posibilidad de comercialización directaque utilizan los agricultores más fuertes (con 50 Ha se hace lamanipulación directa del cultivo para la comercialización).

Parece que los años 1982 y 1983 fueron especialmenterentables para este cultivo en Andalucía, lo que hizo que deun 5,2% y un 8,65% de superficie cultivada durante estosaños, se pasara a un 27,61% de superficie en 1984, para des-cender en los años sucesivos, hasta Ilegar en 1987 al 15% del

189

total de superficie cultivada desde 1977 (70). Si para cual-quier explotación del Valle del Guadalquivir se considera

rentable un cultivo si arroja unos beneficios de 100.000ptas./Ha, con el espárrago, se obtienen de 300.000 a 350.000

ptas./Ha como mínimo (71). Aún cuando las perspectivaspara el cultivo del espárrago son muy buenas en el Valle del

Guadalquivir (72) (ventajas comparativas por la mayor dura-ción del ciclo productivo y la alta productividad por Ha, sien-

do el único limitante la profundidad del sueló para el espá-rrago blanco y la pluviometría en temporada de recolección

no temprana, unido todo esto a la alta rentabilidad del culti-vo), sólo el factor mano de obra ha resultado problemático.

Las dificultades han derivado de los conflictos surgidos apartir de que algunos empresarios, en determinado momen-

to, se han negado a pagar en días festivos el suplementocorrespondiente y los obreros se han negado a realizar la

recolección, con el perjuicio que ello supone para el empre-sario (73); también ha dado lugar a conflicto determinar elpeso de espárragos cogidos por un obrero en la jornada de

trabajo, la pérdida del derecho a seguir trabajando en larecolección porque debido a las lluvias los obreros se han

negado cogerlos ... etc. La coincidencia con la recolección dela fresa y de la patata ha hecho que en 1989 algunos empre-sarios hayan arrancado la plantación por falta de mano de

obra; otros la han arrancado debido a los problemas suscita-dos con los obreros el año anterior, ...

(70) Serrano, Z.: El espárrago en Andalucía: situación actual y fierspecti-vas. Ponencia presentada en las II Jornadas Técnicas del Espárrago,Pamplona, junio 1988. Tomo I. MAPA y Departamento de Agricultura,Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra. Edit. Dirección Generalde Investigación y Gapacitación Agraria, 1988.

(71) Este dato se ha obtenido entrevistando a técnicos que llevanvarias explotaciones de espárrago en el Valle del Guadalquivir. El datose refiere a 1987.

(72) Serrano, Z., op. cit.(73) La plantación de una Ha de espárrago tiene un coste de un

millón de pesetas de 1988, según los técnicos dedicados al cultivo.

190

Todo esto apunta a que la aplicación de la LRA no ha

tenido mucho que ver en este proceso. Algunos empresarios

entrevistados apuntan la idea de que en esta comarca ya se

daba una importante intensificación de cultivos antes de la

aplicación de la ley, aunque existía cierta tendencia a cultivar

frutales-maíz-girasol. Otros también señalan, que al promul-

garse el Decreto de Declaración de la comarca, surgieron,

sobre todo en las parcelas próximas a las carreteras, plantacio-

nes de espárrago y de melocotón. Pero debido a que estos cul-

tivos requieren de profesionalidad en la gestión, a las dificul-

tades que en 1988 ha atravesado el cultivo del melocotón por

la saturación de mercados, al desconocimiento del cultivo del

espárrago y a la paralización de las expropiaciones y las con-

tradicciones de la RA, muchas de estas «parcelaciones del

miedo», como las llama un entrevistado, han desaparecido.

Otro efecto «del miedo» entre los empresarios, parece

que ha tenido lugar durante el primer año de aplicación de la

ley. Se difundió entre los empresarios agrícolas que habría que

tener al menos un obrero fijo por cada 25 Ha de regadío para

no ser penalizado y algunos empresarios llegaron a efectuar

contrataciones de este tipo. Actualmente, no se amortizan los

puestos fijos que quedan vacantes, para subsanar su error.

Otro factor que puede haber contribuido en este sentido

es el tema fiscal, de introducción relativamente reciente en el

campo, que permite una subvención de 500.000 ptas. por

puesto de trabajo creado.

Quizás el efecto más visible de la LRA fue el interés de los

empresarios por firmar a los trabajadores las jornadas reales

trabajadas e inscribirlos en los libros de matrícula de la explo-

tación, cosa no tan frecuente hasta ese momento. Se llegó a

dar el caso en uno de los municipios afectados por el decreto

de RA (no de los estudiados), según el testimonio de un entre-

vistado afectado en la negociación, que el alcalde se brindó

como intermediario entre obreros y empresarios: el obrero

alcanzaba de este modo las sesenta jornadas necesarias que no

había podido conseguir trabajar para cobrar el subsidio y el

191

empresario aumentaba el número de empleo de su explota-ción. Sin llegar a hacer de este pintoresco incidente más que

una anécdota, aunque significativa de las nuevas relaciones depoder creadas en el campo, lo que sí ha hecho la LRA es que

muchos empresarios que antes no cotizaban a la Seguridad

Social Agraria o lo hacían parcialmente, hayan empezado ahacerlo, sacando a la luz una parte importante de economía

sumergida existente en el sector. Lo difícil es conocer el

empleo real que se ha generado, debido a la corrupción o per-versión existente respecto a las declaraciones realizadas a laSeguridad Social Agraria por empresarios y obreros.

Otro efecto indirecto que ha tenido la Ley, quizás el más

importante, es que el Ministerio de Hacienda ha tenidoconocimiento de un número importante de grandes agricul-

tores de los que antes no tenía noticia. Aunque no se hapodido lograr conocer el alcance real de este efecto, se sabe,

por ejemplo, que un importante número de estos propieta-rios derivan de la actividad en el negocio de las máquinas tra-

gaperras, otros son profesionales escondidos bajo la fórmulade sociedades anónimas ... etc.

2.3.1.3. Act^itudes de los obreros ante la I1iA (i4)

En lo que se refiere a las actitudes de los obreros ante la ley

de LRA, ya se ha comentado el desconocimiento y la descon-fianza existente, puestos de relieve por la encuesta de ALEF y

por las entrevistas que hemos realizado. Ahora bien, cabe seña-lar una serie de matices respecto a las actitudes de los obreros y

sus sindicatos en los municipios estudiados respecto a la LRA.Las opiniones sobre lo que debe ser una RA y sobre la

LRA aplicada actualmente en Andalucía de los obreros que

(74) Las opiniones vertidas en este apartado se refiere a las entre-vistas en profundidad realizadas a familias de trabajadores y líderesobreros en 1988.

192

tienen un trozo de tierra (siempre menor de 3 Ha de secano

o una hectárea de regadío) difieren de los que no tienen

nada de tierra. Los primeros tienen mejor conocimiento de la

LRA y la respuesta más generalizada de lo que consideran que

debe ser una RA apunta con mayor insistencia hacia el repar-

to, que en el caso de los obreros que no llevan tierra, entre los

que, si bien es el reparto la opinión más generalizada de lo

que consideran una RA, también son importantes las respues-

tas que plantean que una RA debe «dar trabajo». Sin embar-

go, parece que los que tienen ya alguna tierra, se sienten más

cercanos a los agricultores, en la importancia que otorgan a

«la propiedad», que los que no tienen nada de tierra, de ahí

que también sea más representativa la respuesta que conside-

ra que una RA debe repartir sólo la tierra infrautilizada, o que

una RA tiene que incidir en el aumento de la productividad.

Otro matiz que se establece entre estos dos colectivos, se

da respecto a la actitud ante la LRA y sus posibles consecuen-

cias. Para los que son propietarios, la ley no es buena porque

«sólo van a repartir las tierras más malas». En tanto que entre

los que no tienen tierras, el argumento de más peso es que la

ley no sirve para nada.

Entre los entrevistados sólo un 15% no estaban interesa-

dos en llevar tierras, la mayoría de ellos jóvenes.

Atendiendo a la edad, los jóvenes menores de 25 años

consideran en el mismo grado la respuesta sobre que la RA

debe repartir toda la tierra disponible, conservando una

parte proporcional para el empresario, que se debe repartir

sólo la tierra infrautilizada y que el objetivo prioritario debe

ser dar trabajo.

Los que tienen entre 35 y 45 años son los que estan de

forma más clara por «el reparto», en cambio entre los que

tienen más de 45 años, si bien consideran el reparto como

objetivo de la RA, estan más interesados en que se aumente

el trabajo. Esta actitud está claramente relacionada con el

hecho de que en las actuales condiciones del mercado de tra-

bajo agrario en Andalucía se considera que un hombre es

193

viejo a los 45 años, de ahí que lo que más les interesa es

encontrar trabajo y no empezar a plantearse a su edad el lle-

var una explotación agrícola. Después de su experiencia en

el sector, la mayoría piensan que «lo mejor para sus hijos es

encontrar un trabajo fijo y si es fuera de la agricultura mucho

mejor», ya no creen que se pueda llevar a cabo un cambio

que les permita acceder a la tierra. Por otra parte, tampoco

estan muy seguros de que sus hijos estén lo suficientemente

«preparados» para acceder a la tierra, por la complejidad

que supone actualmente llevar una explotación. El miedo y

el sentimiento de inferioridad que sienten la mayoría de los

obreros ante cualquier cosa que tenga que ver con la Admi-

nistración o con «papeleos», les hace sentirse muy desplaza-

dos en cualquier iniciativa que tenga que ver con ésta. Los

más intrépidos, cuando se lanzan a ello, normalmente van

«apadrinados» por algún técnico, cura o similar, que les faci-

lita el contacto.

En este punto se entra de lleno en el polémico tema de la

disponibilidad de los obreros para llevar tierra, o lo que es lo

mismo, en el posicionamiento ser agricultor-tener trabajo

fijo, aunque estos dos extremos no tienen por qué ser nece-

sariamente contradictorios.

Hemos establicido también una relación entre las actitu-

des ante la RA y la simpatía o afiliación a sindicatos en los

municipios estudiados afectados por la LRA. Aún cuando los

trabajadores/as no han podido vivir los efectos de la aplica-

ción de la ley, porque todavía no se ha hecho el Decreto de

Actuación, sin embargo se opina sobre sus efectos. Hay que

distinguir, sin embargo, que la opinión de los trabajadores/as

simpatizantes o afiliados/as de los sindicatos difiere en térmi-

nos generales de la de los líderes, que mantienen por lo

general posturas y actitudes ideológicas más alineadas con las

del sindicato al que pertenecen, a primera vista más claras, al

menos en la verbalización que hacen de las mismas, aunque

no siempre correspondientes a un conocimiento más exacto

de la ley.

194

En los entrevistados de los dos municipios afectados porla RA las simpatias se distribuyen de forma paralela entreCC.00. y FT`I' UGT. Los más cercanos a CC.00. tienen unaactitud más reivindicativa que los de FI"T-UGT. Así mientraslos primeros están a favor de que se reparta toda la tierraentre cultivadores directos, los de FTT-UGT son más partida-rios de que sólo se reparta la tierra infrautilizada y de que seaumente la productividad. Pero si se analizan estas actitudesen cada municipio afectado, se observa como la idiosincraciadel lugar domina a nivel reivindicativo sobre las siglas sindi-cales. Así pues, resulta que un simpatizante de FIT-UGT delmunicipio del Valle del Guadalquivir, mantiene una posturamás reivindicativa respecto a la tierra, que uno de CC.00.del de la Campiña: en el primero fundamentalmente se iden-tifica la RA con «reparto», en el segundo con trabajo y forma-ción de cooperativas. Esto también está relacionado con elhecho de que los militantes de CC.00. del primer municipiose identifican políticamente con el PCPE, más radical en susplanteamientos, en tanto que en el segundo se identificanmás con el PCA.

Respecto a los líderes obreros, la posición más reivindica-tiva viene representada por los de CC.00., que plantean laReforma Agraria lntegral como la única posible en los tiem-pos actuales. Esto significa la actuación integrada en el sectoragrícola que va desde la expropiación forzosa sin indemniza-ción para los productores que no lleven bien su explotación,hasta la creación de asentamientos a los que se les dotará derecursos económicos y financieros ( nacionalización de labanca) y creación de canales de comercialización e industria-lización in situ.

Respecto a la actual LRA, dicen que «es un engaño a laclase trabajadora. Los únicos que se están beneficiando de la Ley sonlos grandes ^rropietarios a los que se les están arreglando los caminos,

además, se están ^rreparando las tierras baldías de los terratenien-tes». Sigue diciendo que «la LRA no ha tenido repercusión, elalgodón se coge con máquinas en las fincas ^aíblicas y no se respeta

195

el plan quinquenal de este cultivo» (75). Para concluir diciendoque «es una RA con planteamientos burgueses-capitalistas, que les

conviene a los propios burgueses. Son las casas de ^n-opaganda (76)

las que se están llevando el dinero de la Junta» (77) .

Un planteamiento más moderado viene representado por

los lideres de FTT-UGT del municipio más reivindicativo.

Plantean que debido a que se trata de una RA que han

hecho «los técnicos» no está teniendo los resultados desea-

dos. No se ha notado aún efecto alguno en el empleo.

El planteamiento más conformista viene de parte de uno

de los líderes locales de la FTT-UGT del municipio de campi-

ña, que plantea que la LRA es buena, «es una ley moderada y

tal como se está haciendo está bien. El trabajador tiene que pedir lo

mismo que el capitalista, el Gobierno lo está haciendo bien (en este

sentido), pues si al capitalista le va bien, re^iercute en el trabaja-

dor...» «La ley de RA que ha ^»-esentado IUCA está llena de ambig ŭe-dades». Se ha podido comprobar, no obstante, en otros muni-

cipios estudiados, que la actitud de los líderes locales de

UGT-FTT, varía también de unos pueblos a otros, por eso hay

que insistir en el peso que tiene la historia obrera en el

municipio, como principal factor de diferenciador del nivel

reivindicativo, aunque en cada uno de estos municipios se

estructuren las fuerzas reivindicativas paralelamente en uno

u otro sindicato, dependiendo cuyunturalmente de la pre-

(75) En el primer Plan Quinquenal de Algodón firmado a finalesde los setenta entre CC.00. y FI"T-UGT, se aceptaba una mecanizaciónprogresiva de la recolección del cultivo a cambio de una extensión dela superFcie cultivada y la realización de inversiones complementariasde la Administración en industrialización, más tarde se negó a firmar elsegundo Plan Quinquenal del algodón, calificándolo de plan de rees-tructuración salvaje. Pineda Cuadrado, A.: «CC.00. del campo frenteal II Plan Quinquenal del Algodón 19841989», Escuelas Agrarias de For-mación Integral, n.° 4. Edit. CC.00. del Campo.

(76) Se refiere a las empresas de publicidad que realizaron los car-teles y logotipos de la RA.

(77) Entrevista realizada con la líder de CC.00. del municipio másreivindicativo de los dos estudiados en este capítulo.

196

sencia más o menos próxima de líderes políticos de una u

otra tendencia, capaz de arrastrar a la lucha o de canalizar las

demandas más inmediatas de los obreros (problemas con los

propietarios llevarlos a magistratura, resolver conflictos deri-

vados de problemas en torno al cobro del subsidio ... etc.).

Otra cuestión que hemos detectado es que se da una rela-ción directa entre tipo de actitudes ante lo que debe ser una

RA y nivel de renta percibido por los cabezas de familia

entrevistados (78).

- El mayor porcentaje de los que tienen rentas inferiores

a 300.000 ptas. anuales (un 3,2% de los entrevistados),

considera que el objetivo fundamental de una RA debeser dar trabajo, seguido de los que piensan que una RA

debe repartir la totalidad de la tierra entre los cultiva-

dores directos.

- De los que tienen un nivel de rentas entre 300.000 y

700.000 ptas. anuales (un 57,1% de los entrevistados),

el mayor porcentaje considera que una RA debe repar-

tir la tierra entre la totalidad de los cultivadores direc-

tos, seguido por los que piensan que el objetivo princi-

pal debe ser dar trabajo.

- De los que tienen un nivel de rentas entre 750.000 y

1.250.000 ptas. anuales (un 35,5% de los entrevistados),

la mayoría piensa que una RA debe repartir la tierra

infrautilizada, seguidos por los que piensan que se deberepartir la tierra entre los cultivadores directos.

- Los de mayor nivel de rentas, más de 1.250.000 ptas.

anuales (un 4,1% de los entrevistados), consideranque el primer objetivo de una RA debe ser aumentar la

productividad de las explotaciones agrícolas.

(78) El nivel de rentas se ha obtenido de las entrevistas realizadas ajornaleros cabezas de familia. En el mismo se incluyen todos los con-ceptos mediante los que se puede obtener: remuneración del trabajo,rentas de actividades marginales, subsidios y pensiones ... etc.

197

Por último, también ha habido actitudes más dirigidas a

mejorar no sólo el nivel económico del obrero que supuesta-

mente acarrearía la aplicación de la RA que consideran

ideal, hay otros que hacen hincapié en el bajo status social

que tienen los obreros hoy día y su marginación. Por ejem-plo un entrevistado señala «EZ campo es necesario para todos. Los

que trabajamos la tierra, los que miramos por ella, aunque no sea

nuestra, deberíamos estar mejor miraos ...»

En cuanto al papel que la LRA ha tenido respecto al

MTA, podemos decir que dentro del marco socio-político

actual difícilmente una RA puede terminar con el paro en la

agricultura. Sin embargo, los desequilibrios sociales y estruc-

turales que presenta el sector hacen necesaria una interven-

ción pública en favor de los más desfavorecidos. El utilizar el

simbolismo del término RA para llevar a cabo un proceso de

«modernización» del campo, no deja de ser una fórmula de

exorcizar los demonios del afán histórico del reparto y ente-

rrarla definitivamente. Ahora bien ^tiene sentido actualmen-

te una RA en Andalucía basada sólo en el reparto? Desde

luego parece que no, pero sí lo tendría el instrumentar polí-

ticas que supusieran una mejora real de la calidad de vida y

trabajo de los habitantes de las zonas rurales más desposeí-

dos, lo que podría significar en un primer momento raciona-

lizar la distribución del trabajo disponible, para realmente

mejorar la formación, el nivel de renta y recuperar la digni-

dad perdida del colectivo de trabajadores, para de este modo

hacerlos participes de su destino. Si se utiliza el dinero públi-

co para «modernizar» el sector sin tener en cuenta hacia

donde se canalizan los excedentes obtenidos en el mismo, se

hace un flaco favor a la mayoría de los andaluces y se aumen-

ta la dependencia de Andalucía.

No obstante, aún así, debemos señalar que la vigente

LRA, a pesar de ser un mal sucedáneo de la reivindicación

histórica, podría haber obtenido mejores resultados de cara

al empleo si hubiera contado con un apoyo político y social

más decidido.

198

2.3.2. Las politicas de desarrollo que inciden en el MTA:

el desarrollo local

La carga política y simbólica de la Reforma Agraria en

Andalucía, hizo que se actuara en esta materia de forma prio-

ritaria. El artículo 12.3.11 del Estatuto de Autonomía, integra

como concepto global de Reforma Agraria acciones de políti-

ca agraria que con carácter programático la Comunidad

Autónoma debía acometer, como un Plan completo de Políti-

ca Agraria, lo que se justifica tanto por el porcentaje de ocu-

pados, como por el PIB que arrojaba el sector. Sin embargo,

de la lectura de la LRA, deducimos que en absoluto se trata

de un programa completo de política agraria, según lo

expuesto anteriormente, y la puesta en marcha del Plan Eco-

nómico de Andalucía (PEA) lo evidencia.

El PEA distingue según programas, entre «Inversiones

públicas» correspondientes al programa n.° 1 y«Sistema

Agrario Pesquero» en el programa n.° 6. En éste, además de

las líneas de actuación de Reforma Agraria se distinguen

otras medidas de política agraria que contradicen el sentido

integrador de la Reforma Agraria. El problema quizás haya

sido la precipitación con la que se ha actuado, pues, por muy

necesaria que sea la transformación de las estructuras agra-

rias, y realmente lo es, este tipo de políticas habría que inte-

grarlas en un marco globalizador que estructure todos los

recursos y permita un desarrollo endógeno de la región. En

este sentido el PEA (79), habría que haberlo instrumentado

antes que la LRA y no se habrían producido los problemas

de ambigúedad derivados de este desfase (80).

(79) La Ley del PEA salió en BOJA n.° 60 de 19 de julio de 1984.(80) Para una visión más detallada de la relación de ambas leyes,

ver Rodero Franganillo, Romero Rodríguez y Theotonio Cáceres, V.,Un nuevo marco para la política agraria andaluza. Autonomía regionale integración europea. Instituto de Desarrollo Regional, n.4 39. Univer-sidad de Sevilla, 1987.

199

Partiendo de esta visión de conjunto, se va a analizar

cómo han afectado al MTA los instrumentos políticos de pla-

nificación del desarrollo, fundamentalmente en el nivel máspróximo a los trabajadores, el local, que es el marco en el

que de desarrollamos el trabajo empírico de esta investiga-ción. Para ello, tras hacer un recorrido por las medidas insti-

tucionales llevadas a cabo, realizaremos un estudio de cómo

han intervenido estas medidas en el MTA en casos concretos.

2.3.2.1. El marco institucional del desarrollo local

La crisis económica ha puesto en cuestión el modelo de

desarrollo económico basado en la concentración industrial.

El fracaso de las políticas en las que el desarrollo a nivel locales consecuencia de la desconcentración de las actividades

motoras principales, ha hecho que se empiece a plantear eldesarrollo desde una óptica territorial distinta, en la que el

ámbito local adquiere un nuevo protagonismo. De este

modo, surgen nuevas formulaciones sobre el desarrollo:desarrollo endógeno, desarrollo integral, ecodesarrollo, ...,

que en sus planteamientos teóricos tienen en común el apro-vechamiento de los recursos propios y la integración del

território. Así, desde distintos niveles de la Administración

Pública, paralelamente a las políticas de desarrollo regional,comienzan a plantearse políticas de desarrollo local que pre-

tenden actuar directamente a este nivel.

Coincidiendo con las directrices de la OCDE (81), algunosde los ayuntamientos democráticos andaluces, tratan de dina-

(81) En junio de 1982, establecido por el Consejo de Organizaciónde la OCDE, se crea el programa de Acción y Cooperación sobre Inicia-tivas Locales para la creación de Empleo (ILE). Este programa pretendediagnosticar y dar recomendaciones sobre la percepción a nivel local delos problemas económicos y de empleo, además de las diversas respues-tas que se están dando de iniciativas autónomas, que tienen como objeti-vos de creación de empleo duradero y de nuevas empresas viables.

200

mizar el desarrollo local, como vía para luchar contra el paro y

la crisis económica. Así, inician esta andadura por el desarro-

llo, aunque desde postulados ideológicos dispares, que van

desde el plantemiento de la lucha de clases, hasta plantea-

mientos populistas y/o tecnocráticos que tratan de negar cual-

quier relación con contenidos ideológicos o políticos.

Atendiendo a la demanda generada por este proceso,

empiezan a surgir gabinetes de profesionales que, poniéndo-

se a disposición de los ayuntamientos, asesoran a los interesa-

dos acerca de las líneas de financiación mediante créditos

oficiales, realizan proyectos para pequeñas y medianas

empresas ... etc. En estos años, finales de los setenta y

comienzo de los ochenta, la política de apoyo al empleo a

través de cooperativas, se presenta oficialmente como la vía

más adecuada para el fomento del empleo, aunque la falta

de formación e información es un hándicap para llevar a

buen término esta política. Todo ello creó las bases para que

las Consejerías de Economía y Trabajo de la Junta de Andalu-

cía se hicieran sensibles a las iniciativas locales e intentaran

apoyarlas y promocionarlas. Se ponen en marcha organismos

como el IPIA, en un primer momento, y COPASA posterior-

mente, que iniciaron mecanismos capaces momentáneamen-

te de asumir y dotar estas experiencias, a partir de la promo-

ción de productos concretos, la piel en municipios de la Sie-

rra de Cádiz, por ejemplo, además de canalizar créditos ofi-

ciales. También se ponen en marcha otros organismos de

ámbito regional, como la Sociedad de Desarrollo Industrialde Andalucía (SODIAN) o el Gran Area de Expansión Indus-

trial de Andalucía (GAEIA), que actúan puntualmente en

algunas cooperativas importantes, pero que han estado más

orientadas hacia proyectos de envergadura.Por otro lado, siguiendo las directrices de la OCDE den-

tro del programa de Iniciativas Locales de Empleo, tiene

lugar el nacimiento de las «Unidades de Promoción de

Empleo» (UPES), bajo la supervisión de la Consejería de Tra-

bajo, a partir de 1985. Las UPES son un intento por parte de

201

las autoridades autonómicas de colaborar orgánicamentecon los Ayuntamientos en la promoción de empleo, concre-

tándose la UPE como principal instrumento para el desarro-

llo dentro de los Programas de Fomento de Empleo de laConsejería de Trabajo de la Junta de Andalucía (82).

En el decreto que regula la creación de las UPES, se hacealusión a su finalidad en el artículo 19, especificándose como

tal, la investigación y promoción de las posibilidades deempleo local, mediante la explotación de los recursos endó-

genos, para lo que se recomienda la participación de los agen-

tes locales, así como un ámbito comarcal en su actuación.

Las ayudas a las UPES son gestionadas por la DirecciónGeneral de Cooperativas y consisten en dos tipos de subven-ciones, cuya vigencia máxima es de un año:

1. Subvenciones de hasta un 100% de los costes de sala-rios de los trabajadores que la integran.

2. Subvenciones de los costes de funcionamiento de laUPE hasta un 75% del importe total.

Por otro lado, el Programa de Apoyo a las Iniciativas de

Promoción Económica de los Entes Locales Andaluces (83) acargo de la Dirección General de Economía contempla lassiguientes actividades:

- Asesoramiento para la elaboración de un programaintegrado de promoción económica.

(82) Decreto 142/85 de 26 de junio (BOJA, n.Q 70, de 12 de julio).Orden de 29 de julio (BOJA, n.° 78, de 29 de agosto) en la que se desa-rrolla el decreto. Programa de apoyo a las iniciativas de promoción eco-nómica de los entes locales andaluces en el decreto 150/85 de 10 dejulio (BOJA, n.° 75, de 30 de julio de 1985) y la Orden de 22 de mayo(BOJA, n.° 55, de 10 de junio de 1986). La inclusión de las UPE en elPrograma Andaluz de Desarrollo Económico (PADE) se realiza en elDecreto 96/87 de 8 de abril, y la Orden de la Consejería de Trabajo yBienestar Social de 20 de abril de 1987.

(83) Decreto 142/1985 de 26 de junio, BOJA, n.4 75, de 30 de julio de1985. Orden de 22 de mayo de 1986, BOJA, n.° 55, de 10 de junio de 1986.

202

- Asesoramiento para la elaboración de dicho programay los estudios de viabilidad para los proyectos conteni-

dos en el mismo.

- Información sobre los canales de financiación del sec-

tor público y/o privado.

- Posibilidades de subvención directa a algunos proyectospor parte de la Consejería, sin poder superar, por símisma o combinada con otras ayudas de la administración autonómica, el 75% del coste total de la actuación.

- Constitución de un comité de cooperación de los dis-tintos agentes, cuando la realización del programaafecte a varios órganos de la administración autonómi-

ca y/o local.

Estas actividades no estan necesariamente vinculadas a laexistencia de una UPE, se integran en las mismas en caso deque exista, pero también pueden beneficiarse de ellas losmunicipios que no cuenten con una UPE, siempre que lo

soliciten adecuadamente.A finales de 1989 son 39 la UPES subvencionadas en toda

Andalucía, con un total de 126 agentes de desarrollo local, loque supone un coste de 257.410.448 ptas. para laComunidad (84). Aunque sus resultados son muy heterogé-neos, la característica que tienen en común es actuar comouna sociedad pública de servicios, es decir, como ventanillaúnica. La mayoría de las actuaciones realizadas se refieren aconsultas sobre los posibles canales de financiación existen-tes y, en menor medida, asesoramiento técnico (contable, fis-cal, tecnológico ...). No obstante, a partir de 1987 hay quedistinguir las Mancomunidades y las UPES con incidenciacomarcal, que tienen dotaciones importantes de infraestruc-tura para su funcionamiento, llegando a plasmarse en algunade ellas Operaciones Integradas de Desarrollo, de las UPES

(84) Memoria de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social de1988. Dactilog ŭ^ada.

203

ubicadas en municipios de menos de 20.000 habitantes, quetienen una orientación más municipalista y están menosdotadas de recursos y medios que las anteriores.

La localización de las UPES es motivo de controversia, yaque no se realiza siguiendo criterios económicos y territoria-

les, sino básicamente políticos. Esto genera en algunos casossolapamientos de competencias de las UPES en un mismo

area, o bién hace que se instalen UPES en zonas que no tie-

nen capacidad por sí mismas de darles credibilidad (85). Porotra parte, otro elemento de diferenciación o discrimina-ción, según se quiera interpretar, viene dado por los diferen-tes presupuestos asignados a las corporaciones locales parafinanciar las UPES. Por ejemplo, en la resolución de presu-

puestos para 1988-89 se dan diferencias que oscilan entre las216.667 ptas. mensuales asignadas a Valverde y las 952.346ptas. asignadas a Lebrija (86).

Este es el momento de preguntarse hasta qué punto lasUPES son capaces de cumplir con el objetivo por el que se

crearon. Para ello analizaremos qué ocurre en los municipiosseleccionados en la muestra estudiada que poseen una UPE.Para llevar a cabo el análisis procederemos a hacer un estu-dio de caso, según la evolución seguida en el proceso dedesarrollo, estudiaremos como incide la UPE en los asalaria-dos agrícolas y que actitudes genera dentro del colectivo.

2.3.2.2. Lebrija: un caso de desarrollo tecno^iersonalista

El municipio estudiado en primer lugar ha sido muy acti-vo en la lucha por conseguir mejor calidad de vida para los

(85) La investigación realizada coincide con la afirmación quehacen al respecto Segui, Granados, V. en «Posibilidades para la reacti-vación económica y creación de empleo por parte de las corporacioneslocales» en BoletínEconómico deAndalucéa, n.° 8.

(86) Memoria de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social de1988, op. cit.

204

obreros agrícolas. La lucha sindical en el campo dio lugar a

un movimiento jornalero capitaneado por el Sindicato de

Obreros del Campo (SOC) y el Partido del Trabajo en lo

político. A finales de los setenta, tuvieron lugar numerosas

manifestaciones y luchas por conseguir un mayor número de

días de trabajo en el anterior sistema de «Empleo Comunita-

rio» y en contra de la mecanización del algodón, cultivo pre-

dominante en la zona.

En las primeras elecciones municipales democráticas

(1979) resulta vencedor el Partido del Trabajo por mayoría.

Desde el Ayuntamiento, apoyado por profesionales e intelec-

tuales afines ideológicamente, se empiezan a buscar salidas

que generen empleo, teniendo claro desde el principio que

la agricultura no puede absorber toda la fuerza de trabajo

disponible.

No obstante, el motor del cambio son las 15.000 Ha de

Marismas situadas en el término, que se distribuyen entre

1.200 colonos, de los que 500 son de. este municipio. El bare-

mo que se sigue para la adjudicación de las parcelas de tierra

es motivo de conflicto, pues son muy fuertes los intereses en

torno al mismo. El baremo se hace entre el ayuntamiento, la

camara agraria, los sindicatos y las organizaciones de profe-

sionales agrarios.

Muchos de los líderes obreros reciben tierras, otros ocu-

pan cargos públicos en la administración local, con lo que la

lucha obrera se disipa, apareciendo en el escenario un nuevo

conflicto: los colonos que han recibido las parcelas, respalda-

dos por la gran cooperativa de servicios que constituyen, se

ven ante la necesidad de introducir la mecanización en el

cultivo del algodón, por imperativos del mercado. Este episo-

dio es definitivo para el desencanto de los obreros, que ven

cómo los líderes que antes estaban dispuestos a quemar las

máquinas, ahora son los primeros en utilizarlas, aunque sea

con el argumento de que es la única fórmula para poder

seguir cultivando algodón que «siemjire da más jornales que el

trigo o el girasol».

205

El establecimiento de los colonos, agudiza aún más la pre-

sión demográfica que tiene el municipio, caracterizado poruna estructura de población muy joven. En todo este proceso,

la creación de una cooperativa de servicios por los colonostiene un papel fundamental para el desarrollo del municipio,

aunque no siempre ha sido interpretado de este modo porparte de los demás sectores sociales. No se va a entrar en esteapartado en todas las vicisitudes que se dan hasta su puesta en

marcha, que no fueron pocas. Lo que interesa señalar en estemomento, es que a partir de ella se crea toda una infraestruc-tura de servicios de todo tipo para los socios, una gran desmo-

tadora de algodón y una serie de iniciativas para participar ycrear empresas que tienen que ver con este cultivo (87).

En las elecciones municipales siguientes, el alcalde yparte de su anterior equipo de trabajo se presenta con una

candidatura del PSOE y gana las elecciones. Esto tiene conse-cuencias de cara al desarrollo, pues, de una parte, el estar enel partido del poder le abre nuevas puertas de la Administra-ción Autonómica y Central pero, de otra parte, también lecrea enfrentamientos en su política de desarrollo local con

los sectores que ven un peligro en el creciente grado de per-sonalismo que va tomando la política municipal y que, encierta forma, se sienten decepcionados, por romanticismoquizás, con la incorporación al partido en el poder.

Un reflejo de esta situación se da cuando se pone en mar-

cha el Departamento de Promoción Industrial, coincidiendocon el cambio de legislatura. El planteamiento es que «elAyuntamiento debe ser además de gestor de servicios, gestor de desa-

rrollo, y la agricultura por sí sola no tiene capacidad de absorber el

excedente de mano de obra agrícola que existe» (88). Se planteaque hay que hacer industrias viables, y para ello se trata de

(87) Caro Aguilar, J.: «Informe: la cooperativa Las Marismas deLebrija», en Panfletos y Materiales, n.° 2, Edit. Centro de Estudios y Docu-mentación de Trebujena. Cádiz, enero 1988, pp. 32-39.

(88) Información recogida en entrevista realizada a uno de los con-cejales que han formado parte activa en este proceso.

206

poner en marcha un plan de horticultura extensiva que sirva

de alternativa al algodón y abra nuevas puertas a la industria-

lización. Se inicia una suscripción popular para la creación

de una fábrica de transformado de tomates. La participación

en la misma es mayoritaria, pero la compra de acciones se

debe más a la presión que se hace desde el Ayuntamiento,

que al convencimiento de su rentabilidad en términos eco-

nómicos. Muchos compran acciones con la intención de ren-

tabilizarlas, logrando empleo para un familiar o un amigo;

en muchos casos fue un vinculo de clientela. Por su parte los

colonos, si bien hay algunos que participan en la compra de

acciones por intereses concretos, toman la determinación

desde la cooperativa de no plantar tomate. Las razones que

dan son de dos tipos, unas de orden económico, no demasia-

do sólidas como se ha comprobado después, argumentando

que el tomate portugués es mucho más barato (1 ptas./kg

mientras a ellos le saldría a 2,5 ptas./kg). Más importantes

parecen las razones de orden político, según han declarado

algunos miembros de la cooperativa. Los socios no están de

acuerdo con la intromisión del alcalde en sus asuntos, por

otra parte, se pone en marcha el proyecto sin haber contado

antes con su opinión. A partir de aquí las relaciones entre la

cooperativa y el ayuntamiento empiezan a no ser muy cordia-

les: el Ayuntamiento acusa a la cooperativa de insolidaria y

poco progresista y los cooperativistas acusan al alcalde de

personalista y clientelista.EI último episodio en el proceso de desarrollo, tras la cre-

ación de una sociedad de desarrollo local que, según los

informadores, no ha contado con suficiente apoyo del

gobierno autonómico, viene marcado por la creación de una

Mancomunidad de 9 municipios. La Mancomunidad tiene

como finalidad constituirse en una Operación Integrada de

Desarrollo (OID). La iniciativa y la tutoría de la OID ha par-

tido de este municipio, que se ha dotado a partir de la crea-

ción de la misma, con una importante aportación técnica y

económica, aumentado su área de influencia.

207

2.3.2.2.1. EZ modelo de desarrollo seguido

Este es uno de los 39 municipios andaluces que cuenta

con una UPE, de la que se beneficia económicamente elDepartamento de Promoción Industrial del mismo.

En febrero de 1985, se promueve desde el Ayuntamientola realización de un estudio sobre las posibilidades de desa-

rrollo del municipio (89), por parte de una empresa de servi-

cios de Madrid, financiado por el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social. En este estudio se definen las líneas aseguir en el desarrollo local:

- Desarrollo a partir de los recursos propios.

- Reordenación de los recursos naturales hacia pro-ducciones con máximas posibilidades de industriali-

zación.

- Creación de infraestructuras básicas para el desarrollo

(polígono industrial y polígono ganadero).

- Promoción y gestión de la inversión.

En este plan de desarrollo «integral» se abunda en la idea

de la integración en el estudio de los sectores económicos yen la búsqueda de fuentes de financiación. Se echa en falta,

sin embargo, la definición de estrategias claras para el

fomento del empleo, sobre todo, para los sectores de pobla-ción más desfavorecidos. Solamente se señala en este sentido

que es necesario apoyar la organización de cooperativas de

trabajo asociado.En 1986 se pone en marcha, por parte del ayuntamiento,

un nuevo estudio que es realizado por otra empresa de pro-fesionales (90). En este análisis se pone el énfasis en el diag-

(89) SOFEMASA: «Plan de desarrollo integral del municipio deLebrija», 1985. Dactilografiado.

(90) Personas y Sistemas, S.A.: «Diagnóstico y perspectivas socioeco-nómicas del municipio de Lebrija. Un enfoque con objetivo empleo.(Hipótesis de partida y primera redacción)». Sep. 1986. Dactilografiado.

208

nóstico y las perspectivas socioeconómicas del municipio,

enfocándolo hacia el empleo.

Se detecta en el mismo que en el sector agrícola es donde

radica el problema central del empleo en el municipio. Tam-

bién se dice que la parcelación de las Marismas constituye

una inversión de futuro para su crecimiento, más que una

solución a corto plazo para el desempleo agrícola, ya que los

colonos fundamentalmente ocupan en sus parcelas mano de

obra familiar, por lo que no se elimina el desempleo entre

los jornaleros.En la estructura social se detecta que el sector más diná-

mico es el de los parcelistas, si bien, tienen el problema de

una tasa elevada de población dependiente (uno de los crite-

rios más valorado en el baremo por el que se le asignaron las

parcelas ha sido precisamente el tener un elevado número

de hijos).Los sectores industriales y de servicios están poco repre-

sentados en el municipio (13,2% activos en la industria y un

23% en los servicios, en 1982) (91) . El sector industrial se

corresponde con el que se da en los asentamientos urbanos

pequeños en expansión y tiene que ver con la dinámica eco-

nómica del municipio: son las industrias de consumo alimen-

ticio las más representadas, seguidas de las de la construc-

ción y los talleres de reparación. El sector servicios depende

del desarrollo de los otros dos.El gran problema del mercado de trabajo del municipio

es, de un lado, la falta de formación, y, de otro, la juventud

de la población del municipio, que hace predecir que, si no

se actúa cambiando la estructura del mercado de trabajo, las

tasas de paro actuales (superiores al 40%) se multiplicarán

de modo alarmante. Para lograr controlar el paro sería nece-

sario la creación de 600 puestos de trabajo anuales, según el

citado estudio, lo que parece una tarea muy d^cil.

(91) Personas y Sistemas, S.A., op. cit.

209

Valdría la pena tratar de entender qué se ha hecho porconseguir la meta de los 600 puestos de trabajo anuales.

En 198i son diez las personas encargadas de llevar a caboel fomento del empleo y el desarrollo local. Se ha establecido

para este fin dos departamentos: el Departamento de Promo-ción Industrial (DPI), que se encarga del fomento de

empleo, y La Casa de la Juventud, que se orienta a la forma-ción y la información para el empleo a jóvenes.

Estos departamentos estan organizados en áreas que pre-tenden ser cada vez más especializadas:

- Area económico-financiera, está orientada a la realización

de estudios económicos para las empresas, fundamental-mente dirigidos a la búsqueda de líneas de financiación.

Dos economistas son los que se encargan de la misma.

- Area jurídica, dedicada a todo lo que tiene que ver con

la legalización de estatutos para empresas, la regulacióndel programa ILE ... etc. Un abogado es su responsable.

- Area Agro-industrial, donde se estudian proyectos sec-

toriales, por parte de dos técnicos agrarios.

- Area de Formación, destinada a la coordinación y pro-

gramación de cursos, escuelas taller, ... Un pedagogoes el responsable de la misma.

- Area Administrativa, compuesta por tres personas.

- Un agente de desarrollo, sin formación académica espe-cífica, dedicado a la búsqueda de empresarios, con expe-riencia en la puesta en marcha de empresas. Además tra

baja en el departamento una titulada universitaria sin unadedicación especializada a ningún área, que se acomodaen cada momento a las necesidades de cada área (92).

(92) A partir de la creación de la Mancomunidad, el agente dedesarrollo ha pasado a ser el director de este organismo, pasando adirigir el DPI un hombre de confianza del alcalde sin cualificaciónespecífica sobre desarrollo, aunque hasta ahora hacía de intermediarioentre el alcalde y el DPI.

210

2.3.2.2.2. Los ^rŭ-oyectos desarrollados por la UPE

Estos proyectos se han analizado a partir de las Fichas-

Memoria presentadas a la Consejería de Trabajo del año1985 hasta 1987 (93). Hay que hacer constar, sin embargo,

que en ocasiones los datos aportados por el DPI sobreempleo o inversión en las actuaciones habidas, cuando se

relacionan con otros datos aportados también a la Adminis-

tración no siempre coinciden.Hay que hacer notar, que en algunos de los proyectos

referidos no parece posible que se creen los puestos de traba-jo fijos que se especifican en la ficha-resumen, aún ni en elmomento en el que se proyectan. Tal es el caso, por ejemplo,de una empresa destinada a la producción de cangrejos, que

mantiene una actividad netamente estacional y en la fichapresenta una ocupación de 32 obreros fijos. Significativo estambién el caso de un invernadero de flores, empresa en la

que participa el Ayuntamiento, a la que se le asignan 93

empleados fijos. En ambos casos, el trabajo de campo realiza-do ha puesto en evidencia que en estas empresas se hace unacontratación eventual, que despierta recelos por parte delcolectivo de jornaleros: en el caso de la primera, por los

bajos sueldos y la estacionalidad; en la segunda por el cliente-

lismo existente en la contratación.La precariedad que se da en el empleo del sector agro-

alimentario también ha sido puesta de relieve en las entre-

vistas realizadas, junto con la tendencia a cierta picarescapara beneficiarse de las subvenciones públicas, que ha

(93) Departamento de Promoción Industrial. Excmo. Ayunta-miento de Lebrija (Sevilla): «Informe del Departamento de Promo-ción Industrial-Unidad de Promoción de Empleo del Ayuniamientode Lebrija», nov. 1985; Consejería de Trabajo y Bienestar Social:«Unidades de Promoción de Empleo (UPE). Ficha-Resumen 1987»;Departamento de Promoción Industrial. Excmo. Ayuntamientode Lebrija (Sevilla): «Proyectos. Hojas resumen» , 1987. Dactilo-grafiados.

211

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213

sido denunciada por uno de los sindicatos de la locali-dad (94) .

No resulta fácil estimar con exactitud cómo inciden estas

empresas en el mercado de trabajo de los jornaleros. Directa-mente se puede decir que se han podido crear unos 15 pues-tos de trabajo fijos y unos 75 eventuales, según el resultado

de un sondeo efectuado sobre el empleo en estas empresas.La puesta en marcha de tres empresas relacionadas con elcultivo del algodón hace pensar que se mantendrá el cultivo

en la zona, lo que es una cierta garantía para el manteni-miento de los jornales que aporta este cultivo (10jornales/Ha mecanizada) . Se han promocionado tambiénseis empresas que tienen que ver con la ganadería y la trans-formación de productos derivados, aunque no crean dema-

siados puestos de trabajo directo (29 puestos de trabajo),cabe pensar que indirectamente tienen incidencia en elempleo de las familias que tienen explotaciones con ganado.

Por último, está la fábrica de transfomación de tomates, quepodría haber generado más puestos de trabajo indirectos,pero que, al venir el tomate de fuera, hasta ahora no ha teni-do incidencia en la localidad. Sin embargo, la situaciónpuede cambiar, pues en 1989 la cooperativa de los colonos

ha comprado la fábrica, finalmente, como parte de la puestaen marcha de un plan hortícola que pretende llevar a cabo.La entrega de los títulos de propiedad de las parcelas hajugado un papel fundamental en esta decisión. El citado plan

pretende ser una alternativa al algodón, que permita ocuparla fuerza de trabajo excedentaria de los hijos de los colonos.

En ningún caso las empresas agroalimentarias que se han

programado por el DPI llegan a tener 100 empleados, sólo

(94) Se trata de una empresa promocionada por el DPI que, segúnel sindicato local, mantenía a 9 trabajadores con contratos temporalesde prácticas que al llevar más de tres años habían pasado a ser indefini-dos. La empresa se vendió a un empresario que recibió subvencionespor los puestos de trabajo del Gran Area de Expansión Industrial, alrecibir la subvención echó a los trabajadores y vendió la empresa.

214

en un caso se llega a los 50 empleados (únicamente 3 ó 4 son

fijos).

La fórmula adoptada por las empresas es fundamental-

mente la sociedad anónima, sólo en dos casos se han utiliza-

do fórmulas asociativas. Este hecho tiene que ver con el ori-

gen social del empresariado que se ha instalado, el cual fre-

cuentemente procede de capas de profesionales, por lo gene-

ral de fuera del municipio. Aunque, según ha señalado un

entrevistado implicado en este proceso, la razón estriba en

que «cuando se pretende ser creativo y crear empleo verda-

dero no se pueden rechazar fórmulas de empresas, además

había que hacerlo pronto. Las ofertas más rápidas y las líneas

más ligeras para crear una empresa, no son las cooperativas

las que mejor se adecúan, más aún en un campo en el que

no habían entrado. En el campo si es posible, porque tradi-

cionalmente venían funcionando, había ejemplos, pero en

actividades nuevas era mejor que un empresario o grupo de

empresarios actuara, que lo hiciera una cooperativa. El salto

a la horticultura y la transformación, no podía hacerse en

cooperativa. Las cooperativas existentes las rechazaban por

nuevas y el riesgo que conllevaban».

Otros tipos de industrias fomentadas o ayudadas por el

DPI, según la citada ficha-resumen, estan relacionadas con la

construcción, la alimentación, la confección, fundamental-

mente. Se ha promocionado también un polígono industrial

que funcione como «nido de empresas».

En total se ha actuado en 19 proyectos industriales no

agrarios, seŭún se señala en la ficha, de los que se tiene cons-

tancia que han fracasado 7 y sólo uno (pastelería con dos

empleos fijos) se dice que está finalizado. En los proyectos

que se dicen en curso, se señalan un total de 378 puestos de

trabajo fijos y 64 eventuales (en el cuadro 2 se ha estimado

según las entrevistas realizadas, que el número de trabajado-

res fijos en la actualidad, para estos proyectos no agrarios,

oscila entre 43 y 48, en tanto que los eventuales pueden ser

unos 40). Sólo en dos casos se trata de empresas asociativas

215

(una S.A.L. de trabajadores que se hacen cargo de una

empresa en crisis y una cooperativa de cerámica artística) . El

tamaño medio de estas empresas es de 21,5 trabajadores

(según datos de la ficha-memoria 1987) , sólo en el caso de

una industria de material médico se superan los 100 obreros

(80 fijos y 30 eventuales), aunque parece por las entevistas

realizadas en este estudio, que, hasta la fecha, sólo contrata a

unos 40 obreros.

En el sector servicios se citan 22 empresas entre las que

destaca: una cooperativa de transportes, cinco talleres de

reparación, siete comercios, 6 supermercados, dos bares, dos

establecimientos hoteleros y una cooperativa de servicio de

limpieza de mujeres.

El tamaño medio de estos establecimientos es de 3,4

empleados por establecimiento, con coste medio total de

3.881.121 ptas. por empleado, según se desprende de la

inversión que se establece en la ficha de la UPE.

Según la ficha de la UPE, desde que se creó el DPI se han

puesto en marcha un total de 62 proyectos, de los que se

tiene costancia, a través de las entrevistas realizadas, que han

fracasado o no se han llegado a realizar 12 y sólo 9 han finali-

zado. Hay que señalar también que no todos estos proyectos

suponen creación de empresas, en muchos casos se trata de

ampliación o mejoras realizadas en las existentes. La inversión

total para estos proyectos es de 4.882.432.919 ptas. para 819

puestos de trabajo fijos y 197 eventuales (sin haber restado las

empresas que no han llegado a buen término). El coste

medio por puesto de trabajo sería de unas 4.805.543 ptas.

Normalmente la financiación se consigue con un por-

centaje del 25% al 30% de recursos propios, el resto se logra

a través de créditos a bajo interés o subvenciones de la

banca oficial y mediante préstamos de entidades financieras

acogidos al acuerdo existente entre éstas y el gobierno autó-

nomo.

El papel de ventanilla única también ha sido importante.

Se han realizado un total de 40 consultas, fundamentalmente

216

referidas al asesoramiento financiero. Solamente una coope-

rativa de producción agrícola ha acudido para la elaboración

de los estatutos, es chocante que existiendo en el municipiobastantes cooperativas de productores agrícolas que tienen

problemas a la hora de formalizar administrativamente su

personalidad jurídica, no hayan acudido más al DPI para

cumplir este trámite. El resto de las consultas las realizan fun-damentalmente empresas o establecimientos pertenecientes

al sector servicios.

En lo que respecta a la formación, se han realizado un

total de 19 cursos, financiados por el INEM. De los que 12

tienen que ver con el sector agrario (95). También se han

realizado un curso de infomática y cuatro escuelas taller concentros colaboradores del INEM. En total se han puesto en

marcha 14 talleres-escuelas financiadas todas por el INEM y

las Consejerías de Economía y Trabajo.

Los técnicos de la UPE señalan problemas en la gestión

de las ayudas, subvenciones y préstamos (falta de concre-

ción en los mismos, demoras y ambigtizedades burocráticas

que hacen difícil la subsistencia de los que cuentan conmenos recursos). A nivel de funcionamiento, se quejan de

la dispersión a la que se ven sometidos por exceso de pro-

yectos, también se quejan de la falta de verdaderos empresa-

rios que los lleva a formalizar proyectos y buscar luego a los

inversores y, por último, de la falta de mecanización para

agilizar el trabajo.

A modo de conclusión puede decirse que el Ayuntamien-to ha tenido un papel relevante en la instalación de algunas

(95) Los cursos realizados han sido de capacitación básica agraria6, con 150 alumnos y 300 horas de duración por curso. Invernaderos 2,con 30 alumnos y 400 horas de duración. Maquinaria agrícola 2 cursoscon 30 alumnos y 350 horas de duración cada uno. Cunicultura uncurso, con 15 alumnos y 86 horas. Electrificación rural, un curso con 15alumnos y 252 horas. La subvención recibida del INEM ha sido de26.655.000 ptas. Datos facilitados por la Dirección Provincial del INEMde Sevilla.

217

empresas: Con fondos procedentes del Plan de Empleo

Rural, se creó la primera fase de un polígono industrial,

sobre el que se han asentado muchas de las nuevas empresas,

posteriormente el polígono ha sido ampliado, garantizándo-se suelo a bajo precio para las mismas.

Se ha creado una sociedad anónima con capital del Ayun-

tamiento, para la gestión del suelo público. Esta sociedad apli-

ca índices al precio del suelo solicitado por las empresas en

razón de la mano de obra empleada, si la actividad que se va a

desempeñar genera o no nuevas iniciativas, si aprovecha los

recursos de la comarca ... etc. Por otra parte, se ayuda a las

empresas en la gestión de la financiación y de los temas labo-

rales y, por último, se ayuda a las empresas en la formación de

trabajadores mediante un programa de formación para el

empleo concertado con el Fondo Social Europeo.

Este es un municipio en el que el Ayuntamiento intervie-

ne totalmente en la utilización de la UPE, lo que en algunos

aspectos la ha favorecido (no hay que olvidar el papel funda-

mental que ha jugado su alcalde en la búsqueda de financia-

ción y en la promoción en muchos foros del desarrollo del

municipio), en otros aspectos, ha sido contraproducente. Asaber:

En lo que a los obreros agrícolas se refiere, hay que recor-

dar como es el movimiento jornalero quien deposita el

poder local en manos de sus dirigentes; éstos, tras el cambio

de status social que supone el acceso a la tierra o al poder

local, siguen un proceso de desclasamiento que pasa por el

planteamiento de un tipo de desarrollo en alianza con las

clases medias y del empresariado de fuera del municipio

(agricultores autónomos, empresarios directivos y profesio-

nales liberales, se señalan como los primeros aliados para

generar desarrollo), que acuden ante la perspectiva de suelo

fácil, subvenciones y exenciones fiscales. En esta tesitura, los

obreros agrícolas (el 59% de los activos del municipio, con

unos 130 días de trabajo al año como media, conseguidos en

todos los sectores de actividad a los que tienen acceso, inclu-

218

yendo lo marginal o sumergido (96)), decepcionados de la

lucha colectiva, se sienten desplazados de este desarrollo, en

el que una vez más el clientelismo habitual de su actividaddiaria se repite: ahora además de los empresarios hay que ser

amigo del alcade para conseguir, si no un empleo, al menos

las 60 jornadas necesarias para cobrar el subsidio agrícola. La

única salida que tienen los que son todavía jóvenes, es for-

mar cooperativas y tratar de conseguir una concesión de tie-

rras del IARA, aunque sea en precario, ésto es de todo «eldesarrollo» lo que ha ido mejor a los que eran como ellos.

Las frases recogidas en las entrevistas realizadas ponen en

evidencia sus opiniones ante esta realidad: «El que no tiene

amistades no tiene ná», «Hay que tener padr^nos para trabajar. En

los invernaderos del ayuntamiento trabajan los cuatro enchufaos».

Hay quienes comentan que «A la derecha le va bien con el alcal-

de, a los jornaleros chungo. A los de los cangrejos se lo han puesto tó,

los del PER van a trabajar allí ... (los empresarios) contratan a los

trabajadores como aprendices, sobre todo a mujeres, cobrando unas

40.000 0 50.000 ptas. por tres meses y al año que viene o las contra-

tan otra vez de aprendices o buscan a otros y los achuchan». «El

enchufismo está muy extendido y todo es un esfuerzo. No se valora a

la persona, sólo vale lo amigo que es y tener un rollo. En el ayunta-

miento es ^»zmordial tener amigos...». Otros en cambio, señalan

matices tales como «Con el trabajador hay mucha injusticia,

ahora el empleo que se crea es para los jóvenes, los que tenemos más

de 25 años no tenemos trabajo ... el que tiene padrinos es el que se

bautiza, aquí en (...) si no tienes padrinos no haces ná. En los inver-

naderos (participados por el ayuntamiento) están los enchufaos, si el

alcalde dice éste, ése entra. Hay mucho fraude y favoritismo. Los que

^rromovieron los leuantamientos están todos colocaos ... los que son

fieles también se han colocao a dedo ...». No falta tampoco, quie-

nes dicen «Desde hace 4 ó 5 años se está creando mucho trabajo

(96) Las fuentes utilizadas para obtener estas cifras han sido elINEM y la Cámara Agr•aria Local, junto con las entrevistas realizadassobre una muestra de familias de obreros agrícolas del municipio.

219

también para los del campo ... el problema es para los que tienen ya35 años, como no busquen tierras ... van al paro de cabeza, ^iara

todo tienen rireferencia los de menos de 25 años ...».

2.3.2.3. Baena: un caso de desarrollo basado en el cooperatiaismo

Se analiza en este caso un municipio de la Campiña cor-

dobesa, caracterizado por la presencia en el mismo de

pequeños y medianos propietarios de olivar y un importante

colectivo de obreros agrícolas. Se trata de una sociedad muy

tradicional y polarizada en torno a estos dos grupos cuyo eje

central radica en la posesión o no de la tierra. Los mayores

propietarios están organizados en dos cooperativas de trans-

formación de aceite y de servicios, herederas de lo ŭ princi-

pios de la anterior UTECO (97). Hay también otras coopera-

tivas de viticultores, de hortelanos que agrupan en torno

suyo a los pequeños propietarios, que si bien tienen un papel

distinto de las señaladas por su composición social de peque-

ños agricultores, también mantienen las distancias con los

obreros agrícolas sin tierra.

Con la llegada de la democracia, los obreros plantean sus

reivindicaciones para lograr mejores condiciones laborales

organizándose en torno al Sindicato de Obreros del Campo,el más radicalizado de los existentes que, liderado por un

joven del municipio apoyado ideológicamente por un sacer-

dote de izquierdas, en el 1979 llega a tener en sus filas a casi

todos los obreros agrícolas de la localidad, constituyendo este

municipio uno de los bastiones más fuerte de SOC en la pro-

vincia de Córdoba. A nivel político este movimiento obrero

se refleja con el triunfo en las primeras elecciones municipa-

(97) Este dualismo es un reflejo de cómo la división del pueblo nosiempre se corresponde con la clase social, sino que a veces se manifies-ta en tradiciones asociativas de gran implantación en la vida local tanpopulares como las de Semana Santa.

220

les del Partido del Trabajo, que gobierna en coalición con el

Partido Comunista.

El gobierno municipal sigue una política basada en mejo-

rar las condiciones de vida de los trabajadores, canalizando

fondos para el Empleo Comunitario, realizando obras de

interés local y fomentando el cooperativismo, del que existían

ejemplos en el municipio de comprobada relevancia, en

cuanto a lo que significaban de mantenimiento de las rentas

familiares de los obreros. Tal es el caso de las cooperativas de

confección (fundadas en 1962 y 1976 respectivamente, la pri-

mera a iniciativa del sacerdote ya citado y la segunda a partir

de aquélla), y algunas cooperativas de construcción. A estas

cooperativas se les ayuda con la exención de impuestos loca-

les, asesorándoles, o dándoles trabajo en obras municipales ...

Sin embargo, este período fue muy corto, pues en 1979

se convoca por parte del SOC una huelga para conseguir un

mejor convenio en la recolección de aceitunas, que es el

período de trabajo más importante, mediante el que los

obreros consiguen los ingresos que les permiten la subsisten-

cia durante el resto del año. Las condiciones para la negocia-

ción se hacen muy duras, se traen obreros de fuera y la huel-

ga fracasa, teniendo que recolectar finalmente la aceituna a

precios más bajos de los que se partían en el momento del

comienzo de la huelga. Este fracaso y el empleo del líder

local del sindicato como contratista de obras del ayuntamien-

to, acaban desmantelando el movimiento sindical por el

desencanto de los obreros y poniéndolos en una actitud con-

traria a los sindicatos, a merced totalmente de los empresa-

rios, que desde las cooperativas mantienen el control del tra-

bajo y de la remuneración del mismo.

El desencanto llega a tal punto, que en la actualidad es el

sindicato de la UGT-FTI' el único que tiene cierta presencia

en el municipio, debido a la fuerza que recibe por el hecho

de estar próximo al actual gobierno local, con lo que eso sig-

nifica respecto a la posibilidad de tener más o menos acceso

a las obras municipales del Plan de Empleo Rural (PER) .

221

El fracaso del movimiento sindical y la crisis del PT, aca-

ban desmantelando también el gobierno municipal, que cae

en manos de un independiente de planteamientos populis-tas, procedente de la burguesía local, que en 1983 se presen-

ta con una candidatura del PSOE y gana las elecciones, man-teniéndose en este cargo hasta la fecha.

El nuevo gobierno, ante el peso de la crisis, se plantea la

necesidad de seguir una política que favorezca la creación de

puestos de trabajo. Así pues, se trata de favorecer los sectores

de economía social que hasta ese momento han tenido unpapel importante en el mantenimiento de las economías más

débiles, fundamentalmente el cooperativismo, que se estable-

ce como motor del desarrollo local. En el año 1982, cuando

aún presidía el Ayuntamiento como independiente, el alcal-

de decía (98) que «aunque el cooperativismo no es la solu-

ción económica de desarrollo, da una solución al paro y

como experiencia profesional siempre da una posibilidad. El

Ayuntamiento está fomentando el cooperativismo reuniendoa la gente, cediendo locales, asesorando como padrino, tam-

bién se han pagado dos o tres veces los gastos de legalizaciónde cooperativas ...».

2.3.2.3.1. EZ camino seguido para el desarrollo

En 1985 tiene lugar la creación de una UPE. En la memo-ria de solicitud de la misma se señala que la actual corporación

(mayoritariamente socialista) desde 1984 ha venido realizando

n serie actividades para fomentar el empleo fundamen-

talmente gestionando peticiones de créditos de los empresa-rios locales a organismos autonómicos y provinciales; también

se ha hecho las veces de «ventanilla única» dando informa-

(98) Entrevista realizada por la autora en el estudio Coofierativismo ycri.sis económica en Andalucía, Haubert, M. y Gavira, L., Publ. Instituto deDesarrollo Regional de la Universidad de Sevilla, 1984.

222

ción, fundamentalmente sobre los canales de financiación

para formar una empresa o para la refinanciación de pasivos.

Por último también se ha querido intervenir directamente en

la creación del empleo, comprando el Ayuntamiento en 1984

una plantación de 18,36 Ha de alcaparras, para ocupar mano

de obra agrícola en los meses de paro más intenso.

El gobierno local es consciente, sin embargo, de la falta

de planificación de estas actuaciones, por lo que se plantea la

necesidad de la sistematización y tecnificación de las actua-

ciones en materia de desarrollo, por parte de equipos desti-

nados por las corporaciones locales a dirigir el desarrollo

económico. Tras hacer una exposición de las potencialidades

económicas del municipio, basadas en el cultivo del olivar y

las empresas cooperativas existentes, se justifica la necesidad

de una UPE que cumpla estos objetivos: formación del

empresariado existente y de nuevo acceso, información, ges-

tión y promoción de ideas de creación de empleo propias o

ajenas.La UPE empieza su andadura en 1985 y la dotación de

personal con que cuenta para cumplir con estos objetivos, se

compone de un ingeniero agrícola, un economista a tiempo

parcial y una administrativa. Estos técnicos han estado a

cargo de la UPE durante 1986 y al terminar la subvención

mediante la que se les paga a finales de ese mismo año, sólo

quedó la administrativa, hasta que en diciembre de 198% se

incorporaron dos nuevos técnicos: un graduado social, res-

ponsable del tema de fiscalidad de empresas y responsabletécnico de la UPE, y un ingeniero técnico industrial que se

ocupa de «buscar suelo para instalar las empresas».

Las actividades llevadas a cabo por la UPE desde que

empezó se han analizado a partir de la memoria anual de

ésta de 1985 (la única existente en el momento en que se

realiza esta investigación) y entrevistas realizadas en el muni-

cipio.Se puede decir que en los dos primeros años de vida de

la UPE ésta ha estado orientada fundamentalmente a cum-

223

plir el papel de ventanilla única, gestionando las ayudas ofi-

ciales para la creación o el mantenimiento de empresas.

En 1985 se actua sobre 23 expedientes para conseguir

créditos y subvenciones, de los que 11 fueron para reconver-

sión de pasivos de empresas. En el año siguiente sólo se actúa

sobre 8 expedientes destinados al mismo fin. Como resultado

de las actuaciones llevadas a cabo, en la memoria de la UPE

se alude a la creación de 26 puestos de trabajo y la consolida-

ción de 11 más.

En 1985 se empieza a estudiar por parte de los técnicos

de la UPE, la posibilidad de hacer una serie de proyectos

relacionados con la agricultura: invernadero túnel para culti-

vos hortícolas y floricultura, feria exposición de ganado, cen-

tro recolector de leche, planta de aderezo de aceitunas y

lombricultura. De estos proyectos, sólo ha llegado a funcio-

nar el centro recolector de leche. Además se estudian otros

proyectos de creación de talleres de carpintería, forja artesa-

nal, cerámica y alfarería, algunos de los cuales se han integra-

do en 1988 en una Escuela Taller.

Con la llegada de los actuales técnicos de la UPE, a fina-

les de 1987, empieza una nueva etapa. Se han puesto en mar-

cha algunos proyectos, como una cooperativa de confección

(creando 6 puestos de trabajo), una cooperativa de trabajo

asociado destinada a guardería infantil a la que el Ayunta-

miento ha cedido el local en una escuela municipal (creando

6 puestos de trabajo), han tramitado créditos para la forma-

ción de una cooperativa de trabajo asociado de chacineros,

creada a partir de otra empresa mayor que los había despedi-

do (creación de 5 puestos de trabajo). Por último, también

se pretende formar una cooperativa a partir de una escuela

taller de reparaciones domésticas .

La formación también ha ocupado un lugar entre las acti-

vidades de la UPE. Durante la primera etapa se han dado

cursos de colaboración con el INEM: «interpretación de pla-

nos» e«informática»; en colaboración con la Asociación de

autónomos del municipio y el club de Marketing de Córdo-

224

ba: «gestión financiera»; y por último, un curso de prepara-

ción de oposiciones a la Administración Pública impartido

por los técnicos de la UPE.

Para conocer el grado de integración de la UPE en el

municipio y las potencialidades productivas que pudiera

tener, en diciembre de 1985 los técnicos de la UPE plantean

una encuesta a trescientas personas de la localidad, en la que

se recoge información sobre el grado de intensificación del

sector agrícola y las limitaciones para su transformación,

sobre las potencialidades industriales y comerciales (lista de

empresas posibles en la. localidad), para terminar diciendo

que el 87% de los entrevistados no conocen la existencia de

la UPE.

Este es un dato importante , ya que diñcilmente se pue-

den lograr los objetivos propuestos si hay un porcentaje tan

importante de personas de la localidad que no conocen la

existencia de la Unidad de Promoción de Empleo.

Las entrevistas realizadas en esta investigación dentro del

grupo de obreros agrícolas han apuntado también en esta

dirección. A1 ser preguntados sobre qué tipo de iniciativas

generan empleo en la localidad, en todos los casos han seña-

lado a las cooperativas, fundamentalmente las de confección,

aún cuando se señalan los problemas que tienen.

Entre los objetivos que se han marcado los nuevos técni-

cos de la UPE está «el salir» a buscar empresarios. Esta salida

se plantea a partir de la información y la convocatoria a par-

tir de la radio local. Sin embargo, en la localidad existe la

opinión generalizada, según algunos obreros entrevistados y

sindicalistas, de que «la oficina de empleo del ayuntamiento

sirve sobre todo para dar empleo a las personas que hay den-

tro de la misma».

Como conclusión puede decirse que esta UPE ha cum-

plido sólo parcialmente sus objetivos. El desarrollo local no

se ha visto especialmente alimentado por la existencia de la

misma.

225

El verdadero motor de la creación de empleo ha sido elcooperativismo, que en el caso del sector olivarero ha llegadoa crear una denominación de origen, formando una socie-dad anónima de comercialización y exportación, que ha con-tribuido a afirmar más la posición de los grandes agriculto-res. Estos, tras el fracaso del movimiento sindical reivindicati-vo, se encuentran cómodamente situados para intervenir enel mercado de trabajo. La existencia de unas 150 cuadrillasde trabajadores agrícolas, «apuntadas» como disponiblespara trabajar a los socios de una de las cooperativas olivarerasmás importante, hace que la cooperativa pueda controlar elprecio de la recolección de la aceituna local, independiente-mente de los convenios laborales que se establezcan, aúncuando éstos son generalmente más bajos que los que senegocian a nivel provincial. Por ejemplo el convenio firmadopor la FT'T-UGT local para 1987 eran 2.376 ptas. la jornada yen realidad se ha pagado 2.300 ptas.

El cooperativismo de confección cumple un p.^^^el impor-tante para que la situación se mantenga. Existc^^^ según ladocumentación consultada (99) más de 650 mujc^r^^s que tra-

bajan en cooperativas de confección, aunque par^^re que sonunas 1.000 las que participan en el sector (100).

De las cuatro cooperativas existentes, las dos mayores hanlogrado obtener excedente de capital desde 1982 ( 101) ; noobstante ésto ha sido posible gracias al trabajo a destajo,práctica común en este tipo de cooperativas: se cobra segúntarea realizada, con un mínimo prefijado y primas a la pro-ducción. La jornada de trabajo es de 7 a 15 horas durantecinco días semanales y, aunque se cobren excedentes a fin deaño, no muy elevados, por cierto, el salario medio mensualen 1987 es de unas 25.000 ptas. al mes, llegando muy pocas

(99) Ayuntamiento de Baena: Memoria descriptiva del funcionamientoy finalidad de la ereación de la UPE. Baena, oct. 1985. Dactilografiada.

(100) Entrevista realizada al alcalde de Baena en 1988.(101) Según la información procedente de las entrevistas realizadas.

226

mujeres a rebasar las 41.000 ptas. No deja de ser chocante

que los directivos de estas cooperativas de mujeres sean hom-

bres y que no sean socios de las mismas. Este hecho hace que

exista la opinión en el pueblo de que son estos directivos los

que realmente están enriqueciéndose, pues se ha dado el

caso, de que al no estar estas cooperativas regularizadas en lo

que se refiere a pagos a la Seguridad Social, han sido sancio-

nadas por parte de la Administración, siendo las socias y no

los directivos las que han tenido que correr con los cargos delas sanciones impuestas.

Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, en los

sectores obreros y no obreros se considera que las cooperati-

vas de confección son muy importantes para poder «mante-

nerse» las familias en verano. Se dice que si no existieran,

muchas de las mujeres estarían trabajando en el servicio

doméstico, que está peor considerado socialmente y que tam-

poco genera ingresos superiores a las que se obtienen en la

confección. En el fondo, está la vieja premisa, tan presente

en las sociedades rurales, por la que se establece que la fuer-

za de trabajo femenina es un instrumento al servicio de las

estrategias familiares, no una unidad de trabajo equivalente

en independencia a la fuerza de trabajo masculina, sino com-

plementaria a ella. Esto lo prueba el hecho de que muchas

mujeres acuden a las cooperativas antes de casarse o cuando

la familia necesita de ingresos suplementarios. Las mujeres

que adquieren cualificación y un mayor nivel de profesionali-

zación en el sector generalmente son las solteras, o bien

aquellas casadas, que ante el imperativo de la disminución

del trabajo masculino, casi se ven obligadas a profesionalizar-

se para cumplir con las normas que los directivos imponen.

El éxito que las grandes cooperativas de confección estan

obteniendo, está favoreciendo que se pongan en marcha una

serie de empresas de economía no regularizada que están

actuando en el sector de la confección y que compiten con

las cooperativas. Se trata de mujeres que trabajan a domici-

lio, sin ningún tipo de regulación laboral, para individuos

227

que luego negocian la producción con las grandes empresasdel sector.

La construcción es el otro gran sector en el que se ha

basado la economía de los trabajadores del municipio. Se haseñalado ya la existencia de cooperativas en este sector ampa-

radas en las obras municipales, pero a partir de la puesta enmarcha del Plan de Empleo Rural, estas cooperativas se ven

en dificultades por falta de mercado, pues como ya se hareseñado, el cliente fundamental de estas cooperativas ha

sido el Ayuntamiento, no obstante, algunas siguen mante-

niéndose.Por lo que se refiere a las iniciativas que han partido del

Ayuntamiento, la explotación de alcaparras actualmente

tiene problemas debido a la saturación de mercado del pro-ducto y la consiguiente bajada dé los precios. Hasta la fecha

parece que han venido trabajando una media de 10 ó 12 per-sonas que han cobrado según la cantidad recolectada, pero

el precio de la alcaparra ha caído de 1.000 a 200 ptas./kg,

según los informadores (102) .Otra medida de intervención por parte de la Corpora-

ción Municipal en la economía de los obreros agrícolas, es

haber logrado este año un acuerdo con «los patronos» paraque no labren el olivar inmediatamente después de la reco-

lección, para que se de la posibilidad de «rebusca» de aceitu-nas a los obreros agrícolas. Esta medida, orientada a aumen-

tar las rentas de los obreros, según el alcalde del municipio,se ha complementado con otras medidas de política social,

que consisten en abrir cuentas a nombre de los obreros másnecesitados en las tiendas de comestibles, o dar becas de

comedor en los colegios de la localidad. La utilidad de estasmedidas se justifica la existencia, de sectores de población

que no tiene cubiertas las necesidades más primarias. Peroresulta chocante, sin embargo, que las alternativas se planteen

en términos de beneficiencia y no como justicia social.

(102) Entrevistas a familias de obreros agrícolas ya cit.

228

Otra iniciativa que se está planteando actualmente la Cor-

poración ante las dificultades que atraviesan los jóvenes para

crearse su propio empleo por falta de capital, es la creación

de una fundación de avales, lo que de llevarse a término

sería una iniciativa interesante, siempre que no se instrumen-

te con intereses clientelistas.

Son las iniciativas que se empiezan a llevar a cabo en el

campo de la formación las que resultan más interesantes. Se

trata de la puesta en funcionamiento de escuelas taller con el

objetivo de reconvertir y profesionalizar a jóvenes para que

creen su propio empleo mediante empresas asociativas, fun-

damentalmente cooperativas; ya se ha señalado como los

actuales técnicos de la UPE han gestionado algunas de estas

iniciativas.

2.3.2.4. Sanlúcar de Barrameda: un caso de desarrollo basadoen «Grandes Actuuaaciones Ríblicas»

Situado en la costa noroeste de la provincia de Cádiz, la

vida socioeconómica de este municipio ha girado desde anta-

ño en torno a dos ejes fundamentales: la pesca y la agricultu-

ra, aún cuando también haya que hacer mención de un cier-

to turismo de élite, atraído por la bonanza del clima y la tra-

dición bodeguera.

' La estructura agraria se caracteriza por la presencia de

pequeñas y medianas explotaciones destinadas al cultivo de

la viña, que desde finales de los setenta, se yuxtapone con la

hortofloricultura, a causa de la influencia ejercida por un

municipio vecino, pionero en este tipo de agricultura.

Tradicionalmente este municipio ha abastecido de mano

de obra a las grandes explotaciones del Marco de Jerez que

requerían una fuerza de trabajo cualificada en las labores del

viñedo. Este carácter obrerista hace que desde principios de

siglo se geste un importante foco de lucha obrera, que se

prolonga aún en el período franquista, teniendo en conse-

229

cuencia una fuerte tradición reivindicativa que lleva a que,aún durante el período franquista, el salario estipulado para

las faenas especializadas de la viña en el Marco de Jerez, seamás alto que el de cualquier otra faena en Andalucía.

2.3.2.4.1. Las grandes actuaciones ^iúblicas habidas sobre el territorio

La primera actuación que se lleva a cabo en esta localidades la creación de la «Colonia Algaida». El Ayuntamiento,

según acta de mayo de 1910, solicitó de la Central de Coloni-zación y Repoblación Interior la colonización de los terrenosde su propiedad enclavados en la zona comunal de La Algai-da. La cesión de los terrenos fue gratuita, al amparo de la

Ley de Colonias de 1907 y se adjudicaron a la AsociaciónCooperativa de la Colonia Agrícola de Monte Algaida, siendoinscritas a su nombre en marzo de 1922 (103).

Así pues, se distribuyen un total de 254 Ha entre 196 agri-cultores de la cooperativa (entre una y dos hectáreas de laborpara cada uno), para cultivar en los navazos (104). El restode la superficie, 182 Ha, fue administrada por la Junta Cen-tral de Colonización y Repoblación y los organismos suceso-res de la Administración (IRA, INC, IRYDA e IARA), a fin de

garantizar la conservación y la repoblación forestal.La localización privilegiada del municipio, el asenta-

miento en el mismo de una burguesía comercial ligada al

sector bodeguero que aplica métodos capitalistas en laexplotación de la tierra y el considerable número de obrerosagrícolas existentes, hacen que el municipio sea objeto de

sucesivas actuaciones estatales. Sin embargo, las actuaciones

(103) Dirección Provincial del IARA de Cádiz: Memoria. ColoniaAlgaida, 1987.

(104) La técnica del «navazo» consiste en sacar provecho de lascapas freáticas que están próximas a la superficie, permitiendo que lasplantas tomen directamente el agua. Esta técnica ha permitido laimplantación de pequeños huertos en esta zona.

230

que se llevan a cabo vienen propiciadas por intereses espe-

culadores que poco tienen que ver con la situación de mise-

ria que viven los pobladores de este territorio (105). Las

razones que fundamentalmente se argumentan en los suce-

sivos informes realizados por los organismos competentes

para intervenir en el territorio son la depresión económica y

el paro.

Como consecuencia de estos intereses y en aplicación de

la ley de colonización de grandes zonas, se plantea la coloni-

zación de los terrenos del estuario del Guadalquivir, decla-

rándose en 1940 Zona de Interés Nacional.

En 1960 (106) se delimita la actuación en la 2.a subzona,

en la que se incluyen 6.209 Ha de marismas de los munici-

pios de Sanlúcar, Trebujena y Jerez de la Frontera.

Las inversiones realizadas en tierras por el INC y el

IRYDA suponen 31.984.324 ptas., incluidos los intereses abo-

nados. Las inversiones realizadas en obras de interés general

han sido 254.730.015 ptas. y en obras de interés común, inte-

(105) Grande Covian, R.: Los suelos salinos. Su rescate y aplicación alas Marismas del Guadalquivir, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1956.Ojeda Rivera, J. F.: Organización del territorio en Doñana y su entorno jrróxi-mo (Almonte). Siglos lcvlllxx. Serie Monografías de ICONA, n.° 49, MAPA,1987. Este autor señala: «Aunque desde mediados del siglo xix se habíanestablecido los instrumentos adecuados para la atración y canalizaciónde capitales extranjeros a España, la ley de 24 de julio de 1918, conoci-da como Ley Cambó, sobre desecación y saneamiento de lagunas,marismas y terrenos pantanosos va a propiciar la constitución de socie-dades cuyo único objetivo es intervenir en las marismas... todo ellohace pensar en un tipo de sociedades especuladoras y que podíamoscalificar de «fantasmas», ya que su pretensión y obje ŭvo implícito eracomún a todas ellas y consistía en aparecer y desaparecer, aprovechan-do con estas acciones los beneficios de los sucesivos traspasos de conce-siones ... consiguen elevar progresivamente las apetencias de actuaciónsobre el mismo (territorio), convirtiendo la tarea de bonificación osaneamiento de las Marismas del Guadalquivir en el deseo y sueñodorado de algunos de los grandes capitales españoles y sobre todo delmismo Estado».

(106) Decreto 696/1960 de 7 de abril.

231

rés agrícola privado y complementarias 457.502.062 ptas.,

siendo la parte reintegrable 281.319.487 ptas. (107).

Como resultado de la declaración de Zona de Interés

Nacional, en la actualidad la Marisma es aprovechada por

cultivadores provisionales con contratos de un año de dura-

ción, con unas 25 Ha aproximadamente cada uno. Se cultiva

cebada, avena, alpiste, habas ..., con rendimientos bastante

bajos aún (se señala en un informe realizado por técnicos del

IARA, algo más de doscientás mil pesetas de beneficios para

1987). La tierra propiedad del Instituto que no ha sido dre-

nada aún es destinada a pastos (10 Ha por cabeza) . En el

ejercicio de 1987/88 se han adjudicado por el IARA, en culti-

vo provisional, 3.781-52-73 Ha de la comarca Marismas de

Sanlúcar, beneficiándose en total 153 agricultores (108).

En 1989 se ha hecho una adjudicación definitiva a 17

cooperativas de las 3.866-37-33 Ha de la zona regable de

Jerez-Sanlúcar-Trebujena (Marismas de Sanlúcar).

Otra actuación estatal que incluye a este municipio, es el

decreto mediante el que se declara la Zona Regable de la

Costa Noroeste de Cádiz en 1972. Este decreto permitió la

expropiación «por causa de interés social», al amparo de la

ley de Reforma y Desarrollo Agrario (109) de unas 1.952 Ha,

aunque la superficie afectada por esta zona regable era de

9.000 Ha en los municipios Puerto de Santa María, Rota, Chi-

piona y Sanlúcar de Barrameda. El mismo decreto, previa

declaración de «utilidad pública e interés social» (110),

declara la «Zona de Ordenación de Explotaciones de Sanlú-

(107) Dirección Provincial del IARA de Cádiz, informe técnicoZona de interés nacional Marismas deJerez-Sanlúcar-Trebujena, 1987.

(108) Se han distribuido entre 57 cultivadores de Trebujena, 40 deSanlúcar de Barrameda, 34 de Lebrija, 13 de Jerez de la Frontera, 6 delos Palacios, 2 del Puerto de Sta. Maria, 1 de Rota, 1 de Chipiona y 1 deLas Cabezas.

(109) Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de1973.

(110) Conforme a la Ley de 27 de julio 54/1968.

232

car de Barrameda», que incluye a los municipios citados y

cuyas principales directrices de actuación (111) son:

- Alternativas de secano y riego alternativo, promocio-nar cereales, piensos, cultivos de huerta y viña.

- Finalización de las obras de saneamiento y desalado delas marismas incluidas en esta comarca.

- Intensificación de la transformación en regadío deltriángulo Rota-Chipiona-Sanlúcar.

- Promoción de explotaciones viables.

- Constitución de cooperativas.

- Auxilios económicos e instalación de industrias agrarias.

- Acciones que consigan la mejora del medio rural yaumenten el bienestar social de la comarca.

Hasta la fecha, la declaración de la Zona Regable CostaNoroeste de Cádiz ha posibilitado la instalación de 89 conce-sionarios, 75 en explotaciones individuales de 15 Ha aproxi-madamente y 41 en siete explotaciones de producción comu-nitaria sobre un total de 570 Ha.

La declaración de Zona de Ordenación de Explotaciones,en realidad solamente ha significado la realización de lasobras de infraestructura viaria y la concesión de auxilios eco-nómicos a las explotaciones agrícolas de la comarca.

Una nueva actuación en el territorio viene propiciada por

la orden ministerial de 20 de abril de 1981, que aprueba elplan de mejoras territoriales y obras de la zona de Sanlúcar,que se refiere a la ampliación de la superficie regable de laantigua Colonia de Monte Algaida, lo que supone una trans-formación y mejora de las técnicas tradicionales de cultivo.

La ampliación de la zona regable de Monte Algaida se

realiza mediante una conducción de agua que parte de la

(111) Estas líneas de actuación se encuentran recogidas en elDecreto 2.250/72 y se fija diciembre de 1981 como fecha límite paraacogerse a los auacilios y subvenciones que se derivan del mismo.

233

Zona Regable Costa Noroeste de Cádiz. En 1987 se convoca

el concurso para la adjudicación de 198 lotes individuales.

En 1989 tiene lugar la adjudicación de 536 lotes individuales.

Esto supone la entrega de unas 560 Ha en explotaciones con

una superficie media de 1,04 Ha. Estas explotaciones están

orientadas fundamentalmente al cultivo hortofloricultura,mediante la instalación de invernaderos.

El municipio objeto de estudio, posee en su término

11.000 Ha de marismas que se ven afectadas de un modo uotro por estas actuaciones, sin embargo, no parece que haya

habido, salvo a partir de los años ochenta, un interés especial

por parte de las fuerzas sociales del municipio por participar

o intervenir en el discurrir de las mismas, aún cuando han

sido un importante motor de cambio para la ciudad.

2.3.2.4.2. Papel desarollado por las fuerzas sociales del municipio

La actitud reivindicativa de los obreros en la última etapa

franquista, canalizada en torno a Comisiones Obreras, se

manifestó sobre todo en el interés por conseguir mejorar las

condiciones de trabajo y las rentas de los obreros. Con la lle-gada de la democracia, la reconversión de la agricultura tra-

dicional y la crisis económica, la reivindicación se manifiesta

en la lucha por conseguir más días de trabajo en el anteriorsistema de cobertura del paro agrícola, el Empleo Comunita-

rio, y, con la llegada de los socialistas al poder en Andalucía,

en la lucha por una Reforma Agraria que satisfaga la mejor

distribución de la propiedad de la tierra y que intervenga en

los canales de transformación y comercialización de la pro-

ducción (Reforma Agraria lntegral). Así pues, no ha habido

por parte del sindicato, que agrupa a la élite obrera (112),

(112) Se utiliza el concepto élite obrera, en el sentido de que sonlos obreros agrícolas con mayor cualificación, mejor nivel de retribu-ción económica y más conciencia de clase.

234

un planteamiento del desarrollo local que haya ido más alláde las reividicaciones sectoriales.

El brazo político de este obrerismo se hace patente al ins-

talarse el PCE en el gobierno municipal en las primeras elec-

ciones democráticas. El gobierno local no se hace un plantea-

miento global de lo que pudiera ser el desarrollo del munici-

pio, a pesar de la instalación de una UPE en diciembre de

1985. Se sigue una política de fomento de empleo, funda-

mentalmente a través de potenciar la pequeña y mediana

empresa y el movimiento cooperativo con presencia en la

zona (cooperativas vitivinícolas, de insumos agrícolas, coope-

rativas de pesca, pequeños establecimientos de servicios ...).

En esta dirección hay que señalar las expectativas desper-

tadas por las grandes actuaciones estatales y la posibilidad de

acceso a la propiedad de la tierra. Aunque en los primeros

años de la década de los ochenta esta tendencia es muy débil

aún y, generalmente, se plantea el acceso a la misma a nivelindividual.

A partir de la promulgación de la Ley de Reforma Agra-

ria de 1984, se pone de manifiesto el interés de la Adminis-

tración Autonómica por fomentar las empresas asociativas y,

desde entonces, empieza la proliferación de cooperativas de

producción agrícola. En los directorios de la Dirección Gene-

ral de Cooperativas de la Junta de Andalucía, de 1985 a 1987

se inscriben unas 47 cooperativas de explotación en común

de la tierra, con domicilio social en este municipio. De éstas,

algunas no han llegado nunca a tener actividad, otras se deci-

den a solicitar tierras en arrendamientos de campaña a la

Administración para conseguir tener experiencia en la explo-

tación en común, tanto para que se les valore en un posible

baremo de adjudicación de tierras, como para ver que tal

funcionan como empresa. Otra posibilidad es tratar de con-

seguir arrendar tierras a propietarios privados, pero se

encuentran con el inconveniente de que en estas zonas de

agricultura intensiva no parece haber tierra disponible y tie-

nen que intentar arrendarlas en otros municipios próximos

235

con tierras de campiña. El problema entonces es que la

mayoría de los propietarios se niegan a arrendar tierras auna cooperativa, mucho más tras la promulgación de la Leyde Reforma Agraria. Cuando alguno accede a arrendarles

generalmente es por una sola campaña, lo hace a nombre deuno de los socios, como persona física y cobra por adelanta-do una renta bastante alta.

El mayor problema que encuentran estas cooperativas esque sólo cuentan con las rentas procedentes de su trabajocomo asalariados agrícolas, que siguen realizando cada vez

que el mercado de trabajo se lo permite y normalmente soninsuficientes, por lo que tienen que acudir a créditos de labanca privada, con avales de los bienes personales que posean,e incluso, al crédito de los intermediarios de las casas de pro-

ductos fitosanitarios, que en algunos casos, cuando conocena los obreros, acceden a adelantarles el pago de los produc-tos hasta la cosecha. Para paliar en lo posible este handicap,

se ha puesto en marcha por parte del Instituto de FomentoAndaluz (IFA) un acuerdo con la banca mediante el cual elIFA proporciona avales a los nuevos empresarios.

Esta línea de ayuda, que en principio parece muy intere-

sante, funciona especialmente para las cooperativas quelogran una concesión de tierras del IARA, ya que éste realizaun informe previo sobre las cooperativas concesionarias,garantizado con un fondo de reserva que para este fin tienedestinado la Consejería de Agricultura y Pesca (113). Los que

no son concesionarios de tierras públicas, en la mayor partede los casos, no saben de su existencia y ante las dificultadesque se les plantea, terminan desanimándose y dejando la

cooperativa.

(113) Acuerdo de 1 de abril de 1987, del Consejo de Gobierno porel que se autoriza las celebración de un convenio entre la Junta deAndalucía y Entidades Financieras para canalizar financiación privile-giada a la Comunidad Autónoma, Entes locales y Empresas andaluzas.1987 La agricultura y la pesca en Andalucía. Consejería de Agricultura yPesca de la Junta de Andalucía, 1988.

236

Esta política de fomento del cooperativismo y de lapequeña y mediana empresa ha sido apoyada por el sindicatoCC.00., que agrupa aún en la actualidad al 90% de los obre-ros agrícolas del municipio, debido a la tradición de lucha y,actualmente, al carácter de sindicato de servicio que tiene enla localidad. La correlación de intereses entre el sindicato yla corporación municipal, propicia la presentación de unamoción de censura en el Ayuntamiento, en la que los gruposde la oposición, acusan al alcalde de malversación de fondospúblicos; pues se destinan a obras públicas del empleo comu-nitario partidas presupuestarias dirigidas en principio a otrosfines. Como resultado, en diciembre de 1987 los socialistas sehacen con el poder municipal.

2.3.2.4.3. El modelo de desarrollo seguido en el municipio

Desde la instalación de la UPE, será esta unidad la encar-gada de canalizar administrativamente las demandas sobrecreación de nuevas empresas y/o de la salvaguardia de las yaexistentes. Para ello se cuenta con la dotación de una aboga-da, responsable de la Unidad, un técnico agrícola de gradomedio y dos auxiliares administrativos.

Para analizar el modelo de desarrollo seguido en la UPE,

se ha consultado la Memoria anual de actividades de 1987,realizada por la misma para la Consejería de Trabajo de laJunta de Andalucía (114). En ella se señala que las directri-ces que se siguen para el desarrollo local son:

- Fomento del cooperativismo.

- Ayuda a la creación del trabajo autónomo.

- Ayuda a la creación de PYMES viables.

- Fomento de la formación.

(114) Unidades de Promoción de Empleo (UPE). Ficha-resumen, 1987.Consejería de Trabajo y Bienestar Social. Junta de Andalucía. Dactilo-grafiado.

237

Entre las actividades realizadas en 1987 se citan, la realiza-

ción de 3 proyectos para la puesta en funcionamiento deempresas pertenecientes al sector del comercio, elaboración de

estatutos de sociedades (casi todas ellas cooperativas), gestiónde subvenciones y préstamos la pequeña y mediana empresa.

Del análisis de estas actividades se desprende que la UPE

ha funcionado fundamentalmente como ventanilla única, ase-sorando y gestionando cuestiones administrativas a los peque-ños y medianos empresarios del municipio. Así pues, en 1987se ha solicitado a la Administración 76.313.100 ptas. de ayu-das y subvenciones, concediendo aquélla 18.614.816 ptas.

La formación, otro de los objetivos planteados, se ha lle-vado a cabo en colaboración con el INEM, realizándose

nueve cursos de formación profesional, relacionados cuatrode ellos con el sector agrícola y el resto con los servicios loca-les. Por otra parte, ha tenido lugar también la colaboracióncon este organismo para llevar a cabo contrataciones enprácticas de jóvenes de la localidad.

2.3.2.4.4. Otras propttestas de desarrollo planteadas al margen

de la UPE: fomento turístico y creación del Consejo LocalEconómico y Social (CLES)

La Delegación de Turismo y Cultura del Ayuntamientose plantea en mayo de 1987 la realización de un estudiosobre las potencialidades turísticas del municipio, que seencarga a una consultora de Sevilla, en cuya propuesta nointervinien los técnicos de la UPE.

En este estudio se señalan las actuaciones a seguir para eldesarrollo del sector turístico (115) y la necesidad de crearuna sociedad de iniciativas sin finalidad lucrativa, que esté

participada por los agentes sociales que cuente con ayudas yvinculaciones públicas. El que desde este estudio se señale la

(115) Equipo 28: Programa de actuaciones. Pfan de jrromoción turística ycultural. Sanlúcar de Barrameda. Dactilografiado.

238

necesidad de una sociedad que fomente iniciativas empresa-riales, hace pensar que la UPE existente no cumple con elpapel de fomento de las iniciativas de creación de empleo.

No obstante, esto puede deberse a razones de otro tipo,como falta de coordinación en las actuaciones.

Los técnicos de la UPE, por su parte, declaran en la Ficha-Resumen de 1987 haber intervenido en la creación o mante-

nimiento de 436 puestos de trabajo: 170 fijos y 329 eventua-les, de los que son cualificados 161 (103 fijos y 58 eventuales)y no cualificados 275 (4 fijos y 271 eventuales). No obstantehacen alusión a los problemas encontrados para actuar másdecididamente en la creación de empleo, fundamentalmentea causa de la falta de información puntual sobre las líneas de

ayudas existentes para el fomento de empresas además de laexcesiva burocratización de las mismas que les resta eficacia.

Otro episodio del proceso de desarrollo seguido en elmunicipio, viene marcado por la creación de un Consejo

Local Económico y Social (CLES), que si bien aún no ha lle-gado a funcionar, su formulación tiene bastante interés para

un desarrollo participativo. La propuesta de creación delCLES la hace una edil socialista, aún en la oposición, y esaceptado por todos los grupos políticos, incluido el PGA. Elobjetivo que se persigue con este CLES es servir de instru-mento para conseguir la vertebración de los agentes socialesde la comunidad. En él se deben encontrar representados,

«todos los ciudadanos, los agentes sociales locales a tra-

vés de los sindicatos y asociaciones de consumidores, el

sector cooperativista y los agentes económicos representa-

dos en todos los sectores que tienen alguna importancia

para la economía local. Igualmente se contempla la ^rre-

sencia de profesionales con experiencia en los temas eco-

nómicos y sociales, que participarán sin voto, pero cuyos

conocimientos resultarán de gran utilidad» (116) .

(116) Estatutos del Consejo Sectorial Económico-Social. Sanlúcar deBarrameda. Copia dactilografiada.

239

En realidad, se trata de un instrumento que facilitará las

relaciones entre los agentes económicos y sociales de la

localidad, bastante deterioradas por los enfrentamientosexistentes.

Una vez aceptado el reglamento del CLES por los miem-

bros de la corporación, éste se constituirá en un plazo máxi-

mo de dos meses. Sin embargo en 1989 aún no se ha puestoen marcha, lo que resulta sorprendente, siendo precisamente

el grupo socialista, actualmente en el gobierno municipal,

quién lo propuso cuando estaba en la oposición. Se insinúapersonalismo en la forma de gobernar del alcalde y desde

luego, de lo que no cabe duda es de que resulta más cómodo

ésto que tener que propiciar el consenso y la participación

de los agentes económicos y sociales de una comunidad tanfragmentada como ésta. .

Por consiguiente, con la llegada al gobierno municipal

de los socialistas, el planteamiento sobre el desarrollo muni-

cipal, basado hasta ahora en el voluntarismo asistencial, más

que en la planificación global de las actuaciones, se hace más

tecnocrático, según se ^desprende de un informe realizado

por la concejala delegada de fomento en la corporaciónsocialista (117) .

Se plantea por parte de la concejala, llevar a cabo la pla-

nificación de un modelo de desarrollo participativo, sobretodo, tras la integración de este municipio en la Mancomuni-

dad de Municipios de Bajo Guadalquivir, que servirá de base

para constituir una Operación Integrada de Desarrollo

(OID). Esta es una importante razón que argumenta para la

creación del CLES. Con ello se pretende hacer una buena

aportación a la Mancomunidad, que evitaría depender exce-sivamente de las decisiones tomadas por los municipios conmás fuerza dentro de ella.

(117) Delegada de Fomento Económico: Informe sobre la situaciónsocio-económica de Sanlúcar de Barrameda para la búsqueda de bases políticas yadministrativas de actuación, 1988. Dactilografiado.

240

Con este fin, se estructura un elaborado «planing» de lo

que sería la estructura del nuevo «departamento local de

fomento» (118) en el que se integraría la anterior UPE: la

delegada de Fomento económico cumpliría la función políti-

ca, se contaría con un director técnico o gerente y 4 servi-

cios: participación y estadísticas, estudios de viabilidad y ase-

soramiento financiero, fomento de empleo y formación pro-

fesional y un servicio de planificación. Esta estructura se

dotaría administrativamente con un gerente, cinco titulados

superiores, un técnico medio y tres auxiliares administrativos.

Todo esto ha quedado sin efecto. En la actualidad el

alcalde es el responsable del Departamento de Fomento. La

UPE está dirigida por un nuevo director técnico economista,

se ha expulsado al técnico agrícola y sólo se mantiene de la

estructura anterior, la abogada y dos auxiliares administrati-

vos, aunque se señala por parte de la concejala, que práctica-

mente las funciones de la UPE han desaparecido y no tiene

apenas independencia de la Mancomunidad, funcionando

como una delegación municipal de la misma.

A modo de conclusión, se puede decir que las actuales

expectativas de empleo de los obreros agrícolas derivan de

todo el proceso de transformación de la estructura agraria

que ha tenido lugar. Sin embargo, el planteamiento de una

política de desarrollo municipal ha estado muy vinculado a la

coyuntura política local.La corporación comunista, se planteó el desarrollo muy

parcialmente y fue la evolución de la política autonómica en

esta materia la que hizo que se iniciara una preocupación

por el tema, pero las dificultades derivadas de la moción de

censura hacen que sea el tema político el que alcance prota-

gonismo en detrimento de otras cuestiones que se empiezan

a sentir como provisionales por las tensiones existentes en el

seno de la corporación.

(118) Ibídem, op. cit.

241

La llegada de los socialistas a la alcaldía no supuso másque la incorporación a la política seguida en el seno de la

Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir; la par-ticipación de los sectores implicados en el desarrollo no hatenido lugar.

Las capas populares y los obreros agrícolas desconocenla existencia de estas estructuras administrativas y cuando sehace alusión a políticas locales generadoras de empleo usual-mente recurren al cooperativismo, fundamentalmente a laexplotación comunitaria de la tierra, aunque tengan unavisión más o menos favorable a este tipo de empresas.

Los obreros agrícolas jóvenes y de edades intermediasestán a favor de las mismas. En cambio, los más viejos y algu-nos de edades intermedias afiliados a CC.00., por lo generalven en las cooperativas un medio de hacer nuevos capitalis-tas, argumentantando que unos cuantos se benefician y tie-nen trabajo, pero el trabajo asalariado que generan los coo-perativistas es menor incluso que el que dan los capitalistas,pues tienen que trabajar ellos mismos mucho para podersacar la cooperativa adelante. Implícitamente están aludien-do a la segmentación que generan en la clase trabajadora, yaque potencian la solidaridad de los socios en detrimento dela solidaridad obrera en general. Sin embargo, ésta es unacrítica soterrada, pues socialmente, dentro de la élite obrerade CC.00., existe una postura favorable a la creación decooperativas, hasta el punto de fomentarlas desde el propio

sindicato.Comparando estas actitudes con las que se daban en la

etapa franquista, en la que había la consigna de no aceptar

ser obrero fijo, porque ésta era la estrategia de los grandespropietarios para dividir las fuerzas obreras, se aprecia quelos planteamientos de clase cada vez se ven más imbuidos deactitudes que permitan la subsistencia, aunque sea de unospocos, conscientes de la impotencia ante la fragmentaciónde los trabajadores, que cada vez más genera la actual econo-mía capitalista.

242

Los más jóvenes, radicalizados políticamente, próximos

al Sindicto de Obreros del Campo, reniegan de las cooperati-

vas y dicen que es una formula de autoexplotación, «se tiene

más trabajo, pero se sigue con la miseria», comentan un

grupo de jovenes entrevistados. Para estos jóvenes, la solu-

ción para crear más empleo pasa por «un cambio de sistema

y una Reforma Agraria real que permita a los trabajadores el

acceso a los medios de producción, transformación y comer-

cialización».Respecto al papel que han tenido las políticas de desarro-

llo local en el MTA, podemos señalar que estas políticas para

que tengan una eficacia real, habría que integrarlas en el

marco específico del papel que tienen las regiones medite-

rráneas europeas respecto a la división internacional del tra-

bajo dentro de la CEE.Otra consideración a nivel más particular, se refiere al

grado de descentralización en la planificación del desarrollo,

^Desarrollo local o desarrollo comarcal? En realidad esta

cuestión está muy vinculada al tipo de MT que se da en el

municipio, pero además hay que analizar hasta qué punto

estos ámbitos posibilitan la participación de los afectados en

un proyecto de desarrollo y la imbricación existente entre

éstos y el territorio. La descentralización a nivel local tiene la

ventaja de que, al ser ésta la unidad administrativa más

pequeña, permite adecuar la organización de los recursos

según la idiosincracia del municipio, sin problemas de con-

frontación con otros municipios de distinta ideología, esto es

aún más positivo en el caso de los grandes municipios anda-

luces. Sin embargo, en otros casos puede ser mucho más

coherente hacer una planificación del desarrollo a nivel

comarcal, por lo que puede significar a nivel de ahorro eco-

nómico. El problema que se plantea en la actualidad es la

dificultad de hacer coincidir las distintas comarcalizaciones

al uso, de forma coherente en relación con los ámbitos fun-

cionales que realmente existen en las distintas poblaciones.

243

Los casos de desarrollo local que hemos analizado en esta

investigación son ejemplos de iniciativa local, aún cuando el

primero y el tercero han entrado a formar parte de una man-

comunidad creada recientemente. A partir de ellos podemosesgrimir algunos resultados:

- Es positivo que la Administración favorezca la descen-

tralización de la planificación y la creación de UPES,

sin embargo es necesario que exista una mejor verte-

bración del territorio y que se llenen de contenido, no

basta con hacer las veces de ventanilla única.

- La actual descoordinación de las políticas que inciden

en el desarrollo local tienen como consecuencia el des-pilfarro de los recursos.

- La eficacia de las UPES en la gestión del desarrollo

está relacionada con el planteamiento de desarrollo

local que se haga y la vinculación de la UPE con la

comunidad en la que se inserta. El significante «desa-

rrollo endógeno» tiene significados heterogéneos.

Hasta ahora las UPES se han instrumentado desde los

Ayuntamientos, por consiguiente, su incidencia tiene

que ver con el grado de representatividad social que

tenga el gobierno local y con las tendencias o modelos

de desarrollo que el gobierno local plantea.

- Los modelos locales de desarrollo que se han venido

utilizando se identifican generalmente sólo con creci-

miento económico. No obstante, el nivel de crecimien-

to que estos modelos permiten, tiene mucho que ver

con la evolución socioeconómica y política del munici-

pio, ya que, en virtud de la misma, la estrategia deldesarrollo local la marcará un grupo social u otro, ya

sea de dentro o de fuera del municipio, según se ha

podido observar en los casos analizados. La consecuen-

cia de esto es que se identifican los intereses de los gru-

pos dominantes, generalmente con planteamientos

244

propios de sociedades urbanas, con los de la comuni-

dad, sin dejarle posibilidad de participar.

- La eventualidad a la que estan sujetos los técnicos de las

UPES hace que les reste eficacia, tanto por la dependen-

cia de los Ayuntamientos, que generalmente eacigen más

fidelidad que eficiencia, como por parte de la Comuni-

dad Autónoma, que decide las dotaciones presupuesta-

rias de las mismas sin hacer un seguimiento real al tra-

bajo desempeñado, obedeciendo más a criterios políti-

cos que funcionales. Esta incertidumbre hace que no

sea posible la planificación a medio y largo plazo.

- Los técnicos de las UPES adolecen en general de falta

de la formación necesaria para gestionar la implemen-

tación de un proyecto de desarrollo local. En ellojuega un papel importante el proceso de selección y la

inestabilidad de su puesto. Son pocos los que realmen-

te se plantean el papel dinamizador que deben ejercer

y cual es el lenguaje que deben utilizar con los distin-

tos grupos sociales de la comunidad para comunicarse

con ellos realmente.

- Unicamente respecto a la formación profesional han

tenido las UPES un papel más activo.

Tras este panorama cabría preguntarse: ^Es posible llevar

a la práctica un modelo de desarrollo rural local equilibrado

con el marco político vigente?, ^el desarrollo local que se está

articulando no podría ser una estrategia de descentralización

de las actividades que no son rentables en el centro?, ^hasta

qué punto hay capacidad o se apoyaría por las distintas admi-

nistraciones un modelo de desarrollo local participativo?,

^no entraría en contradicción con toda la estructura política

y social vigente?

Como señalamos, la entrada en la CEE también ha tenido

repercusiones en la política y la estructura del MTA. Pasare-

mos a continuación a revisar, siquiera someramente, lo que

ello ha supuesto.

245

2.3.3. La importancia de la politica comunitariaen la segmentación del territorio

En julio de 1987 entraba en vigor el Acta Unica Euro-

pea (119), y con ello se ponían en marcha los mecanismosinstitucionales para establecer progresivamente el mercado

interior, en un período que concluiría en diciembre de 1992.La primera consecuencia que se deriva del Acta Unica es

la reestructuración de los Fondos Estructurales comunitarios(FEOGA-Orientación, FEDER y FSE). La finalidad de estasreformas es facilitar la cohesión económica y social de las dis-

tintas regiones, especialmente las menos favorecidas,

mediante el apoyo de acciones tendentes a la superación delos desequilibrios de desarrollo, empleo y formación quepadecen, tareas a abordar para practicar estrategias de coo-peración para el crecimiento del empleo que la Comisión

había planteado en el informe económico anual 1987/88adoptado por el Consejo el 22 de diciembre de 1987 (120) y

que se pueden sintetizar en:

1.° Pasar de un crecimiento sostenido por factores externos,

a un crecimiento basado en las fuerzas internas parasituarse en el marco de la reducción del desempleo.

2.° Reforzar la cohesión económica y social de la Comu-

nidad mediante el esfuerzo coordinado de todos losEstados miembros, articulando políticas que tiendan

a terminar con los desquilibrios regionales existentes;para lo que es necesario aplicar los fondos estructura-les y los instrumentos financieros existentes.

3.° Consecución del mercado interior de 1992.

Para seguir en esta andadura la Comisión transmitió al

Consejo la comunicación <COM(87) 100> «Llevar a buentérmino el Acta Unica: Una nueva frontera para Europa». En

(119) DOCE, n.° L 169, 29 de junio de 1987, p. 1.(120) DOCE, n.° L 294, 31 de diciembre de 1987, p. 1.

246

ella se hacía una síntesis de las reformas que se debían

emprender para lograr el mercado interior de 1993 y para

mejorar la cohesión de la Comunidad, reformas divididas en

cinco bloques:

1. Política agrícola común adaptada al contexto mundial.

2. Políticas comunitarias de impacto real.

3. El nuevo régimen de recursos propios.

4. Modalidades de mayor disciplina presupuestaria.

5. Nuevas normas de gestión del presupuesto.

Dentro de la consideración del segundo bloque se plan-

teó la reforma de los fondos estructurales que tuvo lugar

mediante el Reglamento (CEE) n.° 2.052/88 «relativo a las

funciones de los fondos con finalidad estructural y a su efica-

cia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones

con las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás

instrumentos financieros existentes» (121). Una vez aproba-

do este Reglamento se han puesto en marcha cuatro nuevos

Reglamentos, uno para cada fondo y otro de coordinación

de los tres (122).

Los grandes objetivos que se persiguen mediante esta

reestructuración son:

1.° Fomentar el desarrollo y ajuste estructural de las

regiones menos desarrolladas (participación financie-

ra del FEDER).

2.° Reconvertir las regiones fronterizas, o partes de regio-nes (incluyendo avances de empleo y núcleos urba-

(121) DOCE, n.° L 185, de 15 de julio de 1988, p. 9(122) R(CEE) 4.253/88 establece las disposiciones de coordina-

ción de los tres fondos, el BEI y los demás instrumentos financieros. ElR(CEE) 4.254/88 define las funciones atribuidas al FEDER; el R(CEE)4255/88 define las funciones au-ibuidas al FSE, y el R(CEE) 4.256/88define las funciones atribuidas al FEOGA-0rientación.

247

nos) gravemente afectados por el declive industrial(participación de FEDER y FSE).

3.° Combatir el paro de larga duración (participacióndel FSE) .

4.° Facilitar la inserción profesional de los jóvenes (parti-

cipación del FSE).

5.° En la perspectiva de la PAC:

5a) Acelerar la adaptación de las estructuras agrarias

(participación del FEOGA, sección orientación).

5b) Fomentar el desarrollo en zonas rurales (partici-

pación del FEOGA-orientación, FSE y FEDER) .

Todos los objetivos, excepto el segundo, tienen efectos

directos o indirectos en las zonas rurales. En este contexto,

las acciones estructurales agrarias, directamente intervenidas

por el FEOGA, estarán optimizadas por la participación de

los otros fondos estructurales, sobre todo al coincidir éstas

con zonas atrasadas desde el punto de vista estructural, que

generalmente son de vocación rural. Por otra parte, cabe

esperar que estos objetivos socioestructurales tendrán un

empuje, resepecto a la situación actual, con la duplicación de

la dotación de los fondos actuales en 1993.

En lo que se refiere al fomento del desarrollo y ajuste

estructural de regiones menos desarrolladas, entre las que se

encuentra Andalucía, la intervención se plantea mediante la

propuesta de planes de desarrollo regional en los que se

señalan las principales líneas de actuación. Las interacciones

tienen lugar preferentemente mediante «Programas Operati-

vos» y«Acciones Horizontales», los cuales constituyen un

conjunto coherente de medidas plurianuales, para cuya reali-

zación se puede recurrir a uno o varios Fondos o instrumen-

tos financieros.En cuanto al objetivo quinto, de aceleración de la adapta-

ción de las estructuras agrarias y fomento del desarrollo de

las zonas rurales, se actua tras la presentación por parte de

los distintos países de los principales ejes de desarrollo. La

248

intervención se realiza mediante la cofinanciación de las ayu-

das o a través de programas operativos.Así pues, se pueden citar las siguientes líneas de actua-

ción de la Comunidad en materia de estructuras agrarias:

a) El establecimiento de un régimen de ayudas al cese dela actividad agrícola (jubilación anticipada) (R (CEE)

1.096/88) .

b) El establecimiento de una acción común para promo-.

ción del desarrollo agrario en zonas desfavorecidas(R 1.118/88).

c) El establecimiento de una acción común de desarrolloy aprovechamiento de los bosques de las zonas rurales

de la Comunidad (R (CEE) 4.256/88).

d) El establecimiento de un régimen de ayudas transito-rias a las rentas agrarias (Reglamento 768/89).

e) Por primera vez se define una estrategia de acciónforestal a través del R(CEE) 1.610/89 por el que seestablecen normas de desarrollo sobre la acción de

desarrollo y aprovechamiento de los bosques de laszonas rurales de la Comunidad del Reglamento4.256/88.

Asimismo se ha creado un Comité Forestal Permanente(Decisión 89/367/CEE) mediante el que se han emitido una

serie de Reglamentos dirigidos a reforzar el sector (123).

(123) R(CEE) 1.611/89 relativo a la aprobación de medidas en elsector del corcho [R(CEE) 355/77).

R(CEE) 1.612/89, sobre el establecimiento de medidas profesiona-les para la mejora de las condiciones de transformación y comercializa-ción de los productos selvícolas.

R(CEE) 1.613/89, modificando el Reglamento 3.528/88 relativo ala protección de los bosques contra la contaminación atmosférica.

R(CEE) 1.614/89, modificando el R(CEE) 3.529/86 sobre protec-ción de los bosques contra incendios.

R(CEE) 1.615/89 por el que se crea un Sistema Europeo de Infor-mación y Comunicación Forestal.

249

Estas medidas quedan integradas dentro de otras nacio-nales y regionales, algunas de ellas de forma singular, otras

dentro de las líneas ya existentes como es el caso del fomento

del asociacionismo en agricultura, el plan forestal andaluz ola política de Reforma Agraria.

En total la CEE ha asignado a Andalucía de 1989 a 1993

mediante Programas Operativos un total de 23.646 millonesde pesetas destinados a 3 planes operativos: «Mejora de las

^infraestructuras Agrarias de Andalucía», «Plan Forestal Anda-luz» y«Racionalización del uso de medios de producción.

Conservación y mejora de la dehesa del cerdo ibérico y mejo-

ra de las razas ganaderas de Andalucía». Del total de la apor-tación comunitaria, 19.511 millones se canalizan a través de

FEOGA Orientación y 4.7135 millones a través del FEDER.A las acciones horizontales de diverso tipo se han destina-

do 15.635 millones de pesetas, a través de FEOGA Orienta-ción (124) .

Cabe señalar, no obstante, que la óptica dominante en el

diseño y la reestructuración de la política socioestructuralagraria en muchos casos es contraria o no tiene en cuenta las

particulares condiciones de los agricultores en las regionesdel Sur de Europa, que cuentan con sistemas de producción

basados en la gran explotación con asalariados, no en la agri-

ŭúltura familiar, como es el caso de Andalucía.Esto ha hecho que en el caso andaluz haya sido necesaria

la matización de algunas de las líneas dictadas por la Comu-nidad, como es el caso, por ejemplo, de las líneas de abando-

no de tierras, extensificación de las producciones o ayudas al

cese de la actividad agrícola, que entraba en franca contra-dicción con la política de intensificación seguida en las

comarcas declaradas de Reforma Agraria hasta 1992. En totallas subvenciones a la retirada de superficie agrícola a los que

la solicitaron en los años 1989-90 ha afectado a 29 explotacio-

(124) Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía:«Sector agrario andaluz. Balance de la adhesión, 1990», n.° 48, 1991.

250

nes con un total de 801,6 Ha, las cuales han logrado una sub-

vención de 29.192 miles de pesetas en total (125). En cuanto

al abandono de la actividad durante estos años la solicitaron

62 agricultores, siendo aceptadas sólo 15 de ellas.

Las organizaciones sindicales (126) no todas han estado

de acuerdo con la retirada de tierras de la producción indis-

criminadamente y el abandono de la actividad, argumentan-

do las siguientes razones: que el sector agrario es básico en la

economía andaluza mientras no se desarrollen otros secto-

res, que el único producto excedentario de las producciones

andaluzas es el vino y está en reconversión, que el Plan Fores-

tal prevee la retirada de la producción agrícola de 623.200

Ha aproximadamente, que la estructura de propiedad de

Andalucía, si no se ponen medidas correctoras, puede llevar

a los empresarios a vivir del erario público, por otra parte,

que es un despilfarro no aprovechar las inversiones realiza-

das en regadío durante los últimos años y la necesidad de

conocer la realidad comarcal de la agricultura andaluza antes

de tomar medidas de esta nauraleza.

Desde nuestro punto de vista, otras observaciones que

podemos hacer a este respecto es que, dada la concentración

de la propiedad existente en Andalucía, que, según se recor-

dará, es directamente proporcional al índice de subdesarro-

llo (127) y la gestión capitalista que se hace de la misma,

cuando se subvenciona al agricultor no siempre se contribu-

ye al desarrollo de la zona, pues más de un estudio ha puesto

ya en evidencia, como la mayor parte de las rentas generadas

en las grandes explotaciones han servido para fomentar el

desarrollo de las zonas con mayor potencialidad multiplica-

dora, las zonas centrales, en sectores no agrícolas, con lo que

(125) Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía:«Sector agrario andaluz. Balance de la adhesión, 1990», n.Q 48, 1991.

(126) Propuesta de CC.00. sobre abandono de tierras, 1991. Dac-tilografiado.

(127) Calatrava, J. y Navarro, L., op. cit.

251

la población asalariada y residente en las áreas en cuestión

ha seguido empobreciéndose. Así pues, la subvención indis-

criminada a los agricultores sin más no tiene por qué ser un

dinamizador del desarrollo de las zonas en las que se ubican.

Consideramos que otras de las líneas que tienen inciden-

cia entre los asalariados agrícolas es la línea de subvención

que se deriva del Reglamento 797/85 de la CEE, adaptado a

la Comunidad Autónoma mediante el R.D. 808/87, que se

caracterizó por la dificultad de su desarrollo normativo lo

que no favorecía la difusión entre los asalariados agrarios o

los semijornaleros minifundistas. Las ayudas resueltas, deriva-

das de este R.D. durante 1989 y 1990, fueron sólo 1.499 de

las 2.413 solicitadas, lo que da idea de su escasa incidencia.

Resulta significativo que representando la población asa-

lariada agrícola en regiones atrasadas un porcentaje conside-

rable dentro de la población activa (del 15 al 20% en las

regiones del sur de Italia (128); el 30% en la región Centro-

norte y el 53% en el Alentejo portugués (129)), no se hayan

contemplado medidas más específicas al respecto, ni se

hayan hecho estudios específicos sobre las repercusiones que

la aplicación y el cambio de la PAC tienen para las regiones

del sur (130). De las veintiuna líneas en materia de estructu-

ra agraria, sólo las que se refieren al fomento de la instala-

(128) Mignone, E.: «Paro, subempleo, trabajo negro e informal enel sistema socioeconómico del sur» en Seminario Internacional sobre mer-cado de trabajo rural en el sur deEuropa. Estudios Regionales, n.° 31, 1992.

(129) Oliveira-Bautista, F.: «Los asalariados agrícolas, el trabajo ylos territorios. El caso portugués», en Seminario Interreacional sobre merca-do de trabajo rural en el sur de Europa. Estudios Regionales, n.° 31, 1992.

(130) En el estudio realizado por Frohberg, K: «Assessment of theeffects on labor income and outflow of lower support prices», Bonn,1991 para la Comisión, se aplica una modelización (ECAM) para expli-car los efectos de la PAC, en la que se infieren los resultados para Gre-cia, España y Portugal a partir de los datos de Italia, se señala que entrelos países donde debe haber una mayor importancia de la línea «set-aside» está España con un 20%, ocupando el segundo lugar después deFrancia.

252

ción de jóvenes agricultores y de agrupaciones de producto-

res, afectan directamente a este colectivo, aunque el plantea-

miento, otra vez, está hecho desde la óptica de la agricultura

familiar. Resulta chocante, que los responsables de la política

agraria de las regiones del sur, entre ellas Andalucía, no

hayan hecho llegar en el período de debate sobre el cambio

de la PAC la información y la presión necesaria a Bruselas,

para que se contemple la realidad de su medio rural.

En el apartado sobre política de Reforma Agraria hemos

expuesto las dificultades existentes para el acceso de los asa-

lariados a la tierra: estrangulamientos en el mercado de la

tierra, falta de formación, falta de recursos ... etc. Así pues,

no se puede esperar que la solución al problema de los asala-

riados venga de la agricultura familiar y menos que nunca a

partir de la reformulación de la RA. Habría que empezar por

tener en cuenta el punto del que se parte, es decir, aplicar

políticas que tengan en cuenta los mecanismos socioestructu-

rales que están actuando realmente, para evitar la perversión

de las mismas para incidir en la calidad de vida de los habi-

tantes de las zonas rurales.

Por otra parte, las medidas de desarrollo agrario deriva-

das de la aplicación de algunos de los Fondos Estructurales

de la CEE, que tienen que ver con la preservación del medio

o la dotación de infraestructuras, revierten, como hemos

visto, solamente indirectamente en este colectivo, salvo en el

caso del Plan Forestal, dándoles, de nuevo, empleo no cuali-

ficado, sin entrar de forma sería en una reconversión de los

mismos. Ante la persistencia de políticas que llevan a la

exclusión de los canales de promoción social a los trabajado-

res, habría preguntarse si es que realmente interesa la pro-

moción de éstos.

Los instrumentos políticos que se utilizan al respecto

apuntan en dirección opuesta a lo que se considera desarro-

llo, pues perpetúan la reproducción de las malas condiciones

de vida para un volumen importante de hombres y mujeres,

no la reconversión de los mismos.

253

La reforma de la PAC, sintéticamente, tiene como objeti-

vos hacer una política de protección a los agricultores, no al

productor, ni al asalariado; contribuir al mantenimiento de

los agricultores en la áreas rurales y constituir a las zonas

rurales como medio de producción no sólo de bienes, sino

también de servicios. Para conseguir estos fines, los instru-

mentos que utilizará son: bajada de los precios, reducción de

las cuotas de producción, cambios en el volumen de insumos

y en la comercialización, reforestación y, por último, reduc-

ción del empleo en el campo (131) .

Hay una contradicción práctica entre las políticas de libe-

ralización de los mercados, que acarrea la reforma de la PAC

y la política de desarrollo descentralizado de las zonas rura-

les más desfavorecidas puesta en marcha también por la

Comisión de la CEE, ya que, como hemos visto, la competiti-

vidad necesaria para triunfar en el mercado se hace general-

mente vía reducción de costes, fundamentalmente de mano

de obra. El triunfo de esta vertiente de liberalización en el

cambio de los Fondos estructurales, se pone de manifiesto

cuando se observan los resultados y las interferencias de

medidas que contradicen el desarrollo de las regiones en

beneficio de la acumulación de unos pocos. Así se entiende,

por ejemplo, la instrumentalización de políticas específicas

para el sector como el PER, tal y como se ha aplicado, en

franca contradicción con los objetivos de desarrollo, según

veremos en el capítulo 5. Citando a R. Edwards,

«Este ^iunto muerto al que ha llegado la lucha de

clases tiene consecuencias vitales para el futuro de la

democracia ... los ca^iitalistas ... han continuado defen-

diendo la forma de las reglas democráticas, pero han

(131) Puntos básicos de la exposición de García Azcárate, T.: «Lareforma de la política agraria de la Comunidad: repercusiones en laszonas meridionales de Europa», en Seminario Interrzacional sobre mercadode trabajo rural en el sur de Europa. Estudios Regionales, n.° 31, 1992.

254

^rrestado todo su apoyo a la erosión de su contenido a

largo plazo ... Por otra parte, parece que las fracciones

de la clase trabajadora se verán cada vez más lrresiona-

das para defender y ampliar la democracia política como

medio de 1rresión para satisfacer sus necesidades ecorió-

micas y sociales más inmediatas (132).

Así pues, las políticas comunitarias de fomento del desa-rrollo, al no tener en cuenta la desestructuración socialvigente, en quien realmente revierten es, por una parte, enel empresariado, el cual no sólo cuenta con más poder quenunca en la negociación del trabajo con el asalariado, sino

que además, se le subvenciona la formación y la reproduc-ción de la FT y, por otra parte, en el poder político de turnoque lo rentabiliza en votos.

Los paralelismos que existen al respecto con el Mezzo-giorno italiano ^son sólo una coincidencia?, ^por qué Italiaque lleva en la CEE más de una década no sólo no ha resuel-to las diferencias entre el norte y el sur, sino que las haaumentado? Por lo pronto las similitudes entre el Mezzogior-no y Andalucía son desesperanzadoras: segmentación de laFT y dependencia política y económica, pues al empobrecerseel Sur se hace más dependiente económicamente del Norte.A1 subvencionarlo con una renta mínima, se está generandoriqueza fuera, no solamente porque en las familias no haycapacidad de ahorro que genere un desarrollo autóctono,

sino porque también se subvenciona el consumo de produc-tos del Norte (133). En un momento en que la búsqueda deconsumidores es más importante incluso que la producción,esto es fundamental. En este sentido, quizás haya que plan-

(132) Edwards, R: «Conflicto y control en el lugar de trabajo» enEl Mercado de Trabajo: teorias y aplicaciones. Compilación realizada porL. Toharias. Alianza Universidad-Textos. Madrid, 1983.

(133) Puliesse, A.: «Calabria: caratteri di una economia dipenden-te», Edit. Franco Angeli, Milano, 1985.

255

tearse, hasta qué punto, va a influir en el camino trazado

hacia la eliminación de los desequilibrios entre los países dela CEE, el Mercado Unico o la Unidad Monetaria, que obligaa una mayor competitividad aún, con un importante recorte

del gasto público. Así las cosas, parece que la unidad aumen-tará los desequilibrios regionales, a menos que haya unaofensiva de las regiones más pobres de la Comunidad, lo quepor el momento no parece muy probable.

256